Índice

Portadilla

Índice

Dedicatoria

Introducción

Primera parte. Los antecedentes

I. La ciudad de los prodigios

II. Francisco Ferrer i Guardia

III. La Semana Trágica

Segunda parte. El proceso

IV. El auto de procesamiento

V. La detención

VI. Los testigos

VII. Las pruebas documentales

VIII. Los interrogatorios

IX. El Plenario

Tercera parte. El juicio oral

X. La Acusación

XI. La Defensa

XII. La sentencia

XIII. La aprobación del fallo

XIV. La ejecución

Cuarta parte. Las responsabilidades

Notas

Bibliografía

Sobre el autor

Créditos

Grupo Santillana

A mi hijo Javier

Introducción

En la madrugada del 13 de octubre de 1909, hace ahora exactamente cien años, moría fusilado en el foso de Santa Amalia del castillo de Montjuïc, el librepensador, pedagogo y anarquista catalán Francisco Ferrer i Guardia. Apenas setenta y dos horas antes un tribunal militar, constituido a efectos de juzgarle en la Cárcel Modelo de Barcelona, le consideraba «autor y máximo responsable» de los sucesos revolucionarios del mes de julio de ese mismo año, conocidos históricamente como la Semana Trágica, y le condenaba, en consecuencia, a la última pena. Una ejecución esta, con la que el Gobierno Maura culminaba la política represiva que siguió a tales acontecimientos, y que, por las anómalas y excepcionales circunstancias en que su proceso fue instruido, se nos ofrece hoy como el resultado de uno de los casos más flagrantes de la instrumentalización política, de la que, en no pocas ocasiones, ha venido siendo objeto la Justicia.

La trayectoria conspirativa y el activismo revolucionario de Ferrer i Guardia no ofrecen en estos momentos duda alguna. Tanto las valoraciones que siguieron inmediatamente a la rebelión de julio como las aportaciones que la bibliografía posterior han añadido a su estudio coinciden en vincularle con no pocos de los movimientos desestabilizadores con que durante ese periodo se intentó reiteradamente atentar contra las instituciones del Estado. Su participación en la revuelta insurreccional de Santa Coloma de Farnés en 1884; su actividad como correo y directo colaborador del líder del republicanismo Manuel Ruiz Zorrilla, en aquella época exiliado en París; sus conexiones con los más decididos defensores de la acción directa, incluida su relación, nunca probada, con los distintos atentados de que fue objeto Alfonso XIII, por el último de los cuales, el de mayo de 1906, sería procesado; su apoyo a la implantación en Barcelona de la pedagogía libertaria, a través de la Escuela Moderna, que fundó en 1901; su empeño en fracturar el sistema político, jurídico y social a través de la revolución, y su contribución moral y económica a cuantas actividades subversivas persiguiesen el propósito de socavar el sistema de valores entonces vigente convierten su figura en la de un empeñado activista, un permanente conspirador y un decidido enemigo del orden establecido.

Difícilmente encasillable, dada la complejidad de su pensamiento y la evolución que un tiempo tan convulso como el que le tocó vivir iría operando en su actividad política y propagandista, Ferrer i Guardia fue, en cualquier caso, el paradigma del visionario que empeña todas sus energías en el logro de un nuevo modelo de organización social, basado en la abolición del trabajo asalariado, la apropiación de los medios de producción, y la implantación de un sistema de solidaridad «sin amos, autoridad, ni dinero». Adscrito desde su primera juventud al republicanismo radical; defensor luego de la movilización obrera, sin cuyo concurso cualquier forma de revolución resultaba utópica; e instigador de la huelga general revolucionaria como la única vía para hacer posible la emancipación de los trabajadores, soñó siempre con una quiebra del régimen dinástico, que le haría sospechoso de defender «la propaganda por el hecho» y de propiciar una subcultura de la violencia aunque no hay constancia probada de que patrocinara ni una ni la otra. Antimilitarista, librepensador, masón en el grado 31 y esencialmente anticlerical, puso su vida y su fortuna personal al servicio del derrocamiento de la monarquía y el giro a un régimen republicano, desjerarquizado, liberador y societario. Y concretó la difusión de todas esas aspiraciones en un proyecto pedagógico, laico y racionalista, que, si bien supuso un importante avance frente al sistema educativo oscurantista y dogmático propugnado por la Iglesia, defendía una enseñanza «sin Dios y sin Estado», que venía a suponer otra forma de sectarismo, de signo contrario, orientado a difundir los ideales anarquistas y a educar a los escolares en el rechazo del Estado, la Iglesia, el Ejército, la propiedad y la familia.

No es de extrañar por ello que sus pasos fuesen en todo momento objeto de permanente seguimiento policial, que su quehacer político constituyera una obsesiva preocupación para las autoridades del Estado y que, sobre todo, tras su presunta implicación en el intento de magnicidio de la calle Mayor de Madrid, del que, dicho sea de paso, resultó absuelto, pero que nunca dejó de constituir para sus detractores una asignatura pendiente, se convirtiese a los ojos de esas mismas instancias, como referente que era de cualquier forma de insurrección orientada a la ruptura institucional, en un riesgo que prever, un peligro que controlar y, llegado el caso, en una valiosa pieza a la que poder abatir.

Y el logro de ese último objetivo, tan pertinazmente buscado y con tanto empeño perseguido, vino a ofrecérseles, casi como un regalo del destino, con ocasión de los sucesos revolucionarios de la Semana Trágica, en los que, curiosa y paradójicamente, su participación fue más irrelevante, y su protagonismo, menos decisivo. Porque, detonada por la huelga general surgida como respuesta a la movilización de reservistas con destino a la impopular guerra de Marruecos y alimentada por el clima de crispación política y social que en esos días se vivía en Barcelona, lo cierto es que la revolución de julio respondió a una espontánea explosión de ese descontento generalizado, de esa ira popular contenida, que desembocaría en unos hechos, cuya imprevista magnitud y dramático alcance sorprendieron incluso a quienes en ella intervinieron, y que, en opinión de la práctica totalidad de sus protagonistas y de los historiadores que con posterioridad los han estudiado, desbordó sus previsiones iniciales y careció, en todo momento, de organización, estrategia, jefatura y liderazgo.

Ferrer i Guardia no pudo, así, ser, y de hecho no lo fue, ni el organizador ni el responsable, siquiera moral, de la insurrección. Ni impulsó la crispación que precedió al motín, ni participó en el Comité de Huelga, ni integró ninguno de los grupos rebeldes alzados en armas, ni hostigó a las fuerzas del orden o los efectivos del Ejército, ni intervino en la quema, el saqueo o la destrucción de las iglesias y los conventos arrasados durante esas jornadas, ni combatió en barricada alguna, ni hay evidencia de que sufragase ni una sola de las iniciativas conducentes a la revuelta. Su única vinculación con las jornadas sangrientas fueron los contactos que mantuvo el lunes 26 de julio en Barcelona con determinados dirigentes del Partido Radical y Solidaridad Obrera para conocer la marcha de los acontecimientos y la visita que el miércoles 28 efectuó a los pequeños pueblos costeros de Masnou y Premiá, donde animó a los responsables lerrouxistas de ambas localidades a apoyar la rebelión iniciada dos días antes en Barcelona y proclamar en ambas la República, por más que sus consejos fueran, cuando no desoídos, ignorados. Pero, eso sí, estuvo allí, en el lugar preciso y en el momento oportuno para que su mera presencia, siempre asociada a cualquier manifestación de cariz revolucionario, supusiese una inesperada oportunidad para quienes, desde mucho tiempo antes, aguardaban pacientemente la ocasión de poder incriminarle. La España herida y soliviantada por la revolución reclamaba implacablemente una cabeza sobre la que dejar caer todo el peso de la ley, y el director de la Escuela Moderna era la víctima ideal, el acusado perfecto, para satisfacer esa exigencia.

El enjuiciamiento y la posterior detención de Ferrer i Guardia no supusieron, por tanto, una sorpresa para nadie, conocido sobradamente cómo era el aliento que siempre demostró por las causas revolucionarias. Pero sí lo fue, en cambio, la manera arbitraria y tendenciosa con la que la Justicia instruyó el proceso contra él incoado y el modo en que, desde todos los ámbitos gubernamentales y las instancias más conservadoras del país, se orquestó, de espaldas a la ley, una campaña mediática mendaz, tendenciosa y provocadora, dirigida a conseguir su descrédito político y personal, implicarle en las jornadas sangrientas e incluso presentarle como máximo líder de la rebelión. Y que, por su desproporción, arbitrariedad y ensañamiento, no pretendía, para el sentir general de la opinión pública, otro objetivo que no fuera el de convertir lo que debiera haber sido un juicio justo en un expeditivo y terminante ajuste de cuentas.

Y es que todo en el «proceso Ferrer» supuso un falseamiento de los más elementales principios del Derecho y un atentado contra las más mínimas normas procesales. Apresurada en su instrucción, sigilosa en su procedimiento, falta de las garantías legales necesariamente prescritas por el ordenamiento jurídico, desglosada sin razón del resto de los sumarios instruidos con ocasión de los sucesos revolucionarios, sorda a cualquier testimonio exculpatorio del reo, abierta a la aceptación de documentos apócrifos que lo incriminasen, receptiva a cualquier especie de rumorología, y tramitada, por si todo ello fuera poco, en un periodo de suspensión de las libertades constitucionales, la causa se reveló desde su inicio como el trámite de una condena anticipada. Con lo que su fallo hubo de interpretarse, y así lo ha entendido la más solvente historiografía, como un servicio de la Justicia al interés del Gobierno por responder a la insurrección de Barcelona con un contundente y ejemplarizador escarmiento. Antes de comenzar el juicio oral, y hay una coincidencia generalizada en esa sospecha, Ferrer i Guardia ya estaba sentenciado.

Con la ejecución del director de la Escuela Moderna, la España institucional, el statu quo, pretendió silenciar una voz perturbadora y acabar con un incómodo adversario, con el que tenía antiguas deudas pendientes y que representaba, en su opinión, una amenaza para el sistema de valores entonces imperante. Quiso evitar el influjo que su fanatismo revolucionario, su apoyo al anarquismo y, sobre todo, su pedagogía libertaria pudieran tener sobre los emergentes movimientos de masas, que venían progresivamente implantándose en una sociedad que no tenía aún recetas para canalizar sus reivindicaciones. E intentó, a través de una lección de autoritarismo y un castigo ejemplar, blindar el modelo de «revolución desde arriba» defendido por Maura contra el creciente empuje de la que, «desde abajo», comenzaba ya a vislumbrarse en el panorama social del país. Con lo que su condena no fue, por ello, tanto una consecuencia de su intervención en los sucesos revolucionarios de julio como el enjuiciamiento de una conducta política y moral de contenido subversivo, que el Gobierno, alentado por los sectores más conservadores de la sociedad y con una evidente miopía, decidió castigar severamente con todos los medios a su alcance.

La documentación relativa tanto al análisis del contexto sociopolítico de la Barcelona de esos años como al estudio de la figura de Ferrer i Guardia, el desarrollo de su proyecto capital, la Escuela Moderna, y los acontecimientos puntuales de la Semana Trágica es hoy tan abundante como esclarecedora. A los testimonios surgidos al hilo de la rebelión, generalmente apasionados pero prolijos en detalles decisivos, y los trabajos publicados unos meses después, tras la revisión del proceso, se ha ido sumando a lo largo de estos cien años una copiosa bibliografía (más de doscientos títulos traducidos a quince idiomas diferentes), que permite a estas alturas interpretar con base y rigor suficientes ese periodo histórico. Quienes protagonizaron o fueron testigos de los hechos han dejado en sus memorias referencia puntual de todos sus aspectos, y se cuentan además por decenas los investigadores que en rigurosos trabajos de erudición, algunos de excepcional importancia, han aportado sus respectivas visiones al respecto. Cuantos archivos podían disponer de documentos relativos al caso han sido, de otro lado, minuciosa y detenidamente revisados, como lo han sido igualmente la correspondencia cruzada entre sus principales implicados y las incontables reseñas de prensa aparecidas en aquellos días. E incluso la novela, el cine y otros soportes audiovisuales, como la televisión y el vídeo, han dejado testimonio también de aquellas jornadas y de las consecuencias que de ellas se derivaron, poniendo sus respectivos lenguajes al servicio de una más asequible visualización del tema.

Pero entre este cúmulo de aportaciones bibliográficas y estudios interpretativos es curiosamente el proceso, la pieza sin lugar a dudas más esencial del caso, la fase de ese recuento que más huérfana está aún de una monografía concreta y una revisión detallada. Porque, si bien es cierto que la remisión a la causa judicial es una referencia obligada y permanente en todos los estudios centrados en la Semana Trágica, e incluso en los referidos al reinado de Alfonso XIII, que abundan en ella de forma sistemática, no lo es menos que sólo muy escasos títulos dedican preferentemente su contenido al análisis de la causa. Con la particularidad además de que los existentes están viciados por provenir su edición del Gobierno, son libros prácticamente ilocalizables y sujetos además a la falta de perspectiva derivada de su proximidad a los hechos (el último está fechado hace noventa y ocho años) o concretan sus contenidos a los dos debates parlamentarios que sobre su intento de revisión tuvieron lugar en el Congreso, a instancia de los diputados de la minoría republicana, en julio de 1910 y abril de 1911, ya bajo el gobierno liberal de Canalejas.

El estudio cuya lectura ahora se propone es, al hilo de ese vacío y por encima de cualquier otra pretensión, la crónica de ese irregular proceso. Es el repaso, día a día, plano a plano, secuencia a secuencia, de los casi dos meses que duró su instrucción, y el seguimiento atento de las especiales circunstancias que lo singularizaron. Es el relato pormenorizado de la enmarañada escenografía en la que se gestó, y de las irregularidades, las obstrucciones, los vicios y las anomalías que rodearon el desarrollo del mismo. Es la reseña periodística de unas fechas convulsas y unos aconteceres luctuosos, que se resolverían en un dictamen sorprendente. Es la versión digerible de los más de seiscientos folios que forman la Causa contra Francisco Ferrer i Guardia, instruida por la jurisdicción de Guerra, documento indispensable para poder seguir, paso a paso, las vicisitudes de la causa, a cuya paginación se remiten todas las providencias judiciales expuestas en el texto. Y es, por encima de todo, la minuciosa y detenida reconstrucción de esa más que sospechosa injusticia de que Ferrer i Guardia fue objeto, cuyo resultado en muy poco difiere de un crimen judicial, que durante estos cien últimos años tanta tinta ha hecho correr, y que, de vez en cuando, como sucede en este caso, el calendario recupera y actualiza.

A tal propósito, y en un sentido estrictamente metodológico, se estructura en tres partes, claramente diferenciadas, que detallan sucesivamente el contexto sociopolítico en que se desarrollaron los hechos, esto es, la Barcelona industrial del primer decenio del siglo XX; la instrucción del proceso con el que se intentó depurar las responsabilidades derivadas de la Semana Trágica; y el juicio oral que precedió al fallo, saldado, como bien es sabido, con el fusilamiento del reo. Episodios unos y otros que, sumados, ofrecen una perspectiva global de los acontecimientos narrados y permiten el doble objetivo de constatar, por un lado, la farsa procesal orquestada con el objetivo de incriminar al director de la Escuela Moderna y facilitar, por otro, una revisión panorámica, y a la vez detallada, de ese trance tan singular y trascendente de nuestro pasado inmediato, cuyas impredecibles consecuencias habrían, en algún sentido, de orientar y condicionar el rumbo histórico de las décadas siguientes.

En la primera de ellas se contempla, así, el clima prerrevolucionario y la conflictividad política y social en que vivía la Cataluña de aquel tiempo, sin cuya concurrencia los hechos estudiados difícilmente hubieran podido producirse; se recorre detenidamente la peripecia vital, el perfil humano y la trayectoria revolucionaria y conspirativa de Ferrer i Guardia, protagonista, a veces incluso a pesar suyo, de tan decisivos episodios, que vertebraron un «caso judicial» con el que se pretendieron liquidar viejos enconos no resueltos; y se analizan, finalmente, sus conexiones personales y políticas con los sucesos insurreccionales y las razones que pueden explicar su condición de víctima expiatoria de los mismos.

La segunda remite al lector a los sucesivos pasos de la instrucción judicial incoada en su contra por la Justicia militar con el detalle puntual del auto de procesamiento, su detención, el posterior desglose de su causa del resto de las tramitadas como consecuencia del alzamiento, el atento recuento de las pruebas testificales y documentales reunidas en el sumario, las diversas indagatorias a que fue sometido, la campaña difamatoria planeada para incriminarle, la elevación de la causa al Plenario, la elección del abogado defensor y, la constitución del Consejo de Guerra que, en vista oral y pública, habría de juzgarle.

Y la tercera se centra en el desarrollo del juicio oral, con la reseña del ambiente de expectación que precedió a la vista y la referencia, ya en el terreno jurídico, del apuntamiento, los escritos del Ministerio fiscal y la Defensa, la intervención del procesado, el dictamen del asesor, la sentencia, el preceptivo informe del auditor de Guerra, la aprobación del fallo por parte del capitán general de la IV Región Militar, el «enterado» del Gobierno y la sumaria ejecución del reo.

A todo lo cual se unen finalmente, a modo de conclusión, el análisis de las presuntas responsabilidades que en el procesamiento y la sentencia condenatoria de Ferrer i Guardia concurrieron; las notas explicativas de los pasajes que requieren un mayor y más exigente análisis, a la vez que permiten ampliar los datos expuestos en el texto; y una suficiente y seleccionada bibliografía que abre la posibilidad de apoyar documentalmente las omisiones obligadas en una narración que, sin dejar de extremar el rigor requerido en cualquier revisión histórica, tiene, como ya se ha apuntado, una orientación básicamente periodística.

Y todo ello, organizado, además, desde el propósito de que sean los propios autos judiciales, cada una de las providencias tramitadas a lo largo del procedimiento, los que, actuando a modo de hilos conductores del relato, vayan guiando al lector, con su propio lenguaje, por entre el complejo entramado en el que se articula la praxis jurídica, haciendo posible un más cómodo y fácil seguimiento del proceso, y traduciendo, sobre todo, en materia narrativa todo ese amplio registro de diligencias, exhortos, oficios, notificaciones, edictos, indagatorias, reconocimientos y demás trámites sumariales, imprescindibles en cualquier instrucción procesal, que, de otro modo, resultarían difícilmente comprensibles.

La conmemoración en 2009 del primer centenario tanto de la Semana Trágica como del enjuiciamiento y la ejecución de Ferrer i Guardia supone la oportunidad de sumar una nueva aportación al conocimiento de ambos acontecimientos, y, como uno más de entre los múltiples recordatorios que con ocasión de la misma con toda seguridad van a producirse, induce al repaso de esa histórica causa procesal, famosa ya en los anales de la Justicia. Un proceso, cuya sentencia impactó profundamente a la opinión pública y provocó la más airada protesta internacional contra España hasta entonces conocida; derribó en sólo una semana el Gobierno de Maura; supuso un nuevo paso en la fractura del bipartidismo político vigente hasta entonces; dio alas a la animadversión de una parte de la sociedad contra el Ejército y la Iglesia; radicalizó la beligerancia del movimiento obrero, que abandonaría definitivamente ya a partir de entonces su anterior espíritu reivindicativo para convertirse en una fuerza tendente a la revolución social; alimentó el descrédito que desde tiempo atrás amenazaba a la Corona; convirtió a un pedagogo libertario, a un agitador cultural y a un conspirador más al uso de la época en un inesperado mártir de las libertades y de los derechos civiles, y abrió, en definitiva, un recurrente debate, que no es, en el fondo, sino el de las dos Españas, prolongado hasta nuestros días, y nunca, a lo visto, inacabado, al que desde este estudio se pretende también contribuir.

PRIMERA PARTE

LOS ANTECEDENTES

Al igual que sucediera una década antes, en Francia, con ocasión del celebre «affaire Dreyfus»[1], con el que una buena parte de la historiografía ha pretendido en muchos aspectos identificarlo, «el caso Ferrer», que coincidió con aquél tanto en la injusticia de su condena como en el valor simbólico que su criminalización representaba, fue el resultado de la convergencia de un conjunto de factores (la tensión política y social de la Barcelona preindustrial de la época, la controvertida y polémica figura del propio protagonista y los violentos sucesos de la Semana Trágica), sin cuyo concurso los hechos que ahora se contemplan no hubieran nunca podido producirse, ni, en el caso de hacerlo, haber alcanzado el eco de que dispusieron. Pero que, una vez presentes e interconectados entre sí, hicieron posible que, como en la causa instruida al capitán francés, lo que debiera haber sido un proceso penal ordinario sustanciado en su contra se convirtiese en el juicio moral que la España oligárquica, autoritaria, intolerante y dogmática, encarnada en el gobierno de Maura, decidió incoar, como ya anteriormente se ha dicho, a quien, en su opinión, amenazaba, con sus ideas políticas y su pedagogía libertaria, los viejos anclajes sobre los que se sustentaba, a duras penas, el régimen dinástico.

Como se recordará, a finales de 1894, el capitán Alfred Dreyfus, un oficial del Ejército francés, de origen alsaciano y raza judía, fue acusado por sus superiores de espionaje en favor de Alemania, a cuya Embajada en París había supuestamente entregado documentos secretos de singular importancia. Condenado por un tribunal militar a la pena de reclusión perpetua como reo de un delito de alta traición, fue públicamente degradado en enero de 1895 y conducido a la colonia penal de la Isla del Diablo, en la Guayana francesa, en virtud de una sentencia, escasamente fundamentada desde el punto de vista legal, pero que contó desde un principio con el mayoritario aplauso de la opinión pública, intoxicada por los repetidos infundios que, interesadamente propagados por la prensa reaccionaria, encontraban en su lugar de procedencia (Alsacia era una región anexionada al Imperio alemán desde el fin de la guerra franco prusiana) y su semitismo (en aquellos días objeto de persecución en Francia) razones más que suficientes para justificar los graves cargos que se le atribuían. Y que, por encima del delito imputado, perseguían (y esto es lo que más le acerca a Ferrer) su profesión de fe democrática; el respeto que siempre demostró a los principios republicanos, cuestionados por la Francia más fundamentalista; la exigencia de la subordinación del poder militar a las reglas de juego constitucionales; el laicismo instaurado por la República en todos los órdenes de la vida civil; y el entendimiento del patriotismo no como apropiación de las esencias nacionales, sino como expresión del orgullo de sentirlas[2].

El convencimiento, sin embargo, que tanto su familia como un escaso grupo de amigos y allegados albergaron siempre acerca de su inocencia, y el apoyo que una y otros obtuvieron, primero, del periodista Bernard Lazare[3], que comenzó a investigar las irregularidades jurídicas del caso; luego, del teniente coronel Georges Picquart, aplicado a la tarea de descubrir la identidad del auténtico culpable; y finalmente, de una nutrida nómina de intelectuales, encabezados por el novelista Émile Zola, que, en carta abierta al presidente Faure (recuérdese su célebre artículo «J'accuse»)[4], llegó incluso a responsabilizar al Estado Mayor del Ejército de la tropelía cometida, permitieron orquestar una campaña en favor del oficial injustamente condenado, que llevaba implícita la defensa de las libertades que pretendían conculcarse. Una larga batalla mediática y legal que dividió a Francia en dos facciones irreconciliables, puso en grave riesgo los principios de la Tercera República y provocó un escándalo político de dimensión internacional, que no cesaría hasta que los «dreyfusistas» lograron, después de doce años de incansable lucha, la impugnación de la condena y la reposición del honor, del que el procesado había sido desposeído[5].

Dreyfus y Ferrer fueron, así, las cabezas de turco elegidas por dos Estados reacios a modernizar sus estructuras sacralizadas e incapaces de asimilar los cambios que sus respectivas sociedades venían exigiéndoles para neutralizar los brotes de rebeldía e insatisfacción emergentes de las mismas. Y las severas penas con que se quisieron sancionar sus actuaciones supusieron el último y fallido intento con que las instituciones francesas y españolas de aquel tiempo pretendieron sentar su ya desprestigiada autoridad sobre las compulsiones sociales, las exigencias identitarias y los sobrevenidos movimientos de masas que empezaban a vislumbrarse en el horizonte. Todo lo cual explica que sus respectivos procesos trascendieran del mero marco jurídico en que se cuestionaban para convertirse en banderas simbólicas de una voluntad de modernización, a la que con tanto encono se oponían los defensores del antiguo régimen[6].

Pero sin entrar en la consideración de las múltiples coincidencias que singularizaron ambos casos (por más que, contrariamente a lo ocurrido con Dreyfus, Ferrer no fue nunca rehabilitado, ni su proceso sometido a revisión), lo que interesa ahora aquí es destacar cómo uno y otro acontecimientos se produjeron gracias a la confluencia de una serie de circunstancias, capaces por sí mismas de transformar la indagación sumarial en debate ideológico y, lo que aún es más perverso, la justicia en venganza. Y convenir, por ello, en la idea de que si para entender la inculpación del militar francés es preciso partir de la consideración de su raza, la exacerbación del nacionalismo conservador, el interés por preservar los privilegios del Ejército, la hostilidad contra el régimen de libertades introducidas por la República y la defensa del principio de autoridad como eje medular de la vida política nacional, para encontrar, a su vez, explicación a la causa incoada al pedagogo catalán, resulta imprescindible conjuntar un escenario impregnado de la tensión que en aquellos días se vivía, con un personaje intrigante y provocador, capaz de concitar la animadversión de las instituciones del Estado, y unos acontecimientos que, por su violencia, suscitaron en la ciudadanía la exigencia de un severo escarmiento, en el que importaba más el castigo que los medios empleados para administrarlo.

El primero de esos factores, indispensable para que el «caso Ferrer» pudiera producirse, tuvo, pues, un carácter estrictamente espacial, al situar la localización del conflicto en una ciudad que, como era el caso de la Barcelona de principios de siglo, se había convertido en el principal referente de la pugna abierta entre un régimen caduco e inmovilista incapaz de modernizar la economía y revitalizar la sociedad civil, aún no repuesto del desprestigio internacional que le supuso la derrota del 98, instalado en el permanente aplazamiento de las soluciones que el país demandaba, y una sociedad emergente, surgida del desarrollo industrial, decididamente reivindicativa, empeñada en conseguir una transformación política y social y, en reclamar, a la vez, las señas de identidad que venían ya manifestándose desde hacía algunos años en el Principado, de las que todas sus fuerzas vivas habían hecho un estandarte común contra la torpeza, el distanciamiento y la miopía política con que el Gobierno de Madrid había abordado el naciente «problema catalán», en cuyo marco habían decidido libremente organizar su convivencia y basar los cimientos de una esperanzada ilusión colectiva.

La Cataluña de 1900, y con mayor razón su capital, había entrado en la nueva centuria con una mezcla de vitalidad emprendedora, tenaz voluntarismo y espíritu regeneracionista, desde los que pretendía afrontar los retos que la pérdida de los últimos restos del Imperio y la conflictividad derivada de su propio desarrollo le planteaban de modo amenazante. El desastre del 98, la pérdida de los mercados coloniales, el reflujo de una industria basada en el proteccionismo, la perpetuación de viejas estructuras institucionales que mantenían inamovibles la oligarquía y el sistema de partidos de turno, la falta de comprensión con que el poder central visualizó el fenómeno catalanista, el sentimiento de desengaño percibido por quienes se sentían ajenos y extraños a ese régimen ineficaz y coactivo, la permanente falsificación de las elecciones, el clientelismo, el sufragio corporativo, la corrupción y la falta de autenticidad de un Estado que, en palabras de Vicenç Vives, «se apoyaba en el caciquismo, las casacas de Palacio, la cursilería de Campoamor y una Administración deplorable»[7] fueron alimentando, en esos difíciles años de la primera década del nuevo siglo, la airada reacción y el inconformismo de una sociedad afectada por tanto infortunio. E hicieron de Barcelona (por su doble condición de soporte de una colectividad industrial, y en buena medida nacionalista) el campo ideal de experimentación de las renovadas energías que comenzaban a emerger con el propósito de conjugar el cúmulo de adversidades que se cernían sobre ella[8].

El segundo de los componentes del puzle, que daría ocasión a que una causa judicial tan atípica como la que va a estudiarse en las páginas siguientes se instruyese en los términos en que fue tramitada, sería el propio protagonista de los hechos por los que fue imputado, Francisco Ferrer i Guardia, cuya figura, poco accesible por su carácter reservado, frío y calculador, nimbada de ese halo, entre misterioso y novelesco, que acostumbra a envolver la imagen clásica del conspirador y, en general, mal vista por importantes sectores de la opinión pública, lo convertía en prototipo de ese personaje maldito, objeto de generalizado repudio que, una vez inmolado, sirve a cualquier revolución para purificarse. Sobre todo si, como por desgracia le ocurrió a él, su fortuita presencia en Barcelona durante las jornadas de la insurrección predisponía a cargar en su débito personal (muy poco favorable tras su presunta implicación en el frustrado regicidio de la calle Mayor de Madrid) todo el conjunto de atrocidades y crímenes que durante esas fechas se habían perpetrado.

Si a las características de su personalidad política se suman, además, aquellas que lo presentan como hombre falto de carisma; ácrata adinerado, con una fortuna extrañamente sobrevenida, que empleó siempre en financiar proyectos subversivos; próximo en algunas etapas de su trayectoria a la táctica de la dinamita; procesado en una causa por intento de magnicidio, y sospechoso de connivencia en otros varios atentados más; declarado enemigo de instituciones de tanto arraigo como la Magistratura, el Ejército y la Iglesia; y exponente de unos patrones morales disonantes con los que profesaba la burguesía catalana, tradicional y victoriana, para la que nunca dejó de ser el «sultán rojo», del que se bisbiseaba con una mezcla de morbo y temor en tertulias y salones, no costará trabajo imaginar que Ferrer fue el Dreyfus que Maura necesitaba para asentar, con un gesto de autoritarismo, su contestada política reformista, y el referente que venía persiguiendo una izquierda que, amortiguados ya los ecos del proceso de Montjuïc, buscaba nuevos mártires con los que alimentar su imaginario y en el que encontraría un mito que contraponer a los que secularmente venía enarbolando la España intransigente, fanática e inmovilista[9].

Finalmente habría que añadir, como la tercera y más decisiva de las premisas indispensables para comprender tanto las razones que inspiraron la desproporcionada represión que siguió a las jornadas de julio, como las consecuencias que de ella se derivarían, la conmoción que la Semana Trágica representó en una ciudad que, aun familiarizada desde la década anterior con el fenómeno del terrorismo, vio con horror cómo más de un centenar de sus vecinos morían tiroteados en las calles, decenas de sus iglesias, conventos y centros religiosos se venían abajo pasto de las llamas, y el pulso de la capital veíase violentamente interrumpido por ese cúmulo de sangre, fuego y destrucción que se había apropiado de ella. Y lo que es más importante, que fue capaz de advertir cómo la violencia de la que estaba siendo testigo, y al mismo tiempo víctima, no era sino la manifestación del clima de convulsión política y del deterioro social en los que la había sumido tanto tiempo de hostilidad, abandono e incuria[10].

Y es que, contra la interpretación simplista de que aquellas jornadas supusieron una revuelta popular «triste y estéril», de signo anticlerical y antimilitarista, que convirtió la ciudad en un campo de batalla hasta sucumbir de inanición siete días más tarde, o la lectura irónica de Josep Pla, al definirlas como «una sucesión de anécdotas dramáticas»[11]; más allá de su reducción estadística al número de bajas registradas o de los edificios destruidos y profanados, las barricadas levantadas y los saqueos perpetrados; y muy por encima de la malévola versión del Gobierno, que presentó a la opinión pública el alzamiento armado como «una sublevación separatista»[12], lo cierto es que la revolución surgida durante esas fechas iba a mostrarse como el símbolo exponencial de la realidad sociológica de la época, principalmente en Cataluña, que se manifestaba en registros tan diversos como el desánimo de unos, la indignación de otros y la conciencia, por parte de todos, de que una situación como la que imponía aquel sistema autoritario, decadente y obsoleto, tenía que cambiar necesariamente.

La Semana Trágica fue, como acertadamente señalara Ossorio y Gallardo, el resultado del «relajamiento de un Estado que, al gravitar sobre un pueblo rico y vigoroso (como era el de la Cataluña de aquellos días), provoca la protesta y el odio»[13]; fue la consecuencia de la desesperanza y la rebeldía engendradas por el aplazamiento sistemático con el que el poder central desatendía los graves problemas del país; y fue, sobre todo, el estallido de una tensión insostenible, que precisó de esa desencadenada «traca» para expresar su disgusto y poder, así, visualizarse.

Y así, de la suma de esa ciudad, por tantos conceptos prodigiosa, marco del conflicto político y social que subyacía latente bajo la epidermis de su imagen dinámica, monumental y deslumbrante, más la polémica figura del director de la Escuela Moderna, convertido en un personaje diabólico, tanto en razón de su turbio pasado, como por el temor que inspiraba la proyección de su pensamiento en el futuro; y con el añadido de los sucesos resultantes de esa semana histórica, que conmovieron a una sociedad incapaz de asimilar tanta violencia, y pusieron de manifiesto el alto grado de descomposición política y moral de la misma, iba a surgir ese polémico proceso, ese «caso Ferrer», ahora y aquí nuevamente objeto de revisión, que tiene precisamente en esa conjunción de circunstancias sus más inmediatos antecedentes, sin la consideración de los cuales la historia que a continuación se cuenta difícilmente podría entenderse.

I

La ciudad de los prodigios

Aunque no fue hasta los años inmediatamente siguientes al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Barcelona se convirtió en la gran metrópoli europea que hoy es, ya dos décadas antes, al despuntar el siglo XX, era la capital del Principado la segunda ciudad española en número de habitantes (alrededor de 544.000, apenas unos pocos miles menos que Madrid); la de mayor concentración industrial del país (con más de 7.000 fábricas y talleres registrados); y aquella que conciliaba, sobre todo, un más perceptible proceso de modernización, con una mayor conflictividad política y social, resultante tanto del creciente proceso de industrialización como de la aparición de dos fuerzas inéditas hasta entonces, el movimiento obrero y el catalanismo, que tan marcadamente condicionarían, ya en adelante, su pulso vital. Con la peculiaridad añadida de que todos esos componentes que la singularizaban se habían desarrollado en un periodo de aproximadamente medio siglo, que tuvo en 1854 su punto de arranque, con el inicio de la demolición de las murallas que encorsetaban el viejo casco urbano y encontró en la Exposición Universal de 1888, que la expondría a las miradas del mundo, su más eficaz y dinámico elemento dinamizador[14].

Si hasta mediados del XIX la Ciudad Condal había concentrado toda su ya entonces pujante vitalidad urbana en el escaso espacio que le permitía su perímetro amurallado (cuyo curso discurría a lo largo de las Atarazanas, el Raval, la Ciutat Vella y los barrios de San Pedro, Santa Caterina y la Ribera, hasta concluir por uno y otro extremo en el mar), muy pronto el acelerado crecimiento de su población, al que no fueron ajenos los miles de emigrantes que comenzaban a acceder desde el interior de Cataluña, y la proliferación de nuevas pequeñas industrias y obradores artesanales, exigieron abrir una salida a aquel denso y abigarrado caserío y permitirle crecer libremente. E iniciada la demolición de estas barreras defensivas, en la que colaborarían «con picos y palas» una gran mayoría de los barceloneses, la capital comenzó a extenderse en toda la amplitud del Llano abierto entre las desembocaduras de los ríos Besós y Llobregat, y la sierra de Collserola, en cuyas aproximadamente seis mil hectáreas se repartían, dispersos, aunque próximos entre sí, pequeños núcleos poblacionales que, como Sants, Las Corts, Gracia, San Martín de Provençals, Horta, San Andrés, Hostafrancs o Sant Gervasi de Cassoles, acabarían siendo absorbidos por la euforia expansiva del antiguo casco, al que entre 1897 y 1904 se anexionaron administrativamente, sumando a su población casi 200.000 nuevos habitantes[15].

La existencia de ese tan vasto espacio vacío por urbanizar, que hoy constituye el emblemático Ensanche barcelonés, permitió a la ciudad emergente un crecimiento racional, permeable, homogéneo y equilibrado, cuya planificación, encomendada al ingeniero Ildefons Cerdá[16], un iluminado que soñó y dibujó una Barcelona funcional y humanizada, se concretaría, en lo que fue su proyecto inicial, en una cuadrícula de 1.200 manzanas, de 133 metros de lado, con una variada tipología edificatoria, aunque definida en su limitación de altura; equipada con centros cívicos y parques urbanos; y atravesada longitudinalmente por una Gran Vía de 8 kilómetros (en aquellos días la más larga de Europa) y otras tres amplias arterias transversales, de las que dos confluyen en el puerto (la avenida Meridiana y el Paralelo) y la tercera (la avenida Diagonal) tiene funciones de comunicación interna y recorre la ciudad desde los altos de Pedralbes hasta lo que hoy es la playa de la Nueva Icaria. Todo lo cual se traduce, como apunta Francesc Roca en su estudio sobre el proyecto, en «una ciudad de baja densidad (250 habitantes por hectárea), dotada de una amplia área forestal protegida (la sierra norte), moderna, homogénea en su equipación, policéntrica, socialmente igualitaria, y cuya fluidez viaria venía a ser el resultado de una ajustada equiparación en el trato atribuido a los viandantes y el tráfico rodado».

Pese a que el plan Cerdá, aprobado por orden gubernativa en 1859, fue sucesivamente desnaturalizado, tanto por las críticas de urbanistas posteriores, que lo entendieron «esquemático, abstracto y uniforme», y reclamaron una mayor atención a los valores visuales, artísticos y monumentales que la segunda ciudad del país exigía, como por las actuaciones de una burguesía deseosa de rentabilizar sus capitales especulando con los nuevos terrenos, lo cierto es que el Ensanche se conformó como una red reticular, como la malla armónica que su creador había concebido, pero incorporando, además, elementos compositivos, y dotaciones propias de una gran metrópoli. Y así, convertido ya en escenario del afán modernizador de una nueva Barcelona con ansias de capitalidad, comenzó a atraer, apenas iniciadas sus primeras edificaciones, a la mesocracia del antiguo casco amurallado, que no tardaría en instalarse en los nuevos espacios que iban urbanizándose, cada día mejor equipados, y en los que el genio creativo de arquitectos de la talla de Gaudí, Jujol, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch o Sagnier, por citar sólo algunos de los más significativos, conformaría uno de los entramados urbanísticos más racionalmente concebidos, funcionales y atractivos de entre los europeos, además de constituir el más amplio museo al aire libre de ese arte naciente y profundamente innovador, que Cataluña exportó al mundo, como fue el Modernismo[17].

En la década de los setenta y la primera mitad de la siguiente, el Llano, que en 1850 era un enorme mosaico de huertas y campos de cultivo, salpicado, como ya se ha dicho, de pequeños pueblecitos, dedicados preferentemente a la agricultura, aunque empezara a percibirse en ellos un atisbo de actividad preindustrial, se había convertido, pues, en el germen de lo que la capital anticipaba que iba llegar a ser. Y sus avenidas empedradas, con largas hileras de árboles bordeándolas, sus tiendas y establecimientos comerciales, sus modernas viviendas, tan diferentes de los austeros y señoriales caserones de las calles Ample, Ferran o Portaferrisa, el ir y venir de los primeros tranvías aún tirados por mulas, la aparición de los modernos cafés y centros de esparcimiento, y el humo de las fábricas, hasta entonces hacinadas en el núcleo histórico de la ciudad y ahora establecidas en las áreas periféricas de ese territorio recién conquistado (como serían el Clot o Pueblo Nuevo), en las muestras de cómo en ese antiguo baldío iba surgiendo poco a poco una nueva capital, prolongación de la anterior (con la que en un futuro no muy lejano tendría en la plaza de Cataluña su natural nexo de unión) que, con el paso del tiempo, llegaría a convertirse en el legado urbano más importante de toda la historia de la ciudad.

En poco más de veinte años el sueño de Cerdá se había hecho realidad. Y aunque el afán especulativo de sus promotores económicos falseó, como ya ha tenido ocasión de verse, algunas de las líneas maestras del plan (los edificios crecieron en altura, los jardines inicialmente diseñados no llegaron en muchos casos a inaugurarse y el volumen de edificabilidad pasó de los proyectados 4.000 metros cuadrados por manzana a los 16.000), esa nueva Barcelona fue progresivamente estructurándose. E impulsada en su desarrollo por la bonanza económica que en aquellas fechas se disfrutaba en todo el país (sobre todo, de 1866 a 1882), supo integrar el carácter que desde siempre la había personalizado con las aportaciones técnicas, estéticas, viarias, arquitectónicas, sanitarias, dotacionales y recreativas que los nuevos tiempos demandaban.

Surgieron así, en ese tiempo, además de los primeros bloques habitacionales, levantados en la Gran Vía, los paseos de Gracia y de San Juan, la Rambla de Cataluña y las calles Aragón, Llúria, Pau Claris, Caspe y Consell de Cent, numerosas instalaciones culturales y recreativas, como la Universidad, los jardines del Tívoli, el Prat Catalán, el teatro de Variedades o el primitivo Hipódromo; fueron eliminándose las barreras y estrangulamientos que dificultaban la expansión vial; se soterraron las vías férreas, y se cubrieron los torrentes que hasta entonces cruzaban el Llano; se tendieron líneas de tranvías desde la Boquería y el Portal del Ángel hasta Gracia y la plaza de Rovira; en los linderos del antiguo perímetro amurallado se levantaron los mercados del Borne y de San Antonio; se abrieron al público los Campos Elíseos; se construyeron el Seminario y la Torre del Agua, y se colocó la primera piedra del templo de la Sagrada Familia, la más emblemática de las obras de Gaudí. Y en 1880 ascendía ya a varios miles el número de las fincas construidas; se contaban por decenas las calles trazadas, con el paseo de Gracia actuando como arteria vertebral de todas ellas; y se habían instalado, además, un número casi incontable de puntos de luz (18.000, en el recuento global de la capital), numerosas fuentes públicas, plazas ajardinadas, modernos bulevares, evacuatorios higiénicos, extensas redes de agua potable, pavimentos renovados y nuevos elementos de mobiliario urbano, en ese iniciático germen de metrópoli, fruto de una compartida reflexión colectiva que, de espaldas al mar, ganaba espacio, paso a paso y día a día, en su avance hacia el Tibidabo[18].

Pero Barcelona necesitaba consolidar ese proceso expansivo recién iniciado, dotándolo no sólo del conjunto de suministros y servicios (alcantarillado, agua, gas, asfaltado, circulación, mobiliario urbano y red de transportes) que su creciente población exigía y que hicieron de él un dinámico y eficaz instrumento de intervención urbanística, sino también conseguir una proyección de su imagen hacia el exterior que la convirtiese en mirador y escaparate, desde los que poder entablar un diálogo de tú a tú con el resto de los países de Europa, asumir los valores propios del progreso económico que empezaban a definirla y renovar las glorias de una cultura nacional en proceso de recuperación. Y producto de esa ambición, a la que no serían extraños ni la burguesía, ni el tejido empresarial, deseoso de dar a conocer sus productos y manufacturas, surgió la idea de, apoyándose en el reciente ejemplo de ciudades como Frankfurt, Burdeos, Amsterdam y Niza, reclamar la organización de la Exposición Universal de 1888 que, al difundir su imagen, y con ella su vitalidad, le permitiera reforzar la confianza en sí misma, y reafirmase su voluntad de capitalidad y liderazgo. Una muestra, pues, de marcado contenido estratégico, con la que pretendió subirse al carro de la modernidad, europeizarse, en una palabra, y que se articularía esencialmente en torno a la Ciudadela, la vieja fortaleza mandada construir por Felipe V en la zona oriental del casco histórico, recuperada para la ciudad en 1869, tras el triunfo de la Revolución de Septiembre que, una vez derruida, se transformó en un extenso y magnífico parque ajardinado, escenario sobre el que se asentó posteriormente el certamen[19].

Con el apoyo económico, en su etapa inicial, de la iniciativa privada, que poco después se retiraría del proyecto, y financiadas luego por las arcas municipales, las obras de la Exposición se llevaron a cabo en un tiempo récord, casi contra reloj, venciendo todos los obstáculos y dificultades que a diario su urgencia e improvisación planteaban, pero animadas del ilusionado espíritu que las empujaba, que no era otro que el de, por un lado, dotar a la capital de los espacios monumentales que distinguen a las grandes urbes, y por otro, aprovechar tan singular oportunidad para redefinir su trazado, dotarse de renovadas infraestructuras y escenificar la fiesta ciudadana que supone una obra de esas dimensiones. Así, a base de trabajar ininterrumpidamente día y noche, y en un plazo impensable de tiempo, en el que se edificaron obras tan significativas como el Arco de Triunfo, los Palacios de Bellas Artes, y de la Ciencia, el Invernáculo, el Gran Hotel Internacional (construido en apenas tres meses, y que poco después de concluido el certamen se desmontaría), el Castillo de los Tres Dragones (hoy convertido en Parque Zoológico), el alumbrado eléctrico de las Ramblas y el paseo de Colón, y la modernización del puerto, pudo la reina regente María Cristina, que acudiría acompañada del futuro Alfonso XIII, que apenas contaba tres años, del presidente del Gobierno, Sagasta, y del alcalde barcelonés, Rius i Taulet, inaugurar la muestra el 20 de mayo de 1888, con tan sólo doce días de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista.

La Exposición Universal, además de satisfacer su prioritario objetivo de actuar como cartel propagandístico, y mecanismo de atracción hacia Barcelona, obtuvo también otros provechos añadidos, como fueron la ruptura de la monotonía reticular del plan Cerdá; la orientación del crecimiento de la ciudad hacia el norte, que era la dirección preferida por promotores y proyectistas; el aumento del protagonismo de los poderes públicos en el ámbito ciudadano, con un importante impulso presupuestario en los gastos de la Administración municipal; la conclusión de numerosas obras pendientes y equipamientos inacabados; el inicio del ciclo electrificador, que vino poco a poco a sustituir a los antiguos faroles de gas; la vinculación del espacio urbano con el mar; y la creación, por fin, de un amplio espacio verde (el Gran Parque de la Ciudadela), del que la ciudad carecía, y que imperativamente venía exigiendo. La oportunidad y el éxito de su celebración hay por tanto que entenderlos como una inmejorable ocasión para subsanar las deficiencias que la aquejaban, y un eficaz instrumento de redefinición estructural de la remozada capital.

Como resultado de estas innovaciones y mejoras, que tendrían en el Modernismo un eficacísimo aliado, Barcelona inició su andadura en los umbrales del nuevo siglo con una pujanza y una energía inimaginables tan sólo tres décadas antes. La Exposición de 1888 la había colocado definitivamente en el mapa de la Europa industrial, fortaleciendo la fe de sus ciudadanos en sí mismos. Y ello, añadido a la rica tradición cultural con que la recuperación de sus raíces y su identidad la había enriquecido, la presentaban a los ojos de quienes la contemplaban como un magnífico escenario de iniciativas, permanentes unas y efímeras otras, pero informadas todas por los criterios más innovadores de la época, que iban a convertirla en una de las grandes y más atractivas capitales del Mediterráneo[20].

Pero una ciudad es mucho más que la trama urbana sobre la que se asienta, la monumentalidad que la embellece o el equipamiento que hace su discurrir habitable. Es más, incluso, que su propia morfología, la consideración que de ella tienen las que la miran o las señas de identidad que le imprimen carácter y la singularizan. Una ciudad es un proyecto de sociabilidad y convivencia; es el marco socioespacial en el que se plantean las relaciones, se entablan las pugnas y se dilucidan los conflictos de la colectividad; y es, sobre todo, el aliento del tupido enjambre humano que la puebla, del ingente conglomerado de hombres y mujeres que, instalados en ella, van cada día procurándole vida, conformándola y definiéndola. Y en ese sentido resulta obligado, para la mejor comprensión de su propia identidad, formularse una serie de interrogantes acerca del origen, la naturaleza, el espíritu, la problemática, las formas sociales de integración y el quehacer diario de sus moradores, como forma de descubrir su esencia, tomarle el pulso, acceder a su visualización y conseguir de esa forma entenderla.

¿Quiénes constituían la población de Barcelona en 1900? ¿De dónde procedían cuando no eran naturales de la capital y a qué causas obedecía su traslado? ¿Cómo vivían y en qué se ocupaban? ¿Cuáles eran sus condiciones de trabajo y en qué términos de sociabilidad se relacionaban? ¿Qué metas, aspiraciones o estímulos determinaban sus actuaciones? ¿De qué modo empleaban su tiempo libre y qué tipo de diversiones y formas de ocio entretenían sus tiempos de inactividad laboral? ¿Qué formación tenían, cuáles eran sus salarios y hasta qué punto podían cubrir sus necesidades más perentorias? ¿A través de qué coberturas hacían frente a sus enfermedades, dónde escolarizaban a sus hijos, en qué condiciones de higiene y salubridad se desarrollaba su vida cotidiana y de qué medios disponían para su transporte y movilización? ¿Cuáles eran sus hábitos alimentarios y los servicios higiénicos de que disponían? ¿Cómo se distribuían social, económica y geográficamente, en función de su fortuna, su cultura o su educación? ¿En qué forma influyeron los flujos migratorios en la mutación urbana que en esos principios del siglo experimentó la ciudad? Y, por encima de todo, ¿de qué medios se habían dotado para organizarse socialmente, en el marco de qué mapa político centraban sus expectativas y cuál era, dentro del mismo, su grado de participación e influencia?

En el medio siglo comprendido entre 1850 y 1900 Barcelona aumentó su población en casi 250.000 habitantes, de los que algo más de la mitad no habían nacido en la ciudad. La creciente industrialización, las plagas que en distintos momentos afectaron al cultivo de la tierra (especialmente la filoxera) y la natural aspiración de miles de trabajadores rurales por mejorar sus condiciones de vida y conseguir un futuro mejor, hicieron converger a la capital a multitud de gentes deseosas de encontrar en la gran urbe, tan imaginada como desconocida, de la que tanto habían oído hablar, el paraíso en el que poder realizar sus sueños y concentrar sus energías. Procedentes, en una primera época, del interior de la propia Cataluña y después de las provincias limítrofes, sobre todo Zaragoza y Huesca, aparte de algunos puntos de origen más lejanos, como podían ser Levante, Murcia, el bajo Aragón y Andalucía oriental, eran, en su gran mayoría, trabajadores del campo sin apenas formación que llegaban acompañados de sus familias en busca de trabajo y que, apenas instalados, con no pocas dificultades en su nuevo destino, veíanse en la necesidad de convivir con los barceloneses de origen, venciendo las dificultades propias que conllevaba hacerlo con quienes se expresaban en una lengua diferente, tenían hábitos de vida distintos y estaban, desde siempre, familiarizados con la ciudad[21].

Desde un punto de vista de jerarquización social, la población barcelonesa se repartía entre una poderosa burguesía empresarial, poseedora del gran capital, propietaria de las más importantes industrias, de ostentosa influencia, que había labrado sus fortunas a base de sustanciosas herencias, negocios rentables, jugadas bolsísticas e inversiones especulativas; una clase media, compuesta fundamentalmente por profesionales liberales, empleados, modestos comerciantes, militares, funcionarios y artesanos, abonada al «ir tirando», que administraba la peseta hasta el último céntimo y necesitaba hacer encaje de bolillos para conseguir, apretadamente y a base de complicadas economías, llegar a fin de mes; y una gran masa obrera, que constituía más de un tercio del total de sus habitantes, sobrevivía a duras penas, con enormes dificultades, para la que el día a día era una especie de milagro, y a la que le tocó pagar el tributo de la conflictividad que una ciudad industrial como la capital catalana generaba, en un clima de tensión que no se redujo sólo al terreno social, sino que alcanzó también al político, como más adelante tendrá ocasión de comprobarse[22].

La alta burguesía, una clase que se fue constituyendo a lo largo del siglo XIX, en cuya última década alcanzó el cénit de su poder económico, y que hasta el derribo de las murallas se asentaba en las más suntuosas viviendas del Barrio Gótico y las Rondas, no tardaría en trasladarse, a partir de los años noventa, a los nuevos terrenos del Ensanche, que era, a fin de cuentas, el espacio urbano resultante de su empuje emprendedor y su dinero. Estaba formada por antiguos oligarcas, rentistas, fabricantes enriquecidos como resultado de la revolución industrial, indianos vueltos de las colonias con pequeñas fortunas y comerciantes que, a fuerza de inteligencia, trabajo y tesón, habían cosechado beneficios y plusvalías en unos años (los llamados de la «fiebre del oro») de creciente expansión económica. Constituía una sociedad elitista, conservadora, tradicional y rígida; orgullosa, como no podía ser menos, de su preeminente estatus; perpetuada en muchos casos endogámicamente; sin definidas implicaciones políticas (sólo a partir del nacimiento, en 1901, de la Lliga, se adhirió de forma mayoritaria al catalanismo de derechas); propensa a convertir la religiosidad en una exteriorización más de su patrimonio; imbuida del convencimiento de disponer del monopolio de la virtud y el patriotismo; defensora a ultranza del principio de autoridad, al que sacrificaba cualquier veleidad que pudiese contravenir las buenas costumbres; y en cuyo activo figuraba, como su principal mérito, el dinamismo que aportó al progreso de la capital, contribuyendo a convertirla en una auténtica y próspera metrópoli internacional.

De sus hábitos y formas de vida hay documentación más que abundante, y la literatura costumbrista de la época nos ha legado toda una suerte de testimonios reveladores de en qué empeñaba sus energías, cómo ordenaba su actividad laboral y doméstica y cuáles eran sus quehaceres profesionales, sus rutinas, sus gustos, sus prioridades, sus formas de ocio y el discurrir de su cotidianidad. A través de ellos es posible, así, conocer que constituía un estamento sólidamente estructurado, con una estricta rigidez en sus comportamientos, de moral aparentemente intachable, profundamente conservador en sus convicciones políticas, atento vigilante de la marcha de sus negocios y sus industrias, ávido de reconocimiento social (llegó a decirse que en el Hotel Continental, uno de los más frecuentados por la alta burguesía, se repartieron durante la Restauración más títulos nobiliarios que durante todo el resto de la historia de Cataluña), tolerante con el centralismo administrativo del Gobierno central de Madrid e imbuido, sobre todo, de la idea de que Barcelona era suya, algo así como un coto exclusivo de su propiedad, ya que no en vano la había ideado y construido.

Una simple mirada a esa élite ciudadana, de apellidos tan prestigiosos como los Güell, Comillas, Godó, Brusi, Sert, Cabanes, Ametller, Masnou o Milá, a los que se habían añadido nuevos ricos con capitales recién repatriados, y profesionales liberales de gran prestigio, ponía de manifiesto toda una suerte de pautas y comportamientos, por los que se regía, que permitían fácilmente identificarla. Sus integrantes, por citar sólo algunas de sus principales señas de identidad, se insertaban en un modelo de sociedad patriarcal; defendían por encima de todo el principio de autoridad, según el cual la palabra del padre se imponía sobre la del resto de la familia; se emparejaban frecuentemente a través de matrimonios de conveniencia, que posibilitaban doblar sus fortunas; transmitían el control de sus bienes de primogénito a primogénito, por medio de una figura, el hereu, que les permitía mantener generacionalmente el patrimonio familiar; convertían el hogar en la metáfora de su conservadurismo; profesaban una devoción ostentosa; y, con independencia de respetar su condición de catalanes, hacían gala de un patriotismo español, que les resultaba extraordinariamente rentable si se tiene en cuenta que las más importantes decisiones políticas y económicas se tomaban en Madrid[23].

En cuanto a su quehacer cotidiano, el burgués acomodado, lo que en Cataluña se llamaba la gent bé, madrugaba para controlar desde primera hora de la mañana la marcha de su fábrica o su negocio, a los que dedicaba una atención permanente; hacía un alto a mediodía en su casa para supervisar que la paz doméstica no se había alterado; frecuentaba, a veces, los cafés más distinguidos (la Maison Doré y El Siglo, fundamentalmente), y, sobre todo los círculos y los clubs, que conferían el mayor tono social, en los que repasaba La Veu de Catalunya o El Brusi, además de los periódicos económicos, que le mantenían al tanto de las fluctuaciones de la Bolsa; repartía la tarde entre alguna recepción social («recibir» era un rito entre la alta burguesía barcelonesa) o una función del Liceo, donde naturalmente tenía un palco de su propiedad; y hasta, en ocasiones, reemplazaba la levita y el bastón por una indumentaria más deportiva, para practicar ciertos sports, como en aquel entonces se decía, cuya práctica suponía un añadido toque de ostentación, en un tiempo en el que para muchos de sus conciudadanos el ejercicio más practicado era el de la supervivencia. Sus esposas, mientras tanto, cumplían, antes que ninguna otra cosa, el papel de madre que secularmente tenían asignado; vigilaban el correcto engranaje de todo un ejército de doncellas, sirvientas, nodrizas, niñeras, institutrices y costureras (la ciudad tenía censadas 14.000 trabajadoras domésticas); y cuando no acompañaban a sus maridos por exigencia de la etiqueta, mandaban preparar el coche de caballos para dar un paseo por el Ensanche, acudían a una sala de té, de las muchas que acababan de abrirse, exhibían a la «pubilla» entre el círculo de sus amigos, con alguno de cuyos hijos había de terminar casándose; o visitaban alguna congregación piadosa, porque la demostración caritativa constituía una de sus prácticas obligatorias.

Por lo que se refiere a la clase media, mucho más nutrida numéricamente que la anterior, hay que decir que se encuadraba dentro de los parámetros que caracterizaban en todo el país a las economías ajustadas, pero que, a la vez, aspiraban a representar un papel social que no se correspondía a sus ingresos, y que tenían en el «quiero y no puedo» su más claro signo referencial. En unos años en los que los precios subían a un ritmo superior a los salarios (aproximadamente, en la proporción de seis a cuatro) y el mercado laboral no era capaz de conciliar la oferta y la demanda, esta franja social iba a ver sustancialmente mermado su poder adquisitivo y a experimentar una forma de progresiva proletarización, que le forzaba a contener el gasto, extremar la austeridad y recurrir, a veces, al pluriempleo (no debe olvidarse que las mujeres de este estamento raramente trabajaban) para hacer frente a los crecientes gastos de sus economías domésticas.

De difícil e imprecisa catalogación, dados los diferentes niveles adquisitivos de quienes la formaban (entre los salarios de un médico, un abogado, un comerciante o un empleado del Estado, por poco elevado que fuese su rango, y los de un artesano, un militar sin graduación, un maestro, un tendero o un obrero cualificado existían notables diferencias), tenían todos ellos, como elementos homologadores, una vivienda digna; un trabajo capaz de sufragar, aunque fuese con alguna estrechez, las necesidades familiares; la posibilidad de poder dar estudios y formación a sus hijos; una consideración social diferente a la que disponían los obreros; el deseo de asimilarse a las clases más acomodadas; la sumisión a toda una serie de convencionalismos, en los que la apariencia primaba siempre sobre la espontaneidad; y, lo que es más importante, la permanente esperanza de ascender algún peldaño en la escala social de la ciudad.

Del día a día de la clase media barcelonesa en los albores del siglo hay también datos suficientes para permitir formarse una visión de conjunto sobre sus formas de vida y sus costumbres, en general menos rígidas y más liberales que las de la burguesía acomodada. Tanto si vivían dentro del casco antiguo como si se habían trasladado a las zonas ya construidas del Ensanche, lo hacían en casas decorosas y presentables, aunque, eso sí, en los pisos superiores, respetando la jerarquización vertical de las viviendas, según la cual las rentas bajaban en relación con los peldaños que había que subir para acceder a ellas. Los varones pasaban las mañanas en sus oficinas, despachos u obradores en tanto que las mujeres centraban su quehacer en la atención del hogar y el cuidado de los hijos, ayudadas en ocasiones por una sirvienta llegada de algún pueblo próximo a la capital, que casi prestaba su servicio a cambio de la manutención y la cama. Mostraban una clara tendencia a imitar los hábitos de sus convecinos más pudientes, hacia los que sentían una nada disimulada admiración. Y distraían su tiempo libre, ellos frecuentando los cafés, donde puede decirse que tenían localizada su segunda casa, yendo a los numerosos teatros que comenzaban por aquellos días a abrirse en el Paralelo, o entreteniendo sus ocios en tertulias de casino, círculos recreativos y, cuando las había, corridas de toros; y ellas recorriendo los nuevos paseos recién abiertos, especialmente el de Gracia, donde miraban con envidia el paso de las damas aristocráticas en sus coches descubiertos, frecuentando a sus amistades, o yendo de compras a los primeros grandes almacenes, de entre los que El Siglo era el más importante, donde se podían adquirir ya prendas confeccionadas sin tener que recurrir a la consabida modista. Los hombres vestían de americana con chaleco y se cubrían habitualmente con sombreros hongos en invierno y cannotiers durante el verano; y las mujeres usaban trajes de tres piezas, ligeramente entallados, botines, y casi siempre sombreritos, todos ellos «a la moda de París», aunque estuvieran confeccionados en cualquiera de los numerosos talleres de costura abiertos en aquellos días en Barcelona. Para moverse por la ciudad lo hacían casi siempre andando, y sólo cuando las distancias eran muy largas, tomaban los recién inaugurados tranvías eléctricos, que ya en esa época contaban con varias líneas que cruzaban la capital en todas sus direcciones. La política les interesaba, votaban mayoritariamente a la Lliga, los republicanos regionalistas, o los radicales de Lerroux, hojeaban a diario los periódicos y percibían salarios con los que podían, aun pasando más apuros que los deseados, costear sus gastos.

Pero es el obrerismo barcelonés el sustrato poblacional que más va a definir la personalidad de una ciudad eminentemente industrial, y en constante convulsión, en función de su protagonismo en los crispados acontecimientos de la primera década del siglo, que hubo necesariamente de asumir por simples razones de supervivencia y dignidad, y que terminaría otorgándole un papel preponderante en la configuración y el diseño, no sólo ya de su perfil sociológico, sino de su propia historia. Sin su presencia, es imposible entender el proceso industrializador que convirtió a Barcelona en lo que daría en llamarse el «Manchester español», verdadero motor del crecimiento de un país atrasado y lleno de corruptelas, que venía de perder los últimos flecos de su Imperio. Sólo gracias a su empuje, reivindicativo en un principio, y después revolucionario, la España oligárquica veríase obligada a ceder parte de sus prerrogativas y articular políticas sociales inimaginables y desconocidas hasta entonces, propias ya de un Estado moderno. De su esforzado «tirar del carro» y «nadar contra corriente» iban a deducirse importantes logros en el progreso económico de la nación, y a la vez trágicas perturbaciones, que de forma tan grave deteriorarían la convivencia. Y su dura realidad, su penosa existencia, envés de esa otra urbe creativa y deslumbrante, permitiría, en definitiva, visualizar una Barcelona muy diferente a la anteriormente descrita, una connurbación gris, proletarizada, imperceptible a los ojos del viajero, pero parte integrante, también, de esa «ciudad de los prodigios», en la que era posible fundir la fastuosa celebración de un baile de gala en el Círculo Ecuestre o el fulgor deslumbrante de una sesión de ópera en el Liceo, con la tensión surgida de una huelga general, capaz de paralizar el pulso ciudadano, o el estallido de una bomba, saldado con un número indeterminado de heridos y muertos.

En numerosos y documentados estudios sobre el movimiento obrero en la Barcelona novecentista la moderna historiografía ha acopiado infinidad de datos acerca de las condiciones de vida de ese sufrido colectivo, que producen, al leerse, auténtico escalofrío. Gracias tanto a ellos como al simple repaso de los Anuarios municipales de estadística no resulta difícil imaginar el cúmulo de penalidades que la falta de recursos, la elevada densificación poblacional, el hacinamiento, los deficientes servicios de higiene y salubridad, la desescolarización, los prolongados horarios de trabajo, casi nunca por debajo de las diez horas diarias, la ausencia de seguridad laboral, la mortalidad infantil, el analfabetismo, la falta de seguridad en el empleo, la explotación laboral de mujeres y niños, sometidos en muchos casos a quehaceres casi inhumanos, el desprecio patronal hacia el trabajador, la ingesta de una dieta alimentaria inapropiada e insuficiente, que se traducían en incontroladas y mal atendidas enfermedades y epidemias, y la práctica ausencia de cualquier forma de cobertura social, representaban para ese centenar y medio de miles de trabajadores, que, en muchos casos, rozaban los umbrales de la miseria, y que veíanse abocados a una existencia humillante, desesperanzada y milagrosa, en esa engañosa tierra de promisión a la que tan confiados habían accedido[24].

Instalado en estrechas, oscuras e insalubres callejuelas de la Ciutat Vella y su entorno más próximo, o disperso en los emergentes barrios obreros surgidos, a modo de guetos, en la periferia del Ensanche, ese amplio submundo poblacional sobrevivía, como se ha dicho, de forma casi milagrosa, en una lucha permanente contra la adversidad; con unos salarios de mera subsistencia, que apenas crecerían durante toda la primera década del siglo; agobiados por impuestos, que, como el de consumos, tan importante incidencia tenían en el capítulo de la alimentación; sin ningún grado de cualificación, lo que le impedía ascender en la escala social; limitado al consumo de artículos de primera necesidad; teniendo que recurrir a la contribución del trabajo de las mujeres y los niños, porque el del cabeza de familia era insuficiente; víctimas de un mercado proteccionista que disparaba artificialmente los precios; y en unas condiciones de infrahabitabilidad y pauperismo que terminarían suscitando graves tensiones sociales, y que repercutieron, directa o indirectamente, en la convulsa política de la época.

En el apartado habitacional hay que decir que las viviendas obreras barcelonesas en muy pocos casos respondían al mínimo nivel exigible a la dignidad de quienes las habitaban. Casas sin apenas luz natural, de aspecto lóbrego y tenebroso; sin las imprescindibles condiciones higiénicas obligadas a unas familias, generalmente numerosas, y muchas veces realquiladas; contando por todo mobiliario con una cama matrimonial, a la que se añadían colchones para los hijos cuando era necesario, una mesa de pino, con sus correspondientes sillas de anea, y en el mejor de los casos un armario ropero; con cocinas, generalmente asomadas a un estrecho patio de luces, que apenas disponían de unos viejos fogones de carbón, activados por un atizador y un soplillo, y en cuyas paredes, desprovistas de cualquier otro adorno, se alineaban unas vaseras que guardaban la escasa y desportillada loza que constituía la vajilla; faltas de agua corriente potable (se proveían de ella, por medio de un depósito situado habitualmente en el terrado), que era preciso ir a buscar a la fuente más próxima; alumbradas por bujías de aceite, o, en algunos casos, de carburo; y sin otro evacuatorio que el de una comuna, o pozo negro, compartido por varios de los pisos[25].

Por lo que se refiere a su manutención las condiciones no eran mucho más optimistas. Para atender al gasto energético resultante de sus largas y penosas jornadas de trabajo, que a veces superaban las diez, y hasta las once horas diarias, disponían de una dieta escasa en calorías, falta de proteínas y de escaso valor nutritivo. La carestía del transporte, el proteccionismo arancelario y los ya citados impuestos de consumos habían disparado el precio de los productos de primera necesidad, con alzas, en sólo una década, del 50 por ciento en la carne, el 55 por ciento en el bacalao, el 35 por ciento en el tocino o las patatas, y el 30 por ciento en el arroz. En 1905, por poner un ejemplo ilustrativo, el kilo de pan costaba 40 céntimos, el litro de leche, otros 40, y la docena de huevos, una peseta y treinta céntimos, lo que para un sueldo de 2,50 pesetas diarias, que era lo que venía a cobrar como media un peón, constituía un precio inalcanzable. La comida normal del obrero se reducía a un plato de escudella (el clásico cocido castellano), a base de garbanzos, berza y tocino. La carne era un manjar no sólo prohibitivo, sino desconocido, y no eran pocos los barceloneses que llevaban a sus hijos a instituciones tuteladas por órdenes religiosas, sólo para que pudieran alimentarse.

En cuanto al vestido sucedía algo parecido. Los hombres utilizaban diariamente para trabajar una blusa de tejido áspero, de color generalmente gris o azul, se cubrían con una gorra, del tipo visera, y calzaban alpargatas o espardeñas mientras que las mujeres llevaban unas sayas largas, hechas de una mezcla de lino y lanilla, y se anudaban un pañuelo en la cabeza para sujetar el cabello. Sólo los días de fiesta, o con ocasión de algún acontecimiento especial, usaban aquéllos camisas sin cuello, y éstas, unas faldas de tejido más fino y más vistoso colorido. En cuanto a los pequeños vestíanse casi siempre de la ropa ya usada que heredaban de sus hermanos mayores, y de donaciones que, periódicamente, acostumbraban a dispensar algunos de los centros caritativos de la ciudad, como era el caso de las Conferencias de San Vicente de Paul, el Centro de Beneficencia de San José, próximo a las Ramblas, o las Juntas Parroquiales de determinadas iglesias[26].

Respecto a sus salarios eran casi siempre muy bajos, y variaban de modo ostensible según fuera una u otra la industria que los ocupaba y la tarea que en ella desempeñaban. En cualquier caso, el jornal de los oficiales rara vez superaba las 5 pesetas diarias, los peones cobraban, como media, alrededor de 2 pesetas o, a lo más 2,50, y las mujeres y los niños no solían pasar de 1,5 pesetas. Todo ello sin contar con que tan sólo percibían ese sueldo los días trabajados, con exclusión de los domingos y festivos, y que tampoco cobraban nada en los casos en que se encontraban aquejados de cualquier tipo de enfermedad, lo que solía ocurrir con no poca frecuencia, tanto en razón de la casi inexistente atención médica con que contaban, y las abundantes patologías (tifus, tuberculosis, anemia, gripe y sarampión) derivadas del hacinamiento, la deficiente ventilación de las viviendas, el mal estado del alcantarillado público, las precarias condiciones higiénicas de la mayoría de los centros de trabajo y la falta de profilaxis, como de la inseguridad laboral, que llegaría a alcanzar tales dimensiones que el Instituto de Reformas Sociales encontró un total de tres infracciones por cada una de las 300 fábricas y talleres que visitó en 1907. Una retribución, absolutamente insuficiente, para quienes pagaban alquileres mensuales de hasta 25 pesetas, y precisaban al menos una media de 1,50, por persona y día, como gasto indispensable para poder permitirse una dieta racional y suficiente. Como atinadamente escribiera Romero Maura, el obrero barcelonés vivía durante esos años en «un estado de sitio económico permanente»[27].

La educación y la sanidad eran dos de los capítulos en los que más se ponía de manifiesto la incuria de la clase trabajadora. Con unos índices de analfabetización que llegaron a superar el 45 por ciento (en las mujeres, esa cifra ascendía espectacularmente), los trabajadores barceloneses de la época no tenían otra forma de acceso a una siquiera mínima formación personal, que no fuese la de asistir a aquellos centros obreros, o ateneos populares en los que se impartía alguna forma de enseñanza. En lo que atañe a sus hijos, la situación no era mucho mejor, dado que los pocos que se encontraban en condiciones de poder escolarizarse (la mayoría estaban trabajando casi desde la infancia) tenían necesariamente que hacerlo bien en las deficientes escuelas públicas, faltas de medios y en las que cualquier aprovechamiento por parte del alumno sonaba a milagroso, o en las confesionales, donde los religiosos que las atendían, además de inculcarles una enseñanza dogmática y reaccionaria, practicaban filtros morales antes de aceptarlos, y sólo admitían a aquellos niños cuyos padres convivían maritalmente de una forma reglada y estaban, además, dispuestos a participar en los actos de culto por ellos organizados. Respecto a la sanidad, cuanto pueda decirse es poco para definir el deficitario estado en que se encontraba. Hasta la construcción del Clínico, en 1904, la atención médica ambulatoria se dispensaba en las casas de socorro municipales y en el Hospital de la Santa Cruz u otros varios, atendidos por órdenes religiosas, cuando resultaba preciso ingresar al enfermo. Pero ni uno ni otros suministraban, después del alta, los medicamentos prescritos (muy caros para economías tan modestas), ni disponían de equipamiento clínico suficiente para atender las enfermedades más graves. La mortalidad infantil, aunque ligeramente menor que en el siglo anterior, seguía registrando cifras muy elevadas, y era raro el año en el que alguna epidemia inesperada no produjera decenas, y hasta incluso centenares de víctimas[28].

Las relaciones vecinales y el empleo de los tiempos de ocio y distracción de la clase obrera han sido también objeto de detenido estudio por parte de los historiadores. Al margen de la calle, principal escenario de sociabilidad en el que se desarrollaban sus contactos, eran las tabernas y cafetines los más habituales puntos de encuentro de los obreros, en tanto que sus mujeres coincidían, sobre todo, en los lavaderos públicos, los mercados, y las fiestas que los distintos barrios celebraban en ciertas fechas del año. En los días festivos (reducidos únicamente a los domingos, y eso, en el caso de que el patrón no decidiese abrir la fábrica, contraviniendo la legislación al respecto), los trabajadores acostumbraban a llevar a sus familias al parque de la Ciudadela o a algún campo próximo a la ciudad; jugaban con sus vecinos o amigos a las cartas, u otros juegos de mesa en los cafés, donde también apostaban a las máquinas tragaperras; iban, cuando tenían algunos céntimos de más, a los frontones, los teatros por horas, y las peleas de gallos; se acercaban hasta los merenderos de la playa, en los que tomaban un refresco y hasta podían bailar; y, en los casos de aquellos que sabían leer, hojeaban los diarios republicanos, e incluso visitaban las bibliotecas populares, que los abastecían de novelas folletinescas y libros divulgativos para el consumo de toda la semana[29].

Una vida, en resumen, triste, anodina y gris, que fomentaría además expresiones de marginalidad, como la prostitución (sólo en 1908 se contabilizaron en la capital catalana más de dos mil meretrices, sin sumar aquellas que ejercían su oficio de forma clandestina), la mendicidad (centenares de pordioseros, muchos de ellos niños, pululaban por las calles de la capital en espera de unos céntimos o de las sobras que algunos cafés y caritativas amas de casa les suministraban), y la delincuencia urbana (Barcelona ocupaba en los primeros años del siglo el quinto lugar entre las ciudades españolas con mayor número de delitos contra la propiedad), que, en determinadas zonas de la capital, llegaron a definir su fisonomía urbana, de la que artistas como Nonell, Picasso o Casas nos han legado cumplido recuerdo.

Si por prodigio entendemos aquello que excede de forma extraordinaria los límites de lo habitual, Barcelona era, por todo lo dicho, una ciudad prodigiosa. Lo era, por su ejemplar planteamiento urbano, el hondo contenido artístico y cultural, que de ella trascendía, y la pujanza de su industria y su actividad comercial. Lo era, también, a causa de la natural convivencia de grupos poblacionales tan heterogéneos como resultaban ser los catalanes de origen, y las decenas de miles de inmigrantes que en ella se instalaron, cada uno de los cuales aportaba a la colectividad, sus propios rasgos culturales. Y lo era, en fin, por su condición de foco propagador de políticas innovadoras, que, pese a las graves tensiones que suscitaron, contribuirían, en buena medida, al progreso de España.

* * *

¿Cómo se encuadraban políticamente esos casi seiscientos mil barceloneses que poblaban la capital en la primera década del siglo? ¿Cuál era el mapa electoral de la ciudad? ¿En qué partidos, organizaciones sindicales o colectivos sociales encontraban aquellos programas que pudiesen atender sus demandas y expectativas? ¿Cómo lograban integrarse, en un país de tan marcado carácter identitario, esas gentes diferenciadas por su extracción social, su economía, su trabajo y su procedencia, como eran las anteriormente reseñadas? ¿En qué términos, y bajo qué reglas de juego, convivieron un catalanismo empeñado en reivindicar su singularidad, y un movimiento obrero decidido a promover la revolución social?

Para comenzar, hay que decir que, tras el Desastre del 98, los tradicionales partidos dinásticos dejaron en la práctica de contar electoralmente en Cataluña. Salvo mínimos restos residuales, que continuarían apostando por la monarquía, el conjunto de los catalanes entendió, con buen criterio, amortizado el sistema canovista, falto de recetas para procurar soluciones a los problemas del país, y menos aún para resolver los que, de manera especial, se derivaban de una región con unas señas de identidad propias. Pero, contrariamente, a lo que había sucedido en el resto de España, donde la pérdida de las colonias se había asumido con desesperanza, resignación, o, lo que aún es peor, con indiferencia, en el Principado suscitó, en cambio, un vigoroso y combativo espíritu de rebeldía, y una total entrega a la nada sencilla, pero a la vez ilusionada, tarea de combatir la incapacidad del régimen que les había llevado a la derrota, y trabajar en pro de un regeneracionismo, capaz de sacar a Cataluña de la crisis.

Esa actitud haría del nacionalismo, de cuyos dirigentes había surgido tal empeño regeneracionista, no ya sólo el signo de identidad que hasta entonces representaba, sino una auténtica opción política. Y faltos de cualquier credibilidad como de hecho estaban los Partidos Conservador y Liberal, lo situó en disposición de protagonizar, junto al obrerismo, el difícil trayecto a la regeneración nacional. Y, lo que es más importante, impulsó sus propias energías hasta el punto de convertirlo en un válido interlocutor del Gobierno central, al que en muchas ocasiones tutearía, contra el que en repetidos casos se enfrentó, y a cuyas decisiones opuso una decidida resistencia desde la posición de fuerza y confianza que suponía el saberse como «un Estado dentro de otro Estado».

Catalanismo y movimiento obrero (controlado éste, alternativamente, por radicales y anarquistas) iban a convertirse, así, en los dos polos sobre los que pivotaría la actividad política durante toda la primera década del siglo, sin que el resto de las fuerzas con implantación en Cataluña (los partidos monárquicos, el carlismo y los socialistas) tuvieran sino una presencia residual, con una escasa capacidad de arbitraje, resultante, en el caso de estos últimos, de su aún escasa penetración en el territorio catalán, y en el de aquéllos, de su ineficacia y su obsolescencia[30].

