Paz Francés Lecumberri

Nació el 23 de diciembre de 1983 en Buñuel (Navarra). Es doctora en Derecho Penal por la Universidad Pública de Navarra y criminóloga por la Universidad de Barcelona. Trabaja como profesora en la Universidad Pública de Navarra. Actualmente se ocupa de investigaciones sobre justicia restaurativa, género y derecho penal y delitos económicos. Forma parte del Servicio de Justicia Restaurativa y Mediación Penal de Gobierno de Navarra y es miembra de Salhaketa Nafarroa, asociación de defensa de las personas presas y sus familiares. Correo electrónico: paz.frances@unavarra.es

Diana Restrepo Rodríguez

Nació el 17 de marzo de 1983 en Medellín (Colombia). Es doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Módena (Italia), especialista en Derecho Penal de la Universidad EAFIT (Medellín), abogada de la Universidad de Antioquia (Medellín). Trabaja como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura (Cali, Colombia). Actualmente se ocupa de investigaciones criminológicas y en justicia restaurativa y consensual, tanto desde lo teórico como desde lo práctico, especialmente en el ámbito escolar. Es cofundadora del Colectivo Abolicionista Contra el Castigo y está involucrada en diferentes actividades con mujeres presas y sus familiares. Correo electrónico: diana.restrepo.rodriguez@gmail.com

Paz Francés Lecumberri y Diana Restrepo Rodríguez

¿Se puede terminar

con la prisión?

Críticas y alternativas al sistema de justicia penal

diseño de cubierta: marta codina

© Paz Francés Lecumberri y Diana Restrepo Rodríguez, 2019

© Los libros de la Catarata, 2019

Fuencarral, 70

28004 Madrid

Tel. 91 532 20 77

www.catarata.org

¿Se puede terminar con la prisión?

Críticas y alternativas al sistema de justicia penal

ISBNE: 978-84-9097-640-1

ISBN: 978-84-9097-628-9

DEPÓSITO LEGAL: M-3.078-2019

IBIC: jkv/jkvp1

este libro ha sido editado para ser distribuido. La intención de los editores es que sea utilizado lo más ampliamente posible, que sean adquiridos originales para permitir la edición de otros nuevos y que, de reproducir partes, se haga constar el título y la autoría.

Dedicado a Astrid

INTRODUCCIÓN

No cabe duda de que uno de los grandes temas políticos del siglo XXI es cómo abordar el bienestar de la sociedad y cómo afrontar la cuestión de la seguridad. En una supuesta respuesta a este anhelo, la tendencia a la hiperinflación penal y de la prisión es un fenómeno que se ha extendido en todo Occidente.

Sin embargo, son muchas las sombras que hay detrás de este recurso y también son muchas las críticas que se lanzan desde distintos sectores sociales y académicos. En este sentido, por poner un ejemplo del país donde se edita este libro, las críticas a la prisión permanente revisable introducida con la amplia reforma del Código Penal español en el año 2015, la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, o la criminalización de nuevas conductas han abierto el escenario para que las tesis abolicionistas de la prisión que destacaron en los años sesenta y setenta, especialmente en los países nórdicos, hayan comenzado a tener una notable incidencia en el debate social de los últimos años.

Es decir, cuando el recurso a la inseguridad ciudadana y a las leyes represivas ha marcado la agenda política de los últimos veinte años, la necesidad de repensar el modelo de seguridad y de respuesta al delito que tenemos se ha hecho más visible.

Bajo el título Se puede terminar con la prisión. Críticas y Alternativas al sistema penal, queremos provocar la necesidad de repensar una multitud de dilemas considerados incuestionables en torno a la respuesta penal que ofrecemos a los conflictos desde una perspectiva puramente abolicionista. Este es, ante todo, un libro abolicionista.

Siempre pensamos que escribiríamos este libro juntas, aunque inicialmente creímos que sería un texto académico, con un formato típico de las ciencias jurídicas. Sin embargo, estamos muy agradecidas a Los Libros de la Catarata porque, después de algunas vueltas, encontramos el escenario natural para escribir un libro en parte alejado de ese estilo, más acorde con las ideas que contiene un libro abolicionista. Surgió así una feliz sincronía, ya que realmente, para avanzar en el desarrollo de cualquier propuesta abolicionista, es muy importante que también las formas correspondan a las ideas de fondo.

Aunque es lo que hemos hecho en el pasado, y probablemente en el futuro ocurra algunas otras veces, no tiene mucho sentido escribir de estos temas desde un formato rígido y excluyente, como es aquel que utiliza tantas palabras que solo se comprenden con un previo estudio de años de una materia específica y donde constantemente la lectura se ve interrumpida por un excesivo sistema de reconocimientos honoríficos como ha terminado siendo el sistema de citas académico.

Así, en este nuevo ejercicio de escritura, una de las cosas que más valoramos es tratar de liberarnos del lenguaje al que estamos acostumbradas para facilitar la tarea a quien nos lea. Nuestro compromiso es tratar de que este trabajo llegue al mayor número de personas, para lo cual, entre otras cosas, haremos referencias a las distintas personas autoras de todos los libros que nutren nuestras reflexiones, pero solamente cuando sean sus propias palabras las que queden en la obra.

Hemos querido que quede constancia de las aportaciones que hemos recogido sin que por ello la obra pierda fluidez, porque reconocemos la importancia de todas las contribuciones y también porque queremos que quede la idea de que el conocimiento no es algo propio, ni nuestro ni ajeno, sino que es una construcción colectiva universal donde lo importante es la claridad de las ideas, su difusión y, especialmente, su puesta en práctica.

En todo caso, al final del texto aparecerá la lista completa de la bibliografía que hemos consultado para sostener lo que decimos y no hemos renunciado a introducir citas literales de numerosas autoras y autores cuando sus aportaciones son especialmente relevantes.

En ese compromiso al que nos referimos hemos hecho un esfuerzo por utilizar un lenguaje comprensible tanto para aquellas personas de origen europeo como para las de origen latinoamericano y que no sea ofensivo ni excluyente para las mujeres.

Nosotras nos encontramos por primera vez en Bolonia, en el año 2009. Enseguida descubrimos que lo que nos había llevado a estudiar derecho penal, a la una y a la otra, había sido la aversión al castigo. Luego nos permitimos conocernos mejor en esta ciudad como estudiantes de doctorado, aunque pronto comprobamos que el estudio de la ciencia penal nos llevaba a muchas contradicciones que cada una debía explorar.

Aunque no lo habíamos estudiado a fondo, las dos nos reconocíamos en el abolicionismo, y conocernos dio lugar a un empoderamiento mutuo para abordar juntas temas absoluta y ampliamente menospreciados por la academia del derecho y otras ciencias humanas y sociales. Fue así como empezamos a compartir lecturas y reflexiones muy variadas, sobre diferentes temas relacionados con las formas del castigo en la sociedad actual.

En este ejercicio de convivencia, un libro de Vincenzo Guagliardo fue fundamental para nosotras: De los dolores y de las penas. Ensayo abolicionista y sobre la objeción de conciencia.

Pero, más allá de esto, nos encontramos con dos personas esenciales para nuestro desarrollo como abolicionistas: Nadia Ponti y Vincenzo Guagliardo. Tanto es así que traducimos esta obra genuina al castellano. Fue publicada en 2012 por la editorial Traficantes de Sueños.

Desde entonces, un fuerte vínculo se creó entre nosotras y, desde la complicidad, cada vez nos fuimos dedicando más al abolicionismo.

Ahora bien: ¿qué es el abolicionismo?

Por aquella época, nuestras referencias sobre este concepto eran aquellas de las que se habla y estudia en el mundo del derecho y específicamente de lo penitenciario y la criminología. Para nosotras el abolicionismo era una ideología, si se quiere, con una serie de teorías casi utópicas que señalaban la necesidad de hacer desaparecer de la organización social la prisión y, en parte, el sistema de justicia que nos habíamos otorgado como sociedad.

Fue la obra de Vincenzo Guagliardo, desde su experiencia de una vida vivida en la cárcel, la que nos hizo comprender que el abolicionismo implica realmente un cambio cultural. Es decir, el abolicionismo de lo comúnmente llamado “de lo penal” o “de la prisión” no se trataba solo de pensar en cómo afrontar la desaparición de esas dos instituciones, sino que era necesario dar un paso más. Era necesaria una dimensión más amplia, una evolución que renunciase al núcleo de la cultura que en la actualidad soportamos y que, como explicaremos más adelante, nos lleva a cuestionar en primer lugar el propio concepto de castigo.

De esta idea parte esta obra, de la necesidad de vincular distintas luchas frente a las opresiones y a las hegemonías. Precisamente a partir de esa exploración se nos fueron abriendo muchos temas fundamentales que encontramos vinculados al anterior: el capitalismo, el patriarcado y hasta la visión del ser que es dominante en Occidente.

Y más importante aún, en ese que ha sido nuestro descubrir abolicionista, encontramos no solo temas de estudio y aprendizaje, sino personas maravillosas, que no podemos nombrar aquí (pero ellas saben quiénes son) y que nos han permitido enriquecer nuestro conocimiento y, sobre todo, nuestra propia vida, en todos los sentidos. Muchas gracias a todas.

Al escribir este libro a dos manos, cada una con sus experiencias profesionales y vitales, pretendemos cuestionar en primer lugar de manera clara y frontal el sistema de vida actual que oprime a la mayor parte de la población del mundo y que está enmarcado en el régimen universal del patriarcado y del capitalismo y fundamentado en la cultura del castigo.

A la vez queremos provocar la necesidad de repensar muchas cosas que en la vida cotidiana la población asume por inercia como verdaderas, o como impensables o incuestionables.

Así, en estas páginas, nos plantearemos diversas preguntas. ¿Qué es realmente el delito? ¿Hay estudios fiables que muestren que la cárcel reeduca, reinserta o resocializa a los penados y penadas? Para que haya respeto entre las personas, ¿es necesario utilizar el castigo en la educación desde la infancia? ¿Es necesaria la coerción, es preciso imponer el orden de otra forma que no sea por la fuerza, para que se pueda pensar en un sistema de serecho que oriente la vida en sociedad? Si desapareciese la idea del castigo para mantener el orden social, ¿tendría sentido tener derecho penal? ¿El mundo es como tiene que ser y las cosas no pueden ser de otra manera, o podemos cambiar el estado de cosas? ¿Tiene el sentimiento de culpa con el que se trata de orientar las conductas alguna función positiva en nuestras vidas? ¿De qué forma aprendimos a hacer justicia? ¿Es posible hacer justicia a través del encierro? ¿Podemos ser capaces de pensar en algo distinto a la idea de una justicia institucional?

Invitamos a quien lea esta obra a que la viva y a que lo haga con un esfuerzo por alejarse de los ruidos que generan estas cuestiones, y desde la distancia procure darse cuenta de los prejuicios que la cultura en la que vivimos nos ha impuesto, que son los que casi siembre nos ciegan para construir un futuro diferente.

Para nosotras, el verdadero abolicionismo es aquel que va de la mano de la eliminación de toda cultura basada en el castigo a las personas inculcado y asumido desde la niñez.

Sin embargo, en este trabajo se evidenciarán muy particularmente algunos de los argumentos específicos y contradictorios sobre los que se sostiene la más paradigmática e institucional forma de castigo en occidente: la prisión.

De modo que quien se interese por primera vez en estos temas que parecen tan lejanos en nuestras vidas cotidianas podrá conocer algunas claves de lo que para nosotras son abolicionismos parciales, es decir, los que se refieren a la prisión y al sistema penal sin ir más allá.

Por tanto, será posible que, aunque no se acepte por completo la tesis integral que proponemos —la necesidad de un cambio civilizatorio para terminar con las prisiones—, al menos sí se comprenda la urgencia de eliminar algo tan poco reflexionado como generalizado, aceptado, aplicado y desastroso como es la necesidad de que existan las prisiones y las demás instituciones laberínticas que la sostienen.

Pero, además, se quiere que este libro sea un pálido aporte a que termine lo que es una urgencia existencial para los 10.350.000 personas que a día de hoy están presas en este planeta, viviendo segundo a segundo la privación de libertad, y una vergüenza para las demás personas que estamos encerradas en los esquemas culturales que no nos permiten liberarlas.

En este libro quisiéramos plantear, al menos incipientemente, algunas líneas por las que se nos ocurre que se pueden ir abriendo alternativas a la insoportable situación actual. Somos conscientes de que las alternativas habrán de ser construidas entre todas, y los muros, aunque tendrían que ser derribados de inmediato, es probable que solo sean derribados en común, en un proceso largo y diferente al que no podemos renunciar. Esta es una pretensión para la que seguramente se habrán de escribir muchos libros y decir muchas palabras que señalen las respuestas o los caminos precisos y, sobre todo, experimentar muchas transformaciones vitales. Solo después de la abolición, entre todas sabremos y reconoceremos las imposiciones a las que históricamente y sin ser conscientes hemos estado sometidas.

Capítulo 1

DEL ABOLICIONISMO DE LA ESCLAVIZACIÓN1 HASTA HOY

1.1.¿Qué es el abolicionismo?

“Abolir” significa, de acuerdo con el diccionario, ‘derogar o dejar sin vigencia una ley, precepto o costumbre’.

Se trata de una palabra íntimamente ligada al mundo del derecho, las leyes y las costumbres, pues remite en exclusiva a la idea de suprimir una de estas realidades generalmente aceptadas.

Una palabra en un plano negativo, que en principio no remite a que haya propuestas con las que se reemplazará lo que se abole o desaparece, sino que se centra únicamente en la necesidad de su eliminación. Y, como se verá, esta es una gran virtud que tiene el término, puesto que permite dar unidad a la propuesta de abolir a pesar de las diferencias que haya en los proyectos que se sostengan como alternativas a lo que pretende derogar o dejar sin vigencia.

Más allá del diccionario, la realidad es que la necesidad de abolir determinadas normas de hecho o de derecho ha surgido constantemente frente a diferentes prácticas sociales existentes a lo largo de la historia más reciente. En concreto, nace la definición del abolicionismo como una ideología y un movimiento social, cuando se refiere al abolicionismo de la esclavización más cercana: la que se dio desde el siglo XII en adelante, aquella esclavización que todavía existía en épocas en que ya se organizaban en Europa movimientos que asumen el nombre de abolicionistas.

Pero estos movimientos tienen su origen mucho antes: se han encontrado registros de que hace ya más de cuatro mil años, en Mesopotamia, existieron importantes luchas abolicionistas de la esclavización.

1.2. El abolicionismo de la esclavización

Sobre este abolicionismo de la esclavización, por la importancia que tiene en la cuestión que tratamos de defender en esta obra y porque ha sido una realidad que ha sido soportada por la humanidad hasta hace unos pocos años, queremos presentar algunas importantes aportaciones.

Una de ellas es la de Thomas Clarkson. A finales del siglo XVIII, lideró en Inglaterra el Comité por la Abolición del Comercio de Esclavos. Para comprender esta abolición nos remitimos a este movimiento, que todavía inspira muchas reivindicaciones. Desde este comité pusieron en práctica técnicas como el boicot, las campañas de cartas, la difusión a través de imágenes, etc., que a su vez se apoyaban en un trabajo previo que realizaba la comunidad cuáquera y otras comunidades.

Todas estas iniciativas fueron fundamentales entonces, porque sin esta presión jamás se hubiese logrado eliminar la institución de la esclavitud. La puesta en práctica de todas ellas fue fundamental por los arrestos y el valor que miles de personas esclavas hubieron de tener en sus resistencias diarias, en aquellas luchas individuales o colectivas. Por eso lo queremos mencionar, porque estas prácticas serán necesarias también para la abolición de la prisión.

También dos mujeres hicieron aportaciones individuales en la lucha contra el fenómeno de la esclavización. Nos referimos a Sojourner Truth y Harriet Tubman.

Sojourner Truth vivió desde su nacimiento la esclavización en carne propia, tanto en su dimensión física de sujeción del cuerpo y del tiempo de vida como en su dimensión interna de aceptación de inferioridad y deber de lealtad al amo.

Como esclava transcurrió su vida, conociendo los vejámenes de ser propiedad, incluyendo ser obligada a procrear cinco veces. Con su hija pequeña en brazos se escapó, se liberó de los amos, para refugiarse trabajando al servicio de una familia antiesclavista. Eran tiempos en los que en el estado de Nueva York entraba a regir la ley antiesclavista. Sojourner recuperó a otro de sus hijos mediante un pleito en los juzgados, y en 1829 se trasladó a la ciudad de Nueva York para trabajar como empleada por un sueldo miserable.

Lo dejó todo en su lucha contra la esclavización de las personas negras y por su liberación. Comenzó a recorrer el país dando conferencias, y evidenciando ante las mujeres blancas cómo su posición de privilegio las hacía más ciegas ante las opresiones que ellas mismas tenían por motivos biológicos.

Puso en la discusión social cómo era para entonces el asunto de la raza y la desigualdad que imprimía por cuestión de nacimiento y cómo sucedía la misma desigualdad habiendo nacido de sexo femenino. A lo largo de su vida, Sojourner también luchó contra el racismo posterior al esclavismo y contra la pena de muerte y el sistema penitenciario de la época.

Harriet Tubman también fue otro ejemplo de aquel periodo y contexto. Una mujer afroamericana que después de haber escapado de la esclavización organizó misiones de rescate para la liberación de decenas de personas esclavizadas en Estados Unidos.

Al final de su vida, luchó también por el sufragio para las mujeres.

1.3. Del abolicionismo de la esclavización a otras formas de dominación. Las relaciones entre estos abolicionismos

Ahora bien, el triunfo del abolicionismo de la esclavización en lo legal hizo surgir nuevas formas de esclavización humana.

Así vemos que, a pesar de que en Estados Unidos la esclavización se abole, nace el Ku Klux Klan y se inicia la germinación de un sistema de explotación económico que todavía no ha cesado de dar frutos. Un régimen que se ensaña en toda su extensión con la criminalización, encierro y posterior negación de derechos políticos de la población negra, que pierde todos sus derechos civiles hasta el punto de que no puede ejercer el voto después de haber sido condenada a una pena de prisión.

Ava DuVernay, en su documental titulado 13ava Enmienda, evidencia una realidad en la que se muestra sin tapujos cómo la actual esclavización está representada por el sistema penitenciario y sus lógicas perversas a perpetuidad. También se manifiesta en esta misma obra documental que de alguna forma en aquellos estados que son pioneros en el mundo, sigue habiendo una esclavización masivamente dirigida a las personas negras, enmascarada por las estrategias de captación para enfrentar los intentos de abolición de la esclavización. Estas circunstancias ya habían sido denunciadas en Estados Unidos en películas como Queimada (1969), dirigida por Gillo Pontecorvo.

Angela Davis, en su obra Democracia de la abolición. Prisiones, racismo y violencia, en las páginas 165 y 166, refleja claramente la relación histórica que tiene la esclavitud y la prisión y, por tanto, ambos abolicionismos:

El complejo industrial-penitenciario es el resultado de la incapacidad de promulgar una auténtica democracia abolicionista. La “democracia abolicionista” es una noción utilizada por DuBois en su obra Black Reconstruction, un estudio germinal del periodo inmediatamente posterior a la esclavitud. George Lipsitz la utiliza hoy día dentro de contextos contemporáneos. Intentaré explicar brevemente su aplicabilidad a tres formas de abolicionismo: la abolición de la esclavitud, la abolición de la pena de muerte y la abolición de la prisión. DuBois sostuvo que la abolición de la esclavitud se consiguió solamente en un sentido negativo. Para lograr su abolición integral —después de que se ilegalizara la institución y de que los negros fueran liberados de sus cadenas— se debería haber creado nuevas instituciones que incorporaran realmente dichas poblaciones negras al orden social.

Existe un vínculo entre el abolicionismo de la esclavización y el abolicionismo del castigo que proponemos o, por lo menos, hay una relación directa con la abolición de la prisión. Esta ligadura que nosotras observamos nos permite recordar y emular importantes ejemplos de lucha y resistencia (algunos se acaban de mencionar) y también nos posibilita alertar sobre las constantes captaciones del poder para no dejar avanzar a los justos reclamos abolicionistas.

Uno de los vínculos lo encontramos en la manipulación de ambos abolicionismos: en el pasado, las propuestas abolicionistas de la esclavización y, en el presente, las que plantean la abolición de la prisión, del sistema de justicia penal y del sentido del castigo. Son constantes las manipulaciones que se ponen en escena por parte de quienes detentan los poderes (institucionalizados o no) para impedir que avancen las reivindicaciones justas y las consiguientes protestas. Preparan artimañas con las que se apoderan de las luchas que se gestan en su contra, asumiendo sin rubor los mismos discursos de sus oponentes, pero vaciando de derechos el contenido de las palabras. Como en su día sucedió con el abolicionismo de la esclavización, hoy queda despreciada toda crítica que se haga a la prisión, a la forma imperante de hacer justicia, y toda defensa que se haga de las personas presas. Se hacen ataques directos a movimientos sociales que plantean estas cuestiones, se criminalizan y especialmente se silencian en los espacios políticos institucionalizados y por los medios de comunicación.

Por tanto, está claro que debemos promover el reconocimiento de esta realidad, de estas relaciones, y prevenir permanentemente que se sucedan las manipulaciones. Además, tendremos que seguir denunciando cualquier discurso legitimador de la dominación que el castigo supone, como en el pasado se hizo con la esclavización.

En este sentido, nos sirve de ejemplo Aimé Césaire, que también comparte esta apreciación cuando cita en uno de sus textos a un estudioso de las colonias, quien se expresa sobre las personas esclavizadas y los beneficios que tiene la esclavización.

Lo hace de un modo que nos recuerda mucho a lo que en la actualidad algunas personas manifiestan sobre las personas presas, sobre todo cuando sus condiciones de encierro son adecuadas. Así dice:

El esclavo tiene sus garantías dadas por las leyes y especialmente por las costumbres, en su persona y en sus sentimientos. Solo se le pide que trabaje, dentro de los límites impuestos por las normas. En cuanto acabe su trabajo, también es libre de su cuerpo como cualquier obrero francés y, de hecho, es aún más libre de espíritu, ya que no tiene que ocuparse de ninguna necesidad de la vida, porque el amo se lo proporciona todo a cambio de su trabajo.

Otro autor, Víctor Schoelcher, afirmó que “no se regula la esclavitud más humanamente de lo que se regula el asesinato”, lo que es perfectamente aplicable a la prisión.

Mal que se pretenda, tampoco la prisión puede regularse humanamente: la dignidad humana es incompatible con este castigo inhumano por muchas leyes que regulen el encierro y pretendan garantizar los derechos de las personas que la cárcel alberga.

Siguiendo con los vínculos, podemos entrever que hay otros muchos elementos comunes entre la esclavización y el castigo que podemos resumir en los siguientes puntos:

Realmente, aunque las prisiones como castigo son un invento moderno, ya se usaban para los esclavos desde Roma (no como castigo a consecuencia de un delito, obviamente), con el nombre de ergástulas: mazmorras donde las personas esclavas dormían encadenadas.

En ambas figuras represoras se ha utilizado y utiliza la mano de obra sin remuneración para enriquecer a terceros.

En los dos casos se cosifica a la persona. Comparten la construcción de una persona cosificada, lo que niega dignidad a esa persona y genera para el resto de la sociedad problemas a largo plazo.

Ambas situaciones atentan contra el cuerpo y el alma de la persona, la lesionan y extinguen lentamente.

Las dos figuras de represión y castigo que se ejerce sobre las personas son útiles al sistema económico hegemónico.

Frente a las dos situaciones es necesario hablar de abolición y no de reforma, puesto que ambas son incompatibles con la idea de dignidad humana.

1.4. El abolicionismo de la prisión, del sistema de justicia penal y de la cultura del castigo

Siguiendo con la construcción de una historia del abolicionismo, observamos que siempre se han considerado los años sesenta y setenta del siglo XX europeo, como la edad dorada del abolicionismo, referido al abolicionismo de la cárcel e incluso, más ampliamente, al abolicionismo del sistema penal. Fue una época y un contexto en los que tuvo auge dentro de algunos movimientos sociales y académicos, sobre todo de la mano de Michel Foucault, la idea de que las prisiones no servían y debían ser eliminadas.

Sin embargo, estas ideas sobre los fundamentos de la prisión, que incluso eran más amplias puesto que comprendían también que la prisión debía eliminarse como símbolo principal del castigo en la sociedad, ya habían sido expuestas en Occidente a finales del siglo XIX en obras de escritores como León Tolstói y Delphine de Girardin que a continuación rememoramos.

León Tolstói, principalmente en su novela Resurrección, sostiene que todas las personas somos culpables solo ante Dios, único ser que nos podrá juzgar, porque el solemne hecho de juzgar no se puede hacer entre semejantes. El escritor resaltaba que así lo indicaban las numerosas enseñanzas de Jesús de Nazaret.

Además, mostraba magistralmente, a partir de la descripción de las prisiones de la Rusia zarista, que no se alejan de muchas otras cárceles en otros lugares y distintos tiempos, incluso actuales, que el castigo no solo genera terribles tratos a la persona castigada que superan realmente cualquier noción de justicia, sino que también sustenta la corrupción y putrefacción en quienes castigan, no solo carceleros, sino también jueces y fiscales.

Todo esto decía León Tolstói sin olvidar un dato fundamental, que aún hoy es principal en el discurso en pro de la abolición de la prisión: el resultado es que estas instituciones no reducen el crimen ni enmiendan a quien lo comete.

Émile de Girardin, por su parte, en su ensayo Du droit de punir, publicado un poco antes que Resurrección, recogía también, en gran coincidencia con Tolstói, una serie de indicaciones de la Biblia, y de los evangelios, especialmente del mensaje de Jesús, en contra del castigo. El autor se basaba fundamentalmente en su obra en la imposibilidad de los hombres de juzgar a sus semejantes. Esta idea extiende la responsabilidad por el delito a la asunción de deberes de toda la sociedad.

Afirma que la sociedad algún día llegará a ser consciente de que la no punición puede ser algo tan natural y aceptado socialmente como lo que ya para la época del texto se asumía de la desaparición de la esclavización y la servidumbre.

Ambos autores en sus obras muestran una fuerte influencia de las enseñanzas del cristianismo, el que a su vez, como muchas personas sostienen, se nutre de varias tradiciones orientales más antiguas.

Algunos de estos pensamientos también son expresados con redundancia en el hinduismo y el budismo, especialmente el tibetano (sobre el que se recomienda la lectura de los textos de Alexandra David Neel), que dan pie a ideas como la del yoga. Allí aparecen los principios del yoga con sus yamas y niyamas, que significan, como lo exponía Patanjali hace más de dos milenios, las actitudes que se han de cultivar, las abstenciones y acciones que guían a quienes viven de acuerdo con estas concepciones.

En todos estos pensamientos es clave el concepto de la no dualidad, entendida como se establece desde la lógica aristotélica en Occidente y frente a lo que muchos autores y autoras en la actualidad conciben como algo que se requiere superar, al menos en el espacio de la discusión.

Estas no son las únicas personas y perspectivas que han ido pensando y construyendo el ideal abolicionista del sistema penal y de la prisión. Efectivamente, desde la necesidad de la ruptura del pensamiento dualista las fuentes teóricas son ricas e inmensas. Pero para llegar hasta el escenario en el que nos encontramos hoy son muchos los autores, autoras, ideas y colectivos que han convergido en la construcción de esta abolición.

Angela Davis en la página 29 de su obra Democracia de la abolición, evidencia lo siguiente para reforzar esta idea:

La reacción más natural consiste en presuponer que los activistas contra las prisiones —incluso entre aquellos que conscientemente se refieren a sí mismos como “activistas contras las prisiones”— intentan simplemente mejorar las condiciones de las prisiones o quizá, en un sentido más radical, reformarlas. En la mayoría de los círculos sociales, la abolición de las prisiones es simplemente algo impensable y no plausible. A los abolicionistas se los descarta como utópicos e idealistas, y sus opiniones son consideradas, en el mejor de los casos, poco realistas e impracticables, y, en el peor, desconcertantes e imprudentes. Esto demuestra hasta qué punto es difícil imaginar un orden social que no descanse en la amenaza del aislamiento de personas en lugares atroces diseñados para separarlas de sus comunidades y familias. Las cárceles son consideradas algo tan “natural” que es extremadamente difícil imaginar la vida sin ellas.

En esta referencia se pueden observar claramente los distintos abolicionismos que coexisten en la actualidad y a los que dedicaremos las siguientes páginas.

Nosotras, a los efectos de una mayor comprensión y a fin de que, como se decía en la introducción, se puedan observar los distintos abolicionismos que convergen de un modo u otro en la actualidad, los dividiremos en las tres corrientes en las que se presentan en el presente: la abolición de la prisión, la abolición de todo el sistema penal y, por último, la abolición de la cultura del castigo.

Antes de que entremos en cada una de estas corrientes abolicionistas posibles, queremos anunciar que desde nuestro punto de vista estas corrientes son progresivas, y así como la segunda asume la primera, la última incluye a las dos anteriores.

Sin embargo, en la actualidad hay muchas personas que sostienen solo la primera, o solo la segunda, es decir, la abolición solo de la prisión o la abolición del sistema penal.

En todo caso, a todos los abolicionismos los une un interrogante: ¿es posible que un sistema creado en el siglo XVIII pueda continuar defendiéndose en el siglo XXI?

Bien, empezamos.

Capítulo 2

LOS DIFERENTES ABOLICIONISMOS

2.1. El abolicionismo solo de la prisión

Como recordábamos en las páginas anteriores, el concepto del abolicionismo empieza a utilizarse en Europa para hablar de un movimiento centrado especialmente en la eliminación de las prisiones en los años sesenta y setenta del siglo pasado.

En ese tiempo, en el que algunos movimientos de vanguardia pretendieron dar las claves para de alguna manera cambiar el mundo, el trabajo de Michel Foucault es paradigmático. El autor revela la lógica y la dinámica de las prisiones y su relación con las demás instituciones del control social como son la familia, la escuela, la fábrica y el manicomio, y por ello fue uno de los movimientos de cuestionamiento de la prisión más importantes.

Hoy por hoy, y ya entonces, la prisión es una de las maquinarias con las que cuenta el Estado para el control social y el mantenimiento del orden. Una institución que si bien no es la única sanción, sí es la principal en términos simbólicos y estadísticos. Es por ello por lo que mencionar todos los argumentos en relación con la abolición de las prisiones desarrollados en el tiempo sobrepasa en mucho las posibilidades de este texto. Estamos seguras de que tan solo con las críticas a lo largo de su historia y sus derivaciones al resto de la sociedad nos daría para un gran tomo.

Sin embargo, sucintamente, antes de comenzar con este trabajo que tiene mayor amplitud de miras que las que se pueden plasmar en los inicios abolicionistas, consideramos necesario mencionar las objeciones más claras que se presentan a la existencia de la prisión en nuestro momento actual.

2.1.1. Primer argumento para abolir la prisión: la prisión no cumple con la mayoría de las finalidades de la pena que se ofrecen para su justificación teórica desde el derecho

Antes de comenzar con este argumento quisiéramos hacer un inciso, una aclaración. Hay quien dirá que, efectivamente, esto es así. Es decir, que la prisión no cumple con la mayoría de las finalidades de la pena que se ofrecen para su justificación teórica, pero que el error es analizar la crítica a la cárcel desde ahí, porque se sabe que estas finalidades no fueron las que motivaron la creación de la prisión. Desde luego, no somos ajenas a esta cuestión. Es decir, como detalladamente desarrollaremos más adelante en el libro, la pena privativa de libertad en el sentido en que hoy la conocemos nace en el siglo XVII en respuesta al exceso de mano de obra y es solo después cuando, para darle sentido al encierro desde la llamada “Ilustración”, se concretan algunas finalidades que llegan hasta hoy sin que nunca se pensasen desde el inicio y ni mucho menos se probasen. Tampoco somos ajenas a la idea de que, en verdad, estas no son las verdaderas finalidades de la pena de prisión hoy día, como muchos autores y autoras se han esforzado en enunciar. Son más bien el control de la pobreza, de la mano de obra, de las personas migrantes y el disciplinamiento en torno a ciertos valores los que verdaderamente están detrás de esta pena.

Nosotras sabemos de estos hechos y compartimos plenamente esta perspectiva de análisis. Por eso abordaremos la cuestión de la abolición desde ahí en el capítulo 3 del libro. Sin embargo, no queremos renunciar en este trabajo a hacer un abordaje, tal vez, si se quiere, más clásico, de cómo las finalidades de la pena que oficialmente se ofrecen para la justificación teórica de la prisión (y a las que continuamente se recurre por parte de la mayoría abrumadora de expertos, así como de los medios de comunicación) no se cumplen.

Dicho esto, las finalidades se centran en cuatro tipos de prevención:

Prevención general negativa. Palabras más palabras menos, este concepto quiere decir que teóricamente las personas nos comportaremos como dicen las leyes, porque estaremos motivadas por esa amenaza. La coacción que supone que haya códigos que indican que habrá una sanción o un castigo, tanto de multa o tantos años de prisión, para quien haga u omita alguna determinada cosa.

Pero esta presunción es una gran mentira, atendiendo a las siguientes consideraciones. En primer lugar, porque nunca se ha probado empíricamente que una amenaza de castigo sirva para que las personas no cometan delitos. En segundo lugar, porque aumentar los castigos ante determinadas conductas no ha tenido ninguna incidencia en la disminución o no de la tasa de delincuencia.

Un ejemplo paradigmático es el de la cadena perpetua o la pena de muerte. Hay trabajos sociológicos que muestran cómo la cadena perpetua o la pena de muerte no han dado lugar a que haya un descenso de la criminalidad. De la misma forma, tampoco el mantenimiento de la inconstitucional prisión permanente revisable que existe en el Código Penal español va a hacer que haya personas que no cometan determinados delitos. Es muy revelador cómo muchos expertos y medios de comunicación transmiten esta crítica en los últimos años y cómo, sin embargo, existe una manifiesta incapacidad para criticar el propio sentido de la intimidación y su eficacia.

En estos supuestos, en el mejor de los casos, para quienes observan el exceso de la incorporación de estas penas en nuestro ordenamiento jurídico, el recurso a los límites y garantías del derecho penal es el único salvavidas que encuentran. Salvavidas que, sin embargo, aunque se repita como un mantra constante en las facultades de Derecho de todo el mundo, ha resultado absolutamente insuficiente para frenar el avance descontrolado del derecho penal como instrumento para resolver los conflictos de nuestra sociedad, dar bienestar a las personas y ofrecer estándares mínimos de seguridad.

Tampoco dieron resultado las decisiones político-criminales como las que se introdujeron en Estados Unidos en la conocida como la ley de three strikes and you are out (a la tercera quedas fuera). En ella se estableció que para el tercer delito cometido por una misma persona la pena se convirtiera automáticamente en cadena perpetua.

Estas decisiones legislativas, en realidad, no tuvieron ningún efecto disuasivo, al contrario, dieron lugar a un aumento histórico de personas en prisión: negras y de origen latinoamericano.

De hecho, se puede constatar en cualquier lugar que cada vez hay más normas y sanciones y, por tanto, más delitos, pero eso no significa que nuestra sociedad sea más segura. Se tiene que atender a que:

Lo que hoy es un delito pudo no serlo en el pasado.

Qué es o no delito depende de una decisión política de un momento determinado ante conflictos concretos.

Hubo delitos en tiempos pasados que han desaparecido. Algunas despenalizaciones a lo largo de la historia, como la prostitución, el aborto, la bigamia, las relaciones homosexuales, que ya no se castigan en la mayoría de estados occidentales.

Hay nuevos delitos: los cometidos por medios informáticos, los de la empresa, los relacionados con partidos políticos, los que limitan la libertad de expresión, contra los animales o el medioambiente, etc.

No en todos los países los delitos son los mismos. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, es un delito que un menor consuma alcohol, fume o no acuda a clase. Estos actos, que suponen hábitos menores de la población, no son delito en ningún país de Europa o de Latinoamérica. En casi todos los ámbitos, un menor habrá cometido un delito cuando su conducta sea también delictiva para un mayor de edad.

En definitiva, el delito es un hecho social y el concepto de delito es una construcción del tiempo, del momento.

Por otro lado, sabemos que los delitos violentos que se cometen y condenan son muy desiguales en distintos países, pero que, paradójicamente, por lo general, en Europa las personas que están en prisión no están por haber cometido un delito violento y en Latinoamérica y EE UU tampoco lo están de manera mayoritaria, lo están por cometer delitos de tráfico de drogas y contra la propiedad.

Aun así, los conflictos y, sobre todo, las violencias que subyacen a algunos delitos, que, al parecer, es lo que realmente preocupa a la conciencia de la sociedad que se siente mancillada, siguen siendo y existiendo y la experiencia muestra que la amenaza penal, que es lo que representa la prevención general negativa, no está funcionando.

Esto es lógico y se une a la reflexión de que considerar que las personas fundamentalmente tomamos decisiones por el temor o el miedo es, en realidad, un gran insulto a la inteligencia humana. La conducta humana es mucho más compleja que esa forma simplista de entender la disposición de hacer del ser humano.

Veámoslo a la inversa: quien analice este argumento podrá preguntarse y responderse con sinceridad a esta sencilla cuestión: si yo no golpeo a alguien, si no robo y no contamino los ríos, si no perjudico gravemente a terceros, ¿es por el temor a que si lo hago pueda ir a prisión o es por otros motivos?

Muy probablemente la respuesta sea que no es por temor a la prisión. Sin duda, hay un buen número de condicionantes, motivos, relaciones y situaciones diversas que son realmente las que han dado lugar a que cualquier persona no haya realizado esa o cualquier otra conducta que pudiera perjudicar a otras personas.

Y, por el contrario, si efectivamente utilizo la violencia, robo o contamino ríos, ¿voy a dejarlo de hacer porque haya una ley que me lo prohíba?

Supongamos, en todo caso, que algunas personas sí actúan por lo que les indican las normas: ¿dejarán de actuar así cuando sepan con certeza que nadie las puede ver ni las puede señalar?

Siguiendo con la reflexión, y este es un ejemplo que se puede extraer de la educación de las niñas y niños, ¿queremos realmente que las personas tengamos unos u otros comportamientos porque haya un policía detrás como una amenaza vigilante o esperamos una respuesta más reflexiva y autónoma?

Actuar o no porque se esté bajo vigilancia o amenaza es evadir la responsabilidad propia.

A esta cuestión tan controvertible dedicaremos otros espacios en este trabajo, puesto que la relación entre la educación y el castigo, y también el uso de las prisiones a nivel social, tiene fuertes puntos de conexión.

Prevención general positiva. Este concepto alude básicamente a la presunción de que con la amenaza del castigo se restablece la confianza del resto de la sociedad en que el Estado funciona y que, en último extremo, quien viola las normas establecidas será castigado. Tal idea se sostiene en la realidad del carácter simbólico del derecho penal, el cual empieza a comprenderse desde los análisis sociológicos de Durkheim, pero solo en la actualidad adquiere mayor fuerza, en tiempos en los que el capitalismo mismo también centra el valor de los bienes en lo simbólico dentro de los patrones del consumismo (el valor dado a las marcas, por ejemplo).

En la seguridad que se genera porque habrá escarmiento, en el interior de la sociedad se logra cohesionar al grupo que acepta esta premisa, frente a las otras personas que no cumplen las normas, a las que socialmente excluyen de hecho.

Esto puede significar hacer pedagogía a través del derecho penal. Sin embargo, hemos de destacar que un instrumento como es el Código Penal, que en su aplicación y en los valores que sostienen los delitos que se contienen en los códigos penales es tan desigual, no puede usarse legítimamente para estos fines de regularización social.

También hemos de replicar que el hecho de excluir socialmente a determinadas personas por no cumplir determinadas normas es totalmente ilegítimo y, si hablamos en términos de efectividad social, esta exclusión es inadecuada porque la experiencia nos demuestra que a largo plazo no funciona.

Sobre la desigualdad en la aplicación del castigo estatal, es importante recordar que si bien los delitos se cometen en todas las clases sociales, son las clases más marginalizadas las que más van a prisión. De la misma forma, los delitos que más se persiguen son los que afectan a la propiedad privada y al patrimonio en muy pequeña escala y, sin duda, son el resultado de las inmensas desigualdades económicas existentes en nuestras sociedades. Las personas que comenten estos delitos son las que llenan las cárceles. Sin embargo, este tipo de prevención positiva es exitoso.

La reafirmación de las normas punitivas que se establecen, y la creación de la imagen que se construye y sostiene a partir de ellas, sirve para proteger a la “buena sociedad” de la “mala sociedad” y esta idea genera un amplio apoyo en las clases altas que de esta manera se sienten protegidas ante las clases desheredadas.

A su vez, curiosamente, el derecho penal obtiene también apoyo de gran parte de esa clase social baja, aquella desheredada, muchas veces racializada, que es a la que más golpea cuando se instruye cada día y que se siente satisfecha y orgullosa cuando observa que el castigo también se impone a algunas personalidades de clase alta: políticos corruptos, estafadores bancarios, etc.

Y, por supuesto, obtiene apoyo de todas las clases cuando se aplica un castigo ejemplarizante para los pocos casos que se presentan de atentados contra intereses compartidos o que son valiosos para prácticamente todas las sociedades en todo tiempo: la vida, la integridad física y la integridad sexual. Nos referimos al castigo a terroristas, asesinos en serie, violadores, pedófilos, etc., que bien propagan los medios de comunicación para generar sensibilidad entre la población hacia estos casos y justificar el uso de la prisión, en la que, sin embargo, la mayoría de personas presas lo están por pequeños delitos como hurtos, microtráfico de drogas, lesiones, etc.

En conclusión: hay algo que une a todas las clases sociales y es el hecho de ver actuar al Estado de la manera en la que desde su distinta perspectiva social creen que se deben hacer las cosas: castigando a los culpables.

Por tanto, la reafirmación de la que antes hablábamos no se da solo a través de la norma, sino también mediante la forma que tiene la sociedad de resolver los conflictos entre tribunales y democracia.

Y precisamente, como trataremos de demostrar más adelante en este trabajo, es muy contraproducente esta forma de solucionar los conflictos sociales y hemos de transformarla si aspiramos a construir una sociedad distinta a la que tenemos en la actualidad y que verdaderamente nos proteja individual y colectivamente.

Prevención especial positiva. Esta es la idea de prevención que más legitima el castigo penal en las sociedades modernas y en los estados de derecho hoy en día.

Consiste en que, supuestamente, a través del castigo al que se somete en la cautividad a quien ha incumplido la norma se puede reinsertar, reeducar o resocializar a las personas delincuentes.

Si bien esta finalidad de rehumanización puede parecer a simple vista muy noble y ser compartida en términos generales, es importante entender varias cosas para poder ver cuánto se esconde de verdad detrás de esta consideración.

Es necesario saber que los actuales sistemas penales, aunque digan que buscan una resocialización de las personas presas, no cumplen con esta finalidad en términos generales.

En primer lugar, nos encontramos con aquellas cárceles en las que ni siquiera se cuenta con programas y personal para intentar una resocialización. A veces ni en los reglamentos de la prisión contemplan esa posibilidad de resocialización de sus reclusos. Otras veces, existen normas en las que se establecen comités interdisciplinarios para asumir las labores, etc., pero, en realidad, nada de esto se implementa en la práctica.

Si miramos a las cárceles del mundo, en muchas ocasiones dentro de la prisión la resocialización se reduce a que un funcionario sin una preparación que vaya más allá de la formación básica de policía determine si la persona está o no “resocializada” según sus propios criterios morales y su sentido común. De acuerdo con esto, la persona presa contará o no con beneficios penitenciarios como permisos de salida, pena domiciliaria, libertad condicional, visitas adicionales, etc.

Esta situación tan grave que raya el absurdo es la que se presenta de forma mayoritaria en las cárceles del mundo.

Por otra parte, nos encontramos con aquellas prisiones en las que se invierten con más energía recursos humanos y materiales en esta finalidad, pero en las que tampoco se consigue resocializar a las personas presas con unos índices razonables. Este sería, por ejemplo, el caso de las priones españolas.

Esta realidad es así porque las experiencias de tratamientos de reinserción específicos son todavía muy incipientes y, en todo caso, porque no hay recursos materiales ni personales suficientes para llegar a toda la población reclusa. Es decir, las prisiones donde se quieren implementar programas de reinserción específicos son muy pocas y en los centros penitenciarios en los que se implantan se encuentra que los casos de personas encarceladas que se pueden beneficiar de esos tratamientos son casi anecdóticos.

Por ejemplo, Redondo Illescas, en varios estudios, describe y evalúa el tratamiento psicológico que se aplica en la prisión de Brians en Cataluña con los agresores sexuales.

El estudio se efectuó con dos grupos equivalentes: uno en el que se realizó el tratamiento psicológico y otro en el que se hizo un seguimiento de control sin acceder al tratamiento. El grupo de tratamiento estaba integrado por 49 sujetos que recibieron de manera completa el tratamiento previsto. El grupo de control lo integraron 74 agresores sexuales que no recibieron tratamiento alguno en este periodo.

Los resultados mostraron que el programa cognitivo-conductual tuvo un potencial rehabilitador en las personas que participaron en el tratamiento. En el trabajo se muestra que la aplicación del tratamiento psicológico redujo la tasa de reincidencia de los agresores sexuales analizados.

En un periodo de seguimiento promedio de cuatro años la tasa de reincidencia pasó de ser del 18% en los no tratados a una tasa del 4% de recaída en los tratados psicológicamente.

También la obra de Rita Laura Ségato, La guerra contra las mujeres, sirve para profundizar en estas cuestiones.

Pero la pregunta que cabe hacerse en este punto es si estos resultados de resocialización de las personas presas no podrían ser iguales o mejores en un espacio de libertad en lugar de en un lugar en el que están encerrados. Es más: ¿se alcanzaría a más personas con esos programas invirtiendo más recursos económicos en atender a las personas presas en lugar de destinarlos en mantener las propias estructuras arquitectónicas carcelarias y todo el sistema de seguridad?

