¿Quiénes mandan de verdad
en España?

Carlos Elordi

© Carlos Elordi, 2013

Primera edición en este formato: junio de 2013

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Índice

1. En España mandan los de siempre

2. El heredero de Franco

3. El inmenso poder de los banqueros

4. El desarme frente al neoliberalismo

5. El giro de los socialdemócratas

6. Felipe González y los banqueros franquistas

7. La España sin frenos de Aznar y Zapatero

8. Hundidos y en manos de los bancos

9. ¿Adónde nos lleva Europa?

10. La extrema debilidad del poder político

11. ¿Está en peligro la democracia?

12. El futuro que les espera a los partidos

13. La fuerza de los obispos

14. En lo que ha quedado el poder de las regiones

15. Y así se cuentan las cosas

¿QUIÉNES MANDAN DE VERDAD EN ESPAÑA?

Carlos Elordi

«¿Quiénes mandan de verdad en España?» es la pregunta que reponde en este libro el reconocido periodista Carlos Elordi.

Las elecciones celebradas cada cuatro años sirven para que los poderes fácticos que realmente rigen los designios de España tomen posiciones para dirigir el futuro del país. La banca, los grandes empresarios, la Iglesia católica, la Casa Real y la Unión Europea, entre otros, influyen en la toma de decisiones, y cada uno de ellos ejerce directamente presión sobre la sociedad.

Elordi analiza cómo se articulan internamente esos poderes y cómo ha evolucionado su capacidad de influencia a consecuencia de la actual crisis económica.

Un análisis que se completa con un repaso a la estructura del poder en algunas comunidades autónomas y con un capítulo específico sobre los medios de comunicación.

El autor consigue, de este modo, desvelar los resortes del poder ocultos en España.

ACERCA DEL AUTOR

Carlos Elordi es periodista. Fue redactor de los semanarios Triunfo y La Calle, director de la revista Mayo, corresponsal en España del periódico italiano La Repubblica, trabajó de 1998 a 2011 en el programa Hoy por hoy de la Cadena SER, y ha colaborado en el diario El País y en otras publicaciones españolas y extranjeras. Actualmente escribe en El Periódico de Catalunya y en eldiario.es. Es autor de varios libros, entre los cuales destacan El desafío socialista (Laia, 1978), Antes que el tiempo muera en nuestros brazos (Grijalbo, 1996), Tiempos difíciles (Santillana, 2002) y El amigo americano (Temas de Hoy, 2003).

1

En España mandan los de siempre

En las páginas siguientes se intenta describir a grandes rasgos el panorama del poder en España. Anticipando las conclusiones que se desprenden de cada uno de los capítulos, vaya por delante una impresión general: la crisis económica, y los procesos que condujeron a ella, han modificado de manera sustancial las relaciones de fuerza que existían hace tan solo un par de décadas.

La principal novedad que ha traído el desastre económico ha sido el descenso radical de la influencia del Gobierno y de los dos mayores partidos, el PP y el PSOE, en las decisiones que afectan al interés general. En virtud de los preceptos constitucionales, siguen teniendo todos los resortes para ser los únicos que manden en los ámbitos que sus resultados electorales se lo permitan y en los asuntos de interés general. Y, además, siguen controlando de forma omnímoda el sinnúmero de instituciones que configuran la estructura de nuestra democracia. El poder que tienen, sobre el papel, los partidos españoles no tiene parangón en las demás democracias occidentales. Pero ya no pueden ejercerlo.

Los mercados de la globalización —que tal y como se ha hecho ha resultado ser infausta— han privado al Estado-nación español de enormes parcelas de su soberanía. Eso hoy se concreta en que las principales decisiones que afectan a nuestra economía y a nuestro bienestar se toman en Bruselas y en Berlín, sin atender a los intereses de los ciudadanos españoles. Nuestro Gobierno es un convidado de piedra que acepta dócil e inanemente esos mandatos, aunque contravengan sus compromisos electorales y socaven no solo su credibilidad sino también su legitimidad.

El sector financiero y el entramado de intereses empresariales y económicos que hay detrás del mismo fijan otros límites, no menos conspicuos, a la libertad de acción del Ejecutivo, y también a la de la oposición. Tanto el PP como el PSOE cayeron hace tiempo no solo en la trampa de ceder a las presiones de la banca sino, lo que es más grave, en la de identificar sus proyectos políticos con los planes de expansión de los banqueros. En esa hermandad ideológica contra natura, incluso para la derecha, radica una de las causas principales de la debilidad de nuestros dos mayores partidos. No solo porque esta les ha llevado a contraer servidumbres de las que tardarán mucho en deshacerse, sino porque ese entendimiento ha unido la suerte de unos y de otros. Y el Gobierno, más que actuar al dictado de Emilio Botín y de Francisco González, que también, se ha quedado sin espacio de maniobra para decidir al margen de sus intereses.

El extraordinario poder que han alcanzado los Gobiernos regionales constituye otra importante limitación de la capacidad de acción del Ejecutivo central. La descentralización española desbordó hace tiempo su diseño original y ha asumido unas dimensiones y unas formas que hacen ingobernable el Estado. Buena parte de las autonomías están quebradas, pero el Gobierno de Madrid carece de la fuerza política necesaria para imponer a los barones regionales sus soluciones a ese problema. Y el PP y el PSOE ya no son capaces de influir en las dinámicas políticas del País Vasco y que están en curso en Cataluña.

Todos esos elementos, y alguno más —como el protagonismo creciente de la Iglesia católica en la vida pública—, trazan una perspectiva desoladora para la política en España, que se completa con un dato no menos importante: la mayoritaria desconfianza, cuando no el rechazo, que los dos grandes partidos concitan entre los ciudadanos.

En definitiva, que el poder político y los políticos ya no están a la altura del papel que les atribuye la Constitución. Es decir, que el sistema ideal que se diseñó hace treinta y cinco años está gravemente enfermo. Y que no hay medicina que pueda curarlo en las actuales circunstancias.

Caben distintas hipótesis sobre lo que puede ocurrir en el futuro. La de la explosión social que arrase con todo es la menos probable: en España, y en casi todos sus estratos sociales, hay demasiada gente que cree que perdería más de lo que podría ganar si apoyara una aventura de ese tipo. Eso no excluye que se produzcan estallidos puntuales, incluso importantes, que condicionarían la marcha de las cosas, pero que no modificarían sustancialmente el conformismo protestón que hoy caracteriza la actitud de la mayoría.

Si se excluye la acción de un factor de ese tipo, y también un cataclismo en la Unión Europea —que parece inevitable, pero no inminente, aunque habrá que verlo—, solo queda la continuidad de la situación actual, matiz arriba, matiz abajo. Estas en una primera fase estaría marcada por políticas para salir del paso, siempre condicionadas por las instancias internacionales y las servidumbres nacionales, y en la que la principal preocupación de populares y socialistas serían sus batallas por el reparto interno del poder y los resultados que podrían obtener en las elecciones de 2014 (europeas) y 2015 (locales, autonómicas y generales).

Más adelante, pero seguramente no antes de esa última fecha, podrían empezar a llegar algunos cambios. El replanteamiento del Estado de las autonomías sería uno de ellos. Otro, el de las relaciones entre Madrid y Barcelona y Vitoria. Y cuando la crisis empiece a escampar, y para entonces se hayan reducido de manera sustancial y generalizada tanto los salarios como los costes sociales de producción, podría empezarse a trazar el diseño de la España económica del futuro, el de un país dual, de ricos y pobres y sin grandes perspectivas de crecimiento.

Dada la actual relación de fuerzas y la que previsiblemente habrá durante aún mucho tiempo, no cabe esperar otra cosa que el pensamiento centralista y reaccionario así como el mundo del dinero influyan decisivamente en la orientación de unos y otros cambios. Porque, arrumbado el espejismo de una España nueva que diera definitivamente la espalda a su pasado y comprobada la incapacidad del poder político para convertirse en una instancia autónoma y con capacidad plena de mando, los que vuelven a aparecer como inamovibles son los que el gran periodista catalán Gaziel llamó los «dueños» del cotarro.

Es decir, los banqueros, los burgueses, la Iglesia, la sociedad civil de la derecha. Los mismos que fueron los grandes usufructuarios del régimen de Franco, los mismos que a su muerte se apiñaron en torno al Rey para que este fuera la garantía de que los cambios que se avecinaban no redujeran su poder, los mismos que se han vuelto a juntar ahora para que nadie, sino ellos, decidan la suerte que le espera a don Juan Carlos.

2

El heredero de Franco

El Rey no manda. Pero es un poder fáctico. Enorme. Aunque se comporte como un rico jubilado al que lo único que le preocupa es disfrutar de la vida, él es la clave de bóveda de nuestro sistema institucional. No solo porque es su máxima instancia, sino también porque es el elemento en el que se incardinan los demás poderes del Estado. Y además, don Juan Carlos es el vínculo entre nuestro presente político y el régimen que le precedió. Que el jefe de Estado de la democracia sea la misma persona que quien ocupó ese cargo en los últimos años del régimen franquista es la prueba viva de que nuestro sistema no nació de una ruptura con la dictadura, sino únicamente de una reforma que cambió sus leyes. Y eso, aparte de recordarnos de dónde venimos, también hace muy difícil alejar al monarca de La Zarzuela si él no quiere marcharse.

El Rey lo es porque Franco quiso que fuera su heredero y porque, más tarde, las fuerzas democráticas aceptaron esa situación. Para revertirla, no solo sería preciso aprobar una nueva Constitución, sino, antes de eso, establecer unos nuevos pactos entre los distintos poderes reales del país del calado que tuvieron los que se hicieron en la Transición. Don Juan Carlos debe saberlo perfectamente. Y seguramente por eso nos ha trasmitido siempre la sensación de que se siente impune.

La Constitución no explicita los motivos por los cuales el Rey de Franco es también el jefe de Estado de la democracia. No menciona derechos dinásticos ni de otro tipo. Don Juan Carlos conservó su corona porque así lo decidieron, casi unánimemente, quienes eran los representantes de la voluntad popular en 1978. Y si así lo hicieron fue porque todas las fuerzas políticas que obtuvieron representación en las elecciones del 15 de junio de 1977 habían aceptado antes de que estas se celebraran que la monarquía sería la forma del Estado en democracia y que Juan Carlos de Borbón sería el jefe de ese Estado. Es decir, habían asumido que se cumpliera la voluntad de Franco al respecto. Incluidos los comunistas, y muy a su pesar, porque esa aceptación implicaba reconocer que su lucha durante cuarenta años había fracasado.

Esa fue la principal condición sine qua non que impusieron quienes ostentaban el poder tras la muerte de su creador, entre ellos el Rey mismo, para acceder a cualquier cambio. Y ese fue el precio político que tuvieron que pagar los partidos que estaban fuera del franquismo para ser reconocidos. Porque carecían de la fuerza necesaria para propiciar cualquier salida que no incluyera ese requisito.

Franco no dejó «todo atado y bien atado». Pero sí lo que para él sin duda era lo más importante: el nombre de quien había de sucederle en la jefatura del Estado. Y no porque hubiera descubierto virtudes extraordinarias en don Juan Carlos, ni porque hubiera visto en él al hijo que iba a seguir fielmente el camino del padre. Frente a las ambiciones incontenidas de su padre, don Juan, el joven Borbón tenía la clara ventaja de que le había obedecido siempre sin rechistar. Porque estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta con tal de llegar a ser Rey. Incluso a «tragar mucho», según confesó años después su esposa, la hoy Reina Sofía. Esa disponibilidad sin límites, que hasta le llevaría a quitarle el puesto a su padre, debió bastarle al dictador para convencerse de que don Juan Carlos era el instrumento adecuado para sus fines.

La principal preocupación de alguien que sigue mandando cuando ve cerca la muerte es que lo que ha construido no se diluya cuando él no esté. Y lo que el dictador había creado, de la manera que se sabe, era un sistema de poder. Ese era el legado que él quería que tuviera continuidad. Aunque tuviera que cambiar de formas. Era previsible que las del franquismo no pervivieran mucho tiempo tras la desaparición de su fundador. Don Juan Carlos ha declarado que el propio Franco así se lo dijo una vez. Aquella organización estaba demasiado ligada a su figura y a su acción como para que pudiera sobrevivirle sin sufrir cambios importantes.

Pero el entramado de poder que había detrás de esas formas sí que podía hacerlo. Estaba formado por la banca, los principales empresarios y hombres de negocios, por los grandes terratenientes, por la jerarquía católica, por quienes ostentaban los mandos de la sociedad civil del franquismo, desde los notarios y registradores a los miembros de los altos cuerpos de la administración, pasando por los más elevados estadios del escalafón judicial. Y también por los jefes del Ejército.

Todos ellos se apiñaron en torno al Rey en cuanto este fue nombrado tal por las Cortes franquistas en diciembre de 1975. Y así siguen hoy en día, aunque tras el golpe del 23-F las fuerzas armadas empezaran a dejar de ser lo que habían sido. Porque Franco hizo comprender a unos y a otros, o ellos lo comprendieron por su cuenta, que el que don Juan Carlos ocupara la jefatura del Estado era la expresión de su poder. El que, más tarde, todos los partidos políticos acataran el designio del dictador, reconociendo al Rey por él nombrado, demostró la fuerza que esos poderes tenían.

La transición a la democracia no fue un hecho milagroso, ni un golpe de mano que dieron unos personajes providenciales, tal y como figura en la versión oficial de la misma. Fue un proceso de adaptación a las nuevas condiciones que había creado la muerte de Franco y a las exigencias políticas del momento, y, a la cabeza de ellas, la de colocar España en Europa. Fue un proceso rápido, intenso y arriesgado en algunos momentos, en el que brillaron las dotes de imaginación y negociación de sus protagonistas. Pero que respetó el guion escrito por el dictador en lo que se refería a quién debía de sucederle. Con todo lo que ello comportaba.

Si se garantizaba ese principio intocable, las cosas podían evolucionar de maneras muy distintas. El testamento de Franco no cerraba las posibilidades de evolución de su régimen. Así lo vieron sus exégetas más perspicaces, figuras del régimen como Torcuato Fernández Miranda, que encontraron la forma de reformar el franquismo a partir de sus propias leyes. A partir de eso, la situación podía evolucionar en el sentido en el que lo hizo, concluyendo en la Constitución; podría haberse quedado en el intento continuista de Arias Navarro y de Fraga Iribarne, o podría haber optado por caminos intermedios entre uno y otro. No había planes elaborados de antemano. Aunque sí objetivos genéricos. Los de la oposición democrática eran muy claros. Los del Rey y su entorno se ceñían a mantenerse a la cabeza del Estado en las condiciones más favorables para que esa situación fuera estable y duradera. Tras cometer algunos errores, comprendieron que la manera de lograrlo era reformar a fondo todo lo demás.

Convencieron a los poderes en los que se apoyaban, o cuando menos a sus exponentes más influyentes, de que eso convenía a sus intereses. Con dificultades, trabajosas idas y venidas y dejando algunos descontentos por el camino. Obtuvieron el apoyo de los principales Gobiernos europeos a sus planes, consiguieron que hasta los socialdemócratas alemanes y suecos y los socialistas franceses aceptaran al rey designado por Franco. Pero fracasaron con las fuerzas armadas o, cuando menos, con importantes sectores de sus máximos responsables. Con los que no querían que el Ejército terminara por convertirse en un órgano más de la Administración y pretendían que siguiera gozando de la autonomía intocable y depositaria de los valores sagrados del franquismo que había tenido hasta entonces.

A cambio de renunciar a eso, en todo o en parte, Adolfo Suárez les ofreció cautelas y compensaciones. Las rechazaron. Por principios. Los mismos que tenía la ultraderecha, que entonces, y también ahora, era bastante más que un grupo de nostálgicos de la dictadura. Por eso, y porque creían que la situación se había desbocado, dieron un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.

No existe prueba alguna de que en los días o meses previos el Rey no dijera a sus autores e instigadores que comprendía sus motivos. Ni tampoco de que no reconociera ante ellos que en aquella situación —con un Gobierno desarbolado y sin autoridad, con ETA desatada y la economía en horas muy bajas— las fuerzas armadas podían, o debían, cumplir un papel distinto del de quedarse calladas en los cuarteles. Ni de que no les transmitiera, de una u otra manera, que los militares podían contribuir a reconducir las cosas. Junto con otras fuerzas y con él mismo.

Tampoco se conoce qué ocurrió en las horas que mediaron entre el momento de la entrada de Tejero en el Congreso y la alocución televisiva mediante la cual don Juan Carlos negó a los golpistas. Ninguno de los que podían haberlo hecho ha querido contarlo. Lo que sí se sabe es que los partidos políticos democráticos y sus intelectuales orgánicos decidieron que aquella intervención del Rey ante las cámaras borraba de un solo trazo el pasado de don Juan Carlos con el franquismo y lo elevaba a los altares de la democracia. Y desde aquel día, año tras año, la España oficial, fuera de derechas o de izquierdas, ha repetido ese mantra. Hasta hoy mismo, cuando amplias capas de la población y la mayoría de los jóvenes ponen en cuestión su cargo, ese es el principal argumento que se esgrime para defender al Rey.

Esa versión de las cosas es la pieza fundamental de la versión oficial de la Transición. Con ella se reescribe, inventándolo en buena parte, el pasado previo a 1981. Gracias a ella se confirma que la Transición misma y lo que vino después fueron un ejemplo para el resto del mundo. Y, sobre todo, que las bases en las que se asentaba eran inmutables e intocables. Porque, según esa visión, no tenían defecto alguno; eran prácticamente perfectas. Todos los que tenían algún mando, en el sistema político, en la sociedad civil o en las instituciones apoyaron siempre esa lectura de las cosas.

Hasta hace relativamente poco tiempo pareció que nada podía alterar ese acuerdo tan firme, al que se había logrado sumar, además, el apoyo mayoritario de la ciudadanía. A la que una incansable propaganda, pero también el sentido común y el deseo de normalidad, habían terminado por convencer de que el Rey y la Constitución eran las únicas y las mejores soluciones posibles.

Lo que no se previó es que todo el montaje pudiera fallar porque el Rey no estuviera a la altura de la responsabilidad a la que le obligaban tan altas funciones. Había conseguido lo que más deseaba en la vida. Alguien que se lo oyó decir ha contado que en una ocasión, cuando tenía seis o siete años, sus amigos confesaron lo que querían ser de mayores. Uno dijo que piloto, otro que almirante o cosas así. Cuando le tocó su turno, Juan Carlos afirmó: «yo voy a ser Rey». Consiguió serlo y, además, indiscutido y popular. Pero no se conformó con eso. Quería también ser libre, moverse sin ataduras de ningún tipo. Tal vez su modelo de referencia era su abuelo, Alfonso XIII, un monarca que también aparecía siempre sonriente y feliz, pero cuyos excesos, con las mujeres, en asuntos oscuros y en todo tipo de caprichos, le granjearon un rechazo entre todos los estratos de la sociedad que fue uno de los principales motivos de la llegada de la II República en 1931.

Se ha escrito que don Juan Carlos ya tenía contactos privilegiados con la banca cuando aún solo era príncipe. Pero los rumores de sus andanzas por el mundo de los negocios, de los favores y de las comisiones que se reciben a cambio cobraron fuerza más adelante. Empezaron a surgir poco tiempo después de 1981. Es decir, cuando el Rey ya se sentía plenamente seguro en el cargo y, sobre todo, cuando creyó que ya no iba a tener que meterse en nuevos líos políticos y podía dedicarse a lo que le gustaba.

Algunas de las personas que le habían ayudado a asentarse en la corona en los momentos difíciles también gestionaron sus iniciativas en el mundo del dinero. El que más, Manuel Prado y Colón de Carvajal, cuya larga fidelidad al monarca, que ciertamente le debió de reportar grandes beneficios, le llevó en 1995 a aceptar una condena de dos años por haberse apropiado de entre 12 000 y 16 000 millones de pesetas de la familia real kuwaití a fin, se dijo, de que el Rey no apareciera como el destinatario de esos fondos.

Las compras estatales de petróleo árabe, y más tarde, hace poco, del ruso, a través de la compañía Lukoil y de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, destacan entre las actividades en las que se dice que don Juan Carlos ha ejercido funciones de intermediario desde hace décadas. Pero también se ha vinculado su nombre a grandes operaciones de inversión en telecomunicaciones, líneas ferroviarias de alta velocidad y otras. O de promoción de toda suerte de iniciativas favorables a intereses de los grandes empresarios turísticos de las islas Baleares. Todos ellos contribuyeron al fondo de 3 000 millones de pesetas que costó el yate Fortuna que regalaron al Rey en 2000. Y en su cubierta, los miembros de la familia real lucieron verano tras verano toda suerte de prendas y objetos de marcas conocidas, y con su nombre bien visible para que saliera en las fotos. Hasta que Maruja Torres lo denunció en El País.

En el ambiente en el que se ha movido siempre el monarca, el de los ricos, españoles y extranjeros, esas actividades son totalmente normales. En esos medios nadie se escandaliza de que quien tiene poder lo utilice para aumentar su patrimonio. Ciertamente hay quien no lo hace y se suele destacar la probidad de algunos monarcas europeos. Pero quien accede a esos tráficos no merece reproche alguno y, por el contrario, es objeto de interés por parte de quienes quieren hacer negocios. Que son casi todos. Esa es la salsa de ese mundo.

Tal y como contó Luis García Berlanga en La escopeta nacional, los tejemanejes comerciales eran la esencia de las cacerías franquistas. Y lo siguieron siendo en las de la democracia, en las que, por cierto, don Juan Carlos ha sido un participante asiduo. ¿De qué otra cosa, y de las piezas que se cazan o de mujeres, van a hablar nuestras élites económicas, que si por algo no se distinguen es por su inquietud y su formación cultural o en cualquier otra cosa que no sea el dinero? ¿O en los largos partidos de golf en los campos más selectos a los que tan aficionados son los ricos? ¿O en el palco del Bernabéu y en los de los demás grandes clubes de fútbol españoles?

Esos son los lugares en los que se plantean o se rematan buena parte de los negocios de altura que se hacen en España. Esas, y algunas cenas y comidas en conocidos restaurantes, son las sedes en las que se ejerce el poder económico. Los subalternos y los despachos de abogados se ocupan de perfilar los detalles, de encontrar las vías para superar los inconvenientes técnicos y legales y de dar forma final a las operaciones. Pero lo fundamental del negocio ya les viene dado, lo han acordado los poderosos en esos encuentros. Y el aspecto crucial de los mismos suele ser el acuerdo sobre la comisión que han de llevarse unos y otros. En los ambientes de la alcurnia madrileña se dice que el Rey es particularmente exigente en ese aspecto.

La discreción es la norma inviolable de esos pactos de caballeros. El silencio solo se rompe si alguno de ellos cae en una situación tan desesperada que no tiene más remedio que amenazar con hablar para salvarse. Por eso es tan importante hacer negocios con gente segura, que dé garantías de que nunca le va a pasar algo de eso. Pero el Rey se confió en exceso en más de una ocasión. Le ocurrió con su amiga, la actriz Bárbara Rey, quien, según se publicó entonces, le pidió dinero a cambio de no revelar secretos de alcoba. Y, sobre todo, en 1995, cuando salió a la luz que Mario Conde y Javier de la Rosa estaban intentando chantajear al monarca, con quien ambos tenían antiguas y óptimas relaciones, para evitar su condena por graves delitos financieros. Y destacados exponentes del mundo periodístico y de otros les apoyaban en ese empeño.

El Gobierno socialista de Felipe González, además de asumir la negociación con los representantes de esos personajes, tuvo que arbitrar complejas y delicadas iniciativas políticas e institucionales para desactivar la trama, que, sin embargo, resurgió dos años después, con Aznar ya en la Moncloa, y que solo se apagó tras la boda de la infanta Cristina con Iñaki Urdangarin, que Jordi Pujol orquestó como una gran operación de Estado en apoyo al Rey, con la presencia de todos los presidentes autonómicos, incluido el vasco, y de las máximas instancias del poder institucional y social.

No quedó traza judicial alguna de esos ni de otros avatares de similar índole. Quien pudo hacerlo las borró. Y aunque esos asuntos aparecieron en los periódicos, bien es cierto que solo en algunos y siempre con términos contenidos y en pequeñas dosis —lo cual no era poco, porque algún año antes eso mismo habría sido imposible— no accedieron a los medios masivos, es decir, a las radios y, sobre todo, a la televisión.

Hoy eso sería impensable. Porque cualquier noticia o rumor, si tiene enjundia suficiente para ello, llega por Internet a millones de personas en pocas horas. Ese es uno de los motivos por los cuales el escándalo Nóos se ha escapado de las manos a quienes querrían haberlo controlado y avanza imparable hacia la implicación indirecta del Rey. Otro, no pequeño, es que un juez ha decidido seguir hasta donde haga falta.

Un tercero, y seguramente el más importante, es que la opinión pública ya no está dispuesta a tragarse ningún sapo, ni a mirar para otro lado si se entera de que el monarca ha vuelto a pasarse. La crisis económica ha provocado un cambio sustancial en la actitud de los españoles hacia la cosa pública y, particularmente, ha hecho desaparecer en ellos todo signo de indiferencia hacia la corrupción.

Al Rey no debieron contarle que ese cambio se había producido. O no quiso enterarse. O no le afectó mucho. Porque la opinión de quienes a él sí que le importaban no iba, ni mucho menos, por ahí. Y es que mientras arreciaban esas críticas, el poder económico no solo le expresaba su apoyo, sino que hacía saber al resto del país que el Rey era su referente, bastante más que los desacreditados Gobiernos democráticos. En noviembre de 2010, en medio de la agonía de Zapatero, recibió en la Zarzuela a una comisión que representaba a cien máximos exponentes empresariales y que le entregó un documento que contenía las reformas del sistema económico y del político, incluido el de las autonomías, que esas personas consideraban urgentes para sacar al país del agujero. Muy pocos comentaron entonces que, en todo caso, ese papel tenía que haber sido entregado al Parlamento, que aquel encuentro, por sí mismo, tendría mucho de antidemocrático, que podía ser el germen de una acción del Rey por encima de los partidos.

Y la experiencia volvió a repetirse en marzo de 2012. Esta vez con los presidentes de las diecisiete mayores empresas españolas. Sin documento alguno de por medio y ante las cámaras de televisión. El escándalo Urdangarin llevaba bastantes meses en la calle, el Rey había proclamado lo de que «la justicia ha de ser igual para todos», ya se había empezado a hablar de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, pero aún no había tenido lugar la cacería de elefantes en Botsuana. Al encuentro con el Rey asistieron los presidentes del Banco Santander y del BBVA, que flanquearon al monarca, para que nadie dudara de quienes eran los que más mandaban. Y los de Telefónica, El Corte Inglés, Repsol, Acciona, La Caixa, Inditex, Grupo Planeta, Mapfre, ACS, Ferrovial, Mercadona, Iberdrola, Mango, Grupo Barceló y Havas Media Group.