En lo que se refiere a la primera de esas dos fuerzas con capacidad de influencia, el catalanismo, debe señalarse que, desde mitad de la centuria anterior, las élites culturales catalanas habían iniciado un proceso de recuperación del carácter identitario del país, postergado por la monarquía borbónica desde 1714, año en el que Felipe V castigó al Principado como consecuencia de la guerra que le había declarado para impedir su acceso al trono de España. Un proceso, conocido como «la Renaixença», que, alentado por el impulso de una burguesía que comenzaba a consolidarse y la influencia del romanticismo europeo, apostó, primero, por estructurar gramaticalmente la lengua (en cada comarca se empleaban ortografías diferentes) y fomentar la creatividad literaria y, después, por rescatar usos populares que, de tan poco practicados, habían ido perdiéndose. Fueron esos unos años de enorme fecundidad artística e intelectual, en los que surgieron numerosas publicaciones periódicas escritas en catalán, se recopilaron colecciones de poesías y leyendas enterradas en el olvido, nacieron los primeros ateneos, de los que sería el más emblemático el Ateneu Catalá, se crearon, de la mano del maestro Anselmo Clavé, las primeras sociedades corales, y fueron actualizándose tradiciones tan arraigadas en el pueblo, como podían ser los bailes regionales, especialmente la sardana, «las fiestas mayores», los juegos florales, los «castells de xiquets», y hasta las asociaciones excursionistas.

Pero a raíz de la Revolución de 1868, que destronó a Isabel II, y, sobre todo, una vez consumado el fracaso del 98, ese movimiento cultural, que iba impregnando día a día el espíritu y los hábitos de los catalanes, comenzó a adquirir un progresivo tono político, en vista de la incapacidad del Estado para desproveerse de su estructura oligárquica y caciquista, y del desinterés de los distintos Gobiernos de la Restauración por entender, de un lado, el «hecho catalán», y articular, por otro, políticas económicas y sociales eficaces y modernizadoras. Y esos catalanes que hasta entonces habían vivido, como ha escrito acertadamente Josep Benet, «empeñados en su propio trabajo, reducidos al ámbito de sus negocios familiares, ajenos a la vida política, faltos de interés por cualquier gran empresa colectiva, y despreocupados por las instituciones de gobierno», tomaron repentinamente conciencia de que participar en la regeneración nacional era una empresa que incumbía a todos, una aventura colectiva, y se embarcaron en el difícil aprendizaje de los negocios públicos, como una forma de contribución al interés general (para un catalán de la época el bienestar de todos era habitualmente el que se correspondía con el suyo), que tendría como último objetivo la modernización política de su propio territorio[31].

Para impulsar ese tan deseado proyecto regeneracionista y poder concretarlo en una eficaz herramienta política, Cataluña contó con una sólida generación de intelectuales y políticos, conscientes del importante papel que podían desempeñar, y con una visión lo suficientemente lúcida como para advertir que cuanto dejaran de hacer, nadie, desde Madrid, iba a resolverlo por ellos. Una generación que tuvo como principales ideólogos al escritor Mañé i Flaquer, al obispo Torres i Bages, al poeta Jacinto Verdaguer y, sobre todo, al jurista Enric Prat de la Riba[32], quienes, ya antes de consumarse el desastre colonial, en 1892, se reunieron, bajo la presidencia de Domènech i Muntaner, para redactar, en lo que se llamó «Las Bases de Manresa», una Constitución regional, que concretaba reivindicaciones tales como la defensa del Derecho, la lengua y las tradiciones catalanas; la exigencia del autogobierno; la capacidad de promulgar sus propias leyes tanto civiles como penales y mercantiles; la creación de una fuerza responsable del orden público y la seguridad en Cataluña; y el acomodo de la educación pública a las necesidades y el carácter de la «civilización» catalana, por citar sólo las demandas más importantes. Peticiones todas ellas que, naturalmente, el Gobierno central desoyó, pero que habrían de servir de plataforma para que los incipientes grupos políticos que participaban de esas ideas (el Centre Catalá, la Unión Catalanista y los federalistas) fundasen, en 1901, la Lliga Regionalista, síntesis de todos ellos, que se constituyó como el primer partido catalán de la historia del Principado, que ya en las elecciones de mayo de ese mismo año ganó cuatro de los siete escaños que se disputaban en la circunscripción de Barcelona[33].

Pero ese espíritu de rebeldía, esa voluntad de ruptura con un Estado del que se sentía extraño y del que muy poco esperaba, que constituían las razones informadoras de la Lliga, no iban a durarle al recién creado partido demasiado tiempo. La base social, sobre la que se sostenía, la burguesía, era una clase profundamente conservadora, interesada en mantener a toda costa el proteccionismo arancelario que vitalizaba su economía industrial, temerosa de la violencia que durante la anterior década había convertido a Barcelona en «la capital de las bombas», y poco proclive a desligarse por completo del Estado, pese a ser consciente de que, utilizando una política de palo y zanahoria, les daba con una mano lo que les quitaba con la otra. Los cuatro escaños obtenidos en los primeros comicios a los que se presentó recayeron, nada menos, que en los presidentes de las asociaciones patronales con más fuerza y poder en el Principado. Y ese conservadurismo, que acabó contagiando a sus propios líderes, terminaría por restarle capacidad de maniobra, impidiéndole llevar a término el primitivo proyecto regenerador que la había inspirado. Como escribiera al respecto «Gaziel», con una irónica sagacidad, «el catalanismo burgués de la Lliga quería transformar España, pero, eso sí, sin que se produjese el menor estropicio en Cataluña»[34].

A la brevedad de esa euforia iban a contribuir factores tan decisivos como fueron la resistencia de los grandes industriales a romper los vínculos que les unían con el Gobierno de Madrid, del que esperaban una nueva y más proteccionista Ley arancelaria; la creciente influencia del clero sobre la dirección de un partido cuyas bases venían precisamente reclamando mayores impuestos para las órdenes religiosas; y la decisión de Cambó, entonces ya uno de los principales dirigentes regionalistas, de continuar elevando peticiones reivindicativas al Rey, lo que significaba un reconocimiento tácito de la autoridad de la monarquía. Y fruto de la conjunción de todos ellos, los catalanistas cosecharon en las elecciones convocadas por Maura en abril de 1903, a las que concurrieron además aliados con la Junta de Defensa de los Intereses Católicos (organización de carácter reaccionario, fundada ese mismo año por el cardenal Casañas), una severísima derrota, al no conseguir ni uno solo de los diputados en juego. Un tándem de esas características resultaba inaceptable no ya sólo para el obrerismo catalán, sino incluso para una parte de los votantes de la Lliga, sobre todo las clases medias, cuyos intereses políticos no tenían nada que ver con los del mundo de las finanzas, y, menos aún, con los de la Iglesia.

Ello explica que el sector situado más a la izquierda del partido, para el que un giro republicano representaba el mejor de los caminos hacia el pretendido reformismo, decidiese, en 1904, escindirse de la Lliga, consciente de que el grueso de la organización, liderada por Prat de la Riba y Cambó, era incapaz de superar la contradicción que suponía defender, por un lado, la plena autonomía de Cataluña, y plegarse, por otro, a los dictados del Gobierno de la nación que, en palabras de Robert Hughes, era «quien le ponía al pan el tomate» o, dicho de otro modo, el que suministraba oxígeno a una economía que, tras el Desastre, había perdido sus mejores mercados. Y, así, bajo la dirección de un equipo integrado por Jaume Carner, Rovira i Virgili, Sunyol y Amadeu Hurtado, emprendió en solitario la tarea de continuar combatiendo la interminable siesta de un Estado indolente y plagado de corruptelas, del que cada día se sentía más alejado[35].

Pero, pese a contar desde el momento de su escisión, con un periódico propio, El Poble Catalá, que convirtió en buque insignia y portavoz de su proyecto político, el catalanismo republicano llegaba con retraso a la cita con el electorado del que necesitaba adueñarse. Ni sus promotores, burgueses liberales todos ellos, contaban, por buenas que fuesen sus intenciones, con el temple y la capacidad suficientes para dar vida a una organización política independiente; ni disponía de una sólida estructura de Partido; ni ponía especial énfasis en los auténticos problemas sociales del país, limitando su proyecto a propuestas políticas, muchas de signo meramente municipal; ni aplicó otras recetas electorales que atizar el anticlericalismo, e intentar presentarse como una opción de izquierda, identitaria e interclasista. Y por si todo ello no fuera bastante, hacía ya casi tres años que Alejandro Lerroux, de quien se hablará con mayor detenimiento en páginas sucesivas, se le había adelantado en la apropiación del voto del obrerismo barcelonés, en gran parte ya de origen inmigrante, y realmente muy poco interesado por algo que, como el logro de la autonomía de Cataluña, estaba muy lejos de sus necesidades más urgentes y perentorias.

Al margen del empeño de esta facción disidente del catalanismo por hacerse un hueco en el mapa político del principado, la Lliga, consiguió recuperarse, en 1905, de su último revés electoral, gracias a la coyuntural bonanza económica que se vivió en ese bienio, el profundo conservadurismo que, sobre todo en las zonas rurales, venían alimentando las pastorales del arzobispo Torras i Bages, y el temor que en las clases medias despertaba el creciente auge del movimiento obrero. Y favorecida por esas circunstancias, obtuvo en los comicios municipales de ese año excelentes resultados en el interior de la región, a los que habría de añadir las doce credenciales que logró en el Ayuntamiento de Barcelona, por más que fueran los lerrouxistas quienes consiguieron mayoría absoluta en el mismo. Una moderada victoria, que se tradujo en un aliento a sus aspiraciones soberanistas, acrecentadas, aún más si cabe, por el eficaz «efecto patriótico» resultante del brutal ataque de un grupo de militares (irritados por las críticas que la prensa dispensaba habitualmente al Ejército) contra las redacciones de los periódicos regionalistas Cu-Cut y La Veu de Catalunya, que unió a cuantos se sentían auténticamente catalanes en torno a una misma bandera[36].

El hecho de que el Gobierno de Madrid no sólo no condenase ese ataque, sino que además accediese, por medio de la polémica Ley de Jurisdicciones, a la exigencia del Ejército de reservar a sus propios tribunales el enjuiciamiento de cuantos delitos afectaran a su honor y al de la patria, sería la espoleta que haría converger a las diversas ramas del catalanismo (la Lliga, el Centre Nacionalista Catalá y los carlistas), a la que se sumarían además los republicanos de Salmerón, en un bloque común, que, con el nombre de Solidaritat Catalana, y bajo la dirección de Prat de la Riba y un todavía joven pero ya brillante Cambó[37], se constituyó en Gerona (la capital tenía aquellos días suspendidas las garantías constitucionales), en febrero de 1906, y concurrió un año después, ya como opción electoral, a los comicios generales de abril, consiguiendo 41 de los 44 escaños en juego.

El proyecto informador de Solidaritat Catalana, que Prat de la Riba enunció en el llamado «Manifiesto del Tívoli», denominado así por haberse dado a conocer en el teatro barcelonés del mismo nombre, contenía principios ya defendidos por el regionalismo (la regeneración moral del país, el rechazo a las corruptelas de una Administración desidiosa y anquilosada, el mantenimiento del proteccionismo arancelario, el rechazo a la intervención militar en los asuntos de gobierno y el expreso reconocimiento de la personalidad de Cataluña), a los que sumaba la exigencia de la retirada de la Ley de Jurisdicciones, aprobada por Moret, y, sobre todo, la creación de un gobierno autonómico financiado por su propio sistema fiscal y con jurisdicción sobre las cuatro provincias catalanas en materias de educación, obras públicas y bienestar social. Todo un repertorio de conocidas recetas nacionalistas, al que, entre ilusionada e ilusa, pretendía incorporar al disímil y antagónico conjunto de fuerzas políticas adheridas al acuerdo[38].

En el programa de Solidaritat se encerraba la esencia de lo que iba a ser en el futuro el nacionalismo catalán. Partiendo de los principios contenidos en las «Bases de Manresa», los impulsores del bloque pusieron fundamentalmente el énfasis en asignar a la coalición recién surgida la reivindicación de una autonomía propia dentro del Estado español, y la defensa de los intereses de un pueblo, cuyos derechos estaban por encima de la discrecionalidad administrativa. Pero todo ello unido a una clara voluntad de moralización colectiva y un decidido empeño por traducir en políticas concretas las doctrinas meramente emocionales mediante las que la identidad catalana se había proyectado. El catalanismo se ofrecía, así, como una alternativa europeizadora al atraso que representaba el liberalismo parlamentario español, y orientaba sus miras a modernizar las instituciones, revitalizar la sociedad civil, combatir la corrupción, asentar una cultura identitaria, sanear el sufragio público, proteger sus propias instituciones llenándolas de contenido y completar aquellas gestiones que para Cataluña resultaban imprescindibles y no veía satisfechas por parte del Gobierno, fuera cual fuese el color político que lo definiese.

La proyección de ese ideario supuestamente unitario resultaba, sin embargo, una tarea imposible para la propia Solidaritat. Lo impedía, en primer lugar, el carácter heterogéneo de las fuerzas políticas en ella integradas (entre el modesto empleado que votaba al republicano Salmerón y el industrial acomodado próximo a los postulados económicos de la Lliga no existía la menor coincidencia), cuyas diferencias ideológicas no tardarían en manifestarse. Su extremado conservadurismo le suponía un segundo obstáculo, porque le alejaba del obrerismo, preocupado prioritariamente por su supervivencia, que la consideró siempre como un movimiento burgués y clerical. Aunque quizá el mayor de los frenos que encontró iba a radicar en su perfecto entendimiento con el Gobierno de Maura, con el que formó una excelente pareja de baile, pero que lastraría políticamente su proyecto. Y ello porque, si bien ambos pretendían sanear la Administración, poner fin al caciquismo y el trapicheo electoral, racionalizar la burocracia y dignificar la vida pública, les distanciaba su distinta visión territorial del Estado, el propio «hecho catalán». En lo que Maura estaba interesado era en incorporar políticamente a las clases medias catalanas a su proyecto de «revolución desde arriba». Y como del bloque de Solidaritat únicamente encontró eco en la conservadora y reformista Lliga de Cambó, apenas éste puso el énfasis en reclamar una mayor autonomía para Cataluña, entendió frustrada su colaboración con él, y si algo hizo por la coalición catalanista fue contribuir a disolverla[39].

A Cambó, excelente visionario en tantos otros aspectos de la política, le faltó olfato en el caso de Solidaritat Catalana. Su condición de financiero, defensor del liberalismo económico y pendiente en todo momento de no perder el apoyo del ala más conservadora del bloque, le privó de la sensibilidad social suficiente para comprender que, sin contar con el movimiento obrero, el catalanismo era incapaz de transformar las estructuras del Estado. Y al decantarse a favor de los intereses de los industriales de la Lliga, contrarios a las exigencias de los trabajadores de mejores salarios y una mayor seguridad laboral, se enajenó la colaboración y el voto de un colectivo imprescindible para cualquier posible envite nacionalista al Gobierno. Intentó, es verdad, encauzar la agitación revolucionaria a favor de una política reformista, y obtuvo señalados logros en los momentos en los que estuvo en el poder tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación de Barcelona. Pero no supo o no pudo articular un proyecto sólido que respondiese a las necesidades concretas de Cataluña y que, al mismo tiempo, despejara las suspicacias que despertaban en Madrid esas exigencias.

La victoria electoral de 1907 sobre el republicanismo antisolidario (tan severa, que incluso Lerroux perdió su acta de diputado) no iba a ser para Solidaritat sino un espejismo. Convertida en un partido de derechas, con un tufo clerical, que le llevó a aliarse electoralmente con organizaciones católicas de carácter integrista, y viciada por sus propias contradicciones internas, no sobrevivió a la muerte, en enero de 1908, de Salmerón[40] (su circunstancial aliado, que dividió al republicanismo en «solidario» y «antisolidario»), y, a pesar de que no llegó a disolverse formalmente, dejó a partir de entonces de presentar candidatos conjuntos a las elecciones, viniendo a demostrar a quienes todavía pudieran dudarlo, que no había pasado de ser un pacto electoral fortuito y quebradizo en vez de un auténtico movimiento ilusionante con capacidad de aglutinar en torno al catalanismo a cuantos se sentían desprotegidos y agraviados por el Estado.

La Semana Trágica sorprendió a los catalanistas, en la misma medida que al resto de los barceloneses. Ni la impulsaron, ni tuvieron capacidad para abortarla. Habían, eso sí, expresado mayoritariamente su oposición a la guerra del Rif, e incluso aceptaron la idea de la huelga general del 26 de julio en lo que tenía de protesta contra el conflicto bélico. Pero una vez consumados los sangrientos sucesos derivados de la rebelión que siguió al paro y reestablecido el orden público, se alinearon decididamente con el Gobierno de Maura, apoyaron con energía la represión, y perdieron, sobre todo, la oportunidad de contribuir a llenar el vacío ideológico que un movimiento de masas como el barcelonés hubiera necesitado en esos momentos.

El obrerismo era, ya se ha dicho, la segunda de las fuerzas operantes en la Barcelona de comienzos de siglo. Cuantitativamente, porque representaba a casi la tercera parte de la población urbana. Y como grupo ya articulado, por su latente potencial combativo, que, aunque en muchas ocasiones adormecido, se activaría en otras, en proporciones tan inesperadas como alarmantes. Mayoritariamente republicano, anticlerical, disperso las más de las veces por el carácter aún gremial de muchos de sus integrantes, y sin una sólida y eficaz estructura organizativa que lo respaldase, se constituyó, sin embargo, en el más importante frente de choque, contra las bases del Estado, y el poder capitalista. Y manejado por las prédicas anarquistas, o enardecido por el verbo inflamado y populista de Lerroux, tuvo siempre en jaque al Gobierno a pesar de no contar con un solo representante en las Cortes (el primer diputado obrero sería el socialista Pablo Iglesias en 1910), protagonizó los más importantes episodios de la década en el Principado, y, junto al catalanismo, se constituyó en árbitro y pieza angular del mapa político de Barcelona[41].

Los avatares del movimiento obrero en Cataluña a lo largo de toda la centuria anterior rebasan los límites del estudio de su influencia en la década que aquí se revisa. Pero ello no excluye recordar que, a partir del inicio de la revolución industrial, allá por 1830, constituyó un cuerpo social castigado, desasistido, huérfano de cualquier tipo de cobertura social y sometido, en dosis casi iguales, a la explotación del capital y la represión gubernativa. Habiendo tenido ocasión de ver cómo vivía el proletariado urbano en 1900, no resulta difícil imaginar su situación cincuenta años antes. Refiriéndose a ella, Ildefonso Cerdá, que además de ideólogo del Ensanche barcelonés, era un prestigioso analista de la sociología urbana, anota cómo «sobre un total de 333 categorías profesionales, que podían contabilizarse en la Barcelona de 1856, únicamente a 11 les era posible alimentar debidamente a sus familias, y eso en el entonces raro supuesto de que tan sólo tuviese dos hijos, y que la mujer también trabajara»[42]. Con expectativas de vida raramente superiores a los 26 años, y dietas consistentes en poco más de 100 gramos de judías, 300 de patatas, una ración de pan y una sardina salada, por persona y día, los obreros barceloneses pasaron, así, décadas trabajando de sol a sol, sin un solo día de descanso a la semana, con una absoluta carencia de seguridad, y teniendo que resignarse a percibir unos mínimos salarios que, sólo en la década de los cincuenta, disminuyeron casi un 12 por ciento con respecto a los precios. El patrón era el indiscutible «amo» de la fábrica (que por lo general gestionaba de un modo feudal) y para el que sus trabajadores, a cuyos problemas vivía ajeno por completo, eran una especie de siervos «desagradecidos, indisciplinados, irresponsables y contestatarios, unos mercenarios a sueldo, que el lunes ya se habían gastado en vino y tabaco el jornal cobrado el sábado», y que no se hacían acreedores, por tanto, a otro trato distinto al que se les daba.

Tan inaceptable forma de subsistencia y las casi dantescas condiciones en que desarrollaba su trabajo iban naturalmente a desarrollar en los trabajadores un fuerte espíritu asociativo, a través del que defender sus intereses, que en aquella época se reducían prácticamente a la supervivencia. Y, así, en los años comprendidos entre 1848, fecha de la ola expansiva revolucionaria que, con epicentro en París, sacudió con enorme violencia a toda Europa, y 1874, momento en el que se restauró en España la destronada monarquía borbónica, fueron surgiendo iniciativas de asociación, de las que sería la más importante la Federación Regional Española, dependiente de la Asociación Internacional de Trabajadores (la AIT), de carácter marcadamente anarquista, subdividida en federaciones locales, en la que se reforzaron las secciones de oficio, y se inició una incipiente lucha societaria que pudiera conducir a un cambio de forma de Estado[43].

El régimen nacido de la Restauración hizo, sin embargo, gala de una clara voluntad de marginar al movimiento obrero, y apartarlo de la vida institucional. Pero aunque puso al servicio de ese propósito medidas tan aparentemente eficaces como el sufragio censitario (el universal no llegaría a alcanzarse hasta 1890), el cierre de sus centros de encuentro y la suspensión de sus manifestaciones públicas, no consiguió desmantelar sus incipientes organizaciones, a las que, por el contrario, dio un leve impulso la tibia apertura que, primero el Gobierno de Sagasta, en 1881, y después la Ley de Asociaciones de 1887, le permitieron reconstruir el débil tejido asociativo creado en las décadas anteriores, que amenazaba con extinguirse. E hicieron posible que los trabajadores retomaran sus actividades sindicalistas, se atrevieran a exigir menores jornadas laborales, y una mayor seguridad laboral, e incluso pudiesen, el 1 de mayo de 1890, salir a manifestarse a las calles para conmemorar, por vez primera, el aniversario de la ejecución de los famosos anarquistas de Chicago, jornada convertida a partir de esa fecha en referente de las reivindicaciones obreras en todo el mundo. Por más que, como la alegría suele durar poco en casa del pobre, no tardaron en surgir unos hechos que volverían a hacer de nuevo al obrerismo objeto de la marginación política y la represión gubernativa.

Una ola de atentados terroristas, en la línea de los que acababan de iniciarse en Francia con el intento del anarquista Ravachol de asesinar a dos jueces que supuestamente habían condenado de forma injusta a unos compañeros de lucha, sacudió violentamente a Barcelona entre 1893 y 1896, y produjo un balance de 28 muertos (15 de ellos en el Liceo y otros 12 en la calle de Cambios Nuevos, a los que hay que añadir al presidente del Gobierno, Cánovas) y un largo centenar de heridos, suscitando un clima de alarma que conmocionó al cuerpo social de la capital[44]. Y aunque el obrerismo barcelonés fuese ajeno a su ejecución, no pudo evitar la brutal represión policial que siguió a aquellos, saldada con la detención de centenares de anarquistas, la clausura de sus locales, las torturas aplicadas a los apresados en el castillo de Montjuïc (tristemente conocidas a nivel internacional con el nombre de la fortaleza en la que se llevaron a cabo), y la ejecución de ocho de los responsables, convictos o supuestos, de esos terribles crímenes[45]. Una represión de tal calibre que produciría en el movimiento obrero una mezcla de temor y desánimo, que desembocó en un progresivo abandono por parte de los trabajadores de las organizaciones a las que estaban adscritos, muchas de las cuales incluso se disolvieron, y orientó mayoritariamente la adhesión y el voto del movimiento obrero hacia el Partido Republicano[46].

El republicanismo español, una vez restaurada la monarquía, estuvo representado en la figura de Manuel Ruiz Zorrilla, que fuera ministro de Fomento y Gracia y Justicia en 1869 y por dos veces jefe del Gobierno durante el breve reinado de Amadeo de Saboya, y que, desde febrero de 1875, fecha en que fue obligado a salir de España, vivía exiliado en París, donde a lo largo de veinte años se abonó a una conspiración permanente, promoviendo numerosos levantamientos insurreccionales, ninguno de ellos coronado por el éxito y alentando cuantos proyectos subversivos estuviesen encaminados a liquidar la monarquía y traer la república. Ni sus contactos dentro del estamento militar, que fueron muchos y abnegados, consiguieron rebasar el listón de las cuarteladas, ni consiguió un auténtico respaldo civil que permitiese convertir los pronunciamientos en auténticos golpes de Estado. A Ruiz Zorrilla le faltó un partido organizado detrás. La suya era, como se dijo entonces, una formación «sin bases, sin arraigo en la sociedad, y sin ideas ni proyecto programático que lo respaldase»[47].

Pero la muerte, en 1895, del viejo líder republicano iba a dejar a sus huestes, además de huérfanas, divididas, y al republicanismo, en puertas de una más que probable travesía en el desierto, por cuanto, a falta de un único heredero que garantizase la unidad de su legado, su partido, el Progresista, se fraccionó en otros varios, liderados respectivamente por Pi i Margall (los federalistas), Salmerón (los centristas) y Esquerdo (los progresistas), cada uno de los cuales intentó, en indisimulada pugna con los otros, capitalizar la herencia zorrillista. Eso, a nivel nacional. Porque, en Cataluña, la percepción de falta de unidad se hizo aún más evidente, sobre todo a partir del Desastre del 98, de modo que en 1900, podían contabilizarse casi un centenar de centros republicanos (seis de ellos en Barcelona), que languidecían en un añorante recuerdo de la República, un poco al margen de la realidad, y de los que únicamente dos —el Centro de Fusión Republicana, que presidía Eusebio Corominas, y el Centre Catalá Republicá Federal, bajo la dirección de Vallés y Ribot— mantenían una mayor actividad, que, sin embargo, no se traducía en una influencia notoria y determinante en la vida política[48].

A comienzos del nuevo siglo el republicanismo era, pues, tal como atinadamente ha escrito Romero Maura, un movimiento de «pastores sin rebaño», falto de liderazgo, anquilosado, políticamente apático, sin otra propuesta que no fuese una milagrosa acción revolucionaria, para cuya acometida estaba incapacitado, con pocas energías y desprovisto de una organización en la que apoyarse. Y que, además venía de perder a sus líderes históricos (Ruiz Zorrilla, en 1895, Castelar, en 1899, y Pi i Margall, ese mismo año de 1901), sin que sus sucesores, con la excepción quizá de Salmerón, dispusiesen de la capacidad y el prestigio precisos para hacer viables sus expectativas electorales. Todo lo cual explica sus mediocres resultados en las anteriores elecciones de 1899 (en Barcelona sólo conseguiría un acta, la de Sol y Ortega); justifica la atonía que caracterizó la vida de sus círculos, rancios y decadentes; y permite entender que ante la proximidad de los comicios de 1901 aceptase como candidato a un avezado e intrépido periodista, Alejandro Lerroux, ardoroso y combativo en todas sus actuaciones públicas, celebrado tanto por su enardecida oratoria como por lo afilado de su pluma, que a sus treinta y seis años había ya dirigido El País (el órgano de prensa del republicanismo en Madrid), además de haber participado directamente en la fundación de otro importante rotativo radical, El Progreso, y que contaba asimismo con una notoria popularidad entre la clase obrera por su activa participación en las campañas orquestadas contra la guerra colonial y sobre todo a favor de los encausados en el proceso de Montjuïc[49].

Intentar resumir en sólo unas páginas la dimensión política y humana de Alejandro Lerroux resulta, por lo que tiene de fenómeno prácticamente irrepetible, un complicado empeño, al que, sin embargo, es preciso aludir porque el republicanismo de la primera década del siglo XX sólo puede entenderse a través de su intuición, su apasionamiento y hasta su desmesura. Fue él quien resucitó un movimiento desahuciado, en pleno proceso de liquidación; él quien sacó de la apatía a unos militantes que prácticamente habían reducido su actividad a leer El Progreso y La Publicidad en aquellos viejos casinos radicales, y colocarse el gorro frigio en cada uno de los aniversarios de la proclamación de la República, infundiéndoles el sentimiento de compromiso que les faltaba o habían olvidado; él quien los integró en los Ayuntamientos, las Diputaciones y el resto de las instituciones políticas catalanas, a veces incluso con mayorías absolutas; y él quien dio nombre y razón de ser al lerrouxismo, la organización política de la que sería líder y caudillo.

Nacido en 1864 en La Rambla (Córdoba), hijo de un veterinario militar «que cobraba 50 duros, y tenía cada año un destino, y cada dos, un nuevo hijo», vivió una infancia condicionada por el nomadismo familiar obligado por los traslados de su padre, hasta que, contando sólo trece años, se desmarcó de ese incesante trasiego viajero y, con el auxilio primero de un tío suyo que ejercía de párroco en un pueblo zamorano, y después del de su hermano mayor, militar también, se afincó en Madrid, donde cursó estudios primarios con no demasiado aprovechamiento. Fallecida en 1884 su madre, se inscribió como voluntario en el regimiento en el que servía su padre, con la intención de, desde ahí, poder acceder a la Academia de Infantería de Toledo. Pero la falta de dinero para hacer frente al pago que se exigía a los alumnos en concepto de vestuario, alimentación y alojamiento, le sumió en una crisis de desaliento, que tuvo como consecuencia el que desertase del Ejército, y tuviera que vivir algún tiempo, con nombre incluso falso, para eludir la persecución de la justicia.

Tras unos años de relativa desorientación, resultantes de la falta de recursos y la desintegración familiar, que le llevaron a ocuparse en un sinfín de trabajos poco afines con sus expectativas (fue cajista de imprenta, agente de seguros, interventor de consumos y corredor de una fábrica de bolsas de papel), decidió empeñarse en una actividad más acorde con su personalidad y su carácter, algo que lograría en 1887, cuando, gracias a una recomendación de su hermano para el editor Antonio Catena, consiguió entrar como meritorio en El País, el periódico que inspiraba Ruiz Zorrilla, donde, en una carrera acelerada, en la que pasó por todas sus secciones, se reveló como un brillante polemista, y un lúcido y temido redactor político, méritos ambos que, unidos a su ambición personal, le llevarían, en 1893, a convertirse en director del mismo.

Dotado de una envidiable energía, una enorme causticidad y un valor fuera de toda duda, Lerroux aprovechó esos años de profesión periodística para labrarse un prestigio como aguerrido defensor de la causa republicana, dispuesto siempre a enzarzarse en cualquier clase de batalla dialéctica, fuera cual fuese el riesgo que conllevara. Atizó sin piedad el anticlericalismo; combatió encarnizadamente el voto caciquil, las inmoralidades administrativas, la permanente suspensión de las garantías constitucionales o la censura gubernativa, y hasta invitó a la reina regente a marcharse de España. Prodigó la invectiva personal a diestro y siniestro, implicando a sus adversarios en asuntos escandalosos; sus diatribas contra el régimen nacido de la Restauración fueron, como él mismo diría, «sangrantes»; y no hubo una sola institución (desde el Estado a la Corona, pasando por la Magistratura, el Ejército y la Iglesia) que se librara de su mordacidad, su sarcasmo y su burla. Y todo ello en un tono tan agrio y vehemente, que, siendo ya director de El Progreso (periódico en el que inició su campaña en favor de los presos de Montjuïc), fue condenado, en 1898, por la Justicia militar, a causa de un artículo publicado dos años antes alentando una manifestación contra el general Martínez Campos, y permaneció durante nueve meses en prisión, de la que sólo saldría gracias al indulto general concedido tras la firma del Tratado de París. Pero que también iba a servirle para que los fusionistas catalanes pensaran en él como el candidato que mejor podía sacarles de la esclerosis política en que se encontraban.

Apenas llegado a Barcelona para aceptar la candidatura que el Partido Progresista y Fusión Republicana unitariamente le habían ofrecido, y una vez que hubo instalado una mínima infraestructura electoral, hizo público un avance de lo que iba a ser el contenido de su proyecto político, en el que, junto a principios clásicos del republicanismo, incluía vaguedades sin demasiada originalidad, populistas, demagógicas, e incluso contradictorias. Un programa que como ofertas básicas proponía la sustitución de la monarquía por una república democrática, radical y reformadora; la separación de la Iglesia y el Estado; la secularización de la sociedad y la enseñanza; la expulsión de las órdenes monásticas; el establecimiento de una administración autónoma para las entidades regionales y municipales; la garantía del derecho de asociación; la supresión de la tributación impuesta al jornalero; el establecimiento de la jornada de ocho horas de trabajo al día; la protección del proletariado en su lucha por la propia emancipación; y la reunión de las organizaciones obreras en un solo partido, radical en lo político, socialista en lo económico, y más interesado en formar conciencias y captar voluntades que en empeñarse en conquistar el poder[50].

Ganó el acta de diputado (que revalidaría sucesivamente hasta 1910 con la única excepción de las elecciones de 1907), y ya con ella en su poder, inició una actividad sin freno y un despliegue de esfuerzo desbordante que, en apenas unas semanas, le situaron como máximo líder del republicanismo en Cataluña. Demostró ser un magnífico organizador y un orador de masas incomparable, y llegó a ejercer sobre las masas que lo escuchaban una fascinación nunca despertada hasta entonces por ninguno de los grandes tribunos decimonónicos. Y fuera verdad, como algunos pensaban, que su presencia en Barcelona obedecía a una estrategia del Gobierno de Madrid para descomponer el catalanismo por medio de un patrioterismo de signo contrario o respondiera su llegada a la suma de la orfandad del republicanismo y su propio olfato político, lo cierto es que mediado 1902 era el espejo en que se miraban las clases obreras barcelonesas, sobre todo a partir del fracaso de la huelga general de febrero de ese año, que acabó con los sueños de quienes pensaban que el sindicalismo revolucionario, en la línea de la CGT francesa, iba a doblegar al capitalismo. La popularidad de Lerroux no conocía límites. Los obreros barceloneses creían en su verbo inflamado igual que si se tratase de un oráculo. Sus adversarios le temían en el mismo grado en el que sus partidarios le veneraban. Lerroux era la indiscutida figura del momento. Había nacido «el emperador del Paralelo»[51].

Los cinco años comprendidos entre 1901 y 1906 iban a constituir la edad de oro del lerrouxismo y de la gloria personal de su líder. En capítulos posteriores se detalla buena parte de la actividad del republicanismo radical durante ese periodo. Pero valgan como anticipo de ese quehacer infatigable algunos de sus más significativos logros personales. Lerroux devolvió a los trabajadores la esperanza perdida tras el fracaso del pulso que, a través de las huelgas, habían sostenido con sus patrones; extendió el influjo del republicanismo a las clases medias no catalanistas que, junto al obrerismo, constituyeron en adelante el núcleo de su electorado; fomentó la solidaridad entre los radicales estableciendo en el Ensanche barcelonés una Casa del Pueblo y numerosos círculos de encuentro y reunión (las llamadas Fraternidades Republicanas) en los que se impartían, además, clases a los obreros; se enfrentó abiertamente a la Lliga, a la que llegó a calificar de «chusma envilecida por el ochavo»; fundó varios periódicos (El Progreso, El Descamisado, La Rebeldía), desde los que fustigó por igual a los monárquicos, a los regionalistas y a los solidarios salmeronianos; llevó la voz de los trabajadores a centenares de Ayuntamientos; inventó un verbalismo revolucionario con el que enardeció a sus huestes, con mensajes en los que llegó a animarles a «entrar a saco en la civilización decadente, acabar con su dioses y destruir sus templos, elevando a las novicias a la categoría de madres»; fue capaz de contagiar a las masas el sueño de una revolución, en la que él apenas creía; creó, tras la muerte de Salmerón, en 1908, el Partido Republicano Radical y aún le quedó tiempo para conspirar, dentro y fuera de España, contra la monarquía. Por más que su discurso, demagógico, populista y mesiánico, revolucionario en la palabra, pero vacío de carga ideológica, tan sólo consiguiera alimentar los instintos primarios de sus seguidores, sin procurar un remedio real a sus expectativas[52].

Pero, simultáneamente, a los espectaculares avances conseguidos por el radicalismo de Lerroux, iban a surgir en Cataluña, con un año de diferencia entre ellas, dos realidades de parecido nombre pero muy distinto signo, que introdujeron importantes correcciones en el mapa político y social del Principado. Por un lado, la ya mencionada Solidaritat Catalana, catalizador desde entonces de todo el regionalismo, incluido el republicano, con el que Lerroux competía. Y por otra parte, la fundación de Solidariad Obrera, una federación de organizaciones de trabajadores, en la que intervinieron militantes anarquistas, socialistas y también republicanos radicales, si bien con un amplio predominio de los primeros, y que, desde el comienzo de sus actividades, se enfrentó al lerrouxismo, al que consideró siempre una fuerza política que representaba a la izquierda burguesa[53].

En 1907 las tornas iban, por tanto, a cambiar para el líder republicano. El nacimiento de Solidaritat Catalana, que concitó en torno a sí a la totalidad del movimiento nacionalista; su radical patriotismo españolista; la derrota en su pulso con Salmerón; el giro de las asociaciones obreras hacia actitudes más rupturistas que reivindicativas; la designación de Maura como nuevo presidente del Consejo de Ministros; y, sobre todo, el fiasco electoral de abril de ese mismo año, que le dejó sin escaño en el Parlamento, mermaron su capacidad de maniobra y le hicieron perder prestigio e influencia. Y, así, en el transcurso del bienio siguiente hubo de ir a remolque de los acontecimientos, mientras sus adversarios de las dos Solidaridades, la Catalana y la Obrera, competían, de igual a igual con él, por la conquista del voto de los trabajadores. Desde las páginas de La Publicidad el periodista Adolfo Marsillach le conminó a «marcharse de Barcelona»[54]. Y el Gobierno aprovechó, además, la pérdida de la inmunidad parlamentaria a que le condujo el haberse quedado sin escaño para instar al Tribunal Supremo a que llevase a efecto la condena que pesaba sobre él (dos años largos de prisión) por un artículo escrito algún tiempo antes en favor de Nakens, lo que le llevó a tener que cruzar la frontera para eludir la cárcel. Y una vez instalado en París, acabó de madurar la idea de, vacías como estaban las arcas del nuevo partido que acababa de fundar, viajar a Argentina para hacerse cargo de una importante cantidad de dinero que los emigrantes españoles allí residentes tenían destinado a financiar la causa republicana.

Mientras tanto en Cataluña la clase obrera repartía sus adhesiones entre Lerroux, el anarcosindicalismo (que abría cada vez más espacios en el seno de Solidaridad) y el radicalismo catalanista, en unos meses en los que iba creciendo progresivamente la crispación, como consecuencia de la mayor concienciación política del proletariado; las severas medidas del nuevo ministro de la Gobernación, La Cierva, y del también recién nombrado gobernador civil de Barcelona, Ossorio y Gallardo, que volvieron a cerrar numerosos centros ácratas; la reanudación de la estrategia de la dinamita (cada día hacía explosión una bomba en Barcelona, que posteriormente se supo que habían sido colocadas por Juan Rull, un anarquista, que fue ejecutado a causa de ello); y ya a mediados de 1909 la decisión de Maura de defender los intereses mineros de un grupo de capitalistas hispano-franceses, iniciando en el norte de África una arriesgada e innecesaria intervención militar, de funestos resultados.

Ausente Lerroux de Barcelona (se encontraba en Buenos Aires desde septiembre de 1908), correspondió a Emiliano Iglesias, su lugarteniente, dirigir la marcha del partido en un trance tan complicado como sería el inicio de las hostilidades en Marruecos, resultante de una decisión del Gobierno que obligaba a los republicanos a adoptar una postura de fuerza, y movilizar a sus partidarios en la protesta surgida en toda España, pero aún de forma más acusada en Cataluña, contra el masivo embarque de reservistas al Rif. Cauteloso y pragmático como era, basculó entre dos aguas, intentando el casi imposible equilibrio de no indisponerse con aquellos militares con quienes en el futuro pudiera contar, ni poner en riesgo la organización del partido y cumplir, en cambio, el deber que le correspondía de liderar a los obreros en su rechazo al conflicto bélico. Y para contentar a ambos frentes, dejó a sus elementos más belicosos, los «jóvenes bárbaros», el protagonismo de las manifestaciones contra la guerra, autorizó la publicación en El Progreso del célebre artículo «Remember», en el que se alentaba el incendio de los conventos, y permitió que la Casa del Pueblo se convirtiera en base logística de los manifestantes. Pero eludió formar parte del Comité de Huelga, dilató en lo que pudo el compromiso real de los radicales con un paro que temía no tuviese eco en el resto del país y, entre múltiples objeciones, terminó aceptando su colaboración sólo si la movilización iba a ser pacífica y no escondía un objetivo revolucionario.

Cuando la huelga general del 26 de julio de 1909 derivó inesperadamente hacia una auténtica rebelión, el lerrouxismo demostró que no era una auténtica opción revolucionaria. En la hora en la que tuvo en sus manos la posibilidad de convertir aquella protesta en una revolución que trajese la República, le faltó capacidad, e incluso voluntad, para siquiera intentarlo. La fuerte dosis de burguesismo que llevaba dentro hacía imposible una jugada con tan importante componente de riesgo. Y aunque capitalizara los errores cometidos por el Gobierno durante la represión, comprometió a medio plazo su futuro al evidenciar aquello que realmente era: un movimiento demagógico escudado, como escribió perspicazmente Gabriel Alomar, en la esperanza de que «la República en la que fingía creer, no llegaría nunca».

Junto a catalanistas y obreros, otras tres opciones de menor peso completaban el mapa político de la Cataluña de la época: los socialistas, de Pablo Iglesias, el carlismo (tanto la rama fiel al pretendiente don Carlos VII como la representada por el integrista Nocedal), y los tradicionales partidos dinásticos, el Liberal y el Conservador, si bien estos dos últimos tuvieron la condición de fuerzas residuales, con escaso respaldo popular y sin apenas influencia en los resultados electorales, sobre todo a partir del momento en que las distintas sensibilidades políticas catalanas convergieron, en 1901, en la formación de la Lliga Regionalista.

El socialismo, fundado en 1879, no dispuso en Cataluña de la misma acogida que había conseguido en otras regiones del país, especialmente en Madrid y el País Vasco. Su ortodoxia marxista, la prudente expresión de sus tácticas y la aceptación, sobre todo, del sistema parlamentario como marco en el que dirimir sus exigencias políticas y sociales, le restaron apoyos y capacidad de influencia a la hora de pretender implantarse en un escenario que exigía actitudes mucho más comprometidas y beligerantes. Los obreros catalanes lo tacharon de centralista, autoritario y reformista, y su oposición, además, a la huelga general de febrero de 1902, de la que se desmarcó totalmente, le enajenó cualquier posibilidad de hacerse un hueco frente al republicanismo. En estas condiciones, pese a contar con líderes de la categoría de Antonio Fabra Ribas o Badía Matamala, y haber sido asimismo Barcelona la cuna de la UGT (que no tardó en trasladar su sede a Madrid), su ascenso fue muy lento, y sólo a partir de 1907, cobró un mayor protagonismo al integrarse en Solidaridad Obrera, apoyar la protesta contra la guerra de Marruecos y situar a Fabra en el comité que gestionó, mientras pudo hacerlo, el desarrollo de los sucesos de la Semana Trágica[55].

El carlismo, que tan fuerte respaldo había tenido en la Cataluña rural del siglo XIX, perdió, en los años de la Restauración, buena parte de su capacidad de movilización en todo el Principado, y mucho más aún en Barcelona. Lo obsoleto de sus postulados políticos, su carácter fundamentalista en materia religiosa, y el tono reaccionario de la mayoría de sus propuestas le restaron eco, sobre todo entre las clases más interesadas en el mantenimiento del orden público. Mediada la primera década del novecientos experimentaría, sin embargo, un ligero reflujo como resultado del rechazo de sus seguidores hacia el anticlericalismo reinante, y grupos de jóvenes simpatizantes con su ideario hostilizaron a los radicales, reivindicaron en su diario El Siglo Futuro los derechos del pretendiente al trono y hasta llegaron a constituir milicias de jóvenes para preservar el voto en los periodos electorales. Pero nunca constituyeron una opción política sólida, y su influencia se redujo fundamentalmente al ámbito rural, donde su mensaje en defensa de la patria y la religión aún era capaz de conseguir adeptos[56].

Finalmente, los partidos dinásticos desempeñaron un papel secundario en el juego político de esos años. Salvo minorías, que en ningún caso influyeron ni en la composición de las Cortes, ni en la del Ayuntamiento de Barcelona, sus votantes más catalanistas se decantaron por la Lliga Regionalista, que aglutinaba los intereses de la burguesía acomodada, mientras que el resto, en especial los integrantes de las amplias clases medias, optó por el republicanismo de Lerroux o, en su defecto, por fosilizarse en la adhesión a un sistema, el parlamentarismo canovista, políticamente inoperante, en el que ya prácticamente nadie creía en Cataluña[57].

* * *

Entre el resentimiento de las clases obreras hacia la burguesía que detentaba el capital, y la inexplicable miopía de esta última respecto a la ascendente fuerza social que aquéllas suponían, Barcelona continuaba creciendo y progresando en todos los órdenes, convertida ya en referente económico del país; objeto de la general admiración de propios y extraños, dado el valor de sus logros productivos y culturales; y punto de mira de cuantos advertían en ella la metáfora de la modernización y el progreso. Pero acumulando, también, los problemas propios de ese sobrevenido desarrollo, que llevaba implícito el desembarco de un masivo proletariado urbano, desposeído de casi todo, cuya lucha por una existencia digna iba a producir un clima de tensión social, traducida en conflictos laborales, huelgas y atentados terroristas, que no cesarían ya hasta desembocar en los sucesos de la Semana Trágica[58].

En el apartado urbanístico y dotacional la ciudad había alcanzado, a mediados de la primera década del nuevo siglo un importante avance cuantitativo, tanto en lo relativo al número de los inmuebles construidos como en lo referente a los innovadores servicios públicos de los que Barcelona se había provisto. Sólo en el curso de esos pocos años se levantaron edificios tan emblemáticos hoy en la capital como el Hospital Clínico, el nuevo de San Pablo y la Santa Cruz, la Aduana, la Cárcel Modelo, la central de Correos, la iglesia de la Purísima Concepción, la Facultad de Medicina, la plaza de toros de Las Arenas y las casas Lleó, Morera, Macaya, Calvet, Milá, y Batlló, todas ellas auténticas joyas del modernismo. Comenzaron a reordenarse las plazas de Cataluña y de Tetuán, así como el paseo de San Juan; se ideó el trazado de una nueva gran arteria, la vía Layetana, que, paralela a las Ramblas, uniría el Ensanche con el puerto; púsose en funcionamiento la moderna Escuela Industrial; se iniciaron las obras del Parque Güell; se creó la Caixa de Pensiones; surgió prácticamente de la nada el Paralelo, que vino a constituir el centro neurálgico del ocio barcelonés: se inauguraron modernos teatros, como el Apolo, lujosos cafés (algunos de los cuales, como fue el caso de la Maison Doré o el Novedades, llegaron a contar con 1.200 bombillas de luz, y comedores capaces de servir hasta 300 cubiertos), y hasta salas de proyección, en las que comenzaron a visionarse las primeras muestras de ese recién nacido invento llamado cinematógrafo. Y, en lo que se refiere al sector de los servicios, innovaciones tan importantes como la electrificación, el inicio del tendido telefónico, la renovación del alcantarillado en el casco antiguo, el trazado de nuevas vías de comunicación urbana, y la mejora de la sanidad y la educación a cargo de las instituciones municipales, convirtieron a la ciudad en una urbe espléndidamente abastecida, en la que sus habitantes podían trasladarse de un extremo a otro en sólo unos minutos; viajar a la insólita velocidad de 12 kilómetros por hora en los recién instalados tranvías eléctricos, subir en funicular al Tibidabo, comunicarse entre sí a través de los 3.000 teléfonos ya en funcionamiento, practicar un nuevo deporte, el fútbol, al que el suizo Gamper había otorgado carta de naturaleza, fundando lo que con el tiempo sería algo más que un club, el Barça, y quienes pertenecían a la élite ciudadana, adquirir uno de los dos centenares de automóviles que, mediada la década, circulaban ya por las calles ante el asombro y el temor de los viandantes[59].

Paralelamente a ese desarrollo urbanístico, insólito en tan breve periodo de tiempo, un dinamismo cultural también sin precedentes iba a dejar, asimismo, su impronta en el ámbito ciudadano. El modernismo, santo y seña de la Barcelona recién surgida al siglo XX, no limitó sus manifestaciones a la arquitectura, sino que se expresó igualmente en la pintura, la música, la literatura, el interiorismo, y las artes escénicas. Pintores como Nonell, Rusiñol, Picasso, Utrillo, Casas u Opisso; músicos de la talla de Albéniz, Granados, Amadeo Vives, Millet o Enric Morera; escritores y poetas como Eugenio D'Ors, Maragall, Josep Carner, Guimerá o el ya aludido Rusiñol (recuérdese su Auca del señor Esteve); artistas del diseño tan representativos como Arnau, Segarra, Vidal, Homar o los hermanos Busquets; y escultores de la significación de Llimona, Clarasó o Gargallo constituyeron una generación que marcaría un hito en el panorama literario y artístico del momento. Pero a la suma de sus nombres, a cual más brillante, hay que añadir que en esos años se revitalizaron, además, instituciones ya existentes que, en la línea del Ateneo barcelonés, el Orfeó Catalá, el Teatro Principal, o el propio Liceo, cobraron nuevos bríos, contagiados de la energía moral y el espíritu creativo que por todos lados afloraba, al tiempo que se creaban otras nuevas como el Teatre Intim, a cargo del dramaturgo Adriá Gual, o la Asociación Wagneriana de Barcelona. La ciudad bullía en infinitos círculos, tertulias y reuniones artísticas. Era habitual la representación de los dramas de Ibsen y Maeterlinck y las óperas de Wagner. Se tradujo al catalán a Mallarmé, Whitman, Huysmans, Goethe y Oscar Wilde. Raro era el día en que no se inauguraba un teatro, se abría una sala de exposiciones o se anunciaba un concierto. Se construyó, como se verá luego, el magnífico Palacio de la Música, en el que el Orfeó instalaría su sede. Estableciose el Instituto de Estudios Catalanes. Salieron al mercado nuevas revistas, como Juventud, Catalonia y Pèl & Pluma. Se instalaron ocho salas de cine, de entre las que fueron las más famosas el Lumière, y la que Luis Graner montó en las Ramblas con el nombre de Visions Musicals. Y hasta surgió un cenáculo vanguardista, Els Quatre Gats, que reunió, alrededor de Pere Romeu, a los más innovadores artistas plásticos de la década, en el que un todavía jovencísimo Picasso celebraría su primera exposición individual. Desde un punto de vista cultural, no es exagerado, por todo ello, decir que Barcelona era en los albores de 1900 una auténtica fiesta.

Por lo que se refiere a la demografía barcelonesa, los ritmos de crecimiento poblacional aumentaron en cifras considerables, algo perfectamente entendible si se tiene en cuenta que a las cuotas migratorias procedentes de la propia Cataluña, la capital había sumado un amplio contingente de levantinos, murcianos, andaluces y aragoneses, que abandonaban sus regiones de origen, generalmente depauperadas, al reclamo del desarrollo industrial de la Ciudad Condal. Una población emigrante, desprovista de cualificación, mayoritariamente analfabeta y castellanoparlante, que trajo consigo serios problemas de densificación urbana, porque aunque el término municipal había cuadriplicado su superficie, pasando de 15 a 60 hectáreas, a raíz de la agregación de los pueblos del Llano, lo cierto es que los recién llegados se concentraron, ante la imposibilidad de acceder a zonas mejor dotadas, en los distritos más deprimidos de la Ciutat Vella, el Raval y la Barceloneta, y en los humildes barrios periféricos surgidos en torno a las fábricas en las que trabajaban. Y que tanto por su dimensión (sólo en 1900, los obreros representaban un tercio de la población de Barcelona) como por su particular morfología (escasos recursos, ausencia de cualquier tipo de cobertura asistencial y dificultad de integración en su nueva realidad) representó un permanente elemento de crispación y desequilibrio social, al que el Gobierno únicamente supo responder, en su habitual línea de torpeza política, con mano dura y severas medidas de orden público.

La industria catalana (y la barcelonesa, de manera especial) también iba a experimentar notables transformaciones a lo largo de esos primeros años del siglo. La electrificación dejó enseguida obsoletas las viejas máquinas de vapor y permitió abrir nuevos registros productivos, no restringidos como sucedía hasta entonces a los telares del algodón. Junto a las ya tradicionales industrias textiles, de carácter predominantemente familiar, gestionadas con criterios paternalistas, en muchos casos descapitalizadas e incapaces de competir con garantías en los mercados internacionales, se instalaron grandes factorías metalúrgicas, químicas, corcheras, eléctricas, laneras y portuarias (hasta un total de 13.000 en toda Cataluña). Surgieron importantes empresas dedicadas a la construcción, las artes gráficas, la cerámica, el vestido, la alimentación, el vino y el aceite, los transportes públicos, y hasta, aunque pueda resultar extraño, del automóvil y la aviación. Pero la mejora de los sistemas de producción, la modernización de la maquinaria y la necesidad de ahorrar costes para incrementar la competitividad trajeron consigo una menor necesidad de mano de obra no cualificada, que unida a la recesión derivada de la pérdida de importantes mercados internacionales, pusieron en la calle a miles de trabajadores, elevaron los niveles de paro y enrarecieron un ambiente, ya de por sí viciado por la batalla abierta entre unos empresarios empeñados en sanear sus industrias a base de reducir los salarios y aumentar las jornadas laborales, y un obrerismo incapaz ya de soportar más contrariedades. La tensión social estaba servida. Se avizoraba un futuro lleno de incertidumbre y conflictividad, crecía con fuerza el descontento entre los trabajadores y la vieja idea de la huelga general volvía a tomar cuerpo.

Monumentalismo, vitalidad creativa, acelerada industrialización, desarrollo urbano, fomento cultural, presión demográfica, desigualdad social, fragmentación política y nacionalismo identitario confluyeron inesperadamente en un único escenario, Barcelona, que tendría que actuar en adelante como laboratorio y banco de pruebas de una realidad sobrevenida, en la que hubo de ir forjando una personalidad múltiple y diversificada, como correspondía a una ciudad que encerraba en sí misma a otras muchas más (esas «Barcelonas», de las que dijo Vázquez Montalbán, que eran distintas concepciones de una unidad indivisible), tan coincidentes como disímiles entre sí, tan difíciles de conjugar, y a la vez tan enriquecedoras y llenas de vitalidad. Y que permite también comprender que una misma connurbación pudiera ser, al mismo tiempo, la «París del sur», la «capital de las bombas», la «Rosa de fuego», la «ciudad de los prodigios» o lo que Maragall, con su lúcida clarividencia, denominó «la apasionante aventura de una gran urbe, que aspiraba, además, a convertirse en un gran pueblo». Un pueblo, que, moral y materialmente, había que construir cada día, reinventándolo sin descanso, y confiriéndole su identidad y su carta de naturaleza.

Pero detrás de esa ciudad monumental y mágica, pujante y próspera, vital y cosmopolita, creativa y prodigiosa, pero también alterada y convulsa, tributaria de su propio crecimiento y en permanente estado de transformación, había unos hombres, muchos de ellos ya citados, sobre los que recaía el mérito y, a la vez, la responsabilidad de haberla construido, impulsado y convertido en el referente que había llegado a ser como indiscutida capital del Mediterráneo. Visionarios que, como Cerdá, Gaudí, Rius i Taulet o Domènech i Muntaner, la soñaron antes de darle forma. Financieros, del corte de los Güell, Comillas, Girona o Foronda, que invirtieron buena parte de sus patrimonios para hacer posible que esas ensoñaciones llegaran a convertirse en realidades tangibles. Pensadores como Verdaguer, Maragall, Mañé i Flaquer o Almirall, artífices de la base doctrinal que le conferiría su razón de ser, afirmando su personalidad y confiriéndole el carácter que, en adelante, la singularizaría. Políticos de la condición de Prat de la Riba, Robert, Cambó o Lerroux, canalizadores de sus aspiraciones en orden a conseguir un mejor régimen de vida. Artistas como Picasso, Mir, Nonell, Casas, Albéniz o Granados, que hicieron del fin de siglo una edad de oro de las artes plásticas. Y hombres también, con quizá una menor notoriedad pública, que desde una voluntaria o impuesta penumbra, sumaron sus esfuerzos y empeñaron su trabajo en convertir a la capital catalana en escenario del auge, la modernización, y, por qué no decirlo, de la conflictividad que tendría que pagar como precio de su desarrollo.

De entre estos últimos, de toda esa galería integrada por quienes se implicaron en la transformación (para bien o para mal) de Barcelona, uno va a merecer la atención primordial de las páginas que siguen, por la trascendente significación que, pese al segundo plano en el que prefirió moverse, tuvo en la vida política de esos años, tan plagados de inquietantes acontecimientos, el protagonismo que alcanzó con ocasión de los graves sucesos de la Semana Trágica, y el debate que iba a abrirse en torno a su figura y su obra con posterioridad a los mismos, polémica aún no cerrada, que se ha prolongado hasta nuestros días. Se trataba de un maestro sin título, natural del Maresme, conspirador vocacional, de espíritu intrigante, inveterado activista, con una alta estima de sí mismo, rígido en sus modales, poco comunicativo, taciturno, con una marcada propensión hacia las mujeres e impelido, sobre todo, por el objetivo de conseguir una sociedad mejor y más justa, del modo que fuese y a costa de cualquier sacrificio, incluido el de su propia vida. Tenía 41 años al despuntar el siglo, era un hombre de mediana estatura, fuerte y corpulento, de ojos claros y mirada expresiva, con el escaso pelo que aún conservaba ya entrecano y cortado casi al rape, cultivaba una elegancia sin afectación, vestía con exigente y esmerada pulcritud y se llamaba Francisco Ferrer i Guardia.

II

Francisco Ferrer i Guardia

A finales de noviembre de 1909 el recién designado presidente del Gobierno, Segismundo Moret, recibió, a modo de desagravio, a la amante de Ferrer, Soledad Villafranca, que viajó para ello a Madrid, tan sólo unos días después de que le fuera levantada la pena de destierro, que la había retenido en Teruel, junto a otros familiares del pedagogo recién fusilado, desde mediados del anterior agosto. Y eligió como lugar de encuentro para celebrar la entrevista su despacho del Ministerio de la Gobernación, el mismo escenario desde donde, cuatro meses antes, el entonces titular de esa cartera, Juan de La Cierva, había dirigido la operación represiva que siguió a los sucesos de la Semana Trágica y que culminó como es sabido el 13 de octubre con la ejecución del director de la Escuela Moderna[60].

En el transcurso de ese intervalo de tiempo había ocurrido, sin embargo, en España, casi a velocidad de vértigo, toda una serie de acontecimientos de enorme trascendencia, impensables apenas unos meses antes, que iban, además, a repercutir de manera ostensible en el futuro rumbo político del país. Había caído, con general sorpresa de la opinión pública, el Gabinete Maura; se había producido la mayor campaña antiespañola hasta entonces nunca conocida; instituciones de tan enraizada tradición como eran la Magistratura, el Ejército, la Iglesia, y hasta incluso la propia Corona, veían mermada su credibilidad y disminuido su prestigio; los españoles se habían dividido en facciones casi irreconciliables; y el obrerismo se proyectaba ya como una opción reforzada y combativa, especialmente imbuida de su condición de clase, consciente de su nueva fuerza, y muy a tener en cuenta a la hora de explicar su posterior actitud revolucionaria.

¿Quién era, cabe preguntarse, a la vista de todos estos hechos, ese hombre capaz, por sí mismo, de acabar, en el plazo de poco más de una semana, con el Gobierno más estable de los últimos veinte años; reunir en su defensa el apoyo de prácticamente toda Europa; fraccionar a la opinión pública entre «ferreristas» y «antiferreristas»; y abrir un debate nacional acerca no sólo ya de la justicia o no de su fusilamiento, sino del modelo de sociedad que representaba? ¿De qué poder disponía para haber logrado resucitar la España negra e inquisitorial que tantos esfuerzos había conseguido mantener dormida? ¿Cómo entender que un simple pedagogo, un maestro sin título y un político falto de capacidad de liderazgo hubiera suscitado tanta controversia, y abierto en torno a él, una disputada e interminable polémica que aún perdura después de pasados cien años?

La complejidad psicológica de Ferrer, el papel misterioso que imprimió a todas sus actuaciones y el manto de silencio con el que las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, primero, y las reticencias del catalanismo conservador, después, han pretendido desplazar el mensaje de su proyecto educativo, no facilitan, ciertamente, visualizar el exacto perfil de su personalidad, permanentemente manipulada y objeto casi siempre del apasionamiento con el que son percibidos aquellos que, como él, trasponen el ámbito de la realidad para acomodarse en el de la leyenda. Y perpetúan así esa imagen de personaje intrigante, maquiavélico y funesto, anatematizado por desconocido, que, por un cómodo ejercicio de simplificación, la gente asocia sólo con los sucesos de la Semana Trágica.

Considerado por sus apologistas como uno de los más significados puntales del pensamiento educativo (Lombroso llegó al punto de compararlo con Galileo, y Miguel Orts Ramos dijo de él que fue «un apóstol de la razón»), y preterido por sus detractores, como paradigma de la mediocridad y el libertinaje (Unamuno lo calificó de «mamarracho»; Sevilla Andrés, de «Casanova barriobajero», y para Jesús Pabón no pasó de ser «el Landrú español de la época»), el director de la Escuela Moderna ha sido objeto, en igual medida, de una mezcla de elogios desmedidos, y malintencionadas descalificaciones que, lejos de contribuir a perfilar su dimensión política y humana, tan sólo han logrado ensombrecerla. Sin una biografía detallada, ni un estudio objetivo sobre su figura, y convertido por la mitología popular en símbolo de valores tan antagónicos como pueden ser, de un lado, el satanismo, y, de otro, el martirio, Ferrer cuenta con el triste privilegio de no haber conseguido capitalizar ni su vida ni su muerte en beneficio de una revisión crítica y respetuosa de su trayectoria (tan intrigante y compleja como novelesca), y de sentirse, en cambio, víctima, a pesar de su fama internacional, de un casi general desconocimiento, que sólo muy recientemente, en 2006, ha podido ser subsanado, gracias al documentado y riguroso trabajo biográfico que el historiador Avilés Farré acaba de dedicarle[61].

Puestos a seguir su peripecia vital, hay que empezar, naturalmente, por decir que nació el 10 de enero de 1859 en Alella, un pequeño pueblo del Maresme, de millar y medio de habitantes, próximo a Barcelona, y conocido ya entonces por la feracidad de sus viñedos, fruto del matrimonio formado por Jaime Ferrer y María Ángeles Guardia, agricultores acomodados, de hondas convicciones religiosas, que poseían, desde hacía varias generaciones, una finca de cerca de 20 hectáreas, con una sencilla casa de campo anexa, aún existente, situada junto a la riera de Coma Clara, a la que decidieron llamar Cal Boter, en referencia a su oficio de toneleros, que compaginaban con el cultivo de sus tierras[62].

Sobre su infancia apenas se disponen de otros datos que los suministrados por su hija Sol y algunas breves referencias que él mismo hiciera en sus declaraciones al juzgado durante el proceso que se le instruyó en 1906, noticias que, pese a las contradicciones existentes entre ambas versiones, permiten conocer que asistió, primero a la escuela municipal de Alella, y luego a la del vecino pueblo de Teiá, que posiblemente estuviese mejor atendida, donde permanecería hasta los 14 años, momento en el que, con el consentimiento de sus padres, se trasladó a Barcelona para trabajar sucesivamente en un comercio de tejidos que un íntimo amigo de la familia, Pablo Ossorio, tenía instalado en San Martín de Provençals, y en una fábrica de harinas, propiedad de los hermanos Xamar, ocupaciones que le permitieron mejorar sus nociones de contabilidad, administración y francés, y familiarizarse, sobre todo, en sus escasos ratos libres, con la rica actividad de la capital, que, como ha tenido ocasión de conocerse, atravesaba aquella época, los años setenta del XIX, un tiempo de pujante vitalidad económica y cultural, a la vez que una grave crisis social y política[63].

Introducido de la mano de su patrón, Ossorio, librepensador y militante republicano, en los círculos progresistas barceloneses, Ferrer tendría ocasión de asistir a mítines y conferencias, a cargo de los más significados líderes radicales del momento (le impresionaron de manera especial los de Pi i Margall), e ir trabando relación con algunos ideólogos de la izquierda más intransigente, entre ellos Anselmo Lorenzo (que, andando el tiempo, se convertiría en uno de sus allegados más íntimos)[64], de cuyo continuado trato fue sorbiendo lo que sería en el futuro la base de su ideario político. Y familiarizado con aquel ambiente tan lleno de fervor revolucionario, y enriquecido, a la vez, con los conocimientos que iba adquiriendo en los cursos nocturnos a los que asistía para completar su formación, decidió que el comercio no satisfacía sus ambiciones personales y solicitó, y obtuvo, gracias a la mediación de su protector Sixto Xamar, una plaza de auxiliar en la Compañía de Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia, en la que ingresó en julio de 1878, ascendiendo muy pronto a revisor, empleo que de manera tan decisiva iba a orientar su vida en adelante[65].

Y es que, conocedor Ruiz Zorrilla, exiliado como es bien sabido en París, que un joven de sus ideas viajaba diariamente desde Barcelona hasta la frontera francesa, le ofreció actuar de «correo» entre él y los republicanos españoles, cometido que cumpliría con absoluta fidelidad, y gracias al cual, además de colaborar en una causa con la que se sentía identificado, obtuvo la confianza del máximo líder del republicanismo, que tanto le serviría a partir del momento en que, a causa, entre otras varias razones, de su supuesta relación con la intentona insurreccional de Santa Coloma de Farnés, promovida más que probablemente desde Francia por su propio jefe, se viera forzado, en 1885, a tener que cruzar la frontera.

En el curso de uno de sus trayectos, en el otoño de 1880, encontró a una joven, que, indecisa y llorosa, le contó, mientras él intentaba consolarla, que se llamaba Teresa Sanmartí, era natural de San Feliu de Llobregat, tenía 21 años, y se había fugado de su casa, con el propósito de ingresar en un noviciado de monjas, en Gerona. Al parecer, según dedujo de su relato, su padre había muerto siendo ella una niña, y el resto de la familia, que atravesaba una mala situación económica, se servía de ella a modo de criada, encargándole los trabajos más pesados sin prestarle especial atención ni cariño. El recuerdo de una agradable estancia durante su adolescencia en un colegio de religiosas de Areyns, le había despertado el deseo de recuperar la felicidad perdida y ésa era la razón por la que, luego de hacer un hatillo con lo más imprescindible, tomó la decisión de subir al tren y dirigirse a un convento, del que, por lo visto, tenía noticia[66].

Tras disuadirla de su idea, Ferrer la devolvió al hogar familiar y, una vez ya tranquila, le pidió que le dejara visitarla. Apenas tres meses más tarde, el 16 de diciembre, se casaban en la iglesia de Belén, en plenas Ramblas barcelonesas, y trasladábanse a vivir al barrio de Sants, donde, según cuenta su hija Sol por haberlo escuchado a su madre, disfrutaron de unos primeros años de feliz convivencia, que no tardaría, sin embargo, en quebrarse, a causa tanto del inestable carácter de Teresa, insatisfecha de ver reducida su vida a la maternidad (tuvo siete hijos, de los que sólo tres llegarían a adultos) y al quehacer de ama de casa, como de la creciente actividad política y conspirativa de su marido, casi siempre ausente del domicilio conyugal, y poco atento a los problemas familiares y domésticos.

El creciente ritmo de los quehaceres políticos de Ferrer, que, además de continuar actuando como intermediario entre los republicanos franceses y españoles, ingresó en la logia masónica La Verdad[67], fue un asiduo asistente a las reuniones de Pi i Margall, y colaboró en alguno de los levantamientos instigados por Ruiz Zorrilla, unido a la constante insatisfacción de una Teresa inmadura, coqueta y caprichosa, que veía pasar el tiempo sin las distracciones con que había soñado, salía hasta horas intempestivas con alguna amiga, dejando solos en casa a sus hijos, y experimentaba un abierto rechazo por las ideas de su marido, hicieron mella en el matrimonio. Día a día aumentaban sus desavenencias, mantenían frecuentes disputas y limitaban sus contactos a los escasos momentos que el activista pasaba en su domicilio, que desde Sants trasladaría, primero a la Ciutat Vella, en la calle Condal, y luego a Granollers, destino este último al que le forzó la Compañía, que decidió recortar el trayecto de sus viajes tras advertir que los aprovechaba para fines distintos a los convenidos.

Fuese como resultado de esa falta de armonía conyugal o por su participación en el alzamiento republicano de Santa Coloma (a ambos motivos se refirió en posteriores declaraciones ante el juez), lo cierto es que Ferrer dimitió, en mayo de 1885, de su empleo en la Compañía de Ferrocarriles y, dejando a Teresa y a sus hijos en Alella al cuidado de sus familiares, emigró a París donde, apenas llegado y gracias al apoyo de algunos amigos zorrillistas, instaló en la rue Pont Neuf un local dedicado al comercio de vinos, en cuya trastienda vivía y que algún tiempo después transformó en restaurante, al que, según contaría su hija Sol, bautizó con el nombre de Libertad, y que solían frecuentar estudiantes y tenderos del cercano mercado de Les Halles. Una clientela modesta, que, a medida que fue introduciéndose en los ambientes libertarios de la capital y ampliando su círculo de contactos, vendría a ser sustituida por otra, compuesta por extranjeros (sobre todo durante el año de la Exposición Universal), refugiados políticos llegados de España, y, de hacer caso a un informe confidencial de la policía francesa fechado en 1886, también por conocidos republicanos y anarquistas[68].

En marzo de ese mismo año, Teresa y sus hijos (en aquel momento, Trinidad, Paz, Luz y Carlos) habían llegado a París reclamados por su marido en un intento por recomponer la unidad familiar, empeño que, como tendrá ocasión de comprobarse, resultaría inútil dada la diferencia de caracteres que separaba a la pareja, lo que se fue haciendo más ostensible a medida que Ferrer se implicaba en sus aventuras conspirativas y políticas. Instalados, en un principio, en un modesto piso de la rue Saint Honoré, 65, él continuó atendiendo su negocio y participando en círculos y reuniones republicanas, mientras que ella, desinteresada por la política y siempre temerosa de las relaciones de aquél (en alguna ocasión la policía visitó el establecimiento), retomó su costumbre barcelonesa de salir a recorrer la ciudad, que le fascinaba por su glamur, a la vez que alimentaba un cierto resentimiento al verse privada de los atractivos de un mundo al que difícilmente podía acceder. Las inesperadas muertes de Carlos, primero, y después, de Luz, la preferida de su padre, contribuyeron también a enrarecer el ambiente del hogar, cada vez más desatendido por Teresa, que buscaba fuera de casa un modo de compensación a tantos sueños forjados e incumplidos.

El restaurante tampoco colmaba las expectativas de Ferrer. Si no las habían satisfecho el comercio de confección de San Martín de Provençals, la fábrica de harinas de los Xamar ni la Compañía de Ferrocarriles, mal podía hacerlo el servir comidas baratas a unos clientes que pagaban poco y casi siempre con retraso. Y apoyándose de nuevo en la influencia de Ruiz Zorrilla, obtuvo la posibilidad de comenzar a dar clases de español, que al principio compatibilizó con su negocio, pero que al aumentar el número de sus alumnos le permitieron, en 1889, dejar definitivamente aquél, dedicar tiempo a sus lecturas (solía acudir en los ratos libres de que disponía a la Biblioteca Nacional) y mejorar su economía, lo que permitió que la familia se trasladase a un inmueble más cómodo y amplio en el número 26 de la rue Richer, a sólo unos pasos del bulevar Montmartre[69].

La vida de Ferrer a partir de la fecha en que cerró su restaurante estuvo principalmente consagrada a colaborar con los republicanos radicados en París en sus ingenuas conspiraciones, cada vez más espaciadas, y contactar con librepensadores, masones y anarquistas, de entre los que fue su compañero más asiduo Charles Malato[70], un ácrata de ascendencia italiana, que había fundado un periódico, La Revolution Cosmopolite, desde el que propagaba sus ideas libertarias. Y, paralelamente a esos contactos, proseguía con sus lecciones, comenzaba a interesarse por los trabajos de los librepensadores y atendía, más regular que bien, a su familia, que había aumentado con la llegada de una nueva hija, Sol, a la que Teresa prodigó tan pocos cuidados que su padre decidió entregarla al cuidado de una nodriza, en un pueblecito del departamento del Loir, mientras él se dedicaba por entero a ir tejiendo una extensa y tupida red de relaciones políticas, que redundaría con el paso del tiempo en un eficaz clientelismo.

Aunque ya en 1890 había viajado a Madrid comisionado por los partidarios de la democracia social en Francia para convencer a los republicanos españoles de agruparse en torno al ideal de la enseñanza laica, la primera ocasión en que realmente tendría oportunidad de poner a prueba su ideario de forma programática fue durante el Congreso de Librepensadores, celebrado dos años después, también en la capital de España, al que acudió como delegado de la logia masónica Les Vrais Experts, de París, de la que era miembro y en la que muy pronto llegó a alcanzar el grado 31. Ferrer tenía en ese momento 33 años, y acudía a la cita inflamado de energía y seguro de poder aportar, ante una audiencia en la que figuraban destacados republicanos, socialistas y librepensadores internacionales, sus fórmulas sobre el modo de conseguir una sociedad libre, laica y emancipada.

El Congreso, que centraba básicamente el contenido de su programa en el análisis de la incompatibilidad del catolicismo con la vida moderna y el debate sobre el papel de la masonería en la emancipación de las conciencias, no llegaría, sin embargo, a su término. Apenas cuarenta y ocho horas después de iniciado, la autoridad gubernativa decidió poner fin a sus sesiones como resultado de una denuncia del Ministerio fiscal, que entendió que los enunciados que se estaban debatiendo suponían un ataque contra los dogmas y la doctrina de la Iglesia. Varios de los delegados fueron citados a declarar, y, pese a que no llegó a imputárseles ningún cargo, la clausura del acto supuso una demostración más de la falta de libertad de expresión de la que los españoles disfrutaban en ese tiempo.

Pero aun a sabiendas de que cualquier protagonismo por su parte resultaría inútil, suspendida como había sido la reunión, Ferrer quiso aprovechar la presencia en Madrid de tan nutrido número de delegaciones (alrededor de dos centenares) para redactar una circular dirigida a sus «correligionarios de corazón», que trató de imprimir sin éxito, y tuvo que distribuir, por tanto escrita a mano, pero que permite conocer cuáles eran en ese momento sus convicciones políticas, y lo que, Avilés Farré, denomina sus «fantasías revolucionarias». Un texto, de poco más de treinta líneas, rebosante de idealismo e ímpetu revolucionario, carente de una estructura lógica, y redactado de forma improvisada, que la prensa reaccionaria calificaría a raíz de su proceso como el «Manifiesto de los Trescientos»[71].

El borrador de la circular, que diecisiete años después le sería requisado por la policía en uno de los registros efectuados en Mas Germinal, y que tanto contribuyó a su condena, comenzaba defendiendo la revolución como único camino para lograr una sociedad libre y justa; abogaba por la proclamación de la República; se dolía de la vergonzosa opresión de que el pueblo era víctima por parte de «una pandilla de ladrones encabezados por una extranjera (la reina María Cristina), y sostenida por clérigos y explotadores»; reclamaba la colaboración de trescientos revolucionarios «decididos a jugarse la vida para iniciar un movimiento que hiciese rodar las cabezas de la Familia Real y sus ministros, y apoderarse de los organismos públicos» y concluía con un enérgico y rotundo «¡Viva la dinamita!». Una descabellada proclama, impropia de un hombre que, como él, mostró siempre una mesura en sus manifestaciones (por más que estuviesen desbordadas de carga ideológica), que sólo le reportaría como única compensación el encuentro con un joven pero ya curtido redactor de El País, quien, además de suscribir en buena parte los extremos de tan extravagante manifiesto, habría de convertirse en uno de sus mejores amigos. Se trataba de quien en sólo unos pocos años llegaría a convertirse en el máximo líder del obrerismo republicano catalán, Alejandro Lerroux.

De regreso a París, Ferrer se reintegró a sus clases de español, cada vez más frecuentadas, y retomó sus actividades políticas, comenzando por dar cuenta a Ruiz Zorrilla de la suspensión del Congreso, y, sobre todo, del conocimiento que había trabado con Lerroux, al que prodigó toda suerte de elogios y de quien dijo a su jefe que «valía un imperio». Pero ese reinicio de sus lecciones, su colaboración en los trabajos masónicos de la logia del Gran Oriente de Francia y los contactos que venía manteniendo con anarquistas como Duval o Malato, vendría, sin embargo, acompañado de algunos trances dolorosos que alteraron su vida normal y contribuyeron a perturbarle seriamente. A la pérdida de su padre, que falleció en Alella, a los 76 años, se uniría la definitiva ruptura con Teresa, cuyas relaciones venían deteriorándose día a día, lo que le forzó a abandonar el domicilio conyugal y mudarse a una vivienda más pequeña, aunque cercana a la anterior (estaba situada en el número 43 de la misma rue Richer), separación que supuso la desintegración familiar y que desembocaría, además, en un grave suceso muy aireado en la prensa sensacionalista de la época.

Recién casado, su hermano José, el primogénito de la familia, viose en la necesidad de emigrar, junto a su esposa, María Fontcuberta, a Australia, algo que ya habían hecho otros muchos alellenses víctimas de la filoxera, que afectó de forma muy grave a los viñedos del Maresme. Y ya allí tomó en arriendo una granja en Bedigo, en el estado de Victoria, al sureste del país, una zona muy feraz, de onduladas colinas, donde empezó a cultivar trigo y vid, y a plantar frutales, con un resultado, que en un principio parecía harto prometedor y que proporcionaría a la familia un bienestar, que animó a Ferrer, muy unido afectivamente a José, a enviarle primero a su hija Paz, en 1892, y luego a Trinidad, en 1894, para que se educaran junto a ellos, evitando así la influencia que sobre ambas pudiera ejercer su madre, que consideraba nociva y contraproducente para ellas[72].

