Rebelión en la corte
Los Supremos en la era Macri

Irina Hauser

Con la colaboración de

Luciana Bertoia

Hauser, Irina

Rebelión en la corte / Irina Hauser. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Planeta, 2019.

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ISBN 978-950-49-6791-0

1. Investigación Periodística. I. Título.

CDD 070.44932

© 2019, Irina Hauser

Diseño de cubierta: Departamento de Arte de Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

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Primera edición en formato digital: agosto de 2019

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ISBN edición digital (ePub): 978-950-49-6791-0

Para Andrés, por el amor y el compañerismo

A Dana y Rocío, mi orgullo e inspiración

A mis viejos, Silvia y Luis, que nunca dejan de alentar, solidarios e incondicionales

A mi hermano Germán, siempre al pie del cañón

Prólogo

Cada vez que termina un acto protocolar en la Corte Suprema, sus integrantes suelen escabullirse para evitar a las y los periodistas presentes, con la mucha o poca agilidad que, según el caso, les brindan sus cuerpos. El 19 de marzo de 2019, tras la inauguración del «año judicial», tuve la feliz idea de abalanzarme sobre uno de los supremos más intrépidos, con mi campera de cuero colgando del mismo brazo con el que intentaba sostener un anotador, mientras él era escoltado y prácticamente empujado por sus guardaespaldas por un pasillo. Le dije, con mi mejor sonrisa, que estaba escribiendo otro libro sobre la Corte, y que necesitaría cotejar algunos datos.

—¿Otro libro sobre la Corte? ¿Para qué? —inquirió con desdén e indignación.

Ante su reacción, sentí que empalidecía entre gotas de sudor. Al rato entendí dos cuestiones:

• A las juezas y jueces no les gusta nada que los observen con espíritu analítico, ni que se vean su detrás de escena y sus costuras.

• Había que escribir otro libro.

En Los Supremos, había reflejado la etapa tal vez más dorada y también colorida de la Corte, desde su refundación durante la presidencia de Néstor Kirchner, así como sus sofisticados mecanismos de poder, cada vez más concentrados a medida que el tribunal se achicaba hasta quedar en una composición de cinco jueces. Ese es su formato actual, lo que permite que con solo tres votos exista una mayoría capaz de resolver conflictos de la gente de a pie o grandes asuntos que determinen los destinos de la patria.

Difícilmente pueda empezar bien una etapa de renovación de jueces supremos que se base en designaciones a dedo reñidas con la Constitución. Fue lo que intentó hacer Mauricio Macri con los nombramientos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, apenas iniciado su gobierno. Sin embargo, el escándalo fue tan grande que tuvieron que pasar por el acuerdo del Senado. Macri quería una Corte leal, y con ese objetivo desplegaría estrategias con los jueces más antiguos: facilitaría el camino a Elena Highton de Nolasco para que nada la obligara a jubilarse después de los 75 años; intentaría negociar con Ricardo Lorenzetti, acorralado por denuncias, y quizá la figurita difícil sería el histórico Juan Carlos Maqueda, peronista pura cepa y gran cultor del perfil bajo.

El Gobierno creyó que tenía la sartén por el mango el día que Lorenzetti fue expulsado por sus propios pares de la presidencia después de once años de mandato. Pero la Corte tejió su propio juego e hizo una parábola asombrosa en menos de cuatro años, desde la postulación de los nuevos jueces, a fines de 2015, hasta entrado 2019, cuando este libro estaba en proceso de escritura. Lo interesante es ver el proceso mirando por el ojo de la cerradura y aproximarse hasta entender ese mecanismo de relojería, compuesto al fin y al cabo por seres humanos, del que dependen la vida y la libertad de las personas.

En los primeros tiempos de esta etapa, los supremos hicieron movimientos de adaptación al clima de época que instauraba el oficialismo. Comenzaron a fallar contra los trabajadores, a tono con los despidos masivos, y firmaron una cadena de fallos regresivos en investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad que tuvieron su máxima expresión en la sentencia que otorgó el beneficio del 2×1 a un represor, lo que amagaba con habilitar la libertad de otros cientos. La Corte se diferenciaba de su antecesora, que había trabajado sobre la ampliación de derechos. Pero encontró un repudio social enorme que la obligó a recalcular, aunque se tomó su tiempo. Total, una de las tantas comodidades de las que goza es que no tiene plazos.

Entretanto, todavía bajo la presidencia de Lorenzetti, la Corte tuvo un papel fundamental y poco registrado que consistió en ofrecer soporte a la ofensiva judicial contra opositores políticos ejecutada por algunos juzgados federales de Comodoro Py, así como en la multiplicación de las prisiones preventivas. La génesis de la llamada «doctrina Irurzun» —que permitió detener a ex funcionarios por la sola suposición de que tendrían lazos residuales para fugarse o entorpecer una causa— está en un borrador guardado en el alto tribunal. En esa misma línea, la Corte institucionalizó una relación peligrosa con los servicios de inteligencia a través de la incorporación de la oficina de escuchas a su ámbito, que con los meses convirtió en una megaestructura de investigación, en sociedad con los jueces federales, organismos del Poder Ejecutivo, sus fuerzas de seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia. Las filtraciones de escuchas telefónicas, por lo general vinculadas a personajes del kirchnerismo, se convirtieron en un problema creciente y fuera de control.

La salida anticipada de Lorenzetti de la presidencia fue fruto de una alianza interna circunstancial que lo tomó por sorpresa y que desató un clima de desconfianza palaciega nunca visto, mientras se tejían otras sociedades volátiles entre los jueces y la jueza. En otro tiempo, los supremos se saludaban para los cumpleaños o para las fiestas a fin de año. Ya ni eso. El nuevo presidente, Rosenkrantz, de todos los supremos, es el más cercano al macrismo. Lorenzetti, que tiene el despacho frente al suyo, hizo cerrar un pasillo y puso un guardia para que solo pudieran pasar los que iban a verlo a él. Los que fueran a ver al flamante presidente tendrían que dar una gran vuelta por el laberinto del Palacio de Justicia.

La más estable de todas las alianzas logradas puertas adentro, integrada por Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, fue bautizada despectivamente por el Gobierno como «la mayoría peronista» y comenzó a bloquear el poder de Rosenkrantz. Le quitaron la potestad de tomar por su cuenta decisiones sobre contratos, administración y agenda. El argumento fue que querían derribar la tradición personalista y funcionar de manera colegiada. Hasta le arrebataron el Centro de Información Judicial, el aparato de comunicación del tribunal, uno de los instrumentos más preciados. Mientras Lorenzetti solo pensaba en volver al poder, Rosatti calculaba cómo conquistarlo cuando las aguas estuvieran más calmas. Maqueda aceptaba, a regañadientes, ser un presidente de transición. Highton se mostraba dispuesta a seguir la corriente.

En la faz humana de los supremos, otros aspectos que leerán en las próximas páginas muestran la defensa empedernida de viejos privilegios, la tradición inclaudicable de nombrar parientes y amigos, los secretismos, los rituales, las mañas a la hora de resolver un caso, las peleas mezquinas por el lugar en una foto, así como las dificultades por la defensa de los derechos de las mujeres en un ámbito de tradición machista. Me pareció también una buena oportunidad para rescatar algunas de las historias de las personas detrás de los expedientes, que quizá llevan años esperando una sentencia.

Entre coqueteos con simpatías políticas y provocaciones, el tribunal —o al menos su trío peronista— encontró un límite cuando puso en observación los procesos judiciales de carácter más político, como ocurrió con el primer juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner. Ahí se topó con el bloque que el propio Poder Judicial compone en alianza con el poder político y los grandes medios de comunicación. Quizá sea el desafío mayor para la rebelión en la Corte.

1
El golpe

En la tarde del 11 de septiembre de 2018, una mujer de boca grande, piernas largas y pelo largo lacio rubión quebró el silencio que impregna los rincones del Palacio de Justicia: «¿Dónde está el champán?», y enseguida propuso entre risas: «¡Compremos!». Era Elenita Nolasco, hija de la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco. Estaba exultante.

Para los habitantes de Tribunales, esa fecha tan particular dejó de evocar exclusivamente el atentado a la Torres Gemelas o el Día del Maestro. Para los más progresistas, sembró una curiosa coincidencia con el día en que Salvador Allende resistió hasta la muerte el golpe de Augusto Pinochet.

Era martes, día que los jueces supremos suelen tener sus plenarios, también llamados «acuerdos». Se juntaron a las diez de la mañana y se ubicaron, como siempre, de un solo lado de la mesa de madera reluciente. Tienen asignados lugares fijos, como las familias tradicionales cuando se sientan a comer, pero dado que es un mueble que fue diseñado para un tribunal más grande, siempre quedan cinco lugares vacíos. Es difícil entender cómo hacen para hablar entre todos al quedar dispuestos formando una medialuna. De hecho a veces hablan poco, porque llevan sus decisiones negociadas de antemano, y solo se dedican a estampar su firma en los expedientes que un secretario les alcanza desde atrás, por encima del hombro. El recorrido, juez por juez, respeta un orden: primero firma quien preside el tribunal, luego su vice, después el decano —integrante de la Corte de mayor antigüedad— y, así, en forma decreciente hasta el más nuevo o nueva.

Al cabo de una hora de reunión, Ricardo Lorenzetti hizo su ademán habitual de sacar pecho. Era un gesto que, en los once años que llevaba como presidente de la Corte, repitió tanto al encarar grandes eventos como pequeños actos rutinarios. Luego preguntó con solemnidad si quedaba algún tema por tratar. Mientras apilaba sus papeles, como quien ya da la reunión por terminada, su colega Carlos Rosenkrantz, el más nuevo de todos los jueces, visiblemente afín al gobierno de Mauricio Macri, lo frenó con parquedad:

—Sí, hay un tema más. Adelantar la renovación de autoridades. Es lo que vos mismo planteaste —lo desafió.

Rosenkrantz trataba de sacar la voz desde lo más profundo de su ser, pero estaba pálido. Tenía el gesto de quien está por rendir uno de los exámenes más difíciles de su vida.

Lorenzetti quedó estupefacto, ante un hecho contundente que ponía en jaque la capacidad de controlar todos y cada uno de los movimientos en la Corte que hasta entonces dominaba en forma exclusiva. Por primera vez tambaleaba aquello que había logrado consolidar a través de un trabajo lento y arquitectónico. Había perfeccionado un liderazgo y un poderío únicos en su especie, con ascendencia sobre la familia judicial y sobre la corporación empresaria, y conseguido un clima de amenaza latente, constante, hacia el poder político, que incluía la sombra de su figura como una alternativa presidencial ante un escenario de crisis institucional. Bastaba verlo caminar, u oírlo dar un discurso, para advertir que quería siempre más. También un nuevo mandato de presidente supremo.

—Yo quiero ser el nuevo presidente de la Corte —lo apuró Rosenkrantz.

Lorenzetti comenzó a tartamudear, movía las manos de manera exagerada y pedía «hablar entre todos».

—Nunca me comentaste tus intenciones —le recriminó a su colega.

—Vos me dijiste, Ricardo, que yo tenía que ser el nuevo presidente. Me lo dijiste en mi despacho —lo expuso el aspirante.

—¡Esto no puede ser! ¡Es una traición! Nunca se vio algo así en la Corte —tronó Lorenzetti, alguien que pocas veces pierde la calma.

Era cierto. O casi. Desde los años noventa, con la Corte menemista, no se había visto una escena tan virulenta en el mundo acartonado de los supremos. Todo estaba trastocado aquel día. La jueza Highton de Nolasco, que solía mantenerse callada en las reuniones, confrontó sin sutileza con el presidente en peligro, quien había sido su aliado y sostén durante una década:

—¿Cuál es la sorpresa? ¿No te acordás cómo lo sacamos de la presidencia a (Enrique) Petracchi después de reunirnos en secreto en la casa de (Nicolás) Reyes?

Reyes, ya fallecido, fue un administrador todoterreno del tribunal en los tiempos de la llamada «mayoría automática». Supo acomodarse cada vez que cambiaba el viento y colaboró, en el ejercicio de una función con impronta política, con el afianzamiento de la Corte, que quedó conformada después de que Néstor Kirchner empujara al abismo a los supremos noventistas. Incluso tuvo un papel protagónico en la estrategia para llevar al «abogadito de Rafaela» —como le decían a Lorenzetti, invocando el nombre de su pueblo, cuando llegó al tribunal y no conocía ni la puerta del Palacio de Justicia— al trono mayor.

Lorenzetti volvió a usar la palabra «traición» para referirse a Highton, su vicepresidenta, y le recriminó delante de todos una supuesta deslealtad de su hija, para quien él había creado una secretaría judicial a medida. Se llama «Secretaría de Relaciones de Consumo» y tiene un volumen irrelevante de trabajo, pero le permitió a ella obtener la jerarquía de camarista y tener más poder que cualquier secretario o secretaria.

Había dos personas dentro de esa sala de acuerdos, saturada de aire irrespirable, que no tenían ni la menor idea de lo que estaba por ocurrir. Uno, sin duda, era Lorenzetti. El otro, Juan Carlos Maqueda.

—Yo apoyo a Ricardo —espetó este con un golpe de puño sobre la mesa.

Lorenzetti pedía tiempo. Estaba convencido de que todavía tenía alguna posibilidad de éxito. Pero Rosatti le regaló una sorpresa:

—Estos tres votos no van a cambiar —afirmó al cerrar todo margen de discusión. Le quería decir que Rosenkrantz, Highton y él ya habían pactado.

—Pero ¿vos te vas a votar a vos mismo, como hacía Julio Nazareno? —increpó Lorenzetti a Rosenkrantz con una provocación alusiva al ex supremo emblemático de la Corte de Carlos Menem, que siempre andaba con un habano en la mano.

La escena se volvió densa. El todavía presidente buscaba estrategias para prorrogar el desenlace. Estaba enceguecido. Maqueda le puso un límite:

—Pará, Ricardo, yo sé de política. Acá hay una mayoría.

En una Corte de cinco miembros, que es la integración que decidió darle en 2006 una ley impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner —y que recuperaba la composición histórica, gestada en 1860—, tres votos hacen mayoría. Es suficiente para firmar una sentencia, para tomar en decisiones que impacten en la vida política o económica, o también para derrocar a un presidente del propio tribunal. Es una gran concentración de poder en pocas manos, que durante años Lorenzetti pudo dominar. Pero que desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada se le fue de las manos.

La mayoría que había decidido consumar el golpe interno, también tenía resuelto cortar el mandato de Lorenzetti casi de inmediato, a pesar de que casi tres años antes lo habían elegido hasta el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, el nuevo presidente asumiría el 1º de octubre. El argumento oficial era que un nuevo titular de la Corte debería encarar con el Poder Ejecutivo la discusión por el presupuesto judicial. El texto final solo diría: «Es aconsejable, mediante la presente acordada, excepcionar en este caso lo dispuesto por el reglamento de tal modo que las nuevas autoridades comiencen su mandato de tres años a partir del 1º de octubre».

El texto de la acordada que expulsaba a Lorenzetti de la presidencia y coronaba a Carlos Rosenkrantz ya estaba escrito. Solo faltaba que quedaran las firmas en el papel. Maqueda pidió ir al baño y cuando volvió a la sala de acuerdos le aconsejó a Lorenzetti:

—Ya está, Ricardo, basta, votá vos también.

En sus últimos minutos de presidente, Lorenzetti sorprendió a todos con el anuncio de su decisión:

—No hagamos entrar a esta Corte en el ridículo, yo te voto, Carlos.

Rosenkrantz, igual, se votó a sí mismo y el resultado fue cuatro contra uno (Maqueda).

En la sala de alfombra roja, que está exactamente al lado de aquella donde se celebran los acuerdos, aguardaban todos los secretarios de la Corte. Es común que estén allí, y los hagan pasar según los temas que los jueces van tocando. Pero esta vez tuvieron que esperar más de tres horas sin saber qué sucedía.

—Alguien va a tener que comunicar esto —planteó Rosatti, a quien algunos funcionarios cortesanos bautizaron «el relajador», porque tiende a asumir el papel del que trata de aflojar las tensiones. Lorenzetti se hizo cargo estoicamente.

Abrió con ímpetu la puerta que conecta un salón con otro. Su cara estaba completamente roja, como si le hubiera subido la presión.

—Quiero decirles que hubo un cambio de autoridades. El doctor Rosenkrantz será el nuevo presidente desde octubre, y la doctora Highton de Nolasco continuará como vicepresidenta.

Los secretarios y secretarias estallaron en aplausos.

—¡Y un aplauso para el doctor Rosatti! —gritó desde un costado Elenita Nolasco. Era una forma de señalar al ingeniero de la jugada maestra.

***

En años anteriores, aunque algunos supremos se llevaran a las patadas entre sí, cada vez que entraban a la reunión de acuerdos, mostraban sonrisas amplias y hacían chistes para distenderse. Algunos comentarios del fallecido nonagenario Carlos Fayt se popularizaron y circulan todavía, actualizados, por tribunales. El apodo de «piel de valija» que le dedicó alguna vez a Raúl Zaffaroni, por la frecuencia de sus viajes, fue heredado por Rosenkrantz gracias a funcionarios que conservan el sentido del humor. En otro tiempo festejaban los cumpleaños. Había regalos, saladitos y algo dulce. Ya no. Y no es por austeridad.

Entre los jueces de la Corte, la extraña armonía lograda en años comenzó a romperse cuando Macri, en cuanto asumió la presidencia, intentó hacer entrar por la ventana a Rosatti y a Rosenkrantz, al designarlos por decreto, en comisión, pretendiendo pasar por alto al Senado.

Lorenzetti tenía larga experiencia en maniobrar la renovación de autoridades para asegurarse el cargo. Esto fue propiciado a lo largo del tiempo, a la vez, por sus colegas, que no querían agarrar el timón por nada del mundo. La última vez, en 2015, había adelantado ocho meses la votación de presidente supremo para garantizarse el voto de Fayt, de 97 años, cuya salud pendía de un hilo y por ende su permanencia en la Corte. Así fue como se ganó la presidencia, mandato que debía llegar hasta el último día de diciembre de 2018.

Las fechas importan. Atesoran significados. El 7 de agosto, día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, se percibía la escalada del dólar. Estaba a 28 pesos, pero para fin de ese mismo mes ya rondaría los 40. En aquel acuerdo, Lorenzetti habló de la situación precaria del Gobierno, de que la economía no reaccionaba como la Casa Rosada esperaba, de que el dólar se disparaba y que, por todo esto, la institucionalidad se encontraba comprometida. Hablar de la institucionalidad y su estabilidad fue y es una de las muletillas más conocidas del supremo.

—La Corte necesita fortaleza, necesita un presidente institucionalmente sólido —dijo.

No solo quería la re-re-re-reelección. También pretendía que sus colegas firmaran una carta respaldándolo ante los embates de la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, su denunciadora serial, que acababa de renovar los pedidos de juicio político en su contra. Lo que les sugería Lorenzetti era que lo habían hecho con el ex juez supremo Raúl Zaffaroni, cuando fue denunciado porque supuestamente en seis departamentos que tenía en alquiler funcionaban prostíbulos.

—Es un tema personal, lo tenés que resolver vos, Ricardo —le sugirió Rosatti.

A partir de ese día, en cada nuevo intento de Lorenzetti de conseguir un respaldo por escrito, la respuesta de sus pares directamente fue el silencio. Cada cual apartaba la mirada o se hundía en los expedientes.

El 21 de agosto, Lorenzetti volvió a la carga con la cuestión de la presidencia. También el 28. El despacho despojado de Rosatti comenzó a convertirse sintomáticamente en foco de reuniones. Fue él quien, en un encuentro pequeño, dijo:

—Mi candidato es Maqueda.

Sin embargo este no aceptó, «por razones privadas, domésticas y de salud» —todo el mundo sabe que prefiere manejar hilos en las sombras—. Highton planteó:

—Yo quiero seguir como estoy —O sea, como vicepresidenta.

En rigor, para Highton ser presidenta hubiera sido un problema grande, porque ese cargo generaba una cuestionable dependencia directa a su hija, que ya arrastraba una causa judicial por su controvertido nombramiento como secretaria. Rosatti dijo que estaba concentrado en los fallos y en escribir libros. Una forma elegante de eludir asumir tamaño papel en medio de la reconfiguración de la Corte y con el panorama político verde, y no solo por el dólar.

Por default, quedaban dos candidatos: Lorenzetti, que se autopostuló raudamente. Rosenkrantz, que no respondía. En el ínterin falleció su madre, por eso ningún supremo quería abordarlo. Por esos días, algunos habitantes de la Corte comparaban al tribunal con el Samba del viejo Italpark, con gente volando, sacudida y cayendo al suelo.

Rosatti analizaba el escenario con visión de futuro. Comenzó un intenso trabajo de hormiga para convencer a Rosenkrantz, que además de tener tics de altanería, era una figura de extremo agrado del Gobierno. Así fue que Rosatti le transmitió los que para él debían ser los pilares de la gestión de una Corte con identidad propia: había que romper con la centralización de las decisiones, típicas de la «era Lorenzetti», los expedientes deberían tener una fecha tope para ser resueltos, los secretarios y secretarias de la Corte deberían tener funciones más profesionales e invertir menos tiempo en redactar puros «memos», había que apuntar a mejorar la baqueteada imagen de la Corte —para entonces tenía 70 por ciento de imagen negativa, junto con todo el Poder Judicial— con fallos fuertes y un funcionamiento colegiado que alejara las especulaciones de corrupción. El espíritu colegiado es una marca peronista, propia de hombres como Rosatti y Maqueda. Rosenkrantz aceptó la postulación a la presidencia, haciéndose el distraído con esas cuestiones. A él le quedó la tarea de convencer a Highton de Nolasco de darle su apoyo.

Entre el 4 y el 11 de septiembre, la Corte vivió un tembladeral. Los supremos se veían tres o cuatro veces por día en pequeños grupos.

—¡La tengo! —anunció Rosenkrantz tras seducir a la jueza.

Era un dato clave: ya había mayoría para dar el golpe. Aun así, con un coqueteo exasperante, Rosatti le dijo:

—Igual voy a escuchar a Ricardo.

—¿Vos qué Corte imaginás para el futuro?—le preguntó Rosatti a Lorenzetti, el lunes 10 por la tarde.

—Más reuniones con los gobernadores, más contacto con actores de la política —le respondió.

No había sintonía entre los santafesinos. Era evidente, desde hacía rato. O desde siempre. Lorenzetti dejó el despacho con la idea de que el único voto que tenía en su contra era el de Rosatti, que le había dicho a las claras «yo no te voto». Este corrió al despacho de Rosenkrantz y le anunció:

—Mañana es el día.

En la Casa Rosada festejaron la expulsión de Lorenzetti de la presidencia como un triunfo propio. Desde mitad de año venían provocando versiones acerca de su salida, que los grandes medios repetían como verdades. El gran operador de Macri en tribunales, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, también amigo entrañable de Carrió, se jactaba ante la mesa chica del Presidente y frente a los periodistas de estar en constante comunicación con lo que llamaba «el mundo Rosatti» y el «mundo Highton». «Tenemos a Rosatti de nuestro lado», anunció en Balcarce 50 cuando supo el resultado de la votación de autoridades cortesanas. Lo dijo como quien vislumbra tener mucho más que un voto, en este caso a favor de Rosenkrantz. Vislumbraba un gran aliado. Pero todavía no estaba claro quién «tenía» a quién.

Carrió tampoco quiso quedarse fuera de la jugada y mandó a su emisario para asuntos cortesanos, el diputado Juan Manuel López, a tocar la puerta de Highton de Nolasco. El encuentro fue corto. No pasó de los diez minutos. El legislador se puso nervioso ante la presencia de la jueza. Arrancó contándole que había rendido su segundo examen de Derechos Reales en la cátedra de ella el mismo día de su jura como nueva integrante de la Corte.

—Quería transmitirle que Carrió no tiene un candidato para la presidencia de la Corte. Puede ser cualquiera menos Lorenzetti —le dijo López.

—Yo tenía entendido que el candidato de la diputada era Rosatti. Ya hablaremos el tema entre nosotros —apuró el final de la charla la jueza.

Antes de irse, López le agradeció a Highton que no hubiera firmado la declaración que impulsaba Lorenzetti de apoyo ante los embates de Carrió.

—Nunca me pareció que hubiera que hacerlo —dijo Highton mientras despedía al diputado que le llevaba medio cuerpo de altura.

El séquito de sabihondos judiciales que solía rodear a Macri decía que el Presidente había quedado verdaderamente sorprendido con el golpe interno en la Corte, a pesar de que lo esperaba.

Aun después de hacer gala pública de su profundo desprecio hacia Lorenzetti, y de habilitar a Carrió para que insistiera con los pedidos de juicio político en su contra, Macri lo incluyó en la lista de sus invitados selectos a unas suntuosas comidas en la Quinta de Olivos que organizaba con su esposa, Juliana Awada, ideadas para reunir a personalidades de distintos ámbitos con algún hilo conductor entre sí. Mientras el país se desmoronaba, se juntaban a hablar de una realidad imaginaria, o apetecible para ciertos bolsillos y ambiciones. A Lorenzetti lo llamó Anita, la secretaria de Macri, para hacerle la invitación formal. Fue en compañía de su esposa veintiséis años menor, Mara Perren, de un juzgado de Rafaela. Los comensales parecían particularmente elegidos, varios de ellos amigos o cercanos al juez: el histórico dirigente y operador radical Enrique «Coti» Nosiglia; el subdirector del diario La Nación, Fernán Saguier, un habitué de los pasillos supremos, y el titular del comité Olímpico, Gerardo Werthein. También estaba el dueño de la multinacional Arcor, Luis Pagani. Todos con sus parejas. El banquete fue el 16 de octubre. El día después, corría una humorada por Tribunales: «¿Vieron la fiesta de despedida que le hizo Macri a Lorenzetti?».

2
El emperador

Carlos Rosenkrantz hizo su entrada triunfal en la Corte el 22 de agosto de 2016 con los aires de un profesor secundario que disfruta de infundir miedo a los alumnos. Una de las primeras escenas que recorrió las conversaciones del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde funciona el alto tribunal, retrata el momento en que Rosenkrantz encuentra a un secretario del área de «juicios originarios» fumando en un pasillo y lo levanta en peso, con el ceño fruncido, mientras le anuncia que le abrirá un sumario, algo que nunca se concretó. En otro tiempo, no tan lejano, secretarios y secretarias solían congregarse en el extenso balcón que mira a la calle Talcahuano, frente a Plaza Lavalle, a fumar marihuana o cigarrillos comunes. El divertimento se hizo cada vez más difícil cuando Lorenzetti llenó de cámaras de seguridad el edificio y, además, mudó su despacho justo a ese sector, donde había estado instalado Carlos Fayt por años, hasta su renuncia, a la que le puso fecha intencional: el 11 de diciembre de 2015, un día después de la asunción de Mauricio Macri.

Pero la llegada de Rosenkrantz instaló una severidad que potenció la paranoia reinante. Le dicen «El Emperador», por sus rasgos autoritarios. En algunos despachos también lo bautizaron Buby, como en otro tiempo llamaban a Julio Nazareno, que había sido socio en el estudio de los Menem en La Rioja y luego como juez mantenía una fluida relación con ellos como si nada. De Rosenkrantz algunos colegas empezaron a sospechar que le comentaba el contenido de los acuerdos a Mario Quintana, ex vicejefe de Gabinete de Cambiemos, ya que había llegado a la Corte una causa donde una de sus empresas, Farmacity, de la que el supremo había sido abogado, reclamaba instalar sucursales en la provincia de Buenos Aires.

El día que Macri anunció sus candidatos para cubrir dos vacantes en la Corte —que habían dejado Raúl Zaffaroni y Fayt—, el «mini» tribunal que sobrevivía entonces —con Highton de Nolasco, Maqueda y Lorenzetti— estalló en una mezcla de furia, alucinación e incomodidad. No solo por el método elegido por el Presidente, de nombrarlos de prepo y saltear al Senado, que no estaban dispuestos a admitir. También tenían claro que el nombre de Rosenkrantz iba pegado al Grupo Clarín, ya que su estudio intervino en el pleito por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o Ley de Medios, cuya constitucionalidad la vieja Corte respaldó, aunque con matices y sinuosidades. Aunque no todos conocían a Rosenkrantz en profundidad, rápidamente salió a la luz su perfil de abogado o asesor de grandes empresas y corporaciones, incluidos otros medios de comunicación como La Nación y América TV, y sociedades como La Rural, Carbap, YPF, Quilmes, Pegasus, Pan American Energy, Freddo, Arcos Dorados (McDonald’s), entre otras tantas, incluida Farmacity. La lista desapareció de la página web de su estudio en cuanto surgió su nombre para la Corte. Pero quedó en su declaración jurada ante el Senado.

Rosatti era un nombre más familiar para todos, en especial para Maqueda, ya que juntos habían sido convencionales constituyentes por el Partido Justicialista en 1994. Además, Rosatti había sido ministro de Justicia de Néstor Kirchner entre julio de 2004 y julio de 2005 y, como tal, había participado en la selección de un abogado del interior para integrar el máximo tribunal, entonces ajeno al poder y a las internas que allí se cocinaban: Ricardo Lorenzetti.

En una de sus rondas previas por despachos supremos, antes de asumir en la Corte, Rosenkrantz visitó a Maqueda e intentó buscar su complicidad:

—Yo asesoré a Raúl Alfonsín durante la convención para la reforma constituyente. ¿No se acuerda de mí? Nos hemos visto.

Maqueda lo escrutó de arriba abajo, atusando su tupido bigote y contestó:

—No, la verdad que no.

En tiempos de la Constituyente Rosenkrantz tenía 35 años. Le gusta hacer gala de su histórica relación con el radicalismo y de su pertenencia a un grupo de asesores estrella del gran jurista y filósofo Carlos Nino, que murió en 1993, a los 50 años. Nino se había ido del país para formarse en Oxford, con una beca del British Council, y peregrinó por universidades de Estados Unidos. Regresó en 1982, cuando ya se dejaba entrever el ocaso de la última dictadura. Junto con otros miembros de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF) se reunieron con Alfonsín y conformaron una comisión para analizar qué hacer con los crímenes del terrorismo de Estado. Nino se proponía impedir su impunidad. El entonces Presidente los llamaba «los filósofos» y entre ellos estaban también Jaime Malamud Goti, Martín Farrell, Enrique Paixao y Dante Caputo, quien luego sería canciller.

***

Rosenkrantz entró a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1976 y se recibió en 1983, coincidentemente con el inicio y fin de la dictadura. Eligió Derecho un poco por vocación y bastante más por mandato familiar. Su padre, que había llegado a ser diputado del frondizismo, tenía un estudio jurídico chico que les aseguraba un muy buen pasar a él y sus hermanos. En la facultad, sus compañeros se asombraban por la cantidad de horas que podía dedicarle al estudio, lo que llevó a que rápidamente lo integraran a una clase que daba el civilista José María López Olaciregui, reservada a alumnos destacados.

Lo único capaz de distraerlo del estudio de los libros de Derecho eran la militancia radical y su novia en los claustros. La pelirroja que lo tenía enloquecido era Elvira Bulygin, una chica un poco menor y que era hija del jurista Eugenio Bulygin, que lo acercó a SADAF. Mientras duró el noviazgo con Elvira, Rosenkrantz se volvió más salidor y solía organizar reuniones en el departamento de su mejor amigo, Gabriel Bouzat. La relación con Elvira no prosperó. Con el tiempo, ella se recibió de abogada y se casó con un colega que también ganaría mucho renombre, Luis Moreno Ocampo.

El otro amor de Rosenkrantz, el radicalismo, lo impulsaba a salir a buscar afiliados en plena dictadura por los pasillos de la Facultad de Derecho, entre compañeros que lo admiraban por su dedicación al estudio. Los viernes se instalaba durante largas horas en el comité histórico de la Unión Cívica Radical (UCR) en la calle Hipólito Yrigoyen 1660. Sus viejos amigos lo recuerdan flaco y desgarbado caminando bajo la llovizna el 9 de septiembre de 1981 cuando velaban al líder del partido, Ricardo Balbín. El día que asumió Carlos Contín al frente del Comité Nacional tras la muerte de Balbín, Rosenkrantz estaba ahí, y bien ubicado. Se había conseguido un lugar justo detrás de Raúl Alfonsín. El evento terminó como solían terminar las convenciones radicales: a los sillazos. Rosenkrantz, que hacía tiempo que practicaba boxeo, también un poco por mandato familiar, miraba impávido cómo volaban piñas y asientos sin atinar a hacer nada.

Hacia la época de la Guerra de Malvinas, los abogados y casi abogados se habían convertido en figuras clave para sacar detenidos de las comisarías que, en la mayoría de los casos, habían caído mientras hacían pintadas contra el régimen dictatorial. Por esos días fue que conoció a Nino. El jurista lo obnubiló: lo deslumbraba cómo podía desmenuzar cada argumento y la vocación por ganar cada debate, aunque fuera por cansancio. A él mismo le pasó que en una ocasión se encontró periguiéndolo hasta el baño para convencerlo de una idea. Nino también vio algo en Rosenkrantz y lo llevó a trabajar con él. Cuando diseñó el andamiaje del Juicio a las Juntas, como asesor del gobierno de Raúl Alfonsín, lo incluyó en un grupo de asistentes. En 1985, Nino quedó a cargo del Consejo para la Consolidación de la Democracia, y Rosenkrantz también estuvo ahí.

En 1986 comenzó su acercamiento a un personaje fundamental del radicalismo renovador, que suele permanecer entre bambalinas y aún hoy sostiene un poder enorme en territorio judicial y político: Enrique «Coti» Nosiglia, que armó por entonces la Fundación para el Cambio en Democracia (Fucade), para formar cuadros para el alfonsinismo. Allí se dictaban cursos y se reunían las nuevas promesas de la Coordinadora, que él encabezaba desde la circuscripción 20, en Barrio Norte: además de Rosenkrantz, estaban sus futuros socios del estudio jurídico Bouzat y Agustín Zbar —actual titular de la AMIA—, entre otros. Rosenkrantz estudió en Yale entre 1987 y 1989 con una beca Fulbright. Su regreso de los Estados Unidos marcó el fin de la vida frugal de «los filósofos» y la decisión de formar el bufete de abogados, del que Zbar se fue en 2001 para zambullirse en política y luego en las aguas del establishment de la colectividad judía.

Después de la Constituyente, participó en la fundación de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización de corte liberal que cuando el gobierno lo postuló para la Corte presentó observaciones por su nombramiento en comisión. Rosenkrantz fue tesorero de la ADC varios años y, también, objeto de críticas del staff de la ONG por los clientes que defendía su estudio, especialmente Clarín. Lo mismo pasó con Alejandro Carrió —abogado de los hijos de la dueña del grupo, Ernestina Herrera de Noble, en la causa que buscaba determinar si eran hijos de desaparecidos—, que presidió la ADC. En plena polémica por la Ley de Medios, Rosenkrantz presionaba para obtener el apoyo de la ONG al multimedio. El equipo de ADC creyó alucinar cuando detectó que Rosenkrantz había utilizado su misma sigla para crear una ONG paralela, la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC), con la que presentó una medida cautelar en favor de Fibertel, la proveedora de internet del Grupo Clarín.

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El entonces presidente supremo, Lorenzetti, sabía de Rosenkrantz probablemente mucho más que sus otros dos colegas. Y mucho más de lo que mostraba. Cuando fue postulado por Macri, los colaboradores del juez decían: «Con Carlos (Rosenkrantz) está todo bien, el problema es Rosatti». Los nombres de ambos habían sido propuestos por el influyente abogado —miembro clave de la «mesa judicial» del Presidente de la Nación— Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, una especie de monje negro que supo ser experto en sistema financiero y cobró un papel relevante en el manejo de los problemas judiciales del Gobierno, aunque sus títulos oficiales son los de parlamentario del Mercosur y miembro del directorio de YPF. Rodríguez Simón coincidió con Rosenkrantz en sus tiempos de estudiantes en la Facultad de Derecho. Como el actual supremo, fue abogado de Clarín y publicó un libro sobre el tema justo antes de que los supremos convalidaran la Ley de Medios, como para instalar criterios. Se llamaba Clarín y la Ley de Medios. Claves para entender cómo resolverá el caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Planeta).

En el caso de Rosatti, su candidatura fue acordada con Elisa Carrió, gran amiga de «Pepín». Y ese era el gran problema para Lorenzetti: que Carrió lo bombardeaba desde hacía tiempo con pedidos de juicio político que lograron desestabilizar todo su control mental y psíquico.

Uno de los antecedentes que unen a Lorenzetti con Rosenkrantz se sitúa en agosto de 2015, en la recta final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Era, como tal, un momento de reacomodamiento dentro de la Corte Suprema. El Centro de Información Judicial (CIJ), la agencia de noticias de la Corte creada por Lorenzetti, promocionaba una charla en la Universidad de San Andrés —de la que Rosenkrantz era rector—, donde se pondrían en cuestión los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura que el propio ex presidente supremo había alentado. Los había detallado en un libro (Derechos humanos, justicia y reparación, que escribió con Alfredo Kraut) y mencionado innumerables veces como una política de Estado que, además, venía a cumplir con mandatos de tribunales y pactos internacionales.

El avance de los juicios de lesa humanidad, luego de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2005, fue uno de los logros más notorios de la Corte, que floreció durante el gobierno de Néstor Kirchner y que dedicó más de una década a ampliar derechos de distinta índole. «Derechos humanos y castigo: las discusiones pendientes» era el título de la charla anunciada en San Andrés, que la Corte promocionaba pese a que ninguno de sus integrantes ni secretarios participaba de ella. Una verdadera rareza. Para los entendidos, era el anuncio de retrocesos en puerta. Entre los expositores estaban la integrante de la Conadep y del gobierno de La Alianza, Graciela Fernández Meijide; el historiador Luis Alberto Romero; el ex embajador argentino en Naciones Unidas, Emilio Cárdenas; juristas estadounidenses y profesores de la casa. La conclusión que una mayoría de ellos compartía apuntaba a que los juicios de lesa humanidad «no aportan a la verdad socialmente conocida», que los hechos son tratados con una mirada parcial y que los genocidas acusados se encontraban en estado de indefensión.

Previo a la charla, el propio Rosenkrantz se contactó con Víctor Abramovich —que dirigía la maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús y había sido vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— para invitarlo a participar y le dijo que su expectativa era que sirviera para que «los argentinos puedan volver a pensar su pasado». El título original de la convocatoria iba a ser «Derechos Humanos, castigo y reconciliación», palabra esta última que se ha usado como eufemismo de culto de las fuerzas armadas para borrar sus responsabilidades en los crímenes del terrorismo de Estado. Abramovich le agradeció, pero no le dio calce a la discusión. Rosenkrantz no participó activamente del evento, pero para quienes seguían sus papers no era novedad su postura en relación a los procesos por delitos de lesa humanidad, donde dejaba claro que el derecho internacional le parece «un derecho extranjero», aunque los tratados internacionales hubieran sido incorporados en la reforma constitucional de 1994, en la que él también participó como asesor de Alfonsín. De hecho, había dejado plasmada su postura en una polémica sobre el fallo «Simón», con el que la Corte había hecho historia al derribar las leyes de impunidad y permitir que se reanudaran los juicios de lesa humanidad. La discusión, publicada en una revista de la Universidad de Palermo, lo había enfrentado con el abogado y magíster en Derecho Leonardo Filippini —que coordinó el área de reforma institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)—, pero también con dos Nino’s Boys un poco más jóvenes que él, Martín Böhmer y Roberto Gargarella.

Tras la charla en San Andrés, los organismos de derechos humanos pusieron el grito en el cielo e hicieron públicas sus quejas al advertir lo que promocionaba la Corte. Desde la Procuración salió el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, a decir que la convocatoria respondía a la búsqueda de impunidad. Por aquellos días proliferaban charlas que promovían la «reconciliación» en la Universidad Católica (UCA). Y llovían editoriales de La Nación en el mismo sentido, que pedían directamente el fin de los juicios contra represores. Desde luego, la postura de Rosenkrantz para restringir la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos le valió impugnaciones, pero no fue un impedimento para su aprobación como juez. Con tiempo se preparó con un grupo de juristas amigos y docentes de la San Andrés para responder a las objeciones a su pliego en reuniones que alternaban entre la universidad, su estudio y alguno que otro bar.

A Pepín Rodríguez Simón y al gobierno de Macri, la postura de Rosenkrantz sobre los casos de lesa humanidad no era el único rasgo en sí mismo que los entusiasmaba a la hora de postularlo para el más alto tribunal. Atraía un aspecto algo más sutil que —paradójicamente— lo había distanciado de su mentor Carlos Nino: este era constructivista, y buscaba bases objetivas para unir los juicios morales a través de procedimientos formales. Para Rosenkrantz el Derecho es autónomo de la moral y huye de la idea de que las discusiones jurídicas se vuelvan morales. Con esa impronta, volcada a su perfil de abogado pro empresariado, en el gobierno de Macri —donde la Universidad de San Martín detectó en un comienzo 269 funcionarios con participación y cargos en empresas privadas, empezando por el propio Presidente de la Nación— estaban encantados.

Macri había conocido a Rosenkrantz en 2011, cuando el centro de estudiantes de la Universidad de San Andrés lo había invitado a dar una charla. Rosenkrantz, que para entonces ya llevaba un tiempo como rector, se acercó a darle la bienvenida, pero Macri casi ni lo miró. «Me dio la impresión de que con esa impronta no podía ganar ninguna elección», reconoció Rosenkrantz en una entrevista con el diario Perfil. Un año después volvieron a verse las caras cuando Macri ya saboreaba la posibilidad de postularse para la presidencia y reunió a un grupo de intelectuales. En julio de 2015, Rosenkrantz ofició de anfitrión en la universidad de alguna de las reuniones de lo que se gestaba como el «Grupo Manifiesto», un intento de la dirigencia de PRO por conectar con el mundo intelectual y emular a «Carta Abierta» del kirchnerismo. El encuentro lo relata el escritor Hernán Iglesias Illia en su libro Cambiamos (Editorial Sudamericana), ya que estuvo presente, junto con Marcos Peña, Iván Petrella y Pablo Avelluto. Peña funcionaba como expositor del contexto político y las pretensiones de su fuerza. Rosenkrantz los sorprendió con una crítica sobre «la distancia que separa al PRO del mundo intelectual» y les puso como ejemplo los contactos de Raúl Alfonsín con Juan Carlos Portantiero, así como la experiencia de Néstor y Cristina Kirchner. «Si hacés una encuesta en el Conicet —estimaba Rosenkrantz— el 95 por ciento vota en contra de Macri».

El macrismo nunca fue sensible al mundo de la ciencia ni la academia ni afecto a invertir en ellas. Pero se interesó en algunas de las ideas que les daba el rector. Les sugirió que buscaran un vector de su discurso, así como el alfonsinismo tuvo a «los derechos humanos». Más tarde Rosenkrantz le pediría el correo electrónico de Peña. Comenzaba una relación.

La cuestión de los «derechos humanos» fue llevada por el gobierno de Macri al otro extremo: hablaba del tema con desprecio, como un «curro» e ignoraba a los organismos.

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A la hora de decidir sobre los candidatos supremos, a Rodríguez Simón y a la «mesa judicial» les gustaba mostrar también que Rosenkrantz iba a ser el primer juez de origen judío en la Corte Suprema, lo que no era estrictamente cierto, por más que hubiera obtenido un aval de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Para el judaísmo, la condición judaica se transmite a través de la madre. Pero la mamá de Rosenkrantz era una docente católica correntina. El judío era su padre, un abogado de origen polaco y militancia radical. Rosenkrantz arrastraba una perturbación con la cuestión religiosa. Cuando se casó con Agustina Cavanagh, para intentar dejar a todos contentos hizo doble ceremonia. Una con los rituales del catolicismo. Otra con los del judaísmo, bajo una jupá —la cubierta que se utiliza en los casamientos de esta colectividad— y con un rabino presente. Su padre, ofendidísimo, decidió faltar a la celebración. «Esto es una farsa», gritó.

Cavanagh es profesora de dibujo, pintura y escultura egresada de la Universidad de las Artes (UNA), magíster en Artes Visuales graduada en la New York University. Hasta la llegada de su marido a la Corte, dirigió la fundación Cimientos que, según el Observatorio de Elites de CITRA-UMET-Conicet está ligada al grupo Blaquier. Sus aportantes eran grandes empresas, entre ellas algunas de las que fueron clientas de su marido. El Observatorio analiza estas iniciativas como avances del empresariado sobre la educación: el interés de las élites económicas en la política pública, en difundir su cosmovisión como si fuera la de toda la sociedad.

Los Cavanagh son una familia acomodada. Entre algunas de sus propiedades está el selecto country club de estilo inglés Martindale, de Pilar. Allí Rosenkrantz festejó en octubre de 2018 sus 60 años, rodeado de amigos y de clientes como los directivos de Farmacity. También invita a Martindale, todos los febreros, a los integrantes de su vocalía con sus familias, que comparten las mesas con los Rosenkrantz en un ámbito más distendido que el del cuarto piso del Palacio de Justicia. Es común que asistan sus dos hermanas menores, Juliana, socióloga, y Guillermina, doctora en Filosofía. También se les suma Gustavo Triveri, hermano por parte de madre. Rosenkrantz generalmente presenta a su hermano como periodista y de izquierda, aunque hace años que está alejado de la actividad, después de haber sido asesor en el área de comunicación de Alfonsín pasó a dedicarse a asuntos dedicados al campo —incluso La Nación lo describe como un productor sojero.

Los Cavanagh también tienen casa en Cumelén, el primer country del país, en Villa La Angostura. En ese barrio privado también son propietarios, entre otros, la reina Máxima Zorreguieta, Enrique Pescarmona, Ignacio Blaquier, Pablo Roemmers, Luis «Toto» Caputo y Nicolás Caputo, el amigo íntimo del Presidente. Macri elige Cumelén para sus habituales escapadas con Juliana Awada y la pequeña Antonia. Un punto de coincidencia con el presidente supremo.

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Cuando llegó a la Corte, Rosenkrantz modernizó su despacho, que había pertenecido por años a Petracchi, de modo que quedó justo enfrente de Lorenzetti. El solo lavado de los cortinados blancos le dio más luminosidad al lugar. Agregó una mesa grande, donde delibera con sus colaboradores y a veces comparten el almuerzo. El supremo intentó un convenio con el Fondo Nacional de las Artes para poder poner algunos cuadros de pintores célebres, como hacen algunos organismos públicos, pero le dijeron que la Corte no es lo mismo. De modo que llevó algunas obras que tenía guardadas o que le regalaron. Hace cambiar las flores a diario y tiene algunas mañas, como una negación extrema a usar el aire acondicionado en pleno verano, que no justifica en la política de ahorro energético sino en sus costumbres correntinas. Argumenta que creció en el calor, y no lo siente. También suele reprender a los varones que lo visitan sin corbata.

Rosenkrantz hizo de su despacho una prolongación de su casa o del country de Pilar, donde suele hacer reuniones nutridas. El día que juró como integrante de la Corte, armó un brindis que atrajo a un desfile de dirigentes y juristas de origen radical. Jesús Rodríguez, Marcelo Stubrin y Facundo Suárez Lastra caminaron animados por el pasillo del cuarto piso para ir a felicitarlo. Se le sumaron algunos de los Nino’s Boys de los años ochenta. En la larga fila para abrazar al nuevo supremo, la cara más conocida la portaba su antiguo compañero de estudios Mauricio D’Alessandro, el abogado de Mirtha Legrand que populariza las peleas tribunalicias por televisión. Del otro lado, estaba Malamud Goti, crítico de la reapertura de los juicios a los genocidas, con quien Rosenkrantz cosechó una estrecha relación.

Tan contento estaba con su nueva oficina que hasta organizó una reunión con los integrantes de su cátedra de la Facultad de Derecho de la UBA, a los que hacía muchísimo tiempo que no reunía. Algunos lo vieron como un gesto de altanería, a los que Rosenkrantz los tenía algo acostumbrados, más que un intento de charlar sobre metodología y fechas de exámenes.

Una de las primeras ideas que planteó al llegar a la Corte fue la de poner ahí adentro un gimnasio. Como no lo consiguió, suele salir algunos mediodías con parte de su equipo de trabajo a entrenar a la sede de hombres que el selecto club CUBA tiene en Viamonte y Montevideo. Al regreso, pasan por un chino, donde Rosenkrantz compra comida por peso. Socio desde joven también del Club Hípico Argentino, tiene preocupación por la estética, come ensaladas —que suele devorar más rápido que el resto— y es hincha fervoroso de Independiente, aunque no va a la cancha.

Además de su trato parco, algo que llamó la atención de sus colegas durante sus primeros tiempos en la Corte, fue que Rosenkrantz se tomó varios meses en empezar a firmar expedientes. Participó obligadamente en algunos, que tenían trascendencia pública, como el que dio vía libre al primer tarifazo de la luz del gobierno de Macri, aunque sin avalarlo, al rechazar una medida cautelar que lo frenaba. Lo que pocos sabían era que, sigilosamente, sus secretarios estaban hurgando entre los expedientes, en busca de algunos que pudieran complacer al Gobierno y permitirle a Rosenkrantz hacer gala de sus posturas jurídicas desafiantes o atípicas.

3
Las Elenas

Al poco tiempo de empezar su carrera como auxiliar en el fuero Civil, a fines de los años ochenta, Elena Nolasco —más conocida como Elenita, por ser la hija de Elena Highton de Nolasco— era blanco de bromas y comentarios que hoy no pasarían un test básico de conductas machistas. Sus compañeros la mandaban a trepar a una escalera para que buscara expedientes, en especial si había ido vestida con pollera, para deleitarse con esa imagen. Tampoco es que hoy tales escenas ya no existan. Los límites se corren con facilidad en la telaraña de poder que caracteriza al ámbito judicial.

Su madre, en aquella época, era jueza civil de primera instancia. En 1994 fue ascendida para integrar la Cámara Civil. Elenita había pasado por ese tribunal antes que ella. También trabajó en el juzgado de Carlos Molina Portela, un juez que tuvo un momento de fama cuando mandó a bajar de Google portales antisemitas. Highton llegó a la Corte en 2004, con la renovación impulsada por Néstor Kirchner, bajo sugerencia y respaldo del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Aunque la penalista Carmen Argibay, ya fallecida, fue nombrada antes que ella en el tribunal, Highton asumió primero. Su vieja conocida de la Asociación de Mujeres Jueces —organización que se resiste paradójicamente a decir «juezas»— aún estaba haciendo juicios en el Tribunal Penal de La Haya, por eso se demoró su asunción. De ahí que Highton se ganara la mención en todos los relatos históricos que la pintan como «primera jueza mujer en la Corte durante un gobierno democrático». La única anterior, Margarita Argúas, había sido designada durante el gobierno de facto de Roberto Levingston.

Highton de Nolasco se llevó a Elenita con ella a la Corte al poco tiempo de desembarcar. La joven Nolasco estaba trabajando en el estudio de abogados Beccar-Varela, pero apostó a una larga vida suprema. La reclutó formalmente Alfredo Kraut, un hombre clave en el equipo del entonces también recién llegado Lorenzetti. Elenita se incorporó a su vocalía como prosecretaria letrada. Al comienzo cultivó el bajo perfil, pero con el tiempo se convirtió en un nombre en boca de muchas y muchos en el Palacio de Justicia. En parte por ser «la hija de», aunque ya a esta altura no sea novedad el nombramiento de parientes en el Poder Judicial sino parte de una cultura. Otro tanto, por los trajes de colores estridentes que le gusta usar y son parte de su marca personal. Es una mujer sociable, con fama de llevarse bien con todo el mundo, coqueta al extremo y con cierta impronta adolescente en la forma de hablar. A sus pares les dice brother y cuando alguien hace lo que ella anhela o dicta, suelta un «te quiero» con facilidad. En esa época estaba recién casada con Rómulo Chiesa, que revistaba en el estudio O’Farrell y con el tiempo llegó a ser director general técnico y administrativo de la Administración Nacional de Aviación Civil, que presidía Alejandro Granados, hijo y homónimo del intendente de Ezeiza.

Highton de Nolasco fue vicepresidenta de la Corte durante los once años que Lorenzetti la presidió. Tuvieron una relación armónica durante todo ese período, en el que ambos sacaron provecho propio a su función. En diciembre de 2015, cuando era simple pronosticar que Mauricio Macri intentaría designar jueces de su agrado y que era impredecible el impacto dentro del tribunal, el tándem Lorenzetti-Highton comenzó a implementar cambios internos sorpresivos ante el temor de pérdida de poder. Le dieron a Daniel Marchi, hasta entonces administrador general —ex socio y hombre de gran confianza de Lorenzetti— una megasecretaría con facultades adicionales en «asuntos jurídicos» e «institucionales», el Cuerpo de Auditores y la Unidad de Juicios de Lesa Humanidad. La excusa fue que Kraut estaba por jubilarse. También recibió una rejerarquización María Bourdin, la periodista mano derecha de Lorenzetti que manejaba el Centro de Información Judicial (CIJ) y la comunicación de la Corte en general. De directora pasó a secretaria, lo que equivale a un rango de juez de Cámara. Pero una de las primeras medidas de esa tanda fue la creación de una secretaría nueva, la Secretaría de Relaciones del Consumo para poner a su cargo a Elenita.

Highton reclamaba un ascenso para su hija desde hacía tiempo. Había intentado sin éxito que la pusieran al frente de la secretaria que unificó las áreas civil y comercial.

—Me tiene loco Elena con esto —se quejaba Lorenzetti ante sus colegas y comentaba que ella amenazaba con no firmar más fallos si no había nombramiento especial para Elenita. En tiempos de una Corte de tres integrantes, no contar con la firma de Highton equivalía a una parálisis.

Cuando la noticia de la creación de una secretaría a medida ya corría dentro de la Corte, ese pequeño mundo donde en teoría el reglamento para la justicia prohíbe el nepotismo, Highton reunió a secretarios y secretarias del tribunal:

—Quiero decirles que hay una nueva secretaría, que responde a una necesidad. Estará a cargo Elenita. Ahora les habla la jueza, no la madre. Quiero saber qué piensan.

Como era esperable, nadie hizo reproche alguno en el momento, por lo menos en voz alta.

Crear una secretaría dentro de la Corte es como inventar un juzgado nuevo de la nada. Hay once secretarías temáticas, incluida la de Elenita. En este caso, la acordada fundacional (37/2015), con las firmas de Lorenzetti, Maqueda y Fayt, más la de Marchi como una suerte de garante, decía que la reforma constitucional de 1994 «consagra expresamente la protección de los usuarios y consumidores de bienes y servicios en la relación de consumo» y que sus derechos fueron fortalecidos y protegidos por el Código Civil y Comercial aprobado en 2014. Que quedara a cargo de la hija de una jueza suprema era de dudosa legalidad. Los integrantes del tribunal no pueden tener familiares bajo su dependencia directa. Aquí la duda radicaba en si la situación era tal. El hecho es que hubo una denuncia penal, que quedó a cargo del fiscal Carlos Rívolo y del juez Claudio Bonadío, y que el pulso de esa investigación marcaría el destino de varias de las decisiones de Highton de Nolasco como jueza suprema.

Las Elenas tienen un vínculo afectivo y familiar fuerte, además de cotidiano. La jueza suele pasar fines de semana enteros en la casa de su hija en Nordelta. Se deleita con los chismes que no llegan a su despacho. Elenita vive allí con su actual pareja, Jorge Giani, presidente de El Surco Seguros, y los dos hijos de ella, de 10 y 12 años. En los años noventa Giani estuvo acusado de montar un sistema de retornos en el PAMI a través de la empresa Funeral Home, de la que era vicepresidente. Como es frecuente con las causas de corrupción, a Giani lo terminó salvando la prescripción. Giani es vocal de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), que organiza charlas sobre «justicia y seguros» y creó un Instituto para el Desarrollo de la Justicia, el Seguro y la Economía (JSE) dada «la incidencia de las decisiones judiciales en el sector» y ha hecho convenios con la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y la Academia Judicial Internacional, de la que Highton es integrante del comité académico.

A partir de 2017 se notó en la Corte un cambio de tendencia en los fallos en materia de seguros. Por lo general, hasta entonces los reclamos de las empresas eran rechazados de plano. Pero, en junio de ese año, una sentencia marcó un antes y un después: el tribunal falló a favor de las aseguradoras, al establecer que los contratos con ellas tienen un límite que es el que pactan con el asegurado/a. Decía que la función del seguro no es reparar todos los daños producidos a una víctima, que no es parte del contrato, cuyos términos debe respetar. La obligación de reparación, sostuvieron en el caso de la demanda de Lorena Romina Flores por un accidente de tránsito, es contractual. Esa fue la postura de Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y la suegra de Giani, Highton. Rosatti y Maqueda votaron en disidencia: dijeron que el recurso planteado por la aseguradora era inadmisible.

***

Todos los lunes Highton de Nolasco llega más tarde de lo habitual a la Corte, porque va a la peluquería. La atiende Nuri desde hace por lo menos veinticinco años. También compra sus trajecitos en el mismo lugar hace décadas, en un negocio que estaba en Barrio Norte y se mudó al Once. A veces Elenita la acompaña. A la jueza le gusta que combinen los colores de las prendas y no le huye a los que son estridentes. Se parecen mucho en ese aspecto.

La reiteración de rituales, como los de Highton, son simples simbolismos de una lógica más compleja que caracteriza al Poder Judicial, donde el tiempo tiene un valor especial. Perdurar en los cargos, ascender en la escala, perpetuarse, expandir los tentáculos a través de la presencia de familiares en otros puestos del mismo universo, manejar el tiempo de los expedientes. Apelar a aquello que el célebre Carlos Fayt llamaba «cronoterapia», para cajonear algún caso conflictivo o políticamente sensible, pero que también logró aplicar a su propia supervivencia en el tribunal hasta los 97 años.

Mientras se discutía ya públicamente el caso de permanencia récord de Fayt, que en 1999 había conseguido que la propia Corte de entonces declarara nula la cláusula constitucional que en 1994 estableció que los jueces duran en su función hasta los 75 años, aunque pueden continuar cinco años más con un nuevo acuerdo del Senado, llegó a la Corte un planteo de Leopoldo Schiffrin, camarista federal de La Plata, que fallecería en febrero de 2018.