Nuestra importante duda se sustenta en el hecho irrefutable de que frente a todas estas dificultades y resistencias, lo que en realidad se impone de la experiencia de cuatro siglos de encierros es que la reeducación se ha demostrado imposible de llevar a cabo en un ambiente de privación de libertad como la prisión o sus resultados han sido muy modestos.

Iñaki Rivera, en su obra Decarcelación. Principios para una política pública de reducción de la cárcel, se refiere abiertamente a la caída del mito de la resocialización a través de la cárcel que se quiere presentar y que constituye un dato incuestionable.

Es más, habitualmente se afirma entre las personas que pasaron por prisión que ellas mismas se reinsertaron a pesar de la prisión. En reconocimiento de esta circunstancia, en algunas doctrinas y en algunas conclusiones de personas estudiosas de este tema, incluso en algunas decisiones de los jueces, se afirma y confirma que más que resocializar, lo que debe garantizar el sistema de prisiones es que los espacios de castigo no lleven a desocializar a las personas presas todavía más, o que impidan abiertamente los procesos de socialización.

Un ejemplo de esta casuística se encuentra en las decisiones de la Corte Constitucional colombiana. Este tribunal reconoce en varias sentencias que las prisiones colombianas se hallan en un estado de cosas inconstitucional: la resocialización que manda la Constitución colombiana es improbable y exigen al Gobierno que garantice al menos la no desocialización.

Los efectos físicos y psicosomáticos que implica el encierro y que desarrollaremos más adelante en este trabajo son enormes: problemas gastrointestinales, limitaciones visuales, fuertes pesadillas nocturnas, etc. Las implicaciones personales, sociales y económicas de la separación de la vida cotidiana en muchas ocasiones irreversibles y los efectos criminógenos debido a la criminalidad que genera el paso por prisión son indiscutibles.

A las anteriores circunstancias debe unirse un planteamiento que tiene más de fondo y que consiste en que la idea misma de resocializar mañana invisibiliza unos problemas del pasado: la socialización en nuestra cultura y la educación en nuestra cultura que tiene lugar mayoritariamente en las familias y las escuelas, y a través de las redes sociales.

Ha habido un cambio en la terminología empleada por las estrategias penales para hablar de la prevención especial positiva y que tiene que ver con la realidad difícil de aceptar que la cárcel no reinserta.

Tradicionalmente ha sido frecuente el uso de diferentes términos:

Por un lado, está el término “reinserción”, partiendo de la idea de que quien delinquía de alguna manera salía de la normalidad de la sociedad y había que llevarle allí de nuevo.

También se ha hablado de “reeducación”, entendiendo que había que hacer un proceso similar al que se realiza con los niños y las niñas, pero esta vez con adultos que por algún motivo no habían “quedado bien educados” en su infancia.

Además, se está utilizando el término “resocialización”, con el que se entiende un proceso educativo que permita ajustar a la persona a su futuro rol en la sociedad.

Se enmarca esta concepción en las diferentes corrientes pedagógicas y en los ricos debates que existen sobre la educación, especialmente en la de carácter formal. Con esta nueva propuesta se trata de brindar herramientas de sociabilidad para que las personas puedan coexistir pacíficamente y responder a sus necesidades sin afectar a las demás.

Además, también conviene traer la cuestión de que, aunque de forma recurrente se utilizan indistintamente las palabras “reeducación”, “reinserción” y “resocialización”, lo cierto es que estos conceptos son distintos y controvertidos y casi siempre aluden a pretensiones diferentes.

Detrás de la utilización de estos diferentes conceptos, en realidad, se encuentra la discusión acerca del alcance de la finalidad preventivo-especial de la pena y su relación con el grado de intervención que se ha de hacer sobre la persona presa para lograr esta prevención.

En este sentido, son minoría los expertos que abogan por programas resocializadores de niveles máximos. Estos especialistas entienden la resocialización como una reforma profunda, una trasformación interna de la persona que está cumpliendo condena, y la entienden desde una propuesta más vinculada al concepto de reeducación.

Estos son los expertos que abogan por los denominados programas mínimos en el interior de las prisiones.

Los programas máximos pretenden una transformación de la persona presa y vinculan la reinserción con el concepto de tratamiento. Para los programas máximos, la resocialización consiste en adecuar la conducta de las personas hacia el exterior de su mundo, revertir a la sociedad a la que han de regresar respetando las normas del ordenamiento jurídico, lo que se traduciría en no volver a cometer dicha conducta.

Por último, en esta cuestión socializadora nos encontramos con los denominados programas “no desocializadores”.

Exigen que en la ejecución de la pena privativa de la libertad se establezcan las condiciones objetivas suficientes para asegurar la reintegración social futura a la persona que en un momento determinado se ha apartado de la sociedad.

Así, otros autores sostienen que resocializar es igual a procurar el retorno de la persona a la sociedad y, en todo caso, crear más posibilidades de participación social, ofreciendo alternativas al comportamiento criminal que le ha precedido.

Por todo lo que afecta al respeto del libre desarrollo de la personalidad de las personas presas, todavía nos queda la crítica a esta finalidad desde la legitimidad y asumiendo que todo lo que anteriormente se ha expuesto implica grandes e importantes discusiones y debates que tendrán que darse en tiempo y forma, requiriendo la obligación que tienen los poderes públicos punitivos de explicitar la estrategia mientras mantengan la idea de que con el castigo se quiere resocializar, reeducar o reinsertar a las personas que han cometido un delito.

Por supuesto, esta crítica que nosotras planteamos lleva de la mano el cuestionamiento de las teorías educativas en general y, aunque muchas de ellas responden con visiones respetuosas de la autonomía personal, su puesta en práctica no es sencilla ni está libre de peligros.

Desde esta crítica creemos que hemos de encontrar formas y técnicas que permitan dotar a las personas que han cometido un delito de herramientas de convivencia y autocuidado que se puedan lograr fuera de la lógica penal y de las perspectivas de dominación. Esta es la única forma de que se pueda respetar el libre desarrollo de la personalidad, base de la dignidad humana reconocida por las constituciones y los modelos de organización social generalmente aceptados y que redunden también en un bienestar colectivo. Esta cuestión la retomaremos en el capítulo final del libro.

Estas condiciones de respeto personal son fundamentales para que la persona conserve una identidad propia y no degenere en la construcción de personalidades y de sociedades en las que todo lo construido como diferente debiera ser eliminado.

Un ejemplo de estas circunstancias que se deterioraron hasta la degeneración ocurrió en el conocido como “estado de masa hitleriano”, que resume la experiencia alemana del nazismo y que terminó involucrando a prácticamente toda la sociedad de la época.

Luigi Ferrajoli incluso afirma, en su obra Derecho y razón, que precisamente en nombre de la prevención especial positiva se han cometido los mayores abusos a la dignidad humana.

Queremos mencionar que hay experiencias en el mundo escandinavo que se acercan a un posible modelo de prisión que respeta la dignidad.

Diremos que precisamente estas formas de hacer que son más respetuosas se hacen posibles porque la cultura de estos contextos es también ligeramente diferente al pensar hegemónico en el resto del planeta. Esta realidad es a la vez una prueba de que, en culturas diferentes y menos violentas y opresivas, es natural ir renunciando a los componentes del castigo. Se quiere señalar, en todo caso, que no desconocemos el racismo instalado en esos países y que genera otra clase de encierros y dominaciones.

Así vemos en la actualidad que en aquellas tierras han encontrado mejores resultados que en otros lugares, pero siguen respondiendo a un modelo que debe ser abandonado: el del castigo. Podemos observar algunos elementos interesantes del modelo escandinavo.

William L. Selke, en su libro Prisons in crisis, nos indica cómo el modelo de funcionamiento de las prisiones de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia es bastante coherente y claro. Asegura cómo esta realidad particular se debe a que la criminología escandinava tiene amplios consensos.

Para que sea así, además de existir varias analogías culturales y económicas en estos países, ha sido definitivo el establecimiento desde 1962 del Scandinavian Research Council for Criminology, donde, en todo caso, también tienen sus propias diferencias:

Dinamarca se centra más en el sistema de justicia y la política criminal para afrontar los conflictos delictivos.

Noruega e Islandia han implementado algunos mecanismos alternativos en la gestión de conflictos.

Suecia y Finlandia se enfocan más en la criminalidad económica y estudios marxistas de criminología neoclásica y de métodos para controlar a la Policía.

En términos generales, en la concepción y desarrollo del sistema en estos países son conscientes de que la criminalidad se relaciona con lo ambiental y social, y con factores como la educación, la salud, el sistema económico y las políticas de bienestar. Son estados en los que el sistema legal se ve solo como un factor más dentro de los mecanismos de control social.

En realidad, estamos hablando de realidades donde las desigualdades sociales se han minimizado y esa situación también tiene sus propias consecuencias.

También queremos resaltar que cuando es necesario acudir a las penas, han determinado que estas no sean de una duración muy alta para poder tener mayor éxito resocializador.

Además, desde la criminología escandinava se cree que las posibilidades de resocialización desde el sistema legal son mucho más bajas que las que existen en otros ámbitos de la sociedad y que son de un carácter más preventivo.

En términos generales, en estas pioneras estrategias penales escandinavas, se cree poco en el éxito resocializador de la prisión, lo que se ve como una razón para usarla menos.

Michael Moore, en su documental Qué invadimos ahora, visita dos prisiones en Noruega y nos deja los siguientes detalles.

La primera que nos ilustra es la famosa prisión ubicada en la isla de Bastoy, a 75 kilómetros de Oslo. Se trata de una prisión de mínima seguridad donde las personas viven prácticamente como si estuvieran en libertad. Habitan en cabañas donde cada persona presa tiene su propia habitación y baño, ella misma se encarga de todas sus cosas de la vida cotidiana y ejerce el empleo que se le asigna obligatoriamente.

En los espacios comunes de la prisión disponen de lugares para hacer deporte, pueden pasear por toda la isla.

La segunda es una prisión de máxima seguridad, ubicada en Halden. Es la segunda más grande de Noruega. Los internos tienen las llaves de sus celdas, muy bien equipadas para la conservación de sus alimentos con nevera, pueden usar cuchillos que están disponibles en las cocinas, tienen televisión y espacio adecuado para estudiar, camas cómodas y no tienen restricciones al interior de la prisión.

Las instalaciones cuentan con un pequeño supermercado, lavandería, biblioteca, sala de grabación musical con su propio sello discográfico y, curiosamente, este centro penitenciario cuenta con una buena colección de arte moderno.

Además de los guardias, hay otras personas que trabajan dentro de la prisión y que están al servicio de las personas recluidas cumpliendo con otras labores: biblioteca, profesorado de música.

Los funcionarios no van armados ni entran en dinámicas de confrontación con las personas presas, antes bien se conciben como servidores de ellas.

Sin embargo, queremos volver a enfatizar en la idea de que si bien el modelo escandinavo tal vez sea el que más respete la dignidad humana dentro de los existentes en la actualidad, este modelo no lo podemos ver como el punto de llegada en la alternativa punitiva, sino como un posible punto de partida hacia una transición al abolicionismo.

Comprobamos, en estos casos que repasamos, que a la vez que se dan cambios sociales allí donde hay menos desigualdad en el acceso a los recursos, se dan cambios radicales en las prisiones que después de su natural y radical disminución han de llevar luego a eliminarla por completo.

El objetivo es posible siempre que se renuncie a asumir la prisión como un negocio rentable.

Iñaki Rivera, en su obra Decarcelación. Principios para una política pública de reducción de la cárcel, en la página 75, hace referencia a esta cuestión:

Dicho de otro modo: el “problema de la cárcel” no se va a resolver “en la” cárcel, sino, en todo caso, en el exterior de la misma, en la propia sociedad que crea, que produce, que alimenta y que reproduce a la cárcel. Sin un profundo convencimiento de ello, se correría el riesgo de caer nuevamente en opciones reformistas que terminan por legitimar a la institución carcelaria y contribuyen así a su perpetuidad. En ese sentido, es obvio (aunque tal vez todavía necesario) señalar que la mejor opción nunca puede pasar por “mejorar” a una institución tan salvaje y violenta como es la cárcel, sino pensar en cada vez “menos cárcel”, buscando verdaderas estrategias de contención de nuevos ingresos, primero, de reducción, después, y de radical eliminación, finalmente.

No obstante, nosotras queremos aseverar firmemente que el abolicionismo, aunque sea una postura teórica y práctica extrema y radical en lo cultural, es pragmática en lo que a mejorar las condiciones de las personas presas se refiere. Es decir, que mientras no se logre su abolición, hay que tratar de que las prisiones existentes en la actualidad se acerquen a modelos más compatibles con la dignidad de las personas. Consideramos esto seguramente influidas por las vivencias actuales de las muchas personas afectadas la prisión a quienes nos unen luchas y afectos. El sufrimiento es real, lo conocemos y por eso pensamos que hay que influir en ese terreno.

Prevención especial negativa. La cuarta de las finalidades de las prevenciones que estamos analizando es la que consiste en que las personas presas, mientras estén encerradas, no pueden cometer más delitos. Ciertamente, esta es la función estrella de la pena privativa de libertad en la mayoría de los países de tradición europea occidental.

Esta tendencia a tener a las personas encerradas en cárceles se está generalizando y asentando progresivamente en todo el mundo. A la par se está introduciendo lentamente la cadena perpetua en países donde antes era rechazada, u otras figuras que no son más que cadenas perpetuas encubiertas, como es, por ejemplo, la prisión permanente revisable en España, una pena que realmente lo que significa es un encierro de por vida de las personas condenadas.

Muchas personas de las que nos muestran su pensamiento después de una experiencia de encierro consideran la condena a prisión de por vida un castigo más inhumano que la pena de muerte.

En las sociedades actuales la realidad es que la idea de que antes o después una persona presa pueda salir de prisión empieza a resultar insoportable para muchas personas.

Ya no es suficiente el castigo para quien tiene la culpa, o la eventual posibilidad de reinserción futura, ahora se empieza a ver como necesario un encierro a perpetuidad al menos para personas consideradas malogradas por sus delitos. Un encierro que ni siquiera tendría por qué ser en toda su extensión dentro de los muros de la prisión.

En este sentido, en numerosas legislaciones penales se está introduciendo la llamada custodia de seguridad o libertades vigiladas por la que las personas, posteriormente al cumplimiento de sus años de prisión, se puedan ver sometidas a la vigilancia del Estado por otros medios como pudieran ser la vigilancia electrónica, el seguimiento policial, etc.

Es decir, como antes referíamos, somos incapaces de asumir como sociedad que una persona que en un momento determinado ha cometido un hecho calificado de delito no ya salga de prisión, sino incluso que recupere su estatus de persona libre, digna de derechos, al ciento por ciento.

Estamos convencidas de que esta realidad sucede por la creencia que se ha instalado de que las personas adultas que cometen un delito no lo hacen por una serie de circunstancias en su vida que pueden cambiar, sino por poseer un tipo de personalidad inmodificable y malvada.

Con las personas menores de edad, generalmente, al parecer, todavía se tiene una noción colectiva de que pueden llegar a cambiar; se tienen más esperanzas de que salgan adelante. De este modo, se habla de peligrosidad criminal.

Pero el concepto de peligrosidad criminal es incierto, incrementado además por el prisma futurista con el que hay que apreciarlo, ya que la peligrosidad se entiende en ese momento, pero suponiendo la posible comisión de hechos futuros. Es decir, cuando se habla de peligrosidad criminal se está haciendo referencia a que es posible que una persona siga cometiendo o vuelva a cometer delitos. Se trata, por tanto, de una incertidumbre que conlleva todo un juicio de pronóstico y probabilidad, es decir, puede pasar o no y, por tanto, puede resultar erróneo. Es imposible afirmar con certeza que una persona va a cometer otro delito, siempre habrá “falsos negativos” o “falsos positivos”, por la lógica dificultad de predecir el futuro.

Sin embargo, la posible peligrosidad criminal es un riesgo que progresivamente parece que, como sociedad (o al menos para quien hace las leyes), no se quiere asumir y, por tanto, inexorablemente se están imponiendo algunas condiciones injustas después del cumplimiento de una pena privativa de libertad para algunas personas que hayan cometido ciertos delitos: asesinatos, agresiones sexuales y terrorismo.

De esta forma, desde la idea de peligrosidad se amplía el control del Estado con su sistema penal, no solo con la pena privativa de la libertad, sino con restricciones posteriores.

Por último, no podemos dejar de mencionar que la peligrosidad criminal es también el concepto que se usa para justificar la detención de una persona que padezca una enfermedad mental o que sea consumidora de drogas y que cometa un delito. Esta detención, legalmente, no se llama en este caso “pena”, sino “medida de seguridad”, y a veces es una medida diferente a la detención.

Pues bien, todas las críticas realizadas a la prisión se pueden hacer también a estos encierros de personas enfermas, que, como llamamos en un capítulo posterior, son castigos hermanos al que castiga con la prisión: se trata del internamiento en psiquiátricos penitenciarios o en instituciones manicomiales, cualquiera que sea el nombre que se les quiera dar, lugares privados de libertad y en los que en muchos países las personas pueden permanecer de por vida.

En los supuestos de la cadena perpetua que es la muestra más grave de las condenas a prisión, la persona desaparece totalmente. Su integridad y dignidad humana se anulan definitivamente entre los muros que la contienen sin misericordia y de ahí la ilegitimidad que observamos en esta condena.

Por supuesto que en los países que aún la contemplan también puede existir la pena de muerte: la única pena que asegura totalmente que la persona en poder del Estado no vuelva a delinquir, porque incluso desde prisión es posible cometer delitos.

David Garland, en su obra Una institución particular: la pena de muerte en los Estados Unidos en la era de la abolición, nos muestra que la pena de muerte tiene un enorme poder simbólico. Independientemente de que la condena a muerte sea extensamente rechazada en Occidente, en esa obra, el autor afirma que más que una pena, más allá de la idea de eliminar al delincuente, la pena de muerte actual en Estados Unidos es un recurso de intercambio político y de consumo cultural. Aunque la pena de muerte haya tenido importantes cambios en algunos estados, su uso se sostiene en vigor en Estados Unidos desde una visión de democracia local, aduciendo su mantenimiento por la presunta deshumanización de quien comete un delito. Sin embargo, la realidad es que está basada en factores de segregación racial, baja solidaridad, altos niveles de violencia y el miedo al crimen.

La pena de muerte se sostiene y sirve en los países en que todavía existe, y diríamos también en los estados en los que se ha eliminado o en los que no se ejecuta, para que otras penas muy fuertes y severas, como las cadenas perpetuas, puedan legitimarse en el sistema como penas blandas, al compararlas con la pena capital.

En definitiva, se puede optar por este argumento de la prevención general negativa y por la retribución de las penas indefinidas e incluso por la pena de muerte, desde luego.

Pero existen motivos sobrados para criticarla. Los motivos éticos son fundamentales: esta pena que implica un comportamiento en extremo violento y, sin importar la forma en que se ejecute, contribuye a ampliar la espiral de la violencia, mandando el mensaje a la sociedad de que es a través de la eliminación de una persona como se resuelven los conflictos. Nos encontraríamos con una auténtica situación de terror de Estado y de la cultura de la aniquilación promocionada por el propio Estado.

2.1.2. Segundo argumento para abolir la prisión:
la afectación de derechos fundamentales

En favor de la abolición de las prisiones tenemos el hecho de que la prisión nunca podrá llegar a limitar únicamente el derecho de libertad de movimiento de quien sufre el encierro como debería ser en teoría, sino que afecta directamente a un sinfín de derechos de las personas prisioneras. Entre estos derechos afectados podemos destacar los siguientes:

El derecho a la intimidad personal y familiar. En la mayoría de prisiones las personas no tienen espacios para estar nunca a solas y consigo mismas. Salvo en el denominado primer mundo, ni siquiera cuando requieren hacer sus necesidades fisiológicas. Tampoco se cuenta con lugares en donde pueda tener visitas familiares en privacidad más allá de los pequeños y breves espacios para las visitas íntimas con sus parejas.

El derecho a un trabajo y a un salario digno. Las personas presas no pueden elegir qué labor desempeñar en los centros penitenciarios, que muchas veces fomentan claramente la sexualización —para los hombres, las labores de albañilería; para las mujeres, las de limpieza y costura—, sino que podemos constatar que dentro de muchas prisiones aún existen formas veladas de esclavización: no se paga a quien trabaja por el trabajo realizado o se pagan cantidades ínfimas.

Aunque esta realidad tiende a desaparecer en ocasiones y en algunos lugares se impone el trabajo obligatorio como parte de la pena por cumplir en la condena.

El derecho de asociación. La imposibilidad real de pertenecer a una asociación entre personas presas, con cualquier finalidad. Por ejemplo, desde una asociación para la de ayuda mutua o simplemente para revindicar la ampliación de la biblioteca de la prisión. Una asociación de este tipo por parte de la institución penitenciaria siempre será vista como peligrosa y podría ser entendida en caso extremo como una iniciativa tendente a un futuro amotinamiento.

La libertad religiosa. En la práctica, no todos los cultos pueden practicarse efectivamente en las cárceles, puesto que aunque las normas digan lo contrario, en realidad, solo acceden al interior de los centros penitenciarios las religiones dominantes en cada lugar.

El derecho a difundir y expresar pensamientos e ideas. Muchas veces se castiga como un atentado a la disciplina la manifestación libre de las ideas y no hay medios adecuados para que las ideas de las personas que están presas puedan hacerse públicas y salir fuera de la prisión.

La educación. La regulación de este derecho en prisión es muy distinta en los diferentes países: se puede encontrar desde un vacío absoluto al respecto hasta, en el mejor de los casos, la garantía formal de que todas las personas tienen el derecho de poder acceder a la educación formal. Sin embargo, en la práctica cotidiana, la mayor parte de las veces no se puede materializar, ya sea por falta de medios o por la escasa voluntad e irresponsabilidad de las personas encargadas; realidades con las que acaba negándose este derecho.

La salud física y mental. Este uno de los derechos más afectados en prisión. Se tiende a proteger cada vez más la salud física dentro de la cárcel, para que, en todo caso, si llega a haber un deterioro, afecte solamente a la salud mental (cuyas causas son más difíciles de probar).

Esta forma de actuar es una manera disimulada de afectar a la vez a la salud mental y a la salud física de manera irremediable, ya que ambas se encuentran totalmente relacionadas, como lo muestra la visión de la salud integral.

Sin embargo, los efectos que la cárcel tiene sobre el cuerpo de las personas presas son claros y contundentes, incluso más allá de los numerosísimos casos en que no se les brinda atención médica adecuada, pues se ha comprobado que no son nada desdeñables los efectos psicosomáticos del encarcelamiento.

A este respecto una de las consecuencias físicas más palpables y sangrantes en las personas que viven en prisión durante largo tiempo es el progresivo deterioro o incluso pérdida de los sentidos: gusto, olfato, vista y oído. La comida repetitiva e insípida de las prisiones durante años da lugar a la pérdida en la diferenciación de los sabores, el ruido constante de la prisión una merma en las capacidades auditivas, la ausencia de poder visualizar objetos a largas distancias (máximo lo que te permita el patio de la prisión) puede dar lugar a un grave deterioro de la vista, entre algunos de los ejemplos que podemos mencionar.

Pero estas no son las únicas consecuencias que tiene sobre las personas el encierro al que se les somete. También se producen en muchos casos otros efectos que, aunque tal vez no sean tan visibles, son igualmente graves:

Alteración del lenguaje.

Pérdida del espacio.

Pérdida de capacidad en la toma de decisiones e incapacidad de hacerse responsable de la propia vida.

Alteración del autoconcepto personal por la falta de intimidad, la inexistencia de objetos que puedan reportar la imagen física (espejos, fotos, videos).

Es decir, se da lo que se conoce como proceso de prisionización de la persona, lo que con el paso del encierro asume una progresiva exclusión del ecosistema social en el futuro. Se experimenta la uniformización de las personas y surgen sensaciones y trastornos como ansiedad, la desconfianza, la infantilización, la intolerancia a la frustración…

Todas estas consecuencias son elementos psicológicos fundamentales para la convivencia en sociedad y para que las personas puedan generar comportamientos responsables.

La prisionización comparte muchos elementos con la victimización, que viene a ser el proceso psicológico que sufre cualquier persona cuando es o se siente víctima de algo o alguien.

El sometimiento permanente del prisionero a la autoridad y con una total ruptura con el exterior da lugar en las penas largas de prisión a una progresiva despersonalización y adquisición de un ser institucionalizado.

Además, el encierro de una persona en los centros de reclusión genera consecuencias difícilmente superables en las relaciones sociales, ya sea con la familia en su sentido más amplio, con su entorno más cercano o con la comunidad en la que vive.

Si se mantienen las relaciones, se deberán construir de forma totalmente distinta, tanto es así que, en ocasiones, este es un problema insuperable y los vínculos se rompen. De manera irremediable la entrada en prisión supone la pérdida, en muchos casos definitiva, de la cercanía de otras personas fuera de la cárcel, de aquellas aficiones, intereses, objetos y actividades que antes de entrar eran queridas por la persona y que dentro no pueden mantener.

Hemos de reflejar que también para las familias la entrada en prisión es un duro trance que han de superar. Es habitual que se haga referencia a que la prisión no solo la sufren las personas que están condenadas, sino que también se está sometiendo a esa pena al entorno más cercano: familiares y amistades.

El famoso principio jurídico conocido como “responsabilidad individual” de la pena no se cumple y la premisa de que la consecuencia por el delito recaiga exclusivamente en la persona que lo cometió se ve superada en todos los casos.

El encierro genera consecuencias adicionales en la familia y entorno más cercano de la persona que está presa que muy difícilmente se pueden superar. Son muchos los efectos, entre ellos, la carga económica que empieza a recaer en las familias y que es bastante alta. Una vez en prisión, la persona presa se encuentra con muchas necesidades que requieren dinero para poder ser satisfechas, y otras muchas circunstancias que no es necesario detallar. A diferencia de lo que muchas veces se cree, aunque en la prisión las personas no tengan que pagar arriendo ni por su alimentación básica, al menos en las prisiones más reguladas como las de los países desarrollados, sin embargo han de pagar necesidades muy esenciales como, por ejemplo, las comunicaciones telefónicas, con mayores o menores limitaciones según cada prisión y algunos productos de alimentación y de aseo personal. En definitiva, el coste, sobre todo afectivo, para las familias es inasumible.

Estibaliz de Miguel, en Las relaciones amorosas de las mujeres encarceladas, nos recuerda que la prisión limita también otro derecho esencial del que poco se habla: la libertad sexual.

El encierro también limita las relaciones amorosas en sentido amplio, en lo referente a la pareja: hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, pero también restringe las relaciones afectivas con personas cercanas, familia, amistades, ante las que también se levanta una barrera muy alta.

Vincenzo Guagliardo, en el libro Il mete imprigionato. Storia di un amore incarcerato, nos lo narra de manera muy íntima e importante y a partir de su propia experiencia de encarcelamiento y la aniquilación de la libertad sexual.

En efecto, a través de la prisión se implanta el celibato como modelo de comportamiento ideal. Se instituye de manera más o menos absoluta, de acuerdo con las dinámicas extralegales de cada prisión. Esta es una clara manifestación en el sistema penal del estrecho vínculo existente entre la punición y la misoginia que representa el odio a las mujeres y, en general, el miedo a amar.

Por ejemplo, esta situación se da en cuanto a la posibilidad de socialización y de establecimiento de relaciones con miembros del mismo sexo dentro de prisión. Allí dentro, en pensar del encierro, el gran principio es la separación de hombres y mujeres en el interior de cada prisión y a las rigideces más o menos humanas de los regímenes de visitas también de tipo sexual.

También existen numerosas prácticas lesbófobas y homófobas que impiden de hecho las relaciones entre las personas del mismo sexo dentro de las prisiones.

También en esta línea, en todas las prisiones concurren única y exclusivamente los amores monógamos, dejando absolutamente fuera la posibilidad de otro tipo de relaciones, pues en ninguna prisión se contempla el derecho a recibir visita íntima por parte de más de una persona.

Iñaki Rivera, en su obra Decarcelación. Principios para una política pública de reducción de la cárcel, en la página 70, expone una idea con la que estamos de acuerdo y con la que queremos finalizar este apartado:

Aún en el convencimiento de la imposibilidad estructural de que en la cárcel los derechos fundamentales de las personas presas sean respetados, como ya se dijo, en una perspectiva política (que no jurídica), “tomarse en serio” el respeto de los derechos puede y debe configurar un escenario de trabajo, de lucha, de investigación y de estudio que lleve a la clásica postura garantista hacia la raíz que no admite desviación alguna y se orienta por el principio de Taking Rights Seriously.

2.1.3. Tercer argumento para la abolición de la prisión:
la mitificación de las personas

El tercer argumento para la abolición de la prisión nace del hecho de que entre la sociedad que está fuera de sus muros se propaga la idea mítica en sentido negativo de que las personas que están presas son sus enemigas, una presunción siempre desde de la perversa lógica binaria del amigo-enemigo.

Es algo propio de la transformación del castigo generar una otredad en el entorno social. Este contrapunto sería el primer motivo por el cual las personas que estamos fuera de la prisión percibimos de modo antagónico a las personas presas.

Antes, cuando el castigo hegemónico no era la prisión, sino las penas infamantes y en ocasiones públicas, se buscaba todo lo contrario: que las personas se sintieran cercanas, identificadas con quien recibía el castigo. Eran sociedades pequeñas donde las gentes se conocían y veían juzgar y ejecutar la sanción directamente, no sobre un desconocido, sino sobre alguien de su cotidianidad.

Así, el temor se generaba entre la población a partir de la idea de que “quien está en el cadalso es como yo, también un día puedo estar yo…” y quizás se atemorizaba quien así pensaba.

En la actualidad, desde que el procesamiento y, sobre todo, el castigo se compone a lo lejos y fuera de la vista de la sociedad, la idea que se busca generar es otra: “Yo no soy así, yo no iré a prisión, en prisión están los malos y su sufrimiento, sus condiciones de vida nada tienen que ver conmigo. Merecen cualquier cosa, pues no son como yo…”, lo cual no deja de ser otra presunción difícil de demostrar. Así se rompe la empatía social y, con ella, la solidaridad.

Por tanto, el sentido simbólico de la prisión, como espacio de separación física entre unas personas y otras, pretende transmitir precisamente el significado trascendente del puro castigo en el que en principio no se le supone consecuencias. Trasmite la idea de que las personas que están dentro de la cárcel deban estar separadas porque no saben, no merecen estar en sociedad, porque no son capaces de vivir en libertad. Muestra la seguridad de que, aunque humanos, son seres lesivos para otras personas y la certeza de que es así como el sistema quiere que se transmita su imagen, encerrados en una prisión. Personas que deben estar separadas por ser dañinas.

El segundo motivo que explica esta mitificación de la prisión como herramienta penitenciaria se encuentra en la sencilla idea de que todo aquello que no se ve, que no se conoce y que no se oye porque está encerrado intramuros es entendido con cierta distancia y se termina desconociendo y rechazando.

Sucede lo mismo en otros ámbitos; por ejemplo, se mira con recelo a la persona migrante y a las culturas minoritarias, e incluso a los nuevos avances tecnológicos.

Con todo lo anterior expuesto, frecuentemente, las gentes del común piensan que quienes están en prisión son seres muy diferentes al resto de los mortales. Fuera de los muros de la cárcel se vive creyendo que quienes están encerradas son personas monstruosas que no pueden vivir en sociedad. Este miedo no es casual, es el miedo que se trata de construir desde la mayor parte de las esferas sociales en torno al delito y al delincuente para que el sistema pueda seguir sosteniéndose.

Precisamente para esto es para lo que en los medios de comunicación solo se muestra a aquellas personas que han cometido actos que son calificados de monstruosidades.

Lohitzune Zuloaga, autora de El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política, en la página 24 expresa muy claramente la responsabilidad de los medios de comunicación en materia de seguridad: “Los medios de comunicación ejercerían en este sentido un papel fundamental al priorizar la inseguridad ciudadana sobre otros problemas de actualidad, y generar los marcos interpretativos que ayudarían a identificar el miedo a ser víctima de determinados delitos como uno de los temores más relevantes a nivel social”.

Esta solución con la que se encierra en las prisiones a quienes delinquen no solo genera una percepción errada de la realidad social, sino que impide a la sociedad aceptar cualquier aporte a la solución a aquellos problemas por los que las personas condenadas terminaron en prisión y que siguen sin resolverse.

El sistema hace desaparecer de la vista panorámica de la realidad social cotidiana a estas personas prisioneras, lo que induce a pensar que, por lo tanto, se abandona cualquier posibilidad de que puedan reintegrarse cuando dejan el mundo penitenciario, después de cumplir condena, puesto que encerradas, sin ninguna visualización, quedan en el olvido. Esta realidad incide especialmente en las mujeres presas, como iremos dando cuenta en este libro.

Basta simplemente dar un vistazo al tipo de delitos por los que hay más personas en prisión en el mundo: tráfico de drogas y delitos patrimoniales.

Con independencia de que estos delitos puedan generar otras violencias marginales, se trata, por tanto, de delitos sin violencia y que representan una de las cuestiones más urgentes en todo el planeta: las desigualdades sociales y la pobreza.

Solo por poner un ejemplo, según los datos del informe SPACE del Consejo de Europa relativos al año 2012, un total de 1.737.061 personas están presas en las cárceles del continente Europeo.

En España, estas cifras son claras. Según la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en septiembre de 2018:

Con condenas firmes, había en las cárceles del Estado 45.250 hombres y 3.585 mujeres.

En prisión preventiva, 8.174 hombres frente a 745 mujeres.

Penados y a su vez con medidas preventivas, 693 hombres y 29 mujeres.

Cumpliendo medida de seguridad, 556 hombres y 38 mujeres.

En total, en esa fecha, había 50.070 personas encerradas en las distintas modalidades. En el caso de los hombres, los tres delitos mayoritarios por los que estaban en prisión fueron:

Delitos socioeconómicos y contra el patrimonio: 18.014.

Delitos contra la salud pública: 7.954.

Delitos de violencia de género: 4.374.

Por su parte, en el caso de las mujeres:

Delitos socioeconómicos contra el patrimonio: 1.421.

Delitos contra la salud pública: 1.114.

Delitos de homicidio: 296.

2.1.4. Cuarto argumento para la abolición de la prisión:
el efecto criminógeno de la prisión

El cuarto grupo de críticas a la prisión está soportado desde el constatado efecto criminógeno (esto es, que hace nacer o aumentar el delito) que tiene la prisión en los propios prisioneros, un efecto que es evidente y ampliamente admitido incluso por las propias personas que trabajan en las prisiones.

Thomas Mathiesen explica en su libro Juicio a la prisión como “la prisión solo crea una sociedad más peligrosa produciendo personas más peligrosas”.

El carácter criminógeno de la prisión es fehaciente y también la posibilidad de que la naturaleza de esta institución colabore en la consolidación de la vía del crimen como única salida para las personas que la sufren y a las que no les deja otra opción de vida una vez que han pasado por ella.

La prisión genera una espiral a través de la cual la persona que entra en ella se compromete cada vez más con la subcultura de la misma que se abre a las puertas del delito.

Personas que entran a prisión siendo inocentes o habiendo cometido un delito de escasa entidad terminan excluidas de la sociedad cuando salen en libertad y solo encuentran lazos en los ámbitos delincuenciales.

Rita Laura Segato, en su conferencia en 2003, El sistema penal como pedagogía de la irresponsabilidad y el proyecto “Habla preso: el derecho humano a la palabra en la cárcel”, se expresaba del siguiente modo:

La cárcel es, en general, un tema residual en los análisis sobre violencia. Esto constituye ciertamente un error, ya que en países como Brasil o Argentina (aunque no, por ejemplo, en Colombia, donde los índices de violencia y de encarcelamiento no guardan proporción), la cárcel desempeña un papel significativo en la reproducción y exacerbamiento de los actos violentos, ya que es un dato clásico y recurrente que, en la mayor parte de los casos, las fichas de los detenidos por crímenes mayores muestran que estos ya han pasado por alguna forma de detención previa…

Sin duda, esta cuestión del efecto criminógeno de la prisión es especialmente preocupante en los casos de personas que han cometido delitos violentos y han pasado por prisión. Sin embargo, cuando una persona en estas circunstancias vuelve a cometer un delito, nadie se pregunta qué parte de responsabilidad tiene su paso por prisión, cómo ha sumado en la espiral de la violencia y en la consolidación de la opción del ejercicio de la violencia. Los discursos se enganchan a argumentos simples vinculados a la irreformabilidad de esa persona, a su bajeza moral y siempre al recurso de más castigo porque, al parecer, el que ha tenido no ha sido suficiente.

2.1.5. Recopilatorio

En definitiva, y aunque a propósito no hemos abordado todas las perspectivas existentes desde donde se ha atacado la pena privativa de la libertad en esta época, sino que nos hemos limitado a exponer algunas de ellas, en realidad, lo que queremos resaltar es que esta pena, la privativa de libertad, la principal hoy día del sistema punitivo, no es tan diferente de otras penas que en su momento fueron abolidas y cuya derogación nos parece hoy razonable.

Además, hemos pretendido confirmar la validez de estos discursos que defienden la abolición de la prisión, porque, en su momento, no serán tan diferentes de los argumentos que se puedan proponer para confirmar la necesidad de hablar de una abolición más amplia en este mismo ámbito.

En efecto, defendemos una abolición plena, frente a lo que sucedió cuando acabaron en otros tiempos otras penas: las penas públicas de tortura y desmembramiento o los suplicios, que fueron y que ahora no existen en Occidente, pero que, sin embargo, podría decirse que encuentran su continuidad en la actual prisión.

Ana Messuti, en su obra El tiempo como pena, en torno a la idea de que el reemplazo de la pena de muerte por la de prisión no es realmente una humanización de las penas en el sentido de un claro progreso obtenido a partir de la ilustración, nos afirma lo siguiente:

Tanto en la pena de muerte como en la de prisión se da la “negación del otro”. Se niega al sujeto apartándolo. Porque se desea que no siga existiendo en el presente de todos. ¿Hasta qué punto puede considerarse que ambas penas solo se diferencian por el elemento cuantitativo, en el sentido de que la duración de una es mucho más larga que la de la otra? Desde el punto de vista de los sujetos de cuya existencia ha sido apartado el delincuente, el “para siempre” de la pena de muerte entraña solo una duración más prolongada. Ellos tampoco serán “para siempre”, por lo que no podrán comprobar el para siempre de la pena de muerte. Ambas pueden paragonarse con dos viajes. En uno se prevé, se espera el regreso; en el otro no. Si se aceptara esta diferencia cuantitativa sería también aceptable la hipótesis de Gernet, quien, al analizar ciertas penas infamantes en las que se exponía públicamente al delincuente, indica que había penas temporales y relativamente benignas que podían ser consideradas como suavizaciones o simbolizaciones de la pena de muerte. Al ser ahora la pena de prisión la pena por excelencia, que ha absorbido también el carácter infamante, no obstante consistir en una ocultación y no en una exposición, podría aplicársele la misma hipótesis. De este modo, resultaría una pena más suave que la de muerte, residiendo la diferencia solo en ese elemento cuantitativo de su duración. En las penas de prisión a cadena perpetua o por periodos que exceden la vida normal de un ser humano, tampoco se prevé “el regreso”, la reintegración. Se aparta al delincuente “para siempre”, como sucede con la muerte.

De esta manera, podemos entender que la pena de prisión no es más que otra forma de pena que, salvadas las diferencias, se puede entender bastante parecida a la tortura, e incluso, se podría decir, una versión moderna de la tortura practicada por el Estado.

Es paradójico cómo hoy como humanidad podemos hacer todas las críticas que deseemos a las penas que con el paso de los tiempos han desaparecido y podemos dudar de si cumplían con una función de prevención especial negativa y, sin embargo, nos cuestionamos generalmente aquellas penas que abiertamente implican la muerte o el encierro por siempre de las personas. Afortunadamente, estas penas son rechazadas hoy en el ámbito discursivo de manera casi absoluta (aunque existen en muchos países). No obstante, la actual realidad del sistema punitivo es una continuidad de todo aquello que ahora criticamos y no somos capaces de verlo.

Es decir, dentro de la construcción teórica de los fines que justifican las penas, como mencionábamos antes, la prisión, en realidad, no desempeña ninguno: excepto el mantenimiento de unas estructuras reproductoras de más injusticias, basadas en el miedo y el castigo.

Nos encontramos, por lo tanto, con las evidencias de que todo lo que una pena podría llegar a desempeñar es contrario al respeto de la dignidad humana que nuestras constituciones y nuestra sociedad conscientemente rechaza.

Pero, desde luego, aunque la idea de que la prisión debe desaparecer triunfa teóricamente en los ambientes de pensamiento, en la práctica, la prisión crece cada vez más.

Tabla 1

Los 20 países con más personas PRESAS EN 2017

País

Personas presas

Mujeres presas

Hombres presos

Estados Unidos

2.217.947

206.269

2.011.678

China

1.649.804

103.766

1.546.038

Brasil

659.020

37.380

621.640

Rusia

618.490

53.304

565.186

India

419.623

18.188

401.435

Tailandia

300.910

44.751

256159

México

247.001

11.107

245.884

Irán

225.624

Sin datos

Sin datos

Indonesia

224.042

9.844

214.198

Turquía

201.177

6.941

194.236

Sudáfrica

161.984

Sin datos

Sin datos

Filipinas

142.168

12.658

129.510

Vietnam

130.679

20.553

110.126

Colombia

118.925

7.849

111.076

Etiopia

111.050

Sin datos

Sin datos

Egipto

106.000

Sin datos

Sin datos

Inglaterra

85.863

Sin datos

Sin datos

Perú

96.698

Sin datos

Sin datos

Pakistán

80.169

Sin datos

Sin datos

Marruecos

80.000

1.719

78.281

Fuente: World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research y Prison Insider. Disponible en http://www.prisonstudies.org y http://www.prison-insider.com

2.2. El abolicionismo del sistema penal

Louk Hulsman escribió junto con Jaqueline Bernat de Célis la obra Sistema penal y seguridad ciudadana, en la que plantean la abolición del sistema penal en su totalidad y, por tanto, de la pena de prisión en los códigos penales.

Entre otras cosas, su propuesta se basa en la inconveniencia de esta estructura de castigo por tres motivos fundamentales: crea un sufrimiento innecesario, roba el conflicto a las partes y es difícilmente controlable.

Este autor y esta autora parten de la idea de que el sistema penal asume el modelo dramático de la división entre buenos y malos y que se implementa en la realidad, esencialmente en el dualismo al que nos referíamos al inicio de este trabajo, aplicado a la bondad o maldad de “víctimas” y “delincuentes”. Esta realidad provoca dos planos diferentes.

El primer plano es la concepción del delito como un hecho que por su propia naturaleza es penal. Sin embargo, es precisamente al contrario, “no hay nada en la naturaleza del hecho, en su naturaleza intrínseca, que permita reconocer si se trata o no de un crimen o delito”, sino que esto es una decisión que se toma desde la política en cada momento, lo que permite entender que cosas que antes eran delito hoy no lo sean, como la homosexualidad, y que otras que no eran delito hoy sí lo sean, como portar armas.

El segundo plano es la creación de “malos necesarios”. Louk Hulsman considera que precisamente el sistema penal es una fábrica de crear culpables de la nada porque esos culpables son socialmente necesarios, así que la sociedad automáticamente entiende que las personas presas son malas.

Esto tiene como consecuencia la estigmatización del sujeto y la exacerbación de los conflictos “en la medida en que no hay solución sino cuando una de las partes tiene la culpa y esta culpa se ha visto reconocida y condenada”.

Se trata, así mismo, de un sistema que no escucha a las personas que vivieron el hecho delictivo en cualquiera de sus roles, ya sean víctimas o infractores, y que abiertamente roba el conflicto a las personas directamente implicadas en él.

En este contexto, lo que este autor plantea es que se logre entender que los delitos son hechos reales, pero no son diferentes a los demás, y frente a ellos debe sustituirse el sistema penal por formas descentralizadas y de regulación autónoma de gestión de conflictos. Estas son las únicas maneras que entienden legítimas.

En su planteamiento, aunque denuncia el derecho a castigar reconocido al Estado, no rechaza de manera concluyente la responsabilidad personal, sino que busca que responsabilice a las personas con otros sistemas.

Cuando Hulsman y Bernat de Celis nos hablan de “revitalizar la estructura social” para resolver estos conflictos, ello implica la necesidad de volver a la vida de la interacción personal y de la comunicación directa: allí donde hay un enraizamiento de la persona y sus problemas cotidianos, ahí es donde la respuesta social (que no será la prisión, sino otra cosa) será legítima, porque, además, se hará desde la colectivización y el vínculo.

En concreto, afirman que:

La pena, tal como la entendemos en nuestra civilización, parece implicar dos elementos:

(1) Un vínculo de autoridad entre quien castiga y quien es castigado. El primero puede decir al otro: lo que tú haces está mal, tú eres responsable, etc., y el otro acepta que su comportamiento sea así condenado porque él reconoce dicho vínculo de autoridad.

(2) En ciertos casos, la condena es reformada por elementos de penitencia, de sufrimiento impuesto y aceptado en virtud del mismo vínculo de autoridad. Tal es el análisis, y el lenguaje, que estamos acostumbrados a oír y que parece, por ende, fundar la legitimidad de nuestro derecho de castigar.

Para conseguir esta respuesta legítima, Louk Hulsman pide soluciones en otros planos diferentes al del nivel estatal.

Estas soluciones no tendrían por qué excluir toda actuación de la fuerza del Estado, de modo que la Policía, por ejemplo, tendría que actuar en la forma que él llama de “servicio urgente de policía”. Será, por tanto, su actuación en “el nivel micro de las relaciones sociales, en que las personas viven sus expectativas más personales, donde pueden hallarse formas punitivas humanas en la medida en que sean comprendidas y aceptadas por las personas en cuestión”.

En estos tiempos, los instrumentos de gestión de conflictos como la mediación entre personas, los encuentros restaurativos, la mediación comunitaria, la conciliación, el arbitraje…, que están siendo dirigidos siempre por personas que están vinculadas al conflicto, ya son considerados como caminos hacia una justicia psicológicamente próxima.