De lo que allí se había dicho solo trascendieron los mensajes de ritual. El de que «todos han de arrimar el hombro para salir de la crisis», o el de que «hay luz al final del túnel». Pero lo importante era la reunión en sí misma. Porque esta vez, más que de maniobras espurias, de lo que se trataba era de apoyar al Rey. Y lo que las máximas instancias del poder económico español querían que se supiera era que estaban tan firmemente unidas a don Juan Carlos como, treinta y ocho años atrás, cuando se convirtió en el sucesor de Franco, lo estuvieron quienes representaban lo mismo que ellas. Y también que, de una u otra manera, habría que contar con su aquiescencia para tomar cualquier iniciativa que afectara a la corona.

Por si alguien no había recibido esa misiva, las mismas personas volvieron a reunirse, esta vez en la sede de Telefónica, a finales de agosto de 2012. Para entonces, a los consejeros del Rey ya se les había ocurrido la idea genial de que el monarca pidiera perdón por la cacería africana y dijera que «se había equivocado». Lo cual no rebajó un ápice la creciente indignación ciudadana y añadió una imagen imprevista al asunto: la de un hombre acabado.

Por todo eso, y por la espantosa imagen internacional de nuestro jefe del Estado, está cada vez más claro que el Rey, y el sistema mismo, ya solo pueden jugar la carta de la sucesión, que será una abdicación encubierta. Y también que se va hacia eso. Midiendo los pasos y tratando de ganar todo el tiempo posible. Pero sin mayores garantías de que esa solución vaya a funcionar. O, cuando menos, sin seguridad alguna de que la entronización de Felipe de Borbón vaya a normalizar la andadura de la jefatura del Estado.

La prudencia recomendaría que el cambio se produjera después de que hubiera habido sentencia sobre el caso Nóos. Pero ninguna catarsis que anunciara el nuevo monarca podría evitar que sobre él cayera el peso de una eventual condena de su yerno, quién sabe si también de su hermana y, aún más, de una eventual implicación de su padre en los hechos juzgados. No saldría mejor librado si el tribunal decidiera la absolución. Y menos si, por arte de magia, se anulara el proceso.

Ante esas perspectivas, podría ser menos costoso asumir el cargo antes de que se iniciara el juicio. ¿Se atrevería luego el Rey Felipe a indultar a sus familiares? ¿Optaría por ejercer el cargo con Urdangarin en la cárcel? Cualquier escenario es posible, por atrabiliario o intolerable que hoy parezca. Pero ninguna de esas opciones permitiría a la monarquía recuperar la credibilidad perdida. Aunque eso seguramente no preocupará en demasía a los poderes que le apoyarán. O no tendrán más remedio que pechar con ello.

Don Felipe será un rey frágil desde el día de su toma de posesión. Porque estará marcado por la trayectoria de su padre. Porque tendrá enfrente la desconfianza de una gran parte de la opinión pública. Porque el poder político que debería reforzarlo es hoy más débil que nunca y tanto el PP como el PSOE medirían cualquier paso a dar en esa dirección para que la irritación de la gente no se volviera en contra. Y porque los demás poderes, aun pudiendo bloquear cualquier salida que no les guste, no tienen capacidad para imponer una solución propia y habrían de limitarse a apoyar al joven Rey de la manera que lo están haciendo a don Juan Carlos. Es decir, a la defensiva.

Si, atendiendo a la opinión unánime de los expertos en la materia, se descarta la posibilidad de un golpe de Estado militar, la perspectiva que hay por delante es el deterioro imparable de la monarquía. Habrá que ver si es lento o rápido. Y qué traumas nacionales pueden derivarse de ese proceso que parece inevitable. ¿Reventará por ahí la enorme presión que se está acumulando en una España hundida en la crisis y en la que se están deshaciendo todos los equilibrios de poder?

3

El inmenso poder de los banqueros

La banca es el gran poder. Manda más que cualquier otro. Y más que sus colegas de cualquier otro país. ¿En dónde un Rey necesita su apoyo para hacer ver que no está definitivamente hundido? ¿En qué otro sitio el jefe del partido socialista y del ejecutivo convierte en consejero áulico a Emilio Botín y llega un momento en que no hace nada sin antes haber consultado con él? ¿En dónde un presidente del Gobierno tiene que mendigar a los banqueros que compren deuda pública o que entren en el banco malo? ¿O humillarse hasta el punto que tuvo que hacerlo Mariano Rajoy cuando le dijo al presidente del BBVA: «Por favor, Paco, no me hagas esto»? Y eso que, desde el día que llegó a La Moncloa, no había tomado medida alguna sin su permiso y se estuviera hundiendo en los sondeos por actuar fundamentalmente en función de los intereses de la banca.

Nunca en la historia de España los banqueros habían mandado tanto. Ni siquiera durante el franquismo, cuando eran uno de los pilares del régimen pero acataban que el dictador marcara la pauta. Su poder ha crecido en democracia casi en la misma medida que lo han hecho sus desmanes. El peso del sector financiero en la economía es entre dos y tres veces mayor que el de hace tres décadas. Directa o indirectamente controlan hasta la última parcela de la actividad productiva o de los servicios. Y, teniendo en sus manos el arma del crédito, deciden la suerte de todas las empresas. Hasta las de los medios de comunicación, cuyas deudas con ellos han acabado con su autonomía y en algunos casos las han puesto a sus pies. Y casi nadie se atreve a denunciar sus abusos o su codicia, que ha llevado al país a la ruina.

Son insolventes porque no van a poder devolver las deudas que contrajeron en el extranjero para financiar su insensata expansión inmobiliaria. Pero han conseguido que ese sea un problema del Gobierno, y que este lidie con la Unión Europea o con Angela Merkel para hacerle frente, mientras ellos se dedican a lo suyo. Han logrado que sea el Estado, es decir, los ciudadanos, quienes asuman el riesgo de quiebra de los bancos, que aún no se ha disipado y condiciona toda la política económica. Cuando, en un país en el que las leyes se aplicaran en el sentido en que fueron concebidas, el sector bancario se habría reestructurado de acuerdo con el tamaño de la economía real, se habría despedido sin contemplaciones de sus cargos a los banqueros responsables del desaguisado y los bonos y activos financieros de su propiedad se habrían destinado a tapar los agujeros.

Esa impunidad refuerza su imagen de poder. Y mandan porque, a pesar de estar endeudados, siguen teniendo el dinero. Y con él pueden comprar cualquier voluntad y chantajear a quien haga falta. En primer lugar, al Gobierno, amenazándole con llevarse sus fondos a otra parte. Cosa que, al parecer, han hecho más de una vez en los últimos años. Y puede que algo de eso hubiera detrás de las intensas fugas de capital que se registraron en 2010 y en 2011. Y también con la milagrosa vuelta de una parte de ese dinero que tuvo lugar posteriormente.

Con el dinero también tienen controlados a los partidos. Porque los han financiado, y seguramente siguen haciéndolo, muchas veces a fondo perdido. Igual que a no pocos políticos, que han vivido por encima de sus posibilidades gracias a los créditos con intereses de amigo y elásticas condiciones de devolución que les ha concedido la banca.

Y, lo que es aún peor que todo eso, tienen en sus manos a los ciudadanos corrientes. Porque muchos les deben dinero y su vida gira alrededor de la necesidad de devolverlo, sabiendo que el banco los hundirá si no lo hacen. Y porque prácticamente todos los demás tienen cuentas corrientes, en donde tienen domiciliadas sus nóminas y sus pagos, gravados unas y otros por comisiones abusivas, las más altas de Occidente. La asociación de usuarios de banca Adicae concluyó en 2004 que un cliente medio pagaba 567 euros al año por comisiones. Desde entonces esa cifra ha crecido un 265%, mientras que el índice de precios solo lo ha hecho un 25%.

O tienen tarjetas de crédito: España es el país con la tasa por habitante más alta del mundo al respecto. O si son mayores y han podido ahorrar para la vejez, depósitos. Cada vez menos remunerados, y desde hace unos años, y más después de lo que ha pasado en Chipre, amenazados con evaporarse en parte o en todo. Millones de españoles viven desde hace años con el temor de que eso ocurra. Y ninguna declaración política les tranquiliza. Porque la gente empieza a darse cuenta, o ya lo sabía de antes, de que ninguno de los grandes partidos ha osado nunca cuestionar las prácticas de los bancos, lo cual ha convertido en piezas inamovibles del sistema unas injusticias que en un país decente estarían en los tribunales.

Los bancos se sienten seguros porque, además, creen que sus clientes no se van a atrever a enfrentarse a ellos. Porque confían, y tienen fundados motivos para ello, en que la gente piense que eso no tiene futuro, que puede ser muy peligroso y que, además, casi nadie se va a enterar de lo que le ocurra a quien se arriesgue a ello.

Para quienes no tienen la vida muy bien resuelta y no tienen por qué meterse en más líos, que, como se sabe, son muy pocos, el fantasma de los bancos inquieta su sueño tanto o más que sus mayores problemas de otra índole. Porque les deben algo, porque necesitan pedirles prestado o porque temen que les recorten la remuneración de sus ahorros o que les hagan cualquier otra faena. Como la que han oído contar al vecino o al compañero de trabajo. Incluso a pensionistas que solo ingresan su subsidio. A través, claro está, de una entidad financiera, en la que también tienen domiciliadas sus facturas.

Son implacables con aquellos a los que no pueden sacar más dinero. Han provocado tragedias personales espantosas que se podrían haber evitado solo aplicando correctamente las leyes. Se han quedado con dinero que no les correspondía en cantidades fabulosas y desde tiempo inmemorial. No solo mediante prácticas como las preferentes o las hipotecas abusivas, que están hoy contestadas en la calle, sino mediante trampas descaradas que miles de empresarios arruinados —en esta crisis, también cuando las cosas iban bien y antes de eso— pueden contar a quien quiera escucharles.

La gente tiene miedo a los bancos. Se acerca a ellos con un respeto reverencial que no tiene a los poderes públicos, ni siquiera a Hacienda. Porque ha oído hablar de lo que son capaces y sabe que pueden tomarle el pelo por mucho que uno se esfuerce por entender la letra pequeña de sus contratos, cuya redacción y configuración es un abuso intolerable en un país en el que los políticos, el Estado, las televisiones y la publicidad se dirigen a los ciudadanos como si su capacidad de comprensión fuera la de un niño de seis años. Eso no solo se debe a las técnicas de manipulación que unos y otros emplean, sino que también responde al hecho de que una población que en su mayor parte tiene serias lagunas de formación difícilmente puede entender mensajes complejos. Y si es así, ¿por qué habría de comprender los que les imponen los bancos?

Pero nadie de los que podrían haberlo intentado se ha planteado jamás modificar esa práctica. Que, por sí misma, es un instrumento de poder de los bancos. No solo porque les proporciona herramientas aparentemente legales para imponer su voluntad y sus intereses sin que el firmante tenga conciencia de ello. También porque, junto con el despliegue obsesivo de los iconos de su fuerza, de sus edificios fastuosos y de las muestras de una modernidad tecnológica propia de las naves espaciales de las películas, les confiere un carisma parecido al que la Iglesia católica obtiene de su liturgia de orígenes inaccesibles, la magnificencia de sus catedrales y el esoterismo de sus ritos y procedimientos. Lo incomprensible siempre ha engrandecido los mitos.

Pero más allá de lo subliminal, están las cosas concretas. Y una de ellas es que los ciudadanos saben que cualquier conflicto suyo con los bancos que termine en los tribunales se saldará a favor de ellos, salvo casos excepcionales. Que si llegan a los medios de comunicación, en los que manda la noticia, es precisamente porque esas sentencias son extraordinarias respecto de todas las demás. Y si en estos últimos tiempos están empezando a salir un poco más, tal vez sea porque la crisis esté impulsando a más jueces a ser justos. Aunque eso les pueda costar un disgusto. Porque, mientras no se demuestre lo contrario, el poder judicial ha manifestado, y sigue manifestando, una atávica tendencia a inclinarse del lado de los poderosos de la economía. Y más cuanto más alta sea su instancia. La del uno y la de los otros.

En los últimos tiempos las prácticas abusivas de los bancos, si es que no son estafas, están ocupando un espacio cada vez mayor en el debate público. Una de ellas es la de las participaciones preferentes, que no solo se colocaron de manera engañosa —y el engaño puede ser delito, sobre todo si sirve para quedarse con los bienes de alguien— sino que eran productos tóxicos por sí mismos, porque ni eran capital, ni ahorro, porque ese dinero se podía perder. Los grandes bancos aseguran que ya han resuelto ese asunto, devolviendo solo una pequeña parte de lo que recibieron de los engañados. Y ningún otro poder se lo ha reprochado. La mayoría parlamentaria «popular» lo ha dado por bueno y ha impuesto una reforma dictada por los banqueros que solo afectará a las cajas nacionalizadas y que hará perder a los titulares de las preferentes hasta el 70% de lo que invirtieron en esas entidades.

El poder judicial no ha movido un dedo al respecto. Los fiscales han recibido numerosas denuncias de estafa, pero hasta ahora no han dictado procedimiento alguno. En cambio, son extraordinariamente diligentes en lo que a los desahucios se refiere. Y la policía suele presentarse en las casas de quien hay que echar a la calle a los pocos días, si no es a las pocas horas, de que el juez haya concluido el trámite que él mismo inició, sin pestañear, tras de que un banco presentara la correspondiente denuncia por impago. Porque eso es lo que había ocurrido siempre y eso es lo que él aprendió que había que hacer cuando preparaba las oposiciones para entrar en la carrera judicial.

La ley hipotecaria que está vigente en España data de 1909. Ningún partido se ha atrevido a cambiarla y los bancos no están dispuestos a permitir que los políticos se avengan ahora a modificarla en profundidad, presionados por la calle y por los suicidios. Que sin duda también los hubo en el pasado por las mismas razones. Pero no nos enteramos, salvo si nos tocó muy de cerca. Porque esas cosas se ocultaban, porque en la moral pública que había impuesto el poder constituido, con la colaboración de los banqueros, no pagar era motivo justificado de vergüenza.

En otros países, si un ciudadano no puede pagar la hipoteca, le quitan la casa, que bastante desgracia es, y nada más. Aquí le quitan la casa, la valoran entre un 40 y un 50% por debajo del precio que figura en el contrato del préstamo —que fijó una tasadora del propio banco, porque así se hizo durante la época del boom, sin que ningún notario ni economista oficial se escandalizara—, le cargan los gastos de tramitación legal del asunto, aplican intereses usureros de demora a lo que queda por pagar y lo arruinan para siempre.

Y encima algunos políticos del PP y no pocos de sus paniaguados mediáticos proclaman que es necesario mantener esas normas, porque son las que garantizan que los bancos seguirán dando hipotecas. Y que por lo mismo no se puede apoyar la dación en pago. Cuando el principal motivo de esa negativa es que los bancos no quieren que se deprecie aún más el valor de sus activos inmobiliarios, porque quieren seguir manteniendo la ficción de sus cuentas, que están mucho peor de lo que dicen. Porque el riesgo de que dejen de cobrar las amortizaciones de los préstamos pesa sobre buena parte de las hipotecas que se mantienen aún activas.

Han hecho lo que han querido con los ciudadanos. Les han colocado hipotecas con cláusulas de suelo abusivas, que no podían abaratarse aunque cayeran los tipos de interés que ellos pagaban, y con vencimientos a cuarenta y hasta a cincuenta años, que por definición son una irracionalidad si no un timo. Les han hecho tragar clips y swap» que se les vendieron como seguros contra la subida de los tipos de interés y que, en realidad, eran productos de inversión altamente especulativos y expuestos al riesgo de graves pérdidas. Que se ocultaban al cliente. Les han colocado preferentes, pagarés, cédulas hipotecarias y deuda subordinada que se han llevado sus ahorros. En Gran Bretaña, el Banco Santander está procesado por prácticas similares. Aquí ningún juez ha dicho nada hasta ahora.

Esas y otras fueron nuestras «hipotecas basura». El Gobierno y los banqueros estuvieron años diciendo, y los grandes medios repitiéndolo para que todos terminaran creyéndoselo, que en España no había nada de eso. Ahora, estos últimos cuentan los suicidios y las manifestaciones de los afectados por esas estafas, sin aclarar nunca qué es lo que hay detrás de ellas. Y es que los bancos controlan absolutamente el discurso público en torno a los asuntos que les afectan y, en general, sobre la economía. Llevan años invirtiendo mucho en ello, en comprar voluntades, en silenciar a los díscolos.

Ese dominio incontestado, que no tiene parangón en ningún otro país de Europa, ni en Estados Unidos, es uno de los pilares de su poder. Con él adormecieron a la población en los años del boom, le hicieron creer que aquella loca expansión iba a hacer ricos a todos y que no tenía riesgo alguno. Ahora pretenden inculcar su moral aberrante. Y quieren que sus víctimas asuman que son ellas mismas las culpables de sus desgracias. Porque cedieron a la codicia. Cuando cada día se conocen nuevas historias de cómo se produjeron los engaños y las coacciones para que la gente firmara lo que le ponían delante, los corifeos de los banqueros siguen diciendo que el pueblo es culpable.

No pocos ciudadanos han terminado por creérselo. Porque la naturaleza humana, sobre todo entre quienes son más débiles, es proclive a la autoflagelación. Sobre todo en un país que venía de muy abajo y que se lanzó a disfrutar de la bonanza sin entender nunca muy bien por qué esta había llegado, que se dejó engañar porque lo que le ofrecían era demasiado bonito como para rechazarlo. En un país en el que la mayoría carecía de la mínima capacidad para saber de verdad lo que le estaban colocando. Y ahora, cediendo a la terrorífica lógica católica que les inculcaron desde niños, se arrepienten. Cuando su único pecado es la ignorancia. Y toda la culpa es de quien la utilizó para enriquecerse hasta extremos que no tenían precedentes. Mediante una operación perfectamente organizada y basada en el desprecio de los intereses y de la suerte de la gente. Lo confirman los poquísimos exempleados bancarios que se han atrevido a contar la verdad, es decir, a traicionar a sus antiguos jefes.

El desastre nacional que han provocado los bancos no se puede entender sin tener en cuenta lo que ha ocurrido en estas últimas décadas en el resto del mundo occidental. Tampoco sin recordar la larga lista de dejaciones, complicidades y sometimientos a los intereses de los banqueros que los políticos españoles han venido haciendo desde hace bastante tiempo. A resumir esos procesos se dedican las páginas que siguen. Pero ya en este punto se puede anticipar una conclusión. La de que lo que ha pasado, y lo que sigue pasando, es la expresión de la victoria arrolladora de una ideología, la del capitalismo más inhumano, que en un lapso relativamente breve de tiempo se ha impuesto a cualquier otra visión del mundo. Fuera de derechas, conservadora o democristiana, o de izquierdas. Y que ha terminado por arrastrar a mucha gente corriente, las más de las veces sin que esta se diera cuenta.

La pregunta pendiente es la de cómo ha sido posible que la instrumentadora y gran beneficiaria de esa nueva visión que retrotrae a la humanidad a las etapas más crueles de su historia —aunque el consumo y el aparente bienestar lo disimulen— haya sido una élite financiera que está formada por personajes que nunca han dado muestras de poseer una inteligencia especial. Ni mucho menos una formación intelectual sólida —basta ver lo mal que leen los textos que les preparan sus gabinetes en las pocas veces que aparecen en público— y que lo único que saben de verdad son los trucos del oficio de banquero. Y la única respuesta clara que surge al respecto es que eso ha ocurrido porque los poderes que deberían haber controlado a los banqueros han resultado ser mucho más débiles de lo que estaba previsto en el diseño democrático. Particularmente en España.

Esa debilidad no ha nacido solo de algunos fallos fundacionales de nuestro sistema. Ha sido, sobre todo, el resultado del empobrecimiento progresivo de los valores ideológicos sobre los que está basado, de los principios y de las tareas de la democracia. En muy poco tiempo, unos y otras han ido quedando supeditados a una obsesión, la del dinero, que se ha convertido en la única referencia, en la vara para medir todo lo demás. También la acción política.

Esa deriva tiene raíces profundas, nace también, o sobre todo, de los enormes cambios políticos que en las últimas décadas ha sufrido el panorama geoestratégico mundial y que posiblemente no han hecho más que empezar. Arrastrando a buena parte de la sociedad, ha destruido, tal vez para siempre, valores fundamentales de la democracia, como el de la solidaridad. Y explica que gente como los banqueros se hayan hecho con el mando. Porque ellos son los que mejor saben qué es lo que hay que hacer para que crezca el dinero.

4

El desarme frente al neoliberalismo

Pocos meses después de la quiebra de Lehman Brothers, cuando la onda expansiva del desastre ya se había extendido por todo el mundo, particularmente por Europa, y amenazaba con llevarse todo por delante, Nicolas Sarkozy afirmó que había que refundar el capitalismo. Al entonces presidente de Francia le gustaba mucho hacer frases redondas, aunque casi nunca las convertía en hechos concretos. Pero en aquella ocasión la cosa parecía ir en serio. Porque la situación tenía el aspecto de ser realmente desesperada y porque todo indicaba que solo medidas drásticas podían impedir un hundimiento del sistema económico.

La frase de Sarkozy solo tenía una lectura posible: refundar el capitalismo significaba reducir de manera sustancial el desmesurado poder que el sistema financiero privado había alcanzado a las alturas de 2008 en los países más desarrollados del mundo, gracias a la aquiescencia o a la pasividad de los Gobiernos. Además de reconducirlo, de una u otra manera, hacia sus funciones clásicas de financiación de la economía. Como poco, el peso de la banca en el conjunto de las grandes economías occidentales se había doblado en el curso de las dos décadas anteriores, en demérito de los demás sectores. Y buena parte de ese crecimiento se basaba en actividades de carácter básicamente especulativo.

La refundación tenía que cambiar ese estado de cosas. No solo mediante la adopción de normas draconianas que redujeran la influencia de la banca en la economía y reorientaran su actividad, sino también mediante decisiones políticas que obligaran a los banqueros a pagar, de la forma que fuera, por el desastre que habían provocado.

Pero aquella proclama fue un ensueño muy pasajero. Ni el G-20, ni la Unión Europea ni Gobierno alguno, tampoco el francés, se atrevió siquiera a profundizar en la idea, que bien pronto fue desechada de la manera más ignominiosa posible, es decir, no volviendo a mencionarla siquiera de pasada. Y lo que, por el contrario, se impuso, inmediatamente y, sin solución de continuidad, hasta hoy mismo, fue un concepto radicalmente opuesto al de la refundación: el de que los problemas de los bancos ponían en cuestión el futuro del conjunto del sistema, por lo que la prioridad indiscutible de la acción política era salvar a la banca, con los medios que hicieran falta. Los Gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido y otros cuantos más invirtieron o comprometieron volúmenes fabulosos de fondos públicos en sanear sus bancos privados, mediante intervenciones de entidades o por otras vías, dejando muy tocada la capacidad de gasto de los Estados. Y, salvo algunos casos, muy pocos en Europa, algo más en Estados Unidos, permitieron que los mismos banqueros que habían propiciado el desastre, o los sustitutos por ellos escogidos, siguieran mandando en sus entidades.

Ese planteamiento sigue determinando la política económica europea. La austeridad que imponen Berlín y Bruselas nace de ella: como la gran prioridad es salvar a los bancos, y como los Estados, sobre todo los de los países más débiles, terminarán por ser los últimos garantes del pago de sus ingentes deudas, o de una parte de ellas, se les ha impuesto el imperativo, sin concesiones, de que reduzcan su tamaño y sus déficits para que puedan atender a esa responsabilidad. Aunque eso implique pérdidas de derechos y de rentas para grandes sectores de sus poblaciones. Los bancos han vuelto así a ganar la partida. Su expansión, sin límites ni reglas, fue la principal responsable de la crisis. Y ahora, sin que esas reglas se hayan restablecido y cuando empieza a detectarse que algunos bancos están volviendo a lanzar productos «tóxicos» al mercado, los Gobiernos se imponen la obligación de salvarlos.

En teoría, el sector bancario debería ser uno de los más regulados en cualquier economía. Y así fue hasta hace unas décadas en todo el mundo. Porque las terribles crisis financieras que desde hacía siglos habían venido sucediéndose obligaron a los Gobiernos y a las autoridades monetarias a aprobar medidas que fijaban límites a su actividad, a fin de que la codicia o los errores de los banqueros no arrastraran al resto de la economía. Pero en los años que precedieron al crack de 2008, la mayoría de aquellas reglas ya no se cumplían. Ni en España, ni en buena parte del resto del planeta. Unas, porque habían sido suprimidas; otras, porque se habían ido matizando tanto que ya no respondían a la intención con que fueron concebidas, y algunas más, simplemente, porque quien tenía que imponerlas no lo hacía.

Por aquellas fechas, hacía ya mucho tiempo que la idea de nacionalizar la banca privada casi había dejado de ser incluso una utopía. El cerco al que los poderes financieros de todo el mundo sometieron a Francia cuando, en 1981, François Mitterrand decretó esa medida, hasta obligarle a revertirla, disuadió a cualquier otro gobernante de volver a intentar nada parecido. Lo que más tarde hicieron los gobiernos de Venezuela y Bolivia, los de Hugo Chávez y Evo Morales, fueron expropiaciones puntuales de bancos en manos de extranjeros. Y las nacionalizaciones que se han producido en varios países a partir de 2008 —en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Bélgica y también en España— nada tienen que ver con aquella mítica y denostada idea, que, por cierto, no solo fue defendida por la izquierda. Ya muy pocos se atreven a sugerir que una banca en manos del Estado podría tener un papel relevante en la economía de un país «moderno». En algunos solo sigue cumpliendo funciones secundarias.

El fracaso francés de 1981 dejó claro que lo máximo que el Estado podía hacer en el sector financiero era fijar, y hacer cumplir, reglas que los banqueros no podían transgredir. Pero también esa idea había quedado arrumbada en la época que precedió al estallido de la crisis. Por pasos, pero que se sucedieron rápidamente en el tiempo, la «revolución neoliberal» fue acabando con principios inveterados de la economía que hasta la propia derecha defendía.

Su precursora fue Margaret Thatcher. Esgrimiendo el argumento de que los sindicatos habían alcanzado un poder intolerable, no solo los destrozó apoyándose en la mayoritaria clase media, muchos de cuyos miembros habían nacido en la clase trabajadora. También redujo el tamaño del Estado, abrió las puertas a la expansión del poder financiero, reverdeció los principios del capitalismo más injusto e implacable. Y, lo que fue más importante, demostró al mundo que una derecha como la suya podía ganar a la izquierda que desde el final de la Segunda Guerra Mundial había venido avanzando sus posiciones y aplicando sus políticas socialdemócratas.