Schiffrin quería para sí la doctrina Fayt y sus beneficios. Todavía el alto tribunal tenía siete integrantes, y gobernaba el país Cristina Fernández de Kirchner. Era una situación complicada incómoda en la Corte para resolver semejante planteo: además de que Fayt estaba expuesto —grande y con problemas de salud—, entre los jueces de entonces, Raúl Zaffaroni ya había anunciado que luego de los 75 se jubilaría porque —en contra de la doctrina Fayt— decía que quería respetar la Constitución, mientras que Enrique Petracchi había conseguido una medida cautelar para continuar después de la edad jubilatoria, aunque todos sabían que estaba muy enfermo.

Highton de Nolasco era, por su edad, la próxima de la lista en tener que definir su postura. «En principio, me voy a ir antes de los 75 o a los 75. Mi idea es cumplir con la Constitución», dijo públicamente en noviembre de 2014, cuando estaba cerca de cumplir 72. Explicaba que su caso era distinto al de Fayt, quien había sido nombrado en 1983, mucho antes de la reforma constitucional que fijó la edad límite. A ella, reconocía, le tocaban las reglas más recientes.

El primer proyecto para derribar la llamada «doctrina Fayt» y poner un límite al carácter vitalicio de jueces y juezas fue elaborado en la despacho de Maqueda, que había sido convencional constituyente y tenía una obsesión con el tema. Estaba avanzado, y tenía las firmas —además de Maqueda— de Lorenzetti, Zaffaroni y también de Elena Highton de Nolasco. Lorenzetti, que por esa época podía dominar la agenda suprema, decidió esperar. En mayo de aquel año, 2014, falleció Argibay, que también arrastraba severos problemas de salud. En octubre murió Petracchi. Luego renunció Zaffaroni, con fecha de salida a fin de ese año.

Era el peor escenario para que la Corte resolviera un fallo sobre la edad de los jueces. La salud de Fayt comenzó a tambalear, más que antes. Asistía a algunos acuerdos con ayuda de secretarios, pero a la mayoría faltaba. Un día explotó de ira.

—¡Esto es una persecución de Lorenzetti en mi contra! —lanzó con la voz cascada en medio de uno de sus últimos plenarios, enterado del proyecto que habían firmado sus colegas para revertir el fallo que tantos años antes lo había beneficiado, y que le había dado larga vida como juez supremo.

Apenas Fayt presentó la renuncia, el expediente Schiffrin ingresó a la etapa final, para ser tratado en un acuerdo y firmado. Los tres jueces que quedaban en pie ya habían dejado por escrito una postura común contra el pedido del camarista platense, que se proyectaría a otros y otras en su misma situación. Pero de pronto, cuando se vislumbraba el cambio político, Highton empezó a dar señales confusas.

—Mejor saquemos esto cuando la Corte esté completa —buscó postergar la jueza.

Entre Maqueda y Lorenzetti hicieron lo imposible por convencerla. Era un asunto de alta trascendencia donde se suponía que los tres estaban de acuerdo. Nadie se había percatado hasta ese momento de que era un tema que a ella pronto la afectaría. Antes había sido muy contundente al expresar su posición. Pero con Macri en el poder, con la designación de Rosatti y Rosenkrantz como nuevos supremos y su inminente incorporación, la jueza planteó:

—Hoy más que nunca hay que esperar.

Durante la segunda mitad de 2016, con los nuevos jueces instalados en la Corte, Lorenzetti y Maqueda se pusieron firmes y plantearon que querían resolver el debate de la edad jubilatoria sí o sí. El santafesino recién llegado estuvo de acuerdo. También preparó un proyecto y lo puso a circular por los despachos. Rosenkrantz empezó a desnudar su modalidad: pidió tiempo para estudiar y elaborar su voto.

Sin decir nada a sus compañeros, mientras Rosenkrantz propiciaba la dilación del fallo, Highton presentó un recurso de amparo a fines de 2016 donde se anticipaba a su cumpleaños 75 y pedía poder continuar después de esa edad en la Corte. El planteo le tocó al juez Enrique Lavié Pico. Los otros supremos se enteraron por los diarios. Los más viejos no salían del asombro, después de haberla escuchado varias veces defender la postura exactamente contraria en tono de absoluta convicción. El juez Lavié Pico resolvió con una celeridad sorprendente: los primeros días de febrero de 2017 le concedió una medida cautelar. Había cumplido 74 años en diciembre. La jueza se movió con tiempo, y se anticipó al fallo de la propia Corte, cuya preparación conocía a la perfección.

En el acuerdo posterior a la resolución con que la complació Lavié Pico, Highton anunció con el mismo tono monocorde con el que había dado los buenos días:

—Acá tengo una medida cautelar que me permite quedarme después de los 75.

En ese instante, Maqueda y Lorenzetti cruzaron miradas y entendieron por qué Rosenkrantz venía provocando una demora inexplicable en la resolución del caso Schiffrin. Con el correr de los días, atribuyeron la ingeniería que había quedado en evidencia a la buena relación entre Highton y el camarista del fuero contencioso, Sergio Fernández, y su hermano, Javier Fernández, integrante de la Auditoría General de la Nación, pero principalmente operador judicial de todas las épocas en territorios sensibles como Comodoro Py, los tribunales donde se dirimen juicios contra el Estado, como el de Highton. Los Fernández —históricamente cercanos a la escudería del espía Antonio «Jaime» Stiuso— venían perdiendo poder, y buscaban acomodarse, razonaban en algunos rincones de la Corte. Como dato adicional, tienen vínculo cercano con Giani, la pareja de Elenita.

Unos días antes de la resolución de Lavié Pico, el Gobierno sobreactuó su discrepancia con el pedido de la jueza. El Ministerio de Justicia presentó un escrito donde pedía que «se rechace la acción». Pero, cuando llegó la hora de apelar, no lo hizo. El resultado fue que quedó firme la decisión a favor de Highton y su permanencia infinita en la Corte, donde a nadie se le escapa la relación de confianza y años de la jueza con el ministro de Justicia, Germán Garavano, que además la visita y llama en forma constante.

Highton fue impulsora junto con Garavano y su secretario de Justicia, Santiago Otamendi, entre otros, de un programa llamado «Justicia en Cambio» que a través de la Embajada de Estados Unidos promovía intercambios y acuerdos con el Poder Judicial y autoridades de ese país. La oposición del peronismo, que a través del jefe del bloque en senadores Miguel Pichetto, había reclamado la jubilación de la jueza, con la apuesta de lograr nombrar a alguien propio en su lugar, no tuvo efecto.

El dúo Maqueda-Lorenzetti, que no había previsto en absoluto la jugada de Highton, intentó reconstruirla. En varios relatos originados en el ámbito judicial y en el político, se topó con la figura de Elenita, como quien ocupaba un trascendente papel de intermediaria, tanto con la justicia en lo contencioso-administrativo como con la llamada «mesa judicial» que apuntala al presidente Macri. La estrategia quedó definida por la joven Nolasco, en una alianza de estreno con Rosenkrantz, junto con Pepín Rodríguez Simón, el jefe de asesores del presidente Macri, José Torello, el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, y el propio ministro Garavano.

A partir de febrero de 2017, Elena Highton de Nolasco empezó a subordinar su voto, en numerosos expedientes, al de Rosenkrantz.

A pesar de que era obvio que ella ya no votaría el caso Schiffrin y que podría considerarse a resguardo, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti firmaron una sentencia, irritante para la familia judicial que venera el poder vitalicio: el 28 de marzo de 2017 restablecieron la constitucionalidad del límite de los 75 años para los jueces que había fijado la reforma de 1994, de la que —además— los dos supremos constitucionalistas habían participado. El argumento central fue que los constituyentes no se habían excedido en sus competencias al establecer la edad jubilatoria para jueces y juezas que pueden, de todos modos, buscar un nuevo acuerdo del Senado si quieren continuar por cinco años más. Para ellos, no estaba afectada la llamada «garantía de inamovilidad de los jueces». Rosenkrantz hizo un voto en disidencia donde planteó que la Convención Constituyente había modificado un artículo que no había sido habilitado por el Congreso para ser reformado. Para él, además, opinar sobre la constitucionalidad de cierta reforma constitucional «no implica en modo alguno una intromisión indebida ni un avasallamiento inadecuado de áreas reservadas a otros poderes del Estado…» Era muy enfático en que la Corte debía respetar sus propios precedentes.

El fallo, que vino contra la tradición judicial a cambiar el culto a los cargos vitalicios, no solo implicaba un revés para Schiffrin. El voto de la mayoría exhortaba al Consejo de la Magistratura a garantizar las medidas necesarias «para asegurar la plena vigencia de artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución», lo que equivalía a decir que los jueces y juezas que tuvieran más de 75 años, que no contaran con medidas cautelares a su favor ni renovaran su acuerdo en el Senado, se tendrían que ir. Así, por efecto del fallo Schiffrin, terminaron renunciando para jubilarse compulsivamente, además de él mismo, 38 jueces y juezas. Entre algunos de los nombres más conocidos figuran Pedro David, que integraba la Cámara de Casación Federal, el juez de primera instancia Osvaldo Rappa, Juan Carlos Poclava Lafuente, de la Cámara de la Seguridad Social, el camarista federal Horacio Cattani —quien de todos modo estaba enfermo—, Alberto Santa María, que era juez federal de Lomas de Zamora, y Luis Cabral, juez de tribunal oral pero principalmente un hombre al que siempre le gustó la «rosca» de la política judicial —en ámbitos como la Asociación de Magistrados y el Consejo de la Magistratura.

Para el Poder Judicial, el fallo supremo fue de un impacto contundente. En sus tantos picoteos en territorio judicial, Elisa Carrió le mandó una carta a Macri pidiéndole que impulsara la continuidad de Schiffrin por cinco años más y dijo que detrás de la sentencia había «razones espurias» de su enemigo Lorenzetti. Para ella, la decisión le apuntaba a la jueza electoral María Servini de Cubría, quien también salió a despotricar públicamente. Pero Servini tenía una sentencia a su favor de 2009, del fuero de la seguridad social, que decía que el límite de 75 años no le era aplicable. Lorenzetti les respondió a ambas con una carta documento. El Gobierno, pronto vio una oportunidad para designar jueces y juezas de su agrado.

En agosto de 2017 entró a trabajar un nuevo secretario letrado a la vocalía de Highton de Nolasco, con un contrato hasta el 31 de mayo del año siguiente: era Enrique Alonso Regueira, quien había sido relator de Sergio Fernández en la Cámara del fuero Contencioso. Luego le prorrogaron el contrato hasta el 31 de mayo de 2019. Las decisiones las firmó Lorenzetti, a pedido de Highton. Cuatro meses antes de esa fecha límite ingresó al Senado su pliego como candidato elegido por el Poder Ejecutivo para ser juez de primera instancia de ese fuero crucial en los pleitos que afectan al Estado.

El año 2017 fue de triunfo para las Elenas. En diciembre, el juez Claudio Bonadío cerró la causa penal que el abogado Patricio Kingston había iniciado contra Elenita y los jueces Lorenzetti, Maqueda y Fayt, que habían avalado su designación al frente de la Secretaría de Relaciones del Consumo. El fiscal Carlos Rívolo promovió la desestimación de la denuncia, casi dos años después de su presentación, con el argumento de que el decreto que prohíbe a los jueces nombrar familiares directos a su cargo (1285/58) no abarca a la Corte, además de que señaló que este tribunal puede dictar su propio reglamento. Allí, de todos modos, cada vez que algún supremo nombró a algún familiar procuró que no tuviera una dependencia directa. En este caso, dentro de la Corte, decían que la secretaría en cuestión no tendría dependencia directa.

La Secretaría de Relaciones del Consumo se ganó fama de ociosa. De los 14.000 expedientes que resolvió la Corte en 2016, solo 62 salieron de ahí, nada más que uno terminó en una sentencia con fundamentos. El resto, en su mayoría, fue rechazado por improcedente. En 2017, la Corte no publicó estadísticas. Y en 2018 esta secretaría tuvo un salto numérico estrepitoso y reportó 404 sentencias, pero tampoco se sabe si son fallos con fundamentos o simples rechazos.

Las Elenas, como está a la vista, no son solo Elena y Elenita sino todas las caras de ambas.

4
Poda de derechos

En el crítico año 2001, Fidel Pérez trabajaba en la fábrica de botellones y sifones retornables Weland S.A. Había entrado en 1999 y para poder subsistir trabajaba de lunes a sábados de 6 a 18. Los domingos iba también a la fábrica. Hacía el mismo horario en formato de horas extra que la empresa le pagaba en negro. Tenía 51 años, una esposa y dos hijos. Utilizaba una máquina sopladora que presentaba fallas y carecía de un sistema de protección. En un accidente en plena rutina laboral, el 25 de marzo de 2001, perdió dos dedos de la mano derecha, lo que de ahí en adelante cambió su vida y restringió sus posibilidades de insertarse en el mundo del trabajo. Una pericia demostró que, además, padecía daño psíquico producto de lo sucedido, lo que agravaba su incapacidad. En 2009, desesperado, le escribió una carta al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Le contó que hacía changas en el barrio que le alcanzaban para «pucherear» a veces. «Nadie me da trabajo dada mi incapacidad, encontrándome condenado a la mendicidad para poder subsistir con mi esposa», dice la carta —probablemente escrita con ayuda de su abogada. Quería y necesitaba trabajar, pero nunca le llegó la respuesta.

Fidel es una de las miles de personas de carne y hueso que existen detrás de los expedientes judiciales, y de cuyas vidas la inmensa mayoría de los jueces y juezas no sabe nada. Rara vez conocen sus historias, sus caras, su padecer, su parecer, sus vivencias ni la huella que empujar una causa judicial puede dejar en una persona.

La Corte Suprema resolvió la demanda sobre la responsabilidad de la ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo) en la tragedia sufrida por Pérez el 22 de agosto de 2017, es decir dieciséis años después de que perdiera los dedos medio y anular completos. Una mayoría de tres supremos, integrada por Lorenzetti, Highton y Rosenkrantz, le respondió con una fórmula llamada «280», número que alude al artículo del Código Procesal Civil y Comercial, que les permite a los jueces rechazar por «inadmisible» un planteo sin explicar sus razones. De esa manera dejaron firme una decisión anterior de la Corte bonaerense que relevaba a la ART de toda responsabilidad civil y que limitaba el resarcimiento de la empresa a su empleado a una fórmula que incluía solo un porcentaje de la incapacidad real —que era cercana al 50 por ciento—, el salario a la fecha del accidente y su vida útil restante. Pese al tiempo transcurrido, los valores de referencia que se tomaban eran de 2001.

El caso de Pérez es uno de una larga lista de ejemplos que revelan cómo la Corte comenzó a virar sus posturas históricas en reclamos sobre derechos laborales a partir de la llegada de Macri al Gobierno y a consolidar una doctrina adversa a los trabajadores. En algunas decisiones, se puede advertir cómo hubo jueces que «se dieron vuelta», como se suele decir de manera coloquial, cuando un magistrado cambia su voto. En el expediente sobre Pérez eso salta a la vista al leer la disidencia que plantearon los jueces Maqueda —que mantuvo su criterio histórico— y Rosatti. Recordaron que la Corte, en fallos anteriores de 2008 y 2009 —conocidos como «Torillo» y «Arostegui»— había afirmado dos conceptos cruciales: que las ART podían ser condenadas por responsabilidad civil si se confirmaba que habían incumplido sus obligaciones —en este caso, la aseguradora hizo observaciones pero no habría tomado medidas suficientes—, y que no se deben usar fórmulas matemáticas que solo tienen en cuenta la utilidad de un trabajador para tarifar el daño sino que la reparación debe ser integral. Aquella postura, como quedó en evidencia, fue abandonada por Lorenzetti y Highton.

Este vuelco de la Corte, tan visible en casos laborales, comenzó a gestarse todavía antes de la llegada de Cambiemos al Gobierno, y se plasmó en fallos concretos a partir de 2016. No es novedad que los jueces y juezas suelen acomodarse cuando empiezan a soplar nuevos vientos políticos en plan de cuidar, en especial, sus cargos vitalicios. Algunos investigadores, como Gretchen Helmke, una profesora de ciencia política en la Universidad de Notre Dame que escribió sobre el caso argentino, lo llaman «la lógica de la defección estratégica». La idea es que los jueces incrementan sus decisiones contrarias a un gobierno de turno cuando vislumbran que pierde poder. Luego, centran sus «defecciones» en lo que evalúan será importante para el futuro gobierno. Porque la principal amenaza contra los jueces y juezas, dice Helmke, no proviene del gobierno en ejercicio sino del próximo, con el cual buscarán congraciarse, al menos en sus inicios.

El 24 de noviembre de 2015, dos días después del triunfo de Macri en un ballotage para asumir la presidencia, la Corte Suprema resolvió, a pedido del dirigente Gerónimo «Momo» Venegas, invalidar el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), que era el organismo estatal que fiscalizaba el trabajo rural y que había puesto en evidencia situaciones de trabajo esclavo. Los jueces Lorenzetti, Fayt y Maqueda —que tenían el caso desde 2012— ordenaron volver a instalar el registro que manejaba el sindicalista Venegas, que convivía en armonía con el empresariado, y que falleció en junio de 2017. El Centro de Información Judicial (CIJ) presentó la noticia con sesgo editorial: «La Corte admitió un cuestionamiento a la ley que en 2011 les quitó a los trabajadores y empleadores rurales la administración del seguro por desempleo de ese sector». El diario La Nación¸ por ejemplo, lo festejó como un fallo «contra el intervencionismo» estatal. Macri ya le había prometido a Venegas que recuperaría el Renatre, que era la versión anterior de esa dependencia. La Corte le facilitó todo. El resultado fueron 600 despidos.

La precarización laboral y la multiplicación de despidos tanto en el sector público como privado fueron algunos de los rasgos más notorios del gobierno de Macri ya desde sus comienzos. Parte de la estrategia oficialista, mientras miles de personas quedaban en la calle, consistió en atacar, con predilección, a los jueces del fuero laboral que firmaban sentencias a favor de sindicatos o de los trabajadores afectados. Montó campañas públicas contra ellos y los denunció ante el Consejo de la Magistratura como sucedió, por ejemplo, con los camaristas del fuero laboral Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, que avalaron una paritaria de los bancarios con un 24 por ciento de aumento salarial, que se perfilaba como referencia del resto, cuando el Gobierno no quería moverse del 20 por ciento. Arias Gibert, más adelante, fallaría a favor de la reincorporación de cinco de los 357 trabajadores despedidos de la agencia Télam junto con su colega Néstor Rodríguez Brunengo. Otra vez vendría para ambos un pedido de juicio político. La jueza Dora Temis —que falleció meses más tarde— fue recusada y denostada públicamente después de ordenar al Poder Ejecutivo que convoque a la paritaria nacional docente. También fueron denunciados los camaristas Diana Cañal y Luis Raffaghelli por dictar una medida cautelar que ordenaba la reincorporación de nueve trabajadores despedidos de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

La modalidad que comenzaron a explorar algunos supremos para avalar esa ofensiva gubernamental contra jueces laborales y contra trabajadores, fue sutil y se fue materializando en una sucesión de sentencias referidas a un amplio abanico de temas, lo que incluye la estrategia de recortar paulatinamente poder al fuero laboral y trasladarlo a otros menos proclives a atender las demandas de los trabajadores, como el fuero contencioso-administrativo o el civil.

***

Unos días antes de que llegara Rosatti a la Corte, los únicos jueces que la integraban entonces —Lorenzetti, Maqueda y Highton de Nolasco— avalaron en una sentencia el despido de un empleado del Correo, Francisco Daniel Orellano, porque había participado en protestas que no tenían la convocatoria de un sindicato formal, ya que no estaba enrolado en el que dominaba dentro de la empresa. Los supremos preveían que el santafesino traería una mirada distinta en estos temas.

Para los jueces y la jueza que resolvieron por entonces, el derecho a huelga no es de todos los trabajadores y trabajadoras, sino únicamente de quienes están sindicalizados. Orellano había participado de protestas que no tenían una convocatoria sindical formal e hizo retención de tareas sin que el gremio que dominaba en el Correo proclamara la medida. Con eso, le daban la razón a la empresa, que se quejaba de que el ex empleado había participado de reuniones en su horario de trabajo que habían afectado el desarrollo de sus tareas en el centro operativo de Monte Grande y esto demoró la entrega 6.000.000 de piezas postales.

Una particularidad del trámite del caso fue que hubo audiencias públicas, una instancia interesante que la Corte utilizó con alta frecuencia en tiempos del kirchnerismo, y que luego aplicó de manera más esporádica. Es uno de los pocos mecanismos que ponen a los jueces cara a cara con las personas reales que hay detrás de una causa. Orellano, de hecho, estuvo presente. Su abogado, Matías Cremonte, se quejó ante los supremos de que estaban encarando el tema alrededor de la discusión sobre quién es el titular del derecho a huelga —los trabajadores o los sindicatos— cuando en el caso en juicio, los despidos habían sido motivados por la participación en asambleas. De todos modos, dejó sentada su posición de que hacer huelga es un derecho de todas y todos los trabajadores y las trabajadoras.

—¿Usted dice que convocamos a una audiencia para discutir otro tema que el del caso? —se ofuscó Highton de Nolasco.

La respuesta del abogado fue un diplomático «sí».

El dato llamativo del resultado de la sentencia fue que al menos hasta un año antes el alto tribunal había adoptado decisiones favorables a la democratización sindical. En 2008 había firmado por unanimidad un fallo bisagra que, se suponía, pondría fin al monopolio sindical y permitía que los gremios que no tuvieran personería pudieran convocar a elecciones de delegados y representar a los trabajadores. La audiencia pública por Orellano dejó de manifiesto que los límites a la concentración sindical que había impuesto la propia Corte, festejados por la Asociación Argentina de Trabajadores del Estado (ATE) y que tanto enojaron en su momento a la CGT, no funcionaban en la práctica.

Las preguntas de los supremos durante la sesión en la señorial sala de audiencias del cuarto piso —que se parece más a una iglesia que a un tribunal, con una cruz gigante sobre las cabezas de los jueces— despistaron. Porque parecían comprensivas del escenario. Aunque los abogados de Orellano suponían que el tribunal no hubiera convocado a una audiencia si pensaba favorecer al trabajador.

—¿Por qué cree que los trabajadores no recurrieron al sindicato que representa a los del Correo? —se interesó Maqueda—. ¿Si usted reconoce el derecho a huelga, qué es lo que amerita el despido? ¿Entonces usted se refiere al derecho de reunirse? —se dirigió al abogado de la empresa.

De las respuestas del Correo y del trabajador, quedaba claro que ni Orellano ni algunos otros de sus compañeros se sentían representados ni estaban satisfechos con el gremio que negociaba con la empresa.

La pequeña Corte de entonces ya se posicionaba con un guiño al gobierno de Macri. Otro fallo de la misma época, conocido como «Espósito» limitó las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Determinó que la actualización dispuesta por la ley 26.773, en 2012, no se puede aplicar a los accidentes previos a esa fecha.

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En uno de los primeros expedientes donde tuvo que analizar los despidos en el Estado, que eran masivos, la reacción de la Corte fue brutal. Determinó la expulsión de sus puestos de trabajo de cuatro empleadas de planta de Lotería Nacional que habían sido reincorporadas por un fallo de la Cámara Laboral. En una resolución de apenas dos párrafos admitió un recurso de queja del ente estatal. Una sola frase alcanzó para que mandaran a las mujeres a sus casas: «Se dispone la suspensión de la ejecución del pronunciamiento apelado».

María W., de 42 años al momento del despido, llevaba 16 trabajando en Lotería. Había entrado por un convenio universitario, pasó como empleada del área de recursos humanos, fue secretaria y, como había estudiado odontología, apostó a conseguir un lugar en el servicio médico del ente estatal, y lo logró. Su puesto de planta lo ganó por concurso. Ni se le cruzó por la cabeza que podrían echarla, cuando el gobierno de Cambiemos comenzó con el discurso del achicamiento del Estado. Cumplía horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Era marzo de 2016. Iba camino a buscar a sus hijos a la escuela cuando otra compañera, Nancy B., le dio la noticia de los despidos. Al día siguiente la policía montó un cordón en la puerta de las oficinas de Lotería y con una lista en mano los agentes a cargo del operativo gritaban los nombres de quienes podían ingresar y quiénes no. El suyo, el de Nancy, y el de otras mujeres, estaban entre quienes tenían la entrada vedada. Al final, en total fueron despedidas cerca de 400 personas.

Por esas casualidades de la vida, María tenía por esa época como vecino al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y se lo cruzaba con frecuencia por la calle. Lo vio bajar de su auto el mismo día en que ella presentó el amparo por su despido. Furiosa, le cortó el paso y le dijo que era una empleada de planta permanente de años que había sido despedida.

—Voté a Macri y ahora me quiero morir, estoy arrepentida.

—Es que había que achicar el Estado. No se arrepienta, haga un amparo —le aconsejó Pinedo, con frialdad.

—¡Yo no soy ñoqui! —le gritó María, desencajada.

Para sobrevivir, se puso a vender productos comestibles, quesos y miel, de una empresa de Los Toldos, de los suegros de su hermana. Fueron cuatro las mujeres que presentaron un amparo planteando la nulidad de sus despidos y la inconstitucionalidad del convenio colectivo de Lotería que habilitó el despido sin causa de empleadas o empleados de planta. Nancy consiguió con el tiempo unas pocas horas para dar clases en la Universidad de La Matanza, pero no le alcanza para vivir. Un juez de primera instancia, Ernesto Zuretti, avaló los despidos. El abogado de las trabajadoras, Mariano Przybylski, volvió a la carga. Los camaristas Graciela Lucía Craig y Luis Raffaghelli dispusieron la reincorporación. La burocracia judicial demoró la reincorporación casi cinco meses, pero ese regreso no duró ni un mes, ya que la Corte las volvió a sacar con una medida cautelar interina. De todos modos, en ese ínterin, la empresa las tuvo en una situación tortuosa, sin asignación de tareas e impidiéndoles el acceso al sistema de expedientes internos para que pudieran atender gente. De esa manera, era más fácil que el Gobierno las tratara de «ñoquis».

En la primera resolución sobre las cuatro despedidas, Rosatti y Rosenkrantz no participaron. La excusa era que llevaban poco tiempo en la Corte y que, en principio, no se discutía el fondo del conflicto. Al final, el 29 de agosto de 2019, el fallo de fondo sobre la medida cautelar fue dictado por los supremos. Confirmaron los despidos. Pero esta vez entró en escena Rosatti, con una disidencia. Usó la fórmula del «280», con el efecto de que por rechazar el reclamo de Lotería dejaba firme la reincorporación de las trabajadoras. La causa volvió a primera instancia, y siguió en el laberinto kafkiano.

Cuando el Gobierno advirtió que los votos de Rosatti en este terreno seguían siempre la misma lógica, le mandaron a decir de modo amenazante que Mauricio Macri tenía todos sus fallos laborales en una carpeta. Lo llamaban, irónicamente, «in dubio pro obrero» un juego de palabras para aludir a un principio jurídico, «in dubio pro reo» que ante la duda favorece al imputado.

***

El año 2017 marcó la consolidación del nuevo camino de los jueces supremos en fallos pro empresas y antitrabajadores, y dejó en evidencia cómo cambiaron sus posiciones, en especial Lorenzetti y Highton, respecto de años anteriores.

Marciano Núñez Benítez tenía 21 años y trabajaba en la construcción de un edificio de 14 pisos en Campana cuando el 6 de junio de 2013 quedó sumergido en una avalancha de tierra. Estaba trabajando junto a otros dos obreros en un sótano cuando se desplomó una pared. Tardaron horas en rescatarlo, pero salió con vida. Tuvo más suerte que Alberto Salinas, un obrero de 20 años que murió en el accidente. Y más suerte que Ricardo Castañeda, que un año antes había quedado sepultado debajo de un derrumbe de tierra y material durante dos semanas hasta que encontraron su cuerpo. Marciano quedó con varias lesiones en la espalda, la cadera, la rodilla izquierda y el hombro derecho. Tenía vértigo: ya no podía trabajar en la altura. Recibir tratamiento médico fue otra odisea. El muchacho era paraguayo y hablaba poco castellano. Para atenderse, tenía que ir acompañado de algún familiar que pudiera transmitirle lo que le decían los médicos.

Le diagnosticaron una depresión postraumática y tuvo intentos de suicidio. Quedó con un 57 por ciento de incapacidad. Inició una demanda por daños y perjuicios, contra la empleadora —por no brindarle un marco seguro de trabajo—, contra la Aseguradora del Riesgos del Trabajo (ART) —por no controlar las normas de seguridad— y contra la constructora —por no controlar el cumplimiento de las normas de seguridad ni controlar a su contratista—. El reclamo era por un accidente laboral pero la demanda combinaba normas laborales y civiles. La Cámara del Trabajo, igual que el juzgado de primera instancia, dijeron que el tema no era de su competencia, sino del fuero civil. Invocaron la ley 26.773 sobre reparación de daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Una mayoría suprema, integrada por Lorenzetti, Highton, y esta vez sí Carlos Rosenkrantz, desestimó el planteo y reafirmó la competencia civil. Lo curioso fue que la propia Corte, unos meses antes, había ratificado —en base a un precedente conocido como «Jaimes»— que ante una demanda que combinara normas civiles y laborales, el juez debía ser laboral. En ese caso habían votado Lorenzetti, Highton y Maqueda. El fuero civil, conservador en su historia y esencia, no es precisamente proclive a defender a los trabajadores y allí, salvo excepciones, hasta deben pagar por litigar. Maqueda y Rosatti hicieron una disidencia que declaró inconstitucionales los dos artículos de la ley 26.773 que sacan del fuero laboral los accidentes de trabajo e impiden acumular reclamos civiles y laborales. Al tiempo del fallo, Marciano ya estaba en Paraguay. Había vuelto a buscar la contención de su familia.

Otra sentencia limitó las prestaciones y resarcimientos para enfermedades laborales que no estuvieran previstas en un listado cerrado, establecido por el texto original de la Ley de Riesgos del Trabajo de 1995. La Cámara Laboral dijo que el trabajador debía pasar por las Comisiones Médicas y que podía pedir un resarcimiento civil. Las comisiones en cuestión constituyen una discutida instancia administrativa a la que un trabajador debe acudir obligatoriamente si quiere iniciar un juicio por accidentes o enfermedades laborales. Por ejemplo, determinan la relación entre una patología y el trabajo, además del porcentaje de incapacidad. En la práctica, generan largos y desgastantes trámites que vulneran el acceso rápido a la justicia y por lo general resuelven a favor de las ART. La ley original sobre comisiones médicas (24.557) sufrió tantos planteos y declaraciones de inconstitucionalidad, que quedó casi anulada de facto. El kirchnerismo la reformuló, aunque no fue en favor de los trabajadores, y en 2017, el macrismo ratificó las comisiones, pero la Corte no volvió a fallar sobre su validez.

El trabajador, Sergio de Cillis, retrucó que había planteado la inconstitucionalidad de las comisiones médicas y los camaristas lo ignoraron; invocó un decreto (1278/2000) que permite resarcir enfermedades que no están en el listado establecido, y se quejó porque los camaristas no se expidieron sobre el carácter laboral de su patología. Lorenzetti, Highton y Rosenkrantz, rechazaron el planteo, y dejaron el mismo vacío que la Cámara. Maqueda y Rosatti votaron en disidencia y dijeron que la Corte debía opinar, en sintonía con antecedentes donde, por ejemplo, con el voto de Highton y Lorenzetti —además del de Maqueda— el tribunal había establecido que una demanda por enfermedad laboral no podía quedar condicionada por el paso previo por un «órgano de orden federal». Según consta en el expediente, Cillis padece cervicalgia, hernia discal cervical, osteofitos y hernia discal lumbar. No tenía ninguna de estas afecciones antes de trabajar como operario armador de neumáticos de Bridgestone Argentina S.A.

A un ex jugador de Huracán, Kato Yuzuke, el club no quiso reconocerle los montos por rubros no remunerativos que había percibido, para hacer el cálculo de su indemnización. Había firmado un contrato por dos años, ante la AFA, con un sueldo de 5.210 pesos por mes y en un convenio complementario se fijaba como prima la suma de 48.000 pesos en doce cuotas de 1.000 y otras doce de 3.000. El jugador llegó a la Corte, pero la mayoría rechazó el recurso como inadmisible. Maqueda y Rosatti, en disidencia, afirmaron que existe un principio constitucional según el cual hay que considerar como salario a toda ganancia que obtiene un trabajador con motivo de su empleo. Remarcaron que esto mismo ya lo había dicho la Corte en un caso de 2009, y que el viejo fallo incluía los votos de Lorenzetti y Highton. Rosatti, en particular, volvió a aplicar aquel precedente en cuatro casos en 2016, cinco casos en 2017 y cuatro en 2018.

Para un juez o jueza de la Corte cambiar de posición en un fallo respecto de posturas o criterios previos en casos similares no está bien visto e implica —si se aplica con frecuencia— habilitar alteraciones en las reglas del juego para la gente de a pie. Hay casos excepcionales, donde esos vuelcos responden a transformaciones de la legislación internacional y fenómenos insoslayables como las violaciones a los derechos humanos, o tendencias sociales, culturales, o políticas que acompañan, que llevaron, por ejemplo, a Enrique Petracchi a revisar su posición sobre la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. O a Carlos Fayt a cambiar su mirada sobre la tenencia de marihuana para consumo personal: en el viejo fallo «Bazterrica», de 1986, la castigaba, y en «Arriola», en 2009 decidió apoyar la postura de no criminalizar este tipo de casos, con el argumento de que se había vuelto evidente que ese castigo no resuelve el problema de fondo de las drogas y el narcotráfico. De todos modos, esos cambios de postura suelen apuntar a ampliar derechos y proteger otros. La cuestión de los fallos laborales y el vuelco de algunos jueces que acompañaron durante más de una década a los sectores más desprotegidos con sus sentencias solo pueden leerse como un alineamiento político-económico.

La lista de sentencias en ese sentido es enorme. En 2017 se agregaron otras como la que obligó a un trabajador que perdió un juicio por un accidente de trabajo a pagar los gastos de honorarios profesionales que el proceso generó. Pero lo más llamativo del caso fue no tanto el resultado —ya que es un mecanismo que los jueces laborales a veces aplican—, sino que el máximo tribunal asumiera la competencia de un asunto procesal, es decir, definir cómo se hace un trámite. A lo que se agregó la frase con una pátina estigmatizante con la que el Centro de Información Judicial (CIJ) difundió la noticia: «Cuando un trabajador pierde un juicio laboral por su culpa debe pagar todos los gastos por honorarios profesionales que ese juicio ocasionó». Para el caso, el trabajador era Enrique López, que sufrió un accidente camino al trabajo y pedía que la ART lo indemnizara. La Corte le cuestionó no haberse presentado a citaciones médicas. La Cámara Laboral se negaba a hacerle pagar los gastos como garantía del derecho de acceso a la justicia. En ese fuero, la decisión suprema fue leída como otro recurso de disciplinamiento.

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Cuando dejó la Corte en diciembre de 2014, Raúl Zaffaroni se llevó un borrador en el que tenía escrito su voto a favor de la sindicalización de la policía. Un tema espinoso en el país de los desaparecidos, que vivió con cierta costumbre la irrupción de las Fuerzas Armadas en política y la autonomización de las fuerzas de seguridad respecto del gobierno civil.

Desde 2011, el tribunal había estado tratando de esquivar el recurso que había presentado el llamado Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba) contra la resolución que le impedía a sus afiliados asociarse para reclamar ante las autoridades. El Sipoba se había creado en 1989, en el contexto de la hiperinflación que azotó a todos los que vivían de un salario —incluso a los integrantes de las fuerzas de seguridad. Recién en 1997 reclamaron ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires ser reconocidos, pero un año después la cartera rechazó otorgarles la personería. En 2010, la Cámara del Trabajo falló en consonancia con la resolución del Ministerio de la década anterior. Por eso los policías fueron a la Corte.

Mientras el expediente aguardaba tratamiento, Argentina conmemoró sus 30 años de democracia con una rebelión policial en distintas provincias del país que dejó al menos trece muertos en medio de saqueos y protestas. El epicentro de la revuelta policial fue la provincia de Córdoba. Dos años después, la Corte convocó a una audiencia pública para tratar el planteo del Sipoba con el fantasma del levantamiento policial rondando en el salón.

—¿Usted no cree que, en Córdoba, de haber existido una estructura sindical, se hubiera evitado llegar a ese nivel? —le preguntó Maqueda al abogado del Ministerio de Trabajo bonaerense, Norberto Ciaravino.

—Una estructura sindical podría haber generado mayores problemas —contestó enojado en medio de una silbatina de los policías que estaban en el Palacio para participar de la audiencia.

Ante los supremos, el abogado de Sipoba, Alberto Lugones, resaltó la condición de trabajadores de los policías. Dijo que el 80 por ciento de ellos viven en villas miseria y que son reclutados de las capas más débiles de la sociedad: «El policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX».

El 11 de abril de 2017, la nueva Corte resolvió que la Policía de Buenos Aires no tenía derecho a sindicalizarse. Lo hizo con los votos de Rosenkrantz, Lorenzetti y Highton. Rosatti sostuvo que la Constitución los facultaba a asociarse, mientras que Maqueda invocó los tratados internacionales. Al cordobés le había quedado pendiente la discusión sobre el levantamiento policial, así que aclaró que avalar la sindicalización no implicaba concederles a los policías el derecho a huelga.

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A comienzos de 2018, los supremos empezaron a reforzar la tendencia antitrabajadores en fallos con mayor impacto mediático, por sus características y por el contexto político-económico. En uno de ellos, del 14 de marzo, dejaron firme una sentencia de Cámara que declaraba la nulidad de la personería gremial que le había otorgado el Ministerio de Trabajo en noviembre de 2015 a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), más conocidos como «Metrodelegados», tras su ruptura con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La UTA, al mando de Roberto Fernández, de buen vínculo con el macrismo, denunció a los Metrodelegados con el argumento de que no se había cumplido con el procedimiento de la Ley de Asociaciones Sindicales para que les dieran la personería. Desde 2010 son un sindicato simplemente inscripto, pero la personería les otorga mayor representatividad y posibilidades de negociar sus convenios colectivos. La Corte no dijo nada sobre la validez de la personería en sí, pero mandó a reiniciar el trámite en la cartera laboral. Los votos de la mayoría fueron de Highton de Nolasco, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti. Fue una mayoría atípica.

La Corte también tomó posición sobre la situación de los monotributistas que tienen un trabajo fijo pero no son empleados en blanco, un tema áspero y de interés para buena parte del mundo de los trabajadores. ¿Los monotributistas tienen una relación laboral con quien los contrata? En el caso de un médico cirujano del Hospital Alemán, Carlos Martín Rica, que llevaba siete años de servicio allí, el tribunal dijo que no era un vínculo laboral, no solo porque era monotributista sino porque emitía facturas no correlativas. Eso les sucede a los trabajadores que prestan servicios en varios lugares a la vez. Los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz firmaron aquel fallo, con la disidencia de Maqueda y Rosatti. El texto le recriminaba al médico que no había «invocado ni probado que haya gozado de licencias o vacaciones pagas», como ocurre en una relación de dependencia. La resolución era inversa a la que adoptaron con anterioridad la Cámara del Trabajo y el juzgado de primera instancia. Generó mayor vulnerabilidad para los trabajadores contratados como monotributistas y se mostraba en línea con la reforma laboral que pergeñaba el Poder Ejecutivo.

Lorenzetti no dudó ni un momento en que era un fallo que debía ser comunicado al empresariado cuando lo invitaron los empresarios más poderosos del país a participar de un almuerzo en el selecto Jockey Club de la Avenida Alvear. El encuentro fue el 9 de mayo. Mientras comían lomo con verduras y no dejaban ni un solo segundo sus teléfonos en paz para seguir la corrida del dólar que estaba teniendo lugar, Lorenzetti les habló de su preocupación por muchas de las sentencias que venían de la Cámara del Trabajo. Lo escucharon con agrado Eduardo Eurnekian (Corporación América, AA2000), Jorge Brito (Banco Macro), Daniel Funes de Rioja (UIA-COPAL), Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy) y Fernando Saguier (La Nación), entre otros.

Al gobierno, el almuerzo de Lorenzetti con los empresarios le cayó pesado. Carrió, su enemiga íntima, lo acusó de estar promoviendo un golpe de mercado. En la Casa Rosada empezaba la cuenta regresiva para destronar al entonces hombre todopoderoso de la Corte.

5
Dos hombres en pugna

—Es católico, peronista y de una provincia.

A la dirigente de la Coalición Cívica e integrante de la alianza gobernante, Elisa Carrió, se le había ocurrido que aquellas cualidades hacían del santafesino Horacio Rosatti un buen candidato a ocupar uno de los lugares vacíos en la Corte. Se lo planteó en esos términos a Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, con quien se encuentra asiduamente. Son amigos. El nombre de Rosenkrantz lo había impulsado él, a sabiendas de su origen radical y su afinidad ideológica con el macrismo, que imaginaba proyectada en el plano judicial. Rosatti, elucubraban Pepín y Carrió, podía traerles el apoyo del peronismo.

Pepín tiene la cara fibrosa, habla rápido, mordiendo las palabras, y hay quienes a veces no le entienden. Cuando recomendó estos dos nombramientos, estaba convencido de que saltearse al Senado era una opción amparada por la Constitución, por el artículo 99 inciso 19 que dice que el Presidente puede «llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán a fin de la próxima Legislatura». El objetivo era que entraran por la ventana. Carrió, sin embargo, siempre llevando agua para su molino, anunció un proyecto propio para evitar nombramientos de jueces por decreto.

Macri no tenía ni la menor idea de quién era Rosatti. Algo conocía sobre Rosenkrantz. Confió en sus consejeros e hizo de estas designaciones por decreto su primera medida importante de gobierno.

Al santafesino lo había contactado la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Lo citó en su casa, donde Rosatti concurrió con su esposa, Ana. La funcionaria solo le preguntó si le interesaba el cargo supremo, pero no le aseguró nada.

—Le han hecho llegar su nombre al Presidente —dijo ella.

—Mire que yo no los voté —contestó Rosatti.

—Queremos un juez independiente —insistió Michetti, aunque el futuro demostraría otra cosa.

Lo que causó impacto en la comunidad jurídica fue que los candidatos aceptaran ser nombrados por decreto como si fuera lo más normal del mundo, pese a que la Constitución también dice claramente que para ser juez supremo, la propuesta del Poder Ejecutivo debe recibir acuerdo del Senado. Por las normas vigentes desde la época de Néstor Kirchner, además, se exige una audiencia pública, donde haya representantes de la sociedad que puedan hacer las preguntas necesarias para conocer a los postulados.

En la intimidad de las reuniones supremas, al calor pegajoso de diciembre de 2015, Lorenzetti decía que ni en sueños les tomaría juramento a Rosenkrantz y Rosatti. Highton y Maqueda pensaban igual. Estaban enojadísimos con el nuevo Gobierno. En el brindis de fin de año, mientras despedían al nonagenario Fayt y comían canapés con salmón del mismo catering que en los años noventa contrataba Julio Nazareno, el entonces presidente supremo dijo, sin embargo, sobre los candidatos: «Serán bienvenidos». Después del evento, una medida cautelar del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla frenaba las designaciones, que consideró que violaban la Constitución. El ministro de Justicia, Germán Garavano, estaba en este asunto mucho más lejos de Macri y su «mesa judicial» que de Ramos Padilla. Intentó inocular una cuota de sensatez, a sabiendas de que a futuro tendría que multiplicar muestras de lealtad.

Desde la Casa Rosada, anunciaban el acto de la jura, que no se producía, y luego atribuían la postergación a la tensión con la Corte como consecuencia del fallo que, sobre el final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, declaró inconstitucional la quita del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables a las provincias. En decisiones a favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba, determinó que había que devolverles los montos retraídos desde 2006. Era un problema enorme para Macri. Pero no era la razón que frenaba la jura, que estaba dentro de la Corte misma. El primer mano a mano de Lorenzetti y Macri estuvo motivado por las designaciones. El supremo le advirtió al mandatario que debía respetar el procedimiento constitucional. Pero se prestó a disfrazar la situación y publicar en el CIJ que a la Corte le parecía prudente postergar la asunción para un momento de mayor actividad judicial. Al final, Macri tuvo que mandar los pliegos al Congreso.

Poco antes de las audiencias públicas en el Senado, Lorenzetti invitó a los candidatos a reunirse con él. Rosenkrantz acudió a la cita. Rosatti faltó, y no fue por problemas de agenda. Por esos días, había empezado a recibir mensajes de alerta de hombres de la política. Tres gobernadores peronistas le avisaron que Lorenzetti hablaba pestes de él: les decía que no debía ir a la Corte, que no tenía códigos y que no comprendía el lenguaje de la alta política que debe tener el tribunal con ciertos sectores de la dirigencia. Uno de los gobernadores evocó con ironía: «Lorenzetti dijo que todo iba a ser muy derecho de ahora en más». Era un juego de palabras que reemplazaba la clásica frase «ajustarse a derecho» por otra que mostraba la impronta que pretendía darle a la nueva Corte, la de la era de Macri.

Los intermediarios enviados de Lorenzetti solían ser viejos amigos suyos de la política como Nicolás Tito Fernández —que fue senador del Frente para la Victoria en otro tiempo— y Oscar «Cachi» Martínez, representante del Frente Renovador en el Ente Nacional de Comunicación (Enacom). Un desfile de senadores peronistas se sumó para advertir a Rosatti que el presidente supremo pateaba en su contra. Lorenzetti lo veía como una sombra, o una amenaza. Y lo era.

***

Las coincidencias entre Lorenzetti y Rosatti son muchas, tantas como para generar una empatía sin límites o una rivalidad sin precedentes. Se llevan menos de un año. Lorenzetti nació en septiembre de 1955 y Rosatti en agosto de 1955. Los dos, en Santa Fe. Los dos estudiaron Derecho en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), aunque Rosatti se ganó rápido la fama de prodigio en la facultad al terminar la carrera a los 19 años. Venía de estudiar en una secundaria técnica y el pase a Derecho le resultó de lo más fácil.

Para la época de Malvinas, daba clases de Ciencia Política en la universidad. Lo pensó un poco y se afilió al Partido Justicialista (PJ). Ni su madre ni su padre eran peronistas, aunque tampoco antiperonistas. El padre había fallecido poco después de que él se recibiera de abogado, así que tanteó a la madre para contarle que iba a militar.

—Si no lo hacen los jóvenes como vos, ¿quién lo va a hacer?

En su carrera, donde se fueron entremezclando el Derecho, la política y otras pasiones como la literatura y el fútbol, Rosatti fue intendente de Santa Fe entre 1995 y 1999, convencional constituyente, procurador del Tesoro durante la presidencia de Néstor Kirchner y ministro de Justicia entre julio de 2004 y julio de 2005. En ese cargo le tocó suceder a Gustavo Béliz, que venía de advertir sobre maniobras ilegales y operaciones de la ex Side y su director de operaciones, Antonio Horacio Stiuso, por la que terminó en el exilio.

Cuando Kirchner llamó a Rosatti para integrarse al gobierno, lo conocía poco y nada. Con la que tenía un trato más cercano era con Cristina Fernández de Kirchner. Se habían conocido en la Convención Constituyente de 1994. Él era el vicepresidente del bloque del PJ y ella, la vicepresidenta tercera. En la Convención también coincidió con Carrió. Pero, para él, la figura estelar de la reforma fue Raúl Alfonsín. Aunque no lo votó en 1983, tiene una foto donde se lo ve junto al ex presidente en el interior de su despacho cortesano.

Durante su gestión como ministro de Justicia, Kirchner nominó al último juez para depurar la Corte de la mayoría automática del menemismo: era Lorenzetti. También tuvo que gestionar la conmoción que generó el asesinato del joven Axel Blumberg y el reclamo de su padre, Juan Carlos Blumberg, de endurecimiento de leyes. Rosatti quiso darle cierta racionalidad al Código Penal después de las «leyes Blumberg», pero la propuesta que redactó un grupo de juristas de primera línea quedó en la nada. También negoció un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con Memoria Activa, que llevó a que el Estado nacional reconociera su responsabilidad en el fracaso de la investigación del atentado de la AMIA de 1994. La firma del acuerdo trajo aparejados algunos chispazos con dos funcionarios clave de Kirchner, Alberto Fernández y Carlos Zannini. Un punto álgido de esa pulseada se dio cuando ambos ex funcionarios proponían aceptar la renuncia del ex juez Juan José Galeano, denunciado por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA que había estado a su cargo. Rosatti se oponía. Le dijo a Fernández que había que hacerle juicio político, como medida ejemplificadora. Luego lo encaró directamente a Kirchner:

—Si me permitís dar mi opinión, vos no tenés ningún vínculo negativo con el tema AMIA, no entiendo el beneficio político de aceptar la renuncia de Galeano.

—Tenés razón —respondió el fallecido Presidente—. Y Galeano fue destituido. También fue condenado.

Los diarios de época atribuyen la salida de Rosatti del gobierno a que Néstor Kirchner no le perdonó que no fuera candidato a diputado en Santa Fe para las elecciones de 2005. Otros relatos vinculan su renuncia con su negativa a firmar una licitación para la construcción de cárceles federales, es decir, obra pública, donde olfateaba sobreprecios.

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Cuando surgió la postulación a la Corte, Rosatti estaba alejado del ámbito porteño. Solo había roto el ostracismo en febrero de 2015 con una entrevista en La Nación en la que hablaba del tema obligado, Alberto Nisman y su denuncia contra Fernández de Kirchner, presentada cuatro días antes de aparecer sin vida. «Leí la denuncia. No vi delito», se había despachado. Para su regreso a la vida pública, esta vez como supremo, le pidió socorro y asesoramiento a Silvio Robles, quien había sido su vocero y mano derecha en sus tiempos de ministro de Justicia. Se trata de un personaje conocido en los ámbitos de poder, que goza de fama de hábil operador en el mundo de los medios y de la política, especialmente  en el peronismo, y que integró también los departamentos de prensa del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Transporte durante el kirchnerismo.

Robles pasó parte de su infancia entre Tucumán, donde cursó hasta tercer grado en una escuela rural cerca de Ranchillos, y Santiago del Estero, ya que su mamá y su papá estaban separados. A los 9 años se instaló en Capital Federal con su madre, que se ganaba la vida limpiando casas. Como tenía trabajos con cama y su patrón había estudiado en el Colegio Carlos Pellegrini, lo conminó a hacer la secundaria ahí. Siempre le recordaba que lo único que lo salvaría en la vida era la lectura. Parte de su mapa familiar, que incluye un hermano bohemio, es conocido en la Corte. Es moreno, usa barba candado y anteojos de marco negro ancho. En sus primeros días de trabajo allí se le acercó un secretario letrado en un pasillo del tercer piso del Palacio de Justicia, que quería mostrarle complicidad:

—Mi papá también aprendió a leer en la colimba —le dijo.

Uno de los primeros trabajos de Robles fue como portero de un edificio en Libertador y Virrey del Pino. Comenzó a militar en el peronismo hace treinta años. Tiene 50. Y tras los consejos de su madre se hizo fanático obsesivo y conocedor de la obra del escritor César Aira y también de Oscar Wilde. Estudió periodismo y se graduó en TEA, empezó Ciencias Económicas y abandonó y con los años se hizo conocido como un asesor todoterreno y con olfato político. Mucho antes, a los 25 años, fue gerente en el Banco Santander, también en América Latina Logística (ALL), en el Correo Argentino fue gerente en la Región Centro. Cuando se puso su propia consultora se asoció con la politóloga Natalia Monayer, una rubia menuda de cara y sonrisa perfectas, de inteligencia y memoria fuera de lo común. Su familia está llena de historias excepcionales, como la de su abuela de 94 años, que anda por la vida en moto, y con la que se encuentra a menudo a jugar Burako.

Lorenzetti le temía tanto a Rosatti como a Robles. A Robles incluso le tenía desprecio, pero también recelo por su destreza para moverse entre la dirigencia política.

Hasta ese entonces en sus años en la Corte Lorenzetti había mantenido bajo su dominio y control casi absolutos la comunicación del tribunal, las noticias judiciales a través del Centro de Información Judicial, y había multiplicado estrategias de autopropaganda político-judicial, con el diseño estratégico que le proveía su asesora María Bourdin, a quien había conocido en sus tiempos de notera judicial del canal C5N. Solo la estrecha relación de ambos con Daniel Hadad, fundador de Infobae, podría explicar los párrafos que le dedicó ese portal a Robles antes de la audiencia pública de Rosatti en el Senado. Una nota del día de su exposición recordaba que Robles había sido, también, el «operador» de Felisa Miceli, la ministra de Economía condenada después de que se le encontrara una bolsa con dinero en su despacho.

Pese a la catarata de impugnaciones que recibieron, tanto Rosatti como Rosenkrantz —varias de organismos de derechos humanos por posturas adversas a la aplicación de los tratados internacionales—, obtuvieron récord de votos —60 y 58, respectivamente—, en comparación con sus antecesores postulados por Kirchner.

Lorenzetti tenía visión de futuro y de un cambio de contexto rotundo que podría poner su poderío en peligro. En Rosatti advertía la sombra de Carrió y las constantes denuncias en su contra. Temía, además, que alguien cuestionara la validez de la acordada que con ocho meses de antelación, todavía con Fayt presente en la Corte (en 2015), le garantizaba un nuevo mandato como presidente entre 2016 y 2019.

En un encuentro con Rosatti, ya después de la aprobación del pliego, Lorenzetti tanteó la posibilidad de conseguir un apoyo aunque fuera simbólico de su parte. La respuesta fue un «no» tajante, y resultó el comienzo de una guerra fría entre ambos.

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En el ropero de Rosatti, en su departamento en Recoleta, hay cinco trajes negros clásicos, cinco camisas blancas, una celeste, y cinco pares de zapatos similares entre sí. Solo un traje gris, con pantalón achupinado, rompe la monotonía de su perchero. Es un regalo de sus hijas mellizas, Lucila y Mercedes, que se pone solo cuando van a visitarlo, para dejarlas contentas. La variedad está en las corbatas, aunque procura que la mayoría incluya los colores de Boca Juniors.

Las mellizas son hijas de su segundo matrimonio con Ana María Costa, abogada, aunque ahora no ejerce la profesión. Sus otros dos hijos son Emilio y Mariana. Emilio es secretario en un juzgado federal de Santa Fe hace varios años. Rosatti viaja a su provincia todos los fines de semana. Allí vive su mamá, Raquel, de 94 años. Es ermitaño, pasa muchas horas en la Corte y dedica otras tantas a escribir ensayos y literatura, como su Ensayo sobre el prejuicio. Frankenstein, o el rechazo a lo diferente o El cuerpo de la muerte. También escribió varios tomos con la historia de Boca Juniors. En el cuarto de ellos, escudriña sin que se le escape un adjetivo de más las gestiones de Mauricio Macri al frente del club de La Ribera, pese a que no mantiene el mismo aplomo al describir al ídolo xeneize Juan Román Riquelme. Asiste a unos pocos eventos del ámbito judicial y no sale demasiado. Tiene como regla privilegiar los acontecimientos o espectáculos que sean a beneficio de algún fin noble.

Se ganó fama de tener una gran sensibilidad con los animales. Es capaz de detener el auto si ve deambulando a un perro abandonado para rescatarlo. La mascota que marcó su vida fue Larry, un perro callejero al que quiso tanto que cada vez que habla de él se le pianta un lagrimón. Lo tenía desde sus tiempos de intendente. El día que su esposa, Ana, le anunció que pensaba tatuarse las patitas de Larry, provocó casi un río de lágrimas.

Las personas más cercanas a Rosatti lo apodan «Briga». No le dicen ni Horacio, ni Doctor, ni Su Señoría. Es por el brigadier Estanislao López, inspirador de la primera Constitución de Santa Fe, que ya insinuaba un modelo republicano y representativo de gobierno. Pero la razón del sobrenombre no se basa en la comparación de personajes, sino en que durante la Convención Constituyente en 1994, Iván Cullen —otro convencional— se puso a hacer un árbol genealógico de López y sorprendió a Rosatti con la noticia: «¡Sos pariente del brigadier!»

Rosatti tuvo tanta puntería que le tocó ir a ocupar el despacho que había pertenecido a Lorenzetti. Las ventanas miran hacia la ruidosa calle Uruguay. Las paredes están despojadas, aunque colgó unas láminas de Malvinas, que le regalaron ex combatientes, y dos cuadros de San Martín. Son dos formas de definir su identidad. El trabajo de su equipo empezó mucho antes de su jura. Por lo menos con cinco meses de antelación. Armaron, por ejemplo, un sistema informático interno, paralelo al oficial, para su propia vocalía, para controlar el tiempo que dura un expediente, cuánto lo tiene cada ministro y monitorear a los propios secretarios letrados. Un problema que le veía Rosatti al sistema Lex 100 que usa habitualmente el Poder Judicial, es que los secretarios tienen clave de acceso a los expedientes y pueden contarles a las partes qué es lo que va pasando. Por eso, una vez en funciones, él decidió no adelantar sus votos ahí, los demás se avivaron y empezaron a imitarlo.

Al armar su grupo de letrados colaboradores, Rosatti eligió en su mayoría gente que ya trabajaba en el máximo tribunal. Eso le permitió tener rápidamente una idea de los usos y costumbres. De los elegidos, solo un nombre que sí venía de otro ámbito, el Ministerio Público Fiscal, causó sorpresa: Soledad Castro. Ella había sido secretaria letrada de Nisman en la Unidad Fiscal AMIA y fue una pieza clave en la denuncia por encubrimiento contra Cristina Fernández de Kirchner, sobre la que Rosatti había dicho que no veía delito alguno. Además, su declaración en la causa por la muerte de su jefe alimentó la teoría de que se había tratado de un magnicidio, en lugar de un suicidio, como tendían a mostrar las pericias.