Pero estas herramientas que se van progresivamente asumiendo Louk Hulsman las complementa con la supresión de la máquina represiva penal para transformar a cada juez penal en juez de lo civil, administrativo…, con un papel específicamente protector de los derechos humanos y de las garantías individuales.

No significa que todo se soluciona con este planteamiento sin generar otras contradicciones, pues el mismo autor afirma: “Desde un comienzo es necesario admitir que, de todas maneras, se haga lo que se haga, determinados problemas no serán arreglados”, desde la idea de que “vivir no significa no tener problemas ni tener que afrontarlos, sino que vivir consiste justamente en afrontar dificultades y aprender a asumirlas”.

De esta manera, no se renuncia a la idea de la responsabilidad personal, sino a tratar de conseguirla a través del sistema penal. Esa responsabilidad sería más bien la consecuencia que en el terreno de lo personal tienen las cosas. Para las personas todos los actos, unos más y otros menos, tienen sus consecuencias. En todas nuestras esferas de conflictos personales y sociales sucede así.

Para Hulsman y Bernat de Celis esto no significa que esas consecuencias sean castigos entendidos como una retribución frente a la actuación del otro o la otra, sino respuestas desde otra filosofía, otros principios y con otra intencionalidad, que se generan a partir de un conflicto.

Hay alejamientos, rompimientos dolorosos, que no se imponen por una lógica punitiva o vindicativa, sino que son el fruto del equilibrio que cada persona hace en su propia vida, con los que compaginar los propios deseos, expectativas y necesidades con los de quienes le rodean y le acompañan, y, sobre todo, con quienes se establecen vínculos afectivos.

Es inevitable que haya procesos que generen sufrimiento en este interactuar, pero estos métodos, a diferencia de lo que sucede en el castigo, no van en contra, sino a favor del desarrollo autónomo de la persona. De esta manera, no se trata del mismo dolor que genera una pena, sino que se está ante el dolor propio de darse cuenta de la finitud de la existencia y de las posibilidades humanas.

Nils Christie es otro autor que ha aportado argumentos a esta perspectiva abolicionista que vamos a reseñar. En su obra destaca la ilegitimidad de la solución del delito por personajes burócratas que no forman parte del conflicto y que lo absorben entre leyes y la burocracia.

El delito no será ya la infracción de las normas de convivencia con las que se ha dotado a la sociedad y de cuyo cumplimiento es garante el Estado, sino que será concebido como un conflicto que es propiedad de las partes afectadas y quienes lo han de gestionar. Este planteamiento en el que se modifican los conceptos no excluye la influencia que el delito tiene en la sociedad, más que nada porque las partes son miembros de esta misma sociedad.

Desde esta visión, lo que se plantea es un cambio radical en la concepción de la justicia penal y no necesariamente la abolición del sistema penal. Lo que se critica con esta teoría es la forma de implantar justicia, una forma que se aleja de los verdaderos intereses de las partes implicadas, que es insatisfactoria y, en última instancia, inútil para la sociedad.

Nos encontramos, por tanto, con una serie de planteamientos que van más allá del abolicionismo de la prisión, por constatar que con anterioridad es la misma justicia penal la que en su aplicación real se aleja del ideal de justicia y de paz social.

En este sentido, los mencionados autores, principales referentes históricos del abolicionismo, coinciden en el progresivo deterioro del sistema penal y sientan las bases para un cambio de paradigma que se acerca mucho a la abolición del castigo, aunque sin mencionarlo expresamente.

Capítulo 3

EL ABOLICIONISMO DE LA CULTURA DEL CASTIGO

3.1. El porqué de la necesidad de abolir
la cultura del castigo ayer y hoy

De la mano de los referentes históricos del abolicionismo del sistema penal pasamos a la tercera de las tesis con la que profundizamos un poco más en la raíz de los males que se encuentran representados en la respuesta penal a los conflictos sociales. Hablamos de la noción de castigo en sí misma.

Hemos indicado claramente nuestra firme convicción de que si miramos al futuro, la prisión debe desaparecer. También expusimos cómo varias personas a las que hemos nombrado como referentes nos muestran que, en consecuencia, también debiera dejar de existir todo el sistema penal, incluso nos dicen cómo puede ser reemplazado por otros mecanismos. Sin embargo, nada de esto ha sucedido.

Probablemente haya sido así porque la única forma de que estas estructuras penales desaparezcan es que se dé un cambio total y generalizado en nuestra sociedad: un cambio civilizatorio. Una transformación radical consistente en abandonar la cultura del castigo: no acudir al castigo en ningún ámbito (ni estatal, ni familiar, ni escolar, ni interpersonal) para buscar generar cambios sociales. Esto implica un cambio de conciencia colectiva.

En conclusión, y retomando en todo caso los esfuerzos de todas las demás formas de abolicionismo, debe irse más allá de la abolición del sistema penal, debemos avanzar un poco más, o ir un poco más atrás, más cerca de la raíz, hasta la abolición de la idea misma del castigo y, por tanto, de la cultura del castigo.

Consideramos insuficiente trabajar por la eliminación de una sola de las manifestaciones del castigo, la prisión, o por la de la representación estatal de esa cultura, el sistema punitivo y de justicia penal, pues sabemos que para que algo se destruya realmente, la mejor alternativa es atacar sus fundamentos esenciales. Esta es la única manera de evitar que se reproduzca de nuevo, aunque sea bajo formas superficialmente distintas.

Ahora bien, se podrá objetar a la idea de la abolición de la cultura del castigo que presentamos que lo equivocado no es el fundamento del sistema, sino que son solo algunas de sus manifestaciones deformadas las que deben corregirse (menos corrupción, eliminar el error judicial, tener prisiones más humanas), no el sistema en su conjunto. Y nos haríamos preguntas muy trascendentes: ¿cómo podría ser que nuestra civilización esté equivocada? Solo diremos que un breve vistazo a cualquier medio de comunicación puede ser bastante convincente para darnos cuenta de que tales manifestaciones deformadas son tantas, tan graves y tan extensas que no parece un sinsentido la tesis de que nos equivocamos desde el principio.

¿Acaso no es evidente que el castigo no es necesario? León Tolstói, en 1889, en su obra Resurrección evidencia el problema del castigo de manera explícita y realista. En la lectura de esta obra podemos comprobar cómo renunciar a la cultura del castigo era algo que, paradójicamente, se proponía ya en los primeros pensamientos de abolición a los que ya hemos hecho referencia:

Ahora ya no le preocupaba la objeción de siempre, que consistía en preguntarse qué se debía hacer con los malhechores. Esa objeción tendría sentido si estuviera demostrado que el castigo disminuye los crímenes y enmienda a los criminales. Pero la realidad demostraba lo contrario. Lo único sensato, pues, era que los hombres dejaran de hacer lo que hacían, puesto que no solo era inútil, sino también nocivo, cruel e inmoral. Hace ya varios siglos que castigáis a los hombres que reconocéis como criminales. Y ¿cuál es el resultado? ¿Acaso los habéis suprimido? Nada de eso, y es más, se ha contribuido a aumentar su número, tanto al corromper a los criminales por medio de castigos como al añadir los delitos de los jueces, los fiscales y los carceleros, pensó Nejliudov, comprendiendo que la sociedad y el orden no son productos de los criminales legales, que juzgan y castigan a sus semejantes, sino del amor y de la compasión que reinan a pesar de la corrupción existente.

El pensamiento de este autor ruso es profundamente religioso y se ha denominado de anarquismo utópico. Retoma en su obra varias ideas consagradas en los evangelios, retomando algunas de sus enseñanzas, aunque sin aceptar los usos dados a estos textos por parte de la Iglesia de su tierra: la Iglesia ortodoxa. León Tolstói dice que Jesús de Nazaret es malinterpretado: “Había prohibido que se juzgara, encarcelara, atormentara, humillara y castigara a los hombres, como se hacía allí en aquel momento, y había dicho que venía a libertar a los presos e impedir toda violencia sobre los seres humanos. A ninguno de los presentes se le había ocurrido pensar que todo lo que se llevaba a cabo en aquel lugar era un grandísimo sacrilegio y un escarnio al mismo Cristo en cuyo nombre se hacía”.

Desde esta visión que tiene el escritor sobre la cuestión penitenciaria se explica que, al iniciar Resurrección, traiga algunas citas evangélicas, entre las cuales se encuentran las siguientes: “San Mateo XVIII, 21, 22: Entonces Pedro, llegándose a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dice: No te digo hasta siete, más aún, hasta setenta veces siete…”. También en “San Juan VIII, 7: […] El que de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la piedra el primero”.

Esto no implica que, en lo práctico, hayamos de empezar por una abolición total del sistema punitivo y que las acciones y propuestas sobre la realidad deban partir de esta idea y objetivo, sino que habremos de desarrollar en términos prácticos la abolición de toda la cultura del castigo a través de la abolición inicial de algunas de sus más cruentas formas: la pena de muerte, la cadena perpetua, la prisión, y seguir con la puesta en duda del sistema de justicia penal.

Michel Foucault en Dits et écris y también con la creación del Grupo de Información sobre Prisiones (GIP) resaltaba la urgencia de una tarea en esta dirección:

Creo que el GIP fue una empresa de “problematización”, un esfuerzo tendiente a convertir en problemáticas y dudosas las evidencias, las prácticas, las reglas, las instituciones y las costumbres que se habían sedimentado durante décadas y décadas. Esto a propósito de la propia cárcel, pero, a través de ella, también de la justicia penal, de la ley y, más en general, a propósito del castigo.

En ese espacio de discusión, así como en otros que se han podido dar en otros lugares y tiempos para tratar de encontrar salidas a la problemática de la justicia penal, se evidenciaron estas y otras dificultades en torno a la prisión.

Sin embargo, en cuanto a la reflexión, surge una pregunta: ¿cómo es posible entonces que no se haya avanzado para nada en una dirección abolicionista, sino todo lo contrario? ¿Y por qué?

Massimo Pavarini en su obra Estrategias de lucha: los derechos de las personas detenidas y el abolicionismo evidencia estas mismas cuestiones.

Si en los años setenta y ochenta hubo una gran consciencia acerca de la necesidad de abolir la prisión, ¿cómo es posible que hoy este monumento a lo absurdo sea cada vez mayor?

Algunas de las explicaciones se ofrecen en el capítulo referido a la relación entre capitalismo y prisión y que, adelantamos, van en la idea del avance del neoliberalismo y el retroceso de otro tipo de políticas públicas.

Sin embargo, si nos centramos aquí en qué se ha podido hacer desde el abolicionismo y no se ha hecho, la tesis que aquí queremos plantear es que esto se debe a que se ha pretendido abolir la prisión y el sistema punitivo, en los mejores casos, como si estos ámbitos fueran los únicos necesarios en el camino de la abolición. Consideramos que esa reivindicación es imposible sin procurar abolir la cultura del castigo que en ella subyace y que en el fondo es la que permite y alimenta la existencia de esas otras instituciones.

Esta circunstancia no se ha entendido en toda su profundidad y en la necesidad de un abordaje integral e integrado.

Por esta realidad, entendemos que es más utópica y más difícil de llevar a la práctica la abolición solo de la prisión, o del sistema punitivo estatal, que otra estrategia que siguiera el objetivo de abolir previamente la cultura del castigo.

Dicho lo anterior, siendo conscientes de que no lograremos por esta vía su desaparición, es necesario trabajar junto a quien quiere abolir solamente la prisión para avanzar en la disminución de las penas de cárcel, mientras se trabaja en los cambios de fondo requeridos para su eliminación.

Ahora bien, es cierto que una transformación cultural, una evolución de las conciencias de la que estamos hablando y necesitando no se dará fácilmente. Pero también creemos que, aunque sea lentamente, se puede avanzar en la concepción de ciertas cosas y cambios y vivir conforme a ellos hoy mismo.

Arnold Mindell, en su libro Sentados en el fuego, en este mismo sentido, confía en una futura revolución donde se pongan en relación todos los problemas no resueltos del mundo.

Este autor, gran conocedor de las distintas fases y procesos por los que pasan los grupos humanos, se atreve a vaticinar una nueva fase, que nunca se ha dado, pero que ve como inevitable. Una fase en el devenir humano que estará marcada y dirigida por una gran consciencia social que centrará sus esfuerzos en los asuntos que están en la base de todos los conflictos de la humanidad: género, raza, salud, dinero, clase social, religión y orientación sexual, y que serán tratados y solventados. Es lo que el autor denomina como una fase de democracia profunda en las sociedades.

Más allá del nombre que se le quiera dar a esta progresión social, lo relevante de este planteamiento es tomar en serio aquellas cuestiones que ya se conocen y se saben de las simientes de los conflictos del mundo, para hacerse consciente de ellos y luego poder avanzar en caminos inexplorados hasta el momento.

En definitiva, lo que ayer parecía algo imposible, porque respondía a un espacio y un tiempo determinados, puede ser lo que sea tomado como natural en otro momento.

Bertrand Russell, en su Historia de la filosofía occidental, nos enseña que ni siquiera las cosas que parecen ser las bases de la comprensión y composición de la vida social y de las relaciones humanas están exentas del cambio en un momento concreto de la evolución social.

Por ejemplo, nos recuerda cómo el derecho de herencia de la monarquía (heredar un trono, un poder de Gobierno), que hoy parece un absurdo en algunas zonas del mundo, en otras en parte aún se conserva. Este es un derecho que no es tan distinto a uno de los principales derechos individuales de las sociedades modernas de la cultura occidental: el derecho de herencia de la propiedad privada.

Y no hay tantas diferencias entre una y otra cuestión, ambas son herencias, pero la cultura evoluciona hacia unas u otras direcciones, haciendo pasar por evidentes y fundamentales cosas que no lo tienen que ser, y viceversa.

En este mismo sentido, la puesta en duda del derecho a castigar avanza cada vez más en el pensamiento.

Émile de Girardin, en el bellísimo texto Du droit de punir, a partir de una serie de reflexiones sobre la libertad de pensamiento, de expresión y de actuación como una unidad, se pregunta sobre todo por esa última de las libertades y sobre el discutible derecho a castigar ciertas actuaciones.

Afirma que así como en la sociedad existen las guerras y las conquistas, y esas circunstancias se ven como algo normal a lo largo de la historia, así mismo los homicidios y el hurto, el delito en general, podrían no tener una respuesta y no pasaría nada. En las páginas 6 a 12 de la obra invierte la cuestión al afirmar lo siguiente:

Lo creo y lo afirmo: el día en que la guerra y la conquista hayan concluido y sus escuelas de asesinato y de robo dejen de falsear la lógica humana, asesinos y ladrones, en su condición individual, serán tan raros que la penalidad, a cuya base este libro se remonta, se extinguirá a ella misma.

La sociedad que castiga al hombre excede su derecho; la sociedad que no lo instruye falta a su deber. No castiguen más al hombre, instrúyanlo, y el ambiente social que esté descompuesto no tardará en volverse límpido […]. La no punición puede llegar a ser algo tan natural como el hecho de que ya no existan esclavos ni siervos, y que será así como el derecho de actuación no encontrará más límites que la razón.

Y es que el castigo implica inevitablemente un ejercicio del poder que somete. El castigo está siempre presente en el ejercicio del poder y en la historia de los castigos se visualiza quiénes han tenido ese poder históricamente. Esta es una cuestión fundamental que siempre tenemos que poner en el centro de la reflexión.

Luigi Ferrajoli afirma en su obra Derecho y Razón que, precisamente, observando estas relaciones entre el castigo y el concepto de poder, se puede comprobar que, en realidad, se castiga en todas las sociedades porque en ellas existe una administración de premios y castigos que adquieren formas diversas conforme a sus costumbres, tradiciones, instituciones, personajes, relaciones sociales… y se comprueba en especial que se castiga porque hay alguien que tiene el poder para someter al castigo.

Fue en el periodo de la Ilustración cuando más claramente se evidenciaron los debates sobre si el castigo se podía entender como legítimo o ilegítimo.

Es decir, cuando el castigo es un inevitable mal, esto es, algo negativo pero necesario, y cuando el castigo no es necesario y, por ende, debe ser abandonado.

La legitimidad en este periodo de evolución del pensamiento la encontraron básicamente en la base contractualista del contrato social; idea según la cual se le cede una parte de la libertad al Estado para que este proteja a todas las personas y, en última instancia, en la defensa de la sociedad (donde, de entrada, se confía en la bondad del Estado y se le otorgan poderes para que defienda supuestamente a las personas) o el utilitarismo (Durkheim, Luhman).

Esta relación entre el poder a castigar y el castigo, dejados desde la Ilustración al Estado, se observa muy bien, precisamente, en el pensamiento ilustrado, aunque ya mucho antes Aristóteles y Platón, y otras escuelas de filosofía, abordaron esta cuestión.

Ignacio Anitua, en su obra Mitologías y discursos sobre el castigo, nos advierte en la página 25 de lo siguiente:

Aquello que era esencial al castigo se encontraba desenmascarado antes de la irrupción del discurso ilustrado. Era un mero hecho o acto de poder. Tampoco ha dejado de ser otra cosa con posterioridad, a pesar de las críticas ilustradas. Sin embargo, sí se produjo un importante cambio en el siglo XVIII, del que tuvo algo que ver el discurso de los ilustrados. El poder de castigar ya no sería justificable como un atributo del más fuerte (o quien estuviera legitimado para hacerlo por la tradición o el carisma y, por lo tanto, tuviera, en ese sentido, esa fortaleza), sino que debería justificarse como si ello fuera conveniente para la sociedad. El derecho de castigar ha sido trasladado de la venganza del soberano a la defensa de la sociedad […].

Y continúa el autor en la página 28 de esta obra, trayendo los planteamientos de Jean Paul Marat y de algunos anarquistas como William Godwin y Max Stirner para refrendar sus argumentos:

La consecuencia más radical del discurso jurídico ilustrado es la que nos lleva a cuestionar el “poder” y, por lo tanto, el orden y el bien común. Así se puede llegar al desvelamiento de la “mentira” que encubre la violencia que los funda […]. Ello parece poco, pero encierra el rechazo de la violencia, incluso la que han practicado históricamente los estados, para la organización de la violencia.

El castigo ha sido cuestionado por varias corrientes del anarquismo, entre las que podemos incluir las tesis ya mencionadas en las obras de León Tolstói. También podemos añadir como ejemplo los textos y la vida (véase su completa autobiografía) de la activista ruso-norteamericana Emma Goldman y, en general, la iniciativa de organización de la Cruz Negra Anarquista. Adicionalmente, la conceptualización más acabada de las dinámicas del castigo se puede observar en los textos de autores como David Garland o Irving Goffman.

Sin embargo, además de lo que intentamos afirmar nosotras en este texto, son dos los autores abolicionistas del sistema penal y la prisión que han defendido muy claramente la necesidad de abolir la cultura del castigo como mejor forma de terminar con las instituciones de encierro: Vincenzo Guagliardo y Maximiliano Postay.

A lo largo del texto citaremos sus ideas en distintos lugares, sin embargo, queríamos dejar constancia de que la perspectiva de la abolición de la cultura del castigo también encuentra acogida en otras personas venidas de lugares diferentes y con experiencias de vida distintas: Vincenzo Guagliardo, desde Italia, exmiembro de Le Brigatte Rosse, condenado a cadena perpetua, pasó 33 años en prisión desde donde escribió su extensa obra abolicionista y aún hoy sigue existiendo sometido a “libertad condicional”. Maximiliano Postay, desde Argentina, es Doctor en Derecho, abolicionista y creador de LTF, una organización política abolicionista de la cultura represiva2.

Para comprender qué abarca en realidad esta cultura del castigo a la que nos estamos refiriendo, y conocer por qué está en la base del sistema penal y en el sentido de la pena misma, en el siguiente capítulo expondremos la relación de su ejemplo más importante y nuclear, el castigo penal, y, por lo tanto, la relación que tiene con los dos sistemas culturales hegemónicos en la historia de la humanidad: el patriarcado y el capitalismo.

3.2. La relación entre el castigo penal
y el patriarcado

Empezar a analizar la cuestión del castigo en relación con el sistema patriarcal es una necesidad y no una decisión arbitraria producto de la elucubración o la casualidad.

El patriarcado es el sistema cultural más antiguo de la humanidad y realmente el único que conocemos, si bien se pueden encontrar sociedades matrilineales (donde el linaje se obtiene por vía materna) o matrilocales (donde el hombre-marido se une a la familia de mujer) en distintos momentos de la historia. Tanto en el mundo occidental como en otras tradiciones culturales, toda relación humana (entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres) se inscribe en el patriarcado.

Sabemos que el patriarcado está presente en todas las sociedades conocidas y puede ser que precisamente su presencia en todo lugar y tiempo haga que pase desapercibido, que se invisibilice. Por ello, cuando se escribe sobre la prisión o, más ampliamente, sobre el castigo y su crítica, no se da un lugar central de análisis al patriarcado, entendido como modelo cultural con el que se ha construido, consolidado y trasformado el sistema de encierro estatal.

Como se desarrollará más adelante, otro factor cultural muy amplio que sí se ha tenido en cuenta en los estudios de la cuestión penal o del perfeccionamiento de los sistemas de control y disciplinamiento social es el del capitalismo.

De entre la literatura conocida al respecto, tan solo el texto de Angela Davis Are prisons obsolet? aborda la cuestión de la abolición de la prisión desde una perspectiva feminista, teniendo en cuenta algunos de los efectos del patriarcado.

En este contexto es en el que, como mujeres, hemos querido poner al patriarcado en el centro del análisis de esta obra. Así, hemos concretado los rasgos que comparten tanto el patriarcado como el sistema punitivo y hemos podido concluir que el poder punitivo está creado a imagen y semejanza del poder patriarcal.

Queremos explicar en este momento, a partir de algunos rasgos comunes que tienen estos dos conceptos, la fuerte relación que existe entre lo que entendemos por sistema punitivo y el sistema patriarcal. Para ampliar este tema, puede consultarse un trabajo nuestro previo titulado Rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal (2016).

El motivo que nos llevó ya en aquel texto a profundizar en esta cuestión, muy pocas veces estudiada, fue la de dotar de herramientas al movimiento feminista (y a nosotras mismas) para la crítica a la cárcel y al sistema penal o al menos para estar atentas a la utilización que el sistema hace de nosotras. Desde el convencimiento de que el feminismo punitivista podría hacernos perder algunas conquistas que se han conseguido en la humanidad, nos pareció que la mejor manera para hacerlo ver era mostrar cómo el sistema penal y penitenciario son una reproducción del patriarcado y cómo, además, reproducen en su seno las lógicas y violencias patriarcales. Es decir, mostrar la relación entre el castigo penal y el patriarcado. Con ello, cuando ahora describamos estos rasgos vamos a dar algunas pinceladas sobre su contenido tanto en su plasmación en nuestra sociedad como, en concreto, en lo penal y penitenciario. Además, queremos advertir de que estos son solo algunos de los rasgos, no todos, y que, por tanto, no se trata de una lista cerrada.

La primera afirmación que hacemos es que el poder punitivo (el poder del Estado de castigar con la prisión) es un poder patriarcal. Esto es así porque todos los sistemas que configuran y soportan la cultura hegemónica actual son patriarcales.

En estas páginas damos prueba de que el patriarcado es un sistema total que contiene otros sistemas totales como el capitalismo, el castigo y la prisión, y además es un sistema global, desde mucho antes de la era de la globalización.

Y es precisamente el poder punitivo, y la cultura del castigo que subyace en el patriarcado, el núcleo fundamental de la cultura occidental hoy dominante en casi todo el planeta, con sus luchas, sus guerras, su competencia.

Carla Lonzi, en su libro Escupamos sobre Hegel, define el patriarcado de forma sencilla: es el mundo hecho por los hombres para los hombres. Es decir, nuestro mundo actual. También es importante la definición de María Galindo en No se puede descolonizar sin despatriarcalizar: “El patriarcado no es la discriminación de las mujeres, sino la construcción de todas las jerarquías sociales, superpuestas unas sobre otras y fundadas en privilegios masculinos”. Un mundo regido por diversos sistemas de opresión fundado en diferentes privilegios que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero sin que nos podamos olvidar en su descripción de que, sean o no sean conscientes, el sistema beneficia solo a los hombres.

Margarita Pisano, en su obra Julia, quiero que seas feliz, advierte que lo que el patriarcado trajo como esencia desde su lógica de dominación se escenifica desde la conquista, la lucha y el sometimiento por la fuerza.

Hoy el patriarcado simplemente se ha modernizado en una masculinidad neoliberal y globalizada pero que controla, vigila y sanciona, igual que lo ha hecho siempre.

Desde esta perspectiva, el cambio civilizatorio que se propondría desde la abolición de la cultura del castigo es una transformación en la que es fundamental renunciar al núcleo de la cultura actual y vaciar de contenido el acto de juzgar y el consiguiente castigo, lo que implicaría necesariamente eliminar también el patriarcado dada su íntima vinculación. Con esto pasaremos a apuntar algunos de esos rasgos.

3.2.1. El fundamento en la lógica dualista

Es imposible pensar en el castigo y, sobre todo, en lo que siempre le antecede: un ejercicio de juzgamiento que se le hace a una persona, sin que antes se parta de una clasificación de ciertas conductas como buenas y malas.

Allí se ve, en el castigo, el reflejo de la lógica dualista que permea toda la racionalidad occidental.

Sobre esta cuestión hemos dado algunas pinceladas en el capítulo primero de esta obra. En este punto, nos dedicaremos específicamente a expresar la importancia de la lógica dualista en la lógica punitiva y en la lógica patriarcal, en contraposición a la propuesta abolicionista.

Abraham Maslow nos advierte lo siguiente en su obra El hombre autorealizado. Hacia una psicología del ser, en la página 239:

Posee suma importancia, sin embargo, y aun diría que es crucial, renunciar a nuestro hábito, de tres mil años de antigüedad, de dicotomizar, dividir y separar siguiendo las pautas de la lógica aristotélica: A y no-A son completamente distintos el uno del otro y se excluyen mutuamente. Realiza tu elección: el uno o el otro. Pero no puedes elegir los dos.

A pesar de lo difícil que pueda resultar, debemos aprender a pensar de manera holística y no atomista.

Todos estos opuestos se encuentran de hecho integrados jerárquicamente, sobre todo en las personas más saludables, y uno de los objetivos más propios de la terapéutica es sustituir la dicotomía y la división por la integración de los opuestos aparentemente irreconciliables.

Para poder avanzar en el reto que plantea Maslow y así abandonar tanto el punitivismo como el patriarcado, interesa rescatar las cosmovisiones y concepciones filosóficas que se sostienen desde tradiciones no occidentales, muchas de ellas de corte religioso, pues allí podemos vislumbrar cómo puede pensarse desde una racionalidad que no nos lleve automáticamente a juzgar.

Valga aclarar que también muchos de estos conocimientos han sido permeados y captados por la dicotomía occidental. Un ejemplo lo encontramos en una teoría tan importante dentro de una cultura que renuncie al castigo pero no a la responsabilidad, como es el karma.

El concepto más popularizado del karma expone que según lo que se haga mal en una vida, la persona cargará “castigos divinos” en su próxima existencia física. Hay una amenaza total en la que se pronostica que quizá se nazca en la reencarnación con defectos físicos, o la advertencia que procede para otras personas de que podrán renacer en algún animal considerado inferior, como podría ser una cucaracha.

Esta idea, fácil de asimilar en la tradición occidental, es errada. De lo que habla el karma es de los efectos que inevitablemente tiene todo lo que hacemos desde nuestra voluntad y, por ende, de la necesidad de asumir por parte de todas las personas sin excepción la responsabilidad, en el sentido de hacerse cargo de las consecuencias indelegables de las propias decisiones.

Cuando se entiende que lo bueno y lo malo son dos caras de la misma moneda, dejamos de juzgar, dejamos de castigar y tratamos más bien de potencializar ciertas características.

El sistema de creencia que se debe interiorizar para la superación de la lógica dualista es entonces el de que todas las personas somos, cada una, y en unión con las demás y con los demás seres del universo, dioses y diosas, interrelacionadas de manera plena, donde el mal y el bien no existen, donde logramos abandonar la concepción dualista para encontrarnos a nosotras mismas.

Esta referencia es importante, puesto que desde tales lógicas existen las experiencias, sin catalogarlas como buenas o malas, y también están las consecuencias por nuestros actos. El karma así entendido no da lugar a castigos, ni nada que se les asemeje, porque las posibilidades en otras vidas no se imponen por leyes eternas o dioses intangibles, sino que avisa de las posibles consecuencias de una interconexión total que siempre existe en algún sitio. Lo cierto es que los daños que se hagan a personas o animales, o a la naturaleza, siempre terminan afectando de alguna forma a quien los produce, como consecuencia de la interconexión del universo.

Nosotras creemos que la responsabilidad ante todos los actos se limita a la experiencia humana, la cual no puede ser entendida si no es en relación con el resto de las personas. Por ello, esta responsabilidad, precisamente, se ve impedida por las consecuencias que genera todo castigo, como veremos más adelante.

Charles Fourier, en El nuevo mundo amoroso, también se pronunciaba en favor de romper el dualismo del bien y el mal que tanta relación tiene con la abolición. Entiende el autor que todo es bueno y malo a la vez.

Vemos que el sistema desarrollado en sus obras tiene amplias potencialidades para lograr construir una sociedad que viva en armonía, para lo que según nos argumenta el autor se requiere:

Generar el equilibrio de las pasiones a través de una única ley natural para la sociabilidad humana: la atracción.

De este equilibrio se lograría eliminar lo que la civilización ha dado en llamar “delito”.

Una reorganización de la sociedad de acuerdo con ese criterio establecería una existencia armónica para todas las personas.

Nacería una nueva vida que estaría garantizada por los vínculos para los que el amor existe y sirve, a sabiendas de que en la actual civilización la vivencia del amor implica el egoísmo.

En general, lentamente se conseguiría abandonar cualquier conducta que afectara negativamente a otras personas.

Al tiempo nacerían lazos fraternos y sororos que, sin duda, deberían expandirse de modo que respondieran a los diferentes caracteres de las personas.

Hemos de resaltar que Charles Fourier habla, como no podía ser de otra manera, de alcanzar este sistema perfecto de manera gradual y no inmediata. Para ello, se destaca también la gran necesidad de abandonar el dualismo y de dejar de ver en las actuaciones tildadas como vicios o delitos el germen de los desastres del género humano.

Incidiendo en la cuestión, también nos dice el autor que se ha de volver de alguna manera a interpretar y conducir un sistema que, equilibrando todas las pasiones, haga de estas virtudes, entendiendo que toda emoción contiene a la vez a su contraria. En la página 371 de El nuevo mundo amoroso nos dice: “Es, pues, cierto que nos hallamos extraviados en unos errores que han llegado a ser prejuicios y que se han tomado por principios, en especial, el sistema represivo, que no reprime sino las pasiones de los pequeños y jamás las de los grandes, ni da otro resultado que someter a servidumbre al pobre sin corregir nada de los vicios antiguos del orden civilizado”.

Charles Fourier en esta obra no solamente habla en contra de la represión y el castigo, la cual se vislumbra en su símbolo principal: la prisión. Además, en este texto basa su crítica en la realidad social fruto del sistema que la humanidad ha venido implementando y que genera problemas y conflictos.

Sus reflexiones se hacen más importantes para el tema que aquí nos interesa, porque observan que aun no siendo aplicables en nuestras sociedades actuales las medidas que llevarían a una sociedad armoniosa, es necesario buscar esa sociedad distinta para poder adoptar luego tales acciones.

Entre los autores abolicionistas, Louk Hulsman, en su texto Sistema penal y seguridad ciudadana, también se refiere extensamente al dualismo en el sistema penal, como ya hemos enunciado antes. Parte de la idea de que este sistema asume el modelo dramático de la división entre buenos y malos, produciendo imágenes maniqueas del conflicto penal, producto de la influencia escolástica a la que todavía es sensible nuestra cultura. Es así que, como se ha dicho, lo que un día es delito puede dejar de serlo al otro por variadas e imprevisibles circunstancias, como ha sucedido a lo largo de la historia.

Así como el castigo es imposible sin esa lógica binaria, también el sometimiento de las mujeres a los hombres se ha fundado en diferentes lógicas dualistas. Actualmente, y este sería quizá el primer gran punto de discusión, esta entrega se funda en la difundida construcción de la diferencia de género, la cual habla de la feminidad y de la masculinidad.

Margarita Pisano, específicamente desde la propuesta que hace el movimiento chileno de El Afuera, desde la visión del feminismo autónomo radical de la diferencia, nos expone unos argumentos desde los que se entiende que esta dualidad femenino-masculino es en la que se funda la imposibilidad de avance de la liberación de las mujeres, pero que, en realidad, es un monomio, que disfraza la naturaleza de esta construcción conceptual. Acerca del monomio masculinidad-feminidad también se ha pronunciado Pierre Bourdieu en su obra La dominación masculina, cuya lectura se recomienda para entender mejor este tema. Margarita Pisano, en El triunfo de la masculinidad, en las páginas 5 y 6, nos dice:

Al plantear el abandono de la feminidad y de la exaltación de sus valores, estoy planteando el abandono de un modelo que está impregnado de esencialismo y que conlleva el desafío de asumirnos como sujetos políticos, pensantes y actuantes. No niego que en estos últimos tiempos hemos tenido acceso a ciertos espacios de poder y de creatividad, pero aún no hemos logrado cambiar un ápice la cultura de la masculinidad, por el contrario, nuestro acceso ha vuelto a legitimarla y a remozarla, permaneciendo inalterable su estructura [...]. Por ello nuestro proyecto político civilizatorio no puede seguir generándose desde el espacio masculino de la feminidad.

En este sentido, se evidencia que esa dicotomía propia de lo hegemónico es una de las trascendentales dificultades en la construcción de otra civilización. Tenemos que ser capaces de salir de la dualidad hombre-mujer, feminidad-masculinidad, delincuente-víctima, culpable-inocente, bueno-malo… Estas son las formas en las que nos han enseñado a construirnos como seres humanas y también es la forma en la que hemos aprendido a hacer justicia.

3.2.2. El control mediante el miedo

El segundo punto de encuentro entre lo punitivo y lo patriarcal es el control mediante el miedo: a la fuerza, a la pena, al crimen, al infierno, al padre, al policía, al maestro o maestra, a cualquier figura de autoridad. Siempre el miedo, un sentimiento totalmente contrario al amor, que nos hace perder libertad y no nos permite encontrarnos en otros espacios.

El miedo se usa para someter a la población: desde el temor a Dios, al demonio, a la enfermedad, a la ley, al rechazo social, a la soledad, etc. Y todavía hoy, en la educación de los niños y niñas, el uso del miedo es una herramienta que frecuentemente es utilizada para obtener un cierto tipo de comportamiento por su parte, pero que da lugar de forma bien evidente en el interior de las personas no solo a la irreflexibilidad y al sentido de la obediencia, sino que supone una gran merma en el amor propio.

Por muchos años, la mujer se ha visto sometida al esquema de feminidad y sus roles construido por los hombres. Ha sido así por el temor que se le ha infundido a la mujer de dejar de ser mujer (en los términos dictados por la feminidad patriarcal) y su consiguiente miedo al rechazo social y familiar; realidades que han incluido en el tiempo distintas sanciones para las mujeres que se niegan a estar sometidas.

Silvia Federici, en Calibán y la Bruja, explica claramente que el exterminio de las brujas es un ejemplo histórico de cómo se actuaba en Europa y sus colonias contra aquella mujeres que se consideraban indóciles.

Otro ejemplo, más actual, lo trae Adrienne Rich en La heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana, donde nos explica que el mismo imperio de la heterosexualidad es otra muestra de ello: ser tildada de lesbiana sigue siendo un insulto en muchas de nuestras realidades, precisamente porque busca rechazar a las mujeres que se salen del esquema dominante de feminidad que ordena a las mujeres ser y parecer heterosexuales.

Florinda Donner, en Ser en el ensueño, en la página 6, nos muestra hermosamente y nos argumenta que la gran tragedia de las mujeres es que su conciencia social domina por completo su conciencia individual: “La mujer teme ser diferente y no le gusta alejarse demasiado de la comodidad de lo conocido. Las presiones sociales a las cuales se ven sometidas para no alejarse son simplemente demasiado fuertes, ya antes que cambiar las mujeres se allanan a lo establecido”.

Así mismo, el poder punitivo utiliza el miedo a la exclusión social de las personas y la posibilidad de ser etiquetadas en la categoría de delincuentes para someterlas a su control.

También usa el miedo al crimen y al criminal y a lo diferente, fomentado en el común de la gente una alarma permanente, para justificar el castigo y el control que conlleva.

Y en la teoría que se ha explicado anteriormente de la prevención general negativa, es el miedo a la pena, la intimidación, lo que justifica la existencia misma del castigo.

En definitiva, el miedo como parte nuclear de la dominación es un elemento clave en el patriarcado, que es a su vez el mismo al que se recurre por el sistema punitivo, lo que configura esta relación como un rasgo común fundamental entre el poder punitivo y el poder patriarcal.

En la otra cara de la moneda, sobre la cuestión del miedo a ser víctima, Lohitzune Zuloaga, en su obra El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política, en la página 22, expone muy claramente cómo se trata esta de una cuestión compleja y cómo también aquí está muy presente la cuestión de la dominación:

Podemos afirmar que la inseguridad ciudadana como fenómeno colectivo basado en la preocupación causada por el miedo a determinados delitos es una construcción social, condicionada fundamentalmente por factores subjetivos, entre los que intervienen elementos íntimos de las personas y que, sobre todo, parece estar determinada por la conjunción de inseguridades sociales, políticas y económicas, de naturaleza compleja y propias de las sociedades globalizadas actuales.

3.2.3. El desprecio por la vida

El punitivismo y el patriarcado, considerados desde la perspectiva que nos ofrece la historia, llevan claramente a cabo una política de sistemático desprecio por la vida. Esto se relaciona también con el vínculo íntimo de ambos sistemas al capitalismo, pero a la relación entre capitalismo y castigo dedicaremos el siguiente capítulo. Esta vinculación también tiene relación con la posición que a las mujeres se les ha permitido ocupar o, más bien, que se les ha impedido ocupar en la sociedad en términos económicos y en general, por lo que, obviamente, la vida más despreciada en el capitalismo es la de las mujeres, pero no solo.

Y es que cuando hablamos del “desprecio por la vida” no nos referimos únicamente al menosprecio de la vida humana, sino al de la vida en general: las personas envueltas en hambres y guerra a lo largo del planeta, los animales en peligro de extinción y el maltrato al que los sometemos, a la naturaleza en toda su extensión.

Buena cuenta de ello nos dan cada día las noticias que nos llegan en la televisión y en los periódicos. Estos medios nos informan como si estas noticias fueran expresiones aisladas que simplemente hay que atajar y tratando de enseñar una supuesta humanización del patriarcado que no deja de ser una falacia.

Margarita Pisano, en las páginas 46, 56 y 57 de El triunfo de la masculinidad, para entender este aspecto, nos asegura:

Quien sostenga que el patriarcado ha ido humanizándose no ve cómo el racismo y la xenofobia están impregnando todos los espacios de nuestra cultura, incluso aquellos donde históricamente se construía pensamiento libertario, universidades y partidos políticos de ideas progresistas. Quien sostenga que el patriarcado está humanizándose no quiere ver que la supremacía de la raza blanca se ha ido empoderando sobre el resto del mundo y que la explotación y la pobreza son mayores que hace veinte años. No quiere ver tampoco los miles de tercermundistas tratando de escapar despavoridos de las hambrunas, sequías y guerras, sin poder saltar el muro invisible que ha levantado el Primer Mundo para mantener sus privilegios.

Dentro de la sociedad patriarcal en la que vivimos, el desprecio sistemático por la vida que presenta el sistema penal se puede evidenciar desde dos perspectivas diferentes.

La primera, en relación con la medida en la que el sistema de justicia penal considera la vida. A pesar de lo que el común de la gente pueda pensar, no es cierto que el crimen más grave para el derecho penal sea aquel que atenta contra la vida, cuando se mata a otra persona. Del estudio de los diferentes códigos penales se puede ver que, en cambio, la protección penal más completa la recibe el patrimonio y la propiedad privada, y no la vida. Si, además, en el caso del Estado español, damos un vistazo a los números y nos detenemos a computar cuántas personas están en prisión por condenas de más de 30, 35 y 40 años, nos encontramos que no son personas que hayan cometido delitos de terrorismo, asesinatos o agresiones sexuales (que en el imaginario social son las contempladas como más graves), sino que siguen siendo los delitos contra la propiedad los que mantienen a más personas en prisión con esas penas que rozan la prisión perpetua.

Cuando un proceso penal se apodera del conflicto que implica que una persona mate a otra, quienes juzgan solo se encargan de imponer una pena a quienes ellos responsabilicen como causantes del hecho, privarlos de la libertad y hacerlos pagar una cierta suma de dinero en concepto de responsabilidad civil.

Este esquema se repite en todos los conflictos que asume el sistema estatal penal y en el caso del homicidio lo que hace es todavía más criticable. El procedimiento burocrático que se sigue obvia e incluso olvida todo el conflicto humano existente, tanto para las víctimas indirectas como para el infractor, que, aunque resulte insólito, tiene en sus manos una vivencia tan trascendental como la de causación de la muerte de una persona. Esto permite afirmar que el impacto para la vida de las personas implicadas por una pérdida humana no tiene ningún valor en el sistema penal de un Estado.

El proceso de duelo y de respeto, de tránsito en la pérdida que acompaña al acusado, la posibilidad de transformación, no tienen cabida de ningún tipo, lo que sería lo mismo que afirmar que la vida, nuevamente, mientras dura el procedimiento, no tiene relevancia para quienes tienen que juzgar y castigar.

La segunda perspectiva que muestra la consideración que de la vida humana tiene el sistema punitivo se manifiesta claramente en las dinámicas concretas de la vida en prisión. Dentro de las cárceles, estas dinámicas de desprecio por la vida y, sobre todo, por la vida digna se reflejan con naturalidad a lo largo de cada día que trascurre de encierro. Muchas de las vulneraciones que genera la prisión ya han sido mencionadas anteriormente. Sin embargo, por su importancia, queremos volver a nombrar algunas de ellas para ponerlas en relación con el concepto de vida digna.

La pena privativa de la libertad no solo coarta la libertad, sino toda una serie de derechos que antes ya hemos relacionado: derecho de asociación, libertad religiosa, libertad sexual, disposición de la intimidad personal y familiar, el derecho a difundir y expresar desenvueltamente pensamientos e ideas, la educación y la formación, el derecho a un trabajo digno y una remuneración suficiente… Y más grave todavía: la cárcel y su contexto someten a las personas que tiene encerradas a toda una serie de humillaciones diarias y constantes producto de la sumisión debida a la institución en la que se encuentran.

Además, está más que demostrado que el mismo encierro en las cárceles por largos periodos de tiempo genera una serie de enfermedades físicas y mentales en las personas presas. También es seguro que las propias condiciones de muchas prisiones atentan contra la salud integral de las personas presas por la ausencia de aspectos de higiene adecuados, la mala nutrición y carencia de sol. Así mismo, queda permanente constancia de que la falta de espacios de recreación, la carencia de medios que permitan realizar deporte y otras privaciones acarrean un altísimo consumo de drogas en la población carcelaria y prácticas autolesivas que en ocasiones terminan en el suicidio. Se podría incluso afirmar que toda la vida cotidiana en la prisión o, al menos, en buena parte, atenta contra la vida de las personas presas y de sus familiares y personas las más cercanas.

Aunque hay una importante escasez de datos, las cifras revelan esta realidad que se habita en las cárceles claramente, pues las tasas de enfermedad y de suicidio en la población penitenciaria son más altas que las del resto de la sociedad. Los malos tratos, las muertes en prisión (de forma natural o no) y la enfermedad son un drama que debe ser abordado con urgencia.

3.2.4. La generación de servidumbre:
víctimas, incapaces e infantilizadas/os

Dentro de la heterosexualidad obligatoria en la sociedad que conocemos, una de las principales fuentes de esclavización asumida con la que nos encontramos es la que emana del padre, el hermano, el marido y el hijo ante la mujer.

Esta situación de sumisión procura escenarios que solamente difieren y dependen de la edad y situación de la mujer en el ámbito familiar del que se trata y de los que resultan que la mujer queda sometida permanentemente por un fuerte contrato psicológico al cuidado doméstico de estos hombres.

En este estado de cosas, las mujeres no solo están sometidas a los hombres y su cuidado, sino que los cuidados y atenciones se extienden en el sentido más amplio a todos los sectores y componentes de la sociedad y, especialmente, de la familia.

Si bien se supone que vivimos en la actualidad la época de mayores libertades, a la par, es este el periodo donde más personas están presas y también nos encontramos con que la prisión genera las mismas consecuencias que tienen esta esclavización asumida y en la que la situación de la mujer sigue siendo en mayor o menor medida la sierva del hombre, incluso en el entorno de la cárcel, donde son también las mujeres las que más se encargan del cuidado económico y afectivo de los hombres presos. Las mujeres, como consecuencia de esta heterosexualidad, siempre tienen el rol de cuidadoras, un papel que se les ha asignado en función de su sexo y que han asumido en toda su amplitud a lo largo de la historia.

Así lo exponen Margarita Pisano y Andrea Franulic en Una historia fuera de la historia. Estas dos autoras dicen en esta obra que la feminidad expresada en términos del patriarcado y sus féminas genera lo que denominan una “esclavitud mental de las mujeres”, un victimismo autoinfligido y que es difícil de entrever porque se escapa de la visión imperante de la realidad.

Étienne de la Boétie, en 1548, en su obra La servidumbre voluntaria, ya utilizaba este concepto de disposición voluntaria, aunque fuese pensado en este caso para explicar el sometimiento aceptado por las personas a la monarquía de la época.

Esta es una apreciación, un concepto que es muy útil para comprender cualquier tipo de opresión y sometimiento de los que se presentan en las mujeres a lo largo de la historia patriarcal, pero también puede servir como ejemplo la experiencia que vivieron las personas negras durante la esclavización racial.

La idea que se mantiene en el fondo es que la dominación es posible, a pesar de que siempre provenga de un sector minoritario de la población que la ejerce sobre grandes masas de personas, porque la parte oprimida colabora sin saberlo en su propia opresión.