Aunque los términos que se usaban en el debate eran algo distintos, el fondo era idéntico en Estados Unidos. Ronald Reagan siguió los pasos de su colega británica. Al calor del neoliberalismo, Washington y Londres se proclamaron amor mutuo tras siglos de desconfianza y de enfrentamientos, y el presidente de Estados Unidos dio grandes pasos para desregular la economía y, sobre todo, el sector financiero. Pero, más que todo eso, fue el vencedor de la Guerra Fría con el comunismo, lo cual le dio un prestigio y una fuerza, tanto en Norteamérica como en todo el mundo, que ahogaron cualquier protesta contra el giro que había dado a la política económica. Sus sucesores no se salieron de ese carril, incluido el Bill Clinton que una cierta izquierda ha mitificado injustificadamente. Y George W. Bush impulsó sin límites el poder de Wall Street y la revolución neoliberal.

Durante ese proceso, las autoridades políticas y los banqueros acordaron ir reduciendo al mínimo las condiciones que limitaban la acción del sector financiero porque, según la nueva visión, esas restricciones reducían las posibilidades de expansión de la economía y, por tanto, de mejora del bienestar general. El principio era el de que había que permitir que los banqueros, las «fuerzas económicas» se decía, camparan libres, sin limitaciones impuestas desde el Gobierno. Y que fueran ellos mismos los que dieran forma y aplicaran la otra novedad ideológica del neoliberalismo, la «autoregulación». Que consistía en afirmar que los bancos, con sus formidables aparatos de análisis y de predicción, gestionados, además, por miles de brillantes doctores salidos de las mejores universidades, serían capaces de fijar los límites a partir de los cuales el crecimiento del crédito podía ser peligroso. Y en asegurar que ellos mismos los respetarían sin que nadie les presionara para que lo hicieran.

Como bien se sabe, todo eso terminó por ser un camelo. La codicia de siempre, inmune a novedades ideológicas y tecnológicas, arrasó con todas las teorías que defendían la racionalidad y las bondades universales de las nuevas prácticas financieras. No solo es altamente probable que buena parte de la parafernalia teórica fuera simplemente una patraña inventada para ocultar los riesgos inherentes al nuevo sistema, sino que es prácticamente seguro que sus máximos responsables, es decir, los banqueros, sabían que este tenía fallos, que no era tan perfecto como decían en público, y que no descartaban la posibilidad de un descalabro de todo el montaje: lo han denunciado algunos de los que participaron en su ideación y desarrollo.

Pero ellos mismos lo ocultaron mientras la cosa funcionó, entre otras, porque les estaba haciendo más ricos de lo que habían soñado. A los banqueros y financieros —que debían de estar seguros de que, a la postre, el Estado acudiría a tapar el agujero que podía producirse—, mucho más. En una medida que ningún poderoso económico de la historia había alcanzado nunca. Y con su predominio ideológico, con el apoyo entusiasta de miles de economistas y de intelectuales que no dejaron de cantar —a cambio de grandes prebendas— las excelencias de sus prácticas financieras y de su sistema y con una enorme fuerza mediática a su servicio, fueron arrinconando cada vez más a los políticos que se oponían a su plan, o comprando, lisa y llanamente, a no pocos de ellos: años después, Barack Obama mismo no aplicó algunas de las reformas financieras y económicas que prometía el programa con el que ganó en 2008, porque, al final, no tuvo más remedio que pedir en Wall Street los fondos que necesitaba para amarrar la victoria.

Pero lo más importante de todo fue que los financieros ganaron la batalla de las ideas, que es donde reside el verdadero poder. Consiguieron convencer a muchos ciudadanos de que ellos estaban haciendo el milagro de que la riqueza y el bienestar económico estuvieran al alcance de cualquiera que decidiera participar en su juego. Sin mayores esfuerzos: bastaba con que les dejaran actuar sin cortapisas y con que firmaran las correspondientes pólizas de crédito. Fueron los verdaderos líderes de opinión, los personajes de referencia de esa época de esplendor. En la que, por cierto, los índices de desigualdad social y de renta crecieron como no lo habían hecho desde el siglo XIX.

En esos años, el peso del sector financiero en el conjunto de la economía norteamericana se triplicó con respecto del que este tenía a finales de los setenta. Wall Street se asentó como centro del poder económico norteamericano con mucha más fuerza de la que había tenido nunca, dejando a los gigantes industriales y tecnológicos, e incluso a las petroleras, en un lugar más secundario. Ese aumento extraordinario del protagonismo del sector financiero tuvo lugar en todas partes. Sobre todo en países como Irlanda, Islandia, Gran Bretaña, y también en España: por algo somos uno de los países más bancarizados del mundo, concepto que se mide en función, entre otras cosas, del número de sucursales bancarias y de tarjetas de crédito. Y nosotros tenemos, o teníamos hasta hace poco, las más altas del planeta.

Los nuevos modos del capitalismo estadounidense fueron adoptados, punto arriba, punto abajo, por el resto del mundo desarrollado. La ideología neoliberal fue penetrando en las políticas de todos los Gobiernos, y en el de la Unión Europea, con matices y límites que respondían a las distintas circunstancias y las tradiciones financieras de cada país. Mientras la Francia del estatista Jacques Chirac se resistía en parte, Gran Bretaña se aplicó con fervor a ello y la City londinense se convirtió en la indiscutible capital financiera de nuestro continente, en la meca de inversores y especuladores europeos, norteamericanos, asiáticos y hasta africanos.

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El giro de los socialdemócratas

Justo después de que Ronald Reagan y Margaret Thatcher sentaran las bases de la revolución neoliberal, el laborista Tony Blair inventó, aún en la oposición, una «tercera vía» para la izquierda, distinta del proyecto revolucionario de los comunistas, pero también del planteamiento tradicional de los socialdemócratas europeos. Aunque la idea se articulaba en bastantes puntos, dos de sus sostenes principales eran: uno, que la izquierda no podía seguir defendiendo que el Estado fuera el actor principal y único de las políticas económicas y sociales y tenía que abrir el espacio también en este terreno a la iniciativa de las empresas privadas; la contención de la presión impositiva, es decir, la reducción del tamaño mismo del Estado, sería la consecuencia de ello. Y, dos, que un Gobierno de izquierdas no debía de interferir en demasía en el libre funcionamiento de los mercados, y en particular en el del financiero. Aunque redujo sus excesos en materia social, Blair no eliminó algunas de las reformas que en este sentido había hecho la señora Thatcher.

Fue el apóstol de una nueva ideología que poco a poco fue calando en todo el espectro socialdemócrata. Al tiempo que el pensamiento neoliberal iba haciendo mella en los planteamientos de buena parte de las derechas europeas, latinoamericanas y asiáticas, las ideas de Blair, que tampoco chocaban frontalmente con aquel, fueron ganando espacio en la izquierda europea. Buena parte de la socialdemocracia europea fue decidiendo, cada una en su momento, que si quería ganar elecciones, lo cual le resultaba cada vez más difícil —a diferencia de lo que le ocurría al líder británico—, no podía oponerse a las bajadas de impuestos y a la liberalización, particularmente la del sector financiero.

Gerhard Schröder siguió los pasos de Blair. Imprimió un sello alemán a sus iniciativas y sus reformas sentaron las bases, fundamentalmente a costa de los trabajadores, de las mejoras de la competitividad de las que hoy se beneficia la economía germana. Y su Gobierno del SPD abrió las puertas a la expansión irracional de la banca. Prácticamente todos los líderes socialdemócratas europeos le siguieron. Entre ellos, los griegos y los portugueses. Y, no poco después, José Luis Rodríguez Zapatero llegó a decir aquello de que bajar impuestos —que haría la vida más fácil a los ricos y terminaría por recortar el Estado de bienestar— era «de izquierdas».

Caer bien a la gente, a las grandes masas de ciudadanos que se estaban yendo hacia la derecha, porque querían ser clase media y vivir como los ricos, o cuando menos adquirir las apariencias —acciones, casas, coches, viajes, ropa— que les permitieran creérselo, era la prioridad de los dirigentes socialdemócratas, porque estaban convencidos de que esa era la única manera de competir con los partidos conservadores. Hacía tiempo que habían guardado en el armario de los instrumentos políticos en desuso la movilización de sus bases sociales y de los sindicatos para luchar contra la injusticia.

Ese cambio sustancial de orientación política se hizo sin grandes debates. Porque, por encima de cualquier prejuicio, había que atraerse al «centro», que era en donde se suponía que se decidía la suerte de las elecciones y porque en todos los países de referencia se estaba haciendo lo mismo. Y vació de contenido a la socialdemocracia: tras el hundimiento del «socialismo realmente existente», de la URSS y de su bloque, que dejó colgadas del aire a las izquierdas de inspiración comunista, el neoliberalismo ganó la partida de las ideas, que siempre ha sido la fundamental en política, a las que venían de la Segunda Internacional. Casi sin solución de continuidad respecto del momento de la victoria del capitalismo sobre el bloque soviético.

Como consecuencia de ambos procesos, y de la incapacidad de la izquierda para renovar sus ideas, como no fuera para acercarse a las del rival, el terreno ideológico quedó totalmente en manos de la derecha. Y los banqueros se convirtieron en los grandes gestores de una nueva causa: la de que la riqueza dejara de ser el privilegio de unos pocos, eso que la izquierda nunca había conseguido, decían. Sin añadir que esos pocos iban a aumentar sus fortunas hasta extremos nunca vistos, ni que los que se subían en precario al carro de la fortuna podían perderlo todo si las cosas se torcían, ni que la injusticia económica y social iba a crecer como nunca.

En los años del boom económico —que, con sus altibajos, se prolongó durante más de una década, hasta el estallido de la crisis—, los dirigentes socialdemócratas europeos no se enfrentaron abiertamente, con todas las consecuencias, a la nueva corriente ideológica, a la que con mayor o menor entusiasmo se fue sumando toda la derecha, y sin reflexionarlo demasiado. La socialdemocracia no dejó de denunciar retóricamente la maldad intrínseca del neoliberalismo y de proclamarse única defensora del Estado de bienestar, entre otras cosas, porque ese era el mensaje que necesitaba para conservar a su electorado tradicional. Pero no levantaron la bandera de la lucha contra el crecimiento sin límites del poder financiero, que en la nueva realidad económica era el primer adversario de los intereses que debería haber representado la izquierda. Y ya no, o, al menos, no tanto, los grandes empresarios industriales o de servicios, que habían sido su rival tradicional en la lucha de clases y que ahora eran cada vez más actores secundarios en una sociedad occidental en la que la especulación terminó por dominarlo todo, incluidas las estrategias de las empresas.

Además de eso, los socialdemócratas fueron dejando de lado su desconfianza atávica hacia el mundo del dinero. Se olvidaron de que eso había inspirado siempre sus programas políticos, que seguía presente en algunos de ellos hasta con fórmulas muy radicales, y también de que la clara separación entre su universo ideológico y el de los banqueros y los grandes empresarios era la base de su planteamiento político, su manera ideológica de ser. Y se acercaron a ese mundo, se esforzaron por comprender las razones, los intereses de los banqueros y de los grandes empresarios, por ceder a las condiciones que imponían para colaborar en los proyectos de sus Gobiernos, aunque eso implicara concederles cada vez más libertad para que ganaran dinero como quisieran.

Porque creían que eso les daba el marchamo de modernidad que les era imprescindible para ganar elecciones, porque estaban convencidos de que teniéndolos en su contra no accederían a los Gobiernos, y porque concluyeron que la gestión de la economía era imposible sin una complicidad con ellos. Pero ningún Gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, fue capaz de controlar el grado que iría adquiriendo y las consecuencias que provocaría esa complicidad. O de vislumbrar que, una vez que se había aceptado que los banqueros tenían voz y voto en la conducción de la política económica de un país, esta casi se tornaría en aceptación sin más de sus intereses: unas décadas atrás, eso había sido un sacrilegio hasta para muchos gobernantes conservadores.

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Felipe González y los banqueros franquistas

La España de finales del siglo pasado no fue una excepción a esa regla. Cuando José María Aznar estuvo en el poder no hubo la menor duda de ello y hasta parecía lógico, tratándose del líder de la derecha y más de uno que se proclamaba liberal, aunque sin explicar cómo ni por qué. Pero el PP no tuvo que dar un giro drástico respecto de sus predecesores para poder caminar por esa vía. Porque, antes de llegar al Gobierno, Felipe González ya había decidido que, en el desastroso estado en que se encontraban las estructuras y la realidad diaria de la economía española a comienzos de los ochenta, ningún proyecto de futuro o siquiera de supervivencia era posible sin un entendimiento con el poder económico: con el que había en España, en parte ya solo de pura fachada, e incierto y dudoso para no poco del resto, y con los capitales que desde el exterior observaban con desconfianza a un país que salía a tientas y sin rumbo claro de una larga dictadura y no se decidían a invertir en él.

Con un desparpajo ideológico que fue pionero entre los socialdemócratas europeos, y que tal vez influyó, aunque solo fuera como precedente, en el de Tony Blair, el entonces líder del PSOE apostó por distintos y, aparentemente contradictorios, objetivos a la vez: la clave de bóveda de ellos, y fundamental por sí solo, era el de entrar en la Unión EUropea. Adaptando todo lo posible la economía española a las normas comunitarias, aunque no pudo doblegar algunas conspicuas resistencias sectoriales, pero también confiando en que un Gobierno que representaba a una España que quería estar a la altura de los tiempos y él mismo, con su buena imagen exterior y su capacidad de convicción, se granjearían el favor de los líderes europeos y ablandarían las exigencias de la Unión Europea. Acertó y ese fue su mayor logro político: de su consecución no solo se derivó un fuerte impulso a la actividad económica, sino también una mayor capacidad inversora del Estado que tuvo como resultado una formidable mejora de las infraestructuras. Y, claro está, el fin del histórico aislamiento de España en Europa.

Sus otras dos metas principales, además de la de reformar las fuerzas armadas para que dejaran de ser golpistas, fueron la de sacar a la economía del agujero en el que el último franquismo y los Gobiernos de Adolfo Suárez la habían sumido, ponerla en marcha e introducirla en las corrientes europeas, en lo que entonces se llamaba «la modernidad», y la de crear, a partir de lo que en este terreno había dejado la dictadura, una verdadera estructura asistencial del Estado, también con la vista puesta, sobre todo en sanidad y en educación, en los logros alcanzados en los países más desarrollados de Europa.

En el diseño de ese proyecto, que en buena parte se perfiló sobre la marcha, se preveía que, garantizado el apoyo popular por la vía de las urnas y de un ambiente social muy favorable, el dinero y el apoyo necesarios para hacer todo lo anterior habrían de venir de Europa, de una reforma fiscal que la UCD había apuntado, de los capitales extranjeros a los que había que atraer y de la banca española misma.

Esta desconfiaba mucho de los socialistas. La mayoría de sus responsables, por no decir todos, eran personas de ideología profundamente reaccionaria, católicas preconciliares hasta donde se podía serlo, y, además, estaban férreamente unidas al franquismo. Unos cuantos de esos banqueros, o sus padres, habían financiado el golpe militar de 1936, algunos de ellos habían combatido en el ejército rebelde y no pocos habían perdido a familiares en las trincheras o en los «paseos». Con alguna excepción que confirmaba la regla, habían apoyado siempre a Franco: porque tenían una fe casi religiosa en él, y porque se habían beneficiado casi sin límites de las enormes oportunidades que década tras década les había brindado la dictadura.

En un libro de referencia que se publicó en 1969, El poder de la banca en España, el economista Juan Muñoz escribió: «Las medidas que propugna la banca —beneficios máximos, impuestos directos mínimos, aumento de los indirectos, escaso intervencionismo, freno a los incrementos de salarios que impida una distribución más igualitaria de la renta— son ajenos a los actuales planteamientos neocapitalistas de otros países europeos».

Argumentos como ese tenían mucho impacto en la izquierda de 1969 (Juan Muñoz sería más tarde diputado socialista en el Congreso). Hoy ya no se usan, porque esos son los planteamientos que los banqueros y los empresarios españoles han terminado por imponer, sin grandes cortapisas, hasta a los Gobiernos del PSOE. Y por el camino se ha quedado el «neocapitalismo», que proponía una visión más social y democrática de las funciones del capital que fue pisoteada por la «revolución» neoliberal.

Lo cierto es que Felipe González y los suyos se las tuvieron que ver con personas que pensaban de la antes citada manera. Y que se sabían fuertes. Porque si habían sido uno de los pilares del franquismo, también formaban parte del núcleo duro que se había articulado en torno al Rey tras la muerte de Franco para garantizar que las reformas no alteraran sustancialmente la estructura de poder que estaba vigente en el régimen.

Los acontecimientos que se habían sucedido desde la entronización de don Juan Carlos hasta la llegada al poder del PSOE, siete años después, habían hecho reflexionar a algunas de esas personas sobre la necesidad de hacer algo para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero eran muy raras excepciones. Porque la reacción de la mayoría de los banqueros a la desaparición de Franco no fue muy distinta de la que tuvieron los sectores más ultras de las fuerzas armadas y de la derecha: pensaron que no había que ceder un ápice, que los principios, las leyes y los poderes que sostenían al régimen, entre ellos el suyo, tenían que sobrevivir sin transformaciones mayores.

Más de uno estaba dispuesto a hacer lo que fuera para lograrlo. En septiembre de 1975, dos meses antes de que muriera Franco, cuando en Europa se sucedían las manifestaciones contra la dictadura española que acababa de fusilar a tres miembros del FRAP y a dos de ETA y una decena de Gobiernos europeos retiraba a sus embajadores en Madrid, José María Aguirre Gonzalo, presidente del Banesto y cabeza visible de los siete mayores bancos —Central, Banesto, Hispano-Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Urquijo—, ordenó a los directores de las oficinas de su entidad que cortaran automáticamente toda línea de crédito a las filiales españolas de empresas de países que hubieran suspendido las relaciones diplomáticas con el nuestro.

No está claro en qué terminó la cosa y si, al final, alguien convenció a Gonzalo de que una decisión como esa iba en contra de los intereses comerciales de su banco. Pero la anécdota, que se conoció solo algunos años después de ocurrida, ilustra cómo la actitud de los banqueros era todo menos favorable a la apertura democrática. Aunque sabían que tenían de su lado al Rey, vivieron en la incertidumbre los años que precedieron a la llegada del PSOE, antes y después del comienzo de la llamada «Transición», sin un proyecto político definido, sin tener muy claro en quien tenían que confiar: apoyaron, hasta que fue indefendible, el intento continuista de Arias Navarro y Fraga Iribarne; recibieron con recelo, se dijera lo que se dijera entonces, a Adolfo Suárez y algunos se colocaron en su contra cuando este optó por la destrucción ordenada de las principales estructuras políticas de la dictadura y no digamos cuando, además de legalizar a los sindicatos y al PCE, cedió en parte a algunas de las reivindicaciones sociales y económicas de la izquierda. Nunca se sabrá fehacientemente el papel que jugaron algunos grandes banqueros en la preparación y financiación del golpe de Estado del 23-F, pero hay unos cuantos indicios que sugieren que no fue secundario.

En 2011 se vino a saber que la familia Botín tenía desde la Guerra Civil cerca de 2 000 millones de euros en un banco suizo. Eso, entre otras cosas, quería decir que, año tras año y durante décadas, los que hoy son los más grandes de la banca habían hurtado a la hacienda pública cantidades formidables. Y lo que era más grave, que lo habían hecho durante todo el difícil y largo proceso de creación y asentamiento de la democracia, cuando más necesario era el dinero para el Estado. Más allá de que el asunto se resolvió vergonzosamente, con una simple declaración paralela a la Agencia Tributaria, y de que prácticamente fue ocultado por los medios de comunicación, estaba muy claro que un banquero que había hecho eso mal podía ser llamado demócrata.

Felipe González quería convencer a personas como Botín de que el PSOE no era la izquierda a la que se enfrentaron en la Guerra Civil, que no venía a nacionalizar sus bancos ni a quitarles el dominio absoluto que entonces ejercían en las grandes empresas del país, salvo en las que eran propiedad del Instituto Nacional de Industria, que, además, también estaban sometidas, indirectamente, a su influencia. Quiso transmitirles —y se venía esforzando en ello desde antes de llegar al poder— que lo único que él y los suyos querían era racionalizar un sistema económico que hacía agua por todas partes y ponerlo a la altura de Europa, además de sentar las bases de un Estado asistencial.

En aquellos años, la banca no atravesaba su mejor momento. La crisis económica que, con oscilaciones en su intensidad, se prolongaba desde 1973, había erosionado sus beneficios: entonces ningún banquero pensaba que era posible invertir en Latinoamérica para amortiguar sus problemas españoles. Además, no pocas de las mayores doscientas empresas privadas del país, que la banca controlaba omnímodamente, estaban al borde de la quiebra, particularmente las industriales. Y por si todo eso fuera poco, se había roto la paz entre los grandes bancos que había existido durante todo el franquismo, cuando, aun habiendo competencia entre ellos, nadie iba por su cuenta y todo lo fundamental se acordaba en unas comidas que mensualmente celebraban, justamente en la sede del Banesto, los presidentes de los citados «siete grandes».

Desde los primeros meses del Gobierno socialista se produjeron noticias muy importantes en el escenario bancario español y estas no dejaron de sucederse durante bastantes años. La primera fue la expropiación de Rumasa, que, a fin de cuentas, y aunque era una nacionalización —si bien con vocación de durar poco—, no sentó mal a los grandes banqueros, que habían mirado siempre con muy malos ojos el crecimiento del conglomerado bancario de José María Ruiz Mateos, un intruso del que no se fiaban. Rumasa había crecido a base de dejar atrás unos agujeros financieros que nunca iba a poder colmar y que en febrero de 1983, en el momento de la expropiación, empezaban a amenazar a la economía en general. Fuera por lo que fuera, cerrando Rumasa el Gobierno de González actuó en sintonía con los intereses de la gran banca.

Algo no muy distinto ocurrió cuando, en diciembre de 1993, el Gobierno socialista intervino el Banesto de Mario Conde. Los desmanes que este había cometido amenazaban la estabilidad de la economía, pero esa decisión también supuso la eliminación de un rival incontrolado que los grandes banqueros no querían tener delante. Y fue la culminación de una década de entendimientos entre estos y el Gobierno de González, bien que salpicada de disensiones, alguna batalla y no pocos recelos.

Era evidente para todo el mundo que la banca española tenía que renovar sus planteamientos comerciales, la manera de ejercer su poderío económico, modificar su estructura —no había bancos con dimensiones para competir con sus rivales europeos que pronto iban a llamar a las puertas de España— así como cambiar a buena parte de su personal dirigente. El Gobierno socialista decidió desempeñar un papel importante en ese proceso inevitable. Teniendo en su mano el poder del Estado, que, entre otras cosas, era el mayor cliente de la banca, y también el del Banco de España, que entonces tenía una fuerza de la que hoy carece, creía que su intervención en el asunto le permitiría influir para que el sector financiero se modernizara en el sentido que el Gobierno deseaba. Y, al tiempo, lo convertiría en un respetado interlocutor del mismo, lo cual para Felipe González y para alguno de sus ministros, Miguel Boyer y Carlos Solchaga entre otros, era muy importante.

Tratar de igual a igual a los banqueros era un objetivo ansiado por no pocos de los máximos dirigentes socialistas. Porque creían que eso constituía, por sí mismo, una victoria de la democracia que querían consolidar, pero también porque algunos de ellos tenían hacia el poder financiero una actitud, si no reverencial, sí de un respeto en el que también había una cierta admiración hacia su potencia.

Lo cual no obstó para que en paralelo, y como afirmación de su autonomía política, el Gobierno socialista se ocupara de mejorar la eficacia de la banca pública heredada del franquismo, que era entonces un conglomerado importante, pero que nunca llegaría a ser un competidor relevante de la privada. Y tampoco para que dotara de mayor capacidad de acción a las cajas de ahorro, prosiguiendo la reforma que había aprobado Adolfo Suárez. Estas sí que podían ser una opción alternativa a los bancos tradicionales y, gracias a los nuevos instrumentos de que dispusieron, se fueron convirtiendo en un rival significativo.

En lo que al sector financiero privado se refiere, desde 1983 y durante una década, se fueron sucediendo las fusiones, las OPA, amistosas o no, las guerras entre banqueros, las triunfales entradas en el sector de personajes ajenos al mismo, y sus posteriores expulsiones, más o menos remuneradas, según los casos. En conjunto, el panorama bancario español cambió mucho respecto del que venía del franquismo. No solo cuatro de los antiguos «siete grandes» fueron absorbidos por otras entidades, dos de ellos —el Bilbao y el Vizcaya— se fusionaron, y el más pequeño, el Santander, se convirtió en el gigante del sector, sino que una parte importante de la antigua oligarquía financiera, de los poderosos miembros de los consejos de administración de las mayores entidades, que lo eran también de la mayoría de las grandes empresas que estos controlaban, perdieron sus puestos, las más de las veces en contra de su voluntad.

Cada una de esas batallas fue entonces asunto de primera página de los periódicos durante muchos días. Los lectores seguían esas informaciones, y con bastante interés, como si fueran novelas de intriga por entregas. Pero, detrás de su aparente neutralidad informativa, del servicio al lector, no pocas de las cosas que contaba la prensa eran mensajes en clave con los que unos y otros contendientes trataban de golpear al rival o granjearse favores: los del Gobierno o los de los distintos poderosos de las finanzas, estuvieran o no implicados directamente en la cuita concreta en cada caso, pero que podían decidir su suerte. Muchos periodistas perdieron su neutralidad en aquellos rifirrafes, algunos a cambio de sustanciosas contrapartidas.

También entonces, aunque fue bastante menos explícita y cruenta que las que vinieron después, hubo una guerra mediática. Solo que entonces las posiciones no estuvieron marcadas por la filiación política, sino por las simpatías, que podían cambiar sobre la marcha y que, en todo caso, respondían a intereses muy concretos, hacia uno u otro de los actores de la pelea bancaria.

El Gobierno socialista estuvo de una u otra manera presente en prácticamente todos sus episodios. Apoyando fusiones —con fracasos estrepitosos como la OPA hostil del Banco de Bilbao sobre Banesto, que en 1987 supuso la aparición estelar de Mario Conde, que con un solo golpe frenó ese intento y conquistó el poder omnímodo en la segunda de estas entidades—, mostrando su oposición a otras —como a que Javier de la Rosa se hiciera con el Banco Central gracias al dinero de la familia real de Kuwait, el KIO—, favoreciendo, al menos durante un tiempo, a algunos personajes —como a los Albertos, los dos primos que terminaron siendo los accionistas de referencia tanto del Central como del Hispano y propiciaron la fusión de ambos—, u oponiéndose a otros: al que más a Mario Conde.