Esa decisión provocaría en Teresa una indignada reacción. Y encontrándose, casual o de modo premeditado, con él, la mañana del 12 de junio de 1894, en la misma calle en que ambos vivían, le disparó tres tiros que le produjeron leves heridas en la cabeza, de las que sería atendido en una casa de socorro próxima. Detenida en el mismo momento por la policía, la agresora confesó ser la autora de los disparos, que atribuyó a la desconsideración de Ferrer para con su familia y al profundo disgusto que le había producido el que alejara de ella a sus hijas. Tras ser conducida a la prisión de Saint Lazare, sería juzgada el siguiente 3 de julio y condenada a la pena de un año de prisión, de la que apenas cumplió una semana. Pero, eso sí, aprovechó sus declaraciones al comisario que había llevado el caso para acusar a su marido de reunirse habitualmente con anarquistas y mantener relación con Paulino Pallás, el autor del atentado contra el general Martínez Campos, al que, según dijo, había enviado también dinero. Una denuncia esta, que, en unos días en los que el terrorismo había comenzado a actuar en toda Europa, suponía una incriminación muy grave y peligrosa[73].

La ruptura con su mujer, a la que seguiría unos meses más tarde la muerte de Ruiz Zorrilla, coincidió con un cambio en los postulados revolucionarios de Ferrer, cada vez más convencido de que la táctica del alzamiento insurreccional, defendida por el líder republicano, tan sólo era capaz de provocar ineficaces cuarteladas, siempre abortadas por el Gobierno de turno. Sin abdicar de sus creencias, percibió la incapacidad del zorrillismo para traer la República y el hondo abismo que separaba al Partido Progresista de los emergentes movimientos obreros, que exigían métodos más enérgicos y resolutivos para concretar sus ansias reivindicativas. Y desde la convicción de que la transformación social sólo podía venir de la mano de los trabajadores, orientó hacia ellos su impaciencia revolucionaria, al tiempo que centraba toda su atención en Lerroux, el único hombre, a su entender (y en ello hay que reconocer que no se equivocó), capaz de liderarlos en la lucha que se avecinaba, al que pidió, a través de una carta, que se pusiese al frente de todos los republicanos, creando además un voluntariado de activistas, sostenido por donaciones recaudadas entre gentes allegadas ideológicamente, al que él colaboraría con las primeras cien pesetas.

Ferrer iba a derivar, pues, en el último lustro del siglo, desde su antiguo republicanismo a posiciones claramente anarquistas, tras un muy breve alto en el marxismo (llegó a militar en el Partido Obrero francés, de orientación socialista), en el que, por un momento, creyó ver un posible aliado de los republicanos. Pero, a raíz de la celebración, en agosto de 1896, del Congreso de la Internacional Socialista de Londres, que excluiría de sus próximas citas al anarquismo por su falta de disposición a aceptar integrarse en el sistema parlamentario, no tardó en convencerse de que no era a través de la acción política, es decir, por la vía de las urnas (opción preconizada fundamentalmente por Pablo Iglesias), como mejor podía accederse al objetivo de derribar a la Reina regente, y poner fin al régimen canovista[74].

El Ferrer de 1896 no era ya el idealista aprendiz de conspirador que había llegado a París diez años antes con el sueño de proclamar la República aupado en los militares aún fieles a Ruiz Zorrilla. Ni era tampoco el ingenuo revolucionario que, en el Congreso de Librepensadores de Madrid creía que bastaban «trescientos valientes» para acabar con la monarquía, el Gobierno y las instituciones del Estado. Era, por el contrario, un activista madurado en la intriga, conocedor del entramado de la subversión (no hay que olvidar que la capital francesa constituía el refugio tradicional del exilio político español), frío y calculador, convencido anticlerical y cada vez más tentado por el anarquismo. Pero que, sabiéndose falto de capacidad de liderazgo, sin el carisma preciso para actuar como un auténtico agitador de masas y desprovisto de un partido que le respaldase, prefirió aprovechar sus relaciones políticas para, desde un discreto segundo plano, contribuir a la quiebra constitucional y socavar los cimientos de la sociedad capitalista.

Durante su estancia en la capital francesa había, efectivamente, trabado numerosos contactos, unas veces a través de su mentor, Ruiz Zorrilla, y otras, las más, apoyándose en la influencia del Gran Oriente de Francia (en cuyos trabajos masónicos participó de forma muy activa), entre los que podían contarse conocidos anarquistas, como Kropotkin, Malatesta, Jean Grave, Sebastián Faure o el propio Charles Malato, a los que sumaría otros varios más, de procedencia española, de los que fueron los más destacados el ex ministro de la República, Nicolás Estévanez, el ingeniero Fernando Tárrida del Mármol, los periodistas José Nakens y Federico Urales[75], y los ácratas catalanes Ramón Sempau y Tomás Herreros, famoso el primero de ellos por haber atentado sin éxito contra el teniente Portas y célebre el segundo a raíz de convertirse, después de una larga trayectoria anarquista, en confidente de la policía, con todos los cuales mantuvo constantes lazos de comunicación y confianza. Una nutrida nómina de allegados, que aún completó, en Barcelona, con un equipo de colaboradores íntimos (Andrés Martínez Vargas, Cristóbal Litrán, Odón de Buen, Mariano Batllori, Jaime Brossa y Anselmo Lorenzo), que, a modo de guardia pretoriana, le guardarían fidelidad hasta el momento mismo de su muerte[76].

Entre tanto, como ha tenido ocasión de verse en páginas anteriores, España estaba siendo azotada durante esos años por una ola de terrorismo, en el que los atentados se sucedían sin casi solución de continuidad, suscitando una alarma social sin precedentes. Tan sólo en el periodo comprendido entre 1893 y 1897, Pallás había intentado asesinar, sin lograrlo, al general Martínez Campos; Santiago Salvador provocó una masacre en el Liceo barcelonés al arrojar una bomba contra la platea; otro explosivo lanzado al paso de la procesión del Corpus por la calle Cambios Nuevos, también en Barcelona, había ocasionado doce muertos y treinta y cinco heridos; y el anarquista italiano Angiolillo había acabado con la vida de Cánovas en el balneario guipuzcoano de Santa Águeda. Se vivía, pues, un clima de inquietud colectiva, que el Gobierno aprovechó para endurecer la legislación antiterrorista, que, además de castigar ese tipo de delitos con las penas de muerte y de reclusión perpetua, preveía también severos castigos para quienes hicieran apología de los mismos, a la vez que declaraba ilícitas las asociaciones que facilitaran su comisión. Y que, arbitrariamente interpretada, condujo a veces a terribles represalias, alguna de las cuales, como es el caso de la bomba de Cambios Nuevos, merecería haber pasado a la historia de la injusticia por su desproporción, vesania e infamia.

La represión, a cargo principalmente de la Guardia Civil, adquirió en este caso caracteres de crueldad hasta entonces desconocidos. Ante la falta de un autor directo del atentado, que nunca llegó a descubrirse, fueron detenidas centenares de personas, sin más cargos que el de su mera afiliación anarquista, o el hecho de asistir con habitualidad a asociaciones gremiales u obreras. Y conducidas aquellas que, a juicio de la policía, inspiraban mayores sospechas al castillo de Montjuïc, sufrieron toda clase de vejaciones y torturas, tal y como se deduce de sus propios testimonios, cuya simple lectura produce escalofrío. Con procedimientos execrables, guardias civiles, a las órdenes del teniente Portas, obtuvieron decenas de confesiones de culpabilidad sin valor probatorio alguno, que llevarían, sin embargo, el 5 de mayo de 1897 al patíbulo a cinco de los encausados (Aschieri, Molás, Alsina, Nogués y Más), a los que se les siguió un proceso vergonzoso, denunciado en todas las instancias jurídicas internacionales y que constituiría un motivo de oprobio para la Justicia militar española.

La oscura España de Torquemada había vuelto a renacer. Y eso bastó al anarquismo internacional para instrumentar una campaña de desprestigio contra el Estado español, que iba a tener en lo que desde entonces se conocería como «el proceso de Montjuïc» uno de sus más sólidos argumentos. Y que, dicho sea ya de paso, convirtió a uno de sus principales impulsores, Alejandro Lerroux, en el líder indiscutible de un republicanismo acéfalo, que hacía aguas por todas partes, y que encontraría en su ímpetu y su arrojo un referente en el que fiar su resurrección. Lo que no había logrado el ardoroso periodista en más de una década de lucha incansable, lo consiguió convirtiendo en mártires a cinco anarquistas poco menos que desconocidos, que, sin saberlo, lo conducirían en andas hasta la cumbre del en aquel entonces desahuciado radicalismo, huérfano tras las muertes casi sucesivas de Pi i Margall, Castelar y Ruiz Zorrilla.

Con la documentación de que hoy se dispone puede probarse que Ferrer no intervino en esa campaña. Su única relación con ella se reduce al fortuito encuentro que tuvo con el torturador Portas, con quien se cruzó casualmente en la estación de ferrocarril de Port Bou, y al que afeó airadamente su conducta en Montjuïc. Fuera de ese incidente, no hay datos que prueben ni su presencia en las concentraciones y mítines antiespañoles convocados en distintos países europeos, ni cualquier tipo de maniobra subversiva que pudiera haber llevado a cabo, aprovechando el favorable clima suscitado por esas protestas. Pero es ya más dudoso que no hubiese tenido ninguna vinculación con toda esa marea terrorista desencadenada a lo largo de la década de los noventa, sobre todo si se tiene en cuenta que varios de los implicados en ella eran amigos y correligionarios suyos. La policía tuvo noticia, al menos, de una carta enviada por Nakens a Ferrer[77], de la que se deducía que éste conocía perfectamente a Angiolillo, el asesino de Cánovas; supo, como ya se ha dicho, por medio de Teresa, que envió veinticinco francos al también anarquista Pallás; e incluso recibió un anónimo que le acusaba nada menos que de haber suministrado los explosivos empleados por Santiago Salvador, en 1893, en la masacre del Liceo de Barcelona. Acusaciones todas ellas sin apenas credibilidad, pero que venían a anticipar las más consistentes que se formularon contra él en 1905 y 1906 con motivo de los dos intentos de magnicidio cometidos contra Alfonso XIII en París y Madrid. Ferrer, hay que decirlo, no apoyaba «la propaganda por el hecho» (lo mantuvo en un artículo publicado en El País en abril de 1893)[78], pero entendía que «las constantes injusticias a las que los Gobiernos estaban sometiendo al pueblo» podían en algunos casos excepcionales justificarla.

Lo que sí quedó claro, al margen de la vinculación que pudo haber tenido con los atentados perpetrados durante esos años, es que la estrategia de la dinamita no había dado los frutos pretendidos. Ni el asesinato del rey Humberto I de Italia, ni la muerte del presidente francés Sidi Carnot, ni el crimen de Cánovas produjeron la menor mella en los regímenes de sus respectivos países. Y como quiera que tampoco podía contarse ya con militares adictos al pronunciamiento, como había sucedido en los mejores tiempos de Ruiz Zorrilla, Ferrer optó por retirarse momentáneamente a sus cuarteles de invierno (las clases del Gran Oriente de Francia y el Liceo) y esperar una oportunidad más propicia para llevar adelante un proyecto anarco-republicano viable.

Acorde con esa idea, centró todo su empeño en intensificar sus lecciones de español, que contaron durante esos años de 1897 a 1900 con una gran afluencia de alumnos, algunos de ellos «muy distinguidos» si hacemos caso al testimonio de su hija Sol, clases que impartía siguiendo un método ideado por él mismo, que la editorial Garnier había publicado con el título de Traité d'espagnol practique[79] en 1895, pero que dentro del contexto de ese tipo de manuales didácticos contenía importantes dosis de carga ideológica. Alumnos, entre los que habría que destacar, sobre todo, a tres mujeres, Ernestine Meunier, Clemencia Jacquinet y Leopoldine Bonnard, por el importante protagonismo y la decisiva influencia que iban a tener tanto en su vida personal como en su posterior trayectoria educativa.

Dejando aparte momentáneamente a Ernestine Meunier y Clemencia Jacquinet, objeto ambas de posteriores referencias, Leopoldine Bonnard[80] era una joven parisina nacida en 1882 e interesada en el campo de la pedagogía, por la que Ferrer sintió una especial atracción, con la que trabaría una estrecha complicidad, y que a no tardar se convertiría en su amante. De hacer caso a las declaraciones que hizo ante el juez durante el proceso de la calle Mayor, en 1899 ya vivían maritalmente, y un año más tarde tendrían un hijo, al que llamaron Riego, en honor al héroe de la insurrección liberal de las Cabezas de San Juan. Una convivencia, la suya, que se prolongaría por espacio de seis años y que constituyó el arranque de la leyenda tejida por sus detractores alrededor de la supuesta promiscuidad de sus relaciones amorosas, calificadas por los más como libertinas, que acabarían convirtiéndole en el célebre «sultán rojo» que tanta tinta hizo correr a raíz de su procesamiento. Alimentaron esa realidad o ese mito, según cada cual prefiera entenderlo, las acusaciones de abandono de hogar y desapego familiar de que fue objeto por parte de Teresa ante la Policía de París; alguna que otra más que probable infidelidad cometida durante su matrimonio (su cuñado José Sanmartí declararía, en 1906, que mantuvo «tratos ilícitos» con una joven parienta suya llegada de Buenos Aires); y las relaciones ambiguas, e incluso íntimas, que algunos de sus biógrafos, sin demasiada base documental, le han atribuido respecto a Clemencia Jacquinet y Ernestine Meunier, algo que él desmintió siempre rotundamente.

Mucho más notoria sería la escasa, por no decir nula, atención que prestó a sus hijos, tanto a los nacidos de su matrimonio con Teresa como a Riego, con los que mantuvo una relación superficial y cuyos múltiples problemas ignoró casi por entero. Mandó a Australia a Trinidad y a Paz como una forma de desplazar a otras manos la responsabilidad que, como padre le correspondía; a Sol, la menor, puede decirse que ni siquiera la conoció; y a Riego le negó hasta su apellido. En cuanto a su testamento se refiere, legó a sus hijas legítimas sólo aquello que la ley preceptuaba como obligatorio, en tanto que a Riego, que aún era un niño cuando él fue fusilado, se limitó a encomendar a su albacea, Lorenzo Portet, que lo atendiese en caso de necesidad, sin fijar la cuantía de esa ayuda, ni las circunstancias en que debía prestarse. Sorprende que quien, como él, predicó permanentemente el principio de solidaridad, no lo aplicase a su propia familia, y contribuyera por el contrario a la infelicidad de los suyos en contra de sus postulados, que defendían procurar a los desasistidos una vida mejor y más justa[81].

Pero bien sea por prejuicios burgueses o porque sus tareas revolucionarias absorbían todas sus energías, lo cierto es que focalizó la totalidad de su quehacer, primero en la acción conspirativa, y una vez convertido al anarcocomunismo, en la educación libertaria, que siguiendo el pensamiento de Bakunin, defensor de una enseñanza integral, igual para todos, que evitase la perpetuación de una clase superior sobre las demás (lo que él llamaba la «aristocracia de la inteligencia»), se ofrecía como un prometedor vivero de espíritus críticos, de los que en un futuro podía esperarse el paso desde la subordinación al Estado, la Iglesia y el modelo de sociedad capitalista predicado por la pedagogía tradicional, a un orden social presidido por la libertad y la justicia. Estudioso de los clásicos de la pedagogía emancipadora (Godwin, Owen, Fourier, Stirner y Proudhon, entre otros), vio en la escuela un inmejorable instrumento de regeneración moral y de energía revolucionaria, y decidió no desaprovecharlo.

Y es que, antes que un teórico de la revolución, un activista subversivo o un agitador de masas, Ferrer era, sobre todo, un ideólogo de la enseñanza, que veía en ella, además de un modo de formación integral, un eficaz cauce a través del que proyectar en las conciencias de los alumnos lo que constituía su preocupación básica, que no era otra que educarles conforme a criterios racionales y científicos, estimular su espíritu crítico, y anteponer a la simple adquisición de conocimientos el desarrollo de sus energías morales en un marco de respeto personal, solidaridad y libertad.

Le invitaban a embarcarse en esa aventura varias razones nada difíciles de comprender. En primer lugar, la práctica docente que durante más de quince años había adquirido como profesor de español, en el Gran Oriente de Francia y en el Liceo Condorcet. En segundo término, su constatación del lamentable estado en el que la enseñanza se encontraba en España, con un déficit de casi diez mil escuelas, un profesorado mal preparado y peor retribuido, y la amenaza de las órdenes religiosas por terminar monopolizando la educación privada. Y finalmente, la convicción que siempre había tenido de que tanto el Estado como la Iglesia eran los instrumentos de los que el régimen burgués se servía para reproducir sus seculares privilegios económicos e ideológicos.

Y apoyado en esas razones, no dudó en la idea de aceptar el reto que a sí mismo se había impuesto, y escribió a su amigo el anarquista José Prat, una carta en la que, entre otras novedades, le daba cuenta del proyecto en el que, desde hacía tiempo, venía empeñado:

Tengo la intención de fundar ahí, en Barcelona, una escuela laica y emancipadora, que se preocupe de desterrar de las mentes de los alumnos aquellos principios informadores que dividen a los hombres, como la religión, el falso concepto de la propiedad, la patria, y la familia, para permitirles disfrutar del bienestar y la libertad que todos deseamos, pero que muy pocos, desgraciadamente, pueden alcanzar[82].

La decisión estaba, pues, tomada. Acogiéndose a un decreto de 29 de diciembre de 1876, que admitía el derecho de cualquier español a poder abrir una escuela, con la única obligación de respetar el derecho de la autoridad gubernativa a inspeccionar las condiciones higiénicas del establecimiento y la solvencia moral de los profesores (inspecciones que, dicho sea de paso, rara vez se efectuaban), instalaría en Barcelona un moderno centro escolar acorde con sus principios educativos y dotado de todos aquellos medios materiales y humanos adecuados para garantizar una educación eficaz y digna, al que llamaría Escuela Moderna.

* * *

Entre el sueño de Ferrer por implantar el proyecto pedagógico en el que tantos años llevaba empeñado y su plasmación en una realidad concreta, en una escuela estructurada según los principios que defendía, tan sólo se interponía el dinero. Y he aquí, que vino a encontrarlo allí donde posiblemente menos podía imaginar, como era el bolsillo de una de sus alumnas, la señorita Ernestine Meunier, una dama francesa, soltera, católica, heredera de una gran fortuna y diez años mayor que él, a la que venía dando lecciones de español desde algún tiempo antes de su separación conyugal, y con la que mantenía una estrecha amistad pese a las notables diferencias políticas, sociales y religiosas que les separaban[83].

Del inicio de esa relación, tergiversada interesadamente en numerosas ocasiones por los detractores del pedagogo, algunos de los cuales han llegado a sugerir que hubiera sido su amante, daría el propio Ferrer cumplida cuenta, tanto en su reseña autobiográfica, publicada en 1906 en el periódico España Nueva, como en el curso de las indagatorias de que fue objeto, tres años después, con motivo del proceso que se le instruyó a consecuencia de los sucesos de la Semana Trágica. Según ambas versiones, de las que no parece que haya razones para albergar ninguna duda, profesor y alumna congeniaron desde un primer momento, empatía que aquél aprovechó para ir inculcando, paso a paso, a Ernestine sus ideas, aunque sin pretender doblegar la resistencia que alguien de tan hondas convicciones como ella oponía en materia moral, política y religiosa.

De esa comunicación fue surgiendo una cada vez mayor complicidad, que, a lo largo de los varios años que duraron sus clases, se tradujo en una sincera confianza, sin que mediara entre ellos, según confesaría Ferrer, ningún tipo de relación sentimental, y menos aún íntima. Hicieron numerosos viajes, acompañados siempre por Leopoldine Bonnard, en el curso de los cuales visitaron Italia, Suiza, Portugal e Inglaterra, además, naturalmente, de España, donde, entre otras distintas ciudades, llegaron hasta Alella, lo que daría ocasión a que la señorita Meunier conociese a la familia del pedagogo, con la que enseguida simpatizó, especialmente con su madre, por la que, a lo visto, sintió un especial afecto. Y superada la inicial oposición que la alumna sintiera hacia la, para ella, avanzada ideología de su maestro, y seducida a la vez por sus argumentos a favor de una sociedad más libre y más equitativa, fue asumiendo su proyecto educativo, hasta el punto de, en contra del criterio de su administrador que no simpatizaba con Ferrer, comprometerse a financiarlo, para lo que modificó su testamento introduciendo una cláusula por la que le legaba un inmueble de su propiedad, situado en el número 11 de la rue Petites Ecuries, muy próximo a la sala de varietés del Folies Bergere, en el barrio de la Opera.

Fallecida Ernestine a causa de una dolencia del corazón, en abril de 1901, y en posesión Ferrer del legado que de ella había recibido, no tuvo ya obstáculo alguno para iniciar su tan esperada aventura, que se traduciría en la apertura, el 8 de septiembre de ese mismo año, en la calle Bailén, de Barcelona[84], de la primera escuela reglada según sus postulados, que inició su andadura con un total de 30 alumnos de ambos sexos, y cuya dirección encomendó a una profesora francesa, de carácter enérgico, entusiasta defensora de la educación laica y seriamente interesada por los nuevos métodos de enseñanza surgidos en la época, Clemencia Jacquinet, a la que el pedagogo había conocido en 1897 durante un curso de español impartido en la sede del Gran Oriente de Francia, y que en los últimos años había gestionado en Egipto varios centros escolares de titularidad pública, que las autoridades británicas clausuraron algún tiempo después, posiblemente descontentas con la calidad de sus servicios[85].

En la cuidada circular editada para promocionar el centro, que la dirección de la escuela hizo llegar a las familias de los futuros alumnos, su creador resumía los postulados que iban a guiar sus pasos, al tiempo que avanzaba algunas de sus principales actividades:

La misión primordial de la Escuela Moderna consiste en lograr que los niños y niñas que se le confíen para su educación y cuidado lleguen a convertirse en personas instruidas, justas y libres de cualquier clase de prejuicios.

Para conseguirlo, sustituirá el tradicional espíritu dogmático por el más razonable de las ciencias naturales. Desarrollará, y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno, a fin de que, gracias a su propio mérito individual, sea no sólo un miembro útil a la sociedad, sino que eleve, asimismo, el valor de la colectividad. Y enseñará los más esenciales valores sociales, conforme al principio de que «no hay derechos sin deberes, ni deberes sin derechos».

En vista del éxito que la enseñanza mixta viene obteniendo más allá de nuestras fronteras, y, acorde con el propósito de la Escuela Moderna de preparar una humanidad solidaria y fraternal, sin distinción de géneros ni clases, se aceptarán en la misma niños de ambos sexos, a partir de la edad de cinco años.

Para completar su obra educativa, la Escuela Moderna abrirá las mañanas de los domingos dedicando las clases al estudio del sufrimiento humano a través de la Historia así como de aquellas personalidades que gozaron de una notable preeminencia en el mundo de las ciencias y de las artes o la lucha por el progreso, a las que podrán asistir, además de los niños, sus familiares.

Deseando que la labor intelectual de la Escuela resulte fructífera para el futuro, además de las condiciones higiénicas con que cuentan sus dependencias, hemos establecido una inspección médica, que seguirá al ingreso de cada alumno, cuyo resultado se dará a conocer a su familia, así como de otras periódicas, con miras a evitar el contagio de cualquier tipo de enfermedades contagiosas, que pudieran afectarles a lo largo del curso escolar[86].

Pero, más allá de esa inicial simplificación, ¿en qué consistía, exactamente, la Escuela Moderna?; ¿cuáles eran los principios que la informaban?; ¿en qué coincidía y en qué se diferenciaba del resto de los centros educativos laicos existentes en ese tiempo en el resto de España?; ¿suponía algún tipo de innovación respecto a otras experiencias pedagógicas coetáneas?; ¿a qué alumnado pretendía atender, y en qué aspiraciones concretaba sus objetivos?; ¿por qué razón suscitó tantas controversias, concitando en contra suya la animosidad de la Iglesia y los círculos católicos y fundamentalistas?; ¿se trataba, realmente, de un proyecto capaz, por sus singulares méritos, de justificar la notoriedad que confirió a su fundador, hasta el punto de convertirlo en un icono de la enseñanza, y permitirle, gracias también a la dignidad que demostró en el instante de su muerte, ocupar un lugar relevante en el imaginario de la izquierda?

La enseñanza laica y emancipadora propugnada por Ferrer disponía ya, a principios del siglo XX, de algunos precedentes que, aunque exiguos, le sirvieron para poder apreciar los beneficios de aquellos sistemas educativos basados en la idea de que la libertad es patrimonio de la razón; libres de cualquier dogmatismo; dirigidos a promover el juicio crítico e independiente del alumnado; ajenos al principio de autoridad ejercido tradicionalmente por el educador; promotores del desarrollo de las energías espirituales; interclasistas, autogestionarios y claramente enfrentados a cualquier tipo de jerarquización, selectividad, coacción e inmovilismo. Experiencias que, fuera de España, tenían en el orfanato francés de Paul Robin, en Campuis, su referente más inmediato, y en lo que se refiere a Cataluña (donde ya en 1900 podían contabilizarse más de setenta escuelas laicas) disponía también de modelos contrastados, como podían ser las escuelas de Bartolomé Gabarró y Trinidad Soriano, que en el último cuarto de siglo habían ensayado fórmulas educativas liberadoras, en contraste con la enseñanza y doctrinaria que caracterizaba a ese periodo[87].

De todas esas fuentes, de las que fue en buena parte tributario, sorbería Ferrer ideas y propuestas, que, detenidamente maduradas, irían configurando su inicial proyecto, probablemente no original en su contenido (ni la coeducación, ni la higiene escolar, ni la aplicación de métodos experimentales, ni el contacto del escolar con la naturaleza, ni la educación sexual, ni la disposición de bibliotecas y material experimental constituían ya en esa época, en Europa, una novedad), pero que representaba, eso sí, un importante paso adelante en un país, como España, en el que las escuelas estatales se encontraban en una situación calamitosa; instaladas en locales insalubres, sin luz y escasamente ventilados; servidas por maestros mal pagados, y faltas de los manuales y utensilios de enseñanza más imprescindibles; y las religiosas, mejor abastecidas materialmente, eso sí, pero guiadas por el dogmatismo propio de quien, como la Iglesia, pretendía «proteger, mediante la educación católica, la fe, cuya protección no podía ponerse ya en manos del Estado». Y de la síntesis de unas y otras extrajo las líneas directrices de lo que terminaría siendo su modelo a seguir, que tenía como pilares informadores la autogestión, el racionalismo, la igualdad, el respeto a la personalidad del alumno, la coeducación, el antiautoritarismo y la formación integral del escolar, como a continuación va a detallarse para una más fácil comprensión de su contenido[88].

Racionalismo. Si algo caracterizó de modo sustancial a la Escuela Moderna fue su carácter laico y racionalista, o lo que es igual, la aceptación de la ciencia como principio informador de la enseñanza. Contra una educación supeditada a voluntades ajenas de orden superior (como podían ser Dios o el Estado), Ferrer defendía que fueran el saber científico, y la razón natural quienes determinaran la instrucción del alumno. Era necesario oponer a la escuela propagadora del dirigismo, el prejuicio, la ideologización manipuladora y las verdades absolutas, una educación crítica y científica, y rescatar al niño de ese conjunto de dogmas sobrenaturales y adoctrinamientos políticos, orientando sus conocimientos al servicio de las verdaderas necesidades sociales y humanas.

Antiautoritarismo. Apoyado en ese elemental principio de la libertad, cualquier forma de imposición que limitase la capacidad del niño para decidir representaba un atentado a su propia iniciativa. En el modelo educativo de Ferrer, la escuela se concibe como un escenario de convivencia, libre de jerarquías opresivas y sin la amenaza del castigo, en el que el maestro es un compañero que respeta al alumno, a la vez que le educa. La autonomía del niño debe primar sobre cualquier forma de coacción si lo que se pretende es forjar en él criterios independientes. Y únicamente una escuela vacía de rutinas autoritarias puede ser capaz de formar ciudadanos imbuidos de los principios de justicia y fraternidad, indispensables para cambiar el curso de la historia social y de la vida del hombre.

Coeducación. Otro de los postulados básicos de la Escuela Moderna iba a ser el de la coeducación, tanto de sexos como de clases, con la que su fundador pretendía relacionar a niños y niñas, y evitar, a la vez, cualquier diferencia de trato entre ellos por razones sociales o económicas. La integración de género fomentaba la compenetración, destruía antiguos atavismos que otorgaban a la mujer un papel dependiente del hombre, y representaba un anticipo de la emancipación femenina, en la medida en que dispensaba a las alumnas idéntica formación que a sus compañeros varones. Y, de otro lado, la educación interclasista (que Ferrer resolvía adaptando la forma de pagos a la situación de cada familia) ponía fin a los desequilibrios que pudieran derivarse de privilegios injustos y nivelaba la procedencia social de los niños. Una escuela que dividiese a los alumnos en ricos y pobres se deslegitimaba a sí misma, al fomentar en los primeros una posición de poder y dominio, y en los segundos, un doble sentimiento de opresión y rebeldía, que, según el ideario racionalista, no podían admitirse.

Respeto a la personalidad del alumno. Los detractores de la enseñanza tradicional veían en la disciplina que habitualmente se aplicaba en las escuelas un instrumento represivo que coartaba la espontaneidad natural de los escolares. Por el contrario, la educación libertaria entendía como objetivo prioritario el respeto del niño y sus necesidades, desde el convencimiento de que de ello iba a depender su felicidad futura. En una época en la que en las escuelas regidas por religiosos se obligaba a los alumnos rebeldes a ponerse de rodillas para recibir el castigo que se les imponía, Ferrer suprime cualquier forma de represión, e inculca en el profesorado el principio de despertar en el niño el interés por el conocimiento, pero sin coartar en ningún caso su independencia. Educar no es sinónimo de obligar, imponer o domesticar, sino de respetar, conducir y liberar. Y la verdadera enseñanza es aquella que deja al propio alumno la dirección de su esfuerzo, sin interferir su voluntad, ni inocularle verdades preestablecidas.

Laicidad. En la Escuela Moderna Dios no existe. Y si en algún momento se le cita es sólo para rechazar su condición de elemento determinante de la conducta moral del alumno. Para Ferrer, la religión es el principal obstáculo del progreso por cuanto promueve la superstición, la intolerancia y el dogmatismo; explota el miedo y la ignorancia; y se opone frontalmente a la ciencia y la libertad. Por eso, cualquier proyecto educativo que defienda estos dos últimos principios debe ignorar, e incluso combatir, el arraigo en el niño de los mitos clericales, la hipócrita promesa de una nueva vida más allá de la muerte, el inocuo misticismo, y cuantas creencias religiosas contribuyan a perpetuar la alienación y el oscurantismo. Ni es lógico aceptar que la Iglesia sea el árbitro exclusivo de los comportamientos morales del alumno, ni hay razón para esperar de Dios lo que aquél no es capaz de lograr con su inteligencia y su esfuerzo.

Relación escuela-sociedad. La transformación social no es para Ferrer posible en una sociedad ignorante. Y menos aún si esa ignorancia obedece al interés de las minorías dominantes por limitar los espacios de crítica de quienes aún se encuentran en periodo de formación, e imponerles principios acordes con su concepción burguesa de la existencia. Por eso, lo que la Escuela Moderna pretende es combatir la manipulación de que es objeto la enseñanza por parte de la sociedad liberal-capitalista para transformarla en una herramienta dentro del proceso de aceptación de los valores establecidos. Y de ahí que resulte preciso proyectar una educación liberadora, popular, crítica y desideologizada, que rechace ese conformismo inducido; renuncie a la sumisa aceptación de la desigualdad, y el injusto reparto de los bienes de producción y consumo; y luche contra el intento de perpetuar la división entre las distintas clases sociales.

Formación integral. La clásica división entre el trabajo intelectual y el manual suponía dentro del marco de la educación libertaria una etapa ya superada, a la luz de los progresos logrados por la psicología y la pedagogía modernas. Más bien, al contrario, resultaba necesario integrar en el niño, junto al saber humanista, otros elementos que, como el juego, las manualidades, el estímulo a la imaginación, el ejercicio físico, u otra forma cualquiera de actividad lúdica, contribuyesen a estimular, con carácter integral, las disposiciones naturales del escolar, alimentándolas y enriqueciéndolas. Sin renunciar a la instrucción teórica, el pedagogo de Alella inducía a sus alumnos a la práctica de aprendizajes y hábitos de conducta, mediante los que completar su formación y globalizar el conjunto de sus conocimientos.

Otros principios educativos. Además de los postulados expuestos, la Escuela de Ferrer introduce otros principios, que suponen nuevas aportaciones al modelo tradicional de la enseñanza que en esos días se impartía en España. En un resumen abreviado serían los más significativos: la higiene escolar, el rechazo de todo ánimo competitivo, el intercambio de puntos de vista entre alumnos y profesores, la supresión de exámenes, las excursiones al campo, la inexistencia, por contraproducente, de premios y castigos, la praxis experimental y el uso del castellano como idioma vehicular, al margen de cuál fuera la lengua materna de los alumnos. Innovaciones todas ellas, que, sumadas, iban a representar un importante avance y a constituir un signo distintivo de la educación ferrerista[89].

Pero aún iría más lejos en su empeño por ampliar el contenido de su modelo pedagógico. Y así, a esos supuestos que informarían su funcionamiento inicial, la Escuela Moderna, sostenida más en función de la habilidad con que Ferrer supo rentabilizar su dinero en la Bolsa que por las contribuciones de sus alumnos, añadió una serie de actividades extraescolares como fueron las clases dominicales, impartidas para los niños y sus familias por profesores de reconocido prestigio, entre los que destacaban los catedráticos de la Universidad de Barcelona, Andrés Martínez Vargas y Odón de Buen; inició la publicación de un Boletín, destinado a difundir su ideario, así como a recoger los programas del centro y dar cuenta de sus actividades; y creó una editorial, que fue sacando sucesivamente a la luz libros de texto y manuales divulgativos, suscritos, entre otros conocidos firmantes, por Federico Urales, Ramón y Cajal, Estévanez, Cristóbal Litrán y Anselmo Lorenzo, además de traducir otros varios, originales de Malato, Reclus, Jean Grave, Malvert o Paul Robin, por citar sólo algunos de los que alcanzaron más eco y mayor tirada.

Pese a sus esfuerzos por optimizar los servicios que venía ofreciendo (cambió de edificio, pasando a otro inmueble más amplio en la misma calle Bailén; se dotó de una escogida biblioteca; y organizo visitas a fábricas para que sus alumnos pudieran conocer in situ los distintos procesos de producción industrial), la «neutralidad» educativa de la Escuela Moderna iba a ser reiteradamente puesta en entredicho, tanto por las instancias conservadoras del país, que la consideraban «un subterfugio para la enseñanza de la sedición y el terrorismo», como incluso por varios intelectuales de ideas avanzadas, disconformes con un ideario proyectado hacia la revolución social. Críticas que expresarían desde dentro del propio centro su directora Clemencia Jacquinet, quien, pese a su marcado sectarismo, dimitió del cargo que ocupaba por entender que la Escuela prestaba mayor interés a difundir las ideas anarquistas de su fundador que a la enseñanza misma, y desde fuera, por teóricos de la pedagogía, que, como Albano Rosell o Ricardo Mella, se mostraban opuestos a cualquier forma de enseñanza que intentase un adoctrinamiento político del niño, al que, contrariamente, se pretendía educar desde principios tan inamovibles como la ausencia de imposiciones coactivas y el respeto a su libertad. Y la verdad es que unos y otros tenían cierta razón, porque, si bien el propósito de Ferrer era acabar con las nocivas influencias de una educación burguesa y alienadora, lo cierto es que su proyecto pedagógico llevaba implícito la formación de «auténticos espíritus revolucionarios» que pudiesen, en el futuro, contribuir a un cambio estructural de la sociedad.

Todo ello no impediría que la obra emblemática de Ferrer prosiguiera con normalidad sus actividades, como lo demuestran el progresivo crecimiento de su alumnado (de los 70 escolares que concluyeron el curso en 1902, pasó a los 146 matriculados en 1905), las numerosas sucursales que creó tanto en Barcelona como en otros distintos puntos de Cataluña, a cargo, por lo general, de centros obreros y ateneos libertarios (en 1906 se contaban más de medio centenar, repartidas por todo el Principado), y la buena marcha de su editorial, que además de proveer de textos al establecimiento, surtió también a otras muchas escuelas laicas de dentro y fuera de España, que comulgaban del mismo espíritu educativo.

Pero, además de un ideólogo de la enseñanza, Ferrer era también un activista, empeñado en la transformación de la sociedad. Y así, instalado en Mas Germinal[90], una finca de dos hectáreas de tierra cultivable, que adquirió en el término de Mongat, a la que se trasladaría junto a Leopoldine, su hijo Riego y la familia de su hermano José, simultaneó la atención de su Escuela con un activo seguimiento de los acontecimientos políticos, que en esos años iban a cobrar una renovada actividad, como consecuencia, fundamentalmente, del despertar del catalanismo, convertido ya en una opción política, la llegada a Barcelona de Alejandro Lerroux, que imprimiría con su verbo incendiario nueva vitalidad a los republicanos, y la progresiva transición del obrerismo catalán, especialmente el barcelonés, que, desde una simple actitud reivindicativa, pasó a un posicionamiento de clase, con la mirada puesta en el logro de la transformación del sistema.

Para comenzar, convencido como estaba de que el trayecto hacia la República pasaba por una toma de conciencia por parte de la clase obrera de que sólo de su esfuerzo y su combatividad dependía el logro de una sociedad emancipada y autogestionaria, fundó un periódico, La Huelga General, que, dirigido nominalmente por el anarquista Ignacio Clariá, vería la luz el 15 de noviembre de 1901, con una periodicidad quincenal (luego se transformó en semanario), y en el que, con su habitual seudónimo «Cero», publicó numerosos editoriales, en todos los cuales defendió los ideales ácratas, sostuvo que únicamente la huelga revolucionaria sería capaz de acabar con el sistema capitalista y exhortó a los trabajadores a desoír las promesas de aquellos que, por encima de la pretendida transformación social, tan sólo buscaban proveerse de un buen granero de votos[91].

Esa huelga preconizada por Ferrer se haría realidad el 17 de febrero del año siguiente, aunque con un resultado muy distinto al que él había previsto. Ante la negativa patronal a acceder a la exigencia de los obreros metalúrgicos que reclamaban la reducción a nueve horas de su jornada de trabajo para favorecer la ocupación de los desempleados, aquéllos se decidieron a movilizarse, con un llamamiento al resto de sus compañeros, en el que se apelaba a la dignidad de clase, al tiempo que se advertía a los patronos que «sin el obrero al que desprecian, no será posible el orden social». El paro anunciado contó con la solidaridad de más de cien mil trabajadores, se prolongó por espacio de una semana, paralizó prácticamente por entero la industria, el comercio y los transportes públicos, y adquirió caracteres de tanta violencia que obligó a la Guardia Civil y al Ejército a emplearse con una desusada contundencia, lo que se tradujo en multitud de enfrentamientos con los huelguistas, que habían levantado barricadas para protegerse de los disparos de las fuerzas del orden. Hubo saqueos, los periódicos dejaron de publicarse, escasearon los alimentos, esquiroles y francotiradores sembraron el pánico en la ciudad y hasta el lunes día 24 no pudo decirse ciertamente que Barcelona había recuperado la normalidad. El saldo de esa larga semana de disturbios fue, como puede imaginarse, doloroso y desolador. Murieron al menos seis personas (algunos testimonios elevan ese número considerablemente), se contabilizaron multitud de heridos de distinta consideración (Ignacio Clariá, entre ellos), hubo centenares de detenidos, hasta el punto de que tuvieron que habilitarse barcos-prisión porque las cárceles no daban cabida a tantos presos, y el Gobierno, siguiendo una costumbre que ya se había convertido en norma habitual, suspendió en Cataluña las garantías constitucionales por espacio de casi un año.

La huelga general no consiguió ninguno de sus objetivos. Los patronos no accedieron a las demandas de los trabajadores, que acabaron por reintegrarse al trabajo con las manos vacías. El movimiento obrero no había afrontado el experimento con el suficiente aliento revolucionario, y su derrota le supuso una frustración de la que tardaría mucho tiempo en recuperarse. Ni las bombas de la década anterior, ni la huelga ahora ensayada y perdida habían conseguido producir la menor quiebra en el modelo de sociedad que pretendían transformar. Y si lograron algo fue convencerse de que debían limitar sus esfuerzos al espacio de la reivindicación laboral, desanimados ante la inutilidad del desigual reto que suponía enfrentarse a sus patronos, y temerosos, sobre todo, de las fuertes medidas represivas del Gobierno que, una vez abortado el fallido movimiento de paro, crecieron, como cabe imaginar, en severidad y contundencia[92].

Al director de la Escuela Moderna no podía atribuírsele otra responsabilidad que no fuera la de subvencionar uno de entre los muchos periódicos que alentaron la huelga. Durante los siete días que duró la movilización se encontraba en Francia, aunque, según se deduce de un informe de la policía francesa, esa semana se trasladó de París a Cerbere, localidad próxima a la frontera española, desde uno de cuyos hoteles, en el que, por cierto, se inscribió con un nombre falso, envió numerosas cartas a Barcelona, que suscitaron en el comisario de la Prefectura que investigaba sus actividades nuevas sospechas acerca de su posible implicación en la instigación o el desarrollo del movimiento insurreccional, lo que le decidió a reclamar al Gobierno su expulsión de Francia, petición esta que no se llevaría finalmente a efecto.

Pero para lo que sí le sirvió a Ferrer esta frustrada iniciativa huelguística fue para reafirmarse en la idea de que una acción de fuerza como la recién acaecida sólo podía conducir a la transformación de la sociedad si, además de un sentido social y reivindicativo, tenía un calado político y revolucionario. Ya lo había anticipado El Diluvio, al escribir que «la derrota de los trabajadores supondría, caso de producirse, la inutilidad de las huelgas pacíficas». Y lo confirmó, asimismo, el líder socialista Juan José Morato, quien diría que «no es sólo paralizando la vida de la ciudad como se triunfa, porque es imposible mantener ese violento estado de disgregación sin rendirse a la evidencia de que, antes o más tarde, hay que recuperar la normalidad». La huelga general, para el director de la Escuela Moderna, o era auténticamente revolucionaria, o se quedaba en un simple motín sin decisiva trascendencia política, por muy graves que fueran sus daños.

En esa situación, y viendo el desánimo que el fracaso de su movimiento reivindicativo había producido en el proletariado catalán, que ya no volvería a promover una sola huelga general en los siguientes siete años, Ferrer optó por aguardar un momento más propicio para abordar la revolución, y proyectó, en cambio, su quehacer desestabilizador en otros frentes que, a su entender, podían resultar más eficaces y rentables. El primero de ellos consistiría en ampliar el desarrollo de la Escuela Moderna extendiendo su programa a nuevos centros laicos catalanes, y el segundo, en implicarse activamente en la campaña que medios anarquistas y republicanos empezaban a orquestar contra la Corona, el Gobierno, y el resto de las instituciones españolas con ocasión de la mayoría de edad de Alfonso XIII y su jura como Rey, fijada para el 17 de mayo de 1902[93].

La detención de Pedro Vallina[94], el más destacado de entre los implicados en esta acción propagandista, que hizo temer a las autoridades que se estuviese preparando un atentado contra el monarca, animó a los impulsores de la campaña, iniciada por el periódico Tierra y Libertad, que dirigía Federico Urales, a utilizar como nueva disculpa mediante la que provocar el descrédito de la España inquisitorial dos turbios casos de rebelión popular en los que la represión gubernativa había actuado con una crueldad desproporcionada a los hechos que se pretendía sancionar, como eran el ya trasnochado proceso de la Mano Negra, y las supuestas torturas aplicadas a un grupo de jornaleros anarquistas del pueblo gaditano de Alcalá del Valle, que acababan de ser detenidos tras enfrentarse a la Guardia Civil y quemar los registros del juzgado y el Ayuntamiento.

El proceso de la Mano Negra, que cumplía precisamente ese año su vigésimo aniversario, era un antiguo ajuste de cuentas con que los poderes fácticos habían saldado en 1882 una violenta rebelión campesina, localizada preferentemente en la provincia de Cádiz, en la que jornaleros anarquistas, constituidos según informes de la policía en «una sociedad secreta de carácter criminal», atentaron contra las propiedades de determinados terratenientes que venían explotándolos laboralmente. Documentados estudios sobre el caso coinciden en señalar que tal organización delictiva fue un invento ficticio de las autoridades para descabezar el movimiento anarquista andaluz. Pero el resultado de la represión que siguió a los hechos se tradujo en el apresamiento de más de un centenar de jornaleros, la tortura aplicada a muchos de ellos para arrancarles confesiones falsas y la ejecución de siete de los catorce procesados que, como responsables de los supuestos crímenes, habían sido condenados a la pena de muerte[95].

En cuanto a los sucesos de Alcalá del Valle, localizados igualmente en tierras gaditanas, en agosto de 1903, fueron el resultado de una huelga convocada por los trabajadores del campo de aquella localidad en señal de protesta por la actuación policial contra otros paros declarados en el resto de España, a los que se acusó de haber atacado a la Guardia Civil, hiriendo a un sargento, hacerse por unas pocas horas con el control del pueblo, acosar al juez municipal y quemar determinados documentos custodiados en el juzgado y en el Ayuntamiento. Una vez apresados los rebeldes, y siempre según sus declaraciones, los guardias civiles les sometieron a bárbaras torturas, que, entre otras graves lesiones, provocaron el aborto de una de las detenidas[96].

Ambos acontecimientos vendrían a poner de relieve que los Gobiernos de la Restauración, el de Sagasta en el primer caso, y el de Fernández Villaverde, en el segundo, no estaban dispuestos a tolerar el menor brote de violencia anarquista, y, como reacción contra ello, se convirtieron en banderas contra la represión, que, a partir de entonces, y cada vez que se presentaba la ocasión, serían aireadas por los impulsores de la subversión para ofrecer ante la opinión pública internacional la imagen de una España autoritaria, reaccionaria y represora de las más elementales libertades y derechos civiles de sus ciudadanos.

Pero pese a que los ocho condenados que aún padecían penas de prisión por el caso de la Mano Negra fueron indultados por el Gobierno Silvela en 1903 (veinte años después, eso sí, de sucedidos los acontecimientos) y que Maura instó en 1904 al Tribunal Supremo para que investigara y esclareciese las supuestas torturas denunciadas por los detenidos en Alcalá del Valle (investigación que vino a probar que varias de las acusaciones de los afectados eran falsas o, al menos, desproporcionadas), Ferrer se mantuvo firme en su contribución personal a ambas campañas (reediciones de las ya conocidas de Montjuïc o de Dreyfus), sabedor del impacto propagandista que suponían para el deterioro de la imagen del Rey y del Gobierno. Y así, mientras la Escuela Moderna proseguía con sus actividades, atendida en las ausencias del fundador por un equipo de sus más íntimos colaboradores, entre los que figuraban José Casasola, Cristóbal Litrán, Jaime Brossa y la propia Leopoldine Bonnard, él continuó apoyándolas, participando en su financiación y consiguiendo que se adhiriesen a ellas personalidades europeas de la talla de Jean Jaures, Clemenceau y Anatole France.

Su participación en actos y aventuras de carácter ácrata y libertario no acabaría, sin embargo, en esas campañas. En septiembre de 1904 viajó a Roma para participar en el Congreso de Librepensadores, donde coincidió con Luigi Fabbri, Paul Robin y Leon Fournemont, y cuyo desarrollo preocupó seriamente al Gobierno español, temeroso de que pudiera Ferrer tramar alguna nueva conjura revolucionaria. Y un mes después colaboró en la reaparición clandestina de La Huelga General, que había dejado de circular un año antes, y que en el primer número de esta segunda etapa proclamaba su carácter revolucionario, alentaba a los trabajadores a apoderarse de los medios de producción y acabar con las instituciones, e incluía los nombres de una serie de «criminales» que debían ser suprimidos por razones de «utilidad pública», entre los que figuraban Alfonso XIII, la reina María Cristina y Maura. Aunque no existe constancia probada de que el director de la Escuela Moderna subvencionase el rotativo, el hecho de haber fundado el periódico que le precedió y ser el único anarquista que disponía de dinero, invitan a sospecharlo, y más aún si se hace caso a un confidente de la Embajada española en París, Aristide Jalaber, apodado Sannois, en el que se afirmaba su vinculación al mismo.

De entre esos años de laboriosa actividad, 1905 iba a tener para Ferrer una decisiva importancia tanto en el plano político como en el personal, en función de varios acontecimientos, de distinta índole, cuyas derivaciones le afectaron especialmente, y que supusieron serios puntos de inflexión en su peripecia vital, por cuanto, en un caso, le procuraron una nueva relación de pareja, y, en los otros, le trajeron sendos motivos de intranquilidad, como consecuencia del auge del catalanismo, perjudicial para los intereses republicanos, y de las sospechas surgidas sobre su posible vinculación con el atentado que sufrió el Rey en su visita a la capital francesa.

Desde el punto de vista sentimental, conoció a Soledad Villafranca, una agraciada joven navarra, veintiún años más joven que él, que había llegado a Barcelona junto a su familia en busca de un futuro mejor, de la que, al parecer, se enamoró apenas verla, y a la que ofreció un empleo como profesora en la Escuela Moderna, pese a su falta de experiencia en el campo de la docencia. Este encuentro, que no tardaría en convertirse en íntima convivencia, iba a suponer su ruptura con Leopoldine Bonnard, con la que, como se ha dicho, llevaba viviendo desde 1897, a la que permitió continuar utilizando, junto a su hijo Riego, el domicilio conyugal que ambos habían compartido durante los tres últimos años en la finca de Mas Germinal, trasladándose él con su nueva compañera, de la que ya no habría de separarse hasta un mes antes de su muerte, a una «torre» situada en el número 56 del paseo del Monte, en el barrio de Gracia[97].

Políticamente, también registraría ese año importantes novedades, que tendrían singular incidencia en la vida del Principado, de las que fue, sin duda, la de mayor trascendencia el triunfo de los catalanistas en las elecciones municipales celebradas el mes de noviembre, que, además de otorgarles la mayor parte de las alcaldías del territorio, les permitió obtener doce actas en el Ayuntamiento de Barcelona, donde serían la segunda fuerza más votada, a sólo cinco mil votos de los radicales. Y si a ello se añade el fervor regionalista suscitado en toda Cataluña a raíz del enfurecido ataque que un grupo de militares, animados de un fanático patriotismo, perpetraron contra las instalaciones de los órganos de expresión de la Lliga, La Veu de Catalunya y Cu-Cut, a los que consideraban portavoces de un supuesto propósito de dividir la patria, no es difícil comprender que el nacionalismo se fundiera en una piña en contra del Gobierno central, y alentado por sus buenos resultados electorales, tradujera ese espíritu de unidad en la fundación, de Solidaritat Catalana, sumando a la Lliga a los regionalistas de izquierda, que, como se recordará, se habían escindido de ella en 1904, y reuniendo en una causa común a todo el catalanismo. Lerroux, aun disponiendo de una mayoría holgada en el gobierno municipal, había perdido casi siete mil votos respecto a las elecciones generales, y seis de sus candidatos no habían logrado credencial. Y ello unido a su falta de contundencia a la hora de condenar el citado ataque militar, y su templada oposición a la Ley de Jurisdicciones, que los regionalistas rechazaron tajantemente, le hicieron perder la iniciativa política y tener que actuar en los meses siguientes a remolque de aquéllos. Los tradicionales compañeros de viaje de Ferrer veían, pues, cernirse sobre ellos un futuro más comprometido, mientras sus adversarios (el director de la Escuela Moderna fue siempre un abierto anticatalanista) iniciaban una etapa de fortalecimiento.

Pero sería, sobre todo, el frustrado intento de magnicidio contra Alfonso XIII en la rue Rohan, de París, el suceso que más preocupación le produjo, porque, aunque nunca llegó a ser esclarecido (no se localizó al autor material, ni se encontraron tampoco pruebas concluyentes mediante las que inculpar a sus instigadores), sí hubo, en cambio, algún indicio que pudo arrojar una mínima sombra de sospecha, nunca demostrada, sobre su posible implicación en el suceso.

Desde varios meses antes de la llegada del monarca español a París, en medios anarquistas se había dispuesto un clima de incitación para darle la bienvenida. En L'Espagne Inquisitoriale, publicación alentada, entre otros, por Pedro Vallina, Malato prometía al Rey una recepción «que dejaría en su espíritu un recuerdo imborrable», mientras que el resto de sus artículos instigaban abiertamente al magnicidio. Socialistas, ácratas y sindicatos de izquierda organizaron mítines y concentraciones para manifestar su indignación contra la real visita. Y el 24 de mayo más de un millar de personas se reunieron en un acto en el que llegó a aventurarse, por parte uno de los oradores, la posibilidad de que don Alfonso pudiera sufrir «un accidente de trabajo». Predicción esta que se cumpliría fatalmente, tan sólo una semana después, al hacer explosión, bajo el coche descubierto que compartía con el presidente francés, Emile Loubet, una bomba que afortunadamente no ocasionó otras desgracias que no fueran las heridas de varios miembros de la escolta y algunos transeúntes, a las que habría que sumar la muerte de uno de los caballos que tiraban de la carroza regia[98].

Según los datos de los que la policía dispuso, el atentado había sido minuciosa, aunque torpemente preparado por un grupo de anarquistas españoles y extranjeros radicados en la capital francesa, entre los que podrían estar Malato, Vallina, un químico inglés, amigo suyo, apellidado Harvey, y un tal Cussanell, que habría actuado como intermediario de los anteriores. Pudo saberse que Vallina, considerado el jefe del complot, había encargado a algunos de sus compañeros barceloneses el envío de varias piñas de hierro, que cargadas de explosivos, pudieran convertirse en improvisadas bombas, y que uno, amigo de aquél, Alejandro Farrás, a quien nunca se le llegó a localizar, pudo ser el autor material del atentado. Pero las investigaciones permitieron también conocer que Ferrer había enviado a Malato una carta informándole de que «la fecha oficial estaba fijada para el 30 de mayo», y añadiendo un cheque de 150 francos; que Vallina se había reunido recientemente con Estévanez[99]; y que Lerroux tenía dispuesto un levantamiento en España para el caso de que el magnicidio prosperase. Como resultado de todo ello, se encausó a los cuatro primeros y se tomó declaración a los dos últimos, quienes coincidieron en denunciar ante el juez instructor que el supuesto complot no era sino una maquinación de la policía española para criminalizarles.

Concluida el 2 de diciembre la vista que enjuició a los cuatro procesados, el jurado decidió no declararlos culpables, al no disponer de pruebas suficientes que determinaran su responsabilidad. Malato negó cualquier tipo de participación en los hechos. Vallina, aun reconociendo haber pedido a España las piñas que podían haber servido de carcasa al explosivo, dijo que no las había recogido. Harvey se limitó a aceptar que en su agenda, encontrada por la policía, tenía anotada la fórmula para fabricar fulminato de mercurio, pero desmintió cualquier intervención en el montaje de la bomba. En cuanto a Cussanell, tan sólo admitió su condición de «correo» entre los anarquistas españoles y Malato. Y sobre Ferrer, que no había sido encausado ni llamado siquiera a declarar, quedó únicamente la duda de si llegó a tener noticia de la preparación del crimen, lo que resulta probable, tanto por la carta enviada a Malato como por la íntima vinculación que mantenía con el resto de los sospechosos.

El atentado de París había resultado un fracaso. El Rey continuaba vivo, y por todo botín se había obtenido la muerte de un caballo. El terrorismo, individual u organizado, debía esperar otra ocasión más propicia para consumar, su propósito. Una ocasión que, bien podía ser, puestos a anticipar pronósticos, la boda del monarca con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, anunciada para el año siguiente.

* * *

El 31 de mayo de 1906, fecha elegida para el regio enlace, que tanta pasión había despertado entre los españoles, muchos de los cuales abarrotaban la capital con el deseo de poder ser testigos del acontecimiento, iba, sin embargo, a convertirse en un día de luto para Madrid, como resultado de un nuevo atentado dirigido contra Sus Majestades, exactamente un año después del que el propio rey don Alfonso y el presidente francés Loubet sufrieran en París. Y de paso, y a causa de la presunta implicación que tuvo, o pudo tener en el mismo, venía a representar también un punto de in fle xión en la peripecia política y personal de Ferrer i Guardia, cuyas importantes consecuencias no tardarían en comprobarse[100].

De regreso de la iglesia de los Jerónimos, donde había tenido lugar la ceremonia, y cuando ya la cabecera de la comitiva real embocaba la plaza de la Armería de Palacio, un artefacto explosivo, disimulado en un ramo de flores, y arrojado desde el cuarto piso de la finca número 88 de la calle Mayor, impactó sobre el tronco de caballos que tiraba de la carroza real. Y aunque no llegó a alcanzar de lleno al vehículo, lo que permitiría milagrosamente a los Reyes salvar sus vidas, causó una auténtica masacre entre quienes presenciaban el desfile, con un terrible balance de víctimas que, entre militares y civiles, contabilizaría un total de veintitrés muertos y más de un centenar de heridos, algunos de ellos de extrema gravedad, de los que muchos eran además niños, así como cuantiosos daños materiales en los pertrechos de la comitiva, y enormes desperfectos en los inmuebles próximos al lugar en el que se había producido el atentado.

Superados los primeros momentos de confusión que siguieron a la explosión de la bomba, y personado ya el juzgado en el lugar de la tragedia, pudo en muy breve tiempo comprobarse que la ventana desde donde aquélla había sido lanzada correspondía a la pensión que en dicho edificio tenía instalada el matrimonio compuesto por José Cuesta y Ana Álvarez, y, más concretamente, a la habitación que desde el día 22 de ese mismo mes tenía alquilada un individuo, que, según la cédula de identidad que presentó a su llegada, respondía al nombre de Mateo Morral, era natural de Sabadell, tenía 26 años, y adujo como motivo de su viaje el de presenciar, precisamente, el paso de los Reyes desde una situación privilegiada[101]. Como información complementaria, el juez a quien correspondió hacerse cargo del caso, pudo saber, tras practicar sus primeras indagatorias, que el tal sujeto respondía a las señas de un joven rubio, de mediana estatura, con bigote recortado, que en el instante de arrojar la bomba vestía traje marrón café y sombrero flexible del mismo color, calzaba botas de un tono avellana, y al que algunos de los vecinos del inmueble le vieron bajar precipitadamente las escaleras y salir a la calle en dirección no determinada.

Del minucioso rastreo de esos datos, la policía no tardaría en averiguar que el presunto terrorista, que había llegado a Madrid procedente de Barcelona el día 21 de mayo, era hijo de un acomodado fabricante textil sabadellense; había abandonado el hogar paterno por disidencias familiares; profesaba desde su juventud ideas anarquistas; disponía de numerosos contactos en el entorno ácrata europeo, como resultado de sus viajes por el extranjero; había sido procesado dos meses antes por la publicación de un folleto del ex ministro republicano Nicolás Estévanez; y, lo que es más significativo, trabajaba como encargado de la biblioteca de la Escuela Moderna, y vivía, o había vivido al menos durante algún tiempo, en el tercer piso del número 56 de la barcelonesa calle Bailén, que se correspondía con el edificio en el que tenía su sede el citado centro de enseñanza, a cuyo director, Ferrer, le unían, a lo visto, lazos de amistad y confianza.

Simultáneamente al acopio de esas primeras pesquisas, iba a surgir un hecho inesperado, como fue el de la aparición, en las inmediaciones de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, de un cadáver, que resultó ser el del presunto regicida, quien, en su huida, parece que fue descubierto por Fructuoso Vega, guarda de una finca cercana, al que, por su aspecto y su proceder, inspiró sospechas, y quien, después de detenerle, procedió a trasladarle al puesto más inmediato de la Guardia Civil, donde pudiera ser convenientemente identificado. Por más que no pudiera llevar su propósito a efecto, ya que, aprovechando un descuido de su captor, Morral, que no iba maniatado, disparó contra él con una pistola que llevaba oculta en la americana, tras de lo cual se suicidó, según informarían posteriormente los facultativos que en el hospital del Buen Suceso de la calle de la Princesa, donde fue conducido el cadáver, procedieron a su reconocimiento.

Pero aún sería mayor la sorpresa que produjo en la opinión pública la comparecencia el día 2 de junio, ante el juzgado que instruía el intento de regicidio, del periodista republicano José Nakens[102], director del diario El Motín, para declarar que, tras recibir inesperadamente en su despacho del periódico, apenas una hora después del atentado, la visita de Morral, al que aseguró no conocer hasta entonces, pidiéndole que le ayudara a ocultarse, accedió a su deseo, apoyado en el criterio de que aunque no respaldara su crimen, consideraba aún más grave e indigno delatar a alguien que, en tan difíciles circunstancias, había requerido su apoyo. Y en ese sentido, convencido de que «el crimen político no infama», explicó que había recurrido a un viejo correligionario, el sargento Bernardo Mata, al que conocía de antiguo por haber intervenido en la sublevación de Villacampa, en cuyo domicilio de la Ciudad Lineal pernoctó esa noche[103].

Del cruce de toda esta suerte de averiguaciones, y como quiera que resultaban suficientemente probadas tanto la conexión de Morral con Ferrer como el paralelismo ideológico que unía a este último con Nakens y Estévanez, se dictó una orden de detención contra el director de la Escuela Moderna, que, una vez interrogado, en las dependencias policiales de la calle Ausias March, en Barcelona, sería trasladado, en virtud de un mandato judicial, a Madrid, en cuya Cárcel Modelo ingresó la tarde del día 6, en régimen de incomunicación, bajo el cargo de haber hallado el juez instructor «indicios razonables de criminalidad acerca de su posible participación en el delito cuya naturaleza se está investigando»[104].

En sus primeras declaraciones ante el juez Manuel del Valle, encargado del caso, Ferrer manifestó que había conocido a Morral tres años antes, por haber llevado éste a una hermana suya, llamada Adelina, a educarse en la escuela que él dirigía. Y que pareciéndole un joven educado, instruido y con gran afición por la enseñanza, trabó amistad con él, y, pasado un cierto tiempo, le ofreció encargarse de la biblioteca del centro; que sabía que vivía en una pensión de la plaza de Cataluña, que él mismo le recomendó, pero que ignoraba, en cambio, que se hubiese trasladado en algún momento a pernoctar en el piso que la escuela tiene destinado a guardar sus libros de texto; que desconocía, también, las ideas que su empleado profesaba, aunque en cierta ocasión le oyó decir que «esperaba el momento en que las Sociedades Obreras de Cataluña estuviesen en disposición de poder proclamar la República»; que el 31 de mayo último había iniciado un viaje a París pero que, al enterarse en Cerbere del atentado, decidió regresar a Barcelona para ponerse a disposición de la Justicia si ésta lo consideraba preciso. Y que en relación con Nakens, y Estévanez, sobre cuyas vinculaciones con los mismos fue preguntado, adujo que con el director de El Motín tenía un trato amistoso aunque escaso, y que si le había enviado en mayo un talón de mil pesetas (del que el periodista había hablado en una de sus indagatorias) fue como anticipo de dos pequeños tomos que quería que escribiese para publicar en la editorial de la Escuela Moderna; en tanto que, sobre Estévanez, admitió conocerle, así como haberle encargado, asimismo, un libro sobre Historia de España, pero negó haber intervenido en la elaboración de su folleto Pensamientos revolucionarios, cuya edición tampoco financió, ni haberle siquiera visto durante los últimos tiempos[105].

A esa testificación exculpatoria colaboraría eficazmente Soledad Villafranca, que al ser llamada a declarar dejó intuir que Morral había actuado impulsado por el despecho que había sufrido después de que ella se negase a aceptar sus propuestas sentimentales. Y para demostrarlo, adjuntó tres postales, fechadas en Madrid la víspera del atentado, en las que el regicida le confesaba su amor, al tiempo que le hacía ciertos reproches sobre la coquetería que advertía en ella. Asimismo, aprovechó la oportunidad que su presencia ante el juez le ofrecía para asegurar que sus relaciones con Ferrer se reducían a las «que razonablemente deben mediar entre el director de un colegio con cualquiera de sus profesoras», y que desconocía las ideas políticas y sociales tanto de Morral como del fundador de la Escuela Moderna[106].

Contra estos argumentos aducidos en su defensa por Ferrer y Soledad, que, como tendrá ocasión de comprobarse, no eran exactos, aparecerían, sin embargo, otros, de signo contrario, que vinieron a arrojar nuevas sombras de sospecha sobre el procesado en lo que se refiere a su relación con los delitos perseguidos. Fueron ellos, el descubrimiento, en la sede del Credit Lyonnais, en Barcelona, de una caja fuerte contratada a nombre de Ferrer y Morral, de cuyos fondos éste podía disponer libremente; la noticia de que el pedagogo había enviado hacía unas pocas semanas a Estévanez otro cheque de 600 pesetas con destino desconocido; la incautación durante el registro practicado en la vivienda que compartía con Soledad Villafranca, de una carta dirigida a Leopoldine Bonnard, en la que le participaba su voluntad de formar con sus libros «anarquistas convencidos»; y, finalmente, los testimonios de los periodistas Antonio Apolo y Julio Camba, quienes declararon, a instancias del juzgado, que Morral les había ofrecido recientemente en nombre de Ferrer ayuda económica para el sostenimiento de El Rebelde, un libelo anarquista que ambos publicaban.

Y es que Ferrer no había declarado toda la verdad. En primer lugar, porque conocía perfectamente el ideario político de Morral, del que, en algún sentido, habíase convertido en mentor. En segundo término, puesto que su relación con Nakens escondía, tras ese supuesto halo de generosidad, del que hizo gala en su declaración, un interés propagandista, como era el de poder disponer de la colaboración del periodista republicano, y, con él, la de su periódico. Y en última instancia, porque el encuentro que aseguró no haber mantenido con Estévanez, sí que habíase celebrado el anterior 18 de mayo en el Hotel Oriente, de Barcelona, con Lerroux, y, nada menos, que Morral como interlocutores.

Mientras, el juez Manuel del Valle exigía el 8 de junio a Ferrer prestar una fianza de 100.000 pesetas para asegurar las responsabilidades civiles pertinentes (que posteriormente elevaría a 250.000), y levantaba, cuatro días después, la incomunicación a que estaban sometidos tanto él como el resto de los encarcelados (que en ese momento eran Nakens, Mata, su esposa Concepción Pérez Cuesta, y los supuestos encubridores, Isidro Ibarra, Pedro Mayoral y Aquilino Martínez). Y muy poco antes de que la Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo rechazara, el 23 de julio, la pretensión de la jurisdicción militar por hacerse cargo de la instrucción de la causa, el director de la Escuela Moderna, preocupado ya seriamente por el sesgo que iban tomando los acontecimientos, iniciaba la búsqueda de un abogado defensor, que, tras sus frustrados intentos de encontrarlo en Pi i Arsuaga (hijo de Pi i Margall, que en un principio aceptó la defensa, pero acabó desestimándola), García Prieto, Salmerón y Canalejas, terminaría por trasladar a Emiliano Iglesias, un joven letrado gallego, ambicioso y de convincente oratoria, inseparable colaborador de Lerroux, del que acabó siendo su mano derecha, que habría de responder a la confianza en él depositada con una defensa que el propio acusado califico, tras el juicio, de «ardorosa, apasionada, inteligente y brillante». Y a la vez, desde su propia celda (la número 17, de la primera galería) comenzaba, a través de una copiosa correspondencia, a mover sus habituales contactos (Lerroux, Heaford, Malato, Naquet, Fournemont y Fabbri, entre otros), en busca de apoyos, que pudieran ayudarle a superar la difícil situación por la que atravesaba[107].

La preocupación de Ferrer estaba de sobra justificada. El fiscal había solicitado para él la pena de muerte (que luego rebajaría, a instancias del ministro de Gracia y Justicia, a dieciséis años); sus finanzas veíanse considerablemente resentidas por la inmovilización de la totalidad de sus bienes resultante del embargo dictado por el juzgado; la sede de la Escuela Moderna había sido clausurada por las autoridades gubernativas; y algunos diarios, reflejo de la voz de instancias conservadoras y católicas, reclamaban con insistencia para los instigadores del atentado (a quienes se entendía, en el fondo, como «los principales y auténticos culpables») el mismo castigo que se pedía para el regicida.

En el interior del país el clima de opinión concitado en torno a Ferrer no resultaba especialmente favorable para suscitar una campaña en su favor, máxime si se tiene en cuenta que la mayoría de los españoles se habían decantado por admitir su intervención en el atentado. El pasado revolucionario del reo, unido a las conexiones que le vinculaban con Morral, hacían difícil excluir la idea de que fuera ajeno a un acontecimiento, que en tanto coincidía con su ideario anarquista, y en medios conservadores se alimentaba interesadamente ese criterio. Pero nada de todo ello supuso un obstáculo para Lerroux, quien no tardaría en orquestar una campaña, dirigida a defender su inocencia y a presentarlo como una nueva víctima de la intransigencia integrista y el fanatismo religioso. Y haciéndose eco de las denuncias del propio acusado que desde su encierro no cejaba en atribuir al «jesuitismo» (no hay que olvidar la influencia que tanto en la corte como en el Gobierno tenía la Compañía de Jesús) su persecución y enjuiciamiento, inició en El Progreso la publicación de una serie de artículos que, bajo el título de «La verdad en marcha», se constituyeron en portavoces de su inocencia, compararon la causa que se le estaba tramitando con la incoada contra Dreyfus, y denunciaron la supuesta pretensión de la Iglesia de aprovechar el proceso para «arruinarle y abortar definitivamente su proyecto pedagógico».

A este apoyo del líder radical, en el que determinados historiadores han pretendido ver una actitud interesada dadas las horas bajas por las que atravesaba como consecuencia de haber perdido su acta de diputado, tener que enfrentarse contra un pujante catalanismo (que le había derrotado electoralmente) y no contar con fondos para asumir el reto de crear un partido de masas, se sumarían un grupo de destacados republicanos, como Blasco Ibáñez, Emilio Junoy, Soriano y el periodista Luis Morote, que hicieron un llamamiento a la Liga francesa de los Derechos del Hombre para que interviniese a favor del reo, y resucitaron la anterior campaña de los condenados de Montjuïc, que tan excelentes resultados había producido a la izquierda intransigente.

Pero mucho más eficaz aún resultaría para los intereses de Ferrer la colaboración que diversas instituciones, colectivos sociales, organizaciones de librepensadores, centros obreros, logias masónicas y diarios extranjeros prestaron a esa campaña, atendiendo la llamada que aquél les había formulado y poniendo a disposición de su causa todos los medios de que disponían, como instrumentos de presión capaces de influir en el Gobierno español, dubitativo aquellos días entre extremar o atenuar la condena del director de la Escuela Moderna. Una campaña en la que se distinguieron de forma especial el diario francés L'Action y su habitual colaborador Charles Malato, que, además de comparar al fiscal Becerra del Toro con Torquemada, presentó al acusado como un «defensor de la enseñanza libre, perseguido por la intolerancia clerical», y una víctima más de quienes (en clara alusión al Gobierno, el Ejército y la Iglesia) denostaban cuanto supusiera un avance hacia la modernidad y el progreso.

Francia iba a ser el país que con más energía y mayor número de mítines y concentraciones participase en esa muestra de apoyo internacional a Ferrer, convocando múltiples actos de condena contra la que denominaba «la España autoritaria e inquisitorial», de los que fue el más importante el que reunió a más de dos mil personas en la sede del Gran Oriente de Francia. Pero también Bélgica, Inglaterra, Italia y Portugal se sumarían pronto a la campaña, empujados por la iniciativa de destacados líderes del republicanismo y el librepensamiento. Así, en Bruselas, casi un millar de estudiantes respondieron a la llamada de los diputados George Lorand y Leon Fournemont para reclamar la libertad del pedagogo encarcelado, mientras que el Congreso del Partido Socialista belga votó una resolución favorable al director de la Escuela Moderna. En Roma destacó el acto académico, convocado por su universidad, que contó con la presencia de varios parlamentarios, y al que se adhirieron, por medio de sendas cartas, el criminólogo Lombroso y el novelista Gorki. Y en Londres, William Heaford, secretario general de la Liga inglesa de Librepensadores, actuó como principal promotor de un clima de opinión dirigido a denunciar la injerencia clerical en la incriminación del procesado, ajeno, según manifestó repetidamente, al crimen de la calle Mayor de Madrid, en el que no había tomado parte[108].

¿Participó Ferrer de alguna forma en el intento de acabar con la vida del Rey? ¿Intervino en la preparación del atentado, lo financió o inspiró al menos en el frustrado regicida el ánimo necesario para llevarlo a término? ¿Actuó, por el contrario, Morral a título personal, sin apoyo ninguno y movido exclusivamente por sus ideales políticos y revolucionarios? ¿Hubo realmente un complot, con implicación, como llegó a decirse durante aquellos días, de significados anarquistas internacionales? Y, en definitiva, ¿dónde radica y a quién incumbe la responsabilidad de la que habría de convertirse, por la enorme incidencia de sus efectos, en una de las mayores masacres terroristas de la época?

Una gran parte de los historiadores que han analizado el suceso coinciden en la tesis de que el acusado no fue ajeno a la gestación del intento de magnicidio, o, cuando menos, supo del mismo con anterioridad al momento de consumarse. Abonan esta teoría, nunca hasta hoy plenamente demostrada, la amistad, y la cercanía ideológica existente entre Ferrer y Morral; la relación que ambos tenían con destacados defensores de la acción directa; el hecho de que sobre uno y otro recaían razonables sospechas sobre su posible participación en el atentado contra Alfonso XIII, en París; las subvenciones con que el director de la Escuela Moderna acostumbraba a financiar proyectos desestabilizadores; y las declaraciones de Nakens al juzgado, de las que fácilmente podía deducirse que Ferrer compartía con Morral la idea de que cualquier medio era aceptable si conducía a un cambio del régimen vigente. Todo un cúmulo de reveladores indicios y curiosas coincidencias que permitirían al fiscal Becerra del Toro sostener, en su escrito de conclusiones, que Ferrer, aun sin tomar parte directa en la ejecución del delito perseguido, «coadyuvó física y moralmente a su logro, protegiendo a Morral, facilitándole los recursos de que carecía para adquirir los materiales explosivos utilizados en el crimen, haciendo posible su viaje a la corte, y poniéndole en contacto con Nakens, a todo lo cual hay que añadir, como una evidencia más, que el mismo día de autos emprendiese viaje a París, aunque regresara a Barcelona una vez que se supo descubierto»[109]. Y autorizan también a la historiografía a atribuirle la posibilidad de haber desempeñado algún papel, para algunos incluso relevante, en unos hechos, que bien por temor a la intensa presión internacional orquestada en su favor, que llegó a preocupar seriamente al Gobierno Maura, o por una entendible prudencia ante la eventualidad de que su condena pudiera desencadenar, como ya había ocurrido con el proceso de Montjuïc, nuevos atentados terroristas, no fueron investigados con la minuciosidad y el rigor que hubiesen exigido.

Estas sospechas tomarían cuerpo, con posterioridad a la instrucción del proceso, a raíz del descubrimiento, en 1909 (con ocasión de uno de los varios registros practicados en Mas Germinal), de una carta de Estévanez a Ferrer, en la que le pedía que hiciese llegar a Morral su opinión sobre la petición que este último le había hecho acerca de la forma de fabricar explosivos; de las confesiones de Albano Rosell, un profesor, amigo de Morral, al que el procesado había colocado al frente de una escuela laica, en Mongat, que en su libro autobiográfico Vidas truncas sostenía su absoluta certeza de que «Ferrer conocía perfectamente la intención que guiaba a Morral al viajar a Madrid»; y de las tardías Memorias de Lerroux, de las que se desprende que, tras el encuentro que mantuvo con Morral y Ferrer, en Barcelona (que el político radical situó no en el Hotel Oriente, sino en un restaurante del Tibidabo), este último le advirtió que «convenía estar preparados por si al Rey le ocurría algo el día de su boda». Pero todas estas revelaciones, de singular importancia, salieron a la luz mucho tiempo después de sustanciada la causa, y no tuvieron, por tanto, el menor reflejo en la misma[110].

Fuera o no cierta su implicación en el atentado contra Sus Majestades, lo que sí quedó claro es que la Justicia no consiguió probarlo. Y como consecuencia, tras más de dos meses de instrucción sumarial (que se prolongarían otros ocho, hasta el señalamiento de la vista), y un juicio oral, que suscitó entre la opinión pública una desbordada expectación, y que, iniciado el 3 de junio, se desarrolló a lo largo de seis sesiones, la Sala cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, presidida por el magistrado Tomás Albaladejo, emitió nueve días después su fallo, que condenaba a José Nakens, Isidro Ibarra y Bernardo Mata, como encubridores de los delitos de los que les acusaba el Ministerio fiscal, a la pena de nueve años de reclusión mayor, más las accesorias correspondientes, y absolvía a Francisco Ferrer i Guardia, Pedro Mayoral, Aquilino Martínez y Concepción Pérez Cuesta, ordenando su libertad, así como la total cancelación de cuantos embargos pesaban sobre el primero de ellos. Una sentencia, que en lo referido al director de la Escuela Moderna, argumentaba que «a pesar de que las ideas disolventes y anarquistas del procesado puedan condenarse en la esfera moral por quienes no participan de sus teorías, no es ello motivo legal suficiente para entender que necesariamente tuvo que ser partícipe en el delito cometido por su amigo y cooperador Mateo Morral, por no disponerse de las pruebas indispensables que aseguren el enlace que pudiera existir entre la inducción derivada de una enseñanza funesta y el crimen perpetrado»[111].

Excepción hecha del propio Ferrer, el resultado del fallo no dejó satisfecho a nadie en España. A sus detractores, porque lo entendieron como la expresión de la debilidad de la Magistratura y del Gobierno, a los que reprocharon no haber sido capaces de reunir pruebas de cargo bastantes para incriminarle, ni de contrarrestar la presión internacional que exigía su liberación por considerarle una víctima de sus ideales libertarios. Al Gabinete Maura, que llevaba cinco meses en el poder en el momento de fallarse la causa, le abrió un nuevo frente de preocupación, por cuanto la recuperación simbólica de la España inquisitorial llevaba implícita una crítica de la Europa liberal a un régimen al que se tachaba de dictatorial y reaccionario. A la Iglesia y al Ejército, sus viejos enemigos de siempre, no les concedía siquiera el alivio de poder sustraerse de sus ataques, por más que hubiesen logrado la clausura de la Escuela Moderna. Y a los partidos de las organizaciones extremistas, que desde siempre habían contado con su apoyo financiero, les legaba un incómodo compañero de viaje, al que el crimen de la calle Mayor había restado reconocimiento y solvencia.