De allí que se le denomine servidumbre voluntaria.

Frente al patriarcado se presentan las mismas circunstancias: son las mujeres las principales reproductoras de este régimen que, en realidad, las somete y son ellas mismas las principales educadoras de las futuras generaciones de hombres y mujeres. Estas nuevas generaciones son alentadas por ellas mismas a seguir reproduciendo los roles tradicionales de la masculinidad y la feminidad.

Esta dinámica de retroalimentación se logra mediante la fórmula de hacer que las mujeres asuman la posición de víctima y que voluntariamente no salgan de ella.

En este procedimiento, las mujeres de alguna manera encuentran acomodo, pero, en realidad, no son capaces de vislumbrar que quedan limitadas o incapacitadas como personas, puesto que se ven abocadas a la pérdida de responsabilización que es propia de la condición de víctima.

En cuanto a la victimización que también produce el sistema penal en todas las personas que participan en sus procesos, se pueden plantear nuevamente dos vertientes. Por una parte, la infantilización que sin remedio supone la pena privativa de libertad en cualquier persona. Por otra parte, la utilización de la víctima en el sistema penal en general.

Las víctimas de delitos son permanentemente utilizadas y doblemente victimizadas en la creación de políticas criminales más punitivas. Esto sucede permanente y especialmente con la mujer, que es doblemente victimizada porque es utilizada para el endurecimiento de determinados delitos, para crear una cultura que, en último extremo, beneficia al hombre en la medida en la que refrenda su sistema dominante. Hipócritamente, esta estrategia de incrementar los castigos se presenta como un camino que quiere proteger a las mujeres y que, en realidad, las desestima.

El ejemplo más claro de todos sería el de la política criminal en materia de violencia de género que se está implementando en casi todos los rincones del planeta. Otro ejemplo muy reciente son las propuestas que consolidan el sistema dominante a través de sanciones económicas de tipo administrativo frente al acoso y el abuso sexual en la calle que recientemente ha propuesto la Ministra de igualdad de Francia Marlène Schiappa en el Parlamento de la República.

Desde hace decenios y desde muchas reflexiones que versan sobre la utilización de la víctima del delito por el sistema penal en general, se muestra a la víctima como la gran olvidada del derecho penal a lo largo de sus procedimientos. Lo cierto es que el sistema punitivo nunca se configuró para la protección de las personas afectadas o víctimas de un delito, sino que solamente está pensado para enjuiciar a las personas que realizan los hechos considerados como delitos y aplicarles las penas que determina la ley.

Comprobamos que esta circunstancia de desestima de la víctima que está en la misma naturaleza del sistema, con el paso de los años, ha sido objeto de inquietud por quienes estudian el derecho y el proceso penal, especialmente por quienes se centran en el aspecto de la criminología.

Esta preocupación ha dado lugar a un nuevo campo de conocimiento: la victimología. Esta nueva rama, entre otros de sus objetos, se preocupa por evidenciar esta situación de desdén que tiene el sistema ante quienes han sufrido un delito y trata de exigir la introducción de cambios en el sistema penal para que se proteja a las víctimas. Esto es así porque, en verdad, el único objeto del derecho penal es el castigo del culpable.

Lo anterior ha generado algunas leyes que dan más espacio a las víctimas dentro de los procesos penales. En las próximas reflexiones quedará constancia de cómo en la actualidad se quiere proteger progresivamente a la víctima, pero sin perder la función originaria de castigar a quien se considere culpable de la conducta o de los hechos punibles.

Un ejemplo de la utilización de la víctima como soporte del sistema penal es la manera en que el Estado español ha legislado, dando a las víctimas la posibilidad de intervenir en la fase de ejecución de penas de los condenados: en el momento posterior a la condena de una persona, cuando cumple con su pena de prisión. Desde esta posibilidad, una víctima podría negarse a que una persona presa, aunque cumpla con todos los requisitos para poder salir de la cárcel, pueda acceder a una libertad condicional. Esta decisión forma parte de estrategias que buscan generar adeptos en torno a la clásica idea de la justicia como venganza.

Sin embargo, esta opción de poner a la víctima como ayudante de la imposición de la pena no deja de ser contradictoria, porque el sistema penal, por más programas de apoyo que le acompañen, en sí mismo, es un productor de victimización.

Redondo Illescas y Garrido Genovés, en Principios de Criminología, muestran diferentes procesos de victimización haciendo ver cómo en algunos casos las víctimas de delitos son revictimizadas por el sistema cuando:

No se logran situaciones de justicia.

Hay poca visibilización de la víctima.

Hay una excesiva exposición de la víctima ante el público.

Además, se indica en la obra mencionada cómo muchas de las situaciones de victimización conllevan la asunción posterior de posiciones victimarias de tal manera que convierte al sistema en irreversible. Y concluye en su página 895 afirmando que “de este modo nos damos cuenta de la profunda relación que la victimización tiene sobre la delincuencia: víctimas y delincuentes no solo forman los actores necesarios de la realidad delictiva, sino que se alimentan mutuamente como si estuvieran conectados en un sistema de vasos comunicantes”.

Tanto las personas ofendidas como las ofensoras terminan, pues, siendo victimizadas por el Estado en los procedimientos punitivos, cuando con ellos les roban su autonomía.

Sobre la utilización de la mujer como víctima empleada como arma para endurecer las políticas criminales, y todavía afirmando que el sistema penal supuestamente busca proteger los intereses de las mujeres, Tamar Pitch afirma con acierto en su artículo Justicia penal y libertad femenina, en las páginas 119 a 124, que este camino de apelar a las penas nos debe llevar a entender que, en coherencia con el feminismo, no podemos usar el sistema penal en nuestras luchas, pues se termina legitimando la justicia penal y al Estado mismo:

La cuestión es, sobre todo, la reducción de las mujeres al papel de víctimas, así como la necesaria simplificación del significado de sexualidad y de las relaciones entre los sexos y, por lo menos en los inicios, la oportunidad del uso de un instrumento típico de la represión institucional por parte de un movimiento cuyo objetivo es la libertad femenina. En otras palabras, la escasa radicalidad de un movimiento que, de esta manera, legitima la justicia penal y el Estado mismo.

Lo que pretendo decir, en resumen, es que el recurso al potencial simbólico del derecho penal nunca es inocente y hay que ser conscientes de las consecuencias tanto simbólicas y culturales como prácticas que ello pueda generar. La legitimación que las mujeres y el feminismo pueden dar al derecho penal puede tener efectos perversos, tanto sobre la autoconciencia, el sentido de sí de las mujeres, como sobre el tipo de acción política para llevar a cabo y, por último y más en general, sobre un clima cultural ya muy afectado por la respuesta represiva que se da al sentido de inseguridad difuso en nuestras sociedades.

Con estas reflexiones se evidencia que, si bien en algunos momentos históricos los movimientos feministas han recurrido al derecho penal para la consecución de la protección de intereses especialmente importantes para las mujeres, los riesgos de este camino son evidentes y concluyentes.

Con el recurso al derecho penal no se ha probado que se alcancen cuotas de éxito en la defensa de los intereses de las mujeres en torno a la violencia sexual y de género. Es más, hay trabajos como el de Patricia Laurenzo, ¿Hacen falta figuras de género específicas para proteger mejor a las mujeres?, que concluye que las leyes de género específicas son muy poco aconsejables en países como España, donde ya existe una importante implicación con las víctimas de violencia de género, porque el derecho penal no es una herramienta idónea para cambiar de raíz las estructuras sociales. Y otros trabajos como el de Miren Ortubay, Cuando la respuesta penal a la violencia sexista se vuelve contras las mujeres: las contradenuncias, que concluye que el sistema penal no es un buen aliado para las mujeres por las condenas a mujeres por maltratar a sus parejas.

Además, se quiere poner de relieve la contradicción y el peligro intrínseco de recurrir al derecho penal por parte de quienes quieran cambiar la sociedad a mediano plazo, por el hecho de ser un sistema de violencia organizada y por el hecho de que se trata en sí misma de una máquina de construcción de feminidad como maravillosamente muestra Laura Macaya en su libro Esposas nefastas y otras aberraciones.

Vemos que la mujer también ha sido infantilizada por el patriarcado y esa misma técnica de acudir a la infantilización del conjunto de la población la usa también el capitalismo actual en su desarrollo general para su pervivencia. El sistema económico infantiliza construyendo unas personas incapaces de valerse por sí mismas, desde el punto de su propio interés y conveniencia, de responsabilizarse de sus actos y de asumir sus consecuencias.

En esta práctica de menoscabo de las personas, lo que se exalta no es ningún tipo de racionalidad, sino la satisfacción inmediata de los deseos de la persona como consumidora, como si se fuese un infante codicioso, incapaz de mirar más allá de su propio placer y apetito las consecuencias de sus acciones. Para la población, esta es una manera de analizar la vida económica que a la vez lleva siempre a culpar a otras circunstancias por todo lo desgraciado que le suceda: la biología, la enfermedad, las otras personas, los escasos recursos, la situación de la economía, la mala suerte… Esta situación lleva a las personas a no asumir nunca la responsabilidad propia.

La segunda faceta de infantilización que hemos anunciado es la propia prisión, se observa con nitidez cómo los mecanismos que subyacen permanentemente en el encierro durante largos periodos provocan una infantilización de la persona sometida al castigo. La cárcel deshumaniza, en gran parte, infantilizando, cortando la autonomía de las personas y haciendo terminar con la libertad de consciencia, lo que da lugar a la autoextinción de la persona.

Esta anulación humana, como explica Vincenzo Guagliardo en De los dolores y de las penas, es provocada por una serie de acomodamientos forzosos a la cultura oficial que se plasma en los reglamentos, que se ve con absoluta claridad y crudeza en la prisión. En el interior de las prisiones también se imponen una serie de premios que llevan a la imitación del modelo ideal de ciudadano o ciudadana que debieran darse en el exterior, que al no partir de un verdadero desarrollo de la personalidad, se queda en una imitación grotesca de la realidad personal que será luego tomada como causa y no como resultado.

Este autor explica cómo el individuo se autoextingue gradualmente en la prisión cuando “es adiestrado con violencia para reprimir por sí mismo sus propios sentimientos”. Esta realidad que se despliega en las cárceles puede explicar, en parte, las altas tasas de la práctica del cutting o autolaceración entre las mujeres presas.

De hecho, hoy la prisión tiene su foco central en crear personas con la conciencia sometida. En general, este sometimiento se consigue con un sistema de estímulos que controla la disciplina dentro de las prisiones a través de premios y castigos para las personas presas según sea su conducta y comportamiento, y su personalidad.

Como veremos más adelante con más profundidad al abordar la relación entre el castigo penal y el capitalismo, la evolución en el mundo occidental de los sistemas penitenciarios, así como de todos los castigos en general, es la misma que se genera en la sociedad, en la escuela y en las familias. Esta manera de hacer sigue una tendencia general de pasar de centrarse solamente en los aspectos físicos a hacerlo también en los mentales o espirituales y, para ello, cada vez utiliza más de la versión positiva de los castigos: los premios, castigar premiando.

Esto puede entenderse con claridad si se piensa en el ejemplo del amaestramiento canino: antes se utilizaba sobre todo el collar de ahorque o el golpe con un periódico enrollado, mientras que ahora se usa más, con la misma intención de adiestramiento y efecto, dar galletas como premio. En el mundo de las prisiones, este desarrollo se representa en el conocido como sistema progresivo o premial.

Este sistema de premios, de gracia positiva, aparece en un momento muy determinado de la historia, cuando comienza una pretendida humanización de las penas privativas de libertad y desde tesis conocidas como las teorías de reinserción, rehabilitación, readaptación, resocialización o reeducación. Así se alimenta una mayor confianza de los precursores del sistema en la sanación de quienes están en las cárceles.

Aunque en algunos ámbitos también existe el castigo físico, ilegal por lo general, nos encontramos habitualmente (dependiendo de los diferentes países) que este sistema de premio o castigo es indirecto y afecta a las condiciones de vida dentro de prisión (regresión de grado penitenciario o negación de beneficios como salidas de fin de semana, pérdida del descuento de pena por estudio o trabajo, limitación en visitas, no participación en actividades, traslados de prisiones o de patios, etc.) y a determinados beneficios (concesión de permisos, de tener visitas extra, de vivir en patios mejores, acceder a trabajos remunerados dentro de prisión, etc.).

Existirán castigos cuando haya una conducta desaprobada o contraria a la disciplina de la cárcel y, por el contrario, se derivará un premio cuando haya una buena conducta por parte de la persona en su sometimiento al encierro.

Estas técnicas de conducción buscan modelar en todo el comportamiento de las personas, actuando sobre sus patrones inconscientes, para que lleguen a un punto en el que obedezcan sin pensarlo. Así han logrado perfeccionar la técnica de la servidumbre voluntaria. Con esta manera de actuar ya no se hace uso de la fuerza física, sino de la represión mental y anímica.

No cabe duda de que esta manera de hacer no respeta el libre desarrollo de la personalidad y continúa en la dinámica de hacer personas incapaces e infantilizadas también con la prisión, cuestión que, como se verá más adelante, es también común al régimen capitalista.

3.2.5. La utilización amañada de las ciencias

El patriarcado, durante casi toda su historia, se ha basado en algunas creencias inducidas y que se llegan a entender como naturales, especialmente aquellas que aseguran la superioridad biológica del hombre frente a las mujeres.

Así mismo, también a lo largo de la historia se ha mantenido la preponderancia del hombre frente a otras especies a las que ha puesto a su servicio y beneficio.

Carla Lonzi, en Escupamos sobre Hegel, en la página 35, ya a finales de los años setenta del pasado siglo nos explicaba esta presunción que define al patriarcado:

Todo pensador que ha dado una vasta mirada a la situación humana ha sostenido desde el propio punto de vista la inferioridad de la mujer […]. En todas las familias el pene del niño es una especie de hijo en el hijo, al que se alude con complacencia y sin inhibiciones. El sexo de la niña es ignorado: no tiene nombre, ni diminutivos, ni carácter, ni bibliografía. Se aprovecha su biológico carácter interior para callar acerca de su existencia: la relación entre varones y hembras no es por ello una relación entre dos sexos, sino entre un sexo y su negación.

Margarita Pisano, en su obra El triunfo de la masculinidad, en la página 45, sostiene:

Los discursos que construyen y transforman estos límites en muros esencialistas aluden a condiciones naturales y/o divinas para hacerlos inamovibles desde lo humano. Por ejemplo, los negros son flojos por naturaleza, las mujeres intuitivas y desde la divinidad —otro espacio inamovible-representamos a la tentación y el castigo—. Estos muros encierran la vida y la inmovilizan en espacios estancos produciendo exclusión, explotación, racismo, clasismo, sexismo, etcétera.

Por alguna de estas interpretaciones se suele decir que, en la actualidad, el patriarcado está herido de muerte, pues ya no hay cómo sostener las tesis que lo sustentan. Pero negar radicalmente la inferioridad biológica de las mujeres es algo que la cultura hegemónica nunca aceptará, puesto que, sin duda, todavía sigue teniendo prácticas patriarcales.

Ángela Davis, en su obra Are prisons obsolete?, nos asegura que esto mismo sucede con la prisión, ya que la prisión es considerada tan “natural” que es extremadamente difícil imaginar vivir sin ella.

Esta realidad se presenta de este modo en el imaginario colectivo e incluso en el imaginario de muchos estudiosos del sistema penal y la prisión. Una realidad que persiste en el ámbito jurídico a pesar de las contradicciones que, como ya hemos mencionado con anterioridad, también se han demostrado: la prisión es un invento relativamente reciente y no cumple ninguna de las funciones para las que dice existir, como ya hemos mostrado en las primeras páginas de este libro.

Estos son dos ejemplos más claros de la utilización amañada de las ciencias con respecto a la prisión.

Ahora bien, esto no solo sucede con la prisión, sino también con el sistema penal en general y, nuevamente, ocurre en dos sentidos distintos.

En primer lugar, cuando aun conociendo el hecho de que el sistema penal se fundamenta o justifica en fines preventivos, la realidad es que las relaciones humanas son demasiado complejas como para que la voluntad individual pueda responder únicamente a factores de intimidación.

Frente a esta realidad, no es un argumento de consenso afirmar que las personas respondamos a fines intimidatorios o, al menos, que lo hagamos de manera exclusiva. En todo caso, el castigo disuasorio, el que no se ha hecho efectivo, tiene consecuencias desresponsabilizantes para las personas, y esto se puede observar muy claramente en los niños y las niñas como más adelante veremos.

En segundo lugar, se presenta la idea de que la dogmática penal es una ciencia libre de ideologías y, por lo tanto, libre de otras influencias. En definitiva, esta presunción nos permite afirmar que también en esta esfera del pensamiento punitivo hay una utilización amañada de las ciencias al negar sus ascendientes.

Presentar el derecho penal como una ciencia exacta y objetiva solo lo podemos entender como una farsa, ya que de ninguna manera está exento de ideología, como todo en la sociedad, aunque se quiera pretender una neutralidad natural.

Margarita Pisano y Andrea Franulic afirman en su obra Una historia fuera de la historia que esa neutralidad es una cuestión propia del patriarcado para evitar los debates y la materialización de una ciencia comprometida políticamente, cuando, en cambio, las mujeres debemos empezar a llevar a cabo trabajos y reflexiones científicas que respondan a nuestros intereses como humanas.

En definitiva, lo que se quiere resaltar es la carga ideológica de la ciencia que aparenta ser inocente e inocua y cómo tiende a sostener el orden imperante en cada tiempo y lugar. De este modo, existe una clara similitud entre la insistencia en justificar científicamente las estructuras penales actuales y la necesidad del castigo, y la insistencia en negar el autoconocimiento a las mujeres y sus características, así como las de otras opresiones.

En todo caso. se quiere dejar constancia de que dentro de la ciencia penal hay muchos debates que tienen sentido, autonomía y son rigurosos. Los debates son reales, dan seguridad y muchos de ellos serán necesarios igualmente en el escenario posabolición. Sin embargo, muchos otros se han revelado estériles, premeditadamente despolitizados y dañinos.

3.2.6. El interés en la ruptura de los lazos
de solidaridad

En patriarcado, el interés en la ruptura de los lazos de solidaridad entre mujeres ha sido fundamental. Margarita Pisano, en la página 230 de su obra Una historia fuera de la historia, nos expone y concreta la cuestión de la ruptura de los lazos de solidaridad existentes entre las mujeres. La autora chilena reconoce la misoginia instalada en muchas mujeres e indica cómo este odio entre nosotras nos estropea como seres humanos y apela por combatir esto, en primer lugar, con amor propio. Luego, uniéndolo con las esferas de lo íntimo, lo privado y lo público, porque sin estos pasos será imposible crear una cultura distinta a la que vivimos.

Que la misoginia tenga sus principales ganancias de cara al sostenimiento del patriarcado a través de los efectos que ejerce entre las mujeres queda claro cuando comparamos las relaciones entre mujeres con aquellas entre hombres. Sobre esto, Celia Amorós, en el prólogo a la obra de María Antonia García de León Cabeza moderna. Corazón patriarcal (un diagnóstico social de género), dice: “Hay que observar la manera en que los varones se tratan entre ellos —incluso cuando se pelean y se descalifican— para entender cómo y por qué mantienen el poder: lo hacen siempre de manera que la virilidad quede a salvo”.

Una explicación de esto la ofrece María Galindo en su obra No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, cuando en las páginas 55 y 56 sostiene que “cualquier hombre, por el hecho de serlo, puede vivir y experimentar la supremacía masculina y de algún modo se siente vinculado a ella, incluso si se trata de un hombre subalternizado, y esto es lo que de algún modo permite que sea un grupo unido en muchas cuestiones, cosa que no sucede con las mujeres”. Esto muestra cómo el patriarcado funciona rompiendo el apoyo que podría darse entre las mujeres.

Así mismo, y ya introduciéndonos en la prisión, nos encontramos con que el sistema, para poderse imponer a las personas presas y para tener una incidencia en el resto de la ciudadanía, rompe la solidaridad entre ellas y entre ellas y el resto de la población. Mostraremos algunos ejemplos.

Desde su experiencia, Vincenzo Guagliardo, en De los dolores y de las penas, expone cómo entre las secuelas que ha de producir todo orden punitivo, la destrucción de las solidaridades es esencial, y lo hace del siguiente modo:

Las ejecuciones públicas aterrorizan pero no necesariamente desolidarizan. La cárcel asusta menos, pero desolidariza más. La segregación hace misterioso al segregado, y desconocido o ignorado a su suplicio. Así, la nueva disuasión ya no pretende generar sentimientos humanos; el ciudadano no debe tener miedo de llegar a sufrir como un ladrón atrapado con las manos en la masa, sino que debe temer el tenerse que avergonzar de ser considerado un ladrón. No se debe asustar por lo que ve, sino que se debe avergonzar por lo que no ve. De esta manera se ha creado un “espíritu de verdugo” en la denominada opinión pública, fundado en una serie de equívocos, que es más el fruto de una deshumana e ignorante indiferencia que de un verdadero odio hacia lo que se conoce.

Este mismo autor nos ilustra dos elementos más de ruptura de lazos de la solidaridad:

La ruptura se extiende a la destrucción de las relaciones de subsistencia que protegen la autonomía de las personas. Las consecuencias de esto son la pérdida de la autonomía de las personas y la ayuda mutua, especialmente importantes en prisión.

Sistema de delaciones aupadas por los códigos penales y por las leyes penitenciarias.

Otro de los elementos que generan una ruptura de los lazos de solidaridad, no entre las personas presas, sino en las personas que estamos “libres” frente a las personas presas, es la utilización, también binaria, de los conceptos “preso político” y “preso común”. Aunque esta situación pase desapercibida, estas son categorías heteronombradas, son muy útiles para el poder y tienen incidencia en la solidaridad.

Al respecto quisiéramos hacer notar varias cuestiones. Nuestra posición es la de criticar el concepto de presos comunes porque naturaliza la categoría, incluso la patologiza y, sobre todo, la despolitiza. Precisamente este objetivo, la despolitización del término, es uno de los objetivos de la categoría en sí misma y tiene el efecto útil de no dejarnos cuestionar al sistema. El concepto de preso político, aunque se niega desde el poder, es de utilidad para crear la excepcionalidad.

Esta excepcionalidad puede manifestarse en dos sentidos: en primer lugar, en el terreno de lo puramente político, despolitizando cuestiones puramente políticas, y en segundo lugar, ampliando los poderes de la Policía, restringiendo las garantías procesales de los imputados, con la creación de tribunales especiales y con especialidad dentro del derecho sustantivo.

Como se decía, si bien en el día a día los lazos de la solidaridad están presentes entre las personas presas, más allá de estas categorías, consideramos que es importante nombrar y detenernos mínimamente en qué sucede cuando quienes estamos fuera categorizamos a las personas presas: la realidad es que la solidaridad se rompe.

Ampliamente, existe una falta de solidaridad de las personas en libertad con las personas presas. Esta falta de solidaridad se reporta fácilmente mirando la escasez de colectivos y personas que se preocupan, ocupan y defienden a estas personas. Pero, además, si de algún modo se dan estas solidaridades, es con los hombres presos. Hay una tercera categoría en sí misma que es la de “presas”, por eso en este libro nos estamos refiriendo a ella por separado, y cuando el patriarcado y la prisión se unen:

Se constata que en las cárceles o módulos de mujeres la solidaridad es menor que en las de hombres.

Esta situación de inhospitalidad se ve reflejada en que normalmente hay mayores sanciones disciplinarias en los módulos de mujeres.

Hay un mayor control individual en los patios de mujeres que en los de hombres.

Hay una mayor represión de la sexualidad en los módulos de mujeres.

Todo lo anterior ha dado lugar a que las luchas por los derechos de las mujeres dentro de las prisiones no hayan avanzado tanto en las cárceles de mujeres como en las prisiones de hombres. Esto, nuevamente, se evidencia como una falta de solidaridad y lucha conjunta entre las mujeres. Así, por ejemplo, no se han implementado en los últimos tiempos los mismos derechos a los hombres transgénero que a las mujeres transgénero.

Sobre la menor solidaridad con las mujeres presas, Ángela Davis en su obra Are prisons obsolete? muestra cómo en Estados Unidos las mujeres fueron por mucho tiempo sacadas del discurso de la resocialización: las mujeres criminales eran consideradas por la justicia como casos perdidos para la sociedad por la gran transgresión moral de sus roles y su valor social poco ejemplarizante.

Efectivamente, las mujeres que han cometido un delito son doblemente juzgadas y castigadas y especialmente cuando cometen delitos de sangre, como advierte Laura Macaya en su libro Esposas nefastas y otras aberraciones, en la página 29, suelen estar situadas en feminidades no normativas, violentas y monstruosas, lo que viene a dificultar solidaridades y sororidades con ellas.

En conclusión, las solidaridades, generalmente más frágiles entre las mujeres, cuando pasamos por la prisión dan lugar a que estas se desquebrajen más intensamente.

3.2.7. La relación entre el concepto de culpa de la punición y el concepto ‘eres mía’ del patriarcado

Como personas que vivimos inevitablemente en comunidad, inmersas en la civilización que hemos construido, aceptamos que cuando a una persona se le juzga y se le encuentra culpable de algo considerado como negativo, el Estado con su sistema penal toma posesión de su cuerpo y de su mente mientras cumple su condena. Considerada culpable a partir de ese momento, esa persona ya no podrá elegir sus afectos, sus horarios, su ocio, su forma de vestir y de expresarse, etc.

La persona que ha sido condenada pasa a tener un estatus de “especial dependencia” como persona presa en manos del Estado, que se hace responsable de su vida.

Ahora bien, esto sucede desde que la prisión es el mecanismo de castigo por excelencia de la sociedad. No obstante, puede hallarse una experiencia previa sobre el control del cuerpo y de la mente en la historia de la mujer en la sociedad patriarcal, y también en la posesión de la vida del hombre y de la mujer, en la esclavización, como se mencionó al inicio del libro. De aquí la relación entre el concepto de culpa que se encuentra en el castigo y el concepto “eres mía” del patriarcado.

Esto es lo que afirman al respecto Margarita Pisano y Andrea Franulic, en Una historia fuera de la historia, en las páginas 149 y 150:

A las mujeres nos han asignado especialmente esta culpa, al hacernos responsables de los dolores de la humanidad (pérdida del Paraíso), al hacernos seres al servicio de otro (el hombre) y en ese marco ideológico solo somos en tanto madres, enajenadas. A nuestros cuerpos femeninos se les asigna el hecho del pecado. Instaladas en la culpa, entonces, desarrollamos una sociedad que debe pagar: pagar el derecho a vivir, a estar en este planeta. La culpa (emoción) está presente en todas nuestras formas de relación y, básicamente, en la relación para con nosotros mismos: en nuestros cuerpos, en nuestras mentes; el sentimiento de culpa nos hace seguir sintiendo que estamos de paso en la tierra, de prestado. Si se está de prestado no se cuida el mundo porque está fuera de uno, porque hay otros que lo cuidan, y es de otro.

A diferencia del cuerpo del hombre, que nunca ha sido sometido a la invisibilización, el cuerpo de la mujer se le ha negado que se haga visible de manera natural en diferentes tiempos, espacios y circunstancias. Algunos ejemplos son los siguientes:

El diferente trato que reciben los genitales de los bebés, como ya hemos explicado anteriormente.

La imposición de diferentes vestidos: faldas en Occidente, burkas, velos o vendas para los pies en Oriente.

Los sometimientos sobre las niñas, como los de la ablación genital femenina tan difundidos, y no solo en África y Yemen, que son los lugares donde más se denuncia.

Tan evidente es que la propiedad del cuerpo de la mujer ha salido de sus propias manos que para nadie es un secreto el hecho de que el cuerpo sexuado en femenino es tratado por la conciencia social como un objeto sexual.

En la actualidad, la consideración de la mujer como un objeto sexual se manifiesta en muchos aspectos que se pueden constatar en muchos momentos y lugares con un poco de observación: desde los anuncios publicitarios en los que se presenta a la mujer como un objeto de consumo independientemente de cuál sea el producto que se quiera vender; la utilización en los medios de comunicación gráficos de presentadoras sexualmente atractivas de acuerdo al canon heteronormativo, de concursos de belleza, etc.; e incluso podemos añadir el caso planteado por Carla Lonzi, pionera italiana del feminismo, y que es bastante importante: un 62% de las mujeres tienen fantasías sexuales basadas en asumir el rol de víctima de una violación. Carecemos del relativo dato sobre cuántos hombres tienen fantasías relacionadas con el acto de una violación a una mujer, pero se puede suponer que quizá sea mayor.

Estos ejemplos, sumados a la ligereza y abundancia con que se aborda el tema en la sociedad, muestra el nivel de interiorización de la misoginia por parte de las mujeres. No es solo la idea establecida en el fondo de la realidad de que las mujeres pertenezcamos a otros (padre, madre, marido, hijos, Dios), sino que, en ese fondo, el sustrato que debe erradicarse es que no nos opongamos a que en cualquier discurso con el que se pretenda construir una nueva civilización se legitime el control de alguien sobre alguien.

Como decíamos antes, volviendo al control del cuerpo y de la mente por la institución carcelaria, también aquí la culpa pesada que siente el género humano al romper reglas culturales tiene una gran trascendencia para el prisionero o la prisionera.

Una vez que la persona presa vive en el encierro, se adhiere a ese control total de su vida. Luego, por ese sentimiento culposo que se crea en el interior de cada persona presa, es como para sí legitima la opresión y el control de su propio cuerpo y mente, aceptando su destino.

Maximiliano Postay, en su artículo 10 razones para que las mujeres desconfíen del sistema penal, nos expone de forma resumida y bastante clara algunos motivos por los que las mujeres, de entrada, nada más que por ser mujeres, debemos oponernos al sistema penal. Esta oposición viene precisamente por la incidencia que sobre nosotras tiene el paso por la prisión.

De este modo, este autor expone cómo efectivamente el sistema penal actual es fruto de una sociedad patriarcal y que su gran desarrollo se vio impulsado fuertemente por la cacería de brujas que sostenía, entre otras cosas, la proclividad de la mujer al pecado. De hecho, en uno de los principales textos de la Inquisición, El martillo de las brujas, se afirma la inferioridad biológica de las mujeres respecto a los hombres y la importancia que tiene conseguir que no pensemos. Postay sostiene varios puntos en su obra:

Es de la misma manera como actualmente el sistema penal estereotipa a las mujeres, desacreditándolas por completo: no por brujas, sino por locas.

También la cárcel mantiene la marginalidad que sufren las mujeres y a la que ya estaban sometidas fuera de ellas y la incrementa en su interior.

En el mismo sentido, la cárcel trata de perpetuar los modelos hegemónicos y heterocentristas de “buena mujer” y “buena madre” que se dan en el exterior.

Esta realidad se ve con claridad en los trabajos a los que acceden las mujeres presas, todos con componentes sexistas, o en el hecho de que en muchas realidades penitenciarias el único medio que tienen para poder obtener el dinero tan necesario en prisión sea la prostitución, ejercida con la complicidad de quienes gestionan las prisiones o incluso bajo su organización.

Se podría decir, entonces, para concluir, que el control sobre el cuerpo y sobre la mente de las mujeres se duplica cuando entran en prisión y no solo eso, sino que la prisión es un instrumento de construcción y reproducción de feminidad.

3.2.8. Recapitulación

Para finalizar este capítulo acerca de la relación entre el poder de castigar por parte de la sociedad y el poder del patriarcado hemos querido evidenciar esa estrecha relación entre ambos poderes y demostrar cómo el patriarcado queda totalmente representado en el modelo de justicia retributiva que se ha ido construyendo. Angela Davis, en su obra Democracia de la abolición, en su página 89, hace una relación directa a través de las agresiones sexuales:

Pero ¿por qué mantenemos la idea de que la persistencia de las agresiones sexuales en las cárceles de mujeres es un elemento tan importante para un análisis radical del sistema carcelario y, especialmente, para aquellos análisis prospectivos que nos conducen en dirección a la abolición? Porque la llamada a abolir la prisión como forma dominante de castigo no puede ignorar hasta qué punto esta institución ha incorporado ideas y prácticas que por suerte empiezan a hacerse obsoletas en el conjunto de la sociedad, pero que conservan toda su espantosa fuerza tras los muros de las prisiones. La combinación destructiva de racismo y misoginia, aunque en gran medida ha sido cuestionada por parte de los movimientos sociales, la academia y el arte a lo largo de las tres últimas décadas, conserva sus desastrosas consecuencias dentro de las cárceles femeninas. La presencia, relativamente poco cuestionada, de abusos sexuales en ellas es uno de los numerosos ejemplos posibles. Las pruebas cada vez mayores de que el complejo industrial-penitenciario de Estados Unidos tiene resonancias globales nos llevan a pensar hasta qué punto muchas de las empresas que han invertido en la expansión del sistema carcelario están, al igual que el Estado, directamente implicadas en una institución que perpetúa la violencia contra las mujeres.

Pensamos que con todo lo anterior que hemos expuesto se contextualiza la íntima relación que existe entre lo punitivo y lo patriarcal. Una correlación de castigo que afecta y atraviesa a las mujeres estando en la prisión o sosteniendo a los presos fuera de ellas y que confirma la idea de que el poder punitivo es un poder patriarcal y fundacional.

Rita Laura Segato expone, en La guerra contra las mujeres, algo que redunda y amplía nuestro argumento: “El pilar, cimiento y pedagogía de todo poder, por la profundidad histórica que lo torna fundacional y por la actualización constante de su estructura, es el patriarcado”. Estamos hechas de orden patriarcal y nos tendremos que desprender de muchas formas y modos para poder pensar alternativas que no reproduzcan precisamente las lógicas y sus consecuencias frente a lo que pretendemos combatir en el terreno político. Desde aquí es desde donde en el último capítulo trataremos de pensar y compartir alternativas.

3.3. La relación entre el castigo penal
y el capitalismo

Establecida la relación entre el castigo penal y el patriarcado, necesariamente hay que apuntar ahora a otro factor íntimamente relacionado con ambos, que es el capitalismo. De hecho, el castigo penal como lo conocemos hoy, con su núcleo en la prisión, surge históricamente a la par que el capitalismo.

El vínculo entre el castigo penal y el capitalismo se comprende mejor si partimos de la idea de que el capitalismo no es solo un sistema económico, sino también un “sistema total” (según la definición de Goffman), en el que todo viene pautado y determinado y en el sentido de que abarca todos los ámbitos de la existencia y de la convivencia social.

José Miguel Marinas, en su texto Investigar la cultura del consumo, nos ilustra en su página 44 sobre esta relación entre el sistema económico en el que vivimos y la conducta social: “La sociedad de consumo, con sus pautas y símbolos, es intermediaria de todos los procesos de aprendizaje: productos, marcas, aparatos de moda, ambientes, identidades, todo ello es puesto en funcionamiento en el proceso biográfico de formación de los sujetos…”. Y continúa en la página 95:

[…] en las sociedades actuales, especialmente en las más desarrolladas desde la tecnología y la dominación global, no se entienden los conflictos si nos empeñamos en separar “la economía” (asignación, disputa, exhibición de la propiedad de mercancías-significantes de prestigio a través de los circuitos de consumo) de “la política” (conflicto y consenso en torno a los significantes del poder, escasos y desiguales). Más bien podemos acertar si consideramos que la cultura del consumo es la configuración política de las sociedades contemporáneas.

Hemos de saber que, antes de los inicios del capitalismo, el encierro de las personas en las mazmorras se daba para garantizar su castigo posterior: azotes, desmembramientos, marcas, muerte. Eran calabozos a los que las personas nunca regresaban después del castigo, por lo que el encierro no era una forma de pena en sí.

En el mismo momento en que en Europa, por entonces en expansión colonial, surgen los primeros intentos o elementos del mercantilismo y del capitalismo, es cuando se dan las primeras experiencias de encerrar a las personas en prisiones como una forma de castigo en sí misma y como la manera de “pagar” por los delitos.

Hemos de dejar constancia de que después de surgir el capitalismo industrial, o capitalismo propiamente dicho, es cuando se impone en el mundo como principal forma de castigo estatal por la comisión de delitos el encierro en prisión. Es entonces cuando surge en el derecho el ámbito penitenciario.

En las primeras fases del capitalismo, para entenderlo en toda su dimensión, es fundamental entender el vínculo de este naciente sistema con el patriarcado. Este vínculo radica no solo en que, como afirma Carla Lonzi en su libro Escupamos sobre Hegel, el primer objeto de la ideación del hombre del concepto de propiedad privada fuera el objeto sexual, la mujer, sino que también Silvia Federici, en Calibán y la bruja, expone que el capitalismo no surge como una evolución en sentido positivo del sistema feudal, sino que se desarrolla como contrarrevolución frente a lo que se oponía y combatía el feudalismo; es decir, en realidad, el capitalismo lo que hace es mantener los privilegios y las estructuras sociales básicas del sistema feudal, con algunos cambios, bajo un nuevo nombre y con herramientas de control más sofisticadas.

Además, como la misma autora explica muy claramente en esta misma obra, para la imposición de este nuevo sistema económico-social son fundamentales la esclavización y la cacería de brujas. Estas figuras en la historia son las que dan paso a la acumulación primitiva, con la que Marx se refería a la apropiación del producto del trabajo de las personas que da pie al trabajo asalariado y que permite entender el sistema capitalista. Así, antes que una superación del sistema feudal, el capitalismo continúa y fortalece su elemento fundamental de sumisión, dándole nuevas formas a la servidumbre con el trabajo asalariado.

La servidumbre, además, había reemplazado antes el sistema sobre el que se edificaba previamente la economía: piénsese en la esclavización y lo que significa como ejemplo en el Imperio romano. Así, un primer intento de estudiar el fenómeno de la relación entre el castigo penal y el capitalismo pasa por relacionar las fases del capitalismo con los cambios de los modelos penitenciarios.

3.3.1. Evolución del mundo penitenciario al ritmo
del capitalismo

Respecto a este enunciado existe numerosa bibliografía, entre la que pueden resaltarse las siguientes obras y en las que se basa en gran parte este capítulo.

En primer lugar, el libro Castigo y Estructura Social de Georg Rusche y Otto Kirchheimer; Las cárceles de la miseria de Loïc Wacquand; Cárcel y Fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVI-XIX) de Massimo Pavarini y Dario Melossi. También los libros Penología de Emiro Sandoval Huertas; Investigar la cultura del consumo de José Miguel Marinas; Manifiesto sobre el poder terapéutico. El advenimiento de la gobernabilidad terapéutica en las prisiones de Álvaro Garreaud y Dario Malventi. Y en el contexto del Estado español El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del Siglo XX, coordinado por Pedro Oliver; Trampas y tormentos. Para una ecología del castigo en el Reino de España de Daniel Jiménez Franco.

Entre 1480 y 1600, la pena privativa de libertad no existía como forma de pena para las personas con conductas consideradas reprochables. Eran otras las penas que existían en un modelo vindicativo de justicia, en el marco de un capitalismo comercial o precapitalismo: tanto para las mujeres como para los hombres, existían las penas de azotes, torturas, desmembramientos, destierro y pena de muerte, entre otras.

En los castigos que se empiezan a imponer en el mundo occidental a partir del año 1600 es donde nos encontramos con algunos antecedentes de la prisión moderna: la galera y el presidio, en los que se garantiza la realización de trabajos forzados por quienes tienen una condena y el tiempo en el que se empieza a utilizar el trabajo recluso como medio de expiación, pero también de producción.

Comienzan entonces a surgir respuestas diferenciadas para hombres y mujeres. Para los hombres, trabajos forzados en lugares de encierro. Así, por ejemplo, en España, además de los azotes, eran trasladados a servir de fuerza de remos en los barcos de la armada del rey, un tipo de pena muy común que se imponía por parte del rey. A las mujeres, galeras para alargar el encierro privado (es decir, el encierro de las mujeres en las casas familiares). Hay que tener en cuenta que en este periodo (siglo XVII) la identidad de las personas se determinaba fundamentalmente por el linaje familiar al que pertenecía:

Desde la pertenencia de los y las esclavas a un amo.

La pertenencia que se establecía por roles familiares.

La pertenencia propia de los súbditos a un determinado rey.

Como en esta primera fase del capitalismo, la identidad y posición dependía de a quién se pertenecía, tenía sentido que una persona castigada por el Estado le perteneciera y la usara como persona esclavizada para su beneficio. Además, en este momento histórico, la economía requería mucha mano de obra que no debía ser desperdiciada. Las penas, pues, servían para explotar a la personas, obligándolas a realizar un trabajo penoso y peligroso, lo que les ocasionaba notables sufrimientos físicos y no pocas humillaciones psíquicas.

La invención de la máquina a vapor hizo que los galeotes o barcos donde los condenados iban a remar hasta morir no encajaran para el desarrollo económico (movido antes por el transporte comercial) y ni siquiera como castigo; de este modo, esta pena se abolió de las leyes.

Como se anticipaba antes, el primer intento de construir cárceles de mujeres en edificios separados de los espacios de encierro para hombres está pensado, precisamente, en España, por el médico de galeras para hombres don Cristóbal Pérez de Herrara, quien conjuntamente con sor Magdalena de San Gerónimo perfiló una manera de encierro de las mujeres con ciertas peculiaridades en casas cárceles a las que llamaron casas galera, en contraposición a la pena de prisión para los hombres.

Posteriormente, desde 1700, surge el correccionalismo y nace la prisión moderna a partir del experimento de dos regímenes en Estados Unidos que luego serán replicados en el mundo:

El modelo filadélfico, basado en la prisión de Walnut Street de Filadelfia, en donde se tiene un régimen de total aislamiento de las personas presas. Se trata de un tipo de encierro que golpea fuertemente la psique y la integridad emocional de las personas.

El modelo auburniano, fundado en la experiencia de la prisión de Auburn en el estado de Nueva York. Este sistema penitenciario cuenta con aislamiento nocturno y reunión de las personas presas para trabajar en silencio en el día. También incluye castigos corporales severos y un régimen militar.

Ambos modelos empiezan a integrar los cambios que vive el capitalismo, que ya está atravesando una fase donde se hace claramente hegemónica la industrialización, en el que la identidad social está ligada a la idea del trabajo que cada persona desempeña y no a criterios de linaje. Esta es una idea que, en parte, todavía hoy se conserva, no sin cambios importantes.

En tal momento, se consideraba que las personas eran libres (concepto que empezaba a tener importancia y que se vinculaba al uso del tiempo, que era el la medida para el pago del salario) dentro del mercado si contaban con un capital, o podían encontrar esa libertad con su trabajo como medio de participación en ese capitalismo incipiente. En caso contrario, eran personas esclavas y quedaban al margen de todo este discurso. Entonces, esta división de clases que se iba produciendo pasó a notarse dentro de las prisiones, puesto que sus habitantes pertenecían en su abrumadora mayoría a las clases proletarias.

Durante ese periodo, el trabajo empezaba a tener un importante rol al interior de la prisión. Esta posibilidad obedecía a las necesidades capitalistas de la época de beneficiarse de una gran mano de obra barata, o gratuita, que encontraba en las cárceles, un trabajo que podía reemplazar al que generaba la esclavización ya en proceso de desaparición. Además, también entonces, el trabajo dentro de la cárcel tenía la virtud de darle un carácter humano a los muros, puesto que se entendía que el trabajo era un medio de resocialización tal y como todavía hoy se sigue estableciendo.

Sin embargo, lejos de la idea de que “el trabajo dignifica al hombre”, y entendemos que tampoco dignifica a la mujer, este concepto fue fundamental en el capitalismo naciente para ejercer la servidumbre moderna.

Eric Fromm, en El miedo a la libertad, en las páginas 152 y siguientes, nos habla de la importancia que tiene el concepto de “trabajo” en las sociedades autoritarias y cómo ha sido su evolución en el tiempo: en la antigüedad, el trabajo no era digno para los libres, así que era realizado por los esclavos; pero en la Edad Media se empieza a dar una explotación basada en la jerarquía social que genera un reparto desigual del trabajo, lo que en la modernidad se mantiene en unión con el fortalecimiento de la idea de la propiedad privada. A la vez, los modelos penitenciarios de los que hablábamos antes se van globalizando, gracias, entre otras muchas cosas, a la expansión por el mundo del Código Penal francés de Napoleón.

También ayuda en su expansión la implantación del modelo arquitectónico del panóptico de Bentham. Este patrón era un diseño para construir las prisiones de manera que con poco personal de guardia se pudiera vigilar en todo momento a las personas presas, a través de torres centrales y sistemas de iluminación muy eficaces. Este criterio de edificación se mantiene en la actualidad, salvo que su especial estructura de visualización ha sido reemplazada por la instalación de cámaras.

Constatamos que la vigilancia, independientemente de los medios usados, se sigue desarrollando con la misma idea de control del panóptico: lograr ver todo sin ser visto.

Durante este periodo se presentó la evolución de la prisión moderna con diferentes visiones del trabajo (en ciertos modelos debía ser un trabajo reflexivo y silencioso, en otros algo grupal, etc.), pero siempre manteniendo el trabajo un elemento muy importante dentro de los diferentes regímenes penitenciarios.

En las cárceles de mujeres con las características de la galera se consolidó el trabajo con un alto contenido correctivo-religioso, que servía, por el tipo de trabajo (tejidos, limpieza, cuidados, etc.), para afianzar los roles otorgados a las mujeres en la sociedad.

En este contexto se hizo mayoritaria la aplicación del régimen o sistema progresivo, que contemplaba diversas fases en el recorrido penitenciario y que implicaba tener mayores “libertades” de manera progresiva hasta llegar al final de la condena.

Las personas presas, conforme se acercaban al cumplimiento de su condena, después de un periodo de total encierro y en función de las distintas circunstancias personales que las envolvían y afectaban y que en buena medida se basaban en su propia actitud y comportamiento, con la aplicación de este método podíann acceder a distintos estadios de libertad:

Salida a la calle en búsqueda de empleo.

Posibilidad de ir a la cárcel solamente a dormir.

La posibilidad de libertad con control electrónico.

Presencia solamente periódica en la institución.

