Tras casi dos décadas de proscripción, el peronismo volvió a ocupar el gobierno de la Argentina el 25 de mayo de 1973. Antes de que se cumplieran tres años, el 24 de marzo de 1976, fue derrocado por un nuevo pronunciamiento militar. Al analizar el tercer gobierno peronista, Liliana De Riz procura evitar, según sus propias palabras, «los peligros de un esquema lineal. No pienso que el gobierno militar de marzo de 1976 estuviera inscrito inexorablemente en la lógica del desarrollo capitalista argentino. Fue una salida a la crisis en la que se debatía la sociedad, pero no la única posible. Tampoco creo que el proyecto de poder de Perón podía imponerse por sobre los limites fijados por la economía y la sociedad argentinas en 1973, como lo quiere un enfoque voluntarista y puramente ideológico». Para De Riz, los condicionamientos estructurales son mediatizados por la características que adopta la dinámica de los enfrentamientos políticos y sociales, y por ello intenta «reconstruir esa dinámica; las formas concretas que revistieron las luchas sociales; las distintas fuerzas sociales en pugna; sus formas de conciencia y de organización; los objetivos que estaban en juego en esas luchas».

Liliana De Riz

Retorno y derrumbe

El último gobierno peronista

Biblioteca argentina de historia y política - 075

ePub r1.0

et.al 18.07.2019

Liliana De Riz, 1981

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

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A la memoria de Daniel Waksman

INTRODUCCIÓN

Este trabajo nació como un intento de comprender el proceso que se inició con el retorno del peronismo al gobierno, después de casi dos décadas de proscripción, y desembocó en la caída de éste, nuevamente derrocado por un golpe militar.

Como suele ocurrir, desde el golpe militar la reacción emocional ha sido infinitamente mayor que los esfuerzos de explicación de las vicisitudes por las que atravesó el tercer gobierno peronista. Por otra parte, pocos análisis han escapado a la tentación de caer en una visión lineal de las relaciones entre economía y política, en la doble forma en que ésta puede ser establecida. O bien el derrumbe del peronismo es concebido como la consecuencia inevitable de la lógica del desarrollo capitalista argentino, «impenetrable» a las tendencias del reformismo; o bien la caída es vista como el resultado de una lógica de la política en el sentido estrecho del termino política (o sea como reflexión destinada a «condenar» o «lamentar» las acciones políticas de los distintos protagonistas sociales, pero incapaz de explicar el por qué de las mismas). Cualquiera de estas dos tentaciones, simétricas y opuestas, hace de la descripción del proceso una prescripción: «lo que debería haberse hecho». Esa visión normativa descansa en una imagen de la sociedad convertida en discurso doctrinal, pretenciosamente llamado «teoría» y considerado válido urbi et orbi, con independencia de la descripción sobre lo que realmente pasó en la sociedad argentina en esa etapa.

Mi propósito es analizar el tercer gobierno peronista, evitando los peligros de un esquema lineal. No pienso que el golpe militar de marzo de 1976 estuviera inscrito inexorablemente en la lógica del desarrollo capitalista argentino. Fue una salida a la crisis en que se debatía la sociedad, pero no la única posible. Tampoco creo que el proyecto de poder de Perón podía imponerse por sobre los límites lijados por la economía y la sociedad argentinas en 1973, como lo quiere un enfoque voluntarista y puramente ideológico.

He preferido situarme en el examen histórico de las relaciones de fuerza que se establecieron entre las clases y fracciones de clase en esa coyuntura. Los cambios en las relaciones de fuerza y la emergencia de nuevos actores políticos se constituyeron en el campo de posibilidades abierto por las condiciones estructurales. Sin embargo, no basta apelar al carácter «tortuoso» del capitalismo argentino para comprender y hacer comprender las formas específicas que revistieron las luchas en esa etapa de la vida política del país. Las contradicciones generadas por el desarrollo capitalista dependiente fueron mediatizadas por la dinámica política de las clases en la sociedad argentina. Por eso, este trabajo intenta reconstruir esa dinámica; las formas concretas que revistieron las luchas sociales; las distintas fuerzas sociales en pugna; sus formas de conciencia y organización; los objetivos que estaban en juego en esas luchas.

Desde la perspectiva de lectura aquí elegida, las clases son consideradas como inseparables de sus luchas. Una clase no se concibe como una situación definible a partir de su lugar en el proceso productivo. Es un actor histórico complejo, cuya acción es inseparable de las relaciones que se establecen con sus adversarios de clase, del sistema de creencias y valores que orientan sus prácticas, de las formas de organización y de las características de su historia nacional. ¿Acaso el mecanismo, el objetivismo simplista, la postulación de una continuidad lineal entre las clases —definidas como soporte de relaciones estructurales— sus intereses «objetivos», y las fuerzas políticas como necesaria «expresión consciente» de estos últimos, no han sido los defectos más constantes del «marxismo» en América Latina? ¿Acaso no ha sido en nombre de este marxismo vulgar que muchos han intentado explicar los grandes fracasos —como el de la Unidad Popular en Chile— por la falta de «conciencia histórica» de sus protagonistas fundamentales, sin detenerse a examinar la historia de las luchas en esa sociedad?

Un análisis que se proponga escapar a una visión normativa tiene que romper la «natural» continuidad entre los llamados determinantes objetivos y el «para sí» de las clases sociales. Por este camino se ingresa a un terreno en el que lo societal y lo político se amalgaman de manera sui generis, en una unidad que es refractaria a todo reduccionismo. ¿Cuáles fueron las modalidades particulares de articulación de las luchas sociales (las luchas de clase en el terreno de la producción) y la lucha política (las luchas en el plano político-ideológico)? Para decirlo en otros términos, ¿cómo se constituyó (o intentó constituirse) la unificación-separación entre lo societal y lo político (entre las masas populares y las instituciones, el estado)? ¿Cuáles fueron las características del proceso de fragmentación-dominación/unificación-impugnación del campo popular?

La intención de fondo que subyacía al proyecto con que regresó Perón era la de crear un orden político legítimo y estable, capaz de constituirse en el espacio en que las clases dirimieran sus enfrentamientos de intereses; un orden de arbitraje que trascendiera su formidable carisma personal. El eje de su proyecto de reorganización de la dominación de clase era, pues, la creación de un sistema político, abierto y flexible (la «democracia integral»), sostenido en las organizaciones corporativas y los partidos políticos. En ese sistema quedaría definido el lugar de las clases en la sociedad, y particularmente en el plano institucional, cuyos límites de tolerancia fueron establecidos con claridad en el diseño político del viejo general. De este modo, el potencial de antagonismo entre las clases se vería neutralizado.

El movimiento peronista mostró en los hechos su incapacidad de sobrevivir a la dura prueba de la muerte de su conductor. El Pacto Social entre obreros y empresarios, pilar del proyecto de «democracia integral» a que aspirara Perón, ya se había hecho trizas contra la realidad de las luchas. La ilusión de una sociedad capaz de institucionalizar los conflictos y librarse de la violencia comenzó a agonizar a partir de entonces.

La muerte de Perón, en julio de 1974, fija la línea divisoria de las dos etapas por las que atravesó el último gobierno peronista. La primera, signada por la puesta en marcha del proyecto de Perón; la segunda, caracterizada por el desmantelamiento de su diseño político y por la aceleración de la crisis.

Con Perón muere su proyecto de reorganizar las relaciones entre el estado y la sociedad: se echa a su ministro Gelbard poco después de su muerte y con Gelbard se va el reformismo, para hacerse cargo de la crisis económica un banquero. Se abandona la táctica del diálogo para reemplazarla por el aislamiento y el sectarismo. Desaparecido Perón, queda un movimiento que expresa en sus orientaciones «justicialistas» y en sus posiciones sectoriales el impacto de la subordinación de la clase en el contexto de una dinámica de las masas que, sin mediador, escapa a todo control.

Se abre entonces una etapa de crisis aguda y, como lo expresara Gramsci (Sacristán 1974:313), «La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo y, en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos». La crisis se refleja en una doble desarticulación: la del aparato estatal, fruto de su acelerado extrañamiento de la sociedad civil; la del campo de las fuerzas populares, nacida del hecho singular de que fuera un gobierno peronista el que controlaba ese aparato estatal.

Las consecuencias más visibles de esa doble desarticulación fueron, por un lado, la intensificación de la violencia y, por otro, el creciente divorcio entre las luchas de los trabajadores y la estrategia del sindicalismo; entre la lucha social y la lucha política.

Situada la perspectiva desde la que se construye este análisis, corresponde precisar el alcance del mismo. Mi propósito es hacer una reconstrucción histórica del período que se inició con el retorno del peronismo, al gobierno y desembocó en el derrocamiento de éste por un golpe militar. Enhebrar la crónica de los acontecimientos, con sus matices y ambigüedades, proporciona el hilo conductor metodológico para aprehender, en la diversidad de los clivajes políticos y de los enfrentamientos abiertos, cuáles fueron los conflictos centrales y qué es lo que estaba en juego en ellos.

Puesto que mi objetivo es reconstruir la especificidad de las luchas en esa etapa, es preciso reconocer que la misma no puede ser captada sin hacer referencia a las formas más permanentes que revistieron esas luchas en la sociedad argentina. Por eso, el tema de la crisis política, de su carácter de elemento constante en la vida política del país durante las últimas cuatro décadas, es el hilo central del argumento que recorre este análisis.[1] Ello hace necesario introducir un rápido examen histórico del pasado, en particular de la crisis de sucesión política desatada por el derrocamiento del primer peronismo, en 1955.

Muchos interpretaron el retorno del peronismo al gobierno, casi veinte años después de su derrocamiento, como una prueba más de la «vocación nostálgica» de los argentinos, de una actitud enraizada en la permanencia de la crisis por más de cuarenta años. La sociedad argentina se volvía nuevamente hacia el pasado (la nostalgia de la alianza de 1946), que consideraba mejor que su presente. Esa nostalgia, sostenida por la solidez y resistencia de un pensamiento mítico, habría hecho posibles los intentos cíclicos de restauración que, con distinto signo, marcaron la vida política argentina.[2]

Esta interpretación viquiana de la historia política argentina fue cuestionada por los acontecimientos que marcaron la década del 60, El retorno del peronismo, en 1973, no puede ser interpretado como fruto exclusivo del inmovilismo. Ese retorno fue posible gracias a un doble movimiento, de continuidad y ruptura con el pasado populista. La imagen del primer peronismo reapareció asociada a nuevos significados y formas de la lucha por el futuro, a la emergencia de nuevas identidades políticas y de nuevos actores colectivos. Esta renovación del movimiento peronista —entendida como simultánea continuidad y ruptura con el pasado— es un elemento central para comprender los desafíos que enfrentaron los distintos actores políticos en el último gobierno peronista. La tensión entre las fuerzas de restauración y las fuerzas de ruptura dentro del peronismo no sólo es el aspecto principal, entre otros, para comprender el proceso en que se gestó el retorno, sino también la clave para comprender el desenlace final.

Esta etapa de surgimiento de nuevos antagonismos sociales y de radicalización profunda de los conflictos contenidos en la sociedad populista es, también, la historia de la descomposición de esa sociedad; de la crisis de las formas en que la sociedad populista institucionalizaba y contenía la lucha de clases; de la crisis de su modelo cultural (sus creencias, sus valores, su «cultura política»); de la crisis de su proyecto de acumulación capitalista con justicia social. Crisis de la que emergieron los temas que constituyen, en 1976, el caballo de batalla del proyecto político de los militares.

El golpe militar de 1976 inicia otra etapa y, en cierto sentido, otra historia. Y ello no sólo porque la sociedad argentina vuelve a ser reprimida por un orden militar, sino además porque la descomposición del gobierno peronista marca un doble comienzo: el del duelo con el pasado y el de la gestación de un futuro. La Argentina de hoy es una sociedad reprimida por el orden de los militares. Un orden que intenta, una vez más, disciplinar la lucha social y que, a diferencia de otros intentos de refundación frustrados, impugna, en un mismo movimiento, tanto a la experiencia peronista clausurada como a las instituciones y políticas que la hicieron posible. Un orden que ataca a lo que, en la visión militar, constituyen los males que por décadas aquejaron a la sociedad argentina: el sufragio sin restricciones, la intervención del estado en la economía, la política de bienestar social y el «excesivo» poder del sindicalismo.

Pero ese orden no es todopoderoso. Una sociedad reprimida no es una sociedad anulada. Las luchas sobreviven a la represión militar. La protesta de los trabajadores, aunque fragmentada, continúa expresándose y puede encontrar nuevas formas de lucha que prolonguen el combate nacido en el mundo de la producción en el combate por una nueva sociedad. La suerte del nuevo régimen militar, una vez más, queda subordinada a la dinámica de las luchas sociales.

El acercamiento al pasado inmediato puede ser una lección, por la vía negativa, para todos aquellos que no se contenten con exorcizar la intervención militar: esa reflexión puede contribuir a la difícil tarea de hacerse cargo, en un mismo movimiento, de la complejidad de los antagonismos presentes en la sociedad argentina y de la necesidad de discutir con valentía viejas «certezas» de la izquierda, sin caer en el fatalismo.

Abril de 1980

LA SALIDA POLÍTICA: EL INTENTO DE RECONSTITUCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO ANTE LAS AMENAZAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

1. LA CRISIS POLÍTICA

Con el golpe militar que derrocó al peronismo en 1955 la Argentina entró en tina crisis política permanente. A partir de entonces no se pudo recrear un orden político legítimo y estable en el que se dirimieran los enfrentamientos entre las clases. La revolución libertadora que desplazó por la fuerza al peronismo del gobierno vio muy pronto esfumarse su tentativa absurda de retrotraer a la sociedad a una estructura preperonista. Ello no sólo se debía a los cambios introducidos en el período peronista y a la resistencia que ofrecía una sociedad industrial, en la que habían surgido nuevos clivajes y relaciones entre las clases.[3] El peronismo, proscrito de la vida política argentina, conservó su poder que, basado en la continuidad de la identificación política peronista de los sectores populares, le permitió convertirse en el gran partido opositor implícito y determinar el triunfo o la derrota de toda combinación política que intentase una salida legal para la crisis de sucesión abierta en 1955.

El peso del electorado peronista —ese «hecho maldito» con que se enfrentaban las voluntades restauradoras— permitió al movimiento, y a su líder exiliado, definir un espacio extrainstitucional de negociaciones desde el cual ejercitar su influencia. Se constituyó así un sistema político bastardo, una suerte de «parlamentarismo negro», en el que Perón trabajó afanosamente para bloquear cualquier fórmula de poder diseñada por sus adversarios militares y civiles.

Sin un orden político estable a partir del cual quedaran definidos los actores legítimos y los excluidos del sistema, así como las reglas de juego a seguir, la crisis política se convirtió en un elemento constante, y los fallidos intentos de darle solución —Frondizi, Illia— no fueron sino un síntoma de su continuada vigencia.

La ruptura del modelo político peronista, de un sistema político que se había mostrado eficaz para poner un dique (en el doble sentido de contener y separar) a los virtuales antagonismos susceptibles de emerger desde el fondo de las luchas sociales, desembocó en una doble crisis: por una parte, una crisis del bloque del poder, debilitado en su cohesión interna a causa de su incapacidad de converger en torno a una estrategia de desarrollo alternativa a la peronista; por otra, una crisis de las formas de acción de las clases populares.

Los frustrados intentos para regenerar el orden fueron mostrando la debilidad creciente de los grupos dominantes para dirigir a sus aliados, al mismo tiempo que aceleraron la politización de los conflictos sociales que tejían la trama de la sociedad. En un clima de incertidumbre ante el futuro en «las alturas» emergieron nuevas formas de acción obrera y popular en la escena política. En el contexto de la nueva dictadura militar instaurada en 1966, esas nuevas ludias irrumpen «salvajemente» y ponen de manifiesto la ingobernabilidad de esa sociedad que resiste obstinadamente al imperio de la fuerza.

A fines de los años 60 la crisis política, crisis del poder del estado, devolvió la iniciativa política a Perón. Sus opositores, militares y civiles, fatigados de inventar fórmulas de poder fracasadas, tuvieron que otorgar crédito a la sabiduría del viejo caudillo bajo cuya tutela la sociedad parecía poder librarse de las tormentas que la sacudían.

Economía y política en la sociedad argentina:
elementos para el análisis de la crisis

La crisis política que en 1973 desembocó en el retorno del peronismo al gobierno tenía una larga historia en la sociedad argentina. La perspectiva escogida en este trabajo privilegia una lectura en clave política de esa historia al centrar la atención en las formas particulares y cambiantes de las relaciones de fuerza que se establecen entre las distintas clases y fracciones de clase en la sociedad argentina. Sin embargo, a esta altura de la reflexión, es conveniente detenerse en el examen —que no se pretende exhaustivo— de las raíces estructurales que alimentaron la crisis política. Para ello es necesario tener presentes algunos aspectos significativos que definieron las relaciones entre economía y política en la Argentina.

En efecto, la sociedad argentina fue excepcionalmente homogénea en América Latina. La ausencia de campesinado y de población indígena, la temprana y generalizada incorporación del territorio y de la población al mercado mundial, el sustancial desarrollo de los sectores medios y la generalización del sindicalismo en el país, le confieren rasgos peculiares en el continente.[4] Pero las mismas razones que clan cuenta de su gran homogeneidad hicieron de esa sociedad tina sociedad altamente diferenciada en su estructura social y compleja en el plano político. Esta afirmación, aparentemente paradójica, no lo es si se tiene en cuenta que la difusión temprana y bastante compleja de las relaciones capitalistas de producción en la Argentina impulsó un contingente dilatado de pequeñas y medianas empresas, sobre todo a partir de la década de 1940, Se constituyó así una clase capitalista heterogénea en sus intereses, que tuvo y ejercitó su capacidad de influencia política bloqueando los diversos intentos de unificación política estable del bloque en el poder. Ese fraccionamiento político de la burguesía (industriales versus agrarios, orientados hacia el mercado interno versus exportadores, etcétera), es un aspecto central para comprender la especificidad de la sociedad argentina; aspecto que descansa en razones estructurales para las que la política (los intereses de la clase en su conjunto) no encontró respuesta. En efecto, no hubo una expresión política partidaria que representase a la burguesía en su conjunto: no existió un partido conservador de masas capaz de enfrentarse, en elecciones no fraudulentas, con la Unión Cívica Radical primero o con el peronismo más tarde.[5]

El otro aspecto central para comprender el dilema político argentino es el importante peso sindical del movimiento obrero, incomparablemente mayor que el que alcanzara en otras sociedades de desarrollo capitalista importante, como la brasileña, y la permanencia de su identidad política peronista.[6]

Como ya se advirtió, no es mi objeto detenerme aquí en una lectura económica de la génesis del fraccionamiento burgués, tarea a la que otros autores ya han dedicado sus esfuerzos (véase Abalo 1976). Mi punto de partida conceptual es la existencia de ese fraccionamiento en el seno de la burguesía, coincidente con el importante peso político del sindicalismo. Este dato es la premisa que permite explicar la complejidad de los clivajes de clase en la sociedad argentina y la mayor opacidad de la política, o sea, el fenómeno recurrente de las alianzas que no tradujeron en el plano político las luchas en el terreno de la economía. También es el punto de partida necesario, pero no suficiente, como veremos, para comprender la especificidad de la coyuntura política en que se gesta el retorno del peronismo al gobierno.

Sin duda, la forma de la crisis de la clase dominante y de «su» estado condiciona la politización de las masas. El movimiento obrero masivo hizo su entrada apenas con el peronismo, y lo hizo precisamente encuadrado desde el estado. El sindicalismo peronista fue portador de las reivindicaciones de la clase y simultáneamente fue un actor central en la reconstitución del estado. Pero es precisamente la crisis de esta forma de participación del movimiento obrero y de su acción sindical —forma que el peronismo articuló en 1946 como respuesta a la crisis política abierta en la década de 1930— la que constituye, en el decenio de 1970, un hecho clave para comprender la naturaleza de la crisis de hegemonía a la que el reflotamiento de Perón, con su capacidad de convocatoria, intentó poner fin.

En 1970 las masas irrumpieron «salvajemente» en el escenario político; cuestionaban una estrategia sindical que se atenía a los límites de tolerancia políticos, con tanto mayor empeño cuanto que su legitimidad y su peso específico propio dependían de esa subordinación a las reglas de juego en turno. Las luchas obreras contra la burocracia sindical hacían ingobernable el conflicto entre capital y trabajo, en un contexto marcado por el intento militar de suprimir la política por decreto.

Las nuevas formas de politización de las clases populares, incluidas las clases medias (la pequeña y mediana burguesía desilusionadas del «onganiato»), constituyen un dato clave para analizar la peculiaridad de la crisis política en los años 70. En efecto, la «crisis en las alturas», como veremos, coincidió con un profundo movimiento de los sectores obreros y populares y ello impuso márgenes estrechos de maniobra a los intentos de unificación del bloque de poder.

Desde la primera caída del peronismo, en 1955, los cambios producidos en el desarrollo del capitalismo argentino y en el sistema imperialista mundial gestaron nuevas demandas conflictivas alimentadas en las transformaciones de los actores colectivos. En 1966 los militares intentaron remediar la crisis desde la economía, procurando poner en marcha una estrategia de desarrollo basada en los sectores más dinámicos del capitalismo. Trataron de profundizar las modificaciones que se venían produciendo desde 1959 —la política económica «desarrollista»— cuyo eje eran los sectores del capital intensivo, de comportamiento monopólico y con centro de gravedad en las empresas transnacionales.[7] Para ello, tenían que frenar la aceleración de la política que había acompañado a los cambios en la economía. Los militares tenían que reestructurar las frágiles relaciones entre estado y sociedad que se perfilaron durante el período frondizista. Esto significaba, en primera instancia, frenar la politización de los antagonismos sociales, romper la resistencia peronista de los obreros.[8]

La denominada «revolución argentina» que iniciaron los militares en 1966 redujo el problema de la gobernabilidad de la sociedad argentina a producir los niveles necesarios de represión: desarticulación de las prácticas de todas las clases y fracciones que pudieran cuestionar la estrategia de desarrollo adoptada por una minoría. Los militares suprimieron la política. Sin embargo, suprimir no es anular. Por el contrario, al eliminar el lugar «natural» de la política, ésta se volvió ubicua y emergieron nuevos antagonismos sociales —antiburocráticos, antiautoritarios— que hicieron trizas las ilusiones de imponer un orden militar. En efecto, la supresión de la política por decreto impedía todo cuestionamiento desde abajo, pero también desde arriba. Ese intento de retrotraer a la sociedad argentina a una situación prepolítica terminó en el fracaso: contra él surgió un conjunto heterogéneo de oposiciones sociales cuya convergencia final desembocó en el retorno del peronismo al gobierno, en 1973.

A la oposición de la gran burguesía agraria contra el tibio intento de reorganización de las relaciones sociales y técnicas en el campo —consecuencia de la política económica llevada a cabo por el entonces ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena, en favor de la gran burguesía financiera e industrial, asociada al capital multinacional—[9] se agregó la oposición de los sectores de la pequeña y mediana burguesía industrial, orientados hacia el mercado interno y nucleados en torno a la Confederación General Empresaria (CGE).

La radicalización del descontento popular (obreros, empleados, comerciantes, estudiantes, intelectuales) que desembocó en el estallido de las rebeliones regionales de 1969-1970, y el surgimiento de la lucha armada, echaron por tierra, desde abajo, las ilusiones de ese segundo intento de «revolución burguesa» que pugnaba por resituar a la sociedad argentina en una nueva etapa del ciclo de la historia del capitalismo mundial.

Desde arriba y desde abajo, la «revolución argentina» fue impugnada, a partir de la convergencia de una pluralidad de oposiciones que ponían de manifiesto la complejidad de los clivajes de clase que tejían la trama de la sociedad. Sin embargo, en esa convergencia, el hecho político importante era la movilización desde abajo: la sociedad civil amenazando todo intento de estabilizar un esquema de poder. El poder de la burocracia sindical comenzó a ser erosionado desde las bases. Los intentos militares por reforzar ese poder para inmovilizar a las masas, fracasaron. Onganía no tuvo éxito.[10] Perón apareció como el único interlocutor válido para ese movimiento obrero que amenazaba con desbordar los cauces del estilo burocrático del encuadre sindical y cuya identidad política continuó siendo peronista. Perón era el único capaz de disciplinar las luchas en la cúpula de la dirigencia sindical.

La entrada de un nuevo actor colectivo, la juventud radicalizada de los sectores medios, en la escena política argentina, modificó cualitativamente los datos de la misma. Esa juventud, portadora de una utopía radical de cambio de la sociedad, definió nuevos contenidos del conflicto desde dentro y desde fuera del movimiento peronista. Ella fue un factor clave tanto en la estrategia de Perón para armar su retorno como en la estrategia de las fuerzas armadas para diseñar su operativo «retirada» y buscar una salida política a la crisis.

El peronismo intentó incorporar y sintetizar esta contradicción en su seno a través del carisma del líder y de su habilidad para articular un discurso que, a la vez que anacrónico y restaurador a la luz de la realidad, estuvo habitado, y también desbordado, por fuerzas de renovación con indiscutible carácter revolucionario.

Perón conquistó una vanguardia juvenil que le devolvía a su movimiento el dinamismo perdido en los años de proscripción, volcándolo simultáneamente hacia la izquierda del espectro político. Sólo el viejo caudillo podía detener el proceso de radicalización de esa nueva fuerza social que pugnaba por la ruptura, que oponía un antagonismo de clases a todo intento de conciliación. Pero también, sólo él podía convertirse en la esperanza, para una transición hacia esa nueva sociedad, confusamente designada como el «socialismo nacional».

Éste era uno de los múltiples desafíos a los que el retorno de Perón tenía que dar respuesta, al mismo tiempo que era una de las condiciones que lo hacían posible casi dos décadas después de su caída. El otro desafío central, como se señaló, era el de «ordenar» el conflicto entre capital y trabajo. El retorno del líder emergía en un nuevo contexto definido por la presencia de nuevos actores y la radicalización popular y militar de las luchas sociales.

Si bien la clave para comprender el carácter «tortuoso del capitalismo argentino» (según la expresión de Canitrot 1975:349) es el esquema de «capitalistas débiles» y «sindicatos fuertes», y el fenómeno de las alianzas cíclicas, alternativamente restauradoras o reformistas (O’Donnell s/d), que se deriva del mismo, este esquema es insuficiente para entender la novedad de la coyuntura política que prefigura el retorno del peronismo.

En efecto, una lectura económica del desarrollo capitalista argentino nos muestra a una burguesía internamente escindida entre una burguesía agraria que lucha por restablecer el orden del país exportador (la Argentina rural); una mediana y pequeña burguesía industrial que pugna por restablecer el mercado interno y las viejas condiciones de la demanda de los sectores populares (la Argentina que nace en 1946), y una gran burguesía financiera e industrial, asociada a las inversiones transnacionales, que lucha por establecer su predominio en un orden internacional modificado. Esta lectura también permite poner de manifiesto la presión sindical sobre los niveles de ingreso y las luchas sindicales por la cuota de poder que les permita acceder a la gestión del estado.

Una lectura política obliga a incluir otros elementos que están ausentes en ese esquema para comprender la dinámica que revistió la lucha de ciases en 1970. El elemento central, a mi juicio, es la presencia y aceleración de una nueva forma de politización de las masas populares, incluidos vastos sectores de las numerosas clases medias (predominantemente las juventudes de estudiantes). Esa politización desbordó —dentro y fuera del movimiento sindical— las formas tradicionales de lucha: la relación «capitalistas débiles-sindicatos fuertes» adquirió complejidad a través de la transformación de los contenidos de las demandas conflictuales y de las nuevas formas de acción que se gestaron para lograrlos. La lucha de clases en la Argentina de comienzos de 1970 no se reducía ya a una pura reacción contra la explotación y las crisis cíclicas de la economía. Habían surgido nuevos antagonismos sociales que desbordaban el objetivo de la justicia social. Nuevos adversarios, nuevas fuerzas sociales, definían de manera antagónica las condiciones, los medios y los fines de la producción; oponían a la conciliación una alternativa radical en el control y el destino de los recursos de la sociedad.

Impedir que estas fuerzas, dentro y fuera del movimiento obrero organizado, se constituyeran en la expresión orgánica de vastos sectores de las clases populares y articularan un movimiento social en torno a la bandera de «la patria socialista», marcó el punto de convergencia principal acerca del proyecto de poder entre los militares y Perón. Lanusse y Perón coincidieron en la necesidad de encauzar el descontento social generalizado a través de la reivindicación económica: una distribución más justa de la riqueza social; un reformismo moderado, con contenido popular y nacional. La apertura de un espacio político institucionalizado habría de definir el terreno en el que se regularía el conflicto de clases.

Una política distribucionista, a la manera de la aplicada en la primera etapa peronista, esperada por la mayoría, se constituía en el principal instrumento para controlar los antagonismos de clase. Sin embargo, la sociedad argentina de entonces difería en mucho de la que había hecho posible el primer gobierno peronista. La realidad se encargaría de mostrar que tanto las fuerzas sociales que pugnaron por la restauración del pasado, como las que pugnaban por un cambio radical, desbordaron las intenciones que animaban la reorganización del poder del estado.

2. LA ESTRATEGIA DE LOS MILITARES: LA SUBORDINACIÓN DE LA ACCIÓN DE LAS CLASES A LA POLÍTICA

La estrategia, desplegada por el general Lanusse en el período que se abrió en abril de 1971 descansó en un diagnóstico adecuado de la naturaleza de la crisis en la que se debatía la sociedad argentina. La crisis política era concebida por Lanusse como una crisis del poder del estado, una crisis de legitimidad que había terminado por desagregar el aparato estatal. Los años de «revolución argentina» habían mostrado que no era posible gobernar en esa sociedad sin legitimidad y sin el consenso de las masas populares. La condición para «unir a los adversarios y aislar a los enemigos», según las palabras del propio Lanusse (1977:43 ss.), era ensayar un camino inverso al emprendido por los militares en 1966. La respuesta, esta vez, debía privilegiar la política y no la economía.

Los militares desarrollaron su «guerra de posición» (en el sentido gramsciano) para dar una base de masa al estado, sin alterar la forma de ese estado. A partir de entonces, trataron de recomponer los canales de representación de las clases y mantener los conflictos sociopolíticos dentro del marco de las relaciones de clase existentes, resignados a pagar el precio de modificaciones políticas importantes, pero en todo caso reformistas.[11]

El problema que enfrentaban era cómo lograr una salida política de masas a la crisis —lo que suponía legitimar al peronismo como actor político— que no desbordase los límites de tolerancia del sistema (la forma del estado).

La historia del despliegue de esta estrategia de guerra de posición es la historia de los enfrentamientos políticos entre los militares y el peronismo, a través de sus dos protagonistas centrales: Lanusse y Perón. Para su estudio, parece conveniente distinguir entre una etapa, de génesis de la misma, que va desde el «cordobazo» (mayo de 1969),[12] hasta el derrocamiento del general Levingston (marzo de 1971), y una segunda, en la que el enfrentamiento entre militares y peronismo ocupa el primer plano de la escena política.

La primera etapa está caracterizada por el progresivo triunfo de las posiciones de los oficiales que, como Lanusse, ven la necesidad de una salida política urgente a la crisis. Es la etapa de gestación y predominio de esta estrategia en el seno de las fuerzas armadas.

La segunda etapa, iniciada con la presidencia del general Lanusse, se caracterizó por los avatares que sufrió la relación militares-peronismo. Esta etapa tuvo dos momentos decisivos: un primer momento de intentos de «dialogar» con el conductor del peronismo, que terminó en el fracaso, en julio de 1972; un segundo momento de desafío abierto de Lanusse a Perón y de tentativas destinadas a condicionar el proceso electoral (julio de 1972-marzo de 1973).

Las elecciones de marzo de 1973 pusieron fin, con un rotundo fracaso, a la estrategia de solución de la crisis desplegada por los militares.

Del cordobazo al «Gran Acuerdo Nacional» (GAN)

En su libro, Mi testimonio, Lanusse (1977:78) escribe: «Nuestra intervención de 1966 había dinamizado la infraestructura económica del país y encarado obras de tanto aliento como el complejo El Chocón-Cerros Colorados, pero había recaído en una especie de eficientismo materialista que no podía sino entrar en crisis. No se había podido, o no se había sabido hacer política».[13] Más adelante, observa: «Faltó el éxito al rumbo emprendido el 8 de junio de 1970 [se refiere al período iniciado por el general Levingston y al intento de cambio de rumbo de la economía, emprendido por su ministro, Aldo Ferrer]. Ese rumbo, sin embargo, no comenzó desde el éxito, sino que trató de remontar una situación deteriorada por cuatro años en que todos los responsables —Onganía y yo, entre otros— no supimos ver que la política existía y que nada sería más peligroso que la soberbia de considerarla inexistente» (1977:130; cursivas mías).

Después de tres años de gobernar el país con relativa facilidad, el 29 de mayo de 1969, en Córdoba, Lanusse (1977:XIV) admite que «reventaba todo el estilo ordenado y administrativo que se había venido dando a la gestión oficial».

En efecto, mientras el general Onganía discutía con sus pares si quedarse diez años o más en el gobierno, y una buena parte de la burocracia sindical se acercaba a su gestión;[14] mientras los partidos políticos aceptaban con resignación su muerte civil y la pasividad general podía alimentar las ilusiones mesiánicas de Onganía, la realidad se encargaba de poner fin a ésta utopía del orden.

Las movilizaciones populares y las actividades de la guerrilla, al definir un nuevo terreno de la lucha política, favorecían dentro de las fuerzas armadas la afirmación de aquellos sectores que consideraban la urgencia de buscar una salida política.

La sociedad argentina volvía a ser «indomable». En junio de 1969, el asesinato de Augusto Vándor, «El Lobo», líder de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y figura dominante del sindicalismo en los años 60; el asesinato del ex presidente Aramburu, un año después; el de José Alonso, ex secretario general de la CGT, en agosto de 1970; la insurrección gremial contra la burocracia sindical (la actividad en Sitrac-Sitram, la huelga de El Chocón); la actividad de «las formaciones especiales» (los grupos armados peronistas) y de los grupos guerrilleros de la izquierda revolucionaria, crearon un clima de guerra interna.[15]

Sin embargo, antes de abandonar su misión de modernizar a la economía y a la sociedad (condición previa para abrir el espacio político) los militares ensayaron recomponer la deteriorada situación. En junio de 1970 el general Onganía fue sustituido por el general Levingston. Con ese cambio se buscaba poner fin, en palabras del propio Lanusse (1977:91), «al corporativismo desangrado y estéril» del onganiato. Una nueva política económica era el pilar de la esperada reconstitución política bajo la tutela militar.

En efecto, se nombró a Aldo Ferrer en el Ministerio de Economía. Hombre de orientaciones diametralmente opuestas a las de su antecesor, Krieger Vasena, Ferrer puso, fin a la austeridad previa e intentó llevar a la práctica una política económica centrada en una estrategia nacional de desarrollo. Emprendió acciones destinadas a sostener a las empresas de capital nacional, privadas o públicas, y a limitar la penetración del capital extranjero. Todas sus medidas estaban orientadas a reasumir la conducción estatal del proceso económico (entre ellas, la creación del Banco Nacional de Desarrollo, destinado a financiar a los sectores estratégicos de la economía a través del ahorro interno). También concedió aumentos salariales poniendo, en práctica una política distribucionista que fue la contrapartida de ese intento reformista de corte nacionalista.[16]

La nueva política económica moderadamente populista se enfrentó con la resistencia tenaz de la burguesía monopólica, local y extranjera. Sin apoyo entre los sectores populares —la descompresión económica reactivó la espiral inflacionaria— y sin el sostén unánime de las fuerzas armadas, era una opción imposible.

¿Qué determinó este cambio de 180 grados en el rumbo de la política económica de los militares?; ¿por qué esta versatilidad de las fuerzas armadas? La empresa de transformación económica y social convocada por la «revolución argentina» había fracasado. La revolución, legítima desde la óptica militar, había acelerado las tensiones sociales durante los cuatro años de gobierno militar. El clima de guerra reinante impedía un retorno honorable a los cuarteles. Una vez más, las fuerzas armadas se enfrentaron a su propio laberinto de perplejidades. Mayoritariamente antiperonistas, pero internamente escindidas en torno a cómo comportarse frente al peronismo; atravesadas por las oposiciones entre una política económica liberal y una política económica reformista y nacionalista, optaron por el único camino que parecía abrírseles: el giro drástico de la política económica como ensayo de reconstitución de un orden político legitimado por amplias bases sociales de apoyo. Ésta fue la estrategia del entonces comandante en jefe del ejército y figura dominante de la junta militar, general Lanusse. La realidad había liquidado en los hechos las ilusiones antipolíticas del onganiato. Pero esta estrategia de «descompresión económica», como paso previo para la «descompresión política», tenía sus raíces en la presión de los cuadros militares sensibles a una política de corte reformista y nacionalista y renuentes a comportarse como un ejército de ocupación.

Los esfuerzos de Levingston por configurar un movimiento nacional y popular extrapartidario, instrumento que impidiese el libre juego de las fuerzas políticas a la vez que el aislamiento del poder militar, chocaron con la resistencia de las masas populares y del sindicalismo. Un nuevo cordobazo, en marzo de 1971, puso fin a esta experiencia. La tentativa de convergencia entre militares y civiles no podía prescindir del peronismo y de su líder: quien quisiese negociar con el peronismo tenía que hacerlo con Perón. A esa negociación se dispuso el general Lanusse.

Lanusse asumió la presidencia de la república y, desde ella, comenzó a poner en práctica la nueva estrategia militar de respuesta a la crisis: la búsqueda de una salida negociada con el viejo caudillo. La primera medida de Lanusse fue el restablecimiento de los partidos políticos disueltos por decreto y el anuncio de elecciones libres, sin proscripciones, en un futuro inmediato. Para Lanusse, los conflictos sociales de mayo de 1969, en Córdoba, habían dejado claro que: «Si se prescinde de toda participación concreta durante las épocas de calma, se carece de aliados civiles concretos en las instancias críticas…».[17]

La estrategia de rehabilitación del sistema político triunfó sobre la de represión total en el seno de las fuerzas armadas. Esa reconstitución de lo político estaba condicionada a un «gran acuerdo nacional» entre todos los grupos políticos, tutelado por las fuerzas armadas. Había que «unir a los adversarios y combatir a los enemigos», como lo expresara Lanusse. El peronismo era la clave de la legitimidad del poder real en la sociedad argentina.[18]

Para contener a las fuerzas sociales que luchaban por un sistema de representación al margen de las organizaciones tradicionales era necesario rehabilitar a los actores políticos legítimos: las fuerzas armadas, los partidos políticos y la burocracia sindical. Éste era el sentido del GAN, eje mayor de las tácticas de Lanusse.

Los militares abrirían cautelosamente las puertas del poder político para dar cabida a nuevos contingentes de las clases propietarias y unificar un bloque de poder capaz de neutralizar políticamente a las masas populares radicalizadas.

La historia de esta salida «transformista» a la crisis[19] es la historia de los acuerdos y diferencias entre sus principales protagonistas: Lanusse y Perón.

El carácter transformista de la respuesta militar a la crisis dio sentido a la convocatoria de un gran acuerdo nacional, formalmente anunciado por Lanusse en mayo de 1972. En su enunciado público el GAN se presentó como un intento por superar la división entre peronistas y no peronistas, que bloqueó toda salida política en la sociedad argentina desde 1955. En la práctica, esta convocatoria de «pacificación nacional» se hizo bajo ciertas condiciones. Las más importantes, la autoproscripción de Perón y la condena de la guerrilla, pasaban por una negociación con el jefe del movimiento justicialista.

Los militares y el retorno de Perón

Mientras el gobierno declaraba que no negociaría con ninguna fuerza política, los contactos «secretos» entre emisarios de Lanusse y el líder exiliado en Madrid ponían en marcha el «operativo retirada» de las fuerzas armadas, tal como lo había diseñado Lanusse. La condición para imponer el GAN era el éxito de la negociación con el conductor del peronismo.

Esta primera etapa del operativo estuvo marcada por los intentos de diálogo de Lanusse con Perón. Pero, en julio de 1972, las declaraciones de Perón en Madrid pusieron fin a toda ilusión de negociación fácil con el viejo caudillo. En efecto, Perón daba cuenta de los contactos reservados con emisarios del presidente, y precisaba las conversaciones sostenidas con el coronel Francisco Cornicelli, asesor de Lanusse. La estrategia del general Lanusse sufrió un rudo golpe. El brigadier Carlos Alberto Rey, comandante de la aeronáutica, y el general Alcides López Aufranc, jefe del tercer ejército, declararon desconocer la entrevista Perón-Cornicelli. El presidente había actuado por su cuenta. Para Lanusse, el problema que se planteaba era de difícil solución: ¿cómo reafirmar la apertura democrática sin perder el control de los sectores más duros del ejército?[20] Los rumores de golpe de estado hicieron tambalear los planes del presidente.

A las declaraciones de Perón, de rechazo de toda negociación con los militares, Lanusse opuso un cambio de táctica: del diálogo pasó al desafío abierto. El presidente desafió al líder del justicialismo a regresar a Argentina. Si no lo hacía, se autoproscribiría automáticamente.

El 7 de julio de 1972 Lanusse hizo públicas las reglas fijadas por los militares para llegar a la institucionalización del país. No podrían ser candidatos a las próximas elecciones del 25 de marzo de 1973 aquellas personas que hasta el 24 de agosto de 1972 desempeñasen cargos en el ejército nacional o en los provinciales. Tampoco podrían serlo quienes antes de esa fecha no residiesen en el país.[21]

La decisión acordada por los militares implicaba la autoproscripción del propio Lanusse (su candidatura a la presidencia era el máximo a que podían aspirar los militares como salida negociada con el peronismo) y la virtual inhibición para Perón quien, de retornar al país, tendría que aceptar todos los riesgos de un ciudadano más.

El 27 de ese mes, en un discurso pronunciado en el Colegio Militar ante jefes y oficiales, Lanusse lanzó una declaración de guerra: los enemigos, puede inferirse del texto, son aquellos que no se atienen a las reglas fijadas por las fuerzas armadas.[22] Rompiendo con la tradición despersonalizada que tuvieran los mensajes de los presidentes argentinos desde 1955, Lanusse centró su discurso en la figura de Perón. «A Perón no le da el cuero para venir», afirmó. Buena parte del texto, en tono familiar y directo, revistió el carácter de una confesión personal: Lanusse habló de sus tiempos de cadete, en 1935; recordó que en 1951 había participado en la intentona golpista encabezada por el general Benjamín Menéndez; elogió al general Uriburu. El presidente insistió en que él asumía toda la responsabilidad del proceso político, así como el derecho a calificar quién era apto para ser dirigente. El gobierno es el que fija —sostuvo— las condiciones, los plazos y los objetivos del «juego limpio». La salida democrática, «aunque nos cause rechazo», dijo Lanusse, es necesaria para el país. El peronismo, «nos guste o no», es una realidad.

Lanusse se presentó como el destinatario de una misión histórica, que da significado al duelo con Perón que el discurso propone. Lanusse midió su predicamento con el del caudillo. Ese discurso se produjo luego de que Perón y el peronismo habían rechazado los plazos, las negociaciones «caballerescas», mientras una ola de atentados sacudía al país.

El 22 de julio Perón había declarado al diario La Vanguardia de Barcelona que la Argentina se encontraba en un estado de «alerta revolucionario». «No hay peronismo y antiperonismo», afirmó el líder, «la antinomia es entre la revolución y la contrarrevolución. Esta contrarrevolución se ha iniciado ya hace cosa de 17 años para nosotros». Respondiendo al desafío de Lanusse, Perón declaró: «Yo no regreso porque en conducción soy un profesional. He dedicado toda mi vida al estudio de la conducción, y no es previsible que falle en el manejo de sus resortes. Hay un principio o una regla de la conducción que dice que el mando estratégico no debe de estar jamás en el campo táctico de las operaciones, porque allí se siente influenciado por los acontecimientos inmediatos, toma parte en ellos y abandona el conjunto…» (La Opinión, 24-VII-1972).

Perón, como lo había venido haciendo durante casi veinte años de proscripción, no estaba dispuesto a aceptar una solución impuesta. Su reivindicación de la dirección del movimiento desde los diversos lugares de destierro no era más que un recurso táctico para ganar tiempo. De su arsenal de teoría de la guerra desplegó una teoría de la política para responder al desafío de Lanusse. Pero él conocía muy bien las dificultades de gobernar al peronismo en su conjunto desde el exilio. Había logrado mantener la unidad del movimiento con un trabajoso despliegue de tácticas, sin preocuparse por la incoherencia o las contradicciones de sus directivas, repartiendo rehabilitaciones y excomuniones desde la distancia. Ahora había llegado el momento esperado y la iniciativa política pasaba a sus manos.

El 27 de julio Lanusse pronunció otro discurso clave en la partida librada con el viejo caudillo. Esta vez el destinatario principal fueron las fuerzas armadas. En efecto, el mensaje buscó cohesionar a los militares en torno a una misión histórica. Los sectores más duros podían hacerle una sola objeción a Lanusse: no haber pronunciado esas palabras un año antes.

El fracaso de las negociaciones «secretas» con el caudillo exiliado imponía un cambio de estilo y una nueva táctica.

Lanusse contaba con dos flancos a la vista para intentar fisurar al peronismo. La dirección burocratizada de la CGT, a la que intentó seducir y maniatar con una sucesión de emplazamientos y prebendas.[23] y el denominado neoperonismo, un conjunto disperso de liderazgos políticos menores, muchas veces provinciales, nacidos a la sombra del peronismo y más articulados al sistema que a las bases. Para una u otra base de apoyo eventual, Lanusse necesitaba reforzar su retaguardia, el «partido militar», los oficiales a los que fue dirigido su discurso. A ellos, Lanusse les explicó en qué consistía el juego limpio y no les mintió.

Fracasado el GAN, tal como Lanusse lo había concebido, o sea como negociación con Perón de una candidatura oficial, los militares desplegaron su ofensiva manifiesta a través de un conjunto de medidas destinadas a condicionar el proceso electoral y evitar «el salto al vacío», según palabras del propio Lanusse.

El 24 de agosto de 1972 el presidente anunció la incorporación de normas provisionales en la constitución y expresó: «El gobierno está dispuesto al diálogo, pero con todos aquellos que entienden y que creen en la fuerza de sus ideas expresadas con la palabra. Los otros, los que, por el contrario, estiman que el diálogo es imponer la voluntad con un arma, o con el miserable y cobarde acto de colocar bombas, tendrán una respuesta que no será precisamente la de la palabra sino la del peso máximo de la ley y también —no quepan dudas— la fuerza de nuestras armas».[24]

Entre las normas provisionales a incorporar en la constitución estaba la reforma a la ley electoral, anunciada en octubre de ese año. La nueva ley establecía que el presidente y el vicepresidente serían elegidos por el sistema de ballotage o doble vuelta. Esta disposición permitiría —según los cálculos militares— la alianza, en la segunda vuelta, de todas las fuerzas políticas no peronistas. De este modo, el sistema político resultaría dividido en dos mitades: el oficialismo y la oposición. La Argentina volvería a ser gobernable. En palabras de Lanusse: «hacer posible una solución política al país, que fuera real y estable, y no un salto al vacío que pudiera acarrear graves males…» (1977:305).

Las disposiciones militares para impedir ese temido «salto al vacío» no tuvieron eco entre las fuerzas políticas. Todas las tentativas de formular las convergencias con los principales sectores políticos y evitar un aplastante triunfo del peronismo en las elecciones, fracasaron. A fines de enero de 1973 la junta de comandantes hizo conocer cuáles eran los límites de flexibilidad militar en el proceso: el documento de cinco puntos destinado a incluirse en la constitución como acta de garantías (véase Lanusse 1977:314-324).

Este documento, denominado «compromiso de conducta de las fuerzas armadas», reafirmó la inquebrantable decisión de los militares de respetar el veredicto popular, pero fijó límites de acción para el futuro gobierno y erigió a los militares en los guardianes de las instituciones. En efecto, el documento descartó la posibilidad de «amnistías indiscriminadas» y afirmó la participación militar en la gestión del estado. A falta de un gran acuerdo nacional entre los civiles, careciendo del apoyo de las fuerzas políticas principales (el radicalismo), esta acta de garantías levantada por los militares expresó su resignación a definir el mínimo no negociable.

3. LA OFENSIVA DE PERÓN

En 1967 Perón predecía una crisis extrema en la Argentina. En una entrevista realizada desde Madrid, el caudillo expresó: «En menos de tres años, la Argentina va a tener una guerra civil…».[25] En 1972, en una conferencia de prensa en San Sebastián, Perón decía: «Los señores de las dictaduras militares anteriores hablaron de la posibilidad de parar la política y que siguiera lo económico. ¡Eso es un disparate! Es como si en el cuerpo humano a un individuo anémico le paran la circulación para resolverle el problema de la anemia. Lo más probable es que muera muy pronto».[26]

Había llegado el momento tan esperado por el viejo general. La crisis extrema en que se debatía la sociedad creaba las condiciones para un enfrentamiento entre militares y peronismo. Éste, desde su caída en 1955, había cumplido con éxito el papel que otros movimientos nacional-populares no pudieron desempeñar: se había constituido en el gran partido opositor «implícito» y en la principal interferencia a cualquier salida política. Como lo expresa Lanusse (1977:226), «el peronismo determinaba el triunfo o la derrota de otro partido, pero en sí mismo era proscripto, vedado o prohibido a posteriori a través de la anulación de las elecciones».

La presencia masiva de la clase obrera dio al peronismo una excepcional capacidad de continuidad como fuerza política y la posibilidad de ampliar su influencia a los sectores de la clase media radicalizada en las dos últimas décadas, como consecuencia del carácter contradictorio del proceso de modernización capitalista de los 60. Los años de proscripción fueron años de reorganización de sus cuadros desde abajo. Este proceso acompañó la creciente complejidad de los clivajes de clase en la sociedad argentina. El surgimiento de nuevos actores y nuevos contenidos de la lucha, la radicalización de la juventud y de las bases obreras frente a la burocracia sindical, incorporaron al movimiento peronista una dialéctica nueva, que se nutrió de una protesta antiautoritaria generalizada. El fracaso de la experiencia militar acentuó la localización de la protesta en el plano político; de ahí el carácter fuertemente politizado de las formas de lucha emergentes en las fábricas, en los centros de estudio.

A las demandas de restauración de las bases tradicionalmente peronistas, cuyo interlocutor había sido el sistema político bajo la forma perversa del «parlamentarismo negro»,[27] se agregaron las nuevas demandas de actores que luchaban por una alternativa radical de cambio de la sociedad: «la patria socialista».

La coexistencia conflictiva de fracciones antagónicas en el seno del movimiento peronista, articuladas en torno a la figura de su conductor, dio al peronismo un extraordinario dinamismo y, a su jefe, una gran capacidad de maniobra política.

Durante los años de exilio Perón se había apoyado bascularmente en sectores negociadores —el aparato político y la burocracia sindical— y en la guerrilla (FAP, Montoneros, FAR). La juventud peronista y la guerrilla eran su carta contra los sectores negociadores, dispuestos a entenderse con el gobierno de turno. A su vez, los negociadores le permitían mantener un aparato de superficie que le aseguraba la vigilancia y continuidad del movimiento y su integración como pieza imprescindible en el juego político.

Estimulando a todos los que, en la derecha y en la izquierda del espectro político, invocaban su liderazgo, Perón armó un esquema de fuerzas heterogéneo, sin caer en una definición ideológica que lo enfrentase a un rival o eventual sucesor. La manipulación táctica de los distintos sectores del movimiento permitió al líder mantener un equilibrio de compromisos inestable, permanentemente redefinido de acuerdo «con las necesidades de la hora», como gustaba decir el propio Perón.

Como el centauro maquiavélico de dos cabezas, el movimiento peronista tenía su cara conciliatoria y su cara de ruptura, ambas articuladas por el conductor. Los militares se decidieron finalmente a hacerle frente. La sabiduría y prudencia de Perón era lo único que podía detener el proceso de radicalización revolucionaria en la sociedad argentina. Por primera vez, después de casi dos décadas de proscripción, el retorno de Perón, una presencia más evocada que ejercida hasta entonces, se tornaba posible.

Desde los militares, la contrapartida de esta situación la sintetizó la figura del general Lanusse: su sabiduría y prudencia podían desarmar a los «duros» en el seno de las fuerzas armadas. Contrariamente a las apariencias, el enfrentamiento Lanusse-Perón se fundó en una convergencia entre ambos. Me parece importante detenerse en esta afirmación, ya que la misma descansa en una manera de concebir la constitución del conflicto social.

En efecto, para que haya conflicto es necesario que los actores se enfrenten, desde un sistema de referencia común, en una lucha por la dirección de un mismo conjunto de fuerzas sociales. Lanusse y Perón se enfrentaron a partir de un diagnóstico común acerca de la naturaleza de la crisis en la sociedad argentina, y su combate por la dirección de un mismo conjunto de fuerzas sociales se desarrolló en el trasfondo de una preocupación compartida: la institucionalización de la lucha de clases. Perón encontró en Lanusse un adversario a su medida, precisamente porque ambos generales partían del mismo diagnóstico de la coyuntura política y definían, de manera antagónica, las condiciones, medios y objetivos de la reconstitución del poder del estado (objetivo último fuera de cuestionamiento).

Para ambos, el tema de la crisis y de la desagregación del sistema, el primado de la política, subordinaba el tema del modelo de acumulación, de las oposiciones de clase en el modo de producción. Para ambos, un amplio apoyo popular y la capacidad de conducción política eran las condiciones indispensables para desagregar los extremismos en los dos campos y lograr una nueva relación de fuerzas en favor de reformas estructurales. Tanto Lanusse como Perón eran conductores y subordinaron la lucha de clases a la dirección del jefe.

Por otra parte, los dos son militares y, por lo tanto, cuando hacen política, los secretos de la política deben leerse en los secretos de sus concepciones acerca de la guerra: una guerra imposible que se vuelve política, es decir, subordinación de la acción de las clases a la conducción del jefe. Esta manera de concebir la realidad social es fruto de un sistema de referencias compartido que, desde la convergencia, los convierte en adversarios, en portadores de una acción conflictiva: una acción que los opone en la definición de los límites de tolerancia de la reconstitución institucional, pero que no los enfrenta en el cuestionamiento del modo de producción como tal.

Perón, como Lanusse, privilegió el tiempo a la sangre. En enero de 1973 expresó: «En toda lucha de este tipo los ingredientes que se usan son dos: tiempo y sangre: si usted quiere abreviar tiempo, no tiene más remedio que gastar sangre; pero si quiere ahorrar sangre, usa el tiempo. Sobre todo si el tiempo trabaja para uno, y acá evidentemente el tiempo trabaja para nosotros…» (Mayoría, 14-I-1973).

Desde este campo de lucha común se instauró la posibilidad del combate; hasta entonces sólo había habido escaramuzas entre los militares y Perón.[28]

El eje mayor de la estrategia que desplegó el viejo caudillo fue la tensión entre las fuerzas restauradoras y las fuerzas de ruptura en su movimiento. Mantener esa tensión viva le resultaría crucial para su objetivo de no negociar con los militares aceptando come necesarias su derrota y su proscripción. Desde el comando estratégico Perón armó su ofensiva de retorno al poder sin definirse en el campo táctico de las operaciones, sin dejar de caminar sobre sus «dos pies».

Dos fueron las coordenadas en las que apoyó sus tácticas. Por una parte, la formación de un vasto movimiento político, un esquema de fuerzas en el cual «ningún partido es nuestro enemigo», y para el que hay un adversario común: «el enemigo es la dictadura militar». Perón decía: «Aquí, la antinomia es muy clara: pueblo contra Fuerzas Armadas» (Mayoría, 14-I-1973). Por otra, su propio poder de convocatoria sobre la juventud y la guerrilla. Perón manifestaba en julio de 1972: «la antinomia es entre revolución y contrarrevolución».

El carácter contradictorio de sus bases de apoyo convertía a Perón en el conductor indiscutido del movimiento. Él era el único capaz de impedir la explosión de fuerzas tan heterogéneas. Como jefe del justicialismo, podía convertirse en el conductor de la oposición civil ampliando sus bases de apoyo entre las fuerzas políticas de diferentes tendencias, o bien obteniendo un consenso vicario contra el adversario común, los militares, y en nombre de la restitución de la democracia.

En 1972 la debilidad de los militares frente al peronismo era indiscutible. La estrategia de «unión nacional» a la que convocó Lanusse se había hecho contra el pasado y la crisis. Pero, en la escena política, la identidad de Lanusse era función de su antiperonismo, ésa era la única bandera que le daba sentido a su propuesta. Ésa era también su mayor debilidad, como él mismo lo reconoció: «En ese juego, Perón tenía un enemigo claro enfrente (que era yo) y los otros partidos con posibilidades no tenían enemigo a la vista…». (Lanusse 1977:302). La ilusión militar de la candidatura de Lanusse a la presidencia había sido rápidamente deshecha por la realidad. El objetivo, más modesto, de dividir al electorado por mitades entre oficialismo y oposición y situar al ejército en el papel de árbitro, también fracasaría ante los resultados arrojados por los comicios del 11 de marzo de 1973.[29]

La asimetría de fuerza entre el campo peronista y el militar era un dato innegable en la coyuntura preelectoral. La fuerza de Perón era el resultado de las complejas tácticas que fuera desplegando el líder en el período que culminó con las elecciones y cuyas dos vertientes principales anotarnos más arriba.

Perón y los partidos políticos

La formación de «La Hora del Pueblo», en noviembre de 1970 (un compromiso entre partidos políticos, básicamente entre el peronismo y el radicalismo), era el primer paso avanzado por Perón en su objetivo de armar un amplio esquema de fuerzas políticas para enfrentar a la dictadura militar. Esta convergencia democrática entre peronistas y fuerzas tradicionalmente antiperonistas expresaba un acuerdo en torno a un tibio programa de reformas, de corte nacionalista.[30]

Lejos de constituir un frente político, era, sin embargo, un primer paso decisivo para superar el clivaje entre peronistas y antiperonistas y se convertía en un elemento de presión para que los militares abriesen el juego político. Así lo comprendió Lanusse: «Sin duda alguna, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, decidían presionar juntos en favor de una salida electoral e incidir sobre la opinión pública, para lograr la adopción de una política económica de emergencia basada en el nacionalismo moderado» (1977:174).

En 1970, y mientras la «revolución argentina» se esforzaba por renacer de sus cenizas con Levingston, «La Hora del Pueblo» ponía en marcha una de las tácticas mayores de Perón: la salida legal absorbible por el sistema. La relación entre el radicalismo (la UCR) y los militares no era fácil, tanto por su historia como pollas características particulares de una coyuntura en la que los militares estaban a la defensiva y Perón había recuperado la iniciativa política. Los radicales no tenían otra opción que la de luchar por las elecciones y en esa lucha Perón —su tradicional adversario político— pasaba a ser un aliado. Más dispuestos a aceptar las condiciones que les fijaba Perón que las dudosas posibilidades de triunfo con apoyo militar, los radicales se mantuvieron fieles a la política de la misma manera en que lo habían sido a lo largo de su historia: subordinando su acción a la de la fuerza política a la ofensiva.

En 1972 Perón estimó que las condiciones estaban dadas para convocar a la formación de un frente político. El 14 de febrero llamó a constituir el Frente Cívico de Liberación Nacional (Frecilina). Entonces, Perón decía: «La política económica que ha generado semejante estado de cosas es obviamente conocida, inspirada en los grandes centros de poder mundial que propusieron y dieron apoyo a Krieger Vasena, agraviaron por igual sin excepción a todos los grupos sociales argentinos y la respuesta popular no puede ser otra que una alianza de clases y la formación de un Frente con todas sus tendencias representativas».[31] El anciano general de los «descamisados» reaparecía en la escena política como el general de los argentinos.

Al frente se incorporaron el Partido Intransigente (Oscar Allende), el Movimiento de Integración y Desarrollo (Arturo Frondizi), los democratacristianos de José Allende, el Partido Conservador Popular y personalidades de partidos menores, sobre todo provenientes del interior del país. La Unión Cívica Radical optó por un camino político independiente y cauteloso. Un camino autónomo era el único posible para la UCR, segunda fuerza política en importancia en el país, ante la inminencia de la contienda electoral. Pero ese camino debía de ser tomado con cautela. En efecto, los militares habían levantado la proscripción política al peronismo pero no habían definido cuál seria la suerte del Frecilina (¿podría o no ir a las elecciones?). Esa misma cautela, impuesta por las circunstancias, debilitaba al radicalismo y acrecentaba el ascendiente de Perón.

El Frecilina afirmó la estrategia de «unión nacional» (pueblo contra militares) levantada por Perón: estrategia simétrica y opuesta a la de Lanusse, el GAN (todos contra la subversión, contra el «enemigo interno»). La política frentista no perturbó las iniciativas de Perón, que de acuerdo con sus viejas inclinaciones desdeñaba los peligros de la contradicción. Para él, las fuerzas externas a su movimiento continuaban siendo un factor de poder a manejar según las posibilidades abiertas por la coyuntura: una cuestión de táctica y no de principios. Por eso mismo, el frente no le impidió seguir estimulando a la guerrilla.

Sin embargo, sus márgenes de acción dependían de la fuerza de su liderazgo dentro del peronismo. Esa condición fue claramente advertida por el líder que resolvió reestructurar su comando táctico para asegurar el respeto a la verticalidad. En noviembre de 1971 el líder había reemplazado a su delegado personal, Jorge Daniel Paladino, por el doctor Héctor Cámpora. El peligro de maniobras neoperonistas que minasen su poder había sido conjurado. Lealtad al jefe y verticalidad en la organización eran las dos premisas fundamentales en las que se asentó su estrategia hacia adentro del movimiento y su poder de negociación hacia afuera (con los partidos políticos y con los militares).

La presencia, legitimada por Perón, de la juventud peronista en todos los actos de masas que el justicialismo realizó desde la defenestración de Paladino, constituía una carta maestra con la que Perón podía ir reduciendo las aspiraciones de Lanusse.[32]

En septiembre de 1972 —cuando ya las relaciones entre Perón y Lanusse habían alcanzado el punto más álgido del enfrentamiento— Perón insistía en la necesidad de una salida electoral a la crisis. La participación del peronismo quedaba condicionada al levantamiento de las restricciones impuestas por los militares: «¿Cómo no vamos a querer elecciones si las vamos a ganar?», habría manifestado desde Madrid (Panorama, 14-IX-1972).

Perón y los militares

En octubre de 1972 Perón envió a la junta de comandantes un decálogo denominado «Bases mínimas para el acuerdo de reconstrucción nacional». En esos diez puntos planteó la revisión de las cláusulas que condicionaban el proceso electoral, pero no hizo ninguna referencia explícita a la que le impedía presentarse como candidato presidencial. El tono extremadamente moderado del decálogo dejó en suspenso su programa económico de reconstrucción nacional. En la práctica, el documento implicaba la aceptación tácita del programa conjunto de la CGT y de la Confederación General Empresaria (CGE), o sea del pacto social firmado en agosto de ese año por las dos entidades y al que Lanusse no tardó en dar su visto bueno:[33] ¿un retroceso táctico de Perón?; esta marcha atrás, ¿podría recuperarse en el plano de la estrategia?

Lo cierto es que la multiplicidad de discursos de Perón dio lugar a una fuga interpretativa por parte de los peronistas. Los que no dudaban de la estrategia del conductor podían hacer la lectura que más se adecuara a su definición de la situación; los que la cuestionaban desde fuera del peronismo, permanecían en la incertidumbre.

En octubre de 1972 las directivas del caudillo en favor de un proceso de institucionalización eran claras. Su retorno comenzaba a tener visos de realidad. La presencia en la Casa Rosada de su delegado personal, Cámpora, con el documento de Perón, ponía de manifiesto el acercamiento de los puntos de vista entre los dos generales. Más allá de las declaraciones públicas de Lanusse y de Perón, del rechazo de ambos a toda negociación, la opción de una salida política se imponía.[34]

El 17 de noviembre de 1972 Perón retornó a Argentina «en prenda de paz», según sus palabras. La consigna «Perón vuelve» se convirtió en realidad. En su primer mensaje a los argentinos, el general llamó a la calma y dijo: «para la violencia siempre hay tiempo».[35]

El nuevo 17 de octubre de 1945 que los peronistas esperaban revivir, sobre todo que la juventud peronista vaticinaba, no se produjo a su regreso. El «argentinazo», como se lo denominara, no estalló. Bajo un estricto control militar, el país recibía al caudillo con calma.

Durante su breve estadía, Perón se reunió con Balbín (presidente del comité nacional de la UCR), sellando la reconciliación con la principal fuerza popular después del peronismo.[36] Poco antes de partir Perón propuso a su delegado personal, Héctor Cámpora, como candidato a la presidencia. La fórmula presidencial era un desafío a los militares y así lo comprendió Lanusse, quien observa: «Cámpora no podía legalmente ser candidato a la Presidencia de la Nación: había violado cláusulas expresas con sus viajes al exterior. Pero toda la sensación que tuvimos fue que Perón había puesto ese nombre allí especialmente para que lo vetáramos. Con el veto, vendría a reemplazarlo por un candidato más irritativo (desde Julián Licastro a Rodolfo Galimberti, pasando por cualquiera que fuera impotable para el gobierno) y eso llevaría a una de dos decisiones de las Fuerzas Armadas: o la suspensión de las elecciones, o la proscripción lisa y llana del peronismo. Todo seguiría igual que antes».[37] El breve retorno del viejo caudillo marcó una derrota más para los militares: era el retorno de un proscrito que fijaba las condiciones a quienes lo habían despojado por la fuerza del poder.

La recomposición del equilibrio en el seno del peronismo

La decisión de Perón de lanzar la candidatura de Cámpora a las elecciones —la fórmula Cámpora-Solano Lima (Partido Conservador Popular)— fue acogida con entusiasmo por la juventud peronista, que levantó la consigna «Cámpora leal-socialismo nacional». El avance político de las juventudes parecía incontenible. Un mes antes el líder había nombrado como secretario general del movimiento a Juan Abal Medina, hermano del jefe de los Montoneros. La izquierda peronista ganaba posiciones en la estrategia desplegada por Perón y parecía tener ante sí un futuro promisorio.

Los sindicalistas no ocultaron su desacuerdo con la fórmula escogida por Perón. Su único candidato era el propio Perón. En las condiciones en que se desenvolvía el proceso preelectoral, la consigna sindical «Perón presidente» conducía en los hechos a un callejón sin salida. De allí que no faltó quienes interpretaron esta propuesta sindical como un intento para bloquear la estrategia del líder y abrir el camino a una nueva recomposición de fuerzas. De todos modos, la afirmación de fidelidad al caudillo era un intento por defender el poder político que de hecho la burocracia sindical había tenido durante la dictadura militar, y que se veía cuestionado por la candidatura de Cámpora. El general, rodeado de nuevos aliados políticos, parecía olvidar sus propios postulados en beneficio de la rama política del movimiento.

Perón regresaba al país dispuesto a ajustar cuentas con los jefes sindicales. Pese a la resistencia sindical impuso la candidatura de Cámpora. Para ello, reforzó la línea de los «duros» o «combativos» y bloqueó la acción de los negociadores, siempre dispuestos a aceptar la situación dominante y librarse de gravosas lealtades. En la entrevista que concedió a la revista Mayoría, en enero de 1973. Perón decía: «En la acción sindical hay mucha burocracia. Por otra parte, nadie tiene una experiencia más dolorosa que yo sobre eso. Porque yo los he visto defeccionar a muchos en el momento más decisivo de toda nuestra historia política, los he visto defeccionar a ellos, dirigentes sindicales. Por eso, cuando organicé el movimiento, lo organicé sobre tres patas: no sobre una ni sobre dos. Nosotros manejamos la acción popular a través de la línea política, y la manejamos en la línea política por el lado masculino y femenino. ¿Por qué hice yo eso así? Porque lo que se maneja por la línea sindical y por la política es la misma gente. Sólo que los dirigentes sindicales tienen la ilusión de que manejan, y no es así. Porque el manejo es político, no sindical: el manejo sindical es solamente para la defensa de los intereses profesionales; no da para más. Ahora, políticamente… políticamente pueden manejar muy poco… ¡Qué va a manejar Coria!».[38] En ese mismo mensaje Perón agregó: «El manejo sindical está en la CGT, y allí estamos seguros; porque lo tenemos a Rucci, que hace lo que debe hacer […] El gobierno se equivoca dándoles plata a los dirigentes de las 62 ¡Qué les va a dar Coria a ellos! […] Esto fue bien armado hace 30 años, por eso han tratado todos de destruirlo y ninguno ha podido. Los “gorilas”, con la violencia y los fusilamientos, lo fortalecieron. Después vino Frondizi, la integración decía Frondizi; se los quería absorber; tampoco pudo. Después vino Illia: hay que disociarlos, hay que dividirlos decía… tampoco pudo. Al fin vino Lanusse, que hace de todo: terror, absorción y división; tampoco pudo. Porque las cosas que se hacen bien, por lo menos no son destructibles…».[39]

La vieja guardia sindical quedaba prisionera de la acción del líder, momentáneamente postergada en sus aspiraciones frente al aparato político y a la rama juvenil del movimiento. La renuncia de Coria, no sin estruendo, fue el primer eco del ajuste de cuentas de Perón con la burocracia sindical. Entre los pocos sindicalistas nominados en las listas de diputados nacionales del justicialismo figuraron aquellos que habían criticado duramente a la dirección cegetista por su blandura ante el gobierno (Racchini y de Luca, por ejemplo). Este ajuste de cuentas que el caudillo había esperado pacientemente desde el destierro, cuando muchas de sus directivas eran desoídas por los jefes sindicales, tenía un significado mayor en la estrategia de Perón. Para rehabilitar a las instituciones políticas era necesario recomponer las relaciones entre la dirigencia sindical y la base obrera. La negociación en las alturas era un privilegio del conductor del movimiento, los dirigentes sindicales tenían que mantenerse en su «lugar».

De la oficialización de la fórmula «Cámpora-Solano-Lima» al triunfo peronista

A fines de enero de 1973 se oficializó la fórmula Cámpora-Solano Lima como candidatos a presidente y vicepresidente, respectivamente, por el Frente Justicialista de Liberación Nacional (Frejuli).[40]

La aceptación de la fórmula propuesta por Perón marcó un punto de no retorno a los militares. En efecto, las reglas de juego entre el peronismo y los militares quedaron finalmente establecidas. En vísperas del epílogo de marzo los dirigentes del Frejuli mantuvieron reuniones privadas con hombres del gobierno y de las fuerzas armadas. La disposición que manifestaron los hombres del frente para allanar el camino hacia las elecciones y disipar los temores militares contrastaba con la fogosidad de sus declaraciones públicas.

En este clima tuvo lugar el primer acto de masas para presentar a los candidatos frentistas, en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires, localidad de la que era originario Cámpora. La juventud peronista desbordó allí la prudencia legalista de los dirigentes del frente. El salvoconducto definitivo del proceso electoral pasó a ser: «Cámpora al gobierno. Perón al poder». Una semana después, la reacción del gobierno se hizo escuchar: Lanusse condenó esa reunión política. El elogio realizado a los Montoneros, la nueva consigna levantada por la JP y las declaraciones de Perón desde Madrid, obligaron a Lanusse a encuadrar la situación «en los marcos de la ley».[41] El Frejuli había violado la ley orgánica de los partidos políticos. Se imponía una acción judicial para proscribir al frente por violación del principio de representatividad consagrado en la constitución.

Lanusse había comprendido que la fórmula de Perón no podía ser vetada y que había que aflojar las cláusulas militares. La nueva situación volvía a colocarlo en el callejón: ¿proscribir al Frejuli? Más bien, la acción importaba una amenaza para negociar los límites de tolerancia de los militares. Pero era un paso no exento de peligros. Como señala el mismo Lanusse en su autocrítica: «Un error ciertamente muy importante, durante todo ese período y comienzos de 1973, fue que, a pesar de haber definido que el peronismo podría ir a elecciones, fracasamos en precisar cuáles serían los límites reales de nuestra decisión, en forma tal que hasta último momento casi el país no terminaba de saber si el Frejuli —en cuyo apoyo se había volcado casi todo el aparato subversivo— podría llegar o no al 11 de marzo». Más adelante, agrega: «Como la situación era indecisa, los candidatos no peronistas —y especialmente Ricardo Balbín— buscaban evitar toda crítica al peronismo, que quizás terminara votándolos (y eso les insinuaba el mismo Perón, a través de mil zalamerías). La táctica del Frejuli, al mismo tiempo, consistía en evitar la menor crítica a los radicales, hasta el punto de que sus candidatos estuvieron virtualmente ausentes de todas las mesas redondas de la televisión argentina…» (Lanusse 1977:301-302).

La indefinición sobre el Frejuli jugó en contra de Lanusse, como él mismo lo reconoce. Un clima de desconcierto e incertidumbre envolvió a todos los protagonistas, incluso a las fuerzas armadas. En ese clima se llegó al 11 de marzo. El discurso de Lanusse, pronunciado la víspera de los comicios, era el último intentó militar por controlar el proceso: una convocatoria contra el peronismo, una advertencia a los argentinos contra «los falsos apóstoles».

Los resultados electorales —la victoria espectacular del Frejuli— dejaron a los militares sin política.[42] Los militares se resignaron a adoptar el fair play de Lanusse y se retiraron en orden, preservando su unidad interna, unidad que resultaría crítica para la evolución posterior de los acontecimientos.

La multitud que colmó la sede del Frejuli invadió las calles céntricas de la ciudad, organizó manifestaciones espontáneas en los suburbios de Buenos Aires, no abandonó las consignas combativas: «Lanusse, Lanusse, hiciste un papelón, habrá segunda vuelta, la vuelta de Perón»; «¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser, el tío en el gobierno y Perón en el poder!»; «Ya van a ver, ya van a ver, cuando venguemos los muertos de Trelew».

Desde entonces, hasta el 25 de mayo —fecha de la asunción del mando— la violencia creció en la sociedad argentina: los atentados terroristas se multiplicaron. Galimberti propuso la formación de milicias populares para garantizar la entrega del gobierno y defenderlo de los enemigos. Perón lo relevó del cargo y envió un mensaje a los trabajadores argentinos llamándolos a «la prudencia y serenidad».

El relevo de Galimberti era la primera luz roja que se encendía en el camino ascendente de la juventud peronista. Esta señal de peligro preludiaba los enfrentamientos entre el líder y las aspiraciones más radicales de la juventud. Perón frenaba la ola de violencia que sacudía a la sociedad llamando a la prudencia y a la serenidad a los trabajadores y advirtiendo a los «confundidos», que su opción era la de una salida legal.

A partir del 25 de mayo el centro de gravedad de la lucha política de clases en la sociedad argentina (hasta entonces situado en el enfrentamiento entre militares y peronismo) se desplazó hacia el interior del movimiento peronista. El recrudecimiento de la violencia habría de poner de manifiesto nuevos antagonismos sociales que ya no traducen el tradicional clivaje entre peronistas y antiperonistas en la sociedad.

EL PERONISMO EN EL GOBIERNO

4. EL INTERREGNO CAMPORISTA

La consigna «Cámpora al gobierno, Perón al poder» mostró en los hechos su capacidad de unificar a las bases heterogéneas del peronismo. Para todos los peronistas Cámpora representaba una transición. Sin embargo cada sector —el grueso del movimiento obrero organizado, la juventud radicalizada y la guerrilla peronista— interpretó a su manera el lema «Perón al poder». Mientras que para el movimiento obrero organizado (exclusión hecha de los sectores «combativos»),[43] ese lema significaba reconquistar el espacio perdido en la gestión del estado, para la juventud y la guerrilla peronista «Perón al poder» era la bandera del «socialismo nacional» (un proyecto alternativo de sociedad).

Cuando la consigna «Cámpora presidente» se convirtió en realidad, se agudizaron los conflictos dentro del peronismo entre las fuerzas restauradoras y las fuerzas que pugnaban por la ruptura del sistema. Cada fuerza social intentó recuperar en su discurso el conductor, portador de los fines del movimiento peronista y único aval de sus objetivos divergentes.

El período que se abrió con la presidencia de Cámpora —vigésimo séptimo presidente constitucional y el de más breve duración (no alcanzó a permanecer dos meses en el cargo)— se caracterizó más por ser la continuidad del clima de la campaña electoral peronista que por la inauguración de una nueva etapa política. Una vez logrado el triunfó electoral del peronismo lo que estaba en juego era la definición misma del lema «Perón al poder». La verdadera lucha política en el seno del peronismo apenas comenzaba: había que de terminar quiénes eran los triunfadores dentro del peronismo.

El 25 de mayo de 1973 la multitud reunida en la Plaza de Mayo coreaba: «Se van, se van y nunca volverán». La euforia y el optimismo parecían dejar atrás los tiempos de incertidumbre. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo sin que se reconocieran vencedores y vencidos dentro del propio movimiento peronista. La primera pregunta que cabe hacerse al analizar ese período es: ¿por qué Cámpora?; ¿qué representaba Cámpora en el esquema de fuerzas políticas dentro del peronismo?

Por una parte, Cámpora era el testimonio del exilio de Perón: representaba la lealtad al conductor de un sector de la burocracia política; la sumisión incondicional de la práctica social a los designios, a veces misteriosos, del viejo líder. Los sectores más poderosos de la burocracia sindical habían invocado la presencia de Perón en todas sus acciones; pero Perón era más una presencia evocada que efectivamente ejercida. En efecto, la estrategia sindical dominante durante los años de proscripción se había regido por dos principios contradictorios: disminuir el aislamiento en que se encontraba el sindicalismo, participando en distintos grados y formas, según la coyuntura, en las instituciones, y mantenerse en la oposición (no cortar con la política partidaria y, por lo tanto, con los nexos con Perón). La dialéctica entre aislamiento y participación institucional planteó conflictos en la cúpula de la dirigencia y en las relaciones entre ésta y el viejo caudillo,[44] peto el sindicalismo no podía dejar de plantearse el problema de su propia posición en el serio del estado.

Esa dialéctica había sido la del propio Perón. Desde su proscripción todo su esfuerzo se concentró en obtener el reconocimiento del movimiento peronista como sujeto colectivo cu la escena política, y el reconocimiento de su liderazgo personal. La alternancia de tácticas desplegadas por Perón tenía como objetivo salir del aislamiento impuesto. El problema no consistió en la impugnación, por parte de Perón, de los movimientos tácticos del sindicalismo, sino en el margen de acción autónoma que esos movimientos tuviesen frente a su poder político personal: él debería lijar, en cada coyuntura, los límites del territorio por el que podía transitar el sindicalismo.

La burocracia sindical se había manejado con márgenes «demasiado» grandes de autonomía con respecto al conductor del movimiento. No se trataba, pues, de que la política, con todas sus grandezas y mezquindades, estuviera ausente de la acción sindical. El sindicalismo peronista era básicamente un sindicalismo político, acostumbrado a moverse con un amplio margen de autonomía con respecto a las exigencias de orden político surgidas de la base. La renovación de la politización de las bases, desde el cordobazo, había puesto en marcha un proceso de potencial renovación del sindicato como sujeto colectivo. Ese proceso fue resistido por la burocracia sindical.[45] En la lógica de su acción, no tenía cabida el cuestionamiento desde las bases.

Con Cámpora presidente, la burocracia sindical quedaba desplazada como actor principal de la reconstitución del poder del estado y situada a la defensiva, frente a la movilización autónoma de las bases.

Cámpora había sido designado con el apoyo de los sectores combativos del sindicalismo, como señalamos en páginas anteriores. Cámpora leal significaba un reequilibrio de fuerzas dentro del peronismo, en favor de los «duros» del aparato sindical y de la juventud. La consigna «Cámpora leal, socialismo nacional», que levantara la JP, tenía la fuerza de una amenaza para la burocracia sindical en la coyuntura preelectoral.

Por otra parte, Cámpora representaba a un sector de la burocracia política cuya fuerza residía en la representación de Perón y, por lo tanto, en el poder del caudillo. Ese poder exigía un refórzamiento del poder civil y así lo comprendió Perón. Para lograr ese reforzamiento, la juventud radicalizada y la guerrilla peronista cumplieron un papel central, que les permitió ganar paulatinamente un espacio dentro del movimiento peronista. Como indicamos antes, ese espacio, conquistado por la JP, no fue independiente de las complicadas maniobras tácticas de Perón: pero no se redujo a ser solamente una consecuencia del estímulo del líder. Ea radicalización de la juventud tenía una historia y se alimentaba del intenso proceso de movilización obrera que prolongó el cuestionamiento iniciado con el cordobazo.

La campaña electoral del peronismo fue la obra de la «tendencia revolucionaria» del peronismo (la JP y las «formaciones especiales», expresión ésta con la que Perón designó a los grupos armados peronistas). El acercamiento entre Cámpora —el «tío», como lo llamaba la JP— y el peronismo revolutionario fue promovido por el propio Perón, como lo demuestra el mensaje del 14 de enero de 1973, publicado por la revista Mayoría. Entonces, Perón diría: «No es el problema de los políticos el que me interesa tampoco. No, es esa juventud que debe ponerse los pantalones y empezar a decir lo que hay que hacer […] Si la juventud no salva esto, no lo salva nadie».

Cámpora, resistido por la burocracia sindical, «hombre de una lealtad insobornable», como lo afirmara el caudillo, encontró apoyo en la juventud radicalizada. Pero el acercamiento entre Cámpora y la «tendencia» se fundó en un dato político de importancia crucial en esa coyuntura: la ausencia de una dirección revolucionaria de las masas, alternativa a la del propio Perón. En efecto, la izquierda del peronismo carecía de un correlato organizativo a nivel de las bases, especialmente entre la clase trabajadora,[46] Perón, que para no ser derrotado había jugado a los adversarios unos contra otros (los combativos del aparato sindical y la juventud contra la burocracia sindical), no ignoraba este hecho.

En la coyuntura preelectoral Perón tenía que continuar siendo como el centauro maquiavélico y mantener sus dos cabezas. Para ello contaba con la subordinación vicaria de Cámpora (lealtad y verticalidad aseguradas): Cámpora no representaba el peligro de una dirección alternativa a la suya en el movimiento.

En esa coyuntura, la presión de la izquierda desde dentro y desde fuera del peronismo era un elemento clave en la constitución de la fórmula de poder. «Perón al poder» podía significar, para muchos, el control de ese potencial peligroso de cambio: la reconstitución del sistema político con una izquierda legal incorporada al mismo.

El discurso presidencial de Cámpora no pudo desconocer el papel de la juventud peronista en el triunfo, aunque sostuvo la posición oficial del justicialismo ante la violencia: «La violencia decaerá. La paz prevalecerá».[47] Bajo la presión de la juventud peronista, Cámpora decretó la amnistía para todos los presos políticos. La liberación inmediata de todos, incluidos los miembros de organizaciones armadas, con prescindencia del procedimiento formal de previo pasaje por el Congreso, era la respuesta al «devotazo» (la revuelta de los presos en la cárcel de Villa Devoto mientras una multitud reclamaba a sus puertas la liberación de «los soldados de Perón»).

Como observa Mariano Grondona,[48] la presidencia de Cámpora se apoyaba en tres condiciones singulares: la actitud militar, la representación de Perón y el poder de Perón. «Un cambio en cualquiera de ellas, debido a hechos políticos, o inclusive biológicos, modificaría sustancialmente su posición presidencial».

Las demostraciones de fuerza de la izquierda peronista durante la presidencia de Cámpora eran un elemento inconciliable con las demandas de los soportes tradicionales del peronismo, hostiles a toda forma de violencia. En la medida en que Cámpora no supo, o no quiso, desalentar suficientemente la movilización popular, su permanencia en el ejecutivo se fue haciendo imposible. Más allá de las intenciones reales del viejo caudillo, que entran en el terreno de la especulación, en los hechos el estilo popular jacobino dominante durante la gestión de Cámpora fue el «experimento» para preparar su retorno efectivo al gobierno. Perón se benefició de esa movilización tolerada sin enfrentarse con el peligro de una pérdida del liderazgo político de las masas.

Los días de Cámpora representaron un estilo político —la movilización popular, sobre todo de la juventud peronista— y no un programa alternativo de gobierno.[49] El programa era el de Perón y Gelbard, un proyecto de conciliación de clases que la juventud peronista recibió con desconfianza primero y criticó abiertamente después.

El período iniciado con el triunfo en las elecciones y cerrado con el retorno de Perón, el 20 de junio de 1973, fue una etapa en la que el componente popular dominó la gestión gubernamental. Con el regreso de Perón se ingresaba nuevamente en «la política», con todas sus grandezas y mezquindades. Perón volvía para poner en orden a esa sociedad desquiciada por la intensidad de las luchas sociales. Los enfrentamientos tenían que ser encuadrados en el espacio institucional y atenerse a las reglas de lo posible: ése era el sentido mayor del Pacto Social, pilar de la política económica y de la normalización institucional diseñada por el líder. El devotazo del 25 de mayo mostró a un Perón resuelto a condenar la lucha extrainstitucional. Desde Madrid, el general advirtió a la juventud peronista sobre la necesidad de controlar las provocaciones «gorilas» y «trotskistas».

El Plan Gelbard

Un breve examen de las medidas de política económica (el denominado Plan Gelbard) aplicadas o proyectadas en ese lapso, confirma el doble significado de la etapa camporista: la movilización popular y la puesta en marcha de un programa de concertación económica y social destinado a alcanzar la normalización institucional de las luchas sociales.

La designación de José Gelbard, presidente de la Confederación General Económica, como titular del Ministerio de Economía, era congruente con la creencia del líder: la política económica debe basarse en las iniciativas de los capitalistas nacionales privados. Gelbard, como Miguel Miranda, el jefe de la política económica de la primera etapa peronista, representaba esa orientación doctrinaria que el jefe del movimiento mantuvo al retornar.

El programa que la CGE dio a conocer a los políticos antes de las elecciones de marzo de 1973, denominado «Sugerencias del empresariado nacional para un programa de gobierno», fue la base sobre la que se sustentó la gestión iniciada en mayo.[50]

En su conjunto, el programa se presentó como una opción al capital monopólico internacional, al que criticaba duramente. La pieza fundamental para llevarlo a la práctica fue el Acta de Compromiso Nacional, del 30 de mayo de 1973. Este Pacto Social, firmado en junio de ese año por la CGT y la CGE, y homologado por el gobierno, otorgó un aumento salarial fijo para todos los trabajadores y congeló los salarios hasta el próximo ajuste, que tendría lugar, en principio, el 1.º de junio de 1974. Los representantes sindicales reconocieron que, ante la inflación, poco podía obtenerse con un aumento masivo de salarios. Los objetivos redistributivos del plan, la búsqueda de la plena ocupación, exigían tiempo. El plan de austeridad, legitimado no sin desconfianza por la CGT, fue acompañado por una política de bloqueo de los precios para los productos de gran consumo. La medida más espectacular fue el descenso significativo del precio de la carne, componente básico de la canasta familiar.

La Unión Industrial, UIA (nucleamiento de las empresas mayores del sector, particularmente de las filiales de las empresas transnacionales); la Sociedad Rural: la Cámara Argentina de Comercio, todas aceptaron el Pacto Social como algo inevitable. Era la aceptación de un vencido, dispuesto a avalar las condiciones que le fijaba su enemigo vencedor. Eso explica que dieran muestra de beneplácito, aunque de la boca para afuera. La perspectiva económica creada por una coyuntura internacional favorable (mejoramiento en el volumen y el precio de las exportaciones) podía alimentar un nuevo equilibrio político sin crear fuertes enfrentamientos. Aceptar el Pacto Social no significaba renunciar a sus recursos de poder. El programa económico no atacaba la propiedad de los medios de producción. Las empresas transnacionales conservaban su superioridad frente a las empresas locales (creación de tecnología, poder financiero superior, conocimiento y poder de negociación en el campo internacional). Los grandes terratenientes continuarían siendo los generadores de divisas, y en esa coyuntura internacional podrían obtener precios menores que fueran compensados por el aumento del precio internacional.

Con esos recursos de poder intactos, aceptar un programa de concertación económica y social sólo marcaba un compás de espera: el curso de los acontecimientos les permitiría hacer sentir su poder e influencia; por el momento se imponía un silencio cauteloso o una complacencia poco comprometedora.

Los sectores de la burguesía industrial nucleados en la CGE, particularmente la pequeña y mediana burguesía, avalaron el Pacto Social, conservando una capacidad de maniobra sobre la política de ingresos del gobierno muy superior a la que tenían los sindicatos. Esa aceptación tampoco les comprometía su comportamiento futuro con respecto a la conducción económica.

El Pacto Social, un acuerdo de austeridad entre empresarios y trabajadores, venía a disciplinar los conflictos entre el capital y el trabajo. Instrumento para la creación de un «orden social», preocupación constante en el pensamiento de Perón,[51] el Pacto Social aseguraba el gobierno de la economía a través del gobierno político de las clases. Al tiempo que excluía todo «extremismo» revolucionario, la restauración del orden social (del equilibrio en el «cuerpo» social enfermo), no era incompatible con la introducción de reformas. Esta coexistencia del orden y las reformas era posible gracias a la concepción pragmática y flexible que Perón mantuvo sobre el accionar político. Ahora bien, esas reformas se imponían sólo en la medida en que eran condición sine qua non para crear un orden social, y no para subvertirlo. De este modo, el conjunto de medidas reformistas que acompañó al Pacto Social (muchas de las cuales no llegaron a aplicarse, como veremos) estaba destinado a asegurar ese orden, basado en una premisa que definió otra de las constantes ideológicas del pensamiento del líder: la creación de «un capitalismo de preeminencia social que atempere el sacrificio de los pueblos».

Las medidas reformistas —aunque nunca completamente llevadas a la práctica— tiñeron el período inicial del gobierno peronista, reforzando la imagen izquierdista de Cámpora. Entre ellas figuraban: la nacionalización de depósitos bancarios, la nueva ley de inversiones extranjeras, el control del comercio exterior, una reforma impositiva y una ley agraria.

Si bien el proyecto de reformas estaba lejos de provocar grandes cambios estructurales (así lo señalaron los sectores de la izquierda tradicional) y se diferenciaba claramente de otros intentos reformistas como el peruano o el chileno, el clima político del camporismo le confería una tónica de amenaza que iba mucho más allá del alcance concreto del programa económico. La reestructuración de los sectores de poder en favor del denominado «empresariado nacional», representado por la CGE (incluido un grupo económico y financiero poderoso, integrante del sector oligopólico y denominado «Grupo Gelbard») no llevó, ni en los hechos ni en la doctrina del programa, a un ataque frontal a las empresas extranjeras. En efecto, no se les atacó la propiedad ni su capacidad de generar ganancias. Aunque restringido en su capacidad de enviar dividendos al exterior y en su decisión de inversiones, el capital transnacional pudo sobrevivir muy bien (el caso de la industria automotriz es ejemplar al respecto) y evadir los controles.[52]

El anteproyecto de ley agraria que contenía algunas disposiciones alarmantes, como la posibilidad de expropiar unidades improductivas, nunca se pudo llevar a la práctica, como veremos. La eventual aplicación de un impuesto a la renta normal potencial de la tierra (previsto para 1976) no afectaba a la propiedad y, en la práctica, no era difícil de evadir. La coyuntura económica internacional favorable podía facilitar cambios indoloros (compensados por el aumento en el precio internacional de los bienes exportables). El intento de neutralizar a los poderosos sectores terratenientes de la pampa húmeda no desencadenaría, en principio, un ataque frontal a sus intereses.

La apertura de nuevos mercados en el exterior, a través de una política agresiva de establecimiento de relaciones con naciones socialistas y del Tercer Mundo (particularmente los países árabes), se encuadraba en el marco de un intento de expansión de las industrias básicas y de realización de grandes obras de infraestructura. En 1973 el único nubarrón que oscurecía el horizonte parecía ser el clima de agitación política. Derrocado el camporismo, Gelbard y su equipo tenían razones para alimentar el optimismo. La «burguesía nacional» pagaría la colaboración del movimiento obrero organizado con un gran programa de bienestar social. En el gabinete peronista el Ministerio de Bienestar Social era un «superministerio», como el de Economía. Controlado por Perón a través de su secretario personal, López Rega, continuó siéndolo después de la caída de Cámpora y conservó la importancia política que había tenido en los anteriores gobiernos peronistas.[53]

El Plan Gelbard planteó a los sectores revolucionarios del peronismo una situación de facto. Pieza clave del proyecto de poder de Perón, no era criticable sin poner en cuestión las proclamadas coincidencias estratégicas con el general. Las FAR y los Montoneros optaron por referirse al programa del «compañero Cámpora» como un programa de transición hacia formas políticas nuevas en las que la conducción pasaría al sector obrero. Lo calificaron como «programa de liberación», enfatizando el carácter nacionalista de las medidas reformistas, lo que contribuía a teñir de significados radicales a medidas que estaban lejos de proponerse esos objetivos. Sus pronunciamientos sobre el Pacto Social quedaron en suspenso, a la espera de la buscada reconversión política de las masas populares. El ERP, por su parte, afirmó que «el gobierno no podrá dar ningún paso efectivo hacia la liberación nacional y social» (Clarín, 2-VI-1973).

Aunque la guerrilla, incluido el ERP, había hecho un alto provisional en la lucha, la movilización de la JP y el recurso creciente a la acción directa —ocupación de lugares de trabajo y casas de estudio— crearon un clima de crisis de autoridad cada vez menos compatible con el logro del equilibrio político a que aspiraba el plan económico. A fines del mes de junio la revista Mayoría «descubrió» una situación de «vacío de poder» en la sociedad argentina. A partir de entonces, los días de Cámpora como presidente estaban contados.

Este clima político amenazaba con echar por tierra la trabajosa reconstitución de las instituciones diseñada por Perón. El viejo caudillo rehabilitó a los partidos políticos como actores legítimos, en su esfuerzo por establecer una democracia liberal al estilo europeo, capaz de coexistir armoniosamente con una organización corporativa de la sociedad (la denominada «democracia integrada», sobre la que volveremos más adelante). Simultáneamente, la derecha peronista, en el plano sindical y político, fue recuperando posiciones en el movimiento, alentada por su líder.

La caída de Cámpora

La contradicción entre un programa económico reformista moderado y un estilo de gobierno fuertemente movilizador no tardó en estallar. Las demandas de los sectores radicalizados no podían ser asimiladas por el peronismo sin que se quebrasen los límites políticos de su proyecto. La reconstitución del poder del estado tenía que ser hecha con la burocracia sindical, los partidos políticos y las fuerzas armadas. Las demostraciones de fuerza de la izquierda peronista no significaban fuerza. El retorno de Perón, el 20 de junio, y su mensaje del día 21, despejaron la ambigüedad que podía tejerse en torno a su concepción del proceso de reorganización del estado.

El 20 de junio una multitud esperó al general en el aeropuerto de Ezeiza. La izquierda peronista había levantado la consigna: «Vamos a Ezeiza, vamos compañeros, a recibir a un viejo montonero». Fuerzas parapoliciales abrieron fuego sobre la multitud. La fiesta de recibimiento se convirtió en el drama de «la masaere de Ezeiza». A partir de entonces se agudizó el enfrentamiento entre los partidarios de la «patria socialista» y los ortodoxos del llamado «clan López Rega» (la extrema derecha del peronismo quedaría nucleada en torno a la siniestra figura del secretario personal de Perón). El conflicto político en el seno del peronismo alcanzó niveles de intensidad hasta entonces desconocidos. Los peronistas revolucionarios que habían coreado «Vamos a hacer la patria peronista, pero la haremos montonera y socialista», regresaron a la capital en silencio. Ese silencio era significativo, era el presagio de las dificultades que comenzaban.

El discurso de Perón, al día siguiente, se centró en la vuelta a la ortodoxia doctrinaria. El caudillo retornaba a las fuentes del movimiento: «Somos justicialistas», dijo, «somos lo que las veinte verdades peronistas dicen». Perón dio una definición que muchos no esperaban. Rechazó en más de una oportunidad la línea izquierdizante dentro de su movimiento: «Los peronistas debemos retomar la conducción de nuestro movimiento», afirmó. Los partidarios de «la patria peronista» fueron avalados por las palabras del líder. Las movilizaciones populares, que habían alcanzado su cúspide en la manifestación de Ezeiza, ya no encajaban en la etapa que se iniciaba con el retorno de Perón.

Perón advirtió: «Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan». Lo primero es reorganizar el estado: «Lo demás lo hará el pueblo». Según esta secuencia, la movilización sólo sería rehabilitada después de consolidar la etapa actual (acercar a los partidos políticos y a los militares a su proyecto). Mientras tanto, una vez más, «de casa al trabajo y del trabajo a casa», vieja consigna peronista. La calle ya no era el ámbito natural de las manifestaciones populares.

El modelo político de Perón surgía de la penumbra. La política económica estaba definida. La necesidad de una amplia base de apoyo extrapartidaria quedaba por conseguirse. Para ello, la «revolución» debía ser hecha en paz, siguiendo las líneas ideológicas que el justicialismo había establecido más de veinte años atrás; los enemigos «de afuera y de adentro» serían perseguidos para evitar la anarquía. La palabra «socialismo» no figuró en su discurso (cuyo texto completo aparece en La Opinión, 22-VI-1973).

La Unión Cívica Radical no demoró en hacer oír su aprobación a las palabras del general. La presencia y la conducción de Perón eran un dato positivo frente a una situación que el mismo Perón definiera como «una posguerra civil». Su propuesta de «volver al orden legal y constitucional» encontró eco en todos los sectores políticos del centro y de la derecha.

Perón retornaba para poner fin «al vacío de poder». En el campo sindical, la derecha se lanzaba contra la CGT de Córdoba, denunciando la infiltración marxista en sus sindicatos y en el gobierno de la provincia. Los partidarios de la «patria peronista» recuperaban rápidamente el tiempo y el terreno perdidos en la espera.

A fines de junio el gobierno trató de frenar la movilización popular, hasta entonces tolerada. Pero esos esfuerzos llegaban demasiado tarde y no podían alterar el desenlace que, el 10 de julio, se hizo predecible. El comandante en jefe, general Jorge Carcagno, dialogó con Perón de «soldado a soldado» (esa entrevista marcó la reconciliación formal del caudillo con las fuerzas armadas). Al día siguiente Perón se entrevistó con los titulares de la marina y de la aeronáutica. Mientras tanto, la mesa directiva de la CGT se entrevistaba con el presidente Cámpora. Al salir del despacho presidencial José Rucci, secretario general de la central obrera, declaró a la prensa: «se acabó la joda» (frase que a la luz de los acontecimientos puede traducirse como «se acabó el gobierno actual») (La Opinión, 17-VII-1973).

La Unión Cívica Radical no demoró en hacer oír su aprobación a las palabras del general. La presencia y la conducción de Perón eran un dato positivo frente a una situación que el mismo Perón definiera como «una posguerra civil». Su propuesta de «volver al orden legal y constitucional» encontró eco en todos los sectores políticos del centro y de la derecha.

Perón retornaba para poner fin «al vacío de poder». En el campo sindical, la derecha se lanzaba contra la CGT de Córdoba, denunciando la infiltración marxista en sus sindicatos y en el gobierno de la provincia. Los partidarios de la «patria peronista» recuperaban rápidamente el tiempo y el terreno perdidos en la espera.

A fines de junio el gobierno trató de frenar la movilización popular, hasta entonces tolerada. Pero esos esfuerzos llegaban demasiado tarde y no podían alterar el desenlace que, el 10 de julio, se hizo predecible. El comandante en jefe, general Jorge Carcagno, dialogó con Perón de «soldado a soldado» (esa entrevista marcó la reconciliación formal del caudillo con las fuerzas armadas). Al día siguiente Perón se entrevistó con los titulares de la marina y de la aeronáutica. Mientras tanto, la mesa directiva de la CGT se entrevistaba con el presidente Cámpora. Al salir del despacho presidencial José Rucci, secretario general de la central obrera, declaró a la prensa: «se acabó la joda» (frase que a la luz de los acontecimientos puede traducirse como «se acabó el gobierno actual») (La Opinión, 17-VII-1973).

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Victorio Calabró, dirigente metalúrgico, declaró: «Estando Perón en el país, nadie puede ser presidente de los argentinos más que él». La caída de Cámpora era ya un hecho. El 13 de julio Cámpora y Solano Lima presentaron sus respectivas renuncias al Congreso. Raúl Lastiri, yerno de López Rega y presidente de la Cámara de Diputados, fue nombrado presidente provisional. El sucesor constitucional, Díaz Bialet, presidente de la Cámara de Senadores, había sido oportunamente enviado al exterior. El círculo de los hombres políticos que habían rodeado al general en el exilio comenzaba su ascenso. Ese día, conocido popularmente como el «Lastirazo», quedó consumado el golpe de estado dentro del movimiento peronista. En un mensaje Perón recordó que Cámpora le había advertido que, de llegar a la presidencia, iba a dimitir para que se celebrasen nuevas elecciones y él pueblo expresara genuinamente quién era el candidato de su preferencia.

La autocaída del gobierno dejaba el camino libre a la tercera presidencia de Perón. Un comunicado de FAR y Montoneros, que se habían mantenido en silencio durante esta «revuelta palaciega», estimó que el acceso de Perón a la presidencia tenía por objeto poner freno a una conspiración gorila impulsada por el imperialismo.[54]

Perón surgía como el conductor indiscutido de la nación para las derechas de dentro y fuera de su movimiento, al mismo tiempo que era proclamado por las izquierdas como un baluarte contra el imperialismo. Para la JP el juego pendular del líder no había borrado las supuestas coincidencias estratégicas. Con sus demostraciones de fuerza esperaba inclinar la balanza a su favor; liberar al viejo general del «cerco de la derecha».[55]

Al proclamarse la candidatura de Perón la derecha peronista levantó la candidatura de Alaría Estela Martínez de Perón («Isabel»), para vicepresidente. Por su parte, los moderados opinaron que el propio Perón debía definir la fórmula. La izquierda se lanzó a las calles para presionar por la candidatura de Cámpora a la vicepresidencia. El 2 de agosto la nominación de la fórmula «Perón-Perón» en el Congreso Nacional de Justicialismo no dejó dudas acerca de quienes eran los infiltrados en el movimiento.[56] Los cambios en la jerarquía interna del justicialismo en favor de la derecha (la destitución de Abal Medina de su cargo de secretario general del movimiento), concretaron las opciones tomadas por el líder al retornar al país. Sin embargo. Perón manejó con cautela la relación con la izquierda en el período preelectoral. En vísperas del 23 de septiembre (día de la elección). Perón, prometió a los peronistas revolucionarios la futura democratización del movimiento, hasta entonces fuertemente verticalizado.

La CGT, que no había participado activamente en la campaña electoral de Cámpora, se convirtió en el eje de la campaña de Perón y volcó en ella los recursos financieros de su poderosa maquinaria burocrática.[57] Partido y gobierno se confundieron en la acción proselitista.

La victoria de Perón —la fórmula «Perón-Perón» obtuvo el 62 % de los votos— no sorprendió a nadie, era un «voto cantado». La izquierda parlamentaria estuvo ausente de esta elección: la coyuntura política no le dejaba otra alternativa que la de votar a Perón.

De la breve experiencia camporista no quedaba sino la nostalgia de los sectores radicalizados de la izquierda. Para las masas populares lo que estaba en juego era el regreso de Perón y «Perón Presidente» era una realidad. Aunque radical en sus contenidos, esta experiencia de movilización popular no modificó las relaciones entre los sectores populares y su líder; no alteró los contenidos de la conciencia política de las masas populares. La lealtad política al conductor dominó por sobre lo que estaba en juego en la ludia social, reflejando la heteronomía constitutiva del movimiento peronista.

5. LA TERCERA PRESIDENCIA DE PERÓN

Desplazado Cámpora y, con él, la movilización popular como centro de la escena política, la atención se volvió hacia el programa de gobierno (el Plan Gelbard). La estatización del comercio exterior, la nacionalización de los depósitos bancarios, la actividad privada como eje de la economía, y las inversiones europeas y de países del Tercer Mundo, constituían las claves de un programa económico de renegociación de la dependencia, en las nuevas condiciones ofrecidas por la coyuntura internacional. En efecto, el mundo bipolar y la guerra fría habían decidido el paso a la multipolaridad y a la coexistencia. En esas condiciones habían surgido procesos de relativa autonomía como el Chile de la Unidad Popular o el Perú de Velasco Alvarado.

En su tercera presidencia Perón deseaba ser más que el líder de un movimiento mayoritario. En el plano internacional, el conductor aspiraba al liderazgo ideológico de los países del Tercer Mundo. En el plano interno, sus esfuerzos se orientaron hacia la consolidación de un esquema de fuerzas que trascendía el apoyo partidario. Perón intentó reconstruir el «gran acuerdo nacional». Su proyecto lo situaba como el agente central de la reconstitución del orden político nacional (la «democracia integral», concepto de Perón que desarrollaremos más adelante) en una sociedad en crisis. Una sociedad en la que los clivajes en la escena política no expresaron con nitidez las luchas en el terreno de la producción. En efecto, las contradicciones engendradas por la explotación directa de una clase por otra (la contradicción principal entre capital y trabajo asalariado) no se tradujeron, en el plano político, en los ejes ordenadores de los principales partidos. Si el peronismo había logrado mantenerse como expresión política de los sectores obreros y populares, la burguesía no logró constituir una expresión política de masas, capaz de representar los intereses de la clase en su conjunto. Por otra parte, peronismo y radicalismo, los dos partidos populares mayoritarios, tampoco estuvieron demarcados por clivajes que expresaran antagonismos económicos.[58] A diferencia de la sociedad chilena, en la que los agrupamientos políticos tienen una expresión clasista, en la Argentina las fuerzas políticas mayoritarias que se enfrentaron en 1973 coincidieron en los proyectos para enfrentar la situación económica y sus debates no estuvieron influidos por estrategias alternativas de incorporación de la clase obrera al sistema político: radicales y peronistas coincidieron en la necesidad de reconstituir el poder del estado sobre sus viejos pilares (partidos políticos, sindicatos, FFAA).[59]

Esta opacidad de la política con respecto a los antagonismos de clase explica el peso y la continuidad de la ecuación personal de Perón como ecuación política capaz de articular la sociedad con el estado. Como observa Landi (s/d:25), «era un Perón, en cierto sentido desperonizado». Y lo era, en efecto, en tanto que la sociedad toda se había «peronizado» y el sistema político se había personalizado en la figura del viejo caudillo, su alfa y omega. A Perón, como a Roca, observa con razón Terragno (Cuestionario, 14-VI-1974), nunca le interesó un partido orgánico, sino un esquema de fuerzas que trascendía el espacio partidario. La ecuación personal de Perón impidió que se institucionalizara un movimiento a la manera, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano.

Fue precisamente esa ecuación personal —su capacidad política para ser continente de fuerzas tan heterogéneas— la que constituyó, en 1973, la ártica fórmula capaz de desbloquear esa sociedad, profundamente atravesada por una crisis política de larga duración.

Perón reapareció en la escena política como la única fuerza centrípeta capaz de articular la complejidad de las oposiciones sociales en la sociedad argentina. La salida política a la crisis resultó de una convergencia reformista en torno a su proyecto de poder.

El proyecto de poder de Perón

«Mi tarea principal, es poner de acuerdo a los argentinos» reiterará Perón desde su regreso. «Sólo quiero ser un elemento de unión para que todos podamos ponernos en marcha por un mismo camino y culminarlo» (Perón 1974, declaraciones del 20-XI-1974). Como en 1946, la tarea a la que dedicará todos sus esfuerzos es la de reorganizar el poder del estado porque, como él mismo lo afirmara, «el problema argentino es eminentemente político» (Perón 1974:91). En los años de exilio las relaciones entre Perón y sus bases se organizaron en función de las marchas y contramarchas con que el caudillo buscó desestabilizar las fórmulas políticas trabajosamente diseñadas por sus adversarios. Esa dirección incoherente logró impedir la fragmentación del movimiento, pero desdibujó los contenidos doctrinarios del peronismo. El carácter eminentemente pragmático del accionar de Perón desde el destierro dejaba abiertas las puertas para una radicalización de los contenidos ideológicos de su doctrina, radicalización que se alimentó de la movilización social y política contra la dictadura militar. En 1972-1973 Perón tenía que reafirmar su poder dentro del movimiento como condición para construir el amplio esquema de fuerzas con el que proyectaba un nuevo equilibrio político. La apelación a las «Veinte Verdades del Justicialismo» fue un instrumento con el que intentó contener los desbordes ideológicos de los sectores más radicalizados (discurso del 21 de junio, citado). Sin embargo, no se trataba de «hacer retroceder el reloj» sino de reforzar sus lazos con las bases, al mismo tiempo que atraerse a un amplio espectro de aliados, defensores de la democracia liberal.

Para Perón había llegado el momento de mostrar su habilidad como conductor de un estado, como eje de la reconstitución institucional del país. El viejo caudillo iría desarrollando las claves para esa reorganización del estado. Una de las premisas fundamentales era: «Gobernar es persuadir». Perón dirá: «Gobernar no es mandar; ése es el defecto que cometemos muchas veces los militares, que estamos acostumbrados al mando. Mandar es obligar. Gobernar es persuadir. Ésa es nuestra tarea: ir persuadiendo a todos los argentinos para que comencemos a patear todos para el mismo arco…» (Perón 1974:61; mensaje a los gobernadores, 2-VIII-1973). El poder político no descansa exclusivamente en la fuerza —como lo probó el fracaso de la «revolución argentina»— sino que se funda en la legitimidad y el consenso. ¿Cómo recrear ese consenso entre los argentinos?; ése fue el desafío al que Perón intentó responder.

El Pacto Social, pilar de la nueva política económica de «concertación», era un pacto político y así lo entendía Perón. «El pacto está hecho de tal manera que es también un pacto político, de coincidencias mínimas», declaraba Perón (1974:95). Es el instrumento simbólico de legitimación del poder del estado, por eso «no debe ser roto por ninguna causa».[60] «Los convenios colectivos […] en un período de abundancia, aseguran la justicia: en un ambiente de miseria, provocan la lucha, que a su vez es negativa para el mejoramiento de todos». Por eso, el Pacto Social «es un convenio colectivo en el más alto nivel» (Perón 1974:224; mensaje a la CGT, 14-XII-1973). Ese instrumento, que se asemeja a algunos aspectos de la negociación colectiva en los países industrializados, acerca a la Argentina al modelo político que impone la hora actual: según Perón, la «democracia integrada».

El Pacto Social, como señaláramos, era la respuesta, institucional a la ingobernabilidad del máximo provecho en la sociedad argentina. Implicaba una reorganización de las relaciones entre el estado y la sociedad civil: esa reorganización era, para Perón, «la democracia integrada». Perón gustaba comparar la situación argentina con la que viviera Europa en la época de reconstrucción. Su tarea terna las dimensiones de las de un de Gaulle. Esa tarea consistía en construir una «democracia integrada» —un «capitalismo sabiamente gobernado»— en el que todos luchan por un objetivo común: la reconstrucción del país. Perón dirá: «Nosotros somos un movimiento de izquierda. Pero la izquierda que propugnamos es una izquierda justicialista por sobre todas las cosas; no es una izquierda comunista o anárquica. Es una izquierda justicialista que quiere realizar una comunidad dentro de la cual cada argentino tenga posibilidad de realizarse, no más allá» (Perón 1974:182-185). Esta revalorización de la democracia representativa es un elemento nuevo en el discurso político de Perón, siempre centrado en la temática de los derechos sociales y en las vinculaciones entre el líder y las masas como eje del sistema político.

El Pacto Social, pacto político entre las clases, posibilitará la rehabilitación de las instituciones políticas. En esa reorganización tendrá un lugar clave el sistema representativo de partidos. En electo, la democracia integrada a la que aspiraba Pelón, sin duda influido por su experiencia de exilio europeo, es un sistema que combina la representación político-partidaria con la participación corporativa (la gestión de la economía por parte de las fuerzas económicas del capital y el trabajo).

Perón diría a los dirigentes políticos: «debemos tender a que los enfrentamientos se resuelvan con un cambio de gobierno y no con un cambio de sistema […] Defendámonos entre nosotros, comencemos por eso. Formemos una comunidad política […] El deseo de nuestro gobierno es que todos seamos hombres de gobierno» (Ibidem). El viejo líder ya había dicho: «Nosotros somos un país politizado, pero sin cultura política» (Perón 1974:54). Había, pues, que crear una cultura política, o sea el reconocimiento común de un sistema político como espacio legítimo para dirimir los conflictos sociales. La estabilidad política, la reorganización del poder del estado, exigen la aceptación, por parte de los adversarios sociales, de un marco de referencia compartido (una «cultura política»). El objetivo común, no cuestionado, es la justicia social. Y esa justicia social consiste en la repartición adecuada de los beneficios: mitad de ellos al trabajo, y la otra mitad a las empresas. «Lo único que el gobierno justicialista garantiza diría Perón es que no haya injusticias en el reparto de los beneficios, y que cada argentino tenga acceso a la propiedad, a la dignidad, a la felicidad…».[61] El conjunto de reglas institucionales que definen las luchas sociales queda establecido en la democracia integrada. En esa democracia caben todas las fuerzas sociales que «se coloquen dentro de la ley y accionen dentro de ésta, no importa cómo se denominen (Partido Comunista, ERP. etc.)» (Perón 1974:60).

La democracia integrada es la única vía para superar la disyuntiva entre fuerza y consenso en la sociedad argentina: es el antídoto contra la violencia. La guerrilla no puede combatirse con la guerrilla, afirmará Perón, es necesario vencerla políticamente. «Lo que nosotros queremos —le dirá a los dirigentes políticos— es el entendimiento, ya de luchas estamos cansados […] ¿para qué seguir luchando por pavadas? Y en realidad, eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora» (Perón 1974:208).

Había llegado la hora del entendimiento entre todos los argentinos, y para ello Perón presentaba a la democracia integrada como el instrumento capaz de garantizar la gobernabilidad de la sociedad argentina. Después de un largo período de luchas intensas, era el momento de la reconciliación. Esa reconciliación exigía un aggiornamento de la doctrina peronista, y así lo comprendió con claridad el viejo líder. El antiguo lema de que «para un peronista no hay nada mejor que otro peronista» pasó a ser reemplazado por la consigna «para un argentino no hay nada mejor que otro argentino». En la nueva estrategia ideológica de Perón encontraban cabida contenidos pluralistas antes ausentes. Esos nuevos contenidos —la rehabilitación de los partidos políticos como actores legítimos— coexistieron con la permanencia de su concepción organicista de lo social. En efecto, la democracia integral venía a perfeccionar su antigua concepción organicista de la comunidad organizada, pero no la anulaba. Más bien se trataba, en las nuevas circunstancias, de poner un freno al corporativísimo desenfrenado, de «modernizar» (con los ojos puestos en Europa) a la sociedad argentina.

Perón reiteraba, en 1973, viejos temas de su doctrina; sólo que ahora aparecían articulados a nuevas ideas. Esta síntesis de lo viejo y lo nuevo en su cuerpo doctrinario le confería una amplia capacidad de convocatoria con la que compensar la fragilidad de sus recursos políticos propios para reorganizar la sociedad. La ausencia de un Partido Justicialista, las rebeldías de buena parte de los jefes sindicales que defendían su peso político propio, como factor de poder, los enfrentamientos con la juventud radicalizada, el accionar de la guerrilla y el terrorismo, estrechaban sus márgenes de maniobra política.

En este contexto Perón apeló también a su vieja idea de la comunidad organizada. «La realidad de una organización y de una comunidad organizada —decía el líder— está representada precisamente por esos factores de poder que equilibran para que nadie pueda declararse dictador o querer gobernar para si. Son estos factores de poder los que gravitan, y cuando lo hacen combinan entre ellos la defensa de los intereses correspondientes. Porque en las organizaciones de las comunidades modernas se lucha por interés. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos: los intereses son los que privan, y lo que hay que defender son los intereses. Para defenderlos se necesitan comunidades organizadas y hablar de comunidades organizadas no quiere decir que tengamos cuarenta partidos políticos. Ésa es una política quizás desorganizada. Hay otros factores de poder que no son políticos y que deben gravitar decisivamente en la vida de la comunidad».[62] La organización corporativa de las clases sociales y su presencia como factores de poder (los pactos institucionales entre representantes obreros y representantes empresarios) seguían constituyendo una de las piezas centrales con las que Perón proyectaba la reorganización del poder.

Sin embargo, en 1973 la lógica corporativa debía coexistir armoniosamente con la lógica política (la representación partidaria), incluso al precio de subordinarse a los designios de esta última, ya que lo que estaba en juego era la estabilidad política del régimen. Por eso Perón reiteraría en sus habituales charlas doctrinarias en la CGT, durante 1973, que si bien el sindicalismo es un interlocutor político privilegiado y el movimiento obrero, «la columna vertebral» del peronismo, la lógica de sus intereses gremiales debe subordinarse a la lógica de la política (el Pacto Social, convenio colectivo al más alto nivel, no debe romperse). La oposición de intereses debe encuadrarse en la preocupación común entre obreros y empresarios (los socios del Pacto Social) por garantizar la estabilidad del sistema. Ambos deben respetar las reglas de la negociación. Al transferir al sindicalismo la corresponsabilidad de la gestión de la economía. Perón recortaba la capacidad de acción del mismo: tenían que ser peronistas primero y sindicalistas después.

Perón anunció la institucionalización de esta doble forma de participación política (político-partidaria y corporativa) en su presentación de lo que denominó «modelo argentino» ante el Congreso Nacional: «El Modelo Argentino precisa la naturaleza de la democracia a la cual aspiramos concibiendo a nuestra Argentina como una democracia plena de justicia social. Y en consecuencia concibe al gobierno con la forma representativa, republicana, federal y social. Social por su forma de ser, por sus objetivos y por su estilo de funcionamiento […] El ciudadano como tal se expresa a través de los partidos políticos cuyo eficiente funcionamiento ha dado a este recinto su capacidad de elaborar historia. Pero también el hombre se expresa a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, etc. Como tal tiene que participar en otro tipo de recinto: el Consejo para el Proyecto Nacional que hablemos de crear enfocando su tarea sólo hacia esa gran obra en la que todo el país tiene que empeñarse».[63]

El anciano caudillo retornaba con una estrategia de respuesta a la crisis política antes que con un modelo político definido. La democracia integrada, basada en los pactos sectoriales y políticos (los acuerdos entre Perón y los partidos políticos, particularmente el radicalismo) permitiría desplegar un modelo de nación. Mientras tanto, la rehabilitación de la política era el medio para «unir a los adversarios y aislar a los enemigos», porque para Perón en política no hay enemigos, hay adversarios que pueden negociar entre sí («la política es el arte de lo posible»).

Perón definió su tarea no como la de un político (siempre limitado por estrechos intereses partidarios) ni como la de un ideólogo (desvinculado del accionar político en la coyuntura), sino como la de un conductor, el jefe de un movimiento nacional. Perón diría: «Nosotros no somos un partido político, que tiende normalmente a la sectarización; nosotros somos un movimiento nacional que, por el contrario, tiende hacia la universalización» (Perón 1974:161). Reconociéndose en la figura del conductor, antes que en la del político o el ideólogo, Perón consideraba que la gestión política del conductor era decisiva para gobernar (o sea, persuadir). «Creo que tanto lo político, como lo social, lo económico y lo cultural, son asuntos de conducción» afirmaba (1974:118). Y agregaba: «Conducir es un arte y, como todas las artes, tiene una teoría y una técnica […] pero ésa es la parte inerte del arte, porque la parte vital es el artista» (ibidem). En conducción —como gustaba reiterarlo— él era un profesional, un artista. Conocía a la perfección las reglas de ese juego: «todo debe ser realizado en su medida y armoniosamente», porque la conducción no admite apresurados ni retardatarios (1974:59). Al definirse como conductor de un movimiento nacional, antes que como jefe político de un partido, él se adscribe la tarea de llevarlos «a todos» hacia los objetivos comunes; es él el encargado de mediar entre las fuerzas sociales en pugna, ninguna de ellas capaz de hacerse cargo de la dirección del estado. Mediador político extrapartidario (a la vez que jefe político del justicialismo), su figura es la clave en torno a la cual se ordena la política.

Su proyecto de poder exige el fortalecimiento del poder estatal vis à vis los actores económicos privados. El estado, dirá Perón, «al fin y al cabo es un instrumento que obedece a los factores de poder que influencian en el campo de nuestra economía, en cuyo primer plano están indudablemente, los empresarios y los trabajadores» (El Cronista Comercial, 9-IV-1974). Por esa razón es necesario disciplinar a «los factores de poder»: crear un estado de preeminencia social, en el que «la ganancia es legítima, el secreto es que no sea abusiva», porque «el fin de la riqueza es el bienestar de todos»,[64] en síntesis, un estado del «capitalismo sabiamente gobernado». Para recrear ese estado, no sometido a las contingencias inmediatas de los diferentes conflictos sociales y políticos, Perón rehabilitará a los partidos políticos como actores legítimos de la democracia integrada.

Mientras que el Perón de la primera época (1945-1952) centraba la estabilidad del régimen político en la relación entre el líder y las masas, el que retorna en 1972 tiene nuevas intenciones. Se propone terminar con el «parlamentarismo negro» y la descarnada pugna de intereses; quiere crear una cultura política en una sociedad fuertemente politizada, pero todavía «salvaje». Regresa, en fin, con el propósito de «civilizar» a los argentinos. Para ello, propone una estrategia para la cual debía transitar el régimen de «emergencia» nacido en 1973. La democracia integrada debía dar cauce institucional a los conflictos sociales, disciplinar las relaciones entre obreros y capitalistas, garantizar la estabilidad política del régimen. Ése es el sentido mayor del régimen político que proyecta. «Un sistema —dirá Perón— donde no seamos enemigos, sino hombres que pensamos de una manera y hombres que piensan de otra. En este mundo, afortunadamente, todo es posible y todos pueden tener razón» (1974:182).

Este modelo político que define a los actores legítimos del sistema (los factores de poder y los partidos políticos) y a los excluidos (las «minorías irresponsables», «retardatarias» o «apresuradas», que cuestionan los límites de tolerancia fijados para el disentimiento), amplía el espacio de la representación institucional. Y ello no sólo porque rehabilita a los partidos políticos (novedad en la estrategia del líder), sino porque en él encuentran su lugar las fuerzas armadas. En efecto, en la medida en que los poderes dispersos en la trama social son encauzados institucionalmente, pierden su potencial disruptivo. El estado se fortalece frente a la sociedad civil. Y esa fortaleza estatal es el recurso clave par a disciplinar a unas fuerzas armadas acostumbradas por largo tiempo a tutelar un poder político de orígenes bastardos o a ejercerlo de manera directa. El nuevo equilibrio político proyectado por Perón exige un ejército homogéneo, políticamente inactivo, al mismo tiempo que es la condición para lograrlo. Ahora bien, como Perón lo advertía claramente, esa tarea no era fácil. El peronismo y su líder habían retornado al gobierno merced al fracaso de la «revolución argentina» con la que los militares quisieron «ordenar» la sociedad. Un gobierno cuyo origen era la derrota de los militares tenía que ser cauteloso. El nombramiento del general Anaya en el cargo de comandante en jefe, en reemplazo del general Carcagno, inauguró la etapa del denominado «profesionalismo prescindente». Perón hacía respetar el escalafón militar sin buscar un respaldo político inmediato de los militares. Por eso reafirmó la prioridad de la lógica corporativa en las fuerzas armadas por sobre la lógica de la política; una lógica institucional que él mismo se había preocupado por mantener incuestionada. En efecto, durante el último tramo del régimen militar el blanco de las críticas de Perón eran «los militares en el poder». Perón se refería a «ellos» y se cuidaba de diferenciarlos de la institución en su conjunto.[65]

Al mismo tiempo que desplegaba la estrategia de «poner en su lugar» a las fuerzas armadas, Perón redefinía el lugar «natural» de las mismas; ellas eran el reaseguro contra la subversión en el plano interno, y la defensa en el plano internacional contra el imperialismo de las grandes potencias.[66]

Como lo señala Landi, la política de Perón hacia las fuerzas armadas tenía una dimensión estratégica orientada a reformular la identidad institucional de las mismas. Las fuerzas armadas se habían afincado en el equívoco en que se enredaron más de cuarenta años atrás: su declarado apoliticismo y su afirmación del derecho de la institución a decidir los destinos de la sociedad civil. El «profesionalismo prescindente» permitía sacarlas del equívoco en que las colocó su doctrina autocontradictoria, a través del doble expediente de redefinir su papel como actores políticos y como profesionales: tenían que renunciar a su capacidad de veto político, al mismo tiempo que asumir una nueva función profesional en la doctrina de seguridad nacional elaborada por Perón. En los hechos, la aceptación de esa doctrina de «la Nación en Armas» tas colocaría en la situación de legitimar a un régimen político, popular, nacional y democrático.

Una estrategia con múltiples destinatarios, la estrategia de Perón, se desplegó en una diversidad de discursos, todos los cuales tenían como preocupación esencial la de colocar en «su lugar» a las distintas fuerzas políticas y sociales. Los que no aceptaran ocupar el lugar que se les abría quedaban condenados al aislamiento. Todos debían mantener «los pies dentro del plato», como le diría Perón a la juventud peronista, conservando ese lenguaje con que había sabido captar el apoyo de las masas populares. Por este camino, los enfrentamientos podrían empezar a resolverse con cambios de gobierno y no con cambios de sistema…

La contrapartida económica de esta estrategia política era el Plan Gelbard; la creencia, siempre sostenida por Perón, de que la gestión de la economía debe quedar en las manos de «los hombres que saben negociar y saben comerciar». Perón declaraba en 1973: «Yo siempre he tenido mucha más fe en los hombres de empresa, que son los que han demostrado fehacientemente que saben hacerlo. El país, como negocio, es un gran negocio individual amplificado, de manera que el que es capaz de manejar un gran negocio, a este otro gran negocio puede también manejarlo» (1974:62). José Gelbard, como Miguel Miranda, eran casos ejemplares de self made men.

Con Gelbard a la cabeza del Ministerio de Economía, la eficacia en el cumplimiento de un programa de «reconstrucción y liberación nacional» estaba asegurada. El Pacto Social garantizaba la solidaridad de intereses entre obreros y empresarios; las medidas reformistas, la reducción de la dependencia externa. Gelbard sabría hacer su tarea.

El proyecto de «modelo argentino» con que Perón intentaba ordenar la sociedad era también una propuesta a los países del Tercer Mundo, a cuyo liderazgo ideológico no cesó de aspirar el viejo general. Debernos integrarnos en un Tercer Mundo, sostenía Perón —que se mantenía fiel a su doctrina de la Tercera Posición— para organizamos y defendernos; crear una comunidad económica latinoamericana (a la manera de la europea) porque «el año 2000 nos encontrará a todos unidos o dominados». Una vez disciplinadas las luchas sociales (un régimen político estable de «democracia integrada»), la integración regional en una comunidad económica dará a estos países suficiente capacidad de decisión para regular su propio desarrollo y evitar los males que aquejan al capitalismo avanzado.

La Argentina tiene un futuro promisorio. «Es la rica del futuro» —dirá Perón— frente a «Europa, la señora del pasado». «El mundo actual está hambriento y nosotros fabricamos comida, fíjense si no va a ser un negocio» (1974:219). La grandeza de la Argentina, leitmotiv en el pensamiento de Perón, vuelve a aparecer reenviada a un fenómeno natural. La naturaleza nos ha privilegiado («Dios es criollo»).

Esta idea del «país rico, que da para todo» (por lo tanto, permite reconstruir uña burguesía nacional y, simultáneamente, mejorar la distribución del ingreso) nada tenía que ver con la realidad de una estructura productiva modificada por el impacto de las transformaciones iniciadas desde 1959. Sin embargo, seguía siendo la convocatoria con que se intentaba unificar a una sociedad profundamente dividida; la promesa de un desarrollo capitalista capaz de derramar la bonanza sobre la clase obrera, la ansiada grandeza que condensó el lema de la «Argentina Potencia».

El programa económico de Perón y Gelbard

Perón había retornado al país, en 1972, con una estrategia de reconstitución institucional cuya gran capacidad dé convocatoria era más la consecuencia de la profunda crisis en que se debatía la sociedad argentina que el fruto de los recursos políticos con que contaba el viejo líder para imponerla. En efecto, esos recursos eran frágiles, como ya se señaló en el apartado anterior. Cuando asume la presidencia (ya sin las perturbaciones del «clima camporista»), la puesta en marcha de su proyecto reflejará, en sus acatares, la fragilidad de esos recursos. Perón no contaba con el apoyo de las fuerzas armadas (ese apoyo debía conquistarlo con el despliegue de su estrategia) ni con un grado de control sobre el movimiento sindical comparable al ejercicio en la primera etapa peronista. En 1945 las fuerzas armadas fueron uno de los pilares del frente político; en 1973 se encontraban derrotadas y en retirada. En 1973 un movimiento obrero unificado, fuertemente centralizado y articulado a una estructura vertical que asegurase el respeto a las reglas de negociación (fundamentalmente, al Pacto Social), era una aspiración difícil de lograr, a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno (sanción de la ley de asociaciones profesionales, en noviembre de 1973, destinada a reforzar los poderes de la conducción central).

En los 18 años que mediaron entre el derrocamiento de Perón y su retorno (1955-1973), el movimiento sindical había logrado fortalecer su poder como institución corporativa. Una dirigencia sindical pragmática, alternativamente proclive a la oposición, la neutralidad o la colaboración condicionada con el gobierno de turno, había conquistado para sí una gran autonomía de decisión —no sin enfrentamientos con el líder exiliado— y un peso político propio. Reacia a subordinar su acción a las directivas de Perón, ahora de regreso y en la presidencia, su adhesión al proyecto era más forzada por las circunstancias (en las que, sin duda, el cuestionamiento de las bases obreras jugaba un papel decisivo) que el fruto de una convergencia de objetivos. Acató el provecto, pero no era suyo. Éste es un dato particularmente significativo para comprender las resistencias que encontró el proyecto económico de Perón y Gelbard.

La sociedad a la que Perón intentaba ordenar difería en mucho de la que había hecho posible el gobierno peronista de 1946. Como entonces. Perón se proponía «reorganizar de inmediato al Estado» (1974:240), pero las fuerzas sociales que se enfrentaban en 1973 habían cambiado al compás de las transformaciones en la estructura productiva del capitalismo argentino.

La singularidad de esos cambios residía, como ya se señaló, en la presencia de nuevas formas de politización de los sectores populares, nuevas formas de organización y de lucha que ponían de manifiesto un proceso de redefinición de las orientaciones de amplios sectores populares. Nuevos sujetos políticos se expresaban a través de los nuevos contenidos conflictuales de sus demandas. Nuevos antagonismos sociales, antiautoritarios y antiburocráticos, emergían en la protesta colectiva contra la estrategia de desarrollo aplicada en la década del 60.

El principal soporte del peronismo en 1973 eran los trabajadores organizados y las clases medias radicalizadas, ambos portadores de una productividad política nueva,[67] nacida del enfrentamiento a la dictadura militar. Los trabajadores no organizados sindicalmente y los grupos marginales del interior del país, que habían sido la base fundamental de apoyo del peronismo en 1946, eran una minoría.

La recomposición política de la sociedad exigía una respuesta mucho más compleja que la de 1946. Los años de proscripción no habían quebrado la identidad política peronista del movimiento obrero, pero en ese lapso habían surgido nuevas formas de conciencia y de acción. El justicialismo no era un partido sino una convergencia de fuerzas heterogéneas. En el movimiento obrero, su «columna vertebral», coexistían una pluralidad de sujetos políticos, con orientaciones y objetivos diversos, incluso contradictorios entre sí.

El análisis del «Programa de reconstrucción y liberación nacional», de Perón y Gelbard, debe situarse en el marco de la fragilidad de las condiciones socio-políticas que le sirvieron de premisas. El gobierno de la economía —la introducción de una serie de reformas, en si mismas moderadas— suponía el gobierno político de las clases. En efecto, sólo desde la óptica de la compleja interrelación entre economía y política en la sociedad argentina pueden explicarse tanto los logros como la descomposición final de este intento de revertir la estrategia de desarrollo capitalista en la Argentina.

Los lineamientos centrales de ese programa aparecen en El Plan Trienal 1974-1977 (Ministerio de Economía 1973). En el apartado titulado «Para qué y para quiénes se produce», se señala que: «El Plan se propone que el dinamismo de la economía se vaya trasladando de los monopolios extranjeros, como ha ocurrido durante el último período, hacia el conjunto del sector privado nacional, el Estado y los empresarios nacionales». Con ese fin, se propone racionalizar la gestión de las empresas públicas mediante la creación de la Corporación de Empresas Nacionales, instrumento con el cual el estado podrá diseñar una política global del sector público, acorde con sus prioridades, e inducir al sector privado nacional. La participación de este último se considera esencial para revertir el proceso de desnacionalización de la economía argentina.[68]

Al Acta de Compromiso de Empresas Nacionales, destinada a unificar y ordenar la inversión pública, se agregan las actas de compromiso suscritas por los representantes de las distintas fuerzas económicas y el estado, ya sea para afirmar una política económica para el conjunto de la sociedad (el Pacto Social) o para sectores específicos de actividad (el Acta del Campo, etcétera).

La idea era atinar el programa sobre la base de pactos institucionales entre los diferentes sectores (el principal, el Pacto Social entre obreros y empresarios). Ello permitiría construir una burguesía nacional, o sea, desplazar a las empresas extranjeras de su lugar dominante y situar allí a las empresas de capital nacional. ¿Se trataba de un retorno al populismo económico del primer peronismo? Sin duda las metas eran las mismas, pero Gelbard propuso un programa alternativo al populismo económico. El estímulo a la acumulación en los sectores de la burguesía nacional pasaba por la ampliación del mercado interno a través de la redistribución de ingresos. Sin embargo, el aumento de salarios no era el principal inductor de la expansión económica en su programa. El aumento de las exportaciones de manufacturas y la inversión pública eran los dos instrumentos, complementarios del aumento salarial, con los que Gelbard contaba para garantizar la acumulación sostenida y evitar las limitaciones del populismo económico. La expansión de las exportaciones se apoyaba en la conquista de nuevos mercados, particularmente los de los países socialistas, y en importantes incentivos fiscales y crediticios.[69] La inversión pública —dada la escasa significación de la expansión de las exportaciones manufactureras en la demanda agregada— pasaba a ser el estímulo fundamental. Y ello, porque nadie ignoraba la reticencia que mostraría la burguesía a invertir en las nuevas condiciones políticas, percibidas como una amenaza a la lógica de sus intereses de clase.

Escapar a la opción populista clásica, al mismo tiempo que revertir el modelo capitalista de la década del 60, era un desafío que exigía, en primer término, un fortalecimiento del poder estatal capaz de regular la conducta económica de los actores sociales. En efecto, el gobierno se proponía, simultáneamente y en un corto plazo, redistribuir ingresos y acelerar la acumulación capitalista. Pero, en 1973, una redistribución más justa de la riqueza social, instrumento clásico del peronismo para ordenar a las clases sociales en pugna, tenía límites desconocidos en 1946: comprometía la capacidad de acumulación de capital.[70]

Una vez agotada la primera etapa, en la que la expansión de la demanda fue absorbida por la utilización de la capacidad instalada ociosa, la reducción de la inversión privada productiva tenía que ser compensada con la expansión de la inversión pública. Ésta era la cuestión central del programa y también su debilidad constitutiva. Exigía controlar la redistribución de los ingresos (mantener el Pacto Social), o sea eliminar la inflación, al mismo tiempo que obtener recursos adicionales de financiación. En caso contrario, el creciente desequilibrio en el tesoro nacional (el déficit público en el momento de llegar el peronismo al gobierno ascendía a la mitad de los ingresos), dejaría al equipo económico en un callejón sin salida. Para ello, Gelbard contaba con el proyecto de ley de impuesto a la renta normal potencial del suelo, un instrumento que permitiría, en las condiciones internacionales favorables de aumento en el volumen y el precio de las exportaciones agropecuarias, obtener recursos sin desencadenar un ataque frontal a los intereses de los poderosos terratenientes de la pampa húmeda.

Los grandes terratenientes conservaban su poder a través del control de dos variables cruciales: la balanza de pagos (por medio de las exportaciones agropecuarias) y el nivel de los salarios reales (a través del impacto de la oferta de alimentos sobre los precios de los mismos).[71] El impuesto a la renta potencial del suelo, en esa coyuntura internacional favorable, no afectaba severamente los ingresos del sector (por otra parte menos afectado que el industrial por el peso de los aumentos en los costos laborables) ni tampoco atacaba la propiedad. Gelbard, como lo señala Canitrot, se cuidó muy bien de deprimir los precios agropecuarios para no perjudicar las exportaciones. Cuando éstos bajaron, la caída se debió en gran parte a la baja en los precios internacionales. Sin embargo, la relación entre precios agropecuarios e industriales se mantuvo alta, mayor, por ejemplo, que la imperante en los tiempos de Krieger Vasena (cfr. Canitrot 1978:18).

El aumento salarial, otorgado en junio de 1973, no excedía el 20 por ciento (computado globalmente). Se trató de lograr un «equilibrio razonable» entre salarios y ganancias, que distó mucho de satisfacer las expectativas del sector obrero, y cuya contrapartida fue el congelamiento de los precios. Los aumentos salariales futuros quedaban condicionados a la reestructuración económica y serían absorbibles por las empresas sin modificar los precios. El nuevo nivel salarial superaba en un 13 por ciento el nivel alcanzado en 1969 (cfr. di Tella s/d:15). Sin embargo, las estimaciones más conservadoras del aumento de la productividad urbana entre 1970 y 1973 superaban ampliamente ese porcentaje. El aumento salarial no resultaba confiscatorio de los beneficios.

El compromiso entre obreros y empresarios estaba destinado a regir por dos años y la Comisión Nacional de Precios y Salarios era el organismo encargado de regular su cumplimiento y renovación. Entre junio de 1973 y marzo de 1974 la vigencia del Pacto Social, unida a una coyuntura internacional favorable (mejora de los términos de intercambio y alta demanda de exportaciones), fueron las claves de los éxitos logrados.

En efecto, el gobierno logró cortar la inflación y la tasa promedio anual pasó de 79.6 por ciento en 1972 a 30.2 por ciento en octubre de 1974 (fecha de la caída de Gelbard);[72] el crecimiento promedio de la economía pasó del 3.5 por ciento entre 1969 y 1972, al 5.8 y 6.3 por ciento en 1973 y 1974; la tasa de desempleo bajó de 6.1 por ciento en abril de 1973 a 2.5 en octubre de 1974; la participación de los salarios en el ingreso nacional subió de 35 por ciento en mayo de 1973 al 42 por ciento a fines de 1974. A fines de 1973, el excedente ascendía a 704 millones de dólares (aproximadamente el 3 por ciento del PGN) comparado con el déficit de 218 millones de dólares de 1972, cifra que bajó a 245 millones de dólares en 1974. Esos éxitos, sin embargo, tenían bases frágiles de sustentación.

Cuando el Pacto Social comenzó a ser vulnerado por empresarios y obreros, el gobierno se mostró impotente para resolver los dilemas que su propia política económica creaba. Las presiones de los empresarios respondían, entre otras razones, al cambio de signo de la coyuntura económica internacional y el consiguiente aumento en los precios de los bienes importados, que hacía más severos los efectos de la congelación de los precios internos. Las presiones de los jefes sindicales respondían al profundo malestar imperante en las fábricas. Las movilizaciones obreras, cuestionando a la burocracia sindical, se rebelaban contra la lógica de la concertación que les había sido impuesta desde arriba.

El déficit presupuestario, en parte debido al aumento de los salarios reales y del número de empleados públicos, y en parte a la necesidad de mantener el programa de créditos a la industria, se vio agravado por la política de subsidio a las importaciones adoptada por el gobierno. La decisión de no transferir a los precios la inflación importada respondía a la presión de la CGT, no dispuesta a aceptar modificaciones en los precios sin reclamar aumentos salariales. El gobierno se vio forzado a absorber los precios más altos de los bienes importados (otorgó una tasa de cambio preferencial), y el déficit presupuestario en 1974 superó en un 43.2 por ciento (en precios constantes) al de 1973.[73]

El recurso a la emisión monetaria para ganar tiempo sólo podía postergar opciones ineludibles en el futuro (o el gobierno suprimía su política redistributiva, lo que iba en contra de sus postulados, o la llevaba a cabo a costa de determinadas fracciones de la burguesía, hasta entonces intocadas). Gelbard confiaba resolver el problema creado por la nueva situación (incremento del precio del petróleo, decidido por la OPEP, en el mes de octubre) con la puesta en marcha de las medidas reformistas en que se basaba su estrategia económica, particularmente las destinadas a trasladar recursos desde el agro.

Sin embargo, esas medidas no llegaron a concretarse —la relación de fuerzas no se modificó— y el equipo económico quedó prisionero de una estrategia que lo condenaba a la improvisación cotidiana. El objetivo de crecimiento se hizo cada vez menos compatible con una política de redistribución de ingresos que, aunque moderada, no tenía la fuerza suficiente para gravar a sectores no asalariados. El creciente déficit presupuestario y el recurso a la emisión monetaria para paliarlo trajeron aparejado un «recalentamiento» inflacionario de la economía: la tasa de inflación pasó de aproximadamente un 8 por ciento en 1973 a alrededor del 40 por ciento en 1974. La consigna de la «inflación cero», que el gobierno había hecho suya, pertenecía ya al pasado.

A las tensiones sociales generadas por la política de concertación impuesta por el gobierno se agregaban las creadas por el cambio en la situación externa, intensificando el drenaje de reservas. La gradual sobrevaluación de la moneda —la tasa de cambio de moneda extranjera se mantuvo inalterada— produjo el doble y complementario efecto de desestimular las explotaciones e incrementar las importaciones más allá del ritmo de la actividad económica, aprovechando la tasa de cambio favorable en compras especulativas. La política del gobierno hacía más severos los efectos de la situación externa y desencadenaba nuevos dilemas para los que no conseguía definir las soluciones.[74]

El programa de Perón y Gelbard descansaba, como se señaló, en un doble soporte: el Pacto Social y el conjunto de medidas reformistas. Estas últimas, de haber sido puestas en práctica en la etapa inicial (cuando la situación externa era favorable y Argentina se beneficiaba de la cola de la prosperidad internacional anterior a 1973), no hubieran desencadenado un enfrentamiento frontal con los intereses de los grandes terratenientes. Sin embargo, el gobierno no pudo lograr la correlación de fuerzas necesarias para imponerlas. Cuando la coyuntura económica internacional cambió de signo, esas medidas —en sí mismas moderadas— se volvieron mucho más difíciles de aplicar. En efecto, a la fragilidad económica del programa (carencia de recursos para promover simultáneamente una política redistribucionista y expansionista en el corto plazo) se agregó la repercusión de la situación externa desfavorable. Esa repercusión comenzó a vulnerar el Pacto Social, premisa básica del proyecto de reorganización de la economía y de la sociedad.

En las nuevas condiciones el gobierno fue perdiendo su capacidad para controlar políticamente a las clases sociales. Los sectores de la burguesía industrial y agraria, capaces de hacer suyo este proyecto —la burguesía con «vocación nacional»— eran heterogéneos y carecían de la fuerza suficiente para enfrentarse en bloque al gran capital agrario y a los monopolios extranjeros.

La meta de construir una burguesía nacional, capaz de sustituir a la burguesía monopólica extranjera, era un objetivo difícil de alcanzar. Mientras que los reducidos sectores monopólicos (como el Grupo Gelbard) estaban en condiciones de competir con las empresas transnacionales, el grueso de las empresas de capital nacional no sólo no podían hacerlo (no creaban tecnología, tenían escaso poder financiero, carecían de poder de negociación en el campo internacional, no generaban divisas), sino que muchas de ellas eran económicamente dependientes de empresas transnacionales, ya sea en calidad de proveedoras o de compradoras. A diferencia de Japón, por ejemplo, no existía en Argentina una «burguesía nacional» con la fuerza necesaria para enfrentarse a los monopolios extranjeros. La nacionalización de bancos y la ley de inversiones extranjeras tuvieron como efecto paralizar la acción de las empresas transnacionales. Sin embargo, éstas siguieron manteniendo una posición dominante en varios sectores estratégicos de la economía, indispensables para el objetivo de expansión del programa. El liderazgo de la actividad económica quedó en manos de sectores de «segundo orden», como observa Canitrot (1978), y no debe extrañar que el mayor éxito político de Gelbard, la exportación de automóviles a Cuba, se llevase a cabo con empresas transnacionales.

Un programa moderado, de corte nacionalista ambiguo (eludía la definición de los principales actores de la inversión) exigía, para ser llevado a cabo, una gran fuerza política por parte del estado. Fue precisamente esa fuerza política la que el peronismo no logró conseguir. Las fisuras en el programa, y el posterior desmantelamíento, fueron la consecuencia de la ruptura de los acuerdos institucionales entre las clases y el gobierno, antes que el resultado de las debilidades constitutivas del programa económico y los efectos de la situación externa desfavorable. Con premisas ideológicas diferentes de las de la Unidad Popular en Chile (cuyo programa implicaba un plan de reformas estructurales que comportaban un ataque a la propiedad), el Plan Gelbard tampoco pudo vencer los obstáculos políticos. Incapaz de gobernar políticamente el conflicto de clases, no pudo dar respuesta a la desarticulación de la economía que su propio programa contribuía a desatar. Su fracaso fue un fracaso político: no fue capaz de consolidar una alianza reformista con la que llevar adelante el proyecto. Es cierto que consolidar esa alianza no era una meta fácil y enfrentaba dificultades económicas para las que el programa no tenía respuestas claras (entre ellas la principal era la dependencia histórica de la economía internacional). Pero no es menos cierto que el quiebre de esa alianza reformista no estaba implicado en las premisas. Existían recursos políticos —Perón ya los había aplicado en 1952 y 1953— que podrían haber evitado el desenlace final Sin embargo, esos recursos políticos (la muerte de Perón es, sin duda, un hecho significativo) no pudieron ser movilizados.

El experimento Gelbard, con metas populistas pero mecanismos de política distintos de los del populismo económico, encontró una doble resistencia: la resistencia de la burguesía, pese al carácter moderado del programa, y la resistencia obrera. El comportamiento de la burguesía era esperable, dada la debilidad de los sectores reformistas en el conjunto del bloque burgués y el poder que conservaban las fracciones de la gran burguesía agraria y los sectores monopólicos extranjeros. No ocurría lo mismo con el comportamiento de los obreros. La resistencia de los obreros puso de manifiesto que el encuadre populista ya no era el continente de la clase en su conjunto: los antagonismos sociales habían alcanzado una intensidad desconocida en la sociedad argentina. Las luchas en la fábrica y el cuestionamiento de la dirigencia sindical ponían un freno al intento de conciliación. Los jefes sindicales, más interesados en su propia supervivencia que en un programa nacional, no vacilaron en quebrar el Pacto Social. Las demandas redistributivas de la CGT desbordaron la estrategia de Gelbard, haciéndose eco de una movilización obrera que escapaba a su control. Tenían que mostrarle a las bases que eran ellos, sus dirigentes, los encargados de proteger sus intereses.

El experimento fue desmantelado porque, como veremos, ninguno de sus protagonistas principales respetó las reglas de juego. Sin el gobierno político de las clases, el Plan Gelbard estaba condenado al fracaso. Un fracaso en el que la política sobredeterminó a la economía y se impuso por encima de las debilidades económicas presentes en el plan de Gelbard.

6. LA RESPUESTA DE LOS PROTAGONISTAS SOCIALES

El movimiento obrero organizado y el Pacto Social

Como ha sido señalado, «la existencia de un gobierno consagrado por el voto de los trabajadores […] desencadena un movimiento reivindicativo que busca reeditar en el plano de la experiencia de trabajo el triunfo conseguido en las urnas» (Pasado y Presente 1973, 2/3:272-273). La multiplicación de los conflictos (huelgas, paros) desde el ascenso del gobierno peronista obedecía a esta nueva circunstancia política.[75] La reivindicación de aumentos salariales y de mejoras en las condiciones de trabajo tenía un significado político unido al retorno del peronismo, como obsera Jelín. Lo que distingue a un movimiento reivindicativo de un movimiento de clase es que el cuestionamiento se produce dentro de los marcos de la organización y no comporta, necesariamente, un ataque a las relaciones de clase vigentes en la sociedad. La multiplicación de los conflictos laborales en la sociedad argentina puso en cuestión la estructura de poder sindical (impugnó a las direcciones sindicales burocráticas), condición sine qua non del Pacto Social. Pero esa impugnación (en la que estaban presentes contenidos de clase) no significó «la existencia de un movimiento hoy utópico hacia la congestión política y económica de los trabajadora» (Pasado y Presente 1973, 2/3:272-273).

La búsqueda de control sobre las organizaciones de clase y sobre las condiciones bajo las que se eroga la fuerza de trabajo tenía un significado potencialmente revolucionario, pero sería un error confundir su carácter reivindicativo —su intención de recrear las condiciones vividas durante la primera gestión peronista— con la presencia de un movimiento de clase en el sentido antes definido.[76] Poner en cuestión la estructura verticalizada del poder sindical no es igual a cuestionar el poder (las relaciones de clase en la sociedad), aunque constituya un terreno a partir del cual pueda desarrollarse un movimiento de clase. El error en que cayó la mayor parte de la izquierda peronista fue el de suponer que la clase obrera era intrínsecamente revolucionaria y que, por lo tanto, sus luchas eran portadoras de un proyecto alternativo de la sociedad.[77]

Centrar la atención en el significado reivindicativo de las luchas obreras como significado dominante en esta etapa permite comprender tanto la estrategia de Perón como la capacidad de respuesta del movimiento obrero organizado en el cuadro de una historia marcada por el predominio de una lucha reivindicativa.

El proyecto de poder de Perón descansaba, como se ha señalado en páginas anteriores, en el fortalecimiento de un movimiento obrero centralizado. Perón decía «… La Confederación General del Trabajo es una garantía para todos los trabajadores, porque conozco a los dirigentes, no de ahora, sino desde 30 años […] La CGT puede estar segura y tranquila con los dirigentes que tiene, aunque algunos tontos digan que son burócratas» (Perón 1974:224). La sanción de la ley de asociaciones profesionales, en noviembre de 1973, reforzó el poder de la burocracia, sellando la reconciliación oficial entre el líder y los jefes sindicales. La nueva ley marcaba los límites del terreno por el que podía transitar legítimamente el movimiento obrero organizado. Ese espacio quedaba definido así: «ni dominio solitario de los empresarios sobre los trabajadores, ni lucha de éstos contra el poder empresario: negociación empresa-burocracia como fórmula de control de las tensiones en el mundo del trabajo».[78] La ley venía a acentuar el grado de centralización de las estructuras gremiales y a proteger las posiciones burocráticas de los jefes sindicales. La duración de los cargos electivos se extendía de dos a cuatro años; los sindicatos centrales estaban facultados para intervenir a los locales; se les otorgaba también el derecho a revisar las decisiones de las comisiones de fábrica, sin derecho a apelación. Con este poderoso instrumento en sus manos, los jefes sindicales estaban en mejores condiciones para controlar la movilización de las bases.

Sin embargo, no disminuyeron ni la frecuencia ni la intensidad de los conflictos. Durante el período octubre de 1973-febrero de 1974 los motivos más frecuentes fueron las condiciones de trabajo y la reincorporación de los activistas cesantes (Jelín 1978). La dinámica del conflicto, alimentada en el clima de protesta que acompañó al retorno del peronismo al gobierno, reivindicaba la presencia obrera permanente en la fábrica: una presencia como la que había conocido la clase durante la primera etapa peronista. Esa reivindicación aparecía con frecuencia articulada a conflictos en torno a la representación sindical. Se buscaba crear una estructura sindical activa dentro de la fábrica, revitalizar a las comisiones internas. El recurso a la acción directa por parte de los trabajadores —tomas de fábricas (a veces con rehenes), trabajo a reglamento, para activos, etcétera— ponía de manifiesto la brecha que se había abierto entre las bases y sus representantes después de un largo período de anquilosamiento de la estructura sindical en la empresa. En esos conflictos los movimientos independientes y de oposición habían ganado peso al compás del resurgimiento de la iniciativa obrera.

El más espectacular de los conocidos en este período fue el que tuvo lugar en Villa Constitución, en la planta de Acindar (empresa productora de acero), durante el mes de marzo de 1974 (Jelín 1978). Ante el despido de cuatro miembros de la comisión interna y siete delegados, los obreros en asamblea decidieron la ocupación inmediata de la planta, reclamando la reincorporación de los despedidos, la normalización de la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (intervenida desde hacía cuatro años), el mejoramiento de las condiciones de salubridad y seguridad en el trabajo. El conflicto se centró en la cuestión de la representación sindical. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones entre la UOM nacional y los delegados de fábrica, la intervención sindical declaró caduco el mandato de la comisión interna y sus miembros fueron expulsados del sindicato. Otras plantas metalúrgicas primero, y prácticamente todos los trabajadores de la ciudad después, se plegaron al paro de los trabajadores de Acindar. La empresa se retrotrajo declarando que no había despedido a los delegados. Finalmente, después de nueve días de paro, con ocupación de la planta, se llegó a una solución. Intervino el Ministerio de Trabajo y emplazó a la empresa y al sindicato a satisfacer las demandas de los trabajadores.

La descripción de este conflicto no pretende caracterizar las modalidades de la lucha obrera en esa etapa (en la que, en general, las luchas salariales fueron estadísticamente dominantes), pero permite ilustrar formas de presión a las que estaba sometida la CGT, incapaz de dar cauce al profundo malestar que reinaba en las fábricas (cfr. Jelín 1978), Este es un dato significativo para comprender el comportamiento de la dirigencia sindical en la renegociación del Pacto Social.

Los acuerdos firmados entre la CGT, la CGE y el gobierno en junio de 1973 establecían que, transcurrido un año, se harían los estudios para determinar si el poder adquisitivo del salario había sufrido perdidas. Desde la firma del Pacto Social a febrero de 1974 los salarios reales habían caído un 7 por ciento, un descenso moderado que acompañó al lento, pero positivo movimiento de los precios. Las luchas en las empresas se sucedían, culminando en la mayoría de los casos con acuerdos salariales establecidos al margen dé la conducción económica y del propio Perón. La presión por mejoras salariales desbordaba el Pacto Social. Ante esta situación, los dirigentes sindicales tenían que reafirmar sus posiciones, mostrar a la clase que ellos eran los representantes de sus intereses. La renegociación del Pacto Social era una cuestión de supervivencia para los jefes sindicales. Finalmente, en marzo de 1974, se convocó a la Gran Paritaria. Como no se pudo llegar a un acuerdo aceptable por todas las partes, Perón actuó como mediador y anunció un aumento promedio del 13 por ciento en el salario básico, cuya vigencia se extendería hasta junio de 1975. Los empresarios, por su parte, quedaban autorizados a aumentar sus precios de acuerdo con los montos que establecía el Ministerio de Economía. El aumento salarial otorgado por Perón era el precio que el líder estaba dispuesto a pagar para obtener el apoyo incondicional de la CGT. Sin embargo, los dirigentes manifestaron que el aumento otorgado estaba lejos de satisfacer sus demandas, confirmando su tradicional relación con la política y el estado.

Entre marzo y junio de 1974 los conflictos laborales se intensificaron y el promedio mensual fue el más alto de los tres años de gobierno peronista. El Pacto Social, formalmente vigente, no podía contener las demandas salariales de los trabajadores. Los acuerdos voluntarios por empresa desembocaban en aumentos superiores a los obtenidos por la CGT. En junio de ese año la presión de los jefes sindicales tuvo nuevamente eco en el viejo caudillo. A la ola de conflictos ilegales Perón respondía otorgando un nuevo aumento salarial bajo la forma de un medio aguinaldo adicional. El aumento de marzo había sido neutralizado por los aumentos de precios con que los empresarios respondían a la llamada «política de flexibilización», puesta en marcha, de hecho, desde fines de 1973. El resurgimiento de la inflación, que había sido mínima entre junio de 1973 y marzo de 1974.(cfr. Ayres 1976:481-483), puso de manifiesto que la conciliación de clases era un deseo y no una realidad. La dura lucha por la distribución del ingreso rompía el equilibrio político e impugnaba todo el estilo de la política económica peronista.

En su último discurso público (el 12 de junio de 1974) Perón hizo frente al deterioro de la situación: su proyecto político se hundía bajo la presión de las demandas de la heterogénea base social que le servía de apoyo. El viejo líder amenazó con renunciar: «… sin el apoyo masivo de los que me eligieron y la complacencia de los que no lo hicieron pero luego evidenciaron una gran comprensión y sentido de responsabilidad, no sólo no deseo seguir gobernando sino que soy partidario de que lo hagan los que puedan hacerlo mejor». Su mensaje fue una queja a todos los argentinos. Perón recordó: «Como ustedes saben nosotros propiciamos que el acuerdo entre trabajadores, empresarios y Estado sirva de base para la política económica y social del gobierno […] Todos los que firmaron en dos oportunidades ese acuerdo sabían también que iban a ceder parte de sus pretensiones, como contribución al proceso de liberación nacional. Sin embargo, a pocos meses de asumir ese compromiso pareciera que algunos firmantes están empeñados en no cumplir el acuerdo y desean arrastrar al conjunto a que haga lo mismo […] Frente a esos irresponsables, sean empresarios o sindicalistas, creo que es mi deber pedirle al pueblo no sólo que los identifique sino también que los castigue». «Minorías irresponsables», «enemigos de los trabajadores», «enemigos de la democracia» quieren bloquear el proceso. Y Perón advertía: «Nadie puede llamarse a engaño sobre lo que yo quería, porque en numerosas oportunidades vine anunciando mis intenciones y deseos en actos públicos en la patria, como en comunicaciones desde el exilio» (La Razón, 12-VI-1974).

La manifestación popular de apoyo al líder, citada por la CGT ese mismo día, era la respuesta a su convocatoria: Perón no podía ser abandonado. El viejo caudillo moría tres semanas después. Su último y patético intento de controlar la situación no pudo ser más que un esfuerzo final de retórica. Su muerte dejaba la incógnita acerca de su capacidad para ordenar las luchas sociales. A partir de entonces se aceleró la desarticulación de su programa. Ya sin mediador, los conflictos sociales y la violencia política comenzaron a ocupar el centro de la escena.

La burguesía ante el Plan Gelbard

La política de control de precios era un instrumento indispensable para lograr los objetivos redistributivos del programa. Su impacto sobre la tasa de ganancia era moderado (Canitrot 1978:16) y los empresarios la acataron inicialmente como un mal menor. Las condiciones en las que el peronismo había llegado por tercera vez al gobierno —y el clima político imperante en la etapa camporista— habían alimentado temores de que se pusieran en marcha medidas más radicales. El derecho de propiedad no estaba en cuestión y ellos conservaban para sí el control de variables estratégicas para el desarrollo del programa económico. Reteniendo una gran capacidad de maniobra, muy superior a la de los sindicatos, la política de concertación fue avalada con un sentido realista. Ello no les impedía hacer sentir su capacidad de presión cuando fuera necesario. Mientras tanto, podían respetar una política en cuyo cumplimiento siempre habría resquicios para no resentir demasiado sus ganancias.

Como consecuencia del Pacto Social, la inflación se cortó drásticamente y todo parecía indicar que el programa de Gelbard tenía un futuro promisorio. Una prueba significativa: el dólar en el mercado negro cayó de 12.5 pesos por dólar, durante los primeros meses de 1973, a 10 pesos, cifra muy cercana a la tasa oficial de cambio.

Acatar la política de concertación no comprometía el comportamiento de los empresarios con respecto al plan económico en su conjunto. Que ello fue así lo demuestra el crecimiento del 5.8 por ciento registrado por la economía en 1973; un crecimiento que se debió a la expansión del sector agropecuario. En efecto, el sector agropecuario incrementó su participación sectorial en el producto en un 13.5 por ciento, mientras que la industria lo hizo en un 6.4, cifra inferior al promedio de los años precedentes. Esta desconfianza básica del empresariado hacia el nuevo régimen político se revela también al examinar la estructura de crecimiento de la industria manufacturera. Las ramas de mayor crecimiento entre 1973 y 1974 fueron las de alimentos, bebidas, tabaco y textiles. Las restantes mostraron tasas de crecimiento inferiores al promedio de la industria y, en general, a las de los años precedentes. Ello revela que la expansión económica fue el resultado de la demanda de los asalariados y sólo de manera secundaria el efecto de inversiones. Esa expansión se llevó a cabo a través del uso de capacidad ociosa, lo que se confirma con la drástica reducción de la tasa de desempleo que tuvo lugar en ese período (cfr. Canitrot 1978:23-26; di Tella s/d:19). Estos resultados son congruentes con la afirmación de que la caída en la inversión fue mayor en aquellas ramas en las que el incremento del consumo fue más pronunciado, especialmente las de bienes de consumo no duradero.[79]

El descenso del nivel de inversión privada en la industria era una seria amenaza para el equipo económico. Ea reducción de la tasa de ganancia de los empresarios, como era de prever, tendría un efecto inicial depresivo en el conjunto de la actividad. Pero ¿cómo revertir esta tendencia? La solución de echar mano a las reservas y acrecentar el déficit público no podía ser sino una salida transitoria y peligrosa. En ausencia de fuentes de financiación alternativas para la expansión económica, el equipo económico se encontraría muy pronto en un callejón sin salida.

Las quejas de los empresarios por la reducción de la tasa de ganancias se dejaron oír poco tiempo después de firmado el Pacto Social. Sin embargo, el tema se convirtió en un asunto particularmente crítico en el primer trimestre de 1974, debido al efecto del alza de los precios de los insumos importados.[80] Como ya se señaló, el gobierno había decidido subsidiar las importaciones y mantener la política de precios congelados. Pero ya desde fines de 1973 la respuesta empresaria había sido la especulación y la puesta en marcha de diversas formas de eludir el control de precios: la doble facturación, la retención de mercancías, el acaparamiento de bienes en el circuito comercial a la espera del alza, el contrabando, etcétera.

La presión de la CGE encontró finalmente eco en el gobierno: en abril se anunció la nueva política de «flexibilización de precios». El cambio en la situación externa hacía insostenible la consigna de «inflación cero» y el gobierno se vio obligado a abandonarla. Los nuevos precios oficiales, por debajo de las expectativas de los empresarios (téngase en cuenta el aumento salarial otorgado en ese momento), desataron una pugna encarnizada en torno a la distribución del ingreso. A partir de entonces, el gobierno de la economía escapó al control de Gelbard y su equipo.

Cuando se centra la atención en el estudio de los efectos que la política económica peronista produjo sobre la burguesía industrial, parece claro que las fracciones más afectadas fueron, de manera paradójica, la pequeña y mediana burguesía, tecnológicamente menos avanzadas. En esas empresas los costos de la fuerza de trabajo representan un porcentaje mayor de los costos totales. Si este razonamiento fuera confirmado por los hechos, resultaría entonces que los perjudicados fueron los sectores que constituían la base principal de apoyo político del esquema económico. Podría concluirse, como lo hacen algunos autores (Peralta Ramos: 383 ss.), que el Pacto Social fue un instrumento de los intereses del capital monopolista industrial en Argentina.

Esta conclusión, sin embargo, no se sostiene a la luz del estudio del contexto particular de relaciones de fuerza en que se fue desplegando la política peronista. Como se señaló, la política de control de precios fue menos severa en las empresas medianas y pequeñas de lo que lo fue en las grandes. De este modo, se habría operado una redistribución de ingresos entre empresas que eran compelidas a respetar las regulaciones de precios y empresas en las que no se aplicaba esta restricción (cfr. Canitrot 1978; Ayres 1976).

Por otra parte, si bien los incrementos salariales beneficiaron más a los obreros con salarios más bajos, los trabajadores mejor remunerados, en general los más organizados, tuvieron mayor capacidad de negociar acuerdos salariales voluntarios por empresa, al margen del Pacto Social. Estos obreros constituían la columna vertebral del peronismo y pertenecían a sectores estratégicos de la economía, bajo el control de la gran burguesía local y extranjera. En las grandes empresas, pues, los acuerdos voluntarios ocurrían con mayor frecuencia. Si a ello se agrega el hecho de que en esas empresas el efecto de la inflación importada se dejó sentir con más fuerza (la proporción de insumos importados tiende a ser mayor que en la mediana o la pequeña empresa), se llega a un panorama difícil de aprehender con una generalización lineal como la citada.

El grado en que las distintas fracciones de la burguesía industrial fueron afectadas o beneficiadas por la política económica del peronismo dependió de una combinación compleja de variables económicas tales como proporción del costo de la fuerza de trabajo en los costos totales: número de acuerdos voluntarios llevados a cabo y capacidad de evadir regulaciones de precios; proporción de insumos importados en los insumos totales: ritmo de crecimiento; demanda; monto de ventas en el mercado negro: tecnología, etcétera. Estas consideraciones cualitativas (ya que no existe un análisis cuantitativo del sector según estos criterios), sólo permiten afirmar que no todas las firmas que Gelbard intentó perjudicar fueron efectivamente perjudicadas y que no todas aquéllas a las que intentó claramente beneficiar fueron beneficiadas. Ni todas las cámaras integrantes de la CGE estaban felices con el programa económico, ni todas las integrantes de la Unión Industrial eran infelices (cfr. Ayres 1976).

La conclusión más prudente que puede formularse es que el grado en que fueron afectadas o beneficiadas las diferentes fracciones del capital dependía de su capacidad de presión política sobre el gobierno. El carácter aparentemente contradictorio de las medidas de política económica adoptadas en el período (hasta la aplicación, en 1975, del plan económico de emergencia) reflejó la heterogeneidad de las presiones que enfrentaba el estado, al mismo tiempo que su debilidad para hacer frente a las mismas. La compleja interrelación entre economía y política en la sociedad argentina de entonces mal puede ser expresada en una relación lineal entre el programa y la fracción monopólica del capital industrial.

El programa económico tenía debilidades básicas: la burguesía nacional destinada a llevar a cabo este proyecto era una burguesía débil, cuya «vocación» reformista fue más la respuesta a la coyuntura que el resultado de un proyecto consolidado. Como lo había mostrado a lo largo de su historia, era un grupo de presión antes que una clase dirigente, capaz de articular en torno a su proyecto al resto de la burguesía. Su declarado nacionalismo era ambiguo (lo que se reflejó en el programa). Vinculada en forma competitiva y dependiente con las empresas transnacionales, tenía pocas posibilidades objetivas de enfrentarse al capital multinacional. ¿Por qué enfrentarse a los grandes terratenientes que son los que proporcionan divisas? En un contexto marcado por la movilización obrera y la amenaza de desborde del poder sindical, su actitud fue la de retraerse y abandonar toda pretensión de liderazgo. Un dato significativo es la fusión de la Unión Industrial Argentina (UIA) con la Confederación General de la Industria (CGI), de la que emergió la Confederación Nacional de la Industria Argentina (CINA), en agosto de 1974. Esta nueva instancia organizativa mostró el avance de los sectores monopólicos sobre el conjunto del empresariado. Muerto Perón, Gelbard y su equipo se quedaron solos. La batalla contra los grandes terratenientes no tenía soportes especiales.

La política de Gelbard, destinada a utilizar el raro privilegio de contar con una burguesía agraria capaz de ofrecer una producción competitiva en el mercado mundial, era razonable (véase Ábalo 1976). Como se señaló, en las condiciones de una coyuntura internacional favorable no implicaba necesariamente un ataque frontal a los intereses del poderoso grupo de presión agrario. Flanqueado por dos fuerzas, el movimiento obrero organizado y los sectores de la burguesía industrial reformista, Gelbard contaba con la fuerza política necesaria para quebrar el frente agropecuario, por lo demás dividido en torno al tema de la renta normal potencial y la ley agraria. Sin embargo, no pudo llevar a cabo su política agraria.

¿Qué había pasado? Después del triunfo peronista, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la entidad más poderosa de la burguesía agraria, en la que se encuentran los terratenientes «impuros» (aquellos que tienen intereses combinados con actividades industriales, financieras, etcétera), cambió de forma radical su posición. Si hasta entonces había resistido abiertamente todo intento de establecer un impuesto a la renta potencial del suelo, ahora lo aceptaba como una de las bases de la nueva política agropecuaria. En agosto de 1973 la SRA firmó la denominada Acta de Compromiso Agropecuario Nacional. Este acuerdo institucional entre el sector y el gobierno reflejó las buenas intenciones de este último: el estado garantizaba una política de ingresos, el sistema de comercialización, el crédito agrícola y otras demandas menores. La negociación era una clara atenuación de los lineamientos iniciales de política agraria. Sin embargo, como señala Flichman (1977), nunca pareció más cerca la realización de un programa agrario reformista, antiterrateniente, alentador del desarrollo de formas de explotación intensivas de la tierra. Los terratenientes no atacaron en forma abierta al impuesto a la renta potencial. Su silencio era significativo, sobre todo si se tiene en cuenta que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), organización gremial del sector más poderoso, no avaló el acuerdo institucional con el gobierno. La táctica que predominó fue la de ganar tiempo. Llegado el momento, lograrían postergaciones a la aplicación del impuesto, rebajas de tasas y, en los hechos, lo tornarían impracticable. Mientras tanto, contaban con la gran capacidad de maniobra frente a las disposiciones de la política agraria que siempre habían tenido. Podían recurrir a la clásica política de «retención de vientres» que les permitía controlar la oferta de alimentos y afectar, a través de la alternación de los precios, el nivel del salario real (el peso de la carne en el índice de costo de la vida alcanza el 22 por ciento), o bien reducir las exportaciones.

El acuerdo entre los productores rurales y el gobierno se convirtió en un espacio para ejercer la crítica a la conducción económica. Durante 1973 los precios del sector agropecuario descendieron, pero lo hicieron desde los niveles máximos históricos de 1972, a los valores normales de años precedentes. La baja se debía a la caída de los precios internacionales, en particular de la carne vacuna. En efecto, los términos de intercambio de los productos agrícolas que habían alcanzado alrededor de 130 (1960:100) antes de mayo de 1973, descendieron a 110/115 en mayo de 1974. En julio de 1974 el cierre de los mercados europeos a las carnes argentinas complicó aún más el panorama. El malestar del sector agropecuario fue creciendo. La pequeña y mediana burguesía agraria (los «chacareros» ricos y medios), nucleados en la Federación Agraria Argentina (FAA), afiliada a la CGE, defendían el impuesto a la renta potencial y el anteproyecto de ley agraria, presentado por el entonces secretario de Agricultura y Ganadería, Horacio Giberti. Sin embargo, la FAA no movilizó a sus afiliados para defender a un equipo económico que mantenía niveles de precios agrícolas y ganaderos por debajo de las expectativas de sus adherentes (Flichman 1977). Tampoco lo hicieron las asociaciones de agricultores medias y pequeñas, como las Ligas Agrarias y la Unión de Productores Agropecuarios de la República Argentina.

Ante una conducción económica a la defensiva —Gelbard tenía que hacer frente a multitud de tensiones acrecentadas por el cambio de signo de la situación externa (los términos de intercambio con el exterior cayeron en más de un tercio)— los poderosos grupos de presión agrarios comenzaron a desplegar su ataque al gobierno. Durante 1974 el combate se centró en el anteproyecto de ley agraria, visualizado como el arma más peligrosa ya que presentaba algunas disposiciones alarmantes para el principio de propiedad (posibilidad de expropiación de tierras a pagar en bonos a largo plazo y bajo interés; fomento a formas colectivas y cooperativas de producción).

En julio muere Perón y, con él, el principal soporte del programa económico. Ese mismo mes se cierran los mercados europeos a las carnes argentinas. La tasa de cambio de la moneda extranjera se mantiene inalterada. La SRA y las Confederaciones Rurales Argentinas hacen oír su descontento. En octubre de 1974 sostienen: «sorprende que en un momento en que es necesario aunar voluntades en defensa de nuestro ser nacional, el Secretario de Agricultura y Ganadería […] introduzca factores de perturbación de la familia argentina» (citado por Flichman 1977:168). El anteproyecto de ley agraria les brindaba el blanco ideal para lanzar su ataque a la conducción económica. Un proyecto audaz en la óptica moderada del esquema económico permitía desplazar los términos del conflicto a un terreno en el que la burguesía agraria podía salir victoriosa. ¿Era auténticamente peronista un equipo económico que atacaba el derecho de propiedad? Horacio Giberti, «denodado quijote de la lucha antiterrateniente», como lo califica Flichman, no obtuvo respaldo político. Gelbard no podía dárselo.

¿Quién era Gelbard? El hombre elegido por Perón, pero no un peronista de «la primera hora». Representaba la voluntad aliancista del viejo caudillo, pero sin la presencia de éste, su único aval político, la credibilidad de su esquema económico se esfumaba. La estrategia económica del ministro estaba en quiebra. Había fracasado el Pacto Social y con él temblaban los cimientos de todo el edificio construido por Gelbard. Es en ese contexto que la ofensiva sindical, aliada a los sucesores de Perón, terminará por derrocarlo. Para ello la cúpula sindical (integrada a partir de julio por el ala más «dura» y conservadora), no vacilará en abandonar la batalla contra los terratenientes. La CGT cambió radicalmente su posición y no avaló el anteproyecto de ley agraria. Esta vez era un proyecto reformista el que se desmoronaba bajo la presión de la burguesía agraria y con el consentimiento de la CGT.

Perón y la izquierda peronista

El 12 de octubre de 1973, al asumir la presidencia. Perón exhortó a la juventud peronista a borrar las consignas en prenda de paz. La juventud no debía confundir la realidad con los deseos: «la única verdad es la realidad».

La calle había dejado de ser el ámbito natural de las manifestaciones de la juventud. Ésta podría reunirse, pero en locales cerrados. La batalla simbólica de la JP —la guerra de las consignas— ya no tenía cabida. La juventud «apresurada» debía entender que todo sería hecho «en su medida y armoniosamente», ya que la política «es el arte de hacer lo posible».

Antes de los sucesos de Azul,[81] Perón exhortaba a la juventud peronista y a los grupos armados a desistir de la violencia como recurso político, a incorporarse a un movimiento nacional que, a diferencia de un partido político, siempre sectario, busca la universalización. Era necesario evitar el «efecto Allende», la polarización de la lucha de clases en la sociedad argentina (Perón asumió la presidencia poco después del derrocamiento de Salvador Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973).

La juventud debía responder a una verticalidad que no aceptaba cuestionamientos; la violencia sería vencida políticamente. Perón diría poco después: «Sobre la violencia, yo tengo mi criterio formado. En la República Argentina hay un grado de violencia como el que hay en todas partes del mundo […] Nosotros estamos creando los anticuerpos, porque es la mejor manera de combatirlos y terminar con este tipo de delincuencia. Porque ésta es, sin duda, una cuestión de delincuentes. No me van a decir los que asaltan un banco que lo hacen por una ideología superior: lo asaltan para robarlo. No me importa el motivo por el cual me dicen que lo hacen: lo que importa es que son ladrones […] Algunos dicen que quieren la revolución violenta. Yo no sé cómo se puede arreglar la economía de un país como el nuestro —que nosotros recibimos con una deuda externa de 7 millones de dólares y una deuda interna de 3 billones de pesos— a balazos. Y eso que soy un general. Pero un general pacifista, algo así como un león herbívoro […] La violencia es el producto de una época, más que nada. No queremos reprimir violentamente, porque sería, agregar violencia a otra violencia. Estamos estudiando todo con tranquilidad, sin preconceptos. También nosotros podríamos organizar una guerrilla y entonces iniciaríamos una guerra civil entre el gobierno por un lado y los que se levantan por el otro. Por más que ejerciten la violencia, nosotros no vamos a emplear la violencia desde el gobierno».[82]

El «anticuerpo» contra la violencia, la democracia integral, dejaría sin capacidad de respuesta a todos aquellos que impugnasen el esquema de poder. La política, el movimiento peronista, triunfaría sobre la violencia (la guerrilla).

En agosto de 1973, Mario Firmenich, jefe de los Montoneros, dirigió a los cuadros de la JP un discurso que marca un momento clave en la historia de las relaciones entre la izquierda del peronismo y Perón (el texto del discurso de Firmenich circuló mimeografiado). Firmenich afirmaba la coincidencia estratégica con Perón —el frente antimperialista— señalando las diferencias ideológicas que los separaban del líder: «Tenemos una contradicción ideológica con Perón, pero también tenemos una coincidencia estratégica».[83] La contradicción ideológica surgía de la diferente apreciación acerca del significado del frente policlasista. Para los Montoneros esa alianza de clases sólo tendría un sentido revolucionario si era conducida por la clase trabajadora organizada.

En momentos e que Perón reforzaba la estructura vertical de la CGT, consolidando la posición de la burocracia sindical.[84] los Montoneros declaraban su voluntad de transformar internamente al peronismo, desplazando a la burocracia sindical, el principal enemigo en su interior. La estrategia política presentada por Firmenich era, según sus propias palabras, la de «negociar fronteras» dentro del movimiento peronista. Para ello, el centro de gravedad de la acción de los sectores revolucionarios debía situarse en la organización de la clase trabajadora, expropiada de sus instituciones por la actual dirigencia. «Si no organizamos ahí —dijo Firmenich— si no tenemos organizada a la clase trabajadora, no hay proceso de liberación». Reafirmando la identidad política peronista, los Montoneros y la JP se disponían a librar una batalla ideológica en el seno mismo del movimiento.

Después de la acción de la guerrilla en Azul. Perón optó por marcar las diferencias ideológicas que lo separaban de los Montoneros y la JP. En un discurso al país, el 4 de febrero, reconoció la existencia de divisiones en el seno del movimiento justicialista. Entonces dijo: «La oposición, respondiendo a un profundo sentido nacional y patriótico, ha colaborado permanentemente en la tarea constructiva […] No puedo decir lamentablemente lo mismo del oficialismo, donde se han producido problemas internos que no pueden ser sino negativos para la amplia responsabilidad que hemos recibido» (La Opinión, 5-II-1974). Llamó a la juventud a considerar la capacidad de sus dirigentes y a reconocer que las luchas han terminado «en sus formas cruentas». «Han elegido un gobierno —les dijo— y espero que haya sido para obedecerlo y cumplir sus designios doctrinarios e ideológicos». En esa ocasión Perón expresó su confianza en el carácter constitucional de las fuerzas armadas: «Para los que puedan pensar que su lealtad a la república puede ser aleatoria, bajo mi responsabilidad puedo afirmarles lo contrario, las fuerzas armadas son y serán un puntal de la institucionalización nacional. Lo afirma su deber y lo garantiza su honor». Su divisa, «la única forma de no ser esclavos, es ser esclavos de la ley» tenía, en esa coyuntura, dos destinatarios clave: la juventud y las fuerzas armadas.

El 21 de enero Perón, en respuesta a la acción del ERP, reconoció que: «Va no se trata sólo de grupos de delincuentes, sino de un grupo organizado, que actuando con objetivos y dirección foráneos, ataca al Estado y a sus instituciones como medio de quebrantar la unidad del pueblo argentino y provocar un caos que impida la reconstrucción y la liberación en que estamos empeñados […] El aniquilar cuanto antes a este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana».[85] Esa tarea competía también, y sobre todo, a las fuerzas armadas: la solidaridad de la fuerza era indispensable para gobernar.

En febrero sus mensajes se centran en la ofensiva ideológica contra la izquierda de su movimiento. En un mensaje pronunciado el día 7 afirmaba: «El problema que nosotros estamos interesados en plantear en primer término, es político-ideológico. En la juventud peronista, en estos últimos tiempos, especialmente, se han perfilado algunos deslizamientos cuyo origen conocemos, que permiten apreciar que se está produciendo en el movimiento una infiltración que no es precisamente la justicialista […] hay mucha gente que ha tomado la camisa para hacer deslizamientos hacia zonas en las cuales no estamos de acuerdo». Y agregaba: «La juventud, como todos los demás argentinos, tiene derecho a pensar y a sentir como le parezca. Éste es un derecho inalienable del hombre dentro de la democracia, que es lo que defendemos. Lo que no puede ser es que nos estemos tirando la suerte entre gitanos; decimos que somos una cosa y a lo mejor somos otra […] los que quieren seguir peleando, bueno, van a estar un poco fuera de la ley porque ya no hay pelea en este país […] Para pelear, si hay que pelear, yo decreto la movilización y esto se acaba rápidamente; convocamos a todos para pelear y van a pelear organizadamente, uniformados y con las armas de la Nación». En este momento, les dijo, el problema «es ver quién es quién, quiénes constituyen el justicialismo dentro de la juventud y quiénes no». A los que no estaban dentro de la orientación Perón les preguntó, «¿Qué hacen en el justicialismo? Porque si yo fuera comunista, me voy al Partido Comunista…» (La Opinión, 8-II-1974).

Ya no cabía duda sobre quiénes eran los infiltrados en el movimiento. Dardo Cabo, editor de El Descamisado, respondió a Perón: «¿Por qué no nos dijeron antes, cuando peleábamos contra Lanusse, que teníamos que unirnos a otro partido? ¡Nadie tiene el derecho de echarnos! ¡Nadie puede despedirnos!».[86]

Según Perón, las divergencias ideológicas con la juventud se explicaban por la presencia de dirigentes infiltrados, cuya acción se inspiraba en la Cuarta Internacional. El viejo caudillo, siempre dispuesto a recurrir a las analogías biológicas, calificaba a esas minorías como brotes enfermos en el cuerpo sano del justicialismo; eran el efecto de fenómenos e ideas foráneos; era necesario erradicarlos. Para ello, Perón reforzó su estrategia de adoctrinamiento de la juventud. En un discurso pronunciado ante dirigentes juveniles del justicialismo, les dijo: «Estamos en plena revolución cultural en lo que se refiere a la juventud y estamos aventando la mala semilla». En esa ocasión, el viejo caudillo les dio una lección de «política». Todas las revoluciones, les dijo, pasan por cuatro etapas: la primera es de adoctrinamiento y preparación ideológica de esa revolución; la segunda etapa es la toma del poder. «La revolución que quiera ser profunda y trascendente […] tiene que ser preparada antes de la toma del poder, para realizarla desde el poder». La tercera etapa es la dogmática, «es la reafirmación ideológica y el proceso doctrinario de su realización». La cuarta es su consolidación. «Ningún pueblo vive en la revolución permanente, las revoluciones son etapas de transformación, pero ello no puede ser permanente» (La Opinión, 15-II-1974).

En noviembre de 1973, antes de lanzar la ofensiva ideológica abierta contra los Montoneros y la JP, Perón aseguró, a través de la reforma a la ley de asociaciones profesionales, la exclusión de los «infiltrados» en el movimiento obrero. La sanción de la nueva ley significó un duro golpe a la estrategia de la izquierda.

Los Montoneros y la JP perdían el terreno en el que habían definido su lucha principal. La burocracia sindical pasaba a ser el único representante legítimo del movimiento obrero organizado. Mantenerse dentro del movimiento, para defender las posiciones conquistadas y, desde allí, atacar a la burocracia sindical, era una tarea prácticamente imposible. La izquierda peronista se quedaba sin política. El único reducto que conservaban entonces era la universidad.

Es interesante examinar, como lo hace James, los supuestos ideológicos centrales en los que descansaba la estrategia política de los Montoneros y la JP. Para ambos la batalla contra la burocracia sindical, el principal enemigo interno, pasaba por la liquidación física de sus miembros, o la superación de los antagonismos a través del «transvasamiento generacional» (término empleado por Perón para designar la inyección de sangre nueva en el movimiento destinada a crear los futuros liderazgos).[87] Y ello en tanto que la burocracia sindical era considerada como una excrecencia dentro del movimiento peronista (una minoría de «traidores»).

La simetría entre el pensamiento político de Perón y el de los Montoneros y la JP —ambos opuestos y complementarios— resulta clara. Los razonamientos que Perón empleó para atacarlos eran los mismos que la izquierda peronista utilizó para combatir a la burocracia sindical. En uno y otro caso, el conflicto no era el resultado de la lucha de clases dentro del peronismo: se definía como un conflicto generacional. Mientras Perón «civilizaba» su discurso para combatirlos en nombre de la democracia, los Montoneros y la JP optaban por la respuesta armada. La burocracia sindical era un enemigo con el que había que negociar militarmente: «Podemos prometerles no matarlos», fue la respuesta de Firmenich a la pregunta acerca de qué podían ofrecer a la burocracia sindical a cambio de una negociación.[88] La represión del movimiento obrero y de los cuadros de la izquierda acentuó esa opción militar.

En el mes de marzo se consumó el denominado «contracordobazo» contra el gobernador y el vicegobernador de la provincia de Córdoba: Obregón Cano y Atilio López. La destitución de ambos, avalada por Perón, concretaba su anunciada reestructuración de los equipos de gobierno. Éstos, había dicho, «serán homogéneos y capaces, desterrando de una vez por todas las discrepancias…» (mensaje del 4 de febrero de 1974). A fines de enero Victorio Calabró (figura de peso en la burocracia sindical), había reemplazado a Oscar Bidegain en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La izquierda peronista perdía posiciones. A. J. Martínez Baca, gobernador de Mendoza, era acusado de pertenecer a la izquierda peronista (su destitución habría de producirse poco después de la muerte de Perón).[89]

La reforma penal —la promulgación de la ley antisubversiva— legitimaba la purga de la izquierda.[90] En un contexto de agudización de la violencia en los meses de marzo y abril (atentados a locales de la JP, secuestros de militantes, multiplicación de los conflictos obreros, acciones del ERP), la posición de la JP y los Montoneros iba debilitándose. Acusados de «movimientismo» por sectores del peronismo revolucionario (el denominado peronismo de base),[91] debilitaba la posición de los líderes obreros independientes en todos los conflictos, su voluntad de permanecer en el movimiento los situaba en un proceso contradictorio, cada vez más difícil de sostener.[92]

El 1.º de mayo Perón fue increpado públicamente por la izquierda de su movimiento: «¿Qué pasa, qué pasa general, está lleno de gorilas el gobierno popular?». Perón, desde el balcón de la Casa Rosada, los acusó de «imberbes», «idiotas útiles» y de «mercenarios al servicio del extranjero». «Pese a estos estúpidos que gritan —les dijo— durante 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido incólumes, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que trabajaron durante 20 años». Un Perón viejo y alterado respondía a la multitud que coreaba: «Si Evita viviera, sería montonera»; «Asamblea popular, no queremos carnaval». El general exhortó a los peronistas «a que cada uno ocupe el lugar que le corresponde en la lucha que si los malvados no cejan, hemos de iniciar». Mientras los grupos moderados y de derecha gritaban su conformidad, la izquierda abandonaba la Plaza de Mayo antes de que Perón terminase de hablar (cfr. La Opinión, 2-V-1974). El general los había expulsado, se quedaba con los «burócratas».

Perón anunció que presentaría el modelo para todo el país, «fruto de 30 años de experiencias y de lucha»: «la democracia plena de justicia social». La izquierda se definía frente a él por sus reclamos, pero no por una línea alternativa; se debatía entre un populismo de izquierda y un simbolismo socialista, sin que la patria socialista (el «socialismo nacional») dejase de ser una expresión retórica, y no un programa para llevar a la práctica.

El 24 de mayo la rama juvenil quedó excluida del Consejo Superior Justicialista. «No queremos incorporar la manzana de la discordia dentro del movimiento», dijo entonces Perón (El Cronista Comercial, 25-V-1974).

El general Anaya, comandante en jefe del ejercito, declaraba que las fuerzas armadas, subordinadas al poder político, estaban dispuestas a librar la batalla contra la subversión.[93] En ese contexto, la JP y Montoneros publicaron un documento en el que manifestaban su total desacuerdo con el Pacto Social y su retorno a la resistencia. No sería sino después de la muerte de Perón que anunciaran la total ruptura con el gobierno y el retorno a la guerrilla. Desaparecido Perón, habrían de retomar la bandera del «verdadero peronismo».

Los esfuerzos por mantener la identidad política peronista y librar la batalla por el «socialismo nacional», desde dentro del movimiento, a cualquier precio, habían pagado un precio muy alto; habían perdido el espacio legítimo durante la presidencia de Perón. A partir de entonces, y pese al intento de reconquistar ese espacio (la formación del Partido Peronista Auténtico, en marzo de 1975), la respuesta militar, la guerrilla, pasó a ser el terreno privilegiado desde el que se libró la batalla por la reconversión del peronismo y contra el gobierno de los sucesores de Perón.

LA DESARTICULACIÓN DEL PROYECTO DE PERÓN

7. LA PRESIDENCIA DE ISABEL PERÓN

La muerte del viejo caudillo ocurría en un momento crítico: su proyecto político hacía agua bajo la presión de las demandas de la heterogénea base social que constituía su soporte. Isabel heredaba esa situación: el Pacto Social (los acuerdos de compromiso entre empresarios, obreros y gobierno) había sido vulnerado por sus propios actores; la precaria unidad del movimiento peronista, lograda sobre la base de la sumisión de la práctica social al conductor indiscutido, estaba en quiebra; el vasto esquema de fuerzas sociales con las que Perón había diseñado su proyecto de poder había quedado en el aire. La viuda de Perón había llegado a la presidencia en ausencia de alternativas sucesorias para un poder que, nadie lo ignoraba, carecía de herederos: el poder personal de Perón. La fórmula «Perón-Perón», impuesta en septiembre de 1973, había sido una salida táctica en respuesta a la coyuntura política inmediata (la derrota del «camporismo» y la ampliación del espacio de la derecha en el movimiento). Esa salida tuvo la apariencia de eludir cualquier opción. Pero ese lazo de origen signaba el poder que recibía Isabel y lo supeditaba a su propia capacidad y a la de sus colaboradores inmediatos —el «entorno», como se dio en llamar al círculo presidencial en él que Jóse López Rega, «El Brujo», tuvo un papel dominante— para desplegar el conjunto de tácticas que permitiese mantener un equilibrio de compromisos dentro del movimiento peronista y con las fuerzas sociales externas a éste.

¿Lo advirtieron Isabel y sus asesores? Sin duda no. Ignorando su origen perverso, se lanzaron a una brusca reconversión del proyecto de Perón. Su política se definió, como veremos, por el sectarismo y el aislamiento, antítesis de la estrategia de convergencia con que había regresado Perón en 1973, y terminó por alienarse, uno a uno, todos sus soportes sociales.

Ni la presidenta, ni su «entorno», ni los dirigentes sindicales, llevaron a la práctica las lecciones del líder. La etapa que se abrió con la muerte de Perón quedó signada por la descomposición de la sociedad populista a la que el retorno del general intentara dar nueva vida. La desaparición de Perón rompía el dique con el que, hasta entonces, se habían podido contener y separar los antagonismos políticos surgidos desde el fondo de las luchas sociales. La sociedad populista comenzó a debatirse en una crisis para la que no tenía respuestas. La agudización de los conflictos y la intensidad de la violencia política fueron el doble síntoma de la agonía.

Con Perón moría su proyecto de ordenar una sociedad desquiciada por décadas de inestabilidad política. A partir de entonces, la violencia pasó a ocupar el centro de la escena, desdibujando a los protagonistas centrales de las luchas. La capacidad de contener los antagonismos nacidos en el terreno de la producción y separarlos de las luchas políticas en el plano del estado había muerto con el líder. Isabel ofrecería el espectáculo, más patético que grotesco, de la impotencia política.

La singularidad de la coyuntura política creada por la muerte del jefe del peronismo fue que su desaparición dejaba a las distintas fuerzas sociales y políticas sin otra alternativa que la de apoyar la continuidad del proceso institucional. La amenaza de desarticulación total del poder político, en beneficio de los poderes parciales dispersos en la trama social, obligó a los distintos actores políticos, incluidas las fuerzas armadas, a cerrar filas en torno a su viuda. La disyuntiva cobró la forma de «Isabel o el caos» y, de ese modo, la incertidumbre ante un futuro para muchos avizorado como el fantasma del marxismo, legitimó a Isabel en calidad de heredera personal del líder.

Como lo expresó Ricardo Balbín, jefe de la Unión Cívica Radical, al despedir los restos mortales de Perón, «… los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir a la permanencia de las instituciones argentinas, que Ud. simboliza en esta hora» (citado en Kandel y Monteverde 1976:9).

La sociedad argentina recibía perpleja la imagen de una mujer desamparada en la que se depositaban tareas que, nadie dudaba, le quedaban grandes. El contexto dramático creado por la muerte del líder era un recurso político para sus sucesores: Isabel significaba la continuidad institucional y condensaba en su figura al peronismo. En efecto, así lo entendieron los peronistas para quienes Isabel representaba el reaseguro de una unidad que, aunque precaria, los proveyera de un espacio de maniobra institucional en el que dirimir sus pugnas internas. Así lo entendió el radicalismo, en la esperanza de que su probada vocación democrática se viera recompensada con el éxito en las futuras elecciones que habrían de tener lugar a fines de 1976.[94] También las fuerzas armadas adoptaron una actitud neutral de defensa de la institucionalidad a la espera de una salida política negociada o, en su defecto, de una intervención militar legitimada por el fracaso. En su oratoria fúnebre, el comandante en jefe del ejército, general Anaya, ratificó el compromiso de las fuerzas armadas de velar por la continuidad institucional y despidió a uno de sus pares señalando que «El ejército argentino viste hoy el negro crespón de la muerte. Pero no se siente solo porque a la congoja consecuente por la desaparición de uno de sus hijos, se une también el inmenso dolor de la Nación ante la desaparición de su conductor». La tendencia revolucionaria del peronismo también hizo la única apuesta posible y en julio de 1974 proclamó su apoyo a la viuda de Perón.

La mujer de rostro tenso y demacrado que asumía la presidencia ofrecía la imagen del dramatismo en la que la sociedad toda se reconocía. Los días de exequias al general fueron la ocasión para manifestar el hondo dolor popular por la pérdida del hombre que tan profundamente había marcado treinta años de vida en la Argentina. La sociedad había perdido su timón y se aferraba al único baluarte de seguridad ante la alternativa de quedar condenada a la deriva de los acontecimientos.

En las pacificas semanas que siguieron a la muerte del general comenzaron a dibujarse los primeros indicios de la tormenta que, luego de una breve tregua, sacudiría al régimen. La confirmación de José López Rega en sus cargos y la influencia que éste, místico, astrólogo, ministro de Bienestar Social y secretario privado de la Presidencia, ejerciera sobre Isabel, lo convirtieron rápidamente en la figura clave, la más controvertida, del nuevo gobierno que sucedía a Perón con el aval y la perplejidad de todos.

Desde el puesto de control del acceso a la presidencia López Rega comenzó a desplegar su estrategia, y muy pronto no quedaron dudas acerca del rumbo que tomaba el proceso: a la política de convergencia diseñada por Perón le sucedía una política sectaria orientada a peronizar el gabinete convocando a sus fuentes más ortodoxas y reaccionarias. La oposición política comenzó a manifestar su inquietud ante el clima reinante. El «microclima» palaciego se levantaba como un muro de contención de todo diálogo con los distintos sectores políticos y sociales, incluido el movimiento sindical. Los días del pluralismo, sostenido en la voluntad de Perón de armar un esquema de fuerzas sociales antes que un movimiento con estrechos objetivos partidarios, iban quedando atrás. Se intentaba retroceder a los tiempos del lema «para un peronista no hay nada mejor que otro peronista», sólo que ahora la identidad misma del movimiento peronista estaba en cuestión: el enfrentamiento entre peronistas, en nombre del peronismo de Perón, del peronismo histórico, del peronismo de la primera hora, pasaba a ser el conflicto central en la escena política. Isabel, desde los balcones de la Gasa Rosada, definiría su estilo de gobierno: «Tengo dos brazos y en una mano a Perón y en la otra a Eva Perón. Perón y Eva Perón sacrificaron sus vidas en aras y por amor al pueblo […] Como alumna de Perón cumpliré fielmente su doctrina, caiga quien caiga y cueste lo que cueste» (citado en Kandel y Monteverde 1976:13). Ese estilo quedaba signado por el sectarismo: era el eco del Perón resentido de 1955 y no del Perón en su etapa final.

Isabel y los jefes sindicales

A pocos días de la muerte de Perón se reunió el congreso de la CGT para renovar a sus dirigentes. Los resultados de ese congreso son particularmente significativos para comprender la acción del sindicalismo en la coyuntura inmediata a la desaparición física del líder y la evolución posterior de las relaciones entre la nueva cúpula sindical y el gobierno de Isabel. La pugna que allí tuvo lugar reflejó la vieja —pero difícil— coexistencia de lógicas alternativas de acción en el sindicalismo.

A la vez que portador de un movimiento reivindicativo de la clase, centrado en la presión institucional en torno al nivel de vida y las condiciones de trabajo obreras, el sindicalismo era un actor político. Su fuerza como instrumento reivindicativo dependió de su fuerza como representante político de la clase trabajadora peronista. Afincado en un doble terreno, el económico-corporativo y el político, el sindicalismo supo sacar partido de esa implantación dual. Durante los años de proscripción del peronismo logró hacerse reconocer como un factor de poder en el sistema político, ejercitando su capacidad de presión política sobre los regímenes que sucedieron al derrocamiento de Perón, en 1955. El retorno del peronismo al gobierno le planteó nuevos dilemas.

Como movimiento reivindicativo, el sindicalismo no podía cejar en su lucha por la distribución del ingreso sin pagar el precio de ver recortados sus recursos de poder. Como movimiento político, tenía que integrarse a la empresa política de Perón; su objetivo no podía ser ya, como en los años de proscripción, el debilitamiento del gobierno de turno. Con el peronismo en el gobierno el lugar del movimiento obrero organizado quedaba redefinido: era uno de los socios del Pacto Social. Ello recortaba el poder político que los jefes sindicales habían tenido durante los años de dictadura militar.

El gobierno peronista les había abierto las puertas del sistema político, pero esa apertura estaba condicionada a su acatamiento del proyecto de poder. Los recelos de la dirigencia sindical frente a una política de austeridad, impugnada por las movilizaciones autónomas de las bases, fueron cuidadosamente manejados por el líder. La intención de Perón, de subordinar la lógica corporativa a la lógica política, había chocado con la resistencia de la CGT. Ésta, sin embargo, acató las decisiones del jefe del movimiento. Desaparecido Perón, el desencuentro entre esas dos lógicas era inevitable.

El congreso de la CGT reflejó ese desencuentro, ahora ya sin mediador. Adelino Romero, líder de la Asociación Obrera Textil y hombre fiel al proyecto de poder del conductor, fue reelecto en su cargo de secretario general de la CGT. Sin embargo, el consejo ejecutivo quedó integrado por sindicalistas de la línea «dura», representada por las 62 Organizaciones, con Lorenzo Miguel a la cabeza. Un acontecimiento fortuito, la súbita muerte de Adelino Romero, abrió el camino para que la ofensiva de las 62 Organizaciones y de su líder Lorenzo Miguel, dirigente de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica, ganara terreno. La estrategia de la nueva cúpula sindical defendía la independencia de la acción sindical frente al proyecto político. Esa estrategia retomaba los lincamientos corporativos del vandorismo (la estrategia sindical desplegada por Augusto Vandor), condenado por Perón en los años 60. Destinada a defender el poder sindical por encima de las exigencias del diseño político de Perón, era una estrategia que beneficiaba a los jefes sindicales y les daba recursos para liquidar a sus adversarios dentro del movimiento laboral.

La nueva cúpula sindical se preparaba para ejercitar su capacidad de presión sobre el gobierno y renegociar su participación en el esquema de poder. En la coyuntura inmediata a la muerte del líder, este cambio en las relaciones de fuerza en el seno de la CGT convergió con el proyecto de los sucesores de Perón. Reafirmando su independencia corporativa, la dirección sindical desplegó un conjunto de presiones destinadas a derrocar al ministro Gelbard y «peronizar» el gabinete. La demanda de renegociación del Pacto Social tenía como objetivo central desplazar a Gelbard. Con ese propósito a la vista, la CGT retiró su aval al anteproyecto de ley agraria. Los jefes sindicales fueron también los principales aliados del gobierno en la destitución de los gobernadores de la izquierda peronista, acusados por la dirigencia sindical de ser «infiltrados» en el peronismo. A fines de 1974 se habían consumado las intervenciones a esas provincias y destituido a Martínez Baca en Mendoza, Cepernic en Santa Cruz, Ragone en Salta, Mott en Catamarca. Un hombre del sindicalismo, Victorio Calabró, dirigente de la Unión Metalúrgica, era gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El éxito de esta estrategia, la caída de Gelbard y la liquidación de la oposición dentro y fuera del movimiento obrero organizado, hicieron sentir a los jefes sindicales que no se habían equivocado al elegir ese camino.

En el mes de septiembre se promulgó la ley de contratos de trabajo. En ese mismo mes la aprobación por parte del Congreso de la ley de seguridad destinada a combatir a la guerrilla otorgó al Ministerio de Trabajo un nuevo instrumento para normalizar las relaciones laborales. En su artículo 5, la ley castiga con prisión de 1 a 3 años a los que luego de declarado ilegal un conflicto laboral por la autoridad competente, instiguen a incumplir con las obligaciones impuestas por dicha ley. Los legislador es de extracción sindical avalaron la nueva legislación que recortaba drásticamente la acción de la oposición sindical. Con el nuevo marco legal, la protesta obrera disminuyó considerablemente. Si hasta junio alcanzaban a 30 los conflictos registrados por mes, de julio a octubre el promedio bajó a 22.5 y de noviembre a marzo llegó a 11.6 (véase Jelín 1978:19-21). La disminución en el número de conflictos laborales y la desaparición de las acciones con alta participación de la base (las ocupaciones de fábricas quedaban prohibidas por la ley) eran el resultado del operativo puesto en marcha para encuadrar la acción sindical en los marcos de una legislación que propendía a centralizar y desmovilizar al movimiento obrero organizado.

Entre agosto y octubre de 1974 los principales sindicatos independientes o liderazgos disidentes fueron eliminados. Ésa fue la suerte del sindicato de mecánicos en Córdoba, conducido por René Salamanca: del sindicato gráfico, lidereado por Raimundo Ongaro en Buenos Aires; del de electricistas en Córdoba, dirigido por Agustín Tosco; Guillán perdió su posición de líder máximo de los telefónicos.

La persecución a los dirigentes más notorios de la oposición sindical no dejaba dudas acerca de los objetivos del nuevo gobierno.[95] La aplicación de la legislación represiva no impidió que los conflictos laborales alcanzaran una gran intensidad en algunos sindicatos de la oposición. Sin embargo, eran batallas finales en la lucha por la independencia sindical. La oposición fue reprimida y sus líderes perseguidos y encarcelados. Lo singular de la situación era que un gobierno peronista emprendía la represión de los disidentes y que lo hacía en nombre del peronismo. Ante esa convocatoria de lealtad política de los trabajadores dominó por sobre sus lealtades en el plano de la lucha sindical.

Frente a una oposición sindical diezmada, la protesta obrera comenzó a expresarse por nuevos canales. La ley de contratos de trabajo, al asegurar la estabilidad laboral y dificultar los despidos en el sector privado, les proporcionó un nuevo instrumento, el ausentismo. A comienzos de 1975, según cifras oficiales, éste alcanzó el 20 por ciento de la fuerza laboral.

El balance de los jefes sindicales en este primer tramo del gobierno de Isabel era positivo. Sin embargo, esta convergencia inicial de intereses entre los sucesores de Perón y la dirigencia sindical estaba destinada a tener una corta vida. Al mismo tiempo que la dirección sindical se replegaba sobre sus intereses corporativos, abandonando el proyecto de Perón para fortalecer su propio poder político, Isabel y sus asesores se lanzaban a una política poco proclive a las negociaciones de compromiso con las distintas fuerzas sociales y políticas. En tales circunstancias, el enfrentamiento entre la cúpula sindical y el nuevo gobierno era inevitable.

Los primeros síntomas del malestar reinante entre los jefes sindicales se dejaron oír en ocasión del operativo de repatriación de los restos de Eva Perón, en el mes de noviembre. La noticia los tornó de sorpresa. La prensa comentó las misteriosas circunstancias que rodearon la repatriación del cadáver de Evita y la ausencia de representantes de la CGT en las ceremonias que se llevaron a cabo. La sigilosa operación, dijo él semanario Las Bases, vocero de la derecha del peronismo (los denominados ortodoxos), había sido motivada por la intención del gobierno de prevenir un golpe extremista que se apoderara de los restos de Evita (como había ocurrido con los restos del ex presidente Aramburu). Los jefes sindicales pidieron una entrevista a Isabel. Pese a los desmentidos oficiales, los rumores de enfriamiento en las relaciones entre la dirigencia sindical y el gobierno cobraron fuerza a partir de entonces.

Isabel había anunciado la convocatoria de las comisiones paritarias que discutirían los salarios y las condiciones de trabajo. Ese anuncio, sin embargo, no era suficiente para poner fin al recelo de los jefes sindicales que reclamaban un espacio político en un gobierno que se mostraba poco dispuesto a otorgárselos. Así, el nuevo año de gestión de Isabel se inició con una clara ofensiva de la dirección sindical. Lorenzo Miguel declaró al diario La Opinión (8-I-1975) que el movimiento sindical debía participar más directamente en las decisiones estatales. Un mes antes, los parlamentarios de extracción sindical, siguiendo las directivas de la nueva cúpula sindical, habían reclamado la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

En el mes de octubre de 1974 habían conseguido desplazar al ministro Gelbard y peronizar al gabinete en un lugar clave. Gómez Mor ales, hombre de la vieja guardia peronista, ministro de Economía en la segunda presidencia de Perón (1952-1955) y gestor del plan de austeridad, que entonces se puso en marcha, reemplazó a Gelbard. El nuevo ministro de Economía optó por una solución de compromiso para hacer frente a la deteriorada situación cuyo síntoma más visible era la inflación (los precios subieron alrededor del 12 por ciento en el último trimestre de 1974). Esta política se manifestó en el aumento salarial del 15 por ciento, otorgado a partir del mes de noviembre, pero ese aumento se transfirió a los precios. Las fórmulas de «austeridad y productividad», ya aplicadas por Gómez Morales en 1952, mal se compaginaban con las actuales condiciones.

Cuando en febrero de 1975 Isabel convocó oficialmente a sindicatos y empresarios para discutir los aumentos salariales y las condiciones de trabajo, los jefes sindicales se hallaban en una situación difícil. El plan de austeridad anunciado por Gómez Morales para hacer frente a la inflación y a la desfavorable situación externa les dejaba un margen estrecho para la renegociación de los salarios. Mientras tanto, el costo de la vida había subido notoriamente en los últimos meses (entre noviembre de 1974, fecha del último reajuste salarial, y marzo de 1975, creció a 26 por ciento). La CGT criticó duramente la política de la Secretaría de Comercio, encargada de vigilar los precios, y pidió al ministro un aumento de emergencia para compensar la pérdida del poder adquisitivo. El aumento fue concedido a comienzos de marzo y se aproximó al 20 por ciento (400 pesos mensuales). Pese a su visión más ortodoxa —Gómez Morales era un banquero— no basaba sus medidas deflacionarias en la reducción de los salarios, ni podía hacerlo. Ésa era también su principal debilidad. El panorama económico era sombrío pese al clima de prosperidad reinante. La inversión, que había alcanzado al 23.4 por ciento del PNB en el último cuarto de 1974, descendió al 20.8 en el primero de 1975. La inversión pública no pudo compensar la drástica caída de la inversión en el sector privado (cfr. di Tella s/d: 26-30). Las exportaciones, negociadas con una tasa de cambio inmodificada, estaban en franco retroceso, mientras que las importaciones se incrementaban, aprovechando los márgenes excepcionales que brindaba la sobrevaluación del peso.

Gómez Morales desplegó una estrategia destinada a atraer capitales extranjeros y compensar, en parte, Ja reducción buscada en el nivel de inversión pública. Pero, del mismo modo que no podía alterar drásticamente el nivel de vida de los trabajadores, tampoco pudo flexibilizar la ley de inversiones extranjeras. Gómez Morales, entonces en la presidencia del Banco Central, se había opuesto a las medidas anunciadas por Isabel el 17 de octubre de 1974: la «argentinización» de las bocas de expendio de combustible de la Esso y la Shell; la nacionalización de cinco bancos que habían sido comprados por capitales extranjeros durante el gobierno militar, y la anulación de los contratos telefónicos de Siemens y de la ITT. Esas medidas, calurosamente recibidas por el sindicalismo, eran contradictorias con los lineamientos económicos del nuevo ministro. Gómez Morales logró devaluar el peso en un 50 por ciento (de 10 a 15 pesos por dólar) sin que esa medida eliminara el alto grado de sobrevaluación.

El nuevo ministro, un moderado, ya no podía hacer frente a la situación: la escalada de los precios y la convocatoria de las comisiones paritarias lo dejaban en un callejón sin salida. Su designación en el Ministerio de Economía había sido una salida de transición: el precio que Isabel y sus asesores estuvieron dispuestos a pagar para consolidarse en el gobierno con el apoyo de los jefes sindicales. Pero, sin el respaldo político del gobierno para llevar a cabo su plan de austeridad y productividad, Gómez Morales nada podía lograr.

La crisis política

Las negociaciones colectivas se iniciaron sin que el gobierno fijase límites ni guías al qué y cómo negociar. Ni los sindicalistas ni los empresarios encontraron respuestas a sus interrogantes. El ministro de Trabajo, Ricardo Otero, hombre de extracción sindical, declaraba que las negociaciones eran libres, sin topes a los aumentos salariales. Los jefes sindicales solicitaron sin éxito entrevistas a Isabel. La definición oficial no llegaba.

Mientras tanto, los conflictos laborales, que habían descendido entre noviembre y marzo como consecuencia de la nueva legislación represiva, comenzaron a aumentar. La parálisis de las negociaciones de las comisiones paritarias pasó a ser el motivo más frecuente en los conflictos laborales (Jelín 1978:22-23). En marzo de 1975, nuevamente en Villa Constitución, la ciudad industrial que había sido paralizada un año antes durante el conflicto laboral en la fábrica Acindar, estalló una confrontación que se prolongó durante dos meses. La duración de este conflicto reflejó el clima de crisis política que se vivía en esos momentos. El gobierno dijo haber descubierto una conspiración destinada a paralizar la industria pesada en el cordón industrial del río Paraná. El operativo policial culminó con el arresto de la plana mayor de la seccional local de la UOM[96] y de líderes locales de otros sindicatos. La consecuencia inmediata de esta acción fue la paralización de la producción industrial que, según el ministro del Interior, el operativo trataba de evitar. En Buenos Aires, Córdoba y Rosario, voceros de los sindicatos de la industria automotriz advirtieron que de no solucionarse inmediatamente el conflicto, paralizarían sus lugares de trabajo. Después de dos meses de indefinición por parte del gobierno, el trabajo fue normalizándose gradualmente con la liberación de algunos detenidos, aunque los líderes más notorios siguieron en prisión. El supuesto complot no era sino la culminación de la dura lucha librada entre los sectores sindicales: el gobierno apoyando a la minoría oficialista como parte de la estrategia de supresión de la oposición sindical.

En el mes de mayo, y cuando se acercaba la fecha para declarar finalizadas las negociaciones de las comisiones paritarias, se llegó a un acuerdo. El aumento salarial sería del 38 por ciento y tendría un carácter uniforme. Los jefes sindicales recibieron con alivio este arreglo que superaba largamente la cifra ofrecida por Gómez Morales y se aproximaba a las demandas sindicales. El enfrentamiento entre el sindicalismo y el gobierno de Isabel parecía haber sido conjurado. Sin embargo, antes de que empresarios y sindicatos llegasen a firmar los nuevos contratos se produjo la renuncia de Gómez Morales.

El 2 de junio Celestino Rodrigo, miembro del denominado «clan López Rega», fue nombrado ministro de Economía. El nuevo equipo económico quería liberar los precios, poner fin a la sobrevaluación del peso, mejorar los precios agrícolas, estimular las inversiones privadas, incrementar los precios de los bienes y servicios públicos, disminuir el déficit presupuestario, mantener bajos los niveles salariales y, por sobre todo, quebrar el poder de los sindicatos. Esta concepción ortodoxa no difería de la de Gómez Morales. Sin embargo, mientras que éste se proponía lograr gradualmente esas metas, Rodrigo —siguiendo las directivas de Isabel y su «entorno»— estaba dispuesto a aplicar de un golpe el paquete de medidas. La única excepción era la continuidad del programa de viviendas a caigo del ministerio de Bienestar Social, cuya cabeza era López Rega.

El anuncio del nuevo ministro, inmediato a su ascensión al cargo, de un aumento superior al cien por ciento en el precio de los servicios públicos y combustibles y la devaluación del peso en cien por ciento (de 15 a 30 pesos por dólar), conmovieron a la opinión pública. La dirección de los cambios era la esperada, pero la intensidad de los mismos tomó por sorpresa a todos los protagonistas. Puede suponerse que la intención de esta política era crear una situación sin opciones a la dirección sindical, cuyo reemplazo era un objetivo político del gobierno.[97]

El efecto inmediato de esas medidas fue paralizarlas negociaciones entre sindicatos y empresarios. Se desató entonces una movilización masiva y espontánea contra el nuevo ministro, fuera de todo control de los sindicatos. Los jefes sindicales, amenazados por el giro político adoptado por el gobierno, se lanzaron a una lucha por su propia supervivencia. Un obrero de la planta IKA-Renault en Córdoba declaró al periodista del Washington Post: «La CGT es parte del gobierno ahora, ¿cómo pueden ellos ayudarnos?» (The Washington Post, 14-VI-1975). Los líderes sindicales tenían que mostrar a las bases que ellos eran sus defensores. Así, la CGT sostuvo que el acuerdo alcanzado, del 38 por ciento, había caducado ante las nuevas medidas adoptadas por Rodrigo. El ministro ofreció el 45 por ciento pero su oferta fue rechazada por la dirección sindical.

Bajo la presión sindical, el gobierno finalmente decidió dar libertad a empresarios y sindicatos para fijar los nuevos aumentos salariales, apelando sólo a la responsabilidad de las partes. Los nuevos acuerdos salariales variaron desde el 60-80 a más del 200 por ciento. El sindicalismo había logrado imponerse, pero esta victoria no aseguraba el triunfo final. A partir de entonces, los esfuerzos se concentraron en lograr la ratificación oficial de los nuevos acuerdos salariales. El 24 de junio el sindicato metalúrgico organizó una manifestación de apoyo y agradecimiento a Isabel, coreando la consigna «Gracias Isabel». Su objetivo era presionar a la presidenta para que ratificase los acuerdos. Como el ansiado aval de Isabel no llegaba y crecían los rumores de que los contratos serían anulados y reemplazados por un aumento uniforme de los salarios, la inquietud de los jefes sindicales los llevó a avanzar un paso más hacia la confrontación con el gobierno. Una confrontación que no querían, pero que tampoco podían evitar.

El 27 de junio la CGT organizó una manifestación de apoyo a Isabel, que fue la ocasión para expresar el rechazo a Rodrigo y a López Rega. En un acto transmitido por televisión, Isabel se entrevistó con los dirigentes sindicales esa misma tarde y les dijo «… les ruego que regresen a sus gremios, llevando la seguridad de que el problema queda en mis manos exclusivamente y que, mañana, daré a conocer mi respuesta» (The New York Times, 28-VI-1975).

Al día siguiente Isabel dio a conocer su resolución. Se derogaban las paritarias y se otorgaba un aumento inicial del 50 por ciento y un 15 por ciento adicional en octubre y enero de 1976. El ministro de Trabajo renunció de inmediato y la respuesta obrera fue la paralización de labores en los principales centros del país. El anuncio de la presidenta, acompañado de sus quejas hacia los hombres del sindicalismo, obligaba a los jefes sindicales a continuar avanzando en el enfrentamiento con el gobierno. ¿Qué podían hacer los líderes sindicales ante esta ofensiva de Isabel, hasta entonces identificada con Perón y cuidadosamente mantenida por ellos mismos al margen de los conflictos laborales? Después de unos días de indecisión la CGT dispuso un paro general de 48 horas. Era la primera vez que la CGT llamaba a una huelga general durante un gobierno peronista. Un dirigente sindical respondía así a un periodista: «El barco se está hundiendo y no nos vamos a ir a pique con él. No hay un solo sindicato que pueda pedirle a sus bases que paren las negociaciones salariales». Otro dirigente declaraba: «los izquierdistas sacaron partido con el creciente descontento popular, pero esos trabajadores todavía pueden volverles la espalda. Nosotros tenemos que mostrarles que sus líderes lucharán para proteger sus ingresos» (The New York Times, 28-VI-1975).

La CGT declaró que el llamado a la huelga tenía como objetivo «apoyar a la presidenta». Los jefes sindicales se encontraban ante el dilema planteado por la lealtad a Isabel y las presiones de los sindicatos de oposición que aspiraban a derrocarlos. La condensación de la lucha en las figuras de López Rega y Rodrigo les permitió mantener un precario equilibrio y conservar un margen de maniobra para frenar la ofensiva de la oposición.

Al día siguiente de la huelga el gobierno anunció que aprobaría los contratos salariales en litigio, y pocos días después Rodrigo y López Rega presentaron sus renuncias. La crisis política había terminado con la victoria de los jefes sindicales. Isabel los había acusado de no comprender la gravedad de la situación económica. En señal de buena voluntad, la CGT decidió dar al gobierno un día de jornal por mes.

El negro panorama económico descrito por Rodrigo era el trasfondo de esta victoria sindical. Julio Broner, presidente de la CGE, declaraba a fines de julio que pocas empresas podrían pagar los salarios en la segunda quincena de julio a reponer insumos; sólo las transnacionales estarían en condiciones de hacerlo. En julio el costo de la vida había subido al 34.7 por ciento y los precios mayoristas al 42, según cifras oficiales.

La política que Rodrigo calificaba de «realismo económico» mal se compaginaba con las tradiciones del peronismo.[98] Esa política significaba un brutal giro a la derecha: el abandono de los puntos esenciales del programa «nacional y popular», que eran precisamente los que Perón había tratado de abandonar en las últimas etapas de su primer gobierno. Pero Perón ya no estaba y, de haber estado, queda en pie la duda acerca de su capacidad de convocatoria para disciplinar a las fuerzas sociales en lucha. El estilo autoritario inaugurado por Isabel poco tenía que ver con las enseñanzas del líder. Lo que estaba en juego entonces era la identidad misma del movimiento peronista. A la lucha del sindicalismo se agregaba la pugna interna dentro del movimiento peronista. La victoria del sindicalismo hacía de éste el principal soporte del régimen, a la vez que le otorgaba una cuota de poder mucho mayor que la que había tenido durante la presidencia de Perón. Los jefes sindicales pasaban a convertirse en actores centrales en la toma de decisiones estatales, un papel que habían reclamado pero que no estaba exento de dificultades. Por una parte, era una tarea difícilmente conciliable con la de representantes de las demandas reivindicativas de las bases; por otra, no los encontraba unificados en torno a un programa claro de acción. En la crítica situación económica por la que atravesaba el país, al borde de la cesación de pagos, los jefes sindicales se movieron según cálculos contingentes y esa política confusa de alianzas aceleró la crisis política.

Isabel, por su parte, se quedaba sola. Esa mujer frágil, con la salud quebrantada y frecuentes explosiones de ira, había visto desaparecer al general y ahora se alejaba López Rega. Diez años más tarde volvía a enfrentarse con los líderes sindicales. En 1964 y 1965 éstos habían tratado de romper con el líder y armar «el peronismo sin Perón». En aquel entonces perdieron la partida. Pero Isabel, a diferencia de Perón, no había olvidado ni perdonado a los que condujeron ese movimiento de ruptura durante los años de exilio del general.[99] Algunos de esos mismos hombres volvían a enfrentársele. Sin el carisma personal de Perón, Isabel nada pudo hacer. La victoria del sindicalismo la dejaba sin política en un contexto marcado por la intensificación de las luchas dentro del movimiento peronista. La crisis de julio, conocida como «el rodrigazo», cerró una etapa. A partir de entonces, Isabel ofreció el espectáculo de la impotencia política y no hubo ya salida para la crisis de autoridad del estado.

8. LA AGONÍA DEL RÉGIMEN

El gobierno a la defensiva

El diseño político con que Isabel y su «entorno» proyectaron consolidarse en el poder había fracasado estruendosamente. La rebeldía de los jefes sindicales, alimentada por la movilización de las bases obreras, puso fin a sus esperanzas de una reconversión disciplinada del movimiento obrero hacia la derecha del espectro político. En ese intento fallido no lograron contar con el apoyo —y ni siquiera neutralizar la hostilidad— de aquellos que, según su concepción del poder, eran los garantes principales de la continuidad en el gobierno: las jerarquías militares y los sectores más poderosos de la burguesía.

La intensificación de la violencia de la izquierda y de la derecha (esta última contando con la complicidad y la protección del gobierno), le había servido a Isabel y sus asesores, en un primer momento, para justificarse en el gobierno que habían heredado. El tema del terrorismo fue la convocatoria con la que esperaron conseguir, si no el apoyo, al menos la neutralidad de los sectores políticos de la oposición y de los militares. Pero ese recurso no les sirvió para estabilizar un régimen cuyo proyecto político se basaba en la traición a las ideas programáticas del propio Perón. La invocación del peligro urgente que amenazaba al orden social no bastó para acallar el conflicto sobre la verdadera identidad del peronismo en el seno del Partido Justicialista.

El año de gestión de Isabel, que se cierra con la crisis de julio, marcó el apogeo y la caída del círculo presidencial. El giro brutal hacia la derecha había dejado al sindicalismo sin otra opción que la del enfrentamiento. Los empresarios no brindaron el apoyo esperado a la política económica y, por el contrario, ejercieron una presión sistemática para boicotearlo. Los militares, en actitud de resistencia pasiva, se convirtieron en un factor más de aceleración de la crisis. El panorama económico (hiperinflación, recesión, situación crítica de la balanza de pagos, enorme déficit público) constituía una suerte de reflejo de la agudización de los conflictos sociales que, ya sin mediador, escapaban a todo control. Para julio de 1975 la política de Isabel y su «entorno» ya estaba en quiebra. Como vimos, había fracasado la política sindical, luego de una breve convergencia entre la dirección sindical y el grupo presidencial, encabezado por López Rega. Pero ¿qué había pasado con los demás protagonistas sociales?

El enfrentamiento con los jefes sindicales —principales socios de la política del gobierno en su etapa inicial— se había articulado a la pugna interna dentro del movimiento justicialista. Muerto Perón, el conflicto acerca de la identidad del peronismo dominó la escena partidaria. Para la mayoría de los parlamentarios peronistas, como para los jefes sindicales, López Rega no era un peronista. Ajeno a las tradiciones del peronismo, su poder descansaba en la influencia que éste ejercía sobre Isabel. Ambos habían sido aceptados sin entusiasmo por el movimiento justicialista, gracias al mecanismo sucesorio impuesto por Perón. Su único mérito público era el de haber constituido el círculo íntimo del general en el exilio. La herencia que les había asegurado el acceso a la presidencia, según un misterioso designio del líder, hacía depender la estabilidad de su gobierno del respeto por las enseñanzas de éste. Muy pronto el círculo presidencial se enfrentó con la resistencia de los viejos peronistas que, en nombre de la tradición, impugnaron el proyecto de reconversión del peronismo. Los jefes sindicales también tuvieron que tomar ese camino para sobrevivir políticamente.

El cálculo de los políticos peronistas había sido el respeto a la verticalidad como reaseguro de una unidad que, aunque precaria, les otorgase un margen de maniobra institucional para dirimir sus enfrentamientos. Pero ese esperado margen de maniobra no fue otorgado por Isabel y su círculo. El grupo presidencial fue ganando posiciones dentro del Partido Justicialista gracias a la imposición autoritaria, y al precio de acentuar la fragmentación interna.

Esa fragmentación interna, si aseguraba una resistencia menos organizada a la política oficial, imponía a todos los rivales una unánime oposición a esa política. La crisis laboral de julio fue la ocasión para que esa oposición saliese a la luz. Los parlamentarios peronistas, que hasta entonces habían mantenido vacante la presidencia del Senado,[100] dieron su aval para nombrar un nuevo presidente. La designación recayó en Ítalo Lúder, un peronista moderado, con buenas relaciones en el ámbito sindical, en las fuerzas armadas y en los partidos de la oposición. También bloquearon el camino al proyecto de ley de acefalía presentado por el Ejecutivo, según el cual la sucesión presidencial podía recaer en algunos ministros del gabinete. En la versión del Senado, avalada poco después por los diputados, el sucesor tenía que ser un miembro del Congreso o un gobernador. A fines de julio la Cámara de Diputados votó la destitución de Raúl Lastiri de su cargo de presidente y el Partido Justicialista lo removió de su cargo de vicepresidente.

Sin el apoyo de los jefes sindicales y de los políticos peronistas en el Parlamento, el gobierno tenía que recostarse necesariamente en las fuerzas armadas, disminuir la hostilidad de las jerarquías militares para garantizar la supervivencia de su poder cuestionado. La política de giro a la derecha en el campo económico, apenas esbozada, ya estaba en quiebra, y mal podía convocar el apoyo de los sectores más poderosos de la burguesía. La lucha contra la guerrilla, a cargo de los militares, no era un motivo suficiente para comprometerlos en la defensa de su política. La Unión Cívica Radical había abandonado a Gelbard, pero no podía apoyar el nuevo rumbo económico. El clima de endurecimiento político y represión generalizada de la vida cultural la convertía en el principal vocero de la defensa de las libertades civiles atacadas. En la crítica situación económica por la que atravesaba el país, la resistencia de la UCR tenía poco eco, pero marcaba un alejamiento creciente de cualquier entente política.

En esas condiciones, el gobierno de Isabel intentó cambiar el equilibrio de fuerzas en la institución militar. Pero la tentativa oficial fue particularmente ineficaz. En el mes de mayo forzó la renuncia del general Anaya, comandante en jefe del ejército. En su reemplazo, Isabel designó al general Alberto Numa Laplane, un partidario del «profesionalismo integrado», doctrina que comprometía a la institución con la política gubernamental. La resistencia contra esa política no se hizo esperar. Las jerarquías militares, pese a la declarada vocación de apoyo al gobierno de Laplane, manifestaron que el conflicto laboral era un asunto interno del movimiento peronista y se resistieron a intervenir contra la CGT en la crisis de julio. Volcando su peso del lado de la oposición, decidieron la suerte de López Rega y Rodrigo.

El nombramiento del coronel Damasco como ministro de Interior, en la reorganización del gabinete que siguió a la crisis de julio, era un paso más de la estrategia de Isabel hacia los militares. Muchos creían ver en esa reorganización una alianza entre el gobierno y las fuerzas armadas, que se aseguraban de ese modo el control de un lugar clave para enfrentar la lucha contra la guerrilla. Sin embargo, las jerarquías militares se apresuraron a manifestar su «total independencia» del nuevo gabinete y solicitaron a Isabel la renuncia de Damasco (un coronel con ambiciones presidenciales). Damasco tenía un plazo de dos meses para renunciar al gabinete o pedir su retiro del arma. El anuncio de que pasaba a retiro no satisfizo a nadie. Las tres armas reclamaron la renuncia de Laplane. Isabel tuvo que ceder pero insistió en reservarse el derecho de nombrar al reemplazante. La presidenta propuso a uno de los generales más jóvenes para ocupar ese cargo, lo que significaba el retiro forzado de todos los generales que se le oponían. Era una solución inaceptable. El cargo recayó en el general Jorge Rafael Videla. Poco después renunció el coronel Damasco.

La línea del «profesionalismo prescindente» había triunfado en las fuerzas armadas. Pese a sus esfuerzos por imponer una política que podía ser afín con los intereses dominantes en las altas jerarquías militares, Isabel no era un aliado posible.[101]

El enfrentamiento entre Isabel y las fuerzas armadas acrecentó los rumores de golpe militar, convirtiendo a esa amenaza en un elemento más de aceleración de la crisis de autoridad reinante. La confrontación de julio —en el plano sindical, político y militar— no terminó con el desplazamiento del equipo que rodeaba a Isabel. El peronismo se enfrentaba a la dura prueba de sobrevivir a Perón, internamente escindido entre «verticalistas» (partidarios de Isabel) y «antiverticalistas» (partidarios de retomar las banderas de Perón).

El proceso de rápido distanciamiento entre el régimen político y la realidad de las luchas sociales había desembocado en la descomposición de la autoridad estatal. Isabel reinaba, pero ya no gobernaba. Ese extrañamiento de las instituciones políticas con respecto a la sociedad civil había intensificado las pugnas internas en el movimiento peronista. Pero su legado más visible en la escena política fue el recrudecimiento de las actividades de la guerrilla y la multiplicación de la violencia de la derecha, protegida por el círculo presidencial.

Las necesariamente difíciles relaciones entre el grupo presidencial y la izquierda peronista habían desembocado, luego de una breve tregua marcada por la muerte del general, en el enfrentamiento directo. Los atentados a los locales y dirigentes de la Juventud Peronista, la clausura de sus órganos de expresión, la ley de seguridad del estado, eran parte de un operativo lanzado desde el gobierno para liquidar de entrada (y con la acción de la denominada Tres A, Alianza Anticomunista Argentina, grupo protegido y armado por López Rega), a la izquierda dentro y fuera del peronismo. Una represión política y cultural de vastos alcances completó el cuadro de endurecimiento político del gobierno.[102] En septiembre de 1974 Mario Firmenich anunció el paso de la organización Montoneros a la clandestinidad. La total ruptura con el gobierno y la reasunción de las actividades guerrilleras, cuyo blanco principal pasaron a ser los militares, colocaron a la violencia en el primer plano de la escena política. Firmenich había declarado que, de hecho, estaban proscritos y que el único camino era «la resistencia armada integral» contra un gobierno que traicionaba a Perón. Se iniciaba, para los Montoneros, lo que denominaron «una nueva etapa de la resistencia».[103]

En noviembre el gobierno declaró el estado de sitio para «ordenar todas las formas de represión contra nuevas y reiteradas manifestaciones de violencia que se han consumado para impedir la realización de una Argentina Potencia y de una revolución en paz».[104]

La izquierda peronista no tenía otra opción que la del enfrentamiento con el gobierno de Isabel. Ese enfrentamiento fue definido militarmente: retomar las armas para luchar contra el gobierno en nombre del pueblo. La opción militar era la respuesta a la represión, pero reflejaba también el intento por construir, a partir de una vanguardia revolucionaria, una dirección política alternativa dentro del peronismo, y capitalizar a su favor la crisis de identidad por la que atravesaba el movimiento, ya desaparecido su mediador.

Como se analizó en páginas anteriores, la ofensiva de Perón se había armado contando con su poder de convocatoria sobre la juventud radicalizada y la guerrilla. Una vez en el poder, el viejo general apeló a las 20 Verdades del Justicialismo para, desde la ortodoxia, redefinir el lugar de esos sectores en su movimiento. La juventud no debía confundir la realidad con sus deseos. La respuesta de ésta fue la radicalización de sus demandas, la acentuación de las diferencias ideológicas que la separaban del líder. En esas condiciones, el desencuentro era inevitable. El enfrentamiento se produjo poco antes de la muerte de Perón: éste, desde los balcones de la Casa Rosada, el 1.º de mayo de 1974, los calificó de «imberbes» y de «mercenarios al servicio del extranjero». Condenados al aislamiento político, los sectores de la juventud radicalizada nacidos al calor de las luchas de fines de los años 60, se lanzaron a una ofensiva en nombre del «verdadero peronismo». Esta vez la confrontación se definía contra un gobierno que traicionaba los principios del conductor del movimiento: «El gobierno represivo y antipopular de Isabel no es peronista».

Los sucesores de Perón desplegaron un operativo simétrico y opuesto al de las juventudes radicalizadas: trataron de redefinir la identidad política del peronismo, pero hacia la derecha. Las acciones de la guerrilla y de los comandos fascistas (las AAA) se multiplicaron con el contexto de una lucha que fue definida como una guerra por ambos bandos.

El operativo del grupo presidencial fracasó, impugnado por la movilización de los trabajadores, la pérdida del control de los aparatos sindicales, el cuestionamiento de políticos peronistas y de la oposición, la hostilidad de la burguesía y de los militares, la intensificación de la violencia.

Si el descontento popular crecía, y, en nombre del propio Perón, lograba desmantelar al grupo presidencial, también crecía el temor. Los esfuerzos de la izquierda peronista por constituirse en una dirección política alternativa chocaban con la resistencia de identidades políticas heterogéneas dentro del peronismo. El fracaso del proyecto presidencial de reconvertir hacia la derecha la conciencia política de los sectores populares no aseguraba que las consignas de la izquierda tuviesen un eco capaz de unificarlos bajo esa dirección. El intento de unificación política se enfrentaba con la desarticulación del campo popular, una desarticulación que la presencia de un gobierno elegido por los trabajadores había venido a acelerar.[105] El movimiento peronista había subordinado su práctica a la voluntad de su conductor. Desaparecido éste, quedaba paralizado por sus pugnas internas e incapaz de hacer frente con coherencia y eficacia a los desafíos que se le planteaban. La propia dinámica interna de sus luchas acentuaba la separación entre las luchas sociales y las luchas contra la política estatal. La respuesta militar, la guerrilla, fue una de las formas extremas en que se reflejó esa separación entre la dialéctica societal y la política.

Isabel fracasó en todos sus esfuerzos por darse una base de apoyo para mantener un poder cuya herencia era difícil de aceptar. En un clima marcado por la intensificación de la violencia, vio esfumarse sus ilusiones de «disciplinar» a sindicalistas y políticos y tampoco pudo modificar a su favor la relación de fuerzas en el seno de la institución militar. Su convocatoria a unirse contra la subversión no le servía para consolidarse en el gobierno.

El frágil compromiso

El corolario final de la confrontación de julio fue el alejamiento temporario de Isabel del gobierno. Lúder se hizo cargo interinamente de la presidencia, pero su intento de recomponer el orden social y rehabilitar las instituciones políticas estaba destinado al fracaso: el verdadero conflicto acerca de la identidad del peronismo seguía pendiente.

El sindicalismo había ganado gran influencia política gracias a su victoria sobre el gobierno y a la consecuente crisis estatal que se había desatado. Esa crisis lo convertía en el pilar fundamental de un gobierno cuya supervivencia era en esos momentos problemática. El ministro de Economía que reemplazó a Rodrigo, un hombre de la vieja guardia peronista, fue recibido por los jefes sindicales con la consigna que habían levantado para esa hora: «retornar al verdadero peronismo». Bonanni intentó poner en marcha un compromiso con la CGT para hacer frente a la crítica situación económica. La inflación, algo menor en el mes de agosto (22.1 por ciento) que en julio, representaba, en comparación con el mes de agosto de 1974, un aumento del 238.6 por ciento. La recesión avanzaba y crecía el desempleo (en Buenos Aires la tasa de desempleo pasó del 2.3 al 6 por ciento).

El nuevo ministro no tenía poder de arbitraje. La tregua social que propuso, a pedido de la CGT, fue rechazada por el empresariado con el argumento de que las empresas caerían en la bancarrota. A los 21 días de asumir el cargo, renunció.

Con el apoyo de sindicalistas y políticos peronistas, Antonio Cafiero fue designado ministro de Economía (el quinto ministro del régimen). El nuevo equipo económico estaba vinculado a la dirigencia sindical (Cafiero había sido asesor de la CGT y el ministro de Trabajo, Ruckauf, un joven sindicalista, había sido elegido por la dirigencia sindical). La estrategia de Cafiero fue enfrentar los graves problemas económicos con un enfoque gradualista consistente en la indexation progresiva de salarios, precios y tasa de cambio (las minidevaluaciones del peso). Esa política parecía ofrecer las bases de un compromiso estable entre las clases sociales. Flanqueado por la CGT y la CGE, Cafiero era la esperanza de un retorno a la política de concertación y diálogo. En el mensaje que dirigió al país el nuevo ministro dijo: «En Argentina se han acabado los shocks, se han acabado los palos a la izquierda y derecha, los palos a ciegas, se han acabado los elefantes en el bazar. En la Argentina ha entrado la época de la sensatez, de la cordura, del razonamiento claro, preciso, sistemático, sobre los problemas que debemos abordar» (citado en Kandel y Monteverde 1976:94-95). El prestigio técnico del ministro y de su equipo, dentro y fuera del peronismo, y la influencia política que éste tenía en la CGT, renovaron la esperanza de una gestión exitosa de la crisis. Su política parecía razonable. Muy pronto, sin embargo, se reveló incapaz de contener la lucha descarnada por la apropiación del ingreso.

Los jefes sindicales, ahora con participación directa en la gestión estatal, tenían que enfrentar las presiones de las bases obreras en demanda de aumentos salariales. Las distorsiones de la estructura salarial que emergió de la crisis laboral de julio (los aumentos habían oscilado entre el 60 y el 200 por ciento) hacían que aquellos que habían quedado rezagados reclamaran un aumento equivalente al obtenido por otras categorías de obreros. Mientras esto ocurría, se gestaban nuevas demandas salariales para compensar el deterioro del poder adquisitivo en los sectores que habían salido beneficiados en los contratos de trabajo de julio. Entre los meses de septiembre y enero el tema salarial fue el dominante en los conflictos obreros. A las demandas obreras se sumaron las de los sectores de clase media (médicos, personal de justicia).[106] En ese contexto —complejizado por la intervención de la guerrilla en los conflictos (operativos de secuestro y ajusticiamiento de empresarios)— el equipo económico no podía formular una política salarial.

La protesta obrera, en condiciones de recesión económica y de accionar de la guerrilla en las fábricas, dejaba un margen muy estrecho de acción a la nueva conducción económica y colocaba en una situación difícil a los líderes sindicales. En agosto, un líder sindical peronista declaraba: «En estos momentos hay muchos dirigentes sindicales que son lo suficientemente fuertes como para llamar a una huelga, pero hay muy pocos que tengan la fuerza para parar una» (The New York Times, 13-VIII-1975).

Mientras tanto, se había creado una nueva organización empresarial, la APEGE,[107] controlada por el gran capital agrario y comercial. Con ese nuevo instrumento de presión los productores agrarios lanzaron un paro ganadero, consistente en interrumpir los envíos de hacienda a las subastas, que se prolongó durante once días. Esto ocurrió en el mes de septiembre y fue el primer paso de una escalada destinada a desestabilizar la economía y a crear un clima de caos.

La situación hacía difícil mantener el optimismo inicial de Cafiero y su equipo. A fines de octubre se decretó una tregua social de 180 días que prohibía los despidos y las huelgas. El 25 de ese mismo mes se firmó la denominada «Acta de Concertación Social Dinámica» entre la CGT, la CGE y el gobierno. Ese intento de reeditar el Pacto Social desde un nuevo enfoque económico (indexación de salarios cada tres meses, a partir de enero de 1976) era el eje de la política deflacionaria del equipo económico. Se proyectaba crear un Instituto Nacional de las Remuneraciones, la Productividad y la Participación, que vigilaría los incrementos salariales y quedaría integrado por representantes de obreros y empresarios. La nueva política fue inmediatamente vulnerada: una semana después de firmado el pacto Cafiero, bajo la presión del sindicalismo, otorgó un aumento salarial del 27 por ciento, aplicable a partir de noviembre. La CGE no había sido consultada. Sin la capacidad de arbitrar el comportamiento de sus aliados sindicales, el intento de reeditar una política de estabilización estaba condenado al fracaso. El frágil compromiso entre la dirigencia sindical y el equipo económico era un compromiso imposible. Sin la presencia de Perón para legitimar el Pacto Social, los jefes sindicales se encontraban en un callejón sin salida, comprometidos en una política económica que era impugnada desde las bases.

Pese a los esfuerzos del ministro (negociaciones con el FMI, minidevaluaciones,[108] medidas impositivas), el panorama económico a fines de 1975 era crítico. La producción industrial continuaba cayendo (de —5.6 por ciento en el tercer cuarto a— 8.9 por ciento en el último cuarto del año); el PBI cayó 3.2 y 6.3 por ciento en ese lapso; la inversión llegó a reducirse en un 20.2 por ciento en el último cuarto del año. En el mes de noviembre los ganaderos declararon una segunda huelga que afectó al abastecimiento de la población en mayor medida que la primera (cfr. s/d:43; Muchnik 1978:222 ss.).

Isabel había regresado a su puesto a mediados de octubre. Envuelta, junto con figuras del clan lopezreguista, en un escándalo de malversación de fondos, su presencia en el gobierno aumentaba las resistencias desde dentro y desde fuera del peronismo. En el ejército, en el mundo de los negocios, entre los líderes políticos, se hablaba de un «vacío de liderazgo».

En el movimiento sindical, Victorio Calabró, gobernador de la provincia de Buenos Aires y segundo en la jerarquía del sindicato metalúrgico, encabezó la rebelión abierta contra el verticalismo defensor de Isabel. La batalla que se libró a partir de entonces entre Calabró y Lorenzo Miguel reflejó la escisión presente en el movimiento laboral. La mayoría de los líderes de la CGT y buena parte de las 62 Organizaciones se oponían a Isabel. Lorenzo Miguel la apoyaba. El ataque de los leales no se hizo esperar. Calabró fue expulsado en noviembre del Partido Justicialista, de la UOM y de las 62 Organizaciones.

El desafío en el movimiento laboral se articulaba con la rebelión de los parlamentarios peronistas en el Congreso. La formación de un bloque peronista disidente, antiverticalista, privó al gobierno de la mayoría garantizada en la Cámara de Diputados. Antes de la ruptura, el Frejuli tenía 142 bancas contra 101 de la oposición. Consumada la escisión, la oposición y los peronistas disidentes contaban con 129 votos, los verticalistas con 102 y había 12 posiciones independientes. La rebelión ocurrió mientras una comisión legislativa estaba encargada de investigar los cargos de corrupción en la administración de Isabel.

El clima reinante a fines de 1975 hacía inminente el desplazamiento de Isabel Perón. Políticos disidentes y de la oposición tenían que encontrar una salida legal para la crisis de autoridad del estado; tenían que armar un gobierno sin Isabel. Las presiones que ejercieron, junto a los sindicalistas partidarios del alejamiento de la presidenta, hicieron que ésta aceptase adelantar la fecha de las elecciones (no sin apelar a recursos irritativos, como el de fijar la fecha de los comicios para el 17 de octubre de 1976, «día de la lealtad»). Calabró decía entonces: «así no llegarnos al 77». Los rumores de golpe militar estaban a la orden del día. El año no terminó sin que los militares ocupasen el centro de la escena. En diciembre hubo un levantamiento en la fuerza aérea, conducido por un grupo de oficiales con la consigna de derrocar al gobierno. El motín fue sofocado, pero la expectativa de un golpe militar dominó a todos los protagonistas sociales. El general Videla, la máxima autoridad de las fuerzas armadas, advirtió en su mensaje de Nochebuena que tenían que modificarse los rumbos y que debían «actuar aquellos que deban adoptar las decisiones que solucionen los problemas del país». Esta advertencia contenía un doble y contradictorio mensaje: exhortaba a los civiles a encontrar una salida política negociada, al mismo tiempo que, por su carácter de ultimátum, bloqueaba la posibilidad de una solución política. El equívoco creado por unas fuerzas armadas que se autodefinían como políticamente prescinden tes, pero afirmaban su derecho a vetar determinadas soluciones políticas, las convertía en los actores principales del desenlace. El golpe militar quedaba legitimado si los políticos fracasaban. Mientras tanto, los militares seguían a cargo del combate contra la guerrilla.

Que ésta era la definición de la situación lo confirma el testimonio del doctor Lúder. Al explicar por qué no convocó a una asamblea legislativa que declarase inhábil a la presidenta, dice: «En verdad, a esa altura de los acontecimientos yo estaba convencido de que la decisión de las Fuerzas Armadas de tomar el gobierno era irreversible. Atento a ello y a la falta de viabilidad constitucional de la convocatoria solicitada, procuré evitar el enfrentamiento del mundo político y la fractura del justicialismo…» (Lúder 1977:30).

La caída

El nuevo año se inició con una reorganización del gabinete. Isabel intentaba recuperar la iniciativa política al desprenderse de la coalición de sindicalistas y políticos moderados e imponer, de manera autoritaria, un equipo conservador. La reestructuración ministerial tornó de sorpresa a los jefes sindicales que, en un comienzo, reaccionaron con violencia. Muy pronto suavizaron sus reservas porque comprendieron que no podían lanzarse a una confrontación abierta con el gobierno, como lo habían hecho a mediados de 1975. Internamente escindidos entre leales a Isabel (el grupo de Lorenzo Miguel) y partidarios de su alejamiento, optaron por una actitud de pasividad y fatalismo, tratando de acomodarse a la nueva situación. El sindicalismo y buena parte de los políticos disidentes cerraron filas junto a Isabel ante la inminencia de un golpe militar, percibido como inevitable. No iban a contribuir a derrocar a un gobierno peronista; no querían comprometer su futuro.

Isabel reiteraba su frustrada tentativa de ganarse a las jerarquías militares. El nuevo grupo presidencial propuso a las fuerzas armadas la disolución del Parlamento y la «bordaberrización» del Ejecutivo, una maniobra similar a la realizada por el presidente de Uruguay en 1973. Los militares rechazaron la oferta. El nuevo gabinete esperaba ganarse la confianza de los sectores económicamente más poderosos del capital. Sin embargo, por primera vez, la sociedad argentina asistió a un paro general empresario de 24 horas, decretado por la APEGE. No quedaban dudas de que Isabel había escogido la fórmula del aislamiento.

Mientras en el Congreso lograban imponerse los verticalistas, bloqueando las propuestas de parlamentarios «institucionalistas» y de la oposición para desplazar a Isabel del cargo, y los hombres del sindicalismo contemplaban con impotencia el derrumbe del régimen, Isabel ofrecía el espectáculo patético de su obcecación. En un discurso en la CGT afirmaba: «Algunos creen que porque me ven flaca no tengo fuerzas. Es cierto que a veces estoy cansada, pero hay fuerzas que vienen de Dios y que nos hacen mover montañas, pero a veces me dan ganas de agarrar el látigo y terminar con aquellos que quieren el caos y la destrucción del país» (La Nación, 11-III-1976).

El nuevo ministro de Economía, Mondelli, anunciaba que no tenía un plan económico para enfrentar la situación; sólo tenía medidas (La Razón, 20-III-1976), e Isabel pedía a la CGT «que no lo silbaran mucho al pobre Mondelli».

A esa altura de los acontecimientos la desarticulación entre la dirigencia sindical (atravesada por sus pugnas internas y sumida en la difícil tarea de buscar una fórmula de acomodamiento con el gobierno) y los intereses obreros, era casi total.[109] Apostando a la reorganización futura del peronismo, sindicalistas y políticos quedaron a la espera del golpe militar. Cuando el 16 de marzo Ricardo Balbín pronunció un mensaje como último esfuerzo para encontrar una salida política, todos sabían, incluido el jefe del radicalismo, que era demasiado tarde, y que éste era un esfuerzo puramente retórico. El radicalismo también había quedado atrapado en la búsqueda de una salida legal que le garantizase su esperanza de llegar a ser el futuro de la política.

Los días que precedieron al golpe militar fueron de total disgregación en el campo sindical y político. El 22 de marzo Casildo Herrera, secretario general del sindicato textil y de la CGT, emigró a Montevideo. «Me borré», fue su única expresión a los periodistas. El ministro de Trabajo, Unamuno, decía el 23: «Estén seguros de que lo único que nos queda es caer como peronistas, fieles a nuestra doctrina y a la filosofía de nuestro general».

El 26 de marzo los militares desplazaron del poder al justicialismo en un acto que clausuró, en medio de la indiferencia o el fatalismo, el proceso que había comenzado tres años antes con el apoyo popular masivo. Nunca antes había sido tan fácil para las fuerzas armadas ocupar la Casa Rosada, se dijo. No había nadie en ella.

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LILIANA DE RIZ. Doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París con Mención Especial y Licenciada en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, con Diploma de Honor. Profesora consulta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha sido Coordinadora y autora principal de los Informes de Desarrollo Humano de Argentina 2002 y 2005 y recibido el premio a la «Excelencia en impacto de políticas públicas» otorgado por el PNUD en 2004. Ejerció la docencia en diversas universidades del país y del exterior. Experta en política latinoamericana, ha dedicado sus estudios a los sistemas electorales, los partidos políticos, las políticas públicas y el desarrollo humano. Es autora o coautora de nueve libros incluyendo «La Política en suspenso 1966-1976» y «Sociedad y Política en Chile: de Portales a Pinochet» y de numerosos artículos. Ha recibido el premio Konex en la ciencia política en 1997.

Notas

[1] Desde la segunda guerra mundial Argentina conoció cinco intervenciones militares (en 1913, 1955, 1962, 1966 y 1976) y cuatro gobiernos civiles (1945-1955, 1958-1962, 1963-1966 y 1973-1976). <<

[2] El tema del pensamiento mítico en la sociedad argentina fue analizado por Tulio Halperin Donghi 1964. <<

[3] Para un análisis de la historia política del período que sigue al derrocamiento de Perón, véase Halperin Donghi 1961:75 ss. <<

[4] Para un análisis de alto grado de homogeneidad de la sociedad argentina, véase Guillermo O’Donnell s/d:6. <<

[5] La tentativa, a comienzos de siglo, del Partido Demócrata Progresista de Lisandro de la Torre, fue boicoteada por los conservadores de la provincia de Buenos Aires, renuentes a compartir el poder político con los conservadores de las provincias. Es interesante recordar que algunos de los que participaron en la creación frustrada del PDP, son los mismos que reaparecen en la escena política con el golpe militar de 1930 y, entre ellos, el general Uriburu. <<

[6] Esta doble especificidad diferencia a la sociedad argentina de la chilena. En efecto, en Chile la burguesía apareció políticamente unificada y el movimiento obrero también tuvo una expresión política autónoma (partidos de clase). Allí, el sistema político fue largamente estable y capaz de absorber en su seno los conflictos de clase.

Esta doble especificidad es el argumento central que permite explicar, desde una lectura económica, el desarrollo capitalista argentino como menos concentrador y excluyente que el brasileño. Véase el desarrollo de esta tesis en Gerchunoff y Llach 1975. También en Canitrot 1978:10. <<

[7] El desarrollismo en lo económico produjo rápidos cambios en las superestructuras de la sociedad argentina: fue también un proceso de modernización cultural (el «cientificismo»), sin cuyo impacto no se entienden los cambios en las formas de acción de las clases y, particularmente, el proceso de radicalización de la juventud. Véase una interpretación de los aspectos culturales del desarrollismo y sus efectos sobre la juventud peronista radicalizada en Torre s/d:3. <<

[8] Una lectura simplista del proceso podría llevar a la conclusión errónea de que, en 1966, la acción del capitalismo y de las transnacionales exigía, mecánicamente, un ataque frontal al movimiento obrero. Esa lectura perdería de vista la especificidad de esa coyuntura política marcada por el cuestionamiento de una estrategia sindical, cuestionamiento alimentado por el renacer de la resistencia peronista después de una desmovilización y derrota parcial de la clase obrera, cuyo origen es el período frondizista (1958-1962). Fue ese desborde político del sindicalismo el obstáculo al que los militares no pudieron hacer frente. Para un análisis de las estrategias de los sindicatos peronistas en ese período véase James 1978. <<

[9] Para un análisis de la política económica durante la primera etapa de la «revolución argentina», 1966-1970, véase Braun 1970. <<

[10] Nos referimos al intento «participacionista» de Onganía y a la corriente sindical, así denominada, que surgiera de la escisión de la Confederación General del Trabajo (CGT), en el Congreso Normalizador de marzo de 1968. En ese congreso, la CGT se dividió en «CGT de los argentinos», representando al sector de los combativos, en oposición a los militares, y cuyo líder era Raimundo Ongaro; y la CGT denominada «colaboracionista». Esta última impulsó la participación en el gobierno militar y la alianza con sectores del neoperonísmo (peronismo sin Perón). Entre sus figuras representativas se encontraban Augusto Vándor (de la Unión Obrera Metalúrgica); José Taccone (Luz y Fuerza); Rogelio Coria (Construcción); José Alonso (UOM). Para un análisis de este período del sindicalismo argentino, véanse Cornblit 1977:113 y Ducantzeiler 1980. <<

[11] En Gramsci el concepto de «guerra de posición» aparece articulado al de una nueva práctica de la hegemonía y de la democracia en Occidente. Gramsci distingue la guerra de posición de las clases dominantes (su análisis del fascismo), de la guerra de posición del movimiento obrero, esta última orientada a transformar las relaciones sociopolíticas existentes. Véase el desarrollo de esta doble significación del concepto de Gramsci en Buci-Glucksman, 1978, cuarta parte. En lo que respecta a las concesiones que los militares están dispuestos a hacer, es conveniente recordar a Gramsci: «El hecho de la hegemonía presupone […] que el grupo dirigente haga sacrificios de orden económico-corporativo, pero es evidente que estos sacrificios y estos compromisos no pueden referirse a lo esencial, pues si la hegemonía es ético-política, no puede dejar de ser también económica, no puede no tener su fundamento en Ja función decisiva que el grupo dirigente ejerce en el núcleo decisivo de la actividad económica» (Gramsci 1975b, t. III:1951). Los «límites de la tolerancia» de la política y la reorganización de la relación estado-sociedad, descansan en la economía. <<

[12] Para un análisis de los conflictos que estallaron en Córdoba (el denominado «cordobazo»), véanse Delich 1974; Torre 1971 y Laclau 1970. <<

[13] Lanusse se refiere a la empresa hidroeléctrica, obra mayor del régimen militar. <<

[14] Nos referimos a la corriente pragmática y negociadora del movimiento laboral. <<

[15] En el período 1956-1959 el liderazgo de J. W. Cooke, entonces representante de Perón, influyó y guió la constitución de grupos armados clandestinos en el peronismo. Esta línea, denominada «peronismo revolucionario», inspiró las acciones guerrilleras de los años 60. Las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), haciéndose eco de ese peronismo revolucionario inspirado por Cooke, asumieron su acción como continuación de la guerrilla de Tucumán y de Taco Ralo. Los Montoneros —que reivindicaron el asesinato de Aramburu— provenían de la derecha nacionalista católica y de sectores de católicos tercermundistas. Éstos eran los dos grupos guerrilleros autodefinidos como peronistas. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), de tendencia guevarista, asumieron un apoyo crítico al peronismo y finalmente se unieron a los Montoneros en marzo de 1973. La izquierda revolucionaria no peronista incluye al Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), de inspiración trotskista, y a las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), que se declararon marxistas-leninistas. Para un análisis de los grupos armados peronistas y de su articulación con la juventud peronista., véase James 1976. <<

[16] Para un análisis de la política económica de Levingston-Ferrer puede consultarse Ikonicoff 1978:26 ss. Un análisis político de este período se encuentra en Portantiero 1977. <<

[17] Lanusse 1977:XVI Durante su gestión, Lanusse comprendió el peligro que representaba una opción de política económica definida. La junta militar suprimió el Ministerio de Economía y dejó librada la conducción de la economía a las fuerzas del mercado. <<

[18] La alternativa de un acuerdo nacional, de un «gobierno de unión nacional con los peronistas», no era nueva. Lanusse la había planeado a sus pares en el invierno de 1962, sin éxito. Poco después, azules y colorados dirimieron en las calles el combate entre «elecciones libres» o «dictadura democrática». En 1966, los oficiales que habían combatido en 1962-1963 para garantizar la realización de elecciones libres proclamaban su voluntad de ocupar el «vacío político» dejado por los partidos, a fin de llevar a cabo la «revolución argentina». Estos antecedentes del GAN aparecen en la revista Panorama, Buenos Aires, septiembre de 1972. <<

[19] Portantiero (1977) califica de «transformista» al proceso que se abrió entonces. <<

[20] Véanse las reflexiones que sobre el particular hace Lanusse (1977:277-287). <<

[21] Véase el texto completo del discurso de Lanusse en La Opinión, Buenos Aires, 8-VII-1972. <<

[22] Véase el texto completo del mensaje en Clarín, Buenos Aires, 28-VII-1972. <<

[23] Lanusse (1977:232) escribe: «La estrategia del gobierno no podía consistir solamente en una reconciliación entre los militares y los políticos o un sondeo con Perón. Yo comprendí desde el primer momento que no podía descuidar a sectores de esencial importancia para la vida política nacional —como el movimiento obrero organizado— ni podía dejar de recordar que el sindicalismo había recibido importantes estímulos durante las anteriores etapas de la Revolución Argentina. Hubiera sido insensato para todos, aun para los partidos, hacer ver que el retorno de los políticos llevaba a su desplazamiento». <<

[24] Lanusse 1977:299. En el mes de agosto se había producido la masacre de Trelew. La fuerza de las armas militares se había dejado sentir sobre los guerrilleros presos en la cárcel austral del país. <<

[25] Rodolfo Terragno, «¿Por qué fue derrocado Perón en 1955?», La Opinión, 1-V-1973. <<

[26] Confirmado, Buenos Aires, 1-IX-1972. <<

[27] Como observa Nun (1973:229), a partir de 1955 la quiebra de la legalidad burguesa en Argentina marcó el ingreso a una época de «parlamentarismo negro». Las posibilidades de negociación extrainstitucionales del peronismo (pactos: pacto Perón-Frondizi; coaliciones: Frente Nacional y Popular de 1964; voto en blanco) no fueron desaprovechadas. El papel desempeñado por los sindicatos en la escena política mostró también la preeminencia de un contexto dominado por un enfrentamiento «parlamentarista», tácito o implícito, contra la dictadura militar. <<

[28] La concepción del conflicto que aquí utilizo es deudora del enfoque de Touraine 1973. <<

[29] Los candidatos oficiales o «continuistas», como se los denominaba, sólo alcanzaron a reunir el 20 por ciento de los votos. <<

[30] Véase un análisis del programa «La Hora del Pueblo» en Duejo 1973:53 ss. <<

[31] J. D. Perón, «La única verdad es la realidad», en Las Bases, 16-II-1972. <<

[32] Las juventudes peronistas, unificadas en junio de 1972 en torno a la conducción de Rodolfo Galimberti, obtuvieron la representación en el seno del movimiento justicialista. Galimberti ingresó al consejo superior del justicialismo después de la destitución de Paladino, quien había sido el blanco de sus críticas. En junio de ese año Galimberti, en calidad de representante de la JP, nuevo actor legítimo en el movimiento peronista, declaraba a la revista Panorama: «el poder político nace de la boca de los fusiles». Panorama, 15-VI-1972 <<

[33] El acuerdo entre la CGT y la CGE, hábilmente manejado por José Gelbard, a la cabeza de la CGE, fue enviado al presidente. Un mes después, en septiembre, el gobierno calificó al mismo como positivo y le reconoció el carácter de instrumento para modificar la política económica en curso. El documento conjunto CGT-CGE, en el que se especificaba que ambas organizaciones no se hacían responsables por los resultados, dado el carácter parcial de las medidas y la presencia de funcionarios de tendencia liberal en el gabinete, no salió a la luz pública. En los hechos, la reestructuración económica que Lanusse emprendiese a partir de esa respuesta quedaba tácitamente avalada. Véanse La Opinión, 30-IX-1972 y 14-IX-1972. <<

[34] En una conferencia de prensa, en San Sebastián, Perón decía: «Nunca hemos utilizado la fuerza. La fuerza nuestra está en los votos. Ésa es nuestra fuerza. Con esa fuerza llegamos y con ella nos mantuvimos». Panorama, 12-IX-1972. <<

[35] Cita tomada del semanario Marcha, Montevideo, 24-XI-1972. Al referirse más tarde a su retorno al país, Perón dijo: «El mes que estuve yo allí hubo absoluta tranquilidad, porque yo le dije a la gente que se quedara quieta». Mayoría, 14-I-1977. <<

[36] Más tarde, en enero de 1973. Perón manifestó: «Pero nosotros estamos de acuerdo con los radicales, y Balbín lo acaba de decir recién, el día que nos liberemos de la tutela de los militares, los partidos políticos nos vamos a unir todos para resolver el problema del país». Mayoría, 14-1-1973. <<

[37] Lanusse 1977:276-277. Perón afirmó más tarde: «… Cámpora les cuesta: pero Licastro les cuesta mucho más: Licastro es la juventud, y ya medio le tienen miedo a la juventud […] No, no lo van a proscribir a Cámpora». Mayoría, 14-I-1973. <<

[38] Rogelio Coria estaba al frente de la poderosa Unión Obrera de la Construcción (UOC) y en la dirección de las «62 organizaciones». Las «62 organizaciones» era la nomenclatura que en el primer congreso sindical, realizado después de 1955, adoptaron los sindicatos fieles a Perón (el congreso realizado en 1957, durante el gobierno de la revolución libertadora). A partir de entonces, las 62 organizaciones actuaron como coordinadora política de los sindicatos peronistas. En los años 60, años de apogeo de Augusto Vandor, las 62 se escindieron entre los partidarios del liderazgo neoperonista de Vándor y los partidarios de José Alonso, entonces secretario general de la CGT. Vándor logró triunfar sobre Alonso y la fracción que éste representaba, las «62 de Pie». <<

[39] Mayoría, 14-I-1973, José Rucci era entonces el secretario general de la CGT. Su vertiginoso ascenso a la cúpula de la dirigencia sindical se atribuye al propio Perón. De extracción metalúrgica, Rucci se había mantenido alejado de la actividad durante toda la década del 60. En la conducción de la central sindical fue uno de los dirigentes más distinguidos por la amistad del líder, quien se dice solía afirmar: «José es un hombre del Movimiento y todo lo que hace está ajustado a los lineamientos de la conducción estratégica» (El Cronista Comercial, 25-IX-1974). <<

[40] El 5 de diciembre, antes de que Perón retornase a Madrid, quedó integrado el nuevo frente. Formaban parte del mismo: el Justicialismo, el Partido Conservador Popular, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido Popular Cristiano y una rama del socialismo (J. Selser). <<

[41] La entrevista a Perón publicada por Mayoría constituye un importante documento para comprender la posición del jefe del justicialismo en esa coyuntura. Allí Perón decía: «Estos militares no son militares… Son una banda de gangsters». Véase el texto completo del discurso del 25 de enero de 1973, pronunciado por Lanusse, en Opinión, 26-I-1973. Allí Lanusse condenó la asistencia de dirigentes sindicales al acto político. Hasta entonces los burócratas sindicales se habían abstenido de participar en las tribunas con la JP. Véase una crónica ce los actos de resistencia al GAN, protagonizados por la JP, en Panorama, 3-VIII-1973. <<

[42] El Frejuli obtuvo el 49.5 por ciento de los votos en la primera vuelta; UCR el 21.2. La gran diferencia de votos entre el Frejuli y sus opositores, y el rechazo de la UCR a competir en una segunda vuelta, hizo que los militares tuviesen que reconocer el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima en la primera vuelta, pese a no haber obtenido la mayoría absoluta del electorado. Para una interpretación de los resultados electorales —la denominada «opción por la vía negativa»— de rechazo a la «revolución argentina», véase Landi s/d:8/9. <<

[43] Las luchas obreras que emergieron en un primer plano, entre 1968 y 1972, se diferenciaban de la estrategia de presión política adoptada tradicionalmente por el sindicalismo oficial. Centradas en la movilización de las bases, en la confrontación con los patrones, reflejaban las condiciones del nuevo medio industrial en el que se habían desarrollado. Esa oposición sindical configuró el «sindicalismo combativo», sobre cuyas tendencias volveremos más adelante. <<

[44] Los diversos nucleamientos que existieron entre 1955 y 1969 expresaron las divergencias tácticas surgidas entre los dirigentes sindicales nacionales con respecto a la posición del sindicalismo en el aparato estatal: participacionistas, independientes, los 8, dialoguistas. A fines de la década del 60 se llegó a plantear el «peronismo sin Perón». A partir de entonces, los nucleamientos comenzaron a recortar proyectos políticos opuestos en torno a una política desde las bases o una política de las alturas, y no ya disidencias coyunturales. <<

[45] La reforma de la ley de asociaciones profesionales fue el instrumento que permitió reafirmar el poder de la burocracia. Este punto será tratado en capítulos posteriores. <<

[46] La Juventud Trabajadora Peronista (JTP) fue creada con posterioridad al triunfo electoral peronista de marzo de 1973. <<

[47] En su mensaje a la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo, Cámpora afirmó: «Y en los momentos decisivos, una juventud maravillosa supo oponerse, con la decisión y el coraje de las más vibrantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y enfermiza de una oligarquía delirante ¡Cómo no va a pertenecer también a esa juventud este triunfo si lo dio todo —familia, amigos, hacienda, hasta la vida— por el ideal de una Patria Justicialista! Si no hubiera sido por ella, tal vez, la agonía del régimen se habría prolongado y, con él, la desintegración de nuestro acervo y el infortunio de los humildes. Por eso la sangre que fue derramada, los agravios que se hicieron a la carne y al espíritu, el escarnio de que fueron objeto los justos, no serán negociados…». La Opinión, 26-V-1973. <<

[48] «Cámpora asume el poder en condiciones singulares», La Opinión, 25-V-1973 <<

[49] Véase esta interpretación en Pasado y Presente 1973, 2/3:181: «Cámpora representó más una metodología de acción política que un programa alternativo del Frejuli». <<

[50] Para un análisis de la política económica en este período véanse: Bilder 1977 y Ábalo 1974. Retomaremos este tema al analizar la tercera presidencia de Perón. <<

[51] Para un análisis de la temática del orden social como constante en las reflexiones de Perón, y el carácter organicista de su pensamiento, véase de Ípola 1979:20-24. <<

[52] El alcance de estas medidas será analizado más adelante. Importa señalar aquí que, pese al carácter limitado de las reformas propuestas, los hechos no permiten afirmar que el «Plan Gelbard» haya sido el proyecto del capital monopólico industrial en Argentina. Para una exposición de esta tesis errónea, véase Peralta Ramos. La discusión de esta tesis se hará más adelante. <<

[53] Un ambicioso plan de vivienda popular quedó bajo la jurisdicción del Ministerio de Bienestar Social. <<

[54] En el mes de junio la embajada de Estados Unidos había intentado sin éxito impedir la sanción de un conjunto de leyes económicas. Max J. Krebs, encargado de negocios de esa embajada en Argentina, presionó sobre el ministro de Economía y sobre el Parlamento. La publicación de la documentación por Gelbard desató el escándalo. Algunos vieron en este episodio la repetición del viejo enfrentamiento entre Braden y Perón en 1945-1946. El diario La Opinión «descubrió» un vasto complot apoyado por la Sociedad Rural, la guerrilla marxista (el ERP), el sindicalismo clasista y la embajada norteamericana, destinado a hacer fracasar la política económica del gobierno Como observa G. Selser, el argumento era falaz. Sin embargo, la convocatoria antimperialista tenía un electo aglutinante en esa coyuntura. La vuelta de Perón a la presidencia podía ser vista, también, como el único freno a la acción del imperialismo. Para un análisis de este complejo episodio, véase de Gregorio Selser «La historia de los Memorandums Krebs», en La Nación, Santiago de Chile, 26-VIII-1973. <<

[55] Una exposición de la «teoría del cerco» se encuentra en El Descamisado, 26-VI-1973. <<

[56] Teniendo en cuenta la ambigüedad de calificativos como izquierda o derecha dentro del peronismo, pienso que una precisión aproximada de quienes integraban los dos lados del espectro político puede ayudar a ubicar al lector. La izquierda peronista incluía a la JP y sus aliados: la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), la Unión de Estudiantes Secundarios, las FAR, los Montoneros, las FAP, el Peronismo de Base, los sindicatos rebeldes de Córdoba (también denominados «clasistas»), y contaba con las simpatías de los gobernadores de cuatro provincias (Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y Catamarca). Estos últimos fueron el blanco de ataque de la derecha peronista. Por su parte, en la «derecha» convivían las «62 organizaciones», la Juventud Sindical Peronista (JSP), la Confederación Nacional Universitaria, la Alianza Libertadora Nacionalista, el Comando de Organización, los Comandos Agrupados de la Resistencia peronista. <<

[57] José Rucci proclamó la necesidad de llevar a cabo «una purificación ideológica contra la infiltración» en el movimiento. Rucci retomó las palabras con que Coria había renunciado en enero de 1973, desautorizado por Perón. Los tiempos habían cambiado: la «purificación ideológica» se convertía en la consigna legítima de la burocracia sindical. Ahora tenía el aval de Perón. Véanse las declaraciones de Rucci en La Opinión, 2-X-1973. El asesinato de Jóse Rucci poco después, el 25 de septiembre de 1973, fue un rudo golpe asestado por los Montoneros a la estrategia de Perón en el plano sindical. <<

[58] El sector más radicalizado de la UCR, expresado por el Movimiento de Renovación y Cambio, presidido por Raúl Alfonsín, emergió como una tendencia refleja dentro del radicalismo, más dependiente de la evolución hacia la derecha del partido que portador de una alternativa ideológica propia, o capaz de existencia política independiente. Por su parte, la izquierda peronista carecía de una política alternativa hacia la clase obrera. Ésta era una expresión retórica en su discurso y, en los hechos, un espectador pasivo de la lucha que libraba contra la burocracia sindical. (Véase James 1976:292). Su orientación clasista no le impidió reafirmar su coincidencia estratégica con Perón, pese a diferencias ideológicas, ni avalar el programa económico del gobierno. La contradicción imperialismo-nación sobredeterminó en su discurso, y en su acción, el análisis de la lucha de clases en la sociedad argentina. <<

[59] Para una interpretación divergente véase Peralta Ramos: 232 ss. La autora sostiene que durante el proceso que culmina con las elecciones de marzo de 1973, la primera formulación del Gran Acuerdo Nacional («La Hora del Pueblo») tiene un significado diferente para el justicialismo y el radicalismo, los dos partidos mayores. Para el primero es un camino para salir de la proscripción «y poner en evidencia que el mismo es también potencialmente una carta de recambio para el sistema». Esto, afirma, forma parte de la táctica ambivalente del general Perón. El radicalismo, por su parte, busca demostrar a las fuerzas armadas y al bloque dominante que él es «el partido del orden» («el rasgo básico de este partido es: su fetichismo del poder. La creencia en un estado neutro por encima de la lucha de clases…»). La composición de clase de este partido —pequeña burguesía en general— explica esta concepción del estado y la ausencia de un proyecto de clase propio. La función que cumple el radicalismo en ese periodo es «la defensa a ultranza del orden burgués como único medio de contener la radicalización obrera» (y ello pese al surgimiento en su interior de una tendencia que cuestiona ese papel). «Por eso —afirma la autora— de sus filas saldrá el principal cerebro del GAN: el doctor Mor Roig». ¿Puede afirmarse que en ese período los clivajes entre el peronismo y el radicalismo transcribiesen en el plano político clivajes de clase?; ¿acaso toda la estrategia desplegada por Perón entonces no converge en la presentación del peronismo como el «partido del orden» y el programa de diez puntos que presenta a Lanusse no se define por su tono sorprendentemente moderado? Sólo si se supone, como lo hace implícitamente Peralta Ramos, que existía una diferencia sustancial de proyectos entre ambos partidos, dada su diferente composición de clase, puede sostenerse luego que «si bien el gobierno militar fracasa estrepitosamente en todos sus intentos de formalizar el Gran Acuerdo Nacional, habría de obtener una victoria rotunda: la identificación de Perón con los objetivos estratégicos perseguidos por ese proyecto». En otras palabras, Perón hizo lo que Lanusse no pudo hacer ni con su propia candidatura ni con el aval otorgado por las fuerzas armadas al radicalismo. Mi idea es que esos objetivos estratégicos comunes fueron el sustento de todo el período caracterizado por el enfrentamiento-diálogo entre Perón y Lanusse. Sin ese campo común, la apertura política de los militares hubiera seguido siendo una aventura imposible. Ello no impidió que los actores sociales percibieran, cada cual a su manera, la escena política partidaria (una escena en la que la multiplicidad de significados de los mensajes de Perón favoreció la fuga imaginaria de la realidad). Esto explica el temor de las fuerzas armadas al triunfo peronista (la resistencia de los «duros» que tuvo que enfrentar Lanusse) y la esperanza de la izquierda peronista (la bandera de la «patria socialista», a la que enfrentaría Perón). Temores poco fundados y esperanzas utópicas, ambos fueron disipados por la realidad. <<

[60] El 11 de enero de 1974, en una reunión con empresarios, Perón les dijo: «No debemos descartar que hay sectores y fuerzas que se opondrán, porque ellos no están trabajando para el país sino para otros intereses que no son los nuestros. La firme decisión nuestra en el sentido de vencerlos tiene una importancia extraordinaria; el Pacto Social que se ha establecido en el país no debe ser roto por ninguna causa, y el gobierno tiene la más firme decisión de imponerlo contra cualquiera de las fuerzas que actualmente se le oponen». La Opinión, 12-I-1974. <<

[61] Mensaje pronunciado en la CGT el 25 de octubre de 1973 (Perón 1971:126). El 21 de enero de ese año Perón había dado a conocer un mensaje en el que exhortaba a los empresarios «a sumarse a la acción del pueblo, en defensa de sus legítimos intereses» (los de los empresarios). Y decía entonces: «El que más tenga, ha de ser también el más interesado en la defensa del patrimonio y del porvenir de la Nación». A buen entendedor… <<

[62] El Cronista Comercial, 5-IV-1974. A los sindicatos Perón les había dicho «Siempre ha sido un tabú la intervención política de las organizaciones sindicales. Todos han venido sosteniendo que la organización sindical no debe intervenir en política. Es decir, que mientras las organizaciones políticas intervienen en el proceso sindical, éste no ha de intervenir en el proceso político. Dado que la organización sindical se realiza para convertirse normalmente en un factor de poder, esta premisa es totalmente falsa». Véase discurso pronunciado a dirigentes gremiales el 2 de noviembre de 1973, en Perón 1974:132 (cursivas mías). <<

[63] La Opinión, 2-V-1974. El Consejo de Estado que Perón propuso para definir el espacio de coexistencia entre los dos sistemas de representación nunca llegó a concretarse. <<

[64] Mensaje de Perón del 1.º de mayo de 1974 ante la Asamblea Legislativa. La Razón, 2-V-1974. <<

[65] Véase el mensaje de Perón en la revista Mayoría, 1-I-1973. Allí, Perón dice «… yo, un general de 50 años de servicio, cuando veo militares así, se me va el alma a los pies; ésos no son militares: es una banda de gangsters». Hay que liberar al país, sostenía, del ejercito de ocupación que representan «esos grupos de militares» (cursivas mías). <<

[66] Véase el discurso pronunciado por Perón en la Base Naval de Puerto Belgrano (1974:175 ss.). Allí Perón reactualizó la doctrina de «la Nación en Armas». <<

[67] Para un análisis de la transformación en la productividad política de las masas, en el contexto de transformaciones en la economía, puede verse el trabajo de A. Gramsci, «Americanismo e Fordismo» (1975a) en Quaderni del Carcere (1975b), t. 111:2175-2178. Este trabajo, centrado en las relaciones economía-política en las sociedades capitalistas de Occidente, en los años 30, es un punto de referencia teórica para comprender la gestación de una nueva hegemonía. En este sentido, es de especial utilidad para pensar las categorías analíticas con que acercarse al estudio de la sociedad argentina en esta etapa. <<

[68] Es interesante anotar la observación de Canitrot (1978:371), acerca de la Corporación de Empresas Nacionales (CEN) puesta en marcha por Gelbard (a imitación de IRI italiano). El autor señala que este tipo de organismo sólo hace sentir sus efectos en el largo plazo. Además, el poder político que habían desarrollado los sindicatos de cada una de las empresas del estado las independizó completamente de todo control central. Los funcionarios de la CEN y de la Secretaría de Hacienda se limitaron en general a convalidar los hechos consumados. <<

[69] Como observa Canitrot (1978:18), el éxito de esta política se fundó en razones estructurales: la presencia de industrias que habían alcanzado condiciones cercanas a la competitividad internacional (sobre todo, aquéllas en las que el progreso tecnológico mundial había sido lento). <<

[70] La industria de los salarios en alza fue la anterior a Frondizi, no la industria grande que se desarrolló en el modelo de acumulación aplicado en la década del 60 (Canitrot 1978:48). <<

[71] Para un análisis de la política agropecuaria durante el gobierno peronista véase Flichman 1977, apéndice. Sobre este tema volveremos más adelante. Téngase en cuenta que el ahorro bruto del sector agrario representaba entre 30 y 40 por ciento del producto bruto sectorial, aproximadamente un tercio del ahorro bruto nacional. Véase Teubal 1975. <<

[72] La tasa de inflación se aceleró a partir de marzo de 1974. Véase Canitrot 1978:33. Aquí presentaremos los datos estadísticos que cubren el período Gelbard. <<

[73] Véase Ayres 1976:486. En un año, señala Canitrot (1978:20), el déficit se triplicó, en una moneda constante, y superó en un tercio a los ingresos. <<

[74] Una presentación comentada del comportamiento de las principales variables macroeconómicas durante el período peronista se encuentra en Canitrot 1978:22-45. Remito al lector a esta fuente. También en di Tella s/d. <<

[75] Durante la presidencia de Perón no disminuyeron la frecuencia ni la intensidad de los conflictos. Para un análisis del tema en este período, véase Jelín 1978. <<

[76] Cabe señalar que un movimiento reivindicativo, como cualquier otra forma de acción colectiva, no es un fenómeno homogéneo, en tanto que coexisten en el mismo demandas conflictuales diversas y elementos de lucha de clases que atacan el modo de producción capitalista como tal. Del mismo modo, no existen movimientos clasistas en estado «puro», puesto que las formas de acción colectiva, en una determinada sociedad, están atravesadas por sistemas de organización y formas de decisión política y de representación de las clases. <<

[77] Para un análisis de esta afirmación en Montoneros y JP, véase James 1976. <<

[78] Para un análisis del significado de la reforma a la ley de asociaciones profesionales, véase Aguirre 1973-1978. El autor hace un análisis de la repercusión dé la nueva ley sobre los patrones de acción obrera. <<

[79] Encuesta realizada por FIEL, cuyos resultados aparecen en La Nación (edición internacional), 26-V-1975, citado en Ayres 1976:486 <<

[80] Estimaciones del descenso en la tasa media de ganancia en la industria pueden encontrarse en Ayres 1976:485-486. <<

[81] En enero de 1974 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) intentó copar la guarnición militar de la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires. Ésta fue la primera acción guerrillera de importancia desde que Perón asumiera la presidencia. <<

[82] La Opinión, 19-XII-1973. Declaración de Perón realizada con posteridad a una conversación con políticos argentinos. <<

[83] Discurso de Mario Firmenich, 22-VIII-1973. Citado en James 1976:289. Se encuentra un análisis de ese texto también en: Pasado y Presente 1973. 2/3:189-190. <<

[84] En ese mes Perón inició una serie de conferencias en la CGT que concretaron su estrategia frente al movimiento obrero. <<

[85] La Opinión, 22-I-1974. En un editorial destinado a examinar la secuela del «golpe de Azul», El Descamisado, semanario político que expresaba a la tendencia (la JP) señalaba: «Por eso, general, ¿de quién y cómo nos defendemos? ¿De los traidores que merodean a su lado, de los matones que todo lo arreglan a tiros, del ERP, del imperialismo, de quién?». Editorial de Dardo Cabo titulado «¿Cómo y de quién lo defendemos, General?». <<

[86] El Descamisado, núm. 39. 12-II-1974, citado en James 1976:291. En abril de 1974 el gobierno clausuró los semanarios políticos El Descamisado y Militancia, representantes de la JP y de la izquierda peronista más radicalizada, respectivamente. Dardo Cabo declaró en esa oportunidad que: «La clausura de El Descamisado no es la simple clausura de un órgano de prensa, sino la clausura de una política, la del 11 de marzo de 1973». Véase La Opinión, 10-IV-1974. <<

[87] Remitimos al lector al análisis realizado por James 1976:238-284 <<

[88] Citado en James 1976:292. El autor hace interesantes observaciones sobre la militarización de los conceptos políticos en el discurso de Firmenich (véase p. 290). <<

[89] Francisco Julián Licastro, secretario político de la presidencia, afirmó: «se vive actualmente una etapa, donde el enemigo es la izquierda antinacional que por algún momento quiso fraternizar con el peronismo, ahora ha descubierto perfectamente sus intenciones anteriores, que no eran sólo la de derrotar a la dictadura, sino que son fundamentalmente ahora derrotar a un gobierno popular». La Opinión, 28-I-1974. <<

[90] Al respecto es interesante revisar el texto de la audiencia concedida por Perón a once diputados de la juventud peronista. En esa entrevista Perón levantó dos conceptos clave: «seguridad del estado» y «disciplina política» (La Opinión, 23-I-1974). El radicalismo consideró que esas respuestas de Perón a los diputados oficialistas de la juventud «fueron de un realismo político avasallante». Pese a las reticencias de Balbín para apoyar la reforma al código penal, el temor a colocarse en la oposición predominó sobre el temor a una legalidad que podía ser utilizada en su contra. <<

[91] El peronismo de base («de abajo») formuló duras críticas a la gestión del gobierno, que calificó de «proyecto corporativista-desarrollista», y condenó la defección oportunista de los que pensaban que Perón podía resolver, desde arriba, lo que la clase obrera no había podido organizar aún, desde abajo. El peronismo de base declaraba superadas por el tiempo y el pueblo trabajador. Véase La Opinión, 3-II-1974. <<

[92] Como observa James, a fines de abril de 1974 la «teoría del cerco» reapareció en un periódico semioficial de la JP y Montoneros para explicar el fracaso del diálogo entre Perón y el pueblo (El Peronista, 19-VI-1974: citado por James 1976:291). Esa «teoría» (el círculo inmediato a Perón, bloqueando su relación con el pueblo) había sido descartada por Firmenich en el mencionado discurso de agosto de 1973. <<

[93] La Opinión, 30-V-1974. En ese mes la policía y el ejército desplegaron un operativo de envergadura contra el ERP en la provincia de Tucumán. <<

[94] «Somos el futuro de la política», decía Balbín en marzo de 1974, El Cronista Comercial, 18-III-1974. <<

[95] La oposición sindical cubría un amplio espectro de orientaciones. Salamanca y Tosco, ambos de convicciones marxistas, representaban la tendencia conocida como el «sindicalismo clasista», con arraigo en sectores modernos de la industria y en las grandes empresas. Esa tendencia se definía por el privilegio otorgado a la movilización de las bases obreras frente a la estrategia del sindicalismo oficial. Para un análisis de las diferencias con respecto a la corriente oficial, véase la entrevista a Tosco y Rucci publicada por La Opinión, 14-II-1973. Ongaro, por su parte, representó un populismo revolucionario cuyo acento era puesto en la marginalidad y la opresión de la clase obrera. Retomando los temas de la nueva tradición social de la iglesia, la corriente de Ongaro fue acogida por los sectores de la juventud peronista en el terreno laboral. Todos estos líderes de la oposición de izquierda, en puestos de conducción de las luchas, representaban bases obreras cuya identidad política seguía siendo peronista. Las luchas contra la burocracia sindical y el autoritarismo patronal no pusieron en cuestión la lealtad política de las bases, lo que impidió que esa oposición de izquierda pudiera convertirse en una alternativa política al peronismo. Esos liderazgos eran el reflejo de la radicalización del discurso peronista durante los años de dictadura militar. Los componentes clasistas, participatorios y nacionalistas habían adquirido un peso propio dentro del discurso político peronista y amenazaban con transformarlo. Sin embargo, no pudieron articularse en un nuevo cuerpo doctrinario. Perón, apelando a las 20 Verdades del Justicialismo, se había cuidado muy bien de permitir que su doctrina fuese reelaborada. Para un análisis de las relaciones entre el movimiento obrero organizado y el gobierno peronista en esta etapa, véase Torre 1979. <<

[96] La Unión Obrera Metalúrgica, conducida por Lorenzo Miguel, con 270 mil afiliados, era el sector laboral más poderoso. Ricardo Otero, ministro de Trabajo, provenía de sus filas. En el conflicto laboral que se desarrolló en Villa Constitución en noviembre de 1974 los disidentes —izquierdistas y moderados— habían vencido en las elecciones del sindicato local a la lista sostenida por Miguel. <<

[97] Véase esta interpretación en di Tella s/d:31. <<

[98] El ajuste salarial de junio de 1973 había durado 9 meses. El de marzo de 1974, 6 meses; el de octubre de 1974 rigió durante 4 meses; el de febrero de 1975 se agotó en abril de 1975. <<

[99] En 1964 Perón había enviado a Isabel al país en cumplimiento de una nunca bien aclarada gestión política de alto vuelo. <<

[100] En abril de 1975 el grupo presidencial había forzado la renuncia de Jóse Antonio Allende, presidente del Senado, con el argumento —avalado por el Partido Justicialista— de que un demócrata cristiano no podía ser el sucesor legal de la presidenta. En el seno del justicialismo el debate acerca de la eventual renuncia de Isabel ya estaba planteado. Ese debate se cerró, provisionalmente, con el acuerdo en torno a la renuncia de Allende. Si el cargo quedaba vacante, como lo quería López Rega, el sucesor legal pasaba a ser Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. La continuidad de la política lopezreguista quedaría asegurada. <<

[101] Para una interpretación histórica de las relaciones entre el poder militar y el poder político en la sociedad argentina, véase Rouquié 1978. <<

[102] El lema de la revista El Caudillo, sostenida económicamente con publicidad oficial (particularmente del Ministerio de Bienestar Social) era: «El mejor enemigo es el enemigo muerto» y su tapa del núm. 49 (marzo de 1975) fue «Quien teme a las AAA, por algo será». <<

[103] Véanse las declaraciones de Firmenich en El Cronista Comercial, 7-IX-1974 <<

[104] Texto del decreto del Poder Ejecutivo. Mayoría, 8-XI-1974. <<

[105] La creación del Partido Peronista Auténtico, en febrero de 1975, fue un esfuerzo de la izquierda y de la guerrilla peronista por armar una alternativa política capaz de enfrentar a la derecha peronista en el plano institucional. La nueva formación política, creada para competir en las elecciones que tendrían lugar en la provincia de Misiones en el mes de abril, era concebida por los representantes de la «Tendencia» (la JP y los Montoneros), los gobernadores depuestos, los sindicalistas combativos, como el primer paso para nuclear a la izquierda dentro del movimiento peronista. Andrés Framini, ex dirigente textil y candidato triunfante a la gobernatura de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Frondizi, era uno de los líderes de esa nueva formación política. Framini declaraba entonces «Tenemos que unirnos para hacer frente a la situación, antes de que las peligrosas divisiones internas y el clima social de desafío terrorista convulsionen más al país; antes de que el costo de la vida y la escasez castiguen más al pueblo; antes de que el pueblo pierda su fe en la posibilidad de un gobierno peronista» (The Washington Post, 21-II-1975). La convocatoria de los «peronistas auténticos» retomaba el diseño político de Perón. Las elecciones de Misiones probaron que tenían poco eco: la coalición de izquierda obtuvo el 8 por ciento de los votos (el Frejuli triunfó con el 46 por ciento y la UCR logró obtener el 39 por ciento de la votación). <<

[106] Véase Jelín 1978:27. Es interesante observar que durante el período peronista (1973-1976) se produjo una homogeneización de la estructura global de remuneraciones, reduciéndose la distancia entre las distintas categorías de asalariados. Según estimaciones, los sectores medios sufrieron un deterioro en su poder adquisitivo real del orden del 45 por ciento. Véase Chossudovsky 1977, en especial pp. 442-445. <<

[107] El núcleo organizador de la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias, APEGE, estaba integrado por la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Comercial Argentina, la Cámara de Construcción, y se extendía a otras organizaciones empresarias menores, disconformes con la política de la CGE. El sector industrial que nucleaba la Unión Industrial Argentina (UIA) siguió en la CINA, articulado a la CGE, pese a sus insistentes desacuerdos con la política de esa entidad. <<

[108] Cafiero efectuó once alteraciones del peso en forma directa y varias a través de medidas indirectas, en un intento por ajustar la tasa de cambio al ritmo de inflación. <<

[109] Jelín 1978:30. La tensión social no se exteriorizó en la multiplicación de conflictos obreros. La relevancia estadística de las huelgas fue mínima en el período febrero-marzo. <<