Y también dividiéndose internamente. Porque la batalla política que durante largos años y desde muy poco después de llegar al poder libraron dentro del Gobierno Miguel Boyer y Carlos Solchaga, los barones económicos de Felipe González, de un lado, y, de otro, el vicepresidente Alfonso Guerra y sus seguidores, también tuvo su expresión bancaria: Guerra no ocultó sus simpatías por Conde, seguramente nacidas únicamente del hecho de que este era el enemigo de sus rivales internos, y no dejó de prodigar los gestos públicos que evidenciaban ese apoyo.

Con los añadidos que llegarían durante los Gobiernos de José María Aznar, el resultado de esa larga crónica de sucesos bancarios, que llenó bastantes libros, algunos verdaderos trabajos de investigación, otros meros panfletos al servicio de uno o de otro, es la configuración actual del poder bancario privado en España. Encabezado por el Santander de Emilio Botín, que en 1994, con la adquisición del Banesto que había sido de Conde, a muy buen precio y con la aquiescencia del Gobierno de González, inició su gran salto hacia adelante, que luego se consolidaría con la adquisición del Central-Hispano, fruto de la citada fusión precedente, que también apoyó la Moncloa. Por cierto que en 2000, y tras dejar su cargo de gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo entró a formar parte del consejo de administración del Santander.

Rojo, economista de prestigio incontestado, había sido, desde que fue nombrado en 1992 y antes como influyente subgobernador del entonces banco emisor, un firme aliado del Gobierno en sus citadas actuaciones en el sector bancario. Y entró en el Santander pocos meses después de que en 1999, siendo aún gobernador, este banco lanzara con éxito una OPA sobre el 99% del capital del Banesto que controlaba, con el fin de afianzar su dominio en la entidad. Tiempo atrás, otro exponente máximo de la política económica de Felipe González, Miguel Boyer, había sido nombrado, tras dejar el Gobierno, presidente de Cartera Central, la sociedad que poseía los paquetes accionariales de control tanto del Banco Central como del Hispano-Americano, y desde ese puesto fue un importante interlocutor de Emilio Botín cuando este se decidió a comprar ambas entidades. No fueron esos los únicos personajes vinculados al mundo del Gobierno socialista que encontraron acomodo en los consejos y direcciones de los grandes bancos: tiempo atrás, dos conocidos economistas vinculados al PSOE, Paulina Beato y Antonio Torrero, habían sido consejeros del Banesto de Mario Conde.

Además de la nueva configuración del sector, la tormenta bancaria de los ochenta y de los noventa también produjo cambios importantes en la acción de los bancos y en sus planteamientos estratégicos. El que más o el que menos hizo una importante puesta al día. Entre otras cosas porque desde la entrada en la Unión Europea tenían que competir con la banca extranjera que quisiera operar en España: el Gobierno socialista hizo comprender a los banqueros españoles que no tenían más remedio que adaptarse a esa eventualidad que ellos habían rechazado desde siempre, pero también contribuyó a que esa competencia no fuera todo lo virulenta que podía haber sido.

La reforzada actividad de las cajas de ahorro constituía otro desafío para ellos. La crisis de muchas de las grandes empresas que antes controlaban —bastantes de las cuales desaparecieron como resultado de la reestructuración industrial— o la venta de otras a capitales extranjeros, le privaron, en parte, de una de sus tradicionales fuentes de beneficios. La pugna por el mercado entre unas y otras entidades, y ahora también con las cajas, se convirtió en la nueva realidad del sector y llevó a invertir en nuevas y cada vez más numerosas sucursales y también a remunerar mejor a sus depositantes, al tiempo que exigió modernizar las estructuras internas y sus métodos y técnicas para poder ganar el dinero que se iba con esos gastos. Las nuevas prácticas generadas al calor del neoliberalismo rampante iban a ser los instrumentos para lograrlo y para ir aún mucho más allá.

Además, los bancos españoles, junto con algunas de las mayores empresas del país, iniciaron su desembarco en Latinoamérica. De la manera que siempre se habían hecho esas cosas, no necesariamente respetando las reglas ideales del mercado. Y en esto, cuando menos abriéndoles camino, les ayudó el Gobierno socialista, para el que también era estratégico aumentar la presencia de España en el subcontinente. Y en esos países empezaron entonces a obtener, casi desde el primer momento, porque no invirtieron mucho, los beneficios que iban a sumarse a los que lograban en España y que cuando llegó la crisis, una década y media después, iban a ser sostén principalísimo de sus cuentas de resultados. Al igual que lo serían para las demás empresas que en su tiempo saltaron el charco.

7

La España sin frenos de Aznar y Zapatero

Cuando Felipe González dejó la Moncloa, en 1996, el sector financiero privado español era mucho más moderno y estaba mucho mejor preparado para hacer frente a las nuevas dinámicas económicas que en 1982. Los socialistas ayudaron a que eso ocurriera. También trabajaron intensamente para reformar el sistema productivo, particularmente reduciendo en medida sustancial el tamaño del sector industrial, y asimismo para abrir las puertas de España al capital extranjero, que acudió a su llamada y se hizo con la mayoría de las empresas industriales que tenían futuro y con buena parte de las de servicios, aparte de que entró con enorme fuerza en todos los mercados especulativos, desde la bolsa al de los terrenos y edificios.

Los cambios que aumentaron la potencialidad de crecimiento y la rentabilidad del sector financiero no podían cargarse, sin más, en el debe de los socialistas. Porque poner el país al día y superar el espantoso retraso que venía del franquismo implicaba también reformar la realidad de la banca y un Gobierno responsable también tenía que mojarse en eso. Los socialistas no apartaron a España de la senda del capitalismo. Ese nunca fue su propósito. Acercaron España a Europa y a la economía europea, y aumentaron el gasto social. Pero, aparte de los cambios de personas, no alteraron la estructura del poder económico que se heredó de la dictadura.

Cuando abandonaron el poder en 1996, quedaron varias preguntas en el aire. Una era: ¿cuánto había reducido la política fiscal del PSOE los privilegios y el poder económico de las clases poseedoras, de los ricos, de los caciques? Ya en esa fecha los paraísos fiscales y las SICAV eran parte de la respuesta. Más adelante, lo fueron plenamente: la revista Alternativas Económicas ha aventurado recientemente la hipótesis de que en los paraísos fiscales hay depositados 550 000 millones de euros de origen español.

Otra incógnita pendiente fue la de saber si los socialistas habían reforzado objetivamente la capacidad del Estado para controlar la actividad de las empresas privadas, particularmente de las bancarias, en función de los intereses generales y dentro de las normas de lo que entonces se llamaba el «capitalismo responsable».

Durante la etapa del PSOE, el Banco de España —regido primero por Mariano Rubio y después por Luis Ángel Rojo— ejerció con bastante firmeza su autoridad reguladora. Y sus instrucciones, que fijaban límites o prohibían determinadas actividades, se hacían cumplir, ciertamente no sin matices y excepciones. Pero además de que esos controles no limitaban sustancialmente la libertad de acción de la banca privada, no se adoptaron disposiciones de calado que garantizaran que esa actitud controladora se fuera a mantener cuando llegaran nuevos regidores al Gobierno y al Banco de España. Lo cierto es que, cuando Aznar entró en la Moncloa portando un programa liberal, no tuvo que cambiar mucho la normativa para que los bancos pudieran actuar con libertad creciente y sin cortapisas por parte del poder político.

En 1996, el año en que ganó sus primeras elecciones, las relaciones entre Aznar y los grandes banqueros no eran óptimas. Estos no confiaban del todo en que fuera el líder que la derecha necesitaba y más de uno temía que, por inexperiencia o por despiste, tomara decisiones que perjudicaran al statu quo que habían logrado con los socialistas. A Aznar, se decía, tampoco le gustaba mucho que los banqueros se hubieran entendido tan bien con González. La mutua desconfianza venía desde el momento mismo en que Aznar fue nombrado sucesor por Fraga, en 1989. Cuatro años después, en 1993, cuando perdió unas elecciones que los sondeos decían que tenía ganadas, no pocos banqueros y poderosos de la economía defendieron, al menos durante algunas semanas, que había que hacer algo para sustituirle a la cabeza de la derecha. Parece ser que Emilio Botín lo dijo abiertamente en algunos círculos. Aquello pasó, pero la estrecha victoria del PP en 1996, que le obligó a un pacto con los nacionalistas que algunos en su mundo consideraron una traición, no mejoró mucho esas valoraciones. Aznar, y sobre todo su ministro de economía, Rodrigo Rato, tuvieron que aplicarse para establecer unas buenas relaciones entre el Gobierno y la banca.

El ejercicio del poder, y su demostración —lo cual para Aznar fue siempre una prioridad— acabaron bien pronto con los recelos: él era el presidente del Gobierno y todo el mundo tenía que aceptarlo. El pragmatismo de unos banqueros mucho menos ideologizados que en otras épocas, pero no menos reaccionarios y recelosos de la democracia, les hizo olvidar sus dudas. Porque lo de enfrentarse directamente con el poder político no era su estilo, como ya se había visto con Felipe González. Pero, sobre todo, porque la política económica que aplicaría el PP favorecería plenamente sus intereses.

La primera gran operación económica del Gobierno Aznar fue la privatización de empresas cuya mayoría de capital estaba en manos del Estado. El Gobierno socialista ya había iniciado esa vía, pero las decisiones del PP dejaron pequeños aquellos primeros pasos. Porque en menos dos años, a partir de noviembre de 1996, privatizó más de veinticinco empresas, algunas de ellas las mayores de España —Repsol, Telefónica, Tabacalera, Endesa y Argentaria, todas ellas rentables en el momento de su venta, y algunas muy rentables—, obteniendo el Estado más de 24 000 millones de euros por esa liquidación del 75% de su patrimonio empresarial. Además de que buena parte de los paquetes de acciones de esas empresas fueron adquiridos por los bancos, y por La Caixa, y de que la mera gestión de esas operaciones les permitió ingresar 750 millones de euros, las privatizaciones de Aznar también fueron plenamente aceptadas por el sector financiero privado porque la venta de Argentaria —la entidad que agrupaba los bancos oficiales creados durante el franquismo— supuso la práctica desaparición de la banca pública, es decir, de un competidor al que los bancos privados no miraban con buenos ojos.

Quince años después, en medio de la actual crisis, más de un responsable político de entonces lamentaría aquella decisión que dejó al Estado sin instrumentos para intervenir en el mercado financiero, particularmente para facilitar a las empresas los créditos que nadie les daba: el ICO (Instituto de Crédito Oficial), del que Zapatero, y sobre todo Rajoy, alardearon como recurso para esos fines, era poco más que una entelequia de banca pública, y no tenía dimensiones ni capacidad operativa para modificar mínimamente la dinámica del sector.

Pero el paso de Argentaria a manos privadas tuvo otra dimensión relevante. Aznar no fue ni mucho menos neutral a la hora de privatizar las grandes empresas públicas, sino que impuso a sus compradores el nombre de quienes habían de presidirlas y mandar en ellas. Alfonso Cortina fue el escogido para Repsol, Juan Villalonga para Telefónica, Rodolfo Martín Villa para Endesa, César Alierta para Tabacalera y Francisco González para Argentaria. Todas ellas eran personas estrechamente vinculadas al presidente del Gobierno. Y habrían de serle aún más fieles tras su nombramiento: aunque solo fuera porque le debían unos cargos que, además de mucho poder, les permitirían aumentar extraordinariamente sus patrimonios personales. Francisco González en Argentaria, y Miguel Blesa, otro «amigo» de Aznar —aunque en política siempre es mejor hablar de «aliados», como hacen los anglosajones—, en Cajamadrid serían los banqueros del presidente.

Sin gastar una sola peseta, Aznar montó en torno a sí una guardia de corps empresarial que le confería en este terreno el poder que su precaria victoria electoral no le había dado en el Parlamento. Lo utilizaría para sus propios fines políticos en unas cuantas ocasiones: la más polémica fue la creación de un costosísimo grupo mediático por parte de la Telefónica de Villalonga con el único objetivo de atender a los intereses políticos del Gobierno del PP en ese sector y que terminó en nada y con pérdidas enormes. Hubo otras. El poder político y el financiero jugaron juntos muchas partidas que nada tenían que ver con el interés nacional.

Cuando llegó al Gobierno, Zapatero no cambió de rumbo sino que hizo todo lo que pudo para sustituir a los financieros de Aznar por personas más afines. Fracasó en todos sus intentos, menos en el caso de Repsol y posteriormente en el de Endesa, aunque aquí lo más que los socialistas consiguieron, tras librar una larga batalla con Francisco Pizarro —el diseñador de las privatizaciones de Aznar, que había sustituido a Martín Villa a la cabeza de la eléctrica—, fue que la compañía pasara a manos de la italiana ENEL. De la que Pedro Solbes, ministro de Economía de Zapatero cuando se hizo esta operación, se convertiría en consejero cuando abandonó el Gobierno.

Zapatero también tuvo que aceptar que Miguel Blesa siguiera en la entonces poderosa Cajamadrid, porque su mantenimiento en el cargo dependía de la voluntad de la presidenta de la comunidad madrileña, Esperanza Aguirre, uno de los capitostes regionales del PP, que había obtenido su primer mandato gracias a un episodio, aún no aclarado, de trasfuguismo por parte de dos diputados socialistas. El PSOE de Zapatero no se movió con mucha eficacia en el terreno de las altas finanzas.

Como consecuencia de ello, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, en diciembre de 2011, las presidencias de algunas de las mayores empresas del país seguían estando en manos de las mismas personas que en ellas había colocado Aznar. Con un cambio no precisamente pequeño: Francisco González ya no era presidente de Argentaria, sino del BBVA, el segundo banco de España, a muy poca distancia del Santander. Con el apoyo del Gobierno Aznar y del Banco de España, había accedido en 1999 a la copresidencia del BBVA, entidad resultante de la fusión de Argentaria con el Banco Bilbao-Vizcaya.

Durante dos años, González compartiría ese cargo con Emilio Ybarra, exponente de la antigua oligarquía de Neguri que desde siempre dominaba los consejos de los bancos vascos. Pero en diciembre de 2001 este tuvo que renunciar, tras descubrirse, seguramente gracias a alguien que no quería que siguiera haciendo sombra al aliado de Aznar, unas suculentas cuentas secretas que Ybarra y otros miembros del consejo del antiguo BBV tenían en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Así González se hizo con todos los mandos del BBVA. El Banco de España santificó la maniobra, y nadie del resto del sector financiero dijo nada en contra: es más, Ybarra fue objeto del oprobio de los demás banqueros: porque «se había dejado pillar» y ese es el único pecado que no se puede cometer en ese mundo.

Desde antes de ese episodio, y en paralelo a las privatizaciones, Aznar y Rato estaban perfilando o tomando decisiones que fueron muy bien recibidas por los banqueros. Una, la rebaja de los impuestos que menos gustaban a los ricos y, particularmente, el que gravaba las plusvalías que se obtenían en las operaciones financieras. Otra, la apuesta decidida por el sector de la construcción, al que los gobernantes del PP confiaron todas las posibilidades de crecimiento de la economía y del empleo.

Aznar necesitaba un éxito económico para que en las elecciones siguientes pudiera ampliar la corta ventaja que les separaba de los socialistas. Le hacían falta resultados en un corto espacio de tiempo y comprendió que solo el ladrillo podía garantizárselos, cuando, además, el contexto nacional e internacional favorecían su desarrollo. Rodrigo Rato tomó las primeras medidas necesarias para ello pocos meses después de llegar al ministerio. En pasos sucesivos, pero en el giro de solo un par de años, el Gobierno, con la ayuda del Tribunal Constitucional, liberalizó totalmente el mercado del suelo —que, gracias a ello, entre 1997 y 2007, dobló sus precios—, se abstuvo de intentar cualquier regulación y delegó esas funciones en las comunidades autónomas, las cuales traspasaron buena parte de esa responsabilidad de control a los ayuntamientos. Y, como complemento indispensable de todo lo anterior, no se puso ningún obstáculo para que el sistema financiero abriera el grifo del crédito, sin poner condición ni requisito alguno, ni siquiera a su endeudamiento en los mercados extranjeros de capitales. En donde fue obteniendo, cada vez más a medida que la ola iba creciendo, los fondos que necesitaba para financiar las hipotecas, porque los suyos eran insuficientes para atender a una demanda que ellos mismos habían desbocado.

Algunas de las principales palancas que impulsaron esa demanda fueron la liberalización del mercado del suelo, los incentivos fiscales a la compra de vivienda y la propia acción de la banca, y de las cajas de ahorros, que no dejaron de alentar a la gente, hasta con métodos de dudosa legalidad, a que firmaran un crédito. Otros factores contribuyeron a potenciarla, o lo harían más adelante: el abaratamiento del coste del dinero que trajo consigo la entrada de España en el euro, que se introdujo en los mercados financieros en 1999; el blanqueo, mediante inversiones en el ladrillo, de ingentes cantidades de dinero negro en pesetas que escondían muchos ciudadanos, ricos y menos ricos; las necesidades reales de vivienda nueva que existían en la población; la fiebre especulativa de la «compra sobre plano» que se desató en los más variados ámbitos sociales al calor del crédito fácil y a costes aparentemente muy accesibles; y la llegada en masa, no solo de trabajadores inmigrantes para construir casas, sino también de cientos de miles de europeos de clase media o media-baja ansiosos por hacerse con un chaletito o un apartamento en las costas españolas, también animados por las facilidades crediticias hispanas.

Todos esos elementos, conjugados, no dejaron de empujar hacia arriba, y sin interrupción durante una década, los precios de la vivienda, factor que por sí mismo retroalimentó sin parar el proceso especulativo hasta que todo saltó por los aires. Y unas y otras dinámicas se mantuvieron inalteradas, sin que el poder ejecutivo tratara de frenarlas o de desviarlas, tanto durante los Gobiernos de José María Aznar como los de José Luis Rodríguez Zapatero, que en este capítulo decisivo de la política española no hizo nada sustancial que lo diferenciara de lo que había hecho el PP.

Los bancos privados, las cajas de ahorro y los ejecutivos de unos y otras vivieron los mejores años de su historia. Y los sucesivos gabinetes del PP y del PSOE no establecieron cortapisa alguna que limitara o encauzara su actividad o, cuando menos, que impidiera los desmanes que estaban cometiendo.

Unos y otros permitieron prácticas tan peligrosas, o intolerables, como que los bancos y las cajas establecieran por su cuenta los techos de riesgo hasta los que podían llegar, que las tasadoras de las entidades financieras fijaran los precios de venta de las viviendas, que se crearan hipotecas con cuarenta y hasta cincuenta años de vencimiento. O que las entidades se endeudaran con los bancos extranjeros hasta extremos nunca vistos, sin que el Banco de España pusiera pega alguna, aun conociendo esas operaciones. O que ocultaran sus cuentas o engañaran sobre las mismas, antes y, sobre todo, después de que se iniciara la crisis. Y alguna barbaridad más.

El Banco de España —tanto en la etapa del conservador Jaime Caruana, como en la de su sucesor, el socialista Miguel Ángel Fernández Ordóñez— se dejó arrastrar por esa corriente, olvidando no pocas de las funciones de control que la institución estaba obligada a desempeñar. Y, lo que fue aún peor, uno y otro no hicieron caso de las indicaciones que señalaban que la burbuja inmobiliaria estaba creciendo demasiado y que había que tomar medidas para atajarla.

8

Hundidos y en manos de los bancos

Si es falaz afirmar que nadie previó el desastre financiero norteamericano y mundial que empezó con la quiebra de Lehman Brothers, la ignorancia sistemática de las advertencias sobre los riesgos inherentes a la expansión inmobiliaria por parte de las autoridades públicas españolas, incluso cuando el sector ya había empezado a caer, fue una irresponsabilidad consciente. Porque hubo unas cuantas voces autorizadas que alertaron sobre lo que podía ocurrir en Wall Street, aunque la mayoría de los economistas estadounidenses no hicieron caso de ellas. Y también en España sonó más de un aviso sobre lo que podía pasar si no se pinchaba la burbuja inmobiliaria.

Ya en septiembre de 2003, la asociación de inspectores del Banco de España hizo llegar a su gobernador un informe en el que se decía que el crecimiento del crédito hipotecario había rebasado todo límite razonable y que los precios del suelo y de las viviendas no se correspondían con su valor real. Caruana —y esa fue la última vez que se atrevió a tanto— trasladó su contenido al Gobierno. Pocas semanas después, Rodrigo Rato, sin contar ni de lejos con un aparato de detección de las realidades económicas tan potente como tenía el Banco de España, lo desmintió públicamente: «No creo que estemos en una situación de burbuja inmobiliaria», dijo el ministro de Economía. Y por si había dudas sobre quienes estaban tan interesados como él en que esa fuera la verdad oficial, pocas semanas después, Emilio Botín declaró: «No hay burbuja inmobiliaria».

Pocos años después, con los socialistas en el Gobierno, se repitieron esas coincidencias a la hora de desmentir todo motivo de temor. Se desconoce si fueron pactadas, pero lo cierto es que entonces en el discurso oficial se había llegado al dislate de creer que lo que dijera un gran banquero reforzaba al Gobierno. Tampoco se sabe cuánto influyó en esa actitud, tanto en el caso del PSOE como en el del PP, la dependencia financiera de ambos partidos respecto de la banca, los créditos que las entidades les concedían, los que les perdonaban, o los préstamos, en condiciones excelentes, que obtuvieron sus dirigentes.

Lo cierto es que en marzo de 2007, cuando en Estados Unidos ya había empezado a desinflarse la burbuja inmobiliaria, el gobernador del Banco de España nombrado por Zapatero afirmó: «Es totalmente infundado comparar y hacer paralelismos de la evolución del mercado inmobiliario entre Estados Unidos y Europa. Más aún extraer alguna conclusión relativa al futuro del mercado inmobiliario español». Lo dijo el mismo Miguel Ángel Fernández Ordóñez que en 2003 había escrito que Rodrigo Rato sabía que el modelo inmobiliario se estaba acercando a su fin. Dos meses después, en mayo de 2007, el ministro de Economía, Pedro Solbes, que antes de entrar en el Gobierno socialista había criticado duramente que el PP siguiera hinchando la burbuja, declaró: «Yo no veo para nada afectado al sector de la construcción».

Casi por esas mismas fechas, Alfredo Sáenz, el vicepresidente del Santander, remachó: «No hay síntomas de pinchazo de la burbuja, porque la morosidad en España está bien». Y Carme Chacón, entonces ministra de la Vivienda, añadió: «Nuestro sector inmobiliario es uno de los mejores del mundo. Vivimos un aterrizaje o ajuste suave». También está documentado que a mediados de 2006, en sus últimos meses de mandato y antes de que Fernández Ordóñez ocupara su puesto, Jaime Caruana había advertido a Solbes de que la cosa se estaba poniendo fea, de que la mayor parte de las entidades financieras estaban gravemente amenazadas por su enorme exposición al ladrillo y, peor aún, que algunas ya estaban padeciendo las consecuencias de ello. Algunos informes apuntaban a que el sector inmobiliario empezó a caer justamente en 2006. Pero no tuvieron ninguna resonancia pública. Porque los medios de comunicación los ignoraron y solo se hicieron eco de los mensajes triunfalistas, repetidos hasta aburrir, de los constructores, los banqueros y el Gobierno.

Aunque las ucronías son siempre arriesgadas, es prácticamente seguro que el desastre que hoy sufre España sería menos terrible si los Gobiernos, primero el de Aznar, pero, sobre todo, el de Zapatero, hubieran actuado responsablemente, tomando medidas para frenar el proceso cuando aparecieron los primeros signos claros de deterioro y aún más cuando estos se confirmaron. Pero prefirieron mirar para otra parte porque no estaban dispuestos a ordenar un corte brusco del crédito.

La experiencia de más de dos siglos de burbujas y de crisis financieras concluye que los bancos no han frenado ningún proceso expansivo, ni siquiera cuando ya estaba claro que este iba a terminar irremediablemente mal. Primero, porque no tienen en sus manos los instrumentos necesarios para hacerlo. Segundo, porque su lógica de actuación les lleva por el camino contrario. Porque creen que, mientras se siga moviendo el dinero, encontrarán oportunidades para reducir el golpe.

Las declaraciones de Botín en 2003 expresaban la satisfacción de la banca porque Rato hubiera aceptado esa lógica. Pero la postura de Rato también venía impuesta por las necesidades políticas del PP: pegar un frenazo, que hubiera implicado paro un año antes de las elecciones de 2004, no habría sido la mejor manera de preparar la campaña electoral. Los mensajes tranquilizadores de Solbes, Fernández Ordóñez y Chacón —y los otros muchísimos que en idéntico sentido prodigaron en aquellos tiempos los responsables políticos socialistas— también respondían a motivaciones políticas: en marzo de 2004, el PSOE había ganado casi por chiripa unas elecciones que hasta pocos días antes de que se celebraran todo el partido daba por perdidas.

Afianzarse en el poder, hacer lo que hiciera falta para repetir el triunfo en 2008, fue, por encima de cualquier otra cosa, la prioridad política de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta el punto de que, buscando las claves de la gestión de su primer Gobierno, se llega a la conclusión de que esta fue, sobre todo, una campaña electoral que duró cuatro años. Y, como es lógico, esta excluía cualquier iniciativa que pudiera hacer dudar a la opinión pública de que España vivía en el mejor de los mundos posibles. La evidencia, que ya estaba muy clara desde hacía un tiempo, de que solo los ingresos fiscales procedentes del ladrillo podían tapar los enormes huecos financieros que se habían abierto en las autonomías hacía tanto o más imposible cambiar de rumbo.

La resistencia a aceptar la realidad y a cambiar de política por parte del Gobierno socialista cuando la crisis ya había estallado también responde a una conjunción de sus intereses políticos con los del sector financiero. Los banqueros no querían que el Ejecutivo contara la verdad porque eso les dejaba sin espacio de maniobra. Y ellos necesitaban tiempo: primero para deshacerse, en la medida que pudieran, de sus vinculaciones con las mayores inmobiliarias, a las que fueron dejando caer sin piedad ya desde 2007; segundo, para seguir moviendo el dinero antes de que todo se viniera definitivamente abajo, aunque para ello tuvieran que mentir una y otra vez sobre el estado real de sus cuentas. Y el Gobierno también necesitaba un plazo adicional, tal vez soñando que las cosas podían mejorar, sin reparar en que, cuando se desvelara el engaño, la reacción de los bancos europeos y la de sus Gobiernos no sería muy distinta, y no lo fue, a la que tuvieron cuando supieron que el déficit público de Grecia era veinte veces mayor que el que decían sus autoridades.

Está claro que esos bancos —alemanes en primer lugar, franceses en segundo, según el orden de los volúmenes de crédito comprometido en España— no prestaron dinero a sus homólogos españoles, y a las cajas de ahorros, por motivos caritativos: la locura financiera fue un mal generalizado en aquellos años y las prácticas abusivas de unos y otros no diferían en su sustancia. Pero sí cabe pensar que, en cierta medida, fueron engañados al final del boom y durante los primeros años de la crisis. «La banca española está en la Champions League», dijo Zapatero en Wall Street en septiembre del 2008; «los bancos españoles son solventes y no tienen necesidad de recapitalización», añadió Solbes en esa misma ocasión.