Aunque no lo demostró de entrada de manera explícita, Rosatti llegó a la Corte con el propósito de desarmar el poderío de Lorenzetti. El argumento que intentaría instalar de ahí en más, muy de a poco, se basaba en la crítica a su concentración de poder, su personalismo, la toma individual de decisiones con impacto para toda la Corte, la falta de horizontalidad y de funcionamiento colegiado, además de la discrecionalidad para manejar los tiempos de los expedientes según el impacto que pudieran tener política o socialmente.

Para la fecha en que Rosatti prestó juramento, el 29 de junio de 2016, algunos jueces federales de Comodoro Py se sentían envalentonados frente al debilitamiento del kirchnerismo. Pero, además, tenían el estímulo constante de Lorenzetti para ir en esa dirección, con consignas «anticorrupción» y contra «la impunidad». Lorenzetti había desarrollado un vínculo muy fuerte con un grupo de esos jueces y directamente los estimulaba a avanzar contra ex funcionarios. Quien inauguró una larga temporada de expedientes de ese tenor fue el juez federal Claudio Bonadío, con quien Lorenzetti tiene amistad. Fue cuando llamó a su primera indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como «dólar futuro» donde se la acusó de fraude por ordenar operaciones de venta de dólar futuro a valores menores a los de mercado. El caso generó una enorme movilización a las puertas de Comodoro Py. Bonadío veía un delito en una política económica. Y Lorenzetti tenía una clara visión de las tendencias internacionales de persecución penal de opositores políticos.

Bonadío no es un referente de «la buena justicia» para Rosatti. En 2005, en coincidencia con su salida del Ministerio de Justicia, una denuncia le generó al juez federal un arrebato de interés por las condiciones de detención de los presos y la comida que les suministraban en las cárceles de Devoto, Marcos Paz y Ezeiza, y citó a indagatoria al santafesino, por su supuesta responsabilidad sobre el Servicio Penitenciario Federal como ministro de Justicia y a su antecesor Beliz. Rosatti lo recusó porque consideró que se trataba de una represalia por la denuncia y el pedido de juicio político que había presentado en su contra la Unidad Especial de Investigaciones de AMIA, que estaba bajo su órbita y entonces dirigía Alejandro Rúa, por obstaculizar la causa donde se debían desentrañar las irregularidades cometidas en la primera investigación del atentado terrorista a la mutual judía. Allí aparecían implicados desde el ex juez Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, hasta el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro del interior Carlos Corach, con quien Bonadío había trabajado durante el gobierno menemista. Bonadío terminó apartado de ambas causas, la de las cárceles y la del encubrimiento de AMIA. Rosatti fue sobreseído y el caso cerrado. El juicio por el encubrimiento terminó el 26 de febrero de 2019.

Al acto de su asunción, Rosatti no invitó a los jueces federales de Comodoro Py. El gesto fue notorio, porque solían ser los habitués de la primera fila de los actos cortesanos. De manera elocuente, a Robles le complicaron la entrada a la sala de audiencias. Las listas de invitados y personas autorizadas a entrar las manejaba Lorenzetti como presidente supremo. Más adelante intentó una alianza con Highton: «Quiero echar a Robles». Ella se negó. Luego probó con el Gobierno, directamente con Mauricio Macri, en una de las comidas que compartieron, y le pidió que echara a la esposa de Robles que trabajaba con Mario Quintana cuando era vicejefe de Gabinete. La mujer se apuró, y se fue a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social. En julio de 2017, Robles fue denunciado en Comodoro Py por un sujeto que relató que mientras estaba en el bar Usía, a la vuelta del Palacio de Justicia —pero ya no existía para esa fecha—, escuchó que dos personas hablaban de «la mano derecha de Rosatti» y decían que practicaba negociaciones incompatibles con su función porque seguía teniendo una consultora. Justo le tocó al juez Julián Ercolini, de aceitada relación con Lorenzetti, pero no encontró nada para imputarle a Robles y cerró el expediente.

Rosenkrantz juró casi dos meses después de su colega, el 22 de agosto de 2016, y tampoco invitó a los exponentes de Comodoro Py. Atribuyó la demora a asuntos pendientes de su actividad privada. Eso le permitió esquivar el primer caso importante donde la nueva Corte del gobierno de Macri debió tomar posición frente a su política económica depredadora. Fue un reclamo colectivo, presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), contra el tarifazo del gas, que llevó a la aplicación de subas superiores al 500 por ciento, que en algunos lugares del país alcanzaban 1.200 por ciento.

Para Rosatti, en cambio, fue una oportunidad para mostrar posturas personales, con cierto cariz de sensibilidad social, y desmarcarse del oficialismo que lo había coronado. Las primeras reuniones entre supremos por la cuestión del tarifazo coincidieron con el desembarco de Rosatti, quien planteó de entrada que había un tema constitucional de por medio que no se podía descuidar: como mínimo, señalaba, la audiencia pública previa a la decisión de aumento de tarifas —que el Gobierno no había convocado— es esencial como mecanismo de aplicación de la garantía constitucional de protección de los derechos de los usuarios y consumidores. Maqueda se vio enseguida inclinado a apoyar la idea central de su colega peronista. Highton daba señales en la misma línea. El único que ponía reparos era Lorenzetti, que les transmitía a sus pares la postura del Gobierno y de cuidar la gobernabilidad. Macri se encargó de hacer un intento con enviados propios, entre quienes se vio desfilar a Gustavo Lopetegui, tercero en la jefatura de Gabinete ex ejecutivo de la ex LAN (hoy Latam); también al ministro Garavano, que presionaba con pedidos para que lo echaran a Lorenzetti, y a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia, que acusaba al presidente supremo de ser enemigo del Gobierno y a la vez, en conversaciones privadas con funcionarios supremos mostraba que no tenía ni la menor noción de quién era Rosatti. «Ahhh… ¿Fue intendente de Paraná, no es cierto?», preguntó un día, dejando al desnudo su desconocimiento.

Mientras se amasaba el fallo en los despachos cortesanos, también merodeaban por ahí y golpearon las puertas de Rosatti y Maqueda periodistas y columnistas del Grupo Clarín y el diario La Nación que llevaban un mensaje: «La Corte ahora no debería darle la espalda al Gobierno».

Como un paso previo a la sentencia, la Corte pidió un informe sobre las razones del aumento de tarifas al Gobierno. En ese contexto, Lorenzetti apareció un día en la Casa Rosada a la vista de todo el mundo. Fue un gesto polémico ya que para los supremos está prohibido reunirse con una sola de las partes de un pleito. En efecto, había ido a escuchar las pretensiones y la posición del oficialismo, pero también lo movía un interés personal en poder mostrarle a Macri que le daba una esperanza. El supremo quería frenar como fuera las denuncias de Elisa Carrió en su contra, y en especial la amenaza latente de pedido de juicio político, que se concretaría en abril de 2017. Los cuestionamientos públicos constantes de la líder de la Coalición Cívica, que habían ganado intensidad, lo sacaban de quicio.

Para comienzos de 2016, Carrió había presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito, con sospechas sobre una propiedad en Puerto Madero que, según la diputada, había sido adquirido por la firma RATIO S.A. —que tiene domicilio en Rafaela, Santa Fe, vinculado al hijo del supremo, Pablo Lorenzetti— a una sociedad constituida en Delaware, Estados Unidos, para ocultar el origen de los fondos. Esa causa se cerró en menos de tres meses. Poco después Carrió le pidió a la jueza María Servini de Cubría, con quien tiene un vínculo afín, que en la causa sobre el programa Fútbol para Todos investigara supuestas operaciones financieras —como cambio de cheques para la AFA y otros clubes— a través de la mutual Pyme Rural, con la que vinculó a Lorenzetti y su familia. Esa pista terminó anulada por la Cámara Federal en junio de 2017. Pero Carrió seguiría insistiendo contra un Lorenzetti que cada día mostraba más signos de preocupación.

Además, 2016 había terminado mal para el entonces jefe supremo. El 27 de diciembre había muerto Alejandro Bouffet, un joven de 26 años que iba de acompañante en una moto que había chocado contra el Renault Fluence que Lorenzetti manejaba en el mediodía del 13 de noviembre. Según el fiscal de Rafaela, Carlos Vottero, la moto iba a más de 70 kilómetros por hora por la intersección de las calles Fanti e Ituzaingó cuando se cruzó con el coche del supremo, y el conductor de la moto había ingerido drogas y alcohol. Por eso Vottero pidió el 22 de marzo de 2017 que se cerrara la causa. Rápido, el juez Alejandro Mognaschi convalidó la solicitud del fiscal y lo notificó el 28 de abril.

Hasta último momento Lorenzetti intentó torcer el fallo sobre el tarifazo del gas hacia una fórmula tibia que le ahorrara un cachetazo al Gobierno, sin meterse con la discusión sobre la falta de audiencia pública. El diario La Nación publicó poco más de un mes antes de la sentencia una nota, que era el principal título de tapa, y anunciaba: «La Corte avalará el aumento del gas» aunque avisaba que pondría algunos reparos. No fue lo que sucedió. El voto guía finalmente lo redactó Rosatti. Lo hizo él mismo y marcó el inicio de su despliegue supremo. Frenaba el aumento del gas para el colectivo de usuarios residenciales, para quienes las tarifas debieron retrotraerse a los valores previos a las resoluciones cuestionadas. Sostenía, además, que la audiencia pública previa, con participación de la ciudadanía, «es de cumplimiento obligatorio». Lo apoyaron Maqueda y Highton de Nolasco de entrada. A último momento lo hizo Lorenzetti, que revisó su postura. Todos, además, temían por posibles protestas.

Ya después de la incorporación de Rosenkrantz, la Corte firmó otra sentencia sobre el tarifazo de la luz, donde pareció posicionarse más cerca del Gobierno, con la firma de todos sus integrantes. Esto era relativo, porque no se pronunció sobre el fondo, como lo había hecho con el gas, sino que revocó un fallo de la Cámara Federal de la Plata que había suspendido el aumento en la tarifa eléctrica, con el argumento de que quienes habían promovido la causa carecían de legitimación para representar a todos los usuarios. Eran el secretario de la Defensoría del Pueblo bonaerense, un grupo de diputados y el Partido Justicialista.

A Rosatti no le molesta enterarse de que en algunos despachos cortesanos repasan la obra El príncipe, de Nicolás Maquiavelo, el primer clásico de la ciencia política, para interpretar sus movimientos. La paradoja es que también han recurrido a ese texto, tiempo atrás, para decodificar a Lorenzetti. Hijo bastardo de la naciente burguesía, Maquiavelo se planteaba cómo se debía gobernar. Cinco siglos después, algunas de sus frases calzan a uno u otro, o ambos. Algunas también encontrarán su interpretación exacta con el devenir de los meses tras la consolidación de la nueva Corte. «Un príncipe sabio debe meditar acerca de cómo, siempre y en cualquier situación, necesiten su ciudadanos de él: entonces siempre le serán fieles»; «debe un príncipe hacerse temer de manera que, si no obtiene amor, consigue rehuir el odio, por resultar enteramente compatible el ser temido con el no ser odiado»; «para un príncipe será siempre en extremo fácil ganarse a aquellos hombres que, enemigos al inicio del principado, necesiten de apoyos para mantenerse…». Y una a la que hay que prestarle especial atención: «Cuando un príncipe adquiere un Estado nuevo que como un miembro más se añada al ya suyo, entonces le es necesario desarmar el Estado, salvo a quienes durante la conquista fueron partidarios suyos; e incluso a esos, con el tiempo y oportunamente, tiene que volverlos blandos y afeminados, ordenándose de tal forma que todas las armas de tu Estado las empuñen tus propios soldados, los que viven contigo en tu Estado de antes».

***

De cualquier modo, Rosatti sabe que es más divertido contar la conversación que tuvo con Raquel, su mamá, cuando recién había llegado a la Corte y preparaba el fallo de tarifas.

Raquel pasa largas horas frente al televisor y no se pierde ningún debate, especialmente los que atañen al máximo tribunal.

—Yo sé cómo vas a votar —le dijo la madre.

—¿Y cómo voy a votar?

Raquel vaticinó el voto, bastante parecido al que su hijo escribía en su despacho de la Corte.

—¿Sabés qué van a decir? Que llegó un peronista a la Corte y armó este lío.

6
Los temerarios

Luis Muiña es un represor de la última dictadura cívico-militar que tuvo dos condenas por secuestros, torturas, desapariciones y un homicidio en el Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino de detención. Su nombre era desconocido públicamente, entre los de tantos otros genocidas. Había entrado a trabajar en el establecimiento a los 21 años, como auxiliar de vigilancia, junto con otros dieciséis hombres a los que rápidamente los trabajadores del centro médico empezaron a llamar «los SWAT». Era una alusión irónica a la serie estadounidense de esa época protagonizada por un equipo policial de élite. En el caso del Posadas, era una banda parapolicial que torturaba y mataba.

La Corte Suprema sacó a Muiña del anonimato el 3 de mayo de 2017 en una jugada sorpresiva que puso en jaque toda una política de Estado que el tribunal llevaba más de doce años construyendo para lograr juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, siempre con el motor de la lucha de los organismos de derechos humanos. Con las firmas de los dos jueces designados por Macri —Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti— más la que aportó la metamorfosis de Highton de Nolasco —quien le debía al gobierno de Macri su permanencia después de los 75 años—, el represor consiguió para sí el beneficio que preveía la vieja ley del 2×1, que consiste en computar dobles los días de prisión preventiva pasados los dos años sin sentencia.

Con una lectura forzada, los supremos y la suprema aplicaron una ley (la 24.390) que había sido sancionada en 1994 y derogada en 2001. Es decir, llevaba dieciséis años sin vigencia. En sus orígenes había sido pensada como un recurso frente a la superpoblación en las cárceles, llenas de presos sin condena, entre quienes no había represores, en esencia porque regían las leyes de Punto final y Obediencia Debida que impedía juzgarlos. Muiña, de hecho, fue detenido por primera vez en 2007, bastante después de la derogación, en la empresa de seguridad donde trabajaba. El criterio de la Corte anterior a Macri había sido rechazar los pedidos de 2×1 de torturadores automáticamente. Los declaraba inadmisibles. El cambio de argumentos abría una compuerta gigante a los acusados de crímenes de lesa humanidad.

Además de ser supremos, había que ser temerarios para tomar una decisión semejante, para enfrentar a la sociedad en sus consensos básicos, para dinamitar en catorce páginas el largo camino construido de reparación a las víctimas, y a la ciudadanía toda. La Corte de pronto se lanzaba a desafiar un modelo de Memoria, Verdad y Justicia que es ejemplo mundial. Violentaba hasta el sentido común.

Gladis Cuervo, de 79 años, es enfermera y había entrado a trabajar al Hospital Posadas en 1973, al área de traumatología, cuando una tía le avisó que buscaban personal. En realidad, ella ya había trabajado ahí pero cuando funcionaban los Institutos Nacionales de la Salud. Militaba en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en esa época y fue una de las víctimas de Muiña. Era querellante, de hecho, en la causa que el represor había llevado a la Corte, por la que había sido condenado a trece años de prisión. Arreglaba cosas en su casa, cuando escuchó en la televisión que el tribunal le había concedido el 2×1 a un represor. Se quedó helada. No habían dicho el nombre, pero tuvo el presentimiento de que era Muiña, pese a que sus abogados le venían diciendo que no se preocupara por los recursos que presentaban los condenados. Hizo algunos llamados, pero solo la voz del periodista Antonio Fernández Llorente desde la pantalla le confirmó que no estaba errada. Sintió, literalmente, que le volvían a dar patadas en el estómago y le rompían el esternón como aquella vez, después de su secuestro.

Muiña se paseaba todo el día con un rifle por los pasillos del Posadas. Los parapoliciales del llamado grupo «SWAT» tenían como jefe a un subcomisario retirado de la Policía Federal, Ricardo Antonio Nicastro, y habían llegado por un pedido del segundo interventor, el coronel médico Julio Ricardo Estéves, para que el Ministerio de Bienestar Social le mandara una guardia de seguridad por si había algún ataque «villero o montonero». La primera intervención, apenas después del golpe de Estado, había sido obra de Reynaldo Benito Bignone, quien con el tiempo se iba a convertir en el último Presidente de facto argentino.

El 28 de noviembre de 1976 a Gladis la llamaron a la dirección del hospital, la encañonaron y, atada de pies y manos, la llevaron a una sala donde fue torturada. Por la noche la sacaron envuelta en una sábana, la hicieron dar vueltas para que se desorientara y la dejaron encerrada en un cuarto de un metro y medio cuadrado en un sector que luego sería conocido como «El Chalet». Era en la parte de atrás del establecimiento. Allí estuvieron cautivos y fueron torturados médicos, enfermeras y empleados del hospital así como vecinos de la zona, entre los cuales hay seis desaparecidos.

Gladis fue liberada en enero de 1977, llena de golpes y con el cuerpo quemado, por lo que tuvo que pasar por varias cirugías. El Posadas estaba bajo la zona de influencia de la Fuerza Aérea. Un día, ella vio a unos militares en «el chalet». Les pidió que no la dejaran ahí, que en todo caso le pegaran un tiro. Quería evitar la muerte cruenta que sabía que los SWAT le tenían garantizada. Nunca se pudo sacar de la cabeza, entre tantos recuerdos horribles, los gritos del médico infectólogo Jorge Roitman, cuando lo llevaban al baño en el primer piso del «chalet». Luego lo vio en un charco de orina y sangre, víctima de empalamiento. Los restos de Roitman fueron hallados unos meses después del fallo del 2×1, por obreros que cavaban una zanja en la parte de atrás del hospital, donde habían sido enterrados por sus verdugos.

Gladis nunca quiso volver a trabajar al Posadas. Fue enfermera en una fábrica. Dio su testimonio en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) después de consultar a sus hijos, que la impulsaron, fue testigo en el Juicio a las Juntas y no se cansó de buscar justicia.

Apenas llegó a reaccionar tras conocer el fallo de la Corte, que ya la estaban llamando varios medios de comunicación. Lo que más le impactó fue que no la llamaban los que se habían ocupado siempre del seguimiento de la agenda de derechos humanos, sino los históricos defensores del régimen dictatorial, como el diario La Nación. Se puso nerviosa y llamó al abogado Rodolfo Yanzón.

—Me están llamando todos los fachos. ¿Qué hago? —preguntó con desazón.

—Te tenés que poner el tema al hombro y llevarlo donde te inviten y convencer a los que aún no están convencidos —le aconsejó él.

Una de las paradojas de la decisión suprema a favor de Muiña, que revelan que el asunto en juego no era la excarcelación de un único represor sino a futuro la de otros como toma de posición del tribunal, es que él estaba en libertad en el momento del fallo.

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La sentencia del 2×1 se gestó en el despacho de Rosenkrantz, el juez más afín a la Casa Rosada, y tuvo como arquitecto a su secretario penal, Federico Morgenstern, que venía de trabajar en Comodoro Py con el camarista Martín Irurzun y había tejido una amistad con su jefe supremo en la Universidad de San Andrés, en un seminario de Teoría Jurídica. El Gobierno también hizo su parte, y empujó el fallo.

A las pocas semanas de instalarse en la Corte, Rosenkrantz repartió tareas en su equipo de letrados, a quienes había presentado públicamente en la página web del CIJ con el nombre de la universidad extranjera en la que cada uno había obtenido algún título. Morgenstern figura como magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universitat Pompeu Fabra-Universitat de Barcelona, graduado allí en 2012. En realidad, hubo un tiempo en que quiso ser periodista, a comienzos de siglo, inició estudios en Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y los abandonó. Probó Sociología en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y también la dejó. Empezó Derecho en la UBA, pero en el ínterin tuvo una especie de brote de judaísmo ortodoxo y se entregó a la práctica religiosa y el estudio del Talmud —libro sobre tradición, religión y leyes judías—, por lo que perdió la regularidad. Estaba tan fanatizado que iba a trabajar, por entonces al despacho del ex juez federal Jorge Ballestero, con la kipá —pequeño gorro circular que utilizan los varones judíos— puesta y harto de ver crucifijos por tribunales pidió colocar una mezuzá en la puerta del juzgado. Se trata de un pequeña caja o adminículo que contiene dos versículos de la Torá y es común ver en casas de la colectividad. Para la colocación se hizo una ceremonia con el rabino Claudio Kiesel. De golpe, Morgenstern se fue a Israel a estudiar a un Centro Talmúdico, pensando que por mucho tiempo no regresaría. Pero volvió a los diez días. No se podía proyectar intelectualmente feliz, les decía a sus amigos. Había perdido otros intereses y no se imaginaba formando una familia ortodoxa. La suya de origen tampoco lo era. El día que escribió un artículo sobre judaísmo y marihuana, se le armó tal escándalo con algunos rabinos que emprendió su regreso a la vida laica.

Terminó la carrera en la Universidad de Palermo para después dedicarse a los posgrados. Rubio, delgado, canchero y de aura juvenil, después de cosechar parte de su formación tribunalicia con Ballestero, tuvo malas convivencias con los jueces federales Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos. Irurzun supo de sus quejas porque le frenaban —según decía— investigaciones, y lo llevó a la Cámara, donde estuvo desde mediados de 2013 hasta agosto de 2016. Morgenstern le avisó que estaba escribiendo un libro, que luego titularía «Cosa juzgada fraudulenta», que desarrolla una teoría para reabrir causas sobre corrupción que hayan sido cerradas luego de un proceso supuestamente contaminado o que no buscó la verdad. Irurzun, que tuvo un papel clave en la multiplicación de causas contra funcionarios del kirchnerismo, estaba encantado. La teoría comenzó a ser invocada para reabrir casos cerrados de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El libro tiene prólogo de Rosenkrantz y del abogado Alejandro Carrió.

Una de las primeras cosas que hizo Morgenstern en la Corte fue ir a hablar con el secretario penal de entonces, Esteban Canevari, para pedirle un detalle de todos los casos penales y en especial de derechos humanos que estuvieran pendientes. Canevari, un conservador que llevaba años en el tribunal y ya planeaba su retiro, confeccionó una lista que podía ser apetecible para su destinatario. Incluía la revisión de la condena contra el cura Julio Grassi por corrupción de menores y abuso sexual, un expediente donde se discutía el llamado «plazo razonable» en la duración de una causa y, por último, una enumeración de represores privados de sus libertad que pedían el beneficio del 2×1.

El presidente Macri había hecho campaña en 2015 despreciando públicamente la lucha por los derechos humanos, que calificó como «un curro», con el que prometía «terminar», y volvía cada tanto sobre el tema a punto tal de poner en entredicho el número de 30.000 desaparecidos. Luego, en la práctica, algunos de sus funcionarios hicieron movimientos concretos que influyeron en la gestación del fallo, como el pedido al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren, y a su secretario Paulo Abrao, de que cuando visitaran la Argentina recibieran a los familiares de los militares detenidos por crímenes dictatoriales, y al nuncio apostólico, promotor de la llamada «reconciliación». La gestión, que fue parte de lo que alimentó la sentencia, dos meses antes de que fuera firmada, estuvo a cargo del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y del asesor del Ministerio de Justicia, Siro de Martini. La Conferencia Episcopal anunciaba también por esos mismos días previos que quería escuchar a familiares de desaparecidos y de militares con el objetivo de la «reconciliación», lo que fue rechazado por Abuelas de Plaza de Mayo. «No hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas, con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira…», advirtieron.

Rosenkrantz apuntó a darle contenido jurídico a una política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad, con la introducción de una perspectiva a contramano del camino que había abierto la Corte anterior, en 2005, desde el día que declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y luego los indultos dictados por Carlos Menem a favor de los militares. Fueron aquellas sentencias las que permitieron juzgar a represores y evitar la impunidad de crímenes aberrantes. Pero para Rosenkrantz «el peligro de impunidad» invocado para reabrir causas de corrupción —que menciona en el prólogo del libro de su letrado— no aplicaría del mismo modo para delitos de lesa humanidad. A Morgenstern lo convencía esta frase marketinera de su jefe: «No me importa la cara del cliente».

Se pasó el verano de 2017 analizando los casos de 2×1, que eran doce más Muiña, y finalmente le propuso al supremo lo que quería escuchar. Tenía asignado el caso como secretario «proyectista» desde fines de septiembre de 2016.

El equipo de Rosatti también había reparado en esos expedientes, pero dejó que su colega tomara la delantera. Era un tema que se perfilaba espinoso, sobre el cual —sin embargo— reinaba un silencio casi absoluto en la Corte, y afuera también. El expediente de Muiña, que en rigor era parte de la causa encabezada por el nombre del genocida Reynaldo Benito Bignone, estuvo en el despacho de Rosenkrantz hasta el 29 de diciembre de 2016, es decir casi tres meses, apenas unas semanas menos del tiempo que el supremo llevaba en el tribunal. Luego fue enviado a la secretaría y volvió a Rosenkrantz el 16 de enero. Lo tuvo hasta el 17 de abril. La Secretaría Penal ya tenía desde antes redactado un proyecto para rechazar el planteo de Muiña por improcedente, con el (artículo) «280». Pero el juez dijo que él quería dar una opinión distinta y fundada. Había llegado a la Corte con esa meta.

Morgenstern se encargó personalmente de convencer a Highton de Nolasco, para quien avalar el 2×1 en una causa de lesa humanidad implicaba un cambio rotundo respecto de la posición que había sostenido durante todos los gobiernos kirchneristas. Desde comienzos de 2017 ya era notable que comenzaba un alineamiento con Rosenkrantz, que le abrió canales con el Gobierno, más allá de la relación que ella tenía con su viejo amigo, el ministro Garavano, y la apoyó en su idea de quedarse después de los 75 años. De hecho el supremo fue el único que votó —y quedó en minoría— a favor de sostener la doctrina Fayt, que habilitaba la permanencia eterna en el cargo en el fallo que salió un mes antes que el del 2×1.

Rosatti suele defender, jurídicamente, la idea de que los jueces no pueden hacer lo que las leyes no dicen. En este caso, argumentó que la norma en cuestión no preveía ningún régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad. Algunas versiones palaciegas conspirativas sostienen que iba a votar el rechazo al 2×1 pero emisarios del Gobierno lo convencieron con el argumento de que podía posicionarse para ser el próximo presidente supremo, y que le darían respaldo.

***

Highton de Nolasco estaba tan incómoda con el tema que no le comentó ni anticipó nada a su marido, el médico Alberto Nolasco, con quien solía compartir los asuntos de gran envergadura. Quizá suponía que le caería mal. Al «Negro» Nolasco, como le dicen, es a quien la jueza le debe su lugar de sobrina política del escritor Arturo Jauretche, quien le allanó el camino a su primer puesto en la carrera judicial en 1973, como defensora de incapaces y ausentes en el fuero civil y comercial.

Lorenzetti presidía el tribunal, administraba los expedientes y decía cuáles debían tener tratamiento prioritario. Rosatti empezaba a exteriorizar su desagrado ante semejante concentración de poder y proponía que todos los supremos llevaran al plenario, para empezar a debatir, causas que tuvieran una antigüedad considerable.

En el primer acuerdo de la segunda mitad de abril, ya sobre el final de la reunión, Rosenkrantz sobresaltó a sus pares con un aviso:

—Tengo el caso Muiña y tiene mayoría de tres votos.

A Lorenzetti y a Maqueda los tomó desprevenidos. Se miraron en silencio, atónitos, por la temática, que no tenían en su radar, y porque se encontraron con que ya había una mayoría constituida. Maqueda solía ser el primero en el orden de circulación de los expedientes en cuestiones penales y hacía tiempo le había puesto un rechazo con la fórmula «280». Rosenkrantz empezó a argumentar que su punto de vista era que debía prevalecer la ley penal más benigna y que la norma que introdujo el cómputo del 2×1 (24.390) no hacía distinción alguna respecto de los delitos de lesa humanidad. Así, puso sus cartas sobre la mesa.

Lorenzetti, calculador, e histórico impulsor de la política cortesana de propiciar los juicios de lesa humanidad, dijo que escribiría un voto en lugar de firmar un rechazo de plano. Lo mismo Maqueda. Estaban, ambos, ofuscados. Optaron por defender su posición ya consolidada.

El presidente supremo decía prever el escándalo que se armaría y las consecuencias que podría traer la sentencia. Por eso eligió estrategias que llevaran a dejar expuestos a sus pares, dado que el final ya estaba anunciado. Ambos, con Maqueda, pusieron a sus colaboradores a ocuparse exclusivamente de esto. Lorenzetti, que aún tenía poder, conservaba algún margen para manejar los tiempos de la votación.

La sentencia, curiosamente, llegaba con cierto colchón, porque así como la Corte exploraba un viraje notable en materia laboral, de seguros y otros asuntos con intereses en juego del sector privado, «derechos humanos» también sembraba señales de retroceso y adaptación al nuevo contexto político.

A mitad de febrero de ese mismo año había resuelto proclamar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar fallos de la Corte argentina, o que al menos no es obligatorio que el alto tribunal local los acate. Era todo lo contrario a lo que la Corte venía sosteniendo. Como si el salto de posición fuera lo más normal del mundo, firmaron algunos de los viejos integrantes. La excepción fue Maqueda, el único que votó en disidencia. Era la respuesta ante una resolución del tribunal internacional que ponía en tela de juicio la condena a los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, denunciados por Carlos Menem, tras revelar que tenía un hijo extramatrimonial, y decía que la Corte (argentina) debía revocarla. Pero las implicancias eran mayores, porque la Corte Interamericana ha tenido el papel de proteger derechos humanos vulnerados en los Estados parte del sistema interamericano y podría intervenir en muchísimos otros casos.

Hubo más. El 28 de marzo el tribunal reafirmó algo que ya había dicho: que las acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa humanidad prescriben. Maqueda y Rosatti votaron en disidencia, el resto a favor. El 18 de abril, los cortesanos devolvieron el arresto domiciliario al represor Felipe Jorge Alespeiti, que había sido enviado a una cárcel común por la Cámara de Casación. Ahí votaron Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.

Cuando llegó el 3 de mayo, Lorenzetti y Maqueda ya habían presentado votos con fundamentos contra el beneficio del 2×1 para acusados por crímenes de lesa humanidad. Argumentaron que para los delitos de estas características no hay amnistía posible, ni indultos, ni prescripción; que su persecución es una obligación de la legislación internacional pero que además forma parte de las políticas de Estado del Poder Judicial señalada por la Corte, y de los otros poderes también. Consideraban que la ejecución de la pena era parte de ese concepto. El dúo supremo sabía perfectamente que quedaba en minoría y eran los más conscientes del efecto social y político que el fallo podía llegar a provocar. Lo dejó correr.

La posición de la mayoría, en el voto de Rosenkrantz al que se sumó Highton, decía que el Código Penal establece que se debe respetar la ley más benigna, sin importar el tipo de delito y que, ante la duda, siempre hay que resolver en favor del acusado. La aplicación de ese criterio, decían, no puede estar condicionada por cambios de valoración social, que en todo caso debían traducirse en reformas legales. Rosatti, en un voto culposo, planteó su dilema moral al aplicar «un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad, que a su entender expresan el estadío más degradado en que ha caído la naturaleza humana». Los derechos y garantías, insistía, son también para quienes cometen delitos aberrantes. La ley 24.390 no establecía distinción entre delitos. Su voto dejaba en claro que los jueces no legislan y que solo una modificación de la ley en el Congreso podría hacer cambiar algo.

El mismo día del fallo, los organismos de Derechos Humanos dieron una conferencia de prensa en la sede de Abuelas para repudiar la sentencia. Ya se podía palpitar el enorme malestar social que había causado, que crecía como una ola gigante. La resolución, leyó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, en nombre de todos los organismos, «deja abierta la posibilidad de que los represores condenados por delitos de les humanidad queden en libertad». También recordó que hasta ese día estaba fuera de discusión que la ley del 2×1 no aplica para crímenes de la última dictadura, que no prescriben, y «no concluyen hasta que no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos apropiados». Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, apuntó a la ofensiva del Episcopado y remarcó que no puede haber reconciliación porque ningún represor reconoció sus crímenes ni pidió perdón.

La primera reacción pública del Gobierno fue de respaldo a la sentencia, en boca del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj: «Estoy de acuerdo con el fallo de la Corte si el fallo está ajustado a la ley»; «es un fallo del órgano máximo de la Justicia y tenemos que respetarlo, más allá de las consideraciones personales y de los sentimientos que se hieren». Pero, rápidamente, empezó a virar la versión, y acercarla a lo que decía el ministro Garavano: «Un fallo de 2×1 en ningún escenario me parece bueno […] La ley del 2×1 fue uno de peores engendros, de las cuestiones más perversas que se han hecho en política criminal en nuestro país. Seguimos pagando la consecuencias de una legislación desastrosa». Al rato el jefe de Gabinete, Marcos Peña, salió a decir lo mismo.

El repudio generalizado se multiplicaba y hacía visible en las redes sociales, brotó de las víctimas, de la dirigencia política casi en pleno y a la vez se hizo palpable dentro del propio sistema judicial. A medida que los represores intentaban probar suerte para ver si conseguían lo mismo que Muiña, fiscales y tribunales rechazaban sus planteos. Se plantaron en contra de la línea sentada por la Corte, algo completamente inédito.

El primer intento de emular a Muiña fue de Víctor Gallo, apropiador de Francisco Madariaga, hijo de Abel, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo. Con dictamen de Ángeles Ramos, luego se lo negó el Tribunal Oral 6. De ahí en más la gran mayoría de pedidos similares corrieron la misma suerte. Hasta agosto de ese año (2017) se presentaron 118 pedidos similares en distintas provincias invocando el 2×1 y según relevó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Para ese momento había sido resueltos 63 planteos, que habían sido denegados en el 95 por ciento de los casos. Fueron admitidos 3, por parte del Tribunal Oral Federal 1, que ya sostenía ese criterio aún antes del fallo de la Corte.

Los días posteriores al fallo supremo los organismos de derechos humanos empezaron a definir la idea de una movilización popular para rechazarlo. Los ecos del fallo cruzaban la frontera, ya que la Argentina había sido en la última década un gran ejemplo internacional en la persecución de las violaciones a los derechos humanos. La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) emitió un comunicado en el que decía que los jueces no pueden «desconocer los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad». Su titular, Amerigo Incalcaterra, fue lapidario: «El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no solo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional».

***

El clima en la Corte fue un infierno las semanas posteriores. La mayoría de los supremos no previó que el repudio al fallo fuera tan contundente. Highton de Nolasco pidió días de licencia en los que tuvo que lidiar, entre otras cosas, con el malestar de su marido a quien trataba de explicarle que su voto se apegaba a la ley, mientras consultaba a secretarios de confianza si había algún modo de modificar lo hecho. Rosatti también concurría poco, y dejó en manos de colaboradores la filtración de las llamadas y críticas. Con total intencionalidad, su voto había dejado en claro que si la ley cambiaba, su postura ante un caso equivalente sería otra. Eso alcanzaría para una nueva mayoría. Les hizo llegar el mensaje a varios organismos de derechos humanos. Algunos lo fueron a ver a su casa. Lorenzetti comenzó a hacer consultas, dentro de la propia Corte, en busca de alternativas. El secretario Cristian Abritta, que luego se jubiló, le sugirió una ley «interpretativa» del 2×1, y le armó un texto posible.

El acuerdo siguiente de los cortesanos, el 9 de mayo, fue de película. Todos entraron con mala cara y Rosenkrantz inauguró el debate interno con un reproche a Lorenzetti:

—¿Cómo es que vos, que sos el presidente, no paraste este tema?

Nadie podía creer lo que estaba diciendo, después del trabajo de hormiga que había hecho para llegar a ese fallo. A Maqueda lo sacó de quicio, y le levantó la voz:

—¿De qué estás hablando vos que fuiste el primer interesado en esto? ¡Tuve que paralizar mi vocalía por esto, para hacer un voto!

En los rincones del Palacio de Justicia, son muchos los funcionarios y funcionarias que creen que Lorenzetti, a conciencia, dejó que el fallo se votara, porque suponía que él saldría fortalecido.

En aquel acuerdo pos 2×1, dijo que estaba buscando alguna solución para amortiguar el impacto del fallo, y anunció que ya estaba en contacto con el Congreso para intentar que las cámaras votaran una ley interpretativa. Comentó que hablaba con los oficialistas Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, y Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. Había muchas personas, de distintos sectores, en simultáneo, trabajando en un texto. El Gobierno aceptó la situación con resignación, ya que iba camino a convertirse en una vergüenza internacional. Para la redacción de la ley en Diputados trabajaron Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con Remo Carlotto, Victoria Donda, Horacio Pietragalla, Héctor Recalde. La propia Carlotto habló con el ministro Garavano en plenos preparativos y con Ricardo Gil Lavedra, que coordina el Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia, y que fue quien se ocupó de convencer, después, a Pinedo. Todo convergía en él, que firmó el proyecto final.

Mientras los supremos hablaban a cara de perro en el salón de acuerdos, en la Procuración General hubo una cumbre de fiscales y especialistas en el tema. Analizaron estrategias de todo tipo como elaborar un documento de interpretación para los fiscales; dictar una instrucción general o llevar un buen caso a la Corte, para que cambiara el rumbo. Después no hicieron nada. Algunos, por su cuenta, tallaron en la ley interpretativa.

Para el 10 de mayo, apenas una semana después del fallo, se anunció la votación en la Cámara de Diputados. Y ese día salieron a las calles rumbo a Plaza de Mayo cientos de miles de personas en todo el país a repudiar el fallo del 2×1 y a exigir marcha atrás a los tres poderes del Estado con la decisión que amenazaba con dejar a los represores en libertad. La movilización se tiñó de blanco con trozos de telas que fueron repartidos a los manifestantes, mujeres y varones de todas las edades, con la forma de los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo. La imagen fue conmovedora. La fuerza de la movilización, llena de gente suelta y de todas las edades y perfiles, impactante. Era una representación vívida que llenaba de sentido a la frase que recuerda al Juicio a las Juntas: «Nunca Más». De hecho, en el escenario podía leerse en letras gigantes: «Ningún genocida suelto. Señores jueces: Nunca Más».

Rosatti estaba en contacto con Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque peronista en el Senado, que formaba parte de las negociaciones por la ley y una vez que estuvo lista, próxima a ser votada, le mandó el texto. La respuesta fue un pulgar para arriba. También fue enviado a Lorenzetti y a Maqueda.

Hasta ese día el presidente Mauricio Macri no había abierto la boca. Antes de la protesta, habló desde Mendoza, con cierta dificultad para expresar la idea: «Estoy totalmente en contra porque estoy en contra de cualquier ley a favor de la impunidad y más aún en delitos de lesa humanidad». A la vez dijo que le alegraba tener «una Corte independiente», para hacer un contrapunto con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que dijo que «estaríamos nuevamente en una Argentina de presos políticos y genocidas sueltos».

La ley aprobada estableció que quedan excluidos de la aplicación del beneficio del 2×1 establecido en la ley 24.390, «los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional». El mismo día de su promulgación, la Corte publicó en la página web del CIJ, un pequeño comunicado donde anunciaba que para todos los casos pendientes de resolución sobre pedidos de 2×1 de parte de acusados de crímenes de lesa humanidad, se pediría opinión a las partes a la luz de la nueva ley que restringía la aplicación. Era una forma de anunciar que la Corte firmaría una nueva sentencia que revertiría su propia decisión en función de la aprobación de la ley interpretativa.

Los supremos que firmaron el fallo quedaron en el ojo del huracán. El más despreocupado fue Rosenkrantz, porque estaba convencidísimo de lo que había hecho. El abogado Marcelo Parrilli lo denunció en Comodoro Py junto con Rosatti y Highton por haber fallado «contra las leyes e instrumentos internacionales». La causa le tocó al fiscal Guillermo Marijuán, quien impulsó la investigación y en su dictamen evocó una frase célebre de Lorenzetti al decir que el fallo violaba «el contrato social de los argentinos». El rumor en tribunales dice que entre Lorenzetti y Marijuán hubo un nexo peculiar: el empresario Gabriel Hochbaum, directivo del Grupo América, uno de los dueños del restaurante Dashi, y muy cercano a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Más adelante el juez Daniel Rafecas cerraría la causa por inexistencia de delito.

Por esos días Highton de Nolasco era una de las que se mostraba más amargada. En junio le tocaba dar una conferencia en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), pero decidió suspenderla un rato antes porque se armó una manifestación en la puerta en repudio a su voto por el 2×1 y, además, le reprochaban su «falta ética» por no dejar el cargo a los 75 años. Había viajado con su marido, y estaba cenando con profesores y profesoras la noche anterior, cuando supo que podía haber protestas. «Helen, mejor suspendé», le sugirió Nolasco. Al año siguiente, a Rosatti y a Rosenkrantz les pasó lo mismo, en la UNL en Rosario.

Highton y Rosenkrantz buscaron un escenario favorable para hacer su reaparición pública, rodeados de funcionarios de Cambiemos. En los primeros días de junio, fueron juntos a un homenaje a Graciela Fernández Meijide en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Rosenkrantz se sentó pegado a su esposa, Agustina Cavanagh. Nolasco no acompañó en esa oportunidad a Elena.

En el caso de Highton, que se decía afligida por el tema, impactada con la movilización, e interesada en modificar el fallo, fue la que más trabas pondría en los meses posteriores para revertir la sentencia, con toda clases de excusas de por medio, mientras Rosatti hacía maniobras desesperadas por firmarla.

Para Muiña, el 2×1 y su salida del anonimato se convirtieron en un bumerán. Estaba sobreseído por el homicidio del médico Roitman en el Posadas y de Jacobo Chester, ex empleado del Departamento de Estadísticas del hospital. La sala IV de la Cámara de Casación revocó el sobreseimiento y en septiembre de 2018 fue condenado a prisión perpetua.

7
Comodoro Py y el eje del mal

Un día de verano de 2018 alguien pescó a Ricardo Lorenzetti justo cuando se encontraba en un pasillo del Palacio de Justicia con la jueza penal Silvia Mora, a quien conocía por ser la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex titular de la Asociación de Magistrados, y antikirchnerista furibundo. En una escena atípica, recorrían juntos varios despachos, abrían y cerraban puertas, escoltados por Juan Rodríguez Basavilbaso, encargado de cuestiones de infraestructura de la Corte. Buscaban alguno que estuviera vacío o disponible y que pudiera ser ocupado por un tribunal oral federal nuevo, el número 9 (TOF 9). Sus integrantes habían sido designados a dedo gracias a la ley 27.307 impulsada por Cambiemos, votada al final de 2016, que así lo permitía. Una de ellas era Mora. Los otros dos, Alejandro Nocetti Achával y Alejandro Becerra. Hasta entonces los tres eran jueces de un tribunal dedicado a juzgar delitos comunes. El oficialismo los convirtió en jueces federales. Como tribunal oral federal, no tenían la habilitación obligatoria para funcionar, que les debe conceder la Corte Suprema, pero Lorenzetti igual les había prometido una buena oficina.

En el fuero federal porteño, más conocido como Comodoro Py —porque sus juzgados, fiscalías y defensorías están en la Calle Comodoro Py 2002, en Retiro—, hubo desde 1992 seis tribunales orales, encargados de cumplir con la última etapa de las causas judiciales sobre corrupción, narcotráfico, trata y derechos humanos, entre los principales asuntos que juzgan. Ellos dictan sentencia, deciden si quienes están en el banquillo son culpables o no. Su función es decisiva. Durante el kirchnerismo se crearon dos tribunales más y el concurso para ocupar sus cargos demoró años. Con la ley de Cambiemos se crearon cinco tribunales adicionales. La triquiñuela fue que permitía que el Consejo de la Magistratura —órgano que elige y sanciona a los jueces y juezas— convirtiera, con los votos de una simple mayoría, a los tribunales orales ordinarios en federales. De esta manera, jueces y juezas que habían concursado para juzgar delitos comunes —como robos, hurtos y estafas— adquirían el poder de juzgar delitos federales sin pasar por un nuevo examen. El Gobierno, con mayoría en el organismo, elegía a piacere.

El apuro para que empezara a funcionar el TOF9 era ostensible. La Cámara de Casación Penal pidió su habilitación, pero antes de que la Corte la concediera, incluyó al tribunal en el sorteo de causas elevadas a juicio oral, en el bolillero electrónico, el 12 de diciembre de 2017. El sistema informático está programado para repartir los casos de manera equitativa, lo que implica que el tribunal que tiene menos carga de trabajo es candidato a salir sorteado. El que no tiene ni una sola causa es número puesto. El TOF9 se armó justo para el momento en que se sortearon dos grandes causas que tenían como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner: la que se inició con una denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento, que acusaba a la ex presidente de encubrimiento de los iraníes implicados en el atentado a la AMIA, y la que puso el foco en el reparto de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Ambos temas le tocaron, como era previsible, al tribunal que había armado el gobierno de Macri, que no tenía permiso y al que Lorenzetti le buscaba y prometía nuevo despacho.

La ex presidenta era la más poderosa sombra para una futura reelección de Mauricio Macri, después del balotaje donde el candidato de ella, Daniel Scioli, había perdido por una diferencia ínfima (del 2,68 por ciento) que mostraba a la sociedad dividida. Desde que dejó el poder comenzaron a multiplicarse causas judiciales en su contra y de sus ex funcionarios, algunas con cierto sustento, otras inspiradas en pruebas dudosas y otras basadas en ataques a decisiones políticas que algunos jueces vistieron como delitos, como la del Memorándum con Irán —un acuerdo impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso en 2013 para que los iraníes fueran indagados en un tercer país—, que le había tocado al TOF9.

El proceso penal argentino está dividido en dos etapas: la de instrucción, a cargo de jueces de primera instancia, y la oral, de la que se ocupan los tribunales orales y donde se dicta sentencia. Según la ley que implantó el llamado «sistema acusatorio» sobre el final del gobierno de Fernández de Kirchner, debería unificarse el proceso y dar más protagonismo a los fiscales. Sin embargo, el macrismo dilató su implementación. Mientras tanto, reparó en el papel de los tribunales orales, donde llegarían todas las causas contra opositores políticos, y vio la posibilidad de controlarlos. Una condena, además de definir la cárcel para alguien o su libertad, puede inhabilitar a un político de por vida, como le pasó al ex vicepresidente Amado Boudou. Al Gobierno, los jueces de instrucción de Comodoro Py le resultaban —en su mayoría— previsiblemente funcionales y Lorenzetti, aun con sus chispazos con el Gobierno, con su terror a Carrió a cuestas, trabajaba en ese sentido también.

Mora, Nocetti Achával y Becerra venían del Tribunal Oral Criminal 10 y gozaban de la simpatía del oficialismo. A Becerra en tribunales lo describían como un hombre de carrera judicial, conservador, hijo de un general del Ejército. A Nocetti Achával, lo señalaban como un ultraconservador, que había sido cuestionado por los organismos de derechos humanos después de que en un juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza dijera que son delitos que prescriben. En el Consejo los votó el macrismo, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, más el entonces presidente del organismo, el abogado Miguel Piedecasas.

El día que Lorenzetti fue visto con Mora buscando oficinas disponibles, otros supremos se despabilaron. Había circulado primero la noticia de que el tribunal en cuestión se preparaba para juzgar la gran causa de lavado de dinero contra Lázaro Báez, y luego aparecieron las que tenían en el centro de la escena a Cristina Kirchner.

Rosatti y Maqueda se escandalizaron y temieron quedar pegados a una maniobra del Gobierno en la que Lorenzetti colaboraba a su estilo. Llevaron el tema al plenario y el 15 de marzo de 2018 lograron imponer una acordada que anuló por unanimidad el sorteo de causas para el TOF9 con un fuerte llamado de atención a la Casación, y por mayoría de tres votos dejaron sin efecto las designaciones de los jueces de ese tribunal. ¿Quiénes conformaban esa mayoría? Rosatti, Maqueda y, para sorpresa de los demás, Lorenzetti. Cuando abrieron la puerta de la sala de acuerdos se encontraron a los tres jueces afectados por la decisión, que llevaban horas esperando en el pasillo. Envenenado con la situación, que desbarataba su estrategia, el ministro de Justicia, Garavano, empezó a hablar desde ese día de la existencia de una «mayoría peronista» en la Corte.

La acordada suprema decía que si un tribunal no estaba habilitado no podía funcionar y puso en cuestión la ley 27.307 de «Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales» porque no respetaba el proceso constitucional que exige que los jueces y juezas sean designados por el Poder Ejecutivo en base a una terna confeccionada por el Consejo de la Magistratura, previo acuerdo del Senado. Los nombramientos, señaló la Corte, son para un cargo específico —para el cual hay que pasar por un concurso— y no caben los «traslados» de un fuero a otro distinto sin el procedimiento que establece la Constitución. Todo ese proceso, que pasa por la evaluación del Senado, dijeron, «constituye un excelente freno sobre el posible favoritismo presidencial».

El Gobierno no dejó de hacer traslados de jueces a lugares estratégicos. Solo agregó la instancia de que pasen por el Senado si los quería cambiar de fuero o jurisdicción. De esa manera, daba por respetada la acordada suprema, que tampoco exige a jueces y juezas que rindan examen de nuevo. Así, puso jueces en la Cámara Federal, en Casación y en los tribunales orales.

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La acordada que le hacía apenas un poco más difícil al Gobierno el nombramiento de jueces amigos puso en evidencia cierta pérdida de poder de Lorenzetti, que llevaba años apostando a consolidar su influencia en los tribunales federales, en especial los porteños, donde la dirigencia política podía ser juzgada. Lorenzetti coqueteó de manera visible con la política en sus últimos años de presidente supremo, pero a la vez desarrolló una estrategia de despliegue y ostentación de la capacidad de generar temor y producir daño concreto del Poder Judicial sobre los demás poderes.

Tiene la costumbre de repetir decenas de veces una idea para convencer, y transformarla en dogma. Es lo que hizo con sus llamados a la lucha contra la «corrupción» y la «impunidad», un objetivo —a priori— deseable en cualquier sociedad. Cuando encabezaba la Corte y mencionaba una y otra vez aquellos conceptos, los jueces y juezas inferiores lo escuchaban y se sentían envalentonados y protegidos. Cada tanto el supremo se reunía con jueces y camaristas federales y les decía que debían lograr generar miedo, en pos de sus objetivos. «Miedo» era específicamente la palabra que usaba. Luego los invitaba a dar conferencias, les daba lugares destacados en sus actividades, a los jueces de Comodoro Py siempre los sentó en las primeras filas, les facilitaba contratos, autos, recursos y lo que necesitaran. Algunos lo seguían extasiados como a un predicador.

En los inicios del gobierno de Macri, en febrero de 2016, Lorenzetti inauguró un Observatorio de Corrupción con una base de datos de las causas en trámite, con información elemental sobre el estado de los expedientes que tramitan en Comodoro Py. Decía que era para dar transparencia, acceso a la información pública, y argumentaba que la lucha contra la corrupción era una «política de Estado». A la par, anunció la creación de un cuerpo de peritos especializados en delitos contra la administración pública. En octubre del mismo año, hizo un relanzamiento del observatorio en el cierre de la VII Conferencia Nacional de Jueces. Los medios de comunicación más oficialistas se hicieron eco y mostraron que el registro ya acumulaba 60 causas contra ex funcionarios del kirchnerismo, incluida la ex presidenta. A eso apuntaba todo.

En la misma línea, en 2015 había creado una Comisión Judicial para la lucha contra el narcotráfico, con el desliz de que estuvo a punto de ponerlo como titular al ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso, que justo quedó escrachado por favorecer a narcotraficantes y terminó condenado a 13 años de prisión.

En un libro llamado Estructuras Judiciales (Ediar, 1994) el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni sostiene que en América Latina los poderes judiciales asumen funciones que no son las que describían los constituyentes liberales del siglo XVIIII, basadas en la aplicación de la ley, el control de constitucionalidad y la autoadministración. La particularidad regional, según Zaffaroni, es que los poderes judiciales desarrollan funciones latentes. Cosas que la justicia o sus jueces y juezas hacen, pero no deberían hacer. Las hacen a partir de tomar intervención en los asuntos públicos. Las hacen y rehacen según los requerimientos de la Historia.

Lorenzetti fue un gran desarrollador de esas funciones latentes, aprovechando los primeros años de renovación de la Corte durante el kirchnerismo, y las utilizó como plataforma de su propia legitimidad. Hubo un largo período en que se convirtió en la única voz de la Corte —con intentos esporádicos de Zaffaroni por compensar esa centralidad—, utilizaba al Centro de Información Judicial (CIJ) como base de propaganda personal y asumió la posición de hablar con presidentes, jefes de Gabinete y también con el mundo empresario. Siempre se basó en necesidades existentes o situaciones deseables —como que no haya corrupción— que pudieran generarle un beneficio personal y dejó flotando su potencial de alguien «presidenciable». Reforzó esta tendencia cuando se distanció de Cristina Fernández de Kirchner.

Entre las funciones latentes que propició Lorenzetti, el Poder Judicial empezó a reemplazar a la clase política en algunos trabajos sucios, como la «limpieza» de adversarios. Parte del sistema de justicia encuentra la posibilidad de funcionar como un núcleo articulador de una nueva forma de gobierno que enlaza intereses de poderes globales, financieros y empresarios. Lorenzetti entendió esto tempranamente y buscó amalgamar los intereses difusos de quienes integran los tribunales federales y en determinado momento hasta logró alinear a todas sus instancias: jueces de primera instancia, Cámara Federal y Cámara de Casación Penal. Les obsequió la idea de que pueden ser tan importantes como el Poder Ejecutivo. El resultado es que los gobiernos le pueden tener más miedo al entramado de Comodoro Py, sus alianzas con servicios de Inteligencia y empresas de medios de comunicación que legitiman la política judicial, que a los poderes instituidos.

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En cuanto el kirchnerismo perdió las elecciones presidenciales, Lorenzetti reforzó su hábito de encontrarse con los jueces federales, en grupos o a solas, para transmitirles la consigna de que era el momento de «actuar». Algunos de los jueces que más causas contra funcionarios kirchneristas concentraban permanecieron cerca del supremo: Claudio Bonadío, Julián Ercolini, Ariel Lijo, son los más notorios. Son, además, algunos de los invitados habituales a los cócteles de la Embajada de los Estados Unidos.

A los jueces que no respondían del modo que esperaba, Lorenzetti les hacía la guerra de un modo u otro: negándoles contratos, retaceando recursos o demorando la publicación de sus fallos en el CIJ, entre otros ejemplos. En Comodoro Py, se ganaron fama de rebeldes o menos sumisos Sebastián Casanello y Daniel Rafecas. En línea con los anhelos del gobierno entrante, el supremo citó a Norberto Oyarbide, para invitarlo a renunciar, pero la intermediación anticipada del presidente de Boca y operador judicial Daniel Angelici le ahorró trabajo. Oyarbide renunció antes de que lo echaran. Convocó, sí, a Rodolfo Canicoba Corral, histórico del fuero federal de los noventa, y le planteó que el macrismo esperaba su renuncia. Canicoba se negó, armó bulla en tribunales y mostró gestos de lealtad con el tiempo. Aún así, el oficialismo del Consejo de la Magistratura mantuvo una investigación abierta en su contra.

Un hecho de septiembre de 2016, que muestra cómo se convertía al fuero federal porteño en una meca de las causas de alta sensibilidad política con ayuda cortesana, fue la decisión de la Corte Suprema, por unanimidad, de enviar allí la causa donde se investigaba la muerte del fiscal Alberto Nisman. Para ese entonces llevaba un año y ocho meses en el fuero ordinario, aunque la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini ya había declarado su incompetencia el 1º de marzo de marzo de aquel año. Era a lo que apostaban la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, la dirigencia de la DAIA y la oposición al kirchnerismo, que hicieron todo lo posible por instalar la teoría de que al fiscal lo mataron, que fue un magnicidio. La fiscal Viviana Fein y las pericias médicas y criminalísticas decían que no había elementos para semejante conclusión. Palmaghini propició el cambio de tribunal con el argumento de que existía la posibilidad de que los correos electrónicos y el celular del fiscal hubieran sido borrados, y eso lo debía investigar la justicia federal, además de que había declarado —después de un año de silencio— el ex jefe de operaciones de la ex Side, muy cercano a Nisman, Antonio Horacio Stiuso, y había sugerido que lo habían matado por su cargo al frente de la Unidad AMIA. Stiuso le apuntaba al gobierno de Cristina. La Cámara de Casación porteña le dijo a Palmaghini que era prematuro declararse incompetente, pero la Corte se ocupó de hacer lo que tantos estaban esperando.

En el alto tribunal, es un tema al que todo el mundo le escapa. Cada vez que alguien lo menciona los jueces miran para otro lado. Más aún con lo que sucedió el día que, meses más tarde, ya en abril de 2017, la Cámara Federal porteña activó el sistema electrónico para sortear a qué juez le tocaría el expediente. El bolillero informático se detuvo en el juzgado de Casanello, pero el sistema se «tildó» de repente y en la pantalla aparecía una leyenda que decía «falla de transacción». La propia Cámara, presidida por Martín Irurzun —por esos días gran aliado de Lorenzetti— mandó a anular el sorteo sin mayor explicación. Para eso debieron entrar dos expertos al «Data Center» del Poder Judicial, que el supremo en 2010 había inaugurado como «un área de máxima seguridad», y desde ahí todo indica que dieron de baja el resultado.

El entonces administrador del Consejo, Juan Carlos Cubría, hijo de la jueza María Servini de Cubría, cuestionó que hubieran actuado sin una orden de sus superiores. ¿Por qué anular el sorteo, además, si la máquina se trabó después? Casanello no era del agrado ni de Lorenzetti ni del flamante gobierno de Macri. La nueva ronda de bolillero dio con el nombre de Julián Ercolini, que en unos meses metió a la Gendarmería en la causa, le ordenó rehacer los peritajes, y con una teoría asombrosa de homicidio que no puede explicar ni la mecánica ni los autores, concluyó que a Nisman lo habían asesinado.