Cuando el 12 de junio de 1907 fue puesto en libertad, Ferrer era, pese a su absolución, un hombre moralmente desprestigiado, al que una buena parte de la opinión nacional consideraba implicado en el atentado, y respecto al que la clase política, incluso la más escorada a la izquierda, comenzó a mostrar un perceptible distanciamiento por entender el factor de riesgo que suponía tenerlo como aliado. E inteligente y práctico como era, no tardó en captar esa realidad, y, aconsejado por algunos de sus más íntimos allegados, entre ellos Lerroux, comprendió que, clausuradas sus escuelas y perdida parte de su confianza, no era una mala idea poner transitoriamente tierra por medio, y buscar, entre quienes desde fuera de España le habían apoyado durante el tiempo que duró su prisión, la colaboración indispensable para mantener, y ampliar sus proyectos en el campo de la educación racionalista y libertaria. Y convencido de que ésa era la actitud más adecuada, el 22 de julio, un mes después de su liberación, abandonó, junto con Soledad, Barcelona, dejando sus negocios editoriales en manos de Cristóbal Litrán, y viajó hacia París, una vez que el Gobierno francés dejase sin efecto la orden de expulsión que había dictado contra él, el 28 de abril del año anterior, muy pocos días antes de su procesamiento. E, instalado en lo que sería en adelante su nuevo domicilio en la rue Sant Martín, 21, se planteó el doble propósito de capitalizar, por un lado, la publicidad que la campaña internacional orquestada durante su proceso podía suponer de beneficio de su obra en España, maltrecha desde la clausura gubernativa de la Escuela Moderna, y emprender, por otro, una gira por diferentes ciudades europeas (Bruselas, Praga, Lisboa y Londres serían sucesivas escalas de esa peregrinación), desde las que le fuera posible irradiar el mensaje de sus postulados pedagógicos. Antes de todo lo cual, visitó la sede del periódico L'Action, que tan decisivamente había colaborado en la defensa de su causa, ocasión que aprovechó para entrevistarse con Charles Malato, al que, además de retribuirle los artículos que escribiera exculpándole durante el tiempo que duró su prisión, asignó, a modo de gratificación añadida, una renta de 600 francos mensuales.

De acuerdo con esas prioridades, y después de viajar a Praga para asistir al Congreso de Librepensadores que ese año se celebraba en la capital checa, Ferrer se dirigió en compañía de Soledad a Bruselas, donde, en unión de varios conocidos representantes del librepensamiento europeo (Laissant, Eslander, Naquet, Van Eysinga, Heaford y Paul Robin, entre otros), participó en la creación de la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia. Y también de una revista de orientación pedagógica, L'École Renovée, que, en línea con los principios de la Escuela Moderna, defendía el desarrollo de las capacidades intelectuales del niño, por encima de cualquier dogmatismo; propugnaba una enseñanza fundamentada sobre bases científicas y racionales; proponía nuevos escenarios escolares que acercasen a los alumnos al contacto con la naturaleza; rechazaba la memorización de los conocimientos, reemplazándola por la práctica experimental; promovía en los escolares un juicio crítico e independiente sobre el mundo social que les circundaba; se oponía al autoritarismo, la evaluación periódica del alumnado y la concesión de premios o la imposición de castigos; fomentaba la espontaneidad, la creatividad y la confrontación de las ideas; insistía en subrayar su carácter laico; y abogaba por una educación encaminada a lograr el desarrollo armónico y coordinado de los conocimientos humanistas, manuales y técnicos de los escolares, así como de sus aptitudes físicas[112].

Las actividades de la Liga y la elaboración de la revista, que pronto trasladaría su sede a París, ocuparon buena parte del trabajo de Ferrer durante la segunda mitad de 1907 y casi todo 1908, a la vez que le permitieron acrecentar sus contactos y relaciones, lo que supuso una mayor proyección internacional de su nombre, ya conocido en determinados medios de opinión europeos, a raíz de la campaña que siguió a su proceso. Pero aún dispondría de tiempo para reanudar la publicación, en Barcelona, de la segunda época del Boletín de la Escuela Moderna (que, dirigido por Juan Colominas, reprodujo muchos de los artículos de L'École Renovée y dio acogida a varios de sus firmantes); escribir el borrador del libro en el que detallaría los principios básicos de su proyecto educativo (que no llegó a ver editado, pues su publicación se dilató hasta 1912); enriquecer el catálogo de títulos de su editorial; y abrir en la capital catalana, tal como existía ya en varias capitales europeas, una delegación de la Liga, cuya gestión dejó en manos de sus colaboradores más íntimos, y que llegaría a contar con varios centenares de socios[113].

Simultáneamente a tan ajetreado quehacer, Ferrer mantuvo durante esos dos años un constante seguimiento del ritmo de la vida política barcelonesa, que alcanzó en dicho periodo sus niveles de mayor tensión a causa de la conflictividad que trajeron consigo la complicada coyuntura económica por la que Cataluña atravesaba, la creciente concienciación política y social del movimiento obrero (que había avanzado decididamente en la aceptación de los nuevos métodos revolucionarios) y el autoritarismo de un Maura, fiel siempre a sus convicciones conservadoras y empeñado en fiar a su tibio regeneracionismo el remedio a los males de España. Y tanto como resultado de sus visitas a Barcelona como por las noticias que a través de Litrán y otros amigos le llegaban desde la capital catalana, dedujo que los radicales eran, por sí solos, incapaces de subvertir el orden institucional y de avanzar en el logro de la emancipación de la clase trabajadora. Pero que, aliados con las sociedades obreras, podían, en cambio, ir más allá de lo que constituía la pretensión prioritaria de Lerroux (que no era sino allegar votos para su partido, guiado siempre por la intuición, el olfato político y el oportunismo), y asaltar, de la mano de los anarquistas, los pilares del Estado, a través de una huelga general revolucionaria.

De este modo, con la clara conciencia de que era preciso contar con las masas para allanar el camino a la revolución, y pese a ser consciente de que su crédito personal había disminuido notablemente en Cataluña, Ferrer continuó manteniendo contacto con radicales y anarquistas, que pugnaban enconadamente durante ese bienio por hacerse con el control del movimiento obrero en Barcelona. Con los primeros, distanciados de él por su aproximación a Solidaridad Obrera, fue progresivamente perdiendo influencia, lo que no impediría que colaborase en la instalación de una escuela laica en la Casa del Pueblo, y continuara manteniendo una estrecha relación con Lerroux, a quien asignó una subvención mensual de mil pesetas mientras el líder radical permaneció voluntariamente exiliado en Francia en espera de embarcar con destino a Argentina. En cuanto a los anarquistas, de los que se sentía ideológicamente mucho más próximo, por más que sus bases censuraran su condición de «burgués enriquecido», hizo un préstamo a fondo perdido a Solidaridad Obrera para que pudiese afrontar el alquiler de su nueva sede social, pensó en la idea de crear un nuevo periódico que alentase el anarcocomunismo y no perdió en ningún instante el contacto con varios de sus representantes, alguno de los cuales, como fue el caso de Miguel Moreno, habría de desempeñar un papel relevante durante la Semana Trágica, en cuanto que fue uno de los tres miembros integrantes del Comité de Huelga que gestionó el rumbo de la revuelta. Aunque, eso sí hay que recalcarlo, no tomó parte activa en la fundación del sindicato de Solidaridad, por más que repetidamente fuese acusado de ello, ni tuvo una influencia constatable en sus actuaciones posteriores, tal como, de forma interesada, han querido dejar entrever algunos de sus críticos y detractores[114].

Pero, además de su interés por mantener vivos esos vínculos, necesarios para hacer viable cualquier aventura revolucionaria, alentó la huelga de carreteros, de 1908, en la que cifró cierta esperanza de que pudiese desembocar en una rebelión de mayor alcance; intervino en los actos convocados para impedir la entrada en vigor de la Ley contra el Terrorismo, que Maura pretendía imponer y que finalmente fue retirada por el propio Gobierno; fundó en Barcelona, junto con varios políticos radicales, una nueva logia masónica, Los Siete Amigos, instalada en la sede del Partido Radical; y participó activamente en la campaña en favor de los presos de Alcalá del Valle, en la que veía también una forma de desestabilizar el sistema. Y todo ello, sin suspender en ningún caso su periplo viajero, que, en los primeros meses de 1909, le llevaría primero a Lisboa (el atentado de noviembre de 1908 contra el rey don Carlos vino a demostrar que el terrorismo continuaba constituyendo un atajo en el camino hacia la consecución del sueño republicano), y posteriormente a Londres, estancia esta que aprovechó para retomar sus habituales contactos con Kropotkin, Lorenzo Portet, Pedro Vallina, Enrico Malatesta y Fernando Tárrida del Mármol, adquirir los derechos de varios libros pedagógicos que tenía intención de publicar en su editorial, y visitar, de paso, a su hijo Riego, internado desde hacía unos meses en un colegio situado en las proximidades de la capital inglesa. Viaje este, en el transcurso del cual recibiría, procedente de Mongat, la inesperada noticia de la grave enfermedad que aquejaba, por partida doble, a su cuñada María, la esposa de su hermano José, y a la hija de ambos, Eulalia, lo que le hizo modificar los planes que tenía previstos para ese verano, y determinó desdichadamente para él su inmediato regreso a España.

Del repaso de las actividades de Ferrer durante este periodo que siguió a su excarcelación, se advierte, con tan sólo seguir sus pasos, que, a pesar de que fueron los proyectos educativos los que prioritariamente reclamaron su atención, no descuidó en ningún momento el quehacer activista que había inspirado toda su vida política, al que no renunció hasta el instante de su muerte. Y a través de sus libros de texto, las subvenciones que hizo llegar a periódicos y organizaciones obreras, la tupida red de relaciones mantenidas con destacados librepensadores, pedagogos e intelectuales de la izquierda europea, y sus contactos con los distintos partidos y sindicatos de trabajadores implantados en esos años en Cataluña, continuó alentando, desde el discreto plano que siempre había mantenido, esa nunca alcanzada revolución que acabara de forma definitiva con la monarquía borbónica, y colaboró sin descanso, como atinadamente ha apuntado la profesora Connelly Ullman, «en el montaje de un ambiente propicio, que permitiese engendrar los acontecimientos revolucionarios que, posteriormente, darían lugar a la huelga general que precedió a la Semana Trágica»[115].

Pero si todo lo dicho en relación con las actividades conspirativas del director de la Escuela Moderna es cierto, lo es también que sólo un mes antes de iniciarse la rebelión militar en Barcelona, él vivía en Londres, junto a Soledad, empeñado en sus tareas pedagógicas y editoriales, y, como es natural, distante del creciente clima de tensión social que en las últimas semanas se iba generando en Cataluña, del que había estado alejado, por las razones ya anotadas, de esa escalada de crispación. Y que si en el momento de dar comienzo el paro general del lunes 26 de julio se encontraba en su finca de Mas Germinal, en Mongat, no se debía a otro motivo que no fuera el de acompañar a su familia durante la enfermedad, primero, y la muerte, después, de la pequeña Layeta, junto a la que compartió sus últimas horas, y cuyo cadáver acompañó, la mañana del 19 de junio, al cementerio de Montjuïc, sin sospechar siquiera que, apenas cuatro meses después, sería también ese el lugar de su destino definitivo.

III

La Semana Trágica

La Barcelona que encontró Ferrer en junio de 1909 a su vuelta de Londres, en un retorno obligado por los problemas familiares ya expuestos, distaba mucho de la que abandonó casi exactamente dos años antes, cuando, tras salir de la cárcel, libre de cargos, decidiera pasar una larga temporada fuera de España dedicado a promover un proyecto educativo internacional acorde con los principios de la clausurada Escuela Moderna. Cierto que durante ese tiempo había realizado varios viajes a la capital, el último el anterior mes de marzo, y no había perdido en ningún momento el contacto con ella. Pero aun a pesar de eso, percibió, apenas tuvo ocasión de tomarle el pulso, una sociedad más alterada; inmersa en un complejo mapa político, en el que catalanistas, republicanos y anarquistas intentaban hacerse sitio, a veces incluso violentamente, posicionándose ante la eventual posibilidad de modificar una forma de Estado y un orden institucional, en los que ninguno de ellos creían; y cuyos componentes más desfavorecidos, las masas obreras, habían comenzado ya decididamente a articular mecanismos asociativos desde los que conseguir vertebrar un espíritu de clase, y engendrar, simultáneamente, energías revolucionarias para activarlo.

En su aspecto exterior, en su renovada envoltura, la imagen que la ciudad ofrecía al visitante no podía ser más dinámica y pujante. Integrados ya plenamente en la morfología urbana los hasta unos pocos años antes pequeños pueblos de Gracia, Sants, Horta, Las Corts, Sarriá y San Martí de Provensals; ampliada día a día la cuadriculada retícula del Ensanche, que amenazaba ya en su expansión las faldas del Tibidabo; abiertas nuevas y amplias avenidas, la última de las cuales, la Vía Layetana, empujaba su imparable avance hacia el mar; arbolados los paseos y ajardinadas con parterres plazuelas y rincones hasta entonces desatendidas, Barcelona se ofrecía a la vista del viajero como una urbe sugestiva y cosmopolita, con una dinámica actividad fabril, portuaria y comercial. Acababan de inaugurarse, apenas con unos meses de diferencia, el Palau de la Música y el de Justicia, edificios modélicos cada uno en su género; Gaudí vivía el esplendor de su carrera, y completaba en esas fechas las fachadas de la Pedrera; los arcos voltaicos iban desplazando poco a poco a la mortecina luz de los faroles de gas; el parque de automóviles superaba ya con creces los doscientos vehículos; cafés, fondas, salas de té y restaurantes poblaban con sus llamativos rótulos y sus animadas terrazas las calles y enclaves más neurálgicos del centro urbano; el Paralelo constituía ya un obligado referente de las más diversas variedades del ocio; grandes y lujosos comercios transmitían desde sus amplios escaparates un exultante tono de glamur; y el espíritu de la Renaixença sumaba, además, a todo ese conjunto de innovadoras mejoras un soporte ideológico, que añadía a la renovada estética de la capital un contenido identitario, artístico y cultural.

Pero bajo esa cuidada epidermis, en lo más hondo de su propia entraña, bullía, como ya se ha detallado en páginas anteriores, otra segunda y más ignorada ciudad, contrapunto de la anterior, que se hacinaba entre las lóbregas y sinuosas callejuelas del Poble Sec, la Barceloneta, San Pedro, las Atarazanas y el Raval, o concentraba sus modestas e insanas casas de vecindad en los más alejados barrios obreros de Pueblo Nuevo, el Clot, Hostafranchs, Casa Antúnez o San Andrés del Palomar. Una Barcelona agazapada, suburbial, y casi dickensiana, azotada de nuevo por el terrorismo (entre enero de 1907 y julio de 1909 estallaron en la capital más de treinta artefactos explosivos y dos bombas «orsini», que llevaron al patíbulo al anarquista Juan Rull), en la que los obreros se diluían y desdibujaban entre una población marginal de pordioseros, prostitutas, ventajistas, y demás gentes del submundo del hampa. Con interminables jornadas de trabajo, y salarios miserables, insuficientes para hacer frente a las 120 pesetas mensuales, en las que se estimaba entonces la manutención familiar; sin condiciones sanitarias ni higiénicas; faltos de medios para poder escolarizar a sus hijos; enfrentados a largos ciclos de paro que, a veces, llegaron a alcanzar el 30 por ciento de la población laboral; y apenas asistidos por la cobertura social del Estado, que, pese a legislar algunas nuevas normas proteccionistas (a las ya implantadas Leyes del Descanso Dominical, y de Accidentes de Trabajo, el Gobierno Maura añadió la creación del Instituto Nacional de Previsión), desviaba primordialmente su tutela a instituciones benéficas y caritativas, lo cierto es que los obreros barceloneses vivían en una situación de precariedad y desamparo casi imposibles de describir[116].

Y sería, precisamente esta ciudad preterida, agobiada numéricamente por una inmigración, que la hacía crecer anualmente en más de diez mil habitantes, y desprotegida de otros apoyos que no fueran su propia iniciativa, la que más decididamente iba a comprometerse, a lo largo de esos dos últimos años, los que van de 1907 a 1909, en un empeño solidario y combativo, que, sacándola de su anterior atonía, desarrollase en ella una toma colectiva de conciencia y un sentimiento de clase capaces de convertirla en una realidad social de creciente importancia y peso en la vida laboral y política, y de permitirle ir haciéndose hueco en el marco de una sociedad que tuvo que ir acostumbrándose de modo acelerado a familiarizarse con sus conflictos y con un lenguaje que hasta entonces no había entendido.

Para el cambio de espíritu de este proletariado industrial, que hasta entonces había vivido agremiado en incontables asociaciones de oficio, iba a constituir una herramienta esencial el nacimiento en junio de 1907 de Solidaridad Obrera, que, al agrupar a buena parte de aquéllas, primero en una federación municipal y luego en una confederación regional, sentaría las bases de un incipiente movimiento sindical, fundamentalmente reivindicativo, sin dependencia de ningún partido y dirigido fundamentalmente a proteger los intereses de los trabajadores, tanto en sus demandas inmediatas como en la tramitación de los convenios colectivos. Y que en su Congreso celebrado en septiembre de 1908, con la organización ya reforzada tras la adhesión de 130 sociedades y cerca de 25.000 trabajadores, adoptó acuerdos tales como profundizar el sentimiento de solidaridad de clase, combatir el incumplimiento de la ley de descanso dominical, declarar la guerra a quienes explotaban a mujeres y niños, continuar luchando por la jornada de ocho horas, formar asociaciones de inquilinato contra los propietarios que cobraban rentas excesivas, mantener su independencia partidista y recurrir a la movilización obrera como forma de mejorar sus condiciones de trabajo y subsistencia. A todo lo cual, añadiría, en una posterior asamblea, la apertura de un centro de convivencia similar a las Casas del Pueblo, dotado de salas de conferencias, biblioteca, escuela para obreros, café, escenario para espectáculos u otro tipo de actos, y despachos de reunión para cada uno de los oficios asociados, que (con la ayuda económica precisamente de Ferrer i Guardia, que pagó el alquiler) instalaría su sede en la calle Nueva de San Francisco[117].

Este inicial movimiento sindical, integrado en un primer momento por socialistas, radicales y anarquistas, tendría, sin embargo, en los años siguientes, que enfrentarse, lo mismo que otras asociaciones obreras independientes o coaligadas con partidos concretos, a difíciles coyunturas políticas y económicas de relevante trascendencia, que irían progresivamente sumando un contenido ideológico a su primitivo espíritu asociativo. Coyunturas que vendrían determinadas fundamentalmente por la autoritaria política del Gobierno; el advertible deslizamiento de la monarquía hacia posturas militaristas y antidemocráticas; la disgregación del bloque de Solidaridad Catalana, que, tras un notable éxito electoral, fue incapaz de canalizar el catalanismo en una dirección integradora; la irrupción del patrioterismo populista del Partido Radical, que, aunque falto de ideología, concitó las esperanzas de una gran parte de la masa obrera en una acción partidista; la fuerte recesión económica surgida durante ese periodo en el Principado; y el inicio, sobre todo, de la inesperada e impopular guerra del Rif. Y que conducirían a ese primer obrerismo, nacido con vocación eminentemente reivindicativa, a derivar hacia posturas de mayor presión y activismo, con capacidad de influencia en la orientación social de la política del país.

Maura, estadista de altura, honesto, imaginativo, firme en sus convicciones, gran aglutinador de voluntades y capaz de afrontar el reto que suponía la renovación del ya caduco régimen canovista, pero, a la vez, arrogante, soberbio, autoritario, de una religiosidad próxima al fanatismo, y convencido de que sólo en el marco de su proyecto político podía el país regenerarse, había ya amortizado, dos años y medio después de su acceso al poder, el crédito que la izquierda le había concedido, y su «revolución desde arriba», se había quedado en un proyecto reformista, repleto de iniciativas, pero plagado también de errores y sonoros fracasos. En su haber contaba con proyectos meritorios (no siempre llevados a término) como la modernización de la Administración; el fomento de la industria nacional; la guerra al caciquismo; la reforma naval, que proponía una mejora de la escuadra y una renovación de la marina mercante; la moralización de la vida pública; la presentación de propuestas parlamentarias relativas a la reforma de la ley electoral, la justicia municipal, la puesta en cultivo de tierras hasta entonces baldías, y la reorganización del servicio militar; la supresión del arbitrario «fondo de reptiles»; y la aproximación del catalanismo moderado como una vía mediante la que evitar el desmembramiento del Estado. Pero su debe disponía, asimismo, de carencias de importante calado. Introdujo un sistema de voto corporativo que limitaba el sufragio universal; fue incapaz de sacar adelante las reformas militares exigidas por un Ejército tan sobredimensionado en mandos (disponía de 18.000 jefes y oficiales para una tropa de 80.000 hombres) como parco en equipamiento y presupuesto; demostró su debilidad respecto a las concesiones de monopolios y adjudicaciones; ignoró a la opinión pública, a la que siempre trató con displicencia; otorgó un desproporcionado trato de favor a las asociaciones religiosas eximiéndolas del fisco y excluyéndolas de la Ley de Asociaciones; y se alió siempre con la gran banca, las oligarquías, el poder económico y, sobre todo, la Iglesia. Un desequilibrio contable tan manifiesto, que terminaría dividiendo a la nación en dos bandos irreconciliables, pródigo uno en adhesiones inquebrantables (la España del ¡Maura, sí!) y expresado el otro en rechazos no menos ostensibles (la del ¡Maura, no!), antagonismo que contribuiría a abrir hondas fracturas en la convivencia nacional[118].

Con la izquierda le enfrentaría, además de su racanería en la articulación de medidas sociales (limitadas al ya citado Instituto Nacional de Previsión, la Ley de Conciliación y Arbitraje, y una tímida legislación reguladora de la huelga, prácticamente ineficaz porque no autorizaba el paro general y aceptaba, en cambio, el lockout de los patronos), el importante recorte de derechos civiles que caracterizaron su prolongado mandato. Suspendió las garantías constitucionales dos veces; no derogó la Ley de Jurisdicciones, que, al atribuir a los tribunales militares la competencia sobre cualquier ofensa contra la patria o el Ejército, suponía un atentado contra la libertad de prensa; elevó los impuestos de consumos; no fue capaz de suprimir el injusto sistema de reclutamiento, tan lesivo para las clases populares; y, sobre todo, propuso al Parlamento una polémica e impopular Ley contra el Terrorismo, mediante la que el Gobierno podía clausurar los centros anarquistas, suspender sus periódicos y desterrar a sus dirigentes, que le enajenó cualquier empatía residual que aún pudiera quedarle en la opinión liberal, unida en esa ocasión en un llamado Bloque de izquierdas, que finalmente le obligaría a retirarla. Una política, en fin, de luces y sombras, que, en su versión más negativa, Maeztu calificaría de «pesadilla insoportable», y por la que Pablo Iglesias, en un desafortunado discurso, llegó incluso a amenazarle con el atentado personal[119].

La «revolución desde arriba», o lo que es igual, «la decidida voluntad de cambiarlo todo, para que, en el fondo, no cambiase nada», se quedó para buena parte de la sociedad en una utopía, y para quienes, como los trabajadores, no entendían otros procesos revolucionarios que los surgidos «desde abajo», en un motivo de fricción más, y una renovada invitación a la lucha. Con Maura no exixtía la posibilidad de entenderse, porque su política, como muy bien advirtió Gaziel, partía de un imposible:

Las verdaderas revoluciones implican siempre cambios dolorosos, grandes derrumbamientos y múltiples estragos. Revoluciones desde arriba, es decir, hechas por las clases acomodadas y conservadoras de un país, mientras prosperan los negocios y se cortan cupones, no las ha habido nunca en ningún lugar. Y esta especie de revolución, sin revolución, esta revolución imposible, es, precisamente, a la que aspira el maurismo[120].

Pero, fuera ya del ámbito del Gobierno, también tuvo el movimiento obrero que hacer frente al complicado rompecabezas que constituía el contexto político regional, un puzle de complicado encaje, con un catalanismo burgués que hacía guiños a Madrid y otro radicalizado, pero incapaz de dar el salto revolucionario; un incipiente socialismo que intentaba abrirse espacio a duras penas en el proletariado barcelonés a través de la UGT; un frente anarquista, convencido de que sólo una revolución social podía dar sentido al proyecto de emancipación de los trabajadores; y un Partido Radical, que sin ningún contenido doctrinal, pero con un enorme poder de conexión con las masas, gracias al carisma de su líder, Alejandro Lerroux, había calado en el proletariado, las clases medias y en la población inmigrante con un entusiasmo enfervorizado y militante. Y todo ello inscrito, además, en un clima de alto nivel emocional, en el que el antimilitarismo, focalizado en un Ejército intervencionista a pesar de sus derrotas, y, sobre todo, el anticlericalismo, nacido de la tradicional consideración de la Iglesia como aliada incondicional de los grandes intereses financieros y los consorcios empresariales, iban también constituyéndose en elementos generadores de una creciente crispación que no tardaría en explosionar como tendrá ocasión de comprobarse.

Descontada la Lliga, que constituida fundamentalmente por la burguesía catalana, los comerciantes y los profesionales liberales derivó, de la mano de Prat de la Riba y Cambó, hacia posiciones claramente conservadoras, el obrerismo barcelonés, y con él todo el de Cataluña, tuvo que apoyarse y buscar acomodo entre el anarcosindicalismo dominante en Solidaridad Obrera y el lerrouxismo, o lo que es igual, entre una búsqueda de la dignificación social por la vía de un asociacionismo activo, pero abierto a la movilización y la huelga, o la apuesta, alrededor de Lerroux, por una dinámica de agitación provocadora, que predicaba reavivar el republicanismo orientándolo hacia una revolución política.

Por lo que se refiere a Solidaridad Obrera, la federación vivió un difícil proceso de identidad debido al enfrentamiento entre quienes buscaban conferirle un carácter regulador de las relaciones trabajo-capital, apolítico y autónomo, y los que, partiendo también de un sentimiento de solidaridad y defensa de los intereses laborales, alentaban además un proyecto más ambicioso de sindicalismo revolucionario. Pero superada esa inicial tensión, fue calando la tendencia a crear un amplio frente antipatronal, abierto a todos los trabajadores, y a tomar cuerpo la idea de un asociacionismo comprometido y responsable. Acontecimientos como la Ley del Terrorismo, la campaña en favor de los presos de Alcalá del Valle o la intransigencia patronal en la crisis del algodón, imprimieron a la organización una actitud más combativa, en la que la activación de las masas y la huelga general dejaron de aparecer ya como conceptos disonantes. Solidaridad se constituyó en una fuerza potencialmente activa y determinante. De modo que lo que sólo diez años antes suponía un imposible, el poder influyente de las masas, acabó por convertirse en una posibilidad real. Hasta el punto de que Romero Maura, uno de los historiadores más solventes de ese periodo, pudo escribir acertadamente, que «en la primavera de 1909, Solidaridad Obrera estaba ya en situación de liderar un movimiento de clase»[121].

En el polo opuesto, el Partido Radical, representaría el otro núcleo aglutinador del obrerismo barcelonés. Demagógico, populista, mesiánico, ilusionante, desestabilizador y oportunista, careció de otro cuerpo doctrinal, que no consistiera en «negarlo todo, sin afirmar, a cambio nada». Pero el verbo inflamado de su líder, magnetizador de masas y maestro de la propaganda, y la contundencia de sus métodos, provocadores, creó una tupida red de expectativas políticas, y le proporcionó una enorme clientela (dos terceras partes del obrerismo catalán se integraron en el partido), sobre todo entre el proletariado inmigrante, al que instó a abandonar sus asociaciones bajo la seducción de una próxima revolución social. Y compitió con Solidaridad, unas veces intentando absorberla y otras destruirla, movilizando los instintos básicos de amplios sectores sociales desorientados políticamente, a través de un proyecto verbalmente revolucionario, aunque incapaz de activar otros mecanismos que la descalificación, el motín y la revuelta, bajo la promesa de un Estado distinto, la República, y una emancipación liberadora.

Una dualidad en el enfoque de sus tácticas y sus estrategias, pero con la convergencia común de que el objetivo de sus proyectos, además de definir todo tipo de presiones sociales contra el capital (su tradicional opresor), se centraba fundamentalmente en la toma de conciencia de clase, sin excluir en ningún caso el recurso a la huelga general, ideal consustancial y recurrente en los programas tanto republicano como anarquista.

En cuanto a la situación económica de ese bienio, hay que señalar que, salvo un breve paréntesis de bonanza que activó la Bolsa e hizo que se crearan nuevas sociedades anónimas (bien que este repunte sólo afectara a unos pocos sectores de la producción), vivió, sobre todo a partir de 1908, una intensa crisis comercial, derivada en buena parte de la recesión sufrida en Estados Unidos, el más importante de los proveedores y clientes españoles, que incidió de un modo especial en la industria textil. La sobreproducción industrial, con su correspondiente acumulación de stocks; la falta de competitividad con empresas de otros países, que dificultaría la apertura de nuevos mercados en Europa, América y Filipinas; el alza internacional del precio del algodón; la incapacidad empresarial, posiblemente por falta de capital, para modernizar sus viejas maquinarias, unida a la carencia de una mano de obra cualificada, indispensable para atenderlas; y el retraso por parte del Ministerio de Hacienda en aprobar una línea de primas a la exportación, condujeron al cierre de algunas importantes fábricas y forzaron a los empresarios a adoptar medidas urgentes, de entre las que terminaría imponiéndose, como solución más cómoda y eficaz, la reducción de costes laborales, traducida en bajadas salariales, aumento del horario de trabajo y despidos, que, según algunas fuentes, llegaron en algún momento a alcanzar hasta el 30 por ciento de los hombres y el 40 por ciento de las mujeres[122].

Los reglamentos de fábrica conocidos demuestran, además, el poder casi absoluto de que disponían los patronos, traducido en normativas abusivas, como, por poner sólo un ejemplo, la de la vidriera Comas, que imponían «jornadas de diez horas, despido libre sin otra remuneración que la de los días de la semana trabajados, traslado de cualquier operario a otra plaza sin cambio de jornal, o prohibición durante el horario de faena de hablar de nada ajeno al trabajo o hacer manifestaciones políticas de ninguna especie». En vista de todo lo cual, resultaba claro que a los trabajadores no les quedaba a mano otra respuesta que el recurso del paro total, cuando menos como una estrategia frente a la patronal, reacia a ningún tipo de concesiones, y si resultara preciso, también contra el Gobierno, en el que siempre concentraban la última responsabilidad de sus males.

En la primavera de 1909 los crecientes conflictos abiertos entre patronos y trabajadores, que se irían extendiendo a otros ramos de la producción, comenzaron a dar síntomas de que la situación que se vivía era cada vez más una réplica de los acontecimientos que habían conducido, siete años antes, a la huelga general de 1902, y fueron, día a día, creando un clima de progresiva crispación, que se aceleraría de un modo ya alarmante el 15 de mayo, cuando el poderoso empresario Alberto Rusiñol, que había sido presidente de la Sociedad del Fomento del Trabajo y era en esos momentos uno de los máximos dirigentes de la Lliga, decidió el cierre de su fábrica textil de Manlleu, lo que supuso el despido de aproximadamente 800 obreros. Con la falsa disculpa de haber transferido la propiedad de la empresa a uno de sus familiares, Rusiñol aceptó pocos días después la reapertura de la factoría, pero, eso sí, estableciendo una escala de salarios a la baja, y mostrándose decidido a reclutar mano de obra en otras zonas de Cataluña en el caso de que los obreros despedidos no aceptasen las nuevas condiciones económicas que se les ofrecían[123].

Este claro lockout empresarial, que sería pronto secundado por otros numerosos patronos como forma más eficaz mediante la que afrontar la recesión comercial, tendría una inmediata respuesta por parte de las sociedades obreras agrupadas en Solidaridad Obrera que, reunidas asambleariamente el día 10 de julio, debatieron y aprobaron el recurso al paro general, iniciando una campaña de concienciación obrera, a la que se sumaría el Partido Radical, encaminada a conseguir los compromisos necesarios para hacer efectiva la huelga. El esfuerzo reivindicativo, iniciado dos años antes, se transformaba en un movimiento de clase dispuesto a manifestarse tan pronto como las circunstancias así lo aconsejasen.

Pero por si todo ese cúmulo de adversidades no fuera suficiente, un nuevo elemento perturbador, el inesperado retorno a las hostilidades con Marruecos en la región fronteriza del Rif, olvidadas ya después de más de quince años de coexistencia pacífica entre ambas naciones, vino a sumarse al clima de intranquilidad social en que vivía Barcelona, actuando a modo de eficaz detonador de esa crispación, alimentando el descontento e incrementando la indignación de una población que, aún presente en la memoria de todos el desastre de las guerras de Cuba y Filipinas, en las que causaron baja casi el 50 por ciento de los combatientes, intuía la inminencia de nuevos llamamientos a filas. Y, con ellos, el inevitable riesgo de pérdida de vidas humanas y la repercusión económica que la ausencia de brazos productivos representaba para sus sectores más desprotegidos, que eran quienes sufrían siempre los efectos de los reclutamientos de un Ejército, desprestigiado por sus recientes derrotas, prepotente en su valoración de la misión salvadora que le había sido asignada, y vacío del más mínimo crédito.

España, que a lo largo del último medio siglo sólo había intervenido militarmente en el país vecino en dos ocasiones, las breves campañas de 1859-1860 y 1893-1894, ambas como respuesta a sendos ataques marroquíes, se vio abocada, tras la instalación en las proximidades de Melilla de dos empresas mineras, la Sociedad Española de las Minas del Rif y la Compañía Norteafricana, la primera formada con capital nacional (a cargo fundamentalmente de la familia Güell, el marqués de Comillas y el conde de Romanones) y la segunda financiada con fondos franceses pero con dirección española, a garantizar a sus trabajadores un apoyo logístico, lo que representaba una clara penetración en territorio rifeño, para la que el general Marina, máximo responsable de la guarnición melillense, no disponía ni remotamente de medios (ni siquiera existían planos topográficos de la zona) y que fue, además, pésimamente gestionada en su aspecto mediador por Alfonso Merry del Val, un diplomático inhábil, torpe, indiscreto, de carácter irascible, impaciente y profundamente integrista (era hermano del secretario de Estado vaticano), pero al que, presumiblemente gracias a su amistad personal con Alfonso XIII, el Gobierno español destacó como embajador extraordinario ante el sultán Muley Hafid.

Pese a tan adversas circunstancias, un Maura impensadamente colonialista, aunque coherente, eso sí, con su política de apoyo a los grandes inversionistas nacionales, aprovechó la coyuntura que se le ofrecía de contrarrestar la influencia francesa en el Magreb y, presionado también por una oficialidad que veía la posibilidad de conseguir ascensos más rápidos, autorizó la movilización de un amplio contingente de fuerzas, para lo que, en previsión de una inmediata respuesta por parte de la oposición liberal, clausuró el 4 de junio las Cortes, con un mes de antelación a la que era su fecha habitual, convocando al Consejo de Estado, al que cupo el encargo de aprobar un primer crédito de algo más de tres millones de pesetas dirigido a reforzar la guarnición melillense y preparar tres brigadas mixtas que pudieran salvaguardar los intereses financieros de la zona, incluso entrando en combate si las circunstancias así lo exigían.

Y a tal efecto, y mediante una cuestionada decisión del Gabinete, cuyas consecuencias no tardarían en hacerse notar, el ministro de la Guerra, general Linares, ordenó activar los preparativos de provisión de la primera de esas tres brigadas, que habría de formarse, no con las tropas que su antecesor en el cargo, el general Fernando Primo de Rivera, había adiestrado para una posible eventualidad, sino con batallones dependientes de la IV Región Militar (Cataluña), a los que se añadirían dos regimientos de infantería y caballería y varias unidades de ingenieros, a todos los cuales se obligaba a acuartelarse, cancelándose cualquier tipo de permisos y conminándoles a mantenerse en estado de emergencia.

Como era previsible, a esta inesperada acción unilateral de limpieza del área montañosa en torno a Melilla, que conllevaba la reanudación del tendido de la línea de ferrocarril que conectaba a la ciudad fronteriza con los yacimientos mineros, suspendido hacía unos ocho meses, las cabilas rifeñas, independientes en muchos casos de la autoridad del sultán, no tardaron en responder con operaciones de acoso y hostigamiento, que culminarían el 9 de julio con el ataque a un retén de trabajadores de la Compañía Norteafricana, que se encontraban tendiendo raíles en un puente recién cimentado sobre el arroyo Sidi-Musa, con el resultado de cuatro obreros muertos. Este hecho llevó al Gobierno, tres días después, a movilizar, por medio de un Real Decreto, a los componentes de la primera reserva, en la que se encuadraban todos los reemplazos posteriores a 1903, que sumaban el contingente de tropa solicitado por el general Marina para afrontar las responsabilidades que se le reclamaban[124].

La que en el argot popular empezó a denominarse la «guerra de los banqueros» se había activado definitivamente. Y lo que es más grave, por cuanto representa de miopía política por parte de Maura, lo había hecho sin preparar a la opinión pública del previsible alcance de sus consecuencias, que resultarían desastrosas en lo que se refiere al número de bajas; imponiendo la censura para enmascarar la contienda que se avecinaba bajo el disfraz de una mera acción policial sin carácter ofensivo; llamando a filas a los reservistas, en su gran mayoría padres ya de familia, de extracción obrera en su totalidad, y sin otros recursos que los provenientes de su propio trabajo; y eligiendo, sobre todo, a Barcelona, ciudad de la que procedía el mayor contingente de los reclutados, como principal puerto de embarque, del que entre el 14 y el 18 de julio zarparían sucesivamente los buques Cataluña, Ciudad de Cádiz, Alfonso XII, San Francisco, Montevideo y Puerto Rico hasta completar el total de los efectivos movilizados.

Pedir a la capital catalana, sumida en la incertidumbre de un reflujo económico; agitada socialmente por el anarcosindicalismo; harta de la ineficaz «revolución desde arriba» promovida por el maurismo; con el recuerdo aún vivo del regreso de los repatriados de Cuba, desnutridos y enfermos dentro de sus raídos uniformes de rayadillo; y a la que ahora volvía a exigírsele la sangre de quienes no disponían de las mil quinientas pesetas indispensables para eludir el servicio militar, era, como se escribiría en aquellos días, casi un imposible. Y lo que había comenzando, así, siendo una especie de desagradable pesadilla, fue transformándose día a día, hora a hora, alimentada como es imaginable por la prensa de izquierda, primero en una actitud indignada, después en un estallido de rabia, y luego en una explosión colectiva de irritación y cólera, hasta convertirse finalmente en un auténtico reguero de pólvora, que iría progresivamente extendiéndose a lo largo y ancho de todo el cuerpo social de la ciudad.

Un polvorín que se activó de modo espontáneo el domingo día 18 con la partida del Batallón de Cazadores de Reus, compuesto íntegramente por soldados catalanes, y al que la autoridad militar, haciendo nuevamente gala de su falta de respeto al sentimiento de dolor que la expatriación representaba, hizo desfilar a través de las Ramblas camino de los muelles, desfile que la multitud, entre la que destacaban las esposas e hijos de los movilizados, interrumpió mezclándose con ellos y abrazándolos entre sollozos, gritos de «Abajo la guerra», «Que vayan Comillas y los hijos de Güell», «Tirad vuestros fusiles» y «Fuera, Maura», y silbidos y abucheos a la marcha real. Y que alcanzó su máximo punto de inflexión, ya en el puerto, cuando un grupo de damas de la más relevante sociedad barcelonesa acudió a repartir caritativamente entre los expedicionarios escapularios, estampas, medallas, paquetes de tabaco y otras baratijas, que la mayoría de los soldados arrojaron al mar, mientras fuerzas del orden a caballo, dirigidas por el propio capitán general Luis de Santiago, cargaban, sable en mano, contra el tumulto de quienes expresaban su indignación contra aquella supuesta empresa patriótica en la que no creían y a la que estaban decididos a oponerse con todos los medios a su alcance.

La mecha de la rebeldía acababa de prenderse. Lo que, premonitoriamente, el gobernador Ossorio y Gallardo había anunciado, al escribir que «en Barcelona la revuelta no se prepara por la sencilla razón de que está preparada siempre», iba a ser en esta ocasión más que una aventurada profecía, una revelación anticipada. Sin que posiblemente nadie aún lo sospechara, y menos que nadie el Gobierno de la nación, pese a que la arrogancia de Maura le llevaba a creer tenerlo todo siempre sujeto a control, la Semana Trágica estaba ya anunciándose. Y con una carga, además, de violencia, rencor, convulsión, vandalismo, odio, horror y sangre que ni los más pesimistas augures hubieran nunca imaginado.

* * *

Orientar la voluntad y el ánimo de una sociedad crispada por el impacto de una guerra impopular, no fue tarea complicada para una prensa, como la de la izquierda intransigente, acostumbrada a crear estados incendiarios de opinión y a excitar los instintos más atávicos de quienes sorbían sus artículos con la unción propia de convencidos catecúmenos. Y como quiera que esa animosidad era compartida, en mayor o menor grado y con diferentes niveles de adhesión, por sectores hasta entonces próximos a las tesis gubernamentales, no tardó Barcelona (y con ella buena parte de España) en sumarse a esa protesta contra una aventura imperialista que sonaba a hueca, y tras la que hasta los más ingenuos adivinaban intereses ajenos al honor nacional y sólo concernientes a los grupos financieros beneficiados por el despliegue.

A ese insurgente frente antibélico, propiciado de entrada por los rotativos republicanos El Progreso y La Rebeldía y el catalanista El Poble Catalá, irían sumándose, día a día, con espíritu combativo e inflamada retórica La Publicidad, El País, La Campana de Gracia, El Socialista, El Diluvio y La Tribuna, que, en titulares, editoriales y artículos de fondo, criticaron abiertamente la actitud del Gobierno, incitando a la población a condenarla y a manifestarse abiertamente contra ella[125]. E incluso, en un tono más sereno y moderado, pero coincidentes con ellos en su declarado rechazo a la recién iniciada aventura militar, añadieron asimismo sus quejas diarios del prestigio de La Veu de Catalunya, El Liberal, El Heraldo o La Correspondencia de España, el último de los cuales llegaría a publicar un durísimo artículo firmado por su director Leopoldo Romeo, que puede muy bien valer como expresión del espíritu que animaba a la generalidad de la prensa nacional en el tajante rechazo del tan repudiado conflicto rifeño:

Contra un país es imposible luchar. Y España no quiere ni oír hablar de Marruecos. A excepción de media docena de caballeros políticos, de unos cuantos bolsistas del sube y baja, y de otros tantos pescadores en río revuelto, nadie desea ni aventuras, ni provocaciones extemporáneas, ni ocupaciones innecesarias, ni expediciones fuera de tiempo y lugar. Si de verdad el país comprendiese que en Marruecos íbamos a resolver algún problema, es posible que tolerase una política de corte imperialista, pero como sabe que a Marruecos vamos sin saber a qué, es algo que no lo soporta.

Supongamos que nuestras tropas salen de Melilla y ocupan diez, treinta, cien kilómetros. Ya están ocupados. ¿Y para qué? Pues para nada. Absolutamente para nada, como no sea para gastar un centenar de millones que aquí hacen falta y allí no servirán para nada. Morirán unos cuantos soldados, ascenderán otros tantos, mostraremos una vez más nuestro desbarajuste, nos pondremos por centésima vez en ridículo llamando al tiroteo, escaramuza; a la escaramuza, acción de guerra; al encuentro de avanzada, combate; y al combate, batalla campal. Enviaremos más generales que coroneles, más jefes que oficiales, más oficiales que soldados, más promesas que realidades, más proyectos que resultados, y, por todo sacar, sacaremos tristemente sólo una cosa: sangre del pueblo y dinero del contribuyente.

¿A qué mentir si ésta es la verdad? ¿Para qué hacernos ilusiones vanas y ridículas si las cosas son lo que son y no lo que se pretende que sean?

Maura dijo un día que el proyecto de Asociaciones era la guerra civil. Y yo le digo ahora que el ir a Marruecos es la revolución. Y al decírselo, sirvo a la Patria y al Rey mucho más y mejor que haciendo creer al Rey y a la Patria que el ir a esta guerra absurda conviene a la Nación y a la Monarquía[126].

Pero esta belicosidad, expresada en decenas de artículos con títulos tan expresivos como «La guerra infame», «Que vayan ellos», «La Cierva, dictador»[127], «El Desastre» o «Abajo los frailes», no fue sino la avanzadilla de la actitud con que la totalidad de los partidos políticos de izquierda y las asociaciones obreras enardecieron a sus afiliados, quienes ya el lunes 19, saldrían airadamente a la calle en Barcelona en una tumultuosa manifestación, a la que no faltaron los familiares de los reservistas, y que, a lo largo de su recorrido por las Ramblas, aprovechó su paso ante la residencia del marqués de Comillas para vociferar soliviantada contra el magnate inversionista, antes de ser contundentemente disuelta por las fuerzas del orden. Manifestación esta a la que seguirían otras varias en las fechas siguientes, y que tuvo un efecto multiplicador y una traducción inmediata no sólo ya en el resto del Principado, sino en ciudades como Zaragoza, Valencia, La Coruña, Gijón, Málaga, Bilbao y, sobre todo, en Madrid, donde los airados concurrentes abarrotaron la Puerta del Sol, mientras decenas de mujeres se tendían sobre las vías de la estación del Mediodía para impedir la marcha a Melilla de nuevas remesas de soldados, con el eco aún vivo en sus oídos de las duras palabras de Pablo Iglesias, que dos días antes había dicho textualmente: «Hay que combatir al Gobierno con todos los medios a nuestro alcance. Se impone la huelga general, y después, si esto no es suficiente, la acción revolucionaria».

Como si hubiese escuchado la reflexión del líder socialista, Barcelona vio en la calle su mejor y posiblemente único escenario de expresión, y concentró por eso en ella la exigencia de un cambio gubernamental respecto a la intervención militar en Marruecos. Entre el martes y el sábado, concentraciones, mítines, algaradas y manifestaciones se sucederían sin prácticamente solución de continuidad, alimentadas por la fuerte represión de las fuerzas del orden y por la sospecha, sobre todo, de que el Gobierno estuviese ocultando, amparándose en la censura de prensa, las auténticas dimensiones de la tragedia que se estaba viviendo en Melilla. Los choques entre los congregados y los efectivos del cuerpo de seguridad y los de la Guardia Civil se multiplicaban por momentos. En cada esquina surgían encontronazos y fricciones, dada la hostilidad de unos y otros, lo que hacía que la ciudad viviera en un estado de zozobra y excitación permanente. Y día a día, minuto a minuto, fue abriéndose paso entre la gente la idea de la huelga como la vía más adecuada y eficaz desde la que expresar y dar cauce más eficazmente a la sobrada indignación reinante.

¿Cuál fue, sin embargo, el pronunciamiento, la decisión puntual que cada una de las fuerzas políticas y sociales operantes en Cataluña, desde el propio Gobierno al Partido Radical, pasando por la Federación Socialista, los anarquistas próximos a Solidaridad Obrera y los catalanistas, adoptaron en relación con tan alarmantes acontecimientos? ¿Cómo reaccionaron unos y otros ante las noticias que, pese a la censura, cada día llegaban de Melilla dando cuenta de nuevas bajas, con un balance sólo durante esa semana superior a los quinientos muertos? ¿Y en qué sentido orientaron sus respectivas estrategias para conducir y gestionar el espíritu cada día más agudizado de la rebelión y la protesta?

La autoridad gubernativa, representada en Barcelona por el gobernador civil Ossorio y Gallardo, minimizó en un primer momento la trascendencia de los desórdenes, considerándolos no más allá de eventuales alteraciones del orden público. Fiado en su seguridad de controlar la situación, convencido de la eficacia (pronto defraudada) de la policía que personalmente estaba adiestrando, y atribuyendo la autoría de las movilizaciones callejeras a lo que llamó «profesionales del alboroto», adoptó una posición de fuerza desproporcionada a la naturaleza de los disturbios, a los que nunca consideró realmente desestabilizadores, y que, quizá afrontados con mayor tacto y prudencia, hubiera conseguido abortar[128].

Prohibió, así, la formación de grupos en las vías públicas; ordenó la suspensión de cualquier tipo de mítines contra la guerra; estacionó grupos de caballería en los puntos neurálgicos de la capital, redoblando las patrullas de vigilancia callejera y poblando la capital de confidentes y policías secretos; intervino las comunicaciones telefónicas y telegráficas; detuvo a quienes atribuía, o de quienes sospechaba intenciones de fomentar las algaradas; reclamó refuerzos de la Guardia Civil de otras Comandancias de Cataluña; y mandó fijar un bando de carácter intimidatorio que, con interesada exageración, la prensa no afecta tachó de «intolerable, indigno, draconiano y preludio de la ley marcial». Y, en ningún caso, consiguió un entendimiento estratégico con su inmediato superior, el ministro La Cierva, para el que el clima que se vivía en Barcelona tenía un carácter claramente prerrevolucionario, en contra de la opinión del gobernador, que en ningún instante advirtió la posibilidad de una huelga general y, mucho menos aún, de un inminente alzamiento sedicioso.

En la otra orilla del tablero de juego, socialistas, radicales, anarquistas y catalanistas movían simultáneamente sus piezas, en algunos momentos de forma titubeante y en otros con decidida determinación, pero encaminando en todo caso su táctica en una dirección convergente, traducida en la decidida oposición a la guerra, el apoyo a la movilización popular y, en último término, la aceptación de la huelga.

La Federación Socialista, pese a su escasa implantación en Cataluña y la no muy abundante nómina de sus afiliados, fue, no obstante, el primero de los grupos políticos en aprobar una moción favorable a la eventualidad de una acción de paro generalizado. Lo hizo, el miércoles día 21, en el curso de un multitudinario mitin celebrado en Tarrasa, en el que se censuró enérgicamente la aventura del Rif, adoptándose el compromiso de la clase obrera de oponerse a dicha decisión del Gobierno, y nada más concluido el cual, de regreso ya a Barcelona, Fabra Ribas (como es sabido, su máximo dirigente) supo que tanto el PSOE como la UGT habían decidido convocar una huelga a escala nacional el 2 de agosto siguiente. Presionado, sin embargo, por el ambiente enfervorecido en que se vivía, y sabedor de que retrasar la participación de los socialistas en una huelga prácticamente imparable ya en Cataluña «supondría, caso de triunfar el paro, que la opinión nos acusase de traidores, y, en el supuesto de un fracaso, no se nos eximiese de responsabilidades» (como él mismo escribió posteriormente), convocó de inmediato al Comité Ejecutivo de la Federación, que acordó por unanimidad sumarse al movimiento huelguístico[129].

Los catalanistas de izquierda, o lo que es igual el Partido Nacionalista Catalán, se manifestarían con mayor tibieza, apoyando, eso sí, la protesta antibélica, pero expresando sus dudas sobre el grado que debía adquirir la respuesta popular al Gobierno. Como integrantes del grupo de diputados de Solidaridad Catalana enviaron un telegrama a Maura exigiéndole una urgente reunión de las Cortes, que naturalmente fue desoída, y expresaron su simpatía hacia cualquier actitud pacífica de rechazo a la intervención militar africana. Pese a ello, su órgano de expresión, El Poble Catalá, declararía abiertamente su apoyo al paro, el jueves 22, a través de un artículo, que en uno de sus párrafos decía:

Toma fuerza el rumor de que el proletariado catalán, y el español, se preparan para comenzar su acción contra la guerra. ¿Será una protesta callejera, violenta y ruidosa? ¡Ah, no! La fuerza de los obreros no reside en el ruido agresivo, sino en la resistencia. En vez de levantar al aire los brazos, los proletarios los cruzan. Y contra eso, contra esa actitud, ¿qué poder, qué voluntad puede triunfar? Nosotros estamos al lado de los obreros en todo y por todo, en esta hora tan realmente decisiva[130].

En cuanto a Solidaridad Obrera, que por su carácter mayoritariamente anarcosindicalista participaba de la filosofía de ver en la huelga una herramienta mediante la que canalizar el descontento social, convocó para el viernes 23 una reunión de sus asociados, celebrada secretamente al día siguiente pese a haber sido prohibida por el Gobierno civil, de la que no salió sin embargo adelante el compromiso de embarcarse en un paro ilegal por temor a la represión que con seguridad iba a producirse, en contra de la opinión de muchos de sus integrantes que se declararon partidarios de apoyarlo aun a riesgo de las peligrosas consecuencias que esa actitud pudiera suponer para la propia organización[131].

Y finalmente el Partido Radical, árbitro en definitiva de la situación, por ser la fuerza con mayor implantación popular y sin cuyo concurso cualquier tipo de iniciativa desestabilizadora estaba de antemano condenada al fracaso, pese a apoyar cautelosamente la movilización, actuó con una difícil y calculada ambigüedad, obligado en una parte por el distinto nivel de entusiasmo con que la afrontaban sus diferentes facciones internas, y en otra porque la ausencia de su máximo líder, Alejandro Lerroux, situaba a su lugarteniente, Emiliano Iglesias, en la nada sencilla tesitura de adoptar decisiones que, a medio plazo, podían afectar electoralmente al partido. Y así, mientras los más exaltados lerrouxistas, popularmente conocidos, ya se ha dicho, como los «jóvenes bárbaros», defendían una participación sin restricciones, Iglesias optó por limitar su compromiso a expresar la simpatía que el paro le inspiraba, esperando posiblemente ver el giro que tomaban los acontecimientos[132]. Aunque, eso sí, sumó a la campaña de agitación popular un suelto de clara intención desestabilizadora y marcado carácter anticlerical, que El Progreso incluyo en la primera página de su edición del domingo 25 de julio bajo el título de «Remember», y cuyo contenido puede interpretarse como una adhesión a la huelga:

Hoy hace setenta y cuatro años que no se celebraba ninguna corrida de toros en el antiguo circo, ya que fue en 1835 cuando, como reza la copla, fueron asaltados y quemados las iglesias y conventos que ya en aquella época menudeaban en la ciudad y la cercaban como una fuerte muralla de despotismo religioso.

Aquellos tiempos de virilidad los recuerda, como decimos, la copla popular de esta forma:

El dia de San Jaume

del any 35

hi va haver gran gresca

dintre del torin.

Van sortir set toros,

tots van ser dolents.

Això va ser la causa

de cremar els convents!

No quisieron soportar por más tiempo nuestros abuelos la dominación frailuna y la rompieron reduciendo a pavesas los edificios que simbolizaban la opresión.

Hoy los tiempos han cambiado, prostituyéndose, por efecto de la cobardía reinante, palabras tan significativas como son las de tolerancia, cultura y sensatez.

Desde aquella época un vago temor ha dominado a empresarios y autoridades, y en tal día como hoy no se celebran ya corridas en el circo antiguo. La tradición vuelve. Pero, ¡ay de nosotros!, si el gran cartel de la corrida de esta tarde no trae consigo un verdadero espíritu de liberación[133].

Sin que esa explícita incitación a la violencia fuera necesaria para condicionar su actitud, y a unas pocas horas de aparecer el artículo de El Progreso, la misma noche del sábado, José Rodríguez Romero, en nombre de los anarquistas, Miguel V. Moreno, miembro de Solidaridad Obrera —aunque, como ya se ha visto, sin una representación colegiada de la organización— y Fabra Ribas, a título de secretario general de los socialistas catalanes, habían tomado la decisión de constituir un Comité de Huelga, cuya primera determinación fue fijar el lunes 26 como fecha de inicio del paro general, y al que a partir de ese momento correspondería la triple misión de establecer los mecanismos necesarios para la distribución de instrucciones a las sociedades obreras y los trabajadores en general, con la discreción suficiente además para que no llegaran a conocimiento de las autoridades; gestionar con la prensa adicta la difusión de aquellos de sus planes que exigieran el conocimiento general; y transmitir finalmente sus consignas a todos aquellos puntos del Principado que a esas horas ya se sabían dispuestos a secundar la huelga general.

La capacidad organizativa de Fabra Ribas, facilitó desde el inicio de sus tareas el trabajo del Comité, que en apenas unas horas, se desdoblaría en numerosos órganos dependientes, cada uno de los cuales se subdividiría a su vez en otros varios, de forma que, en una suerte de interminable cadena, las consignas pudieran ir transmitiéndose a sus destinatarios, permitiendo así que el mismo domingo día 25 representantes de las distintas asociaciones obreras pudieran desplazarse a Barcelona para recibir las instrucciones más urgentes. Tarea esta que completó, en compañía de Romero y Miguel Moreno, visitando a los responsables de los principales diarios barceloneses, a los que pidieron su colaboración para difundir cualquier noticia que conviniera a sus propósitos[134].

Y, todo ya dispuesto, la ciudad se despertó la mañana del lunes siguiente, alertada en unos sectores y sorprendida en otros, con la sensación de que esa mañana, calurosa climatológicamente, no iba a ser como todas las demás; de que se estaba en puertas de vivir un acontecimiento trascendente. Y ello sencillamente porque lo que, con el discurrir del tiempo, la Historia conocería ya como la Semana Trágica, sin prácticamente anunciarse y con desconocimiento todavía de buena parte de sus protagonistas, había comenzado.

Ya desde el amanecer, decenas de delegados obreros aguardaban la llegada de los trabajadores a las fábricas, conminándoles en los contados casos en que fue necesario, a no iniciar el trabajo o a paralizarlo si ya lo habían comenzado, mandato que recibieron con el esperado entusiasmo y que se hizo inmediatamente efectivo, con la colaboración, además, de la mayoría de los patronos, neutrales por lo general respecto a la protesta bélica, y conscientes de que cerrar sus talleres era el mejor modo de protegerlos ante cualquier posible violencia. A esta primera manifestación de la adhesión obrera al paro, colaborarían decididamente las mujeres, quienes, con lazos blancos prendidos en el pecho como símbolo de la huelga, contribuyeron a alimentar el espíritu militante de sus compañeros, a los que, aún de madrugada, animaron a desplazarse al centro de la capital para exteriorizar de forma más ostensible sus protestas.

Mediada la mañana, la ciudad estaba laboralmente casi paralizada y poblada ya de obreros llegados hasta la plaza de Cataluña, el Paralelo y las Ramblas desde sus barrios de residencia o de trabajo, que iban concentrándose en grupos, en actitud no levantisca, aunque, eso sí, conminando al cierre de los comercios, tiendas y cafés que todavía permanecían abiertos. Se respiraba un ambiente de tensa calma, interrumpida sólo por reducidos grupos de alborotadores que llevaron su hostilidad al punto de enfrentarse con las fuerzas del orden, las cuales procedieron a realizar numerosas detenciones (entre ellas, las de los principales líderes anarquistas), agitando el ánimo de los huelguistas y generando una mutua provocación que se traduciría en choques de distinto alcance, aunque nunca con la intensidad que llegarían a adquirir posteriormente.

Esta relativa tranquilidad no tardaría, sin embargo, en quebrarse al continuar circulando los tranvías, contra los que los huelguistas cargaron con violencia, seguros de que de su paralización iba a depender el éxito o el fracaso de la huelga. Contratados en su gran mayoría en la región murciana, de donde era diputado cunero el dueño de la compañía, marqués de Foronda, los tranviarios fueron los únicos trabajadores que no secundaron el paro, y ello supuso el origen de los más duros enfrentamientos de esa mañana, sobre todo a partir del momento en que la multitud enardecida comenzó a apedrear los vehículos, levantar los raíles, abatir los cables del tendido eléctrico e incendiar los vagones cuyos conductores se negaban a detener. Desórdenes que se sucederían en numerosos tramos de sus trayectos y que alcanzarían su mayor magnitud entre las dos y las tres de la tarde[135].

Desde su despacho oficial, el gobernador Ossorio y Gallardo intentaba, mientras todo esto ocurría, tranquilizar a La Cierva, asegurándole que, aunque el paro iba progresivamente generalizándose, se trataba de una huelga pacífica, «de brazos caídos», en protesta contra la guerra, y que disponía de un control de la situación suficiente como para poder restaurar el orden. Pero, dada la preocupación creciente de aquél por la radicalización del conflicto (sobre todo, por las alarmantes noticias que le llegaban desde Sabadell y otros puntos de la provincia), así como la total falta de entendimiento que los separaba, no consiguió impedir que el ministro terminara instándole a reunir con carácter de urgencia a la Junta de Autoridades, integrada por el capitán general de la IV Región, Luis de Santiago; el presidente de la Audiencia (en este caso, interino), Elpidio Abril; y él mismo, en su condición de máxima autoridad civil de Barcelona, con objeto de decidir las medidas a adoptar en tales circunstancias.

Ossorio abrió la reunión, que duró no más de media hora, defendiendo su teoría de que el potencial revolucionario era controlable con los medios con que contaba, y señalando el riesgo que suponía activar la ley marcial, tan deseada por La Cierva. Pero la argumentación del presidente de la Audiencia aduciendo que «la huelga general no tiene simplemente carácter social, sino que encubre un fin político, revolucionario y antipatriótico», así como la disposición del general Luis de Santiago a asumir el mando, decantó la balanza del lado de estos últimos, lo que se tradujo en el acuerdo de declarar el estado de guerra, en disconformidad con el cual el gobernador civil presentó su dimisión a través de un telegrama que cursó al ministro de la Gobernación urgentemente:

Reunida a las doce de hoy la Junta de Autoridades, se ha acordado, con los votos del capitán general y el presidente interino de la Audiencia, y con el mío en contra, la declaración del estado de sitio, asumiendo el primero de los reunidos el mando desde este momento. Por expreso deseo de hoy, envío al Sr. presidente mi dimisión y, no encontrándome bien de salud ni teniendo ninguna obligación de honor que cumplir, con la venia de V. E., delegaré esta tarde mi función en el magistrado Sr. Enciso o, caso de que éste no pudiera, en el jefe superior de policía[136].

Mientras Ossorio y Gallardo recogía sus efectos personales y el general De Santiago[137] se hacía cargo del control absoluto de la situación, la imagen de Barcelona iba progresivamente cambiando, hora a hora, pareciéndose cada vez más a la de una ciudad en guerra, con las turbas de obreros campeando a su antojo por las calles y la policía incapaz de controlarlas. La conseguida semiparalización de los tranvías había elevado la moral de los huelguistas y, fruto de ella, los manifestantes más decididos llegaron al punto de asaltar las comisarías del Clot y del Conde de Asalto, con la intención de rescatar a sus compañeros detenidos en las primeras horas de la mañana, ataques uno y otro en los que correría abundantemente la sangre, y que permitieron visualizar a la población cómo la huelga había comenzado a perder su condición de tal para ir transformándose en una algarada incontrolada, en la que el propósito inicial del paro se iba convirtiendo en un caótico alzamiento de protesta, sin que sus propios protagonistas supieran si en realidad combatían contra la guerra de Marruecos, contra sus patronos, contra el Gobierno o, simplemente, contra el orden establecido.

Sobre las medidas que el capitán general adoptó para afrontar tan graves acontecimientos se ha discutido mucho, aunque hay una coincidencia generalizada entre los historiadores de que no fueron las más adecuadas. Escasamente dotado para combatir una revuelta urbana, cauteloso en exceso, y con los reducidos medios militares que podía ofrecerle una ciudad desguarnecida tras el masivo envío de tropas a Melilla, el general De Santiago optó por una táctica defensiva, acuartelando a una parte de los efectivos de que disponía, unos 1.400 soldados, de cuya fidelidad tampoco estaba convencido, y destinando el resto a la custodia y vigilancia de edificios públicos e instalaciones estratégicas, al tiempo que pedía refuerzos con los que completar sus desabastecidas guarniciones. En cuanto al mantenimiento del orden, lo desvió a las fuerzas, más probadamente leales, de la Guardia Civil, la policía y la guardia urbana, con un montante aproximado de unos 2.000 números (a todas luces insuficiente para una población de seiscientas mil almas y más de cien kilómetros cuadrados de superficie), que serían los encargados de contener y reprimir a los ya miles de exaltados manifestantes que los hostigaban permanentemente. Asimismo, consiguió del marqués de Foronda que devolviese los tranvías a sus cocheras para evitar males mayores (habían resultado muertos ya dos de sus conductores), y fijó por último un bando en las esquinas dando cuenta del estado de sitio, pronto destrozado por los agitadores, en el que se recogían los delitos que la autoridad entendía perseguibles, así como sus penas correspondientes[138].

Entre tanto, la tarde transcurría en un estado de creciente agitación, con los huelguistas más activos a medida que iban conociendo el éxito de la huelga en ciudades como Sabadell, Mataró, Badalona, San Feliu, Sitges, Tarrasa o Granollers, y para nadie era difícil advertir que el paro iba perdiendo su primitiva condición pacífica y adquiriendo los tintes de una confrontación abierta. Expoleados por el intimidante bando del capitán general y enardecidos por la extensión de la protesta en muchas comarcas catalanas, grupos de manifestantes fueron reuniéndose en las Ramblas, y, con las mujeres y los niños al frente como escudo protector, se dirigieron hacia el paseo de Colón, en el que estaba emplazada Capitanía General, donde, mientras proferían sonoros ¡vivas! al Ejército (no se olvide que para las turbas, los soldados eran sus potenciales aliados) serían contundentemente rechazados por los disparos de las fuerzas de seguridad y de la caballería de la Guardia Civil, en un sangriento choque, saldado con varias bajas, que, para la mayoría de los estudiosos de los hechos, marcó ya con carácter determinante la transformación de la huelga en una auténtica rebelión.

Simultáneamente, grupos de exaltados, cada vez más numerosos y enardecidos, obedeciendo con toda probabilidad consignas de los dirigentes anarquistas y republicanos más radicalizados, comenzaron a destruir los raíles de las vías férreas; cortar los postes telegráficos y telefónicos que comunicaban a Barcelona con el resto de España; volar puentes para evitar el envío de tropas de refresco; recrudecer el intercambio de choques y tiroteos, a cada instante más intensos; defender enardecidamente la sede de la Casa del Pueblo, en la calle Aragón, que finalmente sería tomada al asalto por la Guardia Civil; e impedir la salida de los periódicos para poder sostener el rumor de que la rebelión se había propagado al resto de España y elevar así el ánimo de los insurgentes. Todo ello, mientras los barceloneses ajenos a la contienda, cada vez más críticos con la lenidad de la autoridad militar y atemorizados ante la magnitud que iban adquiriendo los desórdenes, se refugiaban en el interior de sus casas, y los dirigentes del paro se esforzaban por dar un sentido a la agitación y encontrar el liderazgo que la condujera al logro de objetivos concretos.

Y ya al filo de la medianoche, la insurrección (ya podía en justicia llamársela así) llegó a su punto más álgido cuando un grupo de amotinados, entre los que se contaban varias mujeres y muchachos muy jóvenes, prendió fuego al edificio del Patronato Obrero de San José, situado en la barriada de Pueblo Nuevo, regido por los maristas, y que según se dijo estaba financiado por el marqués de Comillas, dando apenas tiempo a las fuerzas de caballería que el capitán general De Santiago había enviado en su auxilio a proteger la salida de los religiosos de la Orden, uno de los cuales, el hermano Lycarión, un fraile de origen suizo que dirigía la residencia, moriría a consecuencia de un disparo la mañana siguiente.

El Comité de Huelga tenía ante sí, a la hora de valorar y hacer balance de la jornada, un grave problema. El paro había constituido un éxito, pero su deriva hacia un movimiento insurreccional era también un hecho incontestable. Barcelona vivía ya sumida en una situación caótica e incontrolada ante la que resultaba preciso tomar alguna determinación. ¿Qué hacer ante tan inesperados acontecimientos? ¿Cómo encauzar un levantamiento que se les escapaba de las manos? Sus máximos responsables acudieron tanto a los catalanistas de izquierda como al Partido Radical en un último intento por conferir a la insurrección un carácter republicano, pero nadie les escuchó, ni se mostró dispuesto a asumir la nada fácil responsabilidad de articularla y dirigirla.

Aceptar ese reto era casi imposible en una conjunción de fuerzas movidas por intereses diferentes. Para los anarquistas, el interés radicaba en hacer derivar la revuelta hacia una auténtica revolución social. Los socialistas querían limitarla a una seria protesta contra la guerra. Los catalanistas carecían de cuadros capaces de gestionar la situación y rehusaron embarcarse en una empresa para la que no disponían de fuerza. Y los republicanos de Lerroux, con su líder además ausente, preferían desviar a los trabajadores de la vía revolucionaria hacia los ya conocidos cauces anticlericales, tan consustanciales, por otra parte, con su ideario. Posiblemente todos deseaban subvertir el orden institucional, pero a todos les asustaba también la idea de acometerlo. Y en ese cúmulo de indecisiones, miedos y deserciones, lo cierto es que se dejó prácticamente abandonada a su suerte lo que era ya a esas alturas una revolución en marcha[139].

Documentados minuciosamente, como de hecho lo están, los sucesos sangrientos de esa semana, no pretenden las páginas siguientes sino recoger, a partir de esa noche, los hechos más sobresalientes y significativos acaecidos en su transcurso, todos marcados por el signo del vandalismo y la violencia, y que, en su conjunto, iban en definitiva a poner en evidencia, por un lado que, al carecer de organización y jefatura, la agitación quedó al libre albedrío de los treinta o cuarenta mil exaltados que dominaban la calle, y por otro, que el alzamiento incluía, mucho más allá de la censura a la guerra de Marruecos, multitud de cuentas pendientes que determinados sectores de la población barcelonesa tenían largamente aplazadas contra el orden establecido, personalizado, según fuera una u otra la óptica con que cada cual lo mirase, que a fin de cuentas igual da, en el Gobierno, la Iglesia, el Ejército, la Judicatura, la fuerza pública, las leyes imperantes, la monarquía como institución o el propio Estado.

La abundante bibliografía en torno a los hechos, con el espléndido trabajo de Connelly Ullman como principal referente, permite reconstruir sin dificultad la cronología de esos siete días, en los que el desorden, la anarquía y hasta el caos reinaron en Barcelona, y que bien podrían distribuirse en dos mitades repartidas casi en partes iguales: una, la comprendida entre el lunes y el jueves, en que fueron los insurrectos quienes dominaron la situación; y otra, la que discurrió desde el jueves hasta el domingo, cuando, reforzada la presencia del Ejército con nuevos contingentes disciplinados y leales; aislada Cataluña del resto de España, al que se le había hecho creer que la rebelión tenía además carácter separatista; y decaída la moral de los amotinados al saber que el movimiento no se había contagiado al resto del país, la iniciativa pasó ya al campo de las autoridades, se inició un progresivo reflujo en la violencia y pudo constatarse que la insurrección estaba cuando menos moralmente derrotada.

Véase, pues, en una versión sucinta y compendiada, el modo en que ocurrieron y se desarollaron los acontecimientos los días siguientes hasta completar el resto de la semana[140].

El martes 27 arrancó en medio de una tensa tranquilidad, pronto rota con nuevos choques entre los rebeldes, y el levantamiento de centenares de barricadas por parte de los sediciosos, que, utilizando preferentemente los adoquines de las calles, muy fáciles de desensamblarse al no estar unidos entre sí por argamasa, hicieron de ellas, tanto en el centro de la capital como en las barriadas del extrarradio, frentes defensivos, en los que hombres, mujeres y hasta niños se parapetaban contra las repetidas cargas de las fuerzas del orden, disparando a su vez con el escaso armamento con el que contaban. Y unas veces protegidos tras ellas, y otras en lucha abierta, en los distritos industriales, abrieron fuego contra las patrullas que controlaban las calles, contuvieron sin demasiada dificultad a las cinco compañías de caballería enviadas para destruir las defensas recién armadas, y trasladaron posteriormente el grueso de la lucha a Pueblo Nuevo y Gracia, asaltando sus comisarías para destruir fichas policiales, e intentando inutilizar, sin conseguirlo, la Central Eléctrica que proveía de luz a Barcelona; hasta terminar dirigiendo sus mayores energías hacia el incendiarismo, que, entre otras razones, representaba un delito menos penalizado que el de rebelión militar, que conllevaba ser juzgado por consejos de guerra.

En el curso de ese día, grupos descontrolados de insurrectos, educados en el anticlericalismo lerrouxista, y con el recuerdo vivo en sus mentes de la invitación que El Progreso les había hecho dos días antes a través de su artículo «Remember», incendiaron sucesivamente la iglesia de San Pablo del Campo, la residencia de las Escuelas Pías, el Real Monasterio de San Jerónimo, los conventos de los Salesianos, los Filipenses, las Magdalenas y los Capuchinos, las parroquias de San Juan de Gracia, San Cugat y San Pedro de las Puellas, el Buen Pastor, y otros muchos centros religiosos más, cuyo detalle resultaría interminable, en una continuada sucesión de atentados, en algunos casos seguidos del saqueo de los edificios destruidos, cuya quema los rebeldes alternaban con otra infinidad de actos vandálicos, entre los que destacaría el ataque contra el convento de las monjas capuchinas de San Gervasio, a una de las cuales, la madre Eminencia, obligaron a desnudarse por sospechar que escondía dinero entre sus hábitos. Todo ello, mientras los soldados, cumpliendo órdenes del general De Santiago, limitaban su intervención a proteger a los religiosos, y los barceloneses advertían, horrorizados, cómo a últimas horas de la noche, más de una treintena de centros religiosos ardían en la ciudad.

Mientras tanto, en Madrid, el ministro de la Gobernación, La Cierva, aprovechando la interrupción de las comunicaciones con Cataluña, la aisló políticamente aún más, propalando a los cuatro vientos que los sucesos que allí estaban produciéndose tenían sólo un carácter separatista. Y en Melilla, en el tristemente célebre Barranco del Lobo, junto a las faldas del Gurugú, las harcas rifeñas infligían una gran derrota a las tropas nacionales en una durísima batalla en la que perdieron la vida más de mil trescientos soldados españoles, incluido su jefe, el general Pintos.

El miércoles 28 iba a discurrir en una tónica similar a la del día anterior. Dividido, como ya se ha apuntado, el comité entre quienes, con Fabra Ribas y los socialistas al frente, buscaban fórmulas que permitiesen dar contenido político a la rebelión, y aquellos otros que, como los radicales, preferían fortalecer la furia anticlerical para evitar un giro revolucionario, que pudiera colocarles en una situación comprometida, y entregada, por tanto, la rebelión en manos de las turbas, lo cierto es que los revolucionarios, sin otro orden que el que las circunstancias les iban aconsejando, se hicieron dueños absolutos de la ciudad. Y como el capitán general continuaba a la defensiva, no se sabe bien si por falta de guarnición o por ineptitud táctica, se lanzaron a una lucha descontrolada, aunque distinguiendo a los soldados, a los que continuaban vitoreando, de los policías y los guardias civiles, objeto preferente de sus ataques. El laberíntico trazado de las estrechas vías del centro, donde la artillería era incapaz de maniobrar; el bien elegido emplazamiento de las barricadas, imposibles por su dimensión de ser salvadas por los caballos; y el espíritu combativo que anidaba en la muchedumbre, dieron una perceptible ventaja a los sediciosos, que multiplicaron sus enfrentamientos con fuerzas de caballería y a pie, irrumpieron en las viviendas de algunos agentes de vigilancia y policía especialmente odiados por la crueldad de sus procedimientos, continuaron asaltando armerías para municionarse y tomaron el Cuartel de Veteranos, de la calle Sadurní, en el que también consiguieron decenas de fusiles (llegó a decirse que más de doscientos), acciones todas ellas que no consiguieron neutralizar ni las patrullas armadas desplegadas por toda la ciudad, ni el segundo bando del general De Santiago, que se haría público esa tarde, en el que se ordenaba terminantemente a los ciudadanos que se retiraran de calles, balcones y azoteas; se entendían los ¡vivas! al Ejército como gritos sediciosos; se advertía a quienes no se desvincularan de los desórdenes con tratarlos como combatientes; y se amenazaba finalmente con detener, e incluso con disparar sin previo aviso, a cuantos incumplieran estas ordenes.

De todo hubo en el interminable discurrir de la jornada. Se libraron duras escaramuzas en las cercanías del puerto, los poblados industriales de San Martín y Pueblo Nuevo, y los distritos obreros del centro, en los que se unieron a los sediciosos gentes del hampa, prostitutas y toda suerte de delincuentes. Menudearon los ataques de los rebeldes contra nuevas comisarías y cuarteles, se produjo un intento de desconectar el suministro de alimentos a la ciudad, y se sucedieron los atosigamientos a la policía y los cuerpos de seguridad, ante los que los soldados asistían casi como espectadores, trasladando la responsabilidad de la represión a la Guardia Civil. Y a los edificios religiosos ya incendiados, se añadieron las parroquias de Nuestra Señora de los Ángeles, Santa Madrona y San Andrés del Palomar, los conventos de las cistercienses, las carmelitas descalzas de las Corts, los claretianos, los camilos, los maristas y los salesianos, las escuelas de los hermanos de las escuelas cristianas, Nuestra Señora de Loreto, Santa Teresa y San Juan Bosco, así como el orfanato de San José, entre otros varios centros de menor importancia. Pero, además, se incorporó al fervor incendiario un nuevo componente melodramático como fue la profanación de diversos cementerios conventuales, en los que los revolucionarios, sugestionados emocionalmente, dada su escasa formación, por folletinescas leyendas relativas a secuestros forzados de novicias y torturas en el interior de las clausuras, penetraron en los edificios medio derruidos de las magdalenas, las capuchinas de San Gervasio, y las jerónimas, exhumando de las tumbas los restos momificados que contenían, y sacando los ataúdes a las calles por las que los pasearon haciendo de ellos toda clase de burlas y escarnios (el carbonero Ramón Clemente sería fusilado por simular, en la plaza del Padró, una danza macabra con el cadáver de una monja) entre el brutal regocijo de la muchedumbre allí congregada.