Y el gabinete socialista siguió dando la espalda a la crisis, haciendo como si no existiera, hasta que, en mayo de 2010, Alemania y la Unión Europea impusieron un giro de 180 grados a su política económica. No hay duda de que los banqueros le presionaron mucho para que mantuviera esa actitud insensata. Hasta es posible que le amenazaran con llevarse el dinero a otra parte si no lo hacía. La imagen de Emilio Botín en los jardines de la Moncloa acudiendo a una de las muchas reuniones que en aquellos tiempos tuvo con el presidente socialista, con la chaqueta desabrochada, luciendo sus tirantes rojos y con una sonrisa de satisfacción que no le cabía en la boca, puede ser el retrato de quién mandaba en España en aquellos precisos momentos.

9

¿Adónde nos lleva Europa?

Para los españoles que eran jóvenes hace tres o cuatro décadas, Europa era un sueño. Para los de hoy, y para sus padres y abuelos, es una pesadilla. Es el sinónimo de recortes, de austeridad, de insolidaridad de los países poderosos de nuestro continente con los que peor lo están pasando. Y el cambio de percepción ha sido extraordinariamente rápido. Según el Eurobarómetro, en 2007 el 65% de los españoles confiaba en la Unión Europea, frente al 23% que se expresaba su desconfianza. En 2012 los datos se habían invertido drásticamente: el 72% desconfiaba de la UE y solo el 20% confiaba en ella.

Han acertado los escépticos. Desde mayo de 2010, cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció en el Parlamento que la dramática situación financiera de España obligaba al Gobierno socialista a dar un giro de ciento ochenta grados a su política, la presión de Berlín, de Bruselas y de Fráncfort, en donde está la sede del Banco Central Europeo, se ha traducido automáticamente en medidas que han empeorado las condiciones de vida de los españoles.

En la fecha citada, Zapatero anunció que el sueldo de los empleados públicos se reducía en un 5% para lo que quedaba de aquel año y se congelaría en 2011; que en 2011 no se revalorizarían las pensiones públicas, salvo las mínimas; que se suprimía la prestación de 2 500 euros por nacimiento; que se recortaban los gastos en medicinas de la sanidad pública; que se suprimía la retroactividad del pago por prestaciones de dependencia; y, además de otras cosas, que se recortaban los gastos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Algunas semanas después, el Gobierno del PSOE proponía una reforma laboral que incluía la creación de un contrato de trabajo indefinido con una indemnización por despido de treinta y tres días por año trabajado. Y modificaba el régimen de pensiones, elevando la edad de jubilación de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años y exigiendo treinta y siete años cotizados para poder percibir la pensión íntegra.

En septiembre de 2011, únicamente con los votos del PSOE y del PP, se aprobaba de urgencia la segunda reforma que la Constitución ha sufrido desde su promulgación (la primera tuvo lugar en 1992, para conceder a los extranjeros residentes el derecho de voto en las elecciones municipales). Por presiones de Bruselas, se cambiaba el artículo 135, que quedaba redactado en estos términos: «El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea». Esa sería la base jurídica de los recortes que desde entonces han sufrido los gastos de las autonomías.

En diciembre de 2011, un mes después de haber tomado posesión, y nuevamente para evitar un rescate que parecía inminente, Mariano Rajoy accedía a las recomendaciones del Consejo Europeo y del Gobierno alemán y anunciaba recortes presupuestarios y aumentos de impuestos sin precedentes con el fin de reducir los gastos del Estado en 8 900 millones de euros y de recaudar 6 000 millones más. Las medidas más destacadas de ese plan eran: un incremento de los tipos del IRPF; un gravamen complementario para las rentas de los ahorros; la subida del impuesto sobre bienes inmuebles; la congelación del salario mínimo interprofesional; la congelación del sueldo de los empleados públicos y el aumento de su jornada laboral hasta 37,5 horas semanales; reducciones de los gastos del Gobierno central, de los ayuntamientos y del 20% de las subvenciones a los partidos; la rebaja en 200 millones de euros de los presupuestos de RTVE y de Renfe y de 600 en las subvenciones y préstamos para investigación y desarrollo.

A finales de diciembre de ese año, el Parlamento, con los votos del PP y de CiU, aprobaba una nueva reforma laboral mucho más dura que la anterior y que, entre otras novedades, incluía: que el despido de un trabajador estaría justificado cuando la empresa previera pérdidas o hubiera registrado nueve meses consecutivos de caída de ingresos o de ventas; que la indemnización por despido se reduciría a veinte días por año trabajado; que los empresarios, únicamente invocando necesidades económicas, tendrían potestades más amplias para cambiar jornadas y turnos y hasta para rebajar salarios; un nuevo contrato para las empresas de menos de cincuenta trabajadores con periodo de prueba de hasta un año de duración, es decir, con la posibilidad de despedir libremente y sin indemnización durante ese periodo; la prelación de las cláusulas de los convenios firmados en las empresas respecto de las de otros de nivel superior, lo cual reducía a la mínima expresión la tradicional función negociadora de los sindicatos y, en definitiva, su peso en el entramado social.

Siete meses después, en julio, dos días después de que el Gobierno solicitara a Bruselas 100 000 millones de euros para sanear el sistema bancario, Mariano Rajoy anunciaba la subida del tipo general del IVA del 18 al 21%, la supresión de la paga extra de verano para los empleados públicos que cobraran más de 963 euros al mes, la reducción del 10% de las prestaciones de desempleo a partir del séptimo mes, el incremento de las retenciones del IRPF para profesionales del 15 al 21%; la reducción del 30% en las ayudas al alquiler.

La desolación que esas medidas han ido produciendo en el conjunto de la ciudadanía y la indignación que han provocado sus consecuencias en amplios sectores se han unido al temor de que lo ocurrido haya sido únicamente el inicio de un proceso que puede ser aún mucho más duro. Desde hace casi tres años, los españoles viven pendientes de que el día menos pensado el Gobierno se suba a la tribuna para anunciar un recorte de las pensiones, de las percepciones por desempleo o el copago sanitario en todo el país. O incluso algo parecido al atraco a los depositantes chipriotas que ha decidido la Unión Europea.

Los españoles viven pendientes de la evolución de la prima de riesgo, porque han comprendido que de ella depende que el Gobierno decida golpearles de nuevo. O porque es el dato que creen que pueden evaluar sin necesidad de que se lo interpreten. Están hartos de los engaños, las mentiras y las explicaciones falsas que desde el poder se les vienen prodigando desde hace cinco años. Nadie les explica nada. Solo ven lo que pasa por delante de sus ojos. Y han llegado al convencimiento de que España está al borde del abismo, de que el Gobierno no sabe cómo alejarla del mismo y también de que el precio que se paga a Europa para que no nos deje caer definitivamente en él es abusivo e insoportable.

Esas actitudes están generalizadas y son muy sólidas. Hace tiempo que desde las alturas ya no se dice que «España no es Grecia». (Nunca se utilizó la comparación con Portugal, seguramente porque los españoles fronterizos creen que no somos tan distintos.) Porque se sabe que eso ya no tranquilizaría a nadie. Porque lo que ha ocurrido en esos países, y en Irlanda, se ve cada vez más no como el retrato de la suerte que nos podría esperar, sino de lo que nos está pasando. La gente ha alcanzado un grado tan alto de fatalismo, que es casi insensible al riesgo de un rescate de la economía española por parte de la Unión Europea que amedrenta a Mariano Rajoy. Eso ya no asusta. Aunque habrá que ver qué reacciones provoca si se produce. Porque, crea lo que crea la gente, sus duras consecuencias empeorarían gravemente la situación presente.

Para los españoles, la Unión Europea ya está rota. Y sin embargo existe todavía. Sigue enviándonos fondos estructurales casi por el mismo importe que tenían los de hace unos años. Las subvenciones que proceden de la Política Agraria Común siguen manteniendo en vida a nuestra agricultura. Los reglamentos de la Comisión Europea siguen marcando los límites y las posibilidades de actuación de nuestros sectores productivos. Y decenas de miles de funcionarios comunitarios, no pocos de ellos españoles, siguen trabajando cotidianamente en esas y en otras materias.

El problema, y en eso la percepción de la gente se acerca a la realidad, es que crecen las dudas de que todo ese entramado, y, sobre todo, las bases políticas e institucionales en el que se apoya, pueda sostenerse en pie por tiempo indefinido. Porque la crisis económica va a continuar en todo el continente durante varios años, y puede ahondarse aún más. Porque el terremoto que esta ha provocado en la estructura de poder de la Unión Europea no se aplaca y puede intensificarse. Y porque hasta los expertos menos pesimistas empiezan a reconocer que la unidad europea ha sufrido tanto que no va a ser posible recomponerla aún cuando se supere la crisis. Y ese escepticismo, que es una convicción firme en muchos de ellos, nace de que esa unidad —que existió y llegó a ser fuerte, aunque nunca perfecta—, más que en tratados y equilibrios políticos y económicos, se basaba en una mutua confianza entre los Estados miembros que ya no existe.

La situación actual constituye la negación misma de uno de los motivos fundacionales de la Unión Europea. Uno de los principales objetivos del Tratado de Roma de 1957 era evitar el aislamiento de Alemania en el continente, que, en el fondo, había sido la causa de las guerras mundiales de 1914-1918 y de 1939-1945. La esencia del Tratado era el acuerdo entre alemanes y franceses para unir su suerte, la económica en una primera etapa y, a partir de ella, cada vez más también la política. El paraguas militar norteamericano protegía esa unión de las amenazas del bloque soviético. Los demás socios iniciales —Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo— consolidaban ese acuerdo y ampliaban la fuerza y las potencialidades de la Unión Europea. Posteriormente, llegó la incorporación de Gran Bretaña y más tarde, la de España, Grecia y Portugal, del sur más pobre que el norte. Y Europa se convirtió en la segunda potencia económica mundial.

La caída del muro de Berlín supuso una modificación de las bases geoestratégicas sobre las que había nacido la Unión. Que era también, aunque la OTAN se encargaba de sus aspectos militares, el bloque de la Europa capitalista frente al socialismo «realmente existente» de Moscú y sus satélites. Desaparecido este, la apertura al Este, tentación y tendencia histórica de la política exterior germana, que Hitler convirtió en ocupación del «espacio vital», se convirtió en una de las prioridades de la Unión Europea, aunque, en realidad, era casi únicamente un objetivo de Berlín. La entrada de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia fue aceptada por el resto de los socios comunitarios más bien como una concesión a la cada vez más poderosa Alemania. Luego vinieron los países de la antigua Yugoslavia. Y más tarde Rumania y Bulgaria. Turquía se quedó a las puertas.

Debido a esas ampliaciones, muchas de las cuales se hicieron prácticamente sobre la marcha, en vísperas de que estallara la crisis económica actual, la Unión Europea se había convertido en un entramado demasiado grande y complejo como para poder ser manejado eficazmente. De hecho, por aquel entonces algunos advertían que un día sería efectivamente ingobernable. Pero la bonanza económica había acallado cualquier duda. Para los empresarios alemanes, y los de otros países europeos que les siguieron, el Este, por muy destrozada que estuviera su economía, era una tierra de conquista, un nuevo mercado en el que podían producir más barato y ampliar sus ventas.

No era tiempo para hacer reflexiones. Todos y cada uno de los países de la Unión Europea crecían, fuera sobre bases reales o sobre los espejismos que generaba la especulación. Las ideas neoliberales mandaban en la mayoría de los Gobiernos y también en la Comisión Europea. Y los bancos, sobre todo los alemanes, los franceses, los británicos y los holandeses, hacían su agosto prestando sin freno por todo el continente. El euro, la moneda única, hacía posible el milagro.

De repente, todo aquello se vino abajo. Y lo que ha quedado o, cuando menos, lo que determina la situación actual, son las deudas contraídas en la etapa anterior y el predominio absoluto de Alemania en las decisiones de la Unión Europea y en las de los Gobiernos que la forman. Porque es la más fuerte económicamente, porque es la gran acreedora de casi todos los demás países, y porque las naciones que antes equilibraban o condicionaban su poder atraviesan dificultades que por el momento parecen insuperables. El caso más claro es el de Italia, que hasta hace una década jugó un papel importante en la construcción europea, y el más inquietante para el futuro de Europa es el de Francia.

El eje París-Berlín ya no existe y las posibilidades que Francia tiene para no hundirse aún más en el marasmo en el que se encuentra —con una economía estancada, un sistema productivo que no es competitivo y un Estado que no puede hacer frente a sus compromisos de gasto— dependen menos de sus capacidades propias que de que François Hollande convenza a Angela Merkel de que relaje su política de austeridad. Y aunque París tiene bastante más audiencia en Berlín que Madrid, es dudoso que lo consiga. De todos modos, ese será uno de los capítulos más importantes de la política europea a medio plazo.

Gran Bretaña amenaza con abandonar la Unión Europea. David Cameron ha anunciado un referendo al respecto para 2015, y parece que el único argumento que puede disuadir a los británicos de votar la salida es la amenaza, fundamentalmente alemana, de que el emporio de la City londinense quede sustancialmente reducido porque buena parte de sus operaciones en euros, de las que Londres es la capital financiera mundial, se trasladen a Fráncfort. Berlín manda hasta en ese terreno.

Bélgica, además de tener que hacer frente a graves problemas económicos y financieros, se debate en una crisis política que puede terminar partiendo el país en dos. Holanda, Austria, Finlandia y Dinamarca apoyan firmemente la política germana, y sus dirigentes no ocultan que su proyecto a medio plazo es crear una Unión Europea restringida únicamente a los países más ricos.

Los socios mediterráneos ya no influyen en las decisiones de la Unión Europea, su papel ha quedado limitado a obedecer las órdenes de Berlín y de Bruselas. Y los del Este hacen cálculos sobre cómo quedarán ellos mismos en la futura reorganización de los poderes europeos. Y mientras tanto, van cada vez más por su cuenta. El establecimiento, de hecho, de un régimen autoritario y xenófobo en Hungría es la deriva más inquietante. Pero no lo es menos la marcha aparentemente imparable de Rumania y de Bulgaria hacia la descomposición interna, por vía de la anarquía económica, de la corrupción y del empobrecimiento. O la extensión y reforzamiento de las actitudes xenófobas y de rechazo a los emigrantes en todos los países de la Unión, los ricos y los pobres.

Buena parte de esos problemas parecen insuperables. Sobre todo si, como todo indica, la crisis va a durar aún unos cuantos años más. Hablar en esas condiciones de unidad europea es casi demagógico. A menos que se produzca un milagro, y seguramente no va a producirse, lo único que cabe esperar es lo que está ocurriendo desde hace unos años: que cada país trate de salvar lo más que pueda de lo suyo.

Hay quien se tranquiliza diciendo que se están dando los pasos adecuados hacia la unión bancaria. Pero no es verdad: en cuanto se han concretado los primeros requisitos, Berlín se ha opuesto a cumplirlos, porque los intereses de su sistema financiero podrían resultar dañados. Aparte de que esa unión, que hoy por hoy parece todavía un sueño, no acabaría con el drama de los países deudores, entre ellos el nuestro, cuya única vía real de solución serían los eurobonos, es decir, que los países acreedores accedieran a mutualizar sus deudas, que las hicieran también suyas. Y eso es ya tan imposible que hasta se ha dejado de hablar de ello.

No debería sorprender que la primera preocupación de Angela Merkel sea que sus bancos recuperen el dinero que les deben y que asciende a cerca de 400 000 millones de euros teniendo únicamente en cuenta a los países en dificultades (España e Italia, más los ya rescatados e intervenidos). Porque la sustancia de la política económica alemana, como la de la española, no ha cambiado desde los tiempos del auge del neoliberalismo: antes y ahora, los que han mandado y los que mandan son los intereses del sector financiero. Porque los dirigentes políticos —que son los mismos de entonces— creían y creen que son los de la nación. Y esa sigue siendo la visión dominante en el poder europeo. Aunque haya conducido al desastre.

La solidaridad intraeuropea ha quedado aplastada por ella y no parece que tenga posibilidad alguna de levantar cabeza. Porque, además, o sobre todo, la mayoría de los ciudadanos alemanes, como la de los austriacos, los holandeses o los finlandeses, entienden y justifican que ese valor moral, que antes era también un pilar político de la construcción europea, no oriente los actos de sus gobernantes. Y algunos datos ayudan a entenderlo.

Un estudio reciente concluía que en los países más ricos de la UE las desigualdades en el reparto de la renta han crecido de manera extraordinaria en la última década. Según un informe del banco central de ese país, en Austria el 5% de la población acumula el 50% de la riqueza nacional, mientras que el 50% de la ciudadanía únicamente posee el 4%. Otro del ministerio de Trabajo germano ha dicho que entre 1998 y 2008 el estrato más rico de la población alemana, el 10% de sus habitantes, aumentó su porción del reparto del 45 al 53%.

No es que los trabajadores y las clases medias alemanas se hayan ido a la derecha, que también. Es que sus condiciones sociales han empeorado. Porque no solo sus salarios reales se han reducido por culpa de la larga congelación de los mismos, sino que en ese tiempo también les han recortado sus beneficios sociales y asistenciales y los impuestos que pagan o no han bajado o han subido. Tratar de contrapesar eso diciéndoles que en España hay 6 millones de parados es un esfuerzo que tiene poco futuro.

Porque, por si no fuera bastante con esos procesos reales, también se han producido involuciones ideológicas que han arrumbado aún más los sentimientos de solidaridad. Las desconfianzas atávicas, tribales, que siempre existieron entre las distintas poblaciones de la Unión Europea se han reavivado con la crisis. Porque nunca desaparecieron y la construcción europea se hizo sobreponiéndose a ellas, con la esperanza puesta en que los éxitos que se obtuvieran avanzando por ese camino terminaran por hacerlas olvidar.

Hace unos años así pareció que había ocurrido. Pero los han reavivado los sustos, Los que, primero, dio Grecia; luego, Irlanda y Portugal, y, más tarde, España e Italia. Cuando la crisis ya llevaba tiempo haciendo estragos y el miedo, que es el sentimiento que con más fuerza mueve a los pueblos, ya se había apoderado de las mentes. Y cuando algunos medios de comunicación alemanes, los menos creíbles pero también los más seguidos, señalaban a los países derrochadores, vagos e inconscientes, del sur de Europa, como culpables de sus inquietudes.

Por unos y otros motivos, Angela Merkel no va a cambiar su política europea. Si España quiere que el Banco Central Europeo la siga financiando, siempre en precario y solo para evitar su suspensión de pagos, tendrá que seguir apretándose el cinturón. Aunque eso aleje cada vez más el crecimiento, aunque esté reventando nuestra sociedad.

El economista alemán Hans Werner Sinn, presidente del IFO, un influyente comité de expertos germano de derechas, ha declarado que a España le espera una década, o más, de austeridad y que en ese periodo tendrá que sufrir una devaluación interna del 30%, es decir, que los precios y los salarios habrán de reducirse en ese porcentaje para que se pueda iniciar una recuperación real de nuestra economía. El premio Nobel norteamericano Paul Krugman vaticinó hace ya cuatro años que eso ocurriría —aunque lo cifró en un porcentaje menor— a menos que Europa optara por una política radicalmente opuesta a la que se ha seguido desde entonces.

Obviamente, Angela Merkel no es la culpable de que ese pueda ser nuestro futuro. Las barbaridades que ha cometido nuestra clase dirigente, la política y la económica, el dispendio de los tiempos pasados, el agujero terrible que ha dejado el ladrillo y las deudas que han contraído nuestros bancos, el Estado y también el conjunto de los ciudadanos, sobre todo las que no se pueden pagar, son el origen de nuestros males. Pero las palabras de Hans Werner Sinn y la actitud de la canciller y la de su ministro de Hacienda, Wolfgang Schäuble, indican bien a las claras que a Alemania no le va a temblar el pulso porque los españoles sufran para pagar el precio de esos errores.

Lo más probable es que la orientación de la política alemana no se modifique mucho en ese terreno después de las elecciones germanas de septiembre de 2013. Porque ese asunto ocupa un espacio muy secundario, si es que lo ocupa, en el debate preelectoral alemán. Porque la postura de la oposición socialdemócrata y verde no es sustancialmente distinta en este aspecto a la de la señora Merkel, entre otras cosas, debido a la citada actitud mayoritaria del electorado, también de izquierdas. Y, por último, porque las preocupaciones en materia europea de Alemania van por otro carril.

Hoy por hoy la apuesta de Berlín es la de sus bancos. Es decir, la de recuperar, o la de obtener garantías de que se va a recuperar, la mayor cantidad posible del dinero que les deben. Después de algunas dudas iniciales, en 2009, y tras afirmar que el fin de la moneda única sería también el de la Unión Europea, Angela Merkel concluyó que Alemania haría todo cuanto estuviera en sus manos para salvar el euro. El camino que escogió para intentarlo fue el que desgraciadamente conocemos.

Pero esa vía no está resolviendo los problemas de la economía europea, sino que, por el contrario, parece que los está agravando. Y también Alemania está empezando a pasarlo mal. Hasta el punto de que de lo que más se habla en estos momentos en los cenáculos del poder germano, pero también, y siempre con la máxima discreción, en los de las demás grandes capitales del mundo, es qué pasaría si un día Alemania decidiera abandonar el euro. Un partido, formado por antiguos cuadros del partido de la señora Merkel, también del liberal y por conocidos economistas de derechas, acaba de nacer casi con ese único objetivo. Y se va a presentar a las elecciones de septiembre.

En conclusión, que Berlín va a seguir condicionando la política española mientras eso se ajuste a sus planes. Luego, ya se verá. Puede que la incertidumbre sobre cómo vaya a encarar Alemania su futuro haga reverdecer, más adelante, la hipótesis de que España se salga del euro, que tuvo su eco hace algún tiempo. Porque se llegue a concluir que podría ser peor quedarse si los poderosos nos dejan solos en la moneda común, o únicamente con pobres compañías. Pero mientras no se produzcan cambios sustanciales como podría ser ese —y cabe dudar de que nuestro Gobierno tenga la valentía de emprender camino autónomo alguno—, Europa seguirá mandando en España. Aunque sus órdenes nos estén llevando al infierno.

10

La extrema debilidad del poder político

Más allá de cualquier otra consideración, los políticos que nos gobiernan o que nos han gobernado son responsables de las decisiones o de las no decisiones que ha propiciado la crisis actual. Las derivas y los desmanes del sector financiero podrían haber sido impedidos, moderados o rectificados si hubiera existido la voluntad política de hacerlo. Y la loca expansión del crédito y de la burbuja inmobiliaria se produjo porque nuestros políticos querían que se produjera, porque creían que esa forma de crecimiento económico les garantizaba, sin necesidad de hacer mayores esfuerzos ni de imaginar nada nuevo, la consecución de su objetivo prioritario: el mantenimiento y consolidación del poder, como un fin que empezaba y terminaba en sí mismo. No enfrentarse con la banca y con el mundo del dinero y hasta aceptar, sin más, sus planteamientos respondía estrictamente a esa necesidad.

Ese enfoque de la acción política, junto con la incompetencia de sus Gobiernos, la austeridad, los recortes y la corrupción, ha terminado por postrar al PSOE. Y por los mismos motivos, el PP, aun controlando grandes espacios de poder, es hoy un partido muy débil, está acosado por peligros de toda suerte y, lo que es peor, carece de cualquier capacidad de iniciativa política que no sea la del mero uso de una propaganda vacía que no hace mella ni siquiera en una buena parte de sus votantes más fieles. El descrédito de ambos partidos ha llegado a cotas inimaginables hace solo pocos años: lo confirman los sondeos, pero, sobre todo, se palpa cotidianamente en la calle, en donde ese rechazo es el grito que con más fuerza resuena entre todos los demás. Están arrinconados en sus sedes. Todo lo que dicen, por mucho bombo que le den los medios de comunicación, cae en el vacío. Sus cotidianos enfrentamientos, que ya son prácticamente la única expresión pública de su existencia, refuerzan la animadversión popular, porque para la gente indican que solo les sigue preocupando la lucha por el poder.

Tendrían que tomar medidas urgentes y drásticas para tratar de revertir esa situación antes de que sea tarde. Pero no solo los problemas de cada día les agobian tanto que ni siquiera tienen la ocasión de ponerse a pensar en ello, sino que sus planteamientos de siempre, su visión estrecha de la acción política y de sus objetivos les impide cualquier reflexión de otra índole.

Tratar de frenar su pérdida de credibilidad y de salirse del cerco en que le han encerrado la reducción de gastos sociales y la corrupción —y, en definitiva, evitar que se llegue a una situación en la que tendría que dimitir— son para Mariano Rajoy tareas tan prioritarias como la de retrasar el rescate por parte de Europa, que, por cierto, de producirse, seguramente también le obligaría a marcharse. Y el conjunto del PP, o, mejor, los muy pocos miles de cuadros que constituyen su activo operativo, también está absorbido por esa dinámica. Unos están a favor de Rajoy, otros en contra, y la gran mayoría espera que las cosas se decanten para decidirse a tomar partido. Pero todos tienen la vista puesta en las próximas elecciones, en poder mantener o aumentar la cota de poder que cada uno de ellos ha conquistado, aunque para ello tengan que cambiar de jefe. Ese objetivo sigue determinando todo lo demás.

Los hasta ahora poderosos barones regionales participan en esa guerra sorda, cuya suerte podrían incluso decidir, en su momento, y, además, conspiran sin pausa para que las turbulencias en la cúspide del partido no terminen poniendo en peligro sus propios cargos. Mantener ese poder, o buscarse una alternativa en sedes menos conflictivas, es, en no pocos casos, una prioridad que está por delante de las tareas que se derivan del hecho de que buena parte de sus autonomías está quebrada. Porque para ellos en eso ha consistido siempre la política y son incapaces de salirse de ese carril.

Es ilusorio pensar que un partido así pueda abordar su propia regeneración. A menos de que se produjera un cambio drástico, que comportaría la sustitución —¿por quienes?— de la mayor parte de sus cuadros o dirigentes, a lo máximo que puede aspirar el PP es a una recomposición interna y a ciertas modificaciones de fachada destinadas justamente a volver a ganar las elecciones. Y luego ya se vería.

Peor aún lo tiene el PSOE. No solo porque prácticamente ha agotado su capacidad de renovación de cuadros —la ascensión de Zapatero en 2000 fue seguramente el último capítulo posible de ello y ya no le queda mucho capital humano con el que renovarse—, sino porque incluso en condiciones normales, es decir, sin una crisis como la actual, un partido que tuvo que abandonar el Gobierno casi por aclamación popular —aunque siguiera conservando muchos votos— está condenado para bastantes años a seguir en la oposición.