Lorenzetti quedó expuesto a raíz de aquel episodio. La jueza Servini —de tradicional sintonía con Elisa Carrió— desempolvó una causa donde se investigaba el sorteo de peritos en causas judiciales, pero terminó amplificando sus alcances. A Bonadío le tocó una denuncia puntual sobre el sorteo de la causa de Nisman y a Lijo otra sobre la licitación del sistema informático. Ninguna tuvo consecuencias para Lorenzetti. Servini encargó pericias y auditorías que pusieron en evidencia la vulnerabilidad de todo el sistema informático Lex 100 que se usa en Poder Judicial, no solo por permitir la manipulación de sorteos de jueces y peritos sino el acceso a bases de datos y expedientes casi a cualquier persona que se las ingeniara para tener una clave, un trámite sencillo. El 6 de diciembre de 2017 la Auditoría General de la Nación (AGN) firmó un informe lapidario, donde hacía corresponsables a la Corte y al Consejo de la Magistratura, cuyas respectivas direcciones de sistemas están a cargo del Sistema de Gestión Judicial. Señalaba incluso que la seguridad informática de las bases de datos, el control y auditoría era responsabilidad de la Corte, pero en la práctica no ocurría.

El supremo Lorenzetti le advirtió a Servini que debía sacar a su hijo del camino. Le sugirió, en cuanto a ella, que se venía el fallo que obligaría a jubilarse a unos cuantos jueces. Servini tenía más de 75 años, aunque atesoraba en silencio una medida judicial favorable a su permanencia. A su hijo lo desplazaron igual y lo mandaron a cumplir otras funciones. Por el desastre informático y la manipulación de sorteos nunca nadie fue responsabilizado penalmente.

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En abril de 2017, una imagen recorrió redes, cadenas de whatsapp, notas periodísticas y chusmeríos de tribunales: era un retrato en plano americano —de la cintura para arriba— del juez brasileño Sergio Moro, ícono de la persecución al ex presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva en momentos en que era el dirigente con mayor popularidad en su país, junto a Ricardo Lorenzetti, ubicado en el centro y a su izquierda el juez Claudio Bonadío. Los tres vestían traje en la gama de los azules, algo desacomodado en el caso de Bonadío, como si se lo hubiera puesto a las apuradas para la foto.

El gobierno de Macri había invitado a Moro a dar charlas en la Argentina sobre su experiencia en el caso conocido como «Lava Jato», el nombre de un lavadero de autos que fue allanado en los inicios de la investigación que tuvo como punto de partida a la empresa Petrobras pero luego se extendió a otras, como la constructora Odebrecht, a las que se atribuían pagos ilegales a cambio de contratos de obra pública y otros beneficios. Moro desplegó sus encantos en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires —aquel que apoyó golpes de Estado y que Cambiemos tomó como una especie de brazo armado para hacer denuncias contra los jueces y juezas que no le agradan— y también en una reunión en la Corte Suprema, donde Lorenzetti trató de posicionarse como su gran anfitrión.

Según la traducción que Lorenzetti hacía en simultáneo, Moro explicó en portugués las diferencias entre el sistema de su país —donde los fiscales investigan y el juez o jueza definen— y el argentino, e informó que se había hallado una matriz de corrupción donde las empresas pagaban porcentajes fijos de sobornos a cambio de contratos, a agentes estatales. Hizo gala del éxito de las investigaciones financieras, señaló la importancia de la colaboración internacional e hizo una defensa de la figura del «arrepentido», que en Brasil se llama delator. «Delincuentes que denuncian a otros delincuentes», definió. A la larga, sería la herramienta más utilizada por Bonadío, en un caso también focalizado en la obra pública, la célebre «causa de los cuadernos», así bautizada porque comenzó con las fotocopias de las anotaciones de Oscar Centeno, un ex chofer del Ministerio de Planificación, que narraba supuestos pagos millonarios de empresas a funcionarios, en ocho cuadernos marca Gloria. A los imputados que admitían acogerse a la figura de «colaboradores» o «arrepentidos» y que aportaran información acusando a otros, con cierta similitud respecto de las delaciones brasileñas, Bonadío los iba dejando en libertad. Trabajaba en sintonía con el fiscal Carlos Stornelli.

El encuentro con Moro se hizo en el llamado «Salón Gorostiaga» de la Corte, que tiene sus paredes tapizadas con madera tallada y molderías antiguas, y donde se había montado una enorme mesa en forma de «U» con Lorenzetti, Moro y el ministro de Justicia, Germán Garavano, sentados en la cabecera. Antes de arrancar, el presidente supremo le había dicho a Moro: «Esto es informal, aquí no tenemos prensa». Más tarde difundió un video del evento en el CIJ.

Eso permitió conocer algunos de los comentarios de los jueces presentes: lo llamativo es que se quejaban de las garantías para proteger derechos que exige el sistema argentino en lugar de defenderlas. «Nosotros desde el principio tenemos que poner las actuaciones a disposición de las partes y ese es un obstáculo fenomenal…», regañó el juez Ariel Lijo. «La cooperación también es un obstáculo», agregó, así como el hecho de que la plata de la corrupción «fluye en efectivo». Este juez dijo que le parecía «muy interesante tomar nota del sistema brasileño», momento en que la cámara lo muestra a Garavano anotando. Luego el ministro diría que el Gobierno quería alentar esas reformas. Otro de los jueces que se quejó de las garantías fue el camarista de Casación Gustavo Hornos: sostuvo que podían ser la razón para que se demorara una sentencia. Con el tiempo y el avance de algunas causas en Comodoro Py, se generaría un grupo de prestigiosos abogados, muchos de ellos profesores universitarios, nucleados bajo el nombre de «Iniciativa Justicia» —como Carlos Beraldi, Maximiliano Rusconi y Graciana Peñafort, entre otros— que precisamente cuestionarían la violación de garantías en los procesos anticorrupción.

Moro fue el gran impulsor de la causa que llevó a Lula a la cárcel, igual que a trece empresarios, entre ellos Marcelo Odebrecht, y figuras de 14 partidos políticos distintos, mayormente de izquierda. Como juez se convirtió en un personaje popular en su país, aunque su accionar dividía a la sociedad. Para sus aduladores había remeras y cotillón con su nombre. Sus detractores, de la izquierda y el Partido de los Trabajadores, lo consideran el autor de una feroz persecución política, sin pruebas en el caso de Lula. En noviembre de 2018 aceptó ser el ministro de Justicia del ultraderechista presidente votado en Brasil, Jair Bolsonaro. Ese mismo año, en su discurso de apertura del año judicial en marzo Lorenzetti lo había citado como el modelo a seguir por el Poder Judicial Argentino. Bonadío no parece una figura exactamente comparable, al menos en términos de popularidad.

Para la época de la visita de Moro, dos incondicionales siempre presentes cada vez que Lorenzetti convocaba a la manada eran los camaristas Irurzun y Javier Leal de Ibarra, de Comodoro Rivadavia este último. Eran ya entonces director y vice de la oficina de escuchas telefónicas, que había quedado bajo la órbita de la Corte. Esa dependencia, que luego se transformaría en una estructura cada vez más influyente llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), se convirtió en un elemento central del dispositivo de poder de Lorenzetti, cuyo recorrido merecerá un capítulo aparte.

Un mes después de la visita de Moro, inspirados en él y empujados por Lorenzetti, un grupo de jueces federales liderados por Lijo fundó la primera Asociación de Jueces Federales (AJUFE). La sigla es exactamente igual a la de la asociación que nuclea a los jueces federales en Brasil, creada en 1972, en plena dictadura. A la primera asamblea, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho, fueron cerca de 200 jueces entre quienes estuvieron los de Comodoro Py casi en pleno. Servini de Cubría faltó pero mandó un poder para votar y Bonadío tampoco asistió porque estaba en un allanamiento. Eligieron como presidente a Jorge Morán, de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo, y como secretario general a Lijo, mientras comían mousse de chocolate, sangüichitos y café.

Su plataforma fundacional pedía que el Poder Judicial tuviera una agencia especial de investigación, policía judicial, legislación para el decomiso de bienes, una ley del arrepentido, una reforma procesal, jueces destinados a megacausas y legislar sobre la autonomía financiera de la Justicia. La sintonía con el Gobierno, que propiciaría algunas de esas reformas, parecía planificada. A la vez era una advertencia sobre un posible «Lava Jato» argentino. A Lorenzetti, ser el padrino de todos estos emprendimientos lo ayudaba a blindarse frente a los embates de Carrió, que ese mismo año había pedido su juicio político. Cuando les preguntaban, los propios jueces federales decían que parte de la razón de ser de la Asociación era «no estar solos» o desprotegidos frente al Gobierno, que amenazaba con sacar de juego a los jueces que no actuaran como esperaba Cambiemos. En ese caso, «buscaremos otros jueces que nos representen», diría Macri poco tiempo después.

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Entre los jueces que no entraban en la categoría de buenos representantes del Gobierno, estaba el ex integrante de la Cámara Federal Eduardo Freiler. Alguno de sus fallos habían sido particularmente irritantes para la Casa Rosada, empezando porque había confirmado el procesamiento de Macri en una famosa causa donde se investigaron escuchas ilegales —a su ex cuñado y al titular de la organización 18J —que nucleaba a familiares de las víctimas del ataque a la AMIA—, Sergio Burstein, entre otros— cuando era jefe de Gobierno porteño, desde una estructura que estaba sospechado de comandar su primer jefe de Policía, Jorge «Fino» Palacios. Tampoco agradó el fallo que firmó Freiler junto a sus ex compañeros de sala, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que archivó la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman —entre otros— por el supuesto encubrimiento en el caso AMIA a través del Memorándum con Irán. Luego esa sentencia fue revocada por Casación, a medida del macrismo y la dirigencia judía, más los intereses de Estados Unidos e Israel, entremezclados en este y otros temas. Freiler había impulsado también la indagatoria de los dueños de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura, que era como disparar contra uno de los pilares de esa tríada que une los intereses judiciales, políticos y mediáticos.

Para destituirlo, impulsaron una investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. El Consejo de la Magistratura avanzó, pese a que tenía un sobreseimiento en la causa penal. La ingeniería que armó el oficialismo para lograr abrirle el juicio político y poder avanzar con otros no tiene precedentes. Primero impulsó la remoción de uno de los 13 integrantes del Consejo de la Magistratura, el senador Ruperto Godoy (del Frente para la Victoria), con el argumento de que para ser consejero hay que tener título de abogado. El mismo juez que le concedió a Highton de Nolasco el cargo vitalicio, Enrique Lavié Pico, declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que había quitado la obligatoriedad de ser abogado para ser consejero y determinó el cese de Godoy en sus funciones. La Cámara en lo Contencioso-Administrativo dejó firme luego esa decisión.

Para suspender a un juez y abrirle el juicio político, hacen falta dos tercios de los votos de los presentes. Si estaban los 13 consejeros, hacían falta 9 votos. Si había 12, bastaba con 8. Godoy, pese a su apartamiento, tenía ya como reemplazante a Mario Pais, que esperaba jurar bien temprano el día de la sesión en la que se trataría el pedido de suspensión de Freiler, y con él estaría completo el cuerpo. Con Godoy o con Pais, todo indicaba que el oficialismo no conseguía los votos suficientes contra el camarista.

Godoy asistió al plenario con el argumento de que Lorenzetti le había dicho que las sentencias en su contra no estaban firmes. De todos modos, estaba previsto que el supremo le tomara juramento a Pais a las nueve de la mañana. A la vez, circulaban versiones que decían que desde el Gobierno le habían pedido la noche anterior que pospusiera la jura. El plenario empezó con Godoy allí presente, pero no lo dejaron votar.

En el Palacio de Justicia, en diagonal al Consejo, Lorenzetti intentaba una estrategia para postergar el juramento de Pais. Mandó redactar una acordada, algo que jamás se había hecho para la asunción de ningún consejero excepto cuando asumió Pablo Tonelli (Cambiemos) en una banca que el Frente para la Victoria consideraba propia porque el mandato no estaba terminado sino el de la diputada que la ocupaba: en aquella ocasión, la Corte pidió que se expidiera el Consejo y luego le tomaría juramento. En el caso de Pais, la acordada que demoró la jura aclaraba que su asunción corría por cuerda separada de lo que el tribunal pudiera resolver sobre Godoy.

—Hasta que no esté lista y firmada la acordada, usted no puede jurar —le indicó Lorenzetti al senador y le pidió que esperara. Pais estaba perplejo.

Para aumentar las chances de conseguir mayoría, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Mahiques, pidió alterar el orden del día de modo que el asunto «Freiler», que figuraba en el décimo lugar, pasara al primero. Así, impidiendo que votara Godoy, con Pais retenido en la Corte por obra de Lorenzetti, fue suspendido Freiler, y finalmente el jurado de enjuiciamiento lo destituyó el 17 de noviembre de ese mismo año. El Gobierno se encargaría luego de sus dos ex compañeros, Ballestero y Farah, a quienes denunció después que ordenaron la libertad de los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Souza, detenidos por decisión de Ercolini.

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El 15 de agosto de 2018, el portal Infobae, manejado por Daniel Hadad, aliado de Lorenzetti y de su vocera Bourdin, publicó que el supremo había recibido en su despacho a su amigo Bonadío y que le daba respaldo en su actuación en la causa de los «cuadernos» y su ofensiva contra la ex presidenta y su gobierno, que llevaba quince días en marcha. El relato a modo de trascendido decía que había sido una reunión distendida de una hora y cuarto en la Corte. Era un momento clave porque los métodos que aplicaban el dúo Bonadío-Stornelli, como haberse quedado con la investigación sin mandarla a sorteo o provocar detenciones para conseguir «arrepentidos», eran cuestionados en la comunidad jurídica y académica y gozaban de cierta desaprobación inclusive dentro de un sector de Comodoro Py, donde había quienes temían que se perdiera una buena oportunidad de esclarecer los delitos en la obra pública. También estaba pendiente la definición sobre la situación de Fernández de Kirchner, finalmente procesada con pedido de detención y desafuero. El modelo Moro pretendía lo más obvio: evitar el regreso de los gobiernos populistas a través del uso del aparato judicial.

El CIJ, que manejaba Bourdin, no publicó nada sobre el caso hasta el 24 de agosto. Lo habitual, con otros expedientes, era que se publicaran resoluciones importantes, a veces detenciones. Recién aquel día, con una especie de título catástrofe con letras de molde («CAUSA POR CORRUPCIÓN EN EL Ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN») apareció un informe que rompía todos los cánones de la página en cuestión, empezaba el relato con el nombre de la ex presidenta por ser el que encabeza la causa y daba cuenta del estado de situación del expediente como, por ejemplo, que se habían tomado 52 indagatorias, 26 personas habían sido detenidas, 11 puestas en libertad, 17 declararon bajo la figura del arrepentido y se habían hecho 70 allanamientos.

Por esos días, mientras Lorenzetti trabajaba para lograr su cuarta reelección, otros dos jueces activaban, por vías distintas, su derrocamiento. Rosatti por un lado, Rosenkrantz por otro, arribaron a una sorpresiva coincidencia. El todavía presidente supremo no imaginaba lo que le esperaba.

8
El sueño de la SIDE propia

«Poett» es el nombre de un conocido producto para limpiar pisos. Pero también es el apodo que se ganó con los años el hombre que estaba a cargo de la limpieza del edificio de la vieja Secretaría de Inteligencia (Side) donde se hacen históricamente las escuchas telefónicas, en Avenida de los Incas 3834, una calle empedrada llena de árboles altísimos. Alguna vez ese sitio fue conocido como Ojota (Dirección de Observaciones Judiciales). Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pasó a estar bajo la órbita de la Procuración General de la Nación, que comandaba Alejandra Gils Carbó, con la lógica de que el Ministerio Público Fiscal llevaría adelante las investigaciones, como en muchos países, con un nuevo sistema procesal «acusatorio». En cuanto asumió, Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual sacó ese aparato de investigación del ámbito de los fiscales, se lo entregó a la Corte Suprema de Justicia y suspendió la reforma procesal. En principio, parecía una forma de atacar y debilitar a la entonces procuradora, a quien amenazaba con echar desde mucho antes de llegar a ser Presidente.

El verdadero nombre de Poett es Pablo, según creen sus compañeros. Su padre fue chofer del ex titular de la Casa de la Moneda en el menemismo, Armando Gostanian, y a través de esa función les consiguió trabajo a sus hijos. Poett fue el rey de la limpieza del edificio donde se pinchan teléfonos hasta un poco después de que desembarcara el equipo de la Corte en el lugar, cuando lo mandaron a las oficinas de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el microcentro porteño. Su hermana lleva años de carrera en el organismo. Él solía pasar muchas horas en el cuarto piso del edificio de Avenida de los Incas, donde se hacen las escuchas directas en casos de secuestros y narcotráfico, y se ganaba la confianza y el cariño de sus compañeros preparándoles pochoclo con una máquina antigua que cargaba en el colectivo desde su casa en zona norte. Hacía tanto ruido que los escuchadores apretaban fuerte los auriculares contra sus orejas para evitar perderse algún detalle. También les cocinaba panchos, empanadas y hacía mandados.

—¿Qué estás haciendo? —lo sorprendió un día la fiscal Cristina Caamaño, que estuvo al frente de la Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) cuando todavía las escuchas dependían de la Procuración.

El muchacho de pelo oscuro, delgado y fibroso, trataba de hacer coincidir los pedazos de un papel que ella había descartado más temprano, como un chico trata de armar un rompecabezas. No era el agente 007 pero, al fin y al cabo, Poett era un espía.

Poett siempre hacía que se «olvidaba» un balde en los despachos donde había movimiento o reuniones importantes. Limpiaba donde él creía que se cocinaba la información. Durante la gestión de Caamaño les decía a todos que nunca había sido mejor tratado, aunque hablaba con nostalgia de los años en los que el espía Raúl Martins deambulaba por la ex Ojota y mezclaba el espionaje con el proxenetismo. Si alguien necesitaba algo, Poett era materia dispuesta, especialmente si era alguna chica, porque lo recuerdan muy enamoradizo.

Cuando la Corte se hizo cargo de las escuchas, después de la feria judicial del verano 2016, Poett se llevó la sorpresa de ver cómo volvían algunos compañeros de los tiempos de Antonio «Jaime» Stiuso en la ex Side. Los recién «regresados» lo ignoraban frente a los demás, pero no faltó quién los viera saludarse a escondidas en algún rincón. A los pocos días a Poett, o Pablo, le llegó la hora de mudarse a las oficinas que están ubicadas a metros de la Casa Rosada.

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El DNU que definió el traspaso del aparato de escuchas de la Procuración a la Corte fue publicado el 29 de diciembre de 2015. Era un secreto a voces que estaba por salir porque el ministro de Justicia lo había anunciado contento en un lunch con periodistas el día anterior. Los que trabajaban en la DICOM pasaron la noche en vela, tanto los que estaban de guardia como los que no. En el cuarto piso alternaban, café, mate y la función «F5» para actualizar la web del Boletín Oficial. Cuando finalmente lo vieron, uno de los empleados enfiló sigiloso hacia una de las ventanas para fijarse si se estaba montando un operativo para desalojarlos.

Macri llevaba pocos días en la Presidencia y ya había intentado nombrar a los dos nuevos supremos —Rosatti y Rosenkrantz— por decreto. Había cientos de despidos en marcha y tomas de dependencias públicas. Pasaban tantas cosas juntas que la noticia sobre la ex Ojota quedó algo desdibujada. De todos modos, el plan de darle las escuchas a los supremos se había empezado a gestar un tiempo antes. Después del ballotage que le dio la victoria a Cambiemos, Garavano, quien se preparaba para asumir en el Ministerio de Justicia, se reunió con Lorenzetti, pero el inicio de las conversaciones sobre la cuestión de las escuchas quedó en manos de un intermediario: el abogado Jorge Rizzo, quien había sido tres veces presidente del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, un hombre políticamente versátil, y alguien a quien recurrieron algunos cortesanos en momentos de apremios judiciales, como Carlos Fayt y el propio Lorenzetti.

Rizzo se ocupó de tantear si había predisposición en la Corte para hacerse cargo de semejante estructura que, como era evidente, también prometía dotar de una importante cuota de poder a quien la manejara. El mensaje secreto fue que al tribunal, o al menos al presidente Lorenzetti, le interesaba. Aquel mismo día de la publicación del decreto 256/2015, la Corte firmó una acordada donde postergaba para el 15 de febrero la transferencia, con el argumento de que la implementación del sistema requería medidas complejas pero, además, decía que analizaría la validez de la decisión presidencial. Según establecía el DNU, el alto tribunal dictaría un reglamento y debería designar «por sorteo» al frente del organismo a «un juez penal con rango de juez de Cámara» que ocuparía ese lugar por un año «sin poder ejercer nuevamente la función hasta transcurrido un período de cinco (5) años».

El fin de semana previo a la firma de la transferencia de las escuchas de la Procuración a la Corte, dos diarios anticiparon quién era el camarista que estaría a cargo. El domingo 14 de febrero de 2016, La Nación decía: «La Corte Suprema evalúa delegar la oficina de escuchas telefónicas en la Cámara Federal porteña» y que Lorenzetti ya había hablado con su presidente, el camarista Martín Irurzun. Un día antes, el sábado 13, el diario Perfil también informaba que la Corte pondría al frente de las escuchas a Irurzun. Una de las resoluciones de los supremos del 15 de febrero afirmaba en el punto número 4: «En el día de la fecha se practicó, en el Tribunal, un sorteo para designar al director general del organismo y resultó desinsaculado el señor presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun». Desinsacular —que quiere decir «sacar de un saco»— debe ser una de las palabras más arcaicas del Poder Judicial, pero hay quienes la siguen utilizando. Señalaba que, como número dos, había sido sorteado el camarista de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra.

Es decir, los medios ya sabían que Irurzun estaría a cargo de las pinchaduras telefónicas aunque no se había hecho el sorteo. Luego, habría tenido tanta puntería que entre decenas de camaristas le tocó justo a él, el favorito de Lorenzetti. En rigor, no hay ni hubo constancias en ninguna parte, papel ni acta de que se hubiera hecho sorteo alguno, pese a que así lo disponía el decreto. En la Corte nadie puede explicar ni cuándo ni con qué método se hizo —bolillero manual, electrónico, papelitos—. No era un dato menor: Irurzun fue y es uno de los hombres más poderosos e influyentes de los tribunales de Comodoro Py, muy interesado en las causas vinculadas a funcionarios públicos. También tenía ya entonces un vínculo de confianza con Lorenzetti y, de mucho tiempo antes, con el dirigente radical y empresario Enrique «Coti» Nosiglia, quien conserva cierta ascendencia en recovecos de la trama judicial.

La historia de Irurzun en el Poder Judicial se remonta a 1972. Su primer cargo de juez de instrucción lo recibió durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando reemplazó a Jorge López Bolado, que había sido su jefe. En 1987 fue nombrado al frente del Juzgado Federal 5 —donde luego lo reemplazaría Norberto Oyarbide— y en 1994 dio el salto a la Cámara Federal. Su hermano Ignacio tiene un estudio jurídico, y el otro, Alejandro, es ingeniero en sistemas y trabajó en la Auditoría General de la Nación (AGN), donde lo había llevado uno de sus directores, el operador judicial Javier Fernández.

Para los planes de Lorenzetti y su dispositivo de poder con gran protagonismo de los tribunales federales porteños, Irurzun era un aliado fundamental.

Para oficializar el traspaso de las escuchas a la Corte no hubo acto formal ni nada por el estilo. Se firmó un acta en el despacho de Lorenzetti al promediar la tarde. Fue un trámite, del que se ocupó la fiscal Caamaño, como titular de la DICOM. Gils Carbó prefirió irse a Costa Rica, donde asumía Raúl Zaffaroni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, estaba furiosa. La Procuración se había pronunciado ya en un comunicado en el que decía que la decisión del Ejecutivo de arrebatarle la ex Ojota era «inconstitucional», que no había razones de necesidad y urgencia y que se debió dar intervención al Congreso. Defendía, como era esperable, los logros, como el tiempo de resolución en casos de secuestros extorsivos, que pasó de 1 hora y 40 minutos a 20 minutos, por el sistema de escuchas directas.

—Hacé un acta igual a esta, ponelo a Irurzun y delegá esto tal cual está —le indicó Lorenzetti al único secretario presente. El acta establecía la transferencia del sistema operativo, las bases de datos, claves, las dependencias de Avenida de los Incas, los autos, el equipamiento.

El nombre del camarista ya aparecía en la acordada firmada ese mismo día por la Corte —todavía de tres integrantes—, que especificaba algunas de las características del nuevo organismo judicial. Le daba «autonomía de gestión» respecto del alto tribunal, con un presupuesto asignado por el Tesoro Nacional, pero dejaba reservada para los supremos la facultad de modificar su estructura; su principal función se definía como la interceptación de comunicaciones privadas de cualquier tipo requeridas por jueces y fiscales; anunciaba que se debían establecer mecanismos para garantizar la cadena de custodia de las escuchas y protocolos con las empresas telefónicas. Toda la dotación de personal también quedaba en manos de la Corte. El primer nombre que tuvo fue Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial. La estructura preveía, por debajo del director, un directorio.

Los jueces federales más mimados por Lorenzetti, en especial Lijo y Ercolini, se abalanzaron para poner un candidato propio en la cima de ese cuerpo directivo. El elegido fue Juan Tomás Rodríguez Ponte, un secretario de extrema confianza de Lijo, de 35 años en ese entonces, que había empezado su carrera judicial a los 18 como «pinche» en la fiscalía del actual camarista de la Cámara de Casación porteña Daniel Morin. Es hijo del intendente de General Lavalle, el radical José Rodríguez Ponte, que también tiene historia en el Poder Judicial, donde fue secretario de Cámara y juez del fuero laboral en Lomas de Zamora. Cuando se jubiló, se concentró en los negocios familiares de cría de ganado y explotación de sus campos pero, como solía orillar la política, pronto fue tentado con una candidatura. Ganó las elecciones locales en 2015 después de años de gestiones peronistas. Rodríguez Ponte hijo tiene dos hermanos, también en la familia judicial: Facundo es juez laboral en Quilmes y Jorge es prosecretario de Ercolini. Su madre es abogada y se dedicó a la actividad privada. Su esposa, Alejandra Mángano, es fiscal federal en Comodoro Py.

El edificio de Avenida de los Incas —en Villa Ortúzar— parece por fuera de departamentos. Combina ladrillo a la vista, grandes azulejos blancos y vidrios espejados. Tiene siete pisos que mantienen por dentro, en su mayoría, el estilo noventista de la ex Side de Carlos Menem —cuando pasó formalmente de ENTEL a los servicios. Los ambientes tienen alfombras pasadas de moda y amarronadas, sillas tapizadas en cuerina verde y cortinas americanas verticales. Cuando conoció su despacho, Rodríguez Ponte se encontró con que era un departamento con terraza, parrilla y un dormitorio con cama. La bacha del baño tenía herrajes dorados con forma de cisnes por donde caía el agua que el joven judicial, que asumía funciones de superagente, decidió cambiar.

Junto con él fueron nombrados, como subdirectores, el guardaespaldas de Lorenzetti, Alejandro Lartigau, y el contador Lucas Martín di Paolo. En la subdirección de Tecnología y Comunicaciones, fue nombrado Pablo Cortadello, un ingeniero en informática que venía del sector privado. Su trabajo anterior fue en el Grupo Glencore, una poderosa multinacional, dedicada a la compraventa de materias primas y alimentos. Su hermano, Martín, trabajaba hacía tiempo en la Dirección de Sistemas de la Corte. Antes de Cortadello había llegado al tercer piso del edificio de Los Incas —donde se hacen efectivamente las conexiones— el ingeniero Sergio Cavallo, hermano del ex juez Gabriel Cavallo y ex cuñado de Lijo. Aunque no se hizo cargo del área, se quedó con un cargo de subsecretario administrativo. En los primeros tiempos, a Lijo los empleados lo veían entrar y salir de la oficina de escuchas con toda naturalidad, cuentan. Siempre risueño y descontracturado, como chico con juguete nuevo.

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Rodríguez Ponte pisó por primera vez el edificio el 16 de febrero de 2016. Antes se había comunicado con un viejo compañero del Juzgado 4 con un cargo clave en la Procuración para anunciarle que iba a hacerse cargo de la Dirección y arreglar algunos detalles. Sus expectativas estaban puestas, por supuesto, en el cuarto piso, que es donde se hacen las escuchas directas porque se trata de casos en los que hay riesgo de vida. No se puede perder ni un minuto y se debe asegurar que el sistema no falle ni una vez.

Para lidiar con las escuchas directas necesitaba a alguien de confianza y llevó a un viejo conocido del Federal 4, Juan Ramella, un abogado un poco más joven que él. De trato afable, a veces aparecía con alpargatas en la oficina y lo primero que se procuró para el cuarto piso fue una cafetera con cápsulas, que quedó guardada en la oficina de uno de los dos colaboradores que llevó con él, Patricio Silva. El otro era Ignacio Revel Chion.

El scouting de los escuchadores se hizo mayormente en Comodoro Py. Uno de los primeros en llegar fue Santiago Farah, el hijo del camarista Eduardo Farah, pero no fue el único. También están los hijos del juez Rodolfo Canicoba Corral, del fiscal Eduardo Taiano y su colega Carlos Stornelli. También reclutaron a la secretaria del estudio jurídico de la esposa de Irurzun y a la hija del chofer de Ercolini. Más allá de Comodoro Py, llegaron los hijos de los jueces Marcelo Aguinsky (penal económico) y Luis María Bunge Campos (Cámara del Crimen). También designaron al hijo de Pablo Garcilazo, el ex asesor de Juan Bautista Mahiques, el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Gonzalo Garcilazo, al igual que Farah, fue de la primera tanda de llegados y el que más alto escaló en el escalafón.

Un día, aprovechando que todavía estaban los empleados de la Procuración y eran ellos los que se hacían cargo de la operatoria del cuarto piso, Ramella armó un ejercicio que bien podría bautizarse «Escuchando por un sueño». La dinámica era más o menos esta: los de la Procuración tenían que simular ser fiscales o jueces que llamaban para pedir una pinchadura, los del Poder Judicial tenían que atender y seguir el protocolo. Las conversaciones se grababan y él hacía de presidente del jurado.

—Vos, bien.

—Vos estuviste flojo. Tartamudeaste.

Para el 15 de abril de 2016, el período de convivencia entre la Procuración y el Poder Judicial ya había terminado. Los del Ministerio Público se mudaron a un edificio en la calle Perú, a metros de la avenida Belgrano, pero algo en la entrada les recuerda a Los Incas: unos sillones que la propia Caamaño había comprado para que descansaran en los turnos que se extendían hasta doce horas.

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En el primer piso hay 27 boxes como los de los locutorios tradicionales donde hay personas que pasan horas y horas escuchando, que no son judiciales sino que pertenecen a distintas fuerzas de seguridad —Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía Bonaerense, y de distintas provincias, además de la Agencia Federal de Inteligencia—. También son escuchas que se hacen en forma directa. Aparte hay 5.000 intervenciones telefónicas que permanecen activas por órdenes judiciales, que se graban de manera automática y se guardan a la vieja usanza en CD (discos compactos) o a veces pendrives.

A los meses de hacerse cargo de las escuchas, Rodríguez Ponte protestó por escrito por lo que encontró en el edificio de Los Incas. Desde que no había sistemas de extinción de incendios hasta que el hardware era obsoleto. Insólito: no había actualización en línea de antivirus y spyware (programa espía). También puso por escrito que la tecnología generaba dependencia con las administraciones anteriores. En otras palabras, lo que quería decir es que los aparatos que estaban en el tercer piso para hacer las conexiones habían sido fabricados íntegramente por la SIDE. Si algo se rompía, solo ellos podían arreglarlo. También los espías proporcionaban algo esencial para el funcionamiento de la oficina: los CD.

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El joven Rodríguez Ponte se mostraba siempre pujante y comprometido. Pero, en enero de 2017, quedó en evidencia que nada era color de rosa en su mundo de espionaje, cuando se filtró a los medios, primero a Infobae y al periodista Luis Majul, una conversación privada entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, que había sido —además de secretario presidencial— titular de la AFI.

—Hola, Oscar.

—¿Quién habla?

—Yo, Cristina, pelotudo.

Ese tramo, uno de los más inolvidables, que mostraba a la ex presidenta hablando como una persona común y corriente, terminó convertido en ringtone para teléfonos celulares y en chiste fácil cuando una persona llama a otra que no la reconoce. Para esa época, las escuchas llevaban ya casi un año dentro de la estructura de la Corte Suprema. En el plano político, finalmente se definía la candidatura de la ex presidenta para una banca en el Senado.

La conversación era, en realidad, del 11 de julio de 2016. Parte aludía a una entrevista al ex espía Antonio Horacio Stiuso que publicaba ese día La Nación, en la que trataba a la ex presidente de «mujer loca» que se quedó sin poder y a Parrilli de «payaso». En el diálogo difundido ella le pide a él que junten información de todas las causas en las que habían denunciado a Stiuso. En un momento se le escapa «las causas que le armamos…» y se autocorrige, «no que le armamos, que denunciamos a Stiuso».

Ese y otros diálogos, difundidos en días posteriores también, circularon con fuerza y se desató un escándalo de dimensiones inesperadas. En la Corte estaban locos por conocer el origen de la filtración. Era evidente que tendrían que decir algo de manera pública y oficial. A nadie se le escapaba que nada similar había ocurrido mientras las escuchas estuvieron en manos de la Procuración.

El primer dato crucial que se conoció por esos días fue que las conversaciones difundidas provenían de escuchas al teléfono de Parrilli que habían sido ordenadas por el juez Lijo en una causa donde quería saber si como ex titular de la AFI había protegido de algún modo al narco Ibar Pérez Corradi, que había estado prófugo, buscado por tráfico de efedrina y señalado como presunto autor intelectual del llamado Triple Crimen de General Rodríguez, vinculado con ese negocio. Lo extraño fue que para el momento de la escucha, Pérez Corradi ya había sido detenido y que, además, se había implementado el sistema de «escucha directa», es decir, el que se usa solo cuando corre peligro la vida de alguien y hay que actuar de inmediato. Esa escucha, inclusive, la hizo personal de la AFI, desde Avenida de los Incas, entre el 24 de junio y el 21 septiembre de 2016.

Al observar una línea de tiempo de las intervenciones telefónicas, resulta que aquella escucha a Parrilli parecía la continuación de una anterior, que había comenzado en abril de ese mismo año sobre su teléfono con un artilugio llamado «pre causa» al que recurrió el jefe de la AFI macrista, Gustavo Arribas, para investigar si su antecesor se había llevado información del organismo. La «pre causa» permite una excursión de pesca: salir a ver si alguien cometió un delito. También necesita aval judicial, pero no es una causa mientras no se detecte nada irregular. María Servini de Cubría autorizó en este caso la pinchadura para ver de qué y con quién hablaba Parrilli. Era obvio que hablaba con Cristina Fernández de Kirchner. Después de cuatro meses de escuchas, sin encontrar nada, Servini mandó destruir las grabaciones, como corresponde en casos así, o al menos eso dijo.

Mientras circulaban frases de la ex presidenta por todos lados, la Corte se reunió. Los supremos y la suprema miraron fijo a Lorenzetti, esperando que diera alguna explicación.

—Hablé con Rodríguez Ponte y dijo que su conclusión es que las escuchas salieron del juzgado de Lijo, que tiene algún enganche con Majul —respondió Lorenzetti.

—Bueno, sería mejor un informe por escrito —devolvió Rosatti.

La Corte anunció el 7 de febrero a través del CIJ que había encomendado informes a la Oficina de Captación de Comunicaciones y que el tribunal había decidido tomar intervención «a los efectos de deslindar cualquier responsabilidad administrativa de los agentes intervinientes». Dos días después publicó un reporte de esa dependencia y otro del juzgado de Lijo. El primero no decía, como había transmitido Lorenzetti, que la filtración había provenido del juzgado. Describía, sí, que Lijo había pedido escuchas directas, que las hizo personal de la AFI, cuyos nombres entregó de manera reservada, y que luego la oficina hizo las transcripciones. Explicaba el circuito interno y el deber de confidencialidad que tienen todos los funcionarios allí y quienes van a pinchar teléfonos, pero no sacaba conclusiones y dejaba en evidencia que si bien había protocolos la cadena de custodia en todo su recorrido podría tener debilidades.

Tanto en ese informe como en el de Lijo se ve con nitidez que hay una gran cantidad de personas y dependencias que entran en contacto con las pinchaduras telefónicas. En este caso, personal de la AFI, de la oficina de escuchas, y luego empleados del juzgado y la fiscalía. Lijo describió que le dio copias de 90 CD a la defensa de Parrilli, antes de las filtraciones, que las hizo personal de su juzgado, y recordó que el 20 de enero, cuando recién salían las primeras noticias sobre los diálogos, el fiscal Guillermo Marijuán, que intervenía en la causa sobre Pérez Corradi y había pedido las escuchas, acababa de requerir que se estableciera si la ex mandataria y Parrilli cometieron delitos —como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público— y formaron «carpetas» contra jueces y fiscales. El 23 de enero el juzgado empezó a recibir las transcripciones. Para entonces, habían salido a la luz los audios. El juez informó que también hizo una denuncia. Con el correr de los meses, seguían apareciendo audios y más audios de Cristina y su ex secretario.

Parrilli también hizo una denuncia para que se investigaran las filtraciones, tanto las de la causa sobre Pérez Corradi como la «pre causa» que tuvo Servini de Cubría. Les tocó al juez Canicoba Corral y al fiscal Federico Delgado. Este último pidió medidas probatorias en cinco oportunidades: 21 de febrero de 2017, 12 y 26 de mayo y 19 de julio de ese año y 26 de marzo de 2018. El expediente terminó archivado. La Sala I de la Cámara Federal lo confirmó y a Parrilli le negó la posibilidad de recurrir a la Cámara de Casación Penal.

En conexión con aquella causa, tramitó otra línea de investigación acerca de la designación de Irurzun al frente de la Oficina de Captación de Comunicaciones. Una de las hipótesis del caso sugería que, como los supremos habían firmado una acordada que daba cuenta de un sorteo que nadie vio, podrían haber incurrido en falsedad ideológica de instrumento público. La acordada afirmaba que «quedó desinsaculado […] el doctor Martín Irurzun». También se analizaba qué responsabilidad le podía tocar a Irurzun. La Corte argumentó ante el juzgado una acordada «se basta a sí misma en todo lo que allí se refiere». Canicoba prefería el bajo perfil y las insinuaciones de lealtad. El 3 de septiembre de 2018 ordenó el archivo de la causa. El fiscal Delgado apeló, pero la cámara confirmó el cierre, con las firmas de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

También fue a parar al archivo la causa iniciada por Marijuán contra la ex presidenta.

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El único juez supremo que visitó la oficina de escuchas fue Horacio Rosatti. Pasó varias horas recorriendo el lugar y haciendo preguntas. Solía plantear en los acuerdos que no entendía la presencia de ese organismo en manos de la Corte y señalaba el riesgo de hacerse cargo de un asunto tan delicado sin tener los conocimientos necesarios. Alguna vez se lo escuchó comparar: «Es como si a mí me dieran una ametralladora que lanza 14 disparos por segundo y yo no sé ni siquiera manejar una para disparar un tiro».

Fue uno de los tantos temas de fricción entre Rosatti y Lorenzetti. El presidente supremo llevaba constantemente a los acuerdos pedidos de nombramientos, licitaciones y más estructura. Proyectaba repetir el organismo en otras provincias y tenía un entusiasmo que sorprendía al resto de los supremos. De hecho, tiempo después, en junio de 2017 presentó una propuesta para federalizar el organismo, que pretendía convalidar lo que se había empezado a hacer con la reactivación de distintas delegaciones a lo largo y ancho del país para hacer escuchas en off. Entre otros lugares, había en Rosario, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Salta y Río Negro.

Desde marzo de 2016 hasta mayo de 2019 fueron designadas 269 personas en la Dirección de Captación de Comunicaciones, lo que triplicaba el personal que había puesto en esa dependencia la Procuración. La mayoría provenía de la Corte y de distintos lugares del Poder Judicial o llegaban recomendados. En el organismo se jactan de haber propuesto a la Corte un sistema de concursos —al reclamar la ampliación del personal— aunque mandaron junto con esa idea un listado de personal sugerido. El tribunal aprobó el listado, pero no los concursos.

Un buen día, lo que era una oficina de escuchas, cambió de nombre. Comenzó a llamarse Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco). No era un simple movimiento burocrático. De golpe, el organismo se convirtió en una especie de pulpo con capacidad de participar en investigaciones penales y meterse en bases de datos. Por algo los supremos se habían reservado para sí la posibilidad de modificar la estructura del organismo. A medida que creció, también lo hizo el presupuesto destinado a la oficina, que de 209 millones de pesos en 2017 pasó a 777 millones de pesos en 2019.

Con la «acordada 30», del 29 de septiembre de 2016, los supremos convirtieron una oficina de escuchas en un organismo de Inteligencia, una especie de Side o AFI paralela manejada por jueces, y que a la vez comenzó a multiplicar convenios con dependencias del Poder Ejecutivo. La idea se la suele adjudicar a sí mismo Rodríguez Ponte. La Dajudeco «intervendrá en casos de tráfico ilegal de estupefacientes y precursores químicos, trata y explotación de personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos, y en el marco de delitos complejos, crimen organizado y de carácter transnacional, financiamiento del terrorismo y delitos ambientales», decía la acordada que firmaron todos los jueces de la Corte. Habilitaba un abanico de competencias que reconocían a esta dependencia la posibilidad de inmiscuirse en causas judiciales, a requerimiento de jueces y fiscales de todo el país. Decía que podría procesar la información, marcar «líneas de acción» y hasta buscar «nuevas herramientas en materia de intervención y captación de comunicaciones» para poder acceder a «nuevos modos de comunicación en estrategias delictivas». Este era un punto sugestivo, en tiempos en que el Gobierno ya hablaba de la adquisición de equipos para acceder a comunicaciones, dispositivos informáticos, sistemas electrónicos, entre otros, en forma remota.

Ese mismo día la Corte firmó un convenio de colaboración con el Congreso para que hiciera un seguimiento de las actividades de la Dajudeco. Hubo un acto con mucha pompa en el Salón Gorostiaga de la Corte, con todos los supremos, y la mayoría de los jueces de Comodoro Py. Fueron diputados del oficialismo como Emilio Monzó, Nicolás Massot y Silvia Lospenatto, los radicales Ángel Rozas y Mario Negri, los peronistas sinuosos Miguel Ángel Pichetto, Diego Bossio, Rodolfo Urtubey, Graciela Camaño y también Victoria Donda (por entonces en Libres del Sur) y Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo). También estuvieron el ministro Germán Garavano y Juan Sebastián De Stefano, de la AFI, operador de Angelici. A la larga, los legisladores no se lucieron por los resultados, ya que unos meses después comenzarían y se prolongarían las filtraciones. A la vez, desde 2017, su colega Elisa Carrió empezaría a presentar pedidos de juicio político contra Lorenzetti, acusándolo, entre otras cosas, de haber montado un aparato de espionaje paralelo.

Aun en el año de la difusión de las conversaciones privadas de Cristina y Parrilli, en 2017, la Corte y la oficina de escuchas y facultades múltiples armaron convenios con sectores clave del Poder Ejecutivo, con el propósito de lograr desde acceso fácil a bases de datos bajo el argumento de mejorar la «lucha contra la delincuencia organizada». Esto implicaba cada vez más personas y más dependencias metidas en los procesos de espionaje, con la posibilidad de obtener con facilidad información de todo tipo, desde registros impositivos y de bienes hasta huellas dactilares. Como parte de todo ese movimiento, la Corte también trasladó a su cuerpo de peritos especializados en corrupción, a la órbita de su área de espionaje e investigaciones.

El primer convenio que se había firmado con la AFI, en julio de 2016, tuvo la modalidad de un pacto de transición, pero revelaba pequeños artilugios para que el organismo del Gobierno mantuviera injerencia y acceso a la actividad de la oficina cortesana de espionaje. En un comienzo, acordaron que 66 agentes de la AFI permanecerían dentro de la estructura judicial hasta fin de ese mes con posibilidad de prórroga. La AFI colaboraría con la transición y la capacitación necesaria y en el punto número 8 decía que proveería insumos tecnológicos para ejecutar las escuchas —placas desarrolladoras— hasta el 31 de diciembre de 2019, con posibilidad de continuar. Otro ítem, el número 17, describía que la Dirección de Escuchas ponía a disposición de la AFI informes estadísticos mensuales e índices de intervenciones según jurisdicciones, delitos y secuestros.

En febrero de 2017 vencían los mandatos de Irurzun y Leal de Ibarra. Pero el Poder Ejecutivo, que encontraba una gestión afín a sus necesidades, firmó un decreto donde transformaba los mandatos de un año en tres años. Luego la Corte firmó una acordada donde convalidaba la continuidad de ambos y comenzaba a contar los tres años desde ese momento.

Hubo acuerdos con la AFIP y con la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objetivo de dar acceso fácil a la Dajudeco a información sensible y reservada. Otro acuerdo con el Ministerio de Seguridad también le otorgó llegada a las bases de datos de los «organismos y fuerzas dependientes del Ministerio» especialmente: sistema de identificación biométrica —incluye el de huellas dactilares—; sistema de identificación balística; los sistemas de información criminal sobre drogas y trata, y sistema de medidas de seguridad. Para eso, el Ministerio habilitaría un canal informático de acceso seguro específico para la Corte y su organismo. Se comprometía incluso a poner plata para proyectos que podían beneficiar a sus fuerzas como «el rediseño de la planta donde funcionan los locutorios» para las escuchas.

El sumun de aquel convenio con Patricia Bullrich fue la creación de once locutorios dentro del Departamento Central de la Policía Federal para hacer escuchas telefónicas «offline», que son las que tienen una demora de entre uno y tres minutos desde que se capta la comunicación, es decir, son casi directas. De ese modo, además de hacer pinchaduras desde la ex Ojota, se habilitaba un nuevo lugar dentro de la propia sede policial, a la que además se le delegaron los mecanismos de autocontrol. La escucha la derivaba la Dajudeco, que se supone que tiene un canal seguro con la Policía Federal, que la ejecuta. Las organizaciones que integran la «Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia» —la Asociación por los Derechos Civiles, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, la Fundación Vía Libre, el Núcleo de Estudios de Gobierno y Seguridad de NEGyS-UMET y el Centro de Estudios Legales y Sociales— alertaron que era como darle un cheque en blanco a la Federal.

El 27 de diciembre de 2016 la Dajudeco firmó un convenio todavía más escandaloso, y que quedó en las tinieblas de la burocracia judicial, con la AFI. Allí decía que debía incorporarse a la Central de Inteligencia dentro de las dependencias que podían realizar la escucha de las captaciones bajo la modalidad offline.

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Las filtraciones de audios de Cristina Fernández de Kirchner y Parrilli, originados en la misma causa de Lijo, se reactivaron a comienzos de 2018. Allí se la escuchaba decir frases como: «Macri es un mafioso sostenido por los medios» o que los miembros de la Unión Industrial Argentina «se vayan a la concha de su hermana […] ojalá se fundan todos». Ese mes, por primera vez después de más de un año de las primeras filtraciones, la Corte Suprema le pidió explicaciones al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, mientras que la Dajudeco difundió un comunicado alegando que la entrega de escuchas al juzgado se hace bajo medidas estrictas de custodia, pero que una vez que el material es entregado a las partes, ya queda fuera de control. El tribunal, a la vez, le pidió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que auditara a la dependencia que estaba en el centro de la tormenta. Los senadores le encomendaron el trabajo a la empresa Ubatec S.A, vinculada a la Universidad de Buenos Aires.

Con la AFI, de todos modos, los supremos mantenían un doble juego: cuestionaban al organismo pero al mismo tiempo avanzaban en acuerdos. En septiembre de ese año, de hecho, circuló entre los jueces un borrador a modo de acta complementaria de cooperación que estaba destinada a la «adquisición de equipamiento y tecnología aplicable a la interceptación de las telecomunicaciones», que consistía en que la AFI transferiría software y hardware. Dos de los puntos más llamativos eran el 7 y el 8. Uno decía que la AFI se haría cargo de las «contrataciones y erogaciones» que surgieran del convenio. A la par, la Dajudeco se comprometía «a dar prioridad en las investigaciones a las cuales esté asignada la AFI».

Para esa altura, el único juez supremo que opinaba públicamente sobre la dirección de escuchas y derivados era Horacio Rosatti. Los otros se hacían los distraídos. Rosatti, que no es habitué de las entrevistas periodísticas, comenzó a postular que debía estar bajo estricto control del Congreso o en manos de «alguna agencia ajena a los tres poderes del Estado, con autonomía funcional». «Es muy condenable lo que está pasando respecto de las filtraciones», sostuvo en una entrevista con el periodista Carlos Pagni.

Cuando vio el intento de convenio con la AFI, montó en cólera y escribió un memo que destrozaba el convenio, que aún no se había firmado, pero que era un intento elocuente de la agencia gubernamental de espías de meterse en la oficina de escuchas y que para colmo su texto decía que sería irrevocable. La AFI, que se suponía que estaba en su peor momento con la Corte, ponía una fortuna en tecnología, a cambio de armar casi una sociedad donde tendría protagonismo. El juez decía que el texto era impreciso —ergo, podía dar pie a cualquier uso—, que ni siquiera la Dajudeco había especificado sus necesidades y que, de todos modos, no necesitaba la firma de los ministros para aprobarlo. Esta vez el convenio no pasó el filtro y después del planteo de Rosatti, algunos se asustaron, y nadie lo firmó.

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En medio de todo el despliegue de espionaje, dentro de la Corte también empezaron a suceder cosas raras que despertaron paranoia en funcionarios y funcionarias. Uno de ellos, que había ingresado al máximo tribunal con la composición suprema anterior, y a quien llamaremos Roberto para proteger su identidad, recibió un día un llamado desde el número de teléfono de un comisario que trabajaba para la Corte y con quien tenía trato frecuente. Por eso lo tenía agendado.

—¿Hablo con Roberto M? ¿Es el número de Roberto? —preguntó el policía, o alguien con voz similar.

—¿Qué te pasa? ¿Tomaste algo? —le contestó el funcionario supremo.

Parecía un típico chequeo de número de teléfono que a veces hacen los espías. La Policía Federal se estaba convirtiendo ya en una de las protagonistas del aparato de escuchas.

Al día siguiente volvieron a hablar.

—Te estaba haciendo una broma —dijo el comisario—. Quería saber si sos amigo de (Daniel) Angelici.

—Lo conozco, por mi trabajo.

—Ah, porque mi hijo quiere una platea —tanteó el policía.

—Pero vos trabajás para la Corte, te la van a dar —contestó Roberto.

Después de todo este ping pong, Roberto recordó que unos días antes uno de los choferes de la Corte, cuya hija trabajaba en la oficina de escuchas, le había advertido: «Cuidate con lo que hablás por teléfono».

Al poco tiempo a Roberto lo sacaron de la Corte y lo deportaron a otro tribunal.

En la última fiesta de fin de año de la Corte, de esas que parecen casamientos, algunos de los invitados escucharon a altas horas de la noche a Rodríguez Ponte —«el petiso», como le dicen— decir con una distensión infrecuente: «¡Yo no soy Lorenzetti!». Eran varios en la ronda, donde empezó a cobrar relieve la idea de que el supremo habría pedido investigar al menos a los jueces nuevos designados por Macri. Rodríguez Ponte, ya por esos días, apostaba a estar pronto fuera del organismo, dado que su pliego para ser juez federal de Lomas de Zamora había sido enviado al Senado. Después de una temporada intensa, había vuelto al gimnasio, como escala previa a llegar a la oficina en las mañanas, además de jugar al fútbol con sus compañeros de trabajo.

Rosenkrantz había tenido un experiencia que podía estar emparentada con aquellas circunstancias. Un emisario de otro despacho le mostró la supuesta desgrabación de una conversación: «Mirá lo que dice Rosatti de vos», le sugirió tener en cuenta. A la vez, según testigos supremos, cuentan que al titular de la AFI, Arribas, se lo vio alguna vez entrar en el despacho de Rosenkrantz. Ante lo cual un viejo secretario cortesano lo previno: «Tenga cuidado con las visitas que recibe».

En abril de 2019, cuando ya se cumplía un año de la auditoría que debía evaluar las filtraciones, encomendada a la Bicameral de Actividades de Inteligencia, su presidente, el senador Juan Carlos Marino, envió un informe a la Corte en el que decía que se había terminado un análisis preliminar. El texto, publicado por el CIJ, despertó comentarios irónicos entre algunos supremos porque parecía una broma: «Resulta dable destacar el notorio progreso en cuanto a la operatoria de la Dirección en materia de captación de comunicaciones, en lo que respecta a la seguridad de la información, la transparencia y la cadena de custodia, lo cual se evidencia al tomar conocimiento del estado en el cual el organismo tomó posesión de aquella función. Ello, aún sin contar con las herramientas necesarias para paliar las insuficiencias tecnológicas y de infraestructura digital ineludible…» Añadía que se había constatado que la Dajudeco cumple con las normas de calidad IRAM y que Rodríguez Ponte se había ganado el premio a la calidad en la Justicia.

A Rodríguez Ponte la alegría le duró poco. Al mes siguiente hubo una nueva suelta de escuchas en medios de comunicación, hechas a ex funcionarios kirchneristas y al empresario Lázaro Báez que recibían o hacían llamados desde el penal de Ezeiza, por lo que el tema de la oficina de las pinchaduras volvió a tratarse con preocupación en un acuerdo de los martes. Las estadísticas que la propia Dajudeco produce muestran que los jueces muchas veces omiten decir a quién o por qué investigan cuando ordenan intervenir teléfonos. De hecho, el segundo delito por el cual se le pide a la oficina que pinche teléfonos se consigna como NN s/delito. Es decir, se interviene un teléfono de alguien que no se sabe quién es ni por qué se lo investiga. En los tribunales, eso se llama «excursión de pesca».

Para la misma época, la Bicameral completó su informe y se lo entregó a los supremos, y sumó el suyo el relator especial de Naciones Unidas para el derecho a la privacidad, Joe Cannataci, que había visitado el país. En lo que habían coincidido ambos informes era en que la tecnología que usaba la Dajudeco era obsoleta y que eran débiles los controles sobre la cadena de custodia. La oficina de la Corte seguía usando los aparatos que la SIDE había armado y que solo ella podía reparar. La Corte no había roto las cadenas con los servicios, las había hecho más fuertes.

9
El zorro que cuida el gallinero

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema está, desde su creación en 2006, a cargo de Elena Highton de Nolasco. Funciona las veinticuatro horas en Lavalle 1250, a media cuadra del Palacio de Justicia. Es común que los que trabajan allí crucen hasta la sede de la Corte y viceversa. También es común que conozcan al custodio de la jueza que tiene a su cargo la dependencia. O eso creían hasta que el suboficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Rodolfo Esteban Gray se convirtió en uno de los denunciados en esa sede y su hija, empleada de la OVD, en una de las denunciantes.

Gray nació el 29 de mayo de 1970. Vivió en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Entró en la Escuela de Suboficiales de la PFA para ganarse la vida y terminó capacitándose para ser guardaespaldas con el FBI en Caracas. Estuvo a cargo de la custodia de Highton de Nolasco hasta 2013, oficialmente. Cuidaba a la jueza día por medio, según cuentan en otros despachos de tribunales. Pero la relación fue tan cercana que también ofrecía servicios de custodia y traslado para sus nietos, los hijos de «Elenita» Nolasco.

A Gray en los tribunales lo veían como un padre comprometido, siempre presente y cariñoso, que se preocupaba por darle un futuro mejor a sus hijos. Tal es el caso que logró que su hija mayor entrara a trabajar en la OVD. Cada tanto le mandaba un desayuno para demostrarle lo contento que estaba de tenerla trabajando cerca suyo.

Gray había conocido a la madre de la chica en un boliche en 1990. Los dos eran muy jóvenes. Ella estudiaba magisterio. Al tiempo, empezaron a tener relaciones sexuales sin protección, como él lo exigía. Ella quedó embarazada en 1993. Gray se enfureció, desapareció un tiempo, quiso que abortara hasta que finalmente volvió. Como no tenía dónde vivir, se instalaron en la casa de los padres. La mecánica se repitió con los otros dos hijos de la pareja.

La relación, que duró más de veinte años, fue siempre violenta. Los golpes de Gray no paraban nunca, incluso cuando su mujer estaba embarazada. La peor violencia sucedía dentro del dormitorio. La ira de Gray también se desataba contra sus hijos, especialmente con el menor. Un día, al enterarse de que el chico se había hecho pis en la cama, lo sacó a puñetazos al patio para que durmiera ahí en pleno invierno. Como si fuera poco, le tiró un balde de agua helada. La mujer quiso impedirlo y terminó con dos costillas rotas. A la hija del medio, en otra oportunidad, le apuntó con el arma porque quería salir a jugar.

La familia vivió una verdadera pesadilla entre el 31 de diciembre de 2013 y el 1º de enero de 2014. Todo empezó cuando Gray se cruzó a su ex esposa en la puerta de su casa. Se habían separado tiempo atrás después de una última golpiza. Ella venía del gimnasio hablando por teléfono con un compañero de trabajo. Estaba por entrar a la casa cuando él le arrancó el celular, copió el número de teléfono y llamó desde el suyo.

—Hijo de puta, te voy a matar. Sos fácilmente ubicable porque sos profesor —le gritó al hombre que lo escuchaba del otro lado de la línea.

Revoleó el celular contra la pared y lo rompió. Para asegurarse que nunca más pudiera comunicarse con esa persona, agarró el chip, lo masticó y lo escupió. Acto seguido, entró a la fuerza detrás de la mujer. La golpeó contra las alacenas. Ella alcanzó a agarrar un cuchillo y se lo clavó en el brazo. Los hijos gritaban. La mayor, que para entonces trabajaba en la OVD, se llevó al padre, lo curó y, a las horas, lo llevó al Hospital Churruca. Él dijo que habían intentado robarle. No podía contar en qué circunstancias había sido herido.

Al día siguiente, la chica fue hasta la vivienda del padre para ver cómo estaba. Desde el portero le gritó que iba a matar a la madre. Los años de violencia le habían enseñado que no estaba mintiendo. Agarró el celular y como pudo les avisó a la madre y a sus hermanos que se fueran de la casa. Se subieron a un auto con lo puesto y llamaron a los hermanos del policía que hacía tiempo tenían poco contacto con él. Ellos fueron a buscarlos. Los esperaron escondidos en un parque cerca de Villa Lugano.