El jueves 29 la situación cambiaría ya de un modo perceptible. La esperada llegada de refuerzos, cuantiosos en número y con un superior grado de disciplina, colocó a los alzados en situación de clara inferioridad, lo que unido a su propio cansancio, la convicción del aislamiento en que se encontraban, y con una gran parte de sus dirigentes apresados o huidos, hizo que el enfrentamiento se fuera decantando del lado de la autoridad. Y aunque los insurgentes consiguieron rechazar a las tropas recién llegadas en encarnizados encuentros librados, primero frente a Capitanía General, y luego en las zonas céntricas del Raval y las periféricas del Clot y San Andrés; se batieron con entereza ante efectivos entrenados militarmente para el combate; mantuvieron frentes abiertos en el Paralelo y las calles de San Pablo, el Carmen y Wad Ras, duramente batidos por los cañones de la artillería; repelieron las duras cargas de los generales Brandeis y Mora; y, faltos ya de municiones, utilizaron piedras, tiestos y cajas cargadas de arena contra sus contrincantes; terminaron siendo batidos y dispersados, aunque antes tuviesen tiempo aún de incendiar el convento de los escolapios y la fábrica de licores del industrial carlista Antonio Tortras (de la que se dijo que eran copropietarios los frailes), que sería la única industria de toda Barcelona destruida durante la contienda.

Y pese a esa ya constatable inferioridad, que colocaba a batallones perfectamente artillados, que no dudaron en utilizar los cañones, contra una muchedumbre que sólo contaba con revólveres, rifles antiguos y escopetas de caza, las escaramuzas persistieron a lo largo de todo el día, sumando numerosas bajas más a las decenas de las ya registradas, en tanto que en el Comité de Huelga, Fabra Ribas y Miguel Moreno realizaban un último esfuerzo, baldío también en esta ocasión, para reorganizar lo que ya no tenía ninguna salida posible, a la vista de lo cual sus componentes empezaron a considerar la solución de ponerse a salvo.

El viernes y el sábado, reconvertida ya la situación, y con la iniciativa en manos del Ejército y las fuerzas de seguridad (que superaban ya las 10.000 unidades), comenzaron a percibirse atisbos de un reflujo del vandalismo. Los soldados fueron venciendo, con el empleo incluso de la artillería, los debilitados núcleos de resistencia que aún subsistían en los distritos urbanos del Paralelo, San Pablo y Pueblo Seco, y, sobre todo, en los barrios obreros de Pueblo Nuevo, Sants, Atarazanas, el Clot, Hostafranchs y Horta; y la tranquilidad se abrió paso paulatinamente, pese a incidentes de serio alcance, como los registrados en las ruinas de los conventos de Santa Madrona y las dominicas, donde en el curso de sendos tiroteos murieron nueve obreros y más de cincuenta fueron detenidos. Por lo demás, algunas líneas de tranvías empezaron a funcionar; pudieron abrir, protegidas policialmente, las primeras tiendas y hasta varias oficinas bancarias; y las gentes más confiadas comenzaron a salir a la calle, animadas por el tercer bando del general De Santiago (fijado el sábado por la mañana), que autorizaba ya la libre circulación por la capital. Lo que no impidió que continuaran los disparos, a cargo cada vez más de francotiradores (los famosos «pacos») refugiados en las azoteas de las casas; se produjeran saqueos a cargo de individuos procedentes de los bajos fondos de la ciudad que se habían unido a la revuelta; que ardieran algunos edificios más (la parroquia de San Juan de Horta, la residencia de los Hijos de la Sagrada Familia, y la escuela de las Hermanitas de Jesús y María); que bandas desafiantes persistiesen en hostigar a la policía; y que se repitieran aún algunas salpicadas acciones violentas, ya de menor cuantía, mientras los empleados municipales comenzaban la tarea de retirar escombros, desmantelar barricadas y reponer los adoquines y el dañado mobiliario urbano de una ciudad que había quedado casi completamente arrasada.

Y sólo, finalmente, el domingo día 1, cuando el capitán general de Cataluña telegrafió al Gobierno en Madrid para hacerle saber que, vencidos los últimos y escasos focos de resistencia activos hasta ese momento (las últimas bolsas insurgentes de Horta serían reducidas ese mismo día), la situación estaba plenamente controlada y el orden restablecido, pudo decirse con certeza que la Semana Trágica había concluido.

De su dramático saldo, del que se dará detenida cuenta en páginas posteriores, merece, no obstante, resaltarse, en esta breve síntesis de los hechos, que los revolucionarios respetaron los centros institucionales, no atacaron ninguna factoría industrial ni saquearon (con las excepciones lógicas de un movimiento al que se habían incorporado malhechores de toda condición) comercios, tiendas o almacenes, ni atentaron contra la propiedad privada, ni dispararon contra los religiosos expropiados (sólo hubo tres muertos, y uno de ellos a causa del humo), lo que demuestra que la rebelión careció de un claro componente ideológico, como hubiesen deseado algunos de sus impulsores, y estuvo falta de la organización y de las directrices precisas para definir unos objetivos concretos[141]. Como escribiera acertadamente Cristóbal Litrán, «para ser una huelga general había sobrepasado todos los límites imaginables, pero si de lo que se trataba era de una verdadera revolución se había quedado en nada»[142].

* * *

¿Qué hizo Ferrer, entre el 17 de junio, fecha de su llegada a Mongat, procedente de Londres, hasta ese 1 de agosto en que la insurrección fue definitivamente liquidada? ¿En qué empleó exactamente su tiempo durante esos cuarenta y cuatro días comprendidos entre ambas fechas? ¿De qué modo vivió el desarrollo de una revolución, a todas luces espontánea e inesperada, pero con la que desde siempre había soñado? ¿Cuál fue, caso de que la hubiera habido, su vinculación real con los dramáticos sucesos de julio? ¿Puede, en definitiva, tener algún sentido la responsabilidad que se le atribuiría sobre la inducción, la autoría y el liderazgo del alzamiento, por la que sería en última instancia fusilado?

La consideración de estos interrogantes, y otras más que puedan ir surgiendo sobre su actividad a lo largo de esas pocas semanas, resulta imprescindible, porque sólo la respuesta a esas preguntas va a permitir alumbrar con absoluta nitidez los sucesivos autos y diligencias del proceso que como consecuencia de esos hechos iba a instruírsele. Sólo siguiendo, uno a uno, los pasos de Ferrer, se estará en situación de poder comprobar minuciosamente sus actividades, otorgar o no credibilidad a sus confesiones, coincidir o discrepar de los cargos que la Justicia militar iba a atribuirle, y valorar, en última instancia, el grado de su responsabilidad en los presuntos delitos que condujeron a su ejecución.

Para abordar esa andadura, ese breve pero decisivo trayecto, documentado hoy sin sombra de duda alguna, hay que comenzar admitiendo que el regreso desde Londres a España del director de la Escuela Moderna se produce de forma inesperada, tras recibir el 11 de junio un telegrama desde Mas Germinal en el que se le anunciaba el gravísimo estado de salud de su cuñada María Fontcuberta y la hija de ésta, Eulalia, y apenas un mes y medio después de que, junto con Soledad, hubiese alquilado en el número 10 de Montague Street un pequeño apartamento con jardín, en el que pensaba permanecer una larga temporada con objeto de perfeccionar su inglés, contratar algunos títulos que tenía interés en traducir para publicarlos después en su editorial barcelonesa y poder visitar al pequeño Riego, el hijo que había tenido en 1900 con Leopoldine Bonnard y que se encontraba internado en un colegio póximo a la capital londinense[143].

De la normalidad de su estancia en Londres y el interés que en todo momento demostraría por prolongarla quedan afortunadamente numerosos testimonios, que alejan la sospecha acerca de cualquier intención conspirativa por su parte durante ese tiempo. Saixa Kropotkin, que visitó a la pareja a finales del mes de mayo, escribiría refiriéndose a este encuentro que Ferrer «habló con interés de la situación general que se vivía en España, centró la mayor parte de la conversación en su quehacer editorial, y me confirmó estar decidido a prolongar su permanencia en la capital, ocupado como estaba en decidir con mister William Heaford los títulos que más convenía traducir al castellano». También de las cartas que escribió a Alfred Naquet (la última fechada el 9 de junio) se deduce que no albergaba el menor propósito de regresar a Barcelona. Sus contactos en Londres se redujeron prácticamente a las reuniones de trabajo con Heaford y algunas visitas de amigos españoles, como las de Pedro Vallina y Fernando Tárrida del Mármol, a los que se sabe que invitó a tomar el té en su casa en varias ocasiones. Y las informaciones de la policía inglesa, que vigilaba constantemente sus pasos desde su llegada a la capital, sólo recogen, como único hecho reseñable fuera del ámbito de su actividad familiar y editorial, su presencia con ocasión de la fiesta del 1 de mayo, en la celebración que para conmemorar esa fecha tuvo lugar en el Hyde Park de la capital británica[144].

El aviso que recibiera de su hermano José informándole de la delicada situación por la que atravesaban María y su sobrina Eulalia y la urgente necesidad de su regreso, iba a modificar, sin embargo, sustancialmente sus planes. Apresuradamente y, vía París, Ferrer y Soledad, saldrían hacía Mongat, donde llegaron el día 17, dos fechas antes de que la pequeña Layeta falleciera, como ya se ha detallado en un capítulo anterior, a los 8 años, a causa de una meningitis tuberculosa[145]. Una triste noticia, cuyo desenlace anticipaba, nada más llegar, en carta a Charles Laissant, y sobre la que daría más detalles, ya desde la cárcel, a William Heaford, relatándole los detalles del entierro, que tuvo lugar el día 20[146].

He aquí, pues, ya a Ferrer instalado en Mas Germinal, diecinueve días antes de que los rifeños atacaran a los mineros españoles en Melilla, y con anterioridad en otros nueve más al momento en que los reservistas movilizados por el Gobierno embarcasen con destino a Marruecos. Márgenes de tiempo, uno y otro, que no conviene en ningún momento olvidar, porque le distancian del inicio de la agitación popular, desmontan aquellas teorías interesadas en implicarle en cualquier tipo de intervención en la febril actividad política de aquellos momentos, y demuestran, sobre todo, que el 17 de junio, fecha de su llegada a Mongat, ni uno solo de entre los seiscientos mil barceloneses albergaba la más mínima sospecha acerca del azaroso futuro que de forma tan inmediata les esperaba.

Sobre las actividades de Ferrer durante la segunda mitad de junio y la primera de julio, existen, así, diversos testimonios, ninguno de los cuales lo vinculan con la preparación de la huelga. Del contenido de su correspondencia, se desprende que ocupó esas semanas en preparar los libros que pensaba publicar, resolver ciertas consultas que Heaford le había solicitado en relación con la fluctuación de las acciones de la Societé d'Electricité y dedicarse a la traducción y la lectura, quehaceres sólo interrumpidos por las esporádicas visitas que hacía a Barcelona para supervisar los trabajos de su editorial. Y se evidencia también el control de que era objeto por parte de la policía, perceptible en la carta que el 7 de julio dirigió a su amigo Alfred Naquet en la que, refiriéndose a este punto, le decía:

Podría también hablarle de la cómica vigilancia a que me tienen sometido las autoridades de Barcelona, que cada día envían a Mongat a una pareja de la Guardia Civil para seguir mis idas y venidas, y a varios policías que me acompañan a la estación de ferrocarril y a cualquier otro sitio al que vaya. Pero no le doy demasiada importancia, acostumbrado como estoy a todo eso desde el proceso que se me instruyó en Madrid hace dos años[147].

Pero quizá la más completa visión de lo que era su vida cotidiana en ese tiempo proceda de un amplio artículo publicado en el rotativo londinense Freedom por el periodista Renato Rugieres, en el que, sobre la base de la visita que le hiciera en Mas Germinal el 3 de julio, recoge un sinfín de detalles de su quehacer, hace una espléndida descripción de la finca familiar e insiste en el seguimiento policial de que Ferrer era objeto desde el instante mismo de su llegada:

Había recibido una invitación para pasar un día en su finca. Y aún lo recuerdo aguardándome en la estación, vestido de forma sencilla, con un sombrero de paja al estilo de los payeses, y amable y correcto como en él era habitual.

De camino hacia su finca, me habló de que la enfermedad de su sobrina le había hecho abandonar Londres, donde tenía intención de permanecer unos meses seleccionando material para sus escuelas, parte del cual se había traído consigo, y entre él un libro de especial interés, The Children's Book of Moral Lessons, de Gold, que deseaba traducir cuanto antes.

Llegados a Mas Germinal, tuve ocasión de conocer a la señora de Ferrer y al resto de su familia, así como de ver la casa, que me pareció una vivienda de campo sencilla, construida al viejo estilo catalán, amueblada con enseres modestos, y que no dejaba traslucir ninguna sensación de riqueza.

Mientras comíamos, todos reunidos, me habló de su visión de la escuela, y defendió la idea de que el maestro moderno debía, sobre todo, enseñar a los niños a manejar la cabeza; ir poco a poco, edificando su voluntad; y tomar conciencia y saber discernir entre lo que está bien y lo que no lo está. Su intención no era tanto hacer abogados o médicos, cuanto inculcar unos primeros principios educativos libres de prejuicios sociales y religiosos.

Después de almorzar, paseando por el huerto inmediato a la casa, Soledad me haría saber la intención de Ferrer de sumar a su trabajo editorial la apertura de una nueva escuela infantil, con muchos más medios que los que disponía la que en 1906 le habían clausurado, dotada de un material moderno, y atendida por profesores especialmente preparados.

Cuando, alrededor de las seis de la tarde, nos dirigimos de nuevo a la estación para que yo tomara el tren de regreso, me señaló a un individuo que había en el andén diciéndome en voz baja: «Ése es mi hombre», refiriéndose al policía que, por orden gubernativa, le seguía a todas partes[148].

Esos mismos agentes de vigilancia, que constituían casi su propia sombra, no dejaron en sus periódicos informes al Gobierno civil otro dato, además de los dichos, sino que Soledad y él habían permanecido en Barcelona entre el 14 y el 18 de julio, hospedados en el Hotel Internacional. Una visita en absoluto inhabitual, y anterior, además, a la fecha en que se produjo el citado embarque del Batallón de Reus, que originaría la primera muestra de la agitación popular en relación con la guerra del Rif. Del resto del empleo de su tiempo no había una sola mención.

Y ante eso cabe preguntarse: ¿Es comprensible que de haber mantenido Ferrer en el curso de esas semanas algún encuentro sospechoso, participado en cualquier reunión conspirativa o intervenido en el más intrascendente acto partidista, hubiera podido la autoridad ignorarlo? ¿Puede aceptarse como verosímil que quien llegaría a ser imputado como director y jefe de la Semana Trágica anduviese a sus anchas por la capital catalana, gobernando Maura, estando La Cierva al frente del Ministerio de la Gobernación y disponiendo la máxima autoridad civil barcelonesa de la más tupida red de confidentes conocida hasta entonces? [149].

A partir del domingo 18 sí se despertó en Barcelona un clima de protesta, cada día más generalizado como ha tenido ocasión de verse, del que naturalmente hay que pensar fue plenamente consciente Ferrer. A través de sus contactos entre las distintas fuerzas políticas barcelonesas, en especial el Partido Radical y Solidaridad Obrera, tuvo que estar, en mayor o menor grado, informado de las fases en las que la agitación iba concretándose y conocer las posiciones que todos esos grupos mantenían sobre el conflicto. El director de la Escuela Moderna no era un hombre al que la posibilidad de la declaración de una huelga podía dejarle indiferente, tanto más cuanto que en el contexto de su pensamiento político suponía el paso previo para cualquier iniciativa revolucionaria. Y si eso fue así, como de hecho debió serlo, ¿hasta qué punto valoró su posibilidad de intervenir en la preparación de aquélla?; ¿cuál era su influencia en los medios obreros de la ciudad?, y, antes que ninguna otra cosa, ¿creía realmente en la viabilidad de convertir la oposición popular al Gobierno en una auténtica revolución? La realidad iba a mostrarle, enseguida, el escaso margen de maniobra con que contaba, e incluso el rechazo que, por animadversión o temor, su presencia inspiraba entre la casi totalidad de quienes estaban en situación de abrir cauce, orientar y dar sentido al movimiento de protesta que la guerra había inspirado.

Ferrer no gozaba de predicamento entre la militancia política y obrera de Barcelona. Enfrentado al Partido Radical, con el que había tenido recientes desencuentros, mal visto en Solidaridad Obrera, de la que a pesar de haberla ayudado econonómicamente en varias ocasiones, se hallaba alejado, y sin contactos tampoco con los socialistas, su desconexión respecto a los responsables de la huelga quedó, como tendrá ocasión de verse, plenamente demostrada. Además de para el Gobierno, Ferrer suponía un peligro para casi todo el mundo. Alguien diría con acierto, a la hora de definir su situación, que «para los anarquistas, era un burgués adinerado; para los republicanos, un ácrata que financiaba a Solidaridad Obrera; y para el conjunto de las derechas, un libertino, de convicciones morales poco recomendables». De todo lo cual se deduce que el director de la Escuela Moderna era en aquellos momentos un personaje aislado, falto de contactos y sin influencia en los medios revolucionarios barceloneses[150].

No obstante lo cual, devoto como era de la revolución, no concebía la idea de dejar de contribuir, en cuanto estuviera de su parte, al intento de orientar la protesta antibélica hacia un alzamiento. Y así dirigió el jueves 22 una breve nota a Miguel Moreno invitándole a acudir a Mongat para, con la disculpa de charlar de temas que a ambos concernían (recuérdese que aquél era maestro en una escuela laica), conocer su opinión sobre el alcance de los acontecimientos:

Estoy tan lleno de trabajo en Mongat que casi no dispongo de tiempo para ir a Barcelona. Para vernos lo mejor sería que se acercase usted hasta aquí cualquier día de fiesta. Pero si no le viene bien, no tendría inconveniente en trasladarme yo ahí el próximo domingo en el tren que llega a las nueve de la mañana[151].

La respuesta de Moreno, remitida a vuelta de correo, aplazando el encuentro para el lunes 26, sitúa ya a Ferrer en la barcelonesa estación de Francia la mañana de ese día, tres horas después de iniciada la huelga, y con una jornada ante sí, cuyo exacto minutado tendría que repetir tanto a preguntas de los jueces como a lo largo de la abundante correspondencia que mantuvo en sus días de escondite y apresamiento. Una jornada que, junto a la del miércoles siguiente, iba a llenar un centenar de folios de su proceso, y que obliga a recordarla puntualmente con la minuciosidad que exige su importancia.

Ferrer, que había tomado el tren en Mongat, llegó a Barcelona poco antes de las nueve, encontrando a Moreno que le esperaba ya, fiel a la cita convenida. Fue un encuentro breve y discreto, en el que el sindicalista le confirmó el comienzo del paro y le expresó su confianza en que los radicales no tardarían en incorporarse al movimiento. Pero el director de la Escuela Moderna no compartía ese exultante optimismo, y así se lo dijo, añadiéndole que si realmente se trataba de una operación conjunta y comprometida podían contar sin duda con él, pero que se excluiría de cualquier colaboración en el caso de que todo se redujera a un paro laboral, aun a pesar de que el mismo constituyera un éxito.

No conforme con la seguridad de Moreno de que la huelga pudiera derivar en una revuelta revolucionaria, Ferrer comprendió que la única forma de resolver sus dudas era conocer directamente la posición de Emiliano Iglesias (ya se ha dicho que sin una decidida implicación del Partido Radical la aventura resultaría imposible), y, después de desayunar en una pastelería de la calle Portaferrisa, buscó el modo de contactar con él, mientras aprovechaba esas primeras horas de la mañana en las que el paro aún no se había generalizado, para realizar una serie de visitas comerciales que pudieran, en caso necesario, proporcionarle una coartada. Y en ese sentido habló con su director editorial, Cristóbal Litrán, que por ser además un miembro destacado de la Casa del Pueblo, podía facilitarle el encuentro.

El dinamismo que desarrolló en las horas siguientes fue extraordinario. Entre el momento de su contacto con Litrán, hacia las nueve y media de la mañana, y la hora de comer, visitó en sus despachos, aún abiertos, al encargado de la imprenta La Alcebriana; al responsable de la papelería que la firma Blas y Pastor tenía establecida en la calle Balmes; al fotograbador Rafael Ureña, a quien no encontraría en su oficina; al primer dependiente de la librería Hispano-Americana, en la calle Hospital; y al dueño de la empresa Vilaseca, situada en el Pasaje de la Paz, que acostumbraba a suministrarle papel para la edición de sus libros; gestiones que, sin excepción, serían confirmadas en su totalidad por sus protagonistas, y que remiten a un casi interminable recorrido por la geografía urbana de Barcelona. Todo ello, antes de acercarse a la Maisson Doré, donde se detuvo a almorzar a la espera de las tres de la tarde, hora en la que Litrán le había asegurado que podría encontrar a Iglesias en la Casa del Pueblo.

La ansiada cita con quien en aquellos momentos era el máximo líder de los radicales iba a resultar, sin embargo, fallida. Llegado al punto del encuentro a la hora acordada, Ferrer comprobó que Iglesias no había llegado, y, mientras lo esperaba, pudo advertir la presencia en una de las mesas del local, de Lorenzo Ardid, uno de los dirigentes del Centro Republicano, al que conocía de antiguo, y a quien expresó los mismos razonamientos que le hiciera a Moreno anteriormente, y que podían resumirse en su escepticismo acerca de que la huelga pudiera desembocar en una confrontación con el Gobierno. Ardid, que probablemente compartía el punto de vista de su interlocutor, pero que no tenía demasiada empatía con él, y cuya presencia allí le producía además un singular recelo, se limitó a transmitirle la falta de medios del Partido Radical para dirigir una posible revolución y a desviar hacia los anarquistas de Solidaridad Obrera la orientación política de la revuelta. Y como quiera que el derrotismo expresado por Ferrer indignara a algunos concurrentes que lo escucharon, conminó al director de la Escuela Moderna a que abandonase la Casa del Pueblo, exigencia que éste obedeció de inmediato, yéndose por una puerta accesoria que daba a la calle Casanova, con la convicción de que, sin dirección que la encauzase, la revolución resultaba inviable.

Decepcionado por la actitud de los radicales, Ferrer retomó después de esta frustrada entrevista sus gestiones editoriales, limitadas ya, dada la extensión de la huelga, a un breve encuentro con el fotograbador Ureña, al que durante la mañana no había conseguido ver, y aún tuvo tiempo de volver a encontrarse con Miguel Moreno, no se sabe si ocasional o premeditadamente, quien le hizo saber que había presentado al Comité un escrito dirigido a Maura (cuya autoría sería atribuida durante el proceso a Ferrer) amenazándole con un levantamiento contra el Gobierno, caso de no retirar las tropas de Marruecos, documento que aquél se prestó a suscribir e incluso a mediar, para que Emiliano Iglesias, al que pensaba ver esa noche, también lo hiciese.

Concluido el encuentro, y como las comunicaciones por ferrocarril con Mongat estaban interrumpidas, extremo que Ferrer comprobó personalmente en la propia estación de Francia, decidió quedarse en Barcelona las últimas horas de la tarde, volviendo al centro de la ciudad por el Pla del Palau, la plaza de Antonio López y el paseo de Colón, mezclado entre la gente que circulaba por unas calles cada vez más atestadas de alborotadores, hasta recalar en el Hotel Internacional, de las Ramblas, donde cenó y en el que se encontró con Francisco Doménech, el barbero que habitualmente le atendía en Masnou, a quien propuso que le acompañara en su camino de regreso a Mas Germinal, que había decidido hacer andando.

Antes de iniciar el camino de vuelta a su casa, Ferrer, acompañado de Doménech, hizo un último intento por ver a Iglesias, para lo que se dirigió a la redacción de El Progreso, donde imaginó que podía encontrarle, aunque recalando antes en un café en el que sabía que se encontraba Litrán, y, ya en él, pidió primero al barbero, que se negó posiblemente por temor, y luego a su empleado que se acercaran hasta la sede de Solidaridad Obrera para conocer la posición de los anarquistas. Pero, vuelto Litrán con la noticia de que el centro había sido clausurado, Ferrer decidió regresar al diario radical, donde por fin fue recibido por el líder del partido lerrouxista, que naturalmente eludió adherirse al manifiesto y le recomendó que, por su propia seguridad, lo mejor que podía hacer era volverse a casa[152].

De esa entrevista (que, en el curso del proceso y a preguntas del juez, ambos negaron haber mantenido), daría Iglesias testimonio durante el debate de revisión de la causa en las Cortes en abril de 1911, ocasión que aprovechó, además, para exculpar a Ferrer de cualquier tipo de intervención en los sucesos de julio:

Estando aquella noche en El Progreso con el señor Fabra Ribas, que ya me había dicho que de tener siquiera sospecha de que el director de la Escuela Moderna pudiera intervenir en el Comité de Huelga, él sería el primero en retirarse, me anunciaron la llegada del propio Ferrer, a quien, sabiendo la enemistad que tenía con Fabra, preferí recibirlo en el antedespacho, donde comentamos los hechos del día y hablamos brevemente del estado de la situación antes de que partiera de vuelta hacia Mongat.

Sirva esto para demostrar que ni el Partido Radical ni sus hombres le prestaron el menor calor a Ferrer, que tampoco se la pidió, por desconocer la gestación de los sucesos ni el desarrollo de los acontecimientos, y que el Comité de Huelga, y quien dentro del mismo era su figura más destacada, Fabra Ribas, era resueltamente adversario político de aquél, hasta el extremo que preferí que no se encontrasen, tal como he señalado[153].

Todo había resultado un fiasco. Ni el Comité de Huelga ni el Partido Radical habían demostrado tener el propósito de implicarse decididamente en un empeño por derribar el orden establecido. El sueño de la revolución se había desvanecido. Y así se lo comunicó a Cristóbal Litrán, que, a su vez, reproduciría posteriormente su comentario:

Desengáñese usted. Ningún partido hará la revolución. Aquí no hay nada, absolutamente nada. Créame usted: déjese de aventuras políticas, y volvamos a trabajar de firme en pro de la instrucción. Mediante ella, haremos una humanidad mejor e instauraremos un mejor estado de derecho[154].

Sin nada más que hacer ya en Barcelona, Ferrer y Doménech salieron en dirección hacia Mongat, por más que al pasar por la calle de la Princesa topáronse de nuevo con Moreno (era, curiosamente, su tercer encuentro del día), al que Ferrer dio cuenta de la negativa de Iglesias a adquirir ningún compromiso, contestándole aquél que le daba lo mismo porque ellos, los anarquistas, sí estaban comprometidos. Con lo que, una vez despedidos, los dos viajeros continuaron su marcha por la vía del litoral, llegando a Badalona hacia las cuatro y media de la mañana, donde se detuvieron en un café para tomar unos bizcochos y descansar unos minutos, puesto que llegaban agotados, separándose en ese punto, el primero camino de Mas Germinal y el segundo hacia Masnou.

Tras el cansancio natural del viaje, aún más entendible en un hombre de 50 años, grueso y que había recorrido el día anterior media Barcelona, Ferrer no se movió de su finca a lo largo de todo el martes. El periodista de El Siglo Futuro Francisco Colldefons dijo haberlo visto ese día en las Ramblas barcelonesas, frente al teatro del Liceo, pero, como tendrá ocasión de comprobarse en el repaso del proceso, su testimonio carecía del menor viso de credibilidad. Resulta inimaginable que el director de la Escuela Moderna hubiese podido hacer de nuevo andando los 17 kilómetros que separaban Mas Germinal de la capital, y sorprendente también que nadie, aparte de él, pudiera avalar esa presencia. Incluso el propio denunciante, en su declaración ante el juez, restó peso a su primera acusación, al decir que «si no recordaba mal» era aquel el día en el que vio a un individuo capitaneando un grupo de sediciosos, que «le pareció» pudiera tratarse de Ferrer i Guardia, al que sólo conocía por fotografía.

Por el contrario, el miércoles sí supuso para Ferrer una jornada de gran actividad, y aquella en la que los pasos que dio resultarían más comprometedores para su futuro. A primera hora de la mañana se trasladó a Masnou, localidad vecina a Mongat, donde acostumbraba ir a afeitarse, presumiblemente con la intención de ver si era posible conseguir en ese pequeño pueblo lo que en la capital le había resultado inviable. Y ya en la barbería, donde eran de sobra conocidas sus andanzas del lunes anterior, por haberlas referido con toda suerte de detalles Doménech, hizo buscar a Juan Puig Ventura («Llarch»), presidente del Centro Republicano local, con el que tenía una superficial relación, y a quien, según mantuvo éste tanto en las numerosas diligencias del proceso como en el careo que ambos sostuvieron, le animó a secundar la revuelta de Barcelona, instándole a quemar el convento de los Hermanos Marianistas. De acuerdo con posteriores manifestaciones del «Llarch», le aseguró que la insurrección había triunfado en diferentes lugares del país y «era el momento propicio de hacer la revolución y reducirlo todo a cenizas».

Al no obtener un asentimiento a su propuesta por parte de Puig Ventura, Ferrer le pidió que le acompañara a Premiá de Mar, otro de los pueblos del contorno a cuyo alcalde, Domingo Casas Llibre, conocía por haber asistido en la localidad, tres o cuatro años antes, a la inauguración de una escuela racionalista y donde esperaba encontrar una acogida más favorable, dado el fuerte componente revolucionario que caracterizaba a sus dirigentes lerrouxistas. Y una vez llegados a Premiá y reunidos con él en el café de la Fraternidad Republicana, sostuvieron una breve conversación, a la que asistieron también el primer teniente alcalde, Antonio Mustarós, y el secretario del Ayuntamiento, José Álvarez Espinosa, en la que repitió los mismos argumentos que ya le había manifestado a «el Llarch» en Masnou una hora antes, e intentó convencer a las autoridades locales de la conveniencia de aprovechar el movimiento sedicioso de Barcelona para proclamar la República en el pueblo, propuesta que Álvarez Espinosa entendió en un principio como aceptable, pero que el alcalde rechazó, diciendo que la población se encontraba tranquila y que «únicamente si la rebelión catalana se extendía al resto de la nación, Premiá sería también republicana».

Viendo todas sus iniciativas rechazadas, por más que, como se verá, el comportamiento de Casas Llibre y sus colaboradores durante los días siguientes darían a entender que sus ideas no estaban muy lejos de las del director de la Escuela Moderna (aunque durante el proceso fueran sus más decididos acusadores), Ferrer reanduvo su camino de regreso a Masnou, cruzándose en el trayecto con un grupo de jóvenes que volvían de Barcelona con noticias de los sucesos que allí estaban ocurriendo, a los que, según declararía posteriormente Puig Ventura, animó a persistir en la lucha diciéndoles: «Eso está bien. ¡Ánimo! Es el momento de destruirlo todo». Palabras estas con las que terminaría, según los datos hasta hoy conocidos, su intervención personal en los sucesos de la Semana Trágica, por cuanto desde ese mediodía no volvió a saberse más de él hasta el instante de su detención, la madrugada del 1 de septiembre, en Alella[155].

Las insinuaciones de algunos testigos sobre la posibilidad de que Ferrer hubiera intervenido en los preparativos del Comité de Huelga; capitaneado grupos de rebeldes en Barcelona; conseguido adhesiones por parte de los radicales o los anarquistas; financiado la revuelta; contratado trabajadores en Mongat para enviarlos a Masnou y Premiá a derribar conventos; o utilizado emisarios para que, en carros o bicicletas, repartieran sus consignas en los pueblos de la comarca del Maresme, fueron denuncias nunca judicialmente probadas y carentes de fundamento.

Y en lógica consecuencia a esa tan escasa participación en las jornadas revolucionarias, nadie haría, antes ni durante las mismas, o lo que es igual, entre al 18 de julio y el 2 de agosto, fechas en las que se desarrollaron los sucesos, la menor alusión a cualquier tipo de vínculo entre uno y otros. No lo hizo la Junta de Autoridades, ni el gobernador Ossorio y Gallardo, ni su sustituto provisional Mariano Enciso, ni Capitanía General, ni ninguna instancia del Ejército, ni la Guardia Civil, la policía, o los cuerpos de seguridad, ni los primeros tribunales civiles o militares establecidos al efecto, ni el vicario capitular, ni el Comité de Defensa Social, ni la prensa conservadora, ni la Junta Diocesana, ni nadie de entre el más de medio millón largo de barceloneses, todos los cuales repartieron las responsabilidades de la rebelión entre los anarquistas, los radicales y los agitadores profesionales, sumados por un sentido de oportunidad a la revuelta[156].

Hasta que a alguien se le ocurrió que Ferrer i Guardia podía ser, dadas sus ideas y su trayectoria conspirativa y revolucionaria, una excelente cabeza de turco en la que hacer converger todas las responsabilidades de lo acaecido, la presencia del considerado luego como el «jefe, instigador, líder y máximo responsable» del movimiento insurreccional, que durante siete días sumió a Barcelona y su comarca en el caos, el terror y la violencia, había pasado, para todas las instancias institucionales y para los barceloneses en general, prácticamente inadvertida.

SEGUNDA PARTE

EL PROCESO

El lunes 2 de agosto, Barcelona amaneció con la habitual normalidad de una jornada laboral cualquiera. Desde primeras horas de la madrugada las fábricas recuperaron sin el menor incidente su actividad interrumpida durante la semana anterior, máxime tras la decisión casi unánime de los empresarios de abonar a los trabajadores el salario de esos días improductivos. Y en parecidos términos se reanudó la vida comercial, que ya desde el sábado había empezado a traducirse en una tímida pero progresiva apertura de tiendas y mercados, plenamente abastecidos ya ese mismo día, a los que los barceloneses se acercaron desde un principio con confianza y sin temor, convencidos de que el orden estaba plenamente garantizado.

Cafés, bancos y oficinas públicas retomaron también su pulso cotidiano; los tranvías volvieron a circular en prácticamente todas sus líneas; se despejó el tráfico con el pronto derribo de las barricadas; se repararon en muy poco tiempo servicios tan imprescindibles como el telégrafo, el teléfono, el gas y la luz eléctrica en aquellos de sus tramos que habían sido dañados por los revoltosos; y, aunque con una mayor presencia de las fuerzas del orden sobre la habitual en otras circunstancias, la calle volvió a ser, una vez vencidas las escasas bolsas insurreccionales que todavía se habían mostrado activas durante el fin de semana, el tradicional espacio de sociabilidad y encuentro de quienes habían vivido escondidos y amedrentados en sus casas durante el transcurso de la revuelta.

Pero toda esa tranquilidad, que había devuelto a las Ramblas a paseantes y floristas; reabierto los centros de ocio y esparcimiento del Paralelo; activado el ritmo febril de las instalaciones portuarias; restablecido la circulación de trenes y carruajes particulares; normalizado el quehacer de talleres y obradores artesanales; reanudado la publicación de los principales diarios; sustituido el humo de los incendios por el de las industrias; y conectado de nuevo a la población con una realidad que durante siete días le había sido hurtada, y sólo vagamente intuía, no podía esconder el dramatismo de unas jornadas cuyo balance iría, poco a poco, conociéndose y que, por sus trágicas dimensiones, iba a alarmar primero y a conmocionar luego a todo el cuerpo social de la ciudad[1].

En una escueta relación de los daños producidos por los disturbios, y comenzando por los relativos a la pérdida de vidas humanas, las cifras de bajas, nunca por cierto coincidentes entre quienes las contabilizaron, sobrepasan en casi todas las valoraciones holgadamente el centenar. Valgan como síntesis de esa horquilla, más o menos abierta en función de los intereses de sus propagadores, los 119 muertos de que da cuenta la profesora Connelly Ullman, repartidos entre ocho miembros de las fuerzas del orden, tres religiosos, cuatro camilleros de la Cruz Roja, dos tranviarios y 102 civiles (96 hombres y seis mujeres), a los que habría que sumar más de 300 heridos de diferente consideración, que seguramente fueran muchos más habida cuenta de que buena parte de ellos recibieron atención y asistencia no en hospitales y centros de urgencia, sino en sus propios domicilios[2].

En cuanto al resultado de los atentados cometidos contra los bienes de la Iglesia, los principalmente afectados por la revolución, tampoco coinciden las estimaciones de unos y otros historiadores, por más que, utilizando la misma fuente que en el caso anterior, puedan cifrarse a título orientativo en el ataque a 18 iglesias parroquiales, 29 conventos dedicados a la enseñanza o la vida contemplativa, 36 escuelas regentadas por órdenes religiosas, y seis patronatos y centros obreros de orientación espiritual, además del Seminario Conciliar, cuyos edificios fueron en muchos casos saqueados, ultrajados y destruidos parcial o totalmente por el fuego incendiario de los insurrectos. Un montante equivalente a algo menos de la mitad del censo inmobiliario eclesiástico de la capital, evaluado económicamente en alrededor de 40 millones de pesetas[3].

El recuento del vandalismo llevado a cabo en esos días se completaría con los 5.297 metros cuadrados de pavimento levantados para utilizar sus adoquines en la construcción de casi doscientas barricadas, cuya reposición supuso para las arcas municipales un coste de 17.768 pesetas; el corte de los cables telefónicos y telegráficos que unían Barcelona con el resto de la Península, con excepción del submarino, que los rebeldes olvidaron desactivar; el destrozo de centenares de metros de los raíles férreos y tranviarios; la inutilización de 34 coches-tranvías; el ataque a varias comisarías de policía, de entre las que las de Atarazanas y el Clot resultarían las más afectadas; la destrucción de parte de las instalaciones de la Compañía Eléctrica barcelonesa en el intento de privar de luz a la ciudad; el saqueo de los domicilios de algunos agentes de la autoridad y de numerosas armerías en las que los rebeldes se provisionaron de escopetas de caza, pistolas y munición; y el deterioro de buena parte del mobiliario urbano, que ya ese mismo lunes retenes del Ayuntamiento se aprestaban a reparar.

Todo ello sin contar los efectos que la insurrección se cobró en el resto de Cataluña, en algunos de cuyos municipios, especialmente en las comarcas del Vallés y el Maresme, se manifestó con extrema virulencia, traducida en numerosos episodios vandálicos. Así, se incendiaron iglesias en Badalona, Palamós y San Feliu de Guixols; se destruyeron conventos y colegios religiosos en Calonge y Manresa; se atentó contra las estaciones de Granollers y Sabadell, donde también los revoltosos se enfrentaron a la Guardia Civil y dispararon contra la fuerza pública; se obligó a suspender el culto en Mataró; y en todos esos lugares y otros muchos más se levantaron también barricadas, se quemaron casetas de consumos, se abatieron los tendidos telefónicos y telegráficos, se volaron puentes, se arrancaron las vías férreas, y se produjeron disturbios, alborotos y enfrentamientos saldados con pérdidas humanas e importantes daños materiales[4].

Consciente de la gravedad de los hechos y alentado por la conmoción de una ciudadanía que exigía una adecuada respuesta a los mismos, el Gobierno, una vez garantizado el orden, dispuso de inmediato todos los medios a su alcance para satisfacer esa demanda con un terminante escarmiento. Y, amparado en el estado de guerra vigente desde el 26 de julio anterior y la suspensión de las garantías constitucionales decretada un día después, dio paso a una política represiva, de tan desproporcionado contenido como dudosa legalidad, que en muy pocos días llenó de detenidos las cárceles de Barcelona, ampliadas con el amarre en el puerto de dos barcos convertidos en prisión; condujo al destierro a centenares de personas sospechosas de cualquier tipo de vinculación izquierdista; clausuró cuantos centros obreros supuso incitadores de la desobediencia civil; suspendió la circulación de los diarios afines al nacionalismo catalán, el Partido Radical, los socialistas y Solidaridad Obrera; y orquestó una caza de brujas, cuya arbitrariedad y magnitud permitió justificadamente afirmar a Cambó que «pretendía tratar la revolución ya vencida con el espíritu y la dureza que le faltó para combatirla durante su desarrollo»[5].

Y no satisfecho con la excepcionalidad de esas medidas, envió a Barcelona a dos hombres de su absoluta confianza, profundamente imbuidos del autoritarismo gubernamental, con la misión específica de depurar las responsabilidades derivadas de la revuelta y asegurar el pronto castigo de los culpables: Evaristo Crespo Azorín[6], diputado de la mayoría conservadora por la circunscripción electoral de Valencia, al que nombró nuevo gobernador civil, con instrucciones muy precisas sobre el modo con que aplicar eficazmente el ajuste de cuentas; y, lo que es más sorprendente, dado el carácter institucional de su cargo, Javier Ugarte[7], fiscal del Tribunal Supremo, muy próximo a los postulados de la derecha más confesional e integrista, encargado de reunir evidencias y pruebas sobre el origen y desarrollo de la rebelión que pudieran apoyar y enriquecer los procedimientos judiciales que ya habían comenzado a instruirse.

Y es que, paralelamente a toda esa serie de rigurosas medidas gubernativas, la Justicia había comenzado apenas concluida la semana sangrienta a actuar, dividiendo y separando los delitos durante ella cometidos, según fuera una u otra su tipificación penal. De tal modo que el saqueo, el pillaje, la quema de iglesias y conventos, y los ataques contra los bienes del clero o sus representantes se asignaron a los tribunales civiles, en tanto que el uso de las armas, la participación en barricadas, los atentados contra los servicios públicos, y el enfrentamiento contra el Ejército y las fuerzas del orden correspondieron en su tramitación a la jurisdicción militar. Instancias una y otra que se aplicaron a su tarea con una eficacia y una diligencia tales que ya ese mismo 2 de agosto, sólo un día después de reinstaurarse el orden, se hacía pública la primera sentencia al respecto, condenando a Ramón Baldera, uno de los incontables rebeldes que habían tomado parte en los alborotos, a la desproporcionada pena de cadena perpetua[8].

A expensas, en cualquier caso, de las diligencias que cada juzgado civil entendiese oportunas en virtud de sus propias investigaciones y dado el alto número de detenidos supuestamente vinculados a los hechos de autos, 990 sólo durante el mes de agosto, el capitán general de Cataluña ordenó la instrucción de una Causa general, encomendada al comandante Vicente Llivina, dirigida a reunir cuantos elementos probatorios pudieran orientarse al descubrimiento de los organizadores y dirigentes de los sucesos revolucionarios de julio, a la vez que recomendaba a todas las instancias bajo su mando remitir al citado juez instructor cuantas averiguaciones obraran en su poder acerca de los mismos. Una causa que, anticipémoslo, encontró sus primeras evidencias de responsabilidad en determinados elementos anarquistas y radicales y que, hasta el folio 327, no iba a recoger mención alguna que relacionara, siquiera fuese de forma tangencial, a Ferrer i Guardia con la revolución armada[9].

La llegada, sin embargo, a Barcelona, el 8 de agosto, del fiscal general del Supremo, Javier Ugarte, que tendría desde un primer momento en el integrista Comité de Defensa Social[10], abiertamente enfrentado contra la enseñanza laica, su principal órgano de consulta; las sucesivas insinuaciones que desde la prensa conservadora atribuían día tras día al fundador de la Escuela Moderna cuando menos la inducción moral de la sedición; y la oportunidad que al Gobierno se le ofrecía de saldar una deuda largamente esperada con quien hasta ese momento había logrado eludir la acción de la justicia, dio un inesperado giro de ciento ochenta grados a la dirección de las investigaciones y convirtió a Ferrer a los ojos de los instructores de la causa, y también a los de una buena parte de la opinión pública, primero en inductor de los sucesos, luego en organizador de la revuelta, y finalmente en director y máximo responsable de la Semana Trágica.

Silenciados por la censura gubernativa los medios que hubieran podido aportar testimonios en su defensa y alentadas por el espíritu de delación imperante en aquellos días las denuncias y cargos tendentes a incriminarle, la maquinaria judicial pudo trabajar sin trabas y con una celeridad inusitada en el acopio de evidencias sumariales y en la reunión de pruebas inculpatorias. Y así, el 11 de agosto se ordenaba el registro de su domicilio y la incautación de cuantos documentos pudieran en él encontrarse, al tiempo que se dictaba contra él orden de búsqueda y captura; el 16 se procedía a declararle procesado como reo por inducción del delito de rebelión; y el 19 se acordaba el embargo provisional de sus bienes. Todo ello sin perjuicio de que el gobernador Crespo Azorín decidiera, simultáneamente, el 23 de agosto, el destierro a Teruel y a Alcañiz de sus familiares y colaboradores más cercanos con miras a privarle, oculto como estaba, de cualquier tipo de aprovisionamiento y apoyo logístico.

La detención de Ferrer el 1 de septiembre, cuando presumiblemente pensaba huir a Francia, que fue recibida, según consta en la causa, «como el servicio más importante prestado al proceso» y supuso para sus captores un premio del Gobierno, vendría a completar el extremo que aún faltaba en el camino hacia su inculpación ya decidida. Un trayecto plagado de sorprendentes actuaciones que, en el escaso margen de veintiocho días, vio sucederse la sustitución como instructor del juez Llivina por el también comandante Valerio Raso; el extraño desglose de la Causa general en una pieza separada, en mérito «al pronto y ejemplar castigo de que es merecedor el delito que se atribuye al procesado»; la aceptación del simple rumor o la mera sospecha como elementos probatorios; las filtraciones del procedimiento, entre las que habría que destacar las que hiciera el propio fiscal del Supremo atribuyendo al encausado la autoría de los hechos cuando aún estaba incoándose el proceso; el alimento de una campaña mediática de descrédito de la personalidad no ya sólo política, sino sobre todo personal de Ferrer, en una especie de juicio paralelo dirigido a satanizarle ante la opinión pública; la nunca explicada excarcelación de quienes testificaron en contra del reo y la no admisión a trámite, en cambio, de los testimonios de aquellos que pretendieron declarar en su descargo; el injustificado mantenimiento de la incomunicación del acusado, incapaz de personarse en ninguna de las diligencias sumariales; la ausencia de garantía en los registros efectuados tanto en Mas Germinal como en la editorial de la Escuela Moderna; la reiterada invitación a testificar, por medio de edictos, a aquellos que dispusiesen de cualquier indicio inculpatorio; las dificultades impuestas en todo momento al ejercicio de la Defensa; los vicios manifiestos durante las diligencias del Plenario; y, por encima de todo, la tipificación como delito de rebelión militar de unas actuaciones que muy poco o nada tenían que ver con el mismo[11].

Todo un conjunto de irregularidades, detenidamente analizadas en las siguientes páginas, que iban a convertir la causa en una pieza jurídica nada respetuosa con las garantías procesales legalmente exigidas. Y que por la severidad de su sentencia, el fusilamiento de Ferrer i Guardia, ha quedado desde entonces en los anales judiciales como un claro exponente de la supeditación de la justicia a intereses ajenos a su competencia, rebasando en su condena los límites de un error para convertirse en un desafuero. Porque, como expresara Melquíades Álvarez en el debate de revisión del proceso que tuvo lugar en las Cortes en marzo de 1911, «cualquier fallo no sujeto a Derecho es siempre una injusticia»[12].

Al margen de las dudas, sombras y sospechas que puedan sobrecaer en la andadura política y conspirativa de Ferrer, que no son pocas, e incluso dando por hecho su coincidencia de miras con los postulados de la rebelión del mes de julio, en la que sin duda hubiese deseado tener mayor protagonismo y más decisiva participación, todo conduce a deducir, y la historiografía es en este punto casi unánimemente coincidente, que el 13 de octubre de 1909 se fusiló en los fosos del castillo de Montjuïc a un inocente.

IV

El auto de procesamiento

La primera insinuación de lo que con el paso del tiempo daría en llamarse el «mito» de la culpabilidad de Ferrer respecto a los sucesos de la Semana Trágica se apuntó en las páginas del diario conservador La Época la mañana del 3 de agosto, apenas tres días después de concluida la insurrección y cuando, como ya se ha dicho, ni las autoridades gubernativas, ni los juzgados militares, ni los círculos religiosos, ni siquiera uno solo de entre los cientos de miles de barceloneses hubiese siquiera hecho mención a su nombre ni vinculado su figura con tales acontecimientos.

Hasta ese momento, tanto el Gobierno como la práctica totalidad de los periódicos barceloneses y nacionales, y la mayor parte de la opinión pública venían coincidiendo, de forma casi unánime, en dirigir el grueso de sus acusaciones contra Solidaridad Obrera y los Partidos Radical y Republicano Nacionalista Catalán, cuya condición de representantes de la izquierda más intransigente los postulaba como principales beneficiarios del cambio a que hubiera podido conducir el triunfo de la revolución, y a los que, por eso mismo, responsabilizaron desde un principio de la organización y el desarrollo del alzamiento.

Ese día, sin embargo, el rotativo del marqués de Valdeiglesias, afín en su línea editorial con los planteamientos políticos de Maura, y convertido en los últimos tiempos prácticamente en su portavoz oficial, publicaba un extenso artículo sin firma referido a las sangrientas jornadas de julio que, entre otros datos de sospechosa intención y escasa solvencia, daba cuenta de la presencia de Ferrer en Barcelona en el transcurso de esa semana, y, lo que es más grave e importante, denunciaba la existencia de una tácita conexión entre la fortuna personal del director de la Escuela Moderna y la financiación económica del movimiento revolucionario:

En los últimos días ha corrido por Barcelona el rumor de que el tristemente célebre Francisco Ferrer i Guardia se encontraba en la ciudad en compañía de Soledad Villafranca y con el bolsillo abundantemente provisto. Esta noticia coincide con otra que afirma cómo en la Casa del Pueblo ha circulado por las mismas fechas dinero con prodigalidad bastante para permitir la celebración de numerosas fiestas y francachelas[13].

A esta breve alusión, expuesta si se quiere tímidamente y como de pasada, pero que introducía en su última parte los legendarios ingredientes (reparto de dinero y sonoras celebraciones) de que habíanse tradicionalmente alimentado nuestras revoluciones históricas, vendrían a añadirse en el trascurso de esa misma semana otros dos nuevos comentarios de prensa que, también de forma tangencial y a modo de ensayo, insinuaban el supuesto protagonismo de Ferrer en la orientación y el apoyo a los sucesos sangrientos.

El primero de ellos, aparecido asimismo en La Época, en su edición del día 4, tratábase de una carta remitida desde la Ciudad Condal por su redactor Pascual Zulueta, quien, abundando sobre el contenido de la noticia publicada la mañana anterior, la ampliaba con nuevos detalles:

Llegó aquí alguien (hay quienes suponen que el famoso Ferrer i Guardia, del que no hay duda que ha permanecido en Barcelona esta última semana) con bastante dinero. Y según informes que considero fidedignos, un día próximo al de la iniciación del alzamiento, cobrose en la sucursal del Credit Lyonnais de esta plaza un cheque de 50.000 pesetas que esa misma noche era repartido en la Casa del Pueblo[14].

El segundo, mucho más insidioso y comprometedor, consistía en un escueto flash incluido en una de las reseñas que el corresponsal de El Siglo Futuro, Francisco Colldefons, dedicó al tema de la revolución, y que el periódico publicó en su número del 9 de agosto:

En el transcurso de la semana de autos pudo advertirse en repetidas ocasiones la presencia en las calles de la ciudad del director de la Escuela Moderna, Ferrer i Guardia, e incluso una vez lo vi capitaneando una partida de alborotadores en mitad de las Ramblas, frente al teatro del Liceo[15].

Como quiera que el conjunto de los tres sueltos anteriores constituye el germen inicial de la acusación de Ferrer y la base sobre la que habrían de apoyarse las primeras actuaciones judiciales incoadas por la autoridad militar en contra suya, conviene detenerse a considerar algunos puntos en relación con estas informaciones:

— Tanto La Época como El Siglo Futuro eran medios próximos al Gobierno y, sobre todo el segundo, abiertamente enfrentado a las ideas libertarias que Ferrer encarnaba.

— Los firmantes de las notas acusatorias a que se hace referencia, o no ratificaron ante el juez los cargos en ellas expresados (caso Zulueta), o si lo hicieron fue sobre la base de alterar o corregir, minimizándolo, el primitivo sentido acusatorio de las mismas (caso Colldefons).

— Resulta inexplicable la sorpresa expresada en ambos comentarios acerca de la presencia de Ferrer, cuando ése era, salvo esporádicas ausencias, su lugar de trabajo y donde venía realizando habitualmente su quehacer editorial y pedagógico[16].

— Tampoco parece asumible su relación con el cobro del cheque citado si, según demostraron los informes policiales solicitados al respecto, su saldo bancario no registró en los días previos a la rebelión ningún movimiento.

— Nunca nadie pudo demostrar (y ahí queda el informe fiscal para probarlo) que en la Casa del Pueblo hubiese habido reparto alguno de dinero, ni menos aún festejos con los que celebrarlo[17].

— Entre el más del centenar de testigos que desfilaron a lo largo del proceso, ni uno solo se halló en disposición de confirmar el extremo apuntado en El Siglo Futuro sobre la actuación de Ferrer al frente de un grupo de sediciosos el martes 27 en las Ramblas.

— No es difícil presumir que el tono aparentemente informativo no perseguía otro propósito que el de incorporar a Ferrer a la lista de sospechosos que, día a día, iba sumando la causa instruida contra el alzamiento.

Desoyendo estas consideraciones, que posteriormente el sumario demostraría confirmadas, el juez Llivina decidió, en cambio, tomar en cuenta las insinuaciones vertidas en tales noticias, e incluir al denunciado en la nómina de los presuntos implicados en la revuelta, reclamando al efecto, como primera providencia, el atestado que el sargento Manuel Velázquez, comandante del puesto de la Guardia Civil de Badalona, había llevado a cabo por encargo de sus superiores sobre las actuaciones de Ferrer en Barcelona, Masnou y Premiá durante los días 26 y 28 de julio. Un informe, basado según el texto del proceso, en confidencias «apreciadas como verídicas y dignas del máximo crédito», por más que no se consignase en el mismo ni su origen ni su procedencia, que comenzaba refiriendo el ocasional encuentro del director de la Escuela Moderna con el dependiente de la barbería en la que habitualmente se servía:

Habiendo tenido el joven Francisco Doménech Munté, natural de Masnou y barbero de oficio, que ir a Barcelona el lunes 26 del pasado julio para buscar a su madre que llegaba de Falset (Tarragona), se encontró sobre las nueve y media de la noche con Francisco Ferrer, que hallábase en la terraza de un establecimiento de bebidas situado en las Ramblas, frente al Liceo, quien, por conocerle como cliente habitual de su barbería, le invitó a café al tiempo que le pedía que lo acompañara a la redacción de El Progreso, pues tenía interés en saber lo que sus compañeros políticos opinaban sobre el desarrollo de los últimos acontecimientos.

Realizada esta gestión, se encaminaron a la calle de Aribau, donde, en el café del mismo nombre, vieron sentados a los señores Calderón, Tubau y Litrán, así como a la esposa de este último, con los que Ferrer detúvose a hablar. Luego de unos minutos de conversación, los allí reunidos le rogaron que fuese hasta la sede de Solidaridad Obrera, en la calle Nueva de San Francisco, para ver si encontraba a alguno de los partidarios de Ferrer, petición esta a la que se negó pretextando hallarse muy cansado, lo que hizo que tuviese que ir don Cristóbal Litrán, quien, a su vuelta, contaría que encontró el local cerrado y que sólo gracias a sus conocimientos de francés pudo hacerse pasar por corresponsal de prensa y evitar que la policía lo detuviera.

Vueltos de nuevo, a instancias de Ferrer, a la redacción de El Progreso, subió aquél a conferenciar con ciertos individuos, no tardando en bajar diciendo que había perdido el viaje ya que Emiliano Iglesias se había negado a firmar el documento que llevaba preparado para cursarlo al Gobierno pidiéndole que no embarcase nuevos soldados hacia África y amenazándole en caso contrario con hacer la revolución «con todos los firmantes al frente». A lo visto, Iglesias debió decirle que no contaban con fuerzas para semejante aventura y que lo mejor era renunciar definitivamente a la lucha y volver al día siguiente al trabajo.

Cuando ya se dirigían en dirección a casa, al pasar por la calle de la Princesa, se toparon con dos nuevos sujetos conocidos de Ferrer, de los que uno se apellidaba Moreno y era profesor de lenguas, según pudo saber posteriormente por su compañero. Requeridos acerca del lugar de donde venían, contoles Ferrer que de la redacción de El Progreso, punto elegido por los representantes de Solidaridad Obrera y del Partido Radical para ver si llegaban a un acuerdo sobre el alcance de la recién iniciada huelga, y les sugirió la idea de acercarse hasta allí para enterarse del definitivo resultado de tales conversaciones. Pero Moreno le respondió que no era preciso molestarse puesto que podía asegurarle que ellos al menos ya estaban plenamente comprometidos.

Una vez que se hubieron despedido, Doménech y Ferrer continuaron su marcha a pie ya que las comunicaciones férreas estaban interrumpidas, pasando por Badalona (donde se detuvieron a tomar un vaso de vino y unas galletas) a las cuatro de la mañana y separándose a la salida del pueblo para dirigirse uno en dirección a Masnou y el otro hacia Mongat[18].

Hasta aquí las referencias del documento a la estancia de Ferrer el lunes 26 en Barcelona, que en su momento utilizaría el fiscal como una de las más importantes pruebas de convicción, cuando de su lectura si algo se deduce es que cualquier propósito de aquél por apoyar el movimiento fue desestimado tanto por Emiliano Iglesias como por Miguel Moreno, directamente vinculados uno y otro con el Comité de Huelga[19], y, como tales, figuras decisivas en las decisiones relacionadas con los acontecimientos. Ni se valoró la presunta carta que pensaba dirigir al Gobierno; ni encontró ocasión de poder influir en el ánimo de quienes ya a esas horas estaban comprometidos; ni mantuvo otros contactos políticos de ninguna clase, limitando toda su complicidad a la compañía de un aprendiz de barbero, con el que abandonó a pie y ya de madrugada la ciudad, a la que ya no regresaría más durante el transcurso de toda la Semana Trágica.

Siguiendo la relación de los hechos consignados, el informe pasaba a continuación a dar cuenta de la visita de Ferrer el miércoles 28 de julio a los pueblos costeros de Masnou y Premiá de Mar (los dos muy próximos a su finca de Mas Germinal), y detallar el conjunto de las actividades que realizó en ambos a lo largo de ese día:

Dos días después, el miércoles 28, Ferrer acudió a la barbería de Masnou sobre las diez de la mañana con intención de afeitarse y, una vez servido, le pidió a Doménech que fuese a buscar al dirigente del Comité Republicano local, Juan Puig Ventura, al que quería preguntar «si pensaban organizar algo en el pueblo». Una vez reunidos ambos, y no encontrando un ambiente propicio a extender la insurrección, le sugirió Ferrer desplazarse hasta la vecina localidad de Premiá de Mar, donde parece ser que propuso al alcalde, también sin éxito, la idea de proclamar la República. Mientras tanto, los habitantes de Masnou, que no tardaron en percatarse de la realidad de sus intenciones, decidieron por unanimidad no secundarle en sus propósitos y proteger, en cambio, el pueblo para que no se causara en él daño a nadie.

Según informes de numerosas personas, así como del propio Doménech, a últimas horas de la tarde de ese día se registró en la población la presencia de nutridos grupos de amotinados, en su mayoría forasteros procedentes de las villas inmediatas, que decían esperar a Ferrer. Algunas de estas personas entraron en el Ayuntamiento y una de ellas, natural de Premiá, se asomo al balcón desde donde, en nombre de aquél, se dirigió a la multitud pidiéndole que tomara las armas y marchase a Barcelona en apoyo de sus hermanos[20].

Estas informaciones, basadas con excepción de la de Doménech en testimonios anónimos, difundidas sin contrastarlas por quienes las recogieron, y que expresan como cargos más graves que «parece ser» que Ferrer sugirió en Masnou y Premiá la idea de secundar la rebelión y proclamar la República, y que «alguien», en su nombre, pidió a los vecinos que se alzaran en armas, llegarían muy pronto, a través de Soledad, a conocimiento de aquél, que, sin moverse de Mas Germinal desde su regreso de Premiá, seguía atentamente el curso de la represión dirigida por el gobernador Crespo Azorín («todas cuyas actuaciones, según Cambó, mediríanse por errores») y alentada por los sectores más conservadores de la sociedad y, sobre todo, por la prensa integrista[21].

Sobre la decisión de Ferrer de ocultarse, daría posteriormente cuenta Soledad Villafranca en unas declaraciones al diario España Nueva, que el periódico publicó, fusilado ya aquél, el 18 de noviembre:

La mañana del jueves 29 vino a nuestra propiedad una joven de Premiá y les contó a los criados que otra mujer le acababa de decir que había visto a Ferrer que, al frente de un grupo de hombres, estaba quemando un convento. Después de interrogar a esta mujer, avisé inmediatamente a aquél de lo que se murmuraba. Él estaba trabajando en su despacho y al oírme se sonrió, sin demostrar ninguna inquietud, y hasta se sonrió al imaginarse liderando a unos cuantos rebeldes incendiarios.

«No te rías», le dije. «Esta historia puede llegar a las Autoridades, y eso será suficiente para que ordenen detenerte».

«Eso es una ridiculez», repuso él.

«La situación», le aconsejé, «se agrava en Barcelona y tus enemigos pueden aprovecharse de las circunstancias para perderte. Auséntate y cuando se restablezca la calma, vuelve».

Ferrer no quería al principio hacerme caso, pero de tal modo insistí, de tal manera se lo rogué, que concluí por convencerle, y pude conseguir que se decidiera a ausentarse durante algunos días.

«Si no recibes noticias mías», me dijo antes de marcharse, «es que estoy bien. No puedo indicarte adónde voy, porque yo mismo aún no lo sé tampoco».

Y se fue. Cuando nos despedimos, no podía sospechar que ésa sería la última ocasión en que iba a verle[22].

De su inquietud y preocupación, tanto por esta calumnia como por el espíritu persecutorio que en torno a él se concitaba, da idea la carta que, con fecha del 10 de agosto, escribió a su amigo Charles Malato (con el que mantendría a lo largo de todo el proceso una intensa y reveladora correspondencia), en respuesta a la que éste le dirigiera interesándose por la cotización de las acciones de la «Societé d'Electricité», misiva en la que no es difícil advertir cómo la prolijidad de datos acerca de sus pasos durante el lunes 26 en Barcelona esconde un claro interés por disponer, en caso de necesidad, de una coartada convincente:

La huelga general me sorprendió, igual que a todo el mundo, el lunes 26. Hasta entonces no sabía una palabra. Fui a Barcelona, donde había citado en mi despacho a las personas encargadas de preparar el prospecto de la Gran revolución, de Kropotkin, que voy a publicar con ilustraciones y en edición de lujo, como ya hiciera con El hombre y la tierra, de Reclus. Pasé la mañana entre el taller del impresor, la fábrica de papel, una librería y mi propia oficina, mientras que durante la tarde estuve con el grabador, otro fabricante de papel y nuevamente en la imprenta. A las seis me dispuse a volver a Mongat encontrando cerrada la estación del ferrocarril por lo que decidí entonces irme a cenar, saliendo a continuación andando y en compañía de un joven conocido con dirección hacia mi casa, en donde he permanecido ya sin moverme hasta la mañana del miércoles[23].

Que el temor de Ferrer por sentirse víctima de un atropello no era gratuito y sí en cambio plenamente justificado, se vería probado ese mismo día a través de la conducta del fiscal del Tribunal Supremo, Javier Ugarte, que, extremando su celo en el sentido de «asegurar que no se perdiese una sola denuncia», procedió a abrir, con el auxilio del Comité de Defensa Social, la veda de la delación, auspiciando toda suerte de denuncias, incluidas las anónimas, y convirtiendo de este modo en sospechosas a cuantas personas pudieran ser objeto del recelo, la animosidad e incluso el odio de sus conciudadanos. Y no satisfecho con ello, hizo llegar a las autoridades judiciales «su opinión» de que los delitos sediciosos recién acaecidos tenían un inequívoco sentido de rebelión militar, y debían, por tanto, ser juzgados en consejos de guerra[24].

Nadie a partir de ese momento pudo afirmar en Barcelona hallarse a salvo de sospecha. La acción de delatar pasó a convertirse no ya en un derecho, sino prácticamente en un deber. Cualquier suposición de culpabilidad, por mínima o arbitraria que fuese, resultaba suficiente para conducir a la cárcel a gentes ajenas por entero a los sucesos perseguidos. El acoso y la represión vinieron a ser los emblemas de una sociedad más atenta a imputar conductas y exigir responsabilidades que a encontrar soluciones y buscar vías de superación del conflicto. Sólo importaba detener, juzgar y reprimir. Lo demás, incluido el respeto a las más mínimas garantías personales, apenas si tenía valor ninguno. La ceguera del ajuste de cuentas había cerrado a la ciudad los ojos de la razón. Y es que, como manifestara repetidamente el conde de Santa María de Pomés, delegado del referido Comité de Defensa Social, «a una revolución satánica como la acaecida era preciso responder con una reacción divina».

De esa atmósfera de rencor, en la que los sucesos recién vividos eran ofrecidos en versiones desorbitadas y casi apocalípticas, acentuándose hasta la exageración sus rasgos más reprobables, y donde se exigía la sanción no sólo ya de lo condenable, sino de cuanto resultara adverso a los intereses de los denunciantes, da muestra el testimonio del diputado republicano Amadeu Hurtado al evocar varios años después en sus Memorias aquel insidioso y enrarecido ambiente:

La ciudad se sentía liberada de una pesadilla, pero aún se agitaba con los estremecimientos propios del miedo que había pasado. Con la misma rapidez con que se había inflamado de indignación al ver cómo los reservistas eran llevados a hacer una guerra incomprendida, había retrocedido decepcionada y temblorosa ante las amenazas de la violencia desencadenada. Y, una vez ya calmada la tempestad, el espíritu público se levantaba irascible, rencoroso y vengativo en contra de los ignorados causantes de unos días de inquietud y tortura. Quería que la represión fuese severa hasta dejar el rastro de un verdadero escarmiento[25].

La prensa conservadora continuó, por su parte, su actitud de hostigamiento, convirtiéndose en el más eficaz portavoz de esa campaña depuradora dirigida a extirpar del cuerpo social el supuesto cáncer con el que anarquistas, radicales y republicanos lo corroían. Raro fue el día en que las columnas de La Vanguardia, El Correo Catalán o Diario de Barcelona se sustrajeron a dar cabida en sus páginas a artículos, cartas y editoriales animando a la población a denunciar a los culpables. E incluso a tanto llegaron el mesianismo redentor y la pasión purificadora que hasta La Veu de Catalunya, órgano oficioso de la Lliga, moderado hasta entonces en sus apreciaciones sobre la situación, terminó por sumarse a la catarsis general con un desdichado artículo de su redactor Ferrán Agulló que, bajo el expresivo título de «Delatad», apareció en la edición del periódico correspondiente al 12 de agosto:

Lo sucedido en Cataluña, por más que en un momento tuviera carácter político, no fue una revuelta ni una revolución: fue un saqueo, un estallido de odio por parte de incendiarios y asesinos. Quien conozca a los culpables tiene el deber de apoyar la acción de la Justicia que los persigue. No hay excusa que valga. Aunque yo me temo que la cobardía de mucha gente, disfrazada de buen corazón, no colaborará decididamente con ella.

Si a la ineptitud de los gobernantes para descubrir la preparación de los crímenes cometidos se suma la cobardía de la gente para denunciarlos; si a la desorganización de la policía y el mal funcionamiento del Poder Judicial se añade la ausencia de civismo por parte de los ciudadanos; si éstos, en determinados casos, todo lo quieren de la Autoridad, a la que en otras muchas ocasiones escarnecen, ¿podemos realmente creer en el remedio para todos los males que nos abruman?[26].

Fuera por la presión impuesta por este reiterado clima de inducción, lo que a la vista de cómo se iban desarrollando los acontecimientos parece posible, o por advertir realmente indicios de criminalidad en el ya anteriormente citado informe del puesto de la Guardia Civil de Badalona, el juez Llivina dictó el 11 de agosto un oficio ordenando el registro de Mas Germinal y de la sede de la editorial de la Escuela Moderna:

En vista de cuanto se denuncia en el atestado obrante al folio 326, acuerdo expedir la oportuna orden al inspector don Feliciano Salagaray para que, acompañado de los agentes que estime necesarios, practique un reconocimiento en el domicilio de Francisco Ferrer i Guardia ocupando cuantos documentos puedan ser de utilidad al objeto de esta causa y entregándolos a este juzgado, así como al citado sujeto tan pronto como sea detenido[27].

El registro, primero de los cuatro que se llevarían a cabo en Mas Germinal, se inició la misma mañana de acordado el auto y fue efectuado por el mencionado inspector Salagaray en colaboración con los agentes señores Gutiérrez y Sánchez Tembleque y en presencia de Soledad Villafranca, José Ferrer y la esposa de éste, María Fontcuberta, que se encontraban en ese momento en la finca y que aprovecharon la oportunidad para dejar constancia de que Ferrer faltaba de allí desde el anterior 29 de julio por haberse trasladado supuestamente a París, donde, según manifestaron, tenía pendientes determinados asuntos editoriales.

En cuanto a sus resultados, puede decirse que, pese a prolongarse la búsqueda durante todo ese día y el siguiente, se redujeron, según consta en el sumario (folio 565), al hallazgo de una carta de Anselmo Lorenzo, fechada en el año 1908, en la que acusaba recibo de cierta suma de dinero destinada a Solidaridad Obrera; otra de Charles Albert, secretario de la Liga Internacional para la Educación de la Infancia, reclamando noticias sobre la suerte de su compañero tras los recientes acontecimientos de julio; y tres tiras de papel repletas de signos en clave, de incomprensible traducción para sus descubridores, piezas todas ellas que fueron inmediatamente remitidas al juzgado instructor del caso[28].

Esta diligencia, a la que seguiría el reconocimiento, también sin éxito, de la editorial de la Escuela Moderna y la detención provisional de Cristóbal Litrán, uno de sus empleados de mayor confianza, aumentó aún más si cabe los resquemores de Ferrer y lo animó a tomar de nuevo la pluma para, en carta dirigida esta vez al mencionado Charles Albert, quejarse de las disposiciones adoptadas hasta ese momento por el Gobierno y recabar su ayuda en defensa de la justicia:

Mi querido amigo: Por fin puedo darle noticias. Éstas son notoriamente pesimistas. El Gobierno español va a aprovechar con toda seguridad la ocasión que se le presenta para darse gusto. La insurrección de Barcelona, que fue tan sólo una explosión de rabia contra la guerra de Marruecos y el dominante poder clerical, va a servirle de excelente pretexto para arrollar de manera definitiva todo cuanto respira aquí libertad y progreso.

Me he visto obligado a ponerme fuera del alcance de las autoridades porque me he dado cuenta enseguida que pretendían hacerme pagar los vidrios rotos. En efecto, el primer acto de la autoridad militar en cuanto se restableció la calma fue presentarse en las oficinas de mi Casa editorial, que es al mismo tiempo el domicilio del Grupo Catalán de la Liga y, no estando yo presente, llevarse preso al señor Litrán, a quien, sólo luego de un largo interrogatorio de tres horas, puso en libertad provisional.

El juez militar cree que la revolución de Barcelona se ha llevado a cabo con dinero del Grupo. Es decir, con la cantidad obtenida de sumar las cuotas de poco más de un franco cotizadas por cada uno de sus dos o tres docenas de afiliados. Son unos locos. Pero con una locura muy peligrosa para mí, y más todavía para aquellos que están en las cárceles.

El plan de los reaccionarios se halla por el momento completamente trazado. Como decía antes, tienen la voluntad de destruir toda agrupación, toda sociedad y todo individuo que sean reconocidos como enemigos de la Iglesia. ¡Figuraos, pues, hasta qué extremo pueden llegar en su ciega obcecación estos malvados!

Toda la prensa conservadora de Madrid y de provincias asegura ya que la culpa de lo sucedido la tienen la Escuela Moderna y, sobre todo, ese terrible Ferrer, que, con sus escuelas y sus ediciones de obras sin Dios o contra Dios, ha organizado el movimiento revolucionario y desencadenado la furia en las calles.

Cuanto podáis hacer en la prensa para prevenir a las gentes y denunciar a los gobernantes españoles será bueno para conseguir así detenerlos en sus proyectos, y poder salvar de ese modo y por de pronto las vidas de todos aquellos inocentes y desgraciados a quienes se pretende fusilar inmediatamente[29].

Lo que en la primera carta a Malato era una premonición, es ya en esta segunda a Albert una certidumbre. Ferrer, que tiene acceso a la prensa, que recibe de su familia noticias cada día y que conoce sobre todo el ánimo represivo que inspira la acción del Gobierno, tiene plena conciencia del estado de indefensión en que se encuentra; sabe que, presionadas por los poderes fácticos, las autoridades han puesto precio a su cabeza; y piensa, recordando probablemente la experiencia de su anterior proceso de Madrid, que únicamente el apoyo de la opinión pública internacional puede ser capaz de contrarrestar con ciertas garantías el peso de la memoria histórica que amenaza con condenarle.

Entretanto, la Causa general seguiría acopiando cargos contra los implicados en la revuelta. Pruebas que, en el caso concreto de Ferrer, iban a pasar por la verificación de los datos contenidos en el atestado del sargento Manuel Velázquez, para cuyo trámite el juez instructor citó a declarar los días 12, 14 y 16 de agosto a Francisco Doménech, Juan Puig Ventura y Domingo Casas Llibre, aludidos en dicho informe, así como al teniente coronel Ponte, de quien partió la orden de realizarlo.

El primero en deponer fue el barbero Francisco Doménech, quien preguntado por el juez sobre la naturaleza de los encuentros que los días 26 y 28 de julio tuvo con Ferrer en Barcelona y Masnou, declaró haberse encontrado con él el lunes en un café de la plaza Universidad, y accedido a acompañarle a hacer unas diligencias por la ciudad, de cuyo contenido no fue informado, y sobre las que puntualizó:

Después de haber ido con él a la redacción de El Progreso pude comprobar que tales diligencias eran fundamentalmente políticas por lo que me arrepentí de haberle acompañado, razón esta que hizo que al rogarme por favor en el café Aribau que fuese a Solidaridad Obrera a comprobar el estado de la situación, me negara, pretextando encontrame muy cansado.

Cuando nos encontramos con el tal Moreno en la calle Princesa, después de decir este a Ferrer que ellos ya estaban comprometidos, añadió: «¡Y, ay, del que falte, porque haremos con él lo que hacen en Rusia con los traidores!».

No tengo noticia de que Ferrer hiciera en Masnou ningún acto de propaganda y sólo sé que el miércoles al ir por la mañana a afeitarse le propuso al presidente del Centro Republicano, Puig Ventura, ir al Ayuntamiento a proclamar la República, a lo que éste se negó, disponiéndose, por el contrario, a defender el pueblo[30].

El segundo testimonio correspondió al citado presidente del Comité Republicano, Juan Puig Ventura, que, instado a relatar las actividades de Ferrer en Masnou, dijo:

La mañana del miércoles 28 me mandó Ferrer recado por conducto del joven Doménech para que fuese a verlo a la barbería donde se encontraba afeitándose, y, una vez reunidos, me comunicó que deseaba hablarme en privado, en vista de lo cual le sugerí que nos trasladásemos a los locales que en el pueblo tiene abiertos el Centro de Unión Republicana.

Una vez allí, me invitó a secundar en Masnou el movimiento revolucionario de Barcelona, a lo que le respondí que de ningún modo lo consideraba conveniente pues la población era pacífica, contestándome Ferrer que debía empezarse por excitarla a fin de que salieran algunos a quemar conventos e iglesias. Y como yo le dijera que no comprendía que por este camino pudiera venir la República, me dijo que la cuestión era hacer la revolución.

Ante mi negativa, propúsome ir a Premiá de Mar para ver al alcalde, y al responderle éste igual que yo, y negarse, como le pedía, a proclamar la República en la localidad y animar a los vecinos a quemar los conventos, decidió que nos volviésemos. En el regreso, a mitad de camino entre ambos pueblos, encontramos a un grupo de jóvenes que venían de Barcelona y que, a preguntas de Ferrer, dijeron que en algunos puntos de la capital había ya sarracina, manifestando entonces éste: «¡Eso está bien! Ánimo. ¡Ha llegado el momento de destruirlo todo!».

Al llegar de nuevo a Masnou y antes de separarnos, volvió a insistir Ferrer en que excitase a las masas, a lo que yo volví a negarme, procurando por el contrario establecer la paz y el orden y colaborar con las autoridades para prevenir desmanes puesto que había observado ciertos elementos extraños a la población, punto este que logré, pues no hubo exceso ninguno como no fuera un cierto movimiento originado por un exaltado que, subido al balcón del Ayuntamiento, incitó a las gentes a que se dirigieran a la capital desde donde pedían auxilio, refiriéndose posiblemente a los cañonazos que procedentes de allí se escuchaban.

Concluida esta primera parte de su declaración, le preguntó el juez Llivina su opinión acerca de la identidad de los posibles promotores de la rebelión, a lo que contestó:

Creo que todo ha debido moverlo Ferrer puesto que sus ideas coinciden plenamente con los excesos perpetrados. Además, me parece que las visitas que hizo a El Progreso y la Casa del Pueblo, y las conversaciones que mantuvo con significados miembros del Partido Radical no tenían otro propósito que el de comprometernos, dado que esas actitudes son totalmente opuestas a la política de dicho partido y se asemejan, en cambio, mucho más a las de los anarquistas de Solidaridad Obrera.

Pienso también que la destrucción y el incendio de las iglesias y conventos durante estos días ha podido responder a la venganza de Ferrer contra el elemento clerical por la campaña que éste sostuvo desde su apertura contra la Escuela Moderna hasta conseguir finalmente su cierre definitivo.

Asimismo, Ferrer me aseguró que había presentado un manifiesto a Iglesias, Vinaixa, Ardid y algún otro para enviarlo al Gobierno pidiendo que acabara la guerra de Melilla, ya que de lo contrario traerían la revolución, y que, ante la negativa de éstos a firmar, les había increpado diciéndoles: «He ahí lo que sois los republicanos. Lo único que pretendéis es el poder. Y lo que hace falta es provocar la revolución»[31].

A continuación declararía Domingo Casas Llibre, alcalde republicano de Premiá de Mar, que, requerido como los anteriores testigos para que detallara sus contactos con Ferrer durante su visita, el miércoles, al pueblo, se manifestó en los siguientes términos:

El pasado día 28, si no recuerdo mal, me avisaron de que había alguien que deseaba hablar conmigo. Al salir me encontré con un señor al que sólo conocía de vista y que, luego de presentarse como Ferrer i Guardia, me dijo que Barcelona estaba en estado de rebelión y que pensaba que iban a incendiarse iglesias y conventos y a proclamarse la República.