Llegado el siglo XX, el capitalismo superó el enfoque de la producción industrial, cuya técnica ya dominaba generando altos niveles de producción con muy poca mano de obra, y se centró en lo que se conoce como el sector terciario: el dedicado a la prestación de servicios (bancos, telefonía, televisión, universidades, etc.). Fue allí donde se concentraron las mayores ganancias, y la cárcel también empezó a ser un centro generador de dinero; empezaron en algunos contextos las cárceles privadas o la venta de servicios para las prisiones públicas o privadas: seguridad o capacitación al personal de seguridad, servicios educativos, servicios de telecomunicaciones e incluso servicios religiosos.

El alejamiento de la producción industrial se ha debido a que la oferta actualmente supera en mucho las posibilidades de la demanda de la población, por lo que la preocupación se ha desplazado de las necesidades de producción (actualmente satisfechas y superadas) a las del consumo (hay una enorme necesidad de aumentarlo y la única forma es crear nuevas “necesidades” y bienes “desechables”) y se establece lo que se ha llamado “capitalismo del consumo”.

Todo el sistema social actual gira en torno a este eje, por ello, la identidad social ya no está determinada por el trabajo que cada persona desempeñe, sino por lo que consuma. Aquí el vínculo con la identidad se hace más complejo, pues las marcas, los fetiches y demás artificios del consumismo entran a desempeñar un rol fundamental.

Es aquí, en esta sociedad consumista, donde encuentran perfecto encaje las diferentes tesis resocializadoras que orientan los sistemas penitenciarios de los últimos tiempos, pues la prisión es (supuestamente) un centro más de prestación de servicios: el servicio de “resocializar”, de convertir “criminales” en “ciudadanos y ciudadanas de bien”. Junto a este rol se da una sistemática adecuación de la imagen carcelaria: es el auge de las megaprisiones diseñadas por expertos, estéticamente pulcras, ordenadas, compartimentadas. Aparentemente lugares más humanos, pero, realmente, espacios cada vez más orientados a la represión de la libertad de conciencia y del espíritu.

Angela Davis, en su obra Democracia de la abolición, relaciona el concepto de “complejo industrial-penitenciario” con el concepto histórico de “complejo industrial-militar”, que de alguna manera son secuencia. En la página 95 afirma:

El proyecto de construcción masiva de cárceles, iniciado en los años ochenta, creó los medios para concentrar y gestionar lo que el sistema capitalista había declarado implícitamente como excedente humano. Mientras tanto, los funcionarios electos como los medios de comunicación dominantes justificaban las nuevas y draconianas sentencias, que enviaban cada vez más gente a prisión en un frenético proceso de construcción de cárceles, arguyendo que esa era la única manera de hacer que nuestras comunidades se vieran a salvo de asesinos, violadores y atracadores.

Y en la página 105:

Desde la década de los ochenta, el sistema carcelario se ha acomodado cada vez más a la vida económica, política e ideológica de Estados Unidos y al tráfico transnacional de mercancías, cultura e ideas estadounidenses. Por tanto, el complejo industrial-penitenciario es mucho más que la suma de todas las cárceles y prisiones de este país. Es un conjunto de relaciones simbióticas entre las comunidades penitenciarias, las empresas transnacionales, los grupos mediáticos, los sindicatos de guardias y las agendas legislativas y judiciales. Si bien es cierto que el sentido contemporáneo del castigo se ha creado a través de dichas relaciones, también es cierto que las estrategias abolicionistas más efectivas deberán oponerse a estas relaciones y proponer alternativas que las echen por tierra.

En la actualidad, casi todos los estudios de la prisión se piensan sobre este modelo que acabamos de ver. Sin embargo, este capitalismo del consumo está sufriendo ahora (en pleno siglo XXI) nuevas transformaciones que apenas empiezan a ser descritas por las personas expertas que hablan de un capitalismo del consumo y financiero globalizado y, así mismo, la prisión sigue en constante transformación, o mejor dicho: en constante perfeccionamiento como sistema sofisticado de castigo, disciplinamiento y gestor de masas.

En esta nueva fase de cambio, la globalización desempeña, por supuesto, un rol fundamental en la comprensión de los modelos actuales, y atraviesa muchas dimensiones. Solo por manejar un lenguaje común, acudimos a la descripción que Sayak Valencia hace de este en la página 31 de su libro Capitalismo gore:

[…] la desregulación en todos los ámbitos, acompañada de la debilitación máxima de las mediaciones políticas en beneficio exclusivo de la lógica del mercado. Esto incluye: 1. Mercado laboral desregulador; 2. Desterritorialización (segmentación internacional y descontextualización del ámbito propio de cada país); 3. Decodificación de flujos financieros por la aplicación exacerbada de la política neoliberal; 4. Estrategias aplicadas para que el dinero viaje a la velocidad de la información (maridaje de la economía con la tecnología).

En las prisiones, en el contexto más reciente, el antes mencionado sistema progresivo es comúnmente combinado con lo que se conoce como actuarialismo penitenciario, sobre el que, entre otros, ilustra el libro Cárcel Dispar, coordinado por Josep García-Borés Espí e Iñaki Rivera Beiras. En su obra afirman que con este modelo se introduce en los sistemas progresivos la idea del riesgo y posibilidad que se maneja habitualmente en espacios financieros, a través del análisis de riesgos, como, por ejemplo, hacen las aseguradoras, que por un precio cubren un determinado riesgo: de hurto, de enfermedad, de muerte.

En lo penitenciario, lo importante sería precisamente predecir los riesgos de reincidencia, es decir, valorar la posibilidad de que la persona, cuando salga de prisión, cometa de nuevo delitos. Así se busca evitar que estas personas salgan de prisión.

Todo lo anterior se orienta por el criterio de obtener mayores beneficios económicos con los servicios carcelarios en la medida en la que hay más personas presas. Este sistema norteamericano es el que cada vez se impone más en todo el mundo.

Consideramos que estamos en un momento de transición hacia otro sistema diferente, que todavía no logramos describir en todas sus particularidades, y al cual proponemos dar un nombre más práctico y diciente, que sería el de “capitalismo fidelizador”.

El nombre propuesto se debe a que el consumo ya es el eje de la vida de la mayoría de la personas en el planeta; ahora, lo que debe consolidarse es la fidelidad de la población dentro de ese consumo ya asegurado y global. Hasta la RAE ha introducido recientemente este concepto en el castellano oficial.

Por eso, la prisión, y todo el ámbito del consumo que en ella se encierra, tiende también a la fidelización de la población reclusa desde otra perspectiva que no es muy diferente a la del exterior. La técnica de control punitivo que se propone ahora como novedad y como la mejor, también en sentido “humanista”, es el sistema premial, una nueva manera de hacer que atraviesa todo el proceso penal y también la ejecución de la pena en su conjunto. Un sistema que, como los anteriores, hace encajar a la perfección los efectos sociales del castigo penal (pérdida de valor social) con el criterio que en ese momento rija en la sociedad en general para determinar la identidad de las personas en esa sociedad, que en la actualidad, como se decía, es un consumo y, en el siglo actual, un consumo que está íntimamente unido a las necesidades de popularidad.

La popularidad, en efecto, es un factor esencial en la actualidad, donde el mercado, como explica Erich Fromm en El miedo a la libertad, ha hecho que todo lo que no se pueda vender no tenga ningún valor y, en ese sentido, una persona que “no se puede vender”, que no es popular, es una persona que pierde la autoestima por considerar que no vale nada.

Como explica este autor, en las últimas fases del capitalismo empiezan a integrarse el ser y el tener: se es con su automóvil, con su casa, con su vestido: es como si uno fuera todo eso y no solo la propia persona.

Así, el verdadero ser, un yo debilitado, solo es capaz de sostenerse a través de la popularidad que pueda obtener en el grupo social, y no ya en su interior o autoestima: ser el rey en la casa, ser de tal nacionalidad poderosa, ser seguidor de un equipo deportivo exitoso. Todos estos son factores de apoyo al yo que únicamente contribuyen a compensar la inseguridad y la angustia propia de la pérdida de sentido generada en la creación de identidad del capitalismo de las últimas décadas.

Sin embargo, entender lo anterior es fundamental para comprender el capitalismo actual y, especialmente, los cambios que hoy se están dando y se continuarán consolidando en las prisiones y, desde allí, en las formas de castigo que en todos los ámbitos adopte esta civilización.

Hoy en día, tanto en las prisiones de hombres como en las de mujeres, la fidelización con la institución de la prisión, la aceptación de la condena, es el objetivo primordial, porque así se facilita la propia vigilancia. En consecuencia, el castigo termina centrándose en la represión del espíritu, de la mente, de la libertad de conciencia. Un ejemplo son los llamados módulos de respeto o las unidades terapéuticas (UTE) en el Estado español.

Es conocido que muchas de las personas recluidas no huyen porque los muros sean muy gruesos o porque no haya cómo salir físicamente de allí, sino que no huyen porque no quieren hacerlo, porque se les ha convencido de que lo mejor que pueden hacer es “pagar su pena” buenamente y esperar a que acabe. Un ejemplo de esto son las “prisiones sin rejas” gestionadas por el grupo evangélico (religión que a grandes pasos gana adeptos en Latinoamérica y que tiene actualmente muchos más fieles practicantes que el catolicismo) Prison Fellowship o Confraternidad Carcelaria en Brasil, pero que hoy se extienden por el mundo muy rápidamente y en colaboración con la empresa privada y las autoridades penitenciarias, también en el Estado español.

Como si esto no fuera suficiente, en las prisiones actuales, la desigualdad se incrementa con los modelos premiales del proceso penal, que son aquellos en los que las personas son condenadas no después de un juicio donde se hayan defendido, sino después de haber “negociado” su pena con el Estado, para tratar de recibir castigos más bajos y sin que se tenga que realizar la costosa actividad de la defensa.

Esto sucede porque así está diseñado el sistema procesal penal y se apoya en amenazas de pena muy altas que hacen que las personas investigadas por haber supuestamente cometido un delito prefieran admitir su responsabilidad, sea o no cierta, como si fuera un premio recibir castigos más bajos que aquellos con los que las amenazan (algo similar a la lógica de la inquisición: ante la tortura, era mejor confesar y ser condenado a muerte que seguir sometido a tan crueles tratos).

Hemos de decir que esta característica no solo se agudiza, sino que está directamente fomentada por las acusaciones públicas para evitar los tiempos y los costes de los procedimientos judiciales y los que implica el juicio que se requiere para dictar sentencia. De esta manera, realmente, por indefensión manifiesta, se renuncia a cualquier intento de proporción entre la pena y el delito.

Dentro de la más reciente realidad penitenciaria, el trabajo deja de ser parte central de la vida en encierro. Si en toda la sociedad el empleo ha pasado a ser un bien escaso por el que hay que sentir satisfacción cuando se tiene, también dentro de las cárceles termina siendo un premio para quienes “se porten bien”.

Esta es una realidad para el trabajo remunerado, porque la esclavización sigue siendo una fuente importante de enriquecimiento y aún existe en las prisiones en condiciones de servidumbre, como daremos cuenta a continuación.

Por supuesto, para terminar este apartado, hay que aclarar que lo que se expuso sobre los modelos anteriores es una modelación: una descripción de los rasgos principales para facilitar la comprensión, que en la práctica no se presenta nunca de manera pura ni de igual modo en todo lugar, y que tampoco suele darse por tiempos precisos, sino que se mezclan los modelos en las diferentes realidades y tiempos. Sin embargo, prevalecen ciertas características que nos permiten entender los cambios y las continuidades de la vida en prisión y, especialmente, de la vida en resistencia a la prisión.

3.3.2. El castigo penal en el capitalismo actual

Más allá de las evoluciones sociales que hemos presentado y de las que hablábamos anteriormente, nos interesa ahora abordar en primer lugar algunos aspectos propios de la actualidad económico-penitenciaria que pueden ser necesarios para sentar las primeras bases de nuestra propuesta. En algunas ocasiones, para poder extraer elementos comunes de las realidades del castigo penal en el mundo, tendremos que hacer algunas generalizaciones. Sin embargo, lo hacemos desde la lógica y sin desconocer que en cada Estado coexisten legalidades, entornos y circunstancias diferentes. A la vez, sabemos que la realidad de las prisiones y de la vida en ellas es diferente, y estamos seguras de que son diferentes dentro de un mismo país. Incluso coloquialmente se hace referencia a que cada prisión es un mundo y en ese camino imposible seguimos andando.

3.3.2.1. El lucrativo mundo de las prisiones.
Negocios en el lugar de la prohibición del dinero

En prácticamente todas las prisiones del mundo las personas no pueden utilizar dinero físico. Las autoridades penitenciarias permiten que quienes están presos entre sus muros reciban ciertas sumas desde el exterior para subsistir. Para ello, sus allegados han de ingresar el dinero en cuentas bancarias cuyo titular es la prisión y, bajo ciertas reglas, se permite la disposición de esas sumas por parte de las personas presas.

Sin embargo, esta aparente restricción en la disposición del dinero en el interior de la cárcel no hace que el capitalismo deje de estar presente en las prisiones y muestre allí algunas de sus caras más oscuras, que dividiremos en dos aspectos: los negocios dentro de la prisión y los negocios con la prisión.

Las personas presas no cuentan con medios de ingresos, más allá de lo que sus familiares y amigos quieran y puedan donarles. Es posible que algunas accedan a un trabajo “remunerado” si así lo permite la institución penitenciaria. Sin embargo, este trabajo es muy diferente al trabajo que se realiza fuera de prisión, puesto que su remuneración no constituye salario.

Esto tiene dos implicaciones. La primera es que la remuneración del trabajo no se rige por el salario mínimo legal y, normalmente, la cantidad de dinero que reciben en contraprestación es mucho menor que en el exterior. Ponemos unos ejemplos:

Puede ser que una persona trabaje en una cárcel española haciendo cajas de cartón o cosiendo durante nueve horas al día y por ello gane entre 3 y 4 euros al día.

Nos encontramos en una prisión de Colombia a presas que hacen pulseras “étnicas” y que por 9 horas al día ganan 12 céntimos de euro.

En Colorado, Estados Unidos, en una prisión pública, las personas presas reciben 2 dólares por hora trabajada.

En Estados Unidos, en las prisiones federales, ganan 1,25 dólares por hora trabajada.

Y en los mismos Estados Unidos, en prisiones privadas, puede llegarse a recibir 17 centavos por hora trabajada.

Por su parte, en las prisiones noruegas, donde es obligatorio trabajar, ganan entre 8 y 10 dólares la hora trabajada.

La segunda implicación de que el trabajo en las prisiones no genere salario es que no se derivan derechos tales como cotizaciones sociales que lleven a poder gozar de prestaciones por desempleo, por enfermedad, pensiones de vejez, etc.

Esta realidad es menos grave en países que cuentan con una mínima estructura propia de los estados de bienestar, aquellos en los que todos sus ciudadanos y ciudadanas gozan de los medios básicos de subsistencia brindados por el Estado, aunque cabe recordar que, seguramente, en algunos de estos países, quienes no sean nacionales serán expulsados al salir de prisión.

También hemos de dejar constancia de que dentro de estos conocidos estados de bienestar hay muchos lugares en los que estos medios básicos de subsistencia son insuficientes para una vida digna y que en todos los demás países que no cuentan con estos beneficios, las personas que salen de prisión, sobre todo aquellas que estuvieron detenidas por muchos años y dejan los muros en avanzada edad, no tienen cómo acceder a medios de subsistencia mínimos. Acerca del uso del dinero que las personas presas pueden disponer en prisión hay dos situaciones muy diferentes.

El uso formal o legal. Este existe en casi todas las prisiones y, en algunas, como en la mayoría de las europeas, es el único que existe. Aquí nos encontramos con dos servicios con los que las empresas privadas hacen negocio: la venta de alimentos no nutritivos (chucherías, dulces, café, gaseosas, cigarrillos) y productos y objetos de aseos (tintes de cabello, esmaltes de uñas etc.) o de enseres permitidos por encargo (radios o televisiones). Estos productos siempre son más costosos que en el exterior.

En muchas prisiones latinoamericanas, este comercio se realiza con productos que tienen a punto de expirar su caducidad o con muestras gratuitas cuya venta está prohibida.

También es muy importante el negocio del servicio de telefonía, que se cobra por minutos y se hace con la venta de tarjetas de llamada que suelen tener precios más altos que los del exterior. The New York Times, en su edición del 30 de marzo de 2015, informaba de un ejemplo sobre la realidad del servicio telefónico que han de utilizar las personas que están en una prisión: una llamada de 15 minutos desde dentro de la prisión costaba 12,95 dólares, mientras que una llamada externa de la misma duración se cobraba solo a 60 centavos.

El uso informal. Es el pan de cada día de muchas prisiones, entre ellas, la mayoría de las latinoamericanas, especialmente las que cuentan con menos control interno por parte del Estado. En este ámbito se encuentran las economías menos regladas que se van construyendo desde las necesidades más perentorias que se dan en cada cárcel y que ayudan en parte a suplir las necesidades básicas no satisfechas por la prisión. Estas pequeñas economías se presentan reproduciendo entre los muros las mismas estructuras de clase que hay en el exterior de la prisión.

En este medio atroz, las personas que no cuentan con apoyo económico externo, por abandono o por incapacidad de sus personas allegadas, deben obtener dinero como verdaderamente pueden y de la manera que consideren más oportuna. Es el efectivo necesario para poder comprar útiles de aseo que la prisión no suministra, alimentos para subsistir cuando los que brinda el Estado son insuficientes para no pasar hambre y, en el caso de muchas mujeres, también para sostener a sus hijos que han quedado fuera.

Así, se establecen economías muy variadas en la vida cotidiana: desde la prostitución con clientes dentro de la prisión o fuera de ella, pasando por el lavado de ropa y platos, arreglo personal de cabello, uñas, masajes, confección de tarjetas de regalo, hasta la reventa de alimentos, cigarrillos y tarjetas para los teléfonos públicos del interior. También, por supuesto, tráfico de elementos ilegales, como pastillas psiquiátricas, celulares, espejos, relojes, y claro está, drogas prohibidas.

Sobre este último tráfico, como puede comprenderse, tampoco las prisiones europeas son una excepción. No hay duda de que no está tan extendido como en algunos países de América Latina o África, pero sí son importantes los negocios que se hacen en torno a la venta de droga ilegal.

Hay que reconocer que la droga está presente en la gran mayoría de prisiones del mundo, con muchas variaciones: mayor o menor precio, variedad de sustancias ilícitas, implicación de los funcionarios, problemas de violencia, consumos más o menos seguros, posibilidad o no de programas de rehabilitación, etc.

En relación con los negocios que se desarrollan en torno a la prisión, podemos encontrar diferentes dimensiones. Hay pueblos cuyas enteras economías dependen de la prisión. Todas las personas que viven en ellos trabajan en esta institución instalada en sus jurisdicciones:

Directamente: carceleros, vigilantes de seguridad externa…

Indirectamente: personal de mantenimiento, empresas que realizan el suministro de víveres y enseres, fumigaciones…

En el entorno que genera la prisión con el voy y vengo de la población a sus muros por diferentes circunstancias, un espacio de “turismo”: hoteles, alquiler de chanclas, guardada de bolsos, bares, restaurantes…

Este ejemplo, que resulta muy común especialmente en Estados Unidos, influye también en muchos otros lugares. Así, se dio el caso de que, hace unos años, un gobernador de una región colombiana propuso que las nuevas megaprisiones que el Gobierno tenía ya planeadas en el presupuesto se construyeran en pueblos muy apartados (sin casi vías de acceso) y con economías empobrecidas para impulsar su sostenimiento económico a partir de este particular “turismo” que genera la cárcel.

Angela Davis, en la obra Democracia de la abolición, en la página 90, con el ejemplo estadounidense, afirma:

La explotación del trabajo carcelario por parte de corporaciones privadas es una más de entre las distintas fórmulas de relación que unen a empresas, gobiernos, comunidades carcelarias y medios de comunicación. Estas relaciones constituyen lo que actualmente se denomina el complejo industrial-penitenciario. Este término fue introducido por activistas y académicos como respuesta a la creencia popular que considera el aumento de los índices de criminalidad como la principal causa del incremento de la población carcelaria. Por el contrario, señalaron, la construcción de cárceles y la consiguiente necesidad de llenar estas nuevas estructuras con cuerpos humanos han sido dirigidas por ideologías racistas cuyo objetivo principal ha sido la búsqueda de beneficios.

Y, en las páginas 34 y 35, la autora continúa afirmando:

Pero, tal y como señala Gilmore, las cárceles no han traído ni los puestos de trabajo ni la revitalización económica prometidos. Al mismo tiempo, esta promesa de progreso nos permite comprender por qué la asamblea legislativa y los votantes de California decidieron aprobar la construcción de todas estas prisiones. La gente quería creer que las prisiones no solo reducirían el crimen, sino que crearían empleo y estimularían el desarrollo económico de aquellos lugares remotos. Mientras tanto, las empresas asociadas con la industria penal cosechan beneficios del sistema que gestiona los reclusos, y son parte claramente interesada en el crecimiento continuo de las poblaciones carcelarias. Dicho en términos más sencillos: esta es la época del complejo industrial-penitenciario.

Otros negocios tal vez no tan ostentosos como el anterior, pero muy lucrativos, se encuentran en la utilización de mano de obra, es decir, la utilización de personas presas para la producción, con la supuesta finalidad de reeducar, pero que casualmente resulta muy barata y menos escandalosa que las denunciadas maquilas asiáticas.

Todavía hoy en el Estado español, por poner un ejemplo, algunas pequeñas empresas regionales utilizan mano de obra dentro de las prisiones: Eroski, Codorniu, Sabeco, Telefónica, pero también lo hacen grandes multinacionales como Inditex (Zara, Mango, Stradivarius, Massimo Dutti), El Corte Inglés, Citröen, Merak, Motorola, IBM, Microsoft, AT&T, Dell, Hewlett-Packard (HP), Intel, Pierre Cardin, Revlon, etc. Estas son solo algunas de las muchas compañías que en el mundo se benefician de este trabajo mal pagado y en malas condiciones, con una dudosa justificación social.

Además, otro negocio que hay que tener en cuenta es el depósito de dinero de las personas presas en cuentas de grandes bancos privados. Es claro que asegurarse un depósito constante y siempre creciente de dinero a partir del monopolio de los dineros que se ingresan para la disposición de las personas presas para surtir sus necesidades en el interior de las cárceles representa un beneficio muy importante para cualquier banco. Por supuesto, para acceder a esta fuente de recursos, los vínculos con el poder político son muy importantes.

Por otra parte, tenemos la construcción de prisiones. La planificación y la construcción de los edificios en los que se han de encerrar y vigilar a las personas presas y el equipamiento y la administración de prisiones son un negocio muy lucrativo del que se sirven las grandes empresas dedicadas a estos menesteres.

Estos negocios y adjudicaciones no están exentos de corrupción y también generan hoy grandes ganancias en la bolsa de valores. Piénsese, por ejemplo, la información que en mayo de 2017 traía elEconomista.es, según la cual CoreCivic —hasta hace poco la famosa Corrections Corporation of America— y Geo Group, empresas norteamericanas líderes en la construcción y mantenimiento de cárceles privadas, subieron en más del 100% su valor en la bolsa desde la elección de Trump como presidente de Estados Unidos y esperaban ganar en el año 2018 una suma de 177 millones de dólares la primera y 196 millones de dólares la segunda.

Nils Christie, en su libro La industria del control del delito, ilustra también este fenómeno en Estados Unidos y cualquiera puede verificarlo leyendo la revista estadounidense Corrections Today3 en su sección de anuncios.

Para esta labor de construcción y mantenimiento de las prisiones en España, en el año 1992 se creó un organismo público dependiente del Ministerio de Justicia y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con el nombre de Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios4.

Desde entonces, esta empresa, a veces con la idea de sacar las prisiones del centro de las ciudades, ha sido la encargada de llevar a cabo todo el ciclo de nueva construcción de instalaciones carcelarias y equipamientos penitenciarios hasta la actualidad. Una agenda pensada entonces con gran ambición, que ha dado lugar al mapa actual de ejecución penitenciaria en España. Un diseño enorme de la Secretaría General Penitenciaria que se compone de más de 150 estructuras entre:

Centros penitenciarios ordinarios.

Unidades para madres.

Centros de inserción social (CIS), que se pensaron vinculados a los centros penitenciarios.

Servicios de gestión de penas y medidas alternativas.

Por ejemplo, en 2011, su presupuesto ascendió a 1.183.734.300 €. La previsión fue tan alta seguramente porque se pensó que iba a ser necesaria con el paso del tiempo y en aquellos años, sin conocer las razones, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debían estimar que la población reclusa iba a ir en aumento. Finalmente, ha quedado como muy excesiva. Todavía hoy hay centros penitenciarios y centros de inserción social que no han podido abrir aún, construidos y pagados. Las cifras más escandalosas, sin duda, se encuentran en su construcción, pero también son importantes en la dotación de mobiliario y enseres, partidas en las que se mueven grandes sumas de dinero para preparar el encierro de las personas condenadas.

Estas oportunidades de negocio han alentado a las empresas privadas a incursionar en este mundo desde hace muchos años, activadas y motivadas porque actualmente la privatización de todo lo relacionado con las prisiones, y en algunos países la seguridad y administración, va en aumento.

En España, grandes empresas constructoras que cotizan en bolsa, como Sacyr o Vallehermoso, han sido las grandes beneficiarias de este negocio. Donde es más que visible esta situación de privatización de los regímenes penitenciaros es en Estados Unidos y México, países donde muchas prisiones son absolutamente privadas. No obstante, se encuentran muestras de que también en el resto de países latinoamericanos se avanza a una mayor o menor velocidad hacia la desnacionalización de las prisiones, ya no solo de la construcción y abastecimiento de los centros penitenciarios, sino también de su administración y, más lentamente, posiblemente de la gestión de la seguridad en su interior.

En Europa, desde esa misma estrategia de atender los servicios públicos desde las posibilidades del mercado el camino se está abriendo, parece que definitivamente, a partir de dos experiencias: la privatización de toda la seguridad exterior de todos los centros penitenciarios, como está ocurriendo en España, y la privatización de centros de detención de menores, en la que nos detendremos a continuación.

En España, por ejemplo, son grandes empresas camufladas bajo el nombre de “fundaciones” las que tienen el control de los centros de internamiento de menores. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, con un cierto afán de progresismo, es la que permite esta situación. Esta ley recoge que serán las comunidades autónomas (CC AA) las que, para poder llevar a cabo las medidas educativas previstas en la ley para aquellos y aquellas menores de edad que cometan un delito, deberán disponer de los medios suficientes para su atención. Estas estructuras podrán ser propias o procurarse de forma externa con los correspondientes convenios con otras entidades dedicadas a tal fin.

La realidad ha sido que, desde la aprobación de esta ley, la mayor parte de las CC AA ha puesto en manos de estas entidades la ejecución privada de las medidas de tratamiento que se establecen para las y los adolescentes, especialmente de aquellas de que sirven de internamiento y custodia. Se trata de fundaciones o asociaciones, religiosas o no, como Diagrama, Berriztu, Nuevo Futuro, Samu, Meridianos, etc.

Michael Moore, en su documental Capitalismo: una historia de amor, muestra el caso de una red de corrupción que se tejió entre los jueces Conahan y Ciavarella y la empresa privada PA Child Care (uno de cuyos dueños es Robert Powell), una empresa encargada de la privación de la libertad de menores de edad con condenas por infracciones penales en Wilkes-Barre.

El esquema de corrupción funcionaba de la siguiente manera. Estos jueces impusieron muchas sentencias de privación de libertad a menores de edad para infracciones de pequeña condición que se presentaban en sus tribunales. Conductas intrascendentes como pelear con la mejor amiga en un centro comercial, fumar marihuana en una fiesta, arrojar un pedazo de carne al novio de su madre en una cena o crear un blog burlándose del subdirector de la escuela. Por este tipo de conductas imponían penas privativas de la libertad.

Con casos de este tipo de levedad y penas fueron condenados y condenadas injustamente 6.500 adolescentes en todo el tiempo en el que se extendió la red de condenas y aplicación de las condenas. Por estas injusticias, los jueces recibieron de PA Child Care 2,6 millones de dólares y esta empresa dedicada a la privación de libertad de menores de edad ganó decenas de millones de dólares de dinero público, administrando sus condenas. Estas posibilidades de corrupción que abre la privatización de la privación de la libertad han generado gran cantidad de denuncias por parte de organismos vigías de los derechos humanos.

Ha sido evidente que esto genera peores condiciones de vida y una mayor vulneración de derechos para las personas presas y familiares y amigos. Por un lado, se detecta la gran explotación del empleo de estas personas que, ingresadas en la prisión, trabajan sin tener prácticamente ninguna retribución y se constatan peores condiciones de hacinamiento y alimentación, en la búsqueda de que el sustento y sostenimiento de cada persona presa cueste menos.

Es importante tener en cuenta que normalmente los estados pagan a las empresas privadas que gestionan las prisiones una cierta cantidad de dinero fija por cada persona que tienen presa en las instalaciones que gestionan. A partir de esta remuneración, la ganancia de la empresa que tiene el contrato de asegurar el presidio dependerá del margen que haya entre el coste de mantenimiento de la persona presa y lo que se reciba por su custodia más el beneficio que se obtenga por el trabajo que realice para terceros.

Por supuesto, esta privatización supone la menor posibilidad de control y de vigilancia de las condiciones de vida de las personas presas, al ser un espacio privado y de más difícil acceso. Espacios que incrementan el riesgo de que puedan sufrir tratos degradantes, inhumanos y torturas por parte de los encargados del orden. Como se afirma en www.resumenlatinoamericano.org, en el año 2015, en Estados Unidos las dos empresas más importantes en la administración de prisiones privadas eran:

Corrections Corporation of America (actualmente Core-Civic). Esta compañía posee en Estados Unidos 66 cárceles con capacidad para 91.000 presos y se le estiman unos ingresos con esta actividad de 1.700 millones de dólares, lo que significa, por persona y año, 18.681 dólares. Cuando comenzó a cotizar en bolsa, sus acciones en el mercado de valores llegaron a crecer en un 746%.

Geo Group. Esta compañía posee también en Estados Unidos contratos sobre 65 prisiones. Tiene unos ingresos anuales de 1.600 millones de dólares y de 24 millones de dólares por establecimiento penitenciario.

La industria de los establecimientos penitenciarios en Estados Unidos en lo que hace referencia a la atención médica de las personas presas, la seguridad externa, etc., supone una cifra de negocio de 1,2 billones de dólares al año.

Además de empresas privadas con motivaciones económicas, son muchas las ONG que se lucran en este caso del negocio de la reinserción y reintegración de las personas después de cumplir condena. Se trata de asociaciones que reciben habitualmente fondos públicos o fondos de las obras sociales de grandes bancos como Caixa Bank (en el Estado español), que a través de su fundación financian proyectos de este tipo. También llegan a estas organizaciones de reinserción algunas donaciones de instituciones públicas internacionales.

En realidad, algunas ONG son verdaderas empresas privadas, que tienen megaestructuras para la atención a las personas presas dentro y fuera de prisión. Nos referimos a las que habitualmente se dedican a la prestación de servicios espirituales que la completan con ayudas a la búsqueda de empleo, de capacitación, educación.

Prison Fellowship, la ONG dedicada entre otros programas de reinserción a prestar servicios espirituales dentro de las prisiones, es el ejemplo más claro de esta realidad que presentamos. Esta organización privada actúa en España bajo el nombre de CONCAES (Confraternidad Carcelaria Española), pero tiene filiales en más de 119 países (Confraternidad Carcelaria de Colombia, etc.) y convenios con 10.000 iglesias evangélicas y varios estados5.

3.3.2.2. Delitos de cuello blanco, nuevo orden mundial
y otras particularidades del capitalismo del primer mundo
en el castigo penal

La relación existente entre economía y derecho es evidente. Muchas personas del mundo de las normas y leyes opinan que es necesaria la intervención del derecho penal para establecer límites e intervenir ante los excesos del capitalismo. Se defiende esta injerencia normativa para que, supuestamente, todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios que ofrece este sistema económico.

Efectivamente, en el último tercio del siglo XX, en un contexto político económico concreto de florecimiento de la economía mundial y de la actividad mercantil que se desplegó en el primer mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se extendió en toda la cultura penal occidental la idea de que existía un campo de problemas relacionados con el avance y el desarrollo económico en general, en que el derecho penal debía intervenir para regularizar la actividad y castigar los desmanes que se ocasionaran. Así se creó y desarrolló precisamente el concepto del derecho penal económico.

En la creencia de que las deficiencias del sistema económico podían ser corregidas se comienza a construir un conjunto de normas penales protectoras del orden económico. También en este aspecto, nosotras estamos lejos de la tesis hegemónica y la tesis que sostenemos es justamente la contraria.

El castigo penal en el mundo de la riqueza y el capital es sencillamente una distorsión más del mantenimiento de un modelo económico insostenible y, precisamente, pretender la formalización de un conjunto de normas desde el derecho penal que están encaminadas aparentemente hacia la corrección de algunos de los excesos del sistema no hace más que legitimarlo y, con esa apariencia, pretender mostrarse frente a la colectividad como un modelo civilizado y sostenible, que puede ser corregido cuando en realidad ni lo es ni se puede.

Es decir, el mal funcionamiento y los perjuicios que acarrea el sistema económico capitalista no es una circunstancia accidental que pueda sobrevenir, sino que es una circunstancia esencial para su subsistencia. Ante esta realidad sería imposible eliminar sus efectos negativos con ninguna medida punitiva, ya que estos resultados son inherentes a su desarrollo y son endémicos y absolutamente inevitables.

Poder solucionar tantas distorsiones del sistema pasa por modificar su realidad y existencia de tal modo que dejaría de ser el mismo, sin sus especificidades propias. De este modo, la pretendida intervención del derecho penal en la economía es solamente una manera de darle legitimidad a esta rama del derecho.

El capitalismo en los últimos años ha venido acompañado en los diferentes estados del planeta de políticas retorcidas de claro sesgo neoliberal, ante las cuales no hacen nada para enderezarlo, porque no pueden y porque quienes las emanan no tienen interés en ello.

Ignacio Ramonet, en su libro La crisis del siglo, considera que la globalización neoliberal ataca a las sociedades en tres frentes: el de la economía, el de la ideología y el militar. Loïc Wacquant, en el texto Penalización de la miseria y proyecto político neoliberal, expresa que podemos afirmar que son tres las transformaciones que se han ido construyendo en los últimos tiempos y que caracterizan al sistema capitalista actual más allá de lo puramente económico. La primera, el desdibujamiento del Estado social económico, cuyas consecuencias principales son el desempleo masivo, el empleo precario: desreglado, descalificado, escaso y la desocialización del salario. La segunda, la redacción de un nuevo Estado social al margen del sistema, en clara relación con estas consecuencias. Por último, el refuerzo del Estado penal.

Sin embargo, cuando este autor hace referencia al refuerzo del Estado penal, en realidad alude a un reforzamiento del Estado punitivo que castiga fundamentalmente a las personas que viven en condiciones precarias: inmigrantes, sectores excluidos, etc., a aquellas mismas personas a las que también van dirigidos sólidamente los discursos de tolerancia cero del sistema penal.

Nosotras entendemos que la idea de que en el Estado penal se hayan de incluir los denominados delitos económicos no es correcta. Creemos que ampliando el margen de influencia del castigo penal a este ámbito no se logra más que crear nuevos chivos expiatorios, de la misma forma que se crean con todas las personas que son juzgadas y luego condenadas en un proceso penal de cualquier tipo y delito, y que no se le está dando la vuelta a nada, como algunas personas sostienen.

Insistimos: se crean chivos expiatorios en un sistema que es incapaz de mirarse a sí mismo para solucionar realmente los problemas sociales y económicos que emanan y existen, y que en la realidad son los semilleros de la delincuencia y del sistema de vida en el que subsiste toda la humanidad.

Históricamente, los quebrantos y condenas recogidas en el Código Penal han sido para delitos que tenían en el punto de mira personas con un claro perfil de pobreza. Esta es la realidad explicada esquemáticamente:

Los delitos contra la propiedad y tráfico de drogas, fundamentalmente, todavía a día de hoy, son los delitos por los que más personas están en prisión.

Las cárceles están llenas de personas con dificultades económicas, con problemas de salud mental y otros de integración y marginación estructurales.

Los estándares de exigencia de prueba en un juicio entre estos delitos a los que llaman comunes y los otros, los de cuello blanco, han sido y siguen siendo totalmente diferentes. Es decir, la presunción de inocencia no se cumple en más ocasiones en delitos de los pobres que en delitos de quienes la pueden exigir con las mejores condiciones de defensa.

Todavía hoy las penas de prisión pueden ser mucho más altas para un delito de robo con fuerza (robar escalando una pared o rompiendo un escaparate, por ejemplo), que para un delito societario como el de falsear las cuentas de una sociedad, que genera daños económicos mucho más graves.

Es fácil comprender que para un juez, desde la posición en la que se sitúa su vida, sea más fácil enviar a prisión a una persona con la cual no se identifica que a otra de su misma clase social. 

Por si fuera poco, y sin hacer una especial mención, se siguen poniendo más esfuerzos policiales en contener la protesta social, por ejemplo, que en controlar ciertos flujos de dinero en las alturas entre personas de poder.

Es decir, el agravio comparativo es innegable. Está demostrado en la experiencia diaria que en el recorrido que se hace por el sistema penal y sus procedimientos depende de quién sea la persona acusada, qué haya hecho y qué piensa. En el camino se encuentran realidades diferentes, desigualdades de todo tipo a la hora de encontrarse frente a un posible castigo y posibilidades de defenderse y puestas ya en una condena de prisión: cuánto tiempo se va alargar la condena y en qué condiciones se va a cumplir. Daniel Jiménez Franco lo dice muy claro en su obra Trampas y Tormentos, en la página 15: “La propia dinámica del aparato penal es la que administra el castigo y la impunidad”.

La cuestión es que, realmente, en los casos en que el derecho penal afecta a las clases poderosas y sus formas de cometer delitos, no se generan cambios estructurales y sigue la diferencia de clases en la que se significa la desigualdad.

Lo anterior puede quedar más claro recordando un famoso caso italiano, el caso Tangentopoli: un procedimiento judicial por el que pasaron más de cuatro mil empresarios y representantes de todos los partidos políticos italianos. Este proceso y lo que la sentencia condenatoria produjo, ante la admiración de la población, dejó tras de sí la huella del paso por prisión de importantes personajes de la vida política y social italiana, e incluso algunos de los condenados hicieron denuncias públicas sobre la realidad carcelaria. Algunos se suicidaron. Sin embargo, después de este periodo de persecución y castigo, se puede decir que la corrupción en Italia está todavía en el mismo escenario cotidiano de entonces. Por lo tanto, al parecer, nada han resuelto en la cuestión por la que obraron y condenaron en ese país, pero sí se ha logrado que el control penal y las condenas de prisión estén más consolidadas que entonces, como lo argumenta el ya citado Vincenzo Guagliardo.

Aunque en realidad sean totalmente simbólicas, las dinámicas legitimadoras del show penal al que estamos asistiendo en muchos países, por el hecho de que ciertos personajes antes a salvo de la justicia sean ahora potenciales condenados, pueden traer algunos riesgos que queremos evidenciar aquí.

El primer riesgo es reafirmar la bonanza y necesidad del sistema de justicia penal y de la cárcel, abandonándonos a la idea de que no hay otras alternativas para abordar las anomalías. Decir que no hay alternativa al castigo para limitar el delito, además de no limitar el delito, supone sobre todo una afirmación por la que se termina por aceptar todo un modo de vivir. Lamentarse de cómo es el capitalismo y no querer darnos cuenta de las posibles conexiones entre este y el delito y el castigo es alimentar nuestro modo de concebir la vida y las relaciones humanas.

El segundo riesgo es considerar que el problema de los delitos de cuello blanco se termina juzgando: las grandes estafas, delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública, de corrupción, y condenando gravemente a algunas personas y metiéndolas en prisión. Esto da lugar a que no se adopten medidas de otra índole que serían, sin duda, más efectivas para la prevención de estos delitos y que deberían ir de la mano de un cuestionamiento global de la cultura capitalista y sus consecuencias.

Vincenzo Guagliardo, del mismo modo, en su obra De los delitos y de las penas, sostiene que en las transiciones de regímenes totalitarios a democráticos, los grandes y mediáticos juicios lo que hacen es castigar a algunos protagonistas por vía judicial, para no tener que reflexionar integral y radicalmente, sobre todo, lo sucedido desde una perspectiva económica, política y cultural.

De la misma manera, pensamos que los grandes shows penales en torno a los escándalos de corrupción u otros delitos que afecten a personas con relevancia económica y mediática suponen quedarnos en lo más superficial y frívolo del problema.

El tercer riesgo es que, ante la inminente entrada en prisión de personas para las cuales parecía no estar pensada, hay la tentación irreprimible de que las cárceles sean adaptadas y adecuadas creando aún más desigualdad en prisión. De esta manera, se consolida una perversión que contempla que haya personas presas de primera, segunda y tercera categoría. Esta situación para algunas personas hace todavía más insoportable su estancia dentro de las cárceles y mucho más absurdo el castigo como mecanismo para realizar la justicia igual para todas las personas, cualquiera que sea la visión que se presente.

En todo caso, la justicia en el primer mundo se relaciona profundamente con la existencia del derecho como sistema normativo propio de la división de poderes de los estados nación, con su soberanía y sus formas de funcionamiento basadas en la democracia. Desde esta premisa hemos de entender que del mismo modo en que se puede hablar de la existencia en los diferentes estados de distintos modelos penitenciarios que van surgiendo de la mano de las fases del capitalismo, también el recurso permanente al derecho penal ha tenido una evolución en la consolidación y transformación de las democracias, a su vez condicionadas por los modelos capitalistas.

De hecho, la función que se le viene dando a la jurisdicción penal en el primer mundo no se entiende fuera de un contexto de transformación del modelo del Estado nación que está ocurriendo y que supone un mayor desdibujamiento de la democracia al que se viene sometiendo sus estructuras y, en consecuencia, del estado de bienestar, y que implica la tendencia que nos lleva hacia modelos autoritarios de Estado en todo el mundo.

Esto puede explicarse, en parte, como reacción, no sabemos muy bien si aparente o real, a la pérdida de poder de los estados nación, ante el fenómeno de la globalización económica que en el ámbito específico del derecho les ha quitado una parte importante de su poder con leyes supranacionales.

Para entender esta idea es útil acudir al concepto de soft law, que literalmente traduciríamos como ‘derecho suave’, pero que se refiere justamente a lo contrario, pues ni es derecho ni es suave.

No responde al concepto de “derecho”, porque se trata de normas o indicaciones que no provienen de ningún Parlamento ni de ningún Estado, sino que son generalmente consejos y recomendaciones de asociaciones privadas que involucran grandes multinacionales y personas con poder. Un ejemplo, para las normas sobre el blanqueo de capitales, puede ser el Grupo de Acción Financiera Internacional: GAFI.

No responde al concepto “suave”, porque el incumplimiento de estos mandatos genera gravísimas consecuencias y, además, se aplica con gran efectividad.

Siguiendo el ejemplo del GAFI, sus recomendaciones sirven para determinar cómo deben ser las reglamentaciones de todos los países en cuanto al blanqueo de capitales o lavado de dinero, y también sobre cómo deben actuar todos los bancos al respecto. Efectivamente, todos los países siguen estas indicaciones al pie de la letra, y los legisladores nacionales se someten sin resistencias a sus mandatos. En caso de no seguir las indicaciones que oportunamente se han establecido desde estos grupos de asesoramiento, llega la muerte financiera del país correspondiente.

Los grandes bancos que conforman el GAFI retiran el apoyo a los pequeños bancos y entidades financieras del país.

Los bancos que rechazan las recomendaciones son calificados entonces de alto riesgo y pierden sus posibilidades de existencia.

Se incluye a organizaciones y personas en la lista Clinton y se les impide a partir de ese momento cualquier movimiento financiero a nivel global.

Se inserta al país en la lista de países que no cooperan con el GAFI.

Ninguna entidad bancaria ni ningún Estado estarán dispuestos a padecer estos riegos y estas consecuencias.

En el primer mundo, esta misma dinámica en lo económico se refleja de un modo específico en lo penitenciario. Ya hemos mostrado al inicio de este capítulo cómo esta fase del capitalismo se ha caracterizado por la progresiva creación de las que hemos denominado cárceles de la consciencia, basadas en un sistema premial y de fidelización. En este modelo, el castigo que se genera, aunque se sigue imponiendo fundamentalmente sobre el cuerpo, también se ejerce cada vez más sobre el alma de las personas presas, por las llamadas “prácticas terapéuticas”. Estas prácticas, que se consolidan en el espacio carcelario, sirven para el objetivo fidelizador de la persona penada, que es lo que realmente necesita el sistema tanto al interior de las prisiones como afuera. Así es como se genera una “cárcel dispar”.

De esta manera la denomina el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona, del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, en la medida en que la cárcel entendida de esta forma combina modelos, mecanismos y finalidades, no solo diferentes, sino incluso contradictorios, que terminan confluyendo en la necesidad de poner en duda en términos generales la prisión.

Además, la prisión sigue siendo un regulador del mercado de trabajo, asumiendo los excesos de mano de obra en los momentos de aparente crisis económica inherente al sistema capitalista. De la misma manera que no podemos concebir el Estado sin mercado, no podemos concebir el Estado ni el mercado sin prisión. Daniel Jiménez Franco, nuevamente, en su texto Trampas y tormentos, en la página 21, nos dice:

A un lado, pues, quedan las políticas que producen daño a gran escala. Al otro se encuentran las políticas que dicen combatir el delito. En realidad hablamos del mismo bando en dos frentes que convergen. Cuanto más necesario ha sido forzar la máquina del crimen estatal-corporativo a favor de los acumuladores de riqueza, más preocupación han mostrado los gobiernos por garantizar la seguridad ciudadana, predicar “tolerancia cero” y demostrar “mano dura” contra los alegados “enemigos del orden”. En el centro de esa relación se encuentra la explotación: cuanto mayor ha sido la necesidad de exprimir fuerza de trabajo, más influencia han tenido los discursos punitivos y las prácticas de control y encierro. La cárcel (como institución central del sistema penal) es una pieza clave en el sostenimiento de un maltrecho equilibrio social.