Una organización viva podría encontrar en esa condición los alicientes para revisar de arriba abajo su presente y su pasado y para afrontar con nuevos criterios su futuro. Pero el PSOE está bloqueado, obsesionado por sus problemas internos y de funcionamiento que le impiden cualquier reflexión de otra índole. Y está cerrado a cualquier influencia externa y, lo que es casi peor que todo lo anterior, es incapaz de atraer a gente nueva. Dicho sea de paso, no se sabe cuántos afiliados le quedan. Y la última vez que tuvo que contarlos —porque era necesario para celebrar las primarias de 1999, las que tenían que elegir el candidato electoral entre Joaquín Almunia y Josep Borrell—, la organización no tuvo más remedio que reconocer que eran la mitad de los que hasta ese día había asegurado oficialmente: 200 000 frente a 400 000. (La verdad es que tampoco es muy creíble que el PP tenga 800 000 afiliados.)

El PSOE es un partido ensimismado, en el que todos se conocen desde hace décadas y en el que, en algún momento del pasado, casi todos han librado alguna batalla por el poder contra otros, de la que quienes la perdieron aún quieren resarcirse. Y en el que, más allá de maniobras de diversión, los únicos objetivos posibles, personales y colectivos, son mantener el espacio del poder, no pequeño, que aún se conserva, tratar de aprovecharse del descrédito del PP para incrementarlo y evitar que el rival interno pueda hacerse con ellas. Ocultando a la opinión pública, si se puede, que esas son sus verdaderas intenciones.

Eso limita gravemente su acción pública. Pero es que, además, el PSOE ya no tiene discurso, carece totalmente de argumentos con los que pudiera intentar conectar con la sociedad. Para recuperar algo de credibilidad, tendría que empezar por reconocer las graves faltas que los socialistas cometieron cuando estaban en el Gobierno. Y no solo con un «me he equivocado», como el del Rey, sino yendo al fondo de la cuestión. Es muy dudoso que hoy dispongan de la capacidad de análisis necesaria para hacerlo. Pero incluso un reconocimiento no muy articulado, pero sí auténtico, parece imposible. Porque llevaría aparejada la dimisión de la mayor parte de su dirección y de sus cuadros. Porque todos ellos estaban allí, en el Gobierno o en el partido que debería haberlo controlado, cuando Zapatero cedía ante el poder de los banqueros, y cuando permitía que el crédito se expandiera sin control y que los ciudadanos y los bancos se endeudaran insensatamente, aun después de que hubieran sonado las señales de alarma, que también ellos tuvieron que escuchar. O mientras los gobernantes socialistas de las comunidades autónomas aprobaban gastos fastuosos y comprometían, de acuerdo con sus dirigentes, el futuro de las cajas de ahorros. Y también cuando Europa obligó a recortar el tamaño del Estado, a congelar las pensiones y a rebajar el sueldo de los funcionarios.

Y no dijeron nada en contra, que se sepa, y menos se rebelaron. No se atrevieron a denunciar la inconsistencia del entonces líder socialista, su incapacidad para comprender lo que estaba ocurriendo o lo que podía ocurrir. Porque era el jefe y en los grandes partidos quien critica al jefe se queda sin futuro. O porque también ellos cayeron en la ensoñación de que, al final, la economía se arreglaría o de que la cosa no iría a más. O porque los intereses que se derivaban de su lógica política, la de que lo prioritario era hacer lo que fuera para no caer en los sondeos, no les permitía ver más allá. O porque cada uno iba a lo suyo y no tenía muchas ocasiones, ni muchas ganas, de mirar más allá de su parcela.

Además, está la corrupción. Las reacciones tanto del PP como del PSOE ante los cada vez más graves episodios de latrocinio puro y duro que involucran a no pocos de sus dirigentes indisponen a los ciudadanos contra ambos partidos tanto o más que las atroces revelaciones que llegan a los juzgados. Porque, lejos de aislar y castigar ellos mismos a los culpables, tanto populares como socialistas los protegen mientras pueden, convirtiendo a los tribunales en escenarios de batallas políticas, en las que la voluntad de algunos jueces resulta influida por las presiones de aquellos a los que, en última instancia, deben su cargo.

En vez de hacer limpieza, se limitan a tratar de escurrir el bulto, a tratar de convencer, no se sabe muy bien a quién, de que el rival es aún más corrupto y, como mucho, a parir añagazas de soluciones técnicas y superficiales al problema, mientras se niegan a hacer frente a la raíz, es decir, a acabar con su necesidad de financiar, inevitablemente por vías ilegales y a cambio de favores ilícitos, los gastos irracionales a los que les obliga su planteamiento de la lucha por el poder, basado en el gasto sin límite ni criterio.

Y por si todo eso fuera poco, la austeridad impuesta por Bruselas ciega a ambos partidos el camino de las promesas electorales. Ya no pueden ofrecer nada a cambio de que los ciudadanos les voten en su día. Ni siquiera pueden comprometerse a que no habrá más recortes, porque la gente no les creería. Rajoy, que ganó las últimas elecciones sin haber ofrecido un programa, y únicamente asegurando que todo mejoraría si él sustituía a Zapatero, pagó bien caras las decisiones que tuvo que tomar nada más llegar a la Moncloa y que lo empeoraron casi todo. Hasta subió impuestos que afectaban directamente a su base electoral.

En la opinión pública no solo se ha consolidado la sensación de que nada va a ir a mejor, sino también la de que la cosa se puede poner mucho más fea. Entre los parados empieza a cundir la angustia de que un día se recorten los subsidios de desempleo, que, hoy por hoy, son uno de los valladares que contienen la ira social. No menos inquietos sobre su futuro están los pensionistas. Y encima, las decisiones europeas sobre Chipre y, aún más, las admoniciones de que la receta podría volver a ser aplicada, han sembrado serias dudas sobre la seguridad de los ahorros.

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¿Está en peligro la democracia?

Está muy claro que una democracia representativa como la nuestra se sustenta en la acción de los partidos, en cuanto que estos son la única expresión organizada hoy posible de la voluntad popular. Es impensable que pueda existir sin ellos. Pero una democracia con un PP y un PSOE tan ahogados por tantos problemas aparentemente irresolubles empieza a ser tan débil que se puede temer que no resistiría a una presión externa que tuviera por objetivo acabar con ella, abiertamente o con subterfugios del tipo que fueran. Aunque en los últimos tiempos del Gobierno de Zapatero hubo algún escarceo —aquellas cumbres de grandes empresarios, encabezados por los banqueros, con el Rey, en las que se planteaban las reformas políticas que el país necesitaba, una opción de ese tipo aún no ha hecho acto de presencia en el escenario político español. Pero no se sabe lo que nos depara el futuro.

José María Maravall ha citado en un libro reciente un sondeo realizado en Chile en 2003, en momentos particularmente difíciles para la economía y la sociedad de aquel país. En esas condiciones, un 57,4% de los chilenos declaraba entonces que «no le importaría que un Gobierno no democrático llegase al poder, si pudiera resolver los problemas». En España ningún instituto de investigación sociológica ha hecho pública una encuesta que plantee directamente una cuestión similar. Lo que más podría acercársele es un estudio del CIS que en 2010 concluía que el 55,1% de los españoles opinaba que «los partidos solo sirven para dividir a la gente».

Siguiendo con las comparaciones, hay que tener en cuenta que el sondeo del país transandino se llevó a cabo solo trece años después de que hubiera caído un dictador, Augusto Pinochet, al que una buena parte de los chilenos apoyó sin reservas. Y que en España el franquismo empieza a quedar muy lejos. Sin embargo, aquí siguen vivas, y algunas muy activas, muchas personas que aceptaron sin mayores problemas el régimen de Franco, si es que no lo respaldaron con pleno convencimiento. Y más ciudadanos aún que, desde que fueron niños y durante mucho tiempo, aprendieron a valorar positivamente a la dictadura en sus casas, en sus escuelas y en sus ambientes sociales. Y, en todo caso, lo que sigue sin estar muy claro, y menos últimamente, es cuántos españoles sienten la democracia como un bien irrenunciable, con el que no se puede negociar.

Hace tres décadas, la actual sensación de que el poder político no es capaz de hacer frente a la crisis económica y social, de que la inquietud de la ciudadanía podría traducirse en protesta incontrolada y de que el Estado mismo, además de la incertidumbre que pesa sobre su jefatura, puede sufrir duros embates por la presión independentista en Cataluña y el País Vasco habría alentado en todas las mentes el temor a un golpe de Estado militar.

Hoy ese riesgo ni se menciona. Porque desde el 23-F las fuerzas armadas sufrieron una profunda reforma, que redujo sustancialmente sus dimensiones, eliminó todos sus mecanismos de influencia en la sociedad civil, las modernizó y las abrió al mundo, al tiempo que modificó sustancialmente sus antiguas funciones. Pero, sobre todo, porque todos los que en teoría saben del asunto o, cuando menos, todos los que hablan en público de ello, aseguran que ese peligro ya no existe. Sin embargo, surge alguna duda al respecto cuando se escuchan declaraciones como las que hizo el actual ministro de Defensa en enero de 2013. «Los militares están tranquilos, mantienen el ánimo firme y sereno, sin atender a absurdas provocaciones», dijo entonces Pedro Morenés, refiriéndose con esto último a los proyectos políticos de Artur Mas y de Esquerra Republicana.

El peligro de una involución antidemocrática no ha asomado aún en España, pero no cabe descartar plenamente que lo haga en el futuro. El estado de la opinión pública no es precisamente tranquilizador a este respecto. La creciente protesta ciudadana, y más la que no se expresa en la calle, puede un día encontrarse con uno o con más demagogos que le ofrezcan la articulación política de la que hoy carece. O, sin necesidad de llegar a eso, que tampoco es tan fácil de llevar a la práctica, buena parte del descontento popular podría quedar durante un tiempo narcotizado por una maniobra en las alturas del poder que lo traspusiera, de hecho, a entes no elegidos democráticamente y que se ofreciera a la ciudadanía como una fórmula liberada de las ataduras que constriñen a los partidos.

Tal y como están las cosas, hoy el mayor freno a una eventualidad de ese tipo está fuera de nuestras fronteras. Está en la Unión Europea, que habría de rechazar cualquier forma de involución política en su territorio. Al menos en principio, pues la ausencia de reacciones mínimamente incisivas al giro autoritario que se ha producido en Hungría y, sin llegar a tanto, también en algunos otros países del Este no deja de ser inquietante.

Antes esos riesgos hipotéticos, un fenómeno del estilo del que protagoniza el italiano Beppe Grillo —que en unas nuevas elecciones podría convertirse en la primera fuerza política del país— no sería la peor de las alternativas. Porque por muchas inconsistencias que presente, por inquietante que pueda resultar el estilo político de su líder, lo más que propone ese proyecto, al menos hasta la fecha, es algo con lo que no se puede estar totalmente en desacuerdo, como es limpiar de arriba abajo el sistema, sacando de él a los políticos que lo han ocupado para su propio provecho. Y no cargárselo.

Pero, aparte de las diferentes idiosincrasias colectivas, varios factores hacen pensar que en España no va a ser fácil que surja un fenómeno parecido: la penuria de opciones políticas, o sociales, apoyadas en una verdadera participación popular, por minoritaria que fuera, a la que nos ha llevado la ocupación casi absoluta del espacio público por parte de los grandes partidos, con la aquiescencia o la colaboración activa de los grandes medios de comunicación; el desinterés absoluto por la política que, al menos hasta hace muy poco y salvo en épocas de elecciones, ha mostrado la mayoría de los ciudadanos, y más durante la larga época en la que la economía fue bien y en la que lo más importante para ellos fue ganar y gastar dinero; la falta absoluta de tradición militante, salvo en colectivos reducidísimos de la izquierda y, con sus particulares matices, en distintos ámbitos de la Iglesia católica, incluidos los de la oficial. En todos los países de Europa, y entre ellos en Italia, se dan, en distinto grado, las anteriores circunstancias, pero en ninguno, y ni de lejos, con la intensidad con que se registran en España.

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El futuro que les espera a los partidos

Mientras la potencialidad política del 15-M sigue siendo una incógnita, tampoco los otros dos partidos, IU y UPyD, que están hoy presentes en el Parlamento —además de los nacionalistas y de alguna formación menor— constituyen un referente a partir del cual quepa imaginar que en el futuro más o menos inmediato vaya a verificarse un reparto de fuerzas sustancialmente distinto del actual. Ambos están subiendo en los sondeos, pero no lo suficiente, ni mucho menos, como para que se pueda vislumbrar que puedan llegar a dar un vuelco a la situación actual. A menos que la abstención alcanzara tasas extraordinarias. Y eso aún está por ver, aunque los sondeos empiezan a apuntar en esa dirección.

Por muchos esfuerzos que se hagan, en la UPyD de Rosa Díez no se observan indicios claros de que ese proyecto político vaya a lograr ir más allá de obtener, en el mejor de los casos, una parcela del poder que hoy ostentan los grandes partidos, tras el eventual pacto al que alguno de ellos se podría ver impelido —lo más probable es que fuera el PP, pero no se debe desechar que fuera el PSOE— en función de futuros resultados electorales.

La oferta de una vía intermedia entre la derecha y el centroizquierda puede ser un buen cartel electoral en momentos de desazón, y también un atractivo —que lo ha sido, al menos hasta hace poco— para muchos ciudadanos que quieren participar en la acción política sin tener que someterse a rígidos corsés partidarios ni a opciones ideológicas cerradas. Pero, más allá de que sus rentas electorales puedan aumentar, UPyD corre el riesgo de agotarse en sí misma mientras su programa se siga concretando únicamente en muy pocos frentes y, más específicamente, solo en la defensa a ultranza de la unidad de España.

Izquierda Unida adolece de algunos de los vicios que se derivan de la lógica del poder que prevalece en los grandes partidos. Por algo en toda su estructura de dirección siguen mandando prácticamente las mismas personas que lo hacían cuando se fundó, por no remontarse más atrás, en la época del Partido Comunista de España, al que estuvieron vinculados buena parte de sus actuales cuadros. Los cambios puntuales en su organigrama solo tienen lugar tras extenuantes batallas internas, algunas de las cuales duran años y unas cuantas aún no han sido resueltas del todo. Desde ese punto de vista, se diría que, siguiendo la secular tradición de los grupos izquierdistas de antaño, batir al rival interno es más importante en IU que lograr la adhesión de las masas. Sin embargo, es su imagen de «ya visto», la falta de renovación, tanto de las personas como de las ideas, lo que más limita sus posibilidades de expansión electoral.

Con todo, esa formación cuenta con algunos activos de los que carecen los dos grandes partidos. Aunque algunos de sus cargos representativos se hayan imbuido de la cultura del poder que está vigente en ellos, y aunque la corrupción también haya hecho mella en sus filas, la imagen externa de la formación sigue estando bastante limpia. Dispone de una militancia activa que se entrega sin esperar nada a cambio, aunque sea menos numerosa de lo que habitualmente se cree.

Pero lo que más juega a su favor, aunque con límites, es que tiene la aureola de ser la verdadera izquierda, la que no ha cedido en sus principios —aunque haya pactado con el PSOE en Andalucía y con el PP en Extremadura— y, lo que es más importante, la única que entronca con la lucha antifranquista, un atributo que sigue siendo legítimo aunque buena parte de los que participaron directamente en ella, y que aún viven, no estén en las filas de IU. La organización quiere mantener vivo ese espíritu, como se pudo comprobar con su implicación en la defensa de las reivindicaciones de las familias de las víctimas de la dictadura.

Ni el PP ni el PSOE cuentan con algo parecido a ese capital histórico que les permita entonar, ni siquiera sea aderezándolo con los oportunos artificios, el discurso mítico que tan bien le viene a cualquier partido. El PP no lo ha tenido nunca. Porque nació de la nada y, si algún antecedente directo tiene, este está en el franquismo, del que muchos de sus dirigentes no solo tienen un recuerdo positivo, sino que, a poco que se rasque, se comprueba que esa es su verdadera matriz ideológica. Y porque su aportación a la construcción de la democracia en su fase decisiva —algo que, al menos hasta hace poco, tenía un cierto valor político— fue sustancialmente negativa.

Quienes, desde la derecha, se esforzaron en ese empeño, sobre todo en sus momentos cruciales, fueron Adolfo Suárez y la UCD, mientras el PP, que entonces se llamaba AP, se dedicaba a tratar de limitar las reformas hasta donde podía y a hundir, hasta que lo consiguió, tanto al entonces presidente del Gobierno como a su partido. Al tiempo que Manuel Fraga, haciendo gala de una gran habilidad y de un no menos conspicuo oportunismo, se convertía en padre de la Constitución, con lo cual creyó borrar su pasado de ardiente falangista y ministro de Franco. Y con él, algunos de los que en aquella época eras sus «jóvenes cachorros» y que hoy siguen ocupando importantes cargos del partido, entre ellos su jefatura.

Aunque en las paredes de algunas de las sedes del PSOE sigan aún colgadas las imágenes de Francisco Largo Caballero o las de su rival, Indalecio Prieto, o las de los dos, ese pasado nunca ha sido una referencia para el nuevo partido que, tras casi cuarenta años de práctica inexistencia, reapareció a principios de los setenta rompiendo, más allá de la retórica, con todos aquellos referentes, porque contradecían su moderado proyecto político socialdemócrata. El único papel histórico que el PSOE actual podría lucir con orgullo es su contribución al asentamiento de la democracia, a la modernización de la economía española, a la implantación de las bases de un Estado de bienestar en España y a la entrada en Europa.

Pero ese legado ha quedado muy empañado: tanto por el GAL y por la corrupción, como por el olvido que Zapatero y los suyos decretaron con el fin de evitar, de un lado, comparaciones que evidenciaran sus debilidades, como, de otro, que la vieja guardia del felipismo limitara su libertad de acción. Reducida casi al mínimo la potencialidad política de ese pasado, los errores y horrores de los Gobiernos de Zapatero han dejado al PSOE sin más capital que una organización que presenta los defectos antes apuntados y el poder que aún conserva en la estructura representativa del Estado.

Está claro que la crisis económica está golpeando duramente todas las democracias occidentales y que todos los grandes partidos del continente han perdido credibilidad a raudales, si es que no han concitado el rechazo de la mayoría de la opinión pública. Pero las inquietudes sobre el sistema y sobre su futuro no son tan grandes en los países en los que la democracia es una tradición consolidada y en los que siguen existiendo frenos reales, culturales y sobre todo institucionales, al exceso de poder de los partidos, como en aquellos en los que el proceso democrático es más reciente y esos frenos son meramente formales.

Además de por eso, la inquietante especificidad española se debe también a que aquí los partidos son prácticamente el sistema mismo. Porque, a falta de otras opciones cuando fue creado, este ha sido concebido, o se ha ido conformando, para que estos ocuparan todas las instancias del poder político e institucional. Al menos del que se regula a través del Boletín Oficial del Estado. Que, como se ha dicho, existe otra estructura de poder, al margen de los partidos y del Parlamento.

Teniendo, el que más o el que menos, una influencia enorme, ningún gran partido europeo pesa tanto en la realidad política, hasta en sus más recónditos extremos, como los españoles. Ni siquiera los denigrados partidos italianos. Y eso hace aún más difícil la regeneración del sistema que sería imprescindible para que la política y los políticos recuperaran algo de la mucha influencia que han perdido en la sociedad. ¿Por qué razón los grandes partidos habrían de modificar sustancialmente la estructura legal y operativa que les confiere el poder que hoy tienen, por qué habrían de recortarlo si eso es prácticamente lo único que les queda?

Para salir del abismo en que ha caído la política española sería precisa, entre otras muchas cosas, una reforma de la ley electoral que acabara con el poder omnímodo que las direcciones de los partidos ejercen a la hora de la confección de las listas y que confiriera mayor autonomía a sus cuadros electos. También harían falta cambios legales destinados a ampliar las posibilidades electorales de otras formaciones, mediante la introducción de un sistema mayoritario con circunscripciones más pequeñas o de otras fórmulas que produjeran ese efecto.

Pero lo único que se antoja posible, y habrá que verlo, es un cambio cosmético de la situación actual. En España ya se produjo un haraquiri de la clase política del momento —el que se hicieron los procuradores del franquismo, impelidos por Adolfo Suárez a cambio de sustanciosas prebendas— y no parece que los diputados y senadores del PP y del PSOE estén dispuestos ahora a hacerse nada parecido.

Pero es que, además de reformar las leyes electorales y las que amparan el actual funcionamiento de los partidos, habría que eliminar los mecanismos legales mediante los cuales estos —con la presencia, casi testimonial, de los nacionalistas, en algunos casos— controlan instituciones tan decisivas para el funcionamiento de la democracia como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que, además, también decide la conformación de los principales tribunales, entre ellos el Supremo. O el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que deberían ser totalmente independientes y que no lo son, aunque el actual titular del primero haya empezado a tratar de demostrar lo contrario. Y el sinnúmero de otras entidades públicas o semipúblicas, cuyos cargos rectores son designados por los partidos y cuyas actuaciones, al final, son visadas por sus cúpulas. Entre ellas, el Tribunal de Cuentas.

Sanear esas instituciones reforzaría la democracia. Pero reduciría el poder de los partidos, les privaría de instrumentos que para ellos son hoy muy importantes. Por eso no cabe esperar reformas sustanciales en este terreno. Además de que, después de tantos años de sometimiento al poder político o de dependencia de sus favores, no está ni mucho menos claro que en los colectivos profesionales de los que habrían de salir los eventuales renovadores de la situación actual se mantenga aún la potencialidad y el ánimo reformador que harían falta para que las citadas instituciones pudieran dar nuevo aliento a la vida política. Que hace un tiempo sí que existía.

A menos que de aquí a entonces algo, que en estos momentos es imprevisible y poco probable, provocara una transformación radical en la actitud de algunos o de muchos dirigentes de los dos grandes partidos, todo indica que la agonía política va a continuar sin grandes cambios. Cuando menos hasta las elecciones generales de 2015. Y a menos que los resultados de los comicios autonómicos y municipales de un año antes trastoquen todos los cálculos, sobre esas legislativas solo pende, hoy por hoy, una incógnita significativa: la de hasta dónde llegará la abstención. Pero da la impresión de que la marcha previsible de las cosas ni siquiera resultaría muy alterada porque el partido de los no votantes se convirtiera en el primero del país. Un rescate de España por parte de la UE y del FMI, aún posible, se diga lo que se diga, podría, sin embargo, alterar esas previsiones.

El panorama es, por tanto, desalentador. Pero, por el momento, esa lamentable situación política es estable. No solo porque el PP cuenta con una sólida mayoría absoluta en el Parlamento, sino también porque la protesta ciudadana contra el actual estado de cosas, contra la corrupción y los recortes, contra los abusos de los bancos y contra unas cuantas cosas más no ha adquirido la solidez y la extensión necesarias para propiciar cambios, ni siquiera un adelanto electoral. El hartazgo es generalizado. En algunos sectores predomina la indignación. Pero los movimientos que expresan esos sentimientos son dispersos, no coagulan en un frente único. Y, sobre todo, carecen de una perspectiva política que les dé sentido, proyecto, futuro. La experiencia demuestra con contundencia que eso no surge espontáneamente ni al calor de las acciones, sino que lo construye, despacio o muy rápidamente, según los casos, un núcleo de vanguardia. Y no solo la de los movimientos revolucionarios de inspiración marxista del pasado, sino de otros muchos de índole muy distinta, desde los verdes alemanes al Solidarnosc polaco. Y hoy por hoy no hay trazas de que esa referencia exista en España.

Además, en nuestro país siguen actuando bastantes factores que amortiguan las tensiones o que limitan la posibilidad de que estas se conviertan en movilizaciones más amplias que las actuales. Uno es el gasto social, vía pensiones o subsidios a los parados y otros, que, a pesar de los recortes que ha sufrido, sigue siendo muy grande y sosteniendo muchas economías familiares. Estados Unidos, un país en el que cada cual se las arregla como puede, casi sin ayudas del Estado, habría explotado hace tiempo si tuviera los índices de paro que aquí tenemos.

Otro es la muy distinta intensidad del sufrimiento económico que padecen los ciudadanos. Un grupo de ellos se encuentra en una situación desesperada. Han perdido todo, no tienen nada a lo que agarrarse. Son muchos, su número clama al cielo en un país moderno, pero en términos globales constituyen una minoría muy pequeña y, además, dispersa por la geografía del país. Salvo los ricos, que en el sentido popular más amplio del concepto no son tan pocos y podrían estar en el entorno del 10%, el resto de la población padece de una u otra manera los efectos de la crisis y de los recortes. Una parte importante vive angustiada por sus limitaciones económicas. Otra, no menos conspicua, las sobrelleva sin grandes dificultades. La solidaridad intrafamiliar, ya que cualquier otra ha desaparecido, ayuda en unos y otros casos. La economía sumergida, con su amplio abanico de formas, también.

Además, la enorme tasa de paro actúa como elemento disuasorio de la movilización. La disciplina laboral nunca había sido tan grande en España como ahora. El absentismo ha quedado reducido a su mínima expresión. Nadie se atreve a moverse dentro de las empresas. Por miedo a que le despidan siendo ahora tan fácil hacerlo y cuando hay muchos en la puerta dispuestos a sustituirle. Por eso mismo, y por sus problemas, los que vienen de antiguo y los que les ha creado la reforma laboral, los márgenes de actuación de los sindicatos son cada vez más estrechos.

La rabia y la furia que llenan las páginas digitales, en dimensiones hasta ahora desconocidas y crecientes, son, hoy por hoy, la principal expresión del estado de ánimo de la gente o, cuando menos, de mucha gente. Es imprevisible hasta donde puede llevar esa corriente. En algunas ocasiones, en Estados Unidos y en Europa, en España mismo, Internet ha demostrado ser un eficacísimo instrumento de lucha política. Pero lo ha sido cuando ha estado vinculado a alguna forma de organización, tradicional o moderna, y alguna causa apoyada en un programa más o menos definido de cambio.

Los muchos elementos que faltan para que la protesta española devenga en una fuerza de cambio pueden aparecer en el momento menos pensado. Sobre todo porque los motivos de la inquietud social no van a desaparecer, sino que van a reforzarse. Y lo que puede ocurrir mientras tanto es que se produzcan estallidos esporádicos de ira social, pero de intensidad muy grande. El Gobierno del PP debe saberlo perfectamente y por eso está intensificando sus medidas de seguridad, ampliando las atribuciones de la policía y lanzando un discurso securitario que en su tosquedad y dureza recuerda a los del franquismo. Solo que ahora se califica de nazis a los mismos que el dictador acusaba de estar pagados por el oro de Moscú.