A estas manifestaciones le respondí diciéndole que aquí convenía la paz y la tranquilidad, aunque si era realmente cierto que en Barcelona y en todo el resto de España se proclamaba la República, podía asegurarle que Premiá también sería republicana. Pero, a lo visto, esta respuesta parece ser que no le convenció puesto que sin decir nada más se despidió, yéndose en compañía de un vecino de Masnou al que únicamente conozco superficialmente, dada la proximidad de ambos pueblos, y ya no volví a verle.

Con posterioridad oí decir al juez municipal que Ferrer había proporcionado dinamita a algún individuo del pueblo, cuya identidad no citó y al que yo desconozco[32].

El turno de testificaciones se cerraría con la declaración del teniente coronel de la Guardia Civil, Leoncio Ponte, el principal testigo de cargo contra Ferrer en el proceso de 1906, quien, después de calificar como «sospechas suficientemente razonadas» los motivos que le habían llevado a ordenar la reconstrucción de los pasos del director de la Escuela Moderna en la última semana de julio, se reafirmó en su seguridad sobre el concurso prestado por éste a la insurrección:

Según antecedentes que pude reunir por confidencias reservadas, Ferrer tomó parte activa en los sucesos que se persiguen excitando a la rebelión en los pueblos de Masnou y Premiá diciendo a sus seguidores que acudiesen a Barcelona para defender a sus hermanos, y estuvo además conferenciando con el alcalde de Premiá en el Centro de Fraternidad Republicana de este pueblo, lugar que podía considerarse como cuartel general de algunos incendiarios y sediciosos, desde el que tramitaban órdenes a los demás pueblos del distrito[33].

El análisis del conjunto de estos testimonios ofrece como dato de mayor interés el suministrado por Juan Puig Ventura en relación con la inducción de Ferrer, negada luego por éste en el curso de sus indagatorias, a secundar en Masnou la rebelión iniciada dos días antes en Barcelona, y aun ello con las reservas propias de haber tenido lugar su entrevista en privado y sin testigos. El resto, desde la cita de sus visitas a El Progreso, la Casa del Pueblo o el Ayuntamiento de Premiá (en su primera declaración, el alcalde de esta localidad no hizo ninguna alusión a la propuesta de Ferrer de agitar a la población y proclamar la República) hasta la creencia de su condición de responsable máximo de los desórdenes, dispone de escaso valor inculpatorio porque o no demuestra una conexión causa-efecto con los hechos de autos, o se trata de apreciaciones personales, basadas las más de las veces en confidencias de segunda mano, y sin alusión a sus fuentes de referencia. Los «se dice», «parece», «es posible» o «yo pienso» no son pruebas de convicción y pocos tribunales, en otras circunstancias, los hubiesen admitido como testificaciones de cargo.

El clima que aquellos días se vivía en Cataluña no propiciaba, sin embargo, un atento y escrupuloso respeto al Derecho. Cuando el haber detenido un tranvía o producido alboroto en la calle conducía frecuentemente a Montjuïc; cuando la colaboración en el alzamiento de una barricada o el apedreamiento de las fuerzas del orden convertían a sus protagonistas en reos de rebelión militar; cuando en apenas tres semanas se habían instruido más de dos centenares de causas y procesado a un millar largo de individuos; cuando, como escribiera Agustí Calvet, «Gaziel», «todos los barceloneses eran sospechosos mientras no se probara lo contrario»[34]; cuando el beneficio de la duda era un principio de aplicación restrictiva, cuando no ignorado, resulta obvio que cualquier inculpación sobre la conducta de Ferrer se aceptaba fueran cuales fuesen su fundamentación, credibilidad y procedencia.

No es por eso extraño que el juez instructor, apenas concluida la declaración del último de los testigos apuntados, y entendiendo haber acumulado evidencias suficientes para fundamentar su decisión, acordase proceder contra él a través de dos autos de singular trascendencia.

En el primero de ellos, suscrito con fecha 16 de agosto, disponía, tras tipificar el delito que se le imputaba, el procesamiento de Ferrer:

Resultando de los informes de la Jefatura de Policía de Barcelona y las Gendarmerías de la frontera francesa, así como de las declaraciones de los testigos obrantes a los folios 276 vuelto, 326, 336, 346, 347 y 381, méritos bastantes para estimar responsable a Francisco Ferrer i Guardia como reo por inducción del delito de rebelión desarrollado en esta capital y otros puntos de la región durante la última semana de julio, acuerdo declararle procesado en virtud de la presente causa y según esta diligencia que, a presencia del secretario de la misma y para que conste expresamente, firmo y ratifico[35].

En cuanto al segundo, emitido al día siguiente, y consecuencia del anterior, ordenaba su búsqueda, captura y presentación ante el Juzgado militar correspondiente:

Habiéndose ausentado del término de Mongat, donde venía residiendo, Francisco Ferrer i Guardia, de cincuenta años, fundador de la Escuela Moderna, y cuyas demás circunstancias personales se ignoran, procesado en méritos de la causa que me encuentro instruyendo contra los instigadores, responsables y cómplices de los lamentables sucesos perpetrados el pasado julio, llamo y emplazo a dicho individuo para que en el término de veinte días a contar desde la fecha se presente ante este juzgado, sito en el cuartel de Artillería de esta capital, a fin de manifestar sus descargos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no compareciese, siguiéndosele los perjuicios a que hubiere lugar.

A la vez, en nombre de Su Majestad el Rey (que Dios guarde por muchos años), exhorto y requiero a todas las Autoridades tanto civiles como militares y a los agentes de la policía judicial para que practiquen activas diligencias en busca del referido procesado, y, caso de ser habido, lo remitan en calidad de preso a la cárcel de esta ciudad y a mi disposición, por cuanto así téngolo dispuesto en providencia de este día.

Ferrer, de quien el día 3 de agosto se dijo que «pudo haberse encontrado en Barcelona durante las fechas de autos»; al que el 4 se le supuso ya «implicado en el reparto de cierta cantidad de dinero en la Casa del Pueblo»; que el 9 fue acusado de haber sido visto en las Ramblas «al frente de unos revoltosos»; y sobre el que el 12 recaería la imputación de «extender el movimiento revolucionario a Masnou y Premiá, era ya el 17, en razón de una serie de rumores, suposiciones, creencias y sospechas de dudosa fundamentación, «reo por inducción del delito de rebelión militar» y, como tal, punto de mira de una sociedad exigente de responsabilidades, que ya ese mismo día había conocido el fusilamiento de José Miguel Baró, convicto de haber organizado la insurrección en el barrio de San Andrés, y primero de los cinco ejecutados como consecuencia de la Semana Trágica[36].

A esta escalada en la estimación de su culpabilidad no fue extraña la intervención nuevamente del Comité de Defensa Social, que aglutinaba nada menos que setenta y dos asociaciones católicas y que, tras autoproclamarse representante del sector «más sensato» de esa opinión redentora, pasó a convertirse en una especie de organismo fantasma al servicio del Gobierno, al que asesoraría, y del que reclamó la adopción de «severos actos de autoridad, a través de los que reanimar el espíritu público profundamente deprimido por los efectos de la terrible revolución sufrida».

En esta línea se encuadran, al menos, las declaraciones que su delegado, el ya citado conde de Santa María de Pomés, hiciera en Madrid el 18 de agosto, con ocasión de una de las entrevistas que mantuvo con el ministro La Cierva y que, publicadas al día siguiente por el diario El Universo vinieron a constituir la primera formulación sobre la culpabilidad de Ferrer no ya basándose en sus actos sino en sus ideas políticas y religiosas.

Este testimonio, que correspondía según confesó posteriormente el conde ante el juzgado a «rumores obtenidos de la voz pública», lo que no impidió al juez instructor utilizarlo, incorpora a la criminalización de Ferrer su actividad política y pedagógica:

El funestísimo Ferrer, a quien de vista conoce la capital de España, no pasó en vano cerca de Barcelona a lo largo de la semana anterior e incluso durante los primeros días de la revolución impía. Cuando él abre la boca, la masonería y el anarquismo internacional abren, a su vez, la mano y la bolsa. Las obras de la Escuela Moderna debían producir sus deletéreos frutos y ya se ha visto cómo los ha producido. Sin ella y sus centros «consanguíneos» no hubiese nunca podido llegar a término esa formidable Solidaridad Obrera, que cuenta ya con cerca de 80.000 afiliados repartidos entre más de un centenar de agrupaciones sindicalistas, y que tanto ha influido en la gestación de la revuelta[37].

La memoria histórica, que hábilmente manejada por la prensa, tan importante papel iba a tener a lo largo de todo el proceso, va a convertirse a partir de este momento en su auténtico cuerpo doctrinal. Los adjetivos «funestísimo», «tristemente célebre» o «nunca bastante recordado», con los que se le nomina; las permanentes referencias a Angiolillo, Pallás o Morral, de quienes se le considera cómplice; la remisión constante a periódicos extremistas, como La Huelga General, El Intransigente o Tierra y Libertad, de los que se dice ser o haber sido mecenas e impulsor; y las alusiones a la masonería, el anarquismo o la Internacional, de cuyos principios se le hace máximo depositario, serán ya en adelante, además de las permanentes referencias a su «licenciosa y promiscua» vida privada, el hilo conductor de todas las imputaciones que sobre Ferrer recaigan. Y al subordinar el presente al pasado, y el acto a la idea, irá afirmándose esa extraña concepción del Derecho consistente en trasladar desde la conducta del reo hacia su ideario político el objeto de la persecución de la justicia[38].

En tanto que los diarios afines al Gobierno intensificaban su campaña de descrédito, y la opinión pública aceptaba como verosímil la responsabilidad de Ferrer basándose en su historial conspirativo, el juez Llivina aportó al sumario las declaraciones de tres nuevos testigos, Alfredo García Magallanes, Manuel Jiménez Moya y Vicente Puig Pons, los dos primeros por figurar en un nuevo atestado de la Guardia Civil, y el tercero como juez municipal que era de Premiá de Mar.

Manuel Jiménez Moya, propagandista republicano, desterrado en Palma de Mallorca desde el 25 de junio anterior, y primero de los declarantes, expresó su opinión sobre el origen de la revuelta:

Sin tener pruebas en que fundarme y únicamente como apreciación personal, creo que los elementos antimilitaristas, a cuya Liga pertenece Ferrer, y los militantes de Solidaridad Obrera, pueden haber aprovechado la campaña contra la guerra de Melilla para hacer un intento de ensayo de sus doctrinas, ya que, de acuerdo con lo que leí en varios periódicos, Solidaridad celebró una reunión clandestina, de la que salieron delegados en dirección a distintos pueblos de los alrededores[39].

Por su parte, Alfredo García Magallanes, teniente del Ejército ya retirado, próximo a las tesis del Partido Radical y, según se dijo aquellos días, confidente ocasional de la policía, concretaría sus noticias sobre las relaciones de Ferrer con los sucesos perseguidos:

El día 9 de agosto, volviendo del Parque, encontré a la altura de la plaza de Antonio López a un tal Pierre, al que sólo conozco de vista pero del que sé que trabaja como periodista en La Rebeldía, quien me dijo que había oído comentar que los promotores de la rebelión habían sido Ferrer i Guardia y Emiliano Iglesias.

También me aseguró que sabía, por conducto de las mismas fuentes, que Ferrer había hecho un estupendo negocio en la Bolsa aprovechando las favorables circunstancias derivadas del clima surgido con ocasión de tales sucesos[40].

Por último, Vicente Puig Pons resumió los datos de que disponía acerca de las actividades del fundador de la Escuela Moderna en Premiá durante la mañana del miércoles:

A mediodía del miércoles 28, llegó Ferrer al Ayuntamiento, en donde mantuvo una entrevista con el alcalde, reunión en la que al parecer no se acordó nada bueno pues hacia las dos de la tarde empezaron los revoltosos a derribar el muro de la estación de ferrocarril y a pegar después fuego a su almacén de mercancías.

Esa noche circularon por el pueblo rumores de que Ferrer había mandado allí cuarenta hombres armados provistos de un paquete de dinamita con objeto de incendiar el convento de los Hermanos de la Doctrina Cristiana.

De cualquier forma y a pesar de todo cuanto se diga, yo estoy convencido de que quienes realmente organizaron la revuelta en Premiá de Mar fueron el Esmolet, Iglesias el barbero, y sobre todo el secretario del Ayuntamiento[41].

Descartando por faltos de valor probatorio los testimonios de Jiménez Moya y Puig Pons, que no rebasan la condición de meras apreciaciones personales y que cuando se concretan, como en el caso del segundo, es para servir de descargo al procesado, sí conviene detenerse en el del teniente García Magallanes, por cuanto apunta a la presunta participación de Ferrer en una jugada financiera, que los agentes de Bolsa requeridos para ello no pudieron demostrar, pero que entronca con su conocida propensión a este tipo de operaciones con las que había engrosado su fortuna, aunque en esta ocasión iba a jugarle una mala pasada.

Su preocupación, en efecto, por revalidar antes del 18 de agosto un pagaré sobre cierto préstamo bancario, como garantía del cual había entregado el total de sus acciones en la compañía Fomento y Construcciones, le llevó a cometer un error, de graves consecuencias, que relataría con detalle años más tarde Sol Ferrer al recordar ese trance:

Cierta mañana, Soledad (Villafranca) fue avisada desde Barcelona para que acudiese al Banco donde Ferrer guardaba su dinero, y, ya allí, se le hizo saber que para la tramitación de un asunto muy importante era imprescindible contar con la firma de aquél, no importando que estuviese fuera de España puesto que podía enviarla a través de una carta certificada.

Al volver a Mas Germinal con los documentos, Ferrer titubeó antes de firmar pensando que aquello pudiera tratarse de una trampa, por más que la amistad que le unía con el director de la entidad bancaria y su probada rectitud acabaron por disipar las sospechas que en un primer instante sintiera, y procedió a cumplimentar el trámite que se le pedía.

Esta firma, obtenida tan rápidamente, supuso para la policía la convicción de que su presa no podía estar en el extranjero, sino que, por el contrario, se ocultaba no muy lejos de la capital escondido en algún lugar que por el momento desconocía pero del que, antes o más tarde, habría necesariamente de salir[42].

Simplificada su tarea como consecuencia de esta equivocación, a las autoridades les bastó a partir de ese momento con estrechar su cerco alrededor de Ferrer hasta conseguir su completo aislamiento. Y para ello, el gobernador Crespo Azorín acordó el día 20 como primera providencia, libre como estaba de cualquier atadura legal y haciendo uso de la Ley de Orden Público, la detención de Soledad Villafranca, José Ferrer, María Fontcuberta, Cristóbal Litrán, Mariano Batllori y Anselmo Lorenzo, a quienes después de interrogar y fichar policialmente desterraría a Alcañiz y Teruel, sin más cargos en su contra que los derivados de los vínculos de familia, amistad o trabajo que con el procesado les unían[43].

A este aislamiento físico, completado dos días después con la deportación de sus también colaboradores señores Robles y Meseguer, así como de las esposas de Batllori y Lorenzo y las dos hijas de este último, añadiría además el juez Llivina el económico, al decretar la confiscación provisional de todos sus bienes por conducto de un auto, de fecha 19 de agosto, adjunto al folio 453 del sumario:

En consideración a que de lo actuado y de la índole del delito se evidencia que de la comisión del mismo se han irrogado perjuicios de que más adelante pueda tener que responder el procesado Francisco Ferrer i Guardia, el juez instructor, en uso de las facultades que le confiere el artículo 524 del Código de Justicia Militar, acordó se procediese al embargo provisional de los bienes de dicho procesado para atender a las responsabilidades civiles que puedan resultar en méritos de esta causa[44].

La situación de Ferrer va a hacerse, en virtud de estas medidas, prácticamente insostenible. Rota la conexión que le unía al mundo exterior, reducida ahora al apoyo doméstico de la madre de Soledad, Josefa Los Arcos, llegada desde Barcelona para hacerse cargo de Mas Germinal; sitiado, además de perseguido; sin familia ni amigos a quienes confiarse; y ajeno por completo al discurrir de los acontecimientos, no encuentra otra salida, ya anteriormente prevista pero hasta ese instante aplazada, que no sea la huida, para lo que, sirviéndose de Josefa como intermediaria, inicia entre el círculo de sus vecinos de mayor confianza la búsqueda de una fórmula que le permita escapar e intentar cruzar la frontera francesa.

Pero por si no fueran bastantes las rémoras que sobre él gravitaban, una nueva contrariedad vino a añadírsele cuando el titular del Juzgado de Mataró, José Argüelles, decidió, a la vista de los datos contenidos en un nuevo atestado abierto por el teniente de la Guardia Civil Modesto de Lara sobre los desórdenes de Masnou y Premia, declararle asimismo procesado, en unión de Juan Puig Ventura, como responsable por inducción de esos sucesos, y disponer la prisión incondicional de ambos tan pronto como fueran localizados y detenidos[45].

En el curso de ese procedimiento, iniciado el 23 de agosto, serían en un primer momento llamados a testificar, además del aludido Juan Puig Ventura, José Álvarez Espinosa, Antonio Mustarós Roig, Domingo Casas Llibre y Francisco Calvet, miembros los tres primeros del Ayuntamiento de Premiá, y cafetero el último del Centro de Unión Republicana, citados todos ellos en dicho informe como los cuatro individuos con quienes conferenció Ferrer en la visita que el 28 de julio realizó al pueblo. De sus declaraciones, además de las de otros testigos de las que se dará cuenta más adelante, se desprende que aquél quiso propagar a Masnou y Premiá la rebelión iniciada en Barcelona, pero que al no encontrar en sus interlocutores el eco pretendido, volviose a su casa, sin que nada permita deducir que esa charla de café influyera en los hechos que allí se producirían posteriormente. Lo que no impidió que el juez, en otro gesto que invita a la sospecha, mantuviese el procesamiento de Ferrer y ordenara, en cambio, la inmediata excarcelación de Puig Ventura[46].

En esa línea de focalización de todas las responsabilidades en el director de la Escuela Moderna, el gobernador Crespo Azorín ordenaría, por encargo expreso del ministro La Cierva y con total independencia del Juzgado militar que instruía la causa, la práctica de un segundo registro en Mas Germinal, que, encomendado a efectivos de la policía gubernativa y miembros de la Guardia Civil bajo el mando del inspector Carbonell, se inició la tarde del 27 de agosto, prolongándose ininterrumpidamente a lo largo de las tres fechas siguientes con sus correspondientes noches incluidas.

Pese a que el análisis de los resultados de este reconocimiento se detalla en el espacio dedicado a las pruebas documentales, dado que según el sumario buena parte de ellas se obtuvieron durante dicho registro, conviene anticipar que su tramitación iba a añadir al proceso un nuevo ejemplo de arbitrariedad, por cuanto ni fue ordenado por la autoridad competente, que hubiese correspondido al juez instructor; ni cumplió con los requisitos impuestos por la ley al no haberse efectuado con el asentimiento ni ante los testigos exigidos, en aquellos días ya deportados a Teruel; y se llevó a cabo, en cambio, en condiciones tales (incluida la nocturnidad) que impidieron su correcto y normal seguimiento[47].

¿Quién iba, sin embargo, a exigir garantías procesales en un momento en que la legalidad venía siendo conculcada por aquellos mismos a quienes correspondía defenderla? ¿Cómo reclamar mesura a una Justicia sospechosamente impartida desde los despachos ministeriales y las comisarías de distrito? ¿Ante qué instancia recurrir, en súplica o casación, cuando el miedo vedaba la opinión y la censura impedía la crítica? ¿De qué modo hacerse oír por una opinión sorda y ciega a toda ponderación, que había aplaudido al ministro de la Gobernación, de La Cierva, cuando, de modo tan desafortunado como gráfico, dijera que ante la gravedad de los hechos el mejor remedio era «liarse la manta a la cabeza»?

La verdad es que la Barcelona de ese mes de agosto no tenía respuesta a ninguna de esas interrogantes. Convencida de la necesidad de escarmentar a los culpables, toda medida encaminada a tal fin se aceptaba como razonable, y cualquier exceso en el rigor del castigo entendíase como ejemplarizador. Importaba sanear el tejido social de la ciudad y para ello no dudaba en apelar al concurso de la autoridad y de la Magistratura como brazos ejecutores de esa política de higiene que, amparada en la polémica Ley de Jurisdicciones, permitiera garantizar un futuro en el que hechos como los recién vividos no volvieran jamás a repetirse.

La maquinaria judicial seguía, así, su marcha inexorable. Los tribunales militares, sobre todo, actuaban muy por encima de sus posibilidades ante la avalancha de causas de que se habían hecho cargo tras absorber de la jurisdicción ordinaria delitos como el levantamiento de barricadas, el atentado contra los servicios públicos, y las asonadas callejeras. Y si a ello se añaden los incontables procesos incoados por los juzgados de instrucción, resulta comprensible que sólo entre el 1 y el 31 de agosto contáranse ya 1.024 procesados, de los que 43 serían condenados a prisión perpetua y 11 a la pena de muerte, la segunda de las cuales se cumplió el día 28 en la persona de Antonio Malet, a quien se responsabilizó de la quema de unos enseres pertenecientes a la iglesia parroquial de San Adrián de Besós, posteriormente valorados en tan sólo 180 pesetas[48].

En cuanto a las medidas gubernativas, no pudieron ser tampoco más severas y drásticas. Al amparo del estado de guerra, todavía vigente, y de la supresión de las garantías legales, las autoridades civiles ofrecieron todo un recital de inflexibilidad y autoritarismo. Un total de nueve periódicos suspendidos, 120 escuelas laicas clausuradas, 34 centros cívicos de ideas avanzadas prohibidos, 210 ciudadanos deportados y otros 2.500 detenidos, sin contar a los que consiguieron huir o esconderse, iba a ser el contundente balance de sólo treinta días de persecución policial y medidas sancionadoras, instadas, según todas las fuentes, por el ministro La Cierva y llevadas a efecto desde el Gobierno civil de Barcelona[49].

A tal extremo llegaría la fiebre represiva que el líder de la Lliga Nacionalista, Cambó, tras el fracaso de la entrevista que mantuvo con el gobernador civil, Crespo Azorín, para hacerle llegar el estado de indefensión en el que se vivía, optó por reclamar directamente del ministro de la Gobernación la adopción de un talante más indulgente y presidido por una mayor prudencia a través de una carta en la que solicitaba del Gobierno una política menos expeditiva:

Creo, como todos cuantos de verdad aman a Barcelona, que las atrocidades de julio no han de quedar impunes; que se impone el castigo severísimo de los culpables y el enérgico ataque de los focos de infección social existentes en la capital. Mas nunca como en estos momentos es necesario que la autoridad y sus actos vayan acompañadas del acierto, procurando evitar que una medida equivoca, injusta o inoportuna anule el saludable efecto que cien acertadas hayan producido.

Mucho me temo, distinguido amigo, que si no se hermanan la prudencia con la energía y la cordura con la fortaleza, dentro de algunas semanas la opinión se habrá olvidado de aquellos decisivos sucesos para recordar tan sólo las equivocaciones cometidas y se habrán perdido, por tanto, los efectos de una lección que de haberse llevado a cabo con menor animosidad hubiera podido tener benéficos resultados[50].

La inmediata respuesta de La Cierva, recordándole el deber que le obligaba, como a cualquier otro ciudadano, a apoyar sin reservas las decisiones del Gobierno, cerraba cualquier camino a esa petición de templanza, prudencia y generosidad, y ponía una vez más de manifiesto la terminante voluntad gubernamental de cauterizar cuanto antes, y por el procedimiento que fuese, los desmanes producidos. De quien (como el citado ministro) se había mostrado dispuesto a combatir «a sangre y fuego» los gérmenes de la revolución; anticipaba una represión de la que quedaría «amarga memoria»; y se manifestaba decidido a «apretar aún más los tornillos a la mala prensa», muy poco o nada, verdaderamente, podía esperarse[51].

Consecuente con esa actitud, se manifestaría también el fiscal del Tribunal Supremo, quien al exponer a los periodistas madrileños los resultados de su gestión en Barcelona, de la que acababa de dar cuenta a Maura, elogió la «virilidad» empleada en la represión de las jornadas de la Semana Trágica y, tras mostrar su acuerdo con el tratamiento judicial de las mismas «dado el carácter estrictamente militar de la insurrección», concluyó trasladando a Ferrer la responsabilidad sobre los hechos, al presentarlo como «instigador, copartícipe y líder del alzamiento».

Refiriéndose a estas declaraciones, La Época informaba, en su edición del 28 de agosto, de la presumible participación del director de la Escuela Moderna en los hechos:

Ocupándose una vez más del alzamiento armado, a que viene haciéndose referencia, afirmó el señor Ugarte que uno de los máximos instigadores y responsables de los grupos rebeldes fue Ferrer i Guardia, quien en los días de la revuelta estuvo en Barcelona primero y luego en Mongat, pueblo este último donde tiene su finca, y desde el que irradió el movimiento a otros próximos, para desaparecer después[52].

Más incisivo en su interpretación de las palabras del fiscal del Tribunal Supremo, El Liberal atribuía ya decididamente a Ferrer el liderazgo de la insurrección, añadiendo a su carácter de impulsor, el de caudillo:

El autor principal de la rebelión ha sido, según se deduce de las manifestaciones del fiscal del Supremo, Ferrer i Guardia, al que durante los sucesos se le vio capitanear distintos grupos de revoltosos en Barcelona, dirigiéndose después a Mongat y extendiendo el alzamiento a los alrededores. Actualmente ha huido, refugiándose al parecer en el extranjero[53].

Pero iba a ser El Universo el diario que de forma más insidiosa completaría estas valoraciones, al publicar dos días después un amplio comentario que extendía la apreciación del fiscal a todas las personas «de juicio» y reunía, sobre todo, cuantos elementos de descrédito habían sido hasta entonces barajados por la prensa:

Persona tan autorizada como el señor Ugarte, que acaba de volver de Barcelona donde ha practicado una minuciosa información acerca de los últimos sucesos con los eficaces elementos que le otorga su cargo de fiscal del Tribunal Supremo, no ha temido afirmar que el alma de todos los abominables crímenes allí cometidos no es otro que Ferrer i Guardia.

Y es un hecho notable que la afirmación del insigne jurista coincide exactamente con las suposiciones de todo el mundo, o por lo menos de todas las personas de juicio, que en cuanto se dieron cuenta del siniestro carácter de la criminal algarada de Barcelona y supieron que Ferrer se encontraba allí, no vacilaron en pensar que todo había sido obra suya.

Bien es verdad que, para la opinión de las gentes, la sentencia de Ferrer en el proceso instruido por el horrible atentado de la calle Mayor no ha sido nunca una «absolución moral» del fatídico personaje. El tribunal de honor de la opinión pública no lo ha absuelto de tan grave episodio. Y de cuantas figuras surgieron en aquel proceso, sin exceptuar la de Morral, sigue siendo la suya la de peor y más siniestra catadura.

Ahora en los crímenes de Barcelona, no menos horribles que aquel de Madrid, ¿cómo no ha de dibujarse en todas las imaginaciones la misma torva figura de Ferrer? Parece que llevan su propia marca de fábrica. En Barcelona se desarrollan los sucesos en una doble acción paralela: hay una masa numerosa de rebeldes que se arroja a las calles creyendo que sólo se trata de protestar contra la guerra; hay otra masa, mucho menos nutrida, que a la sombra de aquélla y siguiendo un plan maduradamente pensado, se dedica a incendiar, robar, asesinar y cometer sacrilegios. ¿Quién ha podido mover ese plan infernal? Pues sólo un hombre de la complexión moral e intelectual de Ferrer i Guardia.

El público vio en él un tipo de revolucionario «a la dernière», del género más repugnante y peligroso. No el hombre exaltado, delirante, que se lanza a la lucha contra el poder social, arrogante, resueltamente, con el fanatismo de un rifeño dispuesto a matar pero también decidido a morir. No el barricadero cantado por Victor Hugo, paladín de la utopía, caballero del desorden y héroe del motín y la rebelión. Ni siquiera tampoco el brutal dinamitero que arroja la bomba que también a él puede destrozarle, o se aplica a cualquier otro tipo de peligrosas maniobras en las que indudablemente arriesga su seguridad y hasta su vida.

No. Ferrer no es de ésos. Frío, implacable, calculador y metódico en sus procedimientos, se procura cautelosamente los medios pecuniarios engañando a una vieja para fundar la Escuela Moderna, que, además de pervertir a los niños haciendo de ellos unos anarquistas aun antes de llegar a tener uso de razón, representa un foco activo y permanente de propaganda contra la religión, el orden, la propiedad, la familia, la autoridad y el Ejército[54].

Acerca de esta filtración y del eco que de ella se hicieron los diarios conservadores, identificados con la actitud del Gobierno, conviene hacer unas precisiones, por lo que una y otro tuvieron que ver en el desarrollo posterior del proceso:

— La criminalización de Ferrer, implícita en las palabras de Javier Ugarte, se produce apenas iniciado el procedimiento instruido contra él, lo que le convierte en culpable antes de ser juzgado.

— El empleo del término «virilidad» aplicado al modo de gestionar la represión, prueba que más que una depuración de responsabilidades lo que se está aplicando es un ajuste de cuentas.

— La sustracción a los tribunales ordinarios de delitos en los que no existió organización armada alguna por parte de los rebeldes, lesiona el principio de la competencia jurisdiccional, sin más finalidad que la de la agravación de las penas resultantes.

— Los cargos expuestos por el fiscal Ugarte contra Ferrer continúan basándose a estas alturas del proceso en los testimonios de los periodistas Zulueta y Colldefons, y en las apreciaciones personales de los testigos llamados hasta entonces a declarar.

— Ninguna de las denuncias del responsable del Tribunal Supremo se acompañan de referencia alguna respecto a su procedencia, y sólo atienden a las noticias, voces y rumores que con tanta abundancia se prodigaban en aquellas fechas.

— El giro advertible en la orientación de las investigaciones, que minimizan las sospechas recaídas en un principio sobre el separatismo catalán, el Partido Radical y Solidaridad Obrera, centrándose ya casi exclusivamente en Ferrer, denuncian la voluntad del Ejecutivo por buscar un único organizador del movimiento.

— Continúa sorprendiendo que el supuesto instigador y jefe de la insurrección fuese desoído por los dirigentes del Comité de Huelga y limitase su intervención a alentar la participación en el motín de los vecinos de dos pueblos de escasa importancia.

— La publicación en la prensa de los pasajes más reprobables de la biografía del director de la Escuela Moderna viene a ratificar la maniobra mediática encaminada a crear un clima de opinión hostil y adverso hacia el procesado.

De poco iba a valer, sin embargo, la lógica ante una opinión estimulada, igual que sucediera diez años antes con los procesos de Montjuïc, a «cerrar los ojos a la razón». Ni nadie objetó el informe de Ugarte, ni aún menos se sorprendió de que anticipase el sentido del fallo. Daba igual que Ferrer no hubiera participado en el Comité de Huelga que dio paso a la Semana Trágica; ni intervenido en los saqueos, los incendios o los choques contra el Ejército; ni contribuido a financiar o sostener el alzamiento; ni siquiera que hubiese permanecido oculto en su finca de Mas Germinal durante el desarrollo del mismo. Bastaban su presencia en Barcelona y sus ideas revolucionarias para demonizarle y acopiar en su contra cuantos indicios, por poco relevantes que fuesen, pudieran contagiar a la ciudadanía la convicción de que únicamente él podía haber instigado la acción de aquellas decenas de miles de revoltosos que, aun sin conocerle, habían llevado el pánico y la destrucción a la capital de Cataluña[55].

A nadie extrañó, por tanto, que el juez instructor incluyera en el sumario un nuevo testimonio inculpatorio, el del concejal de la Lliga en el Ayuntamiento barcelonés, Narciso Verdaguer, que en su declaración, efectuada el 30 de agosto, intentaría disociarse de cualquier responsabilidad traspasando a Ferrer la inducción de los sucesos:

Según noticias que no he podido comprobar pero que creo exactas, los sucesos de la Semana Trágica surgieron por iniciativa de elementos anarquistas, impulsados y guiados por el conocido propagandista señor Ferrer y un profesor de lenguas apellidado Fabra, y pudieron continuar su desarrollo gracias a la intervención que en ellos tuvieron las bases socialistas que existen en esta capital, integradas en su mayoría por los secuaces y seguidores del Partido Radical[56].

Y aún le quedó tiempo al comandante Llivina para enviar al Boletín de la Provincia de Barcelona y a la Gaceta de Madrid sendas requisitorias en las que les instaba a publicar la citación y posterior orden de búsqueda y captura dictada contra Ferrer, así como a reclamar del Registro Central de Penados los antecedentes que obraran sobre el reo.

La campaña de descrédito político y personal orquestada contra el procesado iba, paralelamente, creciendo por momentos, alimentada sobre todo por el Comité de Defensa Social, los cuartos de banderas, la sociedad más timorata, y un sinfín de colectivos integristas y clericales, empeñados a toda costa en sacrificarle. E incluso el mismo Gobierno que, a lo largo de más de dos años, y en nombre del interés nacional, había silenciado sistemáticamente cualquier opinión discordante a la suya, no tuvo el más mínimo escrúpulo en sumarse a esa criminalización mediática, en la que todo resultaba lícito, todo valía, si de condenar a Ferrer se trataba.

La prensa conservadora le negó, así, la absolución moral del crimen de la calle Mayor, del que ya había sido absuelto en 1907; extrajo del sumario párrafos mutilados de libros de la Escuela Moderna, cuya autoría le atribuyó, pese a que aparecieran sin firma, en los que se insultaba a la patria y al Ejército; publicó fragmentos de antiguas proclamas revolucionarias en las que se legitimaba el incendio y la violencia, hojas clandestinas escarnecedoras de la monarquía, la judicatura y el clero, y planes subversivos a través de los que se invitaba a asesinar al Rey y a toda su familia; violó el secreto sumarial cuantas veces lo creyó conveniente; lo culpó de inculcar entre la infancia una pedagogía impía, libertaria y satánica; y hasta llegó al punto de, entrando a saco en su vida íntima y privada, acusarle de libertino, mujeriego, inmoral y promiscuo. En un tono, además, tan extremadamente insultante y lleno de ensañamiento, que su lectura repugnaba a cualquier conciencia mínimamente noble, y que sería calificado con posterioridad en las Cortes por Lerroux de «vergonzoso, innoble, inicuo y pornográfico»[57].

A la luz de todas estas denuncias, falsos testimonios, incriminaciones y providencias judiciales, el horizonte que se cernía sobre el director de la Escuela Moderna no era nada halagüeño. El gobernador Crespo Azorín telegrafió a Madrid que se le buscaba con «empeñado esfuerzo». La Época llegó a escribir, extremando la crueldad del insulto, que «la fiera ya estaba en el cubil». Y en medios próximos a los investigadores que seguían su pista, empezó a madurar el convencimiento de que Ferrer no podía escapar. Únicamente cabía aguardar, pues, el momento de su captura, que, según las posteriores manifestaciones del teniente de la Guardia Civil, Modesto de Lara, integrado en el amplio dispositivo dispuesto para apresarle, se anunciaba ya como cercana e inevitable:

En opinión de la Benemérita, Ferrer no se había movido de Barcelona pese a que desde el 28 de julio nada se sabía sobre su paradero. Era creencia general que hallábase en el extranjero y más concretamente en Bélgica, versión esta que se justificaba a partir de las numerosas cartas que desde España le dirigían sus colaboradores y allegados, así como en los mensajes, telegramas y noticias que para él llegaban desde esa procedencia. Suposiciones posibles y lógicas, sí, porque de los registros en su casa no salió indicio alguno de su presencia aquí, ni ninguno de los interrogados proporcionó pistas acerca de dónde podía encontrarse. Pero la Guardia Civil razonaba que Ferrer, gravemente comprometido, no huye solo, dejando en España, lejos de sí, a una persona del bello sexo, como era Soledad Villafranca, a quien todo el mundo sabía que distinguía con un amor verdaderamente ciego.

Cuando todo el mundo tenía la plena certeza de que Ferrer había conseguido salir de España, un jefe del Cuerpo decía: «Ferrer, estoy convencido de ello, no ha salido de Barcelona». Y cuando se le contestaba argumentando lo contrario, respondía: «Yo les aseguro que no tardaremos en dar con él. Está oculto en las inmediaciones de su finca de Mas Germinal. Tarde o temprano, caerá en nuestras manos. Intentará huir, segurísimo, cuando se aperciba de que la Guardia Civil ventea su presencia, pero será precisamente entonces cuando se le aprese».

No había duda alguna de que Ferrer se escondía en las proximidades de Premiá, y de que desde esta población le comunicaban noticias. Para algunos vecinos esto no ofrecía dudas y pensaban que existía además complicidad o encubrimiento por parte de las autoridades locales, bien por afinidad de ideas o por temor. Por eso, y en vista de que había un fondo de verdad en lo relativo a la pasividad del alcalde, Domingo Casas Llibre, así como un deseo por su parte de no facilitar la acción de la Justicia, la noche del 31 de agosto fue detenido y enviado a la cárcel del partido, situada en Mataró, a disposición del capitán general, telegrafiándose la noticia al gobernador civil y asignándose interinamente la autoridad del municipio al primer teniente de alcalde[58].

La realidad confirmaría muy pronto estos pronósticos. Coincidiendo en el tiempo con la detención del alcalde de Premiá, Ferrer se decidía por fin a abandonar su escondite, nunca por cierto revelado, en el que había permanecido oculto durante treinta y cuatro días, y, tras hacer un breve alto en su finca para afeitarse, cambiar de traje y reunir en un maletín unos cuantos efectos personales, salía, a través de una mina abandonada que cruzaba a todo lo largo la propiedad, al exterior de Mas Germinal para, bordeando las afueras del pueblo, llegar al término conocido por Coma Fosca, donde supuestamente debía encontrarse con un carretero amigo de la familia, que acostumbraba a transportar libros a Francia, en cuya tartana, oculto bajo unos sacos, tenía previsto cruzar la frontera francesa y llegar hasta Perpignan.

La libertad estaba, según comentaría a Josefa Los Arcos poco antes de partir, prácticamente al alcance de la mano, desconociendo aún que el viaje que en ese momento iniciaba iba a ser el más corto de su vida. Un viaje que apenas iba a durar los aproximadamente cincuenta minutos que separan, andando, la distancia existente entre la finca de Mongat y su pueblo natal de Alella, en el que sería detenido.

V

La detención

Casi exactamente dos semanas después de haberse dictado contra él auto de procesamiento y apenas tres días más tarde de que el matutino francés L'Humanité asegurase que había conseguido atravesar la frontera y se encontraba a salvo, Ferrer i Guardia era detenido la madrugada del 1 de septiembre en las inmediaciones de Alella, a escasa distancia de su finca de Mongat, por los miembros de uno de los Somatenes encargados de proteger el orden, que en esas fechas habían sido especialmente alertado ante la posibilidad de su presencia en aquellos lugares.

Visiblemente satisfecho, como correspondía a la trascendental noticia que iba a comunicarles, el ministro de la Gobernación reunió a primeras horas de esa misma tarde a los representantes de la prensa madrileña para darles cuenta de la detención y poner a su disposición el parte oficial refiriendo las circunstancias del apresamiento:

A últimas horas de la noche de ayer circulaba Ferrer i Guardia por los alrededores de Alella cuando fue requerido por un sereno de la localidad a quien, por su extraña manera de conducirse, habíale el paseante nocturno inspirado sospechas.

Tras titubear unos momentos ante lo súbito e inesperado de la requisitoria y una vez repuesto de su sorpresa, y dueño por tanto de una mayor tranquilidad y aplomo, aseguró a su demandante que era una cuestión de faldas lo que le hacía caminar por la calle a horas tan avanzadas.

No encontrando satisfactorias sus explicaciones, optó el sereno por llamar a una pareja de mozos de Escuadra que casualmente pasaban por aquel lugar, quienes, reconociéndole al momento pese a que iba afeitado contra lo que era su costumbre, procedieron a detenerle en el acto, así como a poner el caso en conocimiento de sus superiores.

Por mandato de éstos y debidamente custodiado, el detenido fue conducido esa mañana a Barcelona, donde después de comparecer ante el gobernador y, previas las formalidades de trámite, ingresó en la Cárcel Modelo de la ciudad.

Desde hace algún tiempo teníase la certidumbre de que Ferrer se hallaba en las proximidades de la capital, hecho que vino a confirmarse el pasado día 18 con ocasión de haberse personado su compañera Soledad Villafranca en las oficinas del Banco de España en Barcelona pretendiendo realizar una operación crediticia por importe de 200.000 pesetas con documento a nombre de aquél, abono para el que, sin embargo, era absolutamente imprescindible contar con la propia rúbrica del interesado.

Al día siguiente el hermano de Ferrer se presentaba en la citada sucursal bancaria con la firma de éste estampada en el documento. Y así, claramente demostrada su presencia, no les cupo a las autoridades la más mínima duda no sólo de que no había salido al extranjero sino de que incluso se hallaba cerca de Barcelona.

Los hechos posteriores, como bien a las claras puede verse, han venido a confirmar tales presunciones[59].

Corrigiendo los errores e imprecisiones que contenía el informe ministerial, el periodista José Brissa recogería de modo mucho más detallado y fidedigno los extremos de la captura, relatando con todo lujo de datos el transcurso de las horas vividas por Ferrer entre ese momento y el de su presentación ante el juez instructor de la causa. Un testimonio este de singular interés porque, además de revelar curiosos aspectos de la actitud del detenido y de sus convecinos, desvela nuevas irregularidades legales en el curso del apresamiento:

A las doce y cuarto de la madrugada del día 1 de septiembre rondaban por el casco de la población de Alella los individuos del Somatén Rosendo Colomé, Jaime Flo, el alguacil del Ayuntamiento, y el sereno, Joaquín Aloma, cuando divisaron a lo lejos a un sujeto que procedía del término conocido por La Creu de Pedra, que les llamó la atención, y al que, debido a su actitud sospechosa, decidieron seguir.

Al llegar junto a la casa del diputado a Cortes por el distrito de Mataró, señor Rius y Torres, el sujeto en cuestión se detuvo respondiendo con evasivas a las preguntas que se le dirigieron y procurando escurrir el bulto del mejor modo posible. Tal sería su habilidad que logró proseguir su camino, aunque apelando a estratagemas tales que llevaron a los individuos del Somatén a la convicción de que se trataba de un tipo de cuidado.

Entonces el sereno Joaquín Aloma fue a dar aviso a las demás parejas de vigilancia y al volver a encontrarse con el tal sujeto a un kilómetro largo del pueblo, junto al badén de la carretera de Granollers existente frente a la casa de labranza conocida como Can Jonc, decidieron ya definitivamente abordarle. Componían en aquel momento el grupo el cabo del Somatén José Colomer Giralt, el alcalde de Alella, José Aymar Puig, el subcabo, Jaime Flo, y el paisano Mariano Bernadas.

Diéronle el alto, pues, al desconocido caminante, quien por toda respuesta les contestó con voz casi imperceptible: «No necesito compañía, gracias».

Volvieron a requerirle de nuevo que se detuviera, y por segunda respondioles en parecidos términos.

Ante tal actitud, el cabo del Somatén le dijo ya de manera tajante: «¡Es que le ordenamos que se detenga!».

Obedeció el que después resultaría ser Ferrer i Guardia y, puestos ya frente a frente éste y la fuerza del Somatén, le exigieron que presentara los documentos que acreditasen su personalidad, demanda a la que respondió exhibiendo una carta que, examinada a la luz de una bujía, resultó estar redactada en un idioma desconocido para todos ellos.

«No es esto lo que le pedimos. Son sus documentos los que queremos que nos muestre».

El interpelado viose entonces en la necesidad de confesar que los había olvidado inadvertidamente en casa.

«Pues nosotros tenemos orden terminante de detener a cuantos no los lleven encima».

En aquel instante los miembros del Somatén creyeron ya hallarse delante del mismísimo Ferrer en persona y decidieron, en consecuencia, no soltar tan importante presa. A tal efecto, estrecharon su cerco y cuando el detenido advirtió que las cosas se le ponían serias, trató de interesar a aquéllos para que le permitieran continuar el viaje aduciendo que se dirigía a Granollers, donde requerían su concurso ciertos amigos suyos que se disponían a asistir a un Congreso de Esperanto próximo a celebrarse.

Como quiera que no le hiciesen caso, buscó otro nuevo pretexto para que lo soltaran y dijo que era conveniente e incluso imprescindible que se le dejase marchar a Barcelona porque en ello había comprometido el honor de cierta dama de Alella.

Las excusas y explicaciones no dejaron, sin embargo, satisfecho al cabo del Somatén, quien, con objeto de ver si lograba confirmar sus sospechas, preguntole si conocía a alguna persona de la población que pudiese avalarle, a lo que el detenido contestó afirmativamente si bien confesó no recordar su nombre aunque podía asegurar que se trataba de un sujeto que, tiempo atrás, le había encargado la venta de unas fincas.

Vacilando y como si quisiese hacer memoria de aquel nombre, pidió al cabo Colomer que le autorizase a hablar aparte con cualquiera de quienes se hallaban allí presentes para revelarle el secreto de la identidad de la persona a quien se refería.

Designado para ello Mariano Bernadas, separáronse unos escasos metros Ferrer y él y permanecieron hablando durante breve tiempo.

El justo para hacerle saber que el indicado era el vecino Ginés Nirell, de quien ya se sabía sobradamente en Alella que era amigo del director de la Escuela Moderna, no tanto por su concomitancia de ideas sino por conocerse ambos desde la infancia.

Así las cosas, trasladose pues Mariano Bernadas hasta el domicilio del tal Nirell y haciéndole levantar de la cama donde estaba ya desde hacía rato acostado, le dijo:

«Haga el favor de venir, que hemos apresado por fin a Ferrer, y parece que desea hablar con usted».

Sin abandonar el quicio de la ventana a la que se había asomado a instancia de los aldabonazos, Nirell respondió: «Si lo han cogido preséntenlo a la Autoridad y será un honor para el Somatén».

Y sin decir una palabra más, ni interesarse mínimamente por la situación de quien se suponía ser su amigo, cerró la ventana y se retiró otra vez a descansar.

De regreso Bernadas a la carretera, dio cuenta al cabo del Somatén del resultado de la diligencia practicada, a la vista de lo cual ordenó éste que, convenientemente maniatado, fuera conducido Ferrer a los locales del Ayuntamiento, en cuyo salón de sesiones permanecería aún algún tiempo el detenido persistiendo en la negativa de revelar sus datos personales.

Mas como aquella situación parecía hacerse interminable, Bernadas le conminó a hacerlo diciéndole: «¡Qué tanta comedia! ¡Tú eres Quico, el de Cal Boter!».

Viendo el preso que cualquier subterfugio resultaba ya inútil y baldío, terminó por confesar de plano que era Francisco Ferrer i Guardia, lo que le supuso su inmediato confinamiento, encomendado a dos parejas del Somatén propuestas al efecto.

En el instante de su detención, Ferrer, que como ya se ha dicho iba completamente afeitado, vestía un traje de lanilla gris, calzaba botas y se cubría con un sombrero jipijapa. En cuanto a los objetos que se le requisaron en el registro a que fue sometido figuraban una máquina fotográfica instantánea, un cortaplumas y una pequeña cartera de mano en la que guardaba el extraño escrito al que antes se ha hecho referencia y que terminó demostrándose que estaba escrito en esperanto.

A las siete de la mañana de ese mismo día y bajo la vigilancia de Colomer, Aymar y Bernadas, fue trasladado a Barcelona en una tartana que partió de la plaza de la Constitución, vehículo desde el que Ferrer dirigiose al numeroso público allí congregado con la curiosidad de verle marchar diciendo, entre filosófico y confiado, mientras se quitaba el sombrero: «Quien no ha hecho nada, amigos, no tiene nada que temer».

De aquí a sólo unos días, estaré otra vez con vosotros.

Tras este improvisado exhorto, la tartana arrancó hacia la Ciudad Condal sin que se produjera el menor incidente, contra lo que pudiesen pensar quienes suponían al fundador de la Escuela Moderna como un permanente propiciador de asonadas, revueltas y situaciones conflictivas.

Llegados a Barcelona alrededor de las ocho y media, dirigiéronse al Gobierno civil en una de cuyas dependencias quedó retenido Ferrer mientras el señor Crespo Azorín departía amablemente con los miembros del Somatén, de quienes recibió el oficio dándole cuenta de la detención y a los que felicitó calurosamente por la magnitud e importancia del servicio realizado, que, y así lo dio a entender, «sobrepasaba con mucho los estrictos límites del cumplimiento del deber».

A continuación, ordenó el gobernador que el preso fuese conducido a su despacho, manteniendo por espacio de quince minutos una entrevista con él, en cuyo transcurso, según se comentó aquellos días, Ferrer le dijo estar completamente tranquilo acerca de su suerte por cuanto no había tenido parte ni intervención alguna en los sucesos recién acaecidos, como lo demostraba el hecho de haber sido detenido cuando, enterado de las acusaciones que le imputaba el fiscal del Tribunal Supremo, se encaminaba a presentarse a las autoridades correspondientes. Por el contrario, negose a manifestarle los lugares donde había estado durante aquellas fechas, alegando que su caballerosidad le impedía comprometer a quienes en aquel trance le habían prestado auxilio.

Una vez concluida esta tan breve reunión, y en tanto que Colomer, Aymar y Bernadas regresaban a Alella, Ferrer fue conducido en un coche celular a la Escuela de Policía para la verificación de su ficha antropométrica y desde allí, escoltado por fuerzas de seguridad al mando del teniente Dagorgue y siguiendo las calles de Colón, Aduana, Salón, Paseo de San Juan y Provenza, enviado a la Cárcel Modelo, donde quedaría a disposición del comandante de Infantería don Vicente Llivina que, como juez instructor de su causa, teníalo desde el 23 de agosto reclamado.

A últimas horas de la tarde y durante el curso de una improvisada rueda de prensa con los periodistas barceloneses, el gobernador manifestó, a instancia de los mismos, que desconocía el tipo de procedimiento por el que dicha causa había de tramitarse, pero que sí podía informarles que acababa de recibir un telegrama del ministro de la Gobernación por el que le participaba la decisión del Gobierno de premiar a los individuos del Somatén que detuvieron a Francisco Ferrer i Guardia, otorgándoles cruces honoríficas, determinadas cantidades en metálico y magníficos fusiles adornados con ricas incrustaciones[60].

A toda esta detallada relación de datos sobre el apresamiento de Ferrer, sumaríanse aún los del cabo del Somatén de Alella, José Colomer, que, obrantes al folio 562 del sumario, no aportan ninguna especial novedad a lo ya conocido, y, lo que es más interesante, los del propio afectado, que, en carta dirigida a William Heaford desde la cárcel una vez que le fue levantada la incomunicación, el 1 de octubre, expondría, también con toda suerte de detalles, lo que llamó «la versión auténtica de los acontecimientos»:

Sabedor por la prensa de que el fiscal del Tribunal Supremo se había referido a mí como instigador del movimiento revolucionario en Barcelona y los pueblos de la costa, y contra el parecer de los amigos que hasta entonces me habían ocultado, resolví presentarme ante las autoridades para protestar de tales afirmaciones, por muy considerada y alta que fuese su procedencia.

Dejé así la noche del 31 de agosto la casa a que me he referido, para, andando diez y seis kilómetros, ir a tomar la línea férrea del interior en la que no me conocía nadie y poder llegar sin dificultades a Barcelona. Pero no conté con el Somatén de mi pueblo que, encontrándose conmigo, procedió a detenerme y me condujo no ante el juez de instrucción que me reclamaba sino a presencia del gobernador civil, que era, como podéis imaginaros, nada menos que la representación del Gobierno en la provincia.

Los campesinos que me apresaron hicieron, a pesar de que todos ellos me conocían desde la infancia, un verdadero alarde de brutalidad, y sobre todo uno de mi edad llamado Mariano Bernadas, que había jugado conmigo cuando éramos niños y que, no contento con atarme fuertemente los codos con una cuerda, me amenazó en varias ocasiones con levantarme de un tiro la tapa de los sesos, diciendo que yo era el peor hombre del mundo según había oído decir y leído en los periódicos.

Me tuvieron seis horas en el Ayuntamiento y, habiendo en un momento sentido una gran necesidad de beber, trajéronme un botijo de agua fresca y Bernadas no quiso soltarme pretendiendo echarme él mismo el líquido en la boca, lo que como es muy natural rehusé, pero que me dio idea del espíritu que el clericalismo había inculcado en aquellos hombres con quienes hasta entonces había mantenido una amistad.

Y héteme ya ante el gobernador civil de Barcelona que, contestando a mis repetidas protestas de inocencia, me dijo que bien podría ser la lectura de los textos de la Escuela Moderna una de las causas fundamentales de la rebelión y, consecuentemente, de mi responsabilidad y autoría en las acciones sediciosas.

Luego en la Escuela de Policía, después de hacerme pasar por el sistema Bertillón, me quitaron toda mi ropa desde los calcetines y zapatos hasta el sombrero y, con sorpresa de los mismos empleados que nunca habían visto hacer una cosa semejante, diéronme otra de pacotilla consistente en un terno completo de catorce pesetas que me estaba estrecho hasta el punto de no poderme abrochar el chaleco, un pantalón larguísimo y una gorra de apache, vestimenta esta con la que me enviaron ante el juez instructor.

Y no acaba ahí la cosa, pues en el camino hacia la cárcel el coche celular en el que viajábamos daba unos saltos tales que los policías que me acompañaban abrieron una ventanilla para preguntar a los cocheros por qué corrían tanto, a lo que éstos respondieron diciendo que se les había ordenado dar una gran vuelta con objeto de evitar el encuentro con los trabajadores que a aquellas horas salían de sus talleres, así como de llevar el coche al galope sin detenerse por nada ni ante nadie[61].

Las circunstancias que confluyeron en la detención de Ferrer, de las que las anteriores exposiciones dan cumplida cuenta, permiten plantear algunas apreciaciones acerca de la misma:

— Las autoridades estaban seguras de la presencia del perseguido en las cercanías de Alella y, en consecuencia, habían dispuesto el dispositivo preciso para obtener su captura.

— Su huida a pie, solo, y en tan precarias condiciones, hace pensar que, desasistido de sus allegados más próximos, no contaba, como se intuía, con ayuda exterior suficiente.

— Contra lo manifestado en sus declaraciones, con las que posiblemente pretendía atenuar cualquier responsabilidad, el objetivo de Ferrer no fue en ningún momento presentarse ante el juez instructor, sino procurarse la huida.

— El trato de que aquél fue objeto por parte de sus captores, amigos suyos en otro tiempo, unido al desinterés que su apresamiento suscitó entre los vecinos del pueblo, reflejan el efecto que en la opinión pública había cobrado ya la campaña orquestada para abonar su desprestigio.

— Contraviniendo una vez más las disposiciones legales, Ferrer fue conducido en primera instancia al Gobierno civil en lugar de al Juzgado que instruía su causa, que era la instancia a la que correspondía entregarlo.

— El gobernador Crespo Azorín insinúa ya la influencia que la Escuela Moderna y sus publicaciones han podido tener en la génesis de la Semana Trágica.

— Los premios honoríficos y en metálico recibidos por los miembros del Somatén que lo detuvieron (llegó a concedérseles a todos ellos la Cruz de Isabel la Católica) no resultan proporcionados al reconocimiento que corresponde al deber cumplido[62].

La captura del director de la Escuela Moderna iba a imprimir un importante punto de inflexión en el desarrollo de los acontecimientos. Para el Gobierno y los grupos de opinión que lo apoyaban, representó el poder contar con una cabeza de turco en la que concentrar todas las responsabilidades, que hasta entonces se encontraban dispersas y en muchos casos poco fundamentadas. Para los partidos políticos y asociaciones obreras que habían gestionado la rebelión, no pocos de cuyos miembros se encontraban en esos momentos huidos, procesados o detenidos, supuso la posibilidad de exculparse de los cargos que se les imputaban trasladando a Ferrer la instigación del movimiento. Y a la Justicia le ofreció, finalmente, la ocasión para desglosar de la Causa general una pieza separada que, en virtud de una discutible interpretación del artículo 403 del Código de Justicia Militar, hacía posible acelerar el procedimiento e individualizar en un solo acusado todos los indicios hasta entonces reunidos[63].

Descontado, por conocido, el beneficio que el apresamiento de Ferrer produjo al Gobierno, al que se le ofrecía la ocasión de saldar una antigua cuenta pendiente, interesa saber el partido que de él sacaron quienes hasta ese momento venían siendo considerados como inductores de la insurrección, que no eran otros, como ya se ha dicho, que los militantes de Solidaridad Obrera, los separatistas catalanes y, por encima de todos, los líderes del Partido Radical, que difícilmente podían enmascarar el carácter lerrouxista que desde un principio tuvo el alzamiento.

Para los máximos responsables de Solidaridad Obrera, la elusión de sus responsabilidades no fue excesivamente complicada. Unos, como es el caso de Miguel Moreno (integrante del Comité de Huelga), Jaime Aragó y Francisco Miranda, consiguieron huir antes de ser apresados. Otros, como Tomás Herreros, Federico Amall y Mariano Castellote, habían sido detenidos el primer día de la insurrección y sólo pudieron ser acusados, en consecuencia, de alteración del orden público. Únicamente los anarquistas de base sufrieron la dureza de la represión, traducida en apresamientos masivos, destierros, y severísimas condenas de cárcel, con la suerte, eso sí, para ellos de que tras el fusilamiento de Ferrer sus procesos pasarían a manos de la jurisdicción ordinaria.

Tampoco los socialistas y los separatistas catalanes pudieron, en su gran mayoría, ser inculpados de organizar la revuelta. Con excepción de José Miguel Baró, miembro del Partido Nacionalista Catalán, condenado a muerte por haber dirigido la rebelión en el barrio barcelonés de San Andrés del Palomar, los jueces no encontraron pruebas fundamentadas en su contra. E incluso, quien pudiera haberlas tenido, como Antonio Fabra Ribas, secretario general de la Federación Socialista Catalana y miembro también del Comité de Huelga, logró esconderse en el domicilio de unos amigos hasta el momento de poder atravesar la frontera.

Fueron, por tanto, los líderes del Partido Radical quienes asumieron de modo más directo el peso de la Justicia. Así, en la Causa general instruida por el comandante Llivina, serían procesados Emiliano Iglesias, Luis Zurdo Olivares, Trinidad Alted y Juana Ardiaca. El primero, en concepto de «jefe de la rebelión»; el segundo, tras haber sido sorprendido empuñando un fusil entre las barricadas del Clot; el tercero, como instigador, a través de sus inflamados artículos en El Progreso, del incendio de iglesias y conventos; y la última, dirigente de las «damas rojas», acusada de inducir a los rebeldes a persistir en su actitud insurgente. Por más que los cuatro beneficiáronse asimismo del clima indulgente que sucedió a la caída del Gobierno de Maura y, salvo Luis Zurdo que permanecería encarcelado un largo tiempo más, lograron la libertad en los meses siguientes.

Pero no es a ellos a quienes hay que atribuir las acusaciones vertidas contra Ferrer (Iglesias y Zurdo Olivares no lo defendieron, pero tampoco aportaron cargos en su contra), sino a radicales de segunda fila, que encontraron en la actuación pública del director de la Escuela Moderna (fundamentalmente en su visita a los pueblos de Masnou y Premiá) el mejor modo de disociarse de las responsabilidades que se les atribuían. La falta de habilidad y recursos para defenderse, en unos casos (Casas Llibre era carnicero; Antonio Mustarós, labrador; Puig Ventura, tonelero; y Álvarez Espinosa, escribiente), y la ostensible animosidad contra Ferrer, en otros (tanto Lorenzo Ardid como Baldomero Bonet dejaron constancia de esa aversión en el sumario), explica que no tuvieran reparo alguno en ponerse de acuerdo para acusarle, sobre todo cuando al hacerlo descargaban en él las culpas que a ellos pudieran corresponderles. Y tan fue así que, inexplicablemente, al poco de declarar contra él y sin ninguna otra razón que lo justificase, todos ellos fueron excarcelados y sus causas en la mayoría de los casos sobreseídas.

Ajeno aún a los efectos de estas inculpaciones, así como a las consecuencias que de su detención iban a derivarse, Ferrer ingresaba a las doce y media de la mañana en la Cárcel Modelo, según consta en un oficio cursado en tal sentido al juez instructor por don Ángel Amor, funcionario del cuerpo de prisiones, a quien cupo el encargo de recibirle. Y ya en el interior del recinto penitenciario, era conducido a la cuarta galería, destinada no a los presos políticos como pudiera imaginarse, sino a los acusados de delitos comunes, en cuya celda 301 (la misma que ocupó el año anterior el terrorista Juan Rull, que sería igualmente ajusticiado) quedó en régimen de incomunicación, a la espera de comparecer ante el juez instructor, y en unas condiciones sumamente penosas de las que ha dejado constancia su hija Sol, que supo de ellas algún tiempo después, por conducto de uno de los guardianes encargados de custodiarle:

Vestido de modo infamante y sin autorización siquiera para poder afeitarse, tenía todo el aspecto de un auténtico pordiosero, lo que, para quien como él tanto valoraba el aspecto personal, había de suponer un verdadero martirio. Durante más de seis horas permaneció absorto y pensativo, negándose a tomar cualquier tipo de alimento y pendiente tan sólo de la llegada de alguien a quien hacer partícipe de lo absurdo de su situación. A eso de media tarde vinieron al fin a avisarle de que el juzgado le aguardaba y convenientemente vigilado fue trasladado a una sala de comunicación, situada en el mismo piso, en la que el juez instructor, auxiliado por un secretario, le esperaba para interrogarle[64].

Exhortado, una vez ante el juez, a decir la verdad y tras proceder a tomársele las declaraciones previas de rigor (nombre, apellidos, edad, naturaleza, domicilio, estado, profesión u oficio, y posible incoación de otras causas anteriores, con detalle, en caso afirmativo, del veredicto de las mismas), el comandante Llivina comunicó a Ferrer el motivo de su procesamiento como instigador de la rebelión de julio y le instó a que manifestara dónde estuvo y cuáles fueron sus actividades desde el día 24 de ese mes hasta el instante de haber sido detenido y preso.

Sin denotar síntoma alguno de intranquilidad o temor, y después de excusarse por lo inadecuado e impropio de su atuendo, Ferrer expresó al instructor su interés por anteponer al interrogatorio el detalle de su conexión con las jornadas objeto de investigación:

Antes de detallar mis pasos en el transcurso de ese tiempo, me gustaría hacer saber al juzgado que desde el momento en que fui exonerado en el proceso que se me siguió en 1906 por causa del atentado de Mateo Morral, he sido constantemente seguido por un agente de policía, atento siempre a mis más mínimos actos, giros y movimientos, pero cuya presencia nunca llegó a molestarme porque, si bien es verdad que coartaba en buena medida mi libertad, no es menos cierto que gracias a ella difícilmente sería posible atribuírseme en adelante, como ocurriera antes, faltas, delitos o acciones punibles que jamás había cometido.

El citado agente podrá, así, certificar que desde el día 20 hasta el 25 no me moví para nada de mi residencia de Mas Germinal, y únicamente el lunes 26 tomé a las ocho de la mañana el ferrocarril que desde la estación de Mongat sale diariamente a esa hora con dirección a Barcelona.

Y concretándome ya a los hechos de ese día, único de los que a lo largo de toda la semana sangrienta pasé en la ciudad, diré que nada más llegar me dirigí, como habitualmente solía hacerlo, a una pastelería de la calle Portaferrisa en la que tomé un sándwich y un vaso de vino de mesa, marchando desde allí a la imprenta La Alcebriana donde deseaba pedir precios y detalles acerca de un nuevo libro que tenía intención de editar.

Tras resolver todo lo relativo al asunto de la impresión, estuve en las oficinas que la firma Blas y Pastor tienen en la calle Balmes, junto frente a la Administración del Gas, para ver si disponían del papel apropiado para la tirada de la obra, pero resultando que ninguna de las muestras que vi fueron de mi total agrado hube de desistir de comprárselo.

Hacia las once me fui a mi editorial esperando encontrar ya allí a don Rafael Ureña, un fabricante de clichés a quien por carta había citado el sábado anterior a esa hora y, al enterarme que no había acudido, tuve que mandar a un muchacho a su domicilio para que le dijese que estaba esperándole.

Las dos horas siguientes fueron prácticamente perdidas ya que empleé la primera de ellas en ir a la librería Hispano Americana, de la calle del Hospital, sin encontrar al dueño con el que debía tratar unos asuntos editoriales, y gasté la segunda en esperar inútilmente en el despacho la llegada de Ureña. En vista de lo cual y sin tener nada más urgente que hacer, decidí ir hasta la tienda de papel de Vilaseca, en el pasaje de la Paz, llamándome poderosamente la atención al salir el notar, por primera vez en muchísimo tiempo, que el agente que habitualmente me seguía no estuviera como siempre aguardándome en la puerta.

A propósito de este punto debo advertir, entre paréntesis, que todas esas diligencias las hice siempre a pie y sin pretender en ningún momento despistar a la policía que, como ya he dicho anteriormente, no me molestaba y constituía, sobre todo, mi mejor prueba y garantía de inocencia.

Como quiera, sin embargo, que las oficinas estaban cerradas, pensé dejar el asunto para otro momento y siguiendo el mismo camino que había recorrido fui al café Suizo con intención de almorzar. Pero el desconsiderado trato de un camarero, empeñado en colocarme en una mesa diferente a la que yo deseaba, me hizo desistir de la idea y salí con dirección al Petit Pelayo, aunque por fin y a última hora me decidiera por la Maisson Doré, local este que todavía no conocía, y donde tuve ocasión de saludar al director de los Ferrocarriles de Sarriá.

Sobre las tres de la tarde abandoné el café para volver otra vez a mi despacho donde ya me esperaba el señor Ureña, que justificó su retraso diciéndome que había recibido mi nota demasiado tarde, y con el que quedé finalmente de acuerdo respecto a la fabricación de los clichés.

Terminada esa diligencia y no quedándome ya sino resolver el asunto de Vilaseca, pedí a un empleado apellidado Meseguer que me llevase a la estación una caja conteniendo un traje para mi señora, mientras yo salía para ultimar la gestión del papel, cuya calidad y precio, dicho sea de paso, me convinieron y del que encargué una resma pues en aquel momento no tenían existencias.

Sin detenerme ya en ningún otro sitio, me fui directamente a la estación de Francia donde me esperaba el tal Meseguer, que me dio cuenta de que no había movimiento de trenes por estar interceptada la vía y con quien entré en el restaurante a tomar un refresco y pedir a los camareros que tuviesen la amabilidad de guardarme la caja hasta que enviase a por ella.

Encontrándome fatigado para emprender entonces mismo a pie la marcha hasta Mongat, pensé cenar antes en Barcelona pero como era todavía pronto para hacerlo aproveché ese tiempo en ir de nuevo a La Alcebriana, donde pasé un buen rato con el gerente enseñándole el papel que me había dejado Vilaseca y discutiendo con él acerca del precio de la impresión de la obra.

De allí volví a bajar otra vez por las Ramblas hasta el Hotel Internacional, que es al que suelo acudir cuando vengo con mi familia a Barcelona, en el que cené y desde donde, después de tomar café, salí ya hacia Mongat.

A partir del momento de mi llegada y hasta la mañana del jueves 29 no me moví para nada de mi casa, pero, enterado ese día a través de una muchacha de Alella que se había corrido por el pueblo la falsa noticia de que yo era el responsable de la quema de los conventos e iglesias de Premiá, e incluso que me habían visto el frente de unos revoltosos, decidí esconderme en el domicilio de unos amigos hasta que se calmasen los ánimos, no fuera a suceder, como ya me ocurrió durante mi anterior proceso, que pretendieran imputarme delitos que nunca había perpetrado sin atender para nada a mis repetidas protestas de inocencia.

La resistencia de Ferrer a desvelar las auténticas intenciones que le habían llevado a Barcelona resulta evidente. Detalla con la minuciosidad de un entomólogo todo lo que hubo de inocuo en su visita, mientras silencia, posiblemente impulsado por el temor, el verdadero motivo de su viaje. No hay en su prolija exposición la menor referencia a sus encuentros con Emiliano Iglesias y Miguel Moreno; ni a sus interesadas visitas a la Casa del Pueblo; ni a su propósito de pulsar la acogida del Comité de Huelga al envío de un manifiesto conminatorio al Gobierno sobre la guerra de Marruecos; ni, menos aún, al aliento revolucionario que intentó transmitir a los vecinos de Masnou y Premiá. Su testimonio sólo responde al propósito de no comprometer a ninguno de sus correligionarios y a disociarse, hasta donde fuera posible, del alzamiento armado[65].

A la vista de esa primera exposición evasiva, que poco o nada había aportado a la investigación, el juez dio paso al interrogatorio del preso que, traducido el formulismo judicial («preguntado por… Ferrer respondió») en un diálogo directo, se desarrolló en los siguientes términos:

J.—¿En qué lugar y bajo el amparo de quién o quiénes ha residido usted mientras permanecía oculto?

F.—Siento no contestar a esas preguntas pero mi conciencia me impide perjudicar a las personas que me han ayudado.

J.—Dígame dónde, cuándo y en qué circunstancias ha sido usted detenido.

F.—En las afueras de Alella, durante la pasada madrugada y cuando venía a Barcelona para prestar declaración en el proceso que supe se me estaba instruyendo.

J.—¿Es cierto que hallándose hacia las nueve y media de la noche del 26 de julio pasado frente al teatro del Liceo encontrose con un vecino de Masnou al que invitó a tomar café?

F.—Efectivamente, así fue. Tratábase del barbero del pueblo con el que habitualmente me sirvo. Tomamos juntos un café en el Hotel Internacional y al decirle que pensaba regresar andando se ofreció a hacer el camino conmigo.

J.—¿No fue antes con él a la redacción de El Progreso? Y en caso afirmativo, ¿qué objeto les llevó hasta allí y con quiénes hablaron en el periódico?

F.—Tiene razón. Subimos un momento a la redacción con ánimo de inquirir noticias. No recuerdo haber hablado más que con el portero. Luego estuvimos en un café de la calle Aribau, donde tomamos otro refresco con don Cristóbal Litrán y su señora.

J.—¿Propuso usted al sujeto de Masnou que le acompañase a los locales de Solidaridad Obrera?

F.—No.

J.—¿No es verdad que el referido barbero se negó a hacerlo pretextando hallarse cansado y que en vista de ello designó usted al señor Litrán para que se enterase de si se encontraban reunidos allí algunos de sus partidarios?

F.—No recuerdo nada de todo eso, ni me explico cómo ese individuo ha podido declarar tales cosas.

J.—Al salir de la redacción de El Progreso, ¿no le dijo al barbero que tanto Emiliano Iglesias como algunas otras personas con quienes estuvo hablando se negaron a firmar cierto documento que pensaba usted dirigir al Gobierno?

F.—Tantos fueron los datos relativos a la huelga de protesta que escuché a lo largo de aquella noche que no es extraño que pudiese en algún momento hablarle al barbero de manifiestos o cosas semejantes. Respecto a lo que se refiere al periódico, pudiera ser que mientras conversaba con el portero hubiese alguien, desconocido para mí, discutiendo sobre ese tema. En cuanto a la existencia de documento concreto alguno cursado al Gobierno, no oí nada ni tengo la menor idea.

J.—¿No consistía el tal manifiesto en una petición formal al Gobierno de que no se embarcasen más fuerzas con destino a Melilla, amenazándole, en caso de no ser atendida, con emprender una acción sediciosa y revolucionaria?

F.—Ya he dicho que no vi escrito alguno de esa índole.

J.—Al pasar por la calle de la Princesa, no les detuvo un tal Moreno, con quien estuvieron conversando un rato.

F.—Creo, sí, recordar que alguien me llamó por mi nombre cuando me dirigía ya a casa, pero no sé de quién se trataba, ni si me paré a hablar con él un momento.

J.—¿Es cierto que a preguntas de ese tal Moreno contestole usted que volvía de la redacción de El Progreso, donde se habían reunido determinados representantes de Solidaridad Obrera con objeto de ver si llegaban a una inteligencia y colaboración con el Comité del Partido Radical?

F.—Si no puedo precisar si me paré con ese señor, menos aún sería capaz de saber qué es lo que me dijo.

J.—¿No le encargó usted a Moreno que fuese a El Progreso para ver en qué quedaban los allí reunidos, a lo que contestole él que ellos ya estaban comprometidos?

F.—No sólo no recuerdo nada de lo que me dice, sino que, además, deseo protestar vivamente contra las absurdas, falaces e insidiosas afirmaciones de ese individuo.

J.—El miércoles 28 de julio, ¿fue a la barbería de Masnou a afeitarse tal y como era su costumbre hacerlo?

F.—Sí.

J.—¿Y no encomendó usted al barbero que hiciese buscar al presidente del Comité Republicano, Juan Puig Ventura, con la intención de enterarse si tenían preparado algo en el pueblo?

F.—Cuando llegué a la barbería, creo recordar que ya estaba en ella el señor Puig, con el que efectivamente estuve comentando los acontecimientos en curso, aunque sin dar a la conversación más importancia de la que tenía.

J.—¿No estuvo a continuación con él en los locales del Centro de Unión Republicana, donde le recomendó la conveniencia de que la población de Masnou secundara el movimiento revolucionario iniciado ya en Barcelona?

F.—Estoy seguro de no haberle hecho tal recomendación.

J.—¿No le dijo usted, entonces, que convenía excitar a la gente para que saliese a quemar los conventos e iglesias?

F.—Todo eso es absolutamente falso e imaginario.

J.—¿Es cierto que propuso a Juan Puig Ventura que le acompañara a Premiá de Mar? Y si es así, ¿con qué propósito?

F.—No le hice ninguna proposición concreta. Lo que sucedió es que, paseando, llegamos hasta dicho pueblo sin otro deseo que el de satisfacer la curiosidad.

J.—¿Habló allí con el alcalde para sugerirle algo?

F.—Estuve charlando con diversas personas pero no puedo saber si alguna de ellas era el alcalde, al que no conocía. De modo y manera que mal pude proponerle nada.

J.—De regreso a Masnou, ¿se encontraron con unos muchachos que volvían de Barcelona, a los que les dijo usted en respuesta a sus noticias acerca de lo que estaba sucediendo en la capital: «Ánimo, amigos. Ya era hora de que se destruyese todo»?

F.—No recuerdo ahora haberme tropezado con ningunos jóvenes. Pero de lo que sí estoy absolutamente convencido es de no haber dicho semejantes frases por no corresponderse con mi manera de expresarme.

J.—¿Está usted afiliado a algún partido político concreto o profesa ideas o pensamientos determinados?

F.—No estoy afiliado a ningún partido. Mi vida está dedicada enteramente a la educación escolar. Y aún le diré que el único camino por el que veo posible la mejora de la condición humana es la enseñanza, pues sólo la verdad y la ciencia pueden conducir a la sociedad a una era de paz y armonía.

J.—¿A cuál de entre todos ellos atribuiría usted, sin embargo, las acciones sediciosas recién acaecidas?

F.—A ninguno. Y sí, en cambio, al ambiente general existente en toda España contra la guerra del Rif, donde a diario están muriendo infinidad de hombres jóvenes y padres de familia. El hecho además de que toda la prensa, e incluso que personalidades como Villanueva y Romanones la tachen de injusta y consideren que está supeditando el honor nacional a los intereses de cierta compañía minera francesa, me confirman aún más en mi criterio. El movimiento de Barcelona ha sido, pues, natural y espontáneo. Y hay dos razones que me hacen pensar de esta manera. Una, el entusiasmo con que vi pronunciarse a unas mujeres que me hicieron cerrar mi despacho el 26 de julio mientras aguardaba al señor Ureña, y cuya actitud respondía más al instinto que a cualquier otra clase de consigna. Otra, unos artículos que he leído en el diario francés L'Humanité en los que se dice que, habiendo sido disuelta pocos días antes del domingo 25 de julio una reunión de Solidaridad Obrera, formose un Comité compuesto por tres o cuatro de sus militantes con objeto de proponer personalmente a los representantes de los distintos sindicatos obreros de Barcelona que iniciaran el lunes siguiente, día 26, una huelga general como gesto y símbolo de protesta contra la continuada guerra de África.

J.—¿Y qué motivos pudo haber a su juicio para que la huelga degenerase en rebelión y se produjera el incendio y saqueo de tantas iglesias, escuelas y conventos?

F.—Para explicar esto no tengo otro punto de referencia que continuar remitiéndome a cuanto he leído en la prensa extranjera. Sobre la rebelión, dicen los periódicos que fue provocada por los abusos y excesos cometidos por la Guardia Civil al hacer frente a los manifestantes. Por lo que se refiere a la quema de iglesias y conventos, parece ser que es consecuencia de lo oprimido que se encuentra en sus intereses el pueblo español ante el favor que el Estado dispensa a las órdenes y congregaciones religiosas, contra las que ha querido de este modo vengarse. Y en cuanto al saqueo de esos mismos edificios incendiados, creo que es fácil comprender que en una ciudad donde normalmente viven ya unos cuantos miles de individuos dedicados al raterismo, se aprovechara esta coyuntura para que multitud de desalmados y amigos de lo ajeno satisfacieran a mansalva y con total impunidad sus instintos antisociales, depravados y vandálicos.

J.—Por último y ya para concluir, ¿desea usted manifestar o exponer alguna otra cosa más sobre lo dicho?

F.—Deseo, sí, ante todo, hacer saber lo mucho que he sufrido durante las semanas en que he estado voluntariamente recluido por no poder contestar a los numerosos cargos que cierta clase de periódicos me hacían involucrándome directamente en los sucesos de autos, sufrimiento este que logré soportar esperando que pronto acabaría tan anormal situación y, una vez calmados los ánimos, podría presentarme a desmentirlos y aclararlos. Contra lo que haya podido decirse o pensarse, es lo cierto que al ser detenido en Alella, me dirigía a Barcelona para cumplimentar la requisitoria del señor juez encargado de la instrucción de mi causa y poner en claro las falsas imputaciones de que me había hecho víctima el fiscal del Tribunal Supremo. Y dicho esto, quiero ya únicamente manifestar que, así como en el proceso que se me incoó hace ahora dos años dije que el encarcelamiento se debía, más que a mi intervención en los hechos juzgados, al intento de la Autoridad por clausurar la Escuela Moderna, pienso ahora que si no se me concede pronto la libertad, siendo como soy completa y absolutamente inocente, es porque lo que se persigue no es tanto juzgar mi participación en los desgraciados sucesos del pasado julio sino acabar de una vez para siempre con la casa editorial de libros culturales que, atendiendo a la necesidad de ampliar el campo de la ciencia del que tan precisada se halla la humanidad, mantengo abierta[66].

