A todos los empresarios y empresarias.

A quienes han caído en el empeño, a pesar de haberlo intentado.

A quienes están al pie del cañón todos los días.

A quienes, sin serlo todavía, tienen como objetivo llegar a serlo.

Unos y otros tiran del carro de la economía.

Prefacio y agradecimientos

Éste es un libro escrito por el que suscribe, que es, por tanto, el único responsable; pero actualmente se da la circunstancia de que es también el presidente de la patronal de los empresarios españoles, esto es, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Quiere esto decir que todas las opiniones expresadas lo son a título personal, pero que muchas de ellas, no todas, han sido, son y quizá sean suscritas por la propia CEOE en el futuro.

Nuestra organización es compleja en su composición, tanto sectorial, como subsectorial y territorialmente. Unir esfuerzos es relativamente fácil, pero no sucede así con las opiniones, pues tenemos visiones y perspectivas para todos los gustos, todas ellas en defensa de legítimos intereses de las empresas pequeñas, medianas y grandes, los autónomos, los sectores, los subsectores y los distintos territorios, con sensibilidades de todo tipo. No obstante, existen muchos temas transversales y horizontales en los que el conjunto de los empresarios están de acuerdo en una mayoría clara, pero nunca total.

Los empresarios no votamos todos al mismo partido político. Algunos quizá ni voten —en lo político y social, los empresarios somos gente muy normal—. Lo que sí está claro es que las opiniones son muy diversas, aunque exista una columna vertebral en nuestro pensamiento ligada a la libre empresa y a todas sus características fundamentales. Por encima de todas las libertades, entendemos que la libertad de empresa es fundamental, con pocas restricciones y sin perder de vista la necesaria solidaridad. Somos fervientes partidarios del crecimiento económico y, en consecuencia, de la creación de empresas y de la generación de beneficios, pues las pérdidas conducen normalmente al deterioro económico.

Quisiera, asimismo, agradecer a muchos profesionales, tanto de la CEOE como de Foment del Treball Nacional, a los cuales he pedido documentación, información y algunas veces más que ayuda. En la CEOE, por ejemplo, en 2012 se han elaborado más de quinientos documentos para uso interno y externo, los cuales son el resumen de un trabajo que posteriormente sirve para dar nuestra opinión sobre temas de candente actualidad, ya sean legislativos o de propuestas para un futuro inmediato en todos los debates, desde el económico hasta el laboral, entre otros muchos.

Este libro está escrito a vuela pluma, a salto de mata entre charlas en algunas de las sedes de nuestras confederaciones y conferencias en cualquier ciudad de España o fuera de nuestras fronteras. Por tanto, a veces puede ser demasiado coloquial en ciertas expresiones, pero creo que hay que explicar las cosas lo suficientemente claras para que todo el mundo se quede con los grandes mensajes. Ése es el objetivo.

De una manera especial debo dejar constancia de mi agradecimiento a Bernardo Aguilera, que me ha ayudado a recopilar y ordenar documentación, y que me ha sugerido importantes cambios. También a Edita Pereira, José de la Cavada, Joan Pujol, Joaquín Trigo, Salvador Guillermo, Manolo Milián, Pilar González-Valerio y Soraya Tourtchine, que me han ayudado a buscar el dato concreto, el informe necesario o el documento extraviado.

A todos ellos, muchas gracias, aunque los errores, por supuesto, serán de total responsabilidad mía.

JUAN ROSELL
Barcelona, mayo de 2013

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Reformas o declive

Para saber dónde estamos, tanto en lo económico como en lo social o en lo político, deberíamos hacer el ejercicio de preguntarnos de dónde venimos. Y esto es algo que podemos hacer con las luces largas o las cortas, dependiendo de cómo queramos observar las tendencias. Pero, en el caso de España, el resultado de dicho ejercicio, ya se haga de una forma o de otra, es siempre positivo, e incluso muy positivo; eso sí, siempre y cuando detengamos tal análisis hacia el comienzo de la última crisis, ya la fijemos en 2007, en otoño de 2008 o, especialmente, en 2009, cuando nuestro producto interior bruto (PIB) cayó hasta situarse en el –3,7 por ciento.

Hasta esa fecha (2009), cualquier análisis comparativo con los grandes países de la Unión Europea nos daba positivo, y muchos todavía estamos pensando en cómo ha sido posible pasar del cielo al infierno, de la euforia más exagerada al pleno pesimismo sin más. Todo ha sido demasiado rápido, aunque va siendo hora de que despertemos de esa pesadilla, aceptemos la dura realidad, analicemos el estado de la situación y reaccionemos de la única manera en que puede hacerse.

Lo primero y fundamental es explicar lo ocurrido, la verdad en mayúsculas, aunque ésta sea de difícil explicación y comprensión; pero por lo menos habrá que intentarlo, por mucho que algunos quieran impedirlo. Habrá que explicar la verdad con números, con estadísticas, con mucha información y menos opinión. Lo que se echa en falta son análisis serios, documentados y rigurosos, que no sean fruto de la ideología y la improvisación, sino de un estudio y una reflexión pausados. Hay que afrontar el futuro con garantías.

Segundo, y todavía más importante: hay que compartir esfuerzos entre todos. No podemos dejar que muchos se vayan hundiendo sin posibilidades reales de salvación. Deben seguir manteniéndose «salvavidas económicos» como prioridad máxima. De ahí que la partida presupuestaria de las prestaciones al desempleo, que era de 8.000 millones de euros en 2000 y ahora va camino de multiplicarse por cuatro, sea considerada como estratégica, aunque sólo sea capaz de llegar a dos tercios de la población en paro. Probablemente, esas prestaciones debieran hacerse compatibles legalmente con el ejercicio de algún trabajo de menor remuneración y quizá habría que incentivar la vuelta a la formalidad de los trabajos claramente informales. No sería ninguna tontería estudiar sin complejos lo que han hecho al respecto, desde una nueva y creativa legalidad, y con éxito, algunos países del norte de Europa. También debería seguir combatiéndose el más que evidente fraude existente en las prestaciones por desempleo (en 2012 hubo 99.789 personas que incumplían los requisitos), así como el de empresas ficticias. El combate contra el fraude y la economía irregular es prioritario para modernizar el país.

Estamos todos en un mismo barco, y todos debemos salvarnos, independientemente de nuestra condición, y ya viajemos en primera clase, business o turista; y quienes más pueden ayudar en ello está claro quiénes son. Habrá que compartir esfuerzos colectivamente y en serio. Es hora de las «microsoluciones», pero necesitamos millones de ellas.

Por supuesto, habrá que priorizar. No podemos confundirnos. No podemos seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho siempre y de la misma manera. Debemos reflexionar y actuar en contra de los excesos de todo tipo, los comportamientos inadecuados o insuficientes, las «necesidades» que pueden dejarse de lado. No todo es prioritario. Hay que escoger entre las urgencias y lo que puede esperar. Debemos actuar en el cortísimo plazo sin dejar de lado el medio y el largo plazo. Hay que aplicar «presupuestos base cero» en muchísimos presupuestos públicos, o en todos ellos. Para eso debe haber voluntad política, y todos los gobiernos —desde los locales hasta el estatal— deben animarse a promover el cambio con todos sus riesgos.

Por último, todos tenemos el deber de reconducir la difícil situación actual, o, en caso contrario, iremos camino del precipicio. Y todo ello no se logra con palabras, sino con hechos, y no de unos pocos, sino de todos, y especialmente de las administraciones. Como «primera empresa del país», la Administración debe ser también la primera instancia en dar ejemplo en cuanto a sacrificio, puesta al día, adecuación del gasto, espíritu de mejora, evaluación y control interno, y actitud de compromiso frente a la crisis a pesar de las grandes reticencias internas a que nada cambie y todo continúe igual. Habrá que poner en negro sobre blanco los despilfarros pequeños, medianos y grandes que la primera empresa del país ha sido capaz de hacer en los años de euforia, excesos facilitados por los incrementos de los niveles de ingresos y cuyo resultado es ahora la existencia de estructuras de personal inadecuadas, organismos duplicados o triplicados, competencias mal traspasadas, infraestructuras mal planificadas…, y así sucesivamente. Tanto en las familias como en las empresas, y todavía más en las administraciones públicas, cuando los ingresos son mayores de lo esperado hay mil maneras de gastar más de lo necesario, por muy inútil o superfluo que sea el gasto. El problema viene después, cuando hay que recortar ese gasto porque los ingresos caen.

Recortar es difícil; gastar es muy simple. Los políticos que gastan, por innecesario que sea el gasto, son adulados, mientras que los que restringen el gasto son catalogados de «austericidas». Pocas veces quienes critican la reducción del gasto proponen alternativas serias sobre la mejor manera de gestionar unos determinados ingresos. El problema es siempre la insuficiencia del gasto y nunca la mejora en la gestión. Deberíamos poner nombre y apellidos a quienes decidieron tal o cual gasto o inversión que, con el tiempo, han demostrado ser despilfarros inútiles o, al menos (para ser más benévolos) inadecuados. La transparencia no debería funcionar sólo para conocer el destino de los fondos, sino también su uso. No debería haber ninguna subvención sin justificación de su destino y su uso posterior.

Recapitulemos un poco, sólo desde principios de este siglo, y veamos dónde estábamos y dónde estamos. Podemos hacer balances que debiéramos como mínimo recordar y no dejar en el olvido. Somos especialistas, tanto como país como individualmente, en la exageración frente a la información. Nos creemos más un titular escandaloso, ya sea escrito, radiado o televisado, que un estudio de cien páginas hecho por especialistas de diferente condición pero con evidente voluntad de rigurosidad y objetividad. En general, nos pierde el barullo, en detrimento del estudio, y eso conduce muchas veces a conclusiones apresuradas y equivocadas. Habrá que convencer a los estudiosos de que eleven un poco el tono, pues por mucho que estudien y analicen, muy pocos los oyen o leen, aunque quizá también eso esté en el guión.

Entre 2000 y 2012, la economía mundial ha crecido una media del 3,7 por ciento anual. Por tanto, en muchas partes del mundo, cuando uno habla de crisis, la gente te mira entre asombrada y escéptica, como si fueras de otro planeta, ya que en ese período de tiempo países como China han multiplicado por 3,5 su PIB. Es cierto, muchos países venían de muy abajo, pero nadie puede ocultar los números, y este siglo XXI está siendo muy positivo en cuanto a crecimiento económico mundial, salvo el decrecimiento del 0,6 por ciento en 2009, por primera vez en los últimos sesenta años, decrecimiento rápidamente corregido en los años siguientes. Los crecimientos, sin embargo, han sido dispares y desequilibrados; comparemos si no el grandísimo crecimiento, encabezado por China, de los países emergentes frente a los inapreciables crecimientos de Japón y aún menores de Estados Unidos o los de los países de la Unión Europea, a los que está costándoles mucho más la salida de la crisis después del frenazo económico del citado año 2009, e incluso del 2008, provocado por la crisis financiera de Estados Unidos que sirvió como detonante de las crisis financieras y, posteriormente, económicas en todo el mundo. No hay que olvidar que Estados Unidos registró un PIB del –0,3 por ciento en 2008, seguido de uno mucho más negativo en 2009, del –3,1 por ciento. Ahora dicho país se recupera gracias a la intervención monetaria de la Reserva Federal, que ha actuado sin miramientos para tratar de eludir una gran crisis, que ciertamente ha evitado. No obstante, el déficit presupuestario y también el déficit comercial siguen ahí, esperando solución, y esta solución se llama «mucho más crecimiento».

En lo que se refiere a la Unión Europea de los veintisiete, que es nuestro territorio a comparar, el crecimiento económico en lo que va de siglo no es bueno si lo comparamos con el de los países emergentes, aunque siempre hay que tener en cuenta una posición de salida mucho mejor en la Unión Europea, si bien, después de 2009, su economía (aunque no la de todos los países) da síntomas de una muy débil recuperación, agobiada con los déficits presupuestarios, la deuda (tanto pública como privada), la falta de financiación para el sector privado, la insuficiente creación de empleo, la pérdida porcentual de su participación en el PIB mundial y el difícil mantenimiento del estado de bienestar, pieza angular y diferenciadora del modelo social europeo basado en la cohesión social.

Para ponerlo en perspectiva y analizarlo detalladamente deben contemplarse dos períodos: uno de nueve años, que va desde 2000 hasta 2008, un año antes de la gran crisis, esto es, 2009; y otro período de cuatro años, entre 2009 y 2012. En cuanto a crecimiento del PIB, los números dejan bien claro lo que ha pasado y lo que está pasando, y de su riguroso análisis deben extraerse enseñanzas de lo que puede y debe hacerse en el futuro.

Entre 2000 y 2008, el PIB de Alemania creció 14,1 puntos; el de Francia, 16,4 puntos; y el de Italia, 12,4 puntos. El PIB de España creció 31 puntos. Por tanto, respecto a Alemania, España creció 16,9 puntos más. De ahí vino la grandísima creación de empleo y el sentimiento de euforia económica, e incluso la sensación de riqueza, durante bastantes años, algo que no era ilusorio sino numérico, real, y que vino favorecido por un crecimiento del sector de la construcción y de las infraestructuras potenciado por unas facilidades crediticias fuera de lo normal. El crédito crecía una media de diez puntos por encima del propio PIB y, además, visto en perspectiva, con unos intereses muy bajos o, al menos, a unos intereses a los cuales la economía española y sus actores económicos no estaban acostumbrados.

Posteriormente, en el caso español, tenemos un segundo período económico de cuatro años, entre 2009 y 2012, instalados de lleno en la crisis, con datos del PIB negativos todos esos años, salvo el espejismo de crecimiento de 2011 (0,4 por ciento), impulsado artificialmente gracias a un aumento del gasto público y a una falta de comprensión todavía de la profunda situación de crisis de ámbito general. Después de tantos años de crecimiento parecía más que probable que la curva negativa fuera a durar un espacio corto de tiempo, y la «medicina» no se aplicó hasta que la enfermedad llevaba incubándose demasiado tiempo en el cuerpo, agravándose rápidamente y sin recibir un mínimo tratamiento para combatirla.

Entre 2009 y 2012, el PIB de Alemania crece 2,9 puntos, a pesar de que en 2009 decrece hasta el –5,1 por ciento, y entonces se encienden todas las señales de alerta. En ese mismo período, Francia arroja un paupérrimo 0,2 puntos en positivo e Italia decrece 5,3 puntos; el PIB español también decrece 5,3 puntos. Por tanto, en lo que respecta a España en comparación con Alemania, retrocede 8,2 puntos.

Si analizamos los dos períodos conjuntamente, los datos son muy claros, entre 2000 y 2012, Alemania ha crecido 17 puntos de PIB, Francia 16,6 e Italia 7,1 puntos. En el caso de España ha crecido nominalmente 25,7 puntos del PIB, 8,7 más que Alemania, 9,1 más que Francia y 18,6 más que Italia. Esos son los números, no son opiniones, y debieran llevarnos a una prudente reflexión. Durante el primer período en cuestión crecimos mucho más que nuestros competidores europeos y empezamos a equilibrar nuestros desequilibrios de déficit, endeudamiento, inflación, etc., pero en el segundo período, quizá por no saber modular la euforia —en parte engañosa y no estructural, algo artificial—, no supimos continuar por la vía de seguir combatiendo los desequilibrios todavía existentes, de modo que la relajación o la complacencia han desembocado en desequilibrios todavía mayores a los iniciales, especialmente en el caso del déficit y el endeudamiento.

Respecto a estos dos últimos indicadores, déficit y endeudamiento, es curioso el estudio que la Comisión Europea hacía sobre ellos entre 2000 y 2010, tomando como base el 3 por ciento del déficit y el 60 por ciento de endeudamiento, dos de los famosos criterios de Maastricht. España sólo había incumplido cuatro veces frente a Francia, que había incumplido 14 veces, Alemania, 17 veces, e Italia, en 19 ocasiones. A partir de 2011, España incumple cada año. Por cierto, con diferente vara de medir en la Comisión Europea cuando los flagrantes incumplidores fueron Alemania y Francia, frente a las continuas advertencias actuales y que trae como consecuencia el actual desapego europeo de buena parte de la ciudadanía española por falta de compromiso colectivo.

En 2007, España crecía el 3,5 por ciento, y teníamos un superávit presupuestario del 1,9 por ciento; nuestro endeudamiento se había reducido al 36,3 por ciento del PIB y se creaban todavía miles de empleos. Tan sólo dos años después, el fatídico 2009, España decrecía el 3,7 por ciento; el déficit se disparaba al 11,1 por ciento y la destrucción de empleo —menos ocupación y más parados— arrojaba la cifra de 1.558.900 desempleados más en sólo un año.

En sólo dos años pasamos de una situación tremendamente positiva a una de auténtica hecatombe que nadie, salvo alguna excepción, predijo con detalles macroeconómicos pormenorizados, ni a nivel interno ni externo, ni respecto a España ni a escala mundial.

Nadie podía suponer la gravedad de la crisis, aunque ya empezaba a haber datos muy negativos y preocupantes desde la quiebra de Bear Stearns, en el mes de julio de 2007, hasta la caída de Lehman Brothers, en septiembre de 2008. En los últimos meses de 2008 y en el mismo 2009 se produjo una cadena de intervenciones de los bancos centrales capitaneados por la Reserva Federal, rescates de bancos, ayudas a empresas, salvamentos de todo tipo y manera con tal de que la economía financiera y, en consecuencia, también toda la economía mundial no se derrumbara, lo cual conllevaría unas consecuencias imprevisibles. El miedo a una total catástrofe económica era evidente en todo el mundo.

La realidad es que, entre 2007 y 2009, la economía española pasó de un superávit presupuestario de 1,9 puntos a un déficit de 11,1 puntos —es decir, 13 puntos de PIB—, cuando en Europa se pudo controlar a la mitad dicho desfase causado por los menores ingresos y los mayores gastos. Esto quiere decir que, mientras los grandes países europeos empezaron a tomar medidas, controlar el gasto y preocuparse por la competitividad, aquí seguíamos con el gasto como estrategia salvadora.

Entre 2007 y 2011, el gasto público en Alemania pasó hasta el 45,5 por ciento de su PIB con un crecimiento de 2,1 puntos en dicho período, frente a 3,4 puntos en Francia, 6,5 puntos en España y 4,8 puntos en el Reino Unido. Está claro, por tanto, quién controló el gasto y quién no; unos porque pudieron y otros porque no lo intentaron.

Algo parecido ocurrió en el campo de los ingresos que cayeron también en dicho período un punto en Alemania, 0,9 puntos en Francia, 0,1 puntos en Italia y 6,3 puntos en España. Todos esos datos indican que nuestros ingresos impositivos recaudan mucho con la euforia económica y se reducen drásticamente en la crisis. En España, los cuatro grandes impuestos (IVA, IRPF, sobre Sociedades y Especiales) recaudaban sólo 103.118 millones de euros en el año 2000, frente a 200.676 millones de euros en 2007, esto es, se multiplicó por dos la recaudación, tras lo cual ésta bajó hasta 144.023 millones de euros en 2009, lo que representa una reducción del 28,2 por ciento desde el máximo.

Todo ello quiere decir que ni supimos frenar el gasto, cosa que sí hicieron los grandes países europeos, ni mantener nuestros ingresos, en parte debido a que muchos venían del boom inmobiliario, pero también a que nuestra estructura impositiva debe mejorarse muy mucho.

Todo cambió cuando, en mayo de 2010, el gobierno, todavía entre agobiado y sorprendido, pero apremiado por nuestros socios europeos y otros no tan europeos, llegó a la conclusión de que debía cambiar aceleradamente su hoja de ruta económica. La economía española había entrado ya en una profunda recesión y debía empezar a someterse urgentemente a una difícil medicina de reducción de gastos y mantenimiento, en lo posible, de los ingresos. Sólo el acuerdo de pensiones entre el gobierno, los sindicatos y la patronal, con el desaire de los partidos de la oposición, parecía ir en la dirección correcta, a pesar del desprecio de muchos, la falta de consideración de otros tantos y la poca comprensión de la mayoría, pues ni a los sindicatos ni a la patronal les fue fácil firmar el citado acuerdo; a unos por exceso y a otros por defecto. El país, en su conjunto, ni entendía ni valoraba un acuerdo de tales características. Algún indocumentado lo desprestigiaba caricaturizándolo como un acuerdo de la «troika» formada por los sindicatos, la patronal y el gobierno. Y es que, en aquellos momentos, el grueso de la sociedad española todavía no aceptaba la gravedad de lo que estaba pasando; se pensaba que la crisis era pasajera, que el repunte del crecimiento del PIB en 2011 era definitivo y que acuerdos de aquel tipo no eran necesarios y parecían incluso exagerados o alarmantes. Por el contrario, desde la Europa económica y política, ese acuerdo sobre las pensiones se valoró en la justa medida; realmente fue uno de los primeros pasos de la auténtica reforma.

Fuera de nuestras fronteras, y especialmente entre los empresarios europeos con intereses en España, nadie entendía el crecimiento inadecuado de los salarios, muy por encima del índice de precios de consumo (IPC). Tanto en 2008 como en 2009, nuestros salarios crecieron 1,9 y 1,5 puntos respectivamente por encima del IPC, lo cual representaba una auténtica exageración y demostraba las rigideces de unos convenios colectivos que no se adaptan a la realidad y prefieren el cumplimiento sin más de lo pactado frente a las necesidades de flexibilización en tiempos de crisis. Conscientes del gravísimo error cometido, en enero de 2012, cuando el mal ya estaba hecho, los sindicatos y la patronal firmaron un acuerdo de moderación y flexibilidad salarial que vino a corregir la inflexibilidad anterior, aunque demasiado tarde.

En España, con el repunte de la economía en 2011, con un crecimiento del PIB del 0,4 por ciento, muy pocos tenían interiorizada la gravedad de la situación económica, empezando por el propio gobierno, que pensaba que con unos cuantos retoques en el gasto y la vuelta al crecimiento de la economía mundial todo volvería a la normalidad. Desgraciadamente, la crisis era mucho más que superficial, era mucho más profunda y estructural de lo que podía pensarse.

Nadie puede negar, sin embargo, que la economía española desde 2000 a 2012, ha sido, entre las europeas, la principal creadora de empleo (con grandes incrementos de la población también); así, hasta 2007 se dio una fortísima creación de puestos de trabajo, mientras que desde 2008 hasta finales de 2012 se ha producido una terrible destrucción de los mismos, tendencia no corregida todavía en 2013. Si analizamos en profundidad y con rigor los números, sin demagogias baratas y hasta ridículas, podemos extraer conclusiones bastante claras y detectar errores de bulto que hemos cometido y ahora deberemos digerir, pues no hay vuelta atrás en ciertas decisiones.

Entre 2000 y 2012, la población en España crece en 6,8 millones de personas (de 39,3 millones se pasa a 46,1 millones), esto es, un 17 por ciento. Curiosamente, el padrón a 1 de enero de 2013 certifica una disminución de la población de 205.788 personas, hecho que se produce por vez primera desde que hay datos oficiales. En Alemania, durante el mismo período de 2000 a 2012, la población se ha incrementado en sólo 0,3 millones de personas, lo cual da la clave de su envejecimiento y de la necesidad de «importar» gente joven y preparada para trabajar. No es sólo solidaridad, es también necesidad. Por lo que respecta a Francia, el crecimiento de población es de 1,5 millones de personas; y en el caso de Italia, algo parecido al caso español, el crecimiento es de 4 millones de personas.

Lo mismo podría decirse de las tasas de actividad y empleo. España va a la cabeza de todas las estadísticas. Su población activa crece en 7,4 millones de personas, hasta un récord de 23,1 millones de personas en 2012. En porcentaje, la tasa de actividad se incrementa 10,2 puntos en veinte años con la incorporación masiva de la mujer (que, en particular, sube 18 puntos), equiparándose todos los datos a la media de los grandes países europeos y mejorándolos en algunas estadísticas, como es el empleo a tiempo parcial, la mitad que el alemán, lo cual, por tanto, distorsiona las cifras reales del desempleo frente a Alemania, empeorándolas.

Durante ese largo período de tiempo entre 2000 y 2012, iniciado con euforia y acabando con una dura recesión, España ha incorporado 6,8 millones de personas en población, 2,6 millones de empleos y 3,7 millones de parados adicionales; y la destrucción de empleo en 2013 todavía no se ha detenido. Hemos creado y destruido empleo en cantidades exageradas para lo bueno y, desgraciadamente, también para lo malo. Lo mismo podría decirse en cuanto a creación y destrucción de empresas con centros de trabajo y trabajadores.

Sin embargo, algunas preguntas siguen ahí sin respuesta, en el debe de la sociedad española, preguntas que van a hipotecar enormemente toda nuestra economía y a tensionar nuestra propia sociedad durante mucho tiempo. ¿Cómo es posible que en 2006 y 2007, con índices oficiales de desempleo del 8 por ciento, no se encontrara gente dispuesta a trabajar? ¿Es entonces esa cifra del 8 por ciento la cifra cercana al paro técnico y prácticamente nulo en España? Ya anteriormente, esta cuestión, aún sin contestar, trajo como consecuencia la masiva llegada de emigrantes durante el boom de la construcción, cuando, ante la falta de trabajadores para cubrir empleos, se dio como alternativa la llegada desordenada, pero incitada legalmente, de muchos emigrantes, los cuales veían en España una tierra de oportunidades. La mayoría de estos inmigrantes eran legales, otros, por el contrario, irregulares.

En un estudio sobre inmigración y mercado laboral,¹ su autor, Joan Elías, explica y razona muy adecuadamente la realidad de toda esta circunstancia. En sólo veinte años, entre 1988 y 2008, España pasó de tener 360.000 a unos 5,262 millones de habitantes no nativos, esto supone un incremento de unos 4,902 millones, de los cuales unos 4,542 millones corresponden a los últimos diez años del período, pasando el total de la población no nativa desde el 0,9 por ciento, en 1988, al 11,6 por ciento, en 2008. La mitad de los emigrantes en la Europa de los quince entre 1998 y 2008 eligieron España como punto de destino.

Durante ese período, España es el país que más y mejor empleo ha creado, pues sus datos de empleo a tiempo parcial, de un 13,8 por ciento, son prácticamente la mitad que los alemanes, un 26,6 por ciento. Por tanto, si quisiéramos comparar la tasa de paro española con la alemana debiéramos reducir la española en seis puntos o aumentar la alemana en la misma cifra. En el caso de los Países Bajos, con una tasa de «parcialidad» del 49,1 por ciento (35 puntos más que la española), para comparar su tasa de paro ponderadamente con la española deberíamos reducir esta última en 17 puntos.

Para establecer comparaciones adecuadas respecto a las tasas de paro, también deberíamos actuar estadísticamente y reflexionar, por ejemplo, en la oportunidad de incluir o no en el paro los minijobs (miniempleos) alemanes o algunas fórmulas más imaginativas que no contabilizan en el paro, como el kurzarbeit (jornada reducida) alemán, positivísima y acertadísima estrategia de restructuración, o la modalidad italiana cassa integrazione guadagni (al respecto, consideremos la también bajísima tasa de desempleo italiana).

Si quisiéramos seguir argumentando sobre las tasas de paro, podríamos poner sobre la mesa los más de cinco millones de empleados públicos que hay en Francia. Una importante argumentación respecto a las diferencias conceptuales de cálculo del paro total en Francia es el de sus categorías; actualmente, el paro al que llaman categoría A (los que no han trabajado una hora durante el mes) es de unos 3,2 millones de personas, es decir, un 10,8 por ciento, según las últimas estadísticas. Añadiendo las categorías B, C, D y E, la cifra sería de unos 5,3 millones de demandantes de empleo, o sea, un 18 por ciento. Los parados de la categoría B (los que han trabajado menos de 78 horas en el mes) son 624.400; los de la categoría C (que han trabajado más de 78 horas en el mes) suman 894.600; los de la D (que están en formación o en contrato de formación), son 261.200; y los de la E (que tienen contrato de ayuda o de creación de empresas) ascienden a 351.200.

Por último, consideremos el número de pensionistas en los grandes países europeos: 23 millones en Alemania, 18 en Francia y 16 en Italia. Si creáramos una tasa que sumara las personas desempleadas y los pensionistas, la cifra respecto al total de la población sería aproximadamente la misma, alrededor de un 31 por ciento, en los cinco grandes países de la zona del euro, esto es, Alemania, Francia, Italia, España e incluso en Suecia. Quiere esto decir que, si sumamos todo y consideramos los datos con todos los detalles y argumentos conjuntos, los números son muy parecidos o tienden a serlo. No podía ser de otra manera.

Con los datos de crecimiento del PIB de los grandes países europeos, desde Alemania a Italia pasando por Francia y acabando por España, que hemos analizado detenidamente, no se acaba de entender algo: si en ese período 2000-2012 quien más crece es España, ¿cómo es posible que sólo en España se dispare exponencialmente el desempleo?, ¿qué ha ocurrido en el resto de los países?

¿Cómo es posible que en Alemania, en 2009, con una caída del PIB del 5,1 por ciento, los ocupados se redujeran sólo el 0,1 por ciento? Básicamente, el ajuste en el empleo se refleja en la reducción del número de horas trabajadas en un 2,7 por ciento, los acuerdos alcanzados entre sindicatos y patronal para conservar el empleo y los importantes elementos de flexibilidad introducidos, desde el trabajo a tiempo parcial (importantísimo) hasta los contratos de formación o los miniempleos. Durante dos años, plazo después prorrogado, las empresas redujeron la jornada laboral —reducción en horas trabajadas en lugar de en personas— con el correspondiente ajuste salarial. Afortunadamente, desde 2011, ambas variables, horas y personas, vuelven a evolucionar de manera similar.

Esto no quiere decir que el paro no siga siendo el primer problema de la economía española, y no sólo de la economía; es un auténtico problema social que debe combatirse desde todos los frentes con medidas estructurales y coyunturales, vengan de donde vengan, sean soluciones viejas o nuevas, probadas o arriesgadas. Es tal la problemática que cualquier iniciativa debe ponerse en consideración y no en duda. El mundo empresarial ha puesto encima de la mesa un amplio ramillete de propuestas o iniciativas, todas con un mismo denominador, hacer legales las cosas reales. Nada más difícil o fácil, según cómo se mire. Por desgracia, los gobiernos de uno u otro signo no se han atrevido a ni siquiera tener la osadía o el atrevimiento de probarlo. Algo parecido puede decirse de los sindicatos, perfectos defensores de un statu quo en lo laboral que está archidemostrado que no funciona y que sólo es bueno para quienes tienen empleo fijo y antiguo (mientras lo mantengan), pero que penaliza fuertemente a quienes aspiran a tener un nuevo empleo. Romper los esquemas mentales de quienes piensan en mantener las mismas recetas de siempre en el terreno del empleo es el principal reto inicial; si partimos de la base de que la principal preocupación es el paro y no la creación de empleo estamos cometiendo un grave error estratégico. No hay ninguna otra solución para crear empleo que la de crear empresas. Mientras haya quienes ni piensen ni digan esto, y sólo su planteamiento les produzca urticaria intelectual, tendremos perdida la batalla de la creación de empleo. No hay ningún sistema, salvo la economía planificada (que ya lo intentó y fracasó rotundamente), que consiga crear empleo sin empresas y, tras ellas, millones de empresarios. Es una receta fácil y probada, pero algunos todavía la combaten sin ofrecer alternativas.

El más grave problema de la economía española, junto con el paro, es su endeudamiento, más privado que público, aunque en la hora actual tiende a reducirse el privado, pues las políticas crediticias así lo obligan, y se está disparando el público, con un déficit que no acaba de controlarse. Ahí tenemos el problema.

El crecimiento del endeudamiento privado se originó ya con la implantación del euro, así como con el incremento de las facilidades crediticias, la abundancia de dinero en los mercados financieros internacionales y la reducción de los intereses, bajísimos si los comparamos con las décadas previas. Durante mucho tiempo, ha habido mucho crédito, muy fácil de obtener, con pocas contraprestaciones y a tipos muy bajos. Durante años, en muchos casos, esos tipos han sido inferiores a las tasas de inflación o de rentabilidad. Por tanto, negocio seguro.

En España, el endeudamiento privado y público entre los años 2000 y 2011, medido como porcentaje del PIB, se ha multiplicado por dos, desde el 198 al 388 por ciento, mientras que en la zona del euro ha pasado del 267 al 381 por ciento, incrementándose en un 42 por ciento, cifras parecidas a la del endeudamiento de Estados Unidos, con un 346 por ciento del PIB, e inferiores a la de Reino Unido, con el 466 por ciento del PIB. Resulta decisivo observar que el gran crecimiento de deuda se ha dado en las sociedades financieras, para las que se ha multiplicado por siete, desde el 15 al 105 por ciento. Este porcentaje, probablemente, debería reducirse del porcentaje general, pues está ya contabilizado en las deudas de las propias familias y empresas con las entidades financieras, a la vez que éstas tienen buena parte de su negocio y también su deuda en el exterior.

En los últimos años se está produciendo un grandísimo desapalancamiento financiero (o reducción de exposición a la deuda), tanto de empresas como de familias. Entre 2000 y 2008, el crecimiento del crédito en España para familias y empresas creció el 215 y 248 por ciento respectivamente. Dicha cifra estaba fuera de lo normal y era consecuencia del gran apetito por la colocación de créditos por parte de los inversores extranjeros en busca de una fácil y, en aquel entonces, segura rentabilidad. Por reflejar un dato concreto, entre 2004 y 2008, el crédito para la adquisición de vivienda pasó de 317.268 millones de euros a 626.620 millones de euros, esto es, se multiplicó por dos en cinco años. En definitiva, una auténtica exageración por las dos partes.

Por el contrario, entre 2008 y 2012, el desapalancamiento de las familias y las empresas está siendo importante, un 7,73 y 8,3 por ciento respectivamente. La digestión del apalancamiento está siendo dura y difícil, y va contra la actividad económica.

Por el contrario, el Estado, a todos los niveles y debido a su elevado déficit, ha pasado desde un endeudamiento del 36,7 por ciento del PIB, en 2007, a uno probable, en 2013, del 91,4 por ciento, cifra que hace imprescindible la paralización de tal aumento. El desapalancamiento privado, obligado por la falta de liquidez en los mercados propiciada por el incremento del ahorro de los hogares y las empresas, y también por el efecto de derivación del crédito hacia el sector público, está siendo muy importante y constituye una prueba favorable de la deseada recuperación económica.

Todo ese crédito no se ha utilizado como simple gasto, sino como inversión, especialmente en el terreno de los hogares, por ejemplo con la compra de viviendas. En 2006 se llegaron a construir en España 650.000 viviendas y a conceder 1,9 millones de hipotecas, frente a las 133.000 viviendas y 458.000 hipotecas en 2012. El número de toneladas de cemento consumidas al año lo deja bien claro: desde 55 millones de toneladas, en 2006, a 15 millones, en 2012. Teniendo en cuenta, a grandes rasgos, que la mitad del consumo de cemento se destina a viviendas y la otra mitad a infraestructuras, algo habrá tenido que ver la gran inversión en infraestructuras, tanto públicas como privadas, durante estos últimos años. Todo el sector de la construcción daba trabajo a 2,7 millones de empleados en 2007, y en 2013 esa cifra no llega a 1,3 millones de empleos. En cuanto a inversión en infraestructuras estatales, a todos los niveles, hemos pasado de 46.763 millones de euros, en 2006, a 18.151 millones de euros, en 2012, aunque bien puede decirse que todavía pueden seguir haciéndose inversiones si queremos equipararnos a los grandes países europeos. Según un en un estudio de reciente aparición elaborado por SEOPAN, la patronal de las grandes constructoras y los servicios de ámbito nacional, entre 1995 y 2012, la inversión pública dividida por la superficie en kilómetros cuadrados de cada país y por el número de habitantes obtiene un ratio de 1.377 euros por kilómetro cuadrado y millón de habitantes, un valor inferior al de Francia, con 1.492, Reino Unido, con 1.853, e Italia, con 1.941, pero superior al de Alemania, con 1.353. Por tanto, se ha dado un paso adelante extraordinario, aunque falte todavía camino por recorrer.

En infraestructuras, el país ha mejorado muy mucho, y podemos estar contentos, aunque muchas de las inversiones necesarias se hayan hecho con dinero prestado. Ahí están esas infraestructuras, y para conservarlas hay que hacer un mínimo mantenimiento, salvo que queramos dejar que entren en cierto deterioro, y eso no es difícil, teniendo como tenemos: aeropuertos (más de uno) sin pasajeros suficientes; universidades con exceso de oferta, falta de alumnos y resultados de alto fracaso escolar; polideportivos vacíos; bibliotecas sin libros; museos sin presupuesto de mantenimiento, etc. A toda la sociedad en su conjunto, que es quien ha permitido tal dispendio incontrolado, se nos debería caer la cara de vergüenza. Hay muchos culpables por acción y otros por omisión. Básicamente ha sido un exceso de gasto corriente, pues en la inversión en infraestructuras queda mucho por hacer, aunque debe hacerse por necesidad y no por intereses de los políticos locales.

En algunos aspectos hemos pensado que éramos demasiado ricos, cuando, en realidad, teníamos ingresos pasajeros y mucho crédito de fácil obtención. En 2006, los ingresos procedentes del boom inmobiliario en los ayuntamientos (con el Impuesto de Transmisión Patrimonial y Actos Jurídicos Documentados) sobrepasaban los 18.000 millones de euros. Tan sólo tres años después, los ingresos cayeron a un tercio, pero los citados ayuntamientos ya se habían acostumbrado a gastos mayores (la mayoría convertidos en gastos fijos), y no había voluntad ni, a veces, fácil posibilidad de reducirlos. Cuando uno gasta el dinero que no es suyo, que ha obtenido fácilmente y sobre el que nadie le va a pedir cuentas suelen pasar estas cosas, desgraciadamente.

Hubo dinero para todo, para lo necesario y lo superfluo, para lo correcto y lo incorrecto, y la peor consecuencia es que el gasto público se disparó. El exceso de dinero, el dinero fácil, crea adicción y despilfarro tanto en las familias como en las empresas, pero en estas últimas el dinero es de cada cual y las deudas también. En el caso del dinero público, las deudas parece como si no fueran de nadie, pero son de todos. Y ese desenfreno en el gasto lo hemos tenido y consentido aquí en España. Sólo hace falta mirar ciertos excesos, así como los casos de corrupción que aparecen uno tras otro. Todo ha sido por falta de control y exceso de dinero. Como consuelo nos queda que no somos los únicos, desafortunadamente.

Algunos comportamientos no generalizados de ciertas personas de aquí y fuera de aquí han sido escandalosos, y algunas cosas, aunque sean legales, son inmorales. Hay que tomar nota y cambiar las leyes. No pueden producirse grandes agujeros en las empresas y los organismos públicos y seguir como si aquí no pasara nada; y lo mismo en el sector privado. Nada de eso es ético ni moral. Debe exigirse una cierta conciencia social, aunque sea por ley, que evite los excesos y los abusos. Frente a dichos comportamientos hay miles de personas, miles de empresarios, con un comportamiento excepcional, aguantando el chaparrón, poniendo el dinero que tienen y el que piden prestado con tal de salvar su empresa y los puestos de trabajo que eso conlleva. Son esos héroes anónimos que no lucen, pero existen.

Desgraciadamente, en los medios de comunicación sólo aparecen comportamientos escandalosos de unos pocos, quedando en el olvido otros más silenciosos y mayoritarios que no son conocidos, no hacen ruido y son ejemplares, y estos últimos son millares. Los codiciosos, avariciosos y desvergonzados son muy pocos, pero hacen un daño terrible a toda la sociedad en su conjunto, ya que todos ellos se relacionan, con razón o sin ella, con el mundo empresarial, y éste está compuesto mayoritariamente (más del 90 por ciento) por muy pequeños empresarios anónimos que trabajan del día a la noche para sacar adelante su pequeño negocio, su gran ilusión, pero también su forma de vida, la suya y la de algunos trabajadores, con la esperanza, simplemente, de subsistir dignamente, y no de hacerse millonarios.

Buena parte del crédito a las empresas se ha dirigido al desarrollo exterior. La inversión española en el exterior, aunque haya sido en parte vía crédito, ha sido espectacular y oscila alrededor de los 660.000 millones de dólares, un 50 por ciento del PIB, aproximadamente. Entre 1990 y 2010, ésta se ha multiplicado por tres y, en porcentaje de PIB, está muy cerca de la alemana y dobla a la italiana. Por tanto, no ha sido un mal negocio esa inversión exterior, aunque, al no haberse realizado con capital propio, es de más difícil digestión; no obstante, las buenas inversiones, antes o después, dan buenos resultados. También en los últimos años se está produciendo un importante desapalancamiento por parte de las compañías españolas, especialmente en activos situados en el exterior.

Ante una crisis como la actual, financiera en un principio, y global en lo económico, pero con diferentes intensidades (hay países, como los emergentes, que casi ni se han enterado, y otros que han visto salir a la superficie sus auténticos problemas estructurales, como es el caso de Europa y, concretamente, de España); hay visiones para todos los gustos.

En nuestro caso concreto —que también es el caso de otros países europeos, aunque con distintas peculiaridades—, algo habrá que hacer; y la solución no es pensar que el tiempo todo lo arregla. Durante muchos años, como mínimo desde 2007 hasta mediados del 2010, hemos negado la crisis, y tal postura ha sido una auténtica losa para empezar a cambiar.

Somos más pobres, hay que asumirlo, es mejor interiorizarlo. Esta crisis ha destruido mucho capital y no podrá recuperarse fácilmente. Es hora de volverlo a crear en una nueva circunstancia, más difícil que la pasada.

Durante más de treinta años hemos creado en Europa un estado de bienestar que es orgullo de los europeos, y su diferencial respecto al resto de los países occidentales, y especialmente respecto a Estados Unidos, donde el Estado no crea un colchón de seguridades para que el individuo viva confortablemente dentro de un orden, dejándole a éste la obligación de costearse sus necesidades principales.

A principios del siglo XX, el gasto del Estado tanto de Francia como de Estados Unidos no representaba más del 10 por ciento del PIB. Hoy en día, en los grandes países europeos, según datos actuales (2012), el gasto público respecto al PIB representa en Francia, Alemania e Italia el 56,6, 45 y 50,6 por ciento, respectivamente. Hasta incluso Suecia ha reducido su participación en el gasto público respecto al PIB al 49,1 por ciento después de unos años de continuo descenso, pues habían llegado a extremos máximos y se les había paralizado la economía. No tuvieron más remedio que reducir el gasto público y reducir los impuestos para volver a crecer. Dicho y hecho, la receta funcionó.

Estados Unidos tiene un gasto público del 41,4 por ciento en relación con su PIB, mientras que el de China es del 25,8 por ciento, después de un crecimiento de casi el 60 por ciento en los últimos seis años. En el caso chino, probablemente para mantener la cohesión social, su incremento será importante en las próximas décadas, especialmente porque, a escala mundial, nadie va a poder hacer cosas radicalmente distintas a las que se hacen en el resto del mundo, y porque, a muy corto plazo, el Estado chino se verá en la obligación y la necesidad de cuidarse de la educación y la sanidad de sus ciudadanos para consolidar la cohesión social, lo que le generará crecimientos importantes del gasto público.

En el caso concreto de España, el crecimiento del gasto público respecto al PIB ha sido espectacular, desde el 25 por ciento, en 1977, hasta el 47 por ciento, en 2012, pero con unos ingresos sólo del 36,4 por ciento del PIB. Simplificando y exagerando, en aquellas épocas lejanas del inicio de la transición política en España podría decirse que no se pagaban impuestos. Del IRPF sólo había 300.000 contribuyentes, y hoy tenemos casi 23 millones de contribuyentes. Otra cosa es si el sistema actual es justo o equitativo. Habrá que reestructurarlo, combatir sin contemplaciones el fraude y tener unos impuestos que no paralicen la actividad económica, pero con recaudaciones lógicas.

Durante estos últimos cuarenta años, gracias al gran crecimiento del PIB se ha creado un potente estado de bienestar dando seguridades generales a todos los ciudadanos, desde la educación hasta la sanidad, junto con otros servicios. El salto de calidad ha sido espectacular y muy positivo. Existe consenso generalizado para defenderlo y darle continuidad. Por tanto, habrá que hacerlo viable, compatible con la economía global, ya que en muchos países no existe dicho «bienestar». Hay que hacerlo competitivo y sin fraudes, por pequeños que sean, porque muchos minifraudes suman miles de millones de euros. La batalla contra la economía irregular es una batalla de todos, al igual que contra la evasión fiscal.

El dilema actual no es decidir entre más Estado o menos Estado, y ni mucho menos entre más sector público o más sector privado. La clave es mejor Estado, más eficiencia y mejor gestión. Sin Estado podríamos llegar a la ley de la selva, pero depositarlo todo en manos del Estado produciría asfixia y, probablemente y en última instancia, ausencia de libertades.

Debe existir un Estado potente, fuerte, sin grasa, con músculo, que marque reglas, pocas y buenas, y que las haga cumplir sin contemplaciones y con rigor. Los millones de páginas y reglamentos que se cambian cada año son una auténtica locura económica con gastos innecesarios. Es mejor legislar menos y que duren más tiempo. Así, los ciudadanos las interiorizan y las hacen suyas. Los países de la Unión Europea, menos los del norte que los del sur, pierden cada año como mínimo un par de puntos de su PIB debido a su maraña administrativa.

El debate actual no es más o menos gasto público. La clave es mejor gasto público, eficiente, suficiente, soportable, evaluable, controlable y que cumpla sus funciones con transparencia y gobernanza. El dinero público en el mundo actual debe ser cristalino, con exigentes controles y visible en un clic.

La convivencia entre lo público y lo privado debe ser total. Hay ciertos servicios buenos y otros catastróficos tanto en lo público como en lo privado. Tanto unos como otros deben evaluarse y, si no funcionan, cambiarse. Comparando simplemente las televisiones privadas y públicas vemos los excesos, los desajustes de las públicas por su gestión, por sus reglas internas o sus maneras de hacer. Sólo con comparar las horas de trabajo entre el convenio colectivo de una televisión pública y otra privada puede entenderse la imposibilidad económica de las televisiones públicas si desde el principio no se les requiere independencia, control, evaluación y apertura a los cambios en función de la audiencia y de los resultados económicos. En definitiva, gestión. Si funciona, perfecto. Si no tiene share, o cuota de pantalla, se cambia sin contemplaciones y con presupuestos fijos; no sirve eso de que todo vale porque es una televisión pública.

Es hora de reformas. No sólo de enunciarlas, sin miedo, sino de acometerlas, una tras otra; y no sólo son necesarias en España, sino en toda la Unión Europea. Es hora de abrir debates, lo más inteligentes posible, y no cerrarlos, de enunciar nuestras carencias, debilidades e ineficacias y de combatirlas. También hay que incentivar nuestras habilidades, que no son pocas. Es necesario aire fresco, planteamientos nuevos, sin hipotecas ideológicas, sin cerrar puertas a nada.

Estamos en pleno siglo XXI, y todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, tanto quienes vienen de un extremo como de otro. No pasa nada. Muchos se han quedado huérfanos de ideología. Habrá que pedirles humildad y que no insistan en ideologías fracasadas ya en el siglo XX. Ni siquiera que las disfracen.

Dos variables no antagónicas definen nuestro tiempo: libertad económica y solidaridad. Hay que hacerlas compatibles, pero no a martillazos, sino por convicción. Es hora de derechos, pero también de grandes responsabilidades, de grandes compromisos individuales y colectivos.

El «todo gasto», ver el gasto como la solución, es una utopía viciada en origen que sólo sirve para confundir o engañar a la ciudadanía. Lo más antisocial es poner en riesgo el estado de bienestar actual impidiendo las más que necesarias reformas.

Para cambiar las cosas no podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho y que no ha funcionado. Hay que cuadrar los números. Habrá que cambiar lo que haga falta, por lo menos para no volver a equivocarnos. Todo ello tiene un nombre, «reformas», cuanto antes mejor, más bien con prisa que con pausa.

No hay que tener miedo a acometerlas. Al contrario, son una gran oportunidad. Ésta puede ser una buena ocasión para ponernos todos de acuerdo, marcarnos objetivos, exigirnos máxima humildad y gran responsabilidad, saber que todos vamos a perder algo y que no va a ser fácil. Va a ser duro y difícil, pero las enfermedades se combaten con medicinas. Y todas las enfermedades tienen curación si hay voluntad, no ya por parte de unos pocos, sino del conjunto de la ciudadanía.

Sin reformas no hay futuro, y sólo es posible un progresivo e inexorable declive. Con reformas, por difíciles que sean, hay más y mejor futuro, y no sólo para unos pocos, sino, a buen seguro, para todos.

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La crisis internacional y la crisis en la Unión Europea

El 16 de febrero de 2007, la Comisión Europea presentaba sus previsiones económicas intermedias, en las que indicaba que la economía de la Unión Europea seguía creciendo a un rápido ritmo. Incluso algunos meses después, al otro lado del Atlántico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantenía una visión positiva de la evolución económica. En concreto, la actualización de las perspectivas económicas, publicadas el 25 de julio de 2007, señalaba que la economía mundial mantenía un crecimiento pujante y las proyecciones del crecimiento para 2007 y 2008 se corrigieron al alza, del 4,9 al 5,2 por ciento.

El objetivo de este capítulo es conocer el origen de la crisis internacional y europea que propició que todos los responsables económicos y los medios de comunicación especializados pasaran de enviar unos mensajes que auguraban mayor crecimiento económico y obviaban por completo cualquier riesgo en el sistema financiero a hablar del colapso financiero que se generó unos meses después, con el inicio de la crisis de las subprimes. En mi opinión, es cierto que las subprimes actuaron como detonante para disparar la crisis, pero el problema es que no se sabía la cantidad de explosivo que había alrededor de ellas, el cual se venía acumulando desde unos años atrás.

A principios de la década pasada, la economía de muchos de los países desarrollados experimentó un período muy negativo, consecuencia de la crisis de las empresas tecnológicas, o del estallido de la burbuja de las puntocom, es decir, la quiebra de muchas empresas relacionadas con las nuevas tecnologías, que habían florecido a finales de los noventa y cuyas expectativas de crecimiento dieron lugar a un incremento exacerbado en los precios de sus acciones cotizadas.

Para atajar la crisis de estas empresas tecnológicas, las autoridades de política económica plantearon una respuesta muy ambiciosa: la aplicación de una política monetaria expansiva que consistió en una fuerte reducción de los tipos de interés fijados por la Reserva Federal (FED) y el Banco Central Europeo (BCE), lo cual propició una importante expansión del crédito. Por ejemplo, desde principios de 2001 y hasta mediados de 2003, el tipo de interés fijado por la FED se recortó desde el 6,5 por ciento hasta el 1 por ciento.

Esta bajada de tipos de interés favoreció un fácil acceso a la financiación, permitiendo estimular la economía y, de manera particular, el sector inmobiliario. La concesión de hipotecas se multiplicó mientras que se mantuvo dicha política monetaria. Para la FED, la prioridad se centraba en impulsar el crecimiento a la vez que se mantenía la estabilidad de precios. Sin embargo, algunos precios como el de la vivienda, que registraba un rápido ascenso, no era tenido en cuenta, por lo que la estrategia de la FED alentaba la creación de una nueva burbuja, en este caso, en el sector inmobiliario.

Hay que tener en cuenta que el mantenimiento de unos bajos tipos de interés dio lugar a un apetito excesivo por el riesgo y, por tanto, a una distorsión de los riesgos. En este caldo de cultivo surgieron las hipotecas conocidas como subprimes, para entendernos, aquellos créditos hipotecarios que son concedidos a personas o empresas con una menor solvencia y unas menores garantías, por lo que el riesgo de impago es superior a la media y el tipo de interés que se cobra también lo es.

Hasta aquí diríamos que el problema está claro, pero no. Detrás hay un círculo vicioso con efecto «bola de nieve». Las subprimes eran contratadas a través de las agencias estatales estadounidenses Fannie Mae y Freddie Mac, para facilitar el acceso a una vivienda en propiedad a un mayor número de personas. Pero estas agencias tenían limitada la concesión de créditos subprime, a no ser que consiguieran vender los derechos de cobro a entidades intermediarias.

Para ello, los derechos de cobro de las hipotecas subprimes se agruparon por las entidades de inversión y, posteriormente, fueron incorporados junto con otros activos en fondos de inversión que se vendían en conjunto. Así, cualquier persona del mundo podía comprar derechos de cobro de hipotecas subprimes norteamericanas a través de las adquisiciones de participaciones en fondos de inversión ofrecidos, por ejemplo, por las sucursales bancarias de su ciudad.

Estas participaciones escondían unos productos financieros complejos, cuyo riesgo para el inversor no estaba evaluado convenientemente. Esta falta de transparencia dio lugar a la aparición de las primeras dudas sobre la capacidad de cobro, que se extendió a la mayor parte de los inversores, quienes decidieron vender dichos productos financieros. El resultado fue el colapso del mercado financiero, particularmente en el segmento de los productos derivados de las hipotecas subprimes.

De esta manera, en el verano de 2007 vivimos los primeros episodios de unas turbulencias financieras que indicaban el inicio de la grave crisis en la que nos encontramos. El detonante de las tensiones financieras fue el colapso del segmento del mercado inmobiliario de Estados Unidos, provocado por las citadas hipotecas subprimes, cuyo origen hemos visto que se encuentra en un elevado grado de expansión del crédito, una inadecuada gestión del riesgo y una falta de transparencia en el sistema financiero.

En 2007, los operadores del mercado financiero percibieron, por primera vez, el riesgo de no poder materializar los activos que poseían, y decidieron drenar toda la liquidez que había abundado en los años anteriores. Esta aversión al riesgo se extendió por todo el sistema financiero internacional y se intensificó a partir de la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers, en septiembre de 2008, provocando una importante crisis de liquidez a escala global y una reducción abrupta del crédito a las empresas y las familias.

Los indicadores de referencia para medir la tensión en los mercados monetarios pusieron de manifiesto la fuerte presión experimentada en el mercado y la elevada falta de liquidez, particularmente entre octubre de 2008 y el primer trimestre de 2009. Desde mediados de 2007 y hasta los primeros meses de 2009, los mercados bursátiles también registraron fuertes caídas en los índices de las principales bolsas del mundo.

Como consecuencia del desconocimiento acerca del verdadero impacto de la crisis financiera en las distintas entidades financieras, se extendió un clima de desconfianza generalizado en el sistema financiero que redujo drásticamente el volumen y número de operaciones de préstamo entre las entidades de crédito. El sistema financiero experimentó una importante falta de liquidez, que se ha mantenido en el tiempo debido a las necesidades de las entidades financieras de acumular capital y sanear sus balances.

Es en este marco en el que la crisis financiera se traslada a la economía real mediante una contracción de los flujos de financiación y un aumento de la desconfianza en los mercados. Basta con observar la evolución negativa de los préstamos al sector privado, que, en la zona del euro, pasaron de registrar tasas de crecimientos del 11 por ciento, en julio de 2007, a una disminución del crédito de un 2 por ciento, en diciembre de 2009. Entre las ramas de actividad más afectadas se encontraba el comercio internacional, que pasó de crecer a una tasa anual del 7,8 por ciento, en 2007, a contraerse un 10,4 por ciento, en 2009.

En definitiva, la crisis financiera se transformó en la mayor crisis económica a escala internacional desde la segunda guerra mundial, cuyas consecuencias se extendieron a todos los países avanzados, emergentes y en desarrollo. Durante 2008, la economía internacional se desaceleró significativamente, creciendo un 2,8 por ciento, frente al 5,4 por ciento de 2007, aunque el momento de mayor intensidad se alcanzó en 2009, cuando la economía mundial tuvo un crecimiento negativo del 0,6 por ciento.