13

La fuerza de los obispos

El gran poder que tiene la Iglesia católica en España es otra de las anomalías de nuestra democracia en relación con todas las demás, si se excluye la italiana. Y también una de las razones de su debilidad. Pese a su desprestigio social creciente y mayoritario en la población y aunque solo el 18% de los españoles sean católicos practicantes (eran el 48% en 1976), los obispos dominan el sector educativo, disponen de una red de 22000 parroquias y otros muchos centros religiosos que se extiende capilarmente por toda la geografía, posee una cadena de radio y varias de televisión, tienen a su servicio a dos diarios de difusión nacional (el Abc y La Razón) y a unos cuantos de ámbito regional. Y controlan organizaciones poderosas como la FERE, la CONCAPA y distintas y muy activas agrupaciones de «defensa de la vida». Por no hablar de organizaciones integristas como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los Kikos, Comunión y Liberación y otras, presentes y muy activas en la política, la economía y la educación.

Además de eso, reciben subvenciones, directas e indirectas, que cada año ascienden a varios miles de millones de euros, y gozan de unos extraordinarios beneficios económicos y fiscales. Pero lo más importante es que la Iglesia condiciona, y la ha condicionado desde siempre, la vida política en democracia, imponiendo no pocas veces sus criterios, en una medida solo comparable a la que lo ha hecho la banca y posiblemente más que esta. Ahora, con un Gobierno del PP en la Moncloa debería estar tranquila. Porque la derecha se ha plegado a todos sus requerimientos. Pero quiere más. Es insaciable.

Sus movilizaciones masivas, reiteradas y con los obispos a la cabeza, contra las leyes del aborto y el matrimonio homosexual de Zapatero, y contra su asignatura de Educación para la Ciudadanía, no solo deterioraron al Gobierno socialista y contribuyeron mucho a su caída, sino que también beneficiaron mucho a los planes políticos de Rajoy. Entre el PP y la Iglesia hubo una sintonía antisocialista, si no una coordinación de sus respectivas acciones contra ellos. Por eso, y porque figuraba en su ideario, era más que previsible que el Gobierno del Partido Popular deshiciera cuanto su predecesor había aprobado en capítulos que afectaban a la Iglesia y satisficiera sus demandas.

Se aplicó a ello casi en sus primeros pasos. A los pocos meses de haber tomado posesión, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunciaba la reforma de la ley del aborto socialista y, poco después, también la del matrimonio homosexual. Añadiendo confusos detalles sobre el contenido de esas iniciativas, pero dejando bien clara su orientación: la de eliminar en la práctica tanto el aborto libre como la unión legal entre personas del mismo sexo. Gallardón, un político que en su larga batalla por ascender en el escalafón del partido había logrado crearse la imagen de que era más dialogante y avanzado que el resto de sus compañeros, quemó con esos anuncios todo ese capital político y confirmó que quien aspire a prosperar en la derecha española tiene que contar con la aprobación de la Iglesia católica y someterse a ella.

Algunas semanas después, la Conferencia Episcopal obtendría otro éxito: el ministro de Educación enviaba a las Cortes el texto de una reforma en virtud de la cual la asignatura de Educación para la Ciudadanía desaparecía de la enseñanza primaria. Parece ser que el ministro José Ignacio Wert la había pactado con los obispos nada más ocupar el cargo.

Una vez hechos esos gestos, el aumento del paro, el agravamiento de los problemas financieros, las presiones europeas y los recortes obligaron al Gobierno a concentrarse en las cuestiones económicas. Además, el descontento social creciente le debió hacer comprender que ese no era el momento de añadir más leña al fuego, pisando el acelerador de unas reformas que iban a ser muy impopulares. Particularmente la de la ley del aborto, que, según distintos sondeos, cuenta con el apoyo de una mayoría bastante amplia de la población española, en la que se incluyen muchos católicos.

Y decidió retrasar su tramitación. Hasta que el presidente de la Conferencia Episcopal les dijo que eso no podía ser. Y lo hizo de la peor de las maneras. Con un discurso durísimo, prácticamente de denuncia de incumplimiento por parte del Gobierno de unos pactos con la Iglesia de los que no había constancia pública alguna, el cardenal Antonio María Rouco Varela puso contra las cuerdas a Mariano Rajoy. Le exigió que acelerara las reformas sin más tardanza. Y lo hizo el mismo día en que el presidente del Gobierno se entrevistaba en Roma con el nuevo papa, el argentino Jorge Bergoglio, aguándole la fiesta, quitándole los titulares del día.

Rajoy hizo un papelón. Tal vez el peor de su trayectoria en el Gobierno. Apareció como un pelele en manos de los obispos. Y también del papa. Porque se ha sabido que, en ese encuentro, Francisco le dijo más o menos lo mismo que Rouco sobre la necesidad de acabar con el aborto y con el matrimonio homosexual. También ha trascendido que el presidente del Gobierno garantizó al pontífice que no tenía intención alguna de modificar las exenciones fiscales de las que goza la Iglesia en España, y que los Gobiernos socialistas del pasado, a pesar de algunos anuncios en sentido contrario, tampoco habían tocado: la del IVA, la del IBI —que algunos ayuntamientos amenazaron en 2012 con cobrar, sin que luego lo llevaran a la práctica— y, entre otros más, la de los impuestos sobre sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales.

Nunca la influencia de la Iglesia en la vida política de la España democrática había sido tan grande como en esos momentos, como lo es ahora mismo. Al menos, nunca había sido tan descarada. Los Gobiernos precedentes, incluido los que presidió José María Aznar, no habían dado muestras tan palpables de que cedían a sus presiones como lo ha venido haciendo el de Mariano Rajoy.

En el pasado, y hasta que los obispos se lanzaron a la calle contra las reformas de Zapatero, la Iglesia había actuado con algo más de discreción y diplomacia. En los últimos años de Franco y los primeros de la Transición, pareció incluso que se habían convertido a la causa de la democracia. Y, al tiempo que muchos curas y algún obispo apoyaban y protegían a los movimientos clandestinos de oposición, particularmente a los obreros, el nuevo discurso de la jerarquía eclesiástica de entonces provocó la dura reacción de la ultraderecha, que llegó hasta el punto de pedir que se llevara al paredón al presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, por su posición a favor de las libertades.

El sustancial cambio de actitud política que la jerarquía católica sufrió en aquellos años y que se mantuvo en los primeros de la Transición, es un fenómeno sobre el cual todavía hoy debaten los especialistas. La Iglesia había apoyado el golpe militar de Franco en 1936 —algo por lo que aún no ha pedido perdón— y fue uno de los pilares del régimen que ella ayudó a construir. Actuó como policía paralela durante los años más duros de la represión franquista, que fueron unos cuantos. Vigiló y controló a la población —y sus usos y costumbres, hasta su forma de vestir y las películas y los libros que podía ver y leer— hasta algunos años antes de que acabara el régimen. Pero, al final, cuando de Roma llegaban los vientos de cambio auspiciados por el Concilio Vaticano II, decidió que tenía que hacer algo para que el día que faltara Franco no se le restregara ese pasado por la cara.

La necesidad de un cambio nacía también de las tensiones que se vivían en el interior de la propia Iglesia. No solo había muchos curas que coincidían con los planteamientos de la oposición antifranquista, y no pocos hasta militaban en sus partidos de izquierda, sino que amplios y crecientes sectores de fieles, sobre todo en las grandes ciudades, expresaban posiciones muy críticas a la jerarquía y exigían que se desvinculara del régimen.

Tarancón, con el apoyo del Vaticano, convenció a la Conferencia Episcopal, o cuando menos a la mayoría de la misma, de que era preciso actuar para hacer frente a unos y otros problemas. La Iglesia hizo su propia transición, que acabó bastante antes que la política. En aquel tiempo de afanes y de poca reflexión, muchos creyeron que la reforma era auténtica y sincera y, lo que era aún más importante, que no tenía vuelta atrás. Es cierto que hizo más fácil la reforma política. Pero algunos autores sostienen que, en el fondo, ese cambio de discurso público fue solo el revestimiento del pacto que la Iglesia hizo con el Rey para que, a cambio de su apoyo a la corona, este les garantizara el mantenimiento de su poder en la sociedad.

Y cuando se aprobó la Constitución se comprobó que los cambios no habían mermado un ápice la voluntad de los obispos de defender sus intereses. Porque habían conseguido, tal vez eso también figuraba en el citado pacto, que el artículo 16.3 dijera que los poderes públicos debían de cooperar con la Iglesia católica y el 27.3 que la enseñanza de la religión era obligatoria en todos los centros escolares. Entonces pudo parecer poca cosa, pero esos dos preceptos han sostenido buena parte de la posterior acción política de los obispos.

Los acuerdos que el Gobierno de Adolfo Suárez firmó con el Vaticano en 1979, y que posteriormente ratificaron los Gobiernos socialistas, completaron el marco de atribuciones que la Iglesia habría de tener en la democracia. En virtud de ellos, el Estado español se comprometía a respetar el derecho de los padres a decidir la educación moral y religiosa que sus hijos recibirían en la escuela y también a garantizar la enseñanza de la religión católica en todos los centros escolares.

El 23 de febrero de 1981, mientras los guardias civiles asaltaban el Congreso, la Conferencia Episcopal estaba reunida para elegir al sucesor de Tarancón. Escogieron a Gabino Díaz Merchán. Pero mantuvieron el más absoluto silencio respecto del golpe militar. Solo el día siguiente, cuando ya estaba muy claro que la intentona había fracasado, emitieron un tibio y confuso comunicado del que casi solo se entendía que estaban con el poder constituido, es decir, con el ganador. «Los obispos fueron cómplices del 23-F», declaró, en 2002, José María Martín Patino, que había sido el brazo derecho de Tarancón y seguramente quien más creyó en las posibilidades de la reforma eclesial.

No había duda de que aquella etapa había acabado definitivamente. Lo que era tan fácil de prever entonces era que, a partir del 23-F, la Iglesia española iniciaría una deriva que, en pocos años, la llevaría a las posiciones firmemente integristas en las que está ya desde hace bastante tiempo y que lanzaría una ofensiva en materia de educación, financiación y de presencia pública, que no ha hecho más que endurecerse con el paso de los años. Algunos de los obispos que se creía que estaban más identificados con las reformas de Tarancón serían las cabezas visibles del nuevo rumbo y se irían sucediendo, hasta hoy, en la presidencia de la Conferencia Episcopal, confirmando las dudas en torno a la sinceridad y hondura de sus posiciones anteriores.

La orientación que Juan Pablo II dio a su papado, que comenzó en 1978, influyó decisivamente en la andadura de los obispos españoles. Las directrices del Vaticano siempre han sido órdenes para las Iglesias nacionales, cuya libertad de acción y de opinión en los grandes asuntos no existe prácticamente. Y el papa Wojtyla no solo se había propuesto acabar con el régimen comunista en su Polonia natal y en el resto del bloque socialista, sino que también había decidido acabar con cualquier veleidad aperturista y progresista en el seno de su Iglesia —lo cual se concretó, entre otras cosas, en su condena de la Teología de la Liberación— e instaurar un discurso integrista que marcaría sus veintisiete años de pontificado.

Cuando los socialistas llegaron al poder en 1982, el papa puso sus ojos en España. Antes de eso, entre 1980 y 1981, el Gobierno centrista de Leopoldo Calvo Sotelo, gracias al empeño personal de su ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez —que más tarde sería titular de Exteriores con el PSOE—, había legalizado el divorcio y dado pasos importantes para autorizar el aborto. Posteriormente, los Gobiernos de Felipe González afianzarían ambas leyes y también la planificación familiar, y también potenciarían la enseñanza pública e introducirían algunos cambios en la regulación de los medios de comunicación.

Nada de eso gustó a los obispos ni al Vaticano. España se convertiría en el «banco de pruebas» —expresión utilizada por Rafael Díaz Salazar— de la guerra que el papa Wojtyla quería que su Iglesia librara contra los Gobiernos de países católicos que no estaban dispuestos a seguir sus directrices. En nuestra tierra habrían de ensayarse los instrumentos que habrían de utilizarse contra los nuevos Ejecutivos democráticos latinoamericanos, como los de Brasil, Chile, Argentina Uruguay y otros, que habían sustituido dictaduras militares apoyadas por los obispos.

Los socialistas se enfrentaron duramente con la Iglesia en ocasión de dos leyes educativas: la LODE y la LOGSE. La aprobación de la primera se saldó con concesiones económicas del Gobierno a los obispos y también, y eso fue más importante que lo anterior, con la institucionalización de la enseñanza concertada pagada con fondos públicos. El PSOE seguramente no preveía entonces la amplitud y el poderío que esta fórmula iba a alcanzar —porque sus Gobiernos no le pusieron grandes trabas y porque el de Aznar la potenciaría sin límites—, pero aquella aceptación desmentía, al menos en parte, la voluntad de los socialistas de que la enseñanza pública ocupara un espacio y tuviera una preponderancia similares a los que había tenido en la Segunda República. En todo caso, fue una de las mayores victorias que la Iglesia ha logrado en la democracia. Y las dimensiones y la influencia de la educación concertada española, así como el coste que esta supone para el Estado, no tienen parangón en ningún otro país.

Felipe González también tuvo que batallar para sacar adelante su LOGSE. Y esta ley introdujo algunos matices en distintos sentidos de la anterior. El Gobierno aceptó que la asignatura de religión, cuyos profesores serían nombrados por los obispos pero pagados por el Estado, fuera obligatoria en todos los centros. Pero abrió la puerta a que fuera optativa para los alumnos.

Luego vino Aznar. Y la ley educativa fue cambiada de nuevo, aunque Zapatero evitó que entrara en vigor. Eso sí, los obispos apoyaron la que se llamó LOCE. Y durante los ocho años de los gabinetes del PP obtuvieron otras ventajas y, sobre todo, comprobaron con satisfacción como la España oficial les reconocía con toda suerte de gestos su papel de guía espiritual de la sociedad. La derecha que venía del franquismo, que se había educado en los colegios religiosos de la dictadura y que nunca tragó a Tarancón, se sentía a gusto con una Iglesia que volvía a las esencias y aceptaba sin mayores problemas su magistratura y su poder. En el fondo, ese era su modelo. La imagen de Ana Botella luciendo mantilla con peineta en la procesión del Corpus en Toledo —como más tarde harían las dos mujeres fuertes del PP, Soraya Saénz de Santamaría y María Dolores de Cospedal— y la de Emilio Botín inclinando la cabeza hasta casi la cintura para besar la mano del presidente de la Conferencia Episcopal, retrataban esa vuelta a un pasado en el que los obispos eran un poder superior.

La victoria de Zapatero en 2004 debió de ser un disgusto mayúsculo para la jerarquía eclesiástica. Porque no la preveía, como casi nadie, por cierto, y creía, como el propio Aznar, que el PP se había instalado en el Gobierno para décadas. Que el futuro le sonreía. La decepción, y la irritación que esta produjo, fue seguramente un elemento que reforzó su implacable oposición a las medidas que iría tomando el Gobierno socialista en los asuntos que le concernían.

Su nueva ley educativa, la LOE, que introducía la asignatura de Educación para la Ciudadanía, fue vista por los obispos como una afrenta, porque les disputaba el monopolio de la enseñanza ideológica en las escuelas. Más aún, la ley que legalizaba el aborto libre y la que hacía lo propio con el matrimonio homosexual. Y los obispos, junto con el PP, se lanzaron contra una y otra con todo lo que tenían y lo siguieron haciendo año tras año, con el apoyo del nuevo papa Ratzinger, el cardenal que había dado forma y contenido al giro integrista de Juan Pablo II. Y aunque el Tribunal Constitucional sentenciara en contra de la objeción de conciencia en la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y también en contra de la inconstitucionalidad del matrimonio homosexual.

Con esas acciones en la calle, encabezadas por los obispos, la Iglesia demostró su enorme capacidad de movilización, superior a la que entonces tenían los sindicatos. Estaba claro que los ciudadanos que acudían a sus manifestaciones constituían una minoría de la sociedad. Pero también que esta no era, ni mucho menos, pequeña. Y que además estaba radicalizada, gracias a la sistemática tarea de agitación de los curas en las parroquias y a la propaganda de los medios de comunicación controlados por los obispos. En definitiva, que el integrismo católico había logrado algo que la derecha política no había conseguido sino esporádicamente en las manifestaciones contra el terrorismo o por la unidad de España: tener una masa popular muy amplia que podía actuar en la calle sin necesidad de grandes preparativos.

Zapatero trató de parar la presión entendiéndose directamente con el Vaticano. Allí acudió su vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien se deshizo en loas y parabienes a los miembros de la curia con los que se reunió, sin que eso valiera para calmar a los obispos. Entonces, el presidente recurrió al arma económica. Y sin preaviso alguno elevó del 0,5329 al 0,7 % el porcentaje que se detraía de la cuota líquida del IRPF de los contribuyentes que querían que esa parte de sus impuestos, sin sobrecoste para ellos, se convirtiera en asignación tributaria del Estado a la Iglesia.

Tampoco eso frenó la protesta. Pero, en ningún momento, a Zapatero se le ocurrió pasar al contraataque. Por ejemplo, amenazando con romper los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Que es lo que ahora el PSOE, en la oposición y, por tanto, sin capacidad alguna de llevarlo a la práctica, ha dicho que hará si el Gobierno del PP se carga el aborto libre y el matrimonio homosexual.

No parece que los obispos vayan a sacar a la gente a la calle para que Rajoy ponga ya en práctica las reformas que les ha prometido. Porque lo más probable es que este ceda, y a no mucho tardar, a sus exigencias, aun buscando subterfugios que traten de enmascarar, mientras se pueda, el verdadero sentido de las reformas, a fin de evitar una respuesta popular de sentido contrario. Pero por muchos paños calientes que le ponga, el asunto, si termina como se prevé, va a mostrar la debilidad del Gobierno del PP bastante más que otras cosas.

A la postre, ese será el precio que habrá tenido que pagar por haber entregado a la Iglesia buena parte de la tarea de oposición a Zapatero. De un aliado fiel cabría esperar que comprendiera que las dificultades extraordinarias con las que se ha topado el nuevo Gobierno no le permiten aplicar con demasiada premura los compromisos que firmó en la etapa precedente.

Pero la Iglesia nunca se ha significado por su fidelidad. No tiene amigos, solo lo son quienes aceptan sus designios. Y, además, tiene prisa. No solo porque parece que el nuevo papa quiere repetir la experiencia de Juan Pablo II y hacer en la Latinoamérica, que de nuevo se ha ido a la izquierda, aunque ahora con otras formas, lo mismo que el pontífice polaco hizo en la Europa del Este. Y para eso España sigue siendo una plataforma de lanzamiento. También porque el futuro político de nuestro país empieza a ser una incógnita. Y los obispos quieren tener muy bien amarradas sus posiciones antes de que se produzcan cambios que podrían complicarles las cosas.

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En lo que ha quedado el poder de las regiones

Las autonomías han dejado de ser un poder y ahora son, sobre todo, un problema. O, mejor, una serie de problemas distintos. Los que plantean Cataluña y el País Vasco no tienen solución a menos que se lleven a cabo cambios en la Constitución que hoy son inimaginables. Y aunque el resto de las regiones no exprese demanda alguna de independencia, su futuro está amenazado por graves incógnitas de tipo económico e institucional. La mayoría de los miniestados españoles ya no son capaces de cumplir las funciones que les han sido atribuidas o que ellos mismos han decidido asumir. Buena parte de ellos está quebrado o puede estarlo en breve y el modelo de descentralización de España, el Estado de las autonomías, se ha venido abajo y nadie sabe cómo levantarlo.

La crisis económica ha expuesto dramáticamente a la luz la inconsistencia del diseño constitucional de las autonomías. Porque fue concebido, sobre todo, como un artificio de ingeniería política destinado a compensar las concesiones que se hicieron en 1978 a las demandas catalanas y vascas, sin las cuales la democracia no habría podido empezar a andar. Y porque, desmintiendo los cantos a la bondad de nuestra Constitución, esta dejó tantas puertas abiertas que se produjo un proceso de acumulación de competencias por parte de los Gobiernos regionales que no tuvo límites y que, en buena medida, tampoco se atuvo a criterios racionales.

Una nueva clase política que, en su gran mayor parte, nunca había sido autonomista ni nada que se le pareciera, se hizo con el mando de las regiones bajo la consigna de que ninguna de ellas podía tener menos que lo que se había cedido a catalanes y vascos. Que no solo tenía mucho de demagogia populista, sino que también era la negación misma de uno de los acuerdos políticos básicos a partir de los cuales se pudo elaborar la Constitución. El de que la democracia en España solo era posible si se reconocía la especificidad de esas dos nacionalidades y de la gallega. Un principio, por cierto, que hoy sigue estando plenamente vigente.

Creyéndose justificados por esa vocación de igualitarismo regional, que, en el fondo, era en buena medida expresión del atávico antinacionalismo catalán y vasco mayoritario en la derecha española pero también muy fuerte entre los socialistas, los «barones» regionales del PP y del PSOE no se limitaron a poner en práctica la necesaria descentralización del Estado, sino que se lanzaron a una carrera por la obtención de nuevas competencias que solo acabó cuando llegó la crisis. Y que en el interior de esos partidos produjo la paulatina pérdida de poder de la dirección central a favor de sus instancias regionales.

En buena medida, y salvo alguna excepción matizable, ese proceso no respondió a demandas previamente expresadas por la ciudadanía de las regiones, en la mayoría de las cuales hubo que construir de nuevas el «sentimiento autonomista» y prácticamente inventar la simbología que lo arropara. Ni tampoco se atuvo a un proyecto articulado de desarrollo económico y social que diera sentido al autogobierno y que hubiera sido elaborado previamente. Fue un proceso no planificado, que avanzó a saltos y cuya concreción respondió, en muy buena medida, a las ansias de poder de las cúspides regionales de los dos grandes partidos que, casi desde el momento inicial, se articularon con las tramas de intereses económicos y caciquiles que existían en sus territorios o con las que se irían formando a medida que avanzó el proceso.

En definitiva, fue una creación «de palacio» que no habían previsto los redactores de la Constitución. Entre otras cosas, porque ellos habían confiado en que sus disposiciones para reforzar a los grandes partidos nacionales, de las que vienen los actuales defectos del sistema electoral, garantizarían que estos fueran el elemento vertebrador y moderador del nuevo sistema que habría de sustituir al hipercentralismo del franquismo. Y ocurrió exactamente lo contrario.

A medida que los nacionalistas vascos y catalanes iban obteniendo las atribuciones que, según ellos, figuraban en sus estatutos de autonomía —pero que solo llegaban cuando el PSOE o el PP necesitaban de su apoyo parlamentario y que se les negaban cuando uno u otro partido tenía la mayoría absoluta—, el Estado central, presionado por los barones, fue cediendo competencias a las demás autonomías. Y como consecuencia de ello, el gasto de los Gobiernos regionales se incrementó sin pausa. Y no solo porque estos habían de financiar los servicios que se les habían transferido, y particularmente los sanitarios y educativos, los más costosos, sino porque también decidieron destinar, cada vez más, fondos sin cuento a inversiones y actividades de todo tipo. No pocas imprescindibles, otras no. Como obras faraónicas, cadenas de televisión o muchas de las miles de empresas públicas regionales que se crearon fundamentalmente para atender a intereses clientelares.

El argumento con que se justificaron, una y otra vez, esas iniciativas fue el de la necesidad de reducir la distancia entre la España pobre y la España rica, o la de consolidar sentimientos autonómicos que, de partida, eran muy débiles. No había duda de que los Gobiernos autonómicos de las regiones menos favorecidas tenían que hacer un esfuerzo económico adicional muy grande para tratar de recuperar el atraso social y económico al que el centralismo franquista las había condenado, cercenando en muchos casos sus potencialidades de desarrollo. Pero buena parte de lo que se hizo fueron cosas que sirvieron a finalidades de propaganda electoral, al mantenimiento de las amplias y tupidas redes clientelares que fueron creando los barones —en forma de negocios o de empleos públicos— o que simplemente eran expresión de la megalomanía en que cayeron muchos de ellos.

Paralelamente, tanto el PP como el PSOE —que desde el comienzo de su andadura en democracia tuvo que gestionar la autonomía del PSC— sufrieron un intenso proceso de descentralización interna. Paulatino pero que avanzó sin pausa. Y hasta el extremo de que hoy sus cúpulas regionales tienen tal capacidad de veto sobre las decisiones de la dirección central que un acuerdo para salir del agujero en el que la mayoría de sus autonomías han caído resulta imposible sin su consentimiento. Por eso mismo, tal y como están hoy las cosas, cualquier reforma del sistema de financiación que implicara una pérdida sustancial de poder por parte de los Gobiernos autonómicos —y parece que toda solución del drama actual pasaría por eso y, además, en grandes dosis— es casi una entelequia. Porque los barones, empezando por los del PP, no están dispuestos a ceder un ápice en ese terreno. Y cuentan con la fuerza orgánica suficiente para seguir así durante años. Eso impide, tanto o más que cualquier otra cosa, salir del bloqueo político que sufre España.

La realidad actual del Estado de las autonomías es la prueba más rotunda de que la democracia española se ha construido sobre la marcha, atendiendo a las necesidades políticas y a las relaciones de fuerza de cada momento, sin afrontar hasta el final los problemas de fondo, y dejando de lado las cuestiones que en cada coyuntura concreta no se pudieron o no se quisieron afrontar y que ahora han vuelto, todas ellas juntas, a hacer acto de presencia.

Las élites políticas no han estado a la altura de los compromisos y de los riesgos que implicaba la creación de ese tipo de Estado y han actuado movidas, sobre todo, por intereses de poder a corto plazo. Pero una parte no pequeña de los problemas actuales nacen también del hecho de que los redactores de la Constitución no cerraron las puertas a derivas como las que les han creado. Se pueden comprender sus limitaciones de entonces y hasta convenir que hicieron el mejor trabajo que se podía hacer en aquellas difíciles condiciones. Lo que ya no se puede hacer, a la vista de lo que ocurre hoy, y también desde hace un tiempo, es seguir cantando las excelencias sin tacha de la manoseada Transición.

Treinta y cinco años después de que se aprobara la Carta Magna, las cuestiones vasca y catalana, que condicionan la política española desde hace casi siglo y medio, no solo siguen tan pendientes como entonces, sino que el independentismo ha cobrado en ambas regiones una fuerza que ni los más optimistas de sus partidarios intuyeron en 1978 que un día alcanzaría. Y además, y sin que nadie previera que eso podría ocurrir, el resto del Estado autonómico se ha convertido en un gigante ingobernable que amenaza la supervivencia del conjunto.