Ya no hubo más preguntas. Entendiendo el juez innecesario continuar la indagatoria, decidió darla por concluida, sin perjuicio de proseguirla cuando las circunstancias así lo aconsejasen. Y leídas que le fueron al reo sus declaraciones, en las que se afirmó y ratificó, dióselas el comandante Llivina a firmar, rubricándolas él a continuación en presencia del secretario de la causa. El interrogatorio había durado exactamente una hora. Y si bien no dejó traslucir en su desarrollo hostilidad manifiesta por parte del instructor (del que diría después Ferrer que «había actuado según correspondía a su condición, es decir, intentando esclarecer la verdad de los hechos»), sí dejo claro, en cambio, el diferente enfoque con el que ambas partes percibían tanto el origen de la insurrección como el protagonismo del procesado en la misma.

Mientras Ferrer se negó, así, a aceptar cualquier participación en los hechos, incluso aquella que estaba a esas alturas plenamente demostrada, y atribuyó a la rebelión un carácter imprevisible y espontáneo, desprovisto de organización y jefatura, en el comandante Llivina prevaleció el criterio de situar a aquél como centro de gravedad de la Semana Trágica, de la que lo consideraba jefe e inductor, y para activar la cual había incluso bastado no ya su impulso, sino su simple presencia en Barcelona.

Esta última hipótesis, confirmada en primer término con la orden de incomunicación indefinida dictada por el juez antes incluso de comenzar la indagatoria, quedaría plenamente demostrada el día 3 de septiembre al decidir el capitán general de Cataluña desglosar de la Causa general contra los responsables del movimiento revolucionario una pieza aparte que sólo contemplara los cargos que a Ferrer correspondían.

La decisión, jurídicamente cuestionable como tendrá ocasión de verse, pero recibida con viva satisfacción por las instancias gubernamentales que venían reclamándola, la acordó el propio general don Luis de Santiago, quien, oído el dictamen preceptivo de su auditor de Guerra, procedió a transmitírsela al hasta ese momento juez instructor, a quien de paso cesó en su cargo por conducto del mismo oficio:

Con fecha de ayer notifiqué al auditor general de esta IV Región que, detenido y apresado Francisco Ferrer i Guardia, sirviérase informarme acerca del medio más conveniente de acelerar el estudio y enjuiciamiento de las responsabilidades a las que por sus actos hubiérase podido hacer acreedor.

En su respuesta a mi demanda, estima el auditor que con el fin de obtener la mayor rapidez posible en la tramitación del proceso incoado a tal individuo, procede que todas las actuaciones practicadas en la Causa general contra los organizadores y responsables de los últimos sucesos que se refieran al procesado, se disgreguen de dicha Causa, desglosando de la misma aquellos documentos que por su especial carácter sean susceptibles de ello, y uniendo cuantos otros puedan afectarle con objeto de formar una pieza separada, según lo dispuesto en el artículo 403 de nuestro Código, que autoriza la formación de tales piezas cuando las pruebas de culpabilidad de todos los acusados no fueren iguales o la importancia del delito exigiese un pronto y ejemplar castigo, caso este en el que se halla incurso Ferrer i Guardia.

De acuerdo con este dictamen, procederá Vd. con la mayor urgencia al citado desglose así como a testimoniar los documentos que se indican, todos los cuales entregará seguidamente al comandante don Valerio Raso Negrini, al que nombro juez instructor para la instrucción de dicha pieza, a efecto de que Vd. pueda dedicarse exclusivamente a proseguir la Causa general que se incoa.

Lo traslado a Vd. para su conocimiento y a fin de que, con preferencia a todos los demás asuntos que tenga a su cargo, y con la mayor actividad y celo atienda a su tramitación[67].

Al margen de las obligadas referencias al texto de la ley («celeridad en el enjuiciamiento» y «exigencia de un pronto y ejemplar castigo»), a las que el oficio suma además la de la «prioridad del desglose sobre cualquier otro asunto en curso», disposiciones todas ellas que enlazan con el carácter de urgencia perceptible en la tramitación del proceso, hay en el auto de Capitanía General dos elementos relevantes sobre cuya consideración conviene detenerse: la sustitución del juez instructor y los motivos que pudieran justificar la separación de una pieza independiente.

En relación con el primero de ellos, entendible en cuanto que se abre una nueva causa independiente, llama, en cambio, poderosamente la atención que, con posterioridad al fusilamiento de Ferrer, en octubre de 1912, la autoridad militar impusiese al juez Llivina un correctivo de advertencia «por la falta leve de errores y omisiones padecidos como juez instructor en la Causa general que se formó por los sucesos ocurridos en Barcelona en el mes de julio de 1909», lo que autorizaría a pensar, y el profesor Avilés Farré así lo sugiere en un interesante trabajo al respecto, que se cuestionara su ductilidad, y se prefiriese otro juez más dispuesto a trabajar en beneficio de la incriminación del reo. Una opinión esta coincidente con la que sostuvieron los diputados Lerroux e Iglesias en el debate de revisión del proceso, al considerar al comandante Raso más permeable que su antecesor a las decisiones de Capitanía General[68].

En cuanto al segundo y más importante, el artículo 403 del Código de Justicia Militar autoriza el desglose de pieza aparte en un proceso siempre que «las pruebas de culpabilidad sean desiguales» o la naturaleza del delito «exija un pronto y ejemplar castigo». Y es aquí precisamente donde radica la interrogante sobre si estas exigencias pudieron o no ser aplicables a Ferrer. Porque ¿fue mayor su responsabilidad que la de los integrantes del Comité de Huelga que, como Emiliano Iglesias, patrocinaron la movilización obrera; o que la de quienes, como Zurdo Olivares, fueron sorprendidos empuñando las armas en la calle; o que la de aquellos, como Trinidad Alted (recuérdese su célebre artículo «Remember»), que incitaron desde la prensa a las masas a la quema de iglesias y conventos? ¿Fue su conducta más punible que la de quienes lideraron las barricadas, dispararon contra las fuerzas del orden o atentaron contra la propiedad, sometiéndola a pillaje y saqueo? ¿Tuvieron los alborotos de Masnou y Premiá, únicos con los que pudo vinculársele, más gravedad que la rebelión que durante toda una semana asoló Barcelona? ¿Sobre la base de qué fundamentos, jurídicos o morales, había de merecer su comportamiento durante los hechos de autos un castigo ejemplarizador y distinto al de los demás?[69].

En medios judiciales desvinculados del Gobierno no se encontraron razones bastantes a esta actuación, entendida por la gran mayoría de ellos como gratuita, arbitraria e insuficientemente fundamentada, en virtud de las motivaciones siguientes:

— El desglose fue instado por el capitán general (desconocedor del estado sumarial de las diligencias), en lugar de por el juez instructor, que (como responsable de la tramitación del proceso) no lo había creído necesario.

— La disposición fue adoptada cuarenta y ocho horas después de la detención de Ferrer, sobre el que, hasta ese instante, sólo pesaban indicios de haber alentado el movimiento en dos pequeños pueblos de la costa del Maresme.

— Desde Capitanía se requirió del auditor de Guerra un dictamen en el que se manifestasen los medios legales precisos para exigir con la máxima urgencia las responsabilidades que le cupiesen al director de la Escuela Moderna.

— Correspondiendo al Auditor la vigilancia y supervisión del procedimiento, cuesta entender que si la causa exigía su desglose no lo hubiera dispuesto hasta entonces.

— Si alguna desigualdad de culpa hubiera podido haber entre los hasta entonces principales inculpados por la insurrección (Emiliano Iglesias, Luis Zurdo Olivares o Trinidad Alted), ésta sería siempre favorable a Ferrer.

— Del total de las 739 causas instruidas como consecuencia de la Semana Trágica, ésta sería la única que exigió desunir una pieza aparte por el diferente grado de responsabilidad penal advertida entre los procesados.

La formación de esta pieza separada iba además a traer consigo, en perjuicio del acusado, la inhibición del Juzgado de Mataró respecto a la causa que venía incoándole. Aceptando sin la menor objeción las órdenes que el capitán general había dado, el 3 de septiembre a los Juzgados de instrucción de remitir a la autoridad militar todas aquellas diligencias que pudieran afectar a los implicados en la insurrección, el juez titular José Argüelles optó, ese mismo día, por trasladar a la Jurisdicción de Guerra los autos que al efecto obraban en su juzgado al respecto:

Considerando que habiéndose practicado todos los autos de carácter urgente para averiguar el hecho que se persigue en esta causa, y siendo el mismo, como queda dicho, de la competencia de la jurisdicción militar, procede que este juzgado se inhiba a favor de aquella del conocimiento del presente sumario[70].

Sin entrar en la consideración de las razones que movieron al juez Argüelles a inhibirse, a lo que no estaba legalmente obligado como lo demuestra el hecho de que su homólogo de Arenys de Mar no aceptara la orden, lo que es cierto es que el cambio de jurisdicción significó que el delito de «inducción» que el Juzgado de Mataró le había atribuido varió su tipificación por el de «ejecución material», lo que representaba el paso de una pena de prisión mayor (seis años y un día a doce años), a otra de reclusión mayor (que incorporaba la posibilidad de la pena de muerte). Y, lo que es más importante, puso una vez más en evidencia la influencia que la autoridad militar tenía sobre los jueces civiles, pese a que en esa fecha ya se había levantado el estado de guerra en Cataluña.

Pero las consecuencias del desglose no terminarían ahí, ya que en el trasvase de las diligencias de la Causa general a la pieza separada recién formada se omitieron, hay que pensar que no por olvido, documentos tan importantes como un atestado del teniente de Carabineros, Anastasio Llorente exculpando a Ferrer de los alborotos de Premiá, por cuanto éstos ya se habían iniciado con anterioridad a su llegada al pueblo (folio 341); otra nota reservada del inspector de la policía, Pablo Ferreiro, trasladando a la Jefatura Superior el resultado de sus minuciosas investigaciones sobre los inductores del alzamiento, en las que no figuraba el nombre de aquél (folio 118); los memoriales de los agentes de vigilancia que habitualmente seguían sus pasos, en los que se recogían con todo lujo de detalles las actividades que llevó a cabo el lunes 26 de julio en Barcelona (folio 255); y, lo que es aún más importante, la testificación del ex gobernador civil de Barcelona, Ossorio y Gallardo, excepcional conocedor de la situación, asegurando que la insurrección no había tenido «organización, jefatura ni liderazgo». Piezas todas ellas de singular relevancia de cara a exculparle, que la autoridad militar escamoteó voluntariamente del sumario.

Justificada o no en su aplicación, la nueva causa inició su andadura con un celo y una celeridad inusitados. Y el mito de la culpabilidad de Ferrer adquirió, a partir de ahí, carta ya de naturaleza oficial. Sometido a procedimiento distinto al del resto de los acusados, su presunta responsabilidad desplazó muy pronto a la de aquéllos, y su figura comenzó a cobrar la dimensión de chivo expiatorio de esa conjura, a la que, unas veces desde su aceptación y otras desde el silencio, se había sumado también una buena parte de la opinión pública, que lo consideraba culpable.

No es extraño, así, que La Vanguardia violara una vez más el secreto sumarial, publicando el 12 de septiembre el contenido de las circulares requisadas en el registro efectuado en Mas Germinal el día anterior; que Josefa Los Arcos tuviese que desmentir al corresponsal de El Liberal en Barcelona, Carlos Miranda, que le atribuyó opiniones difamatorias sobre el procesado; que La Cierva hostigase a los periodistas subvencionados con fondos reservados del Ministerio a exigir al capitán general De Santiago mayor energía respecto a los culpables; que el propio Maura asintiese a la demanda de los obispos catalanes exigiendo una pronta y satisfactoria indemnización moral; y que incluso el recién nombrado juez instructor comandante Raso (cuyo primer encuentro con Ferrer llevó a éste la certeza de que «pese a su caballerosidad y buenos modales, hallábase resueltamente decidido a encontrarme culpable») dispusiera, nada más hacerse cargo del proceso, la publicación del siguiente edicto:

Usando de las facultades que me confiere el Código de Justicia Militar, llamo y emplazo por el presente edicto a cuantos tengan noticia de la intervención de Francisco Ferrer i Guardia en los sucesos sediciosos ocurridos en esta región durante los días comprendidos entre el 26 y el 31 de julio pasados, u otros relacionados con la citada rebelión, para que en el término de cinco días comparezcan ante este juzgado, situado en la calle Ausias March 3, en la inteligencia de que si no lo hacen les parará el perjuicio a que hay lugar en justicia[71].

Esta invitación a testificar no tanto a quienes supieran de los sucesos de autos, sino a aquellos que tuviesen específicamente cargos que atribuir al director de la Escuela Moderna, orientó el proceso (por si ya no lo estaba aún bastante y aunque nadie en toda Barcelona se presentase a declarar, a pesar de que el edicto fue difundido en los medios de mayor difusión) hacia la confirmación de la perseguida «verdad oficial», que no era otra que la de constatar una condena anunciada. Y es que, contrariamente a lo que corresponde a todo procedimiento, en el que son las evidencias las que conducen a la determinación de la culpabilidad del reo, aquí ya se tenía al culpable y lo que faltaban eran las pruebas con las que incriminarle. Los cargos obrantes en el sumario (centrados exclusivamente en la presencia de Ferrer en la capital durante el primer día de la huelga general y su visita a Masnou y Premiá dos fechas después) carecían hasta el momento de suficiente valor de convicción, y era necesario buscar por el procedimiento que fuese pruebas documentales y, sobre todo, testigos, que avalaran las tesis acusatorias de la Justicia Militar y el Gobierno.

VI

Los testigos

Entre el 29 de julio, fecha en que se inician las investigaciones judiciales sobre los sucesos revolucionarios de Barcelona, y el 29 de septiembre, momento en el que las diligencias incoadas a Ferrer se elevaron definitivamente a Plenario, 105 testigos depusieron en las tres causas (la general, la desglosada y la instruida por la jurisdicción ordinaria) tramitadas a lo largo de esos dos meses en contra suya. De ellos, 27 lo hicieron en el primer proceso, encomendado al comandante Vicente Llivina y dirigido a descubrir a los instigadores y responsables de la insurrección; nueve, en el que instruyó el Juzgado de Mataró para investigar los alborotos sediciosos ocurridos en las localidades de Masnou y Premiá; y 69, en el correspondiente a la pieza separada, de la que se hizo cargo, el 3 de septiembre, el instructor Valerio Raso, por decisión expresa del capitán general, Luis de Santiago.

De ese centenar largo de deponentes, de los que 21 serían además llamados a testificar en dos, o incluso en los tres sumarios incoados (algunos en cuatro, cinco y hasta ocho ocasiones), la mitad aproximadamente fueron reclamados a instancia de los jueces encargados de instruir los procesos, como resultado de los indicios deducidos de su investigación, mientras que las declaraciones del resto vendrían aportadas por los diferentes atestados encomendados al Ejército, la Guardia Civil y la policía por mandato de la Capitanía General de Cataluña, el Gobierno civil de Barcelona e incluso por el propio Ministerio de la Gobernación.

Respecto a la condición de los declarantes, dato de suma importancia como tendrá ocasión de comprobarse, 11 eran miembros del Ejército (en sus distintos grados de jefes, oficiales, suboficiales y tropa); cuatro pertenecían a la Guardia Civil; cuatro, al Cuerpo de Carabineros; ocho estaban adscritos a la Jefatura Superior de Policía (entre inspectores y agentes de vigilancia); cuatro formaban parte de los Somatenes de Alella y Premiá de Mar; nueve militaban en el Partido Radical; uno, en la Lliga catalanista; uno se encontraba próximo a las orientaciones de Solidaridad Obrera; tres eran periodistas de diarios integristas o gubernamentales; uno regentaba una parroquia; y los 57 restantes eran civiles, con o sin implicación en los sucesos de autos. A todos los cuales hay que añadir, además, al gobernador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, y al fiscal del Supremo, Javier Ugarte.

Por lo que se refiere al sentido y la orientación de sus testimonios, punto también relevante a la hora de configurar el mapa de las inculpaciones, 20 de ellos se refirieron a la presencia de Ferrer en Barcelona el lunes 26 de julio; tres, a su paso por Badalona en la madrugada del 27, en su viaje de regreso desde la capital catalana a su finca de Mas Germinal, en Mongat; 48, a la estancia del procesado en las localidades de Masnou y Premiá, el miércoles 28 siguiente; y ocho, a las presuntas vinculaciones del director de la Escuela Moderna (siempre basadas en apreciaciones personales, supuestas confidencias o meras suposiciones) con los sucesos perseguidos, como inductor, organizador o responsable de los mismos; en tanto que los otros 26 declararon desconocer al reo, e ignorar por consiguiente su posible participación en el movimiento insurgente[72].

En un tercer apartado habría que incluir a quienes habiendo sugerido la implicación de Ferrer en la rebelión, bien a través de notas de prensa o de cartas dirigidas al juez, no fueron llamados en ningún momento a ratificar sus acusaciones ni sometidos a careo con el detenido, así como a aquellos que, pese a ser repetidamente denunciados por otros declarantes como protagonistas de hechos delictivos atribuidos al procesado, tampoco fueron citados por el juzgado, en unos casos por haber conseguido ponerse a salvo de la acción de la justicia, y en otros, los más, porque sus testimonios hubiesen, de seguro, descargado y hasta eximido las presuntas responsabilidades que hacia aquél se derivaron.

Y, finalmente, hay que consignar, por más que la autoridad militar no les atribuyese la condición de testigos al impedirles declarar en la causa, a los nueve familiares y colaboradores de Ferrer desterrados por orden gubernativa a Alcañiz y Teruel, cuya solicitud de testificar fue denegada por el comandante Raso al entender que había llegado al juzgado fuera de plazo (dato este que como tendrá ocasión de comprobarse no era cierto), así como a los siete librepensadores e intelectuales europeos, que la Defensa del procesado pidió que depusiesen, y cuyo concurso tampoco fue admitido por el juez instructor por considerar como una estrategia dilatoria reclamar el testimonio de quienes, por hallarse en el extranjero, sólo conocían de referencia los acontecimientos de la Semana Trágica.

Una primera visión de todos estos datos, que por encima de su condición de recuento estadístico tienen el valor de elementos influyentes en el curso del proceso, induce a formular unas consideraciones básicas, que el posterior examen de cada uno de los testimonios diligenciados permitirá ampliar con mayor detalle:

— Treinta y uno de los testigos (casi una tercera parte del total) estaban constituidos en agentes de la autoridad, y quince de ellos se integraban en instituciones que, como el Ejército y la Guardia Civil, además de su conocida confrontación con Ferrer, eran jueces y parte a la vez de los hechos perseguidos.

— Otros once de los declarantes militaban en partidos u organizaciones directamente implicados en la rebelión (hasta el punto de que seis estaban procesados y encarcelados), lo que les permitió desplazar sus responsabilidades hacia quien, además de un adversario político, se encontraba en situación de asumirlas.

— Más de la mitad de las pruebas testificales se centran en los sucesos de Masnou y Premiá, dos pequeños pueblos del Maresme, en los que la insurrección no produjo víctimas personales ni se incendiaron iglesias ni conventos.

— Ni uno solo de los testigos que acusaron al procesado de inducir, sostener o liderar el alzamiento armado aportó prueba alguna sobre sus denuncias, limitándose a apoyarlas en opiniones personales, rumores, referencias de segunda mano, charlas de café, comentarios de prensa, o convicciones morales de escasa solvencia y dudosa validez probatoria.

— Sorprende que denunciantes de Ferrer, como los periodistas Pascual Zulueta o Domingo Gaspar (Pierre), y destacados rebeldes implicados y, en ocasiones protagonistas, de los sucesos de Masnou y Premiá, no despertaran la menor atención por parte del Juzgado militar, que eludió el deber de interrogarles.

— La permanente intervención de las autoridades gubernativas y militares, orientando las investigaciones procesales desde sus despachos, se manifiesta en la docena larga de atestados que por orden del general De Santiago, el gobernador Crespo Azorín y hasta el ministro La Cierva, y con desconocimiento del juez instructor, se llevaron a cabo a lo largo de todo el procedimiento.

— Las declaraciones de cuantos pudieron y solicitaron aportar testimonios de descargo en beneficio del reo serían desestimadas con argumentos jurídicamente cuestionables.

Anotadas estas acotaciones previas de carácter orientativo, corresponde pasar ya al análisis de cada una de las pruebas testificales, siguiendo el criterio metodológico de dividirlas en seis apartados, según los declarantes refirieran sus testimonios a la presencia de Ferrer en Barcelona el lunes 26 de julio; su paso por Badalona en la madrugada del día siguiente; la visita que hiciera a Masnou y Premiá el miércoles 28; su relación, como supuesto inductor o responsable, con los sucesos de autos; la exculpación de sus responsabilidades respecto a los mismos; o cualquier otro dato, finalmente, que pudiera interesar al proceso. Advirtiéndose, como ya se hizo en la Introducción del libro, que, dada la extensión del sumario (más de 600 folios), se reducirá a lo esencial el contenido de las declaraciones (máxime en los casos en que ya anteriormente han sido reproducidas), remitiendo cualquier ampliación de las mismas a las notas, que detallan su paginación en la Causa contra Francisco Ferrer i Guardia, editada en 1911 por el Gobierno, único documento que, desaparecido el manuscrito original, permite hoy seguir el curso del proceso.

A. Testigos que sitúan a Ferrer en Barcelona el lunes 26 de julio, fecha en la que da comienzo la huelga general, que desembocará a media tarde de ese mismo día en el alzamiento revolucionario.

1. Francisco Doménech. Residente en Masnou. Dependiente de barbería. Militante radical. Citado en un atestado de la Guardia Civil de Badalona, testificaría ante el juez Llivina el día 12 de agosto.

Conocida ya sobradamente, la declaración de Doménech relata minuciosamente el recorrido que, en unión del procesado, realizó el lunes 26, entre las nueve y media de la noche, hora en la que le encontró casualmente en un café de las Ramblas, y la una de la madrugada, cuando ambos dejaron la capital de regreso a sus domicilios. En el curso de la misma, anota, con toda suerte de detalles, sus dos visitas a la redacción de El Progreso; el encargo que Ferrer le hiciera de acercarse hasta la sede de Solidaridad Obrera para conocer las últimas opiniones de sus partidarios acerca de los sucesos; la supuesta entrevista que el procesado sostuvo con Emiliano Iglesias, en la que éste se negaría a suscribir el manuscrito de protesta a la guerra; y, finalmente, la inesperada aparición de Moreno en la calle de la Princesa, advirtiéndole que los anarquistas ya se habían comprometido con la revuelta.

Sobre el contenido de este testimonio, recogido en su versión íntegra en páginas anteriores, adverso en todos sus términos a los intereses del procesado y que el Ministerio fiscal utilizó como una de las principales pruebas de cargo contra Ferrer, conviene señalar que todos los estudiosos del proceso suponen inverosímil que el reputado por las autoridades como supuesto jefe y máximo responsable de la rebelión, condujese al muchacho que ocasionalmente le afeitaba a los centros neurálgicos en los que aquélla se estaba gestando; le presentara a sus más relevantes protagonistas, con el natural riesgo de comprometerles; y, lo que aún resulta más difícil de imaginar, le hiciese partícipe, como improvisado cómplice o confidente, de sus intenciones en relación con la revuelta. Y se inclinan, más bien, a entender que Doménech fue un mero acompañante en el recorrido que ambos hicieron por Barcelona, y que, inducido por quienes le interrogaron, resaltó los aspectos más incriminatorios del encuentro.

En apoyo de tan fundadas sospechas, que sugieren la posible influencia de la Guardia Civil sobre el barbero en su primer atestado, hay que añadir que Francisco Doménech desapareció de su domicilio de Masnou el día 15 de agosto, cuando iba a ser llamado nuevamente a declarar por el juez, trasladándose a Marsella, donde, según las averiguaciones realizadas por la policía, embarcó el día siguiente con destino a Buenos Aires provisto de un pasaje cuyo precio equivalía al salario correspondiente a más de dos años de su trabajo, y que, según se comentó posteriormente (aunque no llegaría nunca a demostrarse), habría sido sufragado bien por el Partido Radical, bien por el Comité de Defensa Social[73].

2. Pascual Zulueta. Periodista. Redactor de La Época. Autor del suelto, ya anotado, en el que se insinúa, el 4 de agosto, la presencia de Ferrer en Barcelona en las fechas de autos. No fue citado a declarar por ninguna instancia judicial. La nota en la que se aludía al director de la Escuela Moderna, recuérdese, decía textualmente:

Llegó aquí alguien (hay quienes suponen que el famoso Ferrer i Guardia, del que no hay duda que ha permanecido en Barcelona esta última semana) con dinero abundante. Y según informes que considero fidedignos, en un solo día muy próximo al de la iniciación del movimiento rebelde cobrose en la sucursal del Credit Lyonnais de esta plaza un cheque por importe de 50.000 pesetas que esa misma noche era convenientemente repartido entre los revoltosos de la Casa del Pueblo.

Desautorizado ya este testimonio en una anterior referencia, baste con recordar que Ferrer acudía semanalmente desde Mongat a la sede de su editorial en Barcelona, tal y como acreditan los memoriales de los policías que seguían sus pasos; que únicamente permaneció en la ciudad el lunes día 26 de julio; que la entidad bancaria con la que habitualmente operaba no era el Credit Lyonnais sino el Banco de España; y que, según prueba el informe enviado el 12 de agosto por el gobernador Crespo Azorín al ministro La Cierva, las entradas y salidas de su cuenta corriente a lo largo de todo el año habían sido de menor cuantía, y distribuidas, además, gradualmente[74].

3. Cristóbal Litrán. Periodista. Empleado de máxima confianza de la Escuela Moderna. Antes de ser deportado a Teruel, declaró ante el Juzgado lo que sigue:

El lunes 26 de julio, Francisco Ferrer i Guardia acudió a los locales del Grupo Barcelonés para la Educación Racional de la Infancia para tratar asuntos editoriales, trasladándose desde allí en compañía del compareciente a la Casa del Pueblo, donde había quedado citado con el litógrafo don Rafael Ureña, permaneciendo en el Casino hasta las cuatro y media de la tarde[75].

Pese a que Ferrer no declaró en sus indagatorias su visita a la Casa del Pueblo, bien por temor o por no comprometer a su compañero, es conocido que sí estuvo allí ese lunes, entre las tres y las cuatro y media de la tarde, movido no sólo por el interés de conocer las intenciones de los radicales en relación con los sucesos que estaban produciéndose, sino con la intención, sobre todo, de intentar verse con Emiliano Iglesias, con el que Litrán le había gestionado una entrevista. Pero su deseo tuvo como respuesta la hostilidad con que le recibió uno de sus líderes, Lorenzo Ardid, quien tras hacerle saber que su presencia en aquel lugar no resultaba grata, le invitó a marcharse del Casino lo antes posible.

4. Lorenzo Ardid. Miembro del Partido Radical y de la Junta Directiva de la Casa del Pueblo. Declaró ante el juez Raso el 18 de septiembre, siendo dos días después careado con Ferrer en la Cárcel Modelo. Su testimonio sería textualmente el siguiente:

Que estando en la Casa del Pueblo el lunes 26 de julio, el Sr. Ferrer le saludó y le pidió hablar en privado con él; que, una vez solos, le preguntó: «¿qué le parecen a usted los asuntos del día?», a lo que él le respondió que todo se trataba de una protesta sin posibilidades de prosperar. Al interesarse de nuevo aquél sobre si la huelga no podía «pasar de ahí», le replicó que para el Partido Republicano, que no tenía nada que ver con el asunto, desde luego que no. Al notar la energía de su respuesta, Ferrer se quedó callado, momento que aprovechó él para levantarse, y dirigiéndose a uno de los socios del Casino le pidió que invitara al director de la Escuela Moderna a abandonar el local lo antes posible por la puerta falsa que da a la calle de Casanova[76].

Esta declaración, a la que Ardid, a preguntas del juez, añadiría que, «aun careciendo de prueba alguna que lo demostrase, Ferrer podía haber sido uno de los organizadores del movimiento, pues en los últimos meses había combatido al Partido Radical por no prestar su concurso a la revolución», y que la Acusación A después consideraría como gravemente incriminatoria, sólo demuestra que, ante el interés del procesado por conocer la posición de los radicales ante el conflicto, el declarante ni siquiera le escuchó, volviole la espalda y exigió que lo expulsaran de la Casa del Pueblo. Y lejos de convertirse en un testimonio de cargo, sirve, sobre todo, para demostrar la oportunidad que la visita de Ferrer supuso a los lerrouxistas para, interesados como estaban en disociarse de los sucesos de la Semana Trágica, trasladar sus responsabilidades a quien, enfrentado desde hacía algún tiempo con ellos, y desacreditado por la campaña orquestada contra él por el Gobierno, resultaba un adecuado objetivo al que atribuir la organización y jefatura del alzamiento.

5. Ángel Fernández Bermejo. Agente de policía, encargado de la vigilancia de Ferrer. Testificó ante el juez Valerio Raso el 24 de septiembre en los siguientes términos:

Que en la tarde del 26 de julio, hacia las seis de la tarde aproximadamente, vio a Ferrer en la plaza de Antonio López acercándose a los grupos que había allí congregados en actitud subversiva, y hablando con algunas personas, sin poder precisar lo que decían puesto que tenía que seguirlo a cierta distancia para que no percibiese su presencia.

Que Ferrer estaba en uno de esos grupos mientras una pareja del Regimiento de Caballería de Santiago intentaba disolverlos, y que, una vez dispersados, continuó andando por el Paseo de Colón en dirección a la Puerta de la Paz, siguiendo luego por las Ramblas, momento en el que al dar una carga las fuerzas de seguridad le perdió de vista, volviendo a encontrarlo después en el mismo lugar, desde donde se dirigió al Hotel Internacional en el que cenó, ignorando si se quedó o no a dormir[77].

Considerado por la Acusación como uno de los principales testigos de cargo, el agente Fernández Bermejo es una pieza representativa de la instrumentalización de que fue objeto el proceso, por cuanto el Juzgado prescindió del memorial que el policía adjuntó a la Causa general detallando el seguimiento de los pasos de Ferrer el lunes 26 en Barcelona, interrogándole, en cambio, el 24 de septiembre, día en el que fue citado, dos meses después de sucedidos los hechos, únicamente sobre aquellos datos de su informe que podían perjudicar al procesado.

En el citado memorial, que como es sabido no fue trasladado a la pieza desglosada, el agente relataba que «no pudiendo Ferrer tomar el ferrocarril de regreso a Mongat por estar interrumpidas las comunicaciones, se dirigió desde la Estación de Francia hasta el Hotel Internacional, en las Ramblas, pasando por la plaza de Antonio López, el paseo de Colón, y el Portal de la Paz, que a esas horas se encontraban ya repletos de sediciosos». Y esa información, absolutamente exculpatoria para el director de la Escuela Moderna, el juez Raso, preocupado por la necesidad de allegar pruebas por el procedimiento que fuera, la criminaliza al convertir lo que era un camino obligado desde la estación al hotel en una activa incorporación de Ferrer a las manifestaciones sediciosas.

6 y 7. Claudio Sancho. Miguel Salvo. Soldados ambos del Regimiento de Dragones de Caballería de Santiago, de servicio el 26 de julio en la plaza de Antonio López, de Barcelona. Citados a declarar dos meses después, el 25 de septiembre, como consecuencia de haber sido citados por el testigo anterior al ser quienes dispersaron a los manifestantes en el punto aludido, coincidieron puntualmente en sus testimonios, traducidos por eso, al reproducirlos, en uno solo:

Que prestando servicio en la plaza de Antonio López, el 26 de julio pasado, y mientras disolvían a los manifestantes allí congregados, les llamó la atención un señor vestido con traje azul y sombrero de paja, con el ala anterior caída hacia la cara, al cual cree que reconocerían de volver a verle.

Que al disolver el grupo, el citado señor se encaró a ellos, y señalando un bando de la Autoridad, que estaba pegado en una de las paredes, les preguntó: «¿Es que acaso no se puede leer esto?», tras de lo cual, y acompañado por otras dos personas que vestían blusas, continuó andando[78].

La secuencia de esta declaración resulta obvia. Enterado el juez a través del agente Fernández Bermejo de que dos soldados de Caballería podían sumar sus testimonios al suyo, indagó en Capitanía la identidad de quiénes habían prestado servicio aquella tarde, conocida la cual, los visitó personalmente en su acuartelamiento de la Barceloneta (dato este tan extraño como significativo), citándolos al día siguiente en el juzgado en un intento más por acumular evidencias incriminatorias contra el procesado.

De su testificación y su posterior reconocimiento del reo en rueda de presos, datos uno y otro analizados en el capítulo dedicado a las indagatorias, se deducen como hechos más relevantes la exactitud, palabra por palabra, de ambas declaraciones, lo que podría resultar más verosímil si se tiene en cuenta la visita que les hiciera el juez Raso; su capacidad para recordar, dos meses después de los incidentes, a uno de entre los centenares de manifestantes a quienes disolvían, montados a caballo; la sorpresa que les produjo ver a alguien vestido con un traje azul y un sombrero de paja, que era durante el verano la indumentaria habitual de la gran mayoría de los barceloneses; y su seguridad en poder reconocer a alguien a quien nunca habían visto antes ni después de los hechos, por más que la fotografía de Ferrer había sido reproducida en ese tiempo por los periódicos en multitud de ocasiones.

Interesa, sin embargo, prestar el máximo interés al dato del traje azul, que será a partir de ese momento, una constante recurrente en los testimonios siguientes (así lo manifestaron, al menos, los jefes y oficiales de ese mismo Regimiento de Caballería llamados posteriormente a declarar), sobre el que el juzgado no realizó la menor investigación, pero que terminaría convirtiéndose en una prueba de convicción, aunque nada autorizase lógica ni legalmente el hacerlo.

8 y 9. Federico Ramírez Benito. Ramón Puig de Ramón. Coronel y capitán respectivamente del Regimiento de Caballería de Santiago. Declararon ante el juez Valerio Raso el 29 de septiembre.

Que estando el 28 de julio en las cocheras de tranvías de la calle Bonell y viendo que numerosos individuos salían del centro de Barcelona para dirigirse a los barrios de las afueras, se dedicaron, junto con varios oficiales a sus ordenes, a registrar a aquellos paisanos que le infundían sospechas, procediendo a detener a aquellos que portaban cualquier tipo de armas.

Que requeridos estos últimos sobre la procedencia de tales armas, les contestaron algunos de ellos que se las había entregado un señor al que no conocían, del que sólo saben que llevaba traje azul y sombrero de paja, y que se trataba de revólveres sistema «Smith», completamente nuevos[79].

Si bien los declarantes no nombran en ningún momento a Ferrer, y aluden además al día 28 como fecha de su indagación, el simple hecho de ser los superiores jerárquicos de los dos soldados anteriores, y referirse a alguien con la misma indumentaria que éstos atribuyeron al procesado, bastó al juez instructor para identificar al «hombre del traje azul» con el director de la Escuela Moderna e imaginarle municionando a los amotinados de Barcelona, dando ocasión a que el Ministerio fiscal introdujera esta coincidencia en su informe de acusación y la presentase al Tribunal no como una casualidad, sino como una evidencia.

¿Por qué esa contumacia en buscar en hechos meramente casuales pruebas determinantes, sin otro indicio que el de la necesidad urgente de poder contar con alguno como elemento de cargo? ¿Conocía acaso el comandante Raso cómo iba vestido Ferrer? ¿Intentó averiguarlo? Y de llevar un traje azul, ¿cuántos ciudadanos habían elegido ese color en una ciudad de casi seiscientos mil habitantes? ¿Resulta imaginable, en cualquier caso, que el director y máximo responsable de un alzamiento militar recorriera las calles repartiendo revólveres a los rebeldes?

10. Francisco Colldefons. Corresponsal de El Siglo Futuro en Barcelona. Autor de la gacetilla que, el 9 de agosto, denunció la presencia de Ferrer en las Ramblas, junto al Liceo, al frente de un grupo de sediciosos. Testificó el 25 de septiembre, modificando lo que, recuérdese, decía aquel día en el citado diario integrista:

En el transcurso de la semana de autos pudo advertirse en repetidas ocasiones la presencia en las calles de la ciudad del director de la Escuela Moderna, Ferrer i Guardia, e incluso una vez le vi capitaneando una partida de alborotadores en mitad de las Ramblas, frente al teatro del Liceo.

Colldefons va a convertirse, desde ese mismo instante, en la figura clave del proceso. Y ello, no sólo por vincular a Ferrer con la insurrección, sino por otorgarle un singular protagonismo. Esos «le vi» y «capitaneando» eran los verbos que el comandante Raso venía infructuosamente buscando desde el comienzo de la instrucción. Y, recordándolos, lo cita a declarar, cuarenta y ocho días después de publicada la nota en el periódico, por más que su testimonio resulte en esta ocasión mucho menos terminante:

Que el martes 27 de julio, si mal no recuerda, entre siete y media y ocho y media de la tarde, vio un grupo en las Ramblas, frente al Liceo, capitaneado al parecer por un sujeto que al declarante le pareció ser Ferrer i Guardia, al que sólo conoce por fotografía, pero de quien tiene el convencimiento de que pudiera serlo por haberlo oído decir a quienes transitaban por aquel sitio[80].

Las vaguedades de la declaración («si mal no recuerda», «le pareció», «por haberlo oído») no suscitaron, sin embargo, la menor sombra de duda en el juez instructor, pese a saber que nadie en toda Barcelona había visto a Ferrer en la ciudad ese día; tener documentado que el martes 27 el despliegue policial en las Ramblas impidió cualquier tipo de manifestación en ese punto neurálgico de la capital; y encontrar, además, lógico que quien sólo conocía al procesado por fotografía, recordase dos meses después de los sucesos, haberlo visto capitaneando a los revoltosos, precisamente en una fecha en que no hubo grupos de amotinados frente al Liceo, y en la que Ferrer se encontraba en Mas Germinal.

11 a 20. En este grupo se incluyen, sin identificarlos, a los seis propietarios o dependientes de los comercios visitados por Ferrer el día 26, el camarero que le atendió en la Estación de Francia cuando intentaba regresar a Mongat, el dueño del Hotel Internacional y los porteros (marido y mujer) del edificio en que estaba instalada la Editorial de la Escuela Moderna, todos los cuales confirmaron la presencia del procesado ese lunes en sus respectivos lugares de trabajo.

Del recuento de estas veinte testificaciones, de las que se sirvieron en sus escritos de acusación el Ministerio fiscal y el auditor de Guerra, resultan las evidencias siguientes:

— Ferrer permaneció en Barcelona desde las nueve de la mañana del lunes 26 hasta poco después de la medianoche de ese mismo día, cuando en compañía del barbero Francisco Doménech regresó, andando, a su domicilio.

— Entre el momento de su llegada y las tres de la tarde, hora en la que hizo un alto para almorzar, dedicó toda su actividad a los trámites comerciales que declaró en las indagatorias de que fue objeto por parte del juzgado.

— De tres a cuatro y media estuvo en los locales de la Casa del Pueblo, primero con Cristóbal Litrán y luego con Lorenzo Ardid, quien, tras una muy breve conversación, y en un tono airado, le conminó a marcharse lo antes posible.

— Imposibilitado para regresar en tren por encontrarse las vías interceptadas, continuó sus gestiones editoriales hasta aproximadamente las ocho de la noche.

— Después de cenar, y tras encontrarse casualmente con Doménech, intentó, sin conseguirlo, pulsar el ánimo de los miembros de Solidaridad Obrera respecto de la huelga.

— Hacia las once de la noche estuvo en la redacción de El Progreso, donde Emiliano Iglesias, según contó a su acompañante, se negó a suscribir el supuesto manifiesto que le llevaba, instando al Gobierno a retirar las tropas de Melilla, recomendándole por el contrario la conveniencia de que regresase a casa.

— De camino a Mongat, encontró casualmente a Miguel Moreno, que tampoco le dedicaría más atención que la necesaria para hacerle saber que los anarquistas de Solidaridad ya estaban comprometidos con el movimiento.

— Si algo queda patente del recuento de la jornada es el aislamiento político de Ferrer, a quien nadie atendió, cuyos consejos todos desoyeron, y que, desilusionado de que la revolución tanto tiempo esperada se esfumara, optó por desistir definitivamente de sus propósitos.

B. Testigos que confirman la presencia de Ferrer en Badalona, la madrugada del día 27, en su camino de regreso desde Barcelona hasta su finca Mas Germinal, en Mongat.

21. Modesto Piega. Hermano del dueño del café de Badalona en el que hizo un alto Ferrer, de vuelta a Mongat. Declaró el 8 de septiembre ante el inspector de policía Máximo Ramos, en el curso de un atestado incorporado posteriormente al sumario:

Que hallándose en el café propiedad de su hermano Claudio, hacia las cuatro o cinco de la madrugada del 27 de julio, vio entrar a un señor, acompañado de un joven como de unos veinte años; que el citado señor le pareció ser Ferrer i Guardia por haberlo visto en fotografía; pero que se cercioró plenamente de ello al declarar él mismo su nombre.

Que pidió una copa de vino generoso y unos bizcochos; que notó que iba muy cansado, sudoroso y lleno de polvo como resultado de haber hecho una larga caminata; y que en el citado café estaría como unos diez minutos aproximadamente, continuando el camino hacia su casa de Mongat.

22 y 23. Juan Ferry. Miguel Cristany. Parroquianos ambos del citado café de Badalona, en el que se encontraban dicha madrugada. Testificaron ambos en el mismo atestado policial, añadiendo a lo depuesto por el anterior testigo que Ferrer i Guardia «vestía traje de americana de tejido ligero, sombrero jipijapa, y alpargatas; se hallaba muy cansado; y dijo antes de abandonar el local y despedirse, que tenía intención de poder llegar a desayunar a su finca de Mas Germinal, en Mongat».

Los anteriores testimonios evidencian, sin lugar a dudas, que Ferrer había hecho andando, junto al barbero Francisco Doménech, el trayecto desde la capital; que llegó a Badalona entre cuatro y cinco de la mañana, sudoroso y extenuado (lo que hace prácticamente inviable que ese mismo día pudiera regresar, sin apenas descanso, de nuevo a pie a Barcelona, como afirmaba Colldefons); y no hacen, en su detallada descripción del procesado, la menor alusión al controvertido traje azul que, según varios de sus acusadores, vestía ese día[81].

C. Testigos que dan cuenta o tienen constancia de la estancia del director de la Escuela Moderna en las poblaciones costeras de Masnou y Premiá de Mar el miércoles 28 de julio.

24. Juan Puig Ventura (Llarch). Tonelero. Presidente de la Unión de la Fraternidad Republicana, de Masnou. Depuso ante el juzgado en cuatro ocasiones, y fue careado con Ferrer el día 22 de septiembre.

Como se recordará, la primera declaración de Puig Ventura se remite a la mañana del miércoles 28 de julio, en la que, llegado Ferrer a Masnou con la intención de afeitarse, le mandó recado a través del barbero, emplazándole a reunirse en los locales del Centro Republicano. Y ya allí juntos, y según el testimonio del «Llarch», el director de la Escuela Moderna le invitó a secundar en el pueblo el movimiento rebelde iniciado el lunes en Barcelona, y excitar a la población para que emprendiese la quema de la iglesia y los conventos. Al contestarle el declarante que no creía que ése fuera el mejor camino de traer la República, Ferrer le respondió que lo realmente importante era hacer posible la revolución.

En una posterior testificación «el Llarch», ya en prisión y con la posibilidad de eximir sus propias responsabilidades, ampliaría su acusación contra el procesado atribuyéndole la inducción de los sucesos que durante esos días tuvieron lugar tanto en Masnou como en Premiá:

Que cree que todo lo ha movido el señor Ferrer, pues coinciden los excesos que se han cometido con las ideas de destrucción de dicho individuo; y que las entrevistas que sostuvo con los personajes del Partido Radical no llevaban otra mira que comprometerles a todos, ya que Ferrer, en cuanto que sus ideas son anarquistas, ha venido coincidiendo con el proceder de los afiliados al sindicato Solidaridad Obrera[82].

25. Domingo Casas Llibre. Carnicero. Alcalde republicano de Premiá. Prestó ocho veces testimonio. Sería encarcelado el 31 de agosto, y fue igualmente careado con Ferrer, también el 22 de septiembre.

Exaltado lerrouxista, pero cauto y reacio a comprometerse como la mayoría de los radicales en una aventura revolucionaria, Casas Llibre detalló la visita del director de la Escuela Moderna, diciendo que «a las doce de la mañana del miércoles pidió hablar con él un señor al que sólo conocía de vista y que dijo llamarse Ferrer i Guardia, quien le contó que Barcelona se encontraba en estado de rebelión, que se estaban quemando iglesias y conventos, y que iba a proclamarse la República. A lo que él le respondió que «en Premiá convenía la paz y la tranquilidad, y que únicamente si eso ocurriera en toda España, sólo entonces Premiá sería republicana». Y añadió «que puesto que ni Ferrer ni su acompañante (el Llarch) tenían negocios ni asuntos de ninguna clase en el pueblo, entiende que dichos señores venían a proponerle una rebelión contra las instituciones».

Ya en una posterior indagatoria, al igual que lo hiciera Puig Ventura, y cuando también se encontraba en prisión, amplió la responsabilidad de Ferrer en el alzamiento:

Que de público, se tiene seguro en Premiá de Mar, y lo mismo en casi todas partes, que Ferrer i Guardia fue el inductor e instigador de todos los tristes sucesos desarrollados en esta región durante los últimos meses del mes de julio[83].

26. Antonio Mustarós. Labrador. Primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Premiá. Accedió provisionalmente a la alcaldía tras el encarcelamiento de Casas Llibre. Depuso cuatro veces ante el Juzgado de Mataró, y el instructor, comandante Raso.

Casi coincidente con el anterior en su declaración, Mustarós (del que en algún momento se rumorearía que había podido ser quien diera escondite al procesado durante el mes de agosto) confirmaría en todos sus términos los pasos de Ferrer en el pueblo, manteniendo que éste había propuesto al alcalde proclamar la República y quemar el convento de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, pero aportó, como datos más significativos, que desnocía cualquier relación entre el director de la Escuela Moderna y los revoltosos, y que, concluida la entrevista que mantuvieron la mañana del miércoles en el Centro Republicano, Ferrer se fue del pueblo sin mantener otros contactos ni conversaciones con nadie[84].

27. José Álvarez Espinosa. Escribiente. Secretario del Ayuntamiento de Premiá. Estuvo preso como los tres anteriores y por iguales motivos. Fue citado en cuatro ocasiones a declarar, y también se le sometió a careo con el procesado el mismo 22 de septiembre.

Álvarez Espinosa, que, según se comentó aquellos días compartía el radicalismo de los «jóvenes bárbaros» lerrouxistas, del que daría sobrada prueba en los días siguientes, se refirió en su declaración al encuentro mantenido en el Casino Republicano, cuya duración calculó en veinte minutos, y coincidió en que Ferrer les había instigado a secundar la rebelión de Barcelona, pero añadió algo de sumo interés:

Que el alcalde, una vez concluida la entrevista con Ferrer i Guardia, no tomó precaución alguna para prevenir cualquier posible acontecimiento desagradable, como no fuera la de haber provisto de armas a unos cuantos amigos suyos, que ignora quiénes son, para que vigilaran la población.

En este testigo concurre el hecho singular de que, habiendo sido uno de los más contumaces acusadores de Ferrer, participó de manera activa en la revuelta de Premiá, abriendo las puertas del Ayuntamiento para que los vecinos que las reclamasen pudieran hacerse con las armas allí depositadas, algunos de los cuales denunciarían, como tendrá ocasión de comprobarse, su intervención personal en los desórdenes. Y además dejó abierta una incógnita al señalar que el alcalde armó también a «sus amigos», sin especificar de quiénes se trataba, ni qué razón podía haber para entregar armamento de propiedad municipal a nadie, cuando el pueblo disponía de un Somatén para defenderlo[85].

Durante el transcurso del debate de revisión del proceso, que, como se sabe, tuvo lugar en las Cortes en los meses de marzo y abril de 1911, el diputado de la minoría republicana Rodrigo Soriano manifestó disponer de una carta de Álvarez Espinosa en la que éste confesaba haber testificado bajo la coacción de quienes le interrogaron.

28. Francisco Calvet. Encargado del café del Centro Republicano de Premiá. Declaró tres veces, las dos primeras citado por el Juzgado de Instrucción de Mataró, y la tercera, ante el juez Raso.

Calvet, que se limitó a servir a los reunidos las bebidas que consumieron (como curiosidad, advirtió que se fueron sin abonarlas), y pudo escuchar mientras les atendía cómo Ferrer sugirió a aquéllos la idea de extender la revuelta barcelonesa a Premiá y proclamar la República en el pueblo. Y sobre esos datos ya conocidos añadió:

Que el martes 27 por la mañana se enteró de que habían cortado los hilos del telégrafo y habían tirado al suelo parte del muro que hay frente a la Fraternidad.

Que el día siguiente, habiéndose ido ya Ferrer, oyó decir en el pueblo que aquél había animado al alcalde a pegar fuego al convento, y que éste le contestó que no repitiese esas palabras porque, de hacerlo, le contestaría de otra manera.

Que durante la entrevista expresada no había en el piso alto del café más personas que aquellas a que se ha hecho mención, aunque no puede asegurarlo fijamente[86].

Estas cinco declaraciones demuestran que, ignorado políticamente en Barcelona, Ferrer intentó ensayar en Masnou y en Premiá la posibilidad de orientar el movimiento huelguístico en un sentido revolucionario, y, a tal efecto, contactó con los más destacados republicanos de ambas localidades en busca de una colaboración por su parte. Los testimonios de Puig Ventura, Casas Llibre, Mustarós, Álvarez Espinosa y Calvet pueden admitirse, en ese sentido, como fidedignos. Su inducción a secundar la revuelta ya iniciada en la capital reviste, sin embargo, unos caracteres que desmontan la tipificación delictiva (jefatura de la rebelión) que el Ministerio fiscal atribuyó a su intervención y que, en cambio, sugieren las reflexiones siguientes:

— Ferrer únicamente habló en Masnou y Premiá, el miércoles día 28, con Puig Ventura, Casas, Mustarós, Álvarez Espinosa y Calvet, lo que reduce su propuesta a los cinco, y los convierte por tanto en mediadores, caso de que se hicieran portavoces de ella.

— No hay ninguna prueba que relacione su presencia en Premiá con las alteraciones del orden público que se produjeron en la localidad, a las que todo hace pensar que fue ajeno.

— Varios de los altercados violentos (el corte de los hilos del telégrafo y el derrumbe de los muros de la estación) ocurrieron el martes 27, una fecha antes de la llegada de Ferrer, según aseguraron varios de los testigos.

— Contrariamente, y tal como tendrá ocasión de comprobarse, se sabría la identidad, con nombres y apellidos, de quienes protagonizaron en esa población los diversos desórdenes y atentados producidos en esos días.

— La posterior actitud de Casas Llibre, contemporizador con los excesos de los sediciosos, y de Álvarez Espinosa, facilitándoles armas custodiadas por el Ayuntamiento, no encaja con el tajante rechazo que, según sus testimonios, adoptaron ante la propuesta de Ferrer en su visita al pueblo.

29. Vicente Puig Pons. Fabricante. Juez municipal de Premiá. Citado a declarar tres veces, lo hizo tanto en la Causa general como en la instruida por el comandante Raso.

Del testimonio de Puig Pons, ya reproducido en páginas anteriores, hay que destacar dos hechos singulares: el primero, que apunta al rumor de que «Ferrer había mandado a Premiá a unos cuarenta hombres armados y provistos de cartuchos de dinamita, con la intención, según se decía en la localidad, de incendiar el convento de los Marianistas»; y el segundo, expresando su convicción de que los organizadores de los desórdenes registrados en el pueblo habían sido el secretario del Ayuntamiento, Álvarez Espinosa, un tal «Esmolet» y el barbero Leopoldo Iglesias[87].

30. Juan Alsina Estival. Comerciante. Ex alcalde de Premiá. Cabo del Somatén local durante los sucesos de julio. Testificó en cuatro ocasiones, en las que manifestó:

Que él no vio personalmente a Ferrer el miércoles, pero que como alcalde que ha sido de Premiá y conocedor de esta población, puede afirmar que el Centro Republicano es el albergue de todos los republicanos y anarquistas del lugar.

Que cree que el alcalde no cumplió con su deber, aunque nada hay de particular en ello, sabiendo que los jefes del motín eran sus amigos, y puede, por tanto, deducir que cuantos forman parte del Centro Republicano estaban en antecedentes de lo que iba a suceder, como lo demuestra la llegada de Ferrer y el grave cariz que tomaron los sucesos después de su visita al alcalde.

Que, reunidas las autoridades locales y varios de los mayores contribuyentes, y requerido el alcalde sobre cómo había consentido los desórdenes producidos, contestó que por que no tenía fuerzas suficientes, lo que no es cierto, puesto que quien declara le había ofrecido el martes el concurso del Somatén para reprimirlos.

Que la tarde del miércoles ya empezaron los grupos a derribar las murallas del ferrocarril y a quemar y saquear el almacén de descarga de la estación, y que no tiene la menor duda de que quienes capitaneaban a los sediciosos eran el secretario de la Fraternidad Republicana, Juan Solá (Casola) y Agustín Dragues (Jepus), conocidos por su republicanismo.

Que sabiendo que cierto empleado del Ayuntamiento llevaba unos cartuchos, la noche que atacaron el convento, ha hecho averiguaciones y sabe que se trata de Miguel Carreras[88].

Este importante testimonio, que involucra al alcalde de Premiá en los sucesos que se produjeron en el pueblo e identifica a varios de los líderes de la rebelión, marcará la tónica de las declaraciones siguientes, la mayoría de las cuales coinciden en señalar la presencia, el miércoles, de Ferrer en la localidad, pero añaden nuevos protagonistas a los desórdenes que tuvieron lugar antes y después de su visita.

31. Adolfo Cisa. Comerciante. Fue llamado a declarar en dos ocasiones, en la segunda de las cuales, el 9 de septiembre, dijo textualmente:

Que el lunes 26 por la mañana se empezó a reunir gente en la plaza del Ayuntamiento, donde subido en la fuente, el barbero Iglesias dijo a los concurrentes que habían de adherirse a la protesta contra la guerra de Melilla; y que después salió al balcón el alcalde pidiendo a los reunidos que se retiraran.

Que el martes por la noche volvieron a arengar a los vecinos, primero el barbero Iglesias, y luego el «Esmolet», al que le escuchó decir que «las manos había que ocuparlas no en aplaudirle sino para empuñar puñales y clavárselos a los burgueses».

Que el jueves fueron los revoltosos a exigir armas al Ayuntamiento; que el alguacil se las negó, pero alguien que no puede precisar les abrió la puerta para que las tomaran[89].

32. Vicente Alonso Poblet. Teniente de Carabineros. Fue citado a testificar el día 31 de agosto, y manifestó:

Que el miércoles se presentó en Premiá Ferrer i Guardia, acompañado de otro individuo, dirigiéndose al Centro Republicano, donde conferenciaron con el alcalde. Y que a partir de ese momento tomaron los acontecimientos un cariz distinto, pues a poco derribose la tapia de la vía e incendió el almacén de la estación[90].

33. José Puig Moliné. Cura párroco de Premiá. Prestó declaración ante el Juzgado el 8 de septiembre, e instado a decir lo que sabía acerca de los hechos, contestó:

Que el martes 27, poco antes del mediodía, se presentaron en el despacho parroquial los vecinos Juan Solá («Casola»), Juan Vila («Famataire») y otro cuyo nombre ignora, de los que el primero le pidió que se asociase a la protesta contra la guerra cerrando la iglesia y no permitiendo que se tocasen las campanas.

Que al contestarle él que no veía la relación entre ambas cosas, le contestó Solá que la protesta tenía un alcance mayor pues lo que pretendía era derribar al Gobierno y que no les iba a faltar el dinero preciso para conseguirlo.

Que tiene la convicción moral de que el alma de este movimiento, por lo menos en este pueblo, ha sido Ferrer i Guardia, porque fue, junto con Mateo Morral, los que establecieron en él una sucursal de la Escuela Moderna, que enseña la destrucción de todos los fundamentos sobre los que descansa la sociedad[91].

34. Antonio Costa Pagés. Tenedor de libros y vecino de Premiá de Mar. Declaró en dos ocasiones, primero en un atestado policial y después ante el juez, el 11 de septiembre. Dijo al respecto:

Que el lunes 26 se presentó una comisión de individuos, de los que parece era el jefe Juan Solá (Casola), en la fábrica donde trabaja como contable, intimidándoles a que secundaran el paro, y que esa misma noche, en la plaza del Ayuntamiento, volvieron a reunirse los mismos, pronunciando violentos discursos el ya citado Casola y otro llamado Molins, dirigiéndose a continuación los revoltosos a cortar los postes de teléfonos y telégrafos, y a derribar la verja que hay junto al Centro Republicano.

Que el día siguiente los rebeldes volvieron a juntarse en la misma plaza, pero quienes hablaron entonces fueron Leopoldo Iglesias, el barbero, y el Esmolet, sin que se presentase a tal reunión el alcalde ni el secretario, que, de haberlo hecho, pudieron haberla evitado.

Que el jueves los alborotadores pidieron armas en el Ayuntamiento, que el alguacil no quiso entregárselas, pero que llegó el secretario Álvarez Espinosa, y ordenó a aquél que les franqueara las puertas del depósito en que estaban almacenadas para que pudiesen hacerse con el armamento.

Que cuando fueron detenidos Luis Arzuaga el Esmolet y Leopoldo Iglesias, escuchó decir a este último «que habían cogido a los más miserables, mientras que los verdaderos culpables seguían en sus poltronas», y que al decir esto se refería al alcalde y al secretario del Ayuntamiento[92].

35. José Canés. Industrial. Testificó primero en un atestado policial, y después ante el juez, el 11 de septiembre:

Que estando el miércoles en la puerta del café que hay frente a la estación vio llegar a dos individuos, uno al que conocía, que llaman Llarch y el otro que según dijeron era Ferrer i Guardia, y que se fueron en dirección a la Fraternidad Republicana.

Que ese mismo día las turbas derribaron la tapia de al lado de la estación y saquearon e incendiaron el almacén de la misma, siendo esos revoltosos los mismos que al día siguiente intentaron atacar el convento del pueblo, capitaneados por Iglesias, el Esmolet, y el secretario del Ayuntamiento.

Que una comisión de vecinos pidió al alcalde que fuera a Mataró para pedir a la Guardia Civil que enviase algunos números con los que defender la población, pero que preguntado al día siguiente si lo había hecho contestó que se le había olvidado.

Que no sabe nada acerca de si se transmitían órdenes a través de una tartana, pero que oyó que un tal Mamadits hizo varios viajes en bicicleta a Masnou sin saber para qué[93].

36. Pedro Pagés. Redactor de La Veu de Catalunya. Interrogado en el mismo atestado que el anterior, prestó posteriormente declaración el 10 de septiembre, y manifestó:

Que ha leído en La Almudaina, diario de Palma de Mallorca, que viniendo un contratista de obras por la carretera del litoral, se encontró cerca de Masnou con un grupo de picapedreros a los que conocía por haber trabajado para él, y que le dijeron que habían recibido de Ferrer órdenes y dinero[94].

37. Juan González Coronado. Cabo primero del Cuerpo de Carabineros. Prestó servicio en Badalona. Fue llamado a declarar por el juez instructor comandante Raso el día 13 de septiembre, al que dijo:

Que desconoce si Ferrer ha tenido intervención en los sucesos, pero que ha escuchado decir, por rumores que no sabe de quién proceden, que le había sugerido al alcalde de Premiá que quemaran la iglesia y el convento del pueblo.

Que también ignora si reclutó obreros en las canteras de Mongat para proveerlos de dinamita, ni sabe tampoco que trasmitiera órdenes o consignas a nadie a través de tartanas, bicicletas o de cualquier otra forma[95].

38. Pascual Muntané. Vaquero. Se le denunció como presunto emisario, sirviéndose de su tartana, de las órdenes de Ferrer. Declaró ante el Juzgado instructor el 11 de septiembre, y señaló:

Que el día 31 de agosto condujo en su carro hasta Masnou al alcalde Premiá, al señor Mustarós y a otro individuo cuyo nombre ignora; que al llegar allí se bajaron los tres, regresando enseguida y ordenándole volver a Premiá; que no sabe, tal como se le pregunta, si la tercera persona se trataba de Juan Solá; y que no recibió el menor encargo de Ferrer en ningún momento[96].

39. Rosendo Gundás. Carpintero. Realizó durante los días de autos trabajos de carpintería en Mas Germinal. Testificó ante el juez Raso el día 9 de septiembre, y dijo:

Que estando trabajando en la finca del señor Ferrer, entre el 27 y el 29 de julio, en la colocación de una puerta, llegó aquél y, tras preguntarle qué pasaba por Tiana, añadió: «Ahora es el momento de quemarlo todo», sin que pudiera él apreciar el sentido y la intención de esas palabras.

Que ignora por completo si Ferrer tomó parte en los sucesos de aquellos días, y mucho menos aún si tuvo alguna influencia en los individuos que los perpetraron[97].

40 y 41. Miguel Carreras. Sillero. Ángel Morales. Tejedor. Denunciados por algunos vecinos de Premiá, el primero como portador de cartuchos de dinamita, y el segundo de ser emisario de Ferrer para transmitir sus órdenes. Testificaron ambos el 12 de septiembre.

Ninguno de los dos confirmaría esas denuncias, asegurando no conocer a Ferrer, justificando laboralmente sus idas y venidas, y negando cualquier tipo de participación en los hechos de autos, ni como dinamitero, el uno, ni como transmisor de órdenes o consignas de ningún tipo, el otro. Y nadie pudo presentar prueba alguna de convicción que los asociara a los sucesos perseguidos.

42. Salvador Millet. Abogado. Residente en Barcelona. Declaró ante el juez Raso el 17 de septiembre, y dijo:

Que según referencias que le han llegado a Barcelona, el día 27 o 28 un grupo de revoltosos arengaron a la muchedumbre reunida junto al Ayuntamiento de Masnou, diciendo hablar en nombre de Ferrer, cuya presencia excusaron al decir que estaba ocupado en otros trabajos relacionados con la revolución[98].

43. Esteban Puigdemont. Zapatero. Vecino de Masnou. Llamado a testificar el 23 de septiembre, manifestó:

Que la tarde del miércoles 28 llegaron a Masnou grupos de personas extrañas al pueblo, que venían en actitud sediciosa, y que desde los balcones del Ayuntamiento, dos de esos individuos arengaron a los vecinos, diciendo uno de ellos que venían en nombre de Ferrer, quien no podía asistir al acto, hecho este que pudo además reforzar por que constituyó un rumor público[99].

44. Leoncio Ponte. Teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Comandancia del Cuerpo en Barcelona. Ordenó varios atestados sobre la rebelión, y declaró el 14 de agosto.

Ponte, que como se ha señalado, intervino como testigo de cargo en el proceso seguido a Ferrer con ocasión del atentado de la calle Mayor de Madrid, afirmó haber recibido «confidencias reservadas» de la participación del procesado en los desórdenes de Masnou y Premiá, al tiempo que señalaba que fue desde los Centros Republicanos de ambas localidades de donde partieron las órdenes y consignas para los revoltosos. Y que ésa sería la razón por la que encargó la realización de los atestados necesarios para investigar tales responsabilidades.

45 a 70. Los veinticinco testigos incluidos en este apartado completan la larga nómina de los vecinos de Masnou y Premiá, citados por el juzgado o interrogados en el curso de los atestados realizados por la policía y la Guardia Civil. De sus testimonios, coincidentes en una gran parte con los anteriormente recogidos, se extraen como conclusiones más importantes que casi todos supieron, por haberlo oído, de la entrevista que Ferrer mantuvo en el Centro Republicano con las autoridades locales; que, muchos censuraron la actitud negligente del alcalde y del secretario del Ayuntamiento, tanto al entregar armas a algunos vecinos como al rechazar el apoyo ofrecido para mantener el orden por parte del Cuerpo de Carabineros y el Somatén del pueblo; que la mayoría identifican sin dudar a los alborotadores que lideraron los desórdenes; y que, aunque no pocos sospecharon o pudieron albergar dudas sobre la instigación que pudo ejercer el director de la Escuela Moderna en los desórdenes producidos, en ambos pueblos no le vieron participar ni intervenir en ninguno de ellos.

Faltas de pruebas concluyentes las alusiones a la vinculación de Ferrer con los cuarenta dinamiteros llegados a la localidad o los obreros de las canteras de Mongat que también perturbaron el orden, así como al envío de consignas por parte de aquél a los revolucionarios (los supuestos emisarios Muntané, Carreras y Morales lo niegan tajantemente) y sujeta a dudas únicamente la posibilidad de que algún vecino pudiera ayudarle a esconderse, queda sólo añadir el sentimiento generalizado de su condición de instigador de la revuelta. Punto este último perfectamente entendible, dado que, conocido como era en la comarca el componente revolucionario del director de la Escuela Moderna, resulta verosímil que la fama de que venía precedido, sobre todo tras el atentado a los Reyes, pudo dar a sus movimientos una relevancia que llevara a las gentes a creer que estaba moviendo los hilos del alzamiento. Y prueba de ello es que en ninguna otra localidad de la provincia (ni en Tarrasa, ni en Sabadell, ni en Manresa, ni en Granollers, lugares todos seriamente afectados por la rebelión) se mencionó su nombre, y, menos aún, se le relacionó con la revuelta.

Sorprende, sin embargo, que durante el juicio oral, tanto el fiscal como el auditor de Guerra alabasen la firmeza con que los responsables políticos de Masnou y Premiá rechazaron las propuestas de Ferrer, cuando de la gran mayoría de las declaraciones se deduce que su intervención en los desórdenes no tuvo un carácter ejemplar, y que fue desde los Centros Republicanos desde donde se impartieron las consignas a los alborotadores. Puig Ventura se prestó, sin la menor objeción, a acompañar al director de la Escuela Moderna a Premiá para explorar la receptividad del pueblo a apoyar el alzamiento. Casas Llibre eludió todas sus responsabilidades, rechazando cualquier colaboración de la fuerza pública para atajar el vandalismo. Y Álvarez Espinosa puso en manos de los sediciosos las armas de que disponía el Ayuntamiento, del que era secretario.

D. Testigos que responsabilizan a Ferrer de la inducción, el influjo, la gestión, el liderazgo y la autoría de la huelga general, primero, y la rebelión militar, después, desarrollados en la semana de autos.

71. Javier Ugarte. Fiscal del Tribunal Supremo. Enviado a Barcelona para investigar las responsabilidades de la insurrección. Testificó a través de una carta, el 17 de septiembre.

Son sobradamente conocidas las manifestaciones que ante los periodistas madrileños hiciera el fiscal Ugarte el 27 de agosto, y que pueden resumirse, utilizando sus propias palabras, en que «Ferrer fue el alma de los abominables sucesos revolucionarios de julio». Exhortado posteriormente por el juez Raso a declarar por escrito, en virtud de su cargo, lo hizo desde Fuenterrabía, donde veraneaba, matizando, eso sí, sus primeras afirmaciones, al fundarlas en las opiniones que escuchó mientras cumplía el encargo del Gobierno de investigar a los responsables de la revuelta:

Que entre las acusaciones personales que con más insistencia escuché durante mi estancia en Barcelona, figuraba la que suponía a Ferrer como el director o uno de los directores del alzamiento. Su filiación rebelde como fundador de la Escuela Moderna, donde se impartían enseñanzas acordes con los móviles de los atentados cometidos; sus notorias conexiones con los elementos que prepararon la huelga y la rebelión; la estrecha relación que se le atribuye con Asociaciones internacionales de carácter radical y ácrata; y hasta su desaparición repentina y misteriosa, son indicios que estimó como importantes el sentir general. Y apoyadas en esa opinión fueron las consideraciones que se me hicieron.

Sobre la intervención del fiscal del Supremo en el curso del proceso se ha hablado ya suficientemente. Tanto su influencia en el cambio de jurisdicción de la causa, que tras su llegada pasaría de la civil a la militar, como la violación de que hizo objeto el sumario, han sido objeto de crítica por parte de la gran mayoría de los historiadores. Si acaso, habría que añadir, a la luz de su último testimonio, la evidencia de que las responsabilidades que atribuyó a Ferrer son resultado de opiniones y comentarios que basan sus acusaciones no en los delitos que el procesado pudo cometer, sino en la ideología que, pretendidamente, le obligaba a cometerlos. Y, en consecuencia, abunda en la convicción generalizada de que aquél fue condenado por sus ideas políticas y religiosas más que por sus actos[100].

72. Enrique Díaz Guijarro. Jefe superior de policía de Barcelona. Fue el primero de los testigos en deponer en la Causa general. Declaró ante el Juzgado el 29 de julio, y opinó así sobre los sucesos:

Que este anarquista (Ferrer i Guardia), gran propulsor de las ideas de este género, que ha sostenido aquí la Escuela Moderna para inculcar estos principios en el ánimo de la juventud; que después de obtener la absolución en su causa marchó a París, siendo uno de los elementos más valiosos de la Confederación General del Trabajo; que ha hecho frecuentes viajes a Londres para ponerse en contacto con los anarquistas de más prestigio y los revolucionarios de más valía; y que ha vuelto recientemente a Barcelona, donde, por rara o normal coincidencia, se encontraba desde bastantes días antes de estallar los presentes disturbios.

La declaración del máximo responsable de la policía barcelonesa abre, por ser la primera, la vía de la incorporación de las ideas políticas como demostrativas de la conducta delictiva. El hecho de que Ferrer hubiese fundado la Escuela Moderna, respaldase la filosofía de la CGT francesa o tuviera contacto con anarquistas en Europa era motivo suficiente como para, cuando menos, sembrar una sospecha acerca de la coincidencia de su estancia en Barcelona con la Semana Trágica[101].

73. Alfredo García Magallanes. Teniente retirado del Ejército. Citado dos veces a declarar, una en el curso de un atestado llevado a cabo por el teniente Modesto de Lara el 10 de septiembre, y otra ante el Juzgado el día 24 del mismo mes.

Anticipado ya en un capítulo anterior el testimonio de García Magallanes, manifestando haber escuchado decir al periodista «Pierre» que Ferrer era el inductor de la rebelión, y que le había animado además a jugar a la baja en la Bolsa, importa señalar que en su segunda declaración rectificó su anterior afirmación de que el redactor de La Rebeldía le hubiera propuesto ninguna operación financiera:

Que habiéndose encontrado el 9 o 10 de agosto viniendo del Parque con un redactor de La Rebeldía, conocido por Pierre, quien le dijo que creía, por haberlo oído, que los sucesos de julio eran de carácter anarquista y promovidos por Solidaridad Obrera bajo la dirección de Ferrer, pero que le interesaba aclarar que en relación con la participación de aquél en jugadas de Bolsa, lo que le había dicho Pierre no es que se lo hubiese contado directamente Ferrer sino que había escuchado a alguien comentarlo[102].

La importancia de esta matización radica en que niega la afirmación de que Ferrer pudiera haber utilizado la rebelión para el logro de una jugada financiera, convirtiéndola en un mero rumor, escuchado además de segunda mano y, por tanto, de dudosa solvencia. Ferrer no habló en ningún momento del interés de jugar a la Bolsa a Pierre, sino que éste «creyó haber escuchado esa información en alguna parte».

74. Manuel Jiménez Moya. Propagandista republicano. Desterrado desde el mes de junio anterior en Palma de Mallorca. Su testimonio aparece incluido en el atestado realizado el 23 de agosto por encargo del capitán de la Guardia Civil, Pablo Riera.

También recogida ya en el apartado dedicado al auto de procesamiento, recuérdese simplemente que, preguntado por el carácter de los sucesos revolucionarios, Jiménez Moya contestó que «sin tener pruebas en que fundarse y sólo como apreciación personal» creía que los disturbios podían haber sido provocados por los elementos antimilitaristas de los que forma parte Ferrer, pues «había leído en determinados periódicos» que Solidaridad Obrera había celebrado una reunión clandestina, de la que salieron delegados con consignas hacia distintos pueblos.

75. Modesto de Lara. Teniente de la Guardia Civil. Llevó a cabo varios de los atestados sobre la rebelión, y depuso ante el Juzgado el 10 de septiembre, señalando:

Que Ferrer incitó en Premiá a las autoridades municipales a secundar la rebelión de Barcelona, propuesta que fue rechazada, por más que el secretario del Ayuntamiento entregó a los rebeldes armas con las que hicieron fuego contra los carabineros.

Que por las apreciaciones de quienes han intervenido en los atestados llevados a cabo sobre la revuelta, aparece Ferrer como inductor y director de cuanto ha ocurrido, tanto en lo referido a la guerra de Melilla, antimilitarista como él es y lo son los textos de la Escuela Moderna, cuanto como protector de Solidaridad Obrera e instigador de unas proposiciones de las que otros se hicieron eco y que dieron lugar a que comenzaran las violencias[103].

Partiendo de la condición de subordinado jerárquico del teniente coronel Ponte y el capitán Riera, por orden de los cuales llevó a cabo los referidos atestados, no resulta extraño que sus opiniones (es conocido el principio de «obediencia debida» que inspira a la Guardia Civil) coincidieran con las de aquéllos en el enjuiciamiento de los hechos. Sólo conviene prestar atención a que, una vez más, se atribuye a las ideas de Ferrer (traducidas en la Escuela Moderna y sus libros) la condición de elementos inductores de los sucesos de julio.

76. Narciso Verdaguer. Concejal por la Lliga en el Ayuntamiento de Barcelona. Declaró el 30 de agosto sobre su impresión acerca de la instigación de los sucesos sediciosos.

Anotado ya previamente su testimonio, sólo hay que insistir en que su declaración, basada como la de tantos otros en «noticias que no tiene medios de comprobar», los sucesos de julio surgieron por iniciativa de los anarquistas, impulsados por Ferrer y un profesor apellidado Ribas, y continuaron su desarrollo gracias al concurso de las «heces sociales que existen en Barcelona», formadas, sobre todo, por los secuaces del Partido Radical.

77. Baldomero Bonet. Comerciante. Militante radical. Encarcelado por incendio y saqueo, testificó el 13 de septiembre:

Que por el antagonismo que siempre ha sentido contra los radicales Solidaridad Obrera, con objeto de aniquilarlos y desprestigiarlos, cree que el origen de lo sucedido radica en dicha Solidaridad, y, como es bien sabido que esta organización carece de recursos, participa en la idea general de que éstos se los ha facilitado Ferrer i Guardia.

Que la animosidad entre el Partido Radical y Solidaridad, la sabe por haberlo leído en El Progreso, y que corresponda a Solidaridad la autoría de la rebelión lo deduce de rumores que han llegado hasta él, sin que pueda precisar detalles ni designar personas concretas que se lo hayan expresado[104].

78. José Lloret. Se desconocen sus datos personales. Con fecha de 4 de septiembre dirigió desde Lequeitio (Vizcaya), donde veraneaba, una carta al Juzgado en la que decía:

Por los periódicos de Barcelona me entero de la captura de Ferrer i Guardia y quiero poner en su conocimiento, como instructor de la causa que se le está siguiendo que, por noticias que tengo de don Elías Colominas, que vive en el 192 de la calle Balmes, sé que él decía públicamente que el tal Ferrer era el alma del movimiento, habiendo para ello comprometido al Partido Radical y estando desde un primer momento al frente de la revuelta[105].

Del recuento de todos estos testimonios se extraen como principales conclusiones que todos los declarantes basan sus denuncias en rumores, lecturas de diarios o referencias de segunda mano; sustentan sus cargos no en las actividades de Ferrer respecto a los hechos, sino en la influencia que sobre la rebelión pudieron tener sus ideas y, sobre todo, las enseñanzas de la Escuela Moderna; y no refrendan en ningún caso las acusaciones formuladas contra él con elementos probatorios distintos a sus creencias u opiniones personales.

E. Testigos (no incluidos como tales en el sumario) que no fueron llamados a declarar, bien por encontrarse desterrados, haber conseguido huir de la justicia, o no considerar el Juzgado pertinente su comparecencia.

Entre este conjunto de «voces excluidas», de testimonios voluntariamente ignorados, habría que distinguir tres grupos perfectamente diferenciados: el de los deportados por la autoridad gubernativa a Teruel; el de los intelectuales europeos reclamados por la Defensa; y el de quienes, en su condición de denunciantes de Ferrer, o de protagonistas de la práctica totalidad de los hechos delictivos perpetrados durante la semana de autos, fueron inexplicablemente ignorados por el Juzgado instructor de la causa, sin razones convincentes que lo justificasen.

En relación con el primero, integrado por Soledad Villafranca, José Ferrer, María Fontcuberta, Anselmo Lorenzo, Cristóbal Litrán, Mariano Batllori, José Meseguer y José Villafranca, el juez basó, como es sabido, la decisión de no admitir su testimonio en razón de haberlo recibido fuera de plazo, cuando el proceso ya estaba concluido. Las circunstancias del destierro no facilitaban, como se verá más adelante, la comunicación de los deportados con el exterior (se llegó a decir, incluso, que la propia policía les recomendó que no se apresurasen a declarar), y en medios judiciales se ha cuestionado la interpretación restrictiva del Código de Justicia Militar que en este punto adoptó el comandante Raso, aunque siempre persistirá la duda de si Soledad y sus compañeros pudieron o no cursar su petición dentro de las fechas, para ellos desconocidas, determinadas en el articulado del procedimiento.