Gray fue a la casa. Rompió todo. Estalló televisores, apuñaló colchones y rompió vidrios. A su ex suegro lo tuvo un tiempo encerrado, amenazado de que iba a quemarlo vivo. Se fue, pero volvió para chocar su camioneta contra el portón.

La hija mayor llamó a su jefa en la OVD, Analía Monferrer, para preguntarle qué hacer. Le dijo que fueran a hacer la denuncia. Como todos conocían a Gray, hicieron un legajo secreto para tramitar la presentación.

Los abusos de Gray se repitieron con una nueva pareja. Con ella se reiteró el patrón del sexo sin protección, pero, en su caso, la contagió de sífilis.

—Puta —le dijo cuando ella le dio el diagnóstico.

Con ella también, las relaciones sexuales ocurrían entre amenazas. En una oportunidad, le dijo que tenía fantasías con su hija adolescente.

—Sos un hijo de puta —le dijo ella, y trató de cortar la relación.

Él siguió mandándole mensajes de WhatsApp: «Si no nos vemos, voy a seguir mandando videos y fotos a tus hijos, a los vecinos, al trabajo y a todo el mundo para que te vean».

Gray fue condenado el 21 de junio de 2018 a cinco años de prisión, aunque hacía tiempo que ya estaba detenido en el penal de Marcos Paz. Los operadores judiciales que intervinieron en el juicio todavía recuerdan los relatos desgarradores que escucharon de boca de sus víctimas. El mismo tribunal había juzgado seis años antes al ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, por el asesinato de Wanda Taddei. Sus integrantes estaban acostumbrados a la violencia, pero el caso de Gray los conmovió.

Las ex parejas del policía, acompañadas por sus hijas, no faltaron a las audiencias. Les costó animarse a declarar. Una de ellas contó ante el Tribunal Oral en lo Criminal 20 de la Ciudad, presidido por el juez Pablo Laufer, que él le decía que no lo podía denunciar porque era custodio de Highton de Nolasco.

La primera mujer de Gray relató que Highton le había hecho llegar un mensaje a través de Analía Monferrer, diciéndole que era muy valiente y que confiara en la Justicia.

El juez señaló en un párrafo de la sentencia la contradicción de que quien le cuidaba las espaldas a la jueza encargada de dar herramientas para la denuncia y persecución de estos crímenes fuera un experto en las distintas violencias contra la mujer. «No puede pasar desapercibido, aunque resulta paradojal que, en el marco de esta labor policial, el encausado fue custodio de la Dra. Highton de Nolasco, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ni más ni menos que una de las precursoras de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte e incluso AG trabajó en esa dependencia. Esto no se valora ni a favor ni en detrimento de la situación del epigrafiado, aunque azora a cualquier conocedor de su biografía».

Según figura en la sentencia, Gray prestó servicios formalmente como custodio de Highton hasta finales de 2013, coincidentemente con la fecha de la presentación ante la OVD. Sin embargo, en los tribunales de la calle Talcahuano y en los de Comodoro Py, es vox populi que el hombre siguió trabajando informalmente para la hija de la jueza. También recuerdan que, antes del inicio del proceso, «Elenita» habría ido hasta uno de los despachos de los operadores que debían intervenir, y no habría sido precisamente para interesarse en que se hiciera justicia por las víctimas.

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El diario La Nación tiene una tradición: escribir un editorial para cada nuevo Presidente en el que se detalla un pliego de reclamos. Lo hizo con el propio Mauricio Macri al día siguiente de que derrotara en el balotaje a Daniel Scioli, pidiéndole el fin de los juicios por lesa humanidad, lo que desató una rebelión interna de los trabajadores del ahora multimedio. A Rosenkrantz también le tocó su turno cuando reemplazó a Lorenzetti.

El editorial fue leído con nerviosismo dentro y fuera de la Corte. A nadie se le escapaba que el medio fundado por Bartolomé Mitre había sido parte de la cartera de clientes de Rosenkrantz en su estudio jurídico. El quinto ítem señalado decía: «El imprescindible tiempo que exige una decisión judicial fundada, madura y deliberada en el seno del cuerpo, impone que el tribunal comience a desligarse de tareas no jurisdiccionales que —sin desconocer su relevancia, como la Oficina de Violencia Doméstica o la Oficina de la Mujer— son impropias de una Corte Federal».

Sembrar dudas sobre el futuro de la OVD equivalía a darle una puñalada a Highton, que había aportado un voto fundamental para llevar a Rosenkrantz a la presidencia. La OVD es, en gran parte, su creación. Cuando llegó a la Corte ya estaba en manos del entonces presidente del cuerpo, Enrique Petracchi, una investigación de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA) que hablaba de un subregistro de casos de violencia doméstica en la ciudad de Buenos Aires. Petracchi le encomendó a la recién llegada Highton que empezara a trabajar en el tema. A partir del 7 de octubre de 2004, se empezaron a hacer reuniones semanales con expertos para diseñar cómo sería la oficina. El 27 de diciembre de 2006, la nueva Corte de entonces sacó una acordada ordenando la creación de la OVD. El texto tuvo una rareza: una disidencia de Carlos Fayt, en la que sostenía que la creación de una oficina de este tipo no estaba dentro de las atribuciones que las leyes le conferían al tribunal. La misma línea recitarían los detractores dentro y fuera del tribunal.

Dos semanas después del editorial de La Nación, un grupo de organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras, le hicieron llegar una carta a Rosenkrantz en apoyo a la OVD y a la Oficina de la Mujer (OM), que desde la muerte de Carmen Argibay en 2014 está a cargo de Highton también. No solo les preocupaba el editorial, creían que Rosenkrantz no tenía compromiso con la temática de género y hasta alguna de las firmantes alguna vez le había recriminado no tener a ninguna mujer como letrada en su vocalía. En la Corte también nadie lo vio cruzar la calle desde que fue nombrado para conocer la oficina.

«Para abordar los desafíos pendientes, contar con espacios institucionales como la OM y la OVD desde la máxima jerarquía de ese poder del Estado ofrece una oportunidad invalorable», escribieron las organizaciones.

Aunque en la vocalía de Rosenkrantz estuvieran más cerca de la línea de Fayt en la acordada que de la del resto de los ministros, rápido entendieron que no era el momento de dar rienda suelta a sus ideas. Eran tiempos de Ni Una Menos y no eran ajenos a la marea verde que en el invierno de 2018 había hecho sentir su presencia arrasadora en cada rincón del país. Para Highton era un espaldarazo, incluso rápidamente encontró en esta misión un plafón para explicar su permanencia en el tribunal después de los 75. Se había quedado para defender los derechos de las mujeres, diría a quien le cuestionara su desobediencia a la Constitución.

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El 3 de junio de 2015 marcó un antes y un después en la Argentina. El inicio de una revolución —hasta antes pensada, anhelada y silenciosa— que tomó las calles en forma de mujer. El detonante de esa concentración masiva que rebalsó de gente frente al Congreso fue el femicidio de Chiara Páez, una chica de 14 años asesinada, embarazada de dos meses, asesinada a golpes por su ex novio. La muerte de Chiara fue una más en una larga cadena que llevó a que el reclamo que primero circuló en las redes se materializara en las calles para decir Ni Una Menos (NUM).

En la Corte, las revoluciones tardan más, pero el movimiento NUM también movió los cimientos. Al día siguiente de la primera marcha, Highton convocó a las cortes provinciales y a las distintas cámaras a colaborar para hacer un registro de femicidios. El proyecto se canalizó desde la Oficina de la Mujer (OM), con el equipo que había armado Argibay y que entonces estaba a cargo de Flora Acselrad. El primer registro de femicidios se presentó el 25 de noviembre de 2015. A Acselrad y a su mano derecha, Nidia Marsero, les llegó un correo el último día hábil del año a las 13:25, informándoles que se había dispuesto su traslado a otras dependencias del Poder Judicial. La explicación que circulaba en el Palacio era que había sido una decisión de Lorenzetti a la que Highton no se había opuesto. Ya había asumido el gobierno de Cambiemos.

En la OVD, el NUM significó un mayor número de personas acercándose a denunciar. Había llamados preguntando por distintos tipos de violencia. En los legajos, aparecían amenazas que directamente estaban ligadas al movimiento que se estaba gestando. Las víctimas decían que sus agresores usaban «advertencias» tales como «No me vengas con ese niunamenismo», «ese grupo de minitas» o «que no me entere que vas a la marcha».

Al son del Ni Una Menos, la OVD salió del anonimato, empezó a ser consultada por los medios y las denuncias crecieron en la dependencia que está abierta las 24 horas. Según los registros de la Corte, actualmente la OVD tiene trabajando a 178 personas. En septiembre de 2008, cuando abrió sus puertas, tenía solo 72. Es una de las oficinas que más personal maneja dentro de la Corte, después de la Dirección de Asistencia Judiciales en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y de la Morgue. Hay equipos conformados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales que atienden a las mujeres que van a denunciar —a veces con sus hijos e hijas. Pese al número del personal, muchas veces las esperas son largas en la salita reducida con sillas de color naranja con vistas a la Plaza de Tribunales.

La existencia de la OVD aceleró los tiempos judiciales, especialmente porque al hacer informes de riesgo al momento de presentarse la denuncia, los jueces y juezas pueden decidir rápido si otorgan medidas cautelares como la restricción perimetral para los agresores. Eso le concedió también cierto prestigio ante los tribunales que funcionan en el área metropolitana, porque no siempre los jueces ni los secretarios de la Ciudad fueron especialmente receptivos con quienes iban a denunciar golpes y abusos al interior de sus casas. El juez Fernando Ramírez, uno de los impulsores de la OVD, tuvo que ser muy pedagógico en una capacitación para despertar sensibilidades, cuando les preguntó a los secretarios de un juzgado que se habían hecho fama de sobreseer rápido a los acusados por violencia de género:

—Si una persona está golpeada, puede ser que se golpee constantemente con los muebles de la casa, pero la verdad es que las reglas de la sana crítica no me van a indicar eso. Las reglas de la sana crítica me van a indicar que alguien la golpeó. Si no se movió de la casa, ¿quién pudo haber sido?

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El primer paro contra Mauricio Macri fue obra del colectivo de mujeres. Después de cuatro femicidios en cuatro días en la segunda semana de octubre de 2017, convocaron a parar el 19 de octubre desde las 13. A las 17 sería la movilización desde el Obelisco. La consigna era vestir de negro, el color del luto ante tanta muerte. Highton no quiso quedar afuera de la agenda, mientras pergeñaba ya un amparo para quedarse en la Corte después de los 75 años, que cumplía en ese diciembre de 2017.

Ese día llegó a la Corte temprano. Lejos de los colores más estridentes que suelen caracterizar su vestimenta, se calzó un trajecito con una blusa negra. Collar y aros negros, también. Pidió una cámara, se sentó en su despacho en la punta de la mesa. A la izquierda puso algunos apuntes y grabó un mensaje corto en tono de reclamo hacia los jueces y juezas.

«No hay excusas para la violencia doméstica —arrancó—. No hay excusa para ninguna violencia —se autocorrigió—. Se está marchando contra la violencia, contra los femicidios. No puede haber más femicidios». Habló de la cultura machista y de los esfuerzos que hace la Corte desde la OVD y la OM. «Mucha, mucha plata se está poniendo en esto», se quejó mirando a cámara.

«Yo lo que quiero —enfatizó— es exhortar a los jueces a que piensen con perspectiva de género, que consideren los casos, que no piensen que es una nimiedad, que el hecho de pelearse en casa es algo que debe ocurrir, normal. No, esto no es así. No se puede aceptar. La Corte sigue invirtiendo dinero para que los jueces sigan adelante considerando los casos, juzgando los casos. Los casos de femicidios no pueden aceptarse. Y nosotros queremos resultados, para eso en el registro —de femicidios— surgen resultados: cada vez vemos que crecieron. Yo vuelvo a insistir: no hay excusa para la violencia».

El video se colgó el mismo día del paro en la web del Centro de Información Judicial (CIJ) bajo el título «Mensaje de Elena Highton de Nolasco por los femicidios». No se nombraba el paro de mujeres, salvo porque la jueza hablaba en el video de la marcha, pero era claro que la Corte quería una oportuna cuota de protagonismo en el tema.

Así como se movía detrás de la agenda mediática, también Highton sorprendió con algún gesto hacia el mundo de la política. En abril de 2019, pleno año electoral, recibió a la concejal de Tigre Malena Galmarini, casada con el dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, y a su madre, Marcela Durrieu, de larga trayectoria peronista, con la excusa de que presentaban una ONG llamada «Ojo Paritario». No fue la única de los cortesanos en recibirlas: también se vieron con Rosatti y Maqueda. Se sacaron muchas fotos y algunas aparecieron en el CIJ. Pocas veces se lo había visto a Maqueda tan sonriente ante las cámaras.

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Entre junio y agosto de 2018, el debate político en la Argentina pasó por la la legalización del aborto o su permanencia en la clandestinidad. A su modo, la marea verde salpicó las playas del Palacio de Tribunales.

Los ministros siguieron la discusión con interés. Era un comentario obligado en algunos acuerdos. Algunos de sus colegas varones recriminaron a Highton que no fuera ella quien saliera a dar un mensaje claro por parte de la Corte. Quienes conocen a la jueza saben de su proeza para esquivar temas candentes, y dicen que no va más allá de lo que votó en fallo FAL de 2012, cuando la Corte sostuvo que no debían judicializarse los abortos que se derivaran de una violación porque constituían casos no punibles, cerrando la discusión sobre la interpretación del Código Penal de 1921. De hecho, su posición frente al aborto fue uno de los temas que más le costó explicar cuando Néstor Kirchner la nominó para la Corte. Grupos de derecha católica la impugnaron por haber escrito a favor de la planificación familiar.

El debate se dio con las sutilezas propias del ámbito cortesano frente a un tema de alta sensibilidad. Algunos de los secretarios del tribunal se esforzaron por combinar corbatas verdes o celestes según estuvieran a favor del aborto legal o en contra. Las secretarias, por su parte, buscaban algún toque de color. Los conocedores de los pasillos dicen que la tendencia daba un 80-20 a favor de los celestes.

En las vocalías de los dos últimos en llegar a la Corte, Rosatti y Rosenkrantz, se siguió con marcado interés el debate en Diputados y, luego, en el Senado. En la de Rosenkrantz, los alaridos entre colaboradores del ministro no tenían nada que envidiarle a un partido Boca-River.

Mientras la discusión estaba en el Congreso, la Iglesia se dio cuenta de que el verdadero partido podía jugarse en la Corte y mandó emisarios a caminar el cuarto piso. Golpearon con empeño a la puerta de Maqueda, uno de los jueces que junto a Highton y Lorenzetti habían votado el fallo FAL.

La insistencia de los enviados borravino parecía prematura, pero en marzo llegó a manos de los supremos un caso promovido por el abogado Andrés Gil Domínguez. El constitucionalista había interpuesto un habeas corpus colectivo para proteger a las mujeres que viven en la ciudad de Buenos Aires y que se practiquen un aborto, ante un juzgado nacional. La Cámara del Crimen y la Casación Nacional no habían consentido el reclamo porque decían que no se explicaba la afectación en personas de carne y hueso. Gil Domínguez llevó el tema ante la Corte, sosteniendo que configuraba el mismo caso del fallo «Verbitsky», cuando el máximo tribunal le reconoció al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la capacidad de presentar un hábeas corpus a favor de las personas detenidas en comisarías bonaerenses y le ordenó al gobierno provincial poner fin al hacinamiento y la privación de derechos.

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Micaela García tenía 21 años cuando la asesinaron a la salida de un boliche en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos. Hacía un tiempo que militaba en el Movimiento Evita y había abrazado con compromiso la lucha contra la violencia de género. De hecho, la imagen que más se difundió de ella la muestra, feliz, con una remera que dice Ni Una Menos. El asesino de Micaela, Sebastián Wagner, fue condenado ese mismo año a prisión perpetua por violar y asesinar a la chica.

El femicidio de Micaela fue incluso objeto de burlas de una abogada del Ministerio de Modernización del gobierno nacional en sus redes sociales, aunque después dijo que había sido víctima de un hackeo. El caso por fin dejaba a la vista la necesidad de sensibilizar a los funcionarios de los tres poderes del Estado. Flora Acselrad la ex directora de la Oficina de la Mujer a la que habían sacado de la Corte en diciembre de 2015, fue la impulsora de una ley que viniera a llenar ese vacío. Era lo que la fallecida Carmen Argibay soñaba instalar y expandir en el Poder Judicial cuando hablaba de la necesidad de cambiar «la cabeza patriarcal de los jueces y juezas», llevado también al Congreso y al Poder Ejecutivo. Flora, su discípula, hacía tiempo que decía que el Estado estaba obligado por los compromisos asumidos en distintos tratados y convenciones internacionales.

La Ley Micaela estuvo cajoneada un tiempo en el Congreso. La modorra de los parlamentarios se sacudió en diciembre de 2018, cuando Thelma Fardin, acompañada por el Colectivo de Actrices, denunció al actor Juan Darthes por haberla violado cuando ella tenía 16 años y ambos estaban de gira promocionando la tira infantil Patito Feo. Una semana después de la denuncia de Thelma, la Ley Micaela se aprobó.

La normativa establece tanto la capacitación obligatoria de los agentes estatales como la confección de un registro por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que dirige Fabiana Túñez, de las agencias estatales que incumplen con la ley. El 28 de febrero, la Corte firmó un convenio con el INAM, y dejó la capacitación en manos de la Oficina de la Mujer. En el acto, estuvieron Highton y Rosenkrantz, que había arrancado su mandato como presidente de la Corte con una acusación de su antecesor de haberse apartado de la política de género y de respeto a la mujer que tenía el tribunal. En el acto de febrero, Rosenkrantz no la pasó mucho mejor, cuando, ante la mirada atónita de los concurrentes, su colega cortesana dijo: «Acá, desde el presidente de la Corte hasta el último gato va a tener que capacitarse en perspectiva de género. Bueno, gata». Y, con tono de maestra, miró hacia su izquierda donde estaba sentado Rosenkrantz más rígido que otras veces y le dijo: «A vos te quiero sentado en el curso».

10
La hoguera de las vanidades

Al primer plenario posterior a su derrocamiento, Ricardo Lorenzetti llegó con cara de abatido, pero prolijamente afeitado y tratando de sacar pecho como siempre. En la silla que ocupaba con anterioridad, en un extremo de la fila con forma de medialuna que se arma al ubicarse los supremos en la mesa de acuerdos, estaba sentado Carlos Rosenkrantz. A su lado, la vicepresidenta eterna, Elena Highton de Nolasco. Era 2 de octubre de 2018.

—¿Adónde me tengo que sentar? —preguntó el ex presidente, que durante once años había liderado las reuniones, siempre desde ese mismo vértice.

Estaba acostumbrado a que el ordenanza de los plenarios, casi testigo único de esas reuniones desde hacía más de dos décadas, Julio Aguirre, le sirviera el café primero que a nadie, las galletitas, el agua. Que se pusiera siempre a su disposición. Aguirre es un mayordomo muy querido en el tribunal. De familia salteña, discreto y de voz suave, alguna vez se ganó el Quini 6, y tiene, con la misma lógica de la familia judicial, parientes en otros despachos. Su hijo Ezequiel trabaja en las oficinas de Rosatti, que se cansa de decirle que atienda primero a los demás porque quiere romper con las formalidades arcaicas.

Rosenkrantz le señaló a Lorenzetti la cuarta silla. Era casi una venganza secreta para él. Cuando recién llegó a la Corte y le tocó participar del primer acuerdo, lo había llamado el ex secretario Cristian Abritta para avisarle que Lorenzetti lo pasaría a buscar por su despacho para ir juntos. Es una tradición cortesana que se repite cada vez que llega un nuevo integrante. Pero pasaba el rato, y nada. De pronto sonó el teléfono de su despacho y una voz le regañó: «Doctor, lo están esperando en el acuerdo».

A los secretarios, que suelen estar presentes en la primera parte del acuerdo, Rosenkrantz les dijo que les quería ver la cara porque los tenía casi a sus espaldas. Hizo cambiar la hilera de sillas a un costado.

Habían pasado ya más de dos semanas desde la expulsión de Lorenzetti de la presidencia. Rosenkrantz, apenas lo votaron, se había tomado un avión a Estados Unidos por dos semanas. Sus secretarias pidieron los pasaportes diplomáticos para él y su familia y hojas con membrete de la presidencia de la Corte. La huida no cayó nada bien entre sus pares, y a su regreso el clima estaba de lo más tenso. Había dos temas cruciales irresueltos: qué pasaría con la estructura de comunicación de la Corte y el Centro de Información Judicial (CIJ), que manejaba la colaboradora de máxima confianza de Lorenzetti, María Bourdin, y qué pasaría con la Administración General del Tribunal, a cargo de Daniel Marchi, otro funcionario casi hermano de Lorenzetti. Circulaba con fuerza el rumor de que el flamante presidente cambiaría todo de cuajo, pero no quería dialogar con su antecesor ni con nadie.

Mientras se debatía entre encarar a Rosenkrantz o no hacer nada, Bourdin recibió una visita sorpresa en su despacho. Era Morgenstern, uno de los secretarios estrella del flamante presidente que le llevaba un mensaje en clave de advertencia:

—Hiciste muy mal en contestarle públicamente a Elisa Carrió —disparó el joven ideólogo y autor del 2×1 para represores.

El comentario aludía a un hecho ocurrido casi cuatro meses antes. La diputada de la Coalición Cívica había dicho en televisión que Bourdin le organizaba «reuniones secretas» a Lorenzetti, todavía presidente, con fines «golpistas», y le atribuía una relación personal con él. Carrió aludía al encuentro que el juez supremo había tenido en el Jockey Club con empresarios en medio de la crisis económica y la disparada del dólar.

Bourdin, alterada, apeló a la posibilidad de difundir una respuesta en Infobae. Escribió un texto personal —alimentado también por el enfrentamiento de la dirigente con su jefe— con el título «Me cansé de las mentiras de Carrió». Algunos tramos decían: «Volvió a mencionarme injuriándome, abusando de su inmunidad parlamentaria para mentir […] O Carrió está muy mal informada por sus operadores, o miente a sabiendas de que lo hace. A esta altura no sé qué es peor. No tengo, no tuve ni tendré una relación personal con Lorenzetti. No soy su amiga, no tengo un vínculo de afecto ni de confianza con él. Tampoco le organizo reuniones secretas, ni participo de estrategia golpista alguna […] Me cansé de que se meta conmigo y con mi familia, mi marido y mis dos hijas». Termina así, evocando una frase de Beatriz Sarlo en el programa televisivo 6, 7, 8: «Conmigo no, Carrió. Porque si usted sigue injuriándome, yo le voy a contestar, no con chismes ni con mentiras, sino con información. Y recuerde que el poder del que hoy usted abusa no es suyo sino de los ciudadanos».

—No me arrepiento de nada. Tenía que contestar —replicó Bourdin a Morgenstern con vehemencia, mientras le clavaba sus ojos celestes en la cara y los tacos aguja en el piso.

Al rato, apareció directamente Rosenkrantz en la oficina de la periodista y la invitó a la suya. El supremo volvió a la carga con la misma cuestión, pero le agregaba el anuncio fatal de que sería desplazada.

—La contestación que le diste a Carrió selló tu suerte —levantó la voz el juez. Era evidente que pretendía mantenerse en armonía con el Gobierno y con su amigo Pepín Rodríguez Simón, también amigo de la diputada, y quitarle a Bourdin algo que ella había creado.

—Si no fuera porque te conozco desde hace tiempo te habría echado —le espetó.

Bourdin es egresada de la Universidad de San Andrés, donde el supremo era rector; también mandó a su hija mayor a esa casa de estudios.

—Mirá, Carlos, me vas a entender cuanto tengas un par de años acá y un par operaciones de prensa encima en las que se metan con tu familia. Deberías hacer una transición y hablar con Ricardo —le devolvió la periodista envalentonada, en el mismo idioma que él la había encarado.

Esa misma tarde Rosenkrantz fue a ver a Lorenzetti y le pidió que le entregara todo el aparato de comunicación de la Corte y la administración. Para lo primero, fueron a visitar a Bourdin a su oficina como quien pide rescate, los dos hombres que se encaminaban a hacerse cargo de las publicaciones y todos sus derivados. Uno era el secretario Valentín Thury Cornejo, un abogado ultracatólico que casi no ejerció la profesión; conoció a Rosenkrantz cuando era investigador del Conicet y dirigía el portal Todo sobre la Corte, por lo que fue convocado a la Universidad de San Andrés a dar clases. El otro era un abogado, consultor privado, llamado Ariel Neuman, experto en lo que llama «marketing judicial», a quien Rosenkrantz terminó contratando en forma privada. Le pidieron trabajar coordinados. La respuesta fue un tajante «no».

Con una resolución de Lorenzetti, Bourdin y su mano derecha, Pablo Méndez, se mudaron para trabajar en su vocalía. La mayoría del personal del Centro de Información Judicial quedó repartido en diferentes dependencias: la Morgue, Ceremonial y Protocolo y la Biblioteca. En total fueron doce movimientos los que se registraron en las resoluciones de la Corte de los últimos días de noviembre de 2018. En la vocalía de Rosenkrantz decían que alguno fue enviado a la oficina de escuchas e investigaciones, pero no hay constancia de tal pase en la web de la Corte Suprema.

En medio de todo ese tironeo estaba por producirse algo perturbador para Lorenzetti. El 9 de octubre comenzaba el «J20», que era la conferencia judicial de las cortes supremas que participaban del llamado «G20» —un foro internacional de cooperación económica, financiera y política de los países más poderosos del mundo—, que tenía como sede a la Argentina. Lorenzetti llevaba meses pensando en ese acontecimiento y organizando los detalles. Estaba todo planeado para que fuera el anfitrión y principal orador del evento, que se haría en el Centro Cultural Kirchner (CCk). Pero ahora el presidente era otro.

La contratación de Neuman respondía a la inminencia del J20. Rosenkrantz quería que se ocupara de la comunicación del evento y de amortiguar los contratiempos en puerta, porque su posición era la de alguien importantísimo, pero solitario y desarmado.

El joven, de tez blanca, pelo negro con entradas prominentes, voz nasal y rasgos de nerd, estaba trabajando como coordinador del Posgrado de Comunicación en la Universidad Austral y hacía tiempo que no pisaba tribunales. Su nexo con el mundo cortesano era la esposa de Thury Cornejo, que había sido su jefa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde tuvo a cargo el Boletín Oficial desde un día después del incendio en el boliche Cromañón. Thury Cornejo había hecho una maestría en Comunicación Política en Austin, Texas, y elaborado una tesis sobre la comunicación en la Corte Estados Unidos. Neuman cursaba un doctorado en Comunicación Política en la Universidad Austral, tema común que los puso en contacto. Pero, además, el consultor también es profesor de Derecho Empresario en la Universidad de San Andrés.

Cornejo lo llamó el 2 de octubre algo desesperado preguntándole qué podían hacer con el J20. Neuman sugirió que como era un acontecimiento que sería único tenían que buscar la manera de darle cobertura y visibilidad. Al rato lo volvió a llamar. Como era su cumpleaños, Neuman iba camino a la Universidad Austral con una torta en la mano, y apenas podía sostener el teléfono celular.

—¿Te parece que te contratemos por un mes? —le propuso el secretario cortesano, compañero habitual de gimnasio de Rosenkrantz.

—Un mes y vuelvo —acordó con la Corte, con la universidad y con su socio en una revista.

A Neuman le tocó la peor parte. Lo mandaron con una nota a pedirle las claves del CIJ al programador, quien se comunicó con Pablo Méndez.

—No se las podés dar, porque no es empleado de la Corte, simple —fue la respuesta.

La reacción del flamante presidente supremo fue feroz: abrió un sumario contra Méndez y el programador.

***

El 8 de octubre, día previo al inicio del J20, Rosenkrantz prendió la mecha de un escándalo cuando decidió declararle la guerra a su antecesor y firmar una resolución en la que denunciaba que Lorenzetti había vaciado —antes de dejar la presidencia— la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, que no había personal suficiente y que estaba en riesgo el funcionamiento del Centro de Información Judicial «comprometiendo de ese modo los trascendentes objetivos que dieron lugar a su creación», decía. Advertía que esas áreas tenían dependencia directa del presidente de la Corte y que como fuera le tenían que dar acceso al CIJ y al sistema informático. Instruía al secretario de administración para que «proceda a la recuperación de todos los dispositivos tecnológicos» que permitían manejar la web y que procure la «seguridad informática» de todo. El texto se conoció en medio de los preparativos para la cena de bienvenida a los jueces invitados, donde se percibieron los primeros choques por el manejo del micrófono, que logró arrebatar la jueza Highton de Nolasco.

Lorenzetti, a años luz de la parsimonia campechana que traía en 2004 cuando llegó a la Corte, era pura furia. El día del acto inaugural, le contestó a Rosenkrantz con una carta sin precedentes que hizo pública, con acusaciones gravísimas que empezaron a reproducirse desde temprano en todos los portales de noticias.

«Hace muy pocos días —le decía— usted se apersonó en el despacho de la Secretaría de Comunicaciones (Bourdin) efectuando expresiones que contrarían las directivas de políticas de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial. Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no solo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartaron notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un secretario de Corte —que tiene rango de juez de Cámara—, de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante y de la independencia que se le debe a un periodista profesional». Le adjudicaba actitudes propias de «épocas que hemos querido superar». Solo en los peores momentos del menemismo se habían vivido dentro de la Corte peleas de un voltaje semejante.

Lorenzetti decía en el texto que esa situación había motivado que la funcionaria pidiera su traslado. Le endilgaba a Rosenkrantz haber creado un clima de «tensión, de temor, de amenazas telefónicas y falta de respeto a los derechos del trabajador y de la persona humana, así como a los procedimientos internos».

«Lamento muchísimo semejante mediocridad», ironizaba Lorenzetti. «No hay ninguna razón para este tipo de medidas autoritarias, sorpresivas, que no fueron habladas entre los ministros […] el cambio de presidencia de la Corte Suprema no puede modificar los principios fundamentales de su funcionamiento y jurisprudencia», seguía. Daba cuenta también de que desde la creación del área de Comunicación habían existido «muchos intentos de incorporar personas vinculadas al Poder Ejecutivo, o al sector privado, lo que siempre fue rechazado por considerar que se afecta la independencia del Poder Judicial». Como en una gran paradoja que lo ponía frente al espejo de lo que él mismo supo ser, Lorenzetti le aconsejaba: «La Presidencia no es un área personalista y concentrada, sino descentralizada y participativa».

Con este tembladeral como música de fondo, los jueces supremos se tenían que juntar en el sector contiguo a la cúpula toda vidriada del CCK. Rosenkrantz ya estaba ahí cuando Lorenzetti bajó del ascensor a pura sonrisa. El presidente supremo lo recibió desencajado:

—¡Las cosas que estás diciendo por la prensa! ¿A vos te parece?

—Te desubicaste, Carlos, la agrediste a María —defendió Lorenzetti con fortaleza a su colaboradora primordial, mientras intentaba sostener la sonrisa.

—No la agredí —contestó ofuscado su colega.

—Sí, le faltaste el respeto.

La discusión empezó a subir de tono, los supremos aproximaron sus cuerpos y casi se van a las manos. En ese momento, los mozos preparaban una mesa larga para el coffee break. Uno de ellos, instalado en la máquina para preparar el café, paraba la oreja. Alguien pidió por favor que lo sacara de ahí la custodia, porque la escena era patética.

De pronto empezaron a llegar los jueces invitados de otros países, mientras la discusión continuaba. También apareció entre ellos, a paso lento, Highton de Nolasco, completamente ajena a lo que pasaba.

—¿Me esperan que voy a mear? —dijo como si tal cosa. Sus compañeros están acostumbrados a escucharla hablar en esos términos en la intimidad de los encuentros cortesanos.

Rosatti, alias «el relajador», trató de separar a Rosenkrantz y a Lorenzetti. Después se llevó al flamante presidente con él al primer panel, para neutralizar el desastre.

***

La foto del acto de apertura fue una postal de la situación: todos los supremos estaban sentados en unas modernas sillas blancas y en el centro de la imagen se destacaban Rosenkrantz y el presidente Mauricio Macri, que parecía un juez más. A la derecha, los peronistas Maqueda y Rosatti; a la izquierda Highton y en el extremo lejano Lorenzetti. La posición del ex presidente supremo para la foto había sido tema de deliberaciones e incomodidad para los encargados de Ceremonial y Protocolo de la Corte, que no sabían cómo decirle que debía sentarse en una punta. Para peor, venían lidiando con un problema adicional: la nueva edición del libro institucional de la Corte, que suelen regalarle a las visitas ilustres, en especial extranjeros, y que repartirían entre los jueces asistentes al J20. El libro ya estaba en la imprenta. Lo había mandado la gestión de Lorenzetti. Pero una de las secretarias de Rosenkrantz, María Rivero Ayerza, previno al personal de Ceremonial:

—Vamos a cambiar el libro, porque cambió el presidente. En la foto no puede estar Lorenzetti en el centro, debe estar el doctor Rosenkrantz —comunicó con severidad.

Al enterarse, Lorenzetti armó revuelo. Pondría cuanto escollo estuviera a su alcance.

—De ninguna manera, el J20 lo organicé yo —mandó a decir a sus emisarios.

Era tan evidente e incómoda la batalla por cuestiones de divismo que los jueces mandaron a debatir a sus secretarios y secretarias. Bourdin, que tenía facultades sobre el material fotográfico, zanjó la deliberación al advertir que necesitaban permiso de ella para el uso de imágenes. En conclusión: no hubo libro institucional.

Rivero Ayerza, una rubia de pelo pesado que le llega hasta los hombros y nariz aguileña, trabajó en McDonald’s (Arcos Dorados en la Argentina) desde 1996, y fue allí donde conoció a Rosenkrantz, cuyo estudio de abogados atendía los problemas legales de la empresa. Según su currículum, la abogada de 55 años codirigió la operación de compra de McDonald’s en Latinoamérica por parte de la firma Arcos Dorados y dirigió el grupo de crisis ante denuncias de supuestas intoxicaciones por escherichia coli. También dice que comandó el equipo que preparó a Rosenkrantz para la audiencia en el Senado para ser juez de la Corte. Ese día no pudo contener la emoción al ver a Rosenkrantz defender su pliego. No dejó de sacarle fotos, aunque, como estaba sentada unos metros detrás —junto a Thury Cornejo— solo atinó a retratar la nuca caniza del jurista.

Cuando le tocaba a Rosenkrantz hacer el discurso de apertura en el J20, Rivero Ayerza temía el boicot y la ausencia de algunos de sus colegas dado el alboroto desenfrenado que se había generado. Además, era ostensible la bronca que provocó que no hubiera anticipado ni consultado a sus pares nada de lo que tenía pensado decir en nombre de la Corte. Fue entonces cuando la secretaria lanzó una frase que dejó pálidos a los miembros de Ceremonial que la escuchaban: «Cualquier cosa hay que perseguir a los jueces con una picana eléctrica y traerlos». El comentario causó un escozor mayor a quienes sabían que es hija del vicealmirante Máximo Rivero Kelly, piloto de la Armada que bombardeó Plaza de Mayo repleta de trabajadores el 16 de junio de 1955 en el intento por quebrar al gobierno de Juan Domingo Perón. Durante la presidencia de Alfonsín, el entonces vicealmirante Rivero Kelly fue el primer oficial en actividad en ser llamado a declarar por crímenes durante la dictadura en el sur del país. En esos años había sido el jefe de la base Almirante Zar de Trelew, tristemente célebre por la masacre de 1972 y por ser un centro de detención para presos políticos durante los años del genocidio. Lo terminó favoreciendo la Ley de Obediencia Debida de 1987. Pese a la reapertura de los juicios y a que tuvo alguna citación a indagatoria, se las ingenió para esquivar la justicia.

Tiempo después, María Rivero fue desplazada del lugar que ocupaba en el despacho de presidente supremo y pasó a cumplir una función más burocrática, de chequeo de los expedientes que ingresan y los temas previstos para el acuerdo. La explicación oficial atribuye el cambio a desavenencias con la otra secretaria, Gabriela Giordano, y parte del equipo.

El discurso de Rosenkrantz en el J20 era su primera exposición como presidente, en este caso ante colegas del mundo. Tuvo algo, a la vez, de mensaje a su antecesor. Habló de la «independencia» de los jueces y juezas, tema recurrente también en los discursos de Lorenzetti, que le había enrostrado en la carta pública. El flamante presidente quiso acentuar que él abordaría la cuestión de manera diferente.

«Ustedes quizá piensen que no estoy diciendo nada nuevo —se atajó el juez—. Sin duda se afirma con frecuencia, y es verdad, que los jueces deben ser independientes de los otros poderes del Estado. Más aún, se afirma con frecuencia también que los jueces deben ser independientes de todos los poderes no institucionalizados, por ejemplo de quienes concentran poderes económicos o sectoriales en la comunidad. Pero yo quiero decir algo parcialmente diferente aquí, y es que la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de los jueces no se satisfacen meramente con la independencia de otros poderes. Ser un juez independiente e imparcial exige mucho más pues nos exige la independencia más difícil de honrar. Nos exige la independencia de nuestras propias convicciones ideológicas y políticas». «Nosotros los jueces no hemos sido elegidos para decidir de acuerdo con nuestra visión política, moral o religiosa», insistió.

Al público, por los comentarios en la platea, no le pareció que dijera nada novedoso sino una habitual expresión de deseo que pocos jueces y juezas son capaces de sostener.

***

En el mar de fondo de la escena dantesca vivida en el CCK, se dejaban traslucir dos cuestiones. Lorenzetti estaba en carne viva y con un enojo inconmensurable posdestitución. Pero, además del sillón presidencial, la enorme disputa en puerta que en aquellos días se revelaba era por la comunicación. Era una batalla por el manejo de los mensajes de la Corte, que Lorenzetti había dominado de manera cabal, y por esa herramienta tan poderosa, el CIJ, que el supremo de Rafaela había hecho crecer a lo largo de una década, con el asesoramiento y la impronta de Bourdin.

En el mundo del periodismo, resultó ser de gran utilidad para acceder a fallos en igualdad de condiciones entre los distintos medios de comunicación y una forma de dar transparencia a las decisiones desde un poder del Estado acostumbrado al secreto. Para Lorenzetti fue el modo de incidir en la agenda político-judicial, con una predilección ostensible por publicar decisiones de los jueces de Comodoro Py —en detrimento de otros fueros y temáticas— y todo lo que tuviera que ver con la defensa corporativa del Poder Judicial, su sostén indispensable, además de los fallos supremos, lo que era ineludible. Pero al mismo tiempo fue su plataforma de propaganda personal, con la que construyó ese liderazgo tan particularmente suyo de elevadas aspiraciones.

El CIJ fue creado, de manera inteligente, como una agencia de noticias oficial del Poder Judicial, y como tal ofrecía materia prima para radios, diarios, televisión, portales y redes. Por su origen, guardaba promesas y una apariencia de una neutralidad que pocas veces resultó ser tal. Lorenzetti acompañó todo ese despliegue con otro tipo de estrategias, basadas en reuniones periódicas con periodistas, que hicieron que centralizara los mensajes que mandaba la Corte. Sus viejos compañeros no le ofrecían demasiada resistencia tampoco, excepto el ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni que cada tanto salía a dar un mensaje distinto en alguna entrevista casual.

Antes y después de ser desplazado de la presidencia, Lorenzetti interpretó que quien venía a disputar sus conquistas era Rosatti. En lo inmediato se equivocó. Su coterráneo designado por Macri a propuesta de Carrió es un estratega, pero tiene un pensamiento a más largo plazo. Además, le había dicho en la cara que no estaba dispuesto a avalar su cuarta reelección y que no compartía su modo personalista de conducir. La irrupción de Rosenkrantz en el trono, con quien tenía una buena relación hasta ese momento, tomó por sorpresa a Lorenzetti.

Neuman terminó contratado como parte del staff supremo, y quedó bajo el mando Thury Cornejo. Sus despachos están conectados entre sí. Se entra por el patio de honor de la Corte, donde se celebran algunos actos. Ese patio es un gran cuadrado rodeado de columnas clásicas con capiteles corintios donde sobresale un busto de José de San Martín y detrás del cual hay una réplica de la bandera del Ejército de los Andes. El techo es de vitraux y por allí entra luz natural.

Lo primero que hizo Neuman fue intentar quitarle al CIJ su perfil de agencia de noticias para volverlo una publicación más institucional. Relevó que en 2018 el 80 por ciento de las noticias que se publicaban allí eran de Comodoro Py y solo el 6 por ciento de la Corte. Como represalia, dada su alianza con Lorenzetti, muchos jueces federales después dejaron de mandar sus sentencias y se desarmó la oficina del CIJ que estaba en los tribunales de Retiro. Para la gestión de Rosenkrantz no era un tema preocupante. Primero se planteó una reestructuración que cambió fundamentalmente las funciones de quienes estaban dedicados a monitorear medios, que eran seis de las 24 personas que allí trabajaban. O sea, rastreaban dónde se hablaba de la Corte, y puntualmente de Lorenzetti. Esa práctica fue abandonada.

Thury Cornejo traía experiencia en la gestión pública en distintas administraciones: con Jorge Domínguez, ex intendente porteño y ex ministro de Defensa en el menemismo; con Débora Giorgi en la Secretaría de Industria con el gobierno de la Alianza, y con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna. En la Corte fue letrado y luego todo hacía suponer que tomaría un papel primordial que quedó algo desdibujado. Con el CIJ a punto de descarrilar, Thury redactó un protocolo sobre cómo se deberían informar las sentencias de la Corte, que desató críticas, porque preveía que las secretarías y vocalías informaran el viernes anterior al acuerdo —que generalmente es los martes— las sentencias que firmarían —y una carpeta con el proyecto— que consideraban relevantes. El esquema fijaba hasta los horarios de entrega. Después de que el periodista Horacio Verbitsky dejó en evidencia en su sitio El Cohete a la Luna que el sistema era un caldo de cultivo para filtraciones, el protocolo fue modificado. La Dirección de Comunicación ya no recibe los fallos «trascendentes» sino que se pone a disposición de los jueces para redactar gacetillas que luego revisan todos.

Al final del J20 los supremos y los jueces del mundo se sacaron la «foto de familia», que fue publicada en el CIJ, en su compleja y sinuosa transición. Lorenzetti se ríe ampliamente. Rosenkrantz tiene un esbozo de sonrisa forzada, igual que Highton. Maqueda y Rosatti, pegados, pusieron la peor cara de enojo a su alcance. Las fotos, a veces, son buenos termómetros y permiten anticipar algo del futuro.

11
La moda (de la prisión) preventiva

Milagro Sala, dirigente de la organización Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur, fue detenida el 16 de enero de 2016 por protagonizar una protesta frente a la gobernación de Jujuy, su provincia, en reclamo de la continuidad de las cooperativas de trabajo a las que el recién asumido mandatario provincial, el radical Gerardo Morales, amenazaba con quitarles fondos. Morales, un aliado de Cambiemos y del presidente de Mauricio Macri, que también acababa de desembarcar en la Casa Rosada, había denunciado a Sala a través de la fiscalía de Estado por instigación a cometer delitos, tumultos y sedición.

El gobernador le temía a Sala por su ascendencia sobre vastos sectores populares y su despliegue de un proyecto social con resultados en educación, salud, vivienda, cultura y deporte. El juez de la causa, Gastón Mercau, firmó su excarcelación el 29 de enero pero al instante determinó que debía seguir presa por otras acusaciones repentinas. Llegó a tener más de una decena de causas y ya no logró recuperar la libertad.

El caso de Sala se convirtió en una amenaza latente para otros dirigentes y anticipó el paradigma de una política en materia de arrestos y prisiones preventivas que explotaría el Gobierno nacional a modo de estrategia de disciplinamiento no solo frente a la protesta social sino ante la oposición política, con el apoyo fundamental de amplios sectores del Poder Judicial, siempre permeable a alinearse con el poder de turno, y de los medios afines al oficialismo.

La primera vez que «La Flaca», como le dicen a Sala, llegó hasta la Corte Suprema fue por una causa conocida como la de «los huevos», ya que se juzgaba un episodio donde militantes ligados a su organización le habían arrojado huevazos a Morales en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Ella no había estado en el lugar, pero fue acusada. Pedía un proceso por un delito menor que permitiera una pena alternativa. En seis días le dijeron a todo que no. Terminó condenada a 3 años de cárcel por daños.

El alto tribunal, en cambio, se tomó todo el año 2017 para resolver el reclamo por su libertad. La causa por la que estaba presa había sido sacada de la galera: horas antes de ser arrestada por la protesta había sido denunciada por un grupo de ex cooperativistas miembros de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy, que hasta ese momento habían sido sus aliados. Le adjudicaban un supuesto desvío de fondos públicos, que debían destinarse a viviendas sociales y otros emprendimientos, en beneficio de una asociación ilícita. El argumento para dejarla presa era que los denunciantes le atribuían actitudes intimidatorias que los llenaba de miedo. La defensa de Sala intentó demostrar que eran acusaciones provocadas o inducidas por el gobernador, pero no fue suficiente: la justicia local respondía al oficialismo. Apenas asumió, Morales logró que la Legislatura ampliara de cinco a nueve el número de integrantes del Superior Tribunal. Entre los nuevos jueces nombró a dos diputados radicales que acababan de votar la ampliación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, y a un tercero que había sido legislador radical, Federico Otaola.

***

Durante el primer año de estar presa sin juicio, en el penal de Alto Comedero, Sala mantuvo la expectativa de recuperar la libertad de un momento a otro. Sus abogados trataban de explicarle que el panorama era complejo. En su nombre Elizabeth Gómez Alcorta y Luis Paz le plantearon a la Corte, en diciembre de 2016, la arbitrariedad de su detención y alegaron que sus fueros como parlamentaria del Mercosur le otorgan inmunidad. Los supremos le pidieron una opinión a la entonces procuradora, Alejandra Gils Carbó, quien dictaminó que la detención era «ilegal» porque no estaban acreditados los riesgos procesales —fuga o entorpecimiento de la investigación— y porque a su entender los fueros como integrante del Parlasur le daban inmunidad de arresto. Tuvo esperanzas, pero con los meses enfrentó situaciones cada vez más complicadas, incluso en la cárcel.

Un grupo de organismos de derechos humanos —Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos— había activado reclamos internacionales. Ante el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de (GTDA) de Naciones Unidas pidió un pronunciamiento urgente y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una medida cautelar para sacarla de la cárcel, por estar en riesgo. Las ONG advertían que era víctima de un hostigamiento múltiple, plasmado en la proliferación de causas en su contra, una campaña estigmatizante asumida por autoridades —«No voy a liberar a esa mujer», dijo el gobernador, Mientras Mauricio Macri daba por hecho la existencia de delitos— y luego sanciones de aislamiento dentro de la cárcel y maltrato que la llevaron a autolesionarse, en un «estado de vulneración psicológica».

El GTDA declaró el 27 de octubre de 2016 que la detención era «arbitraria» y que «el gobierno de la República Argentina» debía «liberarla de inmediato». La Corte ya había relativizado el carácter vinculante de disposiciones de órganos internacionales, incluso de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), pero en este caso le permitía hacer tiempo, evaluar la situación, y buscar una fórmula para resolver el tema sin costo político. Lo que a algunos de los jueces supremos les preocupaba era la salud de Sala: temían que le pasara algo teniendo ellos a cargo la causa. Los expertos del GTDA habían concurrido a la cárcel de mujeres donde estaba alojada la dirigente y se llevaron una muy mala impresión de su estado físico y anímico.

En 2017, la líder de la Tupac Amaru tuvo la visita de una comitiva de la CIDH encabezada por su presidente, Francisco Eguiguren. A fin de julio el organismo le concedió la medida cautelar y advirtió que no podía permanecer donde estaba alojada. «El Estado Argentino […] se encuentra obligado a atender la decisión del GTDA que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata», decía la resolución. «La Comisión considera que el hecho objetivo de continuar privada de la libertad a pesar del pronunciamiento de un organismo internacional del cual la Argentina es parte, constituye un posible indicio» de la «intención de criminalizar su liderazgo social de tal forma que la continuidad de tal privación de la libertad calificada como arbitraria tiene un impacto en la integridad personal de la señora Sala».

La CIDH dijo que había constatado que se trataba de «una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia, y que sería identificada con parte representativa de un sector de oposición». Dio crédito al escenario de hostigamiento y concluyó que no podía permanecer «de ningún modo en la cárcel». Le dio entonces 15 días al Gobierno para ofrecer una alternativa.

El juez Pablo Pullen Llermanos mandó a Sala a prisión domiciliaria el 1º de agosto de 2017, a una propiedad en el barrio La Ciénaga, con una larga lista de condiciones y una custodia de gendarmes, a quienes ella debía dar señales de presencia todos los días por la ventana. Una mañana se asomó y les dijo: «Buen día, ¿dónde está Santiago Maldonado?» Eran los días de plena búsqueda del joven artesano, que había desaparecido en medio de una persecución de Gendarmería contra la comunidad mapuche de Pu Lof en Resistencia de Cushamen, y que luego fue hallado sin vida en el río Chubut.

Pullen Llermanos decidió revocarle la detención domiciliaria, con la justificación de que se resistía a hacerse unos estudios médicos. La CIDH consideró incumplidas sus directivas y alertó sobre la «extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable,» y directamente le pidió al Corte IDH que adoptara medidas en favor de la Sala. En pocos días, le ordenó al Estado argentino que implementara las «medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la dirigente» y que sean menos restrictivas, como «una tobillera o la retención de su pasaporte».

***

En el ínterin, la Corte mandó a hacer estudios médicos a Milagro Sala. A los supremos les venía bien que los organismos internacionales se pronunciaran primero. Eso podía amortiguar cualquier cosa que dijeran ellos después. De todos modos, no lograban consenso entre sí, y había controversias por la postura previa de la Corte sobre la obligatoriedad de acatar los fallos de la Corte Interamericana, que habían negado en la causa «Fontevecchia». El único punto que estuvo claro desde un comienzo fue que no le reconocerían a Sala inmunidad de arresto por su carácter de parlamentaria del Mercosur ya que la protección era, en teoría, para causas relacionadas con el cargo. Así quedaría en el fallo. La otra discusión crucial era la de la prisión preventiva. Y había pasado demasiado tiempo.

La idea original era resolverlo hacia mitad de año, aunque Juan Carlos Maqueda introdujo los «peros» clásicos de un año con elecciones legislativas.

—Hay que esperar la elección. Cualquiera sea el resultado, se va a interpretar políticamente —les planteó el cordobés a sus compañeros.

Por fin, el 5 de diciembre de 2017, cerca de que Sala cumpliera dos años de prisión sin juicio oral, la Corte resolvió. El CIJ tituló: «La Corte Suprema confirmó la prisión preventiva de Milagro Sala y ordenó que se cumpla con el fallo de la CIDH en cuanto al arresto domiciliario». Intentaba ser un fallo salomónico, que le daba lo que ella más quería en ese momento, que era estar en su casa. Sin embargo, confirmar la preventiva en un contexto y un régimen que comenzaba a utilizarla como herramienta de captura de opositores, tenía un peso específico particular.

La Corte afirmó que no había arbitrariedad en su detención. Lo hizo con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. A la vez señaló que los tribunales inferiores son los que están en mejores condiciones de evaluar «las circunstancias fácticas relevantes que pueden justificar la detención cautelar de una persona que todavía no ha sido condenada» por una cuestión de «inmediatez». Así el tribunal le daba crédito a los —cuestionados— tribunales jujeños, entre ellos el Superior Tribunal, que la acusaban de obstaculizar el proceso sin analizar si se cumplían los requisitos de la preventiva. También la mayoría suprema dijo que los tribunales de Jujuy debían acatar el fallo de la Corte IDH que ordenó sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario «u otra medida alternativa que sea menos restrictiva de sus derechos».

Carlos Rosenkrantz confirmó la prisión preventiva, pero puso algunas acotaciones, como que se debe fundamentar «de modo claro, con expresas referencias a las constancias de la causa sin basarse únicamente en las características personales del imputado o las del hecho atribuido […] nunca puede ser la manera encubierta en que el Estado castigue a quien está sujeto a proceso».

La historia no terminó ahí. En pleno juicio oral por el mismo caso que había analizado la Corte llamado «Pibes Villeros» —por el nombre de la cooperativa dedica a la construcción de viviendas sociales—, en agosto de 2018, Sala fue encontrada inconsciente por su hija en su casa y terminó internada en el Hospital Soria. Pullen Llermanos la mandó otra vez a la cárcel con el insólito argumento de que allí velarían mejor por su salud. Fue al penal de Güemes, en Salta, de donde para colmo debían trasladarla a Jujuy para el juicio. Sus abogados presentaron un habeas corpus. La Corte Suprema lo mandó a los tribunales jujeños pero inició una actuación administrativa y al final ordenó a la corte local que cumpliera con la media indicada por la Corte IDH. Le dio cinco días para justificar el incumplimiento.

Las juezas del tribunal oral, que terminó condenando a Sala a 13 años de cárcel, y con quienes la dirigente había peleado todo el juicio, fueron paradójicamente quienes la mandaron a su verdadera casa, la de siempre, en el barrio de Cuyaya, en la capital provincial.

***

Pese a la expresión de buenas intenciones acerca del plazo razonable en el que deben tramitar las causas judiciales y la necesidad de celeridad y compromiso por parte de los jueces y juezas, la Corte Suprema tiene desde hace tres años sin resolver la situación de un hombre que lleva 13 encarcelado en el penal de Olmos con prisión preventiva, sin sentencia firme.

Se llama Jorge González Nieva y trabajaba como remisero en el Hospital Santojanni, en el sur de la Capital. Morocho, alto y fornido, su marca registrada era llevar el pelo oscuro con claritos. El 28 de diciembre de 2005 tuvo un encontronazo en la calle con otro automovilista que resultó ser el secretario de un juzgado. Se insultaron y González Nieva le mostró —a cierta distancia— un cuchillo a modo de amenaza. Como era remisero, pasaba muchas horas en el auto y llevaba cubiertos para comer ahí. El abogado se presentó ante una fiscalía de Morón para radicar una denuncia. González Nieva fue por sus propios medios, le revisaron el auto y secuestraron el cuchillo. También le tomaron fotos, lo que no está permitido.

No tuvo noticias de las autoridades hasta el 18 de julio de 2006, cuando volvía a su casa en el barrio La Blanquita de Merlo. Lo detuvieron oficiales de la provincia de Buenos Aires y lo llevaron a la comisaría tercera de Castelar. Lo acusaban de haber participado en una salidera bancaria en mayo de ese año que terminó con el asesinato de Analía Aguerre. Lo molieron a golpes, diciéndole que confesara. También le ofrecieron un plan alternativo: les daba el auto que usaba para trabajar y se iba como si nada.

Según la policía de Castelar, a González Nieva lo había identificado el único testigo del hecho: un albañil a quien le habían mostrado la foto del remisero. En 2010, un tribunal de Morón lo condenó a 25 años de prisión.

En 2017 suspendieron al fiscal de Morón Alejandro Jons después de que el programa de Jorge Lanata, Periodismo Para Todos (PPT), denunciara que armaba causas para extorsionar a posibles víctimas con una banda de policías de la comisaría 3 de Castelar, precisamente la misma donde González Nieva denunció que fue apretado. El albañil, por su parte, ante un escribano público declaró que él nunca había identificado al remisero como el autor del crimen. De hecho, en su primera declaración, había dicho que se trataba de una persona alta, delgada, de tez blanca y cabello oscuro, de unos 27 años. González Nieva tenía el doble de edad, era fornido y tenía reflejos en el pelo. No coincidía. Una detenida de la llamada «banda del fiscal» declaró que González Nieva no era parte del grupo ni había participado en el homicidio de la mujer. Eso tampoco activó ningún resorte en la justicia.

La Corte tiene desde 2015 para resolver la preventiva de González Nieva. Su caso lo empujó Mario Coriolano, el defensor público ante la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. Se presentó como amicus curiae Innocence Project, la organización que lidera el ex fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido, para intentar mover el expediente. El 5 de noviembre de 2018, Amnistía Internacional le envió una carta pública a los supremos, reclamándoles que resolvieran la situación de esta persona a la que consideran injustamente detenida. Cuatro días después, los jueces mandaron el caso a la Procuración para que Eduardo Casal remitiera su opinión.

El caso de González Nieva trae reminiscencias de la historia de Fernando Carrera, en la llamada Masacre de Pompeya, que el cineasta Enrique Piñeyro volcó en la película Rati Horror Show. Carrera estuvo siete años en prisión, llegó a ser condenado a 30 años de cárcel, y en un segundo juicio la pena se redujo a 15, pero seguía siendo culpable. Lo acusaban de haber cometido un robo, y de intentar escapar de la policía en su auto, con el que atropelló a varias personas, a punto tal que murieron dos mujeres y un niño.

Tanto Carrera como todos los organismos decían que la policía había confundido su auto con el de los verdaderos autores del robo, los agentes no se identificaron, le dispararon y todo indica que perdió la conciencia pero siguió al volante. Los policías dispararon al menos 18 veces y habrían plantado evidencias falsas. Después de 11 años y 9 meses de proceso judicial, Carrera fue absuelto por la Corte, el 25 de octubre de 2016, cuando el tribunal completo de Macri recién se estaba estrenando. La novedosa sentencia, que devolvió a Carrera su vida y a su familia, fue firmada por Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, más Rosenkrantz, que escribió sus argumentos por separado. Fue uno de los temas donde quedó demostrado que cuando el Tribunal quiere, se mete en un caso y puede revertirlo por completo.

12
Génesis de la «doctrina Irurzun»

En la montaña de expedientes donde se debatían prisiones preventivas en la Corte, había un caso famoso sobre maniobras de lavado de dinero contra el empresario de Santa Cruz y amigo de los Kirchner, Lázaro Báez, y su entorno. Además de Báez, estaban detenidos su contador Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco, su abogado.