Buena parte de las autonomías está hoy quebrada y nadie sabe muy bien cómo se puede evitar que ahora mismo, o más tarde, muchas de ellas se declaren oficialmente en suspensión de pagos, situación en la cual algunas ya están de hecho. Siendo esa la cuestión más acuciante, y que tiende a agravarse, no es menos inquietante la evidencia de que ningún recorte de gastos permitirá volver a poner en pie el Estado de las autonomías que se creó en las últimas décadas. La austeridad que la UE ha impuesto a las regiones españolas, y que el Gobierno de Mariano Rajoy ha articulado sin manifestar mucha aflicción, está golpeando con dureza inaudita nuestra versión del Estado de bienestar, que nunca alcanzó, ni de lejos, los niveles que este tenía en la Europa más avanzada. Y puede que su reducción no haya hecho más que empezar. Pero ni eso va a curar la grave patología del modelo autonómico. Ni ahora ni cuando se supere la crisis económica y el dinero de los impuestos vuelva a fluir hacia las cajas públicas.

Ningún fenómeno económico, por extraordinario que fuera, puede revertir una realidad como la que muestran los últimos datos relativos a la Comunidad Valenciana. Sus ingresos de 2012 no cubrieron ni el 60% de sus gastos, sin incluir en ellos los financieros, es decir, el servicio de la enorme deuda que contrajeron los gobernantes de los años de oro. Para este año se prevé una situación similar: solo los gastos en sanidad y educación serán en esa región de unos 9 000 millones de euros, mientras que la financiación autonómica, los fondos que le transfiere el Estado central para esos fines, no llegará a los 8 300. Seguramente es el ejemplo extremo. Pero el balance de no pocas otras regiones es bastante parecido.

Pero tan grave como el de sus cuentas financieras es el estado de la economía real de las regiones. El PIB español se ha más que doblado en los últimos treinta años. Y las rentas per cápita y el nivel de vida han crecido mucho en todas las comunidades autónomas durante ese periodo. Pero las diferencias entre las más ricas y las pobres siguen siendo prácticamente las mismas que al inicio del proceso. Y habrían crecido de no ser por los fondos europeos y, sobre todo, por las formidables trasferencias de renta que año tras año se han hecho desde las regiones más ricas a las más pobres. Aún más, la geografía de la fuerza económica de las regiones no se ha modificado, con la única excepción del reforzamiento de la realidad económica de Madrid en el panorama nacional y la caída de algunas regiones como Asturias, por culpa de la desaparición de su industria.

Aunque habrá que ver cómo quedará después de que finalice la crisis, la España económica y social de 2013 poco tiene que ver con la de finales de los setenta. Hasta los pobres de hoy, que son muchos y van a más, son menos pobres que los de entonces. Pero, en términos geográficos, la dinámica económica y social sigue siendo muy parecida. Como entonces, los licenciados y los profesionales que quieren progresar, en cualquier ramo o especialidad, siguen teniendo como referencia prioritaria Madrid, Cataluña y un tanto menos el País Vasco. Y los despachos profesionales y las salas de profesores de las universidades de las capitales económicas españolas están poblados por gentes que no han nacido en ellas.

La descentralización casi sin límites no ha servido para modificar las dinámicas económicas de base. Varios estudios concluyen que las potencialidades de crecimiento de las regiones fuertes siguen siendo muy altas y que el importante desarrollo de su base tecnológica que se ha producido en los años pasados las ha reforzado. La crisis se podrá llevar por delante muchas cosas, pero seguramente eso no. Pero ¿qué ocurrirá en el futuro con las muchas regiones que esta ha dejado al pairo y en las que el mucho dinero que se ha gastado no ha servido para preparar su futuro?

Esa incertidumbre es otro de los motivos que llevan a concluir que España necesita imperiosamente una profunda reforma de su Estado, que es tan imprescindible o más que otras. Es una necesidad que ahora ha adquirido tintes dramáticos, pero que se veía venir desde hace unos cuantos años. Las cúpulas del PSOE y del PP no la desconocían. Pero ninguna de ellas hizo nunca algo verdaderamente significativo para tratar de arreglar el problema o, cuando menos, para frenar su deriva imparable: porque no se sintieron con fuerzas para enfrentarse a los barones regionales, porque creían que eso podría agravar sus tensiones con vascos y catalanes. O porque estaban muy bien como estaban como para meterse en esos berenjenales.

Fuera por lo que fuera, decidieron obviar esa tarea y optaron por soluciones políticamente más fáciles, aunque supieran que su vigencia estaba limitada en el tiempo. La apuesta por la expansión inmobiliaria, renovada una y otra vez aun cuando ya se sabía que estaba agotada, fue la más clara de ellas. Una de las palancas iniciales del boom inmobiliario, y no de las menos decisivas, fue la decisión de José María Aznar de traspasar a los Gobiernos regionales todas las competencias en materia de regulación del mercado del suelo.

Y esa opción seguramente también se tomó porque ya entonces —y particularmente durante la breve pero dura crisis económica que siguió a los Juegos de 1992 y en la que el lobo asomó sus orejas— el PP había comprendido que el modelo autonómico había enfilado decididamente la senda de la insostenibilidad. El PSOE llegó después a similares conclusiones. Pero en lugar de hacer algo para reconducir la situación, ambos partidos prefirieron que fueran las rentas públicas del ladrillo las que taparan los agujeros que amenazaban con abrirse, o que se habían abierto ya, en las cuentas autonómicas y que los fondos que llegaban de Europa y de las regiones ricas ya no bastaban para cubrir.

Como se sabe, la cosa no se quedó en eso, sino que, al descubrir que las recalificaciones de terrenos y los permisos de construcción eran una mina de oro, los barones regionales decidieron doblar y redoblar la dosis de la receta. Y se lanzaron a aumentar los gastos, los fastos y las deudas hasta extremos que unos pocos años antes habrían sido inconcebibles hasta por ellos mismos. Y permitieron que la corrupción, que hacía más fáciles las cosas, llegara al último rincón de la gestión política. Los ayuntamientos les siguieron entusiasmados por ese camino, que tapaba sus deficiencias financieras y competenciales, inconcebibles en una democracia normal.

Todo se vino abajo cuando se acabó el boom. Y si la crisis económica tiene en España efectos más terribles que en otros países de nuestro entorno no es solo porque el sector de la construcción llegó a ocupar más espacio económico en el conjunto del territorio que en ninguno de ellos, sino también porque en algunas regiones su peso llegó a ser tan grande que su caída se llevó casi todo lo demás por delante, sin que ninguna otra realidad económica, ni siquiera la del turismo, pudiera paliar sus efectos. Muchos industriales vendieron sus empresas para invertir en suelo, no pocos agricultores convirtieron sus huertas en terrenos para construir y cientos de miles de jóvenes abandonaron la escuela para ganarse buenos sueldos de albañiles o de chóferes. Y ahora son parados que no solo carecen de cualificación profesional, sino también de los rudimentos que la enseñanza proporciona para aprender a quien no tiene dotes innatas para ello.

Y encima la avalancha arrastró, hasta su desaparición, a la mayoría de las cajas de ahorro, que eran las únicas instancias de poder financiero local que había en la mayoría de las regiones. El Gobierno de Felipe González las había dotado de instrumentos que les permitían actuar como los bancos. Las leyes para regular su funcionamiento, que posteriormente habían ido aprobando prácticamente todas las comunidades autónomas, gracias a una más de las incomprensibles trasferencias de competencias de la época, no solo permitieron que los poderes regionales, políticos, económicos y hasta sindicales coparan sus consejos, sino sobre todo, que los dirigentes de las cajas adquirieran un poder de decisión prácticamente absoluto sobre la marcha de sus entidades.

Empujados por los vientos neoliberales que soplaban en aquellos años, pero yendo bastante más allá, las ansias de poder, y de dinero, de esas personas, con la complicidad de los Gobiernos regionales, se impusieron a cualquier prudencia financiera. Y las cajas engordaron la burbuja inmobiliaria todavía más que la banca privada. Además de que financiaron todas las locuras infraestructurales que se les ocurrieron a los barones. Y cuando llegó la caída, no se retiraron discretamente, sino que se dedicaron preferentemente a cometer todas las irregularidades posibles, cuando no los delitos, para hacerse con indemnizaciones y pensiones millonarias, a las que creían que tenían tanto derecho como los banqueros privados, porque también ellos se sentían miembros de la élite financiera.

Todas esas barbaridades crearon el ambiente adecuado para que los Gobiernos pudieran tomar, sin mayores críticas ni oposición, las medidas necesarias para eliminar del mapa financiero español a las cajas de ahorros. Zapatero emprendió ese camino, Rajoy lo concluyó. Y ambos, y sus corifeos mediáticos, atizaron el fuego del descrédito de las cajas, mientras miraban para otro lado ante los desmanes de los banqueros privados. Los cuales, por cierto, asistieron complacidos al desmantelamiento, si es que no empujaron para que se produjera. Esa ha sido, hasta hoy, la única acción tajante que en España se ha adoptado para reformar el sector financiero.

No ha resuelto ninguno de sus problemas más acuciantes. Porque las deudas de las cajas son ahora del Estado y son enormes. Ha beneficiado objetivamente a la banca privada, que se ha quitado de delante un competidor y eso no es bueno. Entre otras cosas, porque las cajas, a través de su obra social, cumplían funciones que no respondían a la mera obtención de beneficios, aunque algunas de ellas lo hubieran olvidado en los últimos años. Pero tal vez lo peor de todo es que ha dejado la mayoría de las autonomías, y particularmente las económicamente más débiles, sin instancias financieras propias, es decir, sin una herramienta que, actuando de acuerdo con criterios racionales, sigue siendo imprescindible para el desarrollo de esas regiones.

Aunque ya es demasiado tarde para debatir cómo podrían haberse evitado algunos de esos efectos, está claro que la situación en que habían quedado las cajas, que habían sido el instrumento que sirvió para financiar las locuras de los poderes políticos regionales, exigían su reforma profunda tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero seguramente no su eliminación. Y el sentido común hace pensar que, antes de cualquier otra, la primera medida que se debería haber tomado habría sido la de destituir a todos sus dirigentes, para denunciarlos inmediatamente después ante los tribunales. Por el contrario, se les dejó seguir en sus cargos durante años, arreglándose sus pensiones y despidos, y puede que también borrando las huellas de eventuales delitos. Y, después de que el Fondo Monetario Internacional les acusara de desidias y comportamientos intolerables cuando estaba a la cabeza de esa institución, el Gobierno del PSOE hasta llamó a Rodrigo Rato para que salvara Cajamadrid.

Los pronósticos sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora con el Estado de las autonomías, aunque son difíciles de concretar, han de estar necesariamente teñidos de pesimismo. Ninguno de los agentes implicados en la cuestión tiene la fuerza política necesaria para imponer una solución. Ni a la quiebra del modelo autonómico ni a los problemas que plantean Cataluña y el País Vasco. Más acuciante en el caso de la primera, pero igualmente grave en el segundo y que podría eclosionar con nuevas e imprevistas formas si las dos opciones nacionalistas, la del PNV y la de la izquierda abertzale, llegan a un entendimiento político. Lo cual, por el momento, parece totalmente imposible, pero que podría dejar de serlo si empeoran las cosas y se ahondan los agujeros que tiene el Estado. Y no digamos si su incardinación en la Unión Europea sufre modificaciones sustanciales.

El Gobierno central no solo está demasiado presionado por las urgencias económicas —y el partido que lo sostiene, por sus incertidumbres internas— como para ponerse ahora a hacer frente sin reservas, pero con equilibrio e inteligencia, y no con meras reacciones centralistas y simplistas, a cuestiones tan complicadas. Su capacidad potencial de iniciativa está, además, muy recortada por el poder que los barones regionales tienen en el partido que lo sustenta. Y al que estos no parecen dispuestos a renunciar ni lo más mínimo, aunque muchas de sus comunidades estén quebradas.

La dirección del PP no ha conseguido hasta ahora ni vencer las resistencias de sus ayuntamientos a su proyecto de reforma de los municipios. Y la mera sugerencia de que el déficit y la financiación de Cataluña serían tratados de forma específica si la Generalitat modulara su plan independentista ha provocado la indignación unánime de todos los Gobiernos regionales que están en manos de los populares. Y no ha sido muy distinta la reacción de los que controla el PSOE.

No se atisba factor alguno que pudieran modificar esas actitudes. Por el contrario, hay razones que hacen pensar que se va a reforzar, cuando menos a medio plazo. La más poderosa de ellas es que en menos de dos años habrá elecciones en la mayoría de las regiones. Y no pocos de sus actuales gobernantes temen que cualquier concesión que redujera o modificara sus actuales atribuciones podría llevarles irremisiblemente a perderlas, estando ya con el agua al cuello por culpa del desastre económico y de la corrupción. Y con los socialistas acechando para quitarles el puesto. Y es que recuperar parte del poder perdido en las autonomías, sin que antes de ello el partido se haga pedazos, es la prioridad inmediata del PSOE, de su dirección central y de las autonómicas, entre las cuales las tensiones no son menos fuertes que las que existen en el PP.

Por sí sola, aunque habría otros motivos, esa pugna electoral en ciernes ciega cualquier posibilidad de un «pacto de Estado» entre socialistas y populares para reformar en serio el modelo autonómico. A menos que ocurriera un cataclismo político, el cortoplacismo partidario seguirá imponiendo su ley en este capítulo como en todos los demás. Y el Gobierno seguirá cerrando los ojos a lo que se está cociendo en Cataluña y a lo que un día podría ocurrir en el País Vasco. Porque no puede hacer otra cosa sin que se le soliviante su patio interno, porque en el PP sigue dominando el pensamiento centralista de sus ancestros y porque el PSOE no está para enmendarle la plana.

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Y así se cuentan las cosas

La mayoría de los españoles han descubierto con sorpresa que el Estado de las autonomías es un castillo de naipes y que el independentismo es un sentimiento mayoritario tanto en Cataluña como en el País Vasco. Porque esas realidades no se perciben en la calle, y menos si se está lejos del lugar de los acontecimientos. Para conocer su existencia es preciso que alguien que esté capacitado para hacerlo la cuente, indique o sugiera. Y no a salto de mata, sino siguiendo su evolución día a día, profesionalmente.

Los medios de comunicación eran los encargados de hacerlo. Y no han cumplido con esa tarea. O se han ocupado de esos asuntos casi siempre de manera tan parcial y sesgada que el efecto final ha sido aún peor que la ignorancia. Porque las mistificaciones del nacionalismo vasco y catalán que, con pocas excepciones, han hecho los grandes medios nacionales, por útiles que hayan sido para fines políticos coyunturales que no deberían de haber sido los suyos, han generado en buena parte de los ciudadanos del resto de España una verdadera animadversión hacia esas dos comunidades. Eso ha añadido mucha e innecesaria leña al fuego. Tanta que la hostilidad en sentido contrario que esta ha provocado es uno de los motores principales del auge independentista. Y también uno de los mayores impedimentos para tratar de paliar el conflicto.

En los últimos treinta años, mientras ambos procesos —el independentismo y el deterioro del modelo autonómico— avanzaban implacablemente, decenas de miles de artículos y de intervenciones radiofónicas y cientos de reportajes televisivos se dedicaron a denunciar los movimientos y las intenciones separatistas del nacionalismo catalán y del vasco. O al chantaje al que ambos, y sobre todo el primero, sometían al Gobierno central, cuando podían hacerlo. Casi tantos se destinaron a convencer de que ETA era una organización terrorista y, por tanto criminal, es decir, de algo que hasta el último ciudadano tenía bastante claro, por muy lejos que viviera del País Vasco. Y que no pocos de ellos lo habían comprobado con sus ojos o en su propia carne. O de que los abertzales pro-ETA eran antidemócratas agresivos, una realidad que los vascos que los padecían conocían perfectamente, sin que les hiciera falta que alguien se lo recordara diariamente. Y que hasta los periódicos vascos más alejados del nacionalismo trataban con la responsabilidad y la prudencia que merecen las cuestiones difíciles y que no se pueden resolver con soflamas.

Durante todos esos años, el debate público sobre la nueva configuración territorial del Estado que nacía de la Constitución y los muchos problemas que planteaba su desarrollo se centró casi de forma exclusiva en cómo se podía parar a las formaciones nacionalistas o en la lucha antiterrorista. Además, los escasos argumentos al respecto se utilizaron como armas arrojadizas y electoralistas en la batalla política entre los grandes partidos. Y los medios de comunicación, colocándose en uno u otro lado del espectro, se sumaron acríticamente a ese juego, confiriéndole una fuerza que los políticos, por sí solos, no habrían podido darle. Solo excepcionalmente algún periódico de distribución nacional puso su mirada en las dinámicas reales que se estaban gestando, o que avanzaban, en el País Vasco o en Cataluña. Menos aún se pararon a observar qué consecuencias estaba teniendo el desarrollo incontrolado de la descentralización en las demás regiones.

No muy distinta fue, hasta ahora mismo, la actitud de los intelectuales o de los investigadores sociales, cuando menos la de los que tenían acceso a los periódicos de difusión nacional. Muy pocos de ellos se atrevieron a contradecir el pensamiento único que también, o sobre todo, gracias a su contribución, se estableció sobre el problema vasco. Y, con algunos matices, sobre el catalán. Y en los momentos en que eso habría sido muy útil, casi ninguno se ocupó de tratar de vislumbrar a qué podían conducir las deformaciones políticas que se estaban produciendo en las demás autonomías.

La incapacidad de los medios de comunicación para detectar con alguna anticipación el desastre económico que empezaría en 2008 es bastante más comprensible que lo anterior. Porque de esa ceguera participaban sus colegas de todo el planeta, y particularmente los de los países que siempre habían sido referencia y en los cuales estaban los templos sagrados de la prensa mundial. Y porque las fuentes a las que los periodistas habían de acudir para tratar de saber lo que pasaba de verdad, es decir, los economistas, les decían una y otra vez, con muy pocas excepciones, que todo iba bien, que no había por qué preocuparse.

Sin embargo, los medios españoles podrían haber intentado ir un poco más allá por su propia cuenta: aunque solo fuera porque el sentido común, sin más, llevaba a pensar que aquella inmensa burbuja inmobiliaria que no paraba de crecer tenía necesariamente que explotar el día menos pensado. Su misma deontología profesional les obligaba a preguntarse qué iba a ser de un país en el que estaban endeudados por encima de sus posibilidades desde los bancos a los más modestos ciudadanos.

Uno de los principios de su oficio dice que un periodista nunca debe dar por bueno lo que proclamen los que mandan mientras él mismo no haya contrastado la veracidad de su contenido. Pero incumpliendo esa obligación, durante años y casi sin excepción alguna, los medios de comunicación españoles se limitaron prácticamente a reproducir sin añadidos el discurso oficial sobre la buena marcha de la economía y del ladrillo. El de los Gobiernos y el de los poderosos de las finanzas.

Más allá de eso, en el terreno de la información y de la opinión política, que es la espina dorsal del quehacer periodístico en una democracia, los medios perdieron independencia. O, cuando menos, proyectaron nítidamente esa imagen hacia el exterior, consolidando en la opinión pública la sensación de que ninguno de ellos tenía posiciones propias, sino que lo que decían o denunciaban respondía estrictamente a los intereses del PP, del PSOE o de los banqueros. Comprobando, una y otra vez, que hasta las meras noticias se leían de manera opuesta en los medios próximos a los populares y en los cercanos a los socialistas, buena parte de la gente que no estaba alineada con ninguno de los dos partidos dejó de creer en ellos. Porque eran demasiado previsibles. Y les fue dando la espalda.

El público que sigue cotidianamente, o con alta frecuencia, los debates políticos se está quedando reducido a la cada vez más pequeña minoría de españoles que tienen posiciones políticas tomadas y que son difícilmente modificables. Para esos ciudadanos, el sesgo partidario de las informaciones y de los comentarios no es un problema, sino que, por el contrario, es un acicate, siempre que vayan en la dirección que a ellos les gusta.

No hay muchos datos sociológicos al respecto, pero los pocos que se conocen, y el ambiente mismo que se percibe en cualquier conversación al respecto, dejan bastante claro que el periodismo español ha decepcionado profundamente a los ciudadanos interesados en la información y que quieren estar bien informados. Es decir, a la minoría —que no es la misma que la de los fieles de los partidos— cuya opinión vertebra y potencia el apoyo popular a la democracia.

Algunos han decidido no volver a leer periódicos, otros lo siguen haciendo, pero cada vez emplean menos tiempo en ello y, lo que es más significativo, lo que leen influye cada vez menos en su personal percepción de lo que está ocurriendo. La pérdida de credibilidad de los medios es, por tanto, un problema político de primer orden, que se añade a los muchos que tiene el sistema y los agrava. Y que es particularmente inquietante en el caso de la prensa escrita, que sigue siendo la base en la que se apoya toda la estructura informativa.

De poco sirve constatar que también los periódicos de los países que son referencia para el nuestro han perdido mucha de su antigua credibilidad. O que también ellos se vieron arrastrados por la ola de inconsciencia y de complacencia de los años de abundancia y se olvidaron de su obligación de comprobar cuánto de aquello era puro humo. O que relajaran su tarea de denunciar los excesos del poder: hasta The New York Times asumió acríticamente la justificación oficial de la invasión de Irak que luego se demostró falsa. Y que, al igual que a los nuestros, les toque pagar esos errores ahora, justamente cuando más arrecia la crisis de ventas y de ingresos publicitarios que amenaza su supervivencia.

Porque el esfuerzo que habrán de hacer para superar sus problemas —y parece que algunos empiezan a levantar cabeza— será específico de cada uno de esos países y estará pegado a las condiciones de su propio terreno y a las características, tradiciones y demandas de su opinión pública. Y las soluciones que se encuentren, si se encuentran, solo valdrán como dato para el debate académico que pueda hacerse en nuestros lares.

A los medios de referencia de nuestro periodismo, que son los que han marcado la actitud informativa de casi todos los demás, les ha ocurrido algo no muy distinto de lo que le ha pasado a nuestra clase política. Que, al calor de los éxitos que habían cosechado durante las primeras décadas de la democracia, un día se creyeron que la partida estaba ya ganada, que ya eran poco menos que invencibles, cada uno en su parcela de opinión, y que a partir de ese momento lo que únicamente les tocaba era gestionar lo logrado, sin tener que hacer mayores esfuerzos por mantener su credibilidad y su influencia entre la gente. O, peor aún que eso, aunque se derivaba de lo anterior, que sus dirigentes concluyeron que el papel central que sus medios desempeñaban en la vida política del país —aunque muchas veces solo fueran instrumentos de otros intereses— les confería un poder y unas posibilidades de expandirlo que casi no tenía límites.

David Simon fue llamado en mayo de 2009 por la comisión creada por el Senado norteamericano para investigar los motivos de la crisis del periodismo de aquel país. Y no porque fuera el creador de la serie de The Wire, sino porque se le consideraba un sabio en la materia. Entre muchas otras, dijo dos cosas: que el periodismo de calidad no renacería, ni en Internet ni en ninguna otra parte, mientras no se creara un nuevo modelo económico que lo sustentara. Y que la enfermedad originaria de la prensa norteamericana se llamaba Wall Street.

Lo cual era una manera de decir que sus males nacían de la propensión imparable de sus dirigentes a entrar en el mundo de las finanzas. Olvidándose de las prioridades específicas de sus medios y dedicando su dinero, y su capacidad de endeudamiento, a operaciones que estaban muy lejos de sus intereses. Justamente cuando todos los fondos y las capacidades de gestión se habrían tenido que emplear en hacer frente a los desafíos que suponían la Red y las nuevas demandas informativas de la gente.

El análisis de Simon es aplicable a España. Aquí también buena parte de los dueños y de los líderes de nuestras empresas periodísticas, algunos de los cuales venían de las redacciones, decidieron un buen día que el oficio se les había quedado pequeño. Y se lanzaron a cosas más grandes. A crear grupos multimedia y televisiones, a jugar en bolsa, a alternar con los grandes de las finanzas y a formar parte de los más restringidos cenáculos del poder. Y, aunque fuera solo en ocasiones esporádicas, pero decisivas para quebrar su independencia, a poner el contenido de sus periódicos encima de la mesa en la que se hacían sus transacciones de altura.

Hoy, buena parte de esos nuevos productos han cerrado y la viabilidad de otros tantos está seriamente en cuestión. Las televisiones privadas sobreviven en buena medida porque el Gobierno de Zapatero decidió dejar sin ingresos publicitarios a las cadenas públicas, hundiéndolas en la miseria. Y la mayoría de los periódicos está al borde del desastre. El colapso de la publicidad que ha provocado la crisis se ha unido a la caída de las ventas que se ha derivado de esta y, aún más, de la huida de lectores a la prensa en Internet, cuyas páginas más seguidas son, paradójicamente, las ediciones digitales de los diarios impresos. Como el dinero que en el pasado ganaron salió hace tiempo de sus cajas hacia otros horizontes, los periódicos carecen de fondos para resistir la presión de las pérdidas. Y no tienen más recurso que recortar sus plantillas y sus gastos. Lo cual empeora su calidad y reduce aún más sus posibilidades de salir del agujero.

Para colmo, las deudas que sus empresas editoriales contrajeron para financiar sus pasadas aventuras han dejado a la mayoría de los diarios en manos de los bancos. Lo cual limita, y cada vez más, su libertad informativa. Nunca como ahora, justamente cuando más falta hacía que lo hicieran, los periódicos han hablado tan poco de todas y cada una de las cuestiones en las que la imagen de los poderosos de las finanzas puede salir no bien parada.

La prensa, los medios de comunicación, han dejado de ser un poder en España. Porque han perdido prácticamente toda su autonomía. Para decidir y para pensar. No solo como consecuencia de que intereses distintos de los periodísticos manden en sus consejos de administración, mientras que antes, aún estando presentes, solían someterse a ellos. También porque sus responsables operativos han dejado, en buena medida, de ser periodistas para convertirse en gerentes. Y dedican la mayor parte de su tiempo a las cuentas y a negociaciones sustancialmente comerciales y no a dirigir a sus equipos profesionales.

Y porque unas redacciones cada vez más raquíticas y sin recursos carecen de las horas, del sosiego y de los recursos necesarios para ir más allá de las noticias, para dedicarse a la investigación, cuyos resultados, además de la opinión y el análisis independientes y comprometidos con la suerte del país, son los que confieren al periodismo el rango de actor protagonista en una democracia. Solo las aportaciones aisladas de algunos periodistas, no muy pocos, afortunadamente, recuerdan hoy que hubo un tiempo en que los españoles acudían a los diarios, a la radio y a la televisión con el convencimiento de que esos medios les iban a ayudar a entender lo que estaba pasando e incluso a discernir entre lo bueno y lo malo.

El gran impacto ciudadano y político que tienen las informaciones sobre la corrupción y sus secuelas judiciales confirman la influencia que los medios de comunicación pueden tener y que aún tienen, a pesar de todo lo anterior, en una sociedad como la nuestra. La vivacidad y el alto seguimiento de algunas publicaciones digitales también. Y ambos hechos sugieren que no está todo perdido. Que aún se puede soñar que la prensa, en el sentido genérico del término, contribuirá al saneamiento urgente que necesita nuestro sistema.