Respecto al segundo, del que formarían parte William Heaford, Henry Rodufort, Jean Jacques Kaspar, Ferdinand Buisson, Giuseppe Sergi y Leon Fournemont, destacados miembros de diferentes instituciones educativas y científicas europeas, cuyos testimonios fueron solicitados en el acto del Plenario por el abogado defensor, sorprende que en un proceso plagado hasta la exageración de pruebas documentales acerca del pensamiento político y las ideas de Ferrer i Guardia, se excluyeran, por el contrario, aquellas que, en el mismo sentido, podían aportar datos referentes a su quehacer pedagógico. Máxime cuando los testimonios requeridos por la Defensa hubiesen podido contribuir a justificar sus actividades durante los dos últimos años, en los que, por razones de trabajo, permaneció en estrecho contacto con ellos.

Y en cuanto al tercero de los apartados, tampoco es comprensible que el Juzgado ignorase el singular interés que para el proceso representaban las declaraciones de los ya citados periodistas Pascual Zulueta y Domingo Gaspar («Pierre»), que denunciaron la presencia de Ferrer en Barcelona durante la insurrección; y, sobre todo, de los agitadores Leopoldo Iglesias, Juan Solá («Casola»), Juan Vila («Famataire»), Agustín Dragues («Jepus»), Luis Arzuaga, Juan Freixas («Mamadits»), José Rectoret, Jaime Resalet y el conocido como «Esmolet», participantes e incluso líderes destacados en los disturbios, incendios y atentados producidos en Masnou y Premiá, de todos los cuales únicamente dos, Juan Solá y Agustín Drages, consta sumarialmente que habían conseguido huir al extranjero a principios del mes de agosto, encontrándose el resto en prisión y, por tanto, a disposición del juez instructor de la causa[106].

F. Testigos varios que, relacionados de algún modo con las jornadas revolucionarias (participaran o no en las mismas), declararon desconocer a Ferrer, no haberle visto durante el transcurso de esos días o ser ajenos a los hechos de la Semana Trágica.

79 a 104. En este nutrido y poco homogéneo capítulo testifical se incluyen las declaraciones de significados dirigentes políticos, como Emiliano Iglesias y Luis Zurdo Olivares (radicales) o Mariano Castellote (anarquista), que dijeron desconocer las actividades de Ferrer durante esos días; de diversos jefes y oficiales del Ejército, la Guardia Civil y el Cuerpo de Carabineros, que, como el general Brandeis, los capitanes, Riega y Díaz Contesti, y el teniente Ruiz Montes, ordenaron o llevaron a cabo los atestados ya comentados; de los miembros del Somatén de Alella que lo habían detenido; de los inspectores y agentes de policía que participaron en los registros de Mas Germinal y la sede de su editorial; de las diferentes personas a quienes se atribuyó haberle dado cobijo durante el tiempo en que permaneció oculto; de varios sediciosos del barrio barcelonés de Horta, que negarían haber recibido dinero del procesado, de quien ni siquiera habían oído hablar nunca antes; y de otros personajes sin interés documental, bien por haber sido llamados a declarar por error, bien por no aportar datos estimables al proceso.

105. Ángel Ossorio y Gallardo. Gobernador civil de Barcelona hasta el mediodía del lunes 26 de julio. Su amplia testificación recogida en la Causa general se redujo en la pieza posteriormente desglosada a trece escuetas líneas, que textualmente decían:

Otro elemento que a mi juicio ha colaborado a lo ocurrido es la entidad Solidaridad Obrera, de tendencia resueltamente anarquista, que aprovecha cualquier ocasión para poner en práctica sus teorías; que ha celebrado o ha intentado celebrar reuniones contra la guerra; y algunos de cuyos caudillos creo que fueron detenidos en los primeros momentos por excitar a la sedición.

Que, a mi parecer, acrisolado por la experiencia de dos años y medio de Gobierno en Cataluña, los que atacan a la fuerza pública obstinada y ciegamente son los anarquistas y los republicanos del Partido Radical; mientras que los que procuran que esa acción se extienda y se prolongue, tirando la piedra y escondiendo la mano, son los catalanistas[107].

El testimonio de Ossorio y Gallardo sobre su opinión acerca del alzamiento (que se advierte mutilado en el sumario, al no haber sido traspasada su primera parte al nuevo proceso desglosado) lo ampliaría el propio interesado, en diciembre de ese año, ya naturalmente fuera del proceso, en su libro Barcelona, julio de 1909:

Los procesos se han fallado por cientos y los jueces han actuado por docenas. Se han encontrado pruebas de inducción histórica, como las atribuidas a Ferrer, y cargos de intervención material en la sedición. Pero de conjura, de plan, de concierto previo, de recluta de gentes, de distribución de papeles, de pago de revoltosos, de suministro de armas, de instrucciones concretas, previas al 26 de julio, no he oído hablar ni una sola palabra.

La sedición no tuvo unidad de pensamiento, ni homogeneidad de acción, ni caudillo que la personificara, ni grito que la concretase. En cada calle y cada rincón se vociferaban consignas distintas y se batallaba con miras diferentes.

Concluidas las declaraciones de todos los testigos emplazados en la causa con esta terminante afirmación del ex gobernador civil (tanto más valiosa por cuanto procede de quien mejor podía conocer el estado de la situación, y, sobre todo, porque excluye que la rebelión careciera de organización y jefatura), parece quedar claro que Ferrer no intervino en la preparación de la huelga general; limitó sus actividades en Barcelona a explorar la posibilidad de convertir el paro en una acción revolucionaria; indujo al presidente del Centro Republicano de Masnou y a las autoridades municipales de Premiá, en el curso de una conversación privada, a secundar la rebelión, y proclamar la República; y permaneció al margen de los acontecimientos el resto de la Semana Trágica.

Y demuestra que, a la vista de lo conocido, y en un aspecto estrictamente judicial, cabría imputársele, como ya hizo en su momento el Juzgado de Mataró, un delito de inducción a la rebelión en Masnou y Premiá, con la atenuante de que su propuesta fue planteada, en el curso de una tertulia de café. Delito que, de haberse probado, se hallaba sancionado en el Código Penal con una pena de prisión mayor.

No es por tanto extraño que, aprovechando una de las pausas del juicio oral, en uno de los escasos momentos de flaqueza que tuvo Ferrer desde que fuera detenido, pudiera decirle con amargura a su abogado: «Van a fusilarme por las palabras de cuatro republicanos»[108].

VII

Las pruebas documentales

Menos numerosas que las testificales, aproximadamente en la proporción de una a cinco, las pruebas documentales esgrimidas contra Ferrer iban a coincidir, no obstante, con aquellas tanto en lo relativo a su escaso valor como piezas de cargo cuanto en lo que se refiere a las múltiples irregularidades de que se vieron rodeadas, datos uno y otro que vendrían una vez más a demostrar la tan repetida falta de garantías jurídicas de que adoleció en todas sus fases el procedimiento.

Con objeto de reunirlas, se ordenó la práctica de cuatro reconocimientos de la finca Mas Germinal y las dependencias de la editorial de la Escuela Moderna, que tuvieron lugar los días 11 de agosto (el primero); 27, 28 y 29 del mismo mes (el segundo); 4 y 5 de septiembre (el tercero); y 13 y 14 también de septiembre (el último). De ellos, dos cuando menos fueron realizados respectivamente por mandato del ministro de la Gobernación y del gobernador civil de Barcelona (incompetentes legalmente ambos para disponer dichas diligencias); otro viene timbrado en el auto que lo prescribe con un sello de la Capitanía General, lo que permite determinar también su procedencia; y sólo el cuarto respondió a una iniciativa del juez instructor, comandante Valerio Raso, decididamente empeñado, una vez detenido Ferrer, en acumular evidencias en su contra.

Respecto a la minuciosidad con que fueron realizados, da idea el hecho de que en su transcurso se revisaron con detalle todos los muebles de la casa, descerrajándose aquellos de los que no se disponía de llave; se desmontó la mampostería de los muros y paredes que inspiraron el menor tipo de sospecha; se destejaron los techos hasta llegar al cielo raso, allí donde se observó la existencia de alguna teja rota; se descubrieron las bovedillas de las bodegas, cuadras y pajares; se levantaron los suelos de las habitaciones en las que la madera crujía o sonaba a hueco; se investigaron dos norias, tres pozos, tres cuevas y hasta las madrigueras que se encontraron en el huerto; se realizaron sondas y calicatas en muros, tabiques y revestimientos; se vaciaron los toneles que almacenaban el vino y las tinajas en que se guardaba el aceite; se desecó por entero el estanque; se inspeccionó el horno con su tiro de chimenea; y hasta se practicó un completo registro de una mina en desuso situada a unos doscientos metros de la casa pero dentro de los límites de la finca.

El resultado de los mismos no respondió, sin embargo, a las expectativas de los investigadores. Pese a inventariarse centenares de documentos, cartas, postales, fotografías, libros, recibos, libretas de notas, volantes, resguardos bancarios, carnets de diferentes instituciones, cartillas de ahorro, folletos propagandísticos, apuntes sobre temas políticos o pedagógicos, y agendas de direcciones, muy poco o nada de lo incautado tenía relación con los sucesos de julio. Y las autoridades militares únicamente se sirvieron de una veintena de supuestas piezas de convicción, descubiertas en el segundo de los reconocimientos, que no iban a responder, ni en su origen ni en la forma en que fueron utilizadas, a las prescripciones que la ley determina como de obligado cumplimiento[109].

Tres puntos cuando menos lesionan la legalidad y perturban la inclusión de estas pruebas en la instrucción de la causa: el modo en que fueron hallados los documentos que las forman; su filtración en distintos medios de opinión durante la tramitación del proceso, con la consiguiente violación del secreto sumarial; y la falta de conexión suficiente entre los contenidos que expresan y los sucesos que persiguen.

Respecto al primero de ellos, resulta evidente que el conjunto de las cartas, manifiestos, circulares, escritos y proclamas utilizados luego como cargos por parte del Ministerio fiscal y el auditor de Guerra fueron incautados, tal y como se ha apuntado, en el registro practicado en la finca de Ferrer, Mas Germinal, los días 27, 28 y 29 de agosto, según se desprende del contenido del sumario. Un registro ordenado, como acaba de señalarse, por la autoridad gubernativa en vez de por el juez instructor, a quien correspondía su autorización; llevado a efecto en ausencia del procesado, entonces aún en paradero desconocido, y de sus allegados más próximos, desterrados en aquellas fechas en Teruel; y prolongado, sobre todo, durante tres días y dos noches consecutivas, con la consiguiente imposibilidad material de poder ser seguido por los testigos (limitados en este caso a la anciana Josefa Los Arcos) que asistieron al mismo.

Estas repetidas infracciones, además de transgredir los artículos 501, 502 y 503 del Código de Justicia Militar, y 566 y 570 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determinan que el reconocimiento sea ordenado por la autoridad judicial, se realice a presencia del procesado o de persona que le represente, y no tenga lugar de noche, cuestionaban seriamente la credibilidad sobre la procedencia de lo hallado y, habida cuenta de que el reconocimiento había sido practicado además por la policía gubernativa, abrían todo un abanico de sospechas, nunca por cierto despejadas, acerca de la fiabilidad de dicha diligencia.

Unas sospechas estas que aún se acrecentarían más tras conocerse que los documentos inventariados aparecían en el informe efectuado por la policía con unas apostillas que valoraban políticamente su contenido, en un intento más por relacionarlos con los sucesos de autos. Y como no es presumible que dichas notas fueran realizadas por los agentes gubernativos en el tráfago del registro, todo invita a pensar que fueron añadidas en el Gobierno civil antes de remitírselas al juzgado. Máxime, si se tiene en cuenta que lo incautado en el registro del día 27 de agosto no llegaría a poder del juez Raso hasta el 4 de septiembre siguiente.

En cuanto a la violación del secreto del sumario, no existe tampoco el más mínimo género de dudas. A raíz de la visita que el gobernador Crespo Azorín hiciera a la redacción de Diario de Barcelona el 31 de agosto, el periódico publicaba en su edición del día siguiente, sin citar naturalmente su fuente de información, varias de las circulares encontradas en el registro. Y lo mismo hicieron, el día 2, La Vanguardia y La Época, bien que este último diario omitiera deliberadamente sus fechas, y añadiese, además, con el presumible propósito de incriminar a Ferrer, que todas ellas llevaban infraescrita su firma autógrafa[110].

El filón que representaba esta filtración procesal no se haría esperar. Los periódicos conservadores e integristas de toda España se apresuraron a copiar y desfigurar estas piezas extraídas de la causa empleando en ello las más ingeniosas combinaciones posibles, bien reproduciéndolas incompletas o mutiladas, bien omitiendo sus fechas, bien señalando un solo escrito como «parte» significativa del total incautado. Y todo ello, además, sin el menor respeto a la situación del procesado, que, incomunicado como estaba, mal podía enterarse, y menos aún defenderse, de unas acusaciones que, repetidas y, sobre todo, distorsionadas, irían creando un creciente clima de opinión orientado a desacreditarle, cuyos efectos no tardarían en comprobarse[111].

Por lo que se refiere, finalmente, al valor probatorio de los documentos aducidos como pruebas de convicción, no hay duda de que en circunstancias menos enrarecidas por la presión política difícilmente hubiera sido siquiera estimado. Obsoletos y sin conexión con la revuelta, no tenían otro mérito que el de traducir la ya conocida ideología de Ferrer, especialmente la de su primera etapa republicana, o difundir consignas revolucionarias de carácter utópico, muy al uso en aquella época, razones todas ellas que hicieron que la prensa no comprometida con el Gobierno los calificara de «falsos, inadmisibles, desfasados e ingenuos».

Enumerados según el orden cronológico aproximado en que fueron redactados o impresos (algunos carecían de fecha, con lo que su localización temporal hubo de establecerse con un criterio estimativo), los testimonios documentales aducidos como pruebas de cargo en el juicio oral serían (según la transcripción de la Causa publicada por el Gobierno, puesto que los originales no se han conservado) los siguientes:

Prueba n.° 1. Obrante al folio 374 del sumario, tratábase de una circular fechada en septiembre de 1892 y escrita en papel comercial (con membrete del Hotel Castilla, de Santander), en la que, bajo el título de «A los congregados», podía leerse textualmente:

Varios de vosotros habéis leído el discurso que quise repartir entre todos los delegados pero que no pude hacerlo por no habérseme querido imprimir. Y todos estáis asimismo conformes con nosotros en que para hacer posible la revolución hemos de darnos la mano todos los revolucionarios.

No pretendemos unirlos a todos. Ni hace falta. Queremos solamente a unos trescientos que, como nosotros, estén dispuestos a jugarse la cabeza para iniciar el movimiento.

Buscaremos para ello el instante oportuno, como por ejemplo el de la iniciación de una huelga general o el de la festividad y vigilia de cualquier día Primero de Mayo.

Tenemos relaciones y lazos con el Partido obrero y otros grupos revolucionarios para preparar el terreno.

Estamos plenamente convencidos de que el día en que, a una misma hora, caigan las cabezas de la Familia Real y sus ministros, o se hundan los edificios que los cobijan, será tan grande el pánico que poco tendrán que esforzarse y luchar nuestros amigos para apoderarse de los más estratégicos centros oficiales y poder organizar Juntas revolucionarias.

A vosotros, los primeros adheridos, os cabrá la gloria y el honor de ser los iniciadores, y de morir los primeros por la consecución de esta causa, muerte mil veces más honrosa que vivir bajo la vergonzosa opresión de una vulgar pandilla de ladrones, capitaneada por una extranjera y sostenida por toda una legión de clérigos, capitalistas, canallas y explotadores.

¡Arriba, nobles y esforzados corazones, hijos del Cid! ¡No olvidéis que por vuestras venas corre sangre española! ¡Viva la revolución social! ¡Viva la dinamita!

Todos los que quieran formar parte de esos primeros trescientos, que escriban sus nombres y señas a Monsieur Ferrer. Poste restante. Rue Lafayette. París.

Quienes se adhieran hoy escribirán tres veces al mes, los días 10, 20 y 30, empezando el 30 del corriente, y diciendo unas o varias de las cosas siguientes:

No hay novedad.

Tengo uno, dos, tres, etcétera, amigos más (con nombres y señas, en caso de haberlos).

Con defensa (armas) o sin ella.

Pudiendo viajar (querrá decirse que puede pagarse el viaje a Madrid sin dificultad).

Queriendo viajar (querrá decir que se halla dispuesto a hacerlo, pero carece de fondos para ello).

Con víveres (dinamita) para uno, dos, tres, etcétera.

Dos o tres días antes del destinado, se llamará a Madrid a los conjurados para exponerles el plan y que vean cómo los organizadores son los primeros en acudir a los lugares de peligro, demostrándoles que así como han sabido congregarlos y preparar el movimiento, sabrán igualmente darles ejemplo de sacrificio en bien de la libertad y la emancipación social[112].

La descalificación de este testimonio (redactado a raíz de la suspensión del Congreso Internacional del Libre Pensamiento, en septiembre de 1892, y que no fue siquiera impreso) resulta fácilmente explicable. Ferrer era en esa época un enardecido revolucionario, capaz de suscribir una proclama de esa naturaleza, pero ello no le vincula con unos acontecimientos acaecidos dos décadas más tarde. En primer lugar, por la fecha en que fue escrito, que lo antepone en nada menos que diecisiete años a los hechos juzgados. En segundo término, porque no guarda la menor relación con los sucesos de julio. Y finalmente, por tratarse de un panfleto que, por la desproporción de su mensaje («caigan las cabezas de la Familia Real», «hundir los edificios públicos»), tiene el carácter de una soflama extravagante, que Ferrer hubiese querido pronunciar ante el Congreso, en un momento de exaltación, pero que, por su contenido ilegal, no pudo hacerlo. Y de la que algún estudioso del tema ha llegado a escribir que era «tan simplista y peculiar, que invitaba a pensar en una burda falsificación, de no haber recocido aquél su autoría».

Prueba n.° 2. Recogida en el folio 376, venía constituida por una proclama impresa en los últimos años de la vida de Ruiz Zorilla dirigida a promover una mayor conciencia revolucionaria entre los republicanos españoles:

¡Españoles! ¡Catalanes! ¡Barceloneses!: La hora tan ansiada de las reivindicaciones populares ha sonado ya. Si se ha tardado más de lo que era de desear no es culpa nuestra.

Tampoco fue nuestra la culpa si cuando en 1883 el valiente Vega proclamó la República en Badajoz, no respondieron los otros lugares comprometidos. Como no lo fue, la derrota del general Villacampa, en 1886, en Madrid.

¡La Historia juzgará a los culpables!

No pensemos en el pasado más que para recordar las ignominias cometidas por los malditos Borbones contra el pueblo. Pensemos en los millones chupados de nuestra sangre para entregárselos a una extranjera que se burla de nosotros. Pensemos, sí, en todo cuanto nos roban para dárselo a un niño a quien llaman Rey y a sus hermanos y a sus tíos y a sus abuelos y a todos sus parientes, allegados y amigos.

¡Qué vergüenza!

Mientras ellos y sus ministros llenan sus arcas de oro y mandan dinero al extranjero para tenerlo más seguro, nosotros luchamos aquí en cambio con la incertidumbre, con la carencia de trabajo, con el hambre y con la miseria.

¡Basta ya de sumisión!

Echémonos todos a la calle para apoyar la revolución al grito de ¡Viva la República! Acudamos todos a donde se hallan nuestros hermanos luchando por la causa del pueblo.

Propietarios: Apoyad la revolución, y con la República podréis estar seguros de pagar sólo lo que la Nación necesita.

Industriales y comerciantes: Haced la revolución, y la República se ocupará de vuestros intereses.

Obreros y trabajadores todos: Vosotros sois los que debéis hacer la revolución, porque sois quienes, en el fondo, tenéis más hambre de pan y más sed de justicia.

¡Españoles, a las armas! ¡Que resuenen, por fin, en Barcelona los gritos que se oyen ya en toda España! ¡Viva el Ejército republicano! ¡Viva España con honra! ¡Viva la República! ¡Vivan todos los valientes! ¡Viva la revolución![113]

Lo mantenido acerca de la prueba anterior puede perfectamente aplicarse a la presente. Suscrita con antelación a 1895 (recuérdese que fue en ese año cuando falleció Ruiz Zorrilla), la proclama es una más de las muchas redactadas por el exiliado líder del republicanismo en su permanente política conspirativa. Y ni cabe por ello imputar su paternidad a Ferrer, que se limitaría probablemente a firmarla en su condición de secretario de la Junta Revolucionaria, ni mucho menos relacionarla con la Semana Trágica, que respondió a motivaciones de índole bien diferente.

Prueba n.° 3. Consistía este documento, unido a los folios 188 y 189 de la causa, en una carta sin fecha de Ferrer a Lerroux, por conducto de la que le sugería que considerase la posibilidad de hacerse cargo de la dirección y jefatura del Partido Republicano:

Amigo Lerroux: Hace años, en 1892, cuando regresé a París y di cuenta a don Manuel (Ruiz Zorrilla) de mi viaje a Madrid con ocasión del Congreso Internacional de Librepensadores, recuerdo que uno de los puntos más importantes que le hice saber fue que había en El País un redactor apellidado Lerroux que valía un imperio y que llegaría a convertirse en una de las primeras figuras del Partido Republicano. Han pasado siete años desde que emití dicha profecía y estoy tan satisfecho del buen resultado de mi agüero que, no contento con que usted sea una de las más relevantes, creo que puede llegar a ser sin duda la principal de todas.

Lejos de mi ánimo dar bombos a nadie ni atreverme a aconsejar a quien no lo necesita, pero, usando de la amistad que nos une, deseo notificarle un pensamiento que me persigue desde hace muchísimo tiempo. Es éste: el Partido Republicano no ha logrado nada, a pesar de la buena voluntad que tuvo don Manuel y de sus coaliciones y uniones, porque la mayoría de los titulados republicanos no han tenido o no han buscado la ocasión de hacer auténticos sacrificios por la causa. No importa averiguar de quién es la culpa. Lo que verdaderamente interesa saber es si hay o no verdaderos revolucionarios, y esto es algo, querido Lerroux, que ni usted ni yo estamos en condiciones de dudar.

En sus viajes propagandísticos por la revisión del proceso de Montjuïc habrá usted podido convencerse de que los hay, del mismo modo que yo también estoy seguro gracias a los datos que me suministran mis amigos de Cataluña. Y no solamente creo que hay bastantes sino los suficientes, además, como para hacer la revolución. Lo difícil es aunar estos elementos, darles calor, ánimo y confianza. Difícil, efectivamente, para los organismos anticuados, y para los hombres que fueron y todavía creen seguir siendo sus jefes. Pero no complicado, sin embargo, para un hombre joven, nuevo, capaz, con fe, prestigio, fuerza y voluntad. Y ese hombre ha de ser usted, amigo Lerroux. Sí, señor. Usted podrá y deberá ser el organizador de las fuerzas revolucionarias y quien las dirija al combate en el instante en que llegue la hora decisiva.

Pero no termina aquí mi pensamiento, sino que incluye asimismo el modo de unir a todos los que estén dispuestos a hacer algo en beneficio de la revolución. Para mí no hay otra manera que no sea la de hacernos contribuir a todos con la cuota voluntaria que, semanal o mensualmente, nos comprometamos a pagar. No sería la constitución de un partido nuevo sino la forma de utilizar todas las fuerzas republicanas. Y para ello tal vez fuera conveniente conseguir que en la primera lista de suscripción figurasen Pi, Esquerdo y Salmerón, aunque sin insistirles demasiado ya que, siendo los responsables de la inacción existente, no hay que contar ya en lo sucesivo con su ayuda y cooperación.

Como primer acto, podría escoger usted entre la publicación de un manifiesto en El Progreso con la primera lista de suscriptores (para lo que yo enviaría 100 pesetas) o la celebración de un mitin en Barcelona o cualquier otro punto de España. No sería ningún impedimento para esto la campaña que está usted montando por la revisión del citado proceso. Al contrario. Cada mitin por lo de Montjuïc podría sumar también adhesiones a la Liga revolucionaria con la que pretendemos hacer justicia al pueblo.

En cuanto a organización, le sugeriría acabar con los habituales Comités que tan pésimo resultado han dado, y utilizar, por el contrario, individuos voluntarios que en cada localidad se ocuparan de recoger los fondos, mandarlos al punto convenido, tomar nota de la gente para una cosa u otra, y entenderse además con usted directamente. El Progreso se encargaría de publicar las listas de suscripción para comprobar los envíos. Y no siendo conveniente guardar el dinero en España, porque se incautaría de él el Gobierno al menor mal humor que tuviera, podríamos depositarlo en un Banco extranjero o en manos de cualquier político francés que nos inspirase confianza. Esto facilitaría el poder recoger también fondos en París y Londres, porque yo me encargaría de hacer propaganda en la prensa francesa, y otros amigos que conozco cuidaríanse a su vez de hacerla en la londinense.

Usted es un gran propagandista y se cuentan por cientos los amigos que tiene repartidos por todas las regiones del país. Y con un poco de dinero y esa propaganda, estoy convencido de que hallaríamos apoyo moral y material para grandes empresas. Éste es mi pensamiento. Y tengo fe en que un hombre de su valor pueda canalizarlo y llevarlo a la práctica.

¿Qué le parece? ¿Tendré la dicha de que no lo halle usted descabellado y lo prohíje? ¿O tiene, por el contrario, otras ideas, planes o proyectos? Le ruego medite esto que le digo y tenga la amabilidad de hacerme saber su respuesta[114].

La utilización de esta carta como testimonio de cargo representa un nuevo ejemplo de arbitrariedad por cuanto ni en la letra ni en el espíritu presupone el menor espíritu delictivo. Escrita en 1899, se limita a aconsejar a Lerroux la conveniencia de liderar el Partido Republicano, vacante en su jefatura tras la muerte de Ruiz Zorrilla, e indicarle el orden de actuaciones, que, en opinión del procesado, mejor convenían a su organización. Si acaso, la misiva recuerda la ideología de Ferrer y su preocupación, ya conocida, por el retorno y el afianzamiento de la causa republicana.

Prueba n° 4. Adjunta al folio 177, se trataba de otra proclama escrita a máquina y desprovista asimismo de fecha, cuyo texto, marcadamente nihilista, incitaba a las masas proletarias a emprender la senda de la revolución sin reparar en los medios conducentes a ella:

¡Compañeros! ¡Compañeros de degradación, de ignominia, de miseria y de hambre! ¡Compañeros, escuchad!

Dejemos a los burgueses calcular qué atropellos, usuras y envenenamientos les serán más lucrativos.

Dejemos a los políticos de profesión, forjando programas de todos los colores cuyo único fin es explotarnos.

Dejemos a los comerciantes de la llamada Unión, falsos y egoístas redentores, que se contentan con una economía de 100 millones y prometen seguir pagando, a nuestra costa, al Clero y al Ejército, que les garantizan sus robos y fraudes.

Esos comerciantes, esos políticos y esos burgueses no son sino una despreciable minoría. Nosotros somos, por el contrario, los más y los mejores. Pero nos explotan, nos sacrifican, nos atan y nos deshonran porque no somos hombres o no nos conducimos, al menos, como tales. Nos consideran vil rebaño de ovejas sarnosas y casi puede decirse que tienen razón puesto que lo consentimos.

Pero, por fortuna, se acerca la hora de demostrar ante el mundo que no queremos seguir siendo explotados.

¡Compañeros, seamos hombres!

En el momento de la revolución que se avecina, pasad por encima de los malditos burgueses y sus ridículos programas. Antes que edificar, nos importa arrasar todas las ruinas. Si entre los políticos hay algún hombre digno de respeto, algún ciudadano que tenga justa popularidad, ya veréis cómo sale a conteneros en el instante crítico con el pretexto de la humanidad y los sentimientos generosos. Pero no le hagáis caso. Pasad por encima de ellos, matadlos si es preciso. ¿O por ventura se acordaron ellos de la humanidad y de la generosidad cuando Portas atormentaba en Montjuïc, cuando Polavieja asesinaba en Manila, o cuando Weyler se ensañaba con las víctimas indefensas de la inmolada Cuba?

Venga la revolución, porque es tan inevitable como la bancarrota. Pero no la dejéis jamás en manos de una burguesía tan malsana como reaccionaria. Y sobre todo, no descanséis hasta que hayáis sacado todas las consecuencias de ese hecho que, sin vosotros, sería tan vergonzoso como estéril[115].

Impresa entre 1900 y 1902, fechas entre las que desarrolló su actividad la Unión Nacional de Cámaras de Comercio (constituida bajo la dirección de Joaquín Costa, Santiago Alba y Basilio Paraíso, en cuyo programa figuraban efectivamente tanto la reducción del presupuesto en 100 millones como el reconocimiento de las obligaciones económicas contraídas con el Ejército y la Iglesia), fue esta una de las tres circulares que, pese a la negativa de Ferrer a reconocerlas como suyas, habrían de ser no sólo incorporadas a la Causa, sino reproducidas por la prensa conservadora e integrista, en una nueva violación del secreto sumarial.

En línea con las anteriores piezas anotadas, el documento, que Ferrer no admitió en ningún momento como propio, se descalifica, además de por el carácter emocional y propagandístico de su contenido, por las consideraciones siguientes:

— Al igual que el resto de las pruebas, su redacción la distancia en siete años de los hechos juzgados.

— Su propio lenguaje («se acerca la hora», «la revolución se avecina») predice en términos vagos los beneficios de una revolución futura e indeterminada.

— La falta de constancia acerca de las circunstancias en que fuera encontrada introduce la sospecha, ya intuida por el propio Ferrer, de su inautenticidad.

Prueba n.° 5. Componían este testimonio, inserto en el folio 178 y redactado en forma de nota programática, una serie de normas e instrucciones que sus redactores advertían como de imprescindible seguimiento en el caso de que la revolución llegase a triunfar:

Una vez conseguido el éxito de la revuelta armada, nuestro movimiento habrá de plantearse con carácter de urgencia la adopción de las medidas y acuerdos siguientes:

Abolición de todas las leyes existentes.

Expulsión y exterminio de las comunidades religiosas.

Disolución de la Magistratura, el Ejército y la Marina.

Confiscación de los bancos y de los bienes de cuantos hombres civiles o militares hayan gobernado en España.

Inmediato encarcelamiento de todos ellos hasta que se justifiquen o sean ejecutados.

Prohibición absoluta de salir del país, ni aun en cueros, a todos cuantos hubieran desempeñado funciones públicas durante el anterior régimen.

Urgente requisamiento de los ferrocarriles y de las mal llamadas Instituciones de Crédito.

Para el cumplimiento de estas primeras medidas, se constituirá una Delegación compuesta por tres ministros (de Hacienda, Relaciones Exteriores y Asuntos Internos), que serán elegidos plebiscitariamente. No podrá ser electo ningún abogado, y responderán conjuntamente ante la totalidad del pueblo.

¡Viva la revolución exterminadora de los criminales e infames explotadores! ¡Viva la revolución vengadora de todas las degradaciones e injusticias!

Nota: Los compañeros que quieran demostrar ser hombres auténticos deberán solicitar la circular número 2 a quien les hubiese suministrado la presente[116].

Escrita también a máquina y sin fecha, constituye una de las circulares de dudosa procedencia incorporadas al sumario, y que Ferrer en todo momento negó aceptar como suya. Como en otros casos, carece de valor inculpatorio por las razones siguientes:

— Sus disposiciones no se corresponden con la actitud adoptada por los rebeldes de Barcelona, que no abolieron ley ninguna, ni encarcelaron a sus gobernantes, ni disolvieron la Magistratura, ni confiscaron los ferrocarriles o los bancos.

— La postura anticlerical que informa el documento (única susceptible de conexión con los autos) había sido una constante en buena parte de los alzamientos populares promovidos a lo largo del último medio siglo en España.

— La alusión al interés de que los amotinados reclamasen un segundo folleto explicativo excluye toda idea de proximidad en la revolución anunciada, y reduce el espíritu de su texto a un simple mensaje enardecedor de propaganda.

Prueba n.° 6. Continuación de la anterior y similar a ella tanto en el contenido como en el lenguaje, esta nueva circular, incluida en el folio 179, ampliaba los propósitos anunciados en la primera. Estaba escrita a máquina, tenía dos correcciones hechas a mano sobre el texto, y decía:

Al dirigiros esta segunda hoja os recordamos el programa contenido en la primera. Buscadlo si no lo habéis leído. Hacedlo conocer a vuestros camaradas. Que vuestros hijos lo aprendan de memoria. Divulgadlo a la totalidad del pueblo.

El nuestro es el único programa sincero, revolucionario y salvador. No hagáis caso de quienes os digan que es obra del Gobierno, de la policía o de los enemigos del proletariado. Ni temáis el que os divida. Esa virtud de dividir sólo es propia de los programas políticos o partidistas, repletos de lagunas, reservas y malas intenciones. El nuestro, en cambio, no puede ser más claro. Nosotros queremos y necesitamos destruirlo todo, y así lo declaramos franca y lealmente sin engañar ni a nuestros enemigos.

Se os dirá que es un programa negativo. Y es verdad, por cuanto es un programa de primera instancia. Después vendrá el reparto de víveres y viviendas, la destrucción y el derribo de los barrios inmundos y aun de las ciudades antihigiénicas, antiartísticas y archimalsanas, así como la distribución de tierras y la sanción popular de los actos de la revolución. Estas cosas no se ejecutan por incluirlas en los programas previos, sino por la voluntad suprema y por el esfuerzo común de la masa proletaria. Y su ejecución os la dictará vuestro propio instinto de conservación, ya que sin ellas la revolución perecería de inmediato provocando, además, como respuesta, una sangrienta y terrible reacción.

Natural es que las clases conservadoras y ladronas opongan resistencia. Lo incomprensible es que la opongan los parias de levita mugrienta y sombrero abollado, como si ellos no fueran tan víctimas como nosotros de la iniquidad más irritante. Esos periodistas, esos empleados, esos infelices que pasan noches enteras velando y trabajando para enriquecer a otros son mucho más miserables que nosotros mismos, pero no luchan por su redención. Luchemos nosotros por la suya y por la nuestra hasta convencerles de que la milicia y el clericalismo son los brazos del capitalismo, verdugo de los hombres, azote de los pueblos, y enemigo absoluto de la redención humana. Acabemos, sí, con los brazos, que después será fácil decapitar al monstruo. Preparaos, pues, trabajadores. La hora auténtica de la revolución está ya cerca.

Nota: Adjunta a este pliego, se anota la receta para la fabricación y el manejo de la panclastita[117].

Asimilable a la precedente en antigüedad, falta de realismo y absoluta desconexión con los autos, tiene esta nueva nota idénticas razones de impugnación que aquélla. Como la anterior, se unió al sumario el 8 de septiembre, sin la menor referencia a la ocasión y el lugar de su hallazgo. Lo mismo que aquélla, fue rechazada por Ferrer como perteneciente a su archivo profesional o privado. Y coincide también con ella en el extravagante mesianismo, la verborrea panfletaria, y el espíritu visionario que impregna todo su contenido. En cuanto a su consideración inculpatoria, sugiere unas mínimas reflexiones de fácil alcance:

— Una vez más, su tono expresivo («hacedlo conocer», «que vuestros hijos lo aprendan de memoria» o «divulgadlo a la totalidad del pueblo») remite a la idea de consignas a largo plazo y no a instrucciones puntuales y urgentes.

— El temor expresado por el autor de la proclama sobre su posible atribución al Gobierno o la policía induce a pensar que pudiese haber sido redactada no por un auténtico anarquista, sino por un agente provocador al servicio de aquéllos.

— No parece comprensible remitir genéricamente a la clase obrera la fórmula química de un explosivo (no detallada, por cierto, en la nota) cuya manipulación sólo era posible para especialistas.

— El mensaje que transmite convierte al documento en un manifiesto delirante, con más visos de panfleto enardecedor que de un programa revolucionario viable.

El impreso disponía, como ya se ha apuntado, de dos correcciones hechas a pluma sobre el texto mecanografiado, que enmendaban otros tantos saltos de la máquina y que, localizadas respectivamente sobre la letra «t» de la palabra «actos» (línea 19) y la sílaba «ba» del gerundio «trabajando» (línea 30), permitían vislumbrar la posibilidad de identificar al autor o enmendante del documento.

A efectos de comprobar si tales enmiendas eran atribuibles a Ferrer, dispuso el juzgado la práctica de un examen pericial, diligencia que llevaron a cabo, la tarde del 10 de septiembre, los sargentos del 4.° Regimiento Mixto de Ingenieros Jacinto Andreu y Serafín Guillén (elegidos basándose en su condición de maestros de enseñanza primaria) y cuyo resultado se concretó en la apreciación de «una notable semejanza entre dichas correcciones y la letra del procesado», por más que la similitud no autorizara a afirmar de modo categórico y concluyente que ambas rectificaciones hubieran sido realizadas por el director de la Escuela Moderna.

Esta peritación (que, interpretada como afirmativa, habría de apoyar las posteriores acusaciones del Ministerio fiscal, el asesor del Consejo y el auditor de Guerra) dispone de muy escasa valoración probatoria, y su alegato como prueba de cargo resulta fácilmente desmontable apoyándose en las consideraciones siguientes:

— La titulación de maestros nacionales concurrente en los sargentos Andreu y Guillén no parece suficiente ni idónea para el complejo ejercicio de una comprobación técnica que debiera haber sido practicada por auténticos especialistas.

— Cualquier peritación caligráfica fiable exige apoyarse en el análisis de un «cuerpo de escritura», inexistente en el trabajo de estos peritos (si tal calificación puede dárseles), que debieron limitarse al examen de sólo tres letras.

— Su informe, lejos de emitir un juicio definitivo sobre la coincidencia de las escrituras, se limitó a sugerir, en un tono apreciablemente dubitativo, la simple posibilidad de que Ferrer hubiera llevado a cabo las enmiendas.

Prueba n.° 7. Tratábase este escrito, unido al folio 190, de una misiva enviada por el procesado al profesor Odón de Buen, en abril de 1903, rogándole que no emplease su nombre como reclamo propagandístico en ningún mitin, reunión ni conferencia pública:

Querido amigo: Le agradezco su carta, pero hace ya tiempo que me prometí no figurar en ningún partido ni grupo político. Le ruego, por tanto, no haga uso de mi nombre, que prefiero guardar en la oscuridad por ahora. Sin embargo (y de ello le hablaré extensamente en la primera ocasión en que nos reunamos) sabe usted que estoy dispuesto a trabajar por el advenimiento de nuestra deseada República[118].

Dictada en respuesta a la invitación de Odón de Buen para participar, siquiera fuese mediante su adhesión nominal, en un mitin de afirmación republicana convocado el 8 de abril de 1903 en el teatro Tívoli de Barcelona, esta carta no traduce más deseo ni filtra otro propósito que los que literalmente expone. Esto es: afirmar su alejamiento de la actividad política, en un sentido partidista, y reconocer, paralelamente, su irreductible republicanismo. Cualquier otra lectura (fuera o no cierta la sinceridad de la misiva respecto al abandono de la actitud revolucionaria del procesado), representa un evidente intento de manipularla. De ahí que la pretensión, tanto del fiscal como del asesor y el auditor de Guerra, de deducir de su contenido un interés de Ferrer por beneficiarse de la impunidad del anonimato, no rebasa el ámbito de una mera y simple especulación. Aunque, eso sí, de una especulación interesada.

Prueba n.° 8. La formaba otra carta, cursada por Nicolás Estévanez a Ferrer a principios de 1906, obrante al folio 187, en la que le daba cuenta, entre otras noticias de menor importancia, de la imposibilidad en que se veía para dar curso a un encargo de Mateo Morral:

Querido amigo: Ahí le envío las señas de Figueras, el electricista, que no copié en el manuscrito porque hubiera podido dar la sensación de ser un reclamo. El hombre está muy amargado a causa de la muerte de uno de sus hijos y por eso no me ha dado la nota que me había ofrecido, ni yo tampoco volveré a pedírsela.

Hace unos pocos días he recibido el cheque de 300 francos que usted me envía y por el que, como puede imaginarse, le doy las más expresivas y emocionadas gracias.

Le incluyo unas cuartillas para que las ponga al final del documento, delante de los últimos consejos y separadas de éstos por una serie de puntos suspensivos.

Hágame usted el favor de decirle a Roca de mi parte que estos últimos días no he salido a la calle por causa de una gripe, pero que sigo en la idea de enviarle los libros de electricidad, no habiéndolo hecho hasta ahora debido a que no he encontrado todavía ningún tratado de aplicación para la guerra, ni aun en las librerías de la rue Danton. Y explíquele que estoy asimismo de acuerdo en lo que me dice de que con discursos y libritos no vamos a ninguna parte, aunque supongo que no lo dirá por mí, puesto que yo escribo poco y hablo todavía menos. Y los actos decisivos y trascendentales no es, además, de los viejos sino de los jóvenes de quienes hay, en verdad, que esperarlos.

Cualquier boticario amigo le dará mejor que yo la fórmula de la arena, por cuanto son varios los tipos que existen, y yo no soy tampoco químico para poder explicárselo. En el manuscrito ya he dicho de todas formas algo referente a este punto, que, por lo que se vé, tanto le interesa[119].

La carta de Nicolás Estévanez, que hubiera podido resultar seriamente comprometedora en 1906, por cuanto recuerda las conexiones que le vinculaban con Roca (Mateo Morral), de las que indudablemente Ferrer es conocedor y hasta posiblemente cómplice, carece, en cambio, en 1909, de valor como prueba de convicción en lo que atañe a los hechos juzgados. Además de haber sido ya enjuiciada (y, por tanto, descalificada judicialmente) en el proceso que se le instruyó por el intento de magnicidio de los Reyes en la calle Mayor de Madrid, el mensaje que contenía no iba destinado al director de la Escuela Moderna, sino a Mateo Morral. Y por ello, sería este último y no aquél el responsable de la presumible intención delictiva que de su contenido pudiera deducirse.

Prueba n.° 9. Adjunto al folio 372, este documento recoge las declaraciones efectuadas por el director de la Escuela Moderna al diario España Nueva el 16 de junio de 1906, en las que se refiere a algunos puntos de su biografía, detalla numerosos aspectos de su pensamiento político y su actividad pedagógica y explica, además, el origen de su fortuna, tan cuestionado por parte de la prensa conservadora:

Por haberme comprometido en el levantamiento de Santa Coloma de Farnés y más aún por discordias conyugales, emigré voluntariamente en 1885 a París, donde, gracias a ciertas recomendaciones de don Manuel Ruiz Zorrilla, viví hasta mediados de 1889 dedicado al comercio y a la venta de vinos al por menor.

Teniendo, sin embargo, más vocación por los asuntos intelectuales que por el comercio, me puse a dar lecciones de castellano, felicitándome pronto de mi cambio de profesión por el éxito que tuve en mi quehacer, y porque la nueva vida emprendida convenía mucho más a mi modo de ser.

No concibo la vida sin propaganda. Donde quiera que me halle y con quien sea que me encuentre, he de propagar algo. Me he expuesto a chascos y los he recibido a veces, pero no puedo remediarlo. Es decir, no quiero remediarlo. Prefiero parecer indiscreto que callarme una palabra u observación que considere conveniente para hacer reflexionar a los demás.

Se comprenderá fácilmente cómo había de estar yo a mis anchas teniendo durante dos, tres o más horas semanales a varios alumnos, sin contar algunas noches en que daba clases en el Gran Oriente de Francia ante una concurrencia superior en ocasiones a las cincuenta o sesenta personas.

La religión y la política eran y son mis principales caballos de batalla. De política podía hablar sin reparo con las personas mayores de edad. Bastábame conocer qué periódico leían para saber lo que en realidad pensaban. Sobre religión prefería, en cambio, esperar a que fuésemos amigos, lo que sucedía casi siempre después de unos pocos meses. Entonces me vengaba hablando de religión con los jóvenes que, no entendiendo de política, creíanse muy enterados en dicha ciencia. ¡Qué sorpresas les daba con mis teorías! ¡De qué modo se interesaban en mis deducciones! Pasábamos ratos animadísimos, y además estoy seguro de que acababa convenciéndolos por poco tiempo que estuviesen conmigo.

El caso más interesante fue el de una señorita católica, apostólica y romana, convencida hasta el fanatismo. Tardé más de un año en poder hablarle de religión. Pero gracias a la confianza que le inspiró mi seriedad, así como a cierta afinidad de gustos acerca de cuestiones de arte, viajes y costumbres, pude por fin comentarle aquello que tanto deseaba.

Pero como su fortaleza era prácticamente irreductible para mis pocas fuerzas, hube de llamar en mi ayuda a Volney, cuyas Ruinas de Palmira logré que fueran leídas por ella. El libro hízole efectivamente mella, como no podía por menos de ocurrirle a toda persona que, por fanática que fuese, lo leyera con buena fe.

Mi alumna amaba mucho los viajes. Muerta su madre, con la que había viajado siempre, tenía ahora que hacerlo con sus administradores, y demostró deseos de hacer uno a España conmigo. Rogó a mi novia que la sirviera de señorita de compañía, y hétenos de esta forma a los tres camino de Barcelona, Madrid (donde el señor Nakens nos invitó a un arroz excelente) y Andalucía.

Continuaron las lecciones y también los viajes durante las vacaciones: uno a Portugal, otro a Inglaterra, y un último a Italia y Suiza, donde en Ginebra le dije el 24 de agosto de 1900 no querer continuar haciendo esa vida egoísta, no ocupándonos sino de disfrutar mientras había tanto que hacer en bien de la humanidad sufrida e ignorante. Me dio la razón y ofreciose a ayudarme en cuanto pudiese necesitarla.

Entonces le expuse mi plan de enseñanza basado exclusivamente en las Ciencias Naturales, mediante el estudio de las cuales tanto el niño como el adolescente pueden explicarse el verdadero origen de todas las cosas y al mismo tiempo la auténtica causa de todos los males que afligen a la humanidad, como las pestes, la miseria, el hambre y las guerras. Aprobó ella mi plan y puso a mi disposición el dinero que creí necesario para la empresa que me proponía llevar a cabo.

No hay por qué hacer públicos más detalles sobre el particular. Di al juez instructor los necesarios para poder probar el limpio origen de mi fortuna. Hay un testamento que habla por sí solo; hay notarios también como testigos, y hay finalmente cuanto pueda exigir para su definitivo convencimiento el Ministerio más exigente, escéptico y desconfiado.

Para formarse una idea del cambio operado en las creencias de aquella señora, gracias a mi constancia durante más de seis años, baste con decir que en su testamento dejó 3.000 francos para costear su entierro y funerales; nada a las Asociaciones religiosas que desde antiguo subvencionaba; 4.000 francos para regalar un arpa al Primer Premio del Conservatorio de París; y la renta anual solicitada por mí y convertida más tarde en donativo para la propaganda de mis ideas.

Lo que sorprenderá más es saber que entre nosotros no existió más que amistad profunda, fraternal, de pura simpatía personal y de similitud de sentimientos. Ni aun en la festividad de Primero de Año nos dimos jamás un beso en Francia, donde ese día se besan hasta los que se detestan. Y eso me da más fuerza para enaltecer lo que la Escuela Moderna supone, que no es otra cosa sino la consecución, por la vía de la enseñanza, de una humanidad libre y dichosa, sin guerras, opresiones, enfrentamientos ni cualquier otro tipo de conflictos[120].

Redactada mientras permanecía encarcelado en Madrid a causa del proceso que se le siguió por el magnicidio frustrado de la calle Mayor, la nota se ajustaba al carácter de una breve reseña autobiográfica, urgida por la curiosidad periodística del momento, y centrada en el relato del origen de la Escuela Moderna y su obligada referencia al legado recibido de Ernestine Meunier, gracias al cual pudo ponerla en marcha.

Prueba n.° 10. Al igual que el anterior, recogía este documento, incluido en el folio 191, otro resumen biográfico escrito por Ferrer en 1907 en respuesta a una petición de Leon Fournemont, y con destino al almanaque de la Federación Internacional de Librepensadores:

Francisco Ferrer i Guardia nació en Alella (España) el 13 de enero de 1859 y ya desde su infancia se apasionó con los cuentos y relatos que acerca de las hazañas del general Prim y otros revolucionarios españoles empeñados en derrocar la monarquía borbónica le hacía uno de sus tíos, hasta el punto de que, pese a contar únicamente nueve años, celebraba con gran júbilo la partida hacia el destierro de la reina Isabel II.

Desde ese instante, no dejaría ya de interesarse por los asuntos públicos, tomando parte activa en las luchas de 1885, que le obligarían a emigrar para escapar de la persecución de quienes en aquellos momentos tenían el poder en sus manos.

Establecido en París, dedicose a dar clases de español, por más que correlativamente mantuviese estrechas relaciones con los republicanos exiliados en Francia, con quienes trabajó firmemente en su lucha para el retorno de la República.

No obstante, su mayor preocupación radicaba en la pedagogía, de la que llegó a ser un especialista y en la que veía el germen de toda actividad posterior del hombre, razón esta por la que planeó un modo de enseñanza racionalista que, reemplazando a la religiosa y a la estatal, preparase mejor al individuo en orden a sus futuras obligaciones cívicas.

En 1901, vuelto ya a España, abrió en Barcelona una escuela con treinta y tres alumnos y sin otros textos que aquellos que estuviesen exentos de cualquier tipo de prejuicios. Su sistema de enseñanza fue tan bien recibido que fueron numerosísimas las escuelas que lo adoptaron, pudiendo asegurarse que en tan sólo cinco años existían ya en el país unos cincuenta centros de ese tipo, en tanto que su biblioteca había rebasado la treintena de volúmenes y libros pedagógicos.

Los jesuitas barceloneses hallábanse furiosos de ver el crecimiento de la Escuela Moderna, malestar que tras la jornada anticatólica del Viernes Santo de 1906, en la que participaron 1.700 niños pertenecientes a centros laicos, se trocó en un irreprimible deseo de venganza, y en la conjura de hacerla desaparecer por los procedimientos que fueran.

Al ocurrir algunas semanas después el atentado contra los Reyes protagonizado por Mateo Morral, los reaccionarios españoles aprovecharon la ocasión para, en unión de los ya mencionados jesuitas, convencer a la opinión de que la raíz de aquél se había gestado en los libros que los librepensadores y defensores de la verdad publicaban en la editorial de la Escuela Moderna, campaña que no interrumpieron hasta lograr la encarcelación y el procesamiento de su fundador, Francisco Ferrer i Guardia.

Sin embargo, después de un año de prisión, fue aquél definitivamente puesto en libertad al probarse su inocencia, aunque el Gobierno no autorizara ya en lo sucesivo la propagación de sus enseñanzas laicas, racionalistas y libertarias.

Pero Ferrer no es de los hombres capaces de someterse a nadie cuando está convencido de que se encuentra en posesión de la verdad. Y es por eso seguro que, de su mano, la Escuela Moderna sobrevivirá, a pesar de los jesuitas, a la espera de un tiempo mejor en el que las ideas que preconiza puedan ser expuestas y mantenidas con total libertad121].

La nota es otro apunte biográfico, de corte muy similar al anterior. En ella insiste Ferrer en el abandono de su primer activismo revolucionario, pone nuevamente el énfasis en su vocación pedagógica, y acaba denunciando una campaña de la Iglesia, centrada esta vez en los jesuitas, para acabar con la Escuela Moderna. Y, si acaso, reitera su voluntad de continuar luchando contra el oscurantismo clerical, y en beneficio de una sociedad libertaria, más justa e igualitaria.

Prueba n.° 11. Procedente del primer registro de Mas Germinal, y desglosada de la Causa general (folio 565), se trata de una carta de Anselmo Lorenzo a Ferrer, en la que se da por enterado del préstamo de éste a Solidaridad Obrera para costear sus instalaciones:

Mi buen amigo Sr. Ferrer: Creo conveniente hacerle saber que sin que usted me manifestara la solución dada al asunto de la fianza para el local de Solidaridad Obrera, he sabido su resultado a pesar de haber convenido ambos en la reserva del mismo.

Vino a verme el secretario Moreno y me dijo en confianza que usted había entregado a los comisionados Badía, Romero y a él mismo una respetable cantidad. Que Moreno me lo haya dicho nada tiene de particular, pues creyó que revelándome el secreto no faltaba a su compromiso. Pero que los otros dos sujetos sepan una cosa reservada, es posible que convierta la reserva convenida en un secreto a voces[122].

Reconocida por Ferrer, él mismo se encargaría repetidamente, en declaraciones y cartas, de aclarar que la misiva no era sino la respuesta de Anselmo Lorenzo al anticipo de 900 pesetas que hiciera a la mencionada organización en 1907, lo que únicamente es indicativo de la relación de aquél con los anarquistas barceloneses de Solidaridad, a los que en determinadas ocasiones había apoyado económicamente.

Pruebas n.os 12 a 19. Citadas únicamente por el auditor de Guerra (más como soportes ilustrativos de la personalidad de Ferrer que como testimonios de cargo), consistían en una serie de documentos y notas (epistolares, en su gran mayoría) extraídas de su archivo personal en varios de los registros llevados a cabo durante el proceso:

— Una carta, con fecha 22 de junio de 1880, en que se hace referencia a la misión confiada por Ruiz Zorrilla a Ferrer para que hiciese llegar a España consignas dirigidas a sus colaboradores y partidarios políticos (legajo 14).

— Otra misiva del mismo Ruiz Zorrilla, en la que le consideraba como uno de sus mejores amigos y donde le decía que «con sólo unos cuantos hombres de su temple y su talla ya hubiera triunfado la República en nuestro país» (legajo 26).

— Una tarjeta de Lerroux declinando el ofrecimiento que le hiciera Ferrer (ya mencionado al aludir a la prueba n.° 3), pero conviniendo con él en la necesidad de formar verdaderos y auténticos revolucionarios (folio 390).

— Varias cartas dirigidas en 1901 por el procesado a José Prat, en las que le hacía saber su interés por fundar una escuela «que desterrase de los cerebros infantiles las ideas de propiedad, patria y familia, para sustituirlas por las de librepensamiento, racionalismo, acracia y revolución» (legajo 34).

— Una circular de Ferrer convocando un concurso de autores para que escribieran libros de texto con destino a una escuela «libertaria, laica y emancipadora» (legajo 13).

— Cuatro misivas de Juan Colominas al procesado, a través de las que le sugería un planteamiento educativo de corte menos extremista y radicalizado (folio 182).

— Varios pliegos cortados longitudinalmente y repletos de anotaciones, signos y grafismos imposibles de descifrar por la falta de las claves correspondientes (legajo 5).

— Una carta de Paz Ferrer a su padre, estando ya este preso, lamentando que hubiera podido estar de algún modo involucrado en los sucesos perseguidos (legajo 244)[123].

Expuesto ya el sentido que se le dio a estos documentos, y anticipado también el hecho de que el fiscal no se sirviera de ellos en su escrito de acusación, nada parece justificar su condición de pruebas de la responsabilidad penal de Ferrer. Reducidos fundamentalmente a misivas de contenido cultural o apuntes políticos ajenos a la rebelión, apenas aportan más datos que los ya sobradamente conocidos sobre su activismo republicano y el empeño que en los últimos años venía dedicando a implantar un modelo pedagógico innovador y contrapuesto al oscurantismo religioso que dominaba con carácter generalizado la educación en España.

En este sentido, hay que insistir en que la Acusación nunca tuvo en cuenta la evolución de las actividades políticas de Ferrer, que si bien siempre reflejaron su personalidad conspirativa y revolucionaria, se orientaron fundamentalmente, a partir de 1901, hacia un proyecto educativo basado en la idea de que cualquier proceso modernizador de la sociedad es inseparable de la secularización de las conciencias. Y, si en algún momento se aludió a ello en el proceso, fue sólo para entender la labor de la Escuela Moderna como una forma de adoctrinamiento subversivo, dirigido a inculcar, desde la infancia, en los alumnos de sus centros (denominados en medios conservadores como «casas-cuna» del ateísmo) un ideario sectario de corte anarquista y libertario[124].

El rechazo, pues, de los alegatos anotados como piezas de convicción, resulta obligado. Nada en los mismos constituye materia delictiva en sí misma ni induce siquiera a considerarlos como premonitores de la Semana Trágica. Todo intento de encontrar en ellos evidencias que puedan relacionarlos con los sucesos revolucionarios de julio supone un deliberado propósito de tergiversarlos, y su recusación, por tanto, parece pertinente basándose en las razones siguientes:

— A excepción de las dos notas autobiográficas (cuyo carácter inculpatorio resulta descartado), el resto de las piezas están fechadas entre 1880 y 1907, antelación más que suficiente para invalidar cualquier relación con la Semana Trágica.

— Las incluidas en los folios 177, 178, 179 y 180 del sumario fueron gratuitamente adjuntas al mismo el 8 de septiembre sin referencia alguna a su procedencia y desautorizadas en todo momento por Ferrer, que negó en sus declaraciones no sólo su autoría, sino cualquier relación con ellas.

— Al ser, además, reproducidas y manipuladas por la prensa gubernamental cuando todavía se hallaban «sub judice», además de violar el secreto sumarial, suscitaron un clima de opinión adversa a los intereses del procesado.

— Ninguno de tales manifiestos se hallaron en manos de los revolucionarios, ni pegados en las paredes a modo de pasquines, ni repartidos en las sedes de los diferentes partidos u organizaciones obreras implicados en la insurrección, con lo que resulta impugnada su condición de vehículos inductores de aquélla.

— Tanto el espíritu de sus textos como los términos en que están redactados convierten a la mayoría de dichos documentos en panfletos destinados a la propaganda y el proselitismo y no en programas políticos traducibles a corto plazo.

— No se advierte en las citadas circulares la menor conexión entre los mensajes que expresan y la actitud de quienes, desprovistos de cualquier tipo de organización y control, intervinieron en las jornadas de la Semana Trágica.

— Resulta llamativo que varias de estas piezas documentales sólo fuesen argumentadas en el juicio oral por el auditor, cuando ya la Defensa no podía impugnarlas.

— El hecho de que los originales hayan desaparecido ha impedido verificar las existencia en el texto de las proclamas de correcciones o añadidos, que algunos estudiosos del proceso (William Archer) denunciaron en su momento.

— El sobreseimiento de la causa que se le siguió a Ferrer en 1906 por el atentado de la calle Mayor de Madrid anula el valor de las pruebas entonces aducidas o cualquier otra de similares características.

Siete días y cuatro noches de sucesivos registros, en los que, además de numerosos efectivos policiales, llegó incluso a intervenir un destacamento de cuarenta soldados del 4.° Regimiento Mixto de Ingenieros, apenas si sirvieron a la autoridad militar para proveerse de esas diecinueve piezas documentales, que, aunque en su criterio disponían de un valor concluyente, ningún instructor objetivo hubiera seguramente aceptado por su escaso mérito probatorio. Anacrónicas, inconexas, marginales, sospechosas en cuanto a su procedencia, negadas en su autoría por Ferrer y judicialmente inocuas, las pruebas examinadas no aportaron a la causa otras evidencias incriminatorias que las que los jueces quisieron otorgarles. Y su inclusión en el sumario sólo se entiende dentro del contexto de un proceso tendencioso empeñado en probar lo improbable, creer en lo increíble, y convertir, sobre todo, en sancionable cuanto pudiese perjudicar a quien interesaba declarar culpable[125].

Durante el extenso discurso que expuso en el Congreso de los Diputados, el 6 de abril de 1911, para defender la revisión del proceso de Ferrer, que ocupó más de seis horas a lo largo de dos sesiones, Alejandro Lerroux no dedicó ni un solo minuto al análisis de las pruebas documentales. Y únicamente las citó para justificar esa intencionada omisión, diciendo textualmente: «No se puede hablar de lo que no existe»[126].

VIII

Los interrogatorios

Simultáneamente al acopio de pruebas supuestamente incriminatorias, que una semana después de la detención de Ferrer tan sólo habían servido para acumular más folios al sumario, el juzgado decidió tomar por dos veces más declaración al procesado, completando el primer interrogatorio al que el mismo día de su detención le había sometido el juez Vicente Llivina, anterior instructor del proceso.

Las dos nuevas indagatorias tendrían lugar los días 9 y 19 de septiembre y fueron practicados ya por el nuevo responsable de la causa, el comandante Raso, que hubo de basarse en los escasos indicios de que disponía para conseguir obtener del director de la Escuela Moderna las claves suficientes sobre las que poder establecer y, sobre todo justificar, el nada sencillo encargo que había recibido de atribuirle la autoría, y el liderazgo de la Semana Trágica.

Antes, no obstante, de practicar estas indagatorias, que como podrá deducirse de su lectura poca luz iban a aportar a la materia enjuiciada, dispuso el juez instructor, como actuación previa a las mismas, la práctica de un detallado reconocimiento médico del procesado, encaminada a descubrir cualquier clase de huella, signo o señal que pudiera denunciar su participación en los sucesos revolucionarios.

La providencia llevose a cabo en la mañana del día 6 y corrió a cargo de los doctores Amat y Navarro, quienes, tras revisar escrupulosamente durante algo más de cuarenta y cinco minutos al preso, deteniéndose sobre todo en aquellas zonas de su cuerpo donde con más facilidad hubieran podido producirse hematomas, quemaduras, traumatismos, u otros signos de lucha y violencia, dieron cuenta del resultado de su inspección ocular, recogido en el siguiente oficio:

Constituido el juzgado en la Prisión Celular de esta capital con asistencia de los médicos primeros del Cuerpo de Sanidad Militar don Carlos Amat Pintado y don Matías Navarro Sánchez, y habiendo hecho comparecer al procesado en esta causa Francisco Ferrer i Guardia, el señor juez instructor enteró a los presentes de que iba a verificarse un minucioso reconocimiento a dicho preso, examen al que procedieron inmediatamente los citados médicos. Y efectuado éste, y después de prestar juramento con arreglo a su clase, dijeron tales facultativos de común acuerdo que no apreciaban cicatriz ni lesión de ninguna clase en el mismo, excepción hecha de unas diminutas señales de forma irregular y superficiales situadas en la parte posterior de su cuello, resultantes probablemente de una antigua infección de carácter forunculoso, lo que tenían a bien manifestar al juzgado en cumplimiento de su deber y descargo del juramento que habían prestado[127].

De la meticulosidad y el celo demostrados en la práctica de este trámite dejaría constancia el propio Ferrer, quien, luego de definir al nuevo instructor, comandante Raso, como «una copia casi calcada del tristemente célebre Becerra del Toro», denunció, en una posterior carta dirigida a Charles Malato, el modo en que se desarrolló la diligencia:

He debutado con este nuevo juez a través de un reconocimiento que ha mandado que se me hiciese para ver si tenía huellas o señales de algún golpe, herida o cicatriz reciente. A los dos médicos militares encargados de realizarlo, les ha recordado su juramento de decir la verdad y ambos se han puesto a remirarme desde los pies a la cabeza con tal atención que si por desgracia me hubiese herido en mi casa con cualquier cosa no sé qué habría sido de mí, aunque me parece fácil suponerlo. No encontrando nada extraño ni sospechoso, han comenzado a examinar de nuevo mi cabeza como si tratasen de contarme los cabellos, así como las manos, deteniéndose en todos y cada uno de los vellos. Buscaban, según creo, pelos quemados, ya que ello hubiera supuesto para el juez la más sólida prueba de que yo había participado en el incendio de iglesias y conventos, sin ponerse a pensar si pude habérmelos chamuscado fumando. Al fin, una vez terminada la inspección, he sido nuevamente devuelto a mi celda128].

Tres días después de esta actuación, volvería el comandante Raso a visitar al procesado con objeto de someterle a un segundo interrogatorio (primero de los que él habría de tomarle), planteado sobre la base de los datos obtenidos tras el desglose de la causa. Le acompañaba como nuevo secretario, el cabo José Gandía (que había reemplazado el día anterior al también cabo Sebastián Maragall), auxiliado del cual inició la indagatoria, desarrollada en los siguientes términos:

J.—¿Cómo se llama su esposa?

F.—Teresa Sanmartí Guin. Debo advertir, sin embargo, que en la actualidad y desde hace ya quince años estamos divorciados. O mejor dicho, separados, en cuanto que el divorcio no se encuentra aún reconocido en nuestras leyes.

J.—¿Utilizó usted en algún momento para salir de Barcelona el automóvil del señor Mir y Miró? En caso positivo, dígame en qué fecha tuvo lugar el viaje, cuál fue el trayecto que recorrió exactamente, y en qué punto puso término al mismo.

F.—Nunca he hablado con ese señor, al que tan sólo conozco de nombre, ni jamás he utilizado automóvil alguno durante mi última estancia en Barcelona, donde siempre me he movido a pie, o, a lo más, en coche de punto. Así que difícilmente he podido realizar ningún recorrido en su vehículo.

J.—¿Es cierto que redactó y repartió entre los barceloneses circulares y proclamas excitándoles al exterminio de las órdenes religiosas, el derribo de las iglesias, y la confiscación de los bancos, en una de las cuales figuraba además adjunta una fórmula química para fabricar panclastina?

F.—Ésta es la primera noticia que tengo sobre ellas. Ni las redacté ni las distribuí ni he sabido siquiera hasta este mismo momento que hubieran existido.

J.—¿No son entonces las correcciones que figuran en este documento obra de su puño y letra?

F.—Desde el instante en que he manifestado que nunca lo había visto, mal podría haberlo corregido. Y estoy además seguro de que nadie podrá manifestar lo contrario.

J.—¿Cómo explica el hecho de no conocerlo cuando resulta que fue encontrado en su propio domicilio durante el registro allí efectuado hace unas pocas semanas en presencia de su hermano José, María Fontcuberta y Soledad Villafranca?

F.—No puedo explicármelo. Ahora bien, recordando otro registro que hace ahora tres años tuvo asimismo lugar en mi casa, debo señalar que también entonces halláronse circulares y escritos que a primera vista me comprometían y que, examinados luego con mayor atención, resultaron carecer de valor por tratarse de esos impresos que continuamente recibimos quienes nos dedicamos a los asuntos públicos. Podría pues ocurrir que, como entonces, se hubieran encontrado en Mongat papeles de ese tipo. Pero no veo la posibilidad de probar que tales documentos tengan la más mínima relación con los últimos sucesos de julio.

J.—¿No existe una evidente contradicción entre el hecho de que asegure desconocer esta circular, pero acepte, en cambio, la probabilidad de haberla recibido?

F.—No entiendo por qué. El que la recibiese o no es independiente de que no recuerde haberla visto.

J.—Si no es realmente usted el autor de estos documentos, ¿conoce al menos quién pudo escribirlos?

F.—No, en absoluto.

J.—¿Qué objetos mandó por correo certificado el 24 de julio pasado a Anvers y París, con destino a don Federico Van Dyer, y don Charles Albert respectivamente?

F.—Al primero, le envié una fotografía. Y al segundo, 50 pesetas como contribución a los gastos de la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, de la que el citado Sr. Albert se halla encargado. También me parece recordar que le incluía un cheque contra el Credit Lyonnais por valor de unas 600 pesetas para saldar la cuenta del mes de junio con la imprenta que edita la revista L'École Renovée.

J.—¿Qué uso pensaba hacer usted de esos libros de electricidad y aplicación de guerra de que habla don Nicolás Estévanez en carta de 9 de marzo de 1906, o sea exactamente dos meses antes del atentado contra Sus Majestades?

F.—Jamás he pedido tales libros, ni por tanto he tenido intención de aplicar sus enseñanzas a objeto alguno.

J.—¿Y para qué necesitaba la fórmula de la arena a que se refiere el mismo Sr. Estévanez en dicha carta?

F.—Nunca solicité ninguna receta de ese tipo. Si se habla de ella en una carta hallada en mi domicilio, puede ser debido a que Roca (es decir, Mateo Morral) estuvo en tratos con Estévanez para la publicación de un folleto titulado Pensamientos revolucionarios y probablemente empleó mis señas como remitente de su correspondencia, lo que de ser cierto haría de él y no de mí el verdadero destinatario de la misma.

J.—En cualquier caso, ¿corresponde a su puño y letra la fecha consignada a lápiz en la referida carta?

F.—No lo sé. Pero si fue encontrada en mi casa archivada entre otros varios documentos históricos, no tiene nada de particular el que tuviese alguna anotación mía.

J.—Concrete si es o no suyo el escrito.

F.—No puedo asegurarlo.

J.—¿En compañía de quiénes salió usted de Barcelona hacia Mongat el pasado viernes 11 de junio? ¿Y a qué niño se alude en el papel donde se hace referencia a tal viaje?

F.—La salida de que se habla en el papel no era de Barcelona sino de Londres, donde pensábamos haber estado hasta mediados de agosto, pero que hubimos de abandonar precipitadamente a consecuencia de un mensaje que recibimos de Mongat anunciándonos la grave enfermedad de mi cuñada María Fontcuberta y su hijita Layeta, que fallecería justo cinco días después de nuestra llegada. En cuanto al niño de que se hace mención no es otro sino Riego, fruto de mi matrimonio con Leopoldina Bonald, con la que mantuve una entrevista para decidir el porvenir del niño, a quien iba dirigido el libro citado en dicha carta, que era un manual de lecciones morales editado en inglés y que, por su sumo interés, pensaba traducir al castellano.

J.—¿Cómo habiendo dicho en su anterior indagatoria que se mantenía alejado de la política, pudo ofrecer al Sr. Lerroux la jefatura del Partido Republicano?

F.—Supongo que ese hecho tendría lugar en una fecha anterior a mi desvinculación de la política activa.

J.—¿A qué se debía, en todo caso, su voluntad de salvaguardar la identidad a la hora de hacer tal ofrecimiento?

F.—Antes de nada, deseo aclarar que la palabra ofrecimiento me parece improcedente por cuanto nunca estuve en condiciones de ofrecer aquello que no poseía. Lo que es posible que hiciese es recomendar su designación como jefe del partido, y aun eso en beneficio de la Unión Republicana y para bien de España. Respecto al hecho de mantenerme en un segundo plano a que hace alusión la mencionada carta, valga con saber que es una demostración más del desinterés que siempre he demostrado hacia los cargos políticos de cualquier tipo, siendo como soy hombre ajeno a toda ambición y vanidad, y deseoso sólo de hacer el bien a los demás sin aguardar a cambio ningún favor o recompensa.

J.—¿Cómo puede conciliarse su pretendido alejamiento de la política con la confesión que hiciera a don Odón de Buen en el sentido de encontrarse siempre dispuesto a colaborar en el advenimiento y la proclamación de la República?

F.—Vuelvo a decir lo mismo que antes; esto es, que ese ofrecimiento corresponde a una época en la que todavía sentía vivo el gusanillo de la actividad política.

J.—Sin embargo, tanto en esa carta como en la nota autobiográfica que envió usted en octubre de 1907 al Sr. Fournemont alardea de su naturaleza revolucionaria, nacida ya en épocas juveniles, y que le llevó incluso al destierro tras su intervención en los hechos de esa índole acaecidos en 1885.

F.—No tengo más que decir sino que no he tomado parte ni intervenido en modo alguno en los sucesos del pasado julio. Y que siento que, como ya me ocurrió en el proceso de Madrid de 1906, se empeñe este juzgado en hacerme declarar sobre hechos que tuvieron lugar hace ya casi cinco lustros.

J.—Observe que la autobiografía a la que acabo de aludir está fechada hace tan sólo un par de años.

F.—La nota, efectivamente, tiene fecha de 1907, pero los hechos que en ella se relatan corresponden a 1885. Aparte de que, si se lee atentamente, puede observarse cómo ya en esa época toda mi confianza sobre el resurgir del país reposa únicamente en el establecimiento de un sistema educativo racional y no sobre acciones revolucionarias del tipo de las que han determinado la incoación de esta causa.

J.—¿Qué motivos indujeron al Sr. Colominas a romper, en octubre de 1908, sus relaciones con usted?

F.—No fue el Sr. Colominas quien rompió esas relaciones pese a lo que pudiera deducirse de la carta que me envió presentando su dimisión. Fui yo quien, nada más recibirla, le llamé a mi despacho para notificarle el despido, que venía motivado por su mala gestión y no por las razones que él aducía en dicha carta. Y antes de marcharse, le pagué los dos sueldos mensuales prescritos para los empleados despedidos por sus patronos.

J.—¿Qué día estuvo usted por última vez en la Casa del Pueblo de Barcelona y con quiénes se encontró allí? Y, sobre todo, ¿recibió algún objeto por parte de alguien a cambio del que entregó determinada cantidad de dinero?

F.—La verdad es que solía acudir a la Casa del Pueblo coincidiendo con mis viajes a Barcelona y casi siempre acompañado de mi señora. La razón de estas visitas no era otra que la de conversar acerca de su Escuela, así como del personal de la misma, algunos de cuyos miembros habían sido colocados por mí mismo. No puedo precisar con exactitud cuál fue el último día que estuve allí, pero la comprobación de tal extremo no ha de ser muy difícil, dado que el policía que me seguía a todos los lados tendrá tomada cuenta de ello. En cualquier caso, sí puedo asegurar que fue con anterioridad al mes de junio. En cuanto a entregas de dinero se refiere, recuerdo haber dado hace ahora dos años, y como socio de la casa, 24 pesetas para contribuir a la apertura de la mencionada Escuela (de la que diré, por otra parte, que querían hacerme director), no recibiendo por parte de nadie ningún objeto, y sí únicamente el recibo correspondiente a haber hecho el pago de la cantidad en metálico a la que acabo de hacer referencia.

J.—¿Es cierto que animó al carpintero Rosendo Gundás y a quienes con él trabajaban a que abandonaran su labor y se unieran a quienes estaban incendiando los conventos?

F.—Eso no es verdad. Y bastaría con conocer al citado operario para darse cuenta de que, por su carácter, era la persona menos indicada para cualquier acción de ese género.

J.—¿Con qué objeto tomó usted en Masnou, hacia las dos de la tarde del pasado 30 de agosto, la tartana que va a Alella, y qué pensaba hacer en casa del Sr. Genis?

F.—Esa pregunta no tiene fundamento, por cuanto todo lo expresado es absolutamente inexacto.

J.—Aunque ya contestó a esta cuestión en su anterior indagatoria, ¿quisiera precisar con mayor exactitud qué es lo que hizo, en qué consistieron sus actividades, con quién se encontró, y cuáles fueron los lugares en los que estuvo los días comprendidos entre el 27 y el 31 del mes de julio último?

F.—El 27 lo pasé íntegramente en mi finca de Mongat. El 28 tampoco salí, excepción hecha de la visita que hice a Masnou para afeitarme. El 29 estuve en casa hasta el mediodía, saliendo a continuación, luego de despedirme de mis familiares, con dirección a la vivienda de unos amigos en la que, como ya he dicho, deseaba permanecer en tanto se aclararan los acontecimientos, y pudiese hallarme en situación de demostrar mi inocencia. Allí permanecí hasta justo el instante de mi detención gozando del asilo de dichas personas, por el que les debo cuando menos silenciar su nombre y evitarles las molestias de presentarse ante el juzgado.

J.—¿Desea usted hacer alguna puntualización o añadir cualquier otro dato sobre el particular?

F.—Una muy importante. Y es que, habiendo tenido noticia antes de ingresar en la cárcel de que cierta persona constituida en autoridad ofreció a un allegado mío determinada suma de dinero si declaraba en mi contra, me permito advertir que es probable que muchos de los testimonios de cargo obrantes en el proceso pudieran tener un origen sospechoso, ya que algunas gentes tentadas por la codicia y desprovistas de los más elementales principios de probidad, quizá hayan declarado falsamente, no tanto por perjudicarme, cuanto porque al hacerlo creyesen prestar un noble servicio a la Justicia. Si esta deficiencia se subsana, no albergo duda alguna de que se reconocerá mi inocencia y podré, en consecuencia, ser definitivamente puesto en libertad[129].

J.—¿A qué autoridad o persona constituida en ella alude en su manifestación anterior, y en qué términos se expresó respecto a quien había de declarar en contra suya?

F.—Una vez más siento no poder contestar a esa pregunta por miedo a perjudicar con ello a la persona a quien hizo dicha proposición. Pero el que no responda ahora no excluye el que pueda hacerlo en su día si las circunstancias me obligan a ello. En cuanto a los términos de la incitación de que fue objeto, debo decir que no los conozco, aunque cabe suponer que fueron de sugestión, de abuso o incluso de fuerza.

J.—¿Cómo explica que en su anterior indagatoria demostrara tener presente cuanto hizo el 26 de julio y no recordase, en cambio, ninguno de sus pasos posteriores al momento en el que se tropezó con el barbero de Masnou? ¿Y de qué modo justifica que dijera no haberse movido de Mas Germinal para acabar luego confesando que se desplazó primero a Masnou y luego a Premiá?

F.—Desde un mes antes de los sucesos de autos mi mayor preocupación radicaba en la tirada de una obra por entregas, continuación de la que bajo el título de El hombre y la tierra hallábase ya dispuesta para su distribución, ya que la buena marcha de la editorial exigía que junto a la remesa de estos libros se incluyeran los prospectos de la nueva obra en proyecto. Y como esa remesa debía enviarse a provincias a primeros de mes, como era norma de la casa, todo mi afán era dejar terminado ese prospecto el lunes día 26, punto este que explica sobradamente mis visitas a la imprenta, a los fabricantes de papel y al despacho, así como la entrevista que mantuve con el grabador Sr. Ureña. Grande fue mi sorpresa cuando al llegar a Barcelona me enteré de la noticia de la huelga, que suponía un notable perjuicio para mis gestiones editoriales. Al ver, así, que me hacían cerrar el despacho antes del mediodía, al advertir parados los tranvías durante la tarde y al encontrarme con que las vías férreas se hallaban cortadas y no podía tomar el tren para regresar a Mongat, toda mi inquietud se enfocó hacia la impresión del prospecto y no pensé otra cosa sino verme con el Sr. Litrán, a quien quería notificar la compra del papel de Vilaseca y recomendarle que durante las circunstancias especiales que estábamos atravesando se ocupara de la puesta a punto del libro y todo lo relativo a nuestra casa editorial. Del resto de lo sucedido aquella tarde no conservo demasiada memoria, por cuanto lo único que me preocupaba era el asunto de la tal obra, aparte de que lo que pude oír no fueron sino rumores de escaso fundamento, y tan dispares entre sí como varias eran sus fuentes de procedencia.

Por lo que se refiere a mi declaración en el sentido de no haber salido de casa en las fechas transcurridas entre los días 27 y 29 de julio, quiero advertir al juzgado que lo que creí que se me preguntaba era si había efectuado algún viaje a Barcelona, dado que las salidas hacia Masnou y Premiá entraban dentro del marco de mis actividades habituales. Sin embargo y para dejar perfectamente claro este punto, vuelvo a