Existen otros espacios de encierro además de la prisión y del manicomio, del que nos ocuparemos más adelante, que cumplen con distintas funciones dentro del sistema.

Este es el caso, por ejemplo, de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), que se ocupan del control de la población migrante que se encuentra en una situación irregular en Europa.

Desde hace algunos años, los vergonzantes campos de refugiados que existen en las fronteras de Europa también se pueden considerar encierros de este tipo, por las condiciones de retención en las que se encuentran las personas migrantes.

En principio, los CIE son lugares de vigilancia donde las personas extranjeras que tienen una orden de expulsión del país son encerradas mientras se las expulsa. Estas personas pueden ser retenidas allí solamente el tiempo mínimo indispensable hasta su expulsión. En España, hasta un máximo de 60 días. Sin embargo, en la práctica, en los CIE terminan encerradas personas que están en proceso de regularización de su situación de inmigración a la espera de que se siga este trámite y, mientras ocurre el proceso permanecerán allí obligatoriamente.

También se encuentra personas a las que se les ha condenado por un delito con una pena de prisión de más de un año, y que se les sustituye por la expulsión del país al suyo propio.

Cuando la pena privativa de libertad es de gran duración, la persona habrá estado gran parte de ese tiempo en la prisión antes de llegar al centro de internamiento.

Las políticas fronterizas que implementan los estados y que son las que enmarcan las vicisitudes por las que han de pasar las personas por estas situaciones de migración también están supeditadas a las normas del mercado. En este sentido, de manera encubierta, según el momento en el que nos hallemos, se asume más o menos población migrante, que será utilizada como mano de obra barata, en atención a las necesidades de los estados o continentes receptores, las relaciones internacionales e incluso las relaciones comerciales con terceros países. El juego de cierre y apertura de las fronteras depende, más de lo que se puede imaginar, de las relaciones comerciales existentes entre los diferentes estados.

Un ejemplo paradójico: en España se están pensando dos nuevos CIE cuando estamos en el momento de menor tasa de personas migrantes de los últimos quince años. Sobre esta cuestión en la que cabe tanta irracionalidad, existe una propuesta en el Congreso de los Diputados del partido político Ciudadanos para privatizar estos centros de internamiento.

El éxito o fracaso de la represión que se pretende con todas estas medidas sobre las personas migrantes probablemente dependan de la necesidad de exclusión y expulsión que necesite el sistema económico en cada momento. En este sentido, algo propio del capitalismo en el primer mundo, en cuanto al castigo penal se refiere, es la gran cantidad de población extranjera que ocupa sus prisiones, no solamente centros de extranjeros, sino especialmente bajo la figura de prisión o detención preventiva con la que se tiene encerrada a una persona mientras espera un juicio penal sin que les preocupe el derecho a la libertad que tienen como personas.

3.3.2.3. El ‘capitalismo gore’ y otras particularidades del capitalismo del tercer mundo en el castigo penal

Tomamos de la autora Sayak Valencia la expresión que postula y explica en el libro de igual nombre: Capitalismo gore. Desde este concepto trasladaremos esta imagen.

El adjetivo “gore” proviene de un género cinematográfico denominado de esta manera. Este género trata de películas en las que se hace uso de la violencia de manera extrema, casi exagerada. Ejemplos de este género pueden ser películas como La noche de los muertos vivientes, Down of the dead y Holocausto caníbal. Por ello, cuando se le pone al capitalismo el calificativo de “gore”, se quiere indicar una serie de prácticas sumamente violentas (extremas y, por decirlo de algún modo, desproporcionadas) que se presentan en el tercer mundo como táctica de “empoderamiento” de algunos sujetos para poder seguir las lógicas del capitalismo y el mandato de la masculinidad marginalizada, en donde el cuerpo termina siendo mercancía en su más literal y crudo sentido (asesinatos por dinero —sicariato o cobros de seguros de vida—, secuestros extorsivos, homicidios para venta de órganos, venta de películas snuff —con violaciones, torturas y homicidios reales—, venta de mujeres para prostituirlas, o violarlas, asesinarlas, grabarlas mientras todo esto ocurre…). Estas tácticas se reproducen en los bajos sociales, donde son una triste pero incluso naturalizada realidad, como pasa, por ejemplo, en México (como lo muestra la autora citada), en Colombia (con independencia del supuestamente superado conflicto armado interno) y en otros países latinoamericanos. De hecho, mientras estamos acabando de escribir este libro, estamos conociendo de la caravana de personas migrantes que huyen de países de Centroamérica.

Así, en el capítulo anterior mostrábamos la manera en la que muchos de los aspectos que se presentan como problemas del sistema económico y que se dicen combatir con el sistema punitivo de los estados son consecuencias inevitables y necesarias del mismo sistema capitalista.

La visión del capitalismo gore explica cómo, en el tercer mundo, esa misma expansión capitalista propia de la globalización tiene como consecuencia una serie de actuaciones complejas que los estados nación catalogan como delito y que sirven para que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas estén de acuerdo con el castigo penal e incluso lo soliciten con insistencia, y esta exigencia popular fuerza a sus estados a que los implementen.

Elevar las condenas penales es la respuesta que siempre da el Estado, y la sociedad de masas, al resultado gore del capitalismo sin ninguna reflexión ni prevención. Estamos de nuevo ante otra contradicción inicial: no se ataca la fuente de los problemas, sino solo algunas de sus consecuencias. Sin embargo, estas personas, chivos expiatorios y agentes del capitalismo gore, van a veces a prisión y quienes vienen de un mundo social regido por este tipo de capitalismo llevan a prisión, cuando van allí, sus lógicas y dinámicas. Así lo muestra Rita Laura Segato en su obra El sistema penal como pedagogía de la irresponsabilidad y el proyecto “habla preso: el derecho humano a la palabra en la cárcel”:

Nada hay en el mundo carcelario, con los errores y excesos de todos sus actores, que no haga parte del mundo de aquí afuera. Pero lo que es tendencia difusa de este lado de la sociedad del otro lado del muro de la prisión se encuentra en estado condensado, cristalizado y compacto, fácilmente objetivable. La cárcel es el medio donde los malos hábitos y deformidades de la sociedad “libre” cobran, simplemente, mayor nitidez.

Lo anterior hace también de las prisiones del tercer mundo espacios sumamente violentos, aunque las violencias siempre están presentes en el mundo de las prisiones, sin importar si se trata de una prisión desordenada y sin casi control estatal, como son las prisiones tradicionales de América Latina, o de una prisión de última generación y máxima pulcritud y humanización del primer mundo europeo o estadounidense.

En las prisiones más modernas del tercer mundo, los fenómenos de violencia son similares a los que se indicaron para las prisiones del primer mundo y suelen provenir más del personal encargado de mantener a estas personas en el encierro, aunque muchas veces distintas fuentes de violencias se mezclan. Pero en aquellas de tipo tradicional, lo “gore” entra en juego. Hay una constante violencia ejercida por “caciques” (o líderes de patios), bien para mantener el orden interno o para garantizar las lógicas de poder relacionadas, las más de las veces con el control del tráfico interno de drogas y de otros elementos oficialmente prohibidos.

Así mismo, en cuanto al fenómeno de los delitos de cuello blanco y el desdibujamiento del Estado nación, es importante tener en cuenta que en el tercer mundo estos fenómenos se presentan, aunque no tengan la misma importancia para el común de las personas, puesto que deben, a la vez, enfrentar otras problemáticas ya “superadas” o “no vivenciadas” por el primer mundo.

Esto hace que muchas veces se diga que en algunos sectores el Estado nación nunca ha existido realmente, y mucho menos el estado de bienestar, y que el tercer mundo vive al mismo tiempo las problemáticas de épocas diferentes sin resolver:

Problemas de infraestructura, educación, etc., que eran más propios del siglo XVIII.

Otros problemas que afectan a la falta de una revolución industrial propia del siglo XIX.

Cuestiones actuales relacionadas con las tecnologías y la globalización en general que son del siglo XX.

3.3.2.4. Mujer y capitalismo: su irrupción en el mundo laboral y su relación con el encierro femenino

Para terminar este capítulo sobre la relación entre el castigo penal y el capitalismo, es imprescindible que retomemos ciertas cuestiones nucleares que ya habíamos mencionado anteriormente en el capítulo en que tratamos el patriarcado.

Como hemos advertido, las divisiones que mantenemos las hemos elaborado solamente para poder entender mejor una problemática que se revela unitaria y así poder observarla con los diferentes matices que se presenta.

Y es que, como no puede ser de otro modo en una sociedad patriarcal, el capitalismo, así como el castigo penal, y en particular la prisión, tienen diferentes efectos en las personas que nacen como mujeres. Debemos tener en cuenta la circunstancia de que las mujeres se enfrentan a la vida desde la posición de subalternidad que impone el patriarcado a todas ellas.

Hemos de dejar constancia de que la historia de los feminismos ha estado plagada de algunas falsas conquistas logradas por las mujeres a lo largo del tiempo.

Alexandra David Neel, en Las enseñanzas secretas de los budhistas tibetanos, explica algunos aspectos del budismo que para el tema son muy importantes. Entre sus palabras nos cuenta que esta religión tiene un concepto muy interesante que podría aplicarse a muchas de las manifestaciones que rodean el castigo y su justificación. Es la expresión samskara, un sustantivo que define a ese conjunto de construcciones mentales, al margen de cualquier realidad, que se soportan sobre la ignorancia e informaciones falsas y que generan conceptos falsos. Uno de estos samskara muy extendidos en estos tiempos podríamos decir que es la igualdad vinculada al acceso al mercado laboral de la mujer. A esta realidad es a la que nos queremos referir.

Desde que a las mujeres se nos ha “permitido” ganar un salario por algunos de los trabajos que desempeñamos en el orden productivo del sistema, cuando el patriarcado nos ha incluido como sujetos activos de la locura capitalista con nuestros derechos laborales, la falsa idea de la igualdad se ha extendido hasta parecer una realidad absolutamente verdadera.

Evidentemente, no se puede negar que la posibilidad de que las mujeres del mundo tengan una mínima independencia económica nos ha permitido una liberación en distintos ámbitos de nuestra vida, y si esta realidad no puede ser negada, tampoco puede quedar en estos momentos al margen de nuestra reflexión. Así, queremos resaltar en estas páginas que el acceso de las mujeres a ese mercado de trabajo tiene algunas contradicciones. El acceso no es igualitario y se dan las siguientes circunstancias:

Las mujeres seguimos ganando menos que los hombres.

Las mujeres accedemos a puestos de menor reconocimiento.

Las mujeres pagamos un precio más alto por ese acceso.

No se reconocen los otros tantos trabajos que seguimos desempeñado y por los cuales no se nos paga.

Los efectos de que las mujeres también entremos en las lógicas capitalistas van en detrimento de crear modelos de existencia y convivencia que respondan a esquemas y lógicas distintas a las patriarcales. Los anteriores modelos habían sido posibles en cierto modo gracias a la exclusión de las mujeres del mercado de trabajo.

Todavía en esta posición de trabajadora, de alguna forma, el sistema había preservado para las mujeres algunas prácticas que habían quedado desvinculadas del capitalismo: los lazos de solidaridad, la propiedad comunitaria, formas de medicina tradicional, formas de educación y cuidados informales, etc.

Las mujeres se ven doblemente perjudicadas al introducirse en un sistema creado por y para los hombres, pues sufren las explotaciones laborales que ellos no han logrado superar, más todas aquellas propias de las mujeres. Por un lado, siguen siendo las encargadas de los cuidados del hogar y, por lo tanto, en esta nueva situación, son sostenedoras de dos trabajos: uno asalariado y otro que no tiene salario y que en la realidad cotidiana parece indelegable. Por otro, soportan el alto coste que deben pagar en muchas ocasiones al participar en un sistema tan incompatible con la vida, dado que el mismo sistema absorbe la vida, y en el que juegan en desventaja frente a los hombres.

María Antonia García de León nos hace una excelente introversión en su obra Cabeza moderna-corazón patriarcal. En la página 22 reflexiona acerca de cómo

[…] para los hombres en general es poco costoso mantener una vida moderna y corazón patriarcal. Es decir, vivir en la esfera pública modernamente, y vivir de puertas adentro con lo que Stuart Mill llamó “el gran anacronismo” de una sociedad igualitaria: la servidumbre femenina. […] Oportunamente a todo lo anterior, el acoplamiento a dicha esquizofrenia social por parte de las mujeres es mucho más costoso, por su condición de dominadas. Las mujeres juegan con desventaja. Algunos ejemplos, ejecutivas modernas acostumbradas a una “praxis” sumamente racional en el mundo profesional, exhiben comportamientos antiguos, tradicionales, patriarcales en la esfera de sus relaciones personales y/o sentimentales.

La dinámica conservadora de la familia y la locura de asumir el ritmo del capitalismo patriarcal, sin soltar los cuidados y la servidumbre a nuestro entorno, da lugar a que las mujeres nos quedemos sin tiempo para repensarnos a nosotras mismas, para ser actoras políticas más directas, en definitiva, para compartir entre nosotras y, en consecuencia, combatir directamente las opresiones.

Del mismo modo en que cuando las mujeres participan directamente de una de las facetas del capitalismo, el trabajo remunerado (porque indirectamente ya lo hacen manteniendo la mano de obra humana: a sus esposos, parejas e hijos) sufren una serie de efectos que se acaban de mencionar, cuando las mujeres entran en prisión, como se ha dicho, sufren doblemente de este otro sistema, también patriarcal, con respecto a los hombres. Algunas facetas ya se han mencionado en anteriores epígrafes, otras las mencionaremos ahora.

Esta semejanza la vamos a ver en detalle a continuación. Sin embargo, es relativamente común que cuando se dice que el poder punitivo es patriarcal, se responda que los principales afectados por la estructura penal son los hombres, que son los que más condenas y presidios sufren, y no las mujeres, y que, por tanto, a las mujeres en poco nos afecta esta condición.

Un vistazo a las cifras que manejamos de las personas presas nos lleva a concluir que, efectivamente, hay más hombres presos que mujeres, pero esto tiene varias explicaciones. En todo caso, parece que esta desproporción terminará pronto y, además, no tiene una significancia trascendental para lo que aquí queremos mostrar.

Las mujeres tenían y tienen sus propias instituciones de encierro: la familia, el matrimonio y los manicomios. Además, tenían y tienen sus propios mecanismos “preventivos”, que pueden reemplazar la comisión de delitos patrimoniales a los que lleva la necesidad de la marginalización. Uno de estos es el recurso a la prostitución en los países en los que esto no es ilegal o está fuertemente reprimido y que sirve de fuente de ingreso de supervivencia. Pero, una vez que las mujeres entran en el circuito penal, podemos constatar que por parte de la sociedad hay una mayor estigmatización para ellas, un detrimento de la solidaridad y, como ya hemos mencionado, el encierro tiene más consecuencias negativas para ellas que las muchas secuelas que tiene para los hombres.

En palabras de Dolores Juliano, en Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino, página 200: “Si la cárcel es negativa para todos, es especialmente lesiva para los derechos mínimos de las mujeres, al no respetar ni tener en cuenta sus características”.

En los últimos años, los estudios sobre la situación de las mujeres en prisión han crecido de forma importante y en todos ellos se constata la situación de vulneración sistemática de los derechos de esas mujeres y cómo el mecanismo de castigo no hace más que consolidar los roles de género penando doblemente a las mujeres presas.

Si añadimos por otro lado que son mujeres la gran mayoría de las personas que apoyan económica y anímicamente a los hombres y mujeres presas, mientras duran las penas, con los costes que esto implica, existen argumentos de sobra que responden a la afirmación poco rigurosa de la escasa importancia que tiene el mecanismo de la prisión para y contra las mujeres, por el hecho de que las cárceles afectan en menor número a las mujeres que a los hombres en el conjunto de la aplicación del sistema penal.

3.3.3. Recapitulación

Hemos abordado la incidencia del capitalismo dejando muchos temas al margen para no dispersar el centro de la cuestión. Pero creemos que esta influencia ha quedado mostrada de manera suficiente para que su vínculo sea comprendido en toda su extensión y sirva también para que quede constancia de la necesidad de su abolición, dentro del abolicionismo de la cultura del castigo.

Se trata, por ello, de vislumbrar un abolicionismo integral, que abarque, al menos, en toda su dimensión la prisión y el castigo, el capitalismo y el patriarcado. En esta extensión de objetivos, la desaparición de la prisión marcaría una liberación fundamental, simbólica y material a partir de ese momento histórico.

Si uno de los pilares del patriarcado y del capitalismo es la dominación a través de distintas lógicas, una de ellas es la lógica del castigo para garantizar el sometimiento. La desaparición al menos de la prisión abriría las puertas al cuestionamiento de las relaciones del poder existentes en toda la sociedad. A la vez, es imposible que las instituciones penales y penitenciarias desaparezcan si no se ponen en duda el patriarcado y el capitalismo.

Capítulo 4

LA NECESIDAD DE UN CAMBIO CIVILIZATORIO

Lo que tratamos de decir en estas páginas y que proponemos como la mejor fórmula para eliminar la prisión y las otras formas de castigo que están implantadas en la sociedad es que es necesario un cambio de toda la cultura hegemónica actual en Occidente.

Hablamos, por ello, de un cambio civilizatorio en la medida en que es necesario repensar y construir de nuevo en las entrañas sociales muchos de los patrones culturales existentes sin que contengan en su filosofía la incidencia de la cultura del castigo. Esto significa detenernos en los valores con que queremos construir sociedad y de desmontar la cultura existente, una cultura discriminatoria y violenta. Una destrucción que se tendrá que hacer “desde abajo” y, por eso, las posibilidades de un cambio inmediato son enormes.

Hasta el momento, solo hemos hecho referencia a la prisión en términos simbólicos y materiales, como la forma principal del castigo occidental y su relación con los sistemas de dominación: patriarcado-capitalismo. Pero no es la única expresión cultural de la violencia y de la punición presente en nuestras sociedades, porque las lógicas de castigo son complejas, variadas y además mutan y se relacionan con otras como las del disciplinamiento y otra variedad de controles.

De manera menos profunda, pero que será suficiente para que quien lea este texto pueda entender la dimensión de las distintas formas de sanción y control social en nuestra sociedad y comprenda la necesidad urgente de abandonar los dispositivos de castigo en todos los ámbitos, no solo en el penal-penitenciario, abordaremos el enraizamiento que la cultura del castigo presenta en otras instituciones tradicionales, en concreto en el manicomio, la escuela y la familia, todos nacidos en patriarcado y en distintas fases del capitalismo.

4.1. Un pariente cercano de la prisión:
el manicomio

4.1.1. ¿Existen hoy los manicomios?

La cárcel y el tradicional manicomio son instituciones muy similares. Dominique Esquirol, psiquiatra francés que ejerció en las primeras décadas del siglo XIX, aseguraba que si en la cárcel se encierra el delito, el manicomio es el lugar donde se aloja la manía. Los comportamientos considerados socialmente como raros tienen un lugar donde se recogen y esconden.

Erving Goffman, por ejemplo, en Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, denominó a las cárceles y a los manicomios instituciones totales, en el sentido del control que realizan sobre la totalidad de la vida de las personas que viven internadas en ellas, que no deja espacio para la trasgresión o la creatividad personal.

Se puede afirmar sin dudas que hoy siguen existiendo los manicomios. No tal y como se pensaron hace varios siglos, pero siguen existiendo distintas estructuras para tratar, contener e incluso abandonar a las personas con problemas de sufrimiento mental. Una de esas formas son los lugares de encierro en los que, como consecuencia de una sentencia judicial penal, se impone la medida de internamiento entre sus paredes. También existen otros lugares donde durante espacios más o menos breves de tiempo pueden ser alojadas las personas con enfermedad mental. Uno de estos lugares son los hospitales psiquiátricos o las unidades psiquiátricas de los distintos hospitales donde con normalidad y muchas veces de manera voluntaria se mantienen a personas en un encierro para su curación como parte del tratamiento terapéutico por sufrir un padecimiento mental sin haber cometido ningún delito. También hay otros lugares diferentes que albergan a personas que no tienen una enfermedad mental y que no han cometido un delito, pero de las que su entorno familiar no se puede hacer cargo, bien porque no tienen recursos o porque no tienen esa capacidad. Estas dos últimas modalidades son el resultado de las distintas reformas psiquiátricas que se han dado prácticamente en toda Europa, donde se ha optado por un modelo de salud comunitaria que, con distintos eufemismos, en realidad, mantiene abiertos los llamados manicomios, con diversas formas y con una técnica de intervención parcialmente distinta. Somos conscientes, no obstante, de que en la actualidad se prescinde premeditadamente de este término para hacer referencia a estos lugares, para tratar de eludir así la fuerte crítica impulsada por la antipsiquiatría en los años setenta del pasado siglo XX.

4.1.2. La relación entre la cárcel y el manicomio

Estas dos instituciones de sometimiento y encierro de personas son símbolos de las dicotomías de tipo occidental en un marco de “modelos punitivos resocializadores”, esto es, mecanismos de castigo que dicen tratar de devolver a la persona a la sociedad en condiciones consideradas más adecuadas a las que entró, conforme a las normas sociales.

Se supone que la mayor diferencia existente en nuestros días entre estas dos instituciones es la causa de su aplicación: la cárcel que es para los y las delincuentes y el manicomio es para los locos y, sobre todo, para las locas. Además, nos encontramos con que las razones que justifican la existencia de la prisión y del manicomio son muchas veces compartidas, tanto en sus más logradas argumentaciones como en las respectivas críticas.

La necesidad creada desde el derecho penal y que hemos articulado y reglamentado de encerrar a las personas como el mecanismo de contención de quienes creemos que son peligrosas para la sociedad y en respuesta de lo que ha hecho en un caso que consideramos de delito es muy similar a lo que podría llegar a hacer en caso de enfermedad.

La negación de la posibilidad de autodeterminación de las personas más allá de ciertos límites establecidos por la sociedad por medio del derecho penal.

La diferente respuesta punitiva de la sociedad existente para determinadas conductas, sean delito o enfermedad.

Justamente cuando se indaga en la prisión y el manicomio, encontramos en cada uno de sus ángulos la ideología de la cultura del castigo y de la imposición. Michel Foucault, especialmente cuando leemos sus obras Enfermedad mental y personalidad, Vigilar y castigar, Historia de la locura en la época clásica o Los anormales y el poder psiquiátrico, hace venir a la mente cómo en todo permanece la ideología del castigo, al relacionar el sistema penal y la “enfermedad mental”, lo que este autor popularizó al realizar la genealogía de estas dos instituciones.

También otro autor, Emiliano Galende, en su texto Desmanicomialización institucional y subjetiva, reflexiona sobre la estrecha relación existente entre estas dos instituciones y afirma que la cárcel y el manicomio nacen al mismo tiempo o en el mismo periodo histórico con los criterios y objetivos similares de castigo, escarmiento y disciplinamiento. También asegura que ambas realidades surgen ante la sociedad con el fuerte contenido moral que supone la idea de la corrección de quien obra mal.

Además, ilustra cómo la población que puebla ambos mundos, cárcel y manicomio, está siempre en intercambio. En este sentido, el autor, en esta obra, trae un ejemplo estadounidense en donde se evidencia cómo cuando la población manicomial disminuye, la población carcelaria aumenta y viceversa.

Franco Basaglia, un conocido psiquiatra italiano que luchó por el abandono del uso del encierro en esta rama de la medicina y que se enmarca dentro de la que se denominó antipsiquiatría, en una entrevista en la que le preguntaban en concreto sobre la relación entre la cárcel y el manicomio6, contestaba lo siguiente: “La civilización ha avanzado muy poco en hallar soluciones a la ‘desviación enferma’ (para el espíritu enfermo) y a la ‘desviación sana’ (para el descarriado moral), pues la ciencia la única respuesta que da en ambos casos es la reclusión: en el manicomio, en la cárcel o en el manicomio criminal cuando ambas condiciones se unen”. Y añadía el psiquiatra:

A lo largo de los siglos, locos, criminales, prostitutas, alcoholizados, ladrones y extravagantes de todo tipo han convivido en el mismo lugar donde las distintas facetas de su anormalidad resultaban niveladas por un elemento en común —el salirse de la norma y de sus cánones— debido a la necesidad de aislar al anormal del contexto social […]. A pesar de la separación científica de las dos entidades abstractas —criminalidad y enfermedad—, cada cual con su típica institución, prácticamente queda inalterada la estrecha relación de la una con la otra en cuanto al orden público, lo cual determina que las funciones de ambas instituciones respecto a la defensa y la tutela de ese orden permanezcan inalteradas. Además, a pesar del reconocimiento abstracto de esta nueva dignidad, ni el criminal que tiene que expiar la ofensa hecha a la sociedad ni el loco que debe pagar por su comportamiento incorrecto e impropio han tenido nunca dignidad de hombres y las instituciones que han sido construidas para ellos —para su reeducación y redención, por una parte, y para su cura y rehabilitación, por otra— no han visto modificar ni su función ni su naturaleza continuando en su evolución sobre vías paralelas.

En esta obra se comparte la idea de Franco y Franca Basaglia, expuesta en Los crímenes de la paz, quienes sostienen la existencia de la “locura” o el sufrimiento mental, sin por ello mermar la crítica a su “tratamiento” y utilización inadecuada.

Los siguientes apartados los dedicaremos precisamente a preguntarnos si existe la “locura” y qué distintas formas de intervenir en ella se pueden plantear desde posiciones relacionadas con la antipsiquiatría o psiquiatría alternativa.

4.1.3. La relación entre la crítica al concepto de delito y al concepto de locura

Desde hace ya varios decenios, el abolicionismo insiste en que el “delito” no existe en un sentido natural, como muchas veces es presentado, sino que solamente existen conductas que valoramos de una forma u otra por el derecho penal.

Así se ha querido mostrar anteriormente; el delito no existe como fenómeno ontológico. Lo que ahora nos queremos preguntar es lo siguiente: ¿también se podrá decir que la “locura” no existe?

En la vida cotidiana, el abolicionismo se aleja de la indicación de la “locura” para hablar de un mal existente o causado por una persona, en este caso, un mal que no se ha decidido desde la voluntad personal, sino que se sufre como una enfermedad. Una de las conclusiones que se derivan de lo que hemos expuesto anteriormente es que si “delito” y “locura” en la práctica son intercambiables e intercambiados, tendremos que pensar necesariamente que uno o ambos conceptos carecen de un criterio objetivo de identificación y que, por tanto, los tenemos que cuestionar y, en todo caso, clarificar.

Es decir, desde el abolicionismo, la criminología y, desde hace un tiempo, especialmente, la criminología crítica, se ha puesto en evidencia que el “delito” es una categoría que encierra una valoración política y que no obedece a ningún criterio ontológico. ¿Podrá decirse lo mismo de la “locura”? Creemos que de manera absoluta, no. Pero en modo parcial, sí.

Esto es, que mucho de lo que es denominado como “locura” recibe tal calificación por una decisión ideológica previa, mientras que la “verdadera locura”, entendida en términos de una diferencia de tipo biológico o psicofísico que afecta el estado mental de una persona, se presenta expuesta así solo en algunos de los casos que las denominadas neurociencias están queriendo estudiar. Sin embargo, también estos estudios refieren enormes críticas desde la comunidad científica porque se insiste en que, en verdad, nadie puede contestar de manera definitiva a la pregunta “¿qué es la locura?”. Estos males serían en su caso los de fuertes esquizofrenias, fases psicóticas, psicopatías, trastornos bipolares agudos, etc. Pero, además, así como el delito es un hecho social y debe ser politizado y cuestionado, lo mismo sucede con la locura.

Un ejemplo de lo “ideológicas” que son las enfermedades mentales a partir de su clasificación en el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), es que hasta el año 1973 la homosexualidad estuvo clasificada por la APA (American Psychiatric Association) como “enfermedad mental”.

Ricardo de la Espriella Guerrero, en la obra Homosexualidad y psiquiatría, en la página 719, advierte en concreto cómo el discurso psiquiátrico se manifestó en el diagnóstico de la homosexualidad. En este sentido, se buscaron características físicas, de comportamiento o de pensamiento en contraposición a la “heterosexualidad obligatoria”; en definitiva, se patologizó.

Este es solo uno de los muchos ejemplos existentes en el tiempo y que afortunadamente ya ha sido excluido del DSM-IV; sin embargo, opciones de vida como el travestismo aún se clasifican como trastornos mentales en el DSM-V.

El sufrimiento mental que tiene que ver casi siempre con mil circunstancias sociales a las que asistimos, y no con fenómenos biológicos o naturales, hace que, de nuevo, nos encontremos en el análisis de ambos fenómenos como puntos de encuentro en su causalidad. Emiliano Galende, en su texto Desmanicomialización institucional y subjetiva, en la página 406, nos obliga acudir de nuevo a sus exposiciones en este sentido:

¿Qué quiero decir con esto? Que la psiquiatría nunca fue más allá de la nosografía, si hay psiquiatras entre ustedes deberán darse cuenta de que toda la clínica psiquiátrica desde Kraepelin en adelante —separemos la psicopatología fenomenológica que empieza a fundar criterios diferentes en el siglo XX— no es más que la exploración y descripción clínica, una semiología que define los síntomas y la construcción de categorías como entidades al modo del modelo médico. Son nosografías que definen cuadros […]. Cuando se construye este imaginario social, estos valores propios de la psiquiatría se van constituyendo también en los modos espontáneos en que las personas piensan sus malestares psíquicos; y entonces la idea de peligrosidad —que la crea la psiquiatría y el derecho penal— se impone también, el loco no era un sujeto peligroso un siglo atrás, se convierte en peligroso por la aparición —justamente— de esta ecuación que se construye entre locura y encierro: “está loco de atar” o “está loco para encerrar”, aparece ese valor psiquiátrico del encierro y la atadura como forma de contención de este sujeto convertido ahora en peligroso.

No son pocos los trabajos que hacen esta crítica a la ciencia de la psiquiatría y a la falta de demostración terminante de que las enfermedades mentales sean fenómenos naturales en todos los casos y que no sean producidos por el entorno en el que se vive. Más bien al contrario, parece que la construcción de la locura históricamente ha sido fruto de procesos sociales en los que se ha desarrollado la persona, del etiquetamiento de comportamientos diferentes o arrogantes que de alguna manera contravenían algunos comportamientos o de conductas dispares con las normas sociales del momento.

Por tanto, no parece exagerado concluir que así como el “delito” no es un fenómeno ontológico y, en consecuencia, el derecho penal es fruto de su tiempo y de sus circunstancias y evoluciona con su paso y a la par de los acontecimientos, tampoco lo es la locura. Además, si nos detenemos en el análisis de la relación entre el “delito” y la “locura”, interesa mostrar que ambas concepciones creadas artificialmente solo son concebibles en la lógica propia de la cultura del castigo que impregna el mundo en el que vivimos. Dentro de esa inercia propia nada se puede hacer ni puede quedar fuera de la lógica dicotómica de pensamiento del tipo occidental, que es donde tienen lugar las concepciones a veces mutantes del “bien” versus el “mal” social y de la “enfermedad” versus “la sanidad” de la mente, a la que ya hemos dedicado un espacio en estas páginas.

Y es que el concepto que se tiene del “mal” perturba de tal manera la idea que se tiene de qué es la “humanidad” que resulta casi imposible conciliarla con la monstruosidad que se refleja en la comisión, por ejemplo, de un crimen atroz. Por ello, normalmente, las mayores manifestaciones del mal son vistas a la vez como locuras, y viceversa.

Precisamente esta contradicción de las realidades expresadas entre lo bueno y lo malo hace que aparezca el miedo, que es uno de los “argumentos” más fuertes que tienen los antiabolicionistas. El miedo personal se generaliza desde la infancia con una apelación constante a la aprensión y se utiliza en las entrañas de la sociedad para sostener la imposibilidad de la desaparición del castigo y, en concreto, de la prisión.

Se ha nombrado también antes que el miedo que generan los “actos monstruosos” es trasladado al sujeto que los realiza, “el monstruo” y, por existencia de este monstruo, a veces real, pero la mayoría de las veces mitológica, se explica que aún existan los sistemas punitivos.

Quizá desde una perspectiva racional no tenga mucho sentido la pregunta que hacemos sobre la existencia o no de la locura, porque, en realidad, es difícil demostrar su existencia. Si algo existe y sabemos de su existencia y de su presencia, existe. Pero si, en realidad, a través de la lente con la que lo miramos esa presencia se nos representa como un agujero negro y, por tanto, no lo vemos, en cierto modo es porque no existe. Como consecuencia de esta reflexión, creemos que si hay algo que no podemos ni sabemos ver, tampoco sabremos explicarlo desde la razón. El propio Emiliano Galende, en Desmanicomialización institucional y subjetiva, expresa categóricamente que:

No sé qué grado de consenso tiene lo que voy a decir, pero en verdad yo creo que sabemos muy poco —por no decir casi nada— de por qué una persona se vuelve loca, de por qué una persona hace una psicosis, de por qué una persona hace un trastorno afectivo tan severo como una depresión mayor. Sabemos poco de por qué una persona toma el camino de la adicción, o por qué otras personas toman el camino de un trastorno obsesivo. Nos hemos dispuesto a describirlos, lo que hemos aprendido por la nosografía es a describirlos y a clasificarlos, pero todavía sabemos muy poco de las razones humanas por las cuales las personas son llevadas a este tipo de comportamientos y de formas particulares de pensamiento.

La necesidad de una huida de la razón, por lo demás, ha sido teorizada desde diferentes corrientes del pensamiento filosófico. María Zambrano nos recuerda en la tesis de su texto sobre la filosofía poética, Delirio y destino, por ejemplo, los diferentes debates en cuanto a la naturaleza o no de ciencia de las disciplinas humanistas. Respondida la pregunta de “¿qué es locura?”, cuya respuesta es “nadie lo sabe porque es una construcción social”, la idea sería más bien preguntarse: “¿Cómo acompañar el dolor humano?”.

4.1.4. Abolicionismo de la prisión y psiquiatría alternativa

Hemos visto que “delito” y “locura” se mezclan, intercambian y reemplazan a lo largo de los años. También hemos comprobado cómo entre los dos conceptos existen algunas semejanzas: ambos conceptos se intentan representar como realidades naturales y, en consecuencia, desde lo enigmático, su abordaje y respuesta social para las dos circunstancias posibles son la cárcel y el manicomio.

Así, cuando la cárcel no ha logrado, y no logra, contener a las personas señaladas, cuando sus brazos no alcanzan amarrarlas, es el manicomio quien llega a brindar su ciego apoyo al sistema. Ambas figuras de la modernidad y posmodernidad de represión y retención, detrás de elaboradas teorías del tratamiento, acuden al encierro de las personas.

Hemos de reconocer que el encierro que corresponde a las personas consideradas “enfermas mentales” socialmente es una permanente afectación a la dignidad humana cuya conculcación permanece socialmente oculta, sin alterar la situación de paz que supuestamente se trata de conservar así. Cuando igualmente hemos tratado de exponer las dificultades de racionalizar algunos determinados fenómenos existentes en lo más profundo de la sociedad, hemos evidenciado cómo la pregunta por la existencia o no de la locura desde la razón, después de todo, es poco importante.

De esta manera, y sin poner etiquetas, mirando al “delito” de la forma expuesta más arriba, es decir, como algo que no existe como tal, sino que es un calificativo que se asigna a situaciones conflictivas, hechos o incluso personalidades concretas, vemos que el fenómeno de lo “delictivo” tendrá la posibilidad de recibir abordajes y alternativas personales y respuestas sociales diferentes a las tradicionales y que además pueden ser perfectamente razonables y legítimas.

De igual forma, mirando a la “enfermedad mental” como algo natural y no enigmático de aquello que sucede en las sociedades, lo lógico sería que se permitieran procesos diferentes en la persona, que se basaran en su propia vivencia y, sobre todo, que se pudieran habilitar otras soluciones distintas. Sería más acertado que, en lugar de acabar con lo más íntimo y personal de la persona, se permitiera que en cada circunstancia se desarrollara de manera autónoma y libre, esto es, conforme a su dignidad humana.

Es ahí donde la mirada abolicionista se hace una sola para contemplar el conjunto con la observación de ambos fenómenos, delito y enfermedad, y reincidiendo, en consecuencia, en el rechazo a la respuesta social que se da en uno y otro caso: criminalización y cárcel para el delito y psicopatologización y a veces el manicomio para la locura.

Además, así como hemos afirmado que el sistema de justicia que tenemos y, más en concreto, la prisión como su principal representación son parte y reflejo del sistema social-económico en el que vivimos, resulta que lo mismo sucede con la intervención psiquiátrica. Ortiz y Huertas, coordinadores del reciente libro Críticas y alternativas en psiquiatría publicado por esta misma editorial, lo dicen muy claramente en la página 11:

En la actualidad, estas críticas externas al modelo hegemónico en la atención en salud mental forman parte también de movimientos transversales como el feminismo, los discursos de clase, raza o postcoloniales, por ejemplo. Todos ellos cuestionan el planteamiento de fondo de nuestra sociedad neoliberal y heteropatriarcal en donde la atención psiquiátrica es una pieza más del engranaje que favorece la despolitización de los conflictos y los lleva al terreno de lo técnico y de lo personal.

Con todo lo que hemos planteado y contradicho hasta este momento, proponemos aquí y ahora que la mirada sobre los fenómenos del delito y la locura se pose en la sociedad, en su cultura hegemónica y en las relaciones que día a día todos y todas ponemos en nuestros actos. También expresamos la necesidad imperiosa de indagar en cómo nosotras vemos a las otras personas y en cómo nos vemos a nosotras mismas.

A partir de esta conclusión y en el sentido que propone Franco Basaglia en páginas anteriores, pero también otros muchos como Emiliano Galende en Desmanicomialización institucional y subjetiva, Foucault, Thomas Szasz…, hemos querido poner el acento en el abordaje de este fenómeno desde la mirada abolicionista en la que estos conceptos pierden su sentido, puesto que ambos solamente son utilizados para justificar el castigo, el disciplinamiento o la segregación.

Para ello, es de vital importancia la cuestión de la abolición de los manicomios, abandonar el poder de diagnosticar la locura, lo que requiere abandonar la costumbre y el acto de juzgar también a las personas con sufrimiento mental. Este camino implica huir de la lógica binaria que nos atrapa entre lo bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo, e implica dar más poder a la persona que sufre, más apoyo a las familias y personas cercanas y menos al psiquiatra.

En esta senda hacia la superación de la locura punitiva y del encierro es necesario entender que, en realidad, no hay nada bueno o malo, todo tiene ambas cualidades a la vez en mayor o menor proporción, así como en el fondo todo está a la vez sano y enfermo. Como Ortiz y Huertas (coords.) proponen en la página 134 de Críticas y alternativas en psiquiatría:

El desafío estaría en la negoción y la coconstrucción de relatos, no en la búsqueda y descubrimiento de una “causa” o una “verdad” oculta para el paciente. El saber de la profesional tendría que ver entonces con otros registros, con ser una artista de la conversación, una arquitecta del diálogo que con sus preguntas fomenta la explicación conjunta de otras perspectivas. La profesional participaría como facilitadora, como observadora, pero también como coprotagonista de una relación humana. En estas circunstancias, habría de tener capacidad para el trabajo horizontal y democrático con las pacientes.

4.2. El núcleo de la sociedad actual.
El castigo en la familia

4.2.1. La incidencia del castigo en las familias
y su evolución

En el mundo occidental la familia es el núcleo de la sociedad. Se discuta esto o no, y con independencia del tipo de familia a la que se haga referencia para tratar esta cuestión, es en este ámbito llamado familiar en el que se presenta el primer control social informal que se realiza, el cual marca de raíz la cultura de pertenencia de cada persona desde el momento de nacer en un grupo concreto.

En estas páginas, no podemos dejar a un lado el fenómeno del castigo en el interior de la familia, ya que la idea que tenemos de los correctivos familiares y de sus consecuencias profundas a lo largo de nuestra vida está fuertemente marcada por las experiencias dentro del núcleo familiar, especialmente en los primeros años de cada vida.

Jesper Juul, en su libro Su hijo, una persona competente, nos asegura que aunque las familias de distintas culturas tienen rasgos modeladores muy diferentes, la forma en cómo concebimos la naturaleza humana y las necesidades reales, las formas de castigo, la moral educativa y pública que trasmiten la “importancia existencial” que tiene para sus componentes es siempre la misma.

Nos encontramos con que la satisfacción que se genera dentro de las familias cuando las relaciones son constructivas, y el dolor que causan cuando estas interrelaciones son destructivas, es igual con independencia del modelo cultural que tenga cada uno de los núcleos familiares de los que se trate. Por lo tanto, la experiencia que cada persona tenga en su propia vivencia familiar en relación con el castigo, sin duda, será fundamental para las relaciones futuras en los demás ámbitos de la sociedad en los que se desarrolle cada vida.

Los niños y las niñas han sido considerados en Occidente durante mucho tiempo como una propiedad más de sus padres, de sus familias, algunas veces de la Iglesia y otras del Estado. En todos los casos, el punto de unión del tratamiento en todos los lugares ha sido la consideración de niños y niñas como si no fueran personas.

A esa consideración de la infancia se llega tras varias etapas. En los tiempos más remotos se les trataba prácticamente como si fueran cosas con vida. Después, los niños y niñas pasaron a ser asumidos, en ocasiones, como entes incapaces. Finalmente, en la actualidad, se les considera seres en evolución a los que hay que tutelar.

Esta realidad se evidencia en el derecho, especialmente en el derecho civil, desde el Código Civil Napoleónico de 1804, en concreto, en el Título IX, que trata la patria potestad, donde, entre otras cosas, además de que el niño de toda edad debe honor y respeto a su padre y a su madre, se exponen las distintas posibilidades de corrección que un padre tenía sobre el hijo, por ejemplo:

376.- Si el niño tiene menos de dieciséis años, el padre podrá hacerlo detener durante un tiempo que no podrá exceder un mes; y, para ello, el presidente del tribunal de distrito deberá, bajo su solicitud, librar la orden de arresto.

377.- Desde la edad de dieciséis años hasta la mayoría de edad o la emancipación, el padre solamente podrá solicitar la detención de su hijo durante seis meses máximo; él se dirigirá al presidente antedicho del tribunal, quien, después de reunirse con el comisario del Gobierno, librará orden de arresto o la negará, y podrá, en el primer caso, reducir los tiempos de detención requeridos por el padre.

Esta ley sigue siendo hoy la base del Código Civil francés y, aunque con muchas reformas, sus fundamentos se han difundido por Europa y América en sus propios códigos. Recientemente se han dado algunos cambios en cuanto al conocido como “derecho de corrección” de los padres frente a los hijos. Uno de los lugares donde se han dado importantes cambios en estos aspectos de la ley ha sido, precisamente, el Estado español, que eliminó del Código Civil en el año 2007 un párrafo donde se decía expresamente que los padres, en el ejercicio de su potestad, podían “corregir razonablemente y moderadamente a sus hijos”. En esta corrección se incluía el castigo físico siempre que fuese moderado y proporcionado; por ejemplo, una bofetada, una palmada, un encierro temporal.

A la vez que las regulaciones legales han cambiado, las prácticas al interior de las familias, con más o menos matices, en la actualidad empiezan también a presentar diferencias y se comienza a cuestionar, sobre todo en Europa, la necesidad de los castigos de todo tipo frente a la transgresión de los límites de los niños y niñas dentro de las familias.

4.2.2. Por un modelo de crianza alejada del castigo

Este cuestionamiento del modelo está muy unido a un tiempo en el que se están repensando los propios modelos de familia, quizás, en lugar de formas autoritarias, apostando por modelos más participativos y nuevos modelos de crianza: acogiendo paradigmas de crianza respetuosa o crianza desde el apego.

En este sentido, para superar las estructuras autoritarias dentro de la familia, se propone en los foros de reflexión establecer un diálogo entre las partes donde se busque satisfacer a todos y todas en la medida de lo posible, sin confundir esta manera de hacer con una toma de decisiones democráticas dentro de la familia, puesto que cuando hay niños y niñas pequeñas no se les puede hacer responsables de la toma de decisiones familiares. Se trata de basar las relaciones familiares en la participación de quienes conforman la familia con una dignidad igual, para pasar a descartar que se impongan esos modelos autodestructivos donde la jerarquía y la autoridad de los padres sea la propiedad principal de las relaciones.

Jesper Juul, con su propuesta en torno a la problemática de la familia, Su hijo, una persona competente, nos recuerda cómo durante cientos de años lo único que hemos enseñado a los niños y niñas ha sido a respetar el poder, la autoridad y la violencia, y no a las personas. El mismo autor, en la obra Aquí estoy, tú quién eres, en la página 177, critica cómo en muchas ocasiones las temidas consecuencias con las que habitualmente se amenaza en esa edad dentro de la familia para procurar un bien han sido utilizadas como un eufemismo que esconde un castigo, lo cual es muy distinto y solo genera temor en las edades cortas. Amplía esto del siguiente modo:

“Renuncio. No consigo que me tomes en serio. Hablemos de las consecuencias y vamos a ver si las tomas más en serio y las respetas más que a mí”. Si esto no es una declaración de bancarrota es ciertamente señal de un camino cuesta abajo: los adultos se verán obligados a inventar, a intervalos regulares, nuevas consecuencias cada vez más severas con el fin de afirmarse contra la creciente falta de respeto de los hijos. De ahí nace un círculo vicioso, u ocurre que las consecuencias llegan a ser tan graves que la relación entre niños y adultos sufre daños irreparables. Existe una alternativa que se apoya en tres puntos: paciencia, repeticiones frecuentes y voluntad de tomarse en serio uno mismo y de tomar en serio a los niños.

No se trata de entregar al niño o niña la responsabilidad en el establecimiento de los límites en los que se ha de actuar, tarea que, evidentemente, es responsabilidad de madres y padres; se trata, no obstante, de escucharse activamente y destruir y abolir aquellos elementos tradicionales de la familia como estructura de poder: unidad, firmeza, castigo y justicia.