En aquel 2017, Lorenzetti y sus aliados de Comodoro Py estaban engolosinados en la búsqueda de estrategias para mostrarse activos luchadores contra la corrupción y generar consecuencias políticas. El caso Báez ilustra el empecinamiento de la Cámara Federal, tribunal estratégico en el fuero, por involucrar a Cristina Fernández de Kirchner a como diera lugar. A pesar de que no estaba implicada en la investigación, que se ceñía a movimientos de millones de dólares —60 millones por lo menos— del empresario de la obra pública hacia cuentas en el exterior, la Cámara aludió a ese expediente en una sentencia como «la ruta del dinero K», un nombre acuñado por el diario Clarín, que luego se reprodujo en tribunales con naturalidad. Luego —con la pluma del camarista y jefe de las escuchas, Martín Irurzun— intimó al juez Sebastián Casanello para que investigara a la ex presidenta y finalmente le ordenó que la citara a indagatoria, pese a que él consideraba que no había pruebas que la comprometieran en este caso. El juez la interrogó y la desvinculó, porque su evaluación no había cambiado.

Cuando vio el expediente en la Corte, Lorenzetti lo miró con lupa. Reparó en un recurso de Chueco que había intentado en todas las instancias la revisión de la prisión preventiva. No estaba en una buena situación, ya que había intentado fugarse. Había desaparecido cuando sabía que lo iban a detener, y ya con la orden de captura librada fue encontrado en Paraguay. Antes había pasado por Misiones, y en un hotel dejó una carta dramática donde le decía a su esposa que tenía un cáncer terminal, que se quería suicidar y que la causa penal se había complicado, a lo que agregaba 44.000 dólares y 1.000 pesos.

En base al pedido de Chueco, Lorenzetti se despachó con una propuesta de voto de 23 páginas que, paradójicamente, lo único que no analizaba de manera específica era la situación del detenido pero desarrollaba un manifiesto contra la corrupción, como una cruzada de la que el Poder Judicial —decía— debía ser protagonista, y donde llamaba a reconsiderar y ampliar los criterios para evaluar la prisión preventiva. Con el argumento de que debía ser «una política de Estado», buscaba un marco para facilitar las detenciones de ex funcionarios y personas vinculadas.

Invocaba las convenciones internacionales contra la corrupción y recordaba que el Estado argentino como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) había asumido un compromiso porque «la corrupción socava las instituciones, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos», «las institucionales y los valores de la democracia», entre otros conceptos. Cuestionaba las dilaciones de los procesos y desarrollaba esta teoría sobre las preventivas:

• Para evaluar el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación —que son los dos elementos que se deben corroborar para ordenar la prisión antes del juicio— según Lorenzetti había que evaluar otros factores como: los «daños a gran escala» y el hecho de que «muchas veces sus modalidades de comisión se replican en diferentes procesos donde los protagonistas de los mismos se repiten».

• Los riesgos procesales, según el supremo, no se pueden limitar «tan solo al arraigo» —que la persona demuestre que tiene un domicilio fijo— «o al formal comportamiento de los involucrados dentro del proceso penal» —por ejemplo, que estén a Derecho y se presenten cada vez que los convocan—. «Habrá de tomarse en cuenta que resulta inherente a este tipo de hechos el carácter de difusa que presenta la víctima, el carácter público de los fondos, la existencia de una estructura burocrática que termina siendo permeable a los abusos, a la diversificación funcional que segmenta formalmente las responsabilidades, y todo ello como forma de sumar parámetros objetivos dirigidos no solo a evitar que la investigación se vea frustrada y sobrevenga eventualmente la impunidad de los responsables, sino antes bien, la sanción en el ámbito supra legal, del Estado argentino».

• En el último punto preveía reglas específicas para el procesamiento con prisión preventiva en casos de «ilícitos complejos de corrupción». «Deberá ser abordado con una perspectiva integral del contexto, con conciencia de la complejidad y magnitud de las maniobras que se investigan, debiendo incluirse, sustancial y necesariamente, las concretas posibilidades de fuga y entorpecimiento derivadas de los diversos frentes procesales abiertos con similar interés punitivo y los vínculos personales, laborales o políticos que tienen o mantienen los imputados con aquellos que —tienen o mantienen— la capacidad de influir en el resultado de las investigaciones».

Como estaba claro que toda esta propuesta era fruto de la creatividad del supremo, exhortaba a la sanción de una ley para regular esa nueva forma de meter gente presa. Incluía en su llamado al Poder Ejecutivo para que «diseñe una política de Estado contra la Corrupción» y al Consejo de la Magistratura para que cubra las vacantes de jueces y se agilicen los procesos.

El borrador de Lorenzetti llegó a tener la adhesión de Juan Carlos Maqueda y Highton de Nolasco. Cuando Rosatti lo vio, se escandalizó.

—¿Qué es esto? —lo encaró—. Estamos todos de acuerdo con la lucha contra la corrupción, ¿pero a qué viene? —se puso firme.

—Tenemos que dar una señal desde la Corte —le contestó como si estuviera dando un discurso frente a una multitud.

—Yo no te voy a firmar esto. Es como la doctrina lombrosiana de la peligrosidad —comparó Rosatti.

El criminólogo Césare Lombroso decía en el siglo XIX que la criminalidad o el delito estaban relacionados con razones físicas, biológicas y de orden genético de los delincuentes.

Rosatti llevó la discusión al acuerdo, fue con un «memo» en la mano, y Highton y Maqueda retiraron su firma. El caso de Chueco terminó rechazado de plano como tantos otros de similares características.

El concepto que había esbozado Lorenzetti en su borrador acerca de la interrelación entre expedientes y supuestas maniobras criminales, así como la superposición de protagonistas de las causas, aparecía por esa misma época en las resoluciones de la Cámara Federal que firmaba su aliado Irurzun, y más particularmente en el «caso Báez». Esa causa, además, tuvo la peculiaridad de estar plagada de operaciones de inteligencia y maniobras, cuando ni el Gobierno ni la Cámara conseguían que el juez Casanello involucrara a ex funcionarios. El propio Báez dijo que había visto a Casanello en la quinta de Olivos, que supuestamente había ido a ver a Cristina Fernández de Kirchner. Los testigos presentados terminaron procesados por falso testimonio y quedaron involucrados en el armado de una historia falsa un ex fiscal y hombre de la Agencia Federal de Inteligencia, Eduardo Miragaya, y el abogado Santiago Viola. Miragaya y Viola fueron indagados en noviembre de 2018 por el juez Luis Rodríguez, quien les dictó la falta de mérito. Carlos Stornelli, el fiscal de los cuadernos, solo apeló en el caso de Viola y la Cámara lo procesó. Con el tiempo se conoció, además, que el arrepentido estrella de aquel expediente, el empresario Leonardo Fariña, había sido guionado —ya durante el gobierno de Macri— para declarar en contra de la ex presidenta.

En medio de la operación contra Casanello, hubo un mensaje celestial. El Papa Francisco, Jorge Bergoglio, invitó a una comisión de jueces argentinos a participar de un encuentro de magistrados sobre crimen organizado y trata. La invitación a Casanello llegó justo en el peor momento. De Comodoro Py también fueron Ariel Lijo y Sergio Torres. La comitiva se completó con Julio Piumato, el líder gremial judicial, y con el propio Lorenzetti. El supremo supo armar un vínculo estrecho con el pontífice, con varios viajes a Roma de los cuales guarda fotos que exhibe en su vocalía. Unos meses después, las campanas papales volvieron a doblar en favor de Daniel Rafecas, cuando el gobierno y sus aliados promovían su remoción por no haber impulsado la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner.

El borrador fallido de Lorenzetti tiene fecha del 20 de septiembre de 2017. Pero lo que no se plasmó en la Corte se concretó en la Cámara Federal, muy poco tiempo después. El 17 de octubre nació la llamada «doctrina Irurzun», en un fallo de la Sala II liderado por el voto de ese camarista, acompañado por Eduardo Farah, cuando decidió que el ex ministro Julio De Vido debía ir preso, previo desafuero, en una causa en la que se investigaba el desvío de fondos para obras de la mina de Río Turbio. Esa resolución estableció, como predicaba Lorenzetti, que de ahí en más no importaba si un imputado cumple con el requisito básico de «estar a derecho», ubicable, y mostrarse dispuesto a rendir cuentas y a presentarse cuando lo citan. El fallo señaló que lo que lo relevante son los «lazos funcionales» que se remontan a la época del supuesto delito y la presunción de que el imputado o la imputada podrán seguir usándolos en perjuicio de la investigación. Son suposiciones que se podrían atribuir a las personas por el solo hecho de haber estado en la administración pública.

Con esos principios, cualquier ex funcionario es un preso preventivo en potencia. En cuanto a De Vido, decía que su carácter de diputado, que presidía la Comisión de Energía —a la que, de todas formas, había renunciado— podía ligarlo con la actividad de Yacimiento Carbonífero Río Turbio. En rigor, Irurzun venía construyendo esta teoría a través de fallos previos donde decía que los casos de corrupción merecían un tratamiento específico, distinto del resto. Otros colegas replicaron el criterio, que era lo mismo que había postulado Lorenzetti. Leopoldo Bruglia, por ejemplo, sostuvo que los delitos de corrupción «revisten un matiz diferencial ya que sus consecuencias se extienden a la sociedad en general». Lo hizo cuando tuvo que pronunciarse sobre la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, que se produjo una semana después de la detención de De Vido en una causa que inicialmente apuntaba al delito de enriquecimiento ilícito pero que devino en asociación ilícita. Tras indagarlo, el juez Ariel Lijo le dijo que su declaración había sido razonable, pero anticipó: «Hay que entender que cambiaron las reglas del juego con esto de la doctrina Irurzun». Boudou enmudeció, y lo volvieron a esposar.

El criterio se arraigó y con el correr del tiempo se reprodujo en otras causas y detenciones. Con De Vido y su ex mano derecha, Roberto Baratta, luego con Boudou. También estuvo preso Carlos Zannini, por la causa del Memorándum con Irán. Ya estaba detenido el ex secretario de Obras Públicas José López. Le tocó al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aunque estaba preso desde antes que el resto, con otra doctrina, y a su sucesor Juan Pablo Schiavi. Las órdenes de prisión preventiva contra la propia Cristina Fernández de Kirchner que llegó a dictar el juez Claudio Bonadío eran seis hasta mayo de 2019, pero para hacerse efectivas hacía falta su desafuero, que el Senado no convalidó.

La llamada «causa de los cuadernos», o de sus fotocopias, ya que los originales fueron quemados por su supuesto autor, el chofer de Baratta, fue la que desató una cacería masiva de ex funcionarios kirchneristas e incluso empresarios, que dejó en evidencia el uso extendido de la «doctrina Irurzun», originada en la Corte, y su teoría de que cualquier persona que tuvo poder tiene «vínculos residuales» que pueden generar peligros procesales. Después de los cuadernos, llegaron a ser 28 los funcionarios, dirigentes políticos y empresarios ligados al kirchnerismo detenidos. Fue un caso donde se apeló como nunca a la figura, finalmente hecha ley, del «arrepentido», que funcionó con los empresarios que iban quedando presos, declaraban culpando a alguien o proporcionaban datos útiles para la investigación, y recuperaban la libertad. Pero los que no aceptaban «arrepentirse» ni se reconocían en un delito, quedaban presos.

Todo esto empezó a generar preocupación en algunos jueces de la Corte que, además, recibían planteos de los detenidos. A fines de 2018 amagaban con resolver algún caso y poner límites. Pero eso no sucedió.

Los supremos encontraron en las causas de lesa humanidad un gran escudo para justificar su renuencia a examinar los casos de prisión preventiva que tienen entre sus manos. Esgrimen —como si nunca hubieran firmado el 2×1— que meterse con ellos podría abrir la compuerta hacia la libertad de cientos de represores. Según la Procuración, son 327 los que están presos y 650 los que ya estaban en sus casas a marzo de 2019, cuando publicó sus últimas estadísticas.

Sin analizar la cuestión de fondo, la Corte se dedicó a hacer gestos para mostrar coherencia. En el último acuerdo de 2018 publicitó que había rechazado con la fórmula «280» —o sea, sin dar argumentos— un planteo del represor Eduardo Videla, que había sido jefe de la compañía del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca. El fallo fue firmado por todos los supremos menos por Rosenkrantz.

Meses después, en abril de 2019, la Corte mandó un mensaje sutil a los tribunales. Ahí revocó un fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Federal que había convalidado el cese de las preventivas de un grupo de represores del Circuito Camps, parte de la causa que investiga los delitos cometidos en el centro clandestino conocido como Pozo de Quilmes, por donde pasaron algunos de los estudiantes secundarios secuestrados en la Noche de los Lápices. Entre los represores estaban Jaime Lamont Smart, cómodamente instalado en domiciliaria en su casa de Retiro, pero cuyo nombre significa mucho. Smart fue el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante los primeros años de la dictadura, pero logró extender su ascendencia durante la democracia hasta que fue condenado en 2012 en La Plata por ser una de las patas de la represión de Ramón Camps. Los procesos en su contra fueron atacados, una y otra vez, desde los editoriales del diario La Nación. Además, Smart fue uno de los fundadores del conservador Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), de donde surgieron el ministro Garavano y varios de sus colaboradores más cercanos.

Los supremos hicieron suyas las palabras del procurador Eduardo Casal, que había criticado a la Casación con dos explicaciones: primero, que el máximo tribunal penal no había evaluado el peligro procesal que significaba excarcelar a estos represores con el argumento de que no iban a salir en libertad porque estaban condenados en otras causas; segundo, que la Casación desconocía que la privación de la libertad puede ser revocada en cualquier momento y que las condenas no estaban firmes.

La confirmación de las condenas es un tema que atañe directamente a la Corte. En los informes que hace periódicamente la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad remarcan que el palacio de Talcahuano es un cuello de botella para la confirmación de las causas —al igual que la instancia anterior, la Casación Federal. Sin condenas revisadas por la Corte, los imputados siguen en prisión preventiva. Según la Procuración, la Corte tarda casi cuatro años en revisar la causa después de que el tribunal oral dicta sentencia. Algo así como que el máximo tribunal es la enfermedad y podría ser la solución.

13
Administrar el privilegio

A los dos meses de haber destronado a Lorenzetti, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, asistió a un almuerzo en el Rotary Club, donde le harían una entrevista en vivo. Empezaba a tener un nivel de exposición que no conocía. Los empresarios lo escuchaban con atención mientras la periodista Clara Mariño hacía preguntas que él contestaba con cierto automatismo y sin hacer contacto visual con la entrevistadora. Cada tanto, tomaba un poco de agua de un vaso largo que tenía sobre una mesita a su izquierda y se inclinaba hacia atrás hasta casi tocar un mástil con una bandera argentina con sol incluido, que es la de guerra.

—Su posición sobre el pago de Impuesto a las Ganancias —le dijo Mariño, y Rosenkrantz rio nervioso.

—Si yo les pregunto a ustedes si un piloto de Aerolíneas gana mucho o poco, ¿qué respuesta tienen? —preguntó Rosenkrantz buscando la complicidad del auditorio. No hubo respuestas, así que le tocó a él llenar el silencio.

—La cuestión de si los jueces ganan mucho o ganan poco depende centralmente de cuál es la retribución en el mercado de referencia. Entre los pilotos, otros pilotos. Entre los jueces, los abogados de relativo éxito —sorprendió a los presentes.

Su definición, que se ganó algunos titulares en los medios, era diametralmente opuesta a la que había dado en marzo de 2016 ante los senadores, cuando defendió su pliego para la Corte. «Estoy dispuesto a pagar los impuestos —le había dicho entonces a la senadora puntana Liliana Negre de Alonso— y voy a militar para que el Poder Judicial pague». Desde 2016 pasaron cosas.

Que los jueces no paguen Impuesto a las Ganancias no solo funciona como un privilegio, sino como un agujero para las arcas del Estado, que es un asignador de recursos. Según las estimaciones propias del gobierno de Macri, esa exención impositiva equivalía para 2019 a 9.845 millones de pesos, que podrían servir para financiar programas para los sectores más postergados de la sociedad. Por ejemplo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) explica que si el Estado percibiera ese monto podría, por ejemplo, dedicar el doble de recursos que emplea para el seguro de desempleo o 42 veces más recursos para la formulación e implementación de políticas públicas para las mujeres.

El tira y afloje de los jueces con el pago de Ganancias es de larga data. El 11 de abril de 1996, la Corte menemista a través de una célebre acordada, la 20/96, decidió que ningún integrante del Poder Judicial debía pagar Ganancias, declarando inaplicable una ley que había aprobado el Congreso. No hizo falta ningún caso concreto para que estamparan sus firmas Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Gustavo Bossert. Decían que ya en 1936 la Corte se había pronunciado por la vigencia del artículo 96 de la Constitución (110 de la actual), que establece la llamada «intangibilidad de los salarios de los jueces». La idea que subyace es que no tocar los sueldos de los jueces no es un privilegio sino una garantía de su independencia.

En 2006, la cuestión llegó a manos de la nueva Corte, pero la mayoría de sus integrantes salió en estampida para evitar tratar el tema, aunque muchos de ellos en las audiencias públicas ante el Senado habían dicho que eran favorables a tributar. Solo aceptó opinar en un caso Carmen Argibay que, aunque siempre había dicho que los jueces debían pagar Ganancias, usó un formalismo para darle la razón al juez jubilado sanjuanino que tenía un pleito con la ANSES porque le descontaba el impuesto. La mayoría de los conjueces —convocados por las excusaciones en masa de los supremos— votó en sintonía con los intereses de la corporación. Los dos conjueces que discreparon en forma tajante fueron Héctor Méndez y un abogado que se volvería uno de los titiriteros de la actual Corte, Horacio Rosatti. Diez años más tarde, la cuestión de los jueces y el pago de Ganancias volvía a ser un fantasma que recorría el cuarto piso del Palacio de Justicia.

Una semana después de que el Senado aprobara los pliegos para la Corte de Rosenkrantz y Rosatti, Lorenzetti hizo una gran convocatoria de jueces, fiscales, defensores, el gremio de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) de Julio Piumato y la AFIP. Quería discutir la cuestión del pago de Ganancias. Siempre hábil detector de los climas sociales, temía que el tema llegaría de buenas a primeras con la nueva composición del tribunal.

La reunión se hizo en el señorial salón Gorostiaga. «Estoy cansado de que aparezca mi foto cada vez que un medio dice algo sobre el Impuesto a las Ganancias y los jueces», se quejó, y pidió conocer las posturas de sus interlocutores —que, en su gran mayoría, fueron a favor de mantener el privilegio. El cruce más interesante lo tuvo con Víctor Abramovich, procurador fiscal ante la Corte. Abramovich le dijo que la Procuración, entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, saludaba que se iniciara el debate.

—Pero ¿cuál es su postura? —demandó el supremo, sabiendo de antemano que Abramovich había dirigido el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en 2006 había reclamado que todos los jueces tributaran.

—Con todo respeto —le respondió el procurador fiscal—, yo le podría hacer la misma pregunta a usted o si piensan revisar la acordada de 1996.

—Lo estamos evaluando —le contestó Lorenzetti entre dientes.

El 2016 fue un año de buena cosecha legislativa para el gobierno de Macri. Entre otras leyes, logró aprobar a fin de año la reforma de Ganancias después de trabajosas negociaciones con la CGT y con los gobernadores. La nueva ley traía consigo una novedad: los jueces deberían pagar el impuesto que históricamente eludieron, pero no todos. La legislación impuso la obligación para todos y todas aquellos que ingresaran al Poder Judicial o al Ministerio Público de la Nación a partir del 1º de enero de 2017 y cuyo sueldo superara el mínimo no imponible que en ese momento estaba calculado en 37.000 pesos en bruto para casados y 27.941 para solteros.

Como luego pasaba el tiempo y la ley no se reglamentaba, muchos de los jueces que asumieron partir de 2017 pensaron que no iban a tener novedades y se salvaban. Pero no fue exactamente así. El director de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, Federico Vincent, empezó a mandar oficios avisando que iban a recibir un descuento del 35 por ciento en concepto de pago de Ganancias. El teléfono de Vincent rápidamente empezó a estallar. Atendía a los jueces enfurecidos y les decía que probablemente tuvieran razón, pero que era una decisión del Consejo.

En términos prácticos, a los jueces que habían sido recientemente nombrados y que venían de la carrera judicial les significaba pasar a cobrar menos que antes e incluso menos que sus prosecretarios. Los flamantes ingresados a la magistratura empezaron a comunicarse entre ellos y decidieron acudir a la Asociación de Magistrados para ver si les ofrecían alguna solución.

La jueza María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, presidenta de la Asociación, convocó a una reunión a los damnificados en la oficina de la calle Lavalle, justo frente al Palacio. Fueron varios jueces, pero no más de tres estuvieron dispuestos a accionar contra el Estado, justamente en un momento de sintonía fina entre la Corte y el gobierno de Macri. La conversación fue tensa porque la Asociación de Magistrados estaba dispuesta a hacer una presentación solo si los afiliados afectados la firmaban individualmente. Algunos de los que participaron de la reunión se fueron dando un portazo porque creían, como sostiene el gremio judicial, que pedir una acción declarativa era, en última instancia, convalidar que algunos asalariados pagaran Ganancias.

Los que se animaron a hacerlo fueron Santiago Martín, Silvina Bracamonte y Marcelo Gota. A los tres les había salido el nombramiento a fines de julio de 2017 y a los pocos días se habían desayunado con el oficio del Consejo de la Magistratura.

Después del debate interno, la Asociación de Magistrados se presentó ante el fuero contencioso-administrativo federal para que la justicia explicara qué quería decir el artículo 5 de la ley 27.346, cuando decía que debían pagar Ganancias aquellos nombrados a partir de enero de 2017. Querían que la palabra «nombramiento» se tomara como ingreso porque la mayoría de los nombrados ya hacía tiempo que estaba en el Poder Judicial o en el Ministerio Público sin pagar el impuesto.

El juez federal Esteban Furnari les concedió una medida cautelar el 3 de noviembre de 2017. El 28 de ese mes, la sala V de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo confirmó la decisión de Furnari, pero dijo que solo debían verse amparados por esa medida los afiliados a la Asociación de Magistrados, pero no —por ejemplo— quienes estuvieran afiliados a los gremios de trabajadores judiciales, como la UEJN de Julio Piumato o el SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales).

El Ministerio de Justicia llevó el caso a la Corte en abril de 2018. Durante largos meses hubo conversaciones informales pero los supremos no emitían opinión sobre la cautelar. Después del golpe palaciego a Lorenzetti, el tema apareció en la agenda de la Corte. El 27 de noviembre de 2018, los cinco ministros resolvieron que no correspondía la cautelar y dedicaron un punto de su fallo para criticar fuertemente a los que habían impulsado la presentación. «Los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente», los regañaron los supremos, que se las han ingeniado desde la década de 1930 para no pagar el impuesto.

Highton y Rosenkrantz trataron de amortiguar el cachetazo. Dijeron en media carilla que compartían el punto pero que no debía entenderse como un menoscabo al derecho de los magistrados a protestar como cualquier ciudadano si ven que sus derechos son agraviados. La postura de Highton era entendible porque históricamente integró la tradicional Línea Blanca de la Asociación de Magistrados, aunque no pocos vieron en ella una traición.

La Asociación sacó un comunicado a las pocas horas de conocerse el fallo, diciendo que había provocado una «profunda preocupación». Aunque en la declaración decían que el tema no estaba terminado porque la justicia debía expedirse sobre la cuestión de fondo, la Corte les había dejado poco margen para otra cosa que no fuera sentarse a la mesa con el gobierno y negociar. El 19 de diciembre el Ministerio de Justicia anunció que habían llegado a un acuerdo con la Asociación de Magistrados para el pago de Ganancias. Un día después, se homologó ante Furnari. La Asociación retiró la demanda y se abrió un espacio para la negociación.

Como la ley seguía sin reglamentarse, no lo hacía ni el Ejecutivo ni la Corte dictaba alguna directiva, el asunto quedó en manos del Consejo de la Magistratura, encargado de la selección y sanción de los jueces, así como de la administración del Poder Judicial, aunque este punto sea controvertido por los supremos. Los consejeros jueces cruzaron varias veces de Libertad a Talcahuano para hacer consultas con los supremos. En marzo, se aprobó un protocolo para deducir Ganancias. Ya no eran solo doce jueces los que tenían que pagar —como era la situación en noviembre de 2017. El número ascendía a 101 porque el macrismo había sido eficaz para cubrir las vacantes judiciales. Ya no era tampoco un descuento de hasta el 35 por ciento, sino que en la mayoría de los casos rondaba el 10. Entre los afectados, hubo alivio y corrió el rumor de que el protocolo había sido obra y gracia de Lorenzetti, habituado a los juegos de compensaciones. La Corte no definió qué hacer con el Impuesto a las Ganancias de su personal. Le pidió al Poder Ejecutivo que reglamentara la ley de una vez.

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La Corte es un lugar de costumbres fuertes y arraigadas. En los últimos tiempos, se consolidó una nueva práctica a la que los habitantes del cuarto piso del Palacio de Talcahuano se adaptaron: cada vez que llega un pedido para acceder a las declaraciones juradas de los ministros y la ministra, el único que contesta es Rosatti. A decir verdad, lo hace Silvio Robles, su mano derecha. En cada correo, recuerda que se puede acceder a la declaración jurada del supremo desde su página web personal.

Eso le pasó a ACIJ, una ONG en la que recalaron varios discípulos del jurista Carlos Nino, que venía reclamando desde 2013 acceder a la información patrimonial de los supremos sin éxito. El 11 de marzo de 2019, recibieron una respuesta a una presentación suya del mes anterior en la que planteaban que el formulario online para acceder a las declaraciones juradas de los supremos no funcionaba y solicitaban que se les otorgaran los datos patrimoniales completos de los ministros de acuerdo a lo que estipula la Ley de Acceso a la Información (27.275). De manera escueta y mecánica, Fernando Sagarna, director de relaciones institucionales de la Corte, les respondía que el mecanismo era el único previsto, y no ofrecía ninguna solución alternativa. Unos minutos después de leer la notificación de Sagarna, Renzo Lavín, un joven abogado que codirige ACIJ, recibía un correo de Robles en el que le explicaba que la declaración jurada de Rosatti estaba publicada en la página web del supremo. Algo similar le sucedió a la autora de este libro. Aunque el formulario para solicitar las declaraciones juradas funcionó, nunca hubo respuesta de los supremos —a excepción de un e-mail de Rosatti que contestaba a la consulta de la que sus colegas habían hecho caso omiso.

Al igual que en los 90 la Corte menemista sacó su acordada para apartarse de la ley y no tributar Ganancias, la Corte liderada por Lorenzetti en 2014 firmó una acordada para desengancharse de la Ley de Ética Pública (26.857) y no presentar la documentación de los supremos ante la Oficina Anti-Corrupción (OA) para ser de acceso público. Una de las excusas era que dar ese tipo de información a una dependencia del Ejecutivo podía afectar la independencia judicial.

La acordada 9 de 2014 estableció que la declaración jurada debe estar compuesta por un anexo público —con datos generales— y un anexo reservado con información sobre el declarante, su cónyuge y sus hijos menores. En esta segunda parte, deben figurar qué propiedades tienen, así como información detallada de vehículos, acciones, cuentas, tarjetas de crédito y qué remuneración reciben. El texto también decía que los supremos deben entregar sus declaraciones una única vez al año, entre el 1º de abril y el 31 de mayo.

Poco antes de que asumieran los dos nuevos ministros y mientras desplegaba denuncias varias contra Lorenzetti, Carrió se presentó ante la Corte para reclamar que se le concediera acceso a las declaraciones juradas completas de los supremos. Lorenzetti enloqueció, como cada vez que detectaba alguna jugada maliciosa de la diputada de la Coalición Cívica. Sabía que no le convenía tratar el tema mientras la Corte estuviera compuesta por tres personas. Como el primero en jurar fue Rosatti, postergó la discusión porque, más allá de la desconfianza que reinaba entre ellos, el otro santafesino había llegado a la Corte por sugerencia de Carrió. Dos semanas después de su asunción, Rosenkrantz se desayunó firmando una respuesta a Carrió y a Fernando Sánchez que rechazaba darles la información completa y ratificando la acordada de 2014. La resolución lleva la firma de los cinco ministros, aunque Rosatti protestó en solitario, mientras que Rosenkrantz les dijo a sus colegas que estaba de acuerdo con la resolución por una cuestión cuasi íntima: le preocupaba la seguridad de sus hijos si se conociera el patrimonio que él maneja. La confidencia generó suspicacias en la Corte y algunos recordaron con fastidio el debut estelar de Rosenkrantz ante el resto de sus colegas cuando les preguntó cuánto iba a cobrar.

Dos días después, el diario La Nación publicaba que Rosatti había buscado diferenciarse de sus pares al presentar la declaración jurada ante la OA. La nota no cayó bien a los supremos, especialmente a Lorenzetti, acostumbrado a mover cada hilo de lo que decía y hacía la Corte. Al día siguiente, el tribunal publicó un comunicado diciendo que tanto Rosatti como Rosenkrantz habían presentado sus declaraciones juradas ante la oficina correspondiente antes de su ingreso a la Corte, tal como lo habían hecho Lorenzetti, Highton y Maqueda. «Tras su ingreso al Tribunal, los doctores Rosenkrantz y Rosatti se sujetaron al régimen específico de presentación de declaraciones juradas de la acordada dictada oportunamente por la Corte. Por estas razones, no hubo un apartamiento del Dr. Rosatti a dichas normas, ya que la información que ha surgido en algunos medios de comunicación se refiere a la declaración de bienes antes del ingreso».

Dos días después, La Nación publicaba un detalle general de los bienes de los supremos, coincidente con el que figura en la parte pública de las declaraciones juradas, a la que habían accedido los diputados de la Coalición Cívica unos días antes. Según esta información, hasta 2015, Rosenkrantz había declarado un patrimonio de 11,3 millones de pesos y 3,4 millones de su esposa; Lorenzetti, de 9,3 millones; Highton había dicho que sus bienes sumaban 3 millones, mientras que más atrás quedaban Maqueda, con 1,9, y Rosatti, con 1,1 millones de pesos.

Desde ese entonces no fue posible acceder a información. Sin embargo, cuando este libro salía a imprenta, los supremos dieron a conocer una nueva resolución que podría dar acceso a sus datos patrimoniales. Los sueldos de los jueces y de la jueza aumentaron al compás de los acuerdos que la propia Corte hace con los gremios judiciales para discutir la remuneración de los empleados del Poder Judicial. A mediados de 2019, Highton seguía siendo la ministra que más percibía por haber hecho carrera judicial. Su sueldo aproximado al mes de mayo era de 498.000 pesos, le seguía Maqueda con 448.000 y Lorenzetti con unos 444.000. Más atrás quedaron las últimas incorporaciones a la Corte. Rosatti con un ingreso de 435.000 pesos y Rosenkrantz, 416.000 pesos.

Siempre atenta a los estados de ánimo cortesanos, Carrió volvió a la carga en diciembre de 2018 con un nuevo pedido para acceder a las declaraciones juradas de Lorenzetti y de sus dos personas de máxima confianza, el administrador Héctor Daniel Marchi y la ex secretaria de Comunicación María Bourdin. La diputada le dirigió el pedido a Rosenkrantz, ya por entonces en la presidencia del tribunal y enemistado con su antecesor. Tuvo mejor suerte un reclamo que presentó ACIJ después de la respuesta de Sagarna. En una resolución del 24 de junio de 2019, los cinco supremos le dieron la razón a la ONG y ordenaron que le entreguen sus declaraciones juradas.

En uno de sus últimos viajes a Yale, la universidad donde se formó y da clases, uno de los estudiantes le preguntó sobre la accesibilidad a las declaraciones juradas y Rosenkrantz ensayó una nueva respuesta, un poco distinta a la que había dado a sus colegas en septiembre de 2016.

—¿Por qué el novio de mi hija debería enterarse de mi patrimonio? —se justificó. Un dato adicional: el novio de su hija trabaja en la Corte.

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El gobierno de Mauricio Macri hace campaña, cada tanto, con el eslogan de «recuperar lo robado». En enero de 2019 sorprendió con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la extinción de dominio. El procedimiento es complejo y fue tildado de inconstitucional por muchos juristas, pero puede resumirse en esta mecánica: cuando en el fuero penal se inician causas por corrupción, trata de personas o narcotráfico, se le pueden quitar la titularidad de los bienes a la persona acusada sin esperar a que haya sentencia, a través de un trámite paralelo en el fuero civil. La propuesta del Ejecutivo se daba de bruces con principios constitucionales, pero, además, se metía en un agujero negro que la Corte Suprema administra con recelo y opacidad: los bienes secuestrados por la justicia a lo largo y ancho del país.

Quizá como nunca antes, el macrismo le quiso dar pelea a la Corte por el manejo de los bienes. El máximo tribunal está facultado por la Ley de Autarquía Judicial de 1990 (23.853) a administrar los bienes incautados en algún expediente que no hayan podido ser entregados a sus dueños. La Corte, a lo largo de los años, fue estirando esa interpretación y se manejó con los bienes —que van desde autos hasta aviones, desde campos hasta empresas— como si fuera la verdadera dueña de todo y tuviera que rendir pocas cuentas. Los supremos suelen elegir qué autos, por ejemplo, incorporan al patrimonio del tribunal después del trámite de una causa. En general, se inclinan por los vehículos de mayor valor en el mercado, como las Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y los Bora, aunque en el último tiempo también incorporaron un camión Scania T 112. Fue famoso, por ejemplo, el Porsche blanco que usaba Lorenzetti para trasladarse. También está dentro de sus facultades decir qué vehículos deben ser compactados, como lo dispone la ley 26.348. En general, los que terminan convertidos en chatarra son los de menor valor y más años.

La disputa por la información de los recursos que están en poder de la Corte arrancó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A través del decreto 826/2011, se creó en el Ministerio de Justicia un registro nacional de bienes secuestrados y decomisados durante el proceso penal para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Para poder realizar el registro, los propios jueces debían enviarle al Ministerio la información. La maniobra enfureció a los supremos que, en 2013, crearon su propia base general de datos de bienes secuestrados y/o decomisados para la justicia nacional y federal. La base de datos quedó bajo la atenta mirada del administrador general de la Corte, Marchi. En noviembre de 2015, Lorenzetti, Maqueda y Highton aprobaron la reglamentación de la acordada de 2013 y establecieron que era obligatorio para los jueces nacionales y federales informar a la Corte qué bienes habían secuestrado u ordenado decomisar. A cada juez se le iba a dar una clave para volcar en una base online los datos de cada bien. No debían omitir las características de bien, quién es su titular, qué gravámenes pesan sobre él y qué personas están involucradas. Los magistrados también deben subir fotos de cada bien para que la Corte sepa en qué estado se encuentran. A diferencia de la del Ministerio de Justicia, la base de la Corte es de carácter reservado.

Lo que hicieron los supremos, en la práctica, fue decirles a los jueces que a los únicos a quienes le debían obediencia era a ellos, no importaban las leyes o los decretos que habían ordenado la creación del otro registro. En una de las primeras reuniones en la Corte, Garavano le pidió a Lorenzetti que revisaran la coexistencia de los registros.

—No hay problema —le sonrió el entonces presidente supremo, pero en la cartera de Justicia no tuvieron novedades.

En febrero de 2018, con la nueva composición de la Corte, se creó una comisión judicial con los presidentes de las cámaras para monitorear el cumplimiento de la base de datos, y se dejó en claro que los bienes que no hayan sido devueltos y no puedan ser regresados a sus dueños deben entrar en las cuentas de la Corte. También se aprobó un nuevo reglamento que dice que los bienes pueden ser asignados para uso del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y también puede ser asignado provisoriamente en carácter de depositario judicial a entidades de bien público. El último punto es toda una novedad porque la Corte cambiaba una tendencia que la había hecho merecedora de muchas críticas. En 2013, la Corte le había dicho por segunda vez al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) que no destinaría el dinero resultante de la subasta del célebre petit hotel que María Julia Alsogaray tenía en Recoleta para el hospital pediátrico Juan P. Garrahan. El de la funcionaria menemista era el primer caso en el que se recuperaban activos de la corrupción. Pero en esa época la Corte no estaba tan pendiente de la agenda anticorrupción como lo estaría con la llegada de Macri a la presidencia.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich fue, en los últimos años, una de las funcionarias más activas a la hora de reclamarle a la Corte que le cediera parte de los vehículos secuestrados en operativos a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, lo hizo en una causa de narcotráfico que tramitó ante el juez Santiago Inchausti de Mar del Plata. La Corte aprovechó el pedido y le dio la razón a la ministra. Lo hacía, dijo, porque el narcotráfico requería «un renovado y mayor esfuerzo en la coordinación de las medidas que cada uno de los Poderes decida adoptar». Así, en esa oportunidad, Bullrich recibió 27 vehículos de parte de la Corte —que iban desde una Toyota Hilux hasta una moto Zanella.

En estos últimos años, la agencia estatal con la que más encontronazos tuvo la Corte fue la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). Según la Ley de Estupefacientes de 1989 (23.737), los bienes decomisados en causas de narcotráfico deben ser destinados a la lucha contra el tráfico ilegal de drogas y la rehabilitación de afectados por el consumo. De acuerdo al decreto que reglamentó la ley en 1991, los bienes deben ser entregados a la Sedronar. En 1993, la secretaría firmó un convenio con la Corte para acelerar los trámites y distribuirse en partes iguales lo producido por la venta de bienes decomisados, bienes económicos y multas. Sin embargo, pasaron veintiséis años y la Corte jamás hizo una subasta de bienes.

La Corte tiene en carpeta una subasta que es literalmente de novela. Se trata de los bienes que en 2016 ordenó decomisar el Tribunal Oral Federal 6 en la causa Menéndez Hugo y otros s/infracción ley 23.737. El nombre puede decir menos de lo que en realidad es. Se trata de una causa que se inició en 1999 contra el cártel de Juárez, una banda criminal mexicana dedicada al narcotráfico con ramificaciones en la Argentina. En los años noventa, después de la muerte de su competidor colombiano Pablo Escobar Gaviria, el grupo comandado por los hermanos Carrillo Fuentes se volvió la organización narco más poderosa del mundo. Los Carrillo Fuentes se convirtieron en una leyenda del crimen porque usaban unos Boeing a los que se les sacaba desde el fuselaje hasta los asientos para cargarlos con droga. A fines de la década de 1990, desembarcaron en el país para lavar parte del dinero ganado. Los bienes que adquirieron van desde un departamento en la Avenida Alvear, hasta un campo de 2.000 hectáreas en Mar Chiquita, una mansión en el barrio Los Troncos de Mar del Plata, pasando por objetos de lo más atípicos como un león embalsamado. En el mundo, la historia del cártel se popularizó a través de una serie, El Señor de los Cielos, producida por el canal estadounidense Telemundo, que ya emitió seis temporadas. La Corte administró estos bienes por casi veinte años, con algunos ribetes escandalosos —merecedores de algún capítulo de la novela: los supremos, a lo largo de los años, tuvieron que separar a varios de los administradores designados por la justicia porque ellos mismos estaban vinculados a la banda criminal mexicana.

14
Un presidente desnudo

Los jueces supremos, y la jueza suprema, acentuaron algunos de sus rasgos personales desde que quedó conformada la Corte con el diseño de Mauricio Macri. Algunos de ellos tienen apodos que los pintan.

A Juan Carlos Maqueda, a quien se le conocía un estilo conversador y de negociador avezado, acorde con su larga trayectoria en la política, empezaron a llamarlo «El demonio de Tasmania», un animal feroz cuando come, que de noche emite unos chillidos aterradores. La incomodidad de Maqueda desde que llegó Rosenkrantz a la Corte fue ostensible de entrada. En los últimos años se lo vio más irascible que nunca. Levanta la voz cuando le parece escuchar una insensatez, y ha protagonizado escenas a los gritos en actos protocolares. En la reunión con diputados y senadores que se hizo en el salón Gorostiaga para garantizar la transparencia del aparato de escuchas telefónicas, cuando todavía Lorenzetti presidía el tribunal, Maqueda le advirtió a un empleado de ceremonial: «No ponga el agua acá porque se va a caer… le digo que no la ponga acá…». Y el agua se volcó. Maqueda, que llevaba corbata verde y su melena de pelo largo de otro tiempo, engominada hacia atrás, empezó a gritar sin filtro. «¡No puede seeeeerrrr!», golpeó la mesa, y de pronto se cortó el murmullo que llenaba la espera del inicio de la reunión. En otro episodio, algo más íntimo, cuando el team supremo se dirigía en una camioneta a la Asamblea Legislativa de 2018, una manifestación que iba rumbo al Congreso se cruzó por el camino y la combi se atascó a metros de la llegada. «¡Te lo dije veinte millones de veces!», le dedicó alaridos al encargado de seguridad.

Ante ese tipo de situaciones u otras escenas de confrontación interna, interviene Rosatti, «el relajador», o el «chistoso» componedor, que lo que cuida en el fondo es el armado de alianzas estratégicas. Aún frente a aquellos con los que tiene la relación más tensa, pone cara de piedra, o incluso una sonrisa. A Rosenkrantz, que comenzó a convertirse en un disidente automático en todos los fallos, y que viaja seguido a Estados Unidos, le dice cosas tales como: «Carlos, mirá que las Malvinas son argentinas. No son inglesas, como ese amigo Kent que vos tenés», en alusión al embajador británico, Mark Kent, un personaje peculiar, fanático obsesivo del fútbol, con gran protagonismo en las redes sociales. Con sigilo, mientras hace gala de su perfil de escritor polifacético —entre sus últimos libros están Derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2003-2013) y también Cien años de multitud, la historia de Boca Juniors contada en cuatro tomos, y Ensayo sobre el prejuicio. Frankenstein o el rechazo a lo diferente—, Rosatti es un armador de jugadas de ajedrez en la Corte. Es el que mira con perspectiva; con su aplomo y el timing acertado para imponer decisiones se volvió cada vez más influyente.

A Lorenzetti lo siguen llamando «El Obispo», como le decía el periodista Horacio Verbitsky por los discursos que solía pronunciar cuando era presidente supremo, comparables a homilías, dirigidas a la corporación judicial, a la dirigencia política y a la sociedad, siempre con la capacidad de decirles a cada uno de ellos algo de lo que querían escuchar. Lo que sucede es que Lorenzetti quedó tan golpeado los primeros tiempos después de su desplazamiento dentro de la Corte, que empezó a buscar otros recursos para canalizar su sed discursiva y de liderazgo, a través de charlas en distintos ámbitos y de la publicación de artículos principalmente en Infobae, de su amigo Hadad. Algunos aparecen ilustrados con su foto hablando desde el estrado. Son columnas donde habla con frecuencia —de manera genérica— de temas sociales, como la pobreza y la vulnerabilidad de los niños, también la de los adultos mayores y su situación de soledad. Alguna se focaliza en la tecnología y los niños, y en otras teoriza sobre la polarización en procesos tanto sociales como políticos y sobre la falta de políticas en materia ambiental, que es su especialidad.

El ex presidente supremo desconfía de sus pares. A Elena Highton de Nolasco, que lo acompañó como vicepresidenta en todos sus mandatos, dejó de llamarla cariñosamente «Helen», como lo hacía. Un día, con un aire infantil, le dijo explícitamente que ya no la consideraba su amiga, como en otro tiempo. Sin embargo, tiempo después de su expulsión de la presidencia, empezó a acercarse a su viejo adversario, Rosatti, e intentar plasmar una alianza extensiva a Maqueda.

Highton es una mujer poco locuaz. Es capaz de reprender a alguien que recién conoce porque la tutea, pero delante de quienes tiene confianza, inclusive a veces sus colegas, no ahorra malas palabras. Pocas veces toma decisiones o posturas en los fallos en soledad. Su pregunta de rigor, que todos saben que de un momento a otro va a llegar es: «¿Y vos qué vas a votar?» Del corte abrupto que tuvo con Lorenzetti, pasó a tener un lugar privilegiado habilitado por Rosenkrantz, con aires de gratitud por haberlo apoyado. A poco de asumir la presidencia delegó en ella la facultad de conceder licencias y adscripciones que habilitan movimientos de personal dentro del sistema de justicia. Parece algo burocrático, pero es un instrumento de poder sobre los jueces y funcionarios. La hija de Highton, Elenita, empezó a hacer alarde cual representante de su madre: «Esto lo estamos manejando nosotros», avisaba a jueces y juezas amigos.

Elenita es una mujer sociable y encantadora. Por esos días, además, comenzaba a crecer el rumor de que estaba próxima a convertirse en una «supersecretaria», en un papel similar al que había tenido años antes Alfredo Kraut como colaborador de Lorenzetti. Ni siquiera llegó a concretarse la postulación, que frenó el trío peronista.

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Rosenkrantz se ganó el apodo de «El Emperador» por sus rasgos autoritarios. Y porque en cuanto tuvo el poder presidencial en sus manos intentó imponer decisiones en soledad.

Rosatti encaró a Rosenkrantz con algunas sugerencias apenas después de que lo votaran presidente supremo.

—Mirá, Carlos, vos tenés un problema. Sos la persona más cercana al gobierno. Tené cuidado, no sea cosa que esa cercanía nos complique a todos —le advirtió el santafesino.

—Quedate tranquilo —respondió el flamante titular supremo.

A los pocos días, Rosenkrantz nombraba como secretario letrado, dentro de la Secretaría de Desarrollo Institucional, a Juan Pablo Lahitou, quien hasta el día anterior había sido subprocurador del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) por debajo de Bernardo Saravia Frías, uno de los hombres de la mesa judicial de permanente consulta del presidente Macri, a la que Rosenkrantz se suma de tanto en tanto. Lahitou había asistido como representante estatal a una de las audiencias por la deuda millonaria del Correo Argentino, la empresa de los Macri, después de que la fiscal Gabriela Boquín denunciara que se había intentando beneficiar a la firma con un pacto que le licuaba su deuda de 4.000 millones de pesos en un 98,87 por ciento. El estudio de Saravia Frías había representado al Grupo Macri en otros asuntos judiciales.

En una web donde escribe sobre «Energía y Derecho Administrativo», Lahitou explicaba que desde el año 2016 se dedicaba exclusivamente a «asesorar al Estado Nacional» en esos dos asuntos. Decía que se formó en la Universidad de Dundee en Escocia y que hizo un máster en la Universidad Austral, pero además fue cofundador y editor del portal Todo sobre la Corte junto con Thury Cornejo, otro de los «Rosenkrantz boys» con quien ahora volvía a trabajar. La secretaría donde haría equipo nuevamente es la que se ocupa de las estrategias de comunicación de la Corte y del Centro de Información Judicial.

Aunque Lahitou fue nombrado el 12 de noviembre de 2018, en la Procuración del Tesoro se hablaba de su mudanza de la estructura del Poder Ejecutivo a la Corte desde una semana antes. Hubo una sugestiva concatenación de hechos que se produjeron en esos días, con el tribunal en el centro de la escena.

Por lo pronto, después de la consagración de Rosenkrantz como presidente supremo, en el Gobierno los funcionarios estaban exultantes y vivían el momento como una conquista, un avance en territorio que les había resultado más complejo de lo esperado. El ministro de Justicia, Germán Garavano, llamó por teléfono uno por uno a cada juez y a la jueza de la Corte para invitarlos a almorzar a la Casa Rosada con el presidente Mauricio Macri y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Según las versiones emanadas de algunos despachos supremos, la invitación incluía el anuncio de que estarían presentes los operadores judiciales, José Torello —jefe de asesores de la Presidencia— y Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, nexo con el Grupo Clarín, que llevó al nuevo presidente supremo a la Corte. Así planteada, la reunión era descabellada. Tres de los jueces no respondieron de inmediato al convite, pero ya sabían que su respuesta era «no, gracias», y luego se desató un intenso debate interno. El Ministerio de Justicia salió a decir que no existiría tal presencia de operadores judiciales.

La situación era problemática por donde se la mirara. Invitar a la Corte completa era una rareza sin precedentes, al menos en las últimas décadas. Pero, además, el Estado es parte en numerosos juicios en el máximo tribunal, y por su reglamentación interna los jueces no pueden reunirse con una sola de las partes sin convocar o notificar a la otra. Para peor, en ese momento, el Gobierno tenía interés en un tema concreto, y lo había hecho saber: fallos pendientes por ajustes de jubilaciones, donde se discutía qué índice se debía aplicar, que pudiera generarle un alto costo.

Rosatti, Lorenzetti y Maqueda hubieran preferido que no fuera nadie, pero al final admitieron mandar como representantes a Rosenkrantz y la vice, Highton, para que todo transcurriera de la manera más protocolar posible. Para ese entonces, ya los llamaban «la pareja oficialista». A ella le resulta un poco incómodo, pero era el costo de haberse quedado en la vicepresidencia cortesana junto a un juez afín a Macri, después de haber derrocado a su coequiper de años. Tal vez por eso, Highton intentó tomar la voz cantante durante el almuerzo en la Casa Rosada.

La foto de Presidencia de la Nación mostraba sonrientes, de un lado de la mesa, a Garavano y Peña, a Macri arqueando una ceja, a la jueza con una media sonrisa de quien afila las garras y a Rosenkrantz con cara de pánico y la mirada escondida en sus anteojos de marco negro.

Macri no eligió el mejor comienzo de conversación.

—La situación económica está difícil, y hay grandes dificultades en las provincias —dijo el Presidente. Era el modo de anticiparles a sus interlocutores que se venía un mangazo.

Les pidió, concretamente, que con el dinero de la Corte, que tiene una reserva de superávit producto de su estrategia de administración, pagara ella los aumentos salariales que debería abonar el Consejo de la Magistratura, que tenía sus cuentas en crisis. El comentario incrementó cierta sospecha que recorrió el alto tribunal cuando comenzó a dispararse el dólar, y era que el Gobierno les quitara los fondos propios, autogenerados.

—Eso no es posible, es plata de la Corte, y está destinada a edificios, obras y otras cuestiones. Ya le hemos prestado al Consejo (hablaba de 3.800 millones) y no la devolvió. La plata tiene que venir, como siempre, del Tesoro de la Nación —rechazó Highton, sin vueltas.

En su «informe de gestión», al dejar la presidencia, Lorenzetti mostró que el tribunal tiene ahorros por 26.000 millones de pesos y un superávit de 16.000 millones. Con sus recursos, donde acumula las tasas de justicia —el costo de los recursos extraordinarios, entre otras cosas—, se generó un fondo anticíclico —para garantizar el funcionamiento del tribunal y resistir ciclos económicos— que está en plazos fijos en el Banco Ciudad y el Banco Nación. Sobre ese fondo, Elisa Carrió había tejido suspicacias y lo incluyó en uno de sus pedidos de juicio político.

Sin ninguna sutileza, Macri dijo también que si la Corte fallaba contra el gobierno en las sentencias pendientes sobre jubilaciones, iba a generar un desastre para la economía. El comentario podía leerse como una presión lisa y llana.

El temario incluyó también la situación salarial de los jueces, las diferencias con los jueces del interior, y la aplicación en veremos del Impuesto a las Ganancias a miembros del Poder Judicial.

Después del almuerzo y por su magra cosecha, Rosenkrantz estrenó un nuevo apodo que corrió como pólvora en el Palacio. «Paladino», le decían divertidos los supremos más conocedores de la liturgia peronista. Jorge Daniel Paladino era el delegado de Juan Perón cuando estaba en el exilio, pero, por su proximidad con el gobierno militar, el ala izquierda del peronismo empezó a llamarlo el «delegado de (Alejandro Agustín) Lanusse ante Perón». Sugerían que habían mandado a Rosenkrantz en representación de la Corte, pero había vuelto con un pliego de condiciones del Gobierno.

Pronto la fantasía macrista de que podían dominar la Corte se empezó a desmoronar. El mismo día del banquete en la Rosada, el trío Lorenzetti-Rosatti-Maqueda firmó un fallo que obligaba a devolverle a la provincia de La Pampa el 15 por ciento de coparticipación, del mismo modo que había hecho con San Luis, Córdoba y Santa Fe, justo cuando estaba por asumir Macri. Rosenkrantz está excusado en todos los casos de ese tipo porque actuó en el expediente de Santa Fe. El día posalmuerzo, según contó el periodista Carlos Pagni en La Nación, hubo una cumbre entre Garavano, Rodríguez Simón, Saravia Frías y el «lilito» Fernando Sánchez. Se juntaron para prever estrategias. Después empezó el operativo para que Rosenkrantz nombrara a Lahitou.

Junto con Lahitou fue nombrada, en la Dirección de Comunicación, Cecilia Westerdahl, que venía del estudio de abogados Marval-O’Farrell-Mairal, que litiga para gran parte del mundo empresario.

Con el festival de nombramientos de Rosenkrantz, la humorada de esos días decía que la oficina de Recursos Humanos, de ahora en más se llamaba «Dirección de Talentos». Otro de los funcionarios que el supremo se trajo del Gobierno venía de la DGI, Mariano Braccia. El día que fue a hacer los trámites para su contratación en la Corte, sorprendió al personal:

—No quiero esta obra social del Poder Judicial, es pésima —lo escucharon decir.

—Tiene que ir acá a dos cuadras y renunciar —le respondió una empleada sin perder la sonrisa.

—No voy a ir a ningún lugar, no es posible —insistió Braccia. E hizo su entrada triunfal a la Corte anunciando que le pediría un «cadete» al ministro Rosenkrantz para que le hiciera el trámite.

Había otro nombre dando vueltas entre las designaciones que quería hacer el presidente supremo: Melisa Mertehikian, hija del abogado Eduardo Mertehikian, un conocido administrativista. Mertehikian padre litiga contra la propia Corte Suprema por un asunto de lo más delicado. En la época en que todavía vivía Carmen Argibay, el tribunal había encarado la construcción de una nueva Morgue Judicial en Retiro. El proyecto comenzó en 2007 pero recién en 2013 se llamó a licitación para la obra, para lo que se previó un presupuesto de 530 millones de pesos, que luego ascendieron a 753 millones. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria estaba conformada por Corsan Corviam Construcción S.A. (del grupo Isolux) y Teximco S.A. II. Cuando empezaron con los trabajos preliminares en diciembre de 2014, las topadoras se encontraron con un caño maestro de Aysa. No se habían hecho estudios del terreno ni de impacto ambiental. Para ese entonces ya se había pagado el anticipo de obra cercano a los 71 millones de pesos. Con todos los imprevistos, el grupo de empresas reclamó y elevó el valor de la obra a 1.799 millones de pesos. La obra comenzó a demorarse. Se estaba por emitir un pago de 10 millones de pesos, cuando Rosatti advirtió al resto que una de las firmas de la UTE tenía la quiebra decretada en España por denuncias de corrupción. Isolux, además, era una de las firmas que luego quedaron implicadas en la «causa de los cuadernos».

Al final, le notificaron al consorcio de empresas que la obra no se haría. La resolución con la rescisión del contrato salió el 26 de junio de 2018 con las firmas de los cinco ministros. La hija del abogado que le reclama ahora a la Corte que les pague a los empresarios, tampoco consiguió su contrato con el tribunal.

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En sus primeros tiempos de emperador supremo, para humillar a Lorenzetti, Rosenkrantz planteó que así como había cambiado la ubicación de todos los integrantes del tribunal en la sala de acuerdos, también debía cambiar cuando se sentaran en la sala de audiencias, ese amplio recinto del cuarto piso de tribunales que parece una iglesia, con un enorme cruz con un Cristo en uno de los extremos, detrás de donde se sientan los cortesanos en sillas de altos respaldos y donde suelen celebrarse las audiencias públicas o actos, como los juramentos. «Creo que corresponde que yo me quede donde estuve siempre», se adelantó Highton de Nolasco que, en efecto, seguía ocupando la vicepresidencia. «Y vos Ricardo, a la punta», le señalaron al ex presidente. Rosatti, a quien le tocaba el otro extremo, dijo y despertó sonrisas: «Nosotros jugamos de wing derecho y de wing izquierdo».

En sus diálogos amigables con Rosatti, apenas estrenaba cargo, Rosenkrantz le dijo que quería auditar la Dirección de Administración, a cargo de Héctor Daniel Marchi, aliado, socio y amigo de Lorenzetti desde los años de Rafaela, donde compartieron un emprendimiento en medios de comunicación y asesoraban a sindicatos en problemas legales. En la Corte se convirtió en alguien con poder en el reparto de contratos, dinero y bienes incautados, a menudo usados como prebendas a cambio de favores. El nuevo jefe supremo quería revisar qué se había hecho con el dinero de la Corte y cuáles fueron los mecanismos de control. Tenía cierta lógica hacer esa revisión frente a una nueva etapa. A priori, a Rosatti no le pareció mala idea. Mencionó ante sus colegas la incongruencia de que el Departamento de Auditoría dependiera de la Dirección a cargo de Marchi, porque de ese modo el controlado es jefe del controlador. Pero, en principio, ninguno de sus pares quería hacer cambios en esa estructura.

Durante los seis años que le llevó graduarse como contador, Marchi también jugaba al fútbol en Sportivo Norte. Luego tejió vínculos con el peronismo de Santa Fe y trabajó en la municipalidad de Rafaela durante la intendencia de, Ricardo Peirone. Más tarde fue secretario de Hacienda del gobierno de Jorge Obeid, aunque no le gustaba ir a la ciudad de Santa Fe. Nunca dejó de soñar con ser, algún día, ministro de Economía. El dúo Lorenzetti-Marchi coleccionó denuncias penales, por lo general fogoneadas por Elisa Carrió. También fueron investigados por la AFIP, y acusaron al kirchnerismo de perseguirlos. Hubo una denuncia puntual, presentada por Paula Oliveto, hermanada con Carrió, que decía que, desde el año 2008, Lorenzetti había generado mecanismos, a sus entender dudosos, para concentrar y controlar los recursos judiciales, y generar el famoso superávit del cual el tribunal se enorgullece, pero temió que le fuera arrebatado por el gobierno de Macri en plena crisis. El fiscal Federico Delgado intentó impulsar la investigación, pero el juez Luis Rodríguez cerró la causa, y su esposa consiguió un cargo en la Corte en Dirección General de Bibliotecas.

El 13 de enero de 2016, Carrió y su mano derecha, Fernando Sánchez, presentaron una denuncia contra Lorenzetti y Marchi por enriquecimiento ilícito. Lo hicieron con información que había aportado la AFIP en una causa anterior y que a los dirigentes de la Coalición Cívica les había llegado supuestamente en un sobre cerrado. La denuncia recayó en el juzgado de Sebastián Ramos. La causa fue archivada por inexistencia de delito. El fiscal Gerardo Pollicita no impulsó la acción —aunque se deshizo en explicaciones ante un enviado de Carrió. Envalentonado con el resultado de la causa en Comodoro Py, Marchi presentó una acción civil a Carrió y a Sánchez. Los acusó de haberle iniciado una causa a sabiendas de que la AFIP ya había declarado que no había irregularidades en su situación patrimonial y de haber montado una operación de prensa en su contra. La diputada y el actual funcionario de la Jefatura de Gabinete invocaron sus fueros para ampararse frente a la demanda del administrador de la Corte, pero en diciembre de 2018 la Sala B de la Cámara Civil les dio la espalda. El argumento de los jueces fue que Carrió y Sánchez habían ido más allá de la inmunidad parlamentaria que les confiere la Constitución al recurrir a otro poder del Estado, la Justicia, a denunciar penalmente a Marchi. La causa está en la propia Corte desde mayo de 2019.

—Marchi no puede administrar ni una fiambrería —diagnosticó Rosenkrantz ante secretarios y pares.

Preparó un borrador de propuesta de auditoría de la administración y lo llevó al plenario con gran entusiasmo y con aires de promotor de cambios. Pero se topó con un vacío que lo tomó por sorpresa.

—No es el momento —lo cortó en seco Rosatti, a quien creía su aliado en este asunto. Y el resto guardó un silencio cómplice.

Rosenkrantz también quería auditar la Dajudeco, donde se hacen las escuchas telefónicas y las investigaciones. Le encomendó a su secretario Morgenstern un informe sobre la designación dudosa de su anterior jefe, Irurzun, de cuyo sorteo el joven penalista no encontró evidencias, y a Valentín Thury Cornejo una evaluación general del organismo. Pero corrió todo por cuenta del propio supremo, ya que el resto quería hacer tiempo.

Las cruzadas solitarias de Rosenkrantz, las designaciones en su círculo de confianza de funcionarios del Poder Ejecutivo y del mundo empresarial, su falta de diálogo con el resto de la Corte y las sospechas crecientes de que el Gobierno estaba recibiendo filtraciones anticipadas de la marcha de algunas decisiones, desataron un profundo malestar y clima de constantes sospechas internas.

A Ricardo Lorenzetti, que a esa altura acumulaba toneladas de rencor, se le ocurrió proponer un cambio de funcionamiento: que de ahí en adelante cualquier ministro pudiera, con su sola firma, suscribir los contratos de quien quisiera y tomar decisiones administrativas. Rosenkrantz enfureció e intentó una nueva batalla directamente por echar a Marchi y designar a alguien de su confianza. Lorenzetti escribió un borrador con su idea y lo firmaron Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

Rosatti se opuso. Una de sus frases de cabecera, que repite a menudo ante sus compañeros con espíritu docente, es que la Corte es un órgano colegiado y por eso «la partitura se escribe entre todos». Su propuesta fue, en esa línea, que las decisiones presupuestarias, administrativas, licencias, sanciones internas y nombramientos requirieran la firma de tres de los miembros del tribunal. El planteo era que se trata de decisiones que no pueden ser unipersonales y deben ser fruto de una deliberación, tomadas por mayoría. El debate sobre este asunto se extendió durante tres semanas. Rosenkrantz apareció con una contrapropuesta y dijo que admitía el requisito de las tres firmas si y solo si incluía a la del presidente de la Corte como obligatoria, o sea, la suya. Los demás le respondieron con la ya clásica estrategia del silencio.

La propuesta de las tres firmas comenzó a imponerse y lograr consenso en el trío «peronista». Una primera versión revelaba uno de los puntos clave de fondo: señalaba de manera explícita el respaldo al administrador Marchi, con su nombre y apellido, a quien Rosenkrantz quería echar. Ese texto incluía la firma de Highton, pero de pronto la tachó.

En pleno alboroto, la jueza le contó a sus colaboradores más cercanos y al ministro Garavano que Lorenzetti la había presionado y amenazado con apoyar las recusaciones presentadas en su contra y las que amagaban con formular los gobernadores por su supuesta cercanía al Gobierno que, por cierto, había facilitado su permanencia en el tribunal después de la edad jubilatoria. En la Corte el episodio llegó a oídos de todos los supremos, que lo confirmaron, pero nadie lo denunció formalmente. El quiebre entre Highton y Lorenzetti era total.

A unos pocos, la jueza les dijo después que había firmado pensando que la propuesta era íntegramente de Rosatti, pero luego interpretó que también había «una maquinación de Lorenzetti». La versión oficial que finalmente ofreció fue que no estaba de acuerdo con la formulación y le veía problemas técnicos.

Fueron días frenéticos con intercambios subidos de tono entre los supremos.

—En tu época de presidente, vos firmabas los nombramientos y tomabas las decisiones por tu cuenta. Esto no lo puedo tolerar —le facturó Rosenkrantz a Lorenzetti.

—Sí, pero vos para ser presidente planteaste que querías un cambio y mayor participación de todos en la toma de decisiones, y no estaría siendo el caso —retrucó el supremo desplazado.

La acordada final, que recortaba de manera inédita las facultades del presidente de la Corte y lo dejaba en soledad, ni siquiera mereció la convocatoria a un acuerdo. Fue publicada directamente, con las firmas de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Ellos argumentaban que Rosenkrantz venía incumpliendo compromisos asumidos, como procurar un manejo menos personalista, y hacer más participativa y transparente la toma de decisiones. El texto eliminó la referencia expresa a Marchi.

La mayoría recordó que, en 1961, la Corte reconoció funciones de superintendencia a la presidencia suprema y en 1990 delegó en ella decisiones administrativas clave. Pero a la vez recuerda que la Constitución Nacional en su artículo 113 se refiere a que el alto tribunal dicta su reglamento y nombra sus empleados con una alusión a «la participación de todos los jueces» en el gobierno del tribunal. Se refiere a que la Corte toma estas decisiones «en su conjunto», es decir, entre todos. según el espíritu colegiado que reivindicaba Rosatti. «Con el objeto de afianzar la participación y profundizar el consenso en la adopción de sus decisiones, el tribunal considera oportuno retomar el ejercicio de las aludidas competencias delegadas en materia de superintendencia y sujetarlas al principio de la mayoría».

Rosenkrantz presentó una disidencia. «No son legalmente admisibles reglas de funcionamiento en las que uno o más ministros adopten, sin el concurso de la voluntad del presidente, decisiones que impliquen disposiciones del crédito presupuestario», sostuvo. Luego echó a rodar la versión de que evaluaba presentar una denuncia judicial. Al final, no lo hizo.

La mayoría incluyó una frase en la que anunciaba que «ratifica su política presupuestaria, económica y financiera» basada en «criterios de responsabilidad fiscal aplicada por esa Corte» y en particular el famoso «fondo anticíclico» generado por Lorenzetti y Marchi, a modo de ahorros en plazos fijos. Así, el trío dinámico peronista ratificó al administrador sin nombrarlo. Un mensaje dirigido al presidente supremo y al Gobierno, que esperaba cambios en las políticas presupuestarias y económicas.

Poco tiempo después, Lorenzetti intentó reconciliarse con Highton de Nolasco. Pasó por su despacho y le dejó un libro de regalo. Uno que escribió él mismo junto con su hijo Pablo. Derecho ambiental, se llama. No estaba especialmente elegido para ella, pero tenía dedicatoria: «Para la doctora Highton afectuosamente». Nada de Elena ni Helen, lejos del calor de la amistad cultivada durante más de una década.

***

El 19 de marzo de 2019, Rosenkrantz tuvo que dar su primer discurso de apertura del año judicial como presidente de la Corte. El ex rector de la Universidad San Andrés llegó con gesto plácido, vistiendo un traje gris oscuro y una corbata azul y cargando una carpeta con las siete hojas que expondría. Del contenido de ese material solo había charlado con sus colaboradores, había omitido comentarlo con los otros supremos. Hablaría de la «crisis de legitimidad» del Poder Judicial y desparramaría críticas a jueces y juezas.

Al final del acto, hubo palmadas entre los supremos y una rápida retirada. Sonrisas en público y críticas por lo bajo. Le recriminaban que no había nombrado ni una sola vez la frase independencia judicial y que no hubiese tenido el buen gusto de adelantarles de qué iba a hablar. El malestar llegó hasta el siguiente acuerdo. Juan Carlos Maqueda, con su demonio de Tasmania interior a flor de piel, se hizo cargo de encarar al presidente del tribunal en nombre de la llamada «mayoría peronista».

—Mirá, Carlos, la verdad es que no nos gustó nada —le dijo Maqueda en la reunión.

Rosenkrantz miró a sus colegas con gesto impávido y trató de contentarlos:

—Lo voy a tener en cuenta para la próxima vez.

—Un presidente de la Corte no puede decir que el Poder Judicial no tiene legitimidad. No podés hablar así de la judicatura. A nosotros no nos representa —reforzó Maqueda con vehemencia.

—No, Carlos. Esto trae consecuencias y las consecuencias son estas —estalló Lorenzetti mientras hacía flamear, con gesto heroico, un papel con una nueva acordada que habían pergeñado junto a Rosatti y Maqueda.

La acordada 5/2019 sacaba al Centro de Información Judicial (CIJ) de la órbita de la presidencia y lo ponía en la responsabilidad del pleno. El CIJ había sido, casualmente, el primer objeto de disputa pública entre Lorenzetti y Rosenkrantz. La otra decisión que el trío había tomado era que ya no iba a ser Ariel Neuman su director sino Pablo Méndez, un hombre directamente ligado a Lorenzetti.

A decir verdad, Pablo Méndez es la mano derecha de María Bourdin. Entre los dos armaron la estructura del CIJ. Habían trabajado en la web «Iprofesional», del grupo de Daniel Hadad, y Bourdin lo llevó a trabajar con ella en 2008, cuando Lorenzetti la convocó para hacerse cargo de la comunicación de la Corte. Mientras Bourdin se encargaba del trabajo más político de salir a convencer jueces de las bondades de publicar en la web sus sentencias, Méndez se ocupaba del desarrollo más técnico. Cultor de un perfil bajísimo, el nuevo director del CIJ llegó al periodismo después de terminar la carrera de abogacía en la Universidad Católica de Cuyo en 2001. Se convenció de viajar a Buenos Aires para cursar la maestría que ofrece el diario La Nación junto a la Universidad Torcuato Di Tella. Alternó entre el Grupo Hadad y el Ministerio de Economía antes de entrar a la Corte.

La relación de Méndez con Rosenkrantz no había sido justamente armoniosa desde que el juez se había hecho cargo de la presidencia del tribunal. En realidad, Rosenkrantz quería que fuera el periodista el que se hiciera cargo de la transición cuando desplazara a Bourdin de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, pero Méndez rechazó la propuesta. El segundo encontronazo había sido cuando el supremo mandó a Neuman a pedir las claves del CIJ para subir la cobertura del J20, Méndez se negó y Rosenkrantz quiso sumariarlo.

A Rosenkrantz la furia contra Méndez le duró hasta el acuerdo siguiente, que les pidió a sus colegas castigar al abogado.

—Nosotros no estamos para perseguir a la gente —lo paró en seco Rosatti, que salvó a Méndez del sumario.

Un día después de la acordada que sacaba al CIJ de los dominios de Rosenkrantz, Neuman atravesó el patio de honor de la Corte hasta el despacho de Méndez en la otra ala del cuarto piso del Palacio. Fue a entregarle las claves. La guerra del Token, como en la vocalía de Rosenkrantz se referían al episodio de las claves del CIJ, había terminado.

Apenas habían pasado seis meses de la elección de Rosenkrantz como presidente, que ya algunos de sus colegas le habían quitado una gran cuota de poder. Lo dejaron solo en el trono, con las manos atadas. Las acordadas 44/2018 y 5/2019 marcaron un antes y un después.

Los más viejos cortesanos no estaban acostumbrados a las zancadillas. De pronto todos tuvieron que poner la guardia en alto. Se inició una etapa donde ya nadie confiaba en nadie.

15
Causas armadas

En sus días como ministro de Justicia de Néstor Kirchner, en enero de 2005, Horacio Rosatti hizo un viaje a Miami. No acostumbra salir seguido del país, pero esa vez se celebraba en Coral Gables la Tercera Conferencia Anual sobre Arbitraje Internacional, donde iba dispuesto a cuestionar la estructura del sistema de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, más conocido como CIADI. Se trata de una institución del Banco Mundial donde se dirimen pleitos internacionales, y que en la Argentina ganó protagonismo después de 2001, ya que con devaluación y la pesificación de los contratos, las multinacionales empezaron a reclamar las diferencias al Estado, que en ese momento arrastraba 30 juicios de empresas, en su mayoría privatizadas. Rosatti se había convertido en un experto en el tema ya en su cargo anterior de procurador del Tesoro.

Durante aquella escapada con fines laborales, se infló de orgullo cuando, a metros del mar Caribe, se enteró de que había periodistas que hablaban de «la doctrina Rosatti» con elogios a su manejo de estos juicios, que brotaban como hongos y podían acarrear graves consecuencias económicas para el país.

—Y después de esto, ¿cuál es tu máxima aspiración? —le preguntó alguien de mucha confianza de su equipo. Rosatti degustaba lo que llama en broma una «bebida blanca», agua, casi lo único que toma. Su interlocutor, saboreaba un trago cargado de alcohol.

—Y, la verdad… quisiera algún día ser juez de la Corte —confesó. El paisaje tropical invitaba a hablar de fantasías y cosas bellas.

Lo que no imaginaba Rosatti en ese entonces era que quince años después reviviría el recuerdo de ese viaje siendo juez supremo, pero que vendría con sabor amargo.

En abril de 2019 un ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia declaró ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que al menos dos ministros de la Corte Suprema habían sido blancos de tareas de espionaje ilegal. Uno de ellos, según relató el ex espía, que se llama Rolando Barreiro, era Rosatti. El otro, el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz. De acuerdo a su declaración, vaga en algunos aspectos, les habían investigado los viajes. Lo mismo había ocurrido respecto del ex socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat. Los supremos quedaron perplejos. Hasta entonces, sospechaban sobre maniobras de espionaje, pero las relacionaban con el aparato que depende de la propia Corte.

La impactante noticia venía en el contexto de una investigación que no paraba de crecer desde la primera denuncia, presentada por un empresario agropecuario llamado Pedro Etchebest, a comienzos de febrero de 2019. Etchebest había revelado cómo había sido extorsionado por parte de un excéntrico personaje llamado Marcelo D’Alessio, que hasta unos días antes era consultado como referente en asuntos de narcotráfico en programas de televisión, radio y medios gráficos. Le pedía 300.000 dólares para asegurarle que no tendría problemas en la «causa de los cuadernos» y le decía que lo arreglarían con el fiscal federal del caso, Carlos Stornelli. Etchebest no tenía ninguna vinculación con ese expediente, pero D’Alessio le quiso hacer creer que un ex funcionario de la Oficina Nacional de Control Agropecuario (Oncca), Juan Manuel Campillo, lo había comprometido en su indagatoria. Hasta le propuso viajar a Pinamar donde verían a Stornelli para hacer un arreglo.

Era pleno verano y el fiscal siempre veranea allí. El empresario advirtió lo que estaba pasando, consultó a su abogado y grabó la conversación con D’Alessio durante todo el viaje a la costa. En Pinamar, en el balneario CR, apenas le estrechó la mano a Stornelli. D’Alessio, en cambio, pasó más de tres horas sentado en una mesa del bar playero con el fiscal y volvió con anotaciones que incluían el monto exigido y referencias a otras «operaciones» que parecían orientadas a perjudicar a otras personas.

D’Alessio solía presentarse como hombre de la DEA (Drug Enforcement Administration) y la NSA (National Security Agency) de Estados Unidos y era conocido en el ámbito de los medios donde muchos periodistas lo tomaban como fuente de información. Cuando Ramos Padilla allanó su casa en el country Saint Thomas, en Canning, y secuestró sus computadoras y celulares, se abrió una caja de pandora. D’Alessio fue detenido, dijo que respondía a dos ex policías, Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, este último ex agente de la AFI, que también terminaron presos, Más adelante fue arrestado Barreiro, el ex agente que había hablado del supuesto espionaje a los supremos.

El análisis del material empezó a mostrar que el caso de Etchebest no era aislado, pero que también había modalidades diversas de acción: desde aprietes por plata, operaciones políticas hasta la manipulación de causas judiciales. Además, algunos protagonistas se repetían, Stornelli inclusive, y otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, fue imputado por darle a D’Alessio informes de Migraciones sobre ciertas personas así como sus registros de llamadas telefónicas. Pronto empezaron a aparecer nombres del Gobierno y el oficialismo, supuestamente vinculados a operaciones de D’Alessio, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y las diputadas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto, entre otros. En la Casa Rosada irrumpió una ola de nerviosismo.

El juez Ramos Padilla hizo descripciones didácticas en los primeros procesamientos que dictó, para explicar lo que veía y su gravedad: «Una organización criminal dedicada a realizar múltiples tareas vinculadas al espionaje, que incluyeron investigaciones ilegales, extorsiones, “ablandes”, “puestas en pánico”, “aprietes”, “carpetazos”, “falsas denuncias”, entre otros modos de coacción e intimidación, todo ello con fines económicos y políticos». «Las dimensiones, vínculos integrantes y usuarios aún no se encuentran completos, pero a esta altura está claro que la organización tenía fuertes vínculos con agencias estatales, funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, abogados y periodistas cuyo grado de responsabilidad habrá que analizar en la medida que avance la investigación», afirmaba también. «La organización que se desarrollaba especialmente en los ámbitos judicial, político, empresarial y periodístico se verificó en diversos lugares del territorio nacional e internacional».

La vinculación de D’Alessio con diferentes agentes de la Justicia y el Ministerio Público Fiscal reveló que se movía en tareas de Inteligencia ligadas a expedientes judiciales sin tener facultades para eso. Una de las víctimas, el empresario Gonzalo Brusa Dovat, fue presionado por D’Alessio hasta lograr que fuera a declarar a la fiscalía de Stornelli sobre supuesto lavado de activos de la filial argentina de la petrolera venezolana PDVSA con el refuerzo de una nota en el diario Clarín. El caso es bien ilustrativo, porque D’Alessio estaba en la fiscalía mientras declaraba, lo filmó, y le mandó el video a Etchebest para hacer gala de su poder. A la vez, la pesquisa detectó que a dos abogados defensores de la «causa de los cuadernos» que habían hecho referencia a aprietes de la fiscalía de Stornelli para que los detenidos aceptaran el papel de «arrepentidos» y acusaran a otros —en especial, a Cristina Fernández de Kirchner—, se les intentaron hacer cámaras ocultas para luego abrirles una causa penal; el empresario petrolero Mario Cifuentes denunció que D’Alessio lo amenazó y extorsionó porque querían sacarle su empresa OPS, cuando peleaba por su supervivencia; Pablo Barreiro, ex secretario de la ex presidenta, también fue extorsionado para que «cantara» en el caso «cuadernos», evitara quedar preso y consiguiera la libertad de su padre, Ricardo. En los archivos informáticos de D’Alessio aparecieron carpetas con registros de Migraciones y de llamadas telefónicas de hombres del radicalismo de Corrientes, incluido el ex gobernador Ricardo Colombi, material que era ofrecido a sus contrincantes en época electoral.

El propio fiscal Stornelli fue imputado por espiar a Jorge Castañón, el ex marido de su actual esposa, Florencia Antonini Modet. D’Alessio le sugería plantarle droga para generarle un problema judicial. Hasta aquí, solo algunos ejemplos.

Lo revelador de la investigación judicial a cargo de Ramos Padilla era que por primera vez quedaba a la vista de manera brutal el mecanismo de armado de causas e investigaciones falsas o forzadas con fines políticos y/o económicos y la complicidad de distintos ámbitos, incluso estatales. Como aparecían expuestos cada vez más nombres de Cambiemos, el Gobierno comenzó a atacar al juez e impulsó su juicio político con el argumento de que se excedió al asistir a la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso a explicar algunos rasgos elementales de tan trascendente causa, a lo que se sumaron las iniciativas para quitarle el expediente y llevarlo a Comodoro Py, donde algunos de los imputados se sentirían más protegidos.

***

Los supremos, todavía antes de enterarse de la parte del espionaje que les tocaba, contemplaron el tema con preocupación. No solo ponía en cuestión agencias gubernamentales, sino a actores del sistema de justicia. Pero en especial quedaba en tela de juicio la veracidad o las bases de causas judiciales, algo que denunciaban desde tiempo antes abogados de opositores políticos. La Corte había apañado todo esto. Algunos supremos con más conciencia que otros.

En plena ebullición de la causa a su cargo, el juez Ramos Padilla le reclamó lo que le había pedido hacía tiempo: dos contratos para incorporar personal, un auto y algún ordenanza. Durante la presidencia de Lorenzetti, solo él podía decidir si aprobaba ese tipo de pedidos, y los dejaba sujetos a intercambios de favores.

—Lo mismo que se hizo con el juez Bonadío, a quien se le dieron contratos, hay que hacerlo con todos —advirtió Rosatti en un plenario donde pidió tratar específicamente el pedido de Ramos Padilla, aunque sugirió normalizar la situación de todos los que estaban pendientes de otros juzgados. De todos modos, el contraste planteado con el juez de Comodoro Py que a esa altura ya había procesado ocho veces a Cristina Fernández de Kirchner, era obvio.

El comentario invitó a que algunos supremos empezaran a confesar por primera vez sus dudas acerca de la solvencia de la «causa de los cuadernos», que el chofer Oscar Centeno del Ministerio de Planificación dijo que escribió —con detalles de pagos ilegales en la obra pública—, se los dio a un conocido, que a la vez se los entregó a un periodista del diario La Nación, y terminaron quemados en la parrilla del propio remisero. Eso impidió peritar los originales. Bonadío y Stornelli basaron el esqueleto del expediente en relatos de «arrepentidos» desesperados por recuperar la libertad. Lorenzetti, amigo de Bonadío, que le había dado un respaldo contundente, miraba para otro lado.

En esa y otras conversaciones posteriores, los supremos se lanzaron a criticar la actitud del fiscal Stornelli, que ya había faltado a cuatro citaciones a indagatoria del juzgado de Ramos Padilla y de esa manera evitaba un procesamiento. Algunos se referían a él como «un pícaro». Otros veían una contribución al desprestigio judicial.

El mismo Rosatti, en medio del alboroto mediático por la situación del fiscal federal, dijo ante una pregunta del periodista Edi Zunino, en su programa El Barro, qué haría si él recibiera una citación judicial como testigo o imputado: «Me presento porque es mi obligación. En este cargo uno tiene que dar el ejemplo». «Son las reglas, si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete», proclamó. La alusión al fiscal no necesitaba traducción. En el video de la entrevista se ve un enorme reloj de arena que Rosatti tiene en su despacho, sobre el escritorio, que dura 25 minutos.

El 19 de marzo, después de que Rosenkrantz hiciera su discurso de apertura del año judicial con críticas a los jueces y juezas en general por la falta de legitimidad y credibilidad del sistema, el trío peronista le mandó decir que lo esperaban después del acto en el Salón de Embajadores, que está pegado a la Sala de Acuerdos pero se suele utilizar para reuniones protocolares. Ahí, sin preámbulos, de parados, acorralaron al presidente supremo para que firmara una autorización para otorgarle a Ramos Padilla un auto y dos contratos. Lorenzetti llevaba la resolución en la mano, redactada por el administrador Héctor Daniel Marchi.

—Subite, no te quedes afuera, conducí —lo apuró Rosatti. En el acuerdo anterior, Rosenkrantz se había mostrado vacilante en relación al tema.

La Corte difundió con ímpetu la noticia de que le daban al juez de Dolores lo que reclamaba. Era una señal nítida y potente de respaldo, un día después de que el Gobierno saliera a denunciarlo, y mientras la Coalición Cívica intentaba generar una «contra-causa» en Comodoro Py, con la teoría de que la investigación sobre espionaje era un armado del kirchnerismo.

La causa de Ramos Padilla los sorprendería unos días después, cuando el ex espía Barreiro habló de la recolección de información acerca de Rosatti y Rosenkrantz, durante su indagatoria. Lo contó así: «Un día voy a la casa de D’Alessio para plantearle un tema vinculado a la seguridad del country —en alusión al lugar donde vivía D’Alessio— a lo cual él estaba con una computadora trabajando y empezó a hacer alarde diciendo algo así como: “Va a haber un quilombo bárbaro, no entiendo este tipo cuándo viaja tanto a Panamá” y esas cosas. Y me dice: “¿Vos podés creer que Rosenkrantz y el tal Rosatti —que son los nuevos creo jefes (sic) de la Corte Suprema o algo así— y me siguió diciendo: “Va a haber un quilombo bárbaro porque no van a poder explicar tantas entradas y salidas a Panamá y Miami”. Como que sabía los viajes de los tipos y nombró: “Ya con el quilombo de los Panamá Papers era un desastre” y cosas así, como que lo que él estaba viendo era eso».

En el allanamiento en la casa de D’Alessio fue hallado un listado de todos los viajes al exterior de Gabriel Bouzat, el ex socio de Rosenkrantz en su estudio de abogados hasta antes de ingresar a la Corte. Cuando fue citado a declarar como testigo, dijo que los viajes eran ciertos. Los destinos incluían Estados Unidos, Perú, Chile, Italia, Brasil, Gran Bretaña, Uruguay, Alemania, China y Cuba, entre otros. En Panamá dijo que solo estuvo en tránsito hacia otro destino, al igual que en Dubai. Declaró que en algunos de esos viajes, como los que incluían escalas en Panamá, coincidió con Rosenkrantz porque «estaban motivados por invitaciones a seminarios de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale», de donde el supremo es egresado. Puso como ejemplo un seminario en Cuba en 2016.

Cuando Rosenkrantz se enteró de que su nombre estaba en la causa como uno de los posibles blancos de espionaje, dejó trascender que evaluaba presentarse como presunta víctima. Pero, además, comenzó a atar cabos con aquella situación en la que alguien le había mostrado transcripciones de conversaciones de otro supremo sobre él, y deslizó a periodistas y personas de confianza que no descartaba una relación de su colega con la «banda de D’Alessio».

Después de haber sido expulsado de la presidencia, Lorenzetti pasó una larga temporada de duelo, pero ya para la época en la que salieron a la luz las revelaciones sobre el espionaje investigado y recibía el chusmerío que brotaba desde el despacho de Rosenkrantz, estaba en pleno reacomodamiento. Un dato que descubrió a su favor fue que Ramos Padilla blanqueó en una resolución que Carrió —enemiga número uno y denunciante crónica de Lorenzetti— era una de las personas a las que investigaba, ya que se repetían relatos en la causa que la asociaban a «operaciones» desplegadas por D’Alessio.

Eso explica que, en el mismo juego de intrigas, Lorenzetti pusiera a circular versiones —que no hizo explícitas en primera persona y públicamente— de que sospechaba que en realidad la organización de D’Alessio lo había investigado a él. Hasta ese momento, al menos, su nombre no figuraba en el expediente judicial.

La Corte, entretanto, mandó —con éxito— numerosas e insistentes señales a la Cámara Federal de Mar del Plata para que la investigación quedara en manos de Ramos Padilla y no fuera enviada a Comodoro Py, como querían Stornelli y el fiscal el propio fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi. Esto fue leído como una defensa corporativa. También querían la causa en los tribunales de Retiro el Gobierno, Carrió y su troupe y D’Alessio.

***

En los despachos de Lorenzetti y Rosenkrantz los niveles de paranoia llegaron a ser tan altos que quienes concurren allí a audiencias o encuentros son invitados a dejar los teléfonos celulares en la entrada.

Después de su expulsión de la presidencia, Lorenzetti apostó a un conveniente acercamiento a Rosatti sin perder su costado pendular. La alianza más permanente en la Corte, casi simbiótica, resultó ser la de los dos peronistas pura cepa, que son Rosatti y Maqueda. Hasta compran los trajes en el mismo lugar: un local de James Smart en Lavalle y Paraná, donde de tanto en tanto hay buenos descuentos. Lorenzetti no compra trajes, se los manda a hacer a medida. Es toda una metáfora acerca de él. El ex titular supremo ha tenido devaneos entre el peronismo y el radicalismo en su historia política; imposibilitado de tomar decisiones por su cuenta, ayudó a completar esa mayoría cada vez más estable que despojó a Rosenkrantz de poder. Mientras tanto, a Elena Highton de Nolasco la apodaron «fondo buitre», por el concepto de que donde puede saca una ventaja.

En medio de un estado de tirantez generalizada dentro de la Corte, Lorenzetti volvió su encono hacia Rosenkrantz cada vez más explícito. En sus peores momentos de furia, ante cada nuevo intento autoritario o traspié de su colega, planteaba que había que sacarlo de la presidencia. Tenía una resolución redactada e impresa para eyectarlo. La llevaba en una carpeta a los acuerdos. Era una posibilidad que, en los primeros meses de 2019, la mayoría de los cortesanos contemplaba, pero terminaba viendo inoportuna. Por si acaso, Maqueda aparecía disponible como un posible comodín de transición en caso de que la situación estallara. Rosatti quería agarrar el timón, pero solo cuando las aguas estuvieran más calmas.

Lorenzetti estaba convencido de que lo habían traicionado, y eso lo tuvo largamente atormentado. Así como le había dado un alto cargo a Elenita Nolasco, la hija de Highton, había nombrado en agosto de 2017 al novio de la hija de Rosenkrantz, como escribiente en la Dirección de Sistemas, y a su sobrino, con la misma categoría pero en la Obra Social del Poder Judicial. El mayor problema del presidente supremo desplazado, al haber perdido el poder de ser la máxima autoridad, era que —como se estila decir en el ámbito político— se «le había achicado la mesa». Carecía de aliados fuertes. Por sí mismo, ya no tenía el poder de hacer ni de decidir nada. No podía ofrecer nada. Su ausencia en los medios, una de sus grandes obsesiones, fue un golpe personal.

En su afán por recuperar poder y volverse amenazante, hacia adentro y hacia afuera, empezó a condicionar su voto dentro del grupo de la «mayoría peronista», en especial después del día que se enteró que en una cena llena de políticos y funcionarios judiciales, quedó claro que Rosatti nunca lo votará para que vuelva a ser presidente supremo. Para pulir su estrategia política y mediática, se apoyó cada vez más en el consultor Guillermo Seita. En la Corte era señalado como su asesor, aunque sin un nombramiento formal. En el Gobierno, siempre estuvieron convencidos de que fue el ingeniero oculto de toda la estrategia que dejó a Rosenkrantz en soledad y fortaleció una utópica unidad del peronismo supremo.

Seita es accionista de la consultora Management & Fit, y se dedica a hacer lobby, comunicación y prensa política. Asesoró al fallecido gobernador cordobés José Manuel de la Sota, fue jefe de Gabinete del ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, secretario de Medios de Carlos Menem y comandó su primera campaña para la reelección. Tiene como cliente leal al gobernador cordobés Juan Schiaretti, también apuntala al senador Miguel Ángel Pichetto, aunque también lo hace con Horacio Rodríguez Larreta. Fue el ideólogo de una foto en que Pichetto, Schiaretti, Sergio Massa y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se mostraron juntos en una foto los «peronistas alternativos». Tiene la franquicia de CNN Radio, el sitio de clipping «Ejes», la consultora Off & On Estrategia, entre otros tantos negocios.

La pérdida de capacidad de decisión de Lorenzetti resquebrajó también su relación con Comodoro Py. Aunque no perdió vasos comunicantes, nada era igual. Como dato sintomático, en convenios y actos de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) empezó a aparecer Rosatti.

Rosenkrantz, a quien vieron buscando trajes de la marca Giesso más baratos en un outlet de la calle México, perdía varias batallas. Incluso algunas vinculadas con el dinero. El día que planeaban firmar un aumento salarial para el Poder Judicial, inauguró el acuerdo:

—Habíamos quedado el 10 por ciento, ¿verdad?

—¡No! Era el 15 —le reprochó el resto, haciéndole notar que se daban cuenta de que quería quedar bien con el Gobierno, que debe habilitar las partidas.

Ya para la época en que explotó el D’Alessio Gate, se asentó el perfil de un año electoral donde en las primeros comicios provinciales perdía Cambiemos y se fortalecía el peronismo. Eso explica también que la Corte se haya volcado a otorgar respaldo a la causa conducida por Ramos Padilla. Afectados, los propios supremos, evaluaron presentarse y vivieron bien de cerca las consecuencias del potencial accionar de Comodoro Py, intentando captar el expediente y abortar los hallazgos, de efectos impredecibles. Pero concluyeron que era mejor quedar afuera, para poder opinar cuando llegara el caso a sus manos. Lorenzetti tuvo que hacer equilibro —su especialidad—, dada su vieja amistad con Bonadío y su alianza estratégica con otros jueces. La evidencia cada vez más fuerte de causas manipuladas y atravesadas por operaciones políticas marcó un punto de inflexión y de reposicionamiento supremo.

Por primera vez en mucho tiempo, la Corte como cuerpo, pese a las diferencias entre los supremos y sus trajes, tomaba distancia de las tropelías de la justicia federal porteña, y comenzaba a desandar la política de arengar a los jueces de Comodoro Py que había cimentado Lorenzetti durante largo tiempo, y sostenido otros con su silencio. No sería algo fácil mantener el juego propio y en alianza con la política, los medios de comunicación y los tribunales federales. La posición de la Corte inauguraba, además, una etapa de confrontación con el Gobierno.

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Los mellizos Carlos y Fernando

Carlos Fernando Rosenkrantz pronuncia la letra «ll» como si fuera una «l», como si huyera de la forma más porteña y mundana de decirla, parecida a la «y». Hay en la Corte quienes creen que lo hace a propósito, con aires de élite, para dejar filtrar la impronta de su formación estadounidense, en Yale. Otros sostienen que se debe a su origen correntino. Fue algo notorio el día que expuso su primer discurso de apertura del año judicial, el 19 de marzo de 2019. Ese acto, al que son convocados jueces y juezas de todo el país, periodistas, más algunas organizaciones de la sociedad civil, es una costumbre que logró arraigar Ricardo Lorenzetti, que lo usaba como plataforma de su trabajado liderazgo.

El rafaelino siempre actuó como un gran equilibrista en esos eventos que sostuvo durante una década, donde mezclaba su respaldo a la familia judicial, temas sociales e insinuaciones políticas. Pero en los últimos años tuvo un exceso de entusiasmo y hasta armó un video para pedir que el Poder Judicial luchara contra la «impunidad», que terminaba con la imagen del fiscal Alberto Nisman aparecido sin vida apenas 45 días antes con todas las características de un suicidio, mientras una fuerte corriente antikirchnerista de entonces interpretó que lo habían matado. En el mismo discurso tuvo otro blooper memorable: decir que la causa por el atentado a la Embajada de Israel ya era «cosa juzgada», cuando la propia Corte —que está a cargo de la investigación fallida desde 1992— en 2006 había dejado escrito en una resolución que la investigación continuaba.

Rosenkrantz, disidente automático en las sentencias supremas, trasladó ese espíritu a sus palabras inaugurales, cuando le tocó dirigirse al Poder Judicial, los otros poderes del Estado y la sociedad que podrían verlo por la tele y leerlo en los diarios. Aunque no compartió ni conversó con sus colegas supremos lo que tenía pensado decir, le hizo llegar por anticipado el discurso completo a un periodista del diario Clarín.

Una vez en el estrado se lanzó a decir que el Poder Judicial atraviesa una «crisis de legitimidad» y de «confianza», y que debía recuperarlas porque de lo contrario perdería su razón de ser. «Hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de la democracia republicana», fue una de sus frases más rutilantes. «Se empieza a generalizar la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho»; «debemos demostrar que somos refractarios a todo interés personal, ideológico, político y de cualquier otra naturaleza que no sea realizar el imperio del derecho», subrayó. «Nuestras decisiones deben estar estructuradas por principios» que se deberían aplicar «aunque el resultado sea impopular o antipático […] significa que, como Ulises, somos capaces de atarnos al mástil de la legalidad», dijo. «Pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio», advirtió mientras intercalaba citas de Napoleón y de Alexander Hamilton, político, escritor, abogado, y el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos.

En la época de sus discursos, Lorenzetti reservaba las sillas de las filas de adelante para los jueces y juezas federales de Comodoro Py —los de primera instancia, los de Cámara y de Casación—, que eran sus grandes aliados. Esta vez, para el acto de Rosenkrantz, estarían ubicados al fondo. Lo sabían, y la mayoría pegó el faltazo. De los jueces de primera instancia solo estuvieron Sebastián Casanello y Daniel Rafecas, y por unos pocos minutos Sergio Torres. El resto siguió la sugerencia de no asistir, que les hizo llegar Lorenzetti. Las ausencias de los viejos leales como Ariel Lijo, Claudio Bonadío y Julián Ercolini fueron notorias. Los asientos tenían cartelitos con los nombres de cada juez o jueza invitados. En primera fila estaban los de Casación, excepto Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, que faltaron en repudio a la presencia del ministro de Justicia, Germán Garavano, que acababa de impulsar el juicio político al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla por dar una explicación pública sobre la causa del espionaje ilegal, que salpicaba en parte al Gobierno. A los costados, algunas sillas, incluso por delante de los jueces federales porteños, estaban reservadas para periodistas selectos, como Luis Majul, Diego Cabot (La Nación), Jorge Fontevecchia (Perfil), Ignacio Zuleta (Clarín).

Rosenkrantz agarraba el estrado con sus dedos huesudos. Tenía una expresión rígida en la cara, apenas interrumpida por los anteojos de marco negro. Detrás suyo estaban sentados sus compañeros, visiblemente incómodos, extremadamente serios. Apenas terminó el evento, salieron disparados hacia sus despachos. El trío peronista no disimulaba la furia por la actitud previa de Rosenkrantz y por el contenido del discurso. Algunos empezaron a decir con ironía que tenía un hermano mellizo. Que uno era el emperador Carlos y el otro era el emperador Fernando, sus dos nombres. Uno era el que emitía discursos cargados de ética y moral en los acuerdos y frente al público, y otro era el que hacía lo contrario de lo que predicaba.

Esa misma semana, un episodio alimentó la tensión y las dudas sobre el comportamiento de Rosenkrantz. La Corte debía firmar fallos sobre la validez de los intentos re-reeleccionistas en La Rioja y en Río Negro. Fueron dos temas que alborotaron la agenda del tribunal, propios de un año electoral. En La Rioja el gobernador peronista Sergio Casas y en Río Negro el mandatario Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, buscaban un nuevo mandato. Ambos habían llegado al Poder Ejecutivo local ocupando la vicegobernación en 2011, y también lo habían encabezado entre 2015 y 2019. A Casas lo denunció Cambiemos a través del senador Julio Martínez, y a Weretilneck el intendente peronista de Río Negro, Martín Soria, y otros referentes del Frente para la Victoria.

Los supremos pusieron una fecha para fallar, porque se les venían encima las elecciones en ambas provincias. Acordaron que la sentencia se dictaría el 22 de marzo, pero que los votos serían entregados el día anterior. El trío Rosatti-Maqueda-Lorenzetti, después del discurso de Rosenkrantz de tres días antes, era una olla a presión. La furia se multiplicó cuando en la mañana del día señalado para resolver La Rioja y Río Negro, el Emperador no había entregado su voto y a las 9:55 mandó decir que se pasaba el plenario para las 11 porque no había terminado. Rosenkrantz venía aplicando un mecanismo que consistía en esperar a que todos los demás presentaran sus votos argumentados para después responderles. En este caso, además, arrastró en la demora a Highton de Nolasco. Los tres mosqueteros peronistas decidieron no ir a la Sala de Acuerdos y se juntaron en el despacho de Rosatti, su más frecuente base de operaciones, y firmaron la sentencia ahí. Maqueda estaba en el esplendor de su ira, y Lorenzetti, que no lograba reponerse a su derrocamiento, estalló:

—¡Saquémosle la presidencia ahora!

A todos empezaba a rondarles esa misma idea, pero Rosatti les pidió calma y recomendó esperar el momento apropiado.

Rosatti era el supremo que había estado de turno en plenas vacaciones de verano cuando llegó el primer planteo contra el gobernador Casas, que cuestionaba la convocatoria a una consulta popular que se haría en La Rioja el 27 de enero para aprobar o desechar una enmienda constitucional que había aprobado la Legislatura para avalar su re-reelección. En ese momento hizo algo que desde hacía más de dos décadas no sucedía: habilitó la feria judicial para resolver el planteo e hizo volver a sus compañeros del generoso descanso que les otorga el Poder Judicial, un mes en verano y quince días en invierno. El único que no apareció fue Maqueda. Highton, Lorenzetti y Rosatti votaron por rechazar el pedido de Cambiemos para frenar la consulta popular, de modo que quedó habilitada. Rosenkrantz, siempre más cerca del oficialismo, dijo que había que analizar el asunto.

Ya con la consulta popular consumada, que favorecía a Casas, finalmente la Corte falló el 22 de marzo sobre la discusión de fondo y rechazó los intentos re-reeleccionistas tanto en La Rioja como en Río Negro con el argumento de que las constituciones locales no los habilitaban. En el segundo, votaron Lorenzetti, Maqueda y Rosatti. Highton y Rosenkrantz, en disidencia. En el expediente riojano, algo más complejo, el mismo trío apuntó al plebiscito. «El procedimiento seguido para promover la enmienda no ha respetado el texto que la propia Constitución provincial establece, ya que no cumple con las existencias respecto a la oportunidad en la que debía realizarse la consulta popular, ni las mayorías necesarias para la ratificación de la modificación constitucional», fundamentaron. Highton y Rosenkrantz hicieron votos por separado, en el mismo sentido que el resto.

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Cada vez que se reeditaba algún episodio tirante con Rosenkrantz, alguna mano mágica en la Corte ponía a circular la carta de renuncia a la Universidad de San Andrés de Carlos H. Acuña, un profesor plenario que dirigía la Maestría en Administración y Políticas Públicas cuando el supremo aún era rector de esa casa de estudios. Fechada el 5 de marzo de 2015, decía que la gestión de Rosenkrantz había generado «un ambiente de desconfianza y tensión» hacia «el cuerpo de profesores» con «ceguera sobre la calidad y el compromiso institucional», y en ese contexto «la concentración de las decisiones ha resultado en una reiteración de arbitrariedades; cambios de reglas sin sustento consensuado; reglas improvisadas; ad hoc o no públicas […] y una generalizada falta de transparencia, consulta y rendición de cuentas hacia la comunidad académica (salvo por la información que se utiliza con fines de construcción de imagen y emisión de un mensaje en el que está todo muy bien»). Acuña denunciaba también la «apropiación indebida» del «fondo de reserva» de la Maestría que él dirigía y decisiones como «la cancelación de una mesa de debate sobre la despenalización del aborto ya anunciada y organizada por el Grupo de Género y sexualidad de la universidad» porque perdería «apoyo de donantes».

El martes posterior al discurso de Rosenkrantz y al fallo sobre las re-reelecciones, los supremos se verían las caras en el acuerdo habitual. Fue cuando Maqueda, en nombre del trío peronista, lo levantó en peso (ver capítulo 14).

Rosenkrantz no supo qué responder. Volvió a su oficina y les confesó a sus colaboradores de más confianza que se sentía golpeado y desilusionado. Había imaginado que con Maqueda y Rosatti podía tener buena recepción su discurso, pero había elegido no adelantarles ni siquiera el concepto central, fiel a su estilo. Con Maqueda cultivaba una vía de comunicación aparte, con reuniones todos los lunes, pero tampoco le había dicho nada. En el tribunal es conocida una frase ácida de Rosatti sobre el desempeño del presidente y su antecesor: «No salimos de un pájaro (ya que a Lorenzetti le dicen «El Loro») para pasar a otro, un pavo real».

El asunto era que, además, empezaba a hacerse evidente una doble moral en Rosenkrantz, o así la leían sus colegas. Hablaba de la independencia judicial en todas sus facetas y reclamaba por la falta de legitimidad y credibilidad pero en el Palacio de Justicia hubo quienes advirtieron que podía estar incurriendo en conflictos de interés, y que no se excusaba en causas donde eran parte algunos de los clientes que tenía como abogado y apoderado, incluso al momento de su nominación para la Corte Suprema.

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Cuando tuvo que pasar la audiencia pública en el Senado antes de recibir acuerdo para ser juez supremo, Rosenkrantz presentó una declaración jurada obligatoria que incluía siete páginas con los nombres de las empresas y personas a las que representaba. Otras dos mencionaban clientes en general del estudio que compartía con Gabriel Bouzat, uno de los más requeridos por el mundo empresario.

El Código Procesal Civil y Comercial dice, en los artículos 17 y 30, que los jueces y las juezas no deberían intervenir en casos donde fueron defensores de algunos de los litigantes o si emitieron algún tipo de opinión, recomendación o dictamen; tampoco si tienen amistad con alguna de las partes, que se advierta en la familiaridad o la frecuencia en el trato; o si recibieron beneficios de importancia de alguna de ellas. Sin embargo, un entrecruzamiento al azar entre algunos de los nombres de esas cerca de trescientas firmas y personas y las causas que tramitan en el máximo tribunal, revelan que el presidente supremo intervino e incluso firmó fallos al menos en diez casos referidos a clientes suyos, algunos de los cuales incluyen varias resoluciones, de modo que son más de veinte. Los más comprometedores incluyen a Petroquímica Cuyo, Pan American Energy, Esso, YPF, Claro, Día Argentina S.A. y a la Clínica Estrada.

El caso de Petroquímica Cuyo tiene la particularidad de que tramita como «juicio originario» porque se trata de un litigio contra una provincia. Eso quiere decir que la propia Corte funciona como jueza de instrucción del expediente. No hay instancias previas. La empresa demandó a la provincia de Córdoba, que le reclamaba una supuesta deuda impositiva, en este caso diferencias en concepto de Ingresos Brutos. El fallo salió el 3 de octubre de 2018, dos días después de que Rosenkrantz asumiera la presidencia del tribunal. Tiene la firma de los cinco supremos, lo que incluye al ex abogado/apoderado de Petroquímica Cuyo, que fue beneficiada con la decisión. «El estado provincial deberá abstenerse de reclamar a Petroquímica Cuyo S.A.I.C. las diferencias pretendidas en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se desprenden de la intimación emitida el 30 de agosto de 2017 por la Dirección General de Rentas de la provincia de Córdoba y durante la vigencia de la ley impositiva anual 10.412, así como aplicar y ejecutar multas o trabar cualquier medida cautelar administrativa o judicial sobre el patrimonio de la sociedad y de sus directores…», decía la sentencia.

En diciembre de 2016, apenas unos meses después de entrar a la Corte, y cuando todavía no intervenía activamente en expedientes ya que se tomaba su tiempo en analizarlos, el supremo firmó un fallo a favor de la Clínica Estrada, su ex clienta, en una causa sobre un hecho de mala praxis donde Gerardo Alberto Erkis había iniciado una demanda por daños y perjuicios. Se había presentado en favor del establecimiento también la Asociación Médica de Almirante Brown.

El rubro petrolero parece uno de los predilectos de Rosenkrantz. Ahí encontró la punta del ovillo de los conflictos de interés del cortesano el periodista Horacio Verbitksy, quien reveló en El Cohete a la Luna, lo que había ocurrido con un expediente iniciado por la ex Esso (hoy Axion Energy), integrada a Pan American Energy (del Grupo Bulgheroni), contra la municipalidad de Quilmes, por el pago de una tasa de seguridad e higiene en base a un porcentaje de los Ingresos Brutos de la provincia. Un nutrido grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires se quejó con el argumento de que ese impuesto representa un 35 por ciento de la recaudación sobre tasas. Aseguraban que, si perdían ese impuesto, el impacto de perder sería gravísimo para sus arcas.

A pesar de su relación con la empresa, cuando la demanda de Esso llegó a la Corte en 2017, Rosenkrantz tuvo el expediente en su vocalía desde el 2 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Como era un recurso de queja, el tribunal no tenía el expediente completo, pero decidió pedirlo. Eso implica ampliar el margen de tiempo en el trámite. El pedido de «autos principales», así se llama en Derecho, lo avalaron Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Rosenkrantz en marzo de 2018. También se le pidió un dictamen a la Procuración General de la Nación. La procuradora Laura Monti, en nombre del organismo, dictaminó a favor de la empresa.

En el ínterin algunos intendentes empezaron a inquietarse y hacer algo de show, y pidieron reuniones en la Corte para hacer saber su postura. Rosenkrantz los recibió y de la audiencia participó un grupo variopinto de jefes municipales: Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Zabaleta (Hurlingham), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Andrés Watson (Florencio Varela), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Hernán Bertellys (Azul) y Mariano Cascallares (Almirante Brown) por el lado del peronismo; del radicalismo asistieron Gustavo Posse (San Isidro), Jorge Etcheverry (Lobos), Esteban Reino (Balcarce), Raúl Sala (Carlos Tejedor), Claudio Rossi (Rojas); del PRO, Jorge Macri (Vicente López), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Néstor Grindetti (Lanús) y Darío Kubar (General Rodríguez). En esa reunión estuvieron el abogado Antonio María Hernández y el abogado Germán Krivocapich, experto en Derecho Tributario, que llegó de la mano de intendente Macri. De las explicaciones de Krivocapich ante el supremo ex abogado de Esso, se podía leer la estrategia.

Estos y otros intendentes también pidieron audiencias con los demás supremos. La diferencia es que ninguno de ellos tenía alguna vinculación con las partes.

El asunto tomó tal magnitud, por el evidente impacto que podría acarrear, que los supremos empezaron a debatir la posibilidad de convocar a una audiencia pública. Y lo hicieron. Así fue como cuarenta intendentes se presentaron como «amicus curiae», una figura que se traduce como «amigos del tribunal», que permite que organizaciones, instituciones o colectivos que no son parte en un juicio pero pueden aportar algo, lo hagan. Los intendentes tenían un interés y querían opinar, ya que el tema los afectaba a todos. Fueron representados por «La Tuta» Hernández, como le dicen al letrado cordobés.

Después de todo este periplo del expediente, y cuando ya el llamado a audiencia era un hecho que lo dejaría expuesto, Rosenkrantz presentó su excusación y fue aceptada el 9 de abril de 2019. Era un «sincericidio», después de tamaña intervención en la causa durante más de un año.

Otra petrolera que fue su clienta y sobre la que no se privó de opinar es YPF. Lo hizo en varios expedientes distintos. En uno de ellos, la compañía se presentó contra la Dirección General de Aduanas (DGA), por una multa que se negaba a pagar, que en un comienzo era de 308.855 pesos en los términos del Código Aduanero y con los intereses más el índice CER llegaba a 377.564 pesos. El recurso extraordinario fue concedido por la instancia anterior. El alto tribunal, a favor de YPF, rechazó el recurso de la DGA por unanimidad el 10 de octubre de 2017, pero el presidente supremo se tomó el trabajo de hacer un voto separado, y en lugar de decir que no cumplía con los requisitos de fundamentación —como el resto de sus colegas— utilizó la fórmula conocida como «280» del Código Procesal, que permite tomar una decisión sin dar explicaciones. También firmó, junto con Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, el rechazo a un planteo de Aldo Martinengo que había sido despedido de YPF y reclamaba daños y perjuicios. El argumento que ya llegaba desde la Cámara Laboral era que el caso estaba prescripto y la petrolera no debía pagarle nada, aunque en primera instancia la sentencia había sido favorable al trabajador. En otro planteo laboral, de Diego Martín Melchiorre contra YPF, donde reclamaba una indemnización por despido, la Cámara Laboral también le dio la razón a la empresa. El hombre fue a la Corte con un recurso de queja, que fue rechazado porque su presentación no cumplía requisitos formales. En esta ocasión firmaron, el 12 de junio de 2018, Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y también Rosenkrantz. Sobre YPF hay más de una decena de casos.

Su vínculo con la compañía no es únicamente el de haber sido su representante legal, sino que Rosenkrantz tiene una conocida relación de amistad con uno de sus directores, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, designado en la empresa el 22 de diciembre de 2015. En una foto revelada por quien escribe este libro en Twitter, se ve al presidente de la Corte en el casamiento de la hija de «Pepín». En la mesa de al lado, estaba Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, con quien el supremo mantiene un relación social. En la imagen principal, se podía apreciar, además, a la «mesa judicial» del Gobierno casi completa. Estaban José Torello (asesor jefe de Macri), Bernardo Saravia Frías (procurador del Tesoro), Fernando Sánchez (secretario de Fortalecimiento), y entre ellos también la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic.

Por esos mismos días se conoció que Rosenkrantz participaría en un encuentro destinado a captar inversiones para la Argentina, previsto para el 25 de abril, junto con Gerardo Mato (del HSBC), el senador Miguel Pichetto y Gastón Remy (CEO de Vista Oil). A sus colegas les llegó la información por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires —o Colegio de la Calle Montevideo—, que era uno de los auspiciantes del evento, junto con la Columbia Latin American Business Law Association. Ese colegio de abogados es el mismo que operó como brazo ejecutor del Gobierno en denuncias contra jueces que no eran de su agrado y en la expulsión de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Su ex presidente, Guillermo Lipera, cada tanto participa de la «mesa judicial» del macrismo.

Los otros supremos encararon a Rosenkrantz, lo interrogaron sobre el evento al que viajaría y le advirtieron que era incoherente con su discurso. Él respondió que alguien había puesto su nombre en el flyer que anunciaba la actividad sin que hubiera confirmado su participación. Sin embargo, uno de los organizadores del Colegio, Fernando Frávega, lo contradijo ante el portal El Destape, donde afirmó que el supremo había prometido su presencia. A pesar de la explicación que le dio a sus colegas, Rosenkrantz ya había pedido permiso en la Corte para viajar en la misma fecha en que la comitiva iba a Nueva York. Él dijo que lo haría para ver al presidente de la Corte estadounidense, que le había concedido una audiencia. Su lugar en la mesa y en el flyer lo cubrió Torello.

La firma AMX S.A. —de telefonía, más conocida como Claro— tuvo un juicio muy grande impulsado por el Sindicato de Telecomunicaciones (Foetra), relacionado con el encuadramiento sindical y la transferencia de aportes. En el caso central, donde la Corte dejó firme la condena contra Claro para pagar 1.700 millones de pesos adeudados, Rosenkrantz no firmó. Eso fue el 5 de diciembre de 2017. Sin embargo, el expediente pasó por su vocalía el 11 de septiembre de 2017. Luego su firma apareció en un recurso vinculado a esa causa, que lleva la carátula «Fondo compensador para Jubilados y Pensionados Telefónicos c/AMX», el 22 de mayo de 2018. Verbitsky mostró otra causa de Claro, contra el Municipio de la Matanza, donde Rosenkrantz pidió el expediente el 3 de diciembre de 2018 y luego se requirió el expediente principal a la Corte bonaerense.

Hay un conjunto de casos vinculados con regulación de honorarios de abogados en causas sobre empresas clientas de Rosenkrantz, donde tampoco se excusó. Dos de ellos se refieren a letrados de Pan American Energy, uno de un expediente contra Chubut y el Estado nacional, y otro contra la DGI. Cuando se plantean honorarios, los abogados lo hacen por derecho propio, pero la empresa puede estar implicada igual en el pago. De todos modos lo habitual en la Corte es que quien tuvo vínculo con una compañía que sea parte en el pleito, se excuse por razones de decoro y delicadeza. También firmó el supremo un planteo de regulación de honorarios de un abogado de YPF. Lo mismo sucedió con el pedido del abogado de Dia Argentina S.A., en una causa contra la Municipalidad de Esteban Echeverría.

Durante la audiencia pública en el Senado, antes de la aprobación de su pliego, el senador Pichetto le preguntó a Rosenkrantz qué pasaría «si algunas de las sociedades o clientes» que tuvo en su estudio de abogados «tuvieran un litigio en el marco de la Corte». «¿Cuál sería su actitud frente a ese tema?», precisó el senador. El núcleo de la respuesta fue: «Obviamente, en aquellos casos en los que yo he intervenido o alguno de los abogados con quienes he compartido oficinas ha intervenido, me excusaré. Respecto de clientes que hube atendido, pero traen a la Corte casos diferentes a aquellos en los que yo participé, en algunos casos dependiendo de las circunstancias, ofreceré mi excusación a mis compañeros de la Corte para que tome decisiones al respecto y en algunos otros, más concretamente en el caso Clarín, me excusaré porque creo que hay razones de decoro que así lo indican…»

Lo que anunció entonces no fue lo que ocurrió. Rosenkrantz no puso posibles incompatibilidades a consideración de sus pares. En cuanto al Grupo Clarín, firmó una resolución vinculada a La voz del interior, que pertenece al holding, y un puñado de demandas contra Telecom, que se fusionó con Clarín a mediados de 2018.

Según el artículo 32 del Código Procesal Civil y Comercial «incurrirá en la causal de mal desempeño, en los términos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, el juez a quien se probare que estaba impedido de entender en el asunto y a sabiendas de que haya dictado en él resolución que no sea de mero trámite».

***

La información acerca del comportamiento de Rosenkrantz en las causas donde podía tener conflicto de intereses fue publicada por esta autora en el diario Página/12 el 12 de mayo de 2019. El supremo fue consultado previamente y envió una respuesta, que también fue publicada, donde aseguraba que hay razones para excusarse «obligatorias y otras facultativas». En este segundo caso, el que decide es el propio juez. Sobre las obligatorias, aclaraba que «nunca ha intervenido en una causa en la que tuviera obligación de excusarse por tener interés o pleito o por haber participado como abogado en cualquier otro carácter». A su entender, para que la excusación «sea necesaria debe tratarse de la misma causa en la que participó con anterioridad». También aseguraba que cuando su participación pudo generar dudas, sí optó por dar un paso al costado. La argumentación citaba fallos de la propia Corte, anteriores a la vigencia del Código Procesal. En un texto complementario, explicó caso por caso por qué consideraba que no tenía motivos para apartarse. Dejó fuera de sus argumentos el expediente sobre Petroquímica Cuyo y sus vínculos personales en el caso de YPF. Esto último podría encuadrar en el punto 9 del artículo 17 del Código Procesal que aplica a las excusaciones, así como lo que atañe al punto 8, que habla de haber recibido beneficios relevantes de algunos de los litigantes.

El día anterior a la publicación de la nota periodística ocurrió algo asombroso. Rosenkrantz envió al menos a tres medios gráficos un mensaje donde les anticipaba el contenido que suponía que saldría en el diario, aprovechando la consulta periodística que se le había hecho, como es de rigor profesional, para dar cuenta de su posición. Junto con el aviso, enviaba su respuesta al medio y su análisis de los expedientes, según su punto de vista. Es una práctica típica del mundo empresarial. La usan operadores para tratar de amortiguar o abortar impactos negativos sobre una marca, que en este caso vendría a ser Rosenkrantz. Pero fue un intento reñido con la ética para desacreditar la información.

17
Reciclaje supremo

El Palacio de Justicia, una mole de estilo neoclásico, es literalmente un laberinto por dentro, fiel a la imagen kafkiana del sistema de justicia. Quien no conoce sus pasillos y recovecos difícilmente pueda llegar sin ayuda a la oficina que busca. En el cuarto piso, donde se encuentra la Corte Suprema, hay una dependencia poco conocida pero que tiene un papel fundamental: se llama «Copias y confrontaciones» y allí tres expertas corrigen los textos de los fallos y verifican que sean correctas las citas de jurisprudencia. El despacho mira hacia la calle Lavalle. Allí conviven una mujer delgada de pelo negro largo y pecho prominente que suele usar blusas blancas y pantalón de vestir, ultracatólica, y otra que prescinde del maquillaje, anda con ropa negra y el pelo desordenado. En el tribunal son consideradas sabias y grandes conocedoras del Derecho. Cuando ellas ya tienen los votos de los supremos en su poder, es porque un fallo está a punto de ser firmado.

En sus escritorios estaban, el 18 de diciembre de 2017, todos los votos listos, redactados y fundados, para una nueva sentencia que daría marcha atrás con el beneficio del 2×1 para los genocidas. La novedad era que, en función de la ley interpretativa que había aprobado el Congreso, y que impedía aplicar ese cómputo de reducción del tiempo de detención a acusados de crímenes de lesa humanidad, dos de los supremos admitían un cambio de posición: eran Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Ambos se habían sentido afectados por la reacción generalizada de rechazo al fallo dictado ocho meses antes que beneficiaba a un genocida y podía expandirse a otros. Rosatti trabajó personalmente en encontrar un caso, después de la sanción de la ley, que fuera adecuado para emitir un nuevo pronunciamiento. El elegido fue el pedido de libertad que había hecho el último dictador, Reynaldo Benito Bignone, que acumulaba diez condenas, tres a prisión perpetua.

El día convocado para el acuerdo formal, donde la sentencia quedaría firmada, era el 19 de diciembre. Estaba todo listo. Pero de pronto, a último momento, Highton faltó. Alegó problemas de salud que nadie creyó. Hubo un plenario más ese año, pero tampoco fue tratado allí el caso Bignone. Por esa época, ya funcionaba en varios asuntos bajo la influencia de Rosenkrantz. Fue una decisión política la de evitar el cierre del año con un fallo favorable a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que hasta Lorenzetti, pese a su postura en contra del 2×1 en casos de lesa humanidad, había borrado ya de los discursos donde hablaba de las políticas de estado de la Corte. Bignone murió el 7 de marzo de 2018, por ende el expediente quedó abstracto.

Highton aprovechó el escenario y se las ingenió para esquivar el tema por largo rato.

—Necesito tiempo para esto —dijo a sus pares, apelando a la «cronoterapia».

Lorezetti, Maqueda y Rosatti, a través de reuniones informales con dos organismos de derechos humanos, habían asumido el compromiso de volver a pronunciarse para revertir el 2×1 de manera concisa. Lorenzetti, todavía presidente, dejó de recibirlos después de que un grupo de otros organismos —Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre otros— pidió el juicio político de los supremos que habían firmado el fallo original.

Se acercaba el 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe de Estado que inauguró el régimen dictatorial, y la «mayoría peronista» decidió dar una señal sin jugarse demasiado. Sus integrantes firmaron una resolución de tres renglones, donde volvían a la vieja práctica de rechazar los planteos de 2×1 de represores con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que los exime de dar explicaciones. Así, dijeron que era inadmisible el recurso que había presentado Jorge Humberto Appiani, un ex militar y abogado condenado a 18 años de prisión en la megacausa Área Paraná por secuestros y torturas de 27 víctimas. Para Rosatti fue la excusa para mostrar públicamente su cambio de postura ante la aprobación de la ley interpretativa. En su caso, se resistía a emitir un fallo sobre el fondo solo con tres firmas.

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El año 2018 fue el que comenzó a desnudar el estado de rebelión en la Corte, que se gestaba desde hacía rato, con movimientos calculados de cada uno de los supremos y la jueza suprema. Las semanas posteriores al golpe interno que desbancó a Lorenzetti, fueron prolíficas en peleas a medida que se hizo notorio que Rosenkrantz no mostraba intenciones de cambiar la modalidad de su antecesor. Además de plantear un funcionamiento colegiado, Rosatti cuestionaba el cajoneo de expedientes, que pueden quedar años en una vocalía ya que los supremos no tienen plazos para resolver y planteaba hacer pública una agenda de la Corte, con temas y fallos a tratar. Fue una idea innovadora, que de todos modos implicaba el riesgo de exhibir la selectividad del tribunal.

Rosatti quería poner entre los temas prioritarios, el ya dilatado fallo para revertir el 2×1. Rosenkrantz oponía resistencia a sabiendas de que quedaría en minoría, ya que seguía sosteniendo que aunque se hubiera aprobado una nueva ley, la vieja seguía siendo la «ley penal más benigna». Entre los casos para fallar que había en la Corte, los tres peronistas buscaron alguno que tuviera dictamen de la Procuración y en lo posible de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El elegido fue el reclamo del represor Honorio Carlos Martínez Ruiz, alias «Pájaro», que se movía con la banda del fallecido Aníbal Gordon en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, que dependía de la SIDE durante la última dictadura cívico-militar y fue sede del Plan Cóndor en la región.

—¡Ese no! —chilló Rosenkrantz. Temía que la decisión tuviera mucha repercusión, porque Martínez Ruiz era uno de los acusados del secuestro y asesinato de Marcelo Ariel Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.

En medio de estas deliberaciones, el 30 de octubre de 2018 la Corte resolvió un pedido del genocida Miguel Etchecolatz y le negó la prisión domiciliaria en dos causas por crímenes de lesa humanidad con los votos de Rosatti, Maqueda, Lorenzetti y Highton y una disidencia expresa de Rosenkrantz. El represor que fue mano derecha de Ramón Camps en la policía bonaerense durante el régimen dictatorial acababa de recibir su cuarta condena a prisión perpetua y estaba desde marzo de ese año en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde lo llevaron después de haber pasado tres meses de prisión domiciliaria en Mar del Plata, situación que generó fuertes protestas de los vecinos de la zona del Bosque Peralta Ramos. Para votar a favor de Etchecolatz, Rosenkrantz firmó con el formato del artículo 280, un rechazo al recurso de la fiscalía por «inadmisible». Lo llamativo, además, fue que al resolver sobre la situación de otro imputado, Guillermo Domínguez Matheu, en la misma causa donde había respaldado al genocida, el supremo no firmó.

Aquel contraste puso al descubierto un mecanismo que usa habitualmente en las causas contra represores que discuten su prisión preventiva o piden domiciliaria pero la Corte les niega por mayoría el beneficio. Rosenkrantz suele poner un cartel que dice «no firmo». Luego se confirmó que, en efecto, no votó en fallos que fueron resueltos contra estos acusados por secuestros, torturas y desapariciones: Carlos Eduardo Videla, del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca; Vicente Flores, imputado en la misma causa; el ex comandante de la Fuerza Aérea, Omar Rubens Graffigna; el ex capitán de Corbeta Ricardo César Araujo; Jorge Humberto Appiani, el ex jefe de Operaciones Navales Antonio Vañek, Alberto Jorge Crinigan, que fue director de Inteligencia para las Fuerzas Armadas, y Marino Oscar González, por la sustracción y alteración del estado civil de los mellizos de los militantes montoneros Raquel Negro y de Edgar «Tucho» Valenzuela. Para Etchecolatz, ícono de las aberraciones del terrorismo de Estado, en cambio, escribió un voto.

El tratamiento particular que Rosenkrantz imprime a los casos vinculados de uno u otro modo a la última dictadura también quedó a la vista en el trámite de un reclamo del periodista Claudio Savoia, que había pedido acceder a todos los decretos de las juntas militares entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había rechazado el pedido de acceso a la información pública por considerar que parte de esos decretos habían sido clasificados y no podían ser consultados. En el año 2012, el decreto 2103 desclasificó la mayor parte de la información que buscaba Savoia, excepto los decretos que requerían mantener «la clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior, y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal». Aun así, la demanda avanzó por considerar que todavía había algunas normas dictadas por los gobiernos de facto que permanecían inaccesibles. Por eso la causa siguió, también durante la presidencia de Macri. El expediente comenzó a circular el 17 de febrero de 2017 pero se trabó cuando llegó a la vocalía de Rosenkrantz, que se lo quedó exactamente por un año: desde el 11 de julio de ese año hasta el 11 de julio de 2018.

En primera instancia Savoia había obtenido un fallo favorable. Luego la Cámara en lo Contencioso-Administrativo, en cambio, sostuvo que los decretos eran secretos y que el periodista tampoco había explicado para qué los quería. El 7 de marzo de 2019 finalmente la Corte, con las firmas del trío Rosatti-Lorenzetti-Maqueda, habilitó la desclasificación de los decretos y sostuvo que cualquier ciudadano puede pedirle información al Gobierno. El fallo reafirmó las bases de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), que se rige —recordó la sentencia— por el principio de «máxima divulgación» según el cual «toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales». No firmaron Highton de Nolasco ni Rosenkrantz, que terminó excusándose porque a Savoia lo patrocinaba la ADC, la ONG que él cofundó a mediados de los años noventa.

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Otro de los casos en los que Rosenkrantz no intervino por su pertenencia a la ADC fue el que decidió, en diciembre de 2017, la inconstitucionalidad de la Ley de Educación salteña que establecía la educación religiosa en las escuelas. La ONG había patrocinado a un grupo de madres y padres consternados por la estigmatización que sufrían sus hijos en las escuelas por no profesar la fe católica. Como había clases obligatorias, debían quedarse ahí y escuchar, o salir del aula ante la mirada del resto de sus compañeros. Lorenzetti, Maqueda y Highton sostuvieron que era inconstitucional esa ley que integraba la educación religiosa, mientras que Rosatti se pronunció por su constitucionalidad, pero dijo que el Ministerio de Educación salteño tenía que evitar ritos religiosos durante la jornada escolar. Fue un fallo de enorme trascendencia.

Los supremos decidieron hacer audiencias públicas por este tema en agosto de 2017. Allí dieciocho oradores, una cantidad solo comparable con los grandes casos de audiencias públicas, como la llamada Ley de Medios o el caso Riachuelo. En realidad, este último es conocido como «Mendoza» por Beatriz Mendoza, una psicóloga social que en 2000 había empezado a trabajar en una salita sanitaria en Villa Inflamable y al tiempo empezó a sentir que se le dormían piernas y manos. Los estudios médicos demostraron que los síntomas eran una consecuencia de la contaminación ambiental. Beatriz no era la única. Los vecinos se juntaron y el caso llegó hasta la Corte, que en 2008 condenó a la autoridad de cuenca (Acumar), a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad a implementar un plan para sanear el Riachuelo. La Corte hace periódicamente audiencias públicas para monitorear el grado de avance —o de estancamiento— de las tareas. Una de las últimas medidas —decidida en junio de 2018— fue pedirle a Acumar que informara cuáles son las empresas que están instaladas en la cuenca y qué contaminan. El pedido salió con la firma de cuatro ministros. Rosenkrantz no firmó. El Riachuelo no termina nunca de ser saneado por más intervención que haya de los supremos.

El conflicto por el Río Atuel fue otro de los temas que combinaron derecho ambiental y federalismo que la Corte incluyó en su agenda durante los últimos años, y que también llevó a la celebración de audiencias públicas. Se trata de una demanda de la provincia de La Pampa contra Mendoza porque la última no cumplía con el convenio para regular los usos y aprovechamiento del Río Atuel. En diciembre de 2017, los supremos ordenaron que debía establecerse un plan de obras entre las dos provincias y el Estado nacional. En este caso, Rosenkrantz también votó en disidencia y en sintonía con los intereses de la provincia de Mendoza, gobernada por Cambiemos.

En 2017, la Corte también resolvió rechazar una demanda contra la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) por la agresión que había sufrido un chico en un recital que el grupo había organizado en la zona de Costanera en 2005. La intervención de Rosenkrantz aquí generó controversias. En este caso, también, porque tiene una larga relación con la CHA: fue el abogado que la representó a principios de los 90 en el reclamo por su personería jurídica, que la propia Corte rechazó y que terminó otorgando el entonces presidente Carlos Menem.

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Para mediados de noviembre de 2018, la Corte, presidida por Rosenkrantz en lo formal pero manejada cada vez con más claridad por el trío peronista, acordó una agenda de casos de alto impacto que resolvería de ahí hasta fin de año. El primero, el 27 de noviembre, fue el que definió por unanimidad que los jueces incorporados a partir del 1º de enero de 2017, aunque vengan de carrera judicial, deben pagar Impuesto a las Ganancias.

Aunque parecía una utopía a esa altura, el nuevo fallo del 2×1 —para revertir la posibilidad que los mismos supremos habían abierto de que los acusados de crímenes de lesa humanidad salieran de prisión de manera anticipada— fue anunciado para el 4 de diciembre. Rosenkrantz intentó ponerlo último en la lista de temas a tratar, pero fracasó.

En un evento en el Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), con el bullicio de los invitados como colchón, se cruzaron de casualidad la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el supremo Rosatti. «Hay que hacer las cosas bien», le recomendó ella.

—Usted no se preocupe, pero no le puedo adelantar nada —fue la respuesta protocolar de Rosatti, que lucía como siempre un pañuelo que afloraba del bolsillo superior de su saco. Carlotto ya estaba al tanto de lo que se venía, pero se hizo la distraída porque deseaba oírlo de quien tenía el tema en sus manos.

El propio Rosatti había elegido con detenimiento el caso que usaría la Corte para dar marcha atrás y comenzar a reciclarse, sin que esta vez Rosenkrantz advirtiera el tenor. Era el pedido de 2×1 de Rufino Batalla, un represor que había sido condenado por el asesinato de Laura Carlotto, la hija de Estela. Integrante del destacamento 101 de Inteligencia de La Plata, donde usaba como nombre operativo Ricardo Balboa, Batalla había sido juzgado en 2014 y recibió una pena de 13 años de prisión como partícipe en 55 secuestros, 71 tormentos y en los homicidios de la hija de la presidenta de Abuelas y de Olga Noemí Casado. Había sido detenido en julio de 2010, después de haber estado cuatro meses prófugo. Lo encontraron en la casa de su concubina y, con sus viejos métodos, había intentado alterar su apariencia y hacerse pasar por paraguayo.

El 3 de diciembre, un día antes de que se firmara la nueva sentencia de la Corte, la indecisa Highton de Nolasco caminó hasta el despacho de Rosatti, que está ubicado en el mismo pasillo que el de ella.

—¿Puedo firmar con vos tu voto? —preguntó la jueza.

Rosatti encogió los hombros, pero después de todas las demoras que la jueza había causado y dado que quería que el fallo saliera sí o sí, aceptó. Lo disonante era que el texto del voto del santafesino estaba indudablemente escrito por él mismo. Tenía giros propios, largas reflexiones personales, y citas de sus propios fallos anteriores en los casos de lesa humanidad. Fue el voto que encabezó la sentencia. El eje argumental era que para poder declarar que el beneficio del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad hacía falta una ley, y que ese vacío no lo podían llenar los jueces o juezas. Como esa ley había sido aprobada, era de carácter interpretativo y no resultaba discriminatoria ni violatoria de estándares internacionales en materia de derechos humanos, el pedido de Batalla debía ser rechazado.

En el caso de Highton, lo que no explicó fue cómo saltó de basar sus argumentos en que había que aplicar la ley penal más benigna, a impedir el 2×1 a represores. Lorenzetti y Maqueda recurrieron a sus fundamentos históricos, basados en que el Estado argentino, en función del derecho internacional, tiene el deber de investigar los delitos de lesa humanidad e imponer penas adecuadas a su gravedad para «impedir una forma de impunidad de facto». También llamaban a respetar los precedentes del propio tribunal y de otros. Recordaban que Batalla estuvo detenido desde julio de 2010, varios años después de la derogación de la ley del 2×1.

Rosenkrantz votó, una vez más, en disidencia, y calificó la ley interpretativa como «inconstitucional». Sostuvo que no es admisible una norma que empeore la situación de un imputado, aunque el voto de Rosatti-Highton explicaba que no lo hacía, porque no modifica su status de condenados de los delitos de lesa humanidad, «los más aberrantes que registre el comportamiento humano». Usó el concepto de que la Constitución «exige extender las garantías que consagra —como el principio de irretroactividad de la ley penal— a todos por igual».

Unas semanas antes de que fuera firmado el fallo, contra su costumbre silenciosa, Rosenkrantz dio algunas entrevistas a los medios de mayor tirada. A su viejo cliente, Clarín, le habló del fallo original del 2×1 como si se tratara de una cuestión futbolística. «A mí me putearon 600 mil personas en una marcha de repudio al voto que aplicó el 2×1 a un ex represor —le dijo a tres periodistas de ese medio—, pero un juez —como un árbitro— no puede tenerle miedo a la tribuna. Si no tenés el equipamiento psicológico para bancarte que toda la tribuna de River te insulte, no dirijas Boca-River. Si lo hacés, estarías falseando las expectativas que hay sobre vos. Por eso me gusta mucho la anécdota del árbitro argentino Horacio Elizondo, que dirigió la final del Mundial de 2006. Cuando le preguntaron cómo se le ocurrió echar a Zinedine Zidane por el cabezazo que le dio al italiano Materazzi, respondió: “Es el 10 de los de camiseta blanca. No me importa su nombre, sino lo que hizo para que merezca su expulsión”. Necesitamos jueces que tengan esa postura.»

El fallo «Batalla» dice mucho más de la Corte Suprema actual de lo que se sospecha. Así lo hizo notar el jurista Roberto Saba en un artículo que publicó en la revista Anfibia con el título «La Corte dividida en tres» que, además de reparar en las declaraciones de Rosenkrantz, hacía una semblanza de las miradas que emergían dentro de la Corte, donde el caso «Batalla» aparecía como el comienzo de una nueva etapa en la vida del máximo tribunal en la que tres versiones radicalmente opuestas sobre la Constitución y el rol de los jueces conviven.

Por un lado, están Lorenzetti y Maqueda, con una postura más constructivista, que sostienen que la Constitución es lo que ella misma dice que es, pero también lo que la Corte fue interpretando que es. Por otro lado, aparece Rosatti como un juez antiactivista —el activismo judicial concibe al juez como un limitador de los otros poderes—. Para él, la Constitución es lo que el Congreso, como portador de la voluntad popular, dice que es. Para Saba, la postura de Rosatti es peligrosa: lo vuelve un juez deferente ante la voluntad general, con un rol débil a la hora de limitar y contener al poder político. Por último, está Rosenkrantz, con una mirada formalista del derecho, como si este fuera transparente y unívoco. La postura de Rosenkrantz, que también podría calificarse de antiactivista, enmascara, decía el autor, la propia subjetividad del juez a la hora de tomar decisiones.

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Con su agenda de casos anunciados, la Corte intentó sobreactuar cierto desapego político, mientras claramente hacía política. El siguiente fallo, el 11 de diciembre de 2018, rechazó un planteo de inconstitucionalidad de la Ley de Lemas vigente en Santa Cruz, que le había permitido a Alicia Kirchner ganar la gobernación. La denuncia había sido promovida por el radicalismo. Los supremos pusieron el foco en la autonomía de las provincias, que establecen su propio régimen electoral y eligen sus autoridades. Por lo tanto, son sus propios tribunales los que deben intervenir para revisar supuestas anomalías. El fallo fue unánime, pero con votos variados. Rosenkrantz y Highton subrayaron que siempre puede haber excepciones.

Pero había un tema, el que marcaría el cierre del año supremo, que tenía locos a funcionarios del Gobierno de Macri desde mucho tiempo antes: las jubilaciones. La posibilidad de que la Corte fallara en contra los tenía perturbados no solo por las consecuencias económicas sino porque chocaría contra las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que pone a los haberes jubilatorios como blancos primordiales de recortes. Entre los supremos, el único que se oponía a avanzar en ese rubro era Rosenkrantz, con el argumento de cuidar las cuentas fiscales.

Todos los jueves, desde hace años, un grupo de entre 50 y 80 jubilados protestan frente al Palacio de Justicia. Llevan sus sillas y pancartas y se instalan ahí. Desde 2009 la Corte Suprema tiene pendiente de resolución una acción colectiva promovida por el Defensor del Pueblo que pedía que se aplicara de manera universal el fallo «Badaro» del alto tribunal en su composición anterior, que había establecido que para calcular las jubilaciones se debía tomar como referencia el nivel general de remuneraciones que elabora el Indec. El argumento central era que las jubilaciones debían guardar relación con los salarios de los trabajadores en actividad, como forma de lograr un «índice objetivo». En sus orígenes, se proyectaba que esa acción de clase podía tener repercusión en un millón de jubilaciones.

La tríada Rosatti-Lorenzetti-Maqueda empujó la discusión sobre las causas previsionales, pero dado que se encontró con un abanico amplio de planteos, decidió empezar por los que tuvieran impacto más moderado que el caso del Defensor. Un grupo de demandas imponía una discusión más cercana en el tiempo y propia de una política del gobierno de Cambiemos ya que se refería a qué índice se debe aplicar para calcular ajustes en los haberes. La propia Corte Suprema había establecido en el año 2009 una fórmula para mejorar los haberes iniciales que tomaba como base el Índice de Salarios Básicos en la Industria de la Construcción (Isbic) en un fallo conocido como «Eliff». Pero la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pretendía utilizar otro índice, el que surge de la Remuneración Promedio Imponible a los Trabajadores Estatales (Ripte), que era el que había fijado como pauta de movilidad cuando el Gobierno ofreció la llamada «reparación histórica» a los jubilados a cambio de que no hicieran juicios. Con ese cálculo, la jubilación resultaba alrededor de un 60 por ciento inferior, pero la implementación prometía ser más rápida.

A lo largo de 2018, cada vez que tuvo ocasión, Macri intentó condicionar a los supremos. Lo hizo primero con Lorenzetti, que para su irritación cuando aún era presidente de la Corte solía anticiparle cosas que no siempre ocurrían —como con las tarifas—, y luego intentó con Highton de Nolasco y Rosenkrantz. Dentro del tribunal, comenzó a crecer la sospecha de que este último manejaba otros canales más informales de información con el macrismo. Porque veían que el Gobierno iba tomando medidas y decisiones previsionales que seguían el ritmo de lo que pasaba dentro de la Corte. Cuando decidieron que tratarían un caso donde se discutiera el índice, la Anses publicó la resolución 56/18 donde modificó levemente su criterio pero lo generaliza a todas las jubilaciones: estableció que todos los beneficios previsionales con altas anteriores al 1º de agosto de 2016 debían actualizarse con un índice combinado compuesto por el Índice Nivel General de Remuneraciones (INRG), el Ripte, y la movilidad general. Esto obligaba a la Corte a notificar esta novedad a todas las partes en todos los casos donde se hubiera cuestionado el cálculo de los haberes. El Estado ganaba tiempo solo con la burocracia que generaba.

Pero lo que generó una escalada de peleas cortesanas fue la evidencia de que se filtraban borradores para un posible fallo que elaboraba la Secretaría Previsional de la Corte. Uno de esos proyectos, por ejemplo, decía que los supremos podían rechazar de plano los planteos de la Anses contra jubilados porque ese organismo carecería de estatura jurídica para litigar. En cambio, podría hacerlo alguno que dependiera del Poder Ejecutivo, como la Secretaría de Seguridad Social. Casi de inmediato, en otra resolución publicada en el Boletín Oficial, el 12 de noviembre de 2018, esa secretaría anunció que el Gobierno seguiría aplicando el Ripte para actualizar las jubilaciones y señaló que es ella la encargada de determinar el índice. Asumía, además, la representación estatal en los expedientes. Todos los supremos apuntaron sus miradas de sospecha hacia Rosenkrantz. La secretaria previsional, Mónica Zito, destilaba enojo e indignación. Es una mujer vehemente, también simpática, que está a punto de jubilarse y es conocida por su eficiencia y su cuerpo escultural, al que le dedica todos los mediodías una clase de pilates.

Para ese entonces, la Corte ya tenía elegido el caso testigo que resolvería y que tendría repercusión sobre otros 150.000. Era la demanda de un jubilado llamado Lucio Orlando Blanco, quien se había jubilado en 2003 con un haber inferior a la mitad de su sueldo promedio. La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social le había dado la razón y, en función de ese fallo, le correspondía un haber cerca del 31 por ciento superior al que le reconocía la Anses con los parámetros de la reparación histórica y el Ripte, y una retroactividad 50 por ciento mayor por la acumulación de diferencias a lo largo de los años.

El 18 de diciembre, el Centro de Información Judicial (CIJ) anunció: «La Corte falla a favor de los jubilados». Era un claro sopapo para el Gobierno. Los supremos Rosatti, Maqueda y Lorenzetti ratificaron la utilización del índice Isbic para la actualización de las jubilaciones. También declararon de oficio la inconstitucionalidad de las resoluciones de la Anses y de la Secretaría de Seguridad Social que lo habían reemplazado por el Ripte. Le pidieron al Congreso que fijara un nuevo indicador para actualizar salarios para hacer el cálculo del haber inicial en el período 1995-2008. Y concluyeron que la Corte debía aplicar de inmediato el mismo criterio a causas similares en trámite. Highton apoyó a la mayoría, pero dijo que los efectos debían acotarse a Blanco. Rosenkrantz avaló las disposiciones del Gobierno. Después lanzó una intentona para dilatar la resolución de las más de 11.000 causas similares que se disponía a apurar la secretaria Zito: les dijo a sus colegas que debían revisar expediente por expediente en cada vocalía. Lo que quedaba del año los supremos se la pasaron discutiendo esa cuestión, pero la mayoría peronista se impuso y le dijo que no revisarían nada, que había que resolver todo rápido.

Un intríngulis similar se generó después de otro fallo con el que la Corte, ya el 26 de marzo de 2019, benefició a los jubilados al declarar la inconstitucionalidad de la retención del Impuesto a las Ganancias sobre sus haberes, con la misma mayoría que en el caso Blanco. La causa elegida había sido iniciada por María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que tenía 79 años al iniciar la demanda en 2015, cuando objetó el pago de Ganancias y mostró que los descuentos sobre su beneficio oscilaban entre 29,33 y 31,94 por ciento. Rosenkrantz votó en disidencia y avaló la detracción de Ganancias a las jubilaciones. Lo que hizo, para trabar los más de mil expedientes análogos, fue llevarse cien directo a su vocalía, sin preguntar ni decir nada a nadie.

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La Corte despidió el 2018 con una resolución fuera de programa en una de las causas más comprometedoras para Macri, su familia y su gobierno: el expediente sobre la deuda de diecisiete años del Correo Argentino del Grupo Macri con el Estado. Los supremos respaldaron la continuidad en el caso de la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, quien había denunciado un acuerdo «ruinoso y abusivo» firmado en junio de 2016 que eximía a la empresa de casi la totalidad de lo adeudado. Boquín, además, detectó presuntas maniobras de vaciamiento hacia las firmas controlantes del Correo, Socma y Sideco, pilares del grupo, y desvíos irregulares de fondos al menos por 35 millones de pesos hacia estudios de abogados amigos, consultores y agencias de publicidad. Cuando pidió peritajes, el Correo intentó desplazarla, pero los supremos dispusieron su continuidad.

En el armado de la agenda 2019 aparecieron, aunque sin fecha, anuncios de sentencias sobre un espectro amplio de temas que se fueron concretando. Un fallo, con votos de la mayoría peronista, avaló la constitucionalidad el juicio por jurados en las provincias. Se basó en un caso de Neuquén, donde Alex Mauricio Obreque Varas y Alexis Gabriel Castillo habían sido condenados a prisión perpetua por homicidio por un jurado popular. Para cuestionar el resultado, reclamaron la invalidez del sistema que —en rigor— está previsto en la Constitución nacional. Rosenkrantz votó en disidencia con el argumento de que los acusados habían cuestionado el método de enjuiciamiento después del veredicto.

La mayoría peronista también funcionó para dejar sin efecto la decisión del Superior Tribunal de Jujuy que prohibía a tres dirigentes sindicales participar en reuniones con otros trabajadores después de haber sido detenidos en una movilización. También funcionó para que la Corte reafirmara la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y el traspaso de la justicia nacional al ámbito porteño, un asunto resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados. En un fallo, el trío más estable dijo que el Superior Tribunal porteño es el que debe resolver conflictos de competencia entre jueces de la ciudad. En otro, donde se sumó milagrosamente Rosenkrantz, dijo que la Corte tiene la competencia originaria en causas donde es parte la ciudad de Buenos Aires.

A las puertas de un año clave con elecciones presidenciales, la Corte puso los pies, como está a la vista, en temas surtidos. La familia de las causas previsionales marcaron el crecimiento de la tensión con el Gobierno, que luego, se verá, se empezaría a expandir a otros asuntos. Pero los supremos siguieron sacándole el cuerpo o las definiciones en otros grandes temas como la escalada de las prisiones preventivas contras opositores, la legalización del aborto, la eutanasia, la publicidad de sus declaraciones juradas, la legalidad de algunos decretos de necesidad y urgencia como el que modificó la Ley de Migraciones y endureció las reglas para facilitar la expulsión de extranjeros con antecedentes penales, el destino de la controvertida oficina de escuchas y la discusión —entre tantas otras— por el decreto que modificó la Ley de Sinceramiento Fiscal para permitir el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios del Poder Ejecutivo, cuya inconstitucionalidad fue planteada por el diputado Felipe Solá. La Procuración dictaminó que Solá no tiene legitimación para actuar. El Gobierno le hizo saber a algunos jueces que era uno de los temas más perturbadores para Macri. Hasta mayo de 2019, la Corte no lo incluía entre los fallos prioritarios.

18
La rebelión más difícil

El día de la Asamblea Legislativa de 2019, los cinco supremos fueron a escuchar el discurso de apertura de sesiones de Mauricio Macri. Carlos Rosenkrantz quedó ubicado en la primera fila. Detrás de él estaba Horacio Rosatti, que con su sentido del humor habitual empezó a hacerle bromas al oído, aunque todos alrededor podían escucharlas.

—Mirá, Carlos: #Hay otro camino —le leía Rosatti lo que decían decenas de carteles iguales, con letras celestes sobre fondo blanco, pegados en las bancas del kirchnerismo.

—Ahhh ¡peronistas! —contestó el presidente cortesano en un tono oscilante entre el chiste y el desdén. Eran términos similares a los que frecuentaba la «mesa judicial» asesora de Macri para referirse al trinomio que dominaba la Corte cada vez con más fuerza.

Cuando todavía no había empezado la Asamblea ni habían llegado Rosenkrantz y Lorenzetti, Elisa Carrió aprovechó para acercarse al resto de los integrantes del tribunal, que ya estaban sentados. A los gritos le dijo a Rosatti: «Sabés que te respeto como siempre». «Cada día estás más buen mozo», lo piropeó con un guiño de ojo. Dos meses antes, la diputada de la Coalición Cívica, integrante de la alianza gobernante, había dicho que estaba «decepcionada con Rosatti». Fue después de la firma de la acordada que recortó poder de decisión a Rosenkrantz. Lo que más le fastidiaba a Carrió era que el juez cuya candidatura había impulsado actuara en tándem con Lorenzetti y avalara a Héctor Daniel Marchi como administrador, ambos denunciados por ella. «No puedo creer que los sostenga», se quejó públicamente. Antes había enviado al diputado de su bloque Juan Manuel López al despacho del supremo para hacerle llegar sus reproches.

En la misma escena en el Congreso, Carrió provocó a Maqueda: «Hay un Maqueda radical. ¿Es tu sobrino?» A Highton la saludó con afecto.

En privado, Fabián Rodríguez Simón también se lamentaba por haber propuesto a Rosatti. Lo cierto es que para hacer pasar el nombre de Rosenkrantz, si fracasaba el nombramiento por decreto —como sucedió—, el Gobierno necesitaba balancear con un candidato peronista, que consiguiera apoyo legislativo.

Lo que quedó muy en evidencia con el tiempo fue que Macri y su equipo esperaban una Corte que les respondiera o fallara acorde a necesidades del Poder Ejecutivo, y no lo habían logrado. Dentro del tribunal se podía apreciar, ya desde 2018 o antes también, una división en sintonía con la política nacional. De un lado el trío «peronista», de otro Rosenkrantz y Highton, aunque ella siempre jugaba con un margen para generar sorpresas. Según el constitucionalista Gustavo Arballo, que analiza de manera sistemática el funcionamiento de la Corte y publica estadísticas en su blog Saberderecho.com, la llamada «mayoría peronista» no existe como tal en los fallos. No se ve reflejada en las sentencias consideradas importantes que esa sea la mayoría que define las grandes cuestiones. En un relevamiento que hizo sobre las 95 sentencias más relevantes desde que se incorporaron Ronsenkrantz y Rosatti a la Corte, solo en 3 había funcionado como mayoría el trío Lorenzetti-Rosatti-Maqueda hasta fines de 2018. Uno fue el caso «Schiffrin» que precisó en 75 años la edad de jubilación de los jueces; otro fue el que le reconoció a una jueza de Mendoza, Stella Maris Ontiveros, una reparación total por los daños, físicos y psíquicos, provocados por un accidente que sufrió trabajando; el tercero, el fallo a favor de La Pampa, para que el Estado le devolviera todo el dinero que se le retrajo de impuestos coparticipables para financiar a la Anses desde 2006. En 2019 hubo, a comienzo de año, al menos dos sentencias más de mayoría peronista.

Los casos llamados «políticamente perfilados», que tienen poder de influir en la agenda pública, son pocos en la masa de 14.000 expedientes promedio al año que resuelve la Corte. En una comparación histórica, señala Arballo, los gobiernos en promedio tienen más fallos a favor que en contra. Desde Alfonsín hasta la actualidad, el único donde operó una lógica inversa, y la Corte adoptó una postura de ataque, fue el de Cristina Fernández de Kirchner. El que corresponde a la presidencia de Macri, arroja 10 fallos políticamente perfilados a favor y 6 en contra. El dato que señala como significativo es que del total de fallos adversos, 4 fueron dictados en solo tres meses, entre fines de 2018 y comienzos de 2019, ya con posterioridad a la elección de Rosenkrantz como presidente supremo, y en coincidencia con la caída de la imagen del gobierno de Macri y el fortalecimiento de sectores del peronismo. Uno fue el fallo a favor de La Pampa por la coparticipación; otro, el que rechazó un planteo contra la Ley de Lemas en Santa Cruz; el tercero, el caso Blanco a favor de los jubilados; por último, el que rechazó el primer planteo de la UCR de La Rioja para frenar la consulta popular por la enmienda constitucional que podía facilitar la re-reelección del gobernador Sergio Casas.

Otra estadística del especialista muestra a Rosenkrantz como quien emitió más votos a favor del Gobierno de Macri. Lo hizo en el 83 por ciento de los casos. Highton en un 63, Maqueda en un 56, Rosatti en el 50 y Lorenzetti en el 47 por ciento.

Es probable que el peso de la «mayoría peronista» haya sido más visible en cuestiones institucionales y en aquellas que atañen a la dinámica de funcionamiento del tribunal, donde introdujo un cambio sin precedentes, al establecer un verdadero funcionamiento colegiado, en el cual ningún supremo puede tomar decisiones por su cuenta. También es cierto que Highton, según los números, tiende a tener más afinidad en los fallos con sus más antiguos compañeros en la Corte, Lorenzetti y Maqueda.

Un caso que mostró adónde tocaría alguno de sus límites el trío Rosatti-Maqueda-Lorenzetti fue el que se conoció como «Ingenieros». Enrique Roberto Ingenieros es el nombre de un trabajador, técnico dibujante, de la empresa Techint, que fue secuestrado durante la última dictadura cívico-militar mientras cumplía tareas en una obra llamada «ampliación Dálmine». Militaba en Montoneros junto con su pareja, Irma Pompa, que también fue secuestrada cuando estaba embarazada de tres meses. Gimena Ingenieros, hija de Enrique, que tenía un año al momento de la desaparición de su padre, inició una demanda contra Techint en el fuero laboral en 2008 por considerar a la empresa responsable. En primera instancia, su planteo fue declarado prescripto, pero luego la Cámara del Trabajo le reconoció el derecho a obtener una indemnización de la empresa y declaró que no prescriben las acciones de resarcimiento originadas en crímenes de lesa humanidad. La compañía llevó el caso a la Corte. El fiscal ante el alto tribunal, Víctor Abramovich, también dictaminó que «las acciones de responsabilidad civil derivadas de delitos de lesa humanidad» son «imprescriptibles».

Los supremos estuvieron divididos hasta último momento. A favor del reclamo de la chica, se plantaron Rosatti y Maqueda. En contra Highton y Rosenkrantz. Desempataba Lorenzetti, quien en paralelo a la discusión de este tema reclamaba echarlo a Rosenkrantz de la presidencia. Lo curioso fue que, al final, terminó votando en el mismo sentido que él, y hubo mayoría por el rechazo del reclamo indemnizatorio en un fallo firmado el 9 de mayo de 2019. El límite había sido, según el comentario extendido en los despachos cortesanos, un pedido por teléfono desde el mundo empresario. También le daba alivio al Gobierno, que respaldó a la siderúrgica aun en medio de las imputaciones por pagos ilegales en la obra pública, en la causa «de las fotocopias de los cuadernos».

***

Parte de los encontronazos crecientes con el gobierno de Macri tuvo que ver con cuestiones de dinero. Así como ocurrió con los fallos que obligaron al Estado a devolver a las provincias fondos de coparticipación o pagar ajustes a los jubilados, una sentencia irritante que pasó algo inadvertida fue la que reconoció al personal de las fuerzas armadas y de seguridad que las sumas que les venían pagando a través de suplementos «por responsabilidad jerárquica» y «administración de material», creados por el decreto 1305 del año 2012, se deben considerar remunerativas y bonificables y por lo tanto incorporarse al sueldo. El fallo decía que no eran pagos circunstanciales y accesorios, sino una parte significativa del salario. Por los suplementos no remunerativos el Estado no hace aportes ni computan para la jubilación. Es una artimaña frecuente. El expediente que la Corte resolvió —llamado «Carla Sosa»— se convirtió en un precedente madre para otros reclamos. Por lo pronto, al momento del fallo en el propio tribunal había 1.100 causas similares de las fuerzas armadas, 1.000 de Gendarmería y 2.000 de la Policía Federal. Esta vez, la decisión fue unánime, con el voto de los cinco supremos. La adhesión de Rosenkrantz fue atribuida por algunos de sus colegas a que se trataba de militares.

El otro tema siempre conflictivo fue el de las partidas presupuestarias para el Poder Judicial. Para dar los aumentos de sueldo, la Corte Suprema depende de que la Jefatura de Gabinete le habilite partidas presupuestarias, porque carece de autarquía. Por eso, y por la amenaza que filtraba el Gobierno de que en cualquier momento crítico para la economía podían arrebatarle al tribunal su fondo «anticíclico», empezaron a tener reuniones periódicas con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano. La primera de la serie fue el 16 de abril de 2018. La segunda, el 22 de mayo del mismo año, y participaron otros miembros del Gabinete, entre ellos el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. También se debatía el pago del Impuesto a las Ganancias que, se suponía, rompería con el privilegio de los jueces.

El administrador Marchi tomó las riendas cuando vio que, además de negarles plata, los funcionarios confundían el Poder Judicial con el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, e impartían reproches hacia la Corte, pero los supremos no sabían cómo manejarse.

—Ustedes deberían adherir a la Ley de Responsabilidad Fiscal —dijo uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo.

—Hace siete años que adherimos —retrucó el administrador—. Cuidaba, además, la obra de su aliado Lorenzetti, que apostó a mantener los salarios altos y minimizar conflictos con los jueces y trabajadores judiciales.

En 2019 el clima se puso más denso: había roces constantes con el Gobierno, Marchi estaba en situación de rehén con su futuro indefinido desde que Rosenkrantz presidía el tribunal y algunos supremos no querían ni ver a Garavano, que había sido denunciado por ex funcionarios de su propia cartera por intentar aliviar la situación de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acusados en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, donde el Ministerio de Justicia era querellante. El 14 de marzo fueron Peña y Garavano a la Corte. Ese día había una protesta de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) reclamando un aumento del 15 por ciento para empezar el año y autarquía para el Poder Judicial.

Highton de Nolasco entró a la reunión con un panfleto en la mano.

—Esto es lo que están pidiendo —dijo con severidad.

Para sorpresa de los propios cortesanos, Rosenkrantz había acordado una agenda con el Gobierno. Repartió copias. El primer tema era la situación económica —dramática— del país. Luego, el escenario para el Consejo de la Magistratura que pedía una condonación de su deuda cercana a los 4.000 millones de pesos con la Corte. Los supremos se quejaban porque en el reparto del presupuesto para 2019 al alto tribunal le habían dado un 40 por ciento menos de lo que pedía y al Consejo un 13 por ciento más. La pelea Corte-Consejo viene de tiempos inmemoriales, desde que se implementó ese organismo en el año 2000. El Gobierno sugería que los cortesanos debían socorrer al Consejo por tener «superávit». Los jueces se negaban. Además, dijeron, tienen pendiente un expediente sobre la composición del Consejo de la Magistratura. Del diálogo, se deducía al final que quedaba acordado un 15 por ciento de aumento general, para empezar.

Cuando terminó el encuentro, Rosenkrantz les pidió a sus colegas que devolvieran las copias de la agenda. Estaban todos azorados.

—¡Compren dólares! —se escuchó en el cuarto piso del Palacio de Justicia que comentaban algunos supremos.

Cuando la Corte envió a la Jefatura de Gabinete el pedido formal de fondos, la respuesta fue que les iban a girar 7,5 por ciento en mayo y 7,5 por ciento en julio, en plan de reducir los aguinaldos. Con eso, y un incremento del 10 por ciento que el tribunal había otorgado en marzo, que correspondía a 2018, quedaba cubierto todo el año. El revuelo con los empleados creció como una bola de nieve, y los cinco supremos se hicieron cargo del reclamo. El Gobierno volvió a pedir otra reunión, mientras decía que analizaba el reclamo.

En cuanto a Rosenkrantz, reinaba la furia. Sus colegas peronistas le adjudicaron una nueva filtración de información al Gobierno sobre un fallo que estaba por salir, en una causa contra el Estado iniciada por la empresa Barrick Exploraciones Argentinas, que explora y explota al sector argentino del proyecto llamado «Pascua Lama», una mina a cielo abierto para extracción de oro y otros minerales. Pedía la inconstitucionalidad de la Ley de Protección de Glaciares (26.639) y se le había sumado también la provincia de San Juan, con el argumento de que el inventario de glaciares lo hizo la Nación en lugar del estado provincial. La empresa Barrick estaba, además, comprometida penalmente por derrames de cianuro. El fallo ya tenía mayoría para respaldar la ley.

Un funcionario de alto rango del gobierno empezó a llamar a los supremos:

—El presidente de la Corte le dijo al ministro de Justicia que sale el caso Barrick. ¿Es así, no?

La respuesta fue la postergación de la sentencia, que al Gobierno le preocupaba porque podría afectar inversiones mineras, y la decisión de los supremos de no dirigirle más la palabra a Rosenkrantz fuera del acuerdo de todos los martes.

Al trío no lo une el amor sino el espanto. El espanto tiene nombre: Rosenkrantz. Y el amor también, la presidencia del tribunal, el botín hacia el que avanzan Lorenzetti y Rosatti. Desde que el ex ministro de Justicia de Kirchner llegó a la Corte, Lorenzetti supo que la batalla crucial sería entre ellos.

***

A los despachos de los miembros de la Corte los expedientes todavía llegan atados con hilo de plástico o cosidos, a la vieja usanza. Así fue que recibieron, el 6 de mayo de 2019, un recurso extraordinario de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner que cuestionaba las condiciones en que comenzaría, el 21 de ese mes, el primer juicio oral en su contra, que tenía excitadísimos a los grandes medios de comunicación, en medio del frenesí electoral, interesados en minar cualquier posibilidad de que la ex mandataria regresara a la Casa Rosada. Se relamían de solo pensar en la foto de CFK sentada en el banquillo, al lado de ex funcionarios detenidos como el ex ministro Julio De Vido o el ex secretario de Obras Públicas José López —que fue atrapado cuando llevaba 9 millones de dólares a un convento en General Rodríguez— y el empresario Lázaro Báez.

El caso quedó identificado como «juicio de Vialidad» o «de la obra pública», porque la causa había comenzado con una presentación de la Dirección de Vialidad apenas llegó Mauricio Macri a la presidencia, que denunciaba favoritismo en el reparto de obras viales en Santa Cruz hacia empresas de Báez. La paradoja fue que la auditoría que hizo ese mismo organismo resultó favorable a la administración kirchnerista, ya que mostró que las obras pagadas habían sido realizadas, las diferencias eran insignificantes y las demoras, las habituales en la construcción. Por eso la fiscalía puso énfasis en otro punto: que de 81 obras, 51 habían sido otorgadas al empresario santacruceño, y dictaminó que hubo sobreprecios basándose en estudios de los que no participaron las partes.

El expediente había llegado a juicio a las apuradas, acomodado en medio del cronograma electoral, sin que se hubiera peritado ni una sola de las obras. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) había aceptado mandar a analizar una muestra de solo cinco obras. El debate estaba por comenzar pero los estudios recién se iniciaban. A la defensa de Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, le habían negado una y otra vez los pedidos de prueba, en todas las instancias. Lo mismo pasaba con el resto de los imputados, algunos de los cuales también se presentaron ante el alto tribunal, donde había 9 recursos.

El primer supremo que puso el ojo en el tema fue Rosatti, que al igual que sus compañeros de trío venía palpitando un intenso cambio de aire en la vida política cuando todavía estaban en etapa de definición las candidaturas para las PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Vieron que el Gobierno estaba en crisis, la economía en caída libre, que reinaba un gran descontento social y el macrismo comenzaba a ser derrotado por el peronismo en todas las provincias donde se habían concretado elecciones hasta ese momento. El proceso electoral se superponía con una agenda de juicios orales que desde Comodoro Py se había armado para que calzara justo para interferir en la campaña electoral. El armado de causas, las investigaciones basadas en pruebas dudosas, las denuncias montadas sobre políticas de gobierno en lugar de delitos, ya eran moneda corriente y naturalizada en los tribunales federales. Los supremos habían sido tolerantes con toda clase de tropelías, pero venían que el escenario cambiaba. Política antes, política ahora.

Rosatti, con el expediente de «Vialidad» en mano, encaró a sus dos colegas «peronistas»:

—Tenemos una oportunidad.

Maqueda lo miró mal, porque no sentía gran empatía hacia la ex presidenta. Con Lorenzetti, que estaba en guerra con el Gobierno, era más fácil lograr un entendimiento. Además atravesaba una tregua tácita con CFK. Ella prácticamente no se metió con él ni con la Corte en el libro que lanzó por esos días, Sinceramente. Él tampoco la atacaba, como en otro tiempo lo había hecho a través de las sentencias.

Tras reuniones febriles, de despacho en despacho, cuatro integrantes de la Corte pactaron una jugada maestra que no los obligaba a pronunciarse sobre nada ni a poner su firma, pero que debía tener el efecto lapidario de provocar la postergación del inicio del juicio. Eso se habían propuesto, al menos, Rosatti y Lorenzetti, y sumaron a Maqueda y Highton de Nolasco. Le pidieron opinión a Rosenkrantz y, como era habitual, dijo:

—Necesito más tiempo.

El resto ya solo debatía si la resolución debía tener un cartel que dijera «urgente».

El martes 14 de mayo al anochecer, una semana antes de la fecha fijada para el inicio de las audiencias, la Corte le pidió al tribunal oral que le mandara todo el expediente original para analizar si, tal como indicaban las defensas, había «privación de justicia». Publicó la resolución en el Centro de Información Judicial, incomprensible para cualquier desprevenido que no supiera de qué hablaba. Eran dos renglones que requerían al TOF2 «los autos principales», como se dice en lenguaje jurídico. Sin el expediente original, era cantado que el juicio no podía empezar. Ese tipo de disposición requiere el respaldo de dos miembros del máximo tribunal, pero la firma la pone un secretario. En este caso los supremos dejaron trascender que eran cuatro los que estaban de acuerdo, lo que le daba más fuerza, y el disidente como siempre era Rosenkrantz. En las redes sociales empezó a circular una simplificación: «la Corte es K».

El presidente del tribunal oral, Jorge Gorini, les dijo a los cortesanos que les mandaría todo en algún momento del miércoles 15 y que firmaría una resolución que postergara el inicio del juicio. Incluso les hizo saber a sus dos compañeros, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que pensaba que era preferible que la Corte resolviera los planteos en lugar de que les terminaran anulando el juicio con posterioridad. Tenía cierta lógica, ante experiencias anteriores, como el juicio por el atentado al AMIA, que fue anulado.

Pronto bombardearon los medios las quejas desenfrenadas del Gobierno contra la Corte. La palabra común que repetían los funcionarios como un eslogan, bajo el coaching de Jaime Durán Barba, era «impunidad», y la pegaban a «kirchnerismo». «Mucha gente», dijo Peña, «tiene la impresión de que la impunidad se puede consagrar» y habló de «jueces que se rigen por las encuestas». «Es una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta», se quejó Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción. «Tiene un condimento político muy grande; preocupa porque puede impedir la realización de un juicio oral», abundó Garavano. «Queremos que no haya impunidad», resumió Mauricio Macri. A la ofensiva desplegada a lo largo de todo el día, se sumó la convocatoria a una marcha, alentada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo.

Frente a ese despliegue, los compañeros de Gorini mostraron resistencia a cumplir con el pedido supremo. No querían cargar con las consecuencias de lo que había desatado la Corte y en el edificio de Comodoro Py los hacían sentir envalentonados. Los jueces de Retiro ya no tenían con el alto tribunal un vínculo de grandes aliados, como había sucedido en la presidencia de Lorenzetti. Este, de todos modos, seguía siendo el nexo con ellos. Pero exhibieron, una vez más, que tienen un poder propio, aunque necesiten de los medios y la política.

Pasaban las horas del miércoles y el expediente a la Corte no llegaba, y no llegó. Rosatti, que se había ido a un Congreso Internacional de Juicio por Jurados en Neuquén, empezó a desesperar y decidió anticipar su regreso.

El jueves a la mañana el TOF2 cantó «retruco»: les mandó el expediente a los supremos pero los puso en la encrucijada de decidir cuándo lo devolvían. Si se suspendía el juicio, ellos deberían cargar con el costo. Por sentido común a nadie —o casi nadie— se le hubiera ocurrido empezar —por ejemplo— el juicio por el accidente de Once, donde murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012, sin las pericias sobre el tren. Pero ese tipo de razonamiento ya no le importaba a nadie.

A la ofensiva del Gobierno se sumaron ataques de trolls en las redes sociales, amenazas de «carpetazos» sobre los supremos y de revelar sus declaraciones juradas de bienes detalladas. Algunos medios sacaban viejos trapitos al sol. A Rosatti —que había deslizado que el fiscal Carlos Stornelli debía presentarse a la indagatoria en la causa por espionaje ilegal— lo chuceaban con que no se había presentado —hacía años— a la indagatoria a la que lo había citado Claudio Bonadío, lo que tampoco era cierto. Sugerían que en los días previos a la decisión había estado Alberto Fernández visitando despachos en la Corte. En rigor, quien había estado era el diputado Eduardo «Wado» de Pedro. Y, otra curiosidad, fue que todas las luces apuntaban a Lorenzetti como el motor de la iniciativa para frenar el juicio contra Cristina, lo que probablemente era fruto del relato que transmitían sus compañeros.

Quedaba en evidencia que la Corte no hizo un buen cálculo del impacto general que causaría ponerse del lado de la ex presidenta y que para el Gobierno y las corporaciones, en el contexto de crisis del país, lo más fácil siempre era castigarla a ella y todo lo que la rodeaba. Además, en la adversidad, una de las técnicas más utilizadas por el macrismo había sido salir a denunciar —echarlos a veces— a los jueces y juezas que no se comportaban acorde a sus expectativas. Con el fantasma de viejas malas experiencias a cuestas, como la marcha posfallo del 2×1 —salvando todas las distancias con los manifestantes de entonces— algunos supremos plantearon que no querían cacerolazos, ni escraches, ni reproches, ni momentos incómodos. Esas eran las principales excusas.

En el ínterin, un llamado de un operador del Grupo Clarín a la Corte empujó una definición del desenlace. Era el comentario en los despachos del Palacio de Justicia y el ámbito parlamentario.

Los supremos recularon. Sí, recularon. No sostuvieron lo que ellos mismos habían hecho. Antes de que difundieran su propio comunicado, el portal de Clarín anunciaba, a las 10:58 que el juicio contra la ex presidenta comenzaría finalmente el martes siguiente, tal como estaba programado. Así lo habían pedido también el fiscal del juicio, Diego Luciani, y su jefe, el procurador general interino, Eduardo Casal.

Al borde del papelón, la Corte publicó un comunicado preparado por Lorenzetti y sus colaboradores. Había tanto nerviosismo, que la primera versión apareció con correcciones y acotaciones entre paréntesis —del estilo «ojo con esto»— y fue anulada al instante, aunque muchos lectores llegaron a verla. La versión definitiva era un texto sinuoso, que no sumaba claridad a las circunstancias. Primero señalaba que al pedir el expediente, la Corte no había ordenado suspender el juicio, pero tampoco lo había suspendido el TOF2. Aclaraba que bien podría sacar copias y devolverlo. Marcaba la necesidad de que los procesos judiciales avanzaran, pero también de respetar el derecho de defensa, algo poco cuidado en otros rincones tribunalicios. Al final estaba quizás una de las expresiones más importantes, donde decía que pretendía «evitar reincidir en anteriores experiencias jurisdiccionales en las que por no haber ejercido un control oportuno los procesos llevados adelante culminaron nulificándose por deficiencias procesales no atendidas en su debido momento, generando desconfianza en la sociedad».

A la Corte le quedaba pendiente, para la posteridad, decidir qué hacer con los cuestionamientos a las pruebas del juicio de «Vialidad». Frente al inminente comienzo de las audiencias, una noticia descomprimió tanto el peso del juicio como la presión para una decisión de los supremos: el anuncio de la fórmula de Unidad Ciudadana que no tendría a Cristina Fernández de Kirchner como candidata presidencial sino a Alberto Fernández y a ella como vice.

Rosenkrantz contemplaba los sucesos con cierto goce, a la distancia, mientras el macrismo anunciaba que si volvía a ser gobierno ampliaría la Corte con la esperanza de dominarla. Highton, como era habitual, quedó en el medio, siempre más proclive a pegarse a la corriente. El trío peronista estaba golpeado, flotaba algo de desconfianza entre sus miembros, que igual podían consolarse con pensar que, si se mantenían juntos, todavía podían tener la sartén por el mango, al menos puertas adentro.

La realidad era que Comodoro Py les había ganado una batalla. Era peor: los supremos habían atinado a actuar por fuera de la alianza político-judicial-mediática que condiciona la agenda pública y los expedientes, y que se impuso otra vez con todo su peso. Habían protagonizado una o más rebeliones en la Corte. Pero la más importante les quedaba pendiente.

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Diarios, revistas y webs consultados: Saber Derecho, revista Anfibia, Clarín, El Cohete a la luna, El Destape, Infobae, La Nación, Letra P, Noticias, Nuestras Voces, Página/12, Diario Judicial.

Agradecimientos

A Luciana Bertoia, gran compañera de equipo. Lejos una de las mejores periodistas e investigadoras que conozco, sin cuyo aporte este libro no hubiera sido posible.

A Raúl «Tuny» Kollmann, que fue mi sostén y bombero durante el tiempo que llevó hacer este libro, y más también.

A las/os amigas y amigos, me acompañan siempre con su afecto y aliento: Laura Galarza, Clarisa Canda, Luciana Peker, Vilma Noce, Patricia Chaina, Andrea Pochak, Julieta Pérez Lavallén, Paz Rodríguez Niell, Laura Crovetto, Nora Solari, Mónica Blanco, Adriana Mark, Vivi Iasparra, Gustavo Russo, Facundo Sánchez Borghi, Enzo Zappani y Pablo Méndez Shiff.

A Sonia Quiroga, un ser de otro mundo, que llena de amor mi vida y la de mis hijas.

A Nora Veiras, Victoria Ginzberg, Sebastián Abrevaya, Mario Wainfeld, Reynaldo Sietecase, Gustavo «Gato» Sylvestre y Nico Bocache, por el apoyo.

A todas/os mis compañeros y compañeras de La Inmensa Minoría (Radio Con Vos) y Minuto 1 (C5N), por el aguante.

A las y los colegas siempre dispuestos/as a dar una mano en momentos difíciles: Cata De Elía, Fernando Alonso, Juan Amorín, Ariel Zak, Néstor Espósito, Vanesa Petrillo, Karina Poritker, Sergio Farella, Patricia Blanco, Martín Angulo y Sofía Caram.

A Pablo Slonimsqui y Federico Delgado, por impulsarme y ayudarme.

A Paula Pérez Alonso, por apostar a mi trabajo y mis ideas. Por darme seguridad y entusiasmo.

A Cristian Alarcón y Martín Ale, grandes maestros para mí.

A quienes compartieron para este libro su saber, sus conocimientos, información, chismes e historias.