A todo ello se añade que el estallido de la crisis financiera puso de manifiesto los problemas para supervisar las operaciones transnacionales y el funcionamiento de un sistema financiero globalizado, a través de una regulación y unas instituciones nacionales e internacionales insuficientemente coordinadas.

La situación provocó que muchas entidades solventes no pudieran satisfacer sus necesidades de liquidez en el mercado interbancario, poniendo en riesgo el funcionamiento del sistema financiero global. Por ello, los gobiernos y los bancos centrales de las principales economías del mundo consideraron necesaria la intervención directa y coordinada para evitar el colapso del sistema. Esta coordinación tenía por objetivo dar una respuesta global a la crisis financiera e impulsar la reforma de las instituciones económicas internacionales surgidas de los acuerdos de Breton Woods (1944) y creadas tras la segunda guerra mundial.

El G-7 parecía insuficiente para impulsar un proceso de reordenación del mundo económico y se optó por el G-20 (que ya existía pero en formato de ministros de finanzas) para reunir a los jefes de Estado y/o de gobierno de las mayores economías avanzadas y en desarrollo. La idea era convertir al G-20 en el nuevo y principal foro de debate económico internacional.

La primera cumbre de jefes de Estado de los países miembros del G-20 se celebró en Washington en noviembre de 2008, y desde entonces ha habido siete. España, aun sin ser miembro, ha participado en todas ellas como invitada permanente. Por ello, últimamente se le llama G-20+1. Entre sus logros se encuentra el refuerzo de la regulación financiera internacional, gracias, fundamentalmente, al Consejo de Estabilidad Financiera, un organismo creado a partir del Foro de Estabilidad Financiera. Asimismo, se ha impulsado la reforma de las instituciones financieras internacionales, principalmente el FMI y el Banco Mundial (BM), con el fin de que éstas reflejen más adecuadamente el peso económico cambiante en la economía mundial, de manera que se refuerce su legitimidad y su eficacia.

En la primera parte de la crisis, la respuesta global coordinada se centró en la política monetaria. Los Bancos Centrales llevaron a cabo una intensa reducción de los tipos de interés, que situó los tipos de intervención del BCE y la FED en mínimos históricos. El objetivo de esta medida era impulsar la actividad económica e inyectar liquidez en los distintos canales de financiación del sistema financiero.

Sin embargo, dichas iniciativas se mostraron insuficientes para alcanzar su objetivo, por lo que las autoridades monetarias decidieron llevar a cabo, por primera vez, medidas excepcionales para inyectar liquidez. En concreto, en abril de 2009, el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, anunció la puesta en marcha de medidas no convencionales para atajar la crisis financiera: incrementar las dotaciones de liquidez a través de subastas a tipos de interés fijo y adjudicación plena; aumentar la gama de activos de garantía admitidos; e incrementar la frecuencia y el plazo de vencimiento de las operaciones de financiación. Además, el recrudecimiento de la crisis en la zona del euro provocó que, en mayo de 2010, el BCE anunciara la puesta en marcha del programa para los mercados de valores, el cual permitía realizar intervenciones en los mercados de deuda pública y privada de la zona del euro.

Esta intervención supuso un fuerte incremento de la liquidez, tanto por parte de la FED como del BCE, aumentando drásticamente los créditos a las diferentes entidades a mediados de septiembre de 2008, coincidiendo con la caída de Lehman Brothers y el inicio de la crisis financiera. En consecuencia, el balance de los bancos centrales a finales de 2012 se había multiplicado por dos veces y media en la zona del euro y por tres en Estados Unidos, respecto del nivel de mediados de 2007, hasta alcanzar cifras de tres billones de euros y 2,9 billones de dólares, respectivamente. Posteriormente ha sido Japón quien ha puesto en marcha activamente la máquina de hacer billetes.

En cuanto a la política fiscal, la respuesta a la crisis internacional se centró en realizar una expansión fiscal coordinada con el fin de impulsar la demanda en las economías desarrolladas y poder alcanzar un efecto dominó sobre el resto de sectores de la economía. Los efectos positivos de los estímulos nacionales sobre la economía del resto de los países y la dimensión internacional de la crisis hicieron que los gobiernos aplicaran sus estímulos fiscales de manera coordinada.

Por un lado, los países europeos aprobaron el Plan Europeo de Recuperación Económica, cuyo objetivo era asegurar la coherencia dentro de la Unión Europea para estimular la demanda, aumentar la confianza y limitar el coste humano de la desaceleración económica. Dicho plan tenía prevista una inversión equivalente al 2 por ciento del PIB de la Unión Europea para el período 2009-2010, a lo que habría que sumar el impacto presupuestario de los estabilizadores automáticos. El efecto de esta política fiscal pudo alcanzar el 5 o 6 por ciento del PIB de la Unión Europea en dichos años. Por su parte, en febrero de 2009, Estados Unidos aprobó la Ley Americana de Recuperación y Reinversión, con una dotación cercana a los 800.000 millones de dólares, que se destinaron a bonificaciones fiscales (288.000 millones), la ampliación de programas de ayudas (224.000 millones) y la ejecución de contratos federales, subvenciones y préstamos (275.000 millones).

El impacto de estas medidas fue inmediato y la economía mundial reaccionó a la contracción de un negativo 0,6 por ciento registrada en 2009, con un crecimiento del 5,1 por ciento en 2010.

No obstante, más tarde, el G-20 tuvo que abordar la estrategia de salida de los estímulos fiscales, habida cuenta del riesgo que éstos planteaban para la sostenibilidad fiscal, de las crisis en los mercados de deuda pública y del riesgo de pérdida de confianza en la capacidad de los Estados para proteger su sistema financiero. Un claro ejemplo de dichas consecuencias se observó en los países europeos, que experimentaron un rápido deterioro de las finanzas públicas y, posteriormente, se vieron más expuestos a la crisis de deuda de la zona del euro. La consecuencia de ello fue la retirada de dichos estímulos, de manera que los famosos «brotes verdes» se disiparon y la evolución económica, que había mejorado en 2010, volvió a resentirse. En concreto, el PIB mundial redujo su nivel de crecimiento desde el mencionado 5,1 por ciento, en 2010, hasta un 3,8 por ciento, en 2011, y un 3,3 por ciento, en 2012.

En conclusión, el origen de la crisis financiera internacional se encuentra en un conjunto de causas: el extremado riesgo; el excesivo apalancamiento; el uso generalizado de productos financieros tóxicos; la falta de información y transparencia; y el hecho de mirar sólo indicadores sobre inflación e IPC y no otros muy relevantes, como el incremento del precio de la vivienda, la balanza de pagos o la deuda soberana.

El impacto de esta crisis financiera internacional adoptó una forma y unas consecuencias particulares en la Unión Europea, derivadas de la creación del mercado único europeo.

La importancia de Europa y del mercado único para el crecimiento económico europeo, en general, y de España, en particular, queda plasmada en cifras que hablan por sí solas. El intercambio comercial de bienes se ha incrementado desde los 800.000 millones, en 1992, hasta los 2,8 billones de euros, en 2011. Además, el mercado único, según estimaciones de la Comisión Europea, ha contribuido a generar un 1,3 por ciento del empleo total de la Unión Europea en estos años, lo que significa más de 2,7 millones de empleos.

Pero el mercado único necesitaba una moneda común para explotar su potencial. Se trataba con ello de evitar que los diferentes países tuvieran la tentación de devaluar sus divisas para obtener ganancias competitivas, y, además, también se conseguía eliminar los riesgos de fluctuación y los costes de transacción en divisas diferentes, favoreciendo así los intercambios comerciales y de inversión.

Todos recordamos cómo se solucionaban las crisis generadas por pérdidas de competitividad anteriores al nacimiento de la zona del euro. El gobierno, a través del Ministerio de Economía, que tenía poder sobre el gobernador del Banco Central, decidía devaluar su divisa. Ésta era la manera más rápida y menos traumática de hacer la economía más competitiva frente al exterior. Sin embargo, se trataba de hacernos más pobres de un día para otro, aunque esto quedaba enmascarado por la ilusión monetaria de permitir elevar los sueldos, en términos nominales, pero con un menor poder adquisitivo.

Por ello, en 1988, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, estableció la hoja de ruta para crear una unión económica y monetaria, un complejo experimento de política económica en el que el proceso de unión monetaria no estaba acompañado de una verdadera unión económica.

El Tratado de Maastricht, firmado en febrero de 1992, refrendó este proyecto y estableció unos criterios de política económica —conocidos como los criterios de Maastricht— dirigidos a garantizar una cierta estabilidad y convergencia entre los países como condición sine qua non para acceder a la Unión Económica y Monetaria (UEM).

Dichos criterios se cifraban en alcanzar ciertos logros: un alto grado de estabilidad de precios (no superior en 1,5 por ciento a la media de los tres Estados con mejor comportamiento en materia de inflación); unas finanzas públicas en una situación sostenible (el déficit público no debe sobrepasar el valor del 3 por ciento del PIB); respetar los márgenes normales de fluctuación que establece el mecanismo de tipos de cambio del sistema monetario europeo, así como la ausencia de una devaluación frente al euro durante dos años; y conseguir la convergencia en los tipos de interés a largo plazo (no podrán exceder en más de un 2 por ciento a la media de los tres Estados con un mejor comportamiento). Paralelamente, se exige garantizar la autonomía de los bancos centrales respecto de sus respectivos gobiernos.

En 1999 se alcanzó la fase más decisiva de la Unión Económica y Monetaria. España y otros diez Estados miembros empezaron a compartir el euro, por el momento sólo como moneda de cuenta, y cedieron la política monetaria a una institución europea común: el BCE. Hoy, la llamada zona del euro ya cuenta con 17 Estados miembros, y el euro es la segunda divisa más importante del mundo.

La nueva fase de integración tiene un elevado grado de complejidad que radica en el éxito de mantener la estabilidad del conjunto de la zona del euro, compuesta por economías muy diferentes y países que deciden su política fiscal. Para que la Unión Económica y Monetaria fuera estable y creara el entorno más propicio para crecer de manera sostenida, se adoptó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Éste establecía un conjunto de normas para coordinar las políticas fiscales y mantener unas finanzas públicas saneadas en los países miembros.

La integración entre las economías europeas había llegado a tal extremo que exigía un elevado grado de coordinación para impedir que las decisiones de un país afectaran negativamente al resto de las economías.

El citado pacto se centró en el eje de «Estabilidad», dejando a un lado el de «Crecimiento». Prueba de ello es que el primer artículo señala que los Estados miembros se comprometen a respetar el objetivo presupuestario a medio plazo establecido en sus programas de estabilidad o convergencia consistentes en conseguir situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o con superávit. Asimismo, exigía a los Estados miembros la adopción de las medidas correctoras que estimen necesarias para alcanzar los citados objetivos en cuanto se pongan de manifiesto divergencias significativas. Por otra parte, indica que la Comisión Europea realizará un informe cuando el déficit público supere el 3 por ciento, elaborando una recomendación del Consejo sobre la existencia o no de déficit excesivo.

Entre 2004 y 2005, la Unión Europea se sumergió en la negociación de una reforma de este pacto con el fin de evitar sancionar a Alemania y Francia, que habían superado el nivel del 3 por ciento del déficit público (el primero desde 2001, y el segundo desde 2002). Dicha reforma permite una aplicación más flexible de las reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea, de forma que los Estados miembros tiendan al equilibrio presupuestario en épocas de bonanza económica, pero tengan más margen para fomentar el crecimiento económico mediante el gasto público en coyunturas menos favorables.

El objetivo era evitar, por un lado, que un deterioro de las finanzas públicas pudiera afectar negativamente al resto de los países y, por otro, que se produjeran divergencias en los incrementos de la inflación que pudieran dar lugar a los denominados shocks asimétricos.

Todas las uniones monetarias tienden a generar shocks asimétricos, y cuanto mayor sea el área, mayores serán los riesgos. Para reducir estos fenómenos existen tres grandes mecanismos de distribución del riesgo. En primer lugar, un presupuesto federal que compense los desequilibrios entre regiones. En segundo lugar, unos mercados flexibles que permitan ajustarse en términos de precios y salarios. En tercer lugar, una completa movilidad de factores, incluyendo el factor trabajo.

Los Estados miembros son reticentes a dotarse de un presupuesto comunitario significativo, ya que muchos de ellos se muestran recelosos a tener que ceder, aunque sea parcialmente, su política fiscal, una vez que la política monetaria ya está en manos del BCE. De hecho, el presupuesto de la Unión Europea equivale a alrededor del 1 por ciento del PIB. En 2013, el compromiso de gasto asciende a unos 150.000 millones de euros, muy por debajo de los 382.000 millones de euros (un 36 por ciento del PIB) de presupuesto consolidado de gasto en los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

En todo caso, existen mecanismos de distribución del riesgo en la zona del euro, los cuales podrían ponerse en marcha para corregir los desequilibrios internos.

Existen algunos casos que pueden ilustrar la importancia de contar con unos mercados flexibles para resolver las divergencias competitivas entre dos países europeos de una unión monetaria. Por ejemplo, si la demanda de vehículos producidos en España se redujera a favor de los vehículos fabricados en Alemania, habría desempleo en España y un mayor crecimiento en Alemania. En un caso así, antes de entrar en la zona del euro, España podría haber respondido con la depreciación de la peseta. Otro ejemplo: en la Unión Económica y Monetaria puede suceder que los salarios alemanes suban y los españoles bajen. Ello permitiría restablecer el nivel de empleo en los dos países. O bien puede suceder que los salarios españoles no bajen, pero que suban en Alemania, por lo que se crearía un problema de inflación en la zona del euro.

La responsabilidad última de llevar a cabo reformas estructurales para que los mercados de trabajo, de bienes y de servicios sean suficientemente flexibles recae sobre los Estados miembros. Esta situación, junto con las reticencias de dotarse de una presupuesto federal y las dificultades de lograr una importante movilidad de trabajadores, propició que la Unión Económica y Monetaria pusiera un gran énfasis en el control de los precios. Por ello, se le confirió al BCE el desempeño de ser el férreo guardián del objetivo de la estabilidad de precios, definiendo como objetivo principal lograr situar la inflación de la zona del euro en unos niveles cercanos al 2 por ciento, pero por debajo. Este objetivo ha marcado la estrategia del BCE desde su nacimiento.

Hay que señalar que dicha estrategia ha permitido mantener la inflación en torno al 2 por ciento en el ámbito de la zona del euro, aunque la evolución del crecimiento de los precios no fue homogénea en toda la Unión Económica y Monetaria.

Durante los primeros años del euro, el BCE redujo los tipos de interés de intervención desde el 4,75 por ciento de principios de 2001, hasta el 2 por ciento, que se mantuvo entre junio de 2003 y noviembre de 2005. En aquellos años de bajos tipos de interés, la inflación de la zona del euro se situó en el 2,1 por ciento, garantizando la estabilidad de precios a la vez que estimulaba el lánguido crecimiento económico de los países centrales.

Paralelamente, durante los citados meses entre junio de 2003 y noviembre de 2005, muchos países europeos, principalmente del sur, registraron niveles de inflación por encima del 2 por ciento: Portugal, 2,4 por ciento; Irlanda, 2,5 por ciento; Grecia, 3,3 por ciento; España, 3,1 por ciento; Italia, 2,4 por ciento; y Luxemburgo, 3,2 por ciento. De esta manera, estos países experimentaron unos tipos de interés reales negativos y propiciaron el inicio de los desequilibrios económicos internos que agravaron la crisis que actualmente padecemos.

Ante esta situación de tipos de interés negativos, los ciudadanos y las entidades financieras del sur de Europa tuvieron un incentivo muy elevado al consumo y al endeudamiento, frente a la pérdida de poder adquisitivo que implicaba el ejercicio del ahorro.

Además, este período de los primeros años de la Unión Económica y Monetaria propició un cambio en la percepción del riesgo soberano de algunos países europeos. La reputación del Bundesbank y del marco alemán se había trasladado al BCE y al euro, de manera que España, Italia, Portugal, Grecia, etc. habían pasado de tener una divisa débil, que precisaba de devaluaciones periódicas para recuperar niveles de competitividad frente al exterior, a tener una divisa fuerte, estable e independiente, respaldada por un Banco Central cuyo principal objetivo era y sigue siendo la estabilidad de precios.

De esta forma, algunos países europeos se beneficiaron de una brusca reducción de la prima de riesgo y, por tanto, de los tipos de interés a los que se financiaba el sector público y el sector privado, así como de un incremento en la afluencia de capitales del exterior. Además, los elevados flujos de capitales del exterior permitieron financiar los crecientes déficits de la balanza por cuenta corriente que experimentaron.

Por tanto, la política monetaria ejecutada en la primera parte de la década pasada se tradujo en un acceso excesivo a la financiación y, por tanto, en un aumento del nivel de endeudamiento de muchas economías de la zona del euro. Esta circunstancia condicionó la situación de partida de la crisis financiera internacional en el ámbito europeo.

El inadecuado diseño de la Unión Económica y Monetaria propició la creación de importantes desequilibrios económicos internos, lo que generó importantes grietas. Sin embargo, éstas no fueron percibidas mientras se mantuvo la afluencia de liquidez. Cuando la crisis financiera internacional se inició aparecieron los problemas, ya que la escasez de recursos financieros encareció y limitó la financiación de algunos países europeos, fundamentalmente los denominados periféricos, que presentaban unos niveles de endeudamiento elevados y una estructura económica más rígida que el resto de países europeos, lo que les dificultaba emprender un proceso de ajuste.

Los países europeos ya han cedido la soberanía de su política monetaria y, por ello, se muestran muy recelosos ante la idea de crear un presupuesto federal elevado, que limitaría la capacidad de los gobiernos nacionales para tomar decisiones sobre sus políticas fiscales internas.

Después de ver, de manera sumaria, las características de la crisis financiera en el Unión Europea, podemos considerar que la solución ante las deficiencias del diseño de la unión monetaria europea pasa por un mayor control de los precios en los países que registraron tasas de inflación elevadas en los últimos años, así como la aplicación de mecanismos que permitan que la Unión Económica y Monetaria sea más simétrica.

Por ello, es esencial que el nuevo diseño de la zona del euro promueva que los países miembros consigan unos mercados suficientemente flexibles para absorber fácilmente los shocks asimétricos y reducir los desequilibrios competitivos. Esta flexibilidad se consigue con reformas estructurales que permitan a los mercados ajustarse a través de los precios y los salarios más rápidamente, así como mediante una auténtica movilidad laboral en el seno de la zona del euro.

En estos últimos años hemos sido testigos de cómo algunos países han sorteado mejor la crisis y han logrado reducir su impacto más que otros. Éste es el resultado de la aplicación de un proceso de reformas estructurales en el pasado.

Finalmente, no podemos olvidar que la desviación del déficit público entre 2002 y 2004 por parte de Alemania y Francia propició la ruptura del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fue revisado y suavizado. Tal y como hemos visto, estos países pudieron hacer frente a su ajuste fiscal gracias al apoyo de una política monetaria favorable. En este sentido, tenemos que subrayar que durante la primera década de la Unión Económica y Monetaria, los tres países más importantes incumplieron en reiteradas ocasiones los criterios de Maastricht, siendo Italia el que más lo hizo, en 19 ocasiones, seguido de Alemania, en 17 veces, y Francia, en 14 veces, frente a las cuatro veces de España.

Por el contrario, hoy en día, España y otros países están haciendo un esfuerzo inmenso para corregir los desequilibrios de sus finanzas públicas, de su balanza externa y de su falta de competitividad con una política monetaria adversa.

3

La crisis financiera

Entre los años 2000 y 2003 se produjo una crisis mundial que tuvo su origen en la sobrevaloración de las empresas tecnológicas, conocida como «crisis de las empresas puntocom». Ante esta situación, los principales bancos centrales optaron por reducir sus tipos de interés para favorecer la recuperación de la economía. Así, el BCE bajó los tipos desde el 4,75 por ciento con que inició 2001 hasta el 2 por ciento a mediados de 2003, permaneciendo en dicho nivel durante dos años y medio. Por su parte, en Estados Unidos, la FED recortó sus tipos de interés aún más, desde el 6,5 por ciento de diciembre de 2000 hasta el 1 por ciento a mediados de 2003, nivel en el que permanecieron casi un año.

Este contexto de crédito barato durante un período prolongado de tiempo propició un fuerte crecimiento del endeudamiento por parte de los agentes económicos (familias y empresas). Y buena parte de este crédito se concentró en el sector inmobiliario (promotores, constructores, hipotecas), lo que provocó un notable y continuado aumento del precio de los bienes y servicios relacionados con este sector.

En España, esta situación fue incluso más intensa. En la década de los noventa ya se produjo un acusado descenso de los tipos de interés, consecuencia de los ajustes que se llevaron a cabo en el país para cumplir con los requisitos de entrada en la Unión Económica y Monetaria y de la convergencia de los tipos de interés con Europa. Los tipos de intervención del Banco de España pasaron de casi el 13 por ciento de media, en 1992, al 2,7 por ciento de media, en 1999, cuando se constituye el BCE. Además, la crisis de las empresas puntocom no tuvo tanta incidencia como en otros países, lo que permitió a la economía española seguir manteniendo un crecimiento destacado durante casi quince años, que se apoyó, en gran medida, en el sector de la construcción. Este llegó a concentrar el 14,2 por ciento del valor añadido bruto (VAB) en España en el año 2006, frente al 6,8 por ciento que suponía en el conjunto de la Unión Europea, según datos de Eurostat.

En medio de este boom de crédito, a finales de 2007 se inicia una crisis internacional que tiene su origen en el sistema financiero de Estados Unidos. El endurecimiento de las condiciones financieras, con un aumento de los tipos de interés, hace visible que el crédito concedido durante los años anteriores fue excesivo y que parte del mismo, vinculado en muchos casos con el sector residencial, no era de buena calidad y no podía ser devuelto.

Además, este crédito había sido recolocado en el sistema financiero mundial mediante múltiples y complejos productos financieros, lo que complicó enormemente conocer la dimensión y el alcance del problema en las primeras fases de la crisis.

Esta falta de concreción y transparencia hizo que el miedo y la desconfianza se adueñaran de los inversores. Se redujeron drásticamente las operaciones financieras y se pusieron de manifiesto problemas de liquidez en muchas entidades, que en varios casos acabaron derivando en problemas de solvencia. Así llegamos a septiembre de 2008, con la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, la crisis se agrava y el sistema financiero está a punto de colapsar, lo que provoca que tanto los bancos centrales como los gobiernos intervengan de una forma más decidida.

Los bancos centrales, de manera coordinada, anunciaron medidas para aliviar la presión en los mercados financieros; se llevaron a cabo reducciones generalizadas de los tipos de interés, se alargaron los plazos de los préstamos y se adoptaron medidas de liquidez extraordinarias y novedosas. La desconfianza entre los bancos llevó a que el mercado interbancario no funcionase. Ya no se prestaban entre ellos, por lo que los bancos centrales se convirtieron en los únicos prestamistas.

Además, como muestra el recuadro de la página siguiente, varios gobiernos tuvieron que intervenir en su sistema financiero, inyectando dinero público para nacionalizar y/o para recapitalizar a determinadas entidades y evitar un colapso del sistema.

En paralelo a todas estas medidas, los gobiernos impulsaron acciones para reformar el sistema financiero y dotarlo de mayor estabilidad, aunque los acuerdos internacionales no siempre han sido posibles. Se consideró necesario mejorar la regulación para evitar que pudiera darse una situación similar en el futuro, y la conveniencia de que las entidades incrementasen sus requisitos de capital, con el fin de aumentar la solvencia de las mismas.

En Estados Unidos se llevó a cabo una nacionalización parcial de la gran banca con un desembolso que alcanzó los 431.000 millones de dólares. La aseguradora American International Group recibió 140.000 millones de dólares. Las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac han percibido alrededor de 170.000 millones entre las dos.

En el Reino Unido se nacionalizó el Northern Rock y se aprobaron ayudas por 155.000 millones de euros para la banca. Entre los beneficiarios destacan el Royal Bank of Scotland (RBS) y Lloyds.

En Irlanda se nacionalizaron el Anglo Irish Bank y el Irish Nationwide por 7.000 millones de euros. Posteriormente se creó un «banco malo» y el Estado ha inyectado casi 50.000 millones. El aumento del déficit y la deuda llevó al país a pedir un rescate.

Islandia nacionalizó sus tres principales bancos: Kaupthing, Glitnir y Landsbanki. Suspendieron pagos para los inversores internacionales. Al mes, su moneda se devaluó un 58 por ciento. Además, su PIB cayó un 7 por ciento en 2009 y tuvo una elevada inflación.

Países Bajos inyectó 16.800 millones en Fortis, que ya había recibido otros 11.200 millones de los gobiernos de Bélgica, Luxemburgo y los propios Países Bajos. Además, se destinaron otros 10.000 millones para reforzar la situación financiera del banco ING.

Portugal nacionalizó el Banco Portugués de Negocios (BPN) por 700 millones de euros, para asegurar los depósitos, y ha hecho frente a pérdidas de 2.500 millones. Del rescate al país se destinaron 12.000 millones para el sector financiero.

Además, otros casos destacados son el Banco Dexia, que recibió dinero de Francia y Bélgica, mientras Suiza inyectó dinero en UBS y Alemania en el Hypo Real Estate.

En Europa, la situación se ha complicado aún más, pues a los problemas para el sector financiero derivados de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos y la crisis de la economía real (aumento de la morosidad, reducción del crédito o la propia reestructuración que está acometiendo el sector) hay que sumar la crisis de deuda soberana que se produce en los países periféricos de la zona del euro, con Grecia como el principal protagonista (hasta el momento).

El problema de deuda soberana europea ha afectado a los bancos, que han sido los principales tenedores de deuda pública. Cuando la calidad de la deuda de los gobiernos comienza a deteriorarse, afecta negativamente a las entidades financieras (al igual que ocurre cuando se deteriora la calidad de otros activos de la entidad financiera, como los créditos hipotecarios o promotores), lo cual repercute en la solvencia de las mismas. De este modo, la crisis de deuda soberana retroalimentó la crisis del sector financiero.

Un claro ejemplo es la reestructuración de la deuda griega en manos de inversores privados (bancos en su gran mayoría). Estos perdieron el 53,5 por ciento de sus préstamos en un primer momento, con un coste de 107.000 millones de euros (marzo 2012). En una segunda etapa, Grecia recompró parte de su deuda, también a inversores privados, con un descuento del 66,2 por ciento, asumiendo el sector nuevas pérdidas por valor de más de 62.000 millones de euros (diciembre 2012).

Las pérdidas para el sector financiero, y la necesidad de cumplir con los requisitos de capital que se han establecido, lleva a que las entidades reduzcan la cantidad de crédito que pueden prestar. Además, buena parte de este crédito está siendo demandado por los gobiernos para atender sus necesidades, lo que a su vez reduce aún más el crédito disponible para el sector privado, es lo que se conoce como efecto crowding out.

En el caso de la economía española, la crisis financiera tardó más tiempo en manifestarse y las soluciones para la misma también llegaron con mayor retraso.

En 2008 y 2009, cuando fueron más generalizadas las ayudas a las entidades financieras por parte de los diferentes gobiernos, el sistema financiero español se encontraba entre los ejemplos de buenas prácticas a nivel mundial. El Banco de España había establecido un sistema de provisiones durante los períodos de bonanza, que constituyeron un colchón para el sector en los inicios de la crisis, a lo que había que añadir la poca exposición de las entidades nacionales a los productos subprime.

Sin embargo, a medida que la crisis de la economía real se generaliza y sus efectos en el sector de la construcción se extienden, se pusieron de manifiesto los problemas propios de las entidades financieras españolas, muy endeudadas y dependientes del capital exterior por un lado, y, por otro, muy expuestas en créditos al sector inmobiliario.

Entre 1992 y 2007, el crédito a los hogares para la adquisición de vivienda aumentó a tasas superiores al 19 por ciento de media anual. Además, el crédito a las empresas de la construcción, excluido el destinado a la obra pública, creció a ritmos del 20 por ciento anual entre 1998 y 2007. Por su parte, la tasa de morosidad de los otros sectores residentes (empresas y hogares) ha pasado del 1,5 por ciento, en 1999, al 11,4 por ciento, en noviembre de 2012. Mientras tanto, la morosidad en el sector de la construcción, de nuevo excluyendo la obra pública, ha crecido desde el 1,9 por ciento, en 1999, hasta el 30,2 por ciento, en septiembre de 2012, según datos del Banco de España.

Además, el fin de la burbuja del mercado residencial provocó el descenso del precio de los activos, lo que complicó aún más la situación de las entidades financieras. En este sentido, hay que destacar que el precio de la vivienda en España ha descendido un 30 por ciento entre 2007 y el tercer trimestre de 2012, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), o un 25,6 por ciento entre 2008 y el cuarto trimestre de 2012, según el Ministerio de Fomento. Por su parte, el precio del suelo urbano se ha reducido en casi un 40 por ciento entre 2007 y el tercer trimestre de 2012, según el Ministerio de Fomento.

Por tanto, las entidades se encuentran en una situación en la que tienen que refinanciar créditos en el corto plazo, en un contexto de gran incertidumbre y desconfianza. Además, los préstamos entre entidades se han reducido considerablemente y se han encarecido, y en muchos casos sólo los bancos centrales son los prestamistas. Por otro lado, buena parte de los préstamos concedidos por las entidades en España están centrados en el sector residencial (promotor, constructor, hipotecario). Una parte de estos préstamos se vuelve irrecuperable, y los activos que los respaldaban (terrenos, viviendas) están inmersos en una pérdida progresiva de valor en los mercados.

Así, los problemas de liquidez iniciales (no se puede hacer frente a los pagos inmediatos, pero se dispone de garantías suficientes) se tornan en problemas de solvencia (las activos han perdido valor y ya no son suficientes para afrontar las deudas y pagos).

Las primeras acciones del gobierno español se centraron en la concesión de avales del Estado para favorecer la financiación de las entidades de crédito, y la adquisición de una serie de títulos (cédulas hipotecarias principalmente) emitidos por las entidades, a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), creado a finales de 2008. Entre 2008 y 2009, el FAAF proporcionó financiación a cincuenta y cuatro entidades de crédito por un importe de 19.300 millones de euros.

Como los problemas iban alcanzando mayores dimensiones, el gobierno creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en junio de 2009, para favorecer la reorganización y la reestructuración de las entidades de crédito. En ese momento se buscaba favorecer las fusiones entre entidades para que el conjunto del sistema ganase en solvencia.

Una vez que se va haciendo más visible que el problema del sector financiero español está principalmente concentrado en las cajas de ahorros (aunque no en todas), se aprueba en julio de 2010 un decreto ley para que las cajas transfieran su negocio a bancos de nueva creación, separando así su actividad financiera de la acción social y transformando esta última en una actividad traspasada a fundaciones de carácter especial. Además se persigue una mayor profesionalización y despolitización de sus órganos de gobierno.

En febrero de 2011 se aprobó el Real Decreto para el reforzamiento del sistema financiero, con el fin de acelerar los procesos de reestructuración y reforzar la solvencia de todas las entidades de crédito.

El proceso de consolidación del sector ha sido intenso y aún no ha concluido. De las 45 cajas de ahorros que había a comienzos de 2010, 43 han participado en algún proceso de fusión, y han quedado 14 grupos de entidades. El número de oficinas de las cajas de ahorro se ha reducido casi en un 20 por ciento y el número de empleos se ha ajustado en más del 18 por ciento (en torno a 23.500 personas), cantidad que deberá, como mínimo, doblarse.

En 2012 han continuado las reformas del sector financiero. En este caso, se centran en provisionar los activos de riesgo vinculados al sector inmobiliario. Así, en febrero de 2012 se aprueba el Decreto Ley para el saneamiento del sector financiero, en el cual se establecen unos requisitos de provisiones y de capital en función de si los activos inmobiliarios de las entidades son problemáticos o no.

Posteriormente, en mayo de 2012, con el Real Decreto sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero se elevan dichas provisiones, hasta alcanzar una cobertura del 44,3 por ciento para el total de los 307.000 millones de euros que el sector tiene en activos inmobiliarios (suelo y promociones o construcciones inmobiliarias). Se establece una diferencia entre activos problemáticos, por valor de 184.000 millones, para los que se dotan provisiones por el 58,3 por ciento de su valor, y activos no problemáticos, para los que también se establecen provisiones por valor del 30,1 por ciento de los mismos.

El último bloque de soluciones a la crisis del sector financiero ha estado marcado por los test de estrés al sistema financiero español, en los que se ponía de manifiesto, entidad a entidad, hasta donde podrían llegar sus necesidades de capital según se dieran diferentes escenarios. En el más adverso de los escenarios se determinaron unas necesidades de casi 60.000 millones de euros, (en torno a 54.000 considerando los efectos fiscales de los procesos de integración en curso), aunque se estima que las necesidades reales sean inferiores, de alrededor de 40.000 millones.

Dicha cantidad, 40.000 millones de euros, es la que se ha solicitado al Eurogrupo, y que irá llegando a lo largo de 2013, una vez que en julio de 2012 se aprobara un programa de asistencia a España para recapitalizar su sistema financiero, con un préstamo que podría alcanzar los 100.000 millones de euros como máximo.

Como contrapartida se estableció un conjunto de condiciones. Las entidades que reciban ayudas deben traspasar sus activos inmobiliarios a una sociedad de gestión de activos. Además, éstas deben reducir su capacidad, desinvertir en negocios no rentables, corregir desequilibrios y mejorar su gobierno corporativo. Se persigue, de este modo, evitar que se distorsione la competencia frente a entidades saneadas. Para el conjunto del sistema, incluyendo las entidades que no precisan de ayuda, se solicita que mejore la transparencia (con mayor cantidad y calidad de información aportada al público), que revisen sus provisiones por insolvencia y que alcancen unos requisitos de capital principal de al menos el 9 por ciento.

Además, en diciembre de 2012 ha entrado en funcionamiento la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como «banco malo», aunque en realidad no es un banco. Esta entidad estará operativa durante un período máximo de quince años y adquirirá una serie de activos de los bancos que perciban ayudas públicas, con el objetivo de venderlos posteriormente en el mercado. Los activos que las entidades traspasan a la Sareb se harán con un descuento medio del 63 por ciento en relación con el valor bruto en libros para los activos adjudicados y un descuento del 45,6 por ciento para los préstamos.² El valor total de los activos son, aproximadamente, de 60.000 millones de euros, lo que la convierte en la «gran inmobiliaria» del país y de Europa, y a la cual han ido activos «malos» y también ciertos activos «regulares» o incluso «buenos», que deberán ser gestionados diligentemente y con rapidez para no provocar un colapso del sistema.

El sector financiero en España ha acometido una intensa reestructuración, que ha venido acompañada de una recapitalización de las entidades que lo han precisado, produciéndose así un saneamiento del sistema.

Sin embargo, en el corto y medio plazo, aún quedan importantes retos que afrontar. Los procesos de ajuste todavía no han concluido, ya que las entidades que han recibido ayudas deben realizar una serie de desinversiones y reducir su tamaño. Además, muchos de los nuevos grupos resultantes, tras los procesos de fusiones, también deben adaptarse a la nueva situación, y no puede darse por finalizado el proceso de concentración del sector.

Las entidades deben cumplir con los ratios de capital establecidos y tendrán que acometer los ajustes necesarios para ello, por lo que difícilmente aumentará el crédito en el corto plazo. Además, las necesidades financieras de los gobiernos seguirán drenando recursos que no se destinarán al sector privado.

Aun así, el principal riesgo para el sector financiero se encuentra en la actual coyuntura económica. La contracción de la actividad y las elevadas tasas de desempleo, de mantenerse en el tiempo, dañarán nuevamente los resultados de las entidades financieras, a través de nuevos aumentos de la morosidad, cercana ya en su conjunto al 10,5 por ciento y de la que sólo se salva la morosidad hipotecaria a particulares, que oscila alrededor del 3,6 por ciento, aunque en 2007 estaba en el 0,7 por ciento.

Por tanto, estamos ante una situación compleja: el sector financiero precisa de una mejoría en la economía para reducir los riesgos en sus cuentas, y a su vez la actividad real busca en el sector financiero un apoyo para dinamizar su crecimiento.

No obstante, a pesar de estas dificultades, la recapitalización que se ha llevado a cabo en el sector, junto con el traspaso de parte de sus activos inmobiliarios a la Sareb, debiera facilitar que la actividad de la banca se concentre en la concesión de créditos y tenga sus efectos positivos en la economía real.

Por otro lado, aunque el momento actual hace que el sector deba ser especialmente cuidadoso en la concesión y refinanciación de préstamos, con el fin de mejorar la calidad de los mismos, es fundamental que no deje de atenderse la financiación de proyectos viables y solventes, tanto de familias como de empresas. No cabe duda de que, en esta etapa de crisis financiera, traspasar la barrera de evaluación de los comités de riesgo del sistema financiero es una misión bastante difícil.

Por tanto, se deben fomentar otras vías que puedan conjugar las necesidades de financiación de los agentes económicos, principalmente de las empresas, y las dificultades actuales del sector bancario, procediendo a una cierta desbancarización de la financiación. En este sentido, una serie de medidas para favorecer la financiación de las empresas serían:

a) La promoción de canales alternativos de financiación: por el lado del capital, impulsando las sociedades de capital riesgo y los mercados bursátiles alternativos; por el lado de los recursos ajenos con coste, mediante intermediarios financieros (sociedades de garantía recíproca, fondos de titulización y contratos de lease-back), líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO); o fomentando los mercados alternativos de renta fija.

b) A corto y medio plazo, favorecer las condiciones de acceso a la financiación vía préstamos o líneas de crédito, mejorando los sistemas de intermediación entre las entidades de crédito y las empresas.

c) Amortiguar la demanda extra de financiación, mediante una reducción de la morosidad en el pago a las empresas, especialmente grave en el ámbito de las administraciones públicas, y mejorando la fiscalidad de las empresas, dado que los flujos de caja se encuentran muy relacionados con los aspectos fiscales. En este sentido sería fundamental que se reformara el sistema de compensación de deudas y créditos con la administración estatal y que se trasladase el mismo a las comunidades autónomas y a los entes locales, para que las empresas pudiesen compensar tributos y deudas, lo que llamamos «cuenta única fiscal», es decir, que las devoluciones del IVA, por poner un ejemplo, puedan compensarse con pagos de IRPF, Impuesto de Sociedades o incluso cotizaciones sociales. También sería muy positivo: modificar el régimen de devengo del IVA, algo que se pondrá parcialmente en marcha en enero de 2014; la recuperación del IVA repercutido en facturas incobrables; la modificación del régimen de pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades; y la recuperación del efecto de las medidas tributarias temporales de los ejercicios 2011 a 2014.

d) Utilizar sistemas que ya están empleando países europeos, como paralizar el pago de amortizaciones a ciertos créditos de bienes de equipo e inversión, pagando sólo intereses durante un par de años y destinando el pago de amortizaciones a circulante, principal problema de las pymes y los empresarios individuales.

La reestructuración financiera facilitará la fluidez del crédito a medio plazo. Según un informe de la Asociación Española de Banca (AEB), en los nueve primeros meses de 2012, el beneficio de los bancos descendió un 63,7 por ciento debido al gran esfuerzo de saneamiento que han realizado las entidades, que se concreta en 25.581 millones de euros, que incluyen la mayor parte de las provisiones exigidas por el ejecutivo. En este sentido, sí se puede afirmar que con este esfuerzo de ajuste y reestructuración realizado en el sistema financiero podemos estar ante «el principio del fin» de la etapa de mayores restricciones de crédito de las últimas décadas.

4

La Unión Europea y su gobernanza

El proceso de integración política y económica de la Unión Europea, en general, y del proyecto del euro, en particular, han generado beneficios muy importantes para todos los países que la componen, y de manera muy especial para España.

En estos años, es indudable que nuestro avance ha dependido, en gran medida, de nuestra pertenencia al proyecto europeo de integración. Nuestro crecimiento, nivel de renta, productividad, estabilidad de precios y, cómo no, el incremento del comercio y la inversión, especialmente entre las diecisiete economías de la zona del euro, ha sido importante. Como ejemplo, baste recodar que, en los últimos veinte años, la renta per cápita de España se ha duplicado y las exportaciones se han multiplicado por cinco, a pesar de la adversa coyuntura de los años recientes.

Siempre se puede hacer más y mejor, sobre todo si nos encontramos en horas bajas en las que se necesita un golpe de timón para volver a conectar Europa con la sociedad, en general, y con sus empresas, en particular. Para ello es fundamental superar la crisis de confianza que atraviesa el proyecto europeo profundizando en el mismo. De otra manera, se agravaría la situación actual de crisis.

Si echamos la vista atrás vemos que la Unión Económica y Monetaria se inició como un experimento complejo que ha tenido unos efectos positivos sobre el conjunto de los países que la integran. Sin embargo, la crisis ha mostrado las imperfecciones de su diseño, siendo necesario corregirlas lo más efectiva y rápidamente posible. A ello se añade una reforma más amplia del entramado institucional de la Unión que la haga más ágil, eficiente y con gran capacidad de respuesta. Queda mucho camino por recorrer y debe hacerse rápido. El tiempo corre ya en contra y en caso de no hacerse se podría frustrar todo el proyecto.

La solución pasa por más Europa en lo económico, en lo social y también en lo político. Es difícil aplicar una política única europea cuando existen diecisiete potenciales intereses diferentes en la zona del euro y veintisiete en la Unión Europea. Lo que está en juego es tan importante que tenemos que tomar decisiones firmes y que muestren la irreversibilidad del compromiso europeo. Los líderes políticos han de trasladar un mensaje claro sobre el proyecto integrador europeo, que tenga en cuenta el impacto de sus decisiones en los desafíos económicos a los que nos enfrentamos actualmente.

A lo largo de los últimos años se han adoptado un conjunto de decisiones para reforzar la coordinación económica y presupuestaria en toda la Unión Europea y, en particular, en la zona del euro. Quizá resulta todo demasiado complejo, incluso demasiado ceremonioso, como si para dar un pequeño paso deban tomarse demasiadas precauciones frente a la oportunidad que presenta un proyecto tan potencialmente positivo como el europeo, se mire por donde se mire.

Es importante tener claros algunos conceptos que leemos diariamente en los medios de comunicación y cuya comprensión no siempre es fácil.

Las principales reformas de la nueva gobernanza pretenden fortalecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) con un conjunto de nuevas normas de vigilancia económica y fiscal (denominado six-pack), las cuales entraron en vigor el 13 de diciembre de 2011:

• Reforzar el pilar preventivo del PEC: los Estados miembros con finanzas públicas insostenibles tendrán que realizar avances significativos para alcanzar los objetivos presupuestarios a medio plazo. Un incumplimiento de los países, incluso en la fase preventiva, puede dar lugar a advertencias, recomendaciones o depósitos obligatorios. Además, se establece que el aumento del gasto deberá vincularse a la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo.

• Mejorar la acción correctora del PEC: la apertura de un procedimiento de déficit excesivo puede estar motivada por superar el 3 por ciento de déficit público y, ahora también, por rebasar un 60 por ciento del PIB de deuda pública y no reducir el exceso en un 5 por ciento anual. El procedimiento de déficit excesivo obligará al país en cuestión a realizar un depósito (0,2 por ciento del PIB) y cumplir las recomendaciones elaboradas por la Comisión y aprobadas por el Consejo por el sistema de mayoría inversa (es decir, a menos que una mayoría cualificada vote en contra). Su incumplimiento convertirá el depósito en una multa.

• Elevar la transparencia en los marcos presupuestarios nacionales: los Estados miembros deberán garantizar que sus marcos presupuestarios cumplen con unos estándares mínimos (contabilidad pública, estadísticas y prácticas de previsiones) en todos los niveles de la Administración.

• Reducir los desequilibrios macroeconómicos y en materia de competitividad: se establecerá un mecanismo de supervisión para detectar y corregir las divergencias entre los Estados miembros. Éste se basará en un cuadro de indicadores económicos, en un nuevo procedimiento de desequilibrio excesivo (similar al de déficit excesivo) y en un control de aplicación de las normas, que incluirá multas (0,1 por ciento del PIB).

Por otro lado, está el llamado «semestre europeo», que trata de desarrollar, durante el primer semestre de cada año, un ciclo de coordinación entre las instituciones de la UE y los Estados miembros en el ámbito de los programas económicos y la supervisión presupuestaria. El «semestre europeo» comienza en enero, cuando la Comisión Europea presenta la encuesta anual de crecimiento. Ésta evalúa la situación económica de la UE y establece orientaciones sobre la política macroeconómica y fiscal, las reformas estructurales y el fomento del crecimiento.

Desde el punto de vista nacional, los gobiernos de los diferentes Estados miembros aprueban, antes de finales del mes de abril, los informes que tendrán que remitir a la Comisión Europea: por un lado, aprueba su Programa Nacional de Reformas (PNR), que establece reformas económicas y medidas de fomento del crecimiento; y por otro, debe aprobar su Programa de Estabilidad (PE) —para «facilitar» las cosas en los países de fuera de la zona del euro (este informe se denomina Programa de Convergencia o PC)—, que identifica los planes para lograr unas finanzas públicas saneadas y sostenibles. El cuadro macroeconómico de dicho programa y el objetivo de estabilidad presupuestaria para los próximos tres ejercicios han de ser sometidos a las Cortes para su debate y aprobación.

En el segundo semestre, España y el resto de países elaboran sus presupuestos teniendo en cuenta las orientaciones y recomendaciones aprobadas por el Consejo Europeo.

También tenemos el paquete legislativo para reforzar la disciplina presupuestaria y el control de los presupuestos nacionales (denominado two-pack), aplicable a los Estados miembros de la zona del euro. El objetivo es que la Comisión evalúe los proyectos de presupuestos nacionales, pudiendo emitir su opinión y una recomendación para su revisión antes de que sean adoptados. Por otro, la Comisión podrá decidir someter a una supervisión reforzada a los Estados miembros cuya estabilidad financiera experimente graves dificultades. En este caso, el Estado miembro en cuestión deberá, en consulta y cooperación con la Comisión, adoptar medidas dirigidas a atajar las causas reales o potenciales de las dificultades.

Igualmente, oímos hablar del Pacto por el Euro Plus. En el Consejo Europeo de 24 y 25 de marzo de 2011, los jefes de Estado y/o de gobierno de la zona del euro, más Dinamarca, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania y Letonia refrendaron el denominado Pacto por el Euro Plus. El objetivo del mismo es aumentar la competitividad de la Unión Europea a partir de un refuerzo de la coordinación y convergencia de las políticas económicas, siguiendo cuatro directrices: estar en consonancia con la gobernanza económica existente en la UE y reforzarla; cubrir las áreas políticas prioritarias fundamentales para impulsar la competitividad y la convergencia; acordar compromisos nacionales concretos anualmente; y respetar plenamente la integridad del mercado único.

Pero es que además tenemos el Pacto Fiscal Europeo, que es el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza firmado el 2 de marzo de 2012 por veinticinco Estados miembros de la UE (todos, menos Reino Unido y República Checa), el cual pretende reforzar la disciplina fiscal e introduce una vigilancia más estricta en la zona de euro. Los Estados miembros firmantes no podrán registrar un déficit estructural superior al 0,5 por ciento del PIB, deberán incluir esta norma en su legislación (el Tribunal de Justicia de la UE verifica la correcta transposición de la norma), preferentemente en la Constitución, y tendrán que aplicar un mecanismo automático de corrección en caso de desvío. Por otra parte, establece la coordinación de los planes de emisión de deuda pública y la presentación de programas de colaboración económica en los que se expongan de manera pormenorizada las reformas estructurales de los Estados miembros que sean objeto de un procedimiento de déficit excesivo. La concesión de ayuda financiera bajo el mecanismo de estabilidad financiera estará condicionada a la ratificación del dicho tratado.

Existen también los instrumentos de apoyo financiero, es decir, la creación, por parte de los Estados miembros de la zona del euro, de los distintos fondos de respaldo financiero que han marcado el desarrollo de la crisis de deuda soberana en dicha zona.

El 25 de marzo de 2010 se creó un mecanismo de financiación a favor de Grecia, dotado con 80.000 millones de euros, que se complementarían con 30.000 millones procedentes del FMI.

El 7 de junio de 2010 se creó el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), con el único objetivo de proporcionar ayuda financiera a los países que no pudieran acceder a los mercados. Éste tiene una capacidad de financiación de hasta 440.000 millones de euros mediante la emisión de títulos de deuda garantizados proporcionalmente por los países de la zona del euro, así como una vigencia temporal de tres años desde su puesta en marcha. El FEEF ha prestado apoyo a Irlanda,³ Portugal⁴ y Grecia⁵ a cambio del cumplimiento de unos compromisos de política económica, financiera y fiscal plasmados en sus correspondientes memorandos de entendimiento.

El 11 de julio de 2011 se adoptó el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), aunque fue posteriormente modificado y ratificado el 2 de febrero de 2012. El 8 de octubre de 2012 entró en funcionamiento este mecanismo permanente, que convive temporalmente con el FEEF y le sustituirá a partir de la segunda mitad de 2013. La capacidad máxima de financiación asciende a 500.000 millones de euros. Hasta el momento, sólo ha comprometido un apoyo financiero, de hasta un máximo de 100.000 millones, a España, con el fin financiar parte de la reestructuración y el saneamiento de nuestro sistema financiero.

No obstante, si hablamos de respaldo financiero a las economías europeas con dificultades en el acceso a la financiación durante la crisis de deuda soberana, tenemos que destacar el papel clave que ha desempeñado el BCE. Por un lado, el BCE se convirtió en el principal proveedor de liquidez de muchas entidades europeas, ya que la desconfianza sobre la solvencia de las mismas y la crisis de deuda cerraron los canales tradicionales de financiación, siendo un caso paradigmático el español. Así, el porcentaje de los préstamos concedidos por el BCE a la banca española, que antes de la crisis se situaba por debajo del peso de la economía en el conjunto de la zona del euro, se elevó significativamente tanto en términos totales como relativos, una vez comenzada la crisis internacional. El grado de dependencia del sistema financiero español respecto de la liquidez del BCE alcanzó su punto máximo en mayo de 2012, cuando representaba el 83 por ciento del total. Desde entonces el porcentaje de préstamos dirigidos a España ha descendido, mientras que el volumen total se ha reducido desde el mes de agosto de 2012.

La otra pieza fundamental del BCE se encuentra en los dos mecanismos creados para salvaguardar a los países que tengan problemas de financiación. El 10 de mayo de 2010, se puso en marcha el llamado «programa para los mercados de valores», a partir del cual el BCE podía realizar intervenciones en los mercados de deuda pública y privada para restablecer el adecuado funcionamiento del sistema financiero. Durante su primera etapa, el BCE compró títulos de bonos de Grecia, Portugal e Irlanda. No obstante, a lo largo del segundo semestre de 2011, las intervenciones se centraron en los mercados de deuda de España e Italia, con el fin de relajar los elevados niveles en sus primas de riesgo.

Posteriormente, el 6 de septiembre de 2012, el presidente del BCE, Mario Draghi, presentó el nuevo plan de compra de bonos en el mercado secundario, denominado «programa de transacciones monetarias directas», que sustituía al programa para los mercados de valores. El mismo permite al BCE comprar tanta deuda (con un vencimiento máximo de tres años) como estime necesario en el mercado secundario. Así como el resto de instrumentos financieros, dicha ayuda estará condicionada a una estricta y efectiva condicionalidad macroeconómica.

Con el nuevo programa de compra de deuda pública, el BCE ha eliminado muchas dudas sobre la irreversibilidad del euro, lo que ha influido positivamente en la cotización de los títulos de deuda soberana de los países más afectados por los problemas de financiación. Su éxito ha sido tal, que su mera creación ha servido para dotar de confianza a los inversores y, por tanto, facilitar el acceso a los mercados de los países con mayores problemas.

Sin embargo, todas las iniciativas que acabamos de repasar no se han adoptado de la noche a la mañana. El avance en las reformas en la Unión Económica y Monetaria ha estado muy ligado a la evolución de la crisis de la zona del euro y el nivel de confianza de los inversores en el proyecto del euro.

Buena prueba de la falta de decisión la encontramos en el desarrollo de los citados instrumentos financieros. En los primeros estadios de la crisis de deuda se creó un instrumento ad hoc para Grecia, pero el contagio al resto de la zona del euro provocó la creación de un instrumento temporal y limitado, aunque suficiente para apoyar a economías europeas pequeñas. Este instrumento no mostraba un apoyo decidido y a cualquier precio para salvaguardar el euro, por lo que la desconfianza de los inversores creció y las tensiones financieras se multiplicaron. Finalmente, se decidió instituir el MEDE, una instrumento mejor dotado y con carácter permanente, que sufrió importantes modificaciones incluso antes de entrar en vigor.

Esta manera timorata de tomar decisiones deriva del enfrentamiento entre las posiciones de los diferentes Estados, consecuencia de las diferentes situaciones macroeconómicas de partida y los intereses nacionales de cada uno. A ello se suma la ausencia de una conciencia entre la clase política nacional del elevadísimo grado de integración económica que ha alcanzado la zona del euro, que supone multiplicar el impacto de las medidas de un país de la zona del euro sobre el resto.

Por ello, la crisis del euro no se ha disipado, y aún hay muchas actuaciones por acometer. En este sentido, el Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2012 marcó el camino a seguir para las reformas necesarias, que se deben centrar en tres bloques: la unión fiscal, la unión bancaria y las reformas estructurales, con el objetivo final de la competitividad europea.

Además, en aquella cita se encomendó a los «cuatro presidentes europeos» (sí, he dicho bien, cuatro: el del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; el de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso; el del Eurogrupo, por entonces Jean-Claude Juncker; y el del Banco Central Europeo, Mario Draghi) el diseño de una hoja de ruta con medidas concretas para alcanzar una auténtica unión económica y monetaria.

En opinión de los «cuatro presidentes», la senda de futuro debe apoyarse en cuatro pilares: un marco financiero integrado; un marco presupuestario integrado; un marco de política económica integrado; y la legitimidad democrática y la responsabilidad.

En este contexto, existen algunas cuestiones que deberían tenerse en consideración para garantizar la solidez de las reformas que se vislumbran para los próximos años. La nueva Unión Económica y Monetaria precisa de una unión fiscal basada en una mayor coordinación y vigilancia de las políticas fiscales de los países de la zona del euro y, por tanto, la creación de una autoridad fiscal común que garantice este objetivo. La contrapartida a esta cesión de soberanía debe llevarnos, en última instancia, al establecimiento de instrumentos de deuda europea.

Además, se debe contar con una unión bancaria que permita la fusión e integración del mercado financiero europeo, incluido en el tramo minorista. Para ello, el supervisor bancario debe ser una realidad preferiblemente antes de finales de año, y, de esta manera, se facilitará la creación de un fondo de garantía de depósitos común en la Unión Europea.

Una unión bancaria requiere una nueva supervisión europea, cuyo fin debe ser el restablecimiento del mercado interbancario europeo lo antes posible. Este es un paso fundamental para que las entidades financieras puedan reactivar el flujo de crédito hacia las empresas y las familias.

Hemos repasado un escenario que, como hemos visto, es harto complejo. Un escenario en el que España ha de ser protagonista demostrando eficacia y seriedad, y cumpliendo con las expectativas de un Estado miembro que sabe estar a la altura de sus ambiciones y de sus responsabilidades. Para ello hemos de mantener y profundizar el proceso de reformas iniciado y sentar así las bases de un crecimiento sólido y sostenido.

Ahora bien, todo lo anterior requiere un nuevo marco institucional europeo más ágil para garantizar una toma de decisiones más rápidas. Nos encontramos en un entorno tremendamente cambiante que necesita capacidad de reacción y un nuevo modelo de gobernanza. No podemos ser rehenes de nuestras propias normas.

Tampoco podemos obviar que el proceso de integración es la clave del éxito europeo y, por tanto, la única vía para logar una salida a las dificultades actuales. Por ello, más Europa y un euro más sólido son las apuestas para garantizar el crecimiento y el empleo.

Si miramos al futuro, hemos de ser conscientes de que el proceso de modernización de España desde la democracia ha significado estabilidad, solidaridad, paz, desarrollo, bienestar, crecimiento económico y creación de empleo. Y estos beneficios se han multiplicado desde la integración en la UE y la mayor apertura comercial, que coincide con un proceso de globalización de la economía.

Para seguir avanzando, la UE debe dotarse de una verdadera gobernanza económica, es decir, de un conjunto de normas que garanticen una gestión y un funcionamiento adecuado de la Unión Económica y Monetaria y que, de manera adicional, contribuya a la estabilidad financiera de la Unión Europea.

En concreto, la UE debe hacer frente a grandes retos para evitar que una crisis económica se vuelva a convertir en una grave crisis política, de credibilidad y de confianza; y debe fortalecer el marco institucional y normativo de supervisión de los mercados financieros. Asimismo ha de ser capaz de ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante la gravedad de la situación económica con el fin de ofrecer estabilidad política y trasladar confianza a los inversores. Por su parte, los Estados miembros deben cumplir y hacer cumplir los compromisos adquiridos en materia de equilibrio presupuestario, datos macroeconómicos y reformas estructurales.

La Unión Europea y sus países miembros no pueden obviar que el mantenimiento del modelo europeo de economía social de mercado, con unos sólidos pilares sociales y medioambientales, exige un sólido pilar económico que los sustente. Por tanto, las instituciones españolas y europeas deben orientar sus actuaciones a reforzar ese pilar, creando el entorno más propicio para el aumento de la competitividad de las empresas.

5

El déficit público y el sector público

A comienzos del siglo XXI, la economía española se encontraba en plena etapa de expansión, avivada por el optimismo generado por nuestra pertenencia al grupo de países pioneros en adoptar el euro como moneda. El notable dinamismo de la actividad económica y la consiguiente creación de empleo propiciaron que, en once años, el saldo de las cuentas públicas pasara de un déficit del 7,2 por ciento, en 1995, a un superávit del 2,4 por ciento, en 2006. El saldo positivo de las cuentas públicas españolas durante tres ejercicios, desde 2005 a 2007, contrasta con el déficit que mantuvieron en aquellos años otros países de nuestro entorno, como Francia e Italia.

La senda favorable del saldo presupuestario se trasladó a la evolución de la deuda pública, que emprendió una senda descendente, hasta alcanzar un mínimo del 36,3 por ciento del PIB en el año 2007, un nivel relativamente bajo en comparación con otros Estados miembros de la eurozona.

Sin embargo, el comienzo de la crisis financiera y económica en 2008 truncó de forma contundente la evolución favorable de las cuentas públicas. En primer lugar, la fuerte caída de la actividad tuvo consecuencias negativas en los ingresos impositivos, sobre todo en aquellos vinculados a los beneficios empresariales y al consumo. Además, la crisis financiera afectó en mayor medida a la construcción, lo que repercutió negativamente en la recaudación de impuestos vinculados al sector inmobiliario. Por otro lado, a medida que comenzó la destrucción de empleo y el aumento del paro, se observó un incremento del gasto en prestaciones por desempleo.

Ante el panorama de recesión económica se llevaron a cabo medidas de impulso fiscal, tanto referidas al gasto como a los ingresos. Entre estas medidas, destacan, por el lado del gasto, el Fondo Estatal de Inversión Local y el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo, y por el de los ingresos, la deducción de 400 euros por rendimientos del trabajo en el IRPF y la aprobación de un sistema de devoluciones mensuales en el IVA, que permitiera mejorar la liquidez de las empresas.

Sin embargo, también hay que destacar que el gasto público mantuvo crecimientos elevados hasta 2009, y no sólo por el incremento en prestaciones sociales, sino porque el consumo público, en especial la remuneración de asalariados, registró notables ascensos hasta dicho año, a diferencia de lo que ocurrió en otros países.

El desplome de los ingresos, sin parangón en otros países europeos, y el notable crecimiento de los gastos de las administraciones públicas condujeron a que el superávit público se convirtiera en déficit público, que alcanzó su máximo en 2009, con un 11,2 por ciento del PIB. A su vez, la deuda pública se embarcó en una senda creciente que todavía no ha cesado.

El desfavorable comportamiento de las cuentas públicas determinó que el Consejo Europeo de abril de 2009 declarara la existencia de un déficit excesivo en España y recomendara que se corrigiera, para lo cual, al principio, dio de plazo hasta 2012, y posteriormente, en noviembre de 2009, hasta 2013.

De esta forma, la política fiscal del gobierno español dio un giro de 180 grados en mayo de 2010, enfocándose hacia una senda de consolidación presupuestaria, con el objetivo de alcanzar un déficit público del 3 por ciento del PIB en 2013. Así, por el lado de los ingresos, hay que destacar que en 2010 se eliminó parcialmente la deducción de 400 euros en el IRPF por rendimientos del trabajo, se aumentaron los tipos impositivos al ahorro y se incrementaron los tipos del IVA. Por el lado del gasto, el gobierno tomó la decisión de reducir al 10 por ciento la tasa de reposición de la oferta de empleo público en 2010, así como no realizar ninguna contratación de personal interino. Además, se estableció un plan de austeridad para reducir el gasto público hasta 2013, afectando a partidas como la remuneración de asalariados, los consumos intermedios, las transferencias, la inversión pública y las subvenciones.

El recrudecimiento de la crisis griega en 2010 y su contagio a los mercados de deuda de otros países llevó al gobierno español, en coordinación con el resto de los países de la eurozona, a acelerar la consolidación fiscal, presentando un programa de medidas en mayo de 2010, que incluía, entre otras, la rebaja de los sueldos del personal de las administraciones públicas en un 5 por ciento en 2010 y su congelación en 2011, la reducción de la inversión pública estatal, la suspensión en 2011 de la revalorización de las pensiones y la eliminación de la prestación por nacimiento a partir de 2011.

De esta forma, en 2010, los recursos no financieros aumentaron un 4 por ciento, tras dos años de recortes, impulsados principalmente por la subida de la recaudación impositiva propiciada por el aumento de los tipos del IVA. Mientras, los empleos no financieros crecieron sólo un 0,1 por ciento, tras los fuertes incrementos de los ejercicios precedentes. En la moderación del crecimiento de los gastos no financieros debe tenerse en cuenta el estancamiento de la remuneración de los asalariados y el fuerte recorte de la formación bruta de capital fijo. En el otro lado de la balanza, el gasto por el pago de intereses de la deuda creció un 10 por ciento en términos de contabilidad nacional, impulsado por el mayor volumen de deuda. Además, las prestaciones sociales, donde se incluye el gasto en pensiones y en prestaciones por desempleo, crecieron un 5 por ciento, una cifra elevada, aunque supone una moderación del ritmo de crecimiento en comparación con años anteriores.

En 2010 y en 2011, el déficit público se moderó ligeramente, aunque existen dos factores que han provocado que la reducción del déficit haya sido menos intensa de lo estimado en un principio: el plan de pago a proveedores y las ayudas al sector financiero.

La disminución del déficit público en 2011 se produjo exclusivamente por la caída de los empleos no financieros, donde destaca el descenso de la remuneración de los asalariados y, especialmente, de la formación bruta de capital fijo. En cambio, los recursos no financieros volvieron a descender a pesar de los incrementos impositivos llevados a cabo. De esta forma, el déficit público de 2011 fue del 9,4 por ciento del PIB (9 por ciento excluyendo las ayudas a las instituciones financieras), en tanto que la deuda se sitúa en el 69,3 por ciento del PIB.

El año 2011 fue un ejercicio de incertidumbres: la crisis de la deuda soberana, la crisis griega y las dudas sobre el futuro del euro se trasladaron a la prima de riesgo, que sufrió un fuerte repunte a lo largo del año, con algunos episodios especialmente difíciles en el verano de 2011. Ese año se aprobó una reforma de la Constitución española para introducir los principios de estabilidad presupuestaria y control del endeudamiento en nuestra Carta Magna y, de este modo, garantizar una situación de solvencia permanente en las cuentas públicas en todos los ámbitos de la administración pública.

La reforma de la Constitución fue incluida en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que supone una mayor transparencia de las administraciones públicas, con medidas como la publicación periódica de la ejecución presupuestaria de las administraciones territoriales y el establecimiento de unos mecanismos de seguimiento y de control de las cuentas públicas.

En relación con 2012, ese año se aprobaron diversos paquetes de medidas de ajuste: ya a finales de 2011, el gobierno presentó un programa de medidas que incluía el aumento de algunos impuestos, como el IRPF o el IBI, y la reducción de algunas partidas de gasto. A mediados de 2012, el Consejo de Ministros español aprobó un nuevo programa que incluía, entre otras, una subida de los tipos del IVA, la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de los funcionarios de las administraciones públicas y la eliminación de la desgravación fiscal en el IRPF por compra de vivienda.

Además, en 2012, también se aprobaron dos actuaciones enfocadas a las administraciones territoriales. La primera de ellas fue el plan extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las corporaciones locales, que fue extendido a las comunidades autónomas, siendo uno de sus objetivos el dotar de liquidez a los proveedores de las administraciones territoriales. La segunda actuación destacable es el Fondo de Liquidez Autonómica, para facilitar la financiación de las comunidades autónomas

Finalmente, en 2012, la Comisión Europea, ante el deterioro de la actividad económica española, extendió un año, hasta 2014, el plazo para corregir el déficit público excesivo. La nueva senda acordada establecía que el déficit público en 2012 sería del 6,3 por ciento, el 4,5 por ciento en 2013 y el 2,8 por ciento en 2014. Según las cifras publicadas, el déficit público de 2012 se situó en el 7 por ciento sobre el PIB (sin tener en cuenta las ayudas al sector financiero), lo que muestra un cambio de tendencia muy relevante.

Nadie pone en duda que un requisito indispensable para la estabilidad macroeconómica (crecer generando empleo y sin desequilibrios) es la sostenibilidad de las finanzas públicas. El equilibrio presupuestario contribuye al crecimiento económico, impide la acumulación de deuda pública, disminuye la prima de riesgo y mejora el funcionamiento del sector público, donde cada aumento de gasto ha de ir acompañado de su correspondiente incremento de ingresos.

Entre 2008 y 2013, la economía española está registrando el período de recesión más duro de la democracia, y, desde 2010, se está produciendo un ajuste fiscal sin precedentes a escala internacional. En consecuencia, se ha abierto un debate sobre la necesidad de realizar una reducción del déficit de tal magnitud que, a su vez, ello conlleva consecuencias negativas para la recuperación de la actividad y, por lo tanto, merma los ingresos e impide, asimismo, la corrección del desequilibrio presupuestario.

La reconducción del déficit público es necesaria porque España se sitúa en el punto de mira de los órganos de gobierno europeos y en el de los inversores internacionales, por lo que es vital recuperar la confianza de los mercados y la credibilidad de la economía española.

No cabe duda de que se han producido avances en el proceso de consolidación fiscal. España es uno de los primeros países de la zona del euro en incorporar los nuevos compromisos de estabilidad presupuestaria en su ordenamiento jurídico, gracias a la reforma de la Constitución aprobada en septiembre de 2011 y a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, la reforma de la normativa vigente supone un cambio relevante en la manera de actuar de las comunidades autónomas, que deberán aplicar una política presupuestaria más estricta y transparente.

Pero otra cosa es cómo se realiza el camino hacia la estabilidad presupuestaria. Las políticas fiscal y presupuestaria no deberían ser un obstáculo para el crecimiento económico y sí deberían sentar las bases para un aumento de la actividad económica en el futuro. Desde 2010, la urgencia por reducir el déficit público ha cargado el grueso del ajuste en el aumento de los ingresos y, en menor medida, en la reducción de gastos. Pero esta estrategia de política económica no es sostenible en el tiempo. Así, habría que priorizar aquellas políticas que impulsen el crecimiento a medio y largo plazo de la economía española y racionalicen el gasto del estado de bienestar. Y, por el contrario, deberían eliminarse aquellas políticas de gasto que generan ineficiencias, duplicidades y no supongan un servicio esencial ni para los ciudadanos ni para las empresas. Además, queda mucho camino por recorrer en la mejora de la gestión de los fondos públicos.

Por otro lado, la caída de la recaudación sobre el PIB durante la crisis en España no ha tenido precedente en ningún otro país desarrollado y es una prueba clara de que nuestro sistema impositivo no funciona y urge reformarlo. Por ello, es necesario un replanteamiento del actual sistema tributario mediante un estudio sosegado, amplio y sensato, el cual tenga en cuenta una gran cantidad de variables y efectos que, tras su valoración, den lugar a una auténtica y completa reforma fiscal que garantice los ingresos necesarios y que no sea perjudicial para la actividad empresarial, la inversión y la creación de empleo. Hay que recordar que, a mediados de los años setenta, cotizaban por IRPF menos de 300.000 personas, mientras que hoy son 19,5 millones los declarantes.

La clave para lograr una senda sostenida de crecimiento que genere empleo en la economía española pasa por la mejora de la competitividad, y el sector público debe ser un factor que sume y no que reste en este objetivo. En opinión de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, deberían sentarse las bases para una reforma profunda de la estructura del gasto y de los ingresos públicos y también del funcionamiento del sector público, para hacer del mismo un agente que se rija por criterios de eficacia y eficiencia.

¿Qué hacer para mejorar la eficiencia del sector público y reducir el déficit? He aquí las propuestas.

1. Se requiere una reflexión profunda sobre el modelo territorial y competencial entre administraciones públicas para mejorar su funcionamiento. Para lograrlo se debería actuar a través de diversos mecanismos:

a) Por ejemplo, se precisa un estudio de las duplicidades entre todos los niveles de las administraciones públicas para evitar las ineficiencias, mejorar la coordinación y reducir gastos improductivos. En este sentido, hay que señalar que se ha hecho poco hasta ahora, aunque existen algunas iniciativas pioneras en el País Vasco y la Comunidad de Madrid. El gobierno del País Vasco, a través del Informe sobre Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones Públicas Vascas (septiembre de 2011), ha detectado ineficiencias en la prestación de servicios sociales, política de empleo y formación, impulso económico y transportes. Según dicho informe, la cuantificación de las duplicidades tiene un impacto presupuestario de 403.081.410 euros, siendo la política de impulso económico la que tiene un impacto mayor (31 por ciento del total).

En el caso de Madrid, el ayuntamiento y la comunidad alcanzaron un acuerdo pionero en 2012 para acabar con las duplicidades en servicios y competencias. Así, pactaron un protocolo por el que acuerdan eliminar, en una primera fase (antes del 1 de enero de 2013), la duplicidad de hasta nueve servicios desarrollados por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. En una segunda fase se efectuarán actuaciones en relación con las otras ocho competencias en las que se han detectado duplicidades: centros de día para mayores, ayuda a domicilio, bibliotecas, asistencia sanitaria, asistencia sanitaria de urgencia, escuelas infantiles, vivienda y empleo.

b) Es necesario también hacer un ejercicio de benchmarking dentro de las administraciones locales y autonómicas. Está claro que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que están mejor gestionados que otros. Por lo tanto, deben ponerse de manifiesto aquellas prácticas que mejoran la gestión de los distintos niveles de las administraciones públicas y buscar los mecanismos necesarios para poder implementarlas.

Varios estudios referidos a las corporaciones locales para cada una de las comunidades autónomas, y según su población, señalan que existe un elevado grado de dispersión en términos de gasto corriente entre municipios del mismo tamaño y de la misma región. Este fenómeno se produce en todas las comunidades autónomas. Algo parecido sucede en diputaciones, cabildos y mancomunidades. Queda un largo camino para dotar de objetivos claros y garantía de eficiencia todos los organismos, aunque está claro que se está pidiendo al poder político que ponga fin, en muchos casos, a un sistema que responde más a sus intereses que a eficiencia del gasto público.

c) ¿Es necesario tener tantos niveles de administraciones públicas? ¿Se podría eliminar un nivel de administración o agrupar ayuntamientos? En España hay cuatro niveles de administraciones públicas: el Estado, la comunidades autónomas (y ciudades autónomas), los ayuntamientos y las diputaciones, en las regiones de más de una provincia. Esta estructura genera, por una parte, un elevado gasto de mantenimiento y, por otra, duplicidades de la actuación pública, debido a la ausencia de regulación o falta de regulación estricta sobre el reparto competencial. Esto facilita que diferentes niveles institucionales participen de una u otra forma en diferentes políticas. Por ello, se debería plantear la necesidad de eliminar algún nivel de administración o agrupar algunas instituciones, como en el caso de los ayuntamientos. La información del Ministerio de Hacienda sobre los presupuestos de entidades locales apunta que el gasto por habitante de los ayuntamientos pequeños (menores de 5.000 habitantes) es mayor que el de otros ayuntamientos más grandes, a pesar de que asumen menos competencias. Por ello, todas las acciones destinadas a compartir la oferta y gestión de los servicios de los pequeños municipios podría generar un ahorro considerable de gasto.

2. Es preciso reducir el número de organismos, agencias y empresas públicas de las administraciones públicas. Esto es así, sobre todo, en los casos en que prestan servicios que no obedecen a criterios de necesidad ni de mejora de la eficacia. Además, este conjunto de entes públicos no están sometidos al control de la Ley de Presupuestos Generales del Estado ni a la de las comunidades autónomas y ayuntamientos, por lo que el aumento del coste del personal del sector público se concentra en buena parte en los mismos.

En el caso de los entes dependientes de las comunidades autónomas, hay que decir que este proceso se ha iniciado a través de un plan de racionalización y reestructuración. Según el inventario de entes integrantes de las comunidades autónomas, que recoge la situación existente a 1 de julio de 2012, había 2.404 entidades, excluyendo las relativas al País Vasco. Desde el 1 de julio de 2010, las comunidades autónomas habían previsto una reducción de 675 entes, con el siguiente reparto:

• La disminución más significativa se produciría en el número de consorcios, que en términos netos se reducirían en 265.

• Respecto a las sociedades mercantiles y fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro, la disminución prevista sería de 202.

• Para el resto de los entes, que incluiría organismos autónomos, entes públicos y entidades públicas empresariales, la supresión neta sería de 69 entes.

No obstante, el grado de materialización de dicho plan, que comenzó en 2010, está siendo muy lento, y, a fecha de julio de 2012, sólo se había materializado una reducción neta de 198 entes, casi un 30 por ciento del total previsto.

3. Mayor provisión de servicios públicos por parte del sector privado. Las administraciones públicas son proveedoras de algunos servicios que podrían ser suministrados por el sector privado. Si hubiese una mayor participación del sector privado se lograría, por un lado, mayores ganancias de eficiencia y calidad del servicio y, por otro, menores costes en la prestación de dichos servicios.

Un hecho constatado es que el destinar fondos públicos a los conciertos en sanidad y educación se presenta como una oportunidad de ahorro para las cuentas públicas, ya que menor será el número de empleados públicos, siendo la obligación de una administración responsable la de satisfacer las necesidades y expectativas de la sociedad en base al mejor binomio coste-resultados. Además, puede suponer incluso un mayor grado de flexibilidad en la asignación de recursos para hacer frente a distintas situaciones, como, por ejemplo, cambios en la demanda de este servicio.

Además del ahorro en costes, otro efecto positivo de la provisión del servicio público por parte del sector privado es que también se gana en eficiencia. Por ejemplo, en el caso de la educación un aspecto a señalar es que el gasto por alumno en la educación concertada es significativamente inferior al correspondiente a la educación pública. A modo de ejemplo, cabe citar que, frente a los 5.690 euros de coste medio por alumno en la enseñanza concertada, el ratio se eleva a 6.703 euros en la pública. Además, según los últimos informes en materia educativa (PISA de la OCDE), los centros concertados obtienen mejores resultados en las competencias analizadas frente a los centros públicos. Es decir, los centros concertados contribuyen a la eficiencia del gasto público y a la excelencia académica.⁶

4. Supremacía de los criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria en algunos servicios públicos. Llama la atención que se hayan aumentado las tasas en algunos servicios públicos para acercarlos a su coste real (tasas universitarias, medicamentos, etc.), pero estas medidas no se han visto acompañadas de reformas que mejoren la eficiencia y gestión de la prestación de dichos servicios. El imprescindible estado de bienestar tiene que estar bien gestionado y frenar su gasto exponencial. En algunas partidas, tales como la educación, la sanidad o las pensiones (las cuales acaparan el mayor porcentaje de gasto público), deberían introducirse criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria para que sean sostenibles en el tiempo. Y de ahí la necesidad de acometer reformas estructurales en estos ámbitos. Algunos ejemplos son:

• El sistema de pensiones es insostenible a medio plazo: el coste medio mensual de las prestaciones batió un récord histórico a comienzos de 2013, al superar los 7.650 millones de euros, debido al incremento del número de pensionistas (que ya supera los 9 millones) y el importe medio de la pensión.

• El gasto anual por alumno en instituciones públicas en España es el cuarto mayor (8.048 euros, en 2009) de entre los países de la UE, cuando los resultados educativos se sitúan entre los peores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

• El número de recetas por paciente y visitas al médico está por encima de la media de la UE, cuando el estado de salud de los españoles no es peor.

5. Combatir el fraude en sentido amplio: fiscal, social y laboral. El fraude en sentido amplio supone una competencia desleal para el empresario y el trabajador que cumplen todas sus obligaciones. Según diversos estudios, la causa que más influye sobre el incremento de la economía sumergida es la presión fiscal. Por ello, para luchar contra el fraude no se debe incrementar la presión fiscal sobre las empresas y ciudadanos que ya están bajo control de la hacienda pública. Hay que dotar de medios para ampliar la base y la inspección sobre los fraudes más graves e incrementar las inspecciones de trabajo. Por otra parte, el desempleo, la baja tasa de actividad y la escasa cualificación también influyen en el incremento de la economía informal. Por ello, tener una regulación del mercado laboral que haga atractivo incorporarse al trabajo y que desincentive el estar parado es fundamental para combatir la economía sumergida. Tampoco se debe olvidar el sistema educativo: a mayor nivel de formación, menor probabilidad de trabajar en el sector informal.

Por todo ello, para reducir el déficit público es necesario abordar la lucha contra el fraude, en la que, si bien se ha avanzado, se debería aplicar un nuevo impulso y, en algunos casos, con medidas mejor diseñadas, a fin de que los resultados tengan un mayor alcance. Algunos ejemplos de lo que se está haciendo en ese sentido son los siguientes:

a) Se han reforzado las medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre ellas, una nueva ley para intensificar las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, un plan de regularización extraordinaria de rentas ocultas (en vigor desde el 31 de marzo de 2012) y un endurecimiento del Código Penal para los casos más graves de delito fiscal y contra la seguridad social, todavía en fase de estudio.

b) En 2012, el plan de lucha contra el empleo irregular hizo aflorar 91.470 empleos irregulares, un 12 por ciento más que el año anterior. En 2012 se ha doblado el número de inspecciones para detectar empresas ficticias. De esta forma, la Tesorería General de la Seguridad Social ha anulado 730 inscripciones de empresas ficticias, y 44.262 altas ficticias de empleados cuya finalidad era obtener indebidamente prestaciones de la seguridad social o autorizaciones administrativas para trabajar.

c) La lucha contra el fraude por la prestación al desempleo.

d) La lucha contra el fraude en las becas de estudios se podría abordar elevando los requisitos académicos para su obtención y ampliando la información sobre renta y patrimonio familiar.

e) La lucha contra el fraude en la prestación de servicios.

6. La austeridad del gasto no debe recaer constantemente en las políticas destinadas a mejorar la competitividad y el potencial de crecimiento de la economía española. Estas políticas son, por ejemplo:

a) El gasto en la formación pública de capital físico, humano y tecnológico. La reducción del peso de las políticas destinadas a la actividad productiva, que representaban el 13 por ciento del total del gasto consolidado en 2008, se sitúa en el 7,6 por ciento en 2013, su mínimo desde que España forma parte de la eurozona. Estas líneas maestras de la política presupuestaria se entienden dentro de la difícil situación por la que está atravesando la economía española, pero deben tener un carácter excepcional y transitorio, habida cuenta de que todas ellas juegan un papel destacado en la mejora de la competitividad y en el crecimiento potencial del país. En un contexto de restricción presupuestaria es necesario seleccionar aquellas inversiones que sean rentables, eliminen los «cuellos de botella» y apoyen al aparato productivo, contribuyendo a disminuir los costes de las empresas.

b) El gasto destinado a impulsar la internacionalización de la economía española. Todas las medidas dirigidas a ampliar nuestros mercados exteriores e internacionalizar el tejido productivo son una gran oportunidad para la recuperación de la actividad y el empleo, al tiempo que contribuyen a reducir el déficit exterior de la economía española. En esta etapa de reducción del déficit público se constata que el apoyo a la actividad internacional de las empresas sigue poco reconocido, ya que la partida destinada a la promoción del comercio e internacionalización de las empresas ha registrado continuos recortes.

7. Reforma del sistema tributario. Es necesario llevar a cabo un estudio profundo del sistema fiscal que dé lugar a una auténtica y completa reforma fiscal que garantice los ingresos necesarios y que no sea perjudicial para la actividad empresarial, la inversión y la creación de empleo. Además, los continuos cambios impositivos que se vienen realizando desde 2010 olvidan la importancia de tener un marco fiscal previsible, que otorgue seguridad jurídica a las empresas y que no se vea sometido a fuertes cambios. Asimismo, dichos cambios impositivos no favorecen la inversión de nuestras empresas ni la atracción de la actividad empresarial extranjera.

No hay que olvidar que el aumento de presión fiscal ha sido significativo desde 2010. La imposición directa se ha incrementado notablemente tras la subida temporal del tipo impositivo del IRPF y los cambios del Impuesto sobre Sociedades. Según las estadísticas de la Comisión Europea, España es el cuarto país de Europa con el tipo marginal máximo del IRPF más elevado, con un 52 por ciento (la media de la eurozona se sitúa en el 43,2 por ciento). En lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, España ocupa la séptima posición con el tipo de gravamen más alto, con un 30 por ciento, y si se considera el tipo efectivo de este impuesto, ocupa la cuarta posición.

En lo que respecta a la imposición indirecta, en España era más baja que la media de la UE, aunque, con la subida del tipo general del IVA del 18 al 21 por ciento, se ha prácticamente igualado con la media de la UE, pero supera el tipo medio de la eurozona, del 20 por ciento.

Por lo tanto, España es uno de los países europeos con mayores tipos de gravamen, tanto en la imposición directa como indirecta. Por ello, sólo existe margen de bajadas de impuestos cuando el ciclo económico consolide su senda de recuperación y podamos así hacer nuestra economía más competitiva y con mayor capacidad de atracción de la inversión empresarial.

6

Recortes, austeridad y despilfarro

No hay día en que alguien no se manifieste en contra de un recorte, y en muchos casos puede parecer justo, ya que se dan situaciones ciertamente dramáticas y, en medio de las dificultades de la crisis, a mucha gente le resulta complicado digerir o soportar una merma, por pequeña que sea, de sus servicios o prestaciones, aunque muchos de estos servicios sean nuevos y, algunos de ellos, desequilibrados. La construcción y consolidación del estado de bienestar es tarea fácil si no existe presupuesto y no se contemplan gastos de mantenimiento, es decir, si hay barra libre. Todos los gastos pueden ser absorbidos, sean necesarios o no, sean lógicos o exagerados; es como si los gastos no debieran evaluarse y la palabra gestión fuera una palabra maldita. A escala mundial existen numerosos ratios perfectamente evaluados: de número de niños por profesor o de personal administrativo y de servicio por aula; de metros cuadrados de hospital por paciente; de médicos, enfermeros o personal de apoyo por paciente…, y así hasta cientos de mediciones sobre todo, incluido el absentismo. Tan sólo hace falta quererlas obtener y analizar, ver dónde están los errores, denunciar a quienes lo han hecho mal, alabar e incluso incentivar económicamente a quienes lo están haciendo bien y, en definitiva, gestionar, es decir, hacer lo máximo con lo que se tiene en cada momento. La abundancia y la carencia son perversas por motivos diferentes.

¿Cuántos hospitales, escuelas o universidades tenemos, queremos y podemos soportar? Como ocurre con todos los problemas, primero hay que hacer un examen de situación, ver de dónde venimos, o sea, qué hemos hecho durante las últimas décadas, con unos gastos excepcionales, y por qué ha habido tantos ingresos, ver lo que nos podemos permitir, siendo incluso un poco visionarios y, finalmente, con los pies en el suelo ver cómo se puede gestionar todo eso para dar la máxima satisfacción al máximo número de personas y la mínima a todos, ya que ése es el compromiso adoptado por nuestra sociedad.

De entrada, hay que asumir un hecho que parece difuminarse, que se diluye como si nadie quisiera recordarlo. Durante mucho tiempo, demasiado, especialmente cuando los ingresos han sido superiores a los gastos en todos los niveles de las administraciones, no se ha gestionado de la mejor manera posible, ni desde el punto de vista de la creación de activos, y todavía menos en lo que respecta a la gestión del gasto. Digámoslo claramente, ha habido mucho gasto excesivo, poco rigor, mucho despilfarro y poca austeridad.

Ahora precisamente que la palabra «austeridad» está de moda en sentido peyorativo, hay que remitirse a lo que decía, en medio de la crisis de los años setenta, Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano durante muchos años y artífice de una transición en apariencia imposible, la de una ideología totalitaria como el comunismo hacia su participación de lleno en una democracia (paraíso de las libertades) llamada eurocomunismo. Decía Berlinguer, en un discurso que por aquel entonces pocos entendieron y ahora menos, que la austeridad era como la columna vertebral de una sociedad alejada del capitalismo (de aquellas épocas) y dominada por unos desvalores como el despilfarro de los recursos naturales y materiales, el consumismo desenfrenado y el descontrol. El discurso tenía por título «Austeridad, una oportunidad para Italia», y decía: «Austeridad significa rigor, eficiencia, seriedad y también justicia, es decir, lo contrario de lo que hemos conocido y sufrido hasta ahora y que nos ha conducido a la gravísima crisis que se manifiesta hoy en Italia en todo su dramático alcance».

«Pero la austeridad —seguía Berlinguer—, según sus contenidos y las fuerzas que lo causan, puede utilizarse como instrumento de depresión económica, de represión política y de perpetuación de las injusticias sociales, o como ocasión para un desarrollo económico y social nuevo, para un riguroso saneamiento del Estado, para una profunda transformación de la organización social, para la defensa y expansión de la democracia: en una palabra, como medio de justicia y de liberación del hombre y de todas sus energías, hoy postradas, dispersas, desperdiciadas.»

La austeridad es necesaria en cualquier aspecto de la vida, tanto individual como colectiva. Cualquier salida de tono o cualquier exageración saca las cosas del término medio, la mesura y el control. Todo se puede hacer y se debe hacer, pero con rigor y austeridad, sabiendo lo que se hace en cada momento. Los sabios agricultores prefieren, sin ningún género de dudas, el riego por aspersión a la lluvia descontrolada. Más vale un riego continuo para siempre que una sequía prolongada seguida de un aguacero.

No recuerdo ninguna manifestación contra un campo de polo construido en el sur de Italia en una población de pocos cientos de habitantes y con una capacidad para 20.000 personas. Tampoco se produjo ninguna manifestación condenatoria, sino todo lo contrario, alabanzas, cuando el entonces senador estadounidense Ted Stevens, de Alaska, consiguió hacer un puente de bastantes kilómetros hasta una isla cercana con muy pocos habitantes y cuyo coste fue de unos 300 millones de dólares. Todo gracias o por culpa de la utilización de su voto en el Senado para tal o cual ley. Le llamaron «el puente hacia ningún sitio».

Ambos son ejemplos de auténtico despilfarro a los que podrían sumarse miles de proyectos de pequeño y gran tamaño que todos conocemos y que, desgraciadamente, no podemos detener. El sistema es tan complejo y tan falto de medios para cortar en seco el despilfarro que debiera cambiarse radicalmente para evitar tantos casos flagrantes, como los hay todos los días, y que ni siquiera entre todos somos capaces de erradicar. Parece increíble que, con toda la nueva tecnología existente y a nuestro alcance, no seamos capaces de evitar los muchos despilfarros en el campo de lo público, ni en su fase de elaboración y proyecto ni, menos aún, en su ejecución.

¿Por qué nadie ha puesto el grito en el cielo ante gastos tan absurdos, tanto los muy pequeños como los muy grandes? ¿Qué controles cabe establecer para evitarlos? Ése es uno de los grandes temas a resolver por parte de la gestión pública moderna, una cuestión aún pendiente y que se resumirá, como en el sector privado, en simplificar, evaluar, controlar y dar cuentas rigurosamente, en tiempo real y con la máxima colaboración de la ciudadanía, que deberá comportarse como agente de control de su dinero, especialmente en el interior de los focos desde donde se realizan tales desatinos.

No voy a poner ejemplos españoles porque no tendría sitio para todos, y probablemente sería injusto no citarlos en su totalidad y olvidarse de los más flagrantes y graves. Aquí, todos sabemos, porque lo hemos vivido, que nos hemos pasado, como se dice castizamente, «tres pueblos». Tenemos exceso de aeropuertos, algunos de ellos sin pasajeros; exceso de pabellones de congresos donde no se celebran congresos; demasiados puentes, plazas o edificios singulares con un aprovechamiento mínimo y un coste excesivo; cientos de piscinas municipales cerradas por falta de clientela o imposibilidad de mantenimiento…, y así con miles de ejemplos. Hemos enterrado de la manera más absurda, más frívola y menos sensata miles de millones de euros que podrían haber servido para consolidar o crear activos que rindieran en el futuro. Sólo con que la mitad de ese despilfarro se hubiera destinado a ciencia, tecnología e investigación habríamos dado un salto espectacular.

Lo más curioso es que, primero, nadie se ha manifestado contra los excesos, ni antes ni después; segundo, nadie pide explicaciones respecto a la gestión (aquí se gasta el dinero y no hay que dar cuentas detalladas y concretas); y tercero, y más importante, no hay evaluación sobre lo que se ha acometido, y sabemos que si unos gestores políticos han decidido invertir en un determinado activo no hay nada más lógico que proceder a su evaluación futura, para ver si tal o cual decisión ha sido correcta y rentable o un colosal fracaso. Pues nada de nada respecto a la rendición de cuentas. Aquí todo el mundo puede hacer de todo, y sólo se rinden cuentas de cara a las siguientes elecciones, aunque con informaciones recortadas e insuficientes.

Para fortalecer la democracia y hacerla real, la rendición de cuentas es esencial; cuando el gasto público representa el 47 por ciento de nuestro PIB, no podemos permitir que las cuentas (y no unas pocas, sino todas) no se analicen y evalúen con prontitud y seriedad y empleando toda la documentación necesaria. De los organismos existentes en las administraciones, 9.839 (sólo el 24 por ciento) están auditados, y es que la ley así lo permite. Debiera ser obligatorio que todos los organismos públicos, y digo todos, desde una fundación hasta la sociedad limitada de cualquier pequeño ayuntamiento, estuvieran controlados, auditados y evaluados en un plazo razonable, como cualquier persona física o jurídica. Incluso diría más, ese plazo debería reducirse a tres meses, ya que, con las nuevas tecnologías de la información, eso no representa ningún problema técnico.

Hay que evaluar la gestión pública con un único objetivo: mejorarla; y para ello hay que despolitizarla y ponerla en manos de auténticos gestores y profesionales. ¿Cómo es posible que con cada cambio de gobierno se cambien, por puro color político, los directores de los hospitales? Y así con todos los organismos. Muchos pequeños descontroles sumados hacen un gran descontrol.

Por indicación europea, el gobierno acaba de poner en marcha un organismo, llamado Autoridad Fiscal Independiente (que se dice independiente, pero que está ligado al Ministerio de Hacienda), con el loable objetivo de vigilar el gasto en todos los niveles, aunque no está claro si sus informes serán vinculantes. Es una muy buena oportunidad, siempre que definitivamente vaya a ser independiente. Este organismo podrá controlar y vigilar, aunque mucho va a tener que cambiar la propia Administración, desde la más pequeña a la más grande, para que sea viable; mucho habrán de cambiar también los políticos si realmente van a darle auténtico poder; y todavía un reto mayor tendrá la propia Autoridad Fiscal Independiente si va a querer serlo con todas las consecuencias, ya que de lo contrario se convertirá, simplemente, en un organismo más. Partiendo de cero, estamos ante una grandísima oportunidad para mejorar el gasto público, evaluarlo, fiscalizar su orden y, en definitiva, mejorar su gestión, a fin de ganar así aunque sólo sean unas décimas de PIB, y la verdad es que por poco que se haga se ganará más que eso.

Algunos comentaristas, ciertos economistas y personas de diferente procedencia dicen que la austeridad (llegan a llamarlo austericidio) es el problema y no la solución. Creen, esperemos que con buena fe, que, frente al déficit y la crisis, la única solución es más gasto, cuanto más mejor y sin límites. El gasto debiera ser infinito, incontrolado como si viniera del cielo, casi por arte de magia.

Para bajar peso, cualquier médico, por elemental que sea, receta una dieta en mayor o menor intensidad. Nunca la receta será comer y beber sin mesura; nunca la solución es mayor consumo de helados, pasteles y bebidas refrescantes. Hay que evitar la grasa y crear músculo.

Algunos todavía creen que el gasto lo soluciona todo, venga de donde venga, pero, desgraciadamente, cuando éste se desequilibra trae más déficit y endeudamiento. Muy pocos piensan que los políticos en el poder están ciegos cuando proponen la reducción del déficit. Quienes tienen responsabilidad no tiene más remedio que actuar en consecuencia. Cuando un político de la actual oposición apoye la reducción del déficit habremos entrado definitivamente en el buen camino. Se estará pensando más en el futuro del país que en las próximas elecciones.

Desafortunadamente, la mayoría de los políticos de todos los países y condiciones están haciendo del incremento del gasto público su única teoría política, y lo curioso es que cuando algunos gobiernos, caso del español, les ha hecho en parte caso con incrementos de impuestos y reducción de bonificaciones fiscales también lo critican. Es increíble su falta de coherencia, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras. Todo vale con tal de perjudicar, por poco que sea, a quienes gobiernan.

Sería fantástico que quienes piden más gasto fueran capaces de explicar cómo se cuadran las cuentas, pero con una calculadora en la mano y no con simples buenas intenciones, que normalmente no lo son. Para cuadrar hay que sumar y restar, tomar decisiones difíciles y explicarlas tantas veces como haga falta, por muy antipopulares que sean. Las medicinas para curar, decían los antiguos médicos de cabecera, duelen al principio y alivian al final.

Los realmente pobres raramente despilfarran, pues no les llega ni para comer. Por el contrario, los ricos despilfarran mucho y de todo. La abundancia propicia los excesos, y la carestía los imposibilita, y todo esto ocurre a título individual, familiar y también de Estado. Mientras los Estados eran mínimos, su gasto era mínimo, tan sólo estructural. En las primeras décadas del siglo XX, el porcentaje de gasto público respecto al PIB oscilaba alrededor del 10 por ciento. Los impuestos que se pagaban eran realmente mínimos y, en consecuencia, los gastos posibles eran muy reducidos.

Con el fantástico crecimiento económico del siglo XX, que ha permitido incrementar el PIB per cápita entre 450 y 900 veces (según diferentes estimaciones) durante esos cien años, los ingresos de los Estados, y especialmente de los europeos (que han sido los más ricos), han ido creciendo hasta límites muy superiores al 50 por ciento. Suecia, por poner un ejemplo poco conocido en cuanto a las reducciones del gasto y muy conocido en cuanto a ejemplo del estado de bienestar, es un país a estudiar detalladamente, con calma y reflexivamente. Hubo un momento en que el tan preciado estado de bienestar, todo hay que decirlo, era posible hacerlo realidad con una población reducida. Más tarde, hacia los años noventa, con unos nueve millones de habitantes y un espacio de 450.000 kilómetros cuadrados, Suecia se pasó de bienestar; los números no cuadraban y el Estado empezaba a dar más de lo que generaba, produciendo déficits e incentivando a los verdaderos creadores de riqueza, las empresas y los empresarios, a buscarse la vida fuera de sus fronteras. Los últimos gobiernos suecos, después de muchos años de socialdemocracia que acabaron ocasionando una agobiante fiscalidad que estaba incentivando la salida del país de los más y mejor preparados en busca de una menor fiscalidad, han dado un giro total al estado de bienestar, propiciando el uso y no el abuso de los servicios, responsabilizando a los ciudadanos de sus decisiones de todo tipo, premiando a quienes cumplen y no dejándose engañar por nada ni por nadie. Ésa era la teoría, y parece que está dando resultados, especialmente por los datos económicos de los últimos tiempos. Ésta es una auténtica reconversión de lo que muchos dijeron que era la panacea del gasto, respecto de la que han tenido y han querido dar marcha atrás.

Existe un punto en el que, si ganas una cierta cantidad con tu trabajo, esfuerzo, riesgo y valentía, y de los resultados debes compartir con tu socio, que es el Estado, más de lo que se pueda considerar razonable, uno puede querer buscar cobijo bajo un nuevo Estado menos recaudador y, a veces, menos depredador. El Estado debe servir para proteger a los menos favorecidos con puras transferencias incentivadoras, pero las evidencias demuestran que no es un buen gestor en cuanto a proveedor ni gestor de servicios. Sus ratios son manifiestamente mejorables, desde la sanidad hasta la educación, que, por cierto, son las dos grandes partidas del gasto público. Con organización, control y evaluación se podría hacer mejor, aunque para ello debieran romperse muchos intereses creados y muchos oligopolios de todo tipo, entre ellos, los de los propios empleados públicos, que parecen no estar dispuestos a muchos cambios, en paralelo a los del sector privado.

A menudo, con el gasto público ocurre igual que con la comida en los países desarrollados. Al final se tira, se despilfarra, se pierde el control. Ocurre así con todo. Cuando no hay control del gasto, cuando éste no se evalúa constantemente, el despilfarro aparece. Si no hay dueño o gestor que evalúe correctamente, las imperfecciones aparecen por doquier.

Un edificio, para estar suficientemente protegido, puede estar vigilado por una, diez o cien personas. Todo es posible, lógico y argumentable. Para tomar la decisión correcta hay que hacerlo con rigurosidad, técnicamente. Y así podrían ponerse mil y un ejemplos.

Gastar más de lo necesario es fácil. Decir no al gasto en un ministerio o en cualquier organismo gubernamental donde los presupuestos se hacen respecto a los del año anterior y no sobre las necesidades de cada año es prácticamente imposible. Quien reduce el gasto, quien gestiona su reducción o mejora, no recibe como consecuencia un reconocimiento a su gestión, sino que simplemente pone las bases de obtener menos ingresos para gastar el año siguiente. Y la consecuencia de ello es que nadie reduce el gasto, ni siquiera el imprescindible. Se vuelve a pintar lo que se pintó el año anterior o hace una semana; todo con tal de cumplir la partida de gasto y evitar su reducción el año siguiente; todo con tal de gastar el presupuesto. Poco importa la gestión, el exceso o el defecto de ella. Esto es causa del sistema que conduce al despilfarro. Es una auténtica locura presupuestaria. ¿Tan difícil es adoptar el presupuesto base cero? ¿Todo es imprescindible?

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 33 por ciento de los alimentos que se producen en el mundo para el consumo humano se pierden o tiran a lo largo de la cadena alimentaria. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre despilfarro alimentario, cada catalán despilfarra treinta y cinco kilogramos de comida al año. El despilfarro alimentario es un hecho real en los países desarrollados, un grave problema que la sociedad debe corregir.

Lo mismo ocurre con el despilfarro público. Todos lo conocemos, vivimos con él y tenemos ejemplos a nuestro alrededor, pero no somos capaces de gestionarlo adecuadamente, aunque nos preocupen sus efectos y sepamos que deja un reguero de perjudicados. Quienes gestionan lo público están ante el dilema de hacerse antipáticos y gestionar adecuadamente o ser testigos del despilfarro sin inmutarse para no tener problemas. Es como si el riesgo de la acción fuera mucho mayor que la seguridad y la pasividad de la inacción.

El despilfarro debería ser un escándalo público y, además, sobre todo en tiempos de crisis, una provocación. El problema estriba en la gestión, y en que detrás del despilfarro hay personas con un puesto de trabajo que, por supuesto, no quieren perder, porque básicamente no tienen alternativa. De ahí que haya casos evidentes de mala gestión y despilfarro de dinero público, y que haya muchos gestores que no logren encontrar la fórmula para promover cambios, aunque sean paulatinos y no traumáticos. Existe el caso concreto de dos poblaciones españolas en las que, aunque son parecidas en sus variables económicas (densidad de población, consumo, extensión, etc.), se emplea al doble de personas para la recogida de basura en una respecto de la otra. Una está correctamente gestionada, la otra genera despilfarro, se mire como se mire. Y lo mismo ocurre en numerosos servicios administrativos que presentan evidentes distorsiones susceptibles de mejorar, pero que la inercia y complacencia hacen que sigan como están. No es un problema de los empleados públicos, sino de adecuar la gestión, haciendo lo que se tiene que hacer y dejando de hacer lo que ya no debe hacerse porque no sirve.

Lo más simple, lo más fácil e incluso lo más cómodo es no hacer nada en ningún ámbito de la vida. Ni nada ni nadie es imprescindible, por lo que la quietud acostumbra a dar como resultado que no pase nada y que nadie note ningún cambio.

Si todo el mundo pensara así, ese mundo, precisamente, no se movería. Por fortuna hay mucha gente con iniciativa, hay creadores, aventureros e inconformistas que se hacen preguntas constantemente y que también tratan de contestarlas. De ahí nace la innovación, el desarrollo, los nuevos productos y las nuevas ideas que algún día puedan disfrutar muchas personas. ¿Qué hubiera sido del mundo sin la innovación de madame Curie, Einstein y tantos otros? Simplemente, no habría evolucionado, o su evolución habría sido más lenta.

El gasto público, al ser tan importante respecto al PIB, debe controlarse y evaluarse con un rigor y un mimo exagerados. No debe descontrolarse nunca, y ante cualquier reducción en los ingresos deben darse señales de alerta inmediatas, y urgentemente tocar la partida de los gastos. No puede esperarse ni un trimestre. Cuando las nubes de la falta de ingresos aparecen hay que retocar el gasto, por mucho que éste esté consolidado. En España no puede volver a ocurrir como entre 2007 y 2009, cuando pasamos de un superávit del 1,9 por ciento del PIB (en 2007) al déficit del 11,2 por ciento (en 2009), esto es, 13,1 puntos de diferencia en sólo dos años. Los ingresos bajaron 6,5 puntos (algo que no era fácil de prever), pero, en cuanto a los gastos, nadie hizo nada por parar la sangría en ninguna de las tres administraciones, y en algunas menos que en otras. Ése fue el principio del gran desastre actual en cuanto al descontrol presupuestario. Todo el mundo es capaz de gastar el doble, pero nadie se ve con fuerzas para una reducción del gasto.

Como ya mencioné al principio del libro, en España, entre 2000 y 2007, los ingresos por los cuatro grandes impuestos (IRPF, IVA, de Sociedades y Especiales) pasaron de 103.118 a 200.676 millones de euros, fruto del importante crecimiento económico de aquellos años. Las desviaciones económicas en positivo en cuanto a recaudación fueron espectaculares, y también en cuanto a los gastos. Había para todos y para todo. En la recaudación del Impuesto de Sociedades se pasó de recaudar 17.207 millones de euros, en 2000, a 44.823 millones de euros, en 2007, para bajar, en 2011, a 16.611 millones de euros.

Quiere esto decir que el gasto público, al igual que se hace en las empresas, cuando se puede aumentar se aumenta, y si es posible se aprovecha el incremento de recaudación en infraestructuras, investigación y tantas otras inversiones necesarias, antes que dedicarlo al fácil gasto corriente; pero también cuando hay que reducirlo debe hacerse rápido y diligentemente. Si no se corta a tiempo, el gasto es cada vez más difícil de controlar, y entonces comienzan los déficits presupuestarios, de muy difícil reducción. Sin embargo, lo hicimos a mitad de la década de los noventa cuando veíamos en el horizonte la oportunidad europea, y ahora, a buen seguro, también será posible, pues es condición necesaria para la recuperación económica, aunque ésta, aunque parezca una perogrullada, también es necesaria para la reducción del déficit presupuestario.

7

Función pública, evaluación y competitividad

Muchos de los problemas derivados del funcionamiento burocratizado del Estado, tanto a nivel estatal como autonómico (algo menos) y local (mucho más), se han heredado del franquismo, que, no lo olvidemos, era una dictadura centralista apoyada por la propia estructura del Estado y que fue su auténtico apoyo durante décadas.

La transición política fue una apuesta arriesgada pero plena de convencimiento por parte de toda la sociedad española, que llegó a la conclusión definitiva del cambio ordenado y no de la ruptura. Participaron en esta decisión los franquistas y los antifranquistas, los del interior y los del exterior (muchos menos en número), los que recordaban la guerra (y querían olvidarla) y los que no la conocían más que por los recuerdos que les relataban sus familiares u otras personas.

Con la transición y la refundación democrática hubo votaciones libres, y los elegidos por el pueblo ocuparon los asientos que les correspondían en una auténtica democracia. Curiosamente, muchos de los que ocuparon altos cargos en los últimos años del franquismo fueron los auténticos renovadores del cambio. Cambiaron de chaqueta, dicho con todo respeto, pero muchos seguían siendo los mismos, con toda su pasado y todas sus circunstancias. Nuestro gasto público, y por tanto también nuestra Administración, representaba sólo el 28 por ciento del PIB en 1978, aunque en sólo siete años creció hasta el 39,9 por ciento del PIB (en 1985). En muy pocos años crecimos muy mucho en gasto público: 11,9 puntos del PIB.

Sin embargo, no se creó una administración nueva, perdiendo así una grandísima oportunidad de aprovechar el conocimiento que se tenía de los errores de gestión y funcionamiento cometidos en los grandes países europeos. En vez de orientar la administración hacia la gestión, la eficacia, la competitividad, la evaluación del rendimiento y la posibilidad de barajar costes fijos y variables se siguió con una administración que se limitaba a recaudar impuestos (y muy pocos), dar licencias, conceder permisos, otorgar cupos y asegurar el orden público. Con la transición se perdió la gran oportunidad de hacer una nueva administración más flexible, más parecida a una empresa, más orientada a los «clientes» (es decir, a los ciudadanos) y con el objetivo de asumir los costes necesarios, no los superfluos.

Se perdió una gran ocasión para introducir la productividad en un momento en que, además, era posible despolitizar la propia Administración. Desgraciadamente, desde nuestra transición política, todos los partidos políticos no han hecho más que tratar de influir para posicionar a los suyos en todas las instancias, en vez de dejar que los funcionarios de carrera ocuparan los puestos de más responsabilidad.

Desafortunadamente, donde también se ha perdido la gran oportunidad histórica ha sido en las autonomías, que han crecido muy mucho en número, pero que se han politizado hasta el máximo, llegando al extremo de que los cambios de color político tras las elecciones han llegado a generar cambios de directores de escuela o gerentes de hospitales, como si dichos puestos fueran políticos y no técnicos. De ahí, básicamente, que en las autonomías y los entes locales haya menos funcionarios, en beneficio de personas que han entrado por consideraciones de afinidad ideológica y no por sus capacidades. Éste es un gran error de consecuencias económicas muy negativas y que se debe solucionar urgentemente para recuperar eficiencia.

Si de eficiencia hablamos, y especialmente a escala global, el término y su medida son difíciles de evaluar, aunque existen estudios que lo hacen con garantías. Uno es del Banco Mundial, de septiembre de 2010, titulado The Worldwide Governance Indicators, Methodology and Analytics Issues; en él se relaciona eficacia con renta per cápita, y España queda bastante lejos de Alemania, Reino Unido y Francia, es superada por Portugal y, por supuesto, por Suecia, país donde, como ya mencioné anteriormente, se vieron asfixiados por su generoso estado de bienestar, mantenido hasta los años noventa, y tuvieron que introducir inteligentes herramientas de control, eficiencia, responsabilidad compartida y, especialmente, de gestión.

La función pública nació para imposibilitar la instrumentación de la propia administración pública por parte de la política, es decir, para impedir que los partidos políticos ocuparan la propia administración durante su mandato y pudieran, una vez perdidas las elecciones, dejar a sus correligionarios en su interior a fin de poder utilizarlos a favor de sus intereses, por ejemplo, con el objetivo de volver a ganar las elecciones o conservar la influencia interna.

De ahí que, para acceder a la función pública, para ser funcionario, servidor del Estado en su más noble concepción, deban aprobarse unas oposiciones, a veces muy duras y exigentes, pero que garantizan así cierto nivel, capacidad, categoría y conocimientos en quienes las pasan. A partir de ese punto, el funcionario, que es vitalicio en la legislación actual y goza de un conjunto de facilidades que pueden parecer privilegios, debería acercarse más a la vida real tan competitiva e incluso agresiva, laboralmente hablando.

Hay muchos y muy buenos funcionarios, como en todas las profesiones. Generalmente son buenos, pero existen algunos que tratan con prepotencia e incluso arrogancia a los ciudadanos, que son, en definitiva, quienes les pagan. Por supuesto, esto no sólo ocurre en el terreno de lo público. Dicho comportamiento, no generalizado, hace mucho daño a la imagen de los funcionarios, aquellos que una vez conseguida la plaza no deben seguir luchando por ella, pues queda en propiedad. Asimismo, los funcionarios tienen horarios muy ventajosos, trabajan menos horas que en el sector privado e incluso pueden elegir entre sanidad pública o privada. ¿Cómo es posible que quienes defienden lo público hasta las últimas consecuencias tengan la oportunidad de escoger una sanidad privada? Es injusto e incluso poco decoroso para con el resto de los ciudadanos. Lo mismo podría decirse de su sueldo ¿Por qué es fijo y no en parte variable? Aunque, todo hay que decirlo, hay muchos funcionarios, pero no todos están bien pagados. Deberían ser menos y tener sueldos de acuerdo a sus aptitudes, conocimientos y responsabilidades. Es de chiste que un presidente de gobierno, aunque no sea funcionario sino cargo electo, cobre unos 80.000 euros brutos al año, que es un sueldo de gerente de una mediana o pequeña empresa española, cuando precisamente estamos hablando de la primera empresa española. Lograr que los mejores estén en la gestión de lo público tiene algo que ver con modular sus remuneraciones.

¿Quién debe ser funcionario? Está claro que las altas estructuras de la Administración, los grandes cuerpos del Estado, desde los abogados del Estado hasta los jueces, los magistrados, los inspectores fiscales, entre otros, hacen una dura carrera y son la columna vertebral del cuerpo que es la Administración, pero, queda una pregunta: ¿deben ser evaluados durante sus años de permanencia en el mismo puesto? Sin duda alguna, el mundo cambia, los conocimientos del pasado no son suficientes en el presente, y menos en el futuro, y quien no se recicla, queda desfasado. ¿No sería positivo un cierto reciclaje evaluado y controlado? Por supuesto, todos saldríamos ganando.

Y hay otras preguntas: ¿por qué se dan diferencias entre lo público y lo privado, por ejemplo, en los convenios de sanidad o educación?, ¿por qué se puede gozar de sanidad privada vía las mutuas de funcionarios?, ¿por qué hay excedencias tan fáciles y poco beneficiosas para la Administración?, ¿debe abrirse la Administración por las tardes?, ¿puede ser compatible trabajar por la tarde en el sector privado después de trabajar por la mañana en lo público?, ¿no es necesario abordar de lleno las incompatibilidades tanto directas como indirectas?, ¿qué hay de la transparencia?, ¿deben los funcionarios publicar sus operaciones vinculadas, al igual que las personas jurídicas, y quizá también sus relaciones personales directas o indirectas?

Hay que modernizar, abrir de par en par y hacer pública toda la información de la Administración y de los administradores, esto es, los funcionarios públicos y los cargos electos. Otra cosa son los empleados en el sector público, que no son ni deberían ser funcionarios. ¿Es lógico que la secretaria o secretario de cualquier organismo público sea funcionario o funcionaria? Y lo mismo un conductor, un agente de seguridad o incluso un médico, un catedrático o un profesor de escuela. ¿Qué tiene eso de función pública? Es simplemente un servicio ciudadano que puede darse perfectamente de manera externa, y también interna, si se estima necesario, pero nunca bajo la necesidad de ser ofrecido por funcionarios.

Funcionarios deben serlo sólo quienes tienen una función pública concreta, determinada, puntual y que sólo puede desarrollarse dentro de las prerrogativas del Estado, esto es, controlar los impuestos, impartir justicia, ordenar el orden público y así sucesivamente. Hay que delimitar quiénes y por qué deben ser funcionarios. Haciéndolo así, no sólo prestigiamos su labor, sino que la hacemos comprensible, es decir, ponemos las cosas en su sitio.

Es urgente y necesario evaluar las políticas públicas. Esto no se ha hecho en serio desde el inicio de la creación del estado de bienestar que, en el caso de España, son los años setenta del siglo pasado, es decir, hace más de cuarenta años. ¿Qué familia, qué empresa de cualquier tamaño no se ha planteado una refundación o un presupuesto base cero en un período largo de tiempo? Aquí, en la gestión pública, no se ha hecho, y en el caso concreto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos todavía menos. Se ha copiado la estructura central con todos sus errores, que son muchos, pero sin adoptar casi ninguna de sus virtudes, como son la alta cualificación de los altos cargos funcionariales de la administración estatal, desde los abogados del Estado hasta los inspectores de hacienda. En las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el partidismo y el olor a política es casi asfixiante, lo cual va en contra de las propias instituciones.

La solución de las últimas décadas ha sido un ejercicio de no gestión caracterizado por incrementar los gastos (y, especialmente, las plantillas) en época de prosperidad y reducirlos en épocas de crisis, con el agravante de que un gasto, por superfluo que sea, es fácil de implantar y tremendamente difícil de suprimir. Por ejemplo, reducir quince, veinte o treinta horas laborables en un convenio colectivo de una televisión pública para así evitar una confrontación es una fácil decisión para un político o para un supuesto (o algo real) gestor designado por un político: las suprimen y punto, así pueden dormir tranquilos, aunque la gestión se pudra un poquito más cada vez, hasta llegar a la inviabilidad económica.

No tengo nada contra las televisiones públicas, y todavía menos cuando sólo había una por razones técnicas, pero en el mundo actual, con las nuevas tecnologías de la información y la posible especialización de acuerdo al gusto de los consumidores, parece un contrasentido seguir apostando por ellas cuando las privadas, con menos coste y mejor gestión, dan mayor satisfacción a los ciudadanos, que son realmente los que deben contar; y, para demostrarlo, ahí están los porcentajes de audiencia: la televisión pública, bajando; las autonómicas (con alguna excepción), en clara caída; las locales, desapareciendo; muchas televisiones privadas, con dificultades; y otras también especializadas, con éxito; mientras que las grandes privadas ocupan la mayor parte de la audiencia.

Si ésa es la realidad, habrá que asumirla, interiorizarla y actuar en consecuencia. No se puede ir en contra de las preferencias de los ciudadanos, por muy equivocados que estén. En el peor de los supuestos habrá que ir a un cambio tranquilo, pero en la dirección correcta, marcada por la paulatina reorganización de los medios audiovisuales públicos. ¿Son éstos necesarios? ¿Qué pueden hacer que no hagan los privados? Es fácil evaluar esto y hacer un plan de ruta con números, fechas y objetivos, por mucho coste político que tenga. La responsabilidad económica no puede obviarse, y tampoco el gasto público excesivo y descontrolado.

Es cierto también que algunas televisiones autonómicas tienen un componente adicional que es la lengua, pero para ello no es necesario tener el doble de presupuesto que una televisión privada, y conste que no estoy hablando de los ingresos. Sólo en la partida de los gastos hay evidentes agujeros en la gestión, desde unas condiciones laborales desequilibradas y piramidales (obsoletas en la actualidad, superadas por las modernas tecnologías) y una desproporcionada producción externa, por demasiados antiguos o actuales colaboradores de la misma cadena en un ejercicio de oscurantismo poco edificante para ser benévolo.

Hace falta una auténtica auditoría de control, ejecución, evaluación y gestión interna de todas las televisiones públicas, en las que se da un verdadero descontrol del gasto público, a tenor de los resultados y de las reestructuraciones que ya están en marcha y que debieron hacerse hace muchos años. De hecho, no debería haberse llegado hasta donde se ha llegado. Tan sólo hace falta leer con detenimiento los convenios colectivos de cierta televisión autonómica, empezando por el número de horas laborables, que es de 1.540 horas, cuando la media de los convenios españoles está aproximadamente en 1.743 horas, y acabando por la consideración de los muchos detalles que imposibilitan la correcta y necesaria gestión; todo ello conduce a hacer imposible lograr una rentabilidad, sobre todo si se confronta con cualquier medio privado, los cuales acaban por ser cerrados si no se gestionan correctamente, como desgraciadamente está ocurriendo y ocurrirá.

El servicio público que deba ofrecerse exclusivamente por el Estado a través de los medios de comunicación, primero, debería explicarse muy bien en qué tiene que consistir y, segundo, no habría de presentar ni un atisbo de politización, por muy difícil que esto sea de conseguir. La televisión pública no debe dejarse al azar ni depender de las cuotas de pantalla, pero tampoco en manos de los propios trabajadores, ni tampoco de los ejecutivos o los grupos políticos, que no deberían poder utilizar un instrumento del Estado para su uso y disfrute, y ni mucho menos para abusar de él y controlarlo. No queda más remedio que hacer una vigilancia parlamentaria estricta, exigente, descaradamente evaluadora y que ejerza todo el poder de gestión y, posteriormente, de evaluación y control del presupuestario que asegure la transparencia.

Las presiones sobre cada subpartida del presupuesto público son variadas, internas y externas, desde quien decide la partida y debe mantenerla hasta quien la ejecuta –que trata de ampliarla, en buena parte en propio beneficio- sin olvidarse de quien deba proveer el producto o servicio que nunca tiene suficiente con el coste señalado, y pide reformarlo.

Los implicados en el gasto son varios: quien lo propone políticamente, quien lo ejecuta y quien puede proveerlo. Y ninguno de ellos está demasiado a favor de la evaluación y el control, ya que parte de sus beneficios, carencias, errores en la gestión y otras consideraciones podrían resultar demasiado evidentes tras ser evaluadas. Pero también es cierto que, por muy evidentes que sean los desajustes detectados, tampoco va a pasar nada, porque no existen en la actualidad mecanismos de control que puedan cambiar los comportamientos. ¿Quién le pone el cascabel al gato si el cambio en la gestión es prácticamente imposible desde el punto de vista técnico y de la propia gestión? ¿Va a ser el político quien se la juegue sabiendo los riesgos que eso entraña y por muy seguro que esté de la necesidad de hacerlo? No podemos pedir que todos sean héroes sin recompensa y que, en cambio, puedan quedar como malvados al mínimo tropiezo.

En España, un ministro diferente a los que normalmente habitan en los ministerios se puso como objetivo la creación de una agencia evaluadora de las políticas públicas, la cual nació en enero del 2007 y hoy tiene un presupuesto de algo más de cuatro millones de euros. En ella trabajan unas cuarenta personas, lo cual es totalmente insuficiente, menos en medios que en responsabilidades. Si se ha hecho, debiera ser un organismo potente, muy cercano a presidencia del gobierno, pues esa cercanía imprime carácter, y la administración en su conjunto le tiene respeto, pues es cercano al poder. No estaría de más ligarla a una auténtica oficina del presupuesto, como en Estados Unidos, donde un equipo semejante sirve de control y aviso para alertar de todos los gastos.

En España tenemos el Tribunal de Cuentas, pequeño gran ente burocrático, con ochocientos empleados y más de 60 millones de euros de presupuesto. Este tribunal es dependiente de las Cortes, y, de acuerdo con la Constitución, en su artículo 136, y la posterior ley 2/82, es el gran órgano fiscalizador de la gestión económica y de las cuentas de todo el sector público, además de ostentar funciones de naturaleza jurisdiccional. Por otra parte, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ejerce el seguimiento presupuestario y realiza las auditorías operativas. A su vez, la Ley General Presupuestaria atribuye al Ministerio de Economía y Hacienda el impulso y coordinación de la evaluación del gasto.

Todo para que, como ha reconocido un ministro, la Administración no sepa, por ejemplo, el número de funcionarios que tiene en el exterior, ni el número de edificios, ni tampoco quién está haciendo qué.

Todo muy complicado; esto es lo que trae como resultado que muchas cosas se hagan tarde y mal. El artículo 139 de la Ley General Presupuestaria determina la remisión de cuentas al IGAE a los siete meses del final del ejercicio económico, y este organismo tiene otro mes para su entrega definitiva al Tribunal de Cuentas; y de ahí a la publicación pública pasa una eternidad. ¿No sería lógico hacerlo todo en el plazo de tres meses desde la finalización del ejercicio? En el caso de las personas físicas se cierra la presentación de la renta seis meses después del final del año anterior. ¿No sería lógico hacerlo en los primeros dos o como máximo tres meses? Y esto para todas las actividades, las públicas y las privadas.

Para las personas jurídicas se dan todavía más de seis meses para la presentación del Impuesto de Sociedades, plazo del todo exagerado en el mundo actual. Para comprobarlo sólo hace falta ver que, en los primeros meses del año, las empresas cotizadas en bolsa, esto es, las más complejas, están dando ya todos sus datos y resultados pormenorizados. La respuesta es sencilla: siempre se ha hecho así y nadie en la Administración tiene esa mezcla de valentía y osadía necesaria para proponer un cambio lógico y normal en la era de la información, en la que los datos se obtienen casi al instante.

Muchos países están poniendo en marcha órganos de evaluación y control con mayor fuerza, y también con más o menos fortuna. Desde la sueca Statskontonet hasta el Strategy Unit británico, pasando por el Conseil National de l’Évaluation francés, que depende directamente del primer ministro.

La realidad es que las administraciones, todas en su conjunto, no se toman suficientemente en serio el control, y mucho menos la evaluación de sus cuentas. A fecha 15 de octubre de 2011, esto es, dentro del plazo legal y con datos del Tribunal de Cuentas sólo el 24 por ciento de un total de las 9.839 entidades del sector público local, desde diputaciones a ayuntamientos, pasando por otros entes supranacionales, habían presentado cuentas en plazo legal, lo cual es un auténtico escándalo de descontrol y falta de transparencia del dinero público.

Lo mismo puede decirse referido a las cuentas del 2010 de las entidades del sector público estatal que debían presentar sus cuentas en 2011; de un total de 467, las cuentas rendidas en plazo sólo fueron 337, un 72,1 por ciento del total.

Curioso es observar también que los informes de fiscalización de varias comunidades autónomas correspondientes a 2004 y 2005 presentados a la Comisión Mixta del Congreso-Senado se hayan entregado con fecha 16 de febrero de 2011, esto es, seis años después, con lo que, probablemente, en caso de irregularidad, todo haya prescrito. Y hallaríamos muchos ejemplos más.

Si la fiscalización, la auditoría, el control y la evaluación no se hacen en un tiempo prudencial (o mejor casi en tiempo real, lo cual sería óptimo y, hoy en día, perfectamente posible), dejan de tener valor, pues los problemas nacen, crecen y se desarrollan, y si no los cortamos a tiempo se hacen imposibles de manejar o solucionar.

La evaluación es una necesidad para el ahorro y para la mejora de los grandes y pequeños organismos del Estado, que debería dotarse de asesorías internas que seguro podrían organizarse para sacar productividad a todo el entramado público, lleno de duplicidades, carente de control o con un control excesivo pero especialmente falto de gestión.

Hay muchos y muy buenos funcionarios en la Administración. De ellos se desperdician sus cualidades y conocimientos, pues lo que realmente falta es un plan de análisis de situación y otro, más importante, de acción. Por muy complicada que sea la Administración, también lo son las empresas privadas, y éstas están haciendo reformas, cambios, reestructuraciones en profundidad para poder vivir en un mundo tan exigente y competitivo como el actual.

Hay que hacer cambios estructurales en profundidad en las administraciones, aunque sea cambiando todas las leyes y pautas de comportamiento pasadas. Tener una mejor o peor administración repercute en varios puntos del PIB. Por tanto, no hay que tener miedo, sino prisa en hacer una profunda reestructuración, tanto de contenidos como de funcionamiento; y si la objeción es que no se ha hecho nunca, pues mejor que mejor.

En ocasiones, en las familias y todavía más en las empresas las cosas no funcionan incluso después de muchos años de poner pequeños o grandes parches o, simplemente, de no hacer nada e ir tirando, mal que bien, esperando que el tiempo lo arregle todo. Y lo mismo ocurre en las administraciones públicas, para las que ha llegado el tiempo de actuar, y no sólo con una reforma de la fachada, con un ligero retoque de pintura. Hay incluso la necesidad, si fuera posible, de reconstruir la gestión con presupuestos base cero y con necesidades y prioridades nuevas y actuales, no con las estructuras creadas hace muchos años bajo unas circunstancias y con unos medios radicalmente distintos a los actuales.

No se puede «ir tirando», pues vamos camino del deterioro máximo. El edificio se ha hecho antiguo. Debería, si se puede, partirse de cero. Por lo menos, sería de vital necesidad saber cómo debería hacerse todo si se pudiese partir de cero, y, a partir de ahí, saber con qué y con quién se cuenta para, en un ejercicio de posibilismo eficaz, pasar de lo necesario a lo posible sin romper todo en mil pedazos. Hay que vestirse sin desvestirse al mismo tiempo, lo cual es bastante difícil, tanto desde el punto de vista teórico como práctico.

La mejora de las administraciones públicas, su regeneración, su puesta al día, su modernización, la utilización de los nuevos medios tecnológicos disponibles, etc. son condiciones para una mejor, más pequeña y más eficiente administración, una administración constantemente evaluada y gestionada bajo presión positiva, con productividad sin por ello dejar de ser cercana, comprensible y, sobre todo, humana a la vez que económicamente sostenible.

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El traspaso de competencias a las comunidades autónomas

El origen fundamental del traspaso de competencias de las distintas materias a las comunidades autónomas reside en la Constitución española de 1978. Efectivamente, en sus artículos 148 y 149 se recogen respectivamente las competencias asumibles por las comunidades autónomas y las materias con competencia exclusiva por parte del Estado. De forma análoga, los estatutos de autonomía también se refieren a las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas.

La reivindicación inicial de algunos territorios hizo que, en plena transición política, para evitar males mayores, se adoptara la vía de lo que ha venido a llamarse «café para todos», esto es, con la idea de no ser más o menos que el vecino querer ser en todo el más autonomista llegándose a una descentralización al máximo del Estado, algo que puede hacerse una vez cada siglo y probablemente sea prácticamente imposible darle totalmente vuelta atrás pues las consecuencias no son sólo políticas —17 comunidades autónomas son muchas— sino también económicas, de gestión y todavía más sociales. La teoría de que el gasto es más eficaz cuanto más cercanas al ciudadano están las instituciones que lo gestionan es perfecta, pero debe llevarse a la práctica con máxima prudencia y con una óptima gestión, pues de otro modo puede traer consecuencias funestas, económicamente hablando.

El proceso de traspaso de una competencia del Estado a una comunidad autónoma lo desarrolla las comisiones mixtas de transferencias, que integran representantes del gobierno de la nación y de la comunidad autónoma en cuestión. Estas comisiones establece calendarios y plazos de traspasos, concretan los funcionarios y servicios que van a transferirse y realizan inventarios de los bienes del Estado a traspasar, entre otros cometidos.

Los acuerdos de traspaso a los que haya llegado una comisión mixta de transferencias son aprobados por el gobierno mediante reales decretos. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en numerosas ocasiones, un mismo real decreto puede incluir traspasos de competencias de diversos ámbitos. Además, una misma competencia también puede ser traspasada mediante varios reales decretos. Un ejemplo de esta situación podría producirse bien porque el traspaso de las funciones integradas en una competencia se realiza de forma escalonada o bien porque se llevan a cabo ampliaciones en los medios materiales y/o personales traspasados.

Desde 1978 hasta el final de 2011 se han producido 1.978 acuerdos sobre traspasos de competencias desde la administración central a las comunidades autónomas. Estas transferencias han implicado también un traspaso de personal por un total de 821.357 personas.

A lo largo de los últimos treinta años, la evolución de los traspasos de competencias a las comunidades autónomas y del empleo en el sector público ha sido espectacular. A finales de la década de los setenta y primeros años de los ochenta, las transferencias crecieron de forma exponencial. De hecho, el grueso de ellos se concentró en dos momentos del período: mediados de los años ochenta y mediados de los años noventa. Sin embargo, en los últimos años, las transferencias se han moderado significativamente, y en esta última etapa de crisis apenas se han realizado, según la última información disponible correspondiente a noviembre de 2011.

Del mismo modo, se observa como el conjunto del Estado y la seguridad social ha atravesado varias etapas en relación con el número de ocupados en estas administraciones. Hasta 1997, puede verse una suave tendencia ascendente; en cambio, desde 1998, se comenzó a reducir su número de ocupados, tendencia mantenida hasta 2007⁷ (con la excepción del año 2005).⁸ A partir de 2008, cuando ya el proceso de transferencias de competencias estaba muy avanzado, el número de empleados en estas administraciones se estabilizó.

En cambio, los ocupados en las administraciones autonómicas han mostrado un perfil ascendente desde 1997, a excepción del año 2005 y 2012. A ello ha contribuido el proceso de transferencia de competencias desde la administración central a las comunidades autónomas. Adicionalmente se ha producido un sensible incremento de la población, del 17,5 por ciento en el período 1998 a 2012, lo que supone una mayor demanda de servicios como la educación o la sanidad. Sin embargo, estos factores no justifican el notable incremento del empleo que ha experimentado la administración autonómica en los últimos años, proceso que sólo se ha frenado en 2012. Durante la crisis que comenzó en 2008, llama la atención el incremento de este tipo de empleo en las comunidades autónomas, sólo reconducido en 2012. De hecho, desde 2008 hasta 2011, el empleo público autonómico se incrementó en 183.000 personas, lo que contrasta con la fuerte destrucción de empleo del sector privado y con el inicio, en 2010, del ajuste presupuestario.

Existe una amplia disparidad en el número de traspasos de competencias según las distintas comunidades autónomas. En este sentido, debe destacarse que Cataluña, Andalucía y Galicia son las comunidades autónomas con más acuerdos de transferencia de competencias desde la administración central, concretamente 189, 152 y 154 traspasos respectivamente.

Cuando se transfiere una competencia a una comunidad autónoma, el Estado continúa teniendo la responsabilidad exclusiva en determinadas funciones, principalmente las relacionadas con la coordinación y las relaciones internacionales. En este sentido, aunque se haya producido un volumen elevado de transferencias de competencias, la administración central y, en concreto, los ministerios correspondientes a materias que han sido transferidas, siguen manteniendo una plantilla de personal ocupado, que desempeña estas funciones reservadas al Estado.

Además, no se ha producido un traspaso pleno de algunas materias, como es el caso de la Administración de Justicia. Las comunidades autónomas que ya han recibido la competencia de Justicia tienen la función de gestionar los medios materiales y personales necesarios para el funcionamiento de los órganos judiciales. Sin embargo, tanto las materias relativas a los jueces como a los fiscales no están transferidas a las administraciones autonómicas y son gestionadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el ministerio fiscal, respectivamente.

La mayoría de los ámbitos competenciales más importantes se han ido traspasando a todas las comunidades autónomas. Es el caso, por ejemplo, de: la sanidad; la educación universitaria y no universitaria; los servicios sociales; la vivienda; la gestión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, equivalente al antiguo Instituto Nacional de Empleo, o INEM) relativa al trabajo, el empleo y la formación profesional para la promoción del empleo.

Igualmente debe destacarse que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no han recibido las competencias anteriormente mencionadas, a excepción de la de vivienda. De esta forma, la gestión de estos ámbitos para estas ciudades continúa perteneciendo al Estado.

Para los ámbitos transferidos más relevantes, las transferencias a cada una de las comunidades autónomas se realizaron antes del año 2000, y de manera muy especial entre mediados de 1993 e inicios de 2000, período en que se produjeron 582 transferencias, volumen sólo comparable al de 1979-1986, con 971 transferencias, lógico si nos atenemos al ímpetu inicial del estado autonómico.

En materia sanitaria, Cataluña fue la comunidad autónoma pionera en recibir la gestión del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), en 1981. Sin embargo, aunque en los años siguientes algunas comunidades autónomas comenzaron también a gestionar la sanidad, no fue hasta 2001 cuando tuvo lugar la inmensa mayoría de traspasos de esta competencia; ese año, diez comunidades autónomas recibieron dicha competencia.

En relación con la educación no universitaria, el País Vasco y Cataluña fueron las primeras comunidades autónomas a las que fue transferida esta materia, allá por el año 1980. Posteriormente fueron asumiendo este ámbito el resto de las regiones; especialmente en el año 1999, seis comunidades autónomas recibieron esta competencia, casi veinte años después de las primeras.

La Educación universitaria comenzó a transferirse a las comunidades autónomas más tarde que la no universitaria. Efectivamente, las primeras regiones en asumir esta competencia fueron el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Se produjo una primera etapa de trasvases de esta materia entre los años 1985 y 1987. La segunda fase de transferencias tuvo lugar en los años 1995 y 1996, fechas en las que diez comunidades autónomas asumieron la educación universitaria.

La transferencia de los servicios sociales tuvo lugar entre los años 1981 (de nuevo, la primera fue Cataluña) y 1998, cuando La Rioja recibió la gestión de esta competencia. Sin embargo, debe destacarse que el año 1995 fue el que acumuló más traspasos, concretamente a cinco comunidades autónomas.

La gestión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo INEM) en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación también ha sido transferida a las comunidades autónomas, si bien la fecha de traspaso ha sido más tardía que la de otras competencias. En concreto, las primeras comunidades en asumir dicha gestión fueron Galicia y Cataluña, en el año 1997. Aunque este traspaso se fue realizando a otras comunidades a lo largo de los años siguientes, debe destacarse que 2001 fue el ejercicio en el que se realizaron más traspasos de esta competencia, en concreto a seis comunidades autónomas. La última comunidad en recibir la gestión de esta materia ha sido el País Vasco, y tuvo lugar en el año 2010.

Desde el inicio de la actual crisis, en 2008, y hasta 2013, apenas se han producido traspasos de transferencias, aunque realmente queda muy poco por transferir en cuanto a servicios.

El empleo en las administraciones autonómicas ha mostrado una tendencia creciente, especialmente desde 1997 hasta 2011, y de una manera muy significativa en los años de mayor crecimiento económico. A ello ha contribuido el proceso de transferencia de competencias desde la administración central a las comunidades autónomas. Adicionalmente se ha producido un sensible incremento de la población, lo que supone una mayor demanda de servicios. Sin embargo, estos factores no justifican el intenso incremento del empleo en las administraciones autonómicas en los últimos años, máxime teniendo en cuenta que las transferencias de materias se han moderado de manera significativa en el período más reciente.

Existen casos concretos y que pueden servir de ejemplo en cuanto a gasto y evolución de las plantillas. ¿Por qué en la Administración central siguen existiendo abultadas plantillas en educación y sanidad cuando la mayoría de las transferencias ya se han realizado a las autonomías? Y en el caso de las autonomías, ¿por qué ha debido contratarse a más personal aun teniendo en cuenta el incremento de población que en la Administración central?

Nadie puede decir, pues es falso, y ahí están los números, que el gasto público no haya crecido muy mucho, concretamente hasta 2009, para paralizarse en 2010 y reducirse, es verdad, en 2011 y 2012. Ha habido importantes reducciones en esos dos años, pero después de un importante crecimiento anterior, probablemente desproporcionado y descontrolado, un gasto sin las suficientes garantías de haber sido adecuadamente invertido, y con atisbos de haberse hecho con poca inteligencia y mucha precipitación, como dando por buena la estúpida teoría de que cuanto más gasto, mejor. La realidad es que no por comer exageradamente se come mejor y se siente uno más saludable. El gasto, para ser bueno, debe ser mesurado, hecho con rigor y sometido a cierto control.

Todas las comunidades autónomas (excepto Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas) son responsables del gasto en sanidad y educación. Con datos de 2010, el gasto en educación representa el 15,4 por ciento del gasto total autonómico en Navarra, frente al 29,6 por ciento en la Comunidad Valenciana. En sanidad, estas dos comunidades repiten en cuanto a máximo y mínimo: 22,1 por ciento en Navarra y 38,4 por ciento en la Comunidad Valenciana.

En el caso concreto de la sanidad, el gasto conjunto de todas las comunidades autónomas creció desde 34.552 millones de euros en 2002 (en 2001 se hicieron las últimas transferencias autonómicas) hasta 64.097 millones de euros en 2009 a un ritmo del 9,2 por ciento anual, incluso en un año con decrecimiento del PIB, multiplicando el ratio de gasto por 1,85. Bien es cierto que, si miramos los datos per cápita, entre 2002 y 2009 ese gasto pasó de 829 a 1.376 euros por persona, esto es, un ratio del 1,65 por ciento. Por tanto, mucho más gasto en un espacio muy corto de tiempo. Posteriormente, según los datos provisionales de los presupuestos de 2013, el gasto se reduce considerablemente hasta 55.988 millones de euros, lo cual representa una rebaja cercana al 14 por ciento respecto al año de máximo gasto, 2009, pero que todavía representaría un incremento aproximado del 162 por ciento respecto a 2002 (siempre a euros corrientes de cada año). Queda claro que el recorte actual viene precedido por una gran progresión ascendente del gasto en muy pocos años.

Algo parecido puede decirse en materia educativa. Aquí se pueden hacer comparaciones desde el año 2000, pues las transferencias de la enseñanza no universitaria acabaron en 1999, y las de la enseñanza universitaria, en 1996, y con unos gastos para concertados parecidos. Entre 2000 y 2009, los gastos totales en educación se multiplicaron por dos, cifra parecida al gasto por estudiante. La reducción en 2012 respecto al 2009 ha sido del 14,5 por ciento, pero los datos comparativos entre los años 2000 y 2012 arrojan un crecimiento aproximado del 66 por ciento (a euros corrientes de cada año), lo cual demuestra la apuesta sin miramientos que por la sanidad y la educación ha hecho este país cuando ha podido. Quizá se ha hecho desordenadamente o tal vez se ha gestionado mal, pero cualquier cosa puede decirse excepto que no ha habido (y mucho) gasto en educación y sanidad durante muchos años, pues los números demuestran que sería falso. También es cierto que en los últimos años se ha reducido alrededor de un 15 por ciento dicho gasto, pero después de un grandísimo crecimiento del mismo durante muchos años. No son teorías, son números.

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Empleados y sector público

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple, o hace cumplir, la política o voluntad expresada en las leyes del país. Esta clasificación incluye dentro del sector público aquellos organismos, instituciones, empresas y personas que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado (debe entenderse el Estado como el conjunto de la administración central y las administraciones territoriales) y que se encuentran representados por el mismo.

En este sentido, puede entenderse el funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas como una gran empresa, la cual tiene unos ingresos (como los procedentes de los impuestos) y unos gastos (derivados, por ejemplo, de la provisión de servicios a la población, como la educación o la sanidad). A semejanza de las empresas, las administraciones públicas cuentan con una plantilla de empleados para el desarrollo de su actividad económica; y dicha plantilla puede ser más o menos numerosa, dependiendo, entre otros factores, del tamaño del sector público necesario para el desempeño de sus funciones y de los servicios que presta directamente.

En este punto, debe realizarse un inciso sobre la definición de empleado del sector público. El concepto de trabajador del sector público se refiere a la persona asalariada por cuenta del sector público, es decir, que el empleador que ha contratado a esta persona es la administración pública. De esta forma quedan excluidos los trabajadores de las empresas que están subcontratadas por el sector público, así como los empleados de las empresas que tienen algún tipo de concierto con la Administración, como ocurre en el caso de la educación y la sanidad, competencias ya transferidas a las comunidades autónomas. De hecho, aquellas comunidades autónomas con mayores recursos destinados a los conciertos (como el caso de Cataluña) tienen un porcentaje inferior de empleo público en relación con sus habitantes, y viceversa.

Ante la pregunta concreta sobre el número exacto de empleados que trabajan en el sector público español —ya sea estatal, autonómico, local o relativo a las empresas públicas y el resto de organismos dependientes—, la respuesta es que no hay respuesta, por increíble que eso parezca. Sólo hay encuestas del Instituto Nacional de Estadística, las cuales, debido a su metodología, no son exactas, y datos del Registro Central de Personal (RCP), que explícitamente indican que no «están todos los que son».

Mirando las cosas desde una óptica empresarial, esto parece imposible. Hay empresas multinacionales, con millones de empleados trabajando en más de cien países distintos, que con un clic de ordenador pueden conocer sus datos exactos y con todas las características que se quieran. En definitiva, estamos ante una anomalía del sector público español.

Si queremos consolarnos y observamos los números de los empleados públicos en los grandes países europeos llegamos a conclusiones parecidas. No existen registros totales con todos los empleados públicos. Ésa es la realidad, alguna más exagerada que otras.

Es curioso, pero también lo es que tampoco sea fácil conocer el número de leyes totales que rigen en España. Asimismo, es muy difícil saber exactamente cuántas personas viven en este país —se hace un censo cada diez años, a nivel global—, y en muchas comunidades autónomas hay más cartillas sanitarias que habitantes. En la era de la abundancia de información, todos estamos curiosamente desinformados sobre temas trascendentes. Si no sabemos cuántos son, ¿cómo vamos a saber lo que hacen o dejan de hacer?, ¿o qué competencias tienen o han dejado de tener? Y así hasta mil posibles preguntas que nacen de la lógica de la pura gestión, de la mínima gestión empresarial.

La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación que realiza el INE, desde 1964, y cuya muestra comprende unos 65.000 hogares españoles. A lo largo de su existencia, esta encuesta ha sido sometida a revisiones de su metodología, y actualmente sigue la normativa de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), por lo que sus resultados se utilizan para la elaboración de la Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo (ECFT).

Según la EPA, el personal asalariado que trabaja para el sector público fue de 3.013.500 personas en 2012, lo que supone una disminución de unas 175.000 personas respecto a 2011. De hecho, tras haber aumentado en todo el período de crisis económica, la tendencia descendente del empleo público a lo largo de 2012 ha llevado a que éste se haya situado por debajo de los tres millones (2.917.200 personas) en los últimos meses de 2012, la cifra más baja desde comienzos de 2008, y después de muchos años de gran crecimiento.

Por tipo de administración, y según los datos de la EPA de 2012, las comunidades autónomas son los principales empleadores dentro de las administraciones públicas, ya que, de los tres millones de empleados públicos, casi 1,7 millones (el 56 por ciento) son asalariados de las comunidades autónomas. A continuación estarían los ayuntamientos, que dan empleo a algo más de 590.000 personas (un 20 por ciento). En tercer lugar, se encuentra el Estado, que, con casi 530.000 empleados, supone el 18 por ciento del total. Con cifras ya más moderadas, estarían las empresas e instituciones públicas, con casi 150.000 personas (el 5 por ciento), y la seguridad social, con algo más de 39.000 personas (el 1,3 por ciento).

Por tipo de contrato, hay que señalar que no todos los empleados públicos cuentan con un contrato indefinido. De hecho, con la información que ofrece la EPA sobre el tipo de relación laboral, se observa que el porcentaje de empleados públicos con un contrato temporal suponía cerca del 21 por ciento del total del empleo público en 2012, tasa que ha disminuido a lo largo del período 2006-2012. Por lo tanto, casi un 80 por ciento del total de los empleos públicos son contratos de duración indefinida, de los cuales unos son de funcionarios y otros corresponden a otro tipo de contrato (mayoritariamente personal laboral) cuya duración no está determinada.

Hay que destacar especialmente el año 2012, ya que, en ese ejercicio, el empleo en el sector público disminuyó un 5,5 por ciento, con una marcada diferencia en la evolución según el tipo de contrato. Así, los empleados públicos con contratos temporales experimentaron un descenso cercano al 20 por ciento, mientras que los empleados con contratos indefinidos cayeron un 1,3 por ciento.

Una segunda fuente para estimar el empleo público es el Boletín Estadístico del Registro de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MINHAP).

Este boletín se publica dos veces al año, con ediciones correspondientes a enero y a julio, pero hay que destacar que se divulgan con mucho retraso con respecto a la fecha a la que se refieren los datos. Este retraso dificulta la comparación con las estadísticas de la EPA.

Los datos de este boletín se obtienen de registros administrativos de las propias administraciones (Registro Central de Personal, Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, Consejo General del Poder Judicial, Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección General de Cooperación Local y otros).

Los criterios de elaboración y gestión del registro, regulados por real decreto, dejan fuera del mismo a algunos colectivos, lo que explicaría una gran parte de las diferencias con otras fuentes estadísticas.

Los colectivos de personal no incluidos en el Boletín Estadístico del Registro de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, son, fundamentalmente:

• altos cargos de las administraciones públicas así como cargos electos;

• personal de las administraciones con contratación de duración inferior a seis meses, excepto de la administración local;

• personal al servicio de los órganos constitucionales, así como órganos equivalentes en las comunidades autónomas;

• personal en formación y prácticas, de reserva, de segunda actividad o en situaciones administrativas que no sean la de servicio activo;

• personal de entidades públicas empresariales y organismos públicos de las comunidades autónomas y de la administración local con régimen específico análogo o equivalente a los organismos públicos de la administración general del Estado;

• personal de empresas públicas, fundaciones, mutuas, consorcios y del sector público no administrativo de las administraciones públicas;

• personal al servicio del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

• personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S. A.;

• y personal del ente público Radio Televisión Española (RTVE).

Según este boletín del MINHAP, el personal al servicio de las administraciones públicas fue de 2.685.837 personas en enero de 2012, lo que supone un leve ascenso, de unas 2.500 personas, frente al registro de 2011, que fue de 2.683.370 personas. Este incremento de los trabajadores del sector público contrasta con el descenso mencionado en el apartado referente a la EPA. Sin embargo, existen varios factores que pueden explicar estas diferencias en la evolución del empleo en las administraciones públicas según ambas fuentes.

Las diferencias metodológicas comentadas anteriormente incluyen el hecho de que el Boletín Estadístico del Registro de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas excluye a ciertos colectivos. Los datos de la EPA se refieren a la media del año 2012, mientras que el dato del mencionado boletín se refiere a enero de 2012. La senda de descenso del empleo en las administraciones públicas comenzó en el último trimestre de 2011 y se ha extendido en 2012, por lo que los datos de la EPA sí recogen el ajuste que se está produciendo en el empleo en el sector público, mientras que ese boletín sólo habría captado el inicio de este proceso de ajuste.

En el Boletín Estadístico del Registro de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2012 se ha producido una novedad metodológica relevante con respecto a las ediciones de años anteriores. Hasta 2011, el personal de las universidades se refería solamente a aquel que estaba inscrito en el Registro Central de Personal (RCP). Sin embargo, a partir de 2012 se incluye, además, personal de las universidades públicas no inscrito en el RCP. Esta modificación metodológica ha supuesto un aumento de 54.097 personas en el boletín de enero de 2012 respecto al boletín de enero de 2011.

De hecho, si se realiza el ejercicio de calcular el número de personas al servicio de las administraciones públicas sin contar las universidades, se obtiene que el empleo en el sector público descendió en enero de 2012 en 51.630 personas respecto al mismo mes de 2011, es decir, una caída del 2 por ciento.

Por tipo de administración, y según los datos de este boletín (en contraste con los de la EPA), la plantilla de las comunidades autónomas es la más numerosa, ya que, de los casi 2,7 millones de empleados públicos, más de 1,3 millones de personas (el 50,3 por ciento) son asalariados autonómicos. A continuación figurarían los ayuntamientos, que emplean a más de 597.000 personas (casi un 22,2 por ciento). En tercer lugar, se encontraría el Estado, que con casi 582.000 empleados (el 21,7 por ciento del total). Por último, las universidades contarían con casi 155.000 empleados (el 5,8 por ciento del total). Este boletín ofrece información no sólo sobre el personal ocupado en las distintas administraciones, sino también sobre el detalle de la situación profesional. Dentro de la administración pública, no todo el personal se encuentra en la misma situación profesional. Existen funcionarios, personal laboral y otros tipos de personal, y cada grupo tiene diferentes modalidades de acceso a la función pública, así como distintos tipos de contrato y de derechos o prestaciones.

Se observa que, según el tipo de administración, existen diferencias en el tipo de relación laboral de los trabajadores del sector público. Así, por ejemplo, en la administración del Estado, el porcentaje de funcionarios se aproxima al 80 por ciento, mientras que en la administración local apenas supera el 35 por ciento. Esta distribución ofrece una idea de la flexibilidad o rigidez de la plantilla de cada una de las administraciones, en la medida en que los funcionarios tienen un proceso mucho más limitado y transparente de acceso, pero también más estable y, por lo tanto, menos flexible en el corto plazo.

Por otro lado, exceptuando la gran mayoría de los funcionarios, cuya relación laboral es fija e indefinida (sujeta al cumplimiento de sus obligaciones), el resto de los trabajadores del sector público tiene contratos más flexibles. Así, dentro del personal laboral al servicio de la administración pública también existen trabajadores con contrato indefinido (aunque la regulación que rige sus contratos no es igual que la de los funcionarios) y otros cuyo contrato tiene una duración determinada.

En todas las administraciones públicas existe personal que no pertenece al funcionariado, aunque comúnmente se denomine «funcionario» a todo aquel que trabaje para la administración pública. Como se acaba de ver, sólo algo más del 60 por ciento del personal del total de las administraciones públicas tiene rango de funcionario. No obstante, en determinados cuerpos públicos como la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad de las comunidades autónomas, los funcionarios suponen el ciento por ciento del personal.

Según las notas metodológicas sobre afiliados a la seguridad social, disponibles tanto en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) como en el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social: «La afiliación al sistema de la seguridad social es obligatoria para todas las personas incluidas en el campo de aplicación de la seguridad social y única para toda la vida del trabajador y para todo el sistema, sin perjuicio de las bajas, altas y demás variaciones que con posterioridad a la afiliación pudieran producirse.»

El trabajador es afiliado a la seguridad social cuando comienza su vida laboral, momento en que es dado de alta en alguno de los regímenes de la seguridad social, lo que se denomina alta inicial. Si cesa su actividad, será dado de baja, aunque sigue afiliado en situación de baja laboral. Cuando el trabajador reanuda su actividad, se produce un alta, denominada alta sucesiva a efectos estadísticos, aunque esto no implica afiliarse de nuevo, ya que la afiliación es única para toda la vida.

Con vistas a estimar el empleo público a través de los datos de afiliados a la seguridad social deben tenerse en cuenta varias puntualizaciones:

1. Las estadísticas de afiliados a la seguridad social que el MEYSS publica mensualmente se refieren a los trabajadores afiliados al sistema de seguridad social en situación de alta laboral o situaciones asimiladas al alta (que sería lo más aproximado al concepto de ocupado). Pero, en realidad, estas estadísticas no representan el número de personas afiliadas en alta, sino situaciones que generan la obligación de cotizar. De esta forma, por ejemplo, una persona pluriempleada estará contabilizada tantas veces como empleos tenga. Según los datos disponibles del MEYSS, en 2011 había unas 460.000 personas afiliadas a la seguridad social en alta laboral con pluriactividad, lo que supone un 2,6 por ciento del total. Entre estas personas no están incluidos aquellos empleados del sector público asociados a alguna mutualidad y que, al mismo tiempo, están afiliados a la seguridad social por tener un segundo empleo.

2. Se han eliminado de las cifras de afiliados a la seguridad social los miembros del colectivo de cuidadores no profesionales, que en la desagregación por ramas estaría dentro de servicios sociales, una de las ramas vinculadas al sector público, como se verá en el próximo punto. Dado que se han producido cambios en el convenio especial de los cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia, la seguridad social ha comenzado a publicar cifras relativas a este colectivo, por lo que existen datos para los cálculos pertinentes.

3. La desagregación de los datos de afiliados a la seguridad social por ramas, según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009, no distingue entre sector privado y sector público. Para estimar el empleo público con las cifras de afiliación, deben agregarse los datos de las siguientes ramas:

a) administración pública y defensa; seguridad social obligatoria;

b) educación;

c) actividades sanitarias;

d) asistencia en establecimientos residenciales;

e) y actividades de servicios sociales sin alojamiento.

Así, algunas de las ramas vinculadas al sector público, como las de educación y sanidad, incluyen tanto los empleados en el sector privado como en el sector público. Por lo tanto, la estimación de empleo público realizada a partir de los datos de afiliados a la seguridad social estaría sesgada al alza, ya que incluiría ciertos empleados pertenecientes al sector privado. Para eliminar este efecto, se ha calculado la cifra de ocupados en educación, sanidad y servicios sociales en el sector privado a partir de la EPA, para descontarla de la cifra de afiliados. En concreto, se ha estimado que, como media del año 2012, los trabajadores en el sector privado pertenecientes a las ramas de educación, sanidad y servicios sociales suponen un total de 1,1 millones de personas, aproximadamente.

Si bien la mayor parte de los trabajadores por cuenta propia o ajena están contabilizados como afiliados a la seguridad social, existen algunas excepciones importantes, entre las que destacan los empleados públicos que tengan sus contingencias sociales cubiertas por entidades como la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) o la Mutualidad General Judicial (MUGEJU). Esto sucederá así, siempre que dicho empleado público no desempeñe otra actividad adicional que implique su inclusión en algún régimen de la seguridad social. Por lo tanto, la información procedente de los registros de la seguridad social deberá ser completada con la de las mutualidades MUFACE, ISFAS y MUGEJU, en relación con sus colectivos cubiertos.

En la tabla siguiente puede verse cómo hay 1.405.315 titulares en estas mutuas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos ellos están en activo, ya que una parte pueden ser antiguos empleados del sector público ya jubilados. Del total de titulares, y a partir de la información procedente de las memorias anuales de las mutualidades, se obtiene que el número de titulares en activo roza el millón de personas.

La evolución de los afiliados a la seguridad social vinculados a las ramas del sector público (administración pública, educación, sanidad y servicios sociales sin cuidadores no profesionales) ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años, hasta 2011, cuando se rozaron los 3,2 millones de afiliados a la seguridad social en este colectivo. Sin embargo, también se observa una desaceleración en los ritmos de crecimiento en dichos años, desde una tasa interanual cercana al 8 por ciento, en 2007, a un 0,7 por ciento, en 2011. Ahora bien, el año 2012 estuvo marcado por un descenso de los afiliados a la seguridad social en el conjunto de estas ramas, hasta situarse en algo más de 3,1 millones de media anual, los niveles más bajos desde 2008.

A partir de la información procedente del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre sus afiliados en las ramas de no mercado, la procedente de las mutualidades de empleados públicos (MUFACE, ISFAS y MUGEJU) y la obtenida de la EPA sobre los ocupados en educación, sanidad y servicios sociales del ámbito privado, ya comentadas, se puede obtener una aproximación del empleo público en 2011 (última fecha disponible para los datos de las mutuas), agregando o descontando, según proceda, los datos de todas estas fuentes. Así, como puede verse en la tabla siguiente, estos cálculos darían como resultado una cifra de casi 3.070.000 trabajadores en el sector público en el año 2011, si bien hay que tener en cuenta que esta estimación estaría sesgada al alza, ya que, como se ha mencionado, puede haber casos de pluriempleo, de forma que una misma persona esté contabilizada dos o más veces.

Con las estadísticas actuales no se puede dar una respuesta exacta a esta pregunta, sino que cada una de ellas puede aportar una aproximación al número de empleados públicos. Estas cifras no tienen por qué ser iguales entre ellas, ya que cada estadística se elabora de forma distinta (encuestas, registros, etc.) y puede abarcar, incluir o excluir determinados colectivos que forman parte del entramado de la plantilla de las administraciones públicas. En definitiva, las diversas metodologías de las fuentes estadísticas contribuyen a obtener diferentes respuestas a la pregunta sobre cuántos empleados trabajan en las administraciones públicas.

Como puede verse, y era de esperar, las cifras de las diversas fuentes estadísticas no coinciden entre ellas, dadas las distintas metodologías con las que son elaborados los datos. Así, respecto a 2011, las cifras de la EPA (3.190.025 personas) y las obtenidas a partir de los afiliados a la seguridad social (3.069.553 personas) suelen ser superiores a las del Boletín Estadístico del Registro de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (2.686.735 personas), si bien debe tenerse en cuenta que este último excluye algunos colectivos de trabajadores del sector público.

De todas formas, independientemente de la fuente utilizada, existen algunos rasgos comunes:

• Primero, no todos los trabajadores del sector público son funcionarios o empleados con contrato indefinido. El sector público también tiene en su plantilla personas con contratos temporales. Así, según la EPA, casi el 80 por ciento de los asalariados del sector público tienen contrato indefinido (hay que recordar que no sólo los funcionarios tienen contrato indefinido). Y según el Boletín Estadístico del Registro de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, algo más del 60 por ciento del personal de las administraciones públicas es funcionario, aunque esta cifra varía significativamente, según el tipo de administración.

• Segundo, en los últimos años, en concreto en el período de crisis económica, el empleo en el sector público ha aumentado, en contraste con la intensa caída de la ocupación en el sector privado. Sin embargo, el año 2012 ha sido el ejercicio en el que el empleo público comenzó a ajustarse, en línea con los objetivos de consolidación fiscal, reduciéndose hasta situarse en los niveles existentes en el año 2008.

Tampoco habría que olvidar de dónde venimos, y especialmente habría que recordar la época de la transición, cuando el número de empleados públicos era prácticamente la mitad; concretamente, en 1995, y según datos del registro, había alrededor de dos millones de empleados públicos, esto es, un millón de personas menos que actualmente, lo que representa un 50 por ciento desde la posición inicial. Por tanto, esto supone un importantísimo aumento en poco más de veinte años, un incremento en nada comparable con el de la población española.

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Legislar menos, legislar mejor

«Tomar medidas adicionales para liberalizar los servicios profesionales, incluidas las profesiones altamente reguladas, reducir los plazos de obtención de licencias de actividad y eliminar los obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normativas múltiples y superpuestas adoptadas por los distintos niveles de la administración pública.»

Lo anterior es una de las ocho recomendaciones del Consejo de la Unión Europea sobre el Programa Nacional de Reformas de España de 2012. Sin duda se trata de una llamada de atención al conjunto de las administraciones públicas de nuestro país para que avancen hacia un nuevo modelo administrativo que elimine las ineficiencias generadas. Porque, en un mundo globalizado, no sólo compiten las economías y sus empresas, sino los marcos normativos en los que éstas operan. Por ello, el ordenamiento legislativo y un eficiente funcionamiento de la justicia condicionan la vida diaria de las empresas.

En la UE, el acervo comunitario comprende alrededor de 2.500 instrumentos jurídicos,⁹ relacionados con varios aspectos del mercado único europeo, aunque no olvidemos que esta carga legislativa se ha generado en más de veinte años. En el plano nacional, y sin contar a la administración local, se generan miles de normas al año que se recogen en las distintas publicaciones oficiales —concretamente, en 2011, 13.157 normas en las comunidades autónomas y el Estado central—. Por ejemplo, en 2012, las páginas publicadas por los diarios y boletines oficiales de las comunidades autónomas ascendieron a 715.009, a las que habría que añadir las 151.133 páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE), que incluyen 42.194 páginas de anuncios. En el caso de Italia, por ejemplo, el ritmo de promulgación de leyes o decretos ley estatales y leyes regionales se sitúa en unas 750 normas anuales de media en los últimos años. Ello supone que el número de normas estatales en vigor sea de unas 14.600.

Entre 1970 y 2012, en España se han puesto en marcha 38.652 normas estatales. La producción ya sea de leyes orgánicas, leyes, reales decretos u otras, parece desproporcionada, especialmente cuando se cambia una para sustituirla por otra sin haber dejado reposar la primera, lo que no permite saber si habría sido efectiva o no. Cambiamos tanto y tan rápido la legislación que es imposible valorar objetivamente su bondad.

En el terreno autonómico, con datos de Aranzadi, la producción legislativa desde 1978 hasta la fecha es de 125.675 normas, aunque otras fuentes, como El Derecho Editorial, las cifran en 164.742. Por no ponernos, no nos ponemos de acuerdo ni el número de normas que tenemos. La glotonería y el galimatías legislativo, antesala del incumplimiento por desconocimiento, error u omisión, es perfectamente comprensible con la lectura de estos datos, y posteriormente vendrán las interpretaciones para engendrar más «litigiosidad». La consecuencia final es la inseguridad jurídica y los mayores costes económicos.

Todo ello conduce a irremediables duplicidades y a la dispersión legislativa, lo que se traduce en un claro lastre para la actividad empresarial. En 2006, la Comisión Europea estimaba el coste administrativo a nivel de la UE en un 3,5 por ciento del PIB, cifra que se elevaba hasta un 4,6 por ciento del PIB en España, así como en Italia. Otros países importantes, como Alemania y Francia, tenían un coste administrativo inferior al nuestro, del 3,7 por ciento del PIB. Además, Reino Unido, Suecia y Finlandia, con un coste administrativo estimado en un 1,5 por ciento de su PIB, presentaban los marcos normativos menos gravosos para sus economías.

Con el fin de abordar esta situación, desde el ámbito europeo, se adoptó, en 2007, un plan de acción de reducción de cargas administrativas derivadas de la legislación comunitaria, marcando un objetivo de un 25 por ciento para 2012 e impulsando un ejercicio paralelo en cada uno de los Estados miembros.

El 20 de junio de 2008, el gobierno español aprobó un plan de acción que establecía un objetivo de reducción de cargas administrativas del 30 por ciento, lo que supone unos 15.000 millones de euros de disminución de los costes de funcionamiento de las empresas españolas. A este objetivo han contribuido las empresas españolas de manera muy particular, trabajando con la administración y presentando propuestas concretas.

De acuerdo con la Comisión Europea, los resultados de las medidas adoptadas hasta el momento, a nivel de la UE, suponen un ahorro para las empresas de 30.800 millones de euros, pudiendo alcanzar los 37.623 millones de euros una vez que finalice el proceso en todos los Estados miembros. Además, considera que la aplicación completa del programa europeo podría elevar el crecimiento económico de la UE a medio plazo en un 1,4 por ciento.

Son medidas que contribuyen a impulsar la actividad del mercado único europeo, del que, huelga decirlo, forma parte España. Desde su creación, a principios de la década de los noventa, supuso un gran hito en el proceso de construcción europea, ya que abrió nuevas oportunidades para que las empresas pudieran competir libremente en un mercado más amplio, en el que desaparecieran las trabas y se equipararan las reglas del juego.

Éste es uno de los logros tangibles de la UE. Para el ciudadano supone tener el derecho a vivir, trabajar, estudiar o jubilarse en otro país de la UE. Para el consumidor significa la entrada en vigor de normas de calidad y seguridad más estrictas, así como una oferta más amplia de productos y servicios a precios más ventajosos. Para las empresas supone poder operar con un conjunto común de normas en un mercado de casi quinientos millones de consumidores. Para Europa en su conjunto, significa una sociedad más abierta y una economía más competitiva en la que se crean nuevas oportunidades.

En concreto, para las empresas españolas supone una plataforma sólida para adaptarse a las realidades cambiantes y poder competir en mejores condiciones en un mundo globalizado.

Es un elemento fundamental para que España sea atractiva para los inversores y las empresas de todo el mundo, pero hemos de mejorar nuestro marco normativo. Conviene recordar que el funcionamiento del mercado único europeo se basa en la interacción entre los Estados miembros de la UE a través de la transposición de la normativa europea. Sin embargo, esta transposición no siempre se realiza correctamente, ni en tiempo ni en forma. Según el último cuadro de indicadores de febrero pasado, el porcentaje de directivas cuyo plazo de transposición en la legislación nacional ha vencido se ha reducido y se sitúa en el 0,6 por ciento en el conjunto de la UE y en el 0,9 por ciento en España.

Todo ello nos conduce a la conclusión de que, en el plano de la UE, es obviamente indispensable completar el mercado único europeo a través de instrumentos legislativos y ejecutivos más ágiles y vinculantes. No obstante, en el plano nacional, no parece lógico que un área geográfica como España que ya está integrada comercial y monetariamente en otra mayor, como la UE, tome decisiones internas que puedan desembocar en una fragmentación del mercado español, lo cual sólo podría dar lugar a desventajas competitivas.

Sin entrar a considerar su contenido, el marco legislativo en España es excesivo. Desde esta perspectiva, existe una proliferación de normas en todos los ámbitos (estatal, autonómico y local), y debido a su abundancia se ve dificultado su conocimiento y, muchas veces, se hace imposible su correcta aplicación.

En la Comunicación sobre Política Industrial Europea presentada el 10 de octubre de 2012, la Comisión Europea, identificaba perfectamente la situación al decir que en España «además de la burocracia pesada, la proliferación de reglamentaciones divergentes procedentes de los niveles regionales y locales de la administración complica aún más el problema y obliga a las empresas a cumplir criterios diferentes para ejercer la misma actividad en distintas regiones o municipios. Hay indicios de que esta fragmentación regional está acompañada por un aumento del acervo reglamentario en el país en términos absolutos, que podría estar dificultando seriamente el crecimiento de la productividad.»

Esa hiperproducción normativa no sólo afecta a sus destinatarios, sino también a la estructura propia del Estado a la hora de su implementación, seguimiento, inspección y, en caso de incumplimiento, sanción.

Pero no es sólo esa inflación legislativa lo que dificulta la actividad de los empresarios. La falta de estabilidad de las normas que se promulgan y los constantes cambios y modificaciones (muchas veces producidos al poco tiempo de su entrada en vigor) crean inseguridad jurídica, circunstancia ésta radicalmente opuesta a la asunción de riesgo, inherente en el empresario.

Dada la velocidad con la que se promulga, la legislación española en su conjunto no es sometida a la consulta, con carácter previo, de sus destinatarios, que son en este caso las empresas, como conocedores de las necesidades reales.

A todo ello se une el empleo de una técnica legislativa de aluvión, de manera que en una sola norma se pueden llegar a modificar decenas de leyes en vigor, con lo que el seguimiento de lo válido y de lo derogado se hace casi imposible.

Además, la inflación legislativa provoca una excesiva «litigiosidad», lo cual se refleja en los 9,3 millones de asuntos que ingresaron en los órganos jurisdiccionales de nuestro país en 2010. Una cifra que, por ejemplo, contrasta con los 6 millones que se presentaron en Francia, un país con 20 millones más de habitantes. A su vez, existe un constante aumento de los litigios pendientes ante los juzgados y tribunales, los cuales no alcanzan a dar respuesta a las peticiones de las partes en tiempo razonable.

No me refiero a aquellos supuestos en los que existe una respuesta razonada a temas discutibles, sino a otros muchos casos en los que, o bien se hace uso del silencio administrativo, o bien se da una respuesta, formalmente motivada, pero carente de apoyatura legal.

Para eliminar, o en su caso, paliar las disfunciones expuestas que afectan a cuestiones tan sensibles como el marco legislativo, se ha de reducir la proliferación de normas y garantizar una cierta estabilidad, que no petrificación, del ordenamiento jurídico.

Igualmente, sería bueno establecer una programación, lo más cierta posible, para la promulgación de nuevas leyes, consultando su contenido con los destinatarios (las empresas o las organizaciones que las representan).

Es imprescindible identificar aquellas piezas legislativas que constituyan solapamientos a fin de eliminarlos, así como establecer los medios legales adecuados que impidan estas duplicidades en el futuro.

Los beneficios de la unidad de mercado no se materializarán si las normas no se aplican correctamente, si las leyes no se cumplen, si los derechos adquiridos no se respetan y garantizan, si la aplicación de las normativas resulta demasiado costosa o si se infringen las normas. Por ello, es preciso un esfuerzo continuado para mejorar la aplicación de las leyes, evitando las citadas dispersión y profusión legislativas.

Igualmente, es necesario contar con instrumentos legislativos y ejecutivos más ágiles y vinculantes, y articular mecanismos operativos de resolución de conflictos.

Lo ideal sería que cualquier producto o servicio producido por una empresa al amparo de cualquier normativa estatal, autonómica o local pueda circular libremente a través de todo el territorio nacional, sin necesidad de modificaciones o requisitos complementarios.

El informe anual Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, se ha convertido en un documento de referencia para realizar ejercicios comparativos con el resto del mundo y, en particular, con los países más desarrollados; su análisis ayuda a mostrar hasta qué punto nuestro marco normativo es favorable a la creación de negocios.

Para medir los avances normativos y clasificar a los distintos países, dicho informe utiliza hasta treinta y seis indicadores ligados a diez materias que afectan al entorno empresarial, tales como la facilidad para constituir una empresa, el registro de la propiedad, el papeleo para el comercio transfronterizo o la fiscalidad.

En términos generales, el Doing Business muestra que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se mantienen por encima del resto de países en cuanto a la facilidad para hacer negocios. No obstante, desde el año 2005, los países de Europa del Este y Asia central son los que han realizado mayores esfuerzos para mejorar el entorno empresarial.

En cuanto al análisis de los Estados miembros de la UE, se observan grandes diferencias, siendo los países nórdicos, junto con Irlanda y Reino Unido, los que ocupan las posiciones más elevadas. Aunque los países del sur (España, Grecia, Italia y Portugal) se encuentran entre aquellos con un marco normativo menos favorable a la actividad empresarial, el citado informe pone de manifiesto que la crisis ha servido de acicate para adoptar reformas institucionales o regulatorias conducentes a reducir las diferencias con los mejores países europeos.

Según la clasificación de 2013, España se encuentra en la posición 44 en una lista de 185 países (dos escalones por debajo respecto al año anterior), y se mantiene en la posición 24 (de 31) respecto de los miembros de la OCDE analizados. Aunque la posición de España varía en función del indicador que se observe, en la mayoría de las materias se sitúa muy alejado de nuestros principales países competidores.

En concreto, destaca la valoración negativa sobre España relativa a los trámites para iniciar un negocio (posición 136, de 185 países). En España, para abrir un negocio es preciso, de media, cumplimentar diez trámites distintos y emplear veintiocho días. Es decir, muy alejado de la media de la OCDE, que es de cinco trámites y doce días.

Con el fin de valorar la situación de España, se presentan a continuación unas tablas que reflejan su posición en las clasificaciones relativas a cada una de las diez materias analizadas, junto con los principales países desarrollados y emergentes, e incluyendo al país mejor posicionado.

Hay miles de ejemplos absurdos, inútiles y paralizantes de la actividad económica por culpa de una excesiva burocratización y reglamentación. La tecnología ha avanzado exponencialmente en los últimos años mientras que los requisitos para la apertura o consolidación de una actividad económica han ido multiplicándose, haciéndose más farragosos y costosos.

Por pedir, en un mundo como el actual, donde hay información de todo y para todo en las cantidades y calidades que queramos, poner obstáculos para entorpecer la actividad económica es muy simple. Hay miles de requisitos que se pueden poner para obstaculizar la apertura de una empresa, y, si queremos, todos ellos perfectamente argumentables. La clave estriba en si deseamos o no apoyar la actividad económica y, con ello, la creación de empleo.

Rafael Nadal, fino periodista catalán, escribió un artículo delicioso titulado «Burocracia en tiempos de crisis». Explicaba las andanzas de una empresa de Girona para poder cumplir todos los requisitos en una obra pública. Primero se le exigía la utilización de una maquinaria ya en desuso (debido al avance tecnológico), y posteriormente se le enunciaban todos los requisitos formales para la puesta en marcha. La lista empezaba por el permiso para el transformador eléctrico, a lo cual seguían otras exigencias, a saber: 1) proyecto de ingeniería, visado y firmado por el Colegio; 2) informe de un arqueólogo colegiado; 3) informe paisajístico; 4) informe de la Consejería de Cultura; 5) informe de la Consejería de Agricultura; 6) informe de la administración hidráulica; 7) informe del Servicio Geológico; 8) informe del Ministerio de Fomento; 9) informe de carreteras; 10) informe del Canal de Sant Jordi; y 11) informe de Medio Ambiente.

Una vez obtenidos todos esos informes —que pueden caducar, dado que la mayoría no tiene obligación de contestar en un tiempo determinado—debe contarse con la aprobación del ayuntamiento y de la Comisión Provincial de Urbanismo.

En definitiva, demasiados requerimientos, demasiado lentos y caros para una obra pequeña, minúscula. El aparato burocrático que hemos construido es costoso y lento, paraliza la actividad tanto empresarial como la ciudadana de todos los días y produce terribles efectos dañinos para la economía.

Permisos, reglamentaciones, requisitos…, todos los que haga falta, pero, ante todo, primero debería estudiarse a conciencia la necesidad de todos ellos. No puede pedirse permiso para todo y para todos igual. No es lo mismo abrir una tienda de helados que una central nuclear. Hay que tener mesura en los requerimientos y conciencia de su coste. Además hay que ser diligente en la respuesta. La posibilidad de acogerse al silencio administrativo debería implantarse por ley. La Administración debería estar obligada a contestar en un tiempo prudencial, no de meses, sino de semanas.

Si en tiempos de normalidad económica la burocracia administrativa debiera funcionar como un reloj, en tiempos de crisis todavía su esmero debería ser mayor, pues cualquier impedimento o retraso trae como consecuencia menos actividad económica y, por tanto, menos puestos de trabajo.

Reducir la maraña administrativa de este país es una condición imprescindible para recuperar competitividad. Habría que legislar menos, mucho menos; no todo debe estar legislado hasta el más mínimo detalle de la actividad económica. Y, de manera taxativa, habría que legislar mejor, sin improvisaciones, sin acuerdos políticos por consenso de última hora o minuto. Una deficiente legislación implica terribles consecuencias económicas en sentido negativo. Es preferible legislar poco a poco, dando un paso después del otro y analizando las consecuencias antes de poner en marcha una ley.

Importante también es el no cambiar las leyes cada mes o cada año. Es increíble que cada año tengamos más de cincuenta cambios legislativos en el IRPF, así como en otros impuestos. Es prueba evidente del carácter improvisado y mal planeado de la legislación. Hay que legislar con conocimiento de causa, con estudio económico de sus repercusiones, con análisis en clave europea, con la idea del medio y largo plazo. Todo lo que sea legislar para salir del paso es una barbaridad, tanto social como económica. Intentar adecuar con tranquilidad nuestra legislación a lo que será la legislación europea en el futuro sería una buena señal; y, durante el proceso, se podría ir pensando con mentalidad de largo plazo, esto es, poniendo como objetivo el que todos conocieran mejor las leyes y las asumieran como suyas, por conocimiento y convencimiento; entonces la «litigiosidad» sería menor, ayudada por potentes arbitrajes. Los resultados serían espléndidos desde cualquier punto de vista. Sería más fácil, mejor y más barato si se utilizara esa «alta tecnología» que es el sentido común.

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El paro (primer problema) y sus números

Para abordar cualquier problema, especialmente en un mundo tan tecnificado como el actual, parece aconsejable tener cuantos más datos mejor, y, especialmente, que éstos sean de la máxima calidad. En España debería ser bien sabido que los datos del desempleo tienen grandes debilidades en cuanto a exactitud, y para comprobar tal afirmación sólo hace falta comparar los datos de la Encuesta de Población Activa, confeccionada por el Instituto Nacional de Estadística, y los del paro registrado, elaborados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. A finales de 2012, la EPA daba una cifra de parados de 5.965.400, y el ministerio ofrecía un dato de paro registrado de 4.848.723, es decir, una diferencia de 1.116.677 personas. Esa diferencia no es nueva ni representa una constante, sino que tiene alzas y bajas contradictorias y preocupantes, sobre todo cuando, a finales de marzo de 2013, la EPA ha superado la fatídica cifra de los seis millones de parados.

No es lógico que para medir un dato tan decisivo se coja, por un lado, una encuesta, por muy fiable que sea (porque sólo es eso, una encuesta) y, por otro, un registro al que se apuntan voluntariamente los parados. Se deberían tener datos más exactos para obtener un mejor conocimiento de la realidad de ese auténtico drama que es el paro a fin de poder abordarlo con el máximo conocimiento de causa.

En las encuestas previas a unas elecciones políticas, por muy buenas que aquéllas sean, se comenten errores de bulto. Tampoco vale tener en cuenta sólo los que se apuntan a votar. Lo que vale son los que votan y punto. Ese si es un dato concreto y cierto. La EPA es una investigación por muestreo que lleva a cabo el INE con periodicidad trimestral; se realiza sobre la población que reside en viviendas familiares del territorio nacional y su finalidad principal es obtener datos de la población en relación con el mercado de trabajo: ocupados, activos, parados e inactivos. Esta encuesta se realiza mediante entrevistas personales y telefónicas sobre una muestra de 65.000 familias (unas 200.000 personas de dieciséis o más años de edad). La información que se solicita en la encuesta es la referente a la semana anterior a la realización de la misma. Por cierto, no conozco a nadie que haya sido objeto de esta encuesta. No pongo en duda su fiabilidad, hecha por un instituto (el INE) que, en 2012, contaba con un presupuesto de 216 millones de euros y un plantel de trabajadores de 4.175.

La EPA ha sufrido diversos cambios metodológicos para adaptarse a la normativa y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea. Así, en 2002 se produjo un cambio metodológico que modificó la definición de parado. Desde entonces, para que la persona sea considerada desempleada se exige que ésta haya tenido un contacto con las oficinas públicas de empleo con el fin de encontrar trabajo; además se utilizan nuevas proyecciones de población para tener en cuenta el crecimiento de la inmigración en nuestro país.

En 2005, en la EPA se produjeron nuevas modificaciones destacables. Además de cambios en los cuestionarios, se llevó a cabo una nueva ponderación debido a los cambios registrados en la población, especialmente en la población extranjera.

A la vista de la evolución de los datos de la EPA entre 2008 y 2012, años de profunda crisis económica, el propio INE ha apuntado que próximamente revisará sus estimaciones ajustando la población a los resultados del último censo. Desgraciadamente no lo ha hecho. En función de la envergadura de dicha revisión, las cifras de ocupados, desempleados e inactivos deberían modificarse en mayor o menor medida.

De otro lado, el paro registrado en los servicios públicos de empleo comprende, según la Orden de 11 de marzo de 1985, al conjunto de personas desocupadas que permanecen inscritas en las oficinas públicas de empleo demandando un trabajo el último día del mes, siempre que no pertenezcan a algunos de los colectivos excluidos expresamente del paro registrado, conforme a lo dispuesto en la citada orden, y que afectan, entre otros, a personas que están en cursos de formación o que tienen una disponibilidad limitada para trabajar.

Estas exclusiones y las significativas discrepancias entre los conceptos de parado registrado (como dato administrativo del ministerio) y de parado (como dato derivado de una encuesta) explican las diferencias entre el número de parados registrados y el que se desprende de la EPA.

El estar dentro del colectivo de paro registrado depende de la voluntad de la persona para inscribirse en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con independencia de que esté buscando o no activamente empleo, ya que la obligatoriedad de la inscripción se limita a los casos en que el desempleado tiene derecho a percibir alguna prestación o subsidio por desempleo o a beneficiarse de las medidas derivadas de las políticas activas de empleo, e incluso de algunas políticas sociales de orden municipal (además, no debe encontrarse dentro de los excluidos por la orden de 1985 antes citada).

Sin embargo, el encuestado de la EPA no tiene por qué estar inscrito en ningún servicio público de empleo, aunque sí debe manifestar que ha buscado activamente empleo en la semana anterior a aquella en que se le realiza la encuesta.

Por lo tanto, existen situaciones donde un parado según la EPA no será considerado un parado registrado. En concreto, no se excluyen del paro según la EPA y sí del paro registrado los siguientes demandantes de empleo: jubilados hasta setenta o más años; pensionistas por invalidez; personas de edad igual o superior a 65 años; solicitantes de un empleo para un período inferior a tres meses o con una jornada inferior a veinte horas semanales; quienes estén cursando estudios de enseñanza oficial reglada, siempre que sean menores de 25 años o que, superando esta edad, sean demandantes de primer empleo; los inscritos para participar en un proceso de selección para un puesto de trabajo determinado y demandantes de empleo para el extranjero, siempre que estén disponibles para trabajar en el plazo de dos semanas; los afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE); y los fijos discontinuos apuntados al paro fuera del período de actividad.

Nuestra EPA se corresponde con las metodologías de Eurostat, pero casi todos los países adaptan, modulan e interpretan en beneficio propio sus números de acuerdo a sus intereses, de modo que continuamente van modernizando sus estructuras con tecnologías y procedimientos externos que, sumados a los internos, deben dar mejores resultados. En España, al parecer, es difícil ni siquiera plantear tal cosa. No hay la suficiente valentía y coraje político, y menos por lo que hace a la gestión, para ir un poco más allá de cumplir y punto. Al mínimo comentario, por bien intencionado que sea, las fuerzas internas salen con las escopetas cargadas para acabar con lo que haga falta sin incluso cerciorarse de la veracidad de unas supuestas informaciones.

Por el contrario, en la misma página web del INE hay documentos intelectualmente deliciosos, los cuales debieran hacer reflexionar seriamente a los gestores del propio instituto, documentos como el titulado Evaluación de la calidad de la EPA. Entre otras perlas, dice: «esta modalidad es tradicionalmente una de las más difíciles de recoger». Posteriormente habla de las viviendas seleccionadas, diciendo que sólo son «encuestables» el 78,4 por ciento, y de éstas se llega a encuestar sólo al 84,5 por ciento, ya que en casi un 11 por ciento de ellas no se llega a hacer la encuesta por ausencia, y en casi un 5 por ciento tampoco, por negativa del potencial encuestado. Para colmo, si no se puede hacer la encuesta, normalmente se da por buena la respuesta precedente. En definitiva, esta metodología deja mucho que desear y plantea, una vez más, la rigurosidad de los números; y con los números del paro hemos de ser especialmente muy serios y responsables, tanto para su uso interno como externo. Nos queda mucho camino de mejora de la metodología estadística para que los datos obtenidos se acerquen a la realidad.

También encontramos exclusiones en el paro registrado, a diferencia de en la EPA, en otros países, como Alemania, donde la Agencia Federal de Empleo, encargada de elaborar las estadísticas sobre el desempleo, no incluye en las mismas a: las personas con incapacidad laboral indefinida; quienes están realizando una medida de cualificación o empleo subvencionada por las políticas activas del mercado laboral (en jornada parcial para trabajadores mayores, en jornada reducida, autoempleo subvencionado); escolares y estudiantes; jóvenes en formación profesional (no subvencionada); y personas que cuidan a familiares (menores o mayores).

En Francia, para ser incluido en el paro registrado es preciso que el demandante de empleo realice acciones positivas de búsqueda de empleo, salvo en casos de formación, enfermedad o maternidad. Existen ocho categorías de demandantes de empleo, que se diferencian en función del tipo de contrato que busca el desempleado y del ejercicio o no de una actividad reducida (en función de si son más o menos de 78 horas trabajadas el último mes).

Es destacable que el sistema francés no contabiliza como parados registrados a quienes pueden acceder a la jubilación por razón de cotización y edad, aunque no tengan sesenta años. Además la Administración toma parte activa en causar baja en el paro a los parados que no contestan a una convocatoria o rehúsan una oferta de empleo, formación o acción de inserción, suspensión que pude durar de quince días a doce meses. Otros casos de salida de las listas están conectados con la imposibilidad del trabajador para asumir una ocupación o por falta de actualización de su demanda de empleo. En Francia existen unos requisitos muy definidos que comportan las altas y bajas en el paro registrado, con una metodología de corrección de variaciones estacionales y de días laborables.

En el caso de Estados Unidos, el Negociado de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo utiliza hasta seis indicadores alternativos para medir el desempleo, cuyas denominaciones van desde el U-1 hasta el U-6. Así, la tasa de desempleo «oficial» se denomina U-3, la cual se elevó, en marzo de 2013, hasta el 7,6 por ciento. Ésta se determina a través del porcentaje de desempleados respecto a la población activa civil, considerando como desempleados a las personas que no han trabajado durante la semana de referencia, que estaban disponibles para trabajar (salvo por enfermedad temporal) y que habían realizado esfuerzos específicos para encontrar un empleo durante las cuatro semanas previas a la encuesta.

La definición más restrictiva de las tasas de desempleo es la U-1, la cual se situó en un 4,1 por ciento en marzo de 2013. Ésta refleja las personas que llevan quince semanas desempleadas o más, como porcentaje de la población activa civil. Sin embargo, existen hasta tres medidas alternativas de la tasa de desempleo que registran un nivel más elevado que el «oficial».

La tasa U-4, que alcanzó un 8,1 por ciento en marzo de 2013, se determina a través de la suma de los desempleados y los trabajadores llamados «desanimados», como porcentaje de la población activa civil más los trabajadores desanimados. La tasa U-5 añade a la definición de desempleados los individuos marginalmente afines al mercado de trabajo, que ni trabajan ni buscan empleo, pero que han mostrado su disposición a trabajar o han buscado en algún momento un empleo en los últimos doce meses, como porcentaje de la población activa civil más dichos individuos que están ligados marginalmente al mercado de trabajo. Finalmente, la tasa de desempleo U-6, cuya definición es más amplia, se elevó, en dicho mes, hasta el 13,8 por ciento. Ésta tasa se calcula como la proporción de los desempleados de la tasa U-5 más los empleados a tiempo parcial por razones económicas, respecto de la población activa civil más todos los individuos ligados marginalmente al mercado de trabajo.

En definitiva, esta metodología representa un galimatías que dificulta tener una visión clara y objetiva del desempleo en Estados Unidos. Asimismo, los grandes países europeos son tremendamente flexibles y ágiles para derivar parados a una u otra definición a fin de no incorporar todos esos colectivos como parados sin más. Es, por ejemplo, el caso de los trabajadores que están en reconversión o incluso quienes van directamente a la invalidez.

En cualquier caso, el paso del tiempo parece demostrar que la EPA se enfrenta a algunas limitaciones procedentes incluso de su propio planteamiento (diseño de la muestra, proyecciones de población, etc.).

En España, también el paro registrado tiene déficits, ya que deberían contabilizarse en el mismo a quienes están realizando cursos de formación o tienen disponibilidad de empleo limitada, mientras que no se encuentra justificado que se contabilicen como desempleados a quienes, encontrándose en situación de prejubilación, han llegado a un acuerdo con su empresa y no tienen intención de volver a trabajar. En 2012, por poner un ejemplo, esto afectó a las prejubilaciones antes de los 65 años, y así llevamos bastantes años, con lo cual la exclusión de esos desempleados en su conjunto podría reducir la cifra de parados en un mínimo de medio millón de personas. En 2012, el total de prejubilaciones con edades inferiores a los 65 años fueron 129.658 personas, de un total de 301.960. Esta personas, lo más probable es que no vuelvan a trabajar ni soliciten empleo; sin embargo, nuestras estadísticas los consideran como parados, cuando a algunos incluso, debido a su pacto de jubilación, no pueden ni les interesa volver a ocuparse.

Otro de los elementos que deberíamos tener en cuenta a la hora de valorar el rápido incremento de la tasa de desempleo de España frente al resto de los países de nuestro entorno es la manera en que se ha redistribuido la reducción de la carga de trabajo en los episodios de crisis. En España, la variación del empleo, medido en número de personas (con independencia de la duración de su jornada laboral), se habría contraído más que si se hubiera medido en términos de horas trabajadas. Es decir, en España, la inflexibilidad legal obligó a reducir las plantillas, de manera que las personas que mantuvieron su empleo trabajaron, de media, más horas que en los años previos para compensar la drástica reducción de personal. Esta situación provocó, especialmente antes de la reforma laboral de febrero de 2012, que el número de personas que quedaron desempleadas durante la recesión económica fuese muy elevado.

En cambio, países como Francia, Italia y, sobre todo, Alemania, registraron una evolución del empleo diferente durante la contracción de la economía de 2009. Por ejemplo, en dicho año, Alemania incrementó el empleo un 0,1 por ciento, si atendemos al número de personas; aunque el empleo medido en horas trabajadas en el conjunto de su economía se redujo en un 2,7 por ciento, lo que significa que la disminución de la carga de trabajo se repartió entre el conjunto de empleados. De manera similar, Francia e Italia experimentaron una contracción del empleo de un 1,3 por ciento y un 1,6 por ciento, valorado en número de personas, la cual es menor si la medimos en número de horas, respecto a lo cual registró un –2,3 por ciento y un –3,4 por ciento, respectivamente.

Por tanto, el descenso brusco de la actividad económica ha tenido consecuencias más negativas en el mercado de trabajo español debido a la menor flexibilidad laboral y a que el ajuste del empleo se ha realizado más en términos de número de personas que en número de horas trabajadas. Ésta es una de las causas que explican el fuerte incremento de la tasa de paro en España, que entre 2008 y 2009 pasó de un 11,3 por ciento hasta un 18 por ciento. Por contraste, en el mismo período, el aumento de la tasa de desempleo sólo se incrementó desde un 7,5 hasta un 7,8 por ciento en Alemania; del 7,8 al 9,5 por ciento en Francia; o del 6,7 al 7,8 por ciento en Italia. Esta suave evolución esconde, en muchos casos, una reducción significativa de las horas de trabajo de los empleados.

En cualquier caso, España y su economía no se pueden permitir ni económica ni moralmente tasas de desempleo superiores al 20 por ciento durante un tiempo tan prolongado. Se trata de un problema que afecta negativamente al potencial de crecimiento a largo plazo y, en consecuencia, puede generar dudas entre los inversores extranjeros sobre la capacidad de repago de nuestra deuda. Es decir, la elevada tasa de desempleo de España explica, en parte, el coste tan significativo de emitir deuda entre los agentes públicos y privados españoles, respecto de otros países europeos.

En un país moderno y avanzado como en el que vivimos es preciso conocer adecuadamente la realidad de los desempleados para poder intervenir sobre la misma, lo que hace que quien se ocupa de los datos existentes en esta materia deba lograr aproximarse lo más posible a la realidad, y para ello es necesario revisar los métodos de obtención de los mismos a fin de corregir sus defectos. A este respecto, ¿qué sentido tiene entrevistar a un jubilado de setenta años sobre el paro y su disponibilidad en la última semana para acceder a un empleo?

Los registros que posee la administración para sus labores de gestión constituyen una buena alternativa. Una combinación de estos registros, especialmente los tributarios, de probada calidad y también los de la seguridad social, nos daría una información que permitiría mejorar las actuales fuentes de información en orden a conseguir un mejor análisis y unas adecuadas propuestas para actuar en el mercado de trabajo.

No podemos permitirnos dar informaciones que, estamos seguros, se alejan bastante de la realidad, y especialmente cuando esos datos los damos a conocer en el exterior, ya que, primero, deterioramos nuestra imagen, segundo, deformamos nuestra realidad, y, tercero, y más importante, no abordamos el problema de fondo, que es el paro, con la necesaria y lógica rigurosidad de los números. Para combatir los problemas hay que conocerlos. No son buenas las leyendas negras basadas en datos engañosos del paro en España, pero es peor no tener toda la información con objeto de combatir el problema.

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La reforma laboral

y otras reformas en Alemania

A principios de este siglo, Alemania era la enferma de Europa desde el punto de vista económico y algo menos en lo social. Era la consecuencia de la reunificación de la Alemania del Este con la Alemania del Oeste iniciada en 1989, después de más de cuarenta años de división. El laboratorio del Este se había roto en mil pedazos, el comunismo había fracasado en toda regla, y la Alemania del Oeste —en decisión histórica del canciller Kohl— estaba dispuesta a aportar lo que hiciera falta para integrar los casi 15 millones de alemanes del Este en la Alemania reunificada.

Un esfuerzo tan importante no era de fácil digestión, aunque era más digerible en lo económico que en lo social. Una sociedad adormecida, acomodada a la falta de libertades propia del comunismo y poco competitiva como la de la ex República Democrática Alemana (RDA) debía integrarse a una República Federal de Alemania (RFA) trabajadora, luchadora, con muy buenas empresas y tecnología avanzada. Ahí funcionó la política y los políticos con mayúsculas, siempre con una visión más del medio y largo plazo que cortoplacista.

Sin embargo, toda esa reunificación tuvo un coste económico importante que se ha ido digiriendo poco a poco, pues las diferencias eran enormes y, al principio, las dificultades fueron mucho mayores de las previstas. El experimento político, social y económico de dividir Alemania en dos partes, una al Este siguiendo el modelo soviético, esto es, economía planificada, falta de libertades, nula democracia y dictadura política, se debía enfrentar a un modelo, el del Oeste, con plena libertad política y económica. Después de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, los resultados, vista la cruda y dura realidad, fueron escalofriantes. El Este no tenía nada que ver con el Oeste. En puridad, los ciudadanos de la Alemania del Este habían dejado de serlo, convirtiéndose, al igual que los del resto de los países bajo las dictaduras comunistas, en puras comparsas atemorizadas, desincentivadas, con pocas ganas de decidir y siempre dispuestos a obedecer. Se habían quedado sin iniciativa y, todavía peor, sin ilusión.

Por muchos esfuerzos y millones de marcos que se pusieron para paliar las diferencias, el cambio más revolucionario fue convalidar la moneda del Este y la del Oeste, dándole el mismo valor, al tiempo que se implantó un impuesto de solidaridad para ayudar a acelerar la salida del Este de su retraso a fin de que se incorporara cuanto antes al tren en marcha de la modernidad alemana del Oeste.

Después de la segunda guerra mundial, la República Federal de Alemania había hecho un grandísimo esfuerzo para colocarse tras Estados Unidos y Japón, muy cerca de Francia, como una grandísima economía industrial con muchas y muy buenas empresas. Debieron subirse al carro de los vencedores doblando el esfuerzo y el trabajo.

A finales de los años noventa, aunque no había entrado en crisis, su modelo carecía de ciertas flexibilidades imprescindibles para afrontar el mundo futuro, cada día más globalizado y en continuo cambio. Dichas rigideces eran muy visibles en el campo laboral, especialmente en el terreno de las industrias, que debían competir con las empresas no sólo de Europa del Este, con salarios mucho más bajos, sino con los de los nuevos países emergentes. La diferencia se saldaba con mucha más y mucha mejor formación, una grandísima diferencia tecnológica, mucha más experiencia y mucho know how acumulado. Sin embargo, sabían los alemanes que no podían perder competitividad, y tuvieron la visión de iniciar toda una serie de reformas económicas y, entre ellas, la reforma laboral. Curiosamente no fueron propuestas desde el partido democristiano (CDU) sino desde el partido socialdemócrata (SPD), con el ejemplar apoyo mayoritario de todos los grupos políticos. No eran tiempos de demagogia, sino de transformar el país haciéndolo más competitivo.

Tras el escándalo desatado respecto a la manipulación de datos por la Agencia Federal de Empleo (BA), el entonces canciller alemán, Gerhard Schröder (del SPD), autorizó en 2002 la creación de una comisión denominada «Servicios modernos para el mercado laboral». Dicha comisión estaba compuesta por quince miembros y liderada por Peter Hartz (máximo responsable de recursos humanos de Volkswagen en ese momento y, posteriormente, condenado por prevaricación en su relación con los sindicatos), y su fin era elaborar propuestas para la reforma de los servicios públicos de empleo alemanes.

El 16 de agosto de 2002 se presentaron las propuestas de dicha comisión en un informe que contenía trece apartados para reducir el desempleo. Durante el segundo mandato del canciller Schröder, tales propuestas fueron la base de las cuatro «leyes para modernizar los servicios del mercado laboral» (conocidas como Leyes Hartz), que entraron en vigor entre 2003 y 2005.

La primera Ley Hartz, que entró en vigor el 1 de enero de 2003, se basa en cinco grandes temas:

a) Conexión rápida. Una persona que sea despedida debe notificarlo inmediatamente a la oficina de empleo. De lo contrario, se le deducirán entre siete y cincuenta euros diarios del subsidio de desempleo, hasta un máximo de treinta días. Los parados sin cargas familiares deben tener movilidad. Al menos a partir del cuarto mes de paro es razonable aceptar un puesto de trabajo en cualquier punto del país. Aquellos que rechacen una oferta de empleo deben justificar el rechazo.

b) Agencias de servicios de empleo. Para los parados, el establecimiento de tales agencias debería de facilitarles la vuelta al mercado laboral regular a partir del trabajo temporal. Las agencias de servicios de empleo, que normalmente son privadas, aunque están conectadas al servicio público de empleo, son las responsables para ello. Los trabajadores temporales se cederán a otras empresas según las condiciones de la agencia. Al menos durante seis semanas percibirán un salario equivalente al subsidio de desempleo. Aunque puede haber excepciones. La duración del contrato de trabajo no excederá los doce meses.

c) Bonos de educación. El trabajador recibe el denominado bono de educación cuando la oficina de empleo haya previsto la necesidad de formación. Este bono debe ser utilizado en una institución reconocida oficialmente en los tres meses siguientes a su obtención.

d) Acuerdo especial para trabajadores mayores. Los desempleados mayores de cincuenta años recibirán un salario temporal de garantía. Si acceden a un trabajo de menor remuneración, una parte de la diferencia será compensada por la agencia de empleo. Los empresarios que comiencen una nueva relación laboral con un trabajador que tenga al menos cincuenta y cinco años están exentos de su contribución al seguro por desempleo.

e) Prestación por desempleo. La renta de la pareja de un parado también será considerada en el cálculo total de la asignación. La desgravación fiscal por ahorro por persona se reduce de 520 euros a 200 euros por año de vida. La dinámica de la prestación por desempleo se elimina. Igualmente sucede para el subsidio de desempleo y los pagos de subsistencia durante el período de la subvención.

La segunda Ley Hartz entró también en vigor el 1 de enero de 2003 y se reduce a tres temas:

a) Miniempleos (o minijobs). El límite de exención de impuestos para empresas y trabajadores se incrementó de 325 a 400 euros. Las empresas soportan una carga impositiva del 25 por ciento, aunque para miniempleos similares de servicio doméstico sólo es del 12 por ciento. El miniempleo también puede utilizarse como empleo adicional. Con un salario entre 400 y 800 euros (minijobs) el nivel de las contribuciones a la seguridad social aumenta por tramos. El empresario se puede deducir hasta un total de 510 euros.

b) Independencia. La medida llamada «Ich-AG» («Yo, Sociedad Anónima»), que proviene de la propuesta de la Comisión Hartz, consiste en ayudar al parado que decide convertirse en trabajador autónomo. El objeto es reducir el empleo sumergido, además del paro. Un desempleado que se ocupa como autónomo recibe ayuda de la oficina de empleo durante tres años en forma de deducciones de las contribuciones sociales. En el primer año, los autónomos perciben una subvención mensual de 600 euros; en el segundo año, de 360 euros; y en el tercer año, de 240 euros. Sin embargo, esta medida Ich-AG fue sustituida a mediados de 2006 por la denominada «subvención de puesta en marcha» para la creación de un negocio.

c) Centros de empleo. Con el fin de optimizar la eficiencia y la rapidez de los procedimientos, los anteriores centros de servicios laborales y sociales pasaron a ser centros de empleo. Éstos son el punto de contacto para toda la población en edad de trabajar, y su gestión es compartida por la Agencia Federal de Empleo y las autoridades locales (landers y municipios). Más concretamente, la Agencia Federal de Empleo es la responsable de alcanzar los objetivos establecidos a nivel federal, tales como los fondos de inserción laboral y la aplicación de la normativa de alcance general. Los municipios se hacen cargo de los costes de integración de los servicios locales (cuidado infantil y terapias, entre otros), así como el del alojamiento. La mayoría de los trabajadores de los citados centros están formalmente empleados, o bien por la agencia de empleo o bien por las autoridades locales.

La tercera Ley Hartz entró en vigor el 1 de enero de 2004 y aborda cuatro temas:

a) Agencia Federal de Empleo. La Agencia Federal de Empleo se reorganiza en una nueva estructura tripartita (sede central, oficinas regionales y agencias locales de empleo). El control de las agencias ya no se basará en directrices centrales, sino en acuerdos específicos según el objetivo a conseguir. La responsabilidad para conseguir los objetivos se traslada a las agencias locales. Además, ya no se contempla una autonomía a nivel medio (nivel regional). Los comités de gestión locales pierden su poder presupuestario.

b) Inactividad (off-time). Se facilita la suspensión del pago de la prestación en caso de pasividad por parte del desempleado a la hora de participar en los programas de formación ofertados y de buscar activamente un nuevo empleo. El receptor de la prestación por desempleo es el responsable para probar la búsqueda activa de trabajo.

c) Medidas de creación de empleo. Los participantes en las medidas de creación de empleo no están asegurados contra el desempleo. El período máximo se acorta de tres a dos años (por lo menos a partir de los 55 años de edad existe la posibilidad de incrementarse hasta tres años). Las organizaciones que ofrecen estas medidas se financian por paquetes obligatorios y, por lo tanto, ya no está ligado al pago colectivo.

d) Seguro voluntario. Se contempla la posibilidad de un seguro voluntario de pagos dentro del fondo del seguro social para los que tengan familia a su cargo.

La cuarta Ley Hartz, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, aborda los siguientes temas:

a) Combinación de prestación por desempleo y asistencia social dentro de la prestación por desempleo II. Hasta finales de 2004, el subsidio de paro y la asistencia social (para vivir) o prestaciones básicas para la población activa se podían combinar en el marco de la prestación por desempleo II. El nivel de la ayuda en concepto de asistencia social en 2005 era inferior al vigente anteriormente y menor que la prestación por desempleo II. En caso necesario el montante se complementa con varios «pagos únicos» de servicios sociales, tales como artículos escolares, muebles para viviendas, ropa y otros.

b) Seguridad social. A todos los receptores de prestaciones por desempleo II, las contribuciones les son abonadas por el seguro de salud y hospitalario, así como por el fondo público de pensiones. Antes de la reforma Hartz, tales contribuciones públicas adicionales no se pagaban.

c) Renta adicional. Dependiendo de la cantidad de ingresos adicionales, las bonificaciones se escalonan de un 15 por ciento a un 30 por ciento. Estos porcentajes no se contabilizarán, al igual que los gastos necesarios para las actividades laborales, tales como viajes, seguros, etc. La renta que vaya más allá de estas exenciones se deducirá de la prestación por desempleo II.

d) Asignación de ingresos. Por encima de los umbrales de exención existentes, los ingresos se deducirán de la prestación por desempleo II. Estos límites ascienden a 200 euros por año de edad, siendo de 520 euros por año de edad para los mayores de 57 años. Una persona de cincuenta años conserva una cantidad intacta de 10.000 euros. El resto de retribuciones en concepto de pensión ocupacional, pensión Riester u otros fondos estatutarios de pensiones y de autónomos empleados de hogar a las que se tengan derecho, no varían. Adicionalmente, una deducción de 750 euros por persona se reserva para la adquisición de equipamiento. Se garantiza una bonificación de 4.100 euros por hijos, que no se computará en la prestación por desempleo II.

e) Carácter razonable. Desde enero de 2005, los parados de larga duración están obligados a aceptar casi cualquier trabajo, incluso minijobs. Para prevenir el dumping salarial, la renta deberá acomodarse a los salarios locales habituales. Aunque también un pago por debajo de esos límites se considera razonable. Aquellos que rechacen ofertas de trabajo, deben aceptar recortes del 30 por ciento en los pagos del subsidio de paro. Para jóvenes mayores de veinticinco años, los pagos se pueden interrumpir completamente durante tres meses. Con el fin de suavizar la transición a la prestación por desempleo II, se paga una cantidad extra limitada a dos años, que se reduce a la mitad tras el primer año. También se admite ayuda por hijos.

Las reformas Hartz, aprobadas hace diez años y puestas en marcha durante los años siguientes, hasta principios de 2005, fueron objeto de un gran debate público desde sus orígenes. Sobre todo, la combinación del subsidio de paro y de asistencia social en el marco de la nueva prestación por desempleo II ha sido duramente criticada porque significaba recortes importantes en los servicios de la administración pública. Además, se criticó la estricta normativa para los demandantes de empleo, incluyendo los cambios en los minijobs y en el trabajo temporal, así como las condiciones más exigentes sobre la aceptación de trabajos con menor remuneración. Hay que tener en cuenta que este paquete de reformas incluía un buen número de acciones drásticas. Por ello, los que se oponen a las mismas las juzgan como el causante potencial de una significativa reducción de la renta y, por tanto, del conjunto del nivel salarial en Alemania.

El hecho es que, también desde la introducción de las reformas, las condiciones marco generales de Alemania, incluida su economía en el ámbito internacional, han mejorado de manera considerable. Igualmente, muchos de los parados existentes durante los últimos años han vuelto a reincorporarse al mundo laboral, lo que alivia claramente la carga sobre el sistema de prestaciones sociales.

En definitiva, las reformas de la estructura del mercado de trabajo en Alemania han favorecido más el mantenimiento que la creación de empleo en los momentos de contracción económica adaptando la legalidad a la realidad. Cuando las empresas bajan las ventas hay que reestructurar a la baja, salvo que se quiera entrar en pérdidas. De ahí que un mecanismo de reducción de la jornada de trabajo por razones coyunturales, el ya famoso kurzarbeit, haya sido un éxito si tenemos en cuenta que en su punto máximo alcanzó los 1,5 millones de empleados. Durante ese tiempo, los trabajadores no trabajaban a tiempo completo, se acumulaba una bolsa de horas y seguían formándose activamente.

Los contratos de formación remunerados con prácticas y trabajo en la misma empresa, la famosa formación dual, son una de las características más positivas de la economía alemana, pues hace un seguimiento de los jóvenes y de su formación (tanto práctica como teórica), además de garantizar un empleo casi seguro a la salida. Sin embargo, la formación dual ni se improvisa ni es barata. Debe haber un gran acuerdo entre trabajadores y empresas y una estrecha colaboración del gobierno. En Alemania, el tamaño de las empresas lo facilita muy mucho.

También es importante lo que llaman «subempleo»: los casi cuatro millones de personas que tienen un empleo subvencionado o que están de baja de manera temporal. Éstos no figuran en las estadísticas de empleo.

Por último quedan los famosos minijobs, que representan 4,6 millones de contratos parciales, algunas veces con muy pocas horas, pero siempre con la vista puesta en la teoría (y la realidad) de que es mejor un pequeño empleo a una situación de paro. Adicionalmente existen otros 2,6 millones de minijobs que se compatibilizan como trabajos adicionales a los normales que ya se tienen. Los minijobs representan aproximadamente el 12 por ciento del empleo total en Alemania. Otro dato decisivo es que el empleo parcial representa casi el doble que en el caso español.

El mercado laboral en Alemania presenta una gran variedad de formas contractuales y herramientas de política laboral destinada a favorecer el empleo en el conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta las circunstancias y capacidades de sus ciudadanos. De esta manera, con todas sus sombras, Alemania sigue teniendo unos niveles de desempleo históricamente bajos.

Todas esas reformas en el terreno laboral y otras en otros ámbitos han logrado que Alemania, primero, saliera del débil crecimiento en que se hallaba a principios del siglo y, posteriormente, afrontara con éxito la crisis siguiente concentrando sus esfuerzos en las exportaciones sólo de bienes, que han pasado sucesivamente de representar el 20,8 por ciento de su PIB, en 1995, al 29,2 por ciento, en 2000, y al 42,1 por ciento del PIB, en 2011. Esto permite un confortabilísimo excedente de la balanza por cuenta corriente, empezando a derivar sus ventas no sólo en el mercado interno y también en la Unión Europea, y concentrándose de una manera muy significativa en los mercados emergentes.

Tampoco puede decirse que todos esos cambios hayan conducido a un auténtico milagro, pues el análisis al detalle de los números explica algunas cosas. La población alemana apenas ha crecido en lo que va de siglo; su crecimiento ha sido de sólo 300.000 personas, y su envejecimiento ha sido paralelo al incremento del número de pensiones; es evidente por qué necesitan savia nueva. De ahí sus mensajes a los jóvenes europeos, incluidos los españoles, bien preparados para incorporarse al mercado laboral alemán. No es solidaridad a secas sino también evidente necesidad.

La población activa entre 2000 y 2012 sólo ha crecido en 3,3 millones de personas, los mismos prácticamente que los ocupados a tiempo parcial, que totalizan 10,5 millones de empleados y representan, ese es el dato, el 26,6 por ciento del total de los ocupados, mientras que los parados se han reducido en 800.000 personas. Todo ello indica que se ha logrado controlar el paro flexibilizando el empleo, haciendo restructuraciones sin perder el propio empleo, paralizando el ingreso de nuevos empleos, trabajando menos horas pero siguiendo estando empleados con el tiempo parcial, activando decisivamente la formación, controlando y apoyando sin reservas, pero bajo control riguroso, a los parados y dando salidas con sistemas como el de los miniempleos a mucha gente (4,6 millones de personas), que, aunque con unos sueldos muy reducidos (actualmente entre seis y ocho euros por hora) les permiten hacer frente a la peor posibilidad, la de permanecer en el paro.

Entre 1995 y 2012, la remuneración por asalariado (incluyendo los de jornada a tiempo parcial) aumentó un 19,1 por ciento de forma acumulada, lo que supone una media anual de sólo el 1 por ciento. Por el contrario, desde 2010 se observa un importante avance que se consolida en 2012 con un crecimiento, según la Oficina Estadística Federal, del 2,6 por ciento, rompiéndose una tendencia de años de incremento más bajos, casi la mitad, por ejemplo, que en Francia.

Respecto al período del que se tiene información detallada, entre 1996 y 2011, se puede ver que se han destruido un millón de empleos normales, mientras que se han creado tres millones de empleos atípicos. Por tanto, pocos milagros en tiempos incluso de euforia, y aún menos en los de crisis. Tan sólo se trata de adaptabilidad a la realidad.

Por tanto, de milagros pocos. Básicamente se trata de abordar los problemas con coraje y decisión, no dejándolos pudrirse, con la flexibilidad por un lado y la seguridad por otro. Alemania ha tomando iniciativas de auténtica restructuración, porque los tiempos cambian, y ha seguido teniendo en la cabeza el gran objetivo final, que no es otro que posicionar su país como una gran potencia industrial con todas sus ventajas, y controlando los peligros con políticas de máxima flexibilidad, tanto en lo laboral como en el resto de legislaciones. Apostar decisivamente por las reformas antes que lamentarse de los problemas, ése es el gran mensaje de los alemanes.

13

La modernización laboral

En las últimas décadas han sido muchos los acuerdos firmados entre los agentes sociales, ya sea de forma bipartita o tripartita, con los gobiernos, y ello a pesar de las muchas diferencias de criterio. De hecho siempre ha sido mejor ir por la vía del acuerdo que por la de la ausencia de soluciones que supone la ruptura. Esto ha sido así gracias, en buena parte, a la situación tanto política como económica. En lo político, mirar hacia atrás daba algo más de miedo y respeto. Nadie quería ser ni cómplice ni partícipe de una no deseada involución.

De ahí que muchas propuestas de modernización quedaran en el baúl de los recuerdos, aunque sin dejar de ser consideradas como temas de futuro. Algo parecido ocurría en el campo económico. Con una economía en claro crecimiento, en la que, a veces, lo difícil era producir más, pues la venta estaba asegurada (ya fuera un producto o un servicio), los planteamientos de una necesaria simplificación y modernización laboral quedaban para otras ocasiones.

Dicha modernización debería haberse hecho pausadamente, con una perspectiva de futuro y teniendo en cuenta circunstancias que, hace treinta años, ni las teníamos ni las podíamos suponer. El impacto de la entrada en los mercados exportadores mundiales de los países emergentes, y concretamente de China como primer gran ejemplo, ha roto en mil pedazos las estructuras industriales de muchos países en el mundo, pero de una manera específica las de los grandes países industriales europeos, y más concretamente Francia, Italia y España, que han visto reducida su producción de determinados productos industriales en, como mínimo, un 20 por ciento en lo que llevamos de este siglo.

La terrible competencia, y algo más, de los países emergentes en cuanto a salarios y costes laborales ha puesto en claro retroceso las exportaciones de estos países europeos; aunque, todo hay que decirlo, algunos (como es el caso de España) han aguantado mejor que otros (como Francia). El único país europeo que no sólo ha aguantado el cambio sino que ha incrementado su potencial exportador es Alemania, gracias en parte a su propia estructura, pero también a las reformas laborales que ha introducido en los momentos oportunos, sin esperar a que el problema no diera tiempo a poner en marcha las soluciones.

En este nuevo mundo, especialmente en el campo industrial y también en el resto, actuar con velocidad, adaptarse sin contemplaciones y mirar hacia el futuro y no hacia el pasado son condiciones ya no necesarias, sino imprescindibles. A aquel que se quede discutiendo cómo hacerlo, con qué medios y timing y calibrando las repercusiones se le pasará el tiempo y ya no estará en disposición de hacer los cambios necesarios, pues ya se le habrá pasado el turno.

Alemania así lo entendió, e hizo un profundo cambio laboral con un acuerdo bastante completo, aunque no total, entre las organizaciones sindicales y las empresariales, al que se sumó un gobierno con ambición de futuro y no dominado por la tiranía del presente, sino con visión a largo plazo. Alemania tenía y tiene a su favor una estructura industrial fuerte, competitiva y con las ideas bien claras, creada ya tras la segunda guerra mundial. Su tejido empresarial incluye muchas empresas medianas pero potentes, muy familiares, muy estructuradas internamente, con fuertes inversiones en investigación, con calidad, con espíritu de colaboración entre ellas, las cuales reciben apoyo económico del muy especial sistema financiero alemán, muy ligado a los estados federados, y promueven una importante colaboración entre su estructura empresarial y sus trabajadores. En definitiva, todo un conjunto de cualidades o, más correctamente, virtudes, las cuales han hecho de estas empresas el auténtico brazo armado de la exportación alemana, que casi se ha doblado en treinta años, manteniendo la calidad y sin tirar los precios.

Desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980, patrocinado de común acuerdo entre el gobierno de entonces, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la patronal, han pasado muchos años. Hemos cambiado de siglo, y la economía es radicalmente distinta.

Se han hecho, con acuerdos o sin ellos, treinta y tres modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, algunas de importancia mayor, como la reforma de 1984, y otras menores, como la mayoría de ellas, incluso las últimas del gobierno de Zapatero, en 2010, en plena crisis, o las del mismo gobierno Aznar, que tampoco fueron de gran calado. Sin duda, resulta difícil hacer reformas en tiempos de bonanza económica, y por eso no se hacen, ya que los gobiernos se ven presionados a diestra y siniestra. Pero casi es todavía más difícil hacerlas en plena crisis, pues sus resultados no son inmediatos o automáticos, sino que necesitan tiempo, una mínima digestión. Las costumbres, los modos de hacer (incluso los propios comportamientos), las inercias y también las respuestas judiciales (a veces contradictorias) hacen que se dejen las cosas como están a la espera de que el tiempo lo arregle todo. Y, contrariamente, el tiempo no sólo no arregla las cosas, sino que las pone en su justo punto, esto es, peor; y es entonces cuando la medicina resulta más dolorosa.

Después de muchas conversaciones, muchas mesas de diálogo (probablemente excesivas y no del todo productivas), los llamados agentes sociales (patronales y sindicatos) llegamos a un importante acuerdo cuyo título fue II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2012, 2013 y 2014, firmado en enero de 2012. Dicho acuerdo, importante por su contenido, en su fondo ha quedado oscurecido por la nueva reforma laboral, llevada a cabo a través del Decreto Ley 3/2012 de 10 de febrero y su posterior tramitación parlamentaria, que culminó con la Ley 3/2012 de 6 de julio.

Quizá el acuerdo entre sindicatos y patronal fue tardío. Llevábamos muchos meses dialogando y no fuimos capaces de articular más y mejores propuestas concretas que dieran salida a una serie de temas que estaban encallados. Sin embargo se marcaron directrices para la negociación colectiva con una profunda contención ligada a palabras tan difíciles hasta la fecha de transcribir como productividad o inflación europea. Todo hay que decirlo, los sindicatos fueron conscientes de la realidad de la situación, al contrario de lo que había ocurrido en años anteriores, por ejemplo en 2009, con una caída del 3,7 por ciento en el PIB, un IPC del 0,8 por ciento y un incremento ilógico de salarios del 2,3 por ciento. Y algo parecido ocurrió en 2010 y 2011, con crecimientos de los salarios del 2,1 y 2,4 por ciento, respectivamente.

Mientras en el resto de los países europeos comparables al nuestro, como es el caso concreto de Alemania, contenían los salarios y reducían los costes laborales, aquí en España seguíamos al pie de la letra los convenios por mucho que éstos estuvieran fuera de la realidad y constituyesen un espejismo. Ahí, ni sindicatos ni empresarios estuvimos especialmente diligentes para frenar lo que fue un error económico de grandes dimensiones. Los empresarios europeos no entendían cómo no éramos capaces de detener ese error contractual, y es que, a veces, en ocasiones de emergencia hay que replantearse las cosas desde cero. Probablemente, entonces habría sido menos traumático de lo que después ha resultado tener que reestructurar, guardar horas, reducir salarios y rebajar la producción para esperar que amainara la tormenta. No fuimos (todos) ni hábiles ni, mucho menos, flexibles, no lo suficiente como para darnos cuenta de que lo que estaba pasando no era un viento pasajero, sino un auténtico temporal que ha roto esquemas. Y, desgraciadamente, en el campo industrial, lo destruido no vuelve a construirse; no hay nadie dispuesto a ello, pues la destrucción no es sólo económica, sino también mental.

Aquel acuerdo llegó tarde, pero llegó. Quizá hubiera sido mejor al principio de la crisis, pero es que, en España, los primeros signos de destrucción de empleo se dieron ya a finales de 2008 y la caída espectacular del PIB en 2009 (inferior, para poner un ejemplo importante, a la alemana). Ninguno de nosotros, y digo ninguno, nos lo acabábamos de creer. No vale ahora decir aquello de que ya se había advertido, porque los pocos que avisaron, y a los hechos me remito, no fueron lo suficientemente convincentes.

Dicho acuerdo trató de flexibilizar la negociación interna de las empresas, el alejamiento del caduco sistema de indexación de salarios o la propia inaplicación temporal de las condiciones laborales. Se iniciaba un proceso que debía seguir en la negociación colectiva, pero que fue paralizado por la nueva reforma laboral, a la que los sindicatos se oponen frontalmente, y por ello todavía no están inmersos en el nuevo escenario posreforma laboral. Y esa falta de adaptación real a la legalidad es paralizante.

La reforma laboral ha supuesto un paso importante en el proceso de modernización de nuestra legislación laboral, heredera del franquismo como mínimo, y nos acerca al entorno que compartimos en Europa. Por supuesto, no va a ser la última ni será la definitiva. Las leyes deben adaptarse a los tiempos, a las nuevas realidades, a los nuevos progresos técnicos y, especialmente, tecnológicos, y, por tanto, deben tocar la problemática real, no la teórica.

La última reforma laboral se ocupa de cuatro temas fundamentales: a) contratación; b) flexibilidad interna; c) flexibilidad externa; y d) negociación colectiva.

En cuanto a la contratación, la reforma tiene como principal medida el llamado «contrato de emprendedores». Con éste, tenemos cuarenta y tres modalidades distintas de contratación, aunque en la práctica sólo se utilizan menos de media docena. No hay ningún empresario en este país que las conozca todas, ni su nombre ni, menos aún, sus características, aunque son ellos quienes deben utilizarlas. Menos tipos de contratos, de fácil entrada y salida, flexibles en cuanto a las necesidades del empresario (y esto no es una manía, sino una posibilidad real) y con las mínimas bonificaciones necesarias (sólo para casos excepcionales), ésa es la receta simple, clara y concreta del mundo empresarial para la contratación. Quizá parezca demasiado sencilla para quienes tienen su plan de vida asegurado legislando mucho y mal.

Respecto a flexibilidad interna, la reforma debería haber sido más ambiciosa, recogiendo las posibilidades que ofrecía el II AENC, que distingue entre la flexibilidad ordinaria y la extraordinaria temporal, ambas en relación con el tiempo de trabajo y la movilidad funcional. El porcentaje de distribución irregular del 10 por ciento de la jornada anual no se está trasladando a la práctica. Vamos a promover y apoyar esa buena y lógica posibilidad, y esperemos que se lleve a cabo.

En cuanto a los despidos, se han reducido las indemnizaciones por despido improcedente a treinta y tres días por año, con un límite de veinticuatro meses. Además, en el despido colectivo se ha eliminado la autorización administrativa y se ha posibilitado su viabilidad cuando existan tres trimestres consecutivos con pérdidas en la empresa. El proceso de judicialización no ha hecho más que empezar y demuestra que la regla no es clara y concreta, sino que puede dar lugar a interpretaciones. Habrá que modificarla para que sea clara. Lo peor de una ley es que pueda interpretarse. Es entonces una mala ley. No podemos trasladar a los jueces los problemas derivados de leyes que no concretan.

Desde el mundo empresarial no hemos compartido que se hayan incrementado los costes en los ERE de extinción. Muchos siguen sin entender que, para cualquier empresario, despedir es un fracaso, un auténtico drama (al igual que para el trabajador), además de representar un coste económico. En la inmensa mayoría de los casos, se despide para hacer viable la empresa; no es un capricho, sino todo lo contrario: una necesidad. Si los costes de los despidos no se ponen a la altura de nuestra competencia europea estaremos ante un grave problema, especialmente en las épocas difíciles de la reestructuración y, todavía más, respecto a las futuras inversiones extranjeras, que ven una grave desventaja competitiva en estos costes. Las bonificaciones en el IRPF (unos 300 millones de euros al año) deberían desaparecer, y quien ha recibido una indemnización importante no debería tener el subsidio de paro. No se pueden tener dos ingresos por un mismo hecho.

En cuarto lugar mencionaba la negociación colectiva, respecto a la cual se potencia el convenio de empresa y el descuelgue de los convenios. Aquí es importante conocer la historia y el estado de la situación. Tenemos unos 4.500 convenios de empresa y unos 1.500 convenios sectoriales, aunque estos últimos son los que afectan al 85 por ciento de los trabajadores regulados por convenio. Existen muchos convenios, la mayoría de los cuales funcionan bien, pero ha llegado el momento de mover ficha, de simplificarlos, adaptarlos, reducir su articulado y hacerlos mucho más prácticos que teóricos. Hay que dar libertad a la empresa para que se busque su futuro como mejor y más le convenga. Por ejemplo, una empresa con cinco centros de trabajo puede llegar a querer tener cinco convenios colectivos distintos.

La negociación colectiva, dirigida por sindicatos y empresarios, debe acercarse más a las necesidades de las empresas, pero para ello la empresa debe abrirse más, tener menos miedo a la propia negociación colectiva; y los propios negociadores, tanto de una parte como de otra, deben temer menos a los cambios, especialmente cuando ellos han sido quienes han pactado lo que está escrito. Aquí no hay, y no debe haber, ninguna censura a lo hecho hasta la fecha, pues por algo está pactado entre las dos partes. Lo que está claro es que, en los nuevos tiempos, quizá haya que partir de cero o casi de cero. Ha cambiado todo tan rápidamente que quizá no hayamos sido ni suficientemente rápidos ni tampoco lo bastante atrevidos, tal vez por miedo a la equivocación. Pues ahora hay que serlo, y si alguien se equivoca daremos marcha atrás. Todo menos seguir como siempre para no equivocarnos. El no moverse es la primera y gran equivocación.

Hay que seguir apostando, sin ninguna duda, por el diálogo social, por la concertación, aunque en los últimos tiempos, tras la reforma, parezca que haya cierta imposibilidad. Hay que volver a construir puentes y poner encima de la mesa iniciativas, propuestas y alternativas, todas en clave de futuro. El pasado ya no existe, está muerto. Y las propuestas del pasado ya no tocan.

A pesar de todas las reformas laborales de los últimos años, nuestra legislación laboral es densa, prolija y confusa. Ha habido demasiados apaños, demasiadas costuras y rotos que justifica la conveniencia de hacer un nuevo traje a la altura del siglo XXI y con todas las características necesarias de modernidad. Hoy, la regulación laboral se encuentra configurada básicamente por el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que, con distintas modificaciones, datan respectivamente de 1980, 1966, 1995, 1985 y 1988. Demasiado viejas, demasiado antiguas, a pesar de las modificaciones habidas, respecto a los tiempos actuales. No sería ninguna tontería que, con vistas a ganar competitividad, las simplificáramos y racionalizáramos. Sería bueno un gran pacto, pero me temo que va a ser muy difícil debido básicamente a todas esas estructuras que tienen miedo a perder poder.

El Estatuto de los Trabajadores, a título de ejemplo, es de 1980, y, a pesar de las modificaciones en el tiempo, debería ser un instrumento de competitividad y productividad para las empresas. En la hora actual, la norma es de enorme complejidad y antigüedad; aunque estemos acostumbrados a ella, pues la sentimos como nuestra debido a los muchos años de convivencia con ella, hay muchos de sus artículos que pudieran y debieran modificarse. Sólo expondré, como muestra, algunas posibilidades de mejora:

a) Reducir el número de tipos de contrato y adaptarlos más a la realidad del día a día; con una docena habría más que suficiente.

b) Potenciar el salario variable con objetivos definidos al respecto.

c) Aligerar el papeleo en cuanto a contratos, recibo de salario, notificaciones entre las partes.

d) Incrementar las horas extraordinarias, especialmente en las pymes, para apartar la necesidad de ir a la economía irregular.

e) Mejorar la adaptabilidad en la distribución de jornada.

f) Incrementar la movilidad funcional de acuerdo al II AENC.

g) Potenciar y facilitar la movilidad geográfica.

h) Elaborar una nueva normativa, más actual y más tecnológicamente avanzada, de los delegados de personal.

i) Promover una mayor y mejor información por ambas partes, empresa y trabajadores.

Y así sucesivamente, todo con tal de simplificar y potenciar las relaciones de los propios trabajadores con la empresa.

Respecto a la Ley de la Seguridad Social, hay que actuar sobre la base de los principios de sostenibilidad, separación de fuentes e independencia de los PGE, adaptación a la crisis, equidad y contributividad, flexibilidad en el ejercicio de los derechos, complementariedad y reforzamiento de las mutuas de accidentes, esta última, asignatura pendiente de todos los gobiernos. Increíblemente, ahí hay un ahorro de costes indudable, todo el mundo lo sabe y lo dice, pero nadie hace nada para cambiarlo. A veces uno piensa que hay demasiados intereses creados y, además, ocultos. No hay otra explicación.

Tenemos un grave problema con el absentismo en España, aunque también es cierto que, con la crisis, se ha reducido mucho; sin embargo, no debemos olvidar que, hasta hace muy poco tiempo, todos los días había más de un millón de personas que no acudían a su puesto de trabajo, la mayoría con causa justificada, pero muchas otras porque, desgraciadamente, abundan los que entienden el «tomarse la baja» como un derecho adquirido y no como el fruto de un accidente, una enfermedad o una anomalía.

Mientras que todo trabajador pueda decidir «tomarse la baja» y la obtenga prácticamente de manera automática, estaremos cometiendo un grave error, tanto desde el punto de vista de gestión, como de control económico del sistema, sin entrar en consideraciones éticas sobre la posible exageración o virtualidad de la enfermedad. Hay algunas enfermedades claras y evidentes, pero otras, como los famosos dolores de espalda o el estrés, que deben ser bien diagnosticadas y ciertas, pueden exagerarse o minimizarse. Hay que hacer en eso un riguroso control.

Tenemos unas entidades, como son las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social, que son asociaciones empresariales, constituidas para colaborar con la propia seguridad social y tuteladas por ella. Estas entidades tienen la posibilidad de generar todavía más y más importantes beneficios para la sociedad en su conjunto, pero, por razones que el mundo empresarial no entiende, ningún gobierno afronta en serio su modernización, cuando los números son evidentes, comprobables, auditados. Parece como si alguna fuerza interna paralizase, en beneficio de alguien (tanto de individuos como de colectivos), una modernización de su funcionamiento, la cual no se aborda debido a las mismas restricciones que impone la entidad que las tutela, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sólo con que los médicos de las mutuas pudieran dar las altas de la misma forma que lo están haciendo en los accidentes de trabajo, el ahorro para el sistema (de ello hay distintos cálculos muy rigurosos) estaría muy por encima de los 1.000 millones de euros anuales, pero esa cifra parece no ser importante, y a ningún gobierno le urge la reforma.

Mejorar las mutuas es fácil, pues con simplemente desatarlas de la asfixia reguladora y capacitarlas para la gestión que hacen, y que podrían hacer mucho mejor, habríamos dado con la receta correcta, y simple. Para todo ello, se debe: modificar la gobernanza; doblar la transparencia; dotar de máxima representatividad a las empresas y a sus representantes de las organizaciones empresariales en aquellos órganos de gobierno de los que son responsables, y en los que se les impide una total gestión; y, por supuesto, respetar la competencia e incentivarla, además de ir coordinados con el sistema público de salud para producir sinergias o, simplemente, usar activos inutilizados de manera incomprensible en una situación en que la sanidad presenta claros déficits. La conclusión de todo ello podría dar como resultado una pequeña rebaja de las cotizaciones sociales de las empresas. La competitividad se gana décima a décima.

Otras importantes modificaciones son la coordinación e interconexión a efectos de comunicación de datos entre las diferentes administraciones. No se pueden seguir requiriendo a las empresas papeles para distintas administraciones que ya los tienen. Hay que informatizar en serio el INSS de cara a permitir la realización de todos los trámites de forma telemática. Hay que agilizar el pago de los saldos acreedores a favor de las empresas. Se debe ayudar a las empresas que no puedan pagar la seguridad social, siempre que sus obligaciones no sean insalvables. Y todo ello sin excesos.

Respecto a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se ha configurado un modelo normativo caracterizado por exigir una hiperresponsabilidad objetiva al empresario, al que se le hace garante de los resultados totales de seguridad y salud de los trabajadores. No digo que debe irse hacia atrás, pero sí que el compromiso fuera compartido y que las exigencias, dadas las nuevas tecnologías y los nuevos medios, puedan ser revisadas. Especialmente, las pymes no pueden verse ahogadas con una sobrecarga de requisitos a veces inasumible, tanto en costes, como en personas, lo cual deriva en una desventaja competitiva importante. Hay que reducir la elevada burocratización de la actuación preventiva, sobre todo cuando la nueva maquinaria ya está obligada a contemplar normas de seguridad y los servicios relacionados con las nuevas tecnologías también, por supuesto. No nos podemos ahogar en obligaciones que son ya normas ciudadanas.

Y así podríamos ir comentando, punto por punto, todos y cada uno de los artículos de la amplia y densa normativa laboral. Los empresarios no queremos suprimirla y partir de cero. Queremos adaptarla a la realidad para mejorar, no para entorpecer nada. Desde todas las instituciones europeas y mundiales nos llegan informes de la sobrerregulación legislativa española, y, no podía ser menos, también en lo laboral. Dicha legislación laboral es demasiado antigua, la hemos hecho y rehecho miles de veces, tiene demasiados retoques y se nos ha quedado muy poco adaptada a los nuevos tiempos. No sería malo, en estos tiempos, que los sindicatos, los empresarios y los grupos políticos fuéramos capaces, con generosidad ideológica por parte de todos, de hacer una nueva lectura del asunto y de iniciar ya no una total revolución, pero sí una estricta adaptación a los tiempos. Para ello podríamos empezar por los temas menores que todos conocen, pero ahí están, pendientes, y acabar por los temas mayores que podemos y debemos cambiar, siempre y cuando tengamos amplitud de miras y no nos instalemos en la táctica paralizante y más en la inmovilidad actual de muchos. La clave sería reducir todas nuestras estructuras, empezando por el ministerio y las autonomías y acabando por los agentes sociales. Hay que construir un nuevo edificio que responda a distintas necesidades que las actuales, un edificio en el que no se arregla todo con más gasto, sino con una mejor utilización de nuevos y menores recursos. Tan difícil como eso.

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La refundación patronal y sindical

Los interlocutores sociales —las organizaciones empresariales y sindicales— tienen su reconocimiento en el propio texto constitucional. El artículo 7 de la Constitución española señala que: «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.»

Los interlocutores sociales tienen participación en los temas objeto de diálogo social. Su protagonismo y aportación han sido decisivos para entender el nuevo sistema español de relaciones laborales, y también para generar un marco social estable desde la lejana transición política, económica y social española hasta la fecha.

Según lo define la Organización Internacional del Trabajo, el diálogo social comprende todo tipo de negociaciones y consultas entre representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales.

El diálogo social puede consistir en un proceso tripartito, en el que el gobierno interviene como parte en el mismo, o bien bipartito, establecido exclusivamente entre los sindicatos y las organizaciones empresariales. Durante este año ha habido ejemplos de todo tipo, pero, en todos los casos, el acuerdo es imprescindible para avanzar.

El proceso de diálogo social puede producirse ante una iniciativa del gobierno para negociar un tema concreto o de forma institucionalizada, a través de la presencia en los distintos órganos de participación institucional, que lo son en buen número, desde el Consejo Económico y Social hasta muy distintos organismos en los cuales se tiene voz y voto. Sin embargo, de cara a lograr eficacia debería hacerse un balance de gestión y adecuarlos a los tiempos.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales-Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEOE-CEPYME) es el interlocutor de los empresarios ante el gobierno, las administraciones públicas, los sindicatos, la opinión pública, los organismos internacionales, las autoridades de terceros países y demás poderes públicos y sociales. Tenemos, en el caso español, una grandísima ventaja comparativa, pues CEOECEPYME representa a todos los empresarios de todos los sectores (autónomos, pequeños, medianos y grandes), es decir, tenemos una única voz, con todas las dificultades que supone representar diferentes sensibilidades y prioridades a veces antagónicas, pero con la gran ventaja de ser un interlocutor válido. Otros países, como es el caso de Italia, necesitan hasta un mínimo de cinco organizaciones para representar a todo el mundo empresarial, desde la industria al comercio, pasando por la banca y los seguros, los pequeños artesanos y autónomos, junto al heterogéneo sector de los servicios. Alemania, a su vez, está dividida pero coordinada en dos grandes patronales, la Confederación de la Industria Alemana (Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI) y la Federación Nacional de Asociaciones Patronales Alemanas (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA), una de carácter eminentemente laboral y social, que es la interlocutora de los importantes sindicatos alemanes, y la otra de carácter básicamente económico.

Desde su constitución, en 1977, CEOE-CEPYME ha tenido como fin primordial defender los intereses de los empresarios españoles y, a través de esta tarea, contribuir al crecimiento económico y bienestar de la sociedad española. Sin lugar a dudas, las organizaciones empresariales y sindicales han servido de mucho para cohesionar en lo social el tremendo cambio económico que ha transformado España en un país moderno y desarrollado; pero quizá ahora no sólo sea necesario cohesionar, sino imprescindible ser portadores de unas reformas del todo necesarias y que deben ser entendibles para toda la ciudadanía.

Participación, diálogo y concertación han sido elementos claves de la historia reciente de nuestro país. Las organizaciones sindicales y empresariales siempre hemos considerado el diálogo social bipartito y tripartito como una herramienta de gran utilidad para afrontar situaciones difíciles. Por eso, no es extraño que en las últimas décadas se haya desarrollado en España un importante e intenso proceso de diálogo social, con la firma de treinta y tres acuerdos, que ha contribuido de manera significativa a dar un giro a la situación de partida, heredera de una economía casi cautiva, muy cerrada y poco internacionalizada.

Desde 1979, la concertación y el diálogo social ha posibilitado la adopción de acuerdos nacionales de muy distinta naturaleza, estructura y alcance, como el Acuerdo Básico Interconfederal, el Acuerdo Nacional sobre empleo (1981), el Acuerdo Económico y Social (1984), los Acuerdos Interconfederales sobre Negociación Colectiva para la Estabilidad en el Empleo y sobre Cobertura de Vacíos (1997) y las dos fases (I y II) del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2010 y 2012, respectivamente). Todos estos pactos han permitido ir asumiendo compromisos que han implicado importantes reformas, y han sido determinantes para introducir pautas de diálogo y entendimiento entre los agentes sociales, para facilitar así la transición a la democracia y hacer más eficaz nuestra integración —primero en la Comunidad Económica Europea y, después, en la Unión Económica y Monetaria de la UE— y para adecuar el crecimiento de los salarios y otras rentas y crear mecanismos que sirviesen para mantener un diálogo social permanente sobre temas de gran interés en diversos ámbitos institucionales.

La concertación ha permitido también impulsar algunas áreas de especial trascendencia, como son el fomento de la estabilidad del empleo, el impulso de la formación profesional (especialmente la formación continua de los trabajadores ocupados) o la puesta en marcha de mecanismos voluntarios de autocomposición de los conflictos laborales, entre otros temas.

El último acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, de enero de 2012, ha resultado de gran importancia, aunque incomprensiblemente ha sido más valorado fuera de nuestras fronteras (especialmente, entre las patronales europeas) que dentro de nuestro país. Quizá la nueva reforma laboral de febrero de 2012 haya restado importancia a un acuerdo que no sólo modera salarios en tiempos de crisis (como en los que estamos) de manera mucho más sensible que en los anteriores acuerdos, sino que introduce nuevos elementos y posibilidades de flexibilidad. También incrementa potencialmente la productividad y la relación con la inflación europea, dejando de lado para el cálculo los costes energéticos externos, y pone la primera piedra para una futura y nueva negociación colectiva, que, tras la nueva legislación de la antes mencionada de febrero de 2012, deberá esperar, aunque no por mucho tiempo.

Éste es el balance de más de treinta años, más de una generación que no puede contemplarse negativamente, sino bien al contrario. La cohesión social, el crecimiento económico y la transformación social de nuestro país son consecuencia de unas relaciones laborales con las que han evolucionado positivamente tanto las empresas (infinitamente mejores) como las representaciones empresariales y sindicales.

Las circunstancias actuales, la grave crisis que padecemos y que no va a solucionarse fácilmente, hace necesario que los agentes sociales miremos mucho el presente, y todavía más el futuro, y que debamos olvidarnos un poco del pasado, por bueno que haya sido y por orgullosos que estemos de él, porque aquellos tiempos no van a volver. El mundo del siglo XXI se ha revolucionado en pocos años, y nuestras formas de comportamiento y nuestras propias actividades deben cambiar radicalmente.

Hoy ya no existen empresas con trabajo seguro y contratos de por vida. Cada nuevo producto o servicio que se produzca en el mundo se debe producir teniendo en cuenta la tremenda competencia a escala mundial, con vistas a ganar esa batalla de la competitividad cada día. Nuestras empresas están transformándose, algunas con gran éxito, otras con dificultades. Los agentes sociales debemos ser posibilitadores de estos cambios, entender las necesidades y fomentar la adaptabilidad. Nada ya puede ser fijo, de por vida, invariable. El nuevo mundo económico es básicamente variable.

Si las empresas se están transformando, y muchas que no lo hacen, o no pueden hacerlo, «mueren», algo parecido debemos hacer los agentes sociales. Las patronales y los sindicatos debemos refundarnos con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Nuestras organizaciones deben adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades de una economía menos rígida y más informada, adaptable y dispuesta al cambio constante. Todo ello pasa por una necesaria reducción de nuestras propias estructuras, que deben ser menores, más ágiles, más participativas y con capacidad para ofrecer servicios que aporten valor a nuestros afiliados voluntarios. Y lo mismo digo de las pesadas y costosas estructuras sindicales en las medianas y grandes empresas, así como las administrativas. Con la tecnología y las comunicaciones actuales, la información fluye rápidamente y con costes muy bajos. Hoy tenemos más y mejor información a unos costes muy razonables.

La reforma de la gran patronal española, tanto de la CEOE como de la CEPYME, está en marcha y es irreversible. Quizá lo deberíamos haber hecho antes para no haber perdido un poco el tren, pero lo estamos haciendo. Dicha reforma se enfrenta con ciertos problemas de identificación de los cambios necesarios, que para algunos son imprescindibles y para otros de menor importancia, pero la mayoría están identificados con los nuevos tiempos. Así, se valora la necesidad de funcionar con una menor financiación (mínima de la administración y mayor directamente de nuestros socios) y la transparencia total en la gobernanza, logrando ir por delante y siguiendo la pauta de lo que ya están haciendo las empresas cotizadas, pauta que deben seguir primero las medianas empresas y posteriormente las pequeñas. Estamos, en definitiva, identificando las grandes necesidades de la economía española y poniendo todo nuestro empeño en darles adecuadas respuestas.

Cuatro son las grandes líneas de actuación de CEOE y CEPYME para la hora actual y futura:

1. Modernización de la negociación colectiva; queda mucho por hacer desde la base, esto es, desde la problemática puntual de cada empresa y sector.

2. Apuesta por la formación, la investigación y la innovación; en definitiva, mejor capital humano, que es la clave del éxito empresarial.

3. Reducción de la temible burocracia administrativa en todos los niveles, la cual perjudica la competitividad de nuestras empresas en puntos de PIB.

4. Internacionalización de nuestras empresas como condición necesaria para su éxito; debemos involucrarnos más e ir de la mano de nuestras organizaciones sectoriales y territoriales, apoyándonos en nuestras relaciones con todas las organizaciones patronales en el mundo y, de una manera especial, con los grandes países emergentes.

No quiere decir esto que vayamos a dejar de lado otros muchos problemas sobre los cuales tenemos que incidir repetidamente, gobierne quien gobierne, pero ésas son las prioridades. No quiere decir tampoco esto que nos olvidemos de la necesaria reducción de las cotizaciones sociales para estar a la altura del resto de los países europeos. Asimismo, tampoco nos olvidamos del desajuste energético, iniciado hace bastantes años y que ningún gobierno ha querido abordar, lo cual puede traer como resultado final que los consumidores españoles y las empresas pueden llegar a tener los costes eléctricos más altos de la zona del euro, que es donde principalmente debemos vender nuestros productos. Y así con otras cuestiones cruciales.

Son pocas las patronales españolas actuales que han tenido su origen con anterioridad a la nueva llegada de la democracia a España. Pocas tienen tanta historia como, por poner dos ejemplos, el Gremi de Fabricants de Sabadell, fundado en 1559, o el Foment del Treball Nacional, la patronal catalana, fundada con distinto nombre en 1771. La mayoría de las actuales patronales, unas 4.000, muchas más sectoriales o subsectoriales que territoriales, tienen como característica especial y decisiva la negociación del convenio colectivo con la parte sindical. A buen seguro que su transformación en los próximos años será importante, y para eso será bueno que acertemos en los cambios que estamos promoviendo en la cúpula. Su número va a reducirse, van a ser necesarios procesos de fusión y creación de sinergias, o como quieran llamarse, con el único y principal objetivo de ser rentables para sus clientes, esto es, las empresas.

Por lo que respecta a la otra parte, los dos grandes sindicatos son Comisiones Obreras (CC.OO.) y la UGT. Ambos representan el 75 por ciento del total de delegados sindicales en las últimas elecciones sindicales, unos 330.000. Los demás sindicatos minoritarios —desde los de funcionarios hasta la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Unión Sindical Obrera (USO), CEG o la Euzco Langillen Alkartasuna/Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV), entre otros— representan el resto del panorama sindical español. CC.OO. nace en plena dictadura, de la mano del por entonces ilegal Partido Comunista de España (PCE). La UGT nace en Barcelona, en 1888, después de una reunión prefundacional, un año antes, en Mataró, la bonita ciudad del Maresme, y siempre ha sido el sindicato socialista próximo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En la hora actual, ambas organizaciones tratan de perseverar en su independencia, y a veces incluso lo consiguen, pero pesa mucho más su historia.

Si la patronal está en plena refundación, algo parecido deberían hacer los sindicatos, empezando por su financiación y gobernanza. Es tremendamente desolador e injusto que se nos presente a patronales y sindicatos como grandes receptores de subvenciones de todo tipo provenientes de las administraciones. Nada mejor que abrir nuestras cuentas de par en par para evitar murmuraciones y malas intenciones, que las sigue habiendo y las habrá, pero peor para la conciencia de quien las haga, si es que tiene.

Es cierto que recibimos subvenciones finalistas para hacer cursos de formación, no para gasto corriente, y en cantidades muy reducidas respecto a los presupuestos totales. En el caso de la CEOE —y ahí están sus cuentas colgadas en la web para información pública—, queremos explicar sin ninguna salvedad el dinero que recibimos de nuestros socios, la parte fundamental, y a qué lo destinamos. No tenemos nada que esconder, y menos todavía en el tema de la formación, que procede del pago mensual de las empresas a la seguridad social en concepto de formación profesional, el cual se devuelve con el curioso nombre de «subvención finalista».

Los actuales sindicatos vienen de lejos, de cuando en España existían empresas pesadas, empresas públicas y grandes conflictos laborales. Por fortuna, las mejoras en el mundo laboral han avanzado muy mucho en los últimos cincuenta años, y lo que aquí a veces parecía imposible se ha conseguido casi todo. Tan sólo hace falta darse un paseo por los países emergentes y ver sus condiciones laborales; éstas producen un auténtico shock respecto a nuestros actuales baremos y resultan casi inentendibles desde nuestra perspectiva actual.

No digo, ni mucho menos, que debamos retroceder, pero sí readaptarnos, reinventarnos y flexibilizarnos. En el mundo actual, menos industrial y más de servicios, casi todo es diametralmente opuesto a lo que hemos vivido hasta hoy, y no queda más remedio que dar un giro de los grados que sean, por duro que parezca.

Podemos y debemos hablar de todo. Habrá que destruir muchos tabúes e incomprensiones por ambas partes. Debemos poner todos los temas, sin dejar ninguno, encima de la mesa. Algunos de ellos estaremos en condiciones de discutirlos, y otros tendremos que dejarlos para una nueva fase. No podemos ir todos con las mismas ideas de siempre con la intención de no moverse ni un palmo. Quien no se mueva, seguro que morirá. Quien cambie y arriesgue, quizá pueda sobrevivir.

No van a ser tiempos fáciles, sino muy difíciles; pero van a ser tiempos definitivos. Nos estamos jugando el futuro del país en los próximos años, y, además, nos lo jugamos en plena crisis económica, social y política, lo que lo hace todo más complejo. Sin embargo, las cosas son como son, y ése es el partido que nos toca jugar; podemos afrontarlo o podemos quedarnos complacientes a la espera de que el tiempo lo arregle todo, o quizá incluso prefiramos poner impedimentos en vez de ofrecer alternativas.

Es hora de los valientes. Vamos a ver lo que han hecho otros países, lo que ha funcionado y lo que ha fracasado. Analicemos nuestros problemas, uno por uno, y propongamos diversas alternativas para analizar, estudiar y debatir. No pequemos de demagogia y de querer lo imposible. Cualquier alternativa tiene un coste, y no tenemos todo el dinero del mundo. Por tanto hay que priorizar, descartar y decidir. No todo se resuelve con más gasto, a veces incluso se crea así un problema mayor, pero tampoco puede ser que no haya el dinero imprescindible para las cosas más necesarias. Hoy en día, todo son números. Es hora de decidir lo mejor para el máximo número posible.

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Exportar, parte de la solución

Como ya ocurriera en otras recesiones de nuestra reciente historia económica, la recuperación del sector exterior siempre ha sido uno de los primeros síntomas de la recuperación de nuestra economía. Sin embargo, a diferencia de en otras crisis de antaño, en las que se podía recurrir a la devaluación monetaria para recuperar de forma rápida e indolora nuestra competitividad perdida en el exterior, en esta parece inviable la intervención monetaria. Esta vez, la reactivación de nuestras exportaciones debe basarse en el uso más eficiente de los recursos, en una mejora de la productividad y en una mayor diversificación de los productos.

Tras la recesión de la economía mundial desencadenada por la crisis financiera de finales de 2008, el sector exportador español no sólo volvió a alcanzar en el trienio 2010-2012 el nivel de exportación logrado en la etapa de precrisis, sino a superarlo con brillantez gracias a la buena evolución en la exportación de productos industriales y de servicios.

Esta tendencia positiva se ha reflejado en las tasas anuales de variación de nuestras exportaciones en el período 2008-2012, situándose por encima de las de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Al mismo tiempo, este proceso tan positivo se ha traducido en un incremento de la contribución de las exportaciones a nuestra economía, que ha aportado más de un 2 por ciento al PIB en los años 2011-2012, permitiendo compensar, en parte, la fuerte caída de nuestra demanda interna y amortiguar de manera parcial su impacto negativo en la evolución de nuestra economía.

De hecho, en 2011, la aportación de la demanda externa al PIB tuvo un papel clave para evitar que la economía española permaneciera en recesión, y si bien esta situación no se ha podido evitar en 2012, la contribución de nuestro sector exterior al PIB, con 2,4 puntos porcentuales, ha podido compensar en parte el desplome de nuestra demanda interna de consumo y de inversión.

Otro dato sin duda positivo radica en el creciente peso de las exportaciones de bienes y servicios en la economía, que ha pasado a representar el 31 por ciento del PIB en el período 20112012, lo que nos sitúa a la par de países como Francia e Italia, aunque todavía quedemos muy distanciados de otros países, como Alemania, cuya actividad exportadora supera el 45 por ciento del PIB.

Como dato positivo, y que resume la buena evolución de las exportaciones, desde la crisis de 2008 se está produciendo un ajuste de nuestro déficit por cuenta corriente, que en 2012 se ha situado en un 0,5 por ciento del PIB.

Este buen resultado adquiere enorme relevancia si lo comparamos con el déficit de nuestra cuenta corriente de 2007, el cual, con un 10,1 por ciento, nos situó en aquel año como el país con el déficit por cuenta corriente más elevado entre los países de la OCDE, y muy cerca también de Estados Unidos, frente a otros países con gran superávit, como Alemania.

La reducción de nuestro desequilibrio externo se debe al buen comportamiento de nuestras exportaciones de bienes que, junto a una disminución de nuestras importaciones, ha provocado una reducción de nuestro déficit comercial, experimentando una contracción desde los –53.276 millones de euros, en 2010, a –30.757 millones de euros, en 2012, contribuyendo a incrementar la tasa de cobertura en 2012 hasta el 87,9 por ciento, lo que ha supuesto un aumento de 6,1 puntos porcentuales con respecto a 2011.

Esta buena trayectoria de nuestras exportaciones ha provocado que, por primera vez desde mediados de los años ochenta, se haya alcanzado en 2011, con el resto de la Unión Europea, un superávit, en este caso superior a los 4.000 millones de euros, que en 2012 superó los 12.000 millones de euros.

Por países, debemos destacar nuestros saldos positivos con Francia, con más de 9.000 millones de euros, Portugal, con más de 6.000 millones de euros, y Reino Unido, con más de 3.000 millones de euros.

Asimismo, quiero destacar el superávit de 900 millones de euros alcanzado con Italia, país con el que hemos mantenido de forma tradicional un déficit comercial; este dato es muy esperanzador, ya que su industria es muy parecida a la nuestra.

Con respecto a Alemania hay una notable reducción de nuestro déficit comercial, que ha disminuido un 57 por ciento con respecto al año 2011, situándose en el lugar decimoctavo en el ranking mundial.

Lo más sintomático de esta buena trayectoria exportadora registrada en los últimos años es que hemos sido capaces de aumentar nuestra cuota de exportaciones de bienes en la eurozona con respecto a Alemania, a pesar de que el cambio real se apreciase en España 12 puntos porcentuales (medido por los costes laborales unitarios) con respecto a este país.

No obstante, la mejora de nuestros superávits con la Unión Europea y con la eurozona son atribuibles, en 2012, a una fuerte bajada de las importaciones, que con una tasa de variación del –7,5 por ciento, ha superado la ligera bajada de nuestras exportaciones a este mercado, que fue de un –1,3 por ciento.

Estos datos, en general tan positivos con el resto de los países de la Unión Europea, contrastan, sin embargo, con el fuerte déficit comercial de 30.757,4 millones de euros que todavía mantenemos con el resto del mundo.

Especial mención merece el fuerte déficit comercial con la República Popular China, que, en 2012, superó los 13.000 millones de euros, dato que en parte obedece a un déficit no energético. El resto de los saldos negativos más importantes está condicionado por nuestra fuerte dependencia energética del exterior.

Gran parte de este déficit comercial energético se concentra en Nigeria, Rusia, Arabia Saudí, Argelia y México, que son los países de los que importamos la mayor parte de nuestros hidrocarburos.

No obstante, nuestro déficit comercial con el resto del mundo se ha reducido un 33,6 por ciento en 2012, con respecto a 2011, confirmándose una tendencia gradual en la reducción de nuestro desequilibrio externo, gracias al esfuerzo de diversificación geográfica que están realizando las empresas españolas.

Si analizamos las exportaciones desde una perspectiva sectorial, son los sectores de bienes de equipo, de alimentos, de productos químicos y del automóvil los que en su conjunto aglutinan más del 70 por ciento de las exportaciones españolas.

En cuanto a la tendencia de las exportaciones por sectores, todos, salvo el del automóvil, registraron una tendencia positiva en 2012. Los sectores cuyas exportaciones han crecido de manera más acusada en términos porcentuales con respecto a 2011 corresponden a la alimentación, con un 11,7 por ciento, las manufacturas de consumo, con un 6,8 por ciento, y los productos químicos, con un 6,4 por ciento.

Los subsectores que más han impulsado el fuerte crecimiento de las exportaciones de alimentos recaen en las bebidas, la carne, las frutas y las legumbres, con un 16,8 por ciento, 13,8 por ciento y 11,9 por ciento, respectivamente.

En las manufacturas de consumo destaca el incremento de la confección, con una tasa superior al 13 por ciento, y dentro de los productos químicos debemos mencionar la buena evolución de las exportaciones de productos químicos orgánicos, con un incremento del 35 por ciento, y de los abonos, con un aumento del 20 por ciento.

En el sector de los bienes de equipo, que en su conjunto sólo creció un 1,6 por ciento, debemos señalar no obstante los fuertes incrementos registrados en la maquinaria para la industria, de un 12,1 por ciento, en material de transporte ferroviario, de un 21,1 por ciento, y en motores, de un 12,8 por ciento.

Las exportaciones de productos energéticos han experimentado un avance más moderado, del 3,5 por ciento. No obstante, algunas rúbricas, como las relacionadas con el gas, han aumentado más del 130 por ciento. El segmento del carbón y la electricidad aumentó también un 26,6 por ciento, y las ventas de materias primas han registrado un crecimiento muy bajo.

De este contexto positivo sólo cabe excluir el sector del automóvil, que ha registrado una caída del 7,8 por ciento debido a la fuerte reducción en la venta de automóviles terminados y, en menor medida, al sector de los componentes de automoción. El automóvil es un sector clave para la economía española, con un mercado interior que se ha hundido casi a la mitad respecto a los momentos de euforia. Es un sector muy exportador (siempre por encima del 80 por ciento) y cuenta con diecisiete centros filiales en España, todos en manos extranjeras, pero que gracias a los acuerdos de flexibilización y modernización laboral de los últimos tiempos son muy competitivos en Europa, junto con todo el sector auxiliar y de componentes.

En cuanto a las importaciones, hay una reducción de las importaciones en la mayoría de las partidas, salvo en la energía, que ha experimentado un crecimiento del 11 por ciento.

El comercio exterior de servicios también ha progresado de manera muy positiva, impulsado por la buena evolución de nuestro sector turístico y del resto de servicios no asociados a esta actividad, lo que ha permitido incrementar nuestro superávit en el trienio 2010-2012, desde los 27.000 millones de euros hasta los 32.000 millones de euros.

Este excelente resultado no sólo ha sido producto del incremento en el número de turistas, que en 2012 superó los 57 millones de entradas a nuestro país, sino también de la buena evolución de los servicios no turísticos, que han experimentado un crecimiento con respecto a 2011 superior al 11 por ciento. No obstante, estos datos positivos en el turismo podrían verse reducidos como consecuencia de la debilidad del turismo nacional.

Esta tendencia positiva de nuestra balanza comercial de mercancías y de servicios registrada en los años 2010-2012 proseguirá, según las previsiones recientes del Fondo Monetario Internacional, que vaticina una mejoría de la balanza por cuenta corriente, que podría registrar un superávit de un 2,2 por ciento, en 2014, un 2,8 por ciento, en 2015, un 3 por ciento, en 2016, y un 3,3 por ciento, en 2017. Ésa sería una evolución positiva, aunque pienso, personalmente, que puede serlo todavía más.

Sin embargo, estas últimas previsiones deben matizarse si analizamos el déficit en términos estructurales, es decir, si tenemos en cuenta la evolución del ciclo. En este caso, la reducción del déficit corriente será mucho más lenta en los próximos años si tenemos en cuenta los trece puntos porcentuales de caída tanto de la demanda interna de consumo y de inversiones como de importaciones.

Este proceso de recuperación de nuestras exportaciones es muy meritorio si tenemos en cuenta que se ha desarrollado en un contexto internacional desfavorable de desaceleración del crecimiento económico mundial, que ha bajado del 5,1 por ciento, en 2010, al 3,6 por ciento y el 3,4 por ciento, en 2011 y 2012, respectivamente, con especial incidencia en los países industrializados, de cuyos mercados somos muy dependientes, especialmente de los de la Unión Europea.

Considerando todo lo anterior, España sólo ha perdido una décima en la cuota mundial de exportación de bienes, manteniendo una cuota del 1,7 por ciento, lo que está en línea con el peso de la economía española en el PIB mundial, siendo al mismo tiempo capaz de preservar su cuota del 3,5 por ciento en el mercado mundial de servicios, a pesar de la creciente presencia de los países emergentes en esta actividad.

Todas estas razones nos infunden optimismo sobre el futuro de la economía española y sobre la enorme capacidad de adaptación de nuestras empresas que, bajo circunstancias adversas, y sin haber internalizado aún todos los efectos beneficiosos de las reformas estructurales puestas en marcha, han podido mantener y en algunos casos aumentar su presencia en los mercados internacionales gracias a su empuje comercial y a una mayor diversificación en los productos exportados.

El desplazamiento del poder económico mundial hacia el área del Pacífico, el envejecimiento de la población europea y el peso menguante de Europa, tanto en lo económico como en lo demográfico, con respecto al resto del mundo, son realidades que deben conducirnos a transformar el actual modelo productivo hacia uno nuevo basado en la alta cualificación de nuestra fuerza laboral, en la innovación y en la fuerte internacionalización de nuestra economía.

Por ello, a diferencia de épocas anteriores, la mejora de nuestras exportaciones y la reducción de nuestros desequilibrios externos no debe obedecer sólo a la necesidad coyuntural de compensar un descenso de nuestra demanda interna, sino a nuestra firme intención de convertir la actividad de nuestras empresas en el exterior en la principal fuente de generación de riqueza y de creación de empleo en nuestro país.

Formación, innovación e internacionalización son los tres pilares básicos sobre los que debe sustentarse el futuro económico y la prosperidad de nuestro país si queremos garantizar un alto nivel de vida a nuestras futuras generaciones y seguir manteniendo un sistema de bienestar social.

Sin embargo, para que la creciente internacionalización se convierta en una realidad duradera es necesario afrontar las deficiencias de nuestro modelo exportador.

Éstas podrían resumirse en una excesiva dependencia de nuestros mercados maduros, en un perfil exportador de nivel tecnológico medio-bajo, en una reducida base exportadora y en la alta concentración de las exportaciones en un reducido número de empresas exportadoras.

El comercio exterior de bienes y servicios están muy concentrado en los países más avanzados, y especialmente en los países comunitarios, siendo todavía reducidas las relaciones comerciales con los países emergentes que son los que demuestran un mayor dinamismo económico.

El saldo con la Unión Europea, principal socio comercial de España, registró un superávit de 12.571,1 millones de euros en 2012, el triple del obtenido en 2011, a pesar de la ralentización económica de la región.

No obstante, aunque nuestro nivel de dependencia de la Unión Europea siga siendo alto, nuestras empresas se están abriendo paso poco a poco fuera de la Unión Europea, lo que ha permitido reducir de forma gradual la dependencia respecto de ella, que en 2012 se situó por debajo del 63 por ciento.

Nuestras empresas, y especialmente las medianas, que no las grandes, deben atreverse con mercados más lejanos que la Unión Europea, especialmente con los mercados emergentes, donde nuestra competencia europea lo está intentando y, muchas veces, consiguiendo. Hay, sin embargo, espacio para todos.

Si partimos de los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, las exportaciones españolas aumentaron en 2012, con respecto al mismo período correspondiente a 2011, de manera significativa hacia: Oceanía (37,6 por ciento), África (30,6 por ciento), Latinoamérica (14,9 por ciento), América del Norte (13,6 por ciento) y Asia (11,9 por ciento), así como de forma más moderada hacia Oriente Medio (7,3 por ciento) y el resto de Europa (6,7 por ciento).

Por el contrario, las exportaciones registraron un ligero descenso con respecto a la Unión Europea (–1,3 por ciento) y, de manera más significativa, con respecto al Caribe (–4,2 por ciento). Las variaciones de las importaciones provenientes de la Unión Europea, del resto de Europa, América del Norte, Asia, Oceanía y África han sido menores que las de nuestras exportaciones registradas hacia dichas regiones.

En cambio las tasas de variación de entrada de bienes originarios de Latinoamérica (24,1 por ciento), Oriente Medio (29,2 por ciento) y el Caribe (16,3 por ciento) han superado las tasas de variación positiva de nuestras exportaciones hacia esos mercados.

Esta redistribución geográfica de nuestras exportaciones debe persistir en los próximos años si queremos aprovechar mejor el crecimiento económico de los países emergentes y en vías de desarrollo y, a su vez, reducir nuestra dependencia de los ciclos de crecimiento de la Unión Europea.

Por ello, es esencial que las instituciones públicas y privadas dediquen una atención prioritaria en su políticas de promoción a los grandes países emergentes (China, India, Brasil y México), a las economías de tamaño medio con gran potencial de crecimiento, como son Turquía, Indonesia y Sudáfrica, a los países que integran el Consejo de Cooperación del Golfo, así como a algunos países de la OCDE, como Estados Unidos, Canadá y Australia.

Otra desventaja a la que debemos prestar atención es la relativa baja intensidad tecnológica de las exportaciones españolas, lo que nos confiere un margen de diferenciación menor que el de nuestros rivales y nos expone más a la competencia de los países emergentes.

Esta peculiaridad de nuestro modelo exportador radica en el menor peso de la actividad productiva de contenido tecnológico alto y medio-alto que, en el caso español, se sitúa en torno al 30 por ciento de la producción industrial, a diferencia de países como Alemania y Francia, donde la producción de bienes de alto y medioalto valor añadido ascendieron al 41 por ciento y al 50 por ciento, respectivamente. Sin embargo, no hemos de ser pesimistas. Venimos de mucho más abajo y estamos recuperando posiciones.

La industria española se caracteriza por una mayor especialización en las ramas de contenido tecnológico bajo y medio-bajo, un menor valor añadido bruto general por unidad de producción y una mayor cantidad de consumos intermedios importados por unidad de producción.

No obstante, muchos de nuestros productos de contenido tecnológico medio-bajo o bajo, como los productos agrícolas, de alimentación y de vestir, han experimentado en estos últimos años una buena evolución. Esta aparente paradoja puede deberse al hecho de que la exportación de este tipo de productos está en manos de grandes empresas, que son capaces de maximizar sus recursos.

Por lo que se refiere a la exportación de productos de alta intensidad tecnológica, España destaca en productos químicos, en medicamentos y aeronaves, lo que nos ha permitido incrementar de forma modesta nuestras exportaciones de nivel tecnológico alto y medio-alto, así como mejorar nuestra posición en términos relativos con respecto a Francia e Italia.

Sin embargo, la cuota de exportaciones de bienes de intensidad tecnológica alta y media-alta sobre el total mundial nos sitúa aún muy por debajo de Alemania, Francia e Italia.

Otra debilidad que incide en el peso de la actividad exportadora y sobre su capacidad tractora con respecto al conjunto de la economía se explica por el escaso número de empresas exportadoras.

Con 136.973 empresas exportadoras, en 2012, nuestra base exportadora sigue siendo muy estrecha, representando algo más del 10 por ciento del total de empresas con trabajadores.

Esta cifra, ya de por sí reducida, disminuye hasta las 45.000 empresas si sólo tenemos en cuenta a aquellas que tienen una clara estrategia exportadora, es decir, a las que han exportado en los últimos cuatro años consecutivos. Dos datos referidos a 2012 (respecto a 2011), pero que sirven de ejemplo, son, en la lado positivo, las empresas que se inician en la exportación, 61.235, y, en el negativo, las empresas que desaparecen de la actividad exportadora, que son 56.102. Es evidente que falta continuidad y arraigo exportador.

Por último, a esta característica debemos añadir la concentración de más de un 65 por ciento de nuestras exportaciones en no más de 1.000 empresas exportadoras.

Considerando lo anteriormente expuesto, y sin pretender elaborar una larga lista, paso a describir algunas propuestas que, a mi modo de ver, podrían ayudar a impulsar la presencia de nuestras empresas en el exterior:

1. Deben concentrarse los recursos de las administraciones y de las organizaciones empresariales en los llamados países prioritarios con el objeto de maximizar los recursos limitados y reforzar la presencia empresarial española en los países emergentes, cuyas economías presentan tasas de crecimiento más elevadas que los países de la OCDE. En este sentido, merecen especial atención la República Popular China, India, Indonesia, Sudáfrica, Turquía, Brasil y México, así como algunos países del entorno de la OCDE, como son Estados Unidos, Canadá y Australia.

2. Por lo que se refiere a la coordinación de las administraciones públicas, aunque exista un grupo interministerial destinado a coordinar las delegaciones que acompañan a los ministros al exterior, es oportuno que el liderazgo de la misma recaiga en la presidencia del gobierno, para evitar así solapamientos en las actividades de la Administración. La nueva Ley del Servicio Exterior del Estado apunta en buena dirección.

3. Hay que alcanzar una mayor coordinación entre los organismos de apoyo a la internacionalización de las comunidades autónomas y de la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX), e integrar todas las oficinas de apoyo a las empresas de las comunidades autónomas destacadas en el exterior en las embajadas españolas.

4. Es necesario apostar por una relocalización más decidida de los recursos destinados a las oficinas económicas y comerciales en la Unión Europea hacia los países emergentes y en vías de desarrollo, que es donde nuestras empresas necesitan un mayor respaldo. Para todo ello deberá hacerse un inventario de recursos materiales y humanos para así hablar con mayor conocimiento de causa.

5. Debe reforzarse la coordinación entre las embajadas y las oficinas económicas y comerciales mediante la creación de la figura del consejero económico jefe, que debe pasar a convertirse en la segunda persona en importancia en las embajadas con el objeto de coordinar las diferentes áreas de contenido económico. La labor que desarrollan muchos embajadores es de vital importancia, ya que ayudan a las empresas, pero los encorsetados protocolos y funcionamientos hacen que, muchas veces, la colaboración y ayuda a las empresas sea un objetivo imposible. Tener una idea clara de los esfuerzos que destinan las embajadas a todos los menesteres, algunos hoy en día perfectamente prescindibles, sería de gran ayuda, y en eso parece estar enfocado el gobierno actual. ¡Que se haga y que funcione!

6. Es aconsejable la subcontratación de asesorías especializadas en sectores concretos que den su apoyo a las oficinas, mediante la firma de acuerdos que puedan reducir el precio de los servicios que el empresario solicita.

7. Es necesario que, en un fuerte contexto de recortes presupuestarios, las transferencias presupuestarias al ICEX se dediquen al fomento de la internacionalización de las empresas y no al mantenimiento de una estructura, ya que dispone de un plantilla de cerca de seiscientas personas. Es una pena que el trabajo hecho en los últimos años se disuelva como un azucarillo en el agua.

8. La actual promoción de la marca España es vaga e imprecisa al no responder a las necesidades concretas de la industria y del sector servicios. Como alternativa, consideramos que el ICEX debería elaborar, en estrecha colaboración con las organizaciones empresariales, planes de marca concretos, que tengan en cuenta las especificidades y necesidades de nuestras empresas, definiendo en cada uno de los países objetivo las prioridades, los nichos de oportunidad y los clientes potenciales. Quienes más y mejor conocen las prioridades y posibilidades son las empresas, pues su vida les va en ello. Ponerse a teorizar sobre todo esto una vez más, aunque sea con toda la buena fe del mundo, supone, primero, no ir a quienes tienen las ideas claras y pueden dar las soluciones, y, segundo, no gastar adecuadamente el dinero.

9. Para evitar una excesiva dispersión geográfica, es necesario coordinar mejor los mecanismos de financiación —Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), Compañía Española de Financiación del Desarrollo S. A. (COFIDES), Instituto de Crédito Oficia—. Asimismo, el COFIDES debería tener mayor capacidad en la captación de fondos privados. No hay que olvidarse de las posibilidades que existen en la Unión Europea, así como de la existencia de distintos organismos de financiación, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y también en Latinoamérica, con la Confederación Andina de Financiación (CAF), presidida por un buen amigo de España como es Enrique García.

10. En la CEOE, con toda modestia, pero también con la máxima ilusión y guiados por la necesidad, hemos puesto en marcha, a inicios del 2013, el proyecto CEOE-Internacional; su objetivo es poner en valor la extensa red de relaciones con casi doscientas organizaciones de todo el mundo, algunas agrupadas en Europa a través de BusinessEurope, otras bajo la OCDE y otras pertenecientes a Latinoamérica. Vamos a intentar entablar una red de alcance mundial que ayude a nuestras empresas a exportar, una red basada en nuestras organizaciones hermanas en todo el mundo y contando también con la colaboración de las grandes empresas españolas que están ayudando a posicionarse a las pequeñas y medianas. (Todos saldrán ganando.) Sin olvidar, por supuesto, los puntos de colaboración con las embajadas, las representaciones consulares y las representaciones de otros organismos españoles, públicos o privados, que, coordinadamente, pueden ser de gran ayuda.

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La imprescindible apuesta por la I+D

Siempre que se habla de recuperación económica y, especialmente, de propuestas eficaces, sale a colación la investigación, la innovación y el desarrollo. En un país como el nuestro, con prácticamente nulos recursos naturales en el campo energético y mineral, sólo nos queda como primera gran materia natural el sol, que seguro vale décimas o puntos de nuestro PIB, pero con la que muy poco podemos hacer. En cambio, respecto a la innovación podemos y debemos hacer mucho más. Sólo depende de nosotros y también de nuestras prioridades. Muchas veces debe decidirse entre gasto e inversión, y el caso del gasto en innovación es, sin lugar a dudas, una buena inversión, pero sin prisas, con tranquilidad y paciencia, pues no es de efectos inmediatos.

Está generalmente admitido por buena parte de la sociedad (probablemente una parte muy mayoritaria) que debemos apostar por la innovación, pues es condición básica para la competitividad del país, y lo que queremos es ser un país competitivo que venda muchos bienes y servicios a buen precio en el mercado global. Para todo ello hay que poner fundamentos. No puede construirse la casa por el tejado. Hay que hacer planes a medio y largo plazo, desde la cuna hasta la tumba, impregnando a toda la sociedad en su conjunto de unos valores, unas inquietudes, unas realidades y unas prioridades. En las guarderías, los niños deberían ser guiados por unos adecuados profesores para despertarles la iniciativa, la curiosidad e, incluso, el riesgo, pues son los niños los que inventarán en el futuro. Y detrás de un invento que tenga éxito vendrá un bien o servicio que deberá venderse y que producirá un beneficio, con el cual se generarán nuevas inversiones. Ésas son las reglas del juego y, de entrada, hemos de estar convencidos de ellas o, en caso contrario, presentar alternativas y, especialmente, realidades o ejemplos reales para hacerlo de manera distinta.

No se puede inventar ni progresar si no hay inventores o, llamémosles, aventureros, o quizá mejor, para entendernos, emprendedores. O aún mejor, simplifiquémoslo, empresarios, que son aquéllos que hacen real una invención, pues muchos inventores quizá no sean capaces de hacer posible el lanzamiento al mercado de su invento.

Si desde la guardería hasta el mundo universitario, sin olvidar el mundo del trabajo (que es donde más empresarios florecen), no incentivamos por todos los medios la innovación, estaremos siempre en la vieja y rancia lección de «que inventen otros». Ese cambio de actitud rompedora, abierta y desafiante es clave para todo el proceso de innovación. Es más fácil innovar en un hábitat como Silicon Valley o en las universidades de Haifa y Tel-Aviv, donde todo o casi todo son facilidades, especialmente legales y burocráticas, que estar esperando meses a que te autoricen una simple sociedad para comenzar. En los inicios de actividad emprendedora hay que dejar hacer, poner unos requisitos muy fáciles de superar y dar unos prudenciales plazos para empezar a actuar; y que el control sea puesto después de unos meses de prueba con todas las precauciones que sean necesarias.

Gobierne quien gobierne en este país, parece como si la tecnoestructura del Estado, tan celosa de su poder, a veces paralizante y agobiante, no se atreva con las nuevas iniciativas. Prefiere tenerlo todo controlado, registrado, contabilizado, uniformizado antes de que un cierto caos constructivo e imaginativo pueda dejar algún pequeño resquicio fuera de control.

Por contra, aparecen innumerables casos como los muy recientes en el sistema financiero que cuando se hacen perceptibles muchos errores de peso y control, muchos organismos de regulación y control con medios abundantes en euros y personas, no han sido suficientemente exigentes y han pasado demasiados temas sin control ni evaluación. Estamos inmersos en un auténtico galimatías legal donde todo es recurrible una vez, dos veces, en una instancia u otra, con resultados dispares a favor o en contra. Existen en España todas las trabas del mundo a la creación de empresas y al emprendimiento, y, cuando esas iniciativas empresariales llegan a hacerse realidad, su funcionamiento diario es difícil y caro, esto es, no competitivo. Hay que legislar menos, mucho menos, pero mejor y de manera más sencilla, no para que discutan los expertos y se recreen en sus exposiciones, sino para que los ciudadanos normales lo entiendan. Para algunas leyes debería convocarse un referéndum previo a su aprobación, y, si la ciudadanía no las entiende, deberían devolverse al legislativo, y sólo cuando fueran entendidas muy mayoritariamente deberían entrar en vigor. Así, nos evitaríamos muchos de los problemas que nosotros mismos nos creamos por hacerlo todo difícil en vez de fácil.

A pesar de las dificultades del entorno, la investigación y la innovación han mejorado mucho en España en las últimas décadas, aunque todavía están muy lejos de las medias de los grandes países innovadores. En 2001, el gasto total en I+D (investigación y desarrollo) respecto al PIB era del 0,91 por ciento, llegando al 1,39 por ciento en 2009 y 2010, con un ligero retroceso por la crisis en los últimos años, en que se ha dado un protagonismo algo superior en el sector público frente al privado.

Tanto desde la Administración como desde el mundo empresarial se ha producido un efecto de concienciación muy importante, una apuesta clara y decisiva por la innovación. En el caso concreto del mercado empresarial, protagonizado por pequeñas y medianas empresas, el esfuerzo en I+D es probablemente mucho mayor de lo que dicen los números, pues, en ese tipo de empresas, los gastos de innovación, desarrollo, proyectos, prototipos, maquetas y demás elementos se contabilizan como puro gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, frente a la posibilidad que tendrían de activarlos y hacer así posibles ciertas bonificaciones fiscales.

En el caso de España, el gasto en innovación tecnológica alcanzó, en 2011, los 14.756 millones de euros (el 1,9 por ciento de la cifra de negocios de las empresas, de diez o más asalariados, con gasto en innovación tecnológica), lo que supone un descenso del 8,8 por ciento respecto al gasto del año anterior. Asimismo, el 31,1 por ciento de las empresas españolas de diez o más asalariados fueron innovadoras en el período 2009-2011, teniendo en consideración las innovaciones tecnológicas (de producto o proceso) y las no tecnológicas (organizativas o de comercialización).

Otro de los aspectos a considerar de manera especial es el relativo al capital humano, por cuanto su capacidad y nivel de formación constituyen un factor más de competitividad. Sin personas creativas no se inventa nada. En este sentido, cabe señalar que en el sistema español de ciencia-tecnología-empresa existen aún importantes barreras en torno a la movilidad del personal investigador entre los ámbitos público y privado, lo que imposibilita un buen entendimiento entre ambas esferas.

Para una correcta transmisión de conocimiento entre estos ámbitos es preciso que se valore la aportación del investigador a proyectos de carácter empresarial. Para ello, esta contribución no debería condicionar de forma negativa el desarrollo y la promoción de los profesionales, sino, al contrario, constituir un aspecto destacado de su currículo.

Por otro lado, en el ámbito de la formación existe una evidente falta de adecuación de los planes educativos a las necesidades reales que demanda el mercado laboral, lo que aboca a empresas y tecnólogos de reciente incorporación a realizar una labor de formación extra que cubra las carencias del sistema formativo actual. La legislación laboral debiera contemplar adecuadamente esta faceta, y no lo hace suficientemente.

En cuanto a los datos disponibles, en 2011, el número total de personas dedicadas a actividades de I+D, en equivalencia a jornada completa, supuso el 11,9 por mil de la población total ocupada, siendo el sector empresarial el que concentró más personas dedicadas a actividades de I+D, con un 41,8 por ciento del total, en contraposición con el 37,6 por ciento del sector de la enseñanza superior y el 20,4 por ciento de la administración pública.

Por último, no debemos dejar de mencionar la especial situación del sistema de propiedad industrial en España, donde, según los datos provisionales referidos al año 2012, las solicitudes de derechos de propiedad industrial en sus distintas modalidades (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas nacionales y nombres) presentadas en el ámbito nacional han sufrido variaciones comprendidas entre el –1,8 por ciento, registrado en las marcas, y el –10,2 por ciento, en los diseños industriales. En el caso particular de las patentes nacionales, el descenso en el número de solicitudes se situó en el –5,4 por ciento.

En este aspecto, no quiero dejar de expresar mi descontento por cómo la Unión Europea ha llevado a cabo la aprobación de la patente unitaria. Desde el mundo empresarial siempre hemos llamado la atención sobre los perjuicios que para las empresas españolas tendría el llamado patent package, que no es otra cosa que un despropósito para beneficiar los intereses empresariales de unos en detrimento del resto; en este caso, a través de dar ventajas competitivas en materia de protección intelectual a quienes, precisamente, se encuentran más avanzados.

En junio de 2010, la Comisión Europea, justo el día que terminaba la presidencia española de la UE, decidió relanzar el dossier de la patente unitaria a sabiendas de las desventajas competitivas que suponía para una parte de las empresas europeas, en beneficio de las otras. Desde esa fecha, e incluso mucho antes, nos manifestamos contrarios a este disparate, encontrando un magnífico apoyo y una excelente colaboración en el gobierno, siendo de agradecer, especialmente, los esfuerzos del secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido.

Italia y España se negaron a adoptar lo que a todas luces iba contra los legítimos intereses de sus empresas, y el resto recurrió a la vía de la cooperación reforzada para así sortear el precepto del Tratado de Lisboa, que contempla la unanimidad en esta materia.

Contra viento y marea, y en un ejemplo más del funambulismo al que nos tiene acostumbrados la UE, el 11 de diciembre de 2012, el Parlamento Europeo se rendía ante el Consejo de la UE; el 17 de diciembre se adoptaban los reglamentos, y el día de Nochevieja se publicaba el paquete de patentes. Un paquete muy discriminatorio y perjudicial para las empresas españolas, aun cuando España se mantenga, como mal menor, fuera de la cooperación reforzada.

No se trata de un capricho, ni de una pataleta por haber dejado a nuestra lengua discriminada y no haber aceptado el inglés como idioma de trabajo para todos. El asunto va más allá. La solución a la que han llegado no consigue una protección uniforme de las patentes unitarias en todos los Estados participantes, sino todo lo contrario. La protección dependerá de un factor tan aleatorio y discriminatorio como el lugar de origen del solicitante. No sólo no se mejora la situación actual, sino que se crearán situaciones tan absurdas e injustas como que, por ejemplo, una empresa alemana, en base a sus patentes, pueda prohibir a una holandesa actos que la holandesa no podrá prohibir a la misma empresa alemana en base a las suyas, y viceversa. Y todo ello como consecuencia del intento obsesivo del Consejo de la UE de escapar al control judicial del Tribunal de Justicia de la UE, como si las patentes merecieran un trato distinto al resto de materias que se regulan a través del Derecho de la Unión Europea.

Además, los reglamentos aprobados no crean un título europeo de patente, lo cual era el objetivo de la cooperación reforzada autorizada por el Consejo y el Parlamento Europeo, sino que lo que hacen es dar carácter unitario a los derechos nacionales otorgados por la patente europea concedida por un organismo extracomunitario, lo cual constituye un incumplimiento más de la legalidad europea, de los muchos que se han cometido en este proyecto.

Si nos centramos ahora en la comparativa internacional de la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) se puede apreciar con mayor perspectiva cómo nuestro país precisa de un verdadero impulso en este ámbito para poder competir con garantías con los países de nuestro entorno.

Se aprecia cómo España se sitúa en una discreta posición en cuanto al gasto que realiza en I+D, en comparación con los países de la Unión Europea. Nuestro país ocupa el decimoséptimo lugar entre los analizados, por debajo de la media europea, que se establece alrededor del 2 por ciento. Una posición que, a pesar de las peculiaridades estadísticas de nuestro país en este ámbito apuntadas anteriormente, no se corresponde con la potencia económica que representa España.

El gasto destinado a las actividades de I+D en España, a pesar de haber registrado un significativo aumento en la década analizada, aún se encuentra por debajo de nuestros principales competidores y de algunas economías a las que, por la relevancia de nuestro país, se debería superar con claridad en este apartado.

Asimismo, aunque la tendencia, en la mayoría de los países, es que el sector privado haya disminuido el porcentaje de ejecución del gasto en I+D desde 2000 hasta 2010 —debido, fundamentalmente, a como se ha visto afectado el tejido empresarial por los efectos de la crisis económica—, en el caso de España, las empresas ejecutan un porcentaje del gasto menor que la media europea. Sin olvidar que la contabilización inadecuada puede tener algo que ver con estas cifras.

En lo relativo a la financiación privada de la I+D ocurre algo similar, quedando España muy lejos de la media europea y del objetivo marcado como idóneo para el sector empresarial, que es financiar dos tercios del gasto total en I+D.

En lo referido a la innovación, y según la encuesta comunitaria publicada por la Eurostat referida al año 2010, el 52,9 por ciento de todas las empresas de la UE de los sectores de la industria y los servicios, con diez o más empleados, realizaron actividades de innovación de productos y procesos en el período 20082010. En este sentido, en el período citado, España ocupaba el puesto vigésimo cuarto, con un 41,4 por ciento de las empresas con actividades innovadoras, por detrás de países como Alemania (con un 79,3 por ciento), Luxemburgo (68,1 por ciento), Bélgica (60,9 por ciento), Portugal (60,3 por ciento), Francia (53,5 por ciento), Italia (56,3 por ciento) y Reino Unido (44,2 por ciento).

Por otra parte, y siguiendo el esquema del análisis realizado a escala nacional, en la comparativa referida al personal empleado en actividades de I+D en el contexto internacional se refleja la situación en la que se encuentra España en relación con el resto de los países de la OCDE. En este caso, nuestro país se vuelve a situar por debajo de la media, a pesar de la positiva evolución en la década analizada, y lejos de las economías con mayor vocación en materia de I+D (véase el siguiente gráfico).

Por último, y respecto a la situación de las patentes de origen español en el contexto internacional, según los datos recogidos en el informe anual de la Oficina Europea de Patentes (OEP) correspondiente al año 2011, en lo referido al número de solicitudes presentadas ante este organismo, España se sitúa en el décimo puesto entre los 38 países miembros de la Organización Europea de Patentes.

El número de patentes europeas concedidas por la OEP ascendió, en 2011, a un total de 62.112 (un 6,9 por ciento más que en 2010), de las cuales 381 fueron de origen español (un 2,8 por ciento menos que en 2010), lo que supone el 0,61 por ciento sobre el total de patentes europeas concedidas por la OEP.

Un dato que también puede resultar significativo es el de las publicaciones científicas de origen español, ya que, según los datos correspondientes al año 2010 recogidos en el informe «Indicadores del sistema español de ciencia y tecnología», elaborado por el Observatorio Español de I+D+i (ICONO), España ocupa el puesto 16 entre los países de la OCDE con más publicaciones por millón de habitantes.

Sin embargo, si atendemos al número de documentos producidos, considerando el quinquenio 2003-2010, España ocupa el noveno puesto entre los primeros países productores de ciencia. En cuanto al impacto de las publicaciones científicas españolas y la calidad de las mismas, nuestro país, según los datos referidos al quinquenio 2003-2010, ocupa los puestos 23 y 21, respectivamente, en el ranking mundial, por detrás, en ambos casos, de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia.

En un contexto como el actual, especialmente complicado, la economía española precisa de un impulso de las actividades de I+D+i, por ser éste un factor clave de crecimiento económico y de mejora de la competitividad.

España se ha posicionado como una potencia importante a escala mundial en lo que a producción de artículos y publicaciones científicas se refiere. Sin embargo, el gasto en I+D empresarial se encuentra aún lejos de la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE, siendo este hecho preocupante por los efectos directos que la I+D+i tiene sobre la productividad y la competitividad de una economía.

Nuestro país se enfrenta a diferentes problemas que lastran el desarrollo de una eficaz política de I+D+i, entre los que se podrían destacar algunos como los siguientes:

• escasa interrelación entre el mundo académico y el tejido empresarial;

• marco inadecuado para el desarrollo de las actividades de I+D+i;

• pobre volumen de generación de patentes de origen español;

• y claras deficiencias en el sistema educativo.

Al margen de estos obstáculos, que suponen un freno importante para el desarrollo de la I+D+i en España, resulta imprescindible que desde la Administración se genere el marco adecuado que fomente el apoyo a las empresas innovadoras, facilite las inversiones en I+D+i y potencie un sistema educativo con una inmersión clara en las nuevas tecnologías y una adecuada formación a los trabajadores.

La iniciativa empresarial ha de ir acompañada del respaldo de la Administración a través de una decisión política y administrativa que favorezca una mayor ejecución privada del gasto en I+D, poniendo el acento en la transferencia del conocimiento desde la investigación básica a las aplicaciones que precisa nuestro aparato productivo. Esta decisión implica revisar las prioridades de gasto y reasignación de fondos a fin de que las restricciones presupuestarias no afecten a un área tan importante para la competitividad como es la I+D+i y el desarrollo de la sociedad del conocimiento.

No obstante, los recursos que se movilicen, fruto de los esfuerzos presupuestarios, no se podrán optimizar mientras no se adecue la investigación que se realiza en las universidades y los centros públicos de investigación a las necesidades de las empresas, con el objeto de poder rentabilizar así la inversión en I+D.

En este sentido, es importante estimular la transferencia de tecnología entre el ámbito público y el privado, fomentando la participación de los investigadores en proyectos empresariales mediante la eliminación de obstáculos y el incremento de incentivos. Uno de estos incentivos debería centrarse en valorar de manera más positiva en el currículo de los investigadores su participación en proyectos de cooperación con el mundo empresarial.

Y es que la actuación de la Administración en relación con las políticas de I+D+i es realmente importante por su efecto tractor y por su capacidad de estimular acciones en este ámbito. Por ello, debe ser especialmente certera en el diseño de los planes referidos a la I+D+i, los cuales deben adaptarse a las necesidades y al tamaño de las empresas españolas.

Estos planes deben cumplir con el objetivo de lograr una mayor homogeneidad de las convocatorias públicas (reglas de financiación, documentación para la presentación de propuestas, sistemas de evaluación y justificación, etc.), para reducir trámites burocráticos y asegurar la efectiva igualdad de trato de todos los solicitantes en la evaluación y en la asignación de recursos públicos.

Asimismo, es preciso establecer sinergias con las instituciones públicas de apoyo a la internacionalización y desarrollar el concepto de «ventanilla única empresarial en materia de I+D+i», para facilitar así el acceso de las empresas a las administraciones en un punto único, con la consiguiente reducción de los plazos y los trámites.

Otro de los aspectos que se debe cuidar especialmente es el relativo a mantener y mejorar los incentivos fiscales para el desarrollo de las actividades de I+D+i. A pesar del difícil contexto económico en el que nos encontramos, se ha demostrado que el sistema de deducciones fiscales para las actividades de I+D+i es una herramienta altamente valorada por el tejido empresarial, constituyendo un importante estímulo para la iniciativa privada en este ámbito.

Adicionalmente, y con el objetivo de mejorar y adaptar este sistema a las iniciativas que actualmente se están llevando a cabo en diversos países de nuestro entorno, es importante incorporar otros instrumentos como el crédito fiscal (anunciado recientemente por el presidente del gobierno como una medida de impulso a la I+D+i) o un mecanismo de informes motivados vinculantes para el Patent box (incentivo fiscal especial a la innovación).

Por último, cabe destacar la necesidad de fomentar el acceso de las empresas a la propiedad industrial con el objetivo de incrementar el número de patentes españolas, tanto nacionales como internacionales. Para ello, es necesario mejorar el funcionamiento de la Administración en relación con la propiedad industrial, es decir, agilizar los trámites de los organismos responsables.

En este sentido, es preciso implementar una serie de medidas, tales como la reducción del tiempo que la Oficina Española de Patentes y Marcas destina a los diversos trámites de examen formal, la elaboración de los informes sobre el estado de la técnica, la realización de exámenes de fondo optativo y la resolución de oposiciones y recursos, así como la aplicación de reducciones a las tasas de trámite, en particular para las pymes, al estilo de las que se aplican en otros países, como Estados Unidos.

Un país que quiere ser competitivo y exitoso a escala mundial debe tener un buen sistema educativo (mejor calidad que cantidad), un entorno favorable a la innovación y una legislación orientada hacia ese empeño. Pasar de ser un país a la expectativa a uno que se interroga constantemente por el futuro en todos sus aspectos es fundamental, y para ello no hay mejor vía que innovar, investigar y desarrollar todo tipo de productos y servicios, sabiendo y entendiendo que en el camino habrá, y debe haber, muchos fracasos, pero fracasos que en nada serán comparables con los éxitos que llegarán.

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Relanzar el espíritu empresarial

Como la mayoría de las cosas, los datos pueden explicarse desde distintos puntos de vista y distintas perspectivas. Y lo mismo ocurre con los datos sobre creación y destrucción de empresas en España en lo que va de siglo XXI, así como con los referidos al número de empresas y al total de trabajadores.

Entre diciembre de 2000 y diciembre de 2012, es decir, en doce años, se ha dado un ciclo especialmente largo de crecimiento económico, con una primera etapa muy positiva, desde 2000 hasta 2007, y una posterior de deterioro, de 2007 a finales de 2012. En el período 2000-2012, en España se pusieron en marcha 57.466 centros de trabajo (a partir de un trabajador), que dieron trabajo a 717.469 trabajadores. Ni que decir tiene que el número total de nuevas constituciones de empresas tuvo su punto máximo en 2006, con 148.648, según el Registro Mercantil Central, frente a una caída hasta casi la mitad en 2012. Pero una cosa es constituir una empresa y otra esperar a crear trabajo y empleo.

En el período de crecimiento entre diciembre de 2000 y diciembre de 2007, se inscribieron en la seguridad social 291.560 centros de trabajo, la mayoría (248.982 de ellas) con entre uno y diez trabajadores, esto es, el 85,3 por ciento del total. Esto parece lógico, ya que las nuevas empresas nacen de la nada y van paso a paso; el empleo se crea a partir de iniciativas y proyectos individuales.

En cuanto al número de trabajadores contratados (entre las mismas fechas), las empresas que contratan más trabajadores son las de más de 250 trabajadores, con 1.456.452 nuevos trabajadores, de un total de 3.447.238, es decir, el 42,2 por ciento. Las de entre uno y diez trabajadores sólo contratan 677.289, el 19,6 por ciento.

En plena crisis, desde diciembre 2007 a diciembre del 2012, se destruyen 234.094 centros de trabajo inscritos en la seguridad social, especialmente de las más pequeñas (de entre uno y 10 trabajadores), con 173.136 centros de trabajo cerrados, lo que representa el 73,9 por ciento del total. En cuanto a destrucción de empleo, a quienes más afecta es a las empresas de entre diez y cincuenta trabajadores, que pierden 1.083.653 trabajadores, el 39,7 por ciento del total.

Las empresas más grandes (de más de 250 trabajadores), en esos cinco años sólo pierden 477.472 trabajadores (el 17,5 por ciento del total), mientras que, a escala general, ganan posiciones en cuanto a porcentaje. El número de trabajadores empleados en las empresas de más de 250 trabajadores, pasa de 4.036.291, en diciembre 2000 (el 35,78 por ciento del total), a 5.015.271, en diciembre del 2012 (el 41,79 del total); es decir, ganan 6,01 puntos en el cómputo global. Quiere esto decir que cuando las empresas sobrepasan un cierto tamaño, empiezan a competir en mercados globales, se hacen más grandes y su crecimiento se basa más en la exportación; y, para exportar, por regla general, debe tenerse tamaño.

En definitiva, de los 717.469 trabajadores inscritos de más en la seguridad social entre esos doce años, 801.104 lo son en las empresas de más de 250 trabajadores. Es en el grupo de empresas que empiezan a pasar de medianas a grandes en el que tenemos un gran trecho por recorrer, tanto en ventas como en creación de empleo.

A grandes números, si miramos los doce años en su conjunto, podemos considerarlos positivos, con un balance final de 717.469 trabajadores inscritos más y también 57.466 centros de trabajo más. Pero, si lo analizamos parcialmente, vemos que en épocas de bonanza somos grandes creadores de empleo, 3.447.238 en siete años, pero también terribles destructores de empleo en los cinco años siguientes, con 2.729.769 empleos destruidos. Sería bueno que la legislación hiciera posible que la destrucción de empleo no fuera automática, sino que hubiera mecanismos de adaptación más flexibles y ágiles que lo impidieran.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos, en el primer período aumentan en 566.830, mientras que en el segundo período se pierden 134.950, dando en conjunto un incremento de 431.880 nuevos autónomos. Si consideramos todos los regímenes de la seguridad social entre diciembre del 2000 y 2007, se crean 3.959.537 empleos, mientras que entre diciembre del 2007 y 2012 se destruyen 2.853.267 empleos. Desde el principio al final, entre diciembre del 2000 y 2012 se crean globalmente 1.096.270 empleos.

En definitiva, los números expresan la realidad, y la historia reciente no es tan pesimista ni alarmista si la contemplamos con más perspectiva. Es grave, sin embargo, si analizamos sólo el último período. Está claro que deben ponerse las bases para volver a una senda de creación de empleo.

La Unión Europea actual, con 21 millones de empresas con trabajadores y 25 millones de parados (6 millones creados en lo que va de siglo), es consciente de que el desempleo se soluciona con la creación de más empresas de todo tipo, pequeñas, medianas y grandes, pero con la seguridad de que las grandes no se crean por decreto, sino que llegan a tal tamaño después de ser pequeñas. De ahí que, en 2013, la propia Comisión Europea haya presentado el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 para relanzar el espíritu empresarial.

Dicho plan pretende ser una respuesta emprendedora a la crisis económica para recuperar el crecimiento y la creación de empleo, y se basa en una visión renovada y en una serie de medidas de apoyo al emprendimiento. Europa, y España todavía más, necesita una amplia y profunda revolución cultural, puesto que los emprendedores no se encuentran en el mejor y más fácil de los mundos, caracterizado, entre otros factores, por: 1) dificultad de acceso al crédito; 2) miedo al fracaso, tanto económico como social; 3) costosos procedimientos administrativos y dificultades regulatorias; 4) falta de apoyo «en serio» a las pymes; 5) competencia, a veces desleal, fuera de los mercados europeos; 6) falta de consideración positiva de las iniciativas empresariales; 7) y la escasa inculcación de la mentalidad emprendedora a los europeos ya en el proceso educativo e incluso antes.

La proporción de personas que quieran trabajar por cuenta propia está bajando, según las últimas encuestas disponibles, por debajo del 40 por ciento. En tiempos de crisis, la seguridad funcionarial que ofrece el sector público o incluso un trabajo en el sector privado, ya sea fijo o temporal, parecen opciones más apetecibles e incentivadoras que la de crear una empresa propia. Se debe mentalizar y convencer a los jóvenes de que vale la pena ser empresario, dueño de tu propio destino y creador de nuevos productos o servicios. Es un contrasentido que en las escuelas se tilde al empresario de codicioso y explotador de los trabajadores. Queremos crear empresas y, al mismo tiempo, denostamos a quienes las crean. Es un auténtico contrasentido tolerado por nuestros gobernantes y puesto en marcha por muchos educadores, contrarios al mundo de la empresa a causa de una visión ideologizada y rancia que todavía tiene muchos adeptos.

Desde la cuna hasta la tumba, un país que quiera creer en un futuro mejor debería fomentar la mentalidad emprendedora. Conocer a los empresarios y a las empresas, especialmente los del propio país, así como sus logros y éxitos, debería ser una asignatura obligatoria. Por el contrario, nuestros libros de texto son un atentado contra el quehacer empresarial. Sólo les haría falta añadir que el año 2007 fue el mayor año de la historia española en cuanto a recaudación de impuestos de sociedades, concretamente 44.823 millones de euros, y que esos números demuestran la voracidad y codicia empresarial, olvidando que detrás de una empresa hay capital, gestión y trabajadores. Cuando hay beneficios debe ser bueno para todos, incluso para el importante accionista que es la hacienda pública. Los beneficios de hoy son las inversiones de mañana y los puestos de trabajo de pasado mañana.

A los jóvenes hay que educarles valorando el esfuerzo, el trabajo, la constancia, el valor de las cosas. Nada es gratis. De ahí que sea imprescindible que conozcan que un producto o servicio tiene su precio, y que éste puede ser distinto en función de cómo se produzca. Hay que desarrollar los conocimientos empresariales, así como las aptitudes y también actitudes respecto a la tenacidad, la iniciativa, la creatividad, el trabajo en equipo, el conocimiento del riesgo y el sentido de responsabilidad.

Hay que apoyar a las empresas, especialmente en sus momentos iniciales. Cuantas menos trabas, mejor. A quienes se arriesgan hay que dejarlos volar libremente, con pocos controles iniciales, para que paulatinamente vayan cumpliendo luego todos los cientos de requisitos. Eso no quiere decir que tengan que hacer lo que quieran, pero tampoco se les debe obstaculizar hasta en los pasos más pequeños. Si una empresa triunfa, ganamos todos. Por tanto, es mejor apoyar que ponerle frenos; y en España todo son problemas e inconvenientes, por mucho que nos hablen de ventanillas únicas y demás esfuerzos de buena voluntad que no acaban de ser prácticos. De ahí que siempre salgamos en situación de cola, junto a países tercermundistas, en las listas del informe Doing Business, que se elabora a escala mundial. Ahí estamos hace muchos años.

Hay que hacer hincapié en la importancia social y económica del emprendimiento. Todos podemos ser emprendedores si queremos serlo. El problema es que muchos jóvenes y mayores, empleados o desempleados, ni se lo plantean. Primero porque lo ven muy difícil (probablemente no tienen la preparación suficiente); segundo por problemas de financiación; tercero por miedo a la complicada legislación y los costes administrativos; y cuarto, definitivamente, porque desde muy pequeñitos les han pintado una figura del empresario totalmente negativa, deformada y engañosa. Ése es el verdadero problema, y habrá que resolverlo, si queremos evolucionar, desde la base, desde el primer día.

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La necesaria reindustrialización

Se viene advirtiendo desde hace tiempo que la recuperación económica en España no será posible sin la apuesta por un sector industrial fuerte, por lo que es necesario plantear una «reindustrialización» del país como vía para superar la crisis.

En España, el peso de la industria en el total del valor añadido bruto (VAB) fue, en 2011, del 16,9 por ciento, lejos del 26,2 por ciento alemán y por debajo de la media europea, que se sitúa en el 19,5 por ciento. Sin embargo, estamos por delante de países como Francia, Grecia o Reino Unido.

Existen numerosas evidencias que demuestran la extraordinaria relevancia de la industria dentro de nuestra economía. Es el segundo sector, detrás de los servicios, en términos de valor añadido y de empleo: aporta el 15,52 por ciento del PIB nacional y da trabajo a más de 2,5 millones de personas, generando un empleo de alto valor, con un 83,2 por ciento de puestos de trabajo indefinidos, por no hablar del efecto arrastre sobre el sector servicios que genera el propio sector industrial. Buena parte de lo que en el pasado se hacía internamente en la industria, ahora se hace externamente, a menudo subcontratando a empresas especializadas y focalizadas en un determinado trabajo. En el caso concreto de Cataluña, históricamente muy industrial, existen estudios que llegan a postular que la industria, directa o indirectamente, puede llegar al 50 por ciento, ya sea en valor añadido o empleo.

Además, la industria es responsable del 88,6 por ciento de las exportaciones de bienes españoles, y tiene un importante efecto arrastre sobre el resto de los sectores, desempeñando un papel clave como dinamizador de nuestro tejido productivo. Una muestra palpable de esta dinámica es que, según las tablas input-output, por cada euro en que se aumenta su demanda final, se genera un incremento de tres euros en la producción total de la economía, teniendo en cuenta los efectos directos e indirectos.

Especialmente en los últimos años, las empresas industriales están realizando un esfuerzo sustancial en inversión tecnológica y medioambiental. En este sentido, concentran actualmente el 47,1 por ciento del total del gasto que se realiza en actividades de I+D en nuestro país, y han elevado sus gastos en protección del medio ambiente, según los últimos datos disponibles, hasta los 2.384,7 millones de euros, convirtiéndose en el sector que más recursos dedica a esta área. Además, no hay que olvidar que es el principal agente involucrado en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la preservación del medio ambiente.

De todo ello se deduce fácilmente que no podemos garantizar un futuro próspero en una sociedad avanzada sin una industria potente, que sea uno de los principales motores de arrastre de nuestra economía.

La profunda crisis económica que estamos atravesando, con una recesión que empieza a prolongarse en el tiempo más de lo que muchas empresas industriales son capaces de soportar, está dañando significativamente nuestro tejido productivo.

Si bien el sector industrial está sufriendo en los últimos años una disminución paulatina de su contribución al VAB (véase el gráfico siguiente) y una creciente caída del empleo, ha quedado patente que el impacto de la actual coyuntura económica sobre el sector ha sido menor que en otros de la economía española, gracias, entre otros aspectos, a la decisiva contribución de su actividad exportadora.

No hay que olvidar que los países de la Unión Europea con mayor peso industrial han tenido un mejor comportamiento ante los efectos de la crisis, al igual que ha ocurrido en el ámbito español con las comunidades autónomas más industrializadas. En el caso europeo y, concretamente, en el alemán, una legislación laboral más flexible que la nuestra y atenta a las épocas de crisis ha hecho posible que las empresas pudieran adecuar sus necesidades de producción a la baja cuando les ha sido necesario, en espera de la salida de la crisis.

Aunque es cierto que la tendencia hacia la terciarización de la economía no se manifiesta únicamente en España, no se puede negar que la pérdida de tejido industrial está siendo más acusada aquí que en otros países, situándonos por debajo de la media comunitaria en cuanto a la participación de la industria en el VAB nacional (véase el gráfico de la página siguiente).

Son muchos los problemas que afectan al tejido industrial, pero existen dificultades que merman especialmente su competitividad y ante las que se hace necesario plantear un conjunto de medidas. Entre las actuaciones más prioritarias figuran las relacionadas con la regulación, la energía, la formación, la internacionalización, la financiación y el factor I+D+i.

La industria española y, en general, la europea, compiten en un mercado globalizado con otras empresas que no están sujetas a los mismos criterios normativos, ya sea en cuanto a calidad de productos, a legislación medioambiental o a seguridad, entre otros aspectos. Existe un exceso de normativa, fruto de una regulación en ocasiones inconsistente y en la que se dan numerosos solapamientos y duplicidades. Es urgente y hasta imprescindible ponerse manos a la obra, gobierne quien gobierne, y situar como deber prioritario acabar con esa desventaja competitiva que no deja a la economía española en el lugar que tendría que estar. Deberíamos ponernos plazos, marcarnos responsabilidades y trazar acciones concretas a seguir. Ya es hora de dar soluciones, y no de buenas intenciones.

La energía es, sin duda, un factor primordial para el funcionamiento y la competitividad de muchos de los sectores industriales. En los últimos años, el sector energético español ha entrado en una espiral imparable de acumulación de déficit tarifario y de costes crecientes e insostenibles, lo cual ha derivado a su vez en un sustancial incremento del coste de los distintos vectores energéticos empleados en las actividades productivas. Hemos de tener semejantes costes energéticos que nuestra competencia, y no más altos.

En lo que se refiere al ámbito laboral, en el mundo de hoy, la principal diferenciación cualitativa se refleja en el capital humano. En este sentido, la formación de los trabajadores es otro de los aspectos que deben ser mejorados. La oferta formativa actual difiere mucho de las necesidades de los sectores y de las empresas.

Por otro lado, existe una clara correlación entre las empresas globalizadas y su mantenimiento, expansión y competitividad. La actual situación de crisis económica, que provoca, entre otros efectos, una disminución de la demanda interna, hace más necesario que nunca que las empresas españolas salgan a otros mercados cada vez más competitivos. Y también es decisivo lograr que las casi 10.000 filiales extranjeras en España quieran quedarse, porque este país lo merece.

A todo ello se suman las actuales condiciones de restricción crediticia y la falta de liquidez en los mercados, que afectan tanto al acceso a los recursos financieros como a la financiación de las empresas industriales. Desde 2008 se ha producido un grave deterioro del acceso a la financiación por parte de todos los agentes a través de los mercados de capitales en el ámbito internacional. La crisis económica y la restricción de liquidez han tenido consecuencias negativas sobre nuestro sistema financiero, lo que ha derivado en la necesidad de implementar una normativa que permita capitalizar, reestructurar y sanear los balances de las entidades financieras. El desarrollo de este proceso está teniendo inevitablemente consecuencias negativas sobre las condiciones de financiación de nuestra economía. En paralelo se ha producido un aumento de la demanda de financiación derivada de los efectos de la crisis económica y financiera sobre las industrias, del elevado endeudamiento del sector privado, y del reciente aumento de las necesidades de financiación de las administraciones públicas. Es importante señalar que, en España, por la situación muy especial de nuestro mercado, ha habido una excesiva bancarización en las empresas industriales a la hora de financiar sus proyectos.

Y, finalmente, y como decíamos, se hace necesaria también la apuesta por la I+D+i como herramienta fundamental para mejorar la competitividad.

La necesidad de reindustrializar la economía empieza a ser una prioridad en muchos países de la eurozona, que están llevando a cabo ya iniciativas concretas ante la pérdida de millones de puestos de trabajo. Un claro ejemplo de ello es el caso francés, con la creación de un Ministerio de la Reindustrialización y la publicación del denominado Informe Gallois, con medidas dirigidas hacia la reducción de los costes laborales y la mejora de la balanza comercial. En la misma línea, la Comisión Europea, consciente del papel de la industria como generadora de riqueza y empleo, ha publicado recientemente una serie de medidas prioritarias que permitan garantizar que la industria vuelva a ocupar el lugar que le corresponde.

Para garantizar la competitividad de las empresas y evitar barreras al desarrollo de su actividad, resultaría fundamental trabajar en un plan estratégico industrial que garantice un entorno regulatorio estable a largo plazo, de modo que se simplifique el marco legislativo actual y se reduzcan las cargas administrativas.

A su vez, la energía constituye un componente determinante para nuestra industria. Los requisitos para lograr una política energética equilibrada no son fáciles, ya que implica alcanzar diferentes objetivos, no siempre compatibles, al menos a corto plazo. Es necesario lograr una garantía de suministro a precios competitivos y que, al mismo tiempo, sea respetuosa con el medio ambiente.

El fomento de la inversión en formación del capital humano conforma otro de los pilares básicos. Las prioridades del mundo empresarial deben ir dirigidas a conseguir una mejor formación de los trabajadores, en el convencimiento de que ésta es indispensable para lograr una mayor competitividad de las empresas y una mejora de la empleabilidad de los mismos trabajadores. Las empresas y sus organizaciones empresariales deben tener el máximo protagonismo en este aspecto, de manera que se reduzca la brecha que siempre ha existido entre la oferta formativa, su calidad y las necesidades reales de las empresas.

Asimismo es fundamental que España se sume al movimiento de la UE para la mejora de nuestra competitividad conjunta frente a los mercados exteriores. Como ya vimos en el capítulo 15, la industria española ha demostrado estar preparada para competir con solvencia en los mercados internacionales, sin embargo es necesario incrementar las cifras de exportación como una de las principales vías para superar la crisis. Para que una empresa pueda exportar e internacionalizarse es imprescindible que sea competitiva. Asimismo, la presencia de la industria española fuera de nuestras fronteras debe entenderse desde una doble vertiente: por un lado, a través de la exportación de sus productos a terceros países; y por otro, mediante la internacionalización de sus compañías, estableciendo empresas filiales en otras zonas geográficas de ámbito internacional o a través de otros modelos de implantación en el exterior.

En lo que se refiere al acceso a la financiación, la industria debe hacer un mayor esfuerzo a la hora de acudir a vías alternativas para poder llevar a cabo sus operaciones o actividades. Esto lleva consigo ampliar el conocimiento y mejorar la cultura empresarial para que esto no sea un obstáculo en la competitividad de nuestras empresas. En este sentido se debería avanzar en abordar otros tipos de fuente de financiación, como el capital riesgo, el mercado alternativo bursátil, las sociedades de garantía recíproca, el lease back, etc., así como consolidar lo ya avanzado en cuanto a morosidad, para evitar que vuelva a surgir esta problemática en el futuro.

Donde sí que hay un claro consenso es en la necesidad de mejorar la competitividad de la industria por medio de productos y procesos de alto valor añadido. De hecho, según datos de Eurostat, los principales motores para el crecimiento industrial se encuentran en la industria de alta y media-alta tecnología.

A continuación, en el siguiente gráfico, se muestra el índice de producción total de la industria para la Unión Europea de los 27 (UE-27) en relación con los principales grupos tecnológicos.

Los cuatro grupos tecnológicos se definen sobre la base de la intensidad de I+D de la actividad económica, es decir, los gastos de I+D en relación con el valor añadido. Se observa que el comportamiento de las industrias de alta tecnología fue más favorable, detectándose, asimismo, que la caída durante la crisis fue menos pronunciada y la recuperación más rápida que en el resto.

Las pequeñas y, especialmente, las medianas empresas industriales españolas tienen un enorme potencial de crecimiento en productos de valor medio y también medio-alto. Ahí, sin duda, hay grandes oportunidades de futuro.

19

Política y destrucción masiva

Aquí en España, como en cualquier país serio y desarrollado, no podemos hacer nada sin la política y, en consecuencia, sin los políticos. Es a ellos (y a sus políticas) a quienes escogemos cada ciertos años, y son ellos quienes deben hacer los cambios, las reformas, las transformaciones de la sociedad mirando, con un ojo, a la propia sociedad en su conjunto y a su futuro y, con el otro, a sus votantes y sus intereses, así como a sus propios intereses como políticos que quieren volver a salir elegidos. Es una relación cliente-proveedor muy especial, pues el afán de servicio no tiene precio.

No podemos hacer nada serio sin la política y sin los políticos. Podemos hacer plataformas, asambleas, cónclaves, movimientos de todo tipo y manera —algunos de ellos perfectamente entendibles, e incluso normales, ya que se promueven en defensa de tal o cual objetivo—, pero no debemos de perder de vista cierto pragmatismo. Vistas de manera parcial y una por una, las acciones paralelas a la política parecen lógicas; sin embargo, contempladas en su conjunto, parece razonable pensar que tienen que establecer prioridades y hacer una valoración de sus posibilidades, esto es, se precisan acciones realistas y pragmáticas, por duras que éstas sean. Nada es gratis en este mundo, el dinero no es inagotable, y deben marcarse prioridades por orden de importancia, aunque eso conduzca a veces a dejar en segundo término, o hasta a negar, ciertos objetivos que algunos entienden como imprescindibles.

En este sentido, parece ejemplar ahora el tema de la dación en pago de deudas hipotecarias, porque las circunstancias han cambiado, aunque muy pocos la habían reclamado hace diez o veinte años, a pesar de que sí existe desde hace tiempo en algunos países, con sus ventajas e inconvenientes. Resulta que tenemos una ley hipotecaria desde hace muchos años y ningún partido político ni ningún grupo social hizo en el pasado lo suficiente para persuadir al poder legislativo de cambiarla, porque la realidad era otra. Años atrás, con millones de hipotecas en marcha, y algún año con casi 2 millones de préstamos para vivienda concedidos, se vivía en pleno auge de la venta de viviendas, y con un índice de morosidad por debajo del 1 por ciento; por entonces, nadie, repito, nadie atisbaba la problemática actual. El incremento de los precios de la vivienda, la continua creación de empleo y, por tanto, de dinero para pagar la hipoteca hacían que el círculo fuera prácticamente virtuoso.

Sólo ahora, cuando las condiciones han cambiado violentamente, empieza a aflorar la problemática en toda su crudeza. Y está claro que la situación puede arreglarse, que pueden crearse nuevas reglas del juego y tratar de solucionar situaciones pasadas en las que se hayan podido fijar condiciones cuya legalidad deba rectificarse, bien por ser incorrectas o bien por haberse acordado de manera potencialmente abusiva al amparo de la buena fe de las partes. Pero no debemos olvidar que las leyes están para cumplirlas y que quien firme algo debe ser responsable de sus actos, especialmente en un tema como es la compra de la vivienda, que en España se viene materializando con la legislación actual desde hace muchísimos años, una legislación que plasma que la garantía hipotecaria va, primero, con el propio activo y, segundo, con los bienes del deudor o de los posibles avalistas.

Bien es cierto que puede cambiarse esta ley, y hacerlo de acuerdo, por ejemplo, a la legislación de Estados Unidos —sólo en una docena de Estados—, donde la hipoteca queda garantizada con el propio bien y punto. No hay otra garantía. De ahí que, cuando el precio del bien baja descaradamente, el tomador de dicha hipoteca tiene una capacidad de movimiento superior. Sin embargo, también es cierto que los tipos de interés suben con menos garantías pues hay más riesgo para el sistema financiero, pero tal como han estado y todavía están los tipos de interés, ése no es el problema.

Recuerdo el ejemplo de un buen amigo mío, con casa en Coral Gables (Miami), al cual le habían concedido una hipoteca por 1,5 millones de dólares y que en tres años había pagado ya casi 200.000 dólares. Con la crisis, los precios iban bajando, y una casa igual que la suya, situada justo enfrente, se vendía por poco más de un millón de dólares. Ni corto ni perezoso, canceló la vieja hipoteca, aun perdiendo lo que había ido pagando, y abrió otra hipoteca para comprar la nueva casa, pero partiendo de un millón de dólares con el consiguiente ahorro o beneficio, depende de cómo queramos llamarle. Ésas son las reglas del juego en Estados Unidos, y él aplicó la legalidad en su propio beneficio.

Aquí, en España, podemos, y quizá debamos, cambiar las reglas del juego; lo acabamos de hacer sin consenso, pero asumiendo responsabilidades compartidas tanto de quienes toman una hipoteca, quienes la valoran, quienes la conceden y quienes supervisan a quienes la conceden. Todo ello con el seguimiento del legislativo y del ejecutivo de lo que está pasando. En este país, la alegría crediticia hizo que, durante muchos trimestres, los créditos en general, y especialmente en el campo de la promoción, estuvieran por encima del 20 e incluso del 25 por ciento del valor de tasación del inmueble. Y todo eso explotó, porque no tenía razón de ser; pero todos los agentes involucrados, con pequeñísimas excepciones, siguieron jugando, por decirlo de alguna manera, hasta el final.

Algo parecido, aunque diferente, puede decirse sobre las acciones preferentes, instrumentos financieros con final feliz siempre que la economía vaya bien. Las preguntas son: ¿por qué tantos ahorradores que contrataron preferentes no siguieron con sus imposiciones a plazo fijo?, ¿tal vez por la mala fe de quienes les insinuaron el cambio?; ¿qué ganaban quienes les insinuaron el cambio si las cosas iba a ir mal?; ¿no hubo algo de codicia en los preferentistas, que vieron que podían ganar un par de puntos más con su dinero?; ¿estaban todos convencidos de que ésa era la mejor opción y de que el riesgo era inapreciable? Por supuesto, habrá algunos que puedan haber sido engañados. Pero hay que tomarse muy en serio lo que se firma y sus consecuencias.

La realidad económica ha sido otra desde 2008, y de la casi seguridad de ganar más se ha pasado a registrar cuantiosas pérdidas en miles y miles de preferentistas, que ahora se quejan. Y algunos reclaman con razón, pero otros muchos apostaron por entrar en el sinuoso mercado financiero, tremendamente complejo, sabiendo bien que a veces se gana y otras se pierde. ¿Qué deben decir los que compraron determinados valores a 17 euros la acción y ahora vale 11 euros? ¿A dónde deben ir a quejarse de tan mala inversión? Para eso existen los mercados de seguros, donde arriesgas hasta un determinado punto y el resto, precisamente, lo aseguras con un coste adicional.

Desgraciadamente, el comportamiento de la economía ha sido el que ha sido, el signo alcista se ha visto quebrado casi de golpe, las inercias positivas se han quebrado y las inversiones que antes resultaron buenas ahora se han transformado en muy negativas. Pero no vayamos a buscar responsabilidades de ello sólo en algunas personas, empresas o entidades, sino en todos nosotros, y especialmente en quienes con su firma han hecho realidad, sin presiones de ningún tipo, un contrato. Otra cosa bien distinta —y seguro que hay casos, no sé si muchos miles— es cuando a personas mayores y con pocas luces financieras, por pura confianza, inercia o lo que sea se les ha dirigido hacia un destino al cual nunca debieron llegar. Cambiar las leyes, simplificarlas, hacerlas inteligibles, con mucha letra grande y poca letra pequeña, debería ser uno de los principales deberes del poder legislativo, ya que todo da lugar a interpretaciones, llegando a darse la circunstancia de que, con la misma legislación, unos dicen blanco y otros negro. Algo no funciona en la elaboración y redacción de las leyes. A buen seguro, la propia dinámica y las prisas en la redacción dan sinuosos resultados. Hay demasiadas opiniones respecto a las leyes, pareceres para todos los gustos. No deberían existir opiniones, sino seguridades, y para esto las leyes deben ser simples, concretas, seguras y no interpretables. Ése es un elemento vital para la competitividad económica y social de este país, pero también lo es conseguir una mínima rapidez en la ejecución de las leyes. Una justicia lenta es injusta. La justicia es una de las claves de la competitividad y el prestigio de un país.

Digamos lo que digamos, los cambios, las transformaciones, las pequeñas revoluciones en cualquier país vienen de la sociedad y a través de los políticos. Los procesos asamblearios, las manifestaciones o cualquier otro movimiento, por loable que sea, están muy bien, pero sólo son actos parciales. Cualquier cambio consistente debe venir de la política, de la representación democrática elegida en las urnas. ¿Puede ésta mejorarse? Sin duda. ¿Pueden modernizarse los partidos políticos, abrir sus estructuras, consultar más a las bases? Por supuesto que pueden también, pero no olvidemos que al final del proceso están los ciudadanos que votan, y son ellos quienes deben decidir en un sentido u otro, incluso por delante de los partidos, y, especialmente, en la hora actual, cuando las tecnologías están al alcance de la mano casi para toda la población. Las tecnologías actuales no sólo permiten hacer llegar todo tipo de mensajes de manera muy fácil, sino también evaluar respuestas y promover propuestas; siempre teniendo en cuenta que algunos ciudadanos quieren estar muy informados y ser muy participativos (y tienen sus razones), otros ni sí ni no y otros muchos, muy muchos, prefieren no saber casi nada, y también están en su derecho.

La sociedad en su conjunto y los empresarios en particular debemos ayudar, influir y explicar nuestros puntos de vista sobre muchos temas (aunque quizá sea parcialmente, desde nuestra óptica del mundo de la empresa), pero quienes deben jugársela son sólo los políticos. Así son las cosas. Si lo hacen bien, diremos que lo hemos hecho entre todos, y si lo hacen mal se quedarán solos. Algo de esto está pasando en la actualidad, cuando todos los males se ciernen sobre la clase política, algo, a mi modesto entender, injusto, ya que nace de análisis poco objetivos y demasiado improvisados.

Que ha habido escándalos (o todavía supuestos escándalos) respecto a ciertos políticos españoles…, pues se juzgan rápidamente, se cortan y se sentencian, al tiempo que se arreglan todos los posibles errores de construcción y desarrollo interno de los partidos afectados. No voy a citar ejemplos en otros países, pues eso sería de otro libro, pero los hay, los ha habido y los habrá. Debería estudiarse una manera de funcionamiento de los partidos políticos y sus miembros, a todos los niveles, que facilitara que su relación con el mundo real fuera cristalina, aun a costa de perder privacidad personal. Quien quiera dedicarse a la política por verdadera vocación deberá estar concienciado de que su fortuna personal, grande o pequeña, estará expuesta a la luz pública; y todavía más su evolución.

Son los políticos quienes deben ser portadores de los muchos cambios que deben introducirse en las sociedades actuales, que cambian a velocidad de vértigo. Es imprescindible, por tanto, dignificar la política. Todos en general debemos tener mucho más respeto por la política y los políticos, porque son necesarios; pero también es cierto que algunos, de todos los colores, son difíciles de soportar; son aquellos que siempre esgrimen el grito, el medio insulto o la salida de tono, los que exhiben un afán destructivo en lugar de constructivo y tienen como máxima erosionar y atacar al adversario, que es también un representante del pueblo. Hay demasiado poca voluntad constructiva y de colaboración entre los políticos. Al poder ejecutivo, que es quien tiene la responsabilidad de gobierno, hay que dejarle funcionar sin torpedearle su actuación diariamente. Su examen lo pasará básicamente en las siguientes elecciones. En el mundo empresarial, si en un comité de dirección, que debe de tomar decisiones, hubiera cada día un grupo alternativo interno cuya principal virtud fuera torpedear sus propósitos, la perjudicada final sería la empresa misma. Eso ocurre en la hora actual, aquí y fuera de aquí, entre el poder ejecutivo y su control por parte de la oposición. Algo habrá que inventarse para evitar los efectos tan dañinos que todo ello comporta, sin, por supuesto, obviar la necesidad de que se ejerza cierto control; pero una cosa es controlar y otra muy distinta es obstaculizar.

Cualquier traspié político, que los hay, lo multiplicamos; y cualquier acierto, lo minimizamos. Eso es un terrible error. ¿Qué pasaría si utilizáramos el mismo rasero con otras profesiones? Es cierto, hay políticos buenos, malos y regulares, pero tenemos una ventaja definitiva, que no es otra que la de disponer libremente de la posibilidad de cambiarlos en las siguientes elecciones. Así de contundente.

Algo más respecto a los políticos. Están mal, pero que muy mal pagados, y eso es un error tremendo. ¿Cómo vamos a incentivar a los mejores para ejercer la política si están mal pagados y la valoración ciudadana es muy baja? Así, las vocaciones, por potentes que sean, irán desapareciendo, y sólo quedarán o bien los utópicos, o bien los que ven en la política una profesión como cualquier otra, o bien los que ni lo uno ni lo otro. Pasaremos de la necesaria excelencia y prestigio a la pura indiferencia.

A los políticos no sólo hay que pagarles mejor, sino que, además, hay que reducirlos en número. No es lógico que un presidente de gobierno cobre unos 80.000 euros brutos al año cuando su responsabilidad es de grandísima envergadura; pero nadie, repito, nadie se atreve a plantearlo. Sea cual sea la óptica desde la que se contemple es ilógico, irreal, inconcebible. Así lo explican muchos cazatalentos, que de eso saben. Es algo que casi todo el mundo admite en privado, empezando por los mismos políticos, pero que nadie expresa en público. Pues bien, hay que romper esa barrera y llamar a las cosas por su nombre, razonándolas, explicándolas y argumentándolas, especialmente cuando son de fácil abordaje.

Y lo mismo ocurre con los altos funcionarios del Estado, que, al final, y por mucha vocación que tengan, se irán al sector privado, lo cual representaría una sensible pérdida de calidad del sector público. Y respecto a su número, seguro podría decirse también que tenemos demasiados. Analicemos esta cuestión con baremos de objetividad evaluables, no basándonos en modas pasajeras, y arreglemos el problema todo lo rápido que se pueda, porque si no se irá deteriorando.

En definitiva, necesitamos a los políticos, y la sociedad en su conjunto debe ser consciente de ello. ¿Debemos modernizar y refundar el sistema de representación, de control y de tantas otras cosas? Si la respuesta es sí, hagámoslo y dejemos a los políticos hacer su trabajo, si es posible, tranquilamente y sin agobios, pero sin dormirse. No sólo son los políticos quienes deben evolucionar, sino, paralelamente, toda la sociedad en su conjunto. Este nuevo mundo se ha hecho más exigente y transparente, pero puede ser mejor si sabemos guiarlo adecuadamente.

Las nuevas tecnologías de la información suponen un avance espectacular para la competitividad económica mundial, así como para la potenciación de la libertad también a escala mundial, pero tienen en su contra una desventaja evidente, que es la inmediatez de las opiniones, la cual va en muchas ocasiones en contra de la reflexión y del análisis tranquilo y sosegado.

El flujo de las informaciones, buenas o malas, supuestas o confirmadas, se asemeja más a una carrera de diez metros (ni siquiera de cien metros) que a una carrera de fondo. A la hora de difundir las informaciones, llegar a la meta significa anteponer el hecho de llegar antes que la competencia a poner on line las noticias, que no que éstas sean rigurosas y contrastadas, y que se hayan analizado y calibrado las consecuencias de su difusión.

Hemos pasado de la más que necesaria reflexión informativa al muchas veces improvisado, torpe y no comprobado efecto de la rapidez, y bajo esa exigencia se difunden muchas noticias que en ocasiones no lo son y en otras tienen poco de noticia y algo más de manipulación. Aunque la mayoría son ciertas y, afortunadamente, tienen la ventaja de ofrecer mucha más información de la que antes estábamos acostumbrados a disponer en tiempo real. El problema radica en quiénes administran las informaciones, ya sea a título individual —donde los riesgos los asume cada cual y las consecuencias son casi nulas en caso de error, ya sea grande o pequeño— o colectivo, empresarial u organizativo, que, en competencia con los individuales, deben correr el riesgo de aventurarse a publicar o decir cosas sin la necesaria verificación y control. Quien antes pone en circulación una información, sea buena, mala o incompleta, es quien gana la batalla de la comunicación. En caso de error, manipulación o fraude, ya sea intencionado o no, haya buena fe o no, las consecuencias son mínimas para quien se equivoca. De ahí que todos, o casi todos, salgan a la caza de la noticia o, aún mejor, del escándalo, con la escopeta cargada y disparando a diestro y siniestro, matando a todo lo que se mueva, sea con justicia o sin ella. Pero el error queda prácticamente impune.

La tiranía mediática no tiene fronteras. Primero se dispara, y el receptor, normalmente, queda herido. Después se mira si ha sido necesario el disparo, reprobable la acción, injusta la determinación o lógico el planteamiento. Las represalias por el «asesinato mediático» son nulas. El llamado «juicio del Telediario» no tiene vuelta atrás. Si aciertas, puedes ponerte una medalla; si te equivocas no hace falta pedir perdón, además de que la rectificación no está de moda. El perdón parece haber desaparecido entre las reglas de juego de esta sociedad donde algunos tienen el poder, muy pocos, y lo administran a su antojo, sin sonrojo y sin miramientos. Por supuesto, hay excepciones. Todo se hace, dicen, en favor de la libertad de expresión, la cual a menudo se convierte en auténtica tiranía, pues les da el poder a unos pocos y deja desamparados a otros muchos, que incluso llegan a temer defenderse ante la posibilidad de seguir siendo atacados.

Ésa es la cruda realidad actual. Los políticos son elegidos por el pueblo cada cuatro años, y los ciudadanos los eligen libremente en función de su trabajo. Y desgraciadamente la opinión actual ciudadana o, por lo menos eso dicen las encuestas, es bastante negativa. Sin embargo, los ciudadanos siguen votando en proporciones aceptables, el voto en blanco es testimonial y la participación no sufre grandes altibajos. Por el contrario, quienes crean opinión no sufren ningún control, ni tampoco deberían tenerlo, pero sí deberían poder ser evaluados sobre lo que dicen, pues muchas veces escriben sin argumentos, hablan lo primero que se les ocurre y no dudan en descalificar, desprestigiar o triturar a personas, iniciativas o proyectos sin ningún miramiento. Esa manera de proceder es gratis y pocas veces tienen consecuencias negativas, a pesar de que el daño causado pueda ser elevado.

Estamos asistiendo a una feroz crítica de destrucción masiva, todos contra todos y por todo. Si lo hacen los nuestros, todo es bueno. Si lo hacen los otros, es malo por definición. Tan sólo hace falta asistir a un pleno de cualquier ayuntamiento, consejo comarcal, cabildo, diputación, congreso o senado. Las iniciativas de quien gobierna son vilipendiadas por la oposición, y las propuestas de ésta no son tenidas en cuenta por el gobierno. Es un auténtico diálogo de sordos.

Por regla general, personalmente voy a estar con todos y cada uno de los gobiernos, pues quien gobierna, dirige, debe arriesgarse, dar cuentas de sus actos y, especialmente, cumplir los presupuestos. La oposición, desgraciadamente, intenta oponerse a todo, hacerle la vida imposible al gobierno y ponerle la zancadilla cuantas más veces mejor, y todo con el único objetivo de hacer saltar al gobierno por la vía rápida o, como poco, de desprestigiarlo para salir con más ventaja en la futura carrera electoral.

Es increíble que frente a cualquier tema, mayor o menor, los partidos políticos tengan enfoques diferentes y actúen de diferente manera si están en la oposición o en el gobierno. Pongamos un ejemplo importante y trascendente: las pensiones. Con el gobierno de Zapatero, y después de un intenso debate con sindicatos y patronales, se llegó a un acuerdo de sostenibilidad referido a las pensiones en 2011 en función de la situación de aquel entonces, cuando el número de afiliados a la seguridad social era más alto que el actual y los presupuestos de dicha seguridad social estaban en superávit. El gobierno se quedó prácticamente sólo en el Parlamento; la patronal y los sindicatos mayoritarios estuvimos de acuerdo.

Ahora, con el nuevo gobierno, ante planteamientos parecidos de sostenibilidad del sistema, y teniendo en cuenta la circunstancia actual, con peores números de afiliación y el sistema ya con pérdidas, la oposición en su conjunto está radicalmente en contra. Incluso, para mayor sonrojo, las mismas personas que defendían la viabilidad y la reforma del sistema por puro sentido común se han convertido ahora en sus más fieros detractores. Resulta curioso que unos argumentos parecidos a los que antes se esgrimieron para aprobar sirvan ahora para reprobar. Y lo mismo pueden decirse en el caso de los sindicatos, que desafortunadamente parecen hacer más política que preocuparse por establecer como prioridad el mantenimiento del sistema de la seguridad social y de las pensiones. La política del «no a todo», se impone sin miramientos frente a los números, los argumentos, la responsabilidad y el futuro del sistema. Es un auténtico despropósito.

Desgraciadamente, la patronal, es decir, los empresarios, nos hemos quedado solos una vez más. Con el gobierno de Zapatero defendíamos la viabilidad del sistema. Con el gobierno de Rajoy, lo mismo, teniendo además en cuenta que las circunstancias anteriores y actuales en cuanto a afiliación, superávit y déficit han variado y que, en consecuencia, el famoso ratio de sostenibilidad habrá que irlo cambiando no una sino muchas veces de cara al futuro; y esos cambios pasan por la introducción de medidas de colaboración público-privadas, de compatibilización de sistemas, de uso de métodos de ajuste y de adopción de mejoras en la gestión y el control, así como de otras particularidades nuevas que ayuden todas a hacer el sistema viable y con futuro.

Éste era un ejemplo, pero los hay de todos los colores. El grado de destrucción masiva ante cualquier iniciativa o proyecto está provocando que los políticos en ejercicio del rango vayan anestesiándose y perdiendo la valentía para afrontar unas reformas necesarias, pero que van siempre acompañadas de críticas por parte de quienes se sienten perjudicados y las atacan en defensa de sus intereses personales, que no de los de la comunidad.

Está claro que en la administración en su conjunto, así como también en la empresa privada, existen parcelas pequeñas, medianas o grandes de mala gestión, algunas veces camino del despilfarro y otras de manifiesta mejor gestión.

Cualquier cambio supone un riesgo, empezando por el riesgo político. Si no haces nada, no te equivocas. El tiempo político corre muy rápido, y las mejoras que puedan traer las reformas no se producen de manera automática ni inmediata, sino que sólo salen a la superficie a medio o largo plazo. Cuando llegan al poder, muchos políticos piensan en hacer grandes cosas, que se traducen en proyectos para hacer pequeñas o grandes reformas. Una vez instalados los políticos, muchos de los instalados ya allí, y que seguirán allí cuando desaparezca ese político, le ponen todas las trabas legales del mundo a sus proyectos, primero, vía informes vinculantes, después, de oportunidad política, y, finalmente, de inviabilidad económica. Hablamos de la tecnoestructura, que quiere seguir mandando por encima de la voluntad política y en beneficio de la propia estructura, que debe ser más fuerte, más pesada, más difícil de manejar, para así perpetuarse en el mando, independientemente de si los cambios son buenos, malos o regulares. Lo importante es mantener el poder, la gestión es algo residual y los resultados no son el fin último. Por supuesto que hay muchísimos funcionarios de primera que se sublevan frente a esta estructura, pero acaban cediendo.

Al final, el novel político, tras sus ansias iniciales de mejora, se va desinflando, acomodando e incluso acomplejando, y la iniciativa arrolladora inicial se va convirtiendo en pequeños retoques para cambiar algo, se note mucho y no se haga nada. Cuatro años pasan muy rápido, y lo que no se haya hecho al principio, a mitad o al final del mandato ya no se podrá hacer, pues las elecciones están a la vuelta de la esquina. La tecnoestructura gana; la cuenta de resultados, el país en su conjunto, pierde.

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Algunas luces de la economía española

Las sombras respecto de la economía española aparecen por doquier. En líneas generales, numerosos analistas nacionales e internacionales, bien o mal documentados, de buena fe o intencionadamente, han hablado con menos rigor del necesario sobre la economía española durante los últimos años, y ahí están las hemerotecas para demostrarlo. Vivimos en un mundo caricaturizado en el que la exageración y el desastre venden más que la alabanza.

La gran sombra de la economía española, nuestro gran lastre y foco de vulnerabilidad, es el elevado apalancamiento y, especialmente, el endeudamiento externo, que creció desde un 32 por ciento del PIB hasta un 94 por ciento del PIB entre 2000 y 2009. Los importantes déficits por cuenta corriente en los años previos a la crisis propiciaron que la necesidad de financiación externa creciera significativamente, llegando a cotas del 9,6 por ciento del PIB en 2007. En los últimos años, la deuda externa neta se ha estabilizado alrededor del 90 por ciento del PIB, siendo su reducción el mayor reto en el futuro.

Sin embargo, hay algunas luces en la economía española y en sus empresas, empezando por el hecho de que éstas han sabido adaptarse a las circunstancias y reorientar su modelo de negocio desde el mercado nacional hacia el sector exterior. En efecto, hoy estamos en un proceso de reajuste que permite situar a nuestra economía en una posición de equilibrio respecto del exterior.

Es más, las estimaciones de la Comisión Europea para los próximos años muestran un signo de fortaleza de nuestra economía, que se traduce en poder crecer sin necesidad de financiación adicional exterior y, por tanto, comenzar a reducir nuestra abultada deuda externa, lo cual supone una buena posición para iniciar la recuperación.

Igualmente, la aportación del sector exterior al crecimiento del PIB se mantendrá, como en este último período de crisis, contribuyendo positivamente en los próximos años. Se prevé que aportará entre dos y tres puntos del PIB en 2013. Esto supondría anclar el cambio de patrón de crecimiento y olvidar la evolución registrada en los años previos a la crisis, en los que el sector exterior contribuyó negativamente.

No olvidemos que una parte de la corrección del desequilibrio exterior se deriva de las menores posibilidades de consumo interno y, por tanto, de la reducción de las importaciones. No obstante, el principal componente de esta corrección se encuentra en el aumento de las exportaciones que, a su vez, sustenta la mejora de la balanza exterior. Hay que señalar que son nuestras empresas las protagonistas, ya que son ellas las que están liderando el proceso de internacionalización de la economía e impulsando el ritmo de crecimiento de las exportaciones de los últimos años.

Una prueba del buen hacer de las exportaciones españolas de bienes y servicios es el crecimiento acumulado desde 2009 hasta finales de 2012 (un 41 por ciento), superando en dinamismo a las exportaciones de países competidores como Alemania (37 por ciento), Francia (28 por ciento), Italia (34 por ciento) o Reino Unido (32 por ciento).

Es sabido que, en los períodos de dificultad, la utilización eficiente de los recursos es más necesaria que nunca. En otras palabras, esto significa atajar otra sombra de nuestra economía, que es la productividad, elevándola para limitar el impacto de la crisis y mejorar la posición respecto a los competidores.

Por ello, a lo largo de los últimos cuatro años, la productividad laboral en España ha mejorado sustancialmente, aunque en muchos casos a costa de una fuerte destrucción de empleo, creciendo a un ritmo anual de entre el 2 y el 3 por ciento, frente al aumento anual de la productividad española situado en torno al 0 por ciento entre 2000 y 2007. Además, esta evolución contrasta con la senda registrada en la zona del euro, que ha sido más negativa en el período de crisis que en los años anteriores. Dicha tendencia ha permitido registrar ganancias significativas de competitividad de la economía española.

Muy ligada a la cuestión anterior se encuentra también la moderación salarial que se está produciendo en la economía española y que ha permitido recuperar gran parte de la competitividad perdida durante la etapa de expansión.

El Banco Central Europeo elabora un indicador para medir la competitividad en la eurozona, basado en la evolución de los costes laborales unitarios. Dicho indicador refleja un claro deterioro de la competitividad española, desde 2000 hasta finales de 2007, frente al conjunto de la zona del euro, y particularmente respecto a Alemania. Desde esta fecha, la evolución de la competitividad española ha mejorado rápida y sustancialmente, situándose en umbrales cercanos a la media de la zona del euro.

Otro de los puntos fuertes de la economía española es el elevado aumento de la inversión pública y privada en los últimos años, lo que también sienta las bases para un mayor crecimiento en el futuro.

La inversión pública española, expresada en porcentaje del PIB, ha sido muy destacada, con un peso del 3,5 por ciento entre 2000 y 2012, frente a la media europea, que se ha situado en el 2,5 por ciento del PIB en el mismo período. Además, entre 2000 y 2007, el crecimiento medio anual se situó en el 10,4 por ciento, muy por encima del crecimiento medio de Francia (5,6 por ciento), Italia (5,1 por ciento) y, sobre todo, de Alemania, donde el crecimiento fue negativo (–0,9 por ciento).

Esta evolución permite a España estar bien situada en el ámbito de las infraestructuras cuando se analizan los factores que más impulsan la competitividad de un país. Para llevar a cabo esta labor de mejora del stock de inversión pública ha sido esencial la adecuada gestión de los recursos procedentes de fondos comunitarios, así como la utilización de los excedentes públicos en los años de expansión, que, todo hay que decirlo, son en momentos de superávits presupuestarios con excesiva liquidez.

Asimismo, la inversión productiva fue muy elevada en las fases expansivas de la economía española, convirtiéndose en el componente más dinámico de la demanda. Este dinamismo respondió a un conjunto de factores, entre los que se encuentran el saneamiento empresarial, los elevados niveles de rentabilidad, los reducidos niveles de los tipos de interés y la abundancia de la financiación disponible, así como la expansión internacional de buena parte de las empresas.

El esfuerzo inversor de nuestras empresas ha sido mayor que en otros países avanzados. El crecimiento medio, entre 2000 y 2008, alcanzó el 10,9 por ciento, frente a una media del 4,9 por ciento en los países de la zona del euro. Sin duda, este esfuerzo también contribuyó a mejorar la competitividad de las empresas españolas.

Adicionalmente, el creciente flujo de inversiones directas ha ayudado al crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial español, permitiendo financiar procesos de modernización, internacionalización o expansión.

Desde el punto de vista de la entrada de flujos de inversión directa, hay que destacar el hito que supuso nuestra incorporación a la Unión Económica y Monetaria, lo cual incentivó a los inversores extranjeros a elegir a España como destino de sus recursos. Desde 1999, el promedio de flujos de entrada de inversión extranjera directa supera los 25.000 millones de euros anuales. Además, la procedencia de dichos flujos de inversión productiva garantiza un alto grado de estabilidad, ya que provienen en un 80 por ciento de los países de la Unión Europea y en un 8 por ciento de Estados Unidos. En 2011, España mantuvo el decimoquinto puesto del mundo en el flujo de inversión extranjera directa recibida, que se recuperó con respecto al año anterior. Además, nuestra economía, aunque cedió dos puestos (a China y a Brasil), todavía se encuentra entre los países con mayor atractivo para invertir, siendo la novena en cuanto al stock de inversión extranjera acumulada.

El flujo de inversión extranjera, a pesar de la fuerte contracción de 2012, cuando se redujo hasta los 18.403 millones de euros (desde los 29.723 millones de euros de 2011), muestra que nuestra economía todavía es capaz de atraer inversiones importantes y registrar niveles superiores a los años previos a la crisis. Destacaron las inversiones en la industria manufacturera, las actividades financieras y de seguros, el sector energético y el comercio al por mayor y por menor.

En cuanto a los flujos de inversión de salida, las empresas españolas tuvieron un papel relevante en la escena internacional, en un primer momento, desde la entrada en la zona del euro y, posteriormente, en los años de mayor expansión y crecimiento económico. Las inversión media anual de España en el exterior en el período 1999-2012, ascendieron a 47.425 millones de euros, destacando el año 2007, cuando alcanzó los 112.071 millones de euros (cifra equivalente al 10,6 por ciento del PIB de ese año).

Estas inversiones, que se han reducido desde el inicio de la crisis, han permitido a muchas empresas españolas generar un importante volumen de negocio en el exterior y, de esta manera, compensar la pérdida de beneficios obtenidos en España en los últimos años.

Además, este incremento espectacular de la presencia inversora de nuestras empresas en el exterior es un aspecto sin el que no se podría entender el proceso de internacionalización de nuestra economía. Hemos de señalar que, en poco más de diez años, el stock acumulado de inversiones se ha incrementado desde el 22,3 por ciento del PIB, en 2000, hasta el 46,2 por ciento del PIB, en 2011. Aunque nuestra inversión acumulada en el exterior se mantenga estable, nuestro país ha tenido que ceder un puesto a Canadá, para situarse como el undécimo en la relación de países emisores de inversión extranjera.

El destino de nuestras inversiones productivas se centró, en un 55 por ciento, en el resto de los países de la Unión Europea, mientras que el 25 por ciento de las mismas se dirigieron hacia Latinoamérica (donde las empresas españolas tienen un peso predominante) y el 11 por ciento del total hacia América del Norte. En dichas inversiones existe un alto grado de concentración en los sectores relacionados con los ámbitos financiero, de telecomunicaciones y energético, siendo también numerosas las inversiones de menor importe por parte de empresas de otros sectores de la economía española.

En 2012 las transacciones de las inversiones españolas en el exterior se redujeron con respecto a 2011 hasta los 10.997 millones de euros. Este período estuvo marcado por un fuerte desinversión y el traslado de empresas de tenencia de valores al exterior.

En cuanto a la naturaleza de las inversiones realizadas en 2012, cuatro sectores concentran el 70 por ciento de la inversión española en el exterior, siendo éstos el comercio (20,9 por ciento), la industria manufacturera (17,7 por ciento), el sector de la información y la comunicación (17,2 por ciento) y las actividades financieras (13,9 por ciento). Latinoamérica y la Unión Europea siguen absorbiendo una parte significativa de nuestros flujos de inversión.

El principal resultado de este proceso de inversión y de apertura al exterior ha sido la creación de un tejido empresarial bien posicionado en la escena internacional, lo que ha permitido a un grupo importante de empresas españolas situarse en la vanguardia de sus respectivos sectores.

Llegados a este punto, quiero hacer mención de algunos buenos ejemplos, entre los muchos que existen, de la dimensión internacional alcanzada por algunos grupos empresariales españoles que son líderes en sus distintos ámbitos de actividad.

En el sector de las infraestructuras, las empresas españolas desempeñan un papel muy relevante a escala internacional. España cuenta con las cuatro mayores empresas concesionarias de infraestructuras del mundo. Es más, siete empresas españolas construyen o gestionan el 40 por ciento de las principales concesiones de transporte en todo el mundo. Asimismo, las empresas españolas lideran obras destacadas, como la ampliación del canal de Panamá.

En cuanto al sector aeroportuario, destacan empresas que poseen los sistemas de desarrollo e implantación que gestionan un tercio del tráfico aéreo mundial, que controlan todo el espacio aéreo alemán o que gestionan el aeropuerto con mayor tráfico internacional del mundo (Heathrow, en Londres).

Las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad constituyen otro sector en el que somos todo un ejemplo para el resto de países avanzados, ya que contamos con 2.276 kilómetros de alta velocidad. Es decir, el 32 por ciento de las líneas en Europa y el 20 por ciento de las líneas del mundo (si excluimos la red china, que asciende a 9.356 kilómetros). Además, el desarrollo del modelo de la Alta Velocidad Española (AVE) permite a sus empresas llevar a cabo proyectos internacionales como las líneas de alta velocidad La Meca-Medina (la más importante en el mundo árabe) y Estambul-Ankara.

En la segunda mitad de los años noventa se creó un sector de las telecomunicaciones sólido, competitivo y pujante gracias al proceso de privatizaciones y liberalización del mercado de las telecomunicaciones. El resultado de todo ello es, que en la hora actual, España puede presumir de contar con la primera operadora internacional integrada del mundo por número de clientes.

Paralelamente, el avance de las tecnologías ha permitido que España se posicionara de manera destacada en otros sectores. Nuestro país se ha convertido en líder mundial en el desarrollo e implantación de tecnologías de identificación electrónica y soluciones biométricas, así como en la provisión de tecnologías para la industria de viajes líderes en el mundo.

Hablando de tecnologías medioambientales, España es el primer productor de agua desalada en Europa y América, gracias a sus empresas líderes en este campo. En concreto, siete de las veinte mayores empresas de desalinización son españolas, las cuales han construido la primera desalinizadora de Reino Unido y la mayor planta de Estados Unidos.

Además, contamos con la primera empresa del mundo en energías renovables y la mayor constructora de parques eólicos. Asimismo, tenemos la mayor capacidad mundial instalada en energía solar térmica y la tercera mayor potencia instalada en Europa (y cuarta a escala mundial) de energía termoeléctrica.

Otro de los sectores que destaca en España es la fabricación de medios de locomoción. Por ejemplo, nuestro país es el segundo de Europa y el noveno del mundo en la fabricación de vehículos. Asimismo, a escala mundial, es el segundo país en la fabricación de aviones militares de transporte, de reabastecimiento en vuelo y de misión.

Es cierto que quizá me he referido más a las luces que a las sombras. Sin embargo, creo que a lo largo de los capítulos anteriores he hecho referencia a nuestras debilidades, como son las ineficiencias del sector público, la rigidez del mercado laboral o una legislación prolija, dispersa y llena de duplicidades.

Junto con estas sombras estructurales que hemos analizados, no podemos olvidar la existencia de un panorama difícil en la coyuntura económica de la mayoría de los sectores en cuanto al mercado interno. Por ejemplo, el sector turístico detecta un empeoramiento de la actividad debido a la caída de la demanda interna, que es insuficientemente compensada por el turismo extranjero. En el de la construcción no dejan de llegar malas noticias, y las inversiones en infraestructuras están en los niveles mínimos de 1985, ya que esta partida ha concentrado una gran parte de los ajustes presupuestarios. El sector de consultoría espera caídas a corto plazo. El sector bancario advierte de la poca demanda de crédito solvente y la dificultad de que ello cambie a corto plazo. La industria farmacéutica, que sufre el negativo impacto de una creciente morosidad pública, prevé un descenso de la actividad de casi dos dígitos.

España no es sólo lo que casi 60 millones de turistas piensan que es y vienen cada año a buscar, e incluso repiten; esto es, playa, folclore, siesta, buena comida, fascinantes parajes, buena gente, ambiente amable, etc. Nuestro país es todo eso y mucho más, porque el esfuerzo económico de las últimas décadas y la mejora colectiva han sido espectaculares.

Hasta hace muy pocos años, afuera se hablaba del «milagro español», así que ahora no podemos estar en el infierno económico. No, no es así, a pesar de que ciertos datos macroeconómicos encierren algunas respuestas difíciles de hacer comprender a la gente. Nadie entiende que podamos tener 5 o 6 millones de parados y no se haya producido una explosión social, y tampoco entiende nadie que hayan podido venir desde fuera, en una sola década, unos 6 millones de personas con intención de trabajar en ocupaciones que en principio no han querido los nativos de nuestro país. Es algo más que curioso, pero entraña muchas preguntas sociológicas acompañadas de errores estadísticos, matemáticos o de cualquier índole.

No recordamos, ni recuerdan afuera, que hace bien poco, en 2007, éramos el octavo país del mundo en términos de PIB, aunque luego hemos sido superados por algunos países y nos hemos situado en el puesto decimotercero. Hemos perdido puestos, como era lógico, pero seguimos estando en una posición privilegiada. No somos un país de segunda. Estamos más cerca de la primera que de la tercera división.

En ámbitos como el artístico, el social, el deportivo y otros, las españolas y los españoles triunfan cada día. La cocina española triunfa espectacularmente en el mundo. El fenómeno conseguido por el genio de Ferran Adrià con su restaurante El Bulli (ahora en proceso de convertirse en una fundación para el estudio de la cocina con mayúsculas) es respetado a escala mundial. Y Adrià no está solo; lo suyo no es un golpe de suerte. También están los hermanos Roca, Juan Mari y Elena Arzak y tantos otros, afortunadamente. En el ámbito gastronómico se ha conseguido tener una industria en desarrollo, con iniciativa, creatividad y futuro. Y eso no es fruto de la suerte, sino del trabajo de todos los días (y de todas las noches, cuando también trabajan los restaurantes).

En el deporte, ya no es una excepción ver a los españoles al frente de sus especialidades, sino la norma. Ése es también un gran cambio que demuestra la evolución positiva de nuestro país. Antes teníamos sólo a Santana, en el tenis. Ahora, además de ese gran tenista a escala mundial que es Rafael Nadal (uno de los mejores de todas las épocas), hay por lo menos media docena más que están a un nivel parecido. Y lo mismo en automovilismo, con Fernando Alonso; en baloncesto, con una selección campeona del mundo; en motociclismo, monopolizando los triunfos y eclipsando al resto de los participantes; en fútbol, batiendo marcas de todo tipo. Y así sucesivamente en tantos otros deportes. En eso hay algo más que suerte y medios. En los últimos años, nuestro país ha subido muchos escalones y ha hecho posible que florezcan estos nuevos «genios» de los deportes, y digo genios porque el deporte no es sólo algo profesional, sino también cultural. Un país en progreso es capaz de generar buenos y hasta extraordinarios deportistas.

También en el cine, nuestros actores y directores triunfan en el mundo. Y algo parecido ocurre en el campo de la música y la pintura.

En el campo editorial, el español sigue potenciándose en el mundo. Somos más de 500 millones de personas en el mundo que hablamos español, y nuestra lengua escala posiciones aceleradamente en Estados Unidos, la primera gran potencia económica mundial. España es la puerta de entrada a Latinoamérica, así como también la puerta de entrada a Europa para los propios latinoamericanos. Saber español supone unas décimas más de competitividad a escala global.

Hay más luces que sombras en la economía española, y, cuanto más atrás en el tiempo nos trasladamos para analizar esto, más claro se ve. También es cierto que en los últimos años hemos perdido posiciones, y que ha habido errores de bulto, conocidos por todos, pero que van paulatinamente, pero sin pausa, corrigiéndose en el sector privado. Las grandes empresas españolas vuelven a financiarse en el exterior sin demasiados problemas, al igual que el Tesoro, aunque a tipos de interés todavía demasiado alejados de los alemanes. Los inversores extranjeros empiezan a analizar correctamente nuestros números macroeconómicos y la fluidez en el crédito hará que otra vez, ahora sin exageraciones ni glotonería crediticia, las cosas vayan por donde siempre deberían haber ido, esto es, logrando financiación suficiente para proyectos solventes, con riesgos lógicos y compartidos.

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El futuro se llama reformas

España no sólo vive una crisis económica derivada de la crisis financiera internacional nacida en Estados Unidos. Europa y, especialmente, los grandes países europeos de la zona del euro atraviesan grandes dificultades para crecer adecuadamente, crear el suficiente empleo, no caer en déficits crónicos y mantener su estado del bienestar. Mientras que el mundo va a una velocidad, Europa va a otra, más lenta y más dubitativa, como recreándose en su antiguo poderío, del que todavía puede sentirse orgullosa, sí, pero sin que ello le impida afrontar su futuro con auténtica iniciativa creadora.

Europa está en una auténtica encrucijada y debe resolver de una vez por todas sus interrogantes, particularmente políticos, que lo son por falta de decisión. No podemos seguir con dudas ni dando dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Debemos apostar por la unión monetaria, bancaria, fiscal y, finalmente, política. Ésa es la opción, sin ninguna duda y por difícil que parezca.

No debemos seguir recreándonos en términos estériles cuando son mal utilizados, como austeridad y solidaridad. Ambos son parte de la genética europea, y más todavía lo son la competitividad, el trabajo, el esfuerzo, la innovación…, el querer ser líderes en el mundo. Europa no puede vivir por encima de sus posibilidades reales, y para ello debe reestructurarse, reformarse y readaptarse a las nuevas circunstancias. Hay que hacer todas las reformas necesarias, desde la fiscal hasta la laboral, pasando por la financiera y tantas otras, antes de que nos las impongan desde fuera de nuestras fronteras por la simple obligación de adaptarse a los nuevos tiempos.

Solo Alemania, después de su añorada reunificación y con un coste social extraordinario, ha sido capaz de hacer reformas que están funcionando a corto plazo, dividiendo el mercado laboral en dos grandes grupos; y ya veremos cuáles son las consecuencias si no son capaces de que haya una auténtica convergencia. Su capacidad exportadora ha salvado la caída de su mercado interno, pero su auténtica joya son sus medianas y grandes empresas, apoyadas en una eficiente formación profesional y universitaria que hace de los productos alemanes (los nuevos e innovadores y los de siempre) la principal estrella de la economía alemana.

Francia, siempre en comparación con Alemania, ha perdido la batalla económica, se mire desde donde se mire y atendiendo a las variables que se quiera, ya sea su porcentaje de exportaciones respecto al total mundial, sus inversiones, su creación de empleo o su propio mantenimiento del estado del bienestar; Francia está agobiada por unos gastos cada vez mayores, una presión fiscal insufrible para empresas y ciudadanos y una caída de su importancia económica en el mundo. Algunos le llaman a eso la «negación» francesa, es decir, no querer ver los muchos problemas existentes y la necesidad de reformas en profundidad para regenerar especialmente su economía y su competitividad.

Algo parecido podría decirse de Italia, donde la política complaciente de las últimas décadas ha hecho imposible reformar el Estado y su coste. Ya no vale la famosa leyenda italiana que decía, y con razón, que mientras la política no molestara demasiado, la economía privada seguía funcionando. Italia ha llegado a un punto en que la política fagocita e impide el buen desarrollo de la economía, sobre la que ejerce un efecto destructivo, ya que imposibilita llevar a cabo unas reformas que deben ser profundas para devolver competitividad a su economía. La complicación administrativa es agobiante en Italia.

Curiosamente, en los grandes países de la zona del euro estamos hablando tanto de crisis económica como de crisis institucional. No hay país que no se salve de algún escándalo de cualquier índole. El canciller Kohl tuvo que dimitir por la financiación de su partido. Algo parecido aunque distinto le ocurrió al antiguo presidente de la República Federal. En Francia, los últimos presidentes de la República han pasado por los juzgados imputados por corrupción; y ni qué decir tiene que Italia también es un ejemplo desagradable de todo ello. En España no nos podíamos quedar atrás, desgraciadamente.

Paralelamente están apareciendo nuevos partidos con nuevas propuestas, algunas impregnadas de populismo barato e incluso a la contra de la política normal. Toda la sociedad europea en su conjunto (con diferencias, pero relativas) se encuentra sorprendida, desengañada, preocupada e incluso asustada, con todos los matices que queramos. Muchos piensan que las próximas décadas que nos tocará vivir serán peores que las actuales, y que nuestros nietos vivirán peor aún que sus padres. Ésa es la gran preocupación, y también la gran decepción.

De la misma forma que Europa, y especialmente sus grandes países, vive una crisis institucional y política que se suma a la económica, España también la vive, aunque es difícil decir si es mayor, peor o más profunda. Está claro que la vivimos, y con la desgracia añadida de que, en un momento dado, durante la transición política, desde mediados de los setenta hasta mediados de la primera década de este siglo, parecía que todo funcionaba aceptablemente.

Pero esto no ha llegado en un cerrar de ojos, pues los problemas se venían incubando y no se han ido resolviendo; el edificio creado en la transición se nos ha resquebrajado y no funciona, es demasiado complejo, difícil y, además, curiosamente, caro.

Construimos un Estado de las autonomías para solucionar un problema territorial, y treinta y cinco años después nos encontramos con un problema de gestión y financiación territorial difícil de resolver. No se puede dar marcha atrás, pero tampoco se puede seguir así, aunque vaya a ser difícil y hasta muy difícil encontrar los suficientes consensos para el cambio. Habrá que intentarlo y habrá que conseguirlo.

Tenemos también grandes problemas en las tres patas del poder: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Su politización es excesiva, y su independencia, cuestionada. La asfixia política imposibilita su normal funcionamiento, lo que provoca altos costes colaterales nada desdeñables.

Hemos creado multitud de organismos de difícil comprensión y lógica en cuanto a su validez; organismos duplicados e incluso triplicados. Pero ¿quién será el político valiente que quiera dar marcha atrás a riesgo de perder las próximas elecciones? Por exceso o, mejor dicho, incorrecta utilización, tenemos un Senado que en vez de ser una cámara de las autonomías para buscar sinergias es una simple cámara de segunda lectura, pero que nada tiene de decisoria, porque cualquier cambio vuelve al Congreso haciendo su trabajo bastante poco útil. Pero si de inutilidades hablamos, la más flagrante en el ámbito europeo es tener dos parlamentos, uno en Bruselas y otro en Estrasburgo; y aunque sea uno sólo, curiosamente nadie se pregunta por el coste o la utilidad de esta duplicidad, algo realmente incomprensible. Son tantos y tantos los ejemplos de despilfarro que parece increíble su existencia misma.

La restauración de la monarquía en España ha sido un gran logro para la sociedad española de los últimos años. Uno se da cuenta de ello, a ciencia cierta, cuando viaja fuera y comprueba el prestigio que la monarquía española tiene en muchos países. Son muchos los amigos que el país ha hecho en el mundo gracias especialmente a un monarca singular que ha tenido infinidad de aciertos, y también algún error, como es normal y lógico en cualquier ser humano, pero que ha sabido construir un eficiente entramado de pueblos amigos donde no sólo lo admiran y lo respetan, sino que lo quieren, especialmente en Latinoamérica. Sólo los que hemos viajado con él y con el resto de la familia real, desde la reina hasta los príncipes, podemos dar fe de la gran labor que la casa real hace para España, los españoles y, concretamente, las empresas españolas fuera de nuestras fronteras. Probablemente sea la prudencia lo que obliga a no desvelar los muchos apoyos que la casa real ha ofrecido a numerosas empresas españolas en el mundo. Aunque, en estos momentos, quizá sería bueno que se hablara de esa labor para que el ciudadano de a pie pudiera entender y agradecer la fructífera labor que la casa real, empezando por el rey, hace en el mundo, una labor discreta, pero de eficacia contrastada.

Hemos entrado en una época guiada por la transparencia, la gobernanza y la evaluación de todo y todos. Sería bueno poner en el haber lo mucho que hacen con sus continuos viajes por el mundo el rey, la reina y los príncipes. Ellos son los mejores embajadores españoles en el mundo. No obstante, es coherente que se controlen los gastos de la casa real española, aun así muy inferiores al de otras monarquías (al menos de Europa) y otras instituciones equivalentes como las de las repúblicas francesa o italiana, ambas con gastos importantísimos para sus presidentes, ya que creen que deben tenerlos y son una buena inversión para sus países.

En el ámbito teórico, cualquiera puede estar a favor o en contra de las monarquías, de aquí y de fuera de aquí. Lo que nadie puede dejar de admitir, desde el punto de vista práctico, es que nuestra monarquía ha prestado una grandísima ayuda a la hora de orquestar consensos en una sociedad, como la española, siempre dispuesta, históricamente por desgracia, al conflicto y a la pelea. Una institución como la monarquía, con un haber tan favorable en las últimas décadas, es imprescindible en la nueva era que nos ha llegado ya llena de peligros e incertidumbres. Tener un último eslabón para poner tranquilidad, consenso y calma, y atenuar las posibles exageraciones no sólo es bueno, sino necesario. Eso sí, con todos los cambios que creamos oportunos para adecuar la monarquía a los nuevos tiempos, con la ventaja de tener una sucesión preparada cuando tenga que ser y con la ventaja de tener en esa posición a un futuro rey con toda la preparación que tiene y una infinita experiencia acumulada, y, como de economía hablamos, con un coste más que anecdótico en base a su eficacia.

Algunos analistas indocumentados, políticos de poca monta y charlatanes que tienen opinión para todo todavía no se creen la problemática en la que España (y también Italia) estuvo inmersa en mayo de 2010 y, posteriormente, desde verano del 2011 hasta finales del 2012, cuando la prima de riesgo se disparó algo más de lo aconsejable y soportable financieramente, y estuvimos demasiado cerca del precipicio.

La prima de riesgo española es la diferencia entre las rentabilidades de los bonos alemán y español a diez años. Es un índice de confianza. Esa confianza fue total desde el inicio de este siglo hasta 2008, y la prima de riesgo fue casi cero. Posteriormente, subió hasta los 200 puntos y ahí se mantuvo hasta julio de 2012, momento en que se descontroló hasta los 638 puntos, bajando de nuevo en abril del 2013 por debajo de los 300 puntos, aunque aún deberá volver a diferencias inapreciables para no segmentar una correcta unión monetaria.

Teniendo en cuenta que el endeudamiento total español respecto al PIB será, al final del 2013, de aproximadamente el 90 por ciento, 100 puntos más de prima de riesgo equivale 0,9 puntos de PIB; y si esa diferencia son 300 puntos estamos hablando de 2,7 puntos de PIB, una cantidad extraordinaria y que representa dos tercios de toda la ayuda a la nueva banca pública, o, mejor dicho, a las antiguas cajas con problemas, porque los bancos han arreglado por sí mismos sus problemas, con alguna pequeña excepción, y alguna caja también ha hecho sus deberes y no ha tenido que ser ni ayudada ni intervenida.

Durante mucho tiempo, España ha tenido grandes problemas para financiarse, tanto por la falta de confianza como de propia liquidez en el sistema. No han sido problemas sólo españoles, lo han sido también de Estados Unidos, Europa y Japón. Estados Unidos ha actuado rápidamente aplicando políticas monetaristas del todo laxas y poniendo la máquina de hacer billetes en acción; Europa, con más lentitud, también ha actuado, y, desde el verano del 2012, con mayor contundencia y decisión gracias al nuevo gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi; finalmente, en pleno 2013, Japón ha puesto en marcha una agresiva política monetaria expansiva con objeto de combatir tanto la deflación como la falta de crecimiento.

La Reserva Federal estadounidense tiene como objetivo el control de la inflación con crecimiento económico, además de la supervisión y el control bancario. Por contra, el BCE tiene como única misión el control de la inflación. Su tarea no tiene otro objetivo, lo cual parece comedido en la hora actual. Al gobernador del BCE nadie le ha dicho que su ocupación no es cuidarse sólo de la inflación; y no podemos pedirle, por tanto, que viole su cometido. Lo que sí debemos pedir a los políticos europeos es que se olviden de la inflación, que puede llegar a deflación, y concentren sus esfuerzos en el crecimiento económico y la creación de empleo. Esos son los problemas actuales, y no otros.

Para afrontar la difícil situación de la economía española — que, además, no está exenta de una tensión política y social creciente— debe hacerse un diagnóstico adecuado, lo más objetivo posible, desideologizado y en positivo. No vale echar las culpas de nuestros males a supuestos enemigos exteriores de primer o segundo orden. Tampoco a los gobernantes pasados o presentes. Ésta es una crisis más interior que exterior, parecida a la de otros países, especialmente a la de los grandes países europeos, pero con unas características muy propias nuestras, producto de muchos años de crecimiento económico e insuficiente consolidación posterior de ese gran progreso producido en un largo período de tiempo.

Nadie duda que, desde nuestra vuelta a la democracia, hemos tenido un largo período de estabilidad y crecimiento económico que nos llevó a ser, en 2007, la octava potencia mundial en cuanto a PIB, y que ahora somos la decimotercera, desplazados por los grandes países emergentes con poblaciones muy superiores a la nuestra. No hemos sabido digerir el crecimiento en las épocas de bonanza. Hemos creído incluso que éramos ricos y teníamos todo el dinero del mundo para gastar cuando, en realidad, lo que teníamos eran todas las facilidades crediticias, especialmente exteriores, y a unos costes muy bajos, a los que no estábamos acostumbrados.

Nuestra entrada en la Unión Europea y en Unión Económica y Monetaria europea ha conllevado la adopción del euro como nuestra moneda, lo cual ha sido muy positivo, porque nos ha abierto un mercado potencial mucho más grande que el nuestro, además de obligarnos a ciertas reglas de juego económicas que probablemente solos no hubiéramos sido capaces de asimilar.

Si nos comparamos con los grandes países europeos, constatamos que hemos crecido mucho durante una muy larga etapa; y debemos estar contentos por ello. Hasta 2007 parecía que la bonanza económica no iba a acabar nunca, y ése precisamente ha sido nuestro grave error. La situación no era real, sino ficticia, producida por crecimientos desmesurados en sectores que crecían mucho más de lo normal, caso de la construcción, y que nadie quiso ni pudo parar. ¿Cómo se para un sector que sigue teniendo demanda interna y también externa? Ni siquiera los elevados precios fueron capaces de hacerlo.

En poco más de una década, los ingresos presupuestarios se dispararon espectacularmente a casi el doble como consecuencia de la gran actividad económica, y ése precisamente ha sido el problema: demasiados ingresos, no consolidados, habían llegado en un espacio corto de tiempo. Cuando no hay ingresos, no se gasta, pero cuando los hay más de lo normal se gasta exageradamente, sin suficiente control.

Algo parecido le ocurre al organismo humano; puede alimentarse bien o mal. Todos sabemos lo que debe hacerse para llevar una dieta equilibrada: mucho desayuno, poca cena, repetidas comidas, ejercicio, pocos dulces, menos grasas, azúcares y licores. Lo mismo ocurre con el gasto público. Cuando hay que mirar cada euro porque los ingresos son insuficientes se hacen maravillas. Por el contrario, cuando los ingresos llegan sin problemas se cometen excesos y abusos, se come más de lo necesario, se relaja la dieta y empieza a aparecer grasa por todos los lados anunciando el camino hacia la obesidad.

Nuestro gasto, hay que reconocerlo, ha sido abusivo. No ha habido un riguroso control. Cuando hay dinero se gasta. Cuando hay más se gasta todavía más. No se gasta con inteligencia, sino con desdén, como si el dinero viniera del cielo. Lo que entra, sale; pero, después, si no hay entradas ¿qué se hace?

Una cosa han sido los años en que los ingresos eran suficientes para gastar lo correcto y lo innecesario, cuyo ejemplo más escandaloso fue el plan E dotado con 8.000 millones de euros, casi un punto del PIB, que debía servir, en teoría, para abrir y cerrar aceras manteniendo los puestos de trabajo, y al final el Tribunal de Cuentas, siempre con retraso, acaba de criticar con singular crudeza. Demasiado tarde llega esta crítica, que es ahora poco edificante, porque a nadie de los que hicieron mal uso de los presupuestos les va a pasar nada. Ésa es una de las grandes cuentas de nuestra economía: la rendición de cuentas en el sector público y las consecuencias derivadas de todo ello.

Reestructurar las administraciones —tanto la central, la autonómica y la local como el resto de entes, organismos y empresas estatales— es de vital importancia para enderezar el gasto público. Sin embargo, debido a la demografía, el gasto público va a representar, cada vez más, un porcentaje mayor de coste social respecto al PIB, como ya ocurre en países con mayor índice de personas mayores de 65 años y cuyo porcentaje de gasto respecto al PIB, sólo para las pensiones, se aproximará pronto a la cifra del 15 por ciento.

Después de un acelerado incremento de los ingresos del Estado en 2007 se alcanza el máximo, hasta la cifra consolidada de 433 millardos de euros, frente a unos gastos de 413 millardos de euros. El resultado fue un superávit presupuestario de 20 millardos de euros, un 1,9 por ciento del PIB, que era de 1.053 millardos de euros. En grandes partidas, siempre en millardos de euros: pensiones, 91; desempleo, 14; educación y salud, 43; salarios, 108; e inversiones, 43. En definitiva, desde principios de este siglo ha habido mucho gasto consolidado y fuertemente incrementado para potenciar un importante estado del bienestar. Por citar sólo un dato, en 2001, y a euros nominales, las pensiones sólo representaban 59 millardos.

La crisis financiera despierta en 2007 y se consolida en 2008. En 2009 ya es una auténtica realidad, y no sólo en España, sino también a escala mundial. En España, desgraciadamente, no fuimos conscientes de lo que estaba pasando y no pusimos freno al gasto público, que se había incrementado muy mucho en los últimos años. Y cuando una economía entra en recesión es mucho más difícil mantener los ingresos. España ni redujo el gasto ni mantuvo los ingresos, creando en sólo dos años (de 2007 a 2009) un agujero de aproximadamente 118 millardos. Los gastos crecieron un 17 por ciento, mientras que los ingresos se contrajeron un 16 por ciento, lo que dio, en conjunto, un desfase del 33 por ciento.

Entre 2009 y 2011, tanto los ingresos como los gastos siguen en una tónica parecida. En ese período, los gastos se controlan, creciendo en 4 millardos de euros, un 1 por ciento; en cuanto a los ingresos, crecen en 15 millardos, un 4 por ciento. El balance de gastos e ingresos mejora en 18 millardos, pero el déficit se acerca a 100.000 millones de euros. Por tanto, el desequilibrio, casi extremo, no sólo no se reduce, sino que se estanca peligrosamente. A pesar de los recortes anunciados después de mayo de 2010, tras las duras advertencias de la Comisión Europea y el FMI a la economía española, las llamadas restricciones en el gasto (o, más vulgarmente, los recortes) son más de palabra que de hecho. Ninguna de las grandes partidas tiene reducciones importantes, tan sólo la destinada a las inversiones, que inicia su caída. Nada significativo en el resto.

Definitivamente, entre 2011 y 2012 se intenta un crecimiento de los ingresos con más impuestos y menos bonificaciones y subvenciones. El resultado es un aumento de 2 millardos, un paupérrimo 1 por ciento. Sirva un dato para ver la auténtica caída de los ingresos: en 2007, los ingresos consolidados eran de 433 millardos de euros, 51 millardos de euros más que en 2012. Todo ello demuestra que la arquitectura del edificio tributario español hace aguas, es demasiado compleja y dista mucho de ser eficaz. De modo que debe integrar cuanto antes a la desmedida economía irregular, asignatura pendiente desde hace muchos años. Esto es una prioridad.

En el capítulo de los gastos, a pesar del austericidio que algunos proclaman, los números son tozudos y no mienten. El gasto total consolidado fue, en 2012, de 473 millardos de euros, 14 millardos de euros más que en 2011. Las pensiones seguían subiendo, y todavía más el desempleo y los intereses de la deuda; caen en picado las inversiones, se reducen los salarios y se añade al gasto el coste del rescate bancario. Por tanto, puede decirse que en 2012 se han empezado a ajustar algunas partidas, pero el resultado sigue siendo un déficit del 6,9 por ciento, sin contar el rescate bancario (y un 10,4 por ciento incluyéndolo). Lo más terrible de todo ello es que, pese a la percepción de muchos ciudadanos de que se está haciendo un ajuste brutal, los números no lo corroboran ni mucho menos. La gran señal de alarma son tres años seguidos con déficits escandalosos y que llevan el endeudamiento respecto al PIB desde el 36 por ciento, en 2007, al 84,6 por ciento, en 2012, lo cual marca una tendencia que debe cortarse sin dilación, ya que, en otro caso, pronto será imposible la financiación de la deuda.

Si hasta hace pocos años, concretamente en 2007, podíamos sacar pecho cuando comparábamos nuestra deuda con los grandes países europeos (Alemania incluida), la tendencia actual nos lleva a porcentajes muy peligrosos de soportar. La Comisión Europea acaba de aceptar una cierta relajación en su exigencia de que el déficit español se reduzca al 3 por ciento, pero esta reducción, por mucho que cueste, hay que tomársela muy en serio, pues nos va en ello la viabilidad financiera de la economía española.

Una economía en recesión puede vivir del déficit uno o varios años para recuperar luego su senda de crecimiento, pero siempre y cuando estos déficits sean moderados. Lo que no puede admitirse, ni por la vía de menos ingresos y todavía más gastos, es la eternización y mantenimiento del déficit durante muchos años seguidos, ya que eso es el preludio del precipicio fiscal, antesala de la bancarrota económica. La simple regla de que sólo se gasta lo que se ingresa puede verse alterada sólo excepcionalmente por razones extraordinarias o imprevisibles y durante algún tiempo; pero, tras ese período, debe volverse rápidamente a la normalidad. La excepcionalidad es eso, excepcional, algo que no se mantiene por siempre. Esto deben aprenderlo todos los que deciden, los que opinan y los que reciben el gasto. Es una regla universal.

Todo sería más fácil si no tuviéramos que controlar el gasto. Imaginemos que, en medio de una recesión, a una familia o a una empresa se les dijera que siguieran gastando alegremente. Ése es un mundo irreal. Ante la disyuntiva entre controlar o no el gasto sólo hay dos respuestas: 1) hay que hacerlo y vamos a estudiar los detalles y las alternativas; 2) hay que seguir gastando. La segunda es la que apoyan algunos iluminados que probablemente nunca hayan tenido que cuadrar ninguna cuenta. Habría que preguntarles sin ninguna ironía: ¿cómo se hace, por favor? Humildemente, queremos aprender.

No podemos gastar más. Hay que explicarlo una y mil veces, con «superávit» de explicaciones y todas las veces que haga falta. En principio, hay que gastar menos, y, seguro, hay que gastar mejor. Hay mil maneras de buscar la excelencia en la gestión y la eficiencia en el control. Todo está inventado. En muchos países se está consiguiendo, y en millones de empresas en el mundo se hace todos los días. Simplemente, hay que mirar, observar y actuar.

Tenemos desequilibrios pequeños, medianos y grandes a nuestro alrededor. Todos somos conscientes. Hagamos una lista y tratemos de desmontar los organismos de los que no estemos convencidos de su utilidad, y hagámoslo organizadamente, con cabeza y lógica. Hay que imponer la evaluación y el control presupuestarios en el sector público, que debiera estar compuesto por menos políticos y más funcionarios. Debería haber menos funcionarios y estar mejor pagados; funcionarios deberían serlo los que hagan verdadera función pública; para el resto, puro contrato laboral, igual que en el sector privado. La contratación a dedo, puramente política, debería desaparecer, salvo en porcentajes mínimos y debidamente requeridos para mejorar la gestión. La selección tanto de los funcionarios como la de las contratas debería ser hecha a distancia, «a ciegas», para no intoxicarse de una posible manipulación partidista. Los evaluadores, cuanto más lejos de la contrata o evaluación, mejor, pues serán más libres o independientes.

Se puede y se debe mejorar la gestión pública. Tan sólo hace falta ponerla en competencia y, en muchas ocasiones, compararla con el sector privado, que se juega la supervivencia económica a diario. Como ya se ha dicho en otros capítulos, la comparación, por ejemplo, de la gestión de una televisión autonómica y una privada (de las que son rentables) arroja unas diferencias que saltan a la vista: la televisión autonómica tiene más personal, menos horas laborables, una estructura desproporcionada y una cuota de pantalla más baja. ¿Qué debe hacerse con ella? Reestructurarla, sin duda. Y así con muchos organismos, entes o empresas del sector público.

Una vez recuperada la posibilidad de financiación a costes razonables, hay que insistir en la batalla contra el déficit, intentando consolidar ingresos y gastar menos y mejor. Hay que cambiar los usos y costumbres en el gasto. Una vez equilibrado el presupuesto o lograda una tendencia al equilibrio, con déficits ligeros pero pasajeros, será el momento de plantearse la reducción del endeudamiento para así posibilitar más inversión y crecimiento. El mantenimiento prolongado del déficit es una amenaza para las inversiones facilitadoras de estímulos.

Paralelamente hay que seguir haciendo todas las reformas sin dejar ninguna de lado. Son todas necesarias, urgentes e imprescindibles. Algunas ya han empezado, como la reestructuración financiera, del todo necesaria para que vuelva a fluir el crédito, y que se ha hecho con un retardo exagerado, especialmente si lo comparamos con la rapidez que actuaron países donde la crisis financiera parecía mayor, ya sea Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia, que no tuvieron rubor en intervenir bancos y nacionalizarlos o en comprar empresas automovilísticas o de seguros en dificultades. Aquí pensábamos que el tiempo todo lo arreglaría y no supimos ver la gran morosidad futura, básicamente derivada de los promotores inmobiliarios. La actuación del regulador ha quedado totalmente en entredicho, y sería bueno que públicamente se conocieran las causas de los muchos errores cometidos. El Congreso americano constituyó una comisión que emitió sus conclusiones en pocos meses. Aquí, por desgracia, simplemente no se hizo diligentemente. La unión bancaria europea y el control de sus 6.000 bancos (no sólo de los 200 grandes) es un tema muy a tener en cuenta y no resuelto a día de hoy, aunque su puesta en marcha se debería producir en 2014.

Con la liquidez volviendo a las empresas y a las familias (eso sí, con menos alegrías que en el pasado), la normalidad volverá a los mercados internos. Será el primer paso. Después vendrán los costes, que deben ser parecidos a los del norte de Europa. Una unión económica y monetaria no puede permitir un sector financiero segmentado y fraccionado entre los que se financian de manera fácil y barata y los que tienen problemas de financiación y han de pagar elevados intereses. Eso no son reglas de juego limpias y lógicas, ya que entorpecen la competencia.

Otras reformas de calado son la reforma laboral, la simplificación administrativa, la reforma del sector público y todas las administraciones, la reforma de la justicia, la de la energía (decisiva para la competitividad) y tantas otras más que hemos enunciado y desarrollado en los capítulos de este libro. Todas son posibles, necesarias y urgentes. Cuantas más emprendamos, y con más ímpetu, ganas y confianza, mejor.

Habrá que romper muchas posiciones de fuerza; muchos antirreformistas pondrán todos los obstáculos del mundo para así preservar privilegios y posiciones de dominio. Algunos intentarán confundirnos e incluso enfrentarnos con argumentos tan endebles, carcas y conservadores, más propios del siglo XIX, como tratar de diferenciar la sanidad pública y la privada diciendo a voz en grito, sin más, que la sanidad pública es buena y la privada mala. Tan sólo haría falta añadir que la sanidad pública cura y la privada mata, cuando es precisamente la privada la que eligen libremente los funcionarios públicos que pueden hacerlo, cuestión que debería revisarse a conciencia, pues parece desproporcionada tal libertad de elegir sólo para unos cuantos y no para toda la ciudadanía. Es hora de colaborar en la sanidad y en la educación, en todos los servicios públicos para hacerlos mejores, más eficaces y más sostenibles, tanto en prestaciones como en precios. Para todo ello, el control y la evaluación son innegociables.

Respecto a la educación podríamos hacer los mismos comentarios que respecto a la sanidad. Los gastos en educación han crecido exponencialmente durante un largo período de tiempo. Entre 2000 y 2009, ese gasto se ha multiplicado por dos, si bien es cierto que en los últimos años ha descendido un 15 por ciento, con lo que, en este siglo, el gasto en términos nominales ha subido más de un 60 por ciento, siendo el sector concertado, por su más bajo coste, un complemento imprescindible para cuadrar los números de un sistema que, por mucho que se diga, arroja resultados que son un fracaso. Alguien tendrá la culpa, y ésta no reside en la falta de fondos.

Para corroborar esto último, sólo hace falta ver lo que ocurre con el postgrado. En España, la enseñanza privada cuenta con tres de las diez instituciones más prestigiosas del mundo. Algo parecido podría suceder con las universidades privadas si la convalidación de la selectividad no fuera tan restrictiva como en la actualidad, lo que impide la llegada potencial de miles de estudiantes extranjeros. Sin duda alguna, más clientela traería como consecuencia mejor producto, pero la burocracia universitaria bloquea esta vía sin pestañear. Nada se puede cambiar, todo seguirá igual, de fracaso en fracaso, con los mismos de siempre y de la misma manera.

Ni que decir tiene que la formación profesional es el gran y peor defecto de la educación en España. Mientras que en otros países, como Francia y Alemania, es un segmento educativo de importancia incuestionable, pues son conscientes de lo que se juegan, aquí tenemos una pugna entre dos ministerios entre la formación profesional, desprestigiada desde las alturas hasta la formación continua que no se deja prioritariamente en manos de las empresas sino a través de mecanismos difusos y poco prácticos en los que los empresarios participan formalmente, pero a la hora de la verdad quien decide es la administración tanto estatal como autonómica. Es incomprensible que más del 50 por ciento de la cuota de formación profesional que las empresas aportan cada mes a través del pago de las nóminas no tenga el total control y evaluación posterior. Los intereses políticos pequeños mandan más que la necesaria formación práctica de las empresas. Y esto no es nuevo. Llevamos años, y con diferentes gobiernos, sin que nadie se atreva a resolver el problema, a cambiar algo para que, simplemente, la formación profesional funcione. En buena parte, esto sucede por culpa de la tecnoestructura de los ministerios, aquella que paraliza, manda y torpedea cualquier movimiento que vaya en contra de sus caducas maneras de funcionar, no adaptadas a los nuevos tiempos.

Y así podríamos ir enunciado y analizando una y otra reforma. Algunas se han puesto en marcha. Otras están en camino. Otras van a ser paralizadas porque hay muchos que no quiere perder su statu quo y van a luchar ferozmente, a brazo partido, para impedir cualquier cambio. Si así lo hacemos, perderemos una gran oportunidad para ganar competitividad en este país, porque, precisamente, esta vez vamos camino de ser más rápidos, mejores y más valientes que nuestra competencia. Sólo es cuestión de decisión política.

La situación presente debería invitar a todas las fuerzas políticas y sociales a unas muy responsables reflexión y actuación, tanto en lo político como en lo social y lo económico. No sirven los lamentos ni, menos aún, las inhibiciones, y tampoco los silencios o el pasotismo. Todos debemos estar implicados en la resolución de nuestros problemas, que son muchos y variados.

Es imprescindible revertir, desde la verdad y la racionalidad, el actual déficit ético en que nos movemos. Hemos de reconstruir la escala de valores. Sin regeneración ética y moral, nada mejorará: ni las libertades, ni la iniciativa individual o social, ni la responsabilidad en el trabajo, ni el ordenamiento de la convivencia, ni la gobernabilidad, ni el respeto de los unos a los otros. Más que nunca debemos apelar a la reconstrucción de un hábitat moral, tanto público como privado, erradicando vicios como la corrupción y la injusticia, combatiéndolos sin excepciones.

De este eclipse ético proceden la mayoría de nuestros males, así como el desgarro social que vivimos día a día. Restañar las heridas sociales no es tarea fácil. Recomponer el prestigio de las instituciones es una labor de generaciones. Rehacer el modelo de gobernabilidad conllevará sinsabores y conflictos que deberán manejarse.

Hemos sido muy débiles en la educación de la juventud y muy irresponsables ante el desmoronamiento de nuestro tradicional esquema de valores, que orientó décadas de progreso y creación de riqueza desde posicionamientos no suficientemente estables. Nuestro edificio de convivencia, que ha dado fenomenales frutos durante más de treinta años, debe adaptarse a la nueva realidad, que no es sólo nuestra, sino mundial; y ante esa nueva realidad, o nos adaptamos a ella o perderemos influencia. Y no hemos de olvidar que vamos de la mano de Europa como integrantes de un gran pacto. En lo que a España se refiere, tras nuestra duradera Constitución de 1978, hemos recorrido un largo camino que puede valorarse muy positivamente, bajo la influencia, también muy positiva, de una monarquía que nos ha servido con muchísimos aciertos y algún error, pero cuyo balance es altamente positivo, cosa que ahora parecen olvidarse incomprensiblemente.

Hemos construido un Estado autonómico que sirvió en su momento, pero que ha quedado prisionero de la nueva realidad. Ha sido demasiado homogéneo. Hemos creado entes autonómicos que ni lo eran históricamente ni lo demandaban socialmente, pero siguieron la moda. Pensábamos solucionar el problema vasco y catalán, y en la hora actual parece que está floreciendo con toda la virulencia inusitada. Hemos perdido en pocos años la estabilidad ganada en décadas, y va a ser difícil recuperarla.

Hemos de regenerarnos todos, de palabra y de hecho, asumiendo compromisos individuales y colectivos a la vez que responsabilidades de todo tipo en función de la propias posibilidades de cada cual. No estamos ante la necesidad, sino en la obligación de asumir la responsabilidad que a cada cual nos corresponda. Podemos caer en la torpeza de que, por no restaurar nada, se nos caiga todo el edificio. Habrá que pactar, consensuar y dialogar, y no una vez, sino miles de veces, las que hagan falta. La verdad nunca es total. Habrá que convencer, no vencer, pues las victorias absolutas traen daños colaterales.

Los empresarios estamos dispuestos a asumir nuestra parte de responsabilidad. Al inicio de este libro, decía que, en esta ya larga crisis, muchos empresarios han caído en el empeño y otros están trabajando con lo que tienen y no tienen para sacar adelante su empresa. También hay bastantes que no son todavía empresarios, pero que, afortunadamente, quieren dar el salto y emprender aventuras empresariales, si ven oportunidades. Ahí está nuestro futuro. Gracias al entorno proempresarial, que ahora no tenemos, pero que debemos conseguir, se crearían muchas más empresas y, en consecuencia, más puestos de trabajo. Ésa es la solución y no otra al gran problema social y económico de este país que es el paro. Algunos debieran pensar, hacer examen de conciencia y obrar en consecuencia. Y ponerse manos a la obra. No es posible salir de la crisis sin más empresas, sin más empresarios.

Notas

1. Elías, Joan, Inmigración y mercado laboral, antes y después de la recesión, «La Caixa», Estudios y Análisis Económico, D. L. (serie Documentos de economía «La Caixa», n.º 20), Barcelona, marzo de 2011.

2. Según un informe de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), «Proceso de reestructuración del sector de las cajas de ahorros», de 11 de enero de 2013.

3. El 21 de noviembre de 2010 Irlanda solicitó ayuda financiera, la cual ascendería a 85.000 millones de euros en total: 17.700 millones de euros del FEEF; 4.800 millones de préstamos bilaterales del Reino Unido, Dinamarca y Suiza; 22.500 millones de euros del Mecanismo de Estabilización Financiera Europea, que gestiona la Comisión Europea; 22.500 millones de euros del Fondo Monetario Internacional; y 17.500 del Fondo de Reserva de las Pensiones de Irlanda.

4. El 7 de abril de 2011 Portugal solicitó ayuda financiera, que ascendería a 78.000 millones de euros, procedentes de una idéntica contribución de 26.000 millones del FEEF por parte del Mecanismo de Estabilización Financiera Europea y del Fondo Monetario Internacional.

5. El 14 de marzo de 2012, la zona del euro acordó un segundo programa de asistencia financiera, con 34.500 millones de euros no desembolsados del primer programa y 130.000 millones adicionales, procedentes del FEEF (144.700 millones de euros) y del Fondo Monetario Internacional (19.800 millones).

6. A partir de los resultados del informe PISA de 2009 se obtiene que la puntuación de los alumnos de los centros privados en España es 37 puntos superior a la de los públicos (510,3 frente a 473,3 para el promedio de las tres competencias evaluadas: comprensión lectora, matemáticas y ciencias). Aunque el informe PISA no facilita información desagregada para los centros concertados, sino que éstos se incluyen dentro de los privados, el informe PISA in Focus, de la OCDE, refleja que la mayor parte de los alumnos en centros privados en España estudian en centros concertados.

7. En 2007 se produjo un cambio metodológico en la Encuesta de Población Activa (EPA) relativo a la asignación de los asalariados en el sector público según el tipo de administración.

8. El aumento del empleo en 2005 puede deberse a que en dicho año el Instituto Nacional de Estadística (INE) llevó a cabo ciertos cambios metodológicos en la EPA que afectan a la comparación de las antiguas series (hasta 2004) y las nuevas (desde 2005).

9. Según el informe «Una nueva estrategia para el Mercado Único» (Mario Monti, 9 de mayo de 2010): 1.521 directivas y 976 reglamentos.

Reformas o declive
Juan Rosell

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