Cuando se utiliza el castigo en el ámbito familiar hay que tener en cuenta que castigar supone una destrucción gradual de la confianza a corto plazo. La adaptación del niño a la familia puede lograrse a través de la cooperación y de la confianza mutua, sin la necesidad de la imposición de premio ni castigos como hermosamente lo muestran en distintos libros Carlos González o Rosa Jové. Esta cooperación y confianza es vital para no romper los lazos que naturalmente establecen los niños y niñas con sus familiares y que son base de las posibilidades de convivencia pacífica en todos los demás escenarios y con el paso del tiempo. Sin duda, el ejemplo de la eliminación de castigo físico en las familias en un número enorme de países es un claro ejemplo de la materialización de la abolición de la cultura del castigo en una de sus facetas en este ámbito.

4.3. Otro gran gestor del control social:
la escuela

4.3.1. Del nacimiento de la escuela
hasta las oportunidades de hoy

A lo largo de la historia de la que tenemos constancia, ha habido muchos modelos educativos diferentes, más o menos formales, accesibles y reglados y más o menos homogéneos. Sin embargo, hay uno que se impone en la actualidad y que será al que haremos referencia en cuanto mecanismo de control social propio de nuestra cultura: se trata de la escuela.

La escuela que conocemos en la actualidad nace de la mano de la industrialización y la necesidad del capitalismo de aquella época de contar con mano de obra cualificada y educar niños para que tuvieran los conocimientos necesarios para trabajar en las fábricas. En el mismo embate, en aquellos tiempos también se consolidan la prisión, los hospitales, la fábrica, etc. Nuevamente, las instituciones totales que nombrara Goffman, que establece la primera relación entre escuela y cárcel.

Es entonces cuando la educación primaria y secundaria, que informalmente, hasta entonces, se realizaba por las familias o por los maestros de ciertos oficios, pasa a manos del Estado. Michel Foucault, en la obra Vigilar y castigar, lo evidencia en esta cadena de situaciones que se dan en la escolarización:

La escuela es un campo de disciplinamiento que ayuda a crear buenos trabajadores y buenos ciudadanos cuando llega la población a la edad de trabajar.

Esta estrategia de educar a la población se vincula a esa otra institución que nace al tiempo, que es la prisión.

Se da la opción de que para quien la escuela no sea suficiente para seguir la conducta mandada por la sociedad y su conducta no haya sido socialmente encaminada, estará la prisión.

En la escuela desde sus inicios está presente el castigo. Prepara a la infancia hasta la adolescencia para que si le llega la prisión la acepte con total sumisión.

Michel Foucault muestra majestuosamente en esta obra que la escuela nos enseña a aceptar, usar y convivir con el castigo de manera cotidiana y con naturalidad. La escuela es un estado permanente de castigo, pues el arte de castigar, en una sociedad disciplinante como la nuestra, no atiende exactamente a la represión, sino a la normalización que se da en cinco momentos que se van sucediendo en el proceso de la educación en sus aulas: la comparación, la diferenciación, la jerarquización, la homogeneización y la exclusión. Y ese castigo que se instaura en la escuela, como se mostró que ya sucedió con la prisión al ritmo que se extendía el capitalismo, también evoluciona.

En las aulas, se pasa de aplicar métodos directamente lesivos del cuerpo —reglazos, obligación de sostener ladrillos, etc.— a otras formas más sutiles como las anotaciones u observaciones en libros de disciplina, las suspensiones, las tareas extras o la expulsión, medidas todas atravesadas por el mecanismo adicional de la nota: a la vez premio, castigo y método de etiquetamiento. Ciertamente, el nacimiento de la escuela en Prusia en la época del despotismo ilustrado lo hace desde principios autoritarios.

No obstante, la escuela como institución también ha sido escenario de luchas y espacio de transformaciones sociales desde sus antecedentes occidentales, si bien en los aspectos y contextos comunes este rol opresor sigue reproduciéndose inmutable.

Tan innegable como el origen propenso al castigo y opresivo de la escuela es la posibilidad de vislumbrar allí las evoluciones sociales de las formas de castigar que se han desarrollado en el tiempo, llegando hasta el más actual, el uso de los premios, por esta misma razón de castigo a quien no lo recibe.

No obstante, por supuesto, desde la escuela queda la posibilidad de que en nuestras sociedades podamos jugar en este espacio de educación a futuro y trabajar en la superación de la cultura del castigo. Este espacio de la sociedad, la escuela, es un semillero en el que se encuentran la individualidad en formación o la familia como primer espacio socializador, y el resto de la sociedad puede estar preparado para que germine cualquier otra semilla y así superar esos estigmas educativos que perduran.

Son numerosos los autores y autoras que han tratado de pensar la escuela como una institución no disciplinaria y respetuosa con el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes.

Un ejemplo es María Montessori, quien firmaba que nadie puede ser libre a menos que sea independiente y que, por tanto, las primeras manifestaciones activas de libertad individual de los niños y niñas deben ser guiadas para que así puedan estar en condiciones de llegar a la independencia.

Francisco Ferrer o Célestine Freinet también comparten pensamientos de la misma índole, que más adelante se hacen claros y masivos, en los nuevos conceptos educativos que se debaten en los años cincuenta a setenta del siglo XX, donde tenemos exponentes como Jean Piaget, Jesús Palacios y, más adelante, radicalmente, Iván Illich, con sus propuestas de desescolarización. Además, en la actualidad, muchos sistemas públicos de educación tratan de pensar la escuela de este modo respetuoso y, más todavía, existen proyectos comunitarios de familias que ponen en el centro de los objetivos educativos esta cuestión.

4.3.2. El castigo en la escuela

Ampliando los apuntes que ahora se han hecho sobre el castigo en la escuela y el disciplinamiento, nuevamente, Jesper Juul, en su obra Su hijo, una persona competente, se refiere a la conexión que existe entre el castigo en la escuela y el que a la vez se da en la familia, cerrando un círculo. En la obra nos explica que es la familia donde se reciben los primeros “entrenamientos” en la aceptación del castigo.

Además, este autor demuestra cómo en los dos ámbitos, escuela y familia, el castigo es negativo para el sano crecimiento de la persona y para la sociedad en su conjunto.

También reconviene en su obra, en contra de la tesis de la “corrección” como método educativo válido, que causalmente también está presente en el correccionalismo penal, por la pérdida de autoestima que significa en la persona y el sentimiento de culpa que genera, ahondando en un pozo sin fondo. Jesper Juul, en este sentido, afirma lo siguiente:

La violencia física es un insulto a la integridad de cualquier persona, incluida la de los niños. Podemos racionalizarla diciendo que es “la única solución” o que “se lo estaba buscando” o defendiendo el derecho de cualquier adulto a infligir un castigo corporal. De hecho, el gran número de eufemismos que hemos creado para esconder el impacto de nuestro comportamiento nos debería servir de ayuda para descubrir que estamos haciendo algo que sabemos que es incorrecto. A pesar de esto, muchos adultos —como la madre que encierra a sus hijos en su habitación— esgrimen los mismos argumentos para defender el castigo corporal: “Me dieron un par de buenas tortas cuando era niño; me las merecía y no me han hecho ningún daño. Además, funciona. Cuando los niños hacen algo malo, un buen bofetón asegura que no lo volverán a repetir”. El argumento “funciona” es utilizado no solo por los padres, sino también por ciertos profesionales de la educación y de la salud mental. Superficialmente, tienen razón; estos métodos funcionan. De hecho, parece ser que cuantas más veces una parte exija a la otra que sacrifique su integridad, mejor funcionan estos métodos. […] No obstante, el argumento de la efectividad como defensa del castigo corporal es erróneo por dos motivos. En primer lugar, hemos observado que los niños cooperan voluntariamente con los adultos a los que quieren, en los que confían, de los que dependen, sin importarles el comportamiento de esos adultos. En segundo lugar, ahora que disponemos de mucha información relativa a los efectos emocionales y anímicos a largo plazo causados por la violencia, no es ético justificar su uso solo porque funciona a corto plazo. En otras palabras, no basta con decir que “funciona”. Debemos estudiar por qué y cómo funciona. Debemos plantearnos desde una nueva perspectiva el modo en que nos tratamos los unos a los otros. Debemos tener en cuenta el precio humano y social que nosotros, nuestros hijos, clientes, pacientes y demás miembros de la sociedad pagamos por lo que, superficialmente, parece ser un buen método para conseguir la cooperación. Si el precio es sacrificar la propia integridad, entonces es demasiado caro. Es un sencillo y civilizado principio ético.

Wayner W. Dyer, también sobre este tema, trata de argumentar cómo la escuela es paradigma de la violencia. Son reveladoras las palabras que manifiesta en Tus zonas erróneas, donde en la página 137 dice:

Los maestros son originadores superlativos de culpabilidad, y los niños, ya que son muy sugestionables, son también muy fáciles de manipular. Estos son algunos de los mensajes de culpa que perturban la felicidad del momento presente de la gente joven: “Qué desilusión se va a llevar de ti tu mamá”. “Debería darte vergüenza… sacar un insuficiente un niño inteligente como tú”.“¿Cómo puedes hacer sufrir así a tus padres, después de todo lo que han hecho por ti”.

Paulo Freire, con su paradigmática propuesta, que sigue siendo minoritaria, La pedagogía del oprimido, y su rol liberador, incide en la idea de que la escuela sigue representando mayormente un rol reproductor manifiesto de la cultura castigadora y, con ella, del patriarcado y el capitalismo consumista.

Sergio de Zubiría o Carlos Taibo, entre otros muchos, en sus artículos y opiniones manifiestan abiertamente que la escuela en la actualidad es portadora de una pedagogía neoliberal, que inculca conceptos como la inversión y el ahorro, el trabajo y la obligación, ante la que hay que presentar oposición y alternativa para que no se imponga esta ideología en el futuro.

Estas aseveraciones muestran también la dimensión psicológica del castigo presente en la escuela, mucho más en la actualidad, cuando los castigos físicos están desapareciendo de las aulas en la mayor parte del mundo y sin quitar por ello espacio a las inmensas posibilidades y oportunidades que ofrece la escuela para sumar a ese cambio civilizatorio.

4.3.3. El abolicionismo de la cultura del castigo
y la escuela

El abolicionismo de la cultura del castigo, orientado a la escuela, permite explorar formas que dan respuesta al temor que genera la indisciplina en quienes se señalan como indisciplinadas. Este temor es utilizado para que las personas desde corta edad acepten condiciones con las cuales, de otro modo, no estarían de acuerdo.

No podemos confundir la disciplina con su uso más autoritario, sino que debemos considerarla como una práctica que cada persona adquiere por su propia voluntad para lograr la organización, constancia y planificación que se requieren para cualquier aprendizaje desde la voluntad personal. Entendemos que, ante esta disciplina deliberada, el castigo no tiene nada que hacer. La pregunta que surge entonces es: ¿cómo lograr la disciplina en la escuela sin acudir al castigo, o a su versión positiva e igualmente nociva que son los premios?

En este sentido, es importante, para entender la propuesta que aquí realizamos, identificar que el castigo-premio es una estrategia que sigue un modelo psicológico conductista que no aceptamos. Para oponernos a las propuestas que de este modelo se derivan en la escuela para incidir en el comportamiento en la infancia y en la adolescencia, podemos también acudir a otro modelo psicológico: el humanista.

Dentro de este modelo humanista que proponemos y que debiéramos mejorar, vamos a resaltar y defender los aportes de Abraham Maslow (1972). Entendemos que a partir de su pirámide de las necesidades humanas se pueden buscar estrategias concretas para gestionar la disciplina en el aula sin castigo.

No es este el lugar para plantear las alternativas y los modelos que existen alejados del castigo en la escuela. Esto lo hemos dejado muy claro al inicio de este apartado. Sin embargo, sí queremos dejar apuntadas algunas ideas importantes para poder visualizar también una senda abolicionista en este espacio.

Figura 1

Pirámide de Maslow

Fuente: https://psicologiaymente.net

En la escuela, posiblemente, se podrá encontrar el ambiente tranquilo y pleno de la atención que requieren las personas para desarrollar su labor de enseñanza-aprendizaje si se dan estas condiciones:

Si logramos garantizar, aunque sea en parte, al menos en las aulas, las necesidades de niñas, niños y adolescentes, desde las básicas de alimentación y ambiente adecuado.

Si aportamos la seguridad que se obtiene generando un ambiente de confianza, de tranquilidad, y vamos estableciendo ciertos niveles de complicidad, confidencialidad y diálogo.

Si dejamos de juzgar permanentemente y ampliamos la comprensión y la confianza para expresar las necesidades propias en la infancia y en la adolescencia y que se pudieran satisfacer porque se sintieran seguras.

Si se utilizan las diferentes prácticas restaurativas que ayudan a que haya un ambiente de seguridad en el aula, permitiendo que se erradiquen los abusos de quienes ejercen la docencia y el acoso escolar entre pares.

Si se renuncia a técnicas de disciplina que atenten contra los lazos de amistad o amor entre quienes están en relación permanente en las aulas.

El propio Abraham Maslow, en El hombre autorealizado. Hacia una psicología del ser, nos recuerda brillantemente cómo a nadie se le ocurriría poner en entredicho que necesitamos para vivir yodo o vitamina C, pero que la evidencia de nuestra necesidad de amor es exactamente del mismo tipo.

Estas expresiones de simpatía suelen reprimirse en todos los casos en que se presentan en momentos y formas no adecuadas a la moralidad hegemónica. Unas muestras de cariño que, si acaso, deberían limitarse a través del diálogo para la responsabilización, no del castigo, y solo en los casos en que se interrumpan o impidan las actividades académicas que se estén desarrollando.

El respeto absoluto a las niñas, niños y adolescentes debería guiar toda actividad en la cotidianeidad de la escuela. Esta condición entendida desde la educación serviría para garantizar el autorreconocimiento y la autoconfianza de quienes están en proceso de formación, así como para dar ejemplo de cómo se espera que traten a las demás personas, grandes o pequeñas, más teniendo en cuenta la plasticidad cerebral de las niñas y niños, que los hace muy receptivos e incide en que asuman los comportamientos de padres y educadores.

Nora Rodríguez nos lo muestra en la obra Neuroeducación para padres. Educa a tus hijos con la ayuda de las neurociencias, en la que pone estas condiciones desde otra perspectiva. Reconocer esta necesidad de respeto en la formación es uno de los motivos principales para que el castigo sea rechazado en la escuela, en todas sus formas. Es un paso para procurar el abandono de medios represivos en el proceso de formación: dejar de pensar que las niñas, niños y adolescentes pueden ser buenos o malos y dejar de juzgarlos ante cada acción o comportamiento. También aconseja la autora hacer ejercicios de comprensión que nos permitan ayudarles a adquirir herramientas para la dirección de sus sentimientos, energías y violencias, hacia expresiones creativas que las beneficien a ellas, personas jóvenes, y a las demás personas con las que conviven.

Dentro de esta manera de hacer en la escuela es esencial garantizar que haya siempre en el aula un mecanismo de fuga previamente acordado con el grupo. Observar la convivencia de tal manera que, si una persona se siente mal, enojada, alterada, demasiado triste, confundida, etc., haya un espacio o un momento para que cualquiera tenga siempre una posibilidad de salir de la situación, de huir de ella para evitar la agresión: puede ser acudiendo al baño, haciendo una señal para que nadie le hable por un rato o cualquier otra forma que se establezca. Si se garantiza todo lo anterior, podrá llegarse a la parte más alta de la pirámide, donde se encuentra la autorrealización.

Esta nueva situación en el aula se verá reflejada en la concepción diferente de la disciplina: un ambiente lleno de motivación hacia el aprendizaje, con pleno respeto de sí y de las demás personas —estudiantes, docentes, padres y madres, empleados/as—, abierto a la expresión y desarrollo de la creatividad.

También, más recientemente, se puede tener mayor claridad en cuanto a la importancia de respetar las diferentes estrategias de aprendizaje de cada persona. Observamos procesos de enseñanza y formación en los que el castigo tampoco se muestra como adecuado para el aprendizaje, mucho menos si busca imponer formas estandarizadas de comportamiento y disciplina, como estar en silencio, no moverse, estar mirando a cualquier sitio, etc.

Por tanto, son muchos los ámbitos del pensamiento y de la observación científica desde los que intelectuales de reconocida solvencia nos llevan a la necesidad de desarrollar estrategias que persigan la disciplina en la eduación de las personas más jóvenes sin acudir al nocivo mecanismo del castigo.

Con todo lo anterior, y para concluir este apartado, arrojamos sobre la escuela dos importantes postulados:

La necesidad de abandonar el castigo como respuesta a los conflictos que se presenten y que sean protagonizados por niños, niñas y adolescentes, violentos o no, y que la represión no sea utilizada como mecanismo para obtener disciplina al interior de las aulas.

La importancia de que la escuela no abandone su rol pedagógico frente a los niños, niñas y adolescentes que cometan conductas delictivas, que no pase a ejercer un papel punitivo y que desde su responsabilidad no las deje abandonadas a las respuestas más fuertes aún del Estado.

4.3.4. Y sin embargo…

Como hemos expuesto ahora, tal y como se aconseja por determinadas instancias reconocidas, es conveniente renunciar al castigo en la escuela, pero cuando esa realidad positiva la ponemos frente a la población a la que se dirige esta disposición, nos encontramos con varias paradojas sociales y legales sobre las que hemos de reflexionar.

En un momento en el que podemos hablar, sin duda, de un abandono progresivo del castigo a los niños y niñas en algunos sectores del mundo, en los espacios educativos y en otros, se da la circunstancia de que se registra el mayor reconocimiento de derechos a las personas menores de edad que se ha logrado en su protección y beneficio, de que este logro ha ido aparejado de un sistema de responsabilidades muy similar al de los adultos, que los perjudica notablemente. Vuelven unas responsabilidades atravesadas por las lógicas del castigo tipo penal ante las conductas lesivas protagonizadas por las personas menores de edad.

Otra paradoja con la que nos encontramos es la criminalización que realmente se hace de la juventud y las respuestas que como adultos damos cuando un niño, niña o adolescente comete un delito.

Un ejemplo muy recurrente en los últimos años es el del fenómeno del bullying. Los adultos observamos a los niños, niñas y adolescentes que cometen conductas violentas frente a sus iguales, en ocasiones cruentas y siempre lamentables, y los etiquetamos como monstruos. También se habla de niños y niñas monstruo y de jóvenes monstruosos. Frente a ellos se quieren las más duras de las penas y, además, la exclusión de la escuela, impidiendo su rol de acompañamiento, cuando, en realidad, deben siempre tomarse estos casos muy en serio, incluso cuando parecen a los ojos adultos molestias sin importancia. Cuando los niños y niñas manifiestan sufrimiento por lo que hace un compañero o compañera o un amigo o amiga, nunca es una exageración y nunca va a significar que esa persona sea “muy blanda” o “demasiado sensible”, como a veces a la ligera se etiqueta a los niños y niñas que sufren bullying. Su sufrimiento, cuando es manifestado (o cuando no lo es, pero es percibido por una persona adulta), siempre es real y, por tanto, siempre ha de ser tomado en serio. Pero en lugar de esas medidas que se toman por los adultos, hay una enorme batería de herramientas restaurativas y de gestión de conflictos en el aula y fuera del aula con las que se puede abordar el tema, las cuales han dado probadas muestras de ser más eficaces que las tradicionales reacciones castigadoras, especialmente en beneficio de los propios niños y niñas.

Básicamente, las personas menores de edad viven en un ambiente estructuralmente violento, pero cuando son ellas quienes ejercen violencia nos resulta totalmente incomprensible. Es más, se tiene la consideración de que estas personas no tendrán una respuesta lo suficientemente dura por parte del Estado. Sin embargo, en algunos países, nada está más lejos de la realidad, ya que las medidas que se pueden imponer a los menores, aunque teóricamente obedezcan a otros fines, son muy parecidas a las contempladas en los códigos penales para las personas adultas.

Además, al contrario de lo que popularmente se considera, el resultado de la aplicación de la ley para menores de edad puede resultar de mayor repercusión para ellos que para los mayores de edad. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el Estado español, donde un menor que comete un hurto podría tener una sanción más severa que una persona adulta o podría estar más tiempo en régimen de encierro que una adulta si cometiese un delito violento.

Para cerrar este apartado, en relación con la entrada de niñas, niños y jóvenes en el laberinto penal, queremos volver a traer mínimamente la relación entre la escuela y la prisión, dado que es una cara que difícilmente se visualiza y se reconoce en la actualidad y que, además, tiene una transcendencia vital acerca de cómo desde niños nos educan para conocer y vivir la prisión. Esta cuestión la expone extraordinariamente Angela Davis, en su obra Democracia de la abolición, quien en la página 54 reflexiona sobre esta cuestión:

Cuando los niños asisten a escuelas que confieren mayor valor a la disciplina y a la seguridad que al conocimiento y al desarrollo intelectual, están asistiendo a escuelas que les preparan para la cárcel. Esta es la problemática a la que debemos enfrentarnos hoy día, ¿qué nos deparará el futuro si el sistema carcelario adquiere una presencia aún mayor que la actual en nuestra sociedad? En el siglo XIX, los activistas contra el esclavismo insistían en que mientras la esclavitud continuara, el futuro de la democracia sería más bien sombrío. En el siglo XXI, los activistas contras las prisiones insistimos en que una exigencia fundamental para la revitalización de la democracia consiste en la largamente esperada abolición del sistema carcelario.

4.4. Recapitulación

A modo de cierre de este apartado, puede decirse que es claro que el castigo atraviesa toda la sociedad como una nebulosa. Su influencia va permeando las diferentes instancias donde se establece con naturalidad la socialización de las personas y el castigo actúa como un hilo conector de las diferentes opresiones que se sucede como un automatismo. Hemos de evidenciar que hay, por tanto, una silenciosa cultura del castigo que permea nuestra realidad cotidiana y la condiciona, especialmente en el momento de pensar alternativas alejadas del castigo. Para tomar consciencia de ello, hemos querido dedicar un apartado específico a estas otras instituciones de castigo, pero también lo hemos hecho para mostrar las enormes oportunidades que desde la lente abolicionista de la cultura del castigo ofrecen todos y cada uno de esos espacios. Pasamos ahora al espacio de la justicia.

Capítulo 5

EL CAMINO HACIA LUGARES MÁS JUSTOS.
AL ENCUENTRO DE LA ABOLICIÓN

Realmente, el abolicionismo, en las distintas expresiones o dimensiones que hemos mostrado en este libro, no requiere que se propongan alternativas. Como dijimos al inicio, el concepto “abolición” tiene como ventaja que no implica nada más que la eliminación de algo. En su defensa, con todo lo expuesto, cuenta con suficiente evidencia acerca de la necesidad de abolir la cultura del castigo y todas sus facetas y manifestaciones, entre ellas la prisión, y no precisa más argumentos para que se proceda.

Sin embargo, como habitualmente a las personas nos cuesta terminar con algo sin tener en nuestra mente con certeza cómo lo supliremos y qué cosa ocupará su lugar, es recurrente la pregunta acerca de cuál es la alternativa al castigo. Además, es natural que, proponiéndose la abolición de todo un sistema de justicia que hemos heredado, se vea como fundamental por quien nos lea conocer y comprender algunos pasos para avanzar hacia lugares más justos.

Efectivamente, esto ocurre a pesar de que, como se ha mostrado hasta ahora, los mayores crímenes son cometidos por los estados y por grandes multinacionales: con las guerras de fuego y hambre, con alambradas en las fronteras y campos de concentración en todo el mundo, con la creación de crisis económicas, la destrucción del planeta y la explotación de millones de personas. Además, la incidencia de los delitos violentos cometidos por particulares, como se ha repetido constantemente en este trabajo, es modesta, especialmente en Europa.

Sin duda, la preocupación por nuestro bienestar, integridad y seguridad cuando puede ser afectada por un semejante debe ser atendida y abordada y por eso trataremos de seguir dando respuestas. Pero, antes de todo, sobre la recurrente pregunta de “¿y entonces qué?”, evidenciamos que esta posición tiene dos consecuencias.

En primer lugar, que no tener esa certeza y preguntar de ese modo por las alternativas bloquea la discusión acerca de cómo podemos avanzar, al menos teóricamente, frente a situaciones que manifiestamente son insostenibles. Es insostenible, sin duda, la cifra de personas que en este momento están encerradas en el mundo. Y es insostenible, sin duda, la desatención de las víctimas de delitos y la carencia de políticas reales de prevención de conflictos interpersonales e intergrupales.

En segundo lugar, si tratamos de argumentar sobre esa falta de alternativas certeras, en el fondo, parece que defendiéramos lo que tenemos en el presente, cuando, volvemos a repetir, es insostenible.

Lo mismo sucede, por ejemplo, ante el planteamiento del decrecimiento económico con perspectiva de género. Las similitudes con estas propuestas son evidentes.

Amaya Pérez Orozco, en su obra Decrecimiento ecofeminista o barabarie, lo denuncia de esta forma:

Lo común como punto de llegada porque necesitamos decidir hacia dónde queremos conducir el camino es insoslayable. No hablamos de tener un futuro cerrado, estático, diseñado hasta en sus menores detalles, sino de compartir un horizonte de tránsito o de utopía. El empecinamiento en preguntar por la alternativa (en singular y acompañada de manual de instrucciones) es una forma de bloquear la discusión democrática. Más absurdo aún es usar la inexistencia de esa alternativa de manual para defender lo presente, lo relevante es discutir colectivamente cuál es ese horizonte y cuáles son los criterios ético-políticos que pueden guiarnos hacia él, funcionando como una especie de travesaños con los que gobernar el tránsito dado; el lugar de llegada ha de estar por necesidad abierto a cambios, pero tampoco puede ser un camino a ciegas.

Siguiendo lo expresado hasta ahora, advertimos, por tanto, que estas páginas no servirán de manual de instrucciones de cómo se reemplazará el castigo en nuestra sociedad. Nosotras no diremos qué se habrá de hacer en cada ámbito, dónde y cuándo. Tampoco diremos con exactitud qué caminos se han de seguir en los ámbitos sociales y jurídicos para poder conseguir los objetivos antipunitivos que hemos propuesto en estas páginas. Sin embargo, sí que indicaremos, desde nuestra posición, cuáles creemos que pueden ser algunos de los primeros pasos para avanzar hacia la abolición integral en el plazo que sea necesario, aclarando que, desde hoy, a pesar de la existencia del castigo y la prisión, sin esperar a nada ni a nadie, podemos construir otras formas de reacción no punitivas desde abajo. Sobre todo plasmaremos paradigmas. Para ello, pensamos que dos premisas son fundamentales.

Una de las primeras consideraciones que es importante tener presente para avanzar por este camino que planteamos la podemos concretar en la idea de que para poder andar hacia un cambio civilizatorio completo, este cambio tendrá que ser jalonado desde los feminismos y, en concreto, desde un feminismo antipunitivista.

Las ideologías que han fracasado son las construidas en patriarcado. Ninguna ideología elaborada por grupos de mujeres cuestionando el sistema patriarcal ha fracasado aún, sencillamente porque no hemos gozado de un poder real. Precisamente, una de las experiencias más poderosas que existen en la actualidad, y que describiremos más adelante, para abordar los conflictos penales desde lógicas alejadas del castigo es desarrollada desde esta dimensión.

Otra observación fundamental que hay que tener presente todo el tiempo es que, cuando hablemos de alternativas a los distintos puntos que sostiene la cultura del castigo, habremos de tener mucho cuidado en que la lógica propia del castigo no se filtre bajo nuevas formas de presentarse, como suele hacerlo casi siempre para perpetuarse.

Michel Foucault nos hace unas advertencias sobre la prisión que hemos de recordar en estos momentos para estar preparadas. Lo dice este autor en el sentido de que es muy probable que cuando algún día la cárcel se acabe, fuera de esos muros que quedarán destinados a otras funciones, quizás lúdicas, todo será una gran cárcel, cuyas rejas no sean tan visibles.

Por tanto, y para concluir, hemos de decir que tendremos que ser siempre conscientes de que no solo en el encierro físico hay opresión, que existen otras formas de ejercerla, por lo que también entonces deberemos estar atentas a todas las lógicas punitivas o del castigo que se puedan imaginar y que son tan difíciles de superar.

En este sentido, queremos nombrar claramente cómo hoy día la mayor parte de grupos reivindicativos o de movimientos sociales, institucionalizados o no, no proponen ni pretenden un cambio civilizatorio, sino que simplemente buscan legitimarse e instalarse en el sistema y, en todo caso, no hacer verdaderos cambios estructurales, que son los más necesarios. Esto sucede, como ya se ha mencionado en otras partes del texto, pero queremos volver a recordar aquí, con llamamientos por parte de algunos feminismos al refuerzo del sistema penal, también con propuestas de nuevos partidos políticos o distintos abordajes desde algunos movimientos ecologistas, por ejemplo.

Por todo lo que vamos diciendo, el reformismo de lo que ya existe en torno al castigo y las leyes punitivas, por bueno que sea, nunca será suficiente, sino más bien sospechoso y un freno para cambiarlas si no son radicales, porque insistimos en que para llegar al final del camino, siempre será necesaria la abolición.

Con todo, en este último capítulo sugeriremos algunos cambios (con todos los matices ahora indicados) que consideramos imprescindibles para que sumen a la apuesta de cambio civilizatorio real y no aparente, al menos en lo que al castigo se refiere.

Así, hemos dividido esas transformaciones necesarias en tres aspectos diferentes que ampliaremos a continuación:

Los “cambios hacia adentro” que cada persona puede constatar en su persona y su vida.

Los “cambios hacia afuera” en la relación con las demás personas de nuestro entorno o fuera de ellas, básicamente en nuestra dimensión colectiva.

Los “cambios en la justicia” planteando un modelo concreto para implementar: la justicia consensual.

5.1. Cambios hacia adentro

Cuando nos referimos a los cambios personales hacia nuestros adentros, en realidad, pensamos en aquellas acciones que cada una de las personas puede realizar para llevar a cabo el abolicionismo. En ocasiones, decimos que la acción abolicionista debe empezar en cada persona, cambiándose a sí misma, y este es el primer campo de batalla, el imprescindible y tal vez el más complejo, pero también el que se puede empezar a desarrollar de inmediato. Para combatir el castigo desde el interior de cada una de las personas hay una serie de pasos fundamentales.

5.1.1. Primer paso: tratar de sustraerse del pensamiento dualista que hemos aprehendido y que nos lleva permanentemente a juzgar y también a juzgarnos

Se abren toda una serie de interrogantes acerca de cómo poder realmente vivir regidas por la compasión y la comprensión hacia las demás personas y hacia nosotras mismas.

Son algunas teorías cercanas al budismo o al hinduismo las que más se han aproximado a esta manera de entender la coexistencia, las que dan un lugar muy importante a prácticas como el camino a la iluminación, el yoga, el reiki o la meditación. Prácticas que ayudan a percibir la vida y todos sus seres como una unidad, a entender el karma como la consecuencia inevitable de cada acción que hacemos y el empoderamiento integral como vía para la liberación de cualquier tipo de opresión.

Este sigue siendo todavía un camino poco teorizado y poco explorado en la vida cotidiana, pero, en verdad, es el que rompe con las lógicas binarias a las que en tantas ocasiones nos hemos referido a lo largo de este libro. La cuestión es tan relevante que tiene que ser nombrada en primer lugar para no perder la consciencia de ello.

5.1.2. Segundo paso: renunciar a la culpa

La culpa ha sido un elemento fundacional de la cultura hegemónica occidental, no solo aquella que tiene ese origen religioso que nos ha puesto en acto de contrición permanente para examinar nuestras faltas, sino también en su versión laica de la psicología más inspirada en Freud y sus planteamientos. Y no solo la culpa, sino el sentimiento de culpabilidad que nace y se alimenta de ella y que es un elemento tormentoso en nuestro desarrollo personal. La culpa como ejercicio de autojuzgamiento somete nuestra voluntad y levanta nuestra desconfianza en nosotras como personas y, por ende, la suspicacia en todas las demás que nos rodean.

Wayner W. Dyer, en la obra Tus zonas erróneas, en las páginas 127 a 129, se manifiesta sobre el sentimiento de culpa que rechaza en su totalidad. El autor describe cómo muchas personas somos verdaderas máquinas de sentirnos culpables en nuestra vida y expresa cómo funciona esa máquina:

Alguien emite un mensaje destinado a recordarte que has sido una mala persona por algo que dijiste o no dijiste o sentiste o no sentiste, hiciste o no hiciste. Tú respondes sintiéndote mal e incómodo en tu momento presente. Tú eres la máquina de culpabilidad. Un aparato que respira, habla, camina y reacciona con cargas de culpabilidad cada vez que le echan el combustible apropiado. Y debes estar bien aceitado si has estado totalmente inmerso en nuestra cultura que es una cultura productora de culpas. ¿Por qué has recibido los mensajes de preocupación y culpabilidad que te han echado encima todos estos años? En gran parte porque se considera “incorrecto” que no te sientas culpable, e “inhumano” que no te preocupes.

La culpabilidad es, de todas las zonas erróneas de comportamiento, la más inútil. Es de lejos la que despilfarra mayor cantidad de energía emocional. ¿Por qué? Porque, por definición, te estás sintiendo inmovilizado en el presente por algo que ya pasó. Y no existe culpabilidad, por grande que sea, que pueda cambiar la historia. […] Son dos las formas básicas que toma la culpabilidad para convertirse en parte integrante del mecanismo emotivo de un individuo. La primera es la culpabilidad aprendida a muy temprana edad que queda como un residuo infantil en la personalidad adulta. La segunda es la culpabilidad que ha sido autoimpuesta por un adulto después de infringir un código al que se suscribe.

Este sentimiento de culpa y culpabilidad, tan enraizado en nuestras conciencias y que muchas veces determina nuestras conductas, también tendría que ser revisado si se quiere generar un cambio civilizatorio. El vínculo que tiene la culpa con uno de los temas fundamentales que hemos tratado en este libro que es la prisión no es tan lejano como pudiera parecer. De hecho, este mismo autor, en la misma obra, concreta la cuestión de la culpabilidad en la prisión, afirmando que:

La mayor parte de las prisiones operan sobre la teoría de la culpabilidad. Si una persona pasa bastante tiempo pensando en lo malo que ha sido, gracias a la culpa llegará a ser una persona mejor. Las sentencias de cárcel por delitos no violentos, como pueden ser las evasiones de impuestos, violaciones de tráfico, infracciones civiles y faltas por el estilo son ejemplos de esta mentalidad. El hecho de que un gran porcentaje de los internados vuelva a cometer infracciones a la ley no ha hecho nada para modificar o poner en tela de juicio esta creencia. Quédate encerrado en la cárcel y sufre lo que has hecho. Este procedimiento es tan caro e inútil que resulta difícil, casi imposible, explicarlo con lógica. La explicación ilógica, por supuesto, es que la culpa es una parte tan integral de nuestra cultura que se ha convertido en la columna vertebral de nuestro código criminal. En vez de hacer que los infractores de la ley civil ayuden a la sociedad o paguen sus deudas, tratar de reformarlos por medio de encarcelamientos productores-de-culpa que no benefician a nadie y menos aún al culpable.

5.1.3. Tercer paso: estar atentas a la creación y asunción
de la existencia de ‘monstruos’

Sabemos que uno de los elementos que más permiten en el interior de cada persona la justificación de la existencia de la prisión es el temor “a los monstruos”. También a esta cuestión hemos dedicado distintos espacios en este trabajo. Por ejemplo, han sido catalogadas como monstruosas personas con enfermedades mentales, niños y niñas que han cometido graves actos y, por supuesto, se trata de dar una imagen semejante de las personas presas. Los monstruos no existen.

5.1.4. Cuarto paso. Relaciones de poder,
amor propio y compasión

Louk Hulsman, sobre los cambios personales que una persona ha de hacer en un acercamiento abolicionista, nos viene a decir algunas ideas importantes. Unos y otras debemos trabajar con las otras personas para romper las relaciones fundadas en el poder y construir vínculos afectivos donde no podamos negarnos los unos a las otras y no asignemos a nadie el papel expiatorio. La compasión es para este autor fundamental y de esta compasión, a su vez, nace el amor propio. El amor propio y la empatía son pilares fundamentales de cada persona para navegar en la vida. Sin estos elementos intrínsecos a las personas nunca podríamos relacionarnos libremente entre semejantes desde el respeto a todas las manifestaciones de la vida.

Sin duda, para que haya un cambio en las relaciones de cada una de nosotras con las demás personas desde el amor y el respeto, hemos de saber que, en primer lugar, será necesario construir unas bases sólidas de amor propio en cada una de nosotras. Solo así será posible una armonía entre las personas, porque solo con el cuidado de la integridad y dignidad de las personas será posible el crecimiento colectivo.

La sociedad, en sus procesos continuos de educación y formación, formales e informales, debería enseñar a todas las personas, menores y mayores, a amarse en primer lugar a ellas mismas y luego a todas las demás personas para así hallar la compasión necesaria para alejarnos de procesos de juzgamiento y castigo.

En este sentido, la educación, el autoconocimiento y el darnos condiciones de vida dignas, donde los elementos básicos y de seguridad vital estén cubiertos, es fundamental.

5.2. Cambios hacia afuera

Los cambios interiores que se den en las personas se habrán de reflejar en los ámbitos exteriores. El campo para ello es muy vasto, pero ahora destacaremos seis pasos.

5.2.1. Primer paso: conciencia crítica en todo momento
con la idea del castigo y en toda iniciativa que busque transformaciones sociales

Los movimientos sociales, independientemente de que sean críticos y radicales, suelen avalarse directa o indirectamente, pero siempre equivocadamente, reivindicando el castigo. Esto es algo que ya hemos nombrado anteriormente, pero este tema es de tal relevancia que merece ser tenido en cuenta también aquí.

Aunque solo mencionaremos algunos espacios en los que se han de producir estos cambios de concepción no punitiva, hay uno que engloba a varios y que se habrían de dar por aludidos: los diferentes movimientos sociales y políticos que pretenden generar transformaciones sociales.

Nos sirven los ejemplos anteriores de movimientos ambientalistas o animalistas, que habitualmente exigen cárcel o aumento de las penas condenatorias para los hechos que afectan al medioambiente o implican maltrato animal. También muchos movimientos feministas quieren que se actúe a través del derecho penal frente a las principales agresiones que sufren las mujeres. Sobre los peligros del recurso al derecho penal por parte de las mujeres ya se ha dado suficiente cuenta en este texto y, por ello, nos remitimos a capítulos anteriores.

Además, en cada campaña política, partidos de izquierdas, derechas, conservadores, liberales, progresistas, etc., acuden a la promesa de incrementos de las penas de prisión para dar respuesta a los problemas sociales. Lo único que cambia entre unos partidos y otros son los sectores y la clase de delitos que llevarán a prisión. Se podría decir que el lugar común de todos los partidos políticos en campaña electoral es el sistema penal y la prisión o, en términos generales, la seguridad. En esto todos alzan la misma bandera.

Por ello, un campo de acción abolicionista fundamental es servir de conciencia crítica en todo momento, de toda iniciativa que busque transformaciones sociales, haciendo un llamamiento a la coherencia y a la necesidad de abandonar el castigo en todas sus formas para reconducir sus reivindicaciones.

5.2.2. Segundo paso: apuesta por la transformación
del sistema económico y social que tenemos.
Pensando en prevención

Las consecuencias del capitalismo y el entramado jurídico y político que lo mantiene y lo implementa a nivel de toda la humanidad tiene una relación directa con el concepto de pena y, más ampliamente, con el castigo. Así lo expone Vincenzo Guagliardo, en la obra varias veces glosada en estas páginas De los dolores y las penas, quien muestra cómo el binomio mercado-pena siempre ha sido indisoluble y que solo comprendiendo tal unidad y su núcleo misógino se saldrá de lo existente.

Ya hemos dicho que no se puede concebir el mercado sin prisión por muchos motivos explicitados en estas páginas. Pues bien, otro de los efectos que se han de procurar en la práctica de los cambios en el exterior se refleja en las transformaciones que se han de realizar paulatina y necesariamente en el sistema económico con todas las consecuencias que se produzcan y con todos los vínculos que se deriven.

Entendemos que, en vista de la necesidad de abandonar el capitalismo por sus propios menoscabos, hemos vislumbrado como una posibilidad progresiva y alternativa la de desarrollar “la cultura del dar” o las llamadas “economías de subsistencia”. Sabemos que estos caminos solamente podemos realizarlos gradualmente y a través de políticas de decrecimiento y sobre esta senda se ha escrito mucho y muy acertadamente, por lo que nos remitimos a todo ello. Sin embargo, también creemos que hay espacios que todas las personas podemos empezar a ganar mañana mismo.

En todo caso, sí queremos destacar el porqué de la importancia de esta cuestión. Además de por la relación entre la prisión y el capitalismo, sobre lo que se ha dado cuenta en este trabajo, Vincenzo Guagliardo resalta la donación entre particulares como la forma fundamental de evitar el esquema económico que soporta la cultura del castigo.

También José Miguel Marinas, en Investigar la cultura del consumo, en la página 53 de la obra, refleja que la lógica del don está íntimamente relacionada con los vínculos y con los afectos, a los que antes hacíamos referencia, describiendo cómo la lógica del don, del regalo, tiene un riguroso plano ético porque es reconocedora del vínculo que nos une.

Creemos que hay que dar un paso que avance y fortalezca las llamadas economías de subsistencia, que, aunque cueste creerlo, son las que en realidad vive la gran mayoría de la población en el mundo occidental en la actualidad. Con esta denominación nos referimos a aquellas formas de relacionarse económicamente en las que no se busca la acumulación de riqueza, sino que se procura un sostenimiento digno para todas las personas dentro del intercambio económico.

Estas relaciones económicas entre personas día a día pueden presentarse con retribuciones monetarias, trueque, donaciones, etc., que, además, el sistema actual trata de perseguir, porque generan dinero negro y no pagan impuestos.

Así, como formas alternativas al sistema capitalista que pueden ser aplicadas inicialmente de manera marginal y suplementaria, puede pensarse también en algunos proyectos comunitarios de soberanía alimentaria, redes informales de todo tipo de servicios, cuidados de personas mayores y de niños y niñas, ocio y actividades deportivas informalmente organizadas, etc.

Desde el abolicionismo se ve cómo esa nueva cultura tiene que basarse en gran parte en una economía de la subsistencia, dentro del significado que tiene la economía: administración de la escasez, siendo la propia naturaleza la primera gran escasez con la que nos encontramos. En este sentido, las mujeres somos las que tenemos una mayor experiencia en hacer esta economía y desde estas lógicas se plantea el reto ecofeminista. En definitiva: se trata de darnos estructuras de bienestar que no pasen por las lógicas del malestar a las que nos aboca la realidad capitalista.

Pero, además de esto, si tenemos una estructura de Estado, tendremos que exigirle también algún tipo de acción. Hay dos reivindicaciones abolicionistas históricas:

La exigencia de una sociedad más igualitaria: necesitamos estructuras más justas y más oportunidades para todas las personas si queremos que ciertos conflictos no se den en nuestras comunidades.

La necesidad de invertir en prevención. Este reclamo lo refleja muy bien la mítica frase de Concepción Arenal: “Abrid escuelas y se cerrarán cárceles”.

Tenemos que seguir haciendo estas reivindicaciones, porque lo cierto es que nunca se ha optado por ellas de manera real y honesta. El cambio civilizatorio pasa por aquí.

5.2.3. Tercer paso: la familia, la escuela
y el cuidado de personas con sufrimiento mental
como espacios de acción abolicionista

Igualmente, la familia, la escuela y el cuidado institucionalizado (y no) de las personas con sufrimiento mental, como ya se ha mencionado antes, son campos donde las personas y grupos de personas han de contar con más autonomía para:

Hacer transformaciones sociales, renunciando a las lógicas castigadoras asentadas en el ideario colectivo y que hemos de abandonar rompiendo con todas sus contradicciones.

Ofrecer motivación suficiente en el momento de acudir a prácticas restaurativas para gestionar los conflictos para que los podamos resolver de tal manera que todo se tenga en cuenta.

Procurar la construcción de consensos para reparar las violencias que se hayan generado y prevenir que nuevas formas de violencia se sigan generando. Desde aquí los niños, niñas y jóvenes nos podrán enseñar nuevas formas de hacer.

No institucionalizar a las personas con sufrimiento mental que tengamos cerca, acompañarlas y, en la medida de lo posible, atender al uso abusivo de medicamentos.

5.2.4. Cuarto paso: la abolición de la prisión

Finalmente, insistimos en una acción concreta y típicamente abolicionista, la que ha sido nuestro punto de partida: la urgencia de abolir las prisiones. Solo luchando por la abolición del lugar de creación del dolor legal el movimiento abolicionista podrá permitir a toda la humanidad volver a dar un sentido a la experiencia íntima del dolor. No hay que esperar a que tengamos una sociedad perfecta para que no existan las prisiones, al contrario: abolirla es necesario para que esa nueva sociedad se realice en mejores condiciones de vida. Y lo contrario: no debemos esperar a tener una sociedad perfecta para entonces eliminar la prisión; el encierro de la personas es una de las imperfecciones más profundas que tiene en sus entrañas.

Hemos de pensar y concluir que su eliminación nos permitiría avanzar más rápida y dignamente a esa otra sociedad. Esta es nuestra apuesta. Sin embargo, estamos enseñadas a pensar al revés, que la cárcel y la pena hacen falta como mal necesario, cuando es precisamente al contrario: esa lógica es parte del problema, no es la solución.

5.2.5. Quinto paso: otras medidas ‘mientras tanto’

Consideramos que todo lo que se ha dicho en este libro es suficiente para que se entienda lo impostergable de la abolición de las prisiones. No obstante, también creemos necesario que, mientras tanto, la sociedad tome consciencia de que solo se podrá realizar esta abolición si a la vez que se va trasegando un cambio cultural general que, aunque será necesariamente lento y a nivel global, con un tanto de empatía social puede ser inmediato a nivel personal y en lo colectivo más cercano.

Mientras tanto, es necesario el compromiso de que en el ámbito penal y penitenciario se lleven a cabo sin dilación ni postergación las siguientes medidas:

Reducción de todas las penas privativas de libertad de los códigos penales.

Beneficios penitenciarios objetivos, que son aquellos que están basados en el tiempo transcurrido, las condiciones de salud, etc., y no en un sistema de premios por la conducta que se haya tenido en la aplicación de su condena.

La consideración de la sexualidad y de los afectos de las personas detenidas como un derecho y no como un beneficio. En este sentido, son necesarias las ampliaciones de comunicaciones de todo tipo con el exterior de la cárcel: telefónicas, correo, visitas con familiares, visitas íntimas.

Oposición radical al aumento constante de personas detenidas en las cárceles y a la idea de construir más cárceles para más prisioneros y prisioneras.

Oposición frontal a la cadena perpetua establecida de cualquiera de las maneras y que significa el encierro de por vida.

Oposición frontal a cualquier pena privativa de libertad de más de 15 años, que es cuando se ha demostrado que el deterioro global de la persona por el encierro es irreversible.

Exigencia de que todas las personas cumplan la prisión preventiva y su condena en cárceles cercanas al lugar de arraigo.

Garantizar las condiciones de dignidad para todas las personas y sus familiares. Más ampliamente, hay una necesidad de un mayor compromiso por el interés de lo que sucede en los juzgados y en las prisiones y, más ampliamente todavía, de que crezca la solidaridad con las personas presas y sus familiares.

Iñaki Rivera concreta, en su reciente obra Decarcelación. Principios para una política pública de reducción de la cárcel, una batería de propuestas con las que, en definitiva, estamos de acuerdo y que amplían nuestra propuesta. En distintas páginas, plantea:

El deber de articular mecanismos, debates, sistemas de interlocución entre los poderes públicos y las comisiones de afectados, destinados a influir en las decisiones políticas que necesariamente han de buscar alternativas reales al empleo de la opción custodial.

La creación de una unidad institucional para el cumplimiento de las recomendaciones internacionales en el ámbito penitenciario.

El imprescindible desarrollo de una investigación sociológica de la realidad carcelaria actual, con especial incidencia en las problemáticas más acuciantes. Por destacar una: muertes, personas enfermas y suicidios en prisión.

La necesidad de “abrir la cárcel”, atravesándola con el “ingreso” de otras instituciones y sectores de la sociedad civil. Ejemplo: creación de clínicas jurídicas desde la universidad.

5.2.6. Sexto paso: tejer una amplia red de acompañamiento real a las víctimas y una participación de la sociedad
en la resolución de conflictos

Este sexto paso, por su relación directa con la concepción de un modelo de justicia, lo desarrollaremos en el próximo apartado.

5.3. Un cambio en el modelo de justicia

Algunas de las propuestas que ahora hemos mencionado y a las que hemos llamado cambios “hacia afuera” tienen claramente una relación con la justicia. Ahora nos queremos detener en qué ofrecer o proponer, entonces, como modelo de justicia o, más bien, sobre qué bases poder construir entre todas las personas alternativas al modelo de justicia institucionalizado y no institucionalizado actual. Para ello, queremos apuntar varias premisas y consideraciones iniciales acerca de lo que es y lo que no pretende ser nuestra propuesta.

Del mismo modo que es necesaria una revisión de la cuantía de las penas de prisión (si no su abolición desde el inicio), se hace imprescindible hacer una lectura crítica, tomando consciencia de lo político de las conductas consideradas como delitos, de todos los hechos contenidos en los códigos penales. Se trata de politizar este hecho social y de politizar las relaciones de dominación.

No se trata de renunciar a tener normas. Estas son imprescindibles para poder vivir en comunidad y pueden ser de muchos tipos. Pero estas normas han de nacer del consenso y de procesos participativos, deliberativos, serios y coherentes, que ahora son prácticamente inexistentes en todo el mundo. La necesidad de pensar en qué punto estamos va de la mano de la necesidad de repensar nuestras democracias y, en muchos lugares, de la necesidad de procesos constituyentes.

No se trata de pensar qué agentes que ya existen en la justicia y en su estudio sobran. Todas y todos somos importantes, pero todas tenemos que transformarnos. No se trata de no dar respuestas, se trata de dar respuestas que no pasen por el castigo pero que pongan la vida, las emociones y las necesidades en el centro. Se trata de cuestionar el acto de juzgar y las consecuencias de penar, es decir, de infligir un dolor o un mal en alguien por los distintos motivos que hemos planteado en este libro. Se trata de pensar por fuera de las categorías ya existentes en el derecho penal. Se trata de ser conscientes de la interacción del concepto de castigo con muchas variables más: capitalismo, patriarcado… Se trata de empezar a pensar la justicia institucionalizada de modo distinto al de un “producto” y adecuarla a las necesidades reales de las personas. Se trata de ir más allá y de que todas las personas nos involucremos en los procesos comunitarios de resolución de conflictos de todo tipo para vivir más seguras en nuestras comunidades. Se trata de crear progresivamente una gestión comunitaria de resolución de conflictos cercana a las personas, donde exista una corresponsabilidad y un real abordaje de lo que nos sucede como seres humanas en comunidad. Se trata de crear desde abajo y desde aquí podemos empezar cuando queramos. Se trata de pensar qué tipo de educación formal e informal hemos recibido, estamos recibiendo y estamos ofreciendo. Qué y cómo enseñamos, qué y cómo estamos aprendiendo a abordar los conflictos, a mirar a las personas y las cuestiones que tienen que ver con la seguridad en nuestras vidas. Vamos a ello.

5.3.1. Superando la justicia restaurativa.
La apuesta por la justicia consensual

La que hemos querido llamar justicia consensual (pero a la que se le puede llamar de la forma que se quiera) es un modelo próximo a lo que se conoce como justicia restaurativa, un concepto mucho más consolidado, al que nos referiremos a continuación.

La justicia consensual es, por tanto, un modelo para darnos justicia a las personas y a las comunidades. La particularidad más importante de la justicia consensual es que se mira a sí misma como una verdadera alternativa a la justicia penal tradicional. No quiere ser un apéndice de esta, por considerar que sus lógicas son incompatibles con sus postulados y pervertirían al propio modelo. Se trata, por tanto, de una auténtica alternativa al modelo de justicia penal entendido hasta ahora y como mira hacia el abolicionismo, se hace mucho más radical en sus planteamientos que la justicia restaurativa. La justicia consensual está pensada para dar las bases necesarias al modelo de justicia institucionalizado que queremos, pero también como modelo comunitario de justicia, en sintonía a las premisas ahora presentadas.

Comenzamos, entonces, por definir la justicia restaurativa. Sus orígenes son muy antiguos y se asientan en tradiciones jurídicas de la china antigua y el sistema confuciano, y especialmente en las tradiciones autóctonas de diferentes comunidades originarias de América, Asía, África y Oceanía. Obedece, pues, a culturas diferentes a la occidental y tiene componentes totalmente consensuales; sin embargo, muchos de estos se pierden en algunas de las adaptaciones y asunciones que desde los años setenta del siglo XX se empiezan a dar en Occidente.

Ya en este contexto, y de manera generalizada aunque no absoluta, la justicia restaurativa es una nueva tentativa de equidad en los tribunales que se desarrolla a partir del presente judicial que vivimos y que de alguna manera ya se va viendo afectado por su intervención. Una justicia con una mirada puesta en el futuro y que va marcando el camino por el que las partes encontradas en el conflicto y toda la sociedad ha de transitar para alejarnos de un pasado por cuyos laberintos no interesa seguir ni quedarse.

La justicia restaurativa no se concentra solamente en el juzgamiento y castigo de los hechos pasados, una cuestión sobre la que volveremos más adelante, sino que se centra en la reconstrucción de relaciones que permitan la futura convivencia pacífica de las personas a través de la restauración de los daños sufridos por todas las partes involucradas.

El concepto de justicia restaurativa probablemente sea el producto del encuentro de distintas insatisfacciones, consecuencia de sus procedimientos y de las evoluciones que se han dado a lo largo del tiempo en torno a la justicia penal.

Para algunos autores, el nacimiento de la justicia restaurativa se debe a varias circunstancias:

Al excesivo crecimiento de los procedimientos penales por la apelación constante al derecho penal en el mundo occidental para solucionar los conflictos entre las personas.

La insatisfacción por los resultados que presenta la justicia penal en las distintas dimensiones de su aplicación: a la víctima, al victimario y la sociedad en su conjunto.

Para otros ensayistas, la aparición de esta nueva manera de entender la justicia no es sino la natural alternativa en el camino por la humanización del derecho penal en el futuro.

La justicia restaurativa sería la fase en que se comienzan a ofrecer respuestas menos aflictivas y más eficientes. Es un cambio en la concepción de la justicia por parte de la ciudadanía, que viene determinado porque se deja de considerar que el derecho penal sea una de las manifestaciones del poder del Estado sobre los súbditos que se someten voluntariamente y que aceptan el castigo. Pasa a entender la justicia penal como un servicio que debe prestar a la ciudadanía para solucionar los conflictos que surgen en sus relaciones.

Así, algunos autores advierten que, desde su nacimiento, dentro de la justicia restaurativa, aunque sea entendida de maneras desiguales, coexisten diferentes movimientos sociales de distintas ideologías entre los que cabe destacar:

Movimientos a favor de los derechos de las personas presas.

Alternativas de cómo ha de ser la audiencia a las víctimas.

Propuestas de distintos abolicionismos y movimientos que apuestan por fórmulas de resolución alternativa de los conflictos.

Por tanto, las raíces de la justicia restaurativa no son únicas. Hoy por hoy, la característica fundamental del concepto de justicia restaurativa tal vez sea su indefinición como una fórmula concreta; sus contornos siempre son difusos y sustancialmente diferentes dependiendo de la realidad nacional de cada Estado en la que se ha tratado de describir este cambio radical de justicia.

La dificultad objetiva de asumir una noción concreta de la justicia restaurativa y que sea universalmente aceptada o, cuando menos, pacífica y respetuosa en sus componentes esenciales induce a seguir en un continuo estudio teórico general y compartido, pero en el que probablemente se habrá de atender a la realidad nacional e internacional de cada Estado.

En todo caso, sea cual sea la definición que se aporte de la justicia restaurativa, en la base y desarrollo de la misma siempre se encuentra la filosofía que atiende prioritariamente: la restitución de la paz social mediante el diálogo comunitario y el encuentro directo entre las personas afectadas por los conflictos.

En definitiva, las coordenadas de pensamiento en las que nos movemos suponen que entendamos la justicia restaurativa como una filosofía integral y hayamos de situarla en el marco de la filosofía del entendimiento, para la que queda la tarea de remover muchas conciencias hasta llegar a su objetivo.

Aunque en esta obra solamente nos estamos refiriendo a la dimensión penal de la justicia restaurativa, se trata de una manera de entender la justicia que no solo es aplicable y exclusiva del ámbito penal, sino que debe afectar a todos los espacios en los que interviene la justicia.

La dimensión restaurativa es una herramienta que participa activamente en la búsqueda de soluciones a las consecuencias de los conflictos generados por el hecho delictivo, una manera de proceder que involucra tanto al infractor como a la víctima y a la sociedad, a fin de promover la reparación del daño causado, la reconciliación entre las partes y el reforzamiento de la comunidad.

Sin ánimo de dar una definición cerrada, exhaustiva y omnicomprensiva, consideramos que en el concepto de justicia restaurativa son varias las ideas interesantes que cabe destacar desde los diferentes ámbitos de conocimiento que han abordado la cuestión.

En primer lugar, desde el ámbito de la criminología se ha expresado una atención creciente a las necesidades de la víctima del delito y a la necesidad de su participación en el proceso formal penal, que hasta ahora se le había negado. Esta intervención es necesaria tanto desde el punto de vista emocional-sentimental como desde el punto de vista de atender la opinión de la víctima directa en la hora de configurar los efectos reparatorios previstos por las legislaciones penales y las consecuencias para el victimario.

Esta corriente confluye con aquella otra que ha puesto en evidencia los riesgos de la victimización que se construye en el infractor por parte del sistema penal existente (victimización secundaria), en lo que concierne a la aplicación de todo el entramado penitenciario y de la ejecución de las condenas.

Ambas formas de entender este modelo de justicia vienen unidas irremediablemente a la crisis de la resocialización y del tratamiento penitenciario y al cuestionamiento de la eficacia de la ejecución de la pena privativa de libertad como respuesta principal contra el delito en nuestros días.

Gracia Mannozzi, en su obra sobre esta misma cuestión Un recorrido entre criminología y derecho penal, nos dice de forma magnífica que la justicia restaurativa supera la concepción del delito como mera violación de la norma jurídica acogiendo una visión “alargada” del hecho “criminal” que requiere de otros mecanismos diferentes a la pena, aquellos que precisamente ahonden en la complejidad del hecho delictivo por ser una realidad mucho más compleja.

Estamos de acuerdo también con Massimo Donini cuando, en su texto Il delito riparato. Una disequazione che puó trasformare il sistema sanzionatorio, afirma que la justicia restaurativa es mucho más que una serie de previsiones de cómo será la legislación de atenuantes de reparación del daño, la previsión de beneficios suspensivos (el indulto) y los atenuantes de otro tipo en caso de reparación del daño.

Entiende el profesor italiano que las anteriores propuestas son lógicas puramente instrumentales de colaboración al proceso penal, de recuperación económica, de beneficios otorgados a la confesión o delación de otra persona, es decir, justicia premial dentro del sistema penal, y, sin embargo, la justicia restaurativa busca cambiar la propia concepción de la pena.

De lo dicho hasta ahora se puede intuir cómo muchos de los planteamientos de la justicia restaurativa han venido a nuestros ordenamientos jurídicos para quedarse definitivamente, aunque, desgraciadamente, nuevas formas de entender el derecho penal están sucediendo en la mayor parte de los casos, sin que a la vez se haga un cuestionamiento integral de las bases de la justicia penal que se soporta y esgrime desde los actuales estados. A esta cuestión dedicaremos un espacio un poco más adelante.

También debemos repetir que entre quienes se inclinan por poner en práctica este modelo de justicia restaurativa, al menos teóricamente, se advierten y se vislumbran toda una serie de mejoras necesarias en la justicia penal existente, incluso hay quienes apuntan a la necesaria humanización de las penas fruto de una civilización más pacífica.

Sin embargo, son pocos los autores que aun habiendo dado los primeros pasos en este sentido se hayan atrevido a afirmar que la justicia restaurativa sería un modelo con el que finalmente se podrá sustituir la justicia penal.

Por supuesto que en favor de esta transición de una justicia a otra, no hay ningún referente del poder judicial, del legislativo o del ejecutivo que haya hecho un planteamiento similar.

De este modo, comprobamos que todas las propuestas que trae la justicia restaurativa en la actualidad, especialmente la creación de espacios para el encuentro y comunicación de la resolución de conflictos, se han pensado dentro del modelo de castigo que sostiene el proceso penal vigente en cada jurisdicción y que no se puede evitar de ninguna manera. Se podría decir que, de algún modo, el poder de castigar ha cooptado las pretensiones iniciales de la justicia restaurativa.

Por este motivo, nosotras queremos apelar en este momento a una justicia restaurativa que tenga una perspectiva en la que se contemple necesaria la abolición de las lógicas de castigo. Esto es así porque una de las discusiones más acuciantes en la academia acerca de la justicia restaurativa ha sido la de considerarla una verdadera alternativa a la justicia que ya tenemos o, simplemente, un recurso más dentro de esta.

Sin ninguna duda, en todo Occidente, ha sido esta segunda opción la que se ha impuesto y ha inutilizado la propia esencia de la justicia restaurativa. Consideramos que esta situación es ya irreversible y, por ello, en la idea de posicionarnos ante este dilema y por la composición de fuerzas que entienden que la justicia restaurativa solo se entiende dentro del modelo penal tradicional, nosotras hemos propuesto el modelo de la justicia consensual.

5.3.2. Qué es y qué implica la justicia consensual

La justicia consensual, cuando se plantea como una alternativa al sistema penal actual, obedece a la necesidad que existe de precisar cierta forma radical de la justicia restaurativa, que en consecuencia, a su vez, sea un modelo de entender la justicia penal en su conjunto (y que necesariamente dejaría de llamarse de ese modo) y no se limita solo al plano institucionalizado de la justicia.

Elena Larrauri sostiene lo siguiente en las páginas 442 y 443 de su texto Tendencias actuales de la justicia reparadora:

Existen dos dificultades para definir la justicia reparadora. La primera consiste en que diversas alternativas al sistema penal formal, a pesar de ser instituciones distintas y funcionar con principios diversos entre sí, se autodenominan precisamente como “justicia restauradora”. […] una segunda dificultad para definirla con fijeza es que sus propios defensores rehúyen ofrecer una definición, entre otros motivos precisamente por la falta de un acuerdo asentado.

Esta misma autora también defiende en este texto que la justicia restaurativa ha de contar en toda su concepción y extensión con dos importantes características que también persiguen las condiciones objetivas de la justicia consensual: ser menos punitiva por su orientación a la víctima —esta condición no solo sirve en el ámbito penal, sino en cualquier conflicto del carácter que sea— y hacer del diálogo el elemento central de su aplicación. Precisamente el diálogo es el único medio por el cual, en sus diferentes formas, se puede alcanzar el consenso para salvar el conflicto de la debacle.

De este modo, lo que se quiere precisar con estas condiciones es que la justicia consensual es más radical y coherente en cuanto a su posicionamiento acerca del elemento punitivo y más impertinente en la búsqueda del consenso que supone una renuncia a cualquier medida impositiva como son los castigos de cualquier tipo.

La principal característica que hace diferente a la justicia consensual frente a otros modelos de justicia es que a lo que por parte de la sociedad se considere justo no se llegará a partir de la imposición de unos sobre otros, sino que el acercamiento se realizará a partir del reconocimiento de los puntos comunes y diferentes entre las partes que se sientan enfrente. La justicia consensual entra en una dinámica de acuerdos y disensos que sirve de base para la construcción del consenso.

De esta manera, se trata de construir la consideración de lo que es justo, siempre desde una decisión voluntaria asumida de común acuerdo por todas las partes implicadas. En este modelo, el cumplimiento de esos acuerdos se basará en que la decisión haya sido tomada de manera realmente libre.

En este modelo de justicia consensual que transitamos se inscriben algunos de los mecanismos alternativos de gestión de conflictos que se van desarrollando con nuevas formas de hacer de la implementación de la solución a los conflictos, que enfatizan en concepciones no adversarias del derecho y la justicia. Es decir, son mecanismos que usan instrumentos de diálogo y que procuran alejarse de las lógicas de confrontación permanente hasta la derrota y llevan a la búsqueda de consenso.

Más claramente, se trata de modelos donde las partes no se entienden como enfrentadas con el objetivo de que una gane y la otra pierda, que en definitiva es lo que se representa en un juicio y la sentencia de un tribunal, sino que vivan el procedimiento unidas en un momento vital por dar solución a un conflicto que sin ninguna duda requerirá un esfuerzo conjunto para ser afrontado. Aquí la justicia consensual trae la parte más política. Es decir, toma consciencia de que las comunidades más vulnerables son a su vez las más afectadas por la prisión y la represión. Desde ahí la necesidad de ofrecer intervenciones distintas y reales para las personas y para las comunidades.

La visión del derecho también abarca en su concepción una parte del pluralismo jurídico y con ella se asumen los postulados de la antropología jurídica que configuran el derecho de una determinada comunidad. Esto es, el derecho está compuesto por todas las normas, orales o escritas, legales o consuetudinarias, que efectivamente regulan la convivencia.

Y es que, con esta aseveración, queremos dejar constancia de que durante un tiempo considerable se negó en Occidente la naturaleza de derecho de esos sistemas de regulación de la convivencia que no contaban con un carácter coercible y cuya eficacia, por lo tanto, se basaba en el convencimiento.

La justicia consensual se concreta en la práctica en la aplicación de algunos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, aquellos de carácter consensual y espontáneo que son habitualmente puestos en práctica y que son básicamente los que se listan a continuación:

El arreglo directo.

La mediación.

Ciertos tipos de conciliación.

La concertación.

Los círculos de paz.

Las conferencias restaurativas o foros abiertos.

Todos estos aspectos son elementos comunes de los sistemas de derecho que componen la antropología jurídica de la Tierra.

Hay que considerar que si bien algunos autores y autoras entienden que las formas alternativas de gestión de conflictos son una evolución moderna del derecho, un avance, sin duda, basado en concepciones democráticas del Estado, nosotras, desde los planteamientos que se deducen del estudio del derecho comparado, estudios poscoloniales, la metodología y el marco teórico de estas formas alternativas actuales, creemos que aunque sean ahora reconocidas, en realidad son anteriores a todos los mecanismos existentes en la justicia penal oficial actual en todo el planeta.

Si repasamos los estudios de Patrick Glenn, las conclusiones a las que llega en sus libros Legal traditions of the world y On common laws sobre el pasado reciente del derecho son especialmente reveladoras a este respecto.

En estas obras, el autor dice que puede hablarse de todo un modelo de sistema jurídico bajo la denominación de chthonic law, término en inglés que se podría traducir también como ‘derecho autóctono’ y que de una forma u otra está expandido por todo el planeta.

Con esta denominación no se pierde la relación que tiene el derecho con la tierra en la que ejerce y, a su vez, se hace referencia a que casualmente este derecho es propio de pueblos que viven en armonía con el ambiente.

En los estudios europeos y latinoamericanos esta cuestión de las justicias autóctonas está bastante ausente, sin embargo, en EE UU y Canadá y, en menor medida, también en Brasil, se ha avanzado en su estudio.

En particular, el modelo del chtgonic law tal y como todavía se configura prácticamente en muchas partes del mundo recoge una serie de elementos y particularidades propias de muchas de las figuras de la justicia restaurativa.

Patrick Glenn muestra las principales características, extraídas del libro de Legal traditions of the world, que permiten hablar de un modelo jurídico:

Se trata de derechos que no presentan un momento preciso de surgimiento o de ruptura. No existe el sistema de fuentes, tan importante para los derechos occidentales y para el derecho islámico, y si existen estos orígenes, carecen de especial relevancia. Aquí se pueden observar las tradiciones de regulación de la socialidad más antiguas de la humanidad.

En su mayoría, son derechos orales o en los que la palabra trasmitida y aplicada a los tiempos desempeña un rol principal. En consecuencia, se trata de tradiciones esquemáticas que no son muy minuciosas: están pensadas para ser recordadas por la mente humana y rechazan las formalidades. No presentan la burocracia del formalismo que invade el derecho en la actualidad y, por ende, tampoco existe el fenómeno de la corrupción.

Se rigen por sistemas de toma de decisiones en las que es determinante para su aclaración y aplicación la interpretación de las normas basada en la gerontocracia. En estos sistemas, son los ancianos quienes cuentan con el poder de interpretación. Los consejos de ancianos son la fuente última de poder en la toma de decisiones comunitarias. Este elemento excluye también la generación de ejércitos o policías, pues la autoridad de los ancianos no está condicionada por un poder fáctico que la imponga, sino por el reconocimiento de la comunidad de su edad y mayor experiencia.

Se presentan estos derechos en sociedades en donde no se cuenta con regímenes de propiedad, sino que el espacio y los bienes se relacionan con las personas a través de su uso particular o colectivo. Esta manera de hacer resulta en que tampoco se encuentran razones para acumular o para apropiarse de territorios.

Otra consecuencia es la inexistencia de la concepción de los derechos individuales, podemos considerar derechos subjetivos, como posesiones inmateriales de las personas de la comunidad.

Las diferentes normas que rigen en este modelo de aplicación del derecho son de carácter informal. Un ejemplo de esto se encuentra en la concepción misma del “crimen” y sus consecuencias, que suele ser asumido como algo que es responsabilidad de la comunidad y en donde la ofensa a una persona se percibe como una afrenta para todo el grupo, el cual deberá participar de su resolución.

En estos modelos, que representan desde la historia a los más antiguos, actualmente extintos, nos encontramos, al menos en sus formas puras y en sus sistemas de organización social y humana, con algunos aspectos que hemos de destacar:

Tenían un claro enfoque hacia la reconciliación entre las partes antes que procurar la adjudicación de responsabilidades y la asunción del castigo.

Podemos hablar de que aquellos sistemas arcaicos tenían peculiaridades concretas que cumplían con las características y finalidades de la justicia consensual.

Eran modelos en los que vemos que la responsabilidad tiene un rol fundamental, pero no como algo asignado por un tercero, sino como algo asumido por la propia persona mediante procesos de empatía y desarrollo autónomo, esto es, por consenso.

5.3.3. Las líneas maestras

En el epígrafe anterior hemos querido hacer una relación de las características básicas de este modelo en las que nos basaremos para hacer nuestra propuesta final y algunas premisas de lo que estamos planteando y de lo que no.

Las consecuencias que buscamos, aquellas razones por las que nos permitimos hablar de un modelo de justicia consensual, son la restauración de la comunidad y la convivencia en su interior incluso a partir del conflicto, y no el castigo o la retribución de un mal. En definitiva, la comprensión de que justicia y seguridad individual y colectiva van de la mano.

Llegadas aquí y para poder seguir avanzando, tenemos que recordar que desde el principio de este último capítulo hemos referido la necesidad de pensar la justicia en dos sentidos. El primero, el que nos nace automáticamente, es aquel vinculado a la “impartición” de la justicia institucional. El segundo, pensar la justicia fuera de las lógicas institucionalizadas, donde todas las personas en lo cercano podamos participar e intervenir.

Nos queremos referir a los dos espacios de justicia porque en el modelo que planteamos los dos van a la mano, dado que ambos se encuentran bajo la estela de la justicia consensual. Sin embargo, cada espacio necesita para su comprensión de algunas precisiones añadidas. La primera es que el primer espacio existe en la actualidad, es el único. El segundo no existe (al menos pública y formalmente), por lo que se tiene que ir pensando desde abajo.

Sobre la justicia institucional, ya hemos dicho antes que dentro de la justicia y la sociedad actual hay algunos mecanismos que obedecen ampliamente a los criterios de la justicia restaurativa. Pero también sabemos que como están introducidos en el sistema de justicia penal que conocemos, con esquemas muy distintos al enfoque que trae dicha justicia, hay que tener cuidado de que no pierdan su sentido y, en última instancia, sirvan para avanzar en el cambio cultural necesario y no para evitar el cambio en sí mismo.

Nos referimos nuevamente a que, de diversas maneras, la justicia restaurativa se ha ido adoptando progresivamente como modelo de forma parcial y con distintos matices en algunos países, pero siempre dentro de la justicia penal existente previamente y, por lo tanto, manteniendo su principal condicionante: básicamente se ha desarrollado dentro de los modelos adversariales7 existentes basados en el castigo-premio.

Con esta forma de hacer se han ido incorporando elementos de reparación del daño para la víctima y ciertos avances en una pretendida humanización de la justicia y una cercanía a las personas que a ella se acercan por motivo de cometer o ser víctimas de un delito. Precisamente, la dificultad de incorporar estos elementos desde una nueva concepción de la justicia penal, pero dentro del tradicional modelo del castigo que se ha impuesto en términos generales, nos ha llevado incluso a referirnos conceptualmente a un modelo distinto, al de la justicia consensual. Por ello, en este escenario en el que surge una progresiva implantación de modelos de justicia restaurativa insertados en los sistemas actuales de justicia, es importante identificar los riesgos para no cometer determinados errores.

Estos peligros son muchos y tal vez tantos como para que se desnaturalice la propia justicia restaurativa y llegue al punto de convertirse en apéndices funcionales para que otros objetivos y propuestas lejanas al cambio civilizatorio sean suficientes. Sin embargo, no renunciamos a ello porque es fundamental tener un sistema de justicia que verdaderamente nos sirva y porque hay ejemplos valiosos de que se puede hacer. Así, para que los planteamientos alternativos de gestión de conflictos no caigan en la perpetuación del castigo, para que estas nuevas fórmulas no se conviertan en “más de lo mismo” de lo que ya tenemos, la propuesta pertinente ahora es enfrentar estos riesgos a través de un procedimiento simple: identificar algunos elementos esenciales y tener cuidado en que se conserven siempre.

Estos elementos los pasamos a exponer a continuación. Estos son compartidos y tienen relaciones e intersecciones con el otro espacio de justicia que hemos mencionado antes, el comunitario, el que vayamos creando desde abajo. Es decir, tenemos que dejar de pensar la justicia institucional como un espacio donde la comunidad no participa, la justicia en sí misma como producto, y hemos de empezar a pensar que muchos de los conflictos que llegan a los órganos de justicia institucionalizados pueden ser resueltos en el seno de la propia comunidad, que es donde nacen, enraízan, se hacen virulentos y con los que muy probablemente se tendrá que seguir conviviendo. Y antes aún, precisamente, es en el seno de la comunidad donde se pueden prevenir. Algunos ejemplos sencillos que son constantes en la administración de justicia son las amenazas y coacciones entre vecinos, las lesiones, el maltrato animal, los hurtos y robos, las estafas, las apropiaciones indebidas, los delitos que se dan dentro de empresas, el bullying, el acoso en el trabajo, el stalking, los delitos de tráfico, la violencia dentro de la familia…

Entendemos que los planteamientos que hacemos de justicia consensual no serán implementados per se como un modelo de justicia y no aspiramos a que automáticamente sean capaces de llegar a una nueva cultura de justicia no punitiva.

Sin embargo, esperamos que nuestras propuestas generen un movimiento, una implicación de las personas y las comunidades a la hora de pensar en formas más justas de sentirnos protegidas, sentir bienestar y poder seguir viviendo en comunidad.

Dos líneas imprescindibles para plantear verdaderas alternativas desde la justicia institucionalizada como comunitaria no institucionalizada son las siguientes:

1. Partir de la premisa del reconocimiento de la otra persona, cualquiera que sea la parte, como igual en dignidad. Es decir, la afirmación de la dignidad humana de todas las personas, rechazando cualquier visión que:

Establezca relaciones de amigo-enemigo entre las partes.

Vaya por el camino que conduzca a la búsqueda de alguien a quien colgar la culpa, chivos expiatorios, en lugar de generar espacios en los que sea determinante la autonomía de las partes.

Procure apoyar a quienes parecen tener una condición inferior y necesitan asistencia.

2. No atender a los fines de la pena que es el objeto del castigo:

No centrarse exclusivamente en lo que pasó.

Entender que lo importante son los efectos negativos de hechos anteriores que ocurrieron y las consecuencias que tuvieron.

Entrever las formas en que puedan repararse y compensar los hechos y gestionarse positivamente en el presente, desde una perspectiva pacificadora del futuro.

3. Conservar y respetar de manera absoluta los principios de voluntariedad, confidencialidad, razonabilidad, proporcionalidad, gratuidad y neutralidad en cualquier intervención de resolución de los conflictos, sean personales, intergrupales o por la participación en programa de prácticas restaurativas más generales. Por supuesto, respeto a principios generales que han sido un avance en la humanidad, como, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia.

4. Tratar de que se utilice un lenguaje diferente al que utiliza y promociona el sistema punitivo en la actualidad para modificar la relación que se mantiene.

Renunciar a hablar de “víctima”, en singular, porque seguramente víctimas son todas, no en un solo sentido y ninguna víctima es igual. Renunciar al concepto homogéneo de víctima.

Dejar a un lado el término de delincuente y utilizar los de ofensor/a o contraparte, porque, a su vez, también puede ser víctima.

Hablar de conflicto y violencias en lugar de delitos.

5. Empoderar en el procedimiento siempre a todas las partes. Es decir:

Que encuentre beneficio la parte ofensora y mantener siempre abierta la posibilidad de responsabilizarse de sus actos y de sentirse parte de la comunidad.

Que participe la parte ofendida o, en su representación, la comunidad, para poder de alguna manera más cercana sanar, perdonar y perdonarse, y ser reparada.

Que siempre se implique y beneficie de algún modo a la comunidad cercana.

6. Relocalizar la justicia. Que involucre a la comunidad cercana para que se restablezca un buen clima de convivencia y paz en las relaciones y se puedan identificar los factores que deben ser transformados para un mejor y armónico funcionamiento.

7. Para ello, será necesaria la formación de todas las personas en resolución de conflictos y en la que antes hemos denominado corresponsabilidad de los conflictos en general y, más específicamente, de los derivados de hechos graves. Este paso es importante y urgente.

8. Pensar en la protección a la persona que ha sufrido un abuso, una ofensa o un conflicto sobre ella como un continuo, hasta donde la persona necesite y como necesite (sin caer en la perpetuidad, obviamente, porque la idea es dejar de sentirse de ese modo), prestando tantos servicios como se necesite por parte del Estado pero, sobre todo, de la comunidad más próxima. La protección de la víctima no pasa por la coerción de la persona que la ha dañado. Aquí las posibilidades son infinitas. En este sentido, se tendrán que hacer efectivas partidas presupuestarias en esta materia que nunca se han hecho seriamente, así como ampliar los fondos para las indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos, ampliarlos a los no violentos y facilitar el acceso a ellos. Esta sería la mejor medida de que las personas fuesen indemnizadas en todos los casos.

9. En la lógica restaurativa se podrán pensar otro tipo de respuestas alternativas al castigo, también en casos donde no hay víctimas directas (piénsese, por ejemplo, en un delito de seguridad vial o contra el medioambiente).

En el diseño de intervenciones comunitarias de este tipo se puede pensar en lógicas de reparación más amplia. Los trabajos en beneficio de la comunidad podrían tener un espacio muy vasto. Trabajos en beneficio de la comunidad donde verdaderamente la comunidad esté implicada o que tuvieran un contenido formativo-transformativo, como pueden ser programas de prácticas restaurativas. Estos programas siempre deberán respetar el libre desarrollo de la personalidad y es importante que estén pensados en herramientas de convivencia y autocuidado alejadas de la lógica del castigo.

También puede pensarse en otro tipo de programas específicos para abordar hechos violentos. Programas específicos de violencia de género, violencia sexual o de violencias genéricas, programas que no tienen que darse en situación de privación de libertad y que pasen por en una verdadera responsabilización de las personas de las violencias ejercidas, que generen verdaderamente una transformación en la persona para que le permitiesen romper con la espiral violenta, lo cual solo es posible si se aleja del castigo.

Cumplidas estas premisas que hemos relacionado, la justicia consensual que se pueda conseguir de manera completa no la presentamos como un modelo complementario, sino como posible y perfecta alternativa a la idea de justicia propia del mundo globalizado de corte occidental. Es más, precisamente por las características del mundo global, esta propuesta es especialmente realista. Por un lado, se trata de transformar radicalmente la forma de construir justicia desde las instituciones (no de impartir justicia), donde todos los actores serán importantes y transformarán el papel actual. Por otro, se avanza en una corresponsabilidad de todas las personas en la gestión de los conflictos (no de una privatización, como algunas personas se adelantarán a afirmar).

5.3.4. Para ir cerrando…

Como no podía ser de otra manera, se han escrito críticas al abolicionismo y a modelos restaurativos de resolución de conflictos. Sería imposible mencionar todos, pero queremos destacar a uno, a Luigi Ferrajoli, al que informalmente se le denomina “padre del garantismo penal”. Pues bien, Luigi Ferrajoli, en Derecho y razón, hace una crítica a los modelos de justicia consensual que son similares al que nosotras proponemos en estas páginas y, yendo más allá, junto con otros expertos en derecho penal que lo desarrollan más ampliamente, hace una diatriba profunda al abolicionismo que subyace en ellos.

Así, por ejemplo, dicen que hay dos grandes peligros para la sociedad si el abolicionismo se presenta: que ante la ausencia de un resarcimiento administrado por el Estado se instaure de manera generalizada la venganza privada y que la sociedad sufra un control absoluto, cayendo en lo que denomina disciplinarismo social, caracterizado por la negación de libertades a todos y todas las ciudadanas. Ante estas críticas y miedos ha habido respuestas.

Elena Larrauri, por ejemplo, en su texto Criminología crítica: abolicionismo y garantismo, responde a estos autores temerosos que ven algunos riesgos en estos cambios en el derecho en estos dos aspectos y les responde: el temor a la venganza privada no tiene sentido. De acuerdo con las investigaciones históricas, se encuentra que eran otras de tipo más restaurativo las prácticas que primaban antes de que existiera el Estado nación y el uso generalizado en los sistemas jurídicos del derecho penal.

Frente al otro temor de un control social absoluto, índica que no es más que eso, un temor ante una posible respuesta, pero que no es la única posible.

Eugenio R. Zaffaroni, en su libro En busca de las penas perdidas, de manera crítica frente a la postura del anterior autor italiano que nos alerta sobre los peligros que puede acarrear el avance del abolicionismo, afirma que eliminar el derecho penal no implica que no se dé ninguna respuesta a los conflictos sociales que se puedan producir, sin duda, pueden darse réplicas, entre otras posibles, como la que en este texto se propone: la justicia consensual.

Hay que tener en cuenta, como enuncia Maximiliano Postay en su obra Estado de derecho y abolicionismo del sistema penal. Fundamentación jurídico-estratégica de la no pena, en la página 14, que el abolicionismo no es quimérico ni endeble y mucho menos una teoría fracasada. Efectivamente, nunca se podrá decir que una teoría que jamás se ha llevado seriamente a la práctica ha fracasado.

Queremos mencionar que el escenario de justicia fuera del ámbito de la administración estatal de justicia tal y como está pensada hoy puede parecer impensable para algunas personas. Sin embargo, la necesidad de cambio de esa forma de administrar justicia es notable y aquí se han explicitado algunos modos en los que todos los agentes implicados son necesarios e importantes.

No obstante, como la realidad de hoy impera, existen pequeñas experiencias, algunas documentadas, otras no, en lugares como Alemania y EE UU, en los que se están desarrollando auténticos proyectos comunitarios que consideramos nacen y se desarrollan en las premisas y claves de la justicia consensual, que en este caso viene nombrada como transformative justice8 (‘justicia transformativa’). Al respecto, se puede ver el magnífico texto de Generation Five, Towards Transformative Justice. A Liberatory Approach to Child Sexual Abuse and other forms of Intimate and Community Violence.

También desde la transformative justice se parte de la idea de que para vivir en un mundo justo debemos desarrollar una respuesta liberadora de la violencia que será un acto íntimo, interpersonal y comunitario. En este sentido, existen tres premisas de intervención:

La justicia individual y la liberación colectiva son igualmente importantes, se apoyan mutuamente y se entrelazan: el logro de una es imposible sin el logro de la otra.

Las condiciones que permiten que ocurra la violencia deben ser transformadas. Por lo tanto, la justicia transformadora es tanto una política liberadora como un enfoque para garantizar la justicia.

Las respuestas estatales y sistémicas a la violencia, incluido el sistema legal penal, no solo no logran promover la justicia individual y colectiva, sino que también toleran y perpetúan los ciclos de violencia.

Su estructura y bases para la intervención comunitaria se expresan en la siguiente figura.

Figura 2

La intervención comunitaria

Fuente: https://www.transformativejustice.eu/en/ y www.incite-national.org

Se trata de estrategias de gran compromiso donde la comunidad asume un rol de acompañamiento y diálogo por largos periodos que lleva a garantizar la seguridad y permite abrir espacios de responsabilización y transformación real. Este es solo un ejemplo, pero es uno que ya está siendo puesto en marcha en algunos sectores de las sociedades occidentales frente a casos considerados como delitos.

Queríamos terminar con este ejemplo que permite mirar con cierta esperanza la posibilidad de cambios, especialmente los que pueden ser más inmediatos y cercanos. Sin duda, el trabajo que se está desarrollando en distintos lugares en torno a la transformative justice es enorme. Son años de trabajo para llegar a un diseño tan sencillo y a su vez útil en el que basar los ejes de intervención en la resolución de los conflictos desde un enfoque individual y comunitario liberador.

Capítulo 6

DESPEDIDA

Es una evidencia que en este trabajo hemos tenido que dejar muchas cuestiones por fuera. También sentimos que, en ocasiones, hemos tenido que simplificar en exceso y, en otras, al contrario, pensamos que hemos complejizado más de lo necesario.

Escribir sobre abolicionismo y desde la radicalidad de sus ideas es muy complejo porque la cárcel es una institución compleja, el castigo también lo es y, en definitiva, estamos escribiendo sobre uno de los grandes temas de la humanidad: la justicia, intentando pensarla desde nuevas lógicas y paradigmas.

Ha sido un reto maravilloso y, sencillamente, como decíamos en la introducción del libro, esperamos que este trabajo sea una herramienta más para la reflexión profunda individual y colectiva, porque somos conscientes de que las alternativas habrán de ser construidas entre todas, en un proceso largo y diferente.

El abolicionismo integral, a través del cual pensamos que se podrá realmente eliminar la prisión, no es solo una utopía que marca el camino que hemos de recorrer, sino que es una necesidad social urgente y real, y puede empezar a construirse desde lo individual y lo colectivo de manera inmediata.

Escribir este libro y tratar de actuar en nuestras vidas conforme a lo que aquí decimos es un aporte que intentamos hacer desde la sencillez y la honestidad a la abolición de la cultura del castigo.

EPÍLOGO

Una de las pruebas más importantes de la manipulación a la que tenemos sometida nuestra conciencia desde la cuna, uno de los elementos más moldeables de nuestra manera de ver y entender las cosas que nos rodean, es la disposición a castigar que tenemos los humanos y las humanas que hemos sido educadas en esta civilización del bien y del mal. Una civilización que al castigo lo llama “penitencia” y que ante la menor excusa castiga desde la infancia a los seres que se van forjando.

Si no castigamos, amenazamos con el castigo poniendo el miedo en su conciencia: el miedo al castigo. Castigando a quienes castigamos también perdemos el miedo al castigo que imponemos y que nos pueden imponer.

Desde esta propensión a castigar, castigamos para convencer a quien sea para que no se vuelva a hacer lo que no nos gusta que se haga.

A veces castigamos por castigar a ver qué pasa y se crea un estado de necesidad en el que solamente queda no moverse para nada por miedo al castigo. A veces castigamos para recompensar aquellos daños que se han causado aunque el castigo nada tenga que ver con lo causado ni con su posible compensación. A veces no castigamos como premio a que se haya hecho algo que no se quería hacer y que, sin embargo, queríamos que se hiciera de buena gana. A veces utilizamos el castigo psicológico, que viene a ser una manera de castigar que hace más daño y que a la larga tiene más consecuencias. A veces aceptamos las penas cuando se nos somete al castigo asumiendo las culpas y entonces es cuando lo llamamos penitencia y las limpiamos en un profundo acto de contrición. A veces, cuando consideramos que este castigo es injusto, llegamos a aceptarlo y a legitimar la autoridad y el estado de orden existente que seguirá inconmovible.

Lo cierto es que uno de los pilares sobre los que soportamos la miseria moral y económica en esta sociedad es el castigo, que en realidad es el parapeto tras el que se esconden todos los males sociales sin remisión.

El sistema, en lugar de modificar esta realidad, en la práctica y en el devenir social, que sería lo razonable, nos lleva a pensar que hace falta un nuevo castigo. Lo peor que podemos sacar de esta realidad existente es que quizás hayamos construido una sociedad en la que una parte importante de la población ya no responde más que al castigo: el palo largo y la mano dura.

A la par, la sociedad entretejida en las redes de los sistemas religiosos, políticos, sociales y económicos, aunque no nos queda más remedio que subsistir en ella, sabemos que está corrompida, en plena decadencia, probamos que es insociable e injusta. Es una sociedad en la que las personas tienen grandes dificultades para salir adelante con la vida y en la que se dan mayores diferencias sociales y económicas entre las personas de distintas clases que las que se hayan conocido nunca. En realidad, esta situación es como para echarse a llorar.

Pero lo cierto es que, para tratar de proteger de alguna manera de tanta perversidad social, las sociedades modernas hemos ideado un sistema por el cual a estas determinadas personas que se señalan de causar daños las llevamos a unos espacios a los que llamamos cárceles o prisiones y las encerramos por un tiempo más o menos largo, a veces infinito.

Allí, lejos de la sociedad, encerradas cada una en su celda, no les falta de comer y entre los cuatro muros están mejor y bien protegidas de quienes estamos afuera en medio de la molicie, que a duras penas podemos subsistir sin cometer un delito. A la vez, comprobamos que allí lejos recogidas y guardadas no pueden ejercer los actos contrarios a la ley habituales en la dinámica de la sociedad cada día. Allí dentro se pueden reeducar para que en el momento de salir a la calle su nivel de competencia haya mejorado y puedan jugar de igual a igual con quienes se encuentren de nuevo en la sociedad.

Las cárceles, en algunos momentos, también sirven para encerrar a los oponentes en el mundo de la política. Encerramos aquellas ideas que si acaso pudieran traer mejores planteamientos para el devenir social para que no se infecten del ambiente político que hay en la sociedad. La situación en las entrañas de los mundos en que vivimos es tan temible y extravagante que a veces a algunas personas las encierran preventivamente sin saber si han tenido buenas conductas o contrarias a los usos sociales.

Quizás socialmente valdría más que abandonáramos esta estrategia de inseguridad social tan costosa para la sociedad como es la cárcel e invirtiéramos o gastáramos ese mismo dinero en mejorar las condiciones de vida en la propia sociedad y que lográramos superar las injusticias para que no sea necesario tener a nadie entre cuatro paredes por su seguridad.

Pedro José Francés

La Borbolla, diciembre de 2018

BIBLIOGRAFÍA

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NOTAS

1 . En este libro no usaremos siempre los términos avalados por la RAE de “esclavitud” y “esclavo/a”, sino los de “esclavización” y “esclavizado/a”, pues, como han revelado estudios postcoloniales y africanos, las primeras expresiones no ponen énfasis en el hecho de que la persona está esclavizada. De este modo, con el término “esclavización”, se denuncia que este fenómeno no es algo natural o una condición de la persona, sino un sometimiento de unas personas a otras.

2 . Véase https://ltfabolicionismodelaculturarepresiva.com

3 . Véase www.aca.org

4 . Véase www.siep.es

5 . Véase https://pfi.org/

6 . Disponible en http://www.bsquero.net/historiade-la-antipsiquiatria

7 . El término “modelo adversarial” se refiere a un proceso judicial donde las partes son consideradas siempre como enfrentadas por tener intereses opuestos.

8 . Véase https://www.transformativejustice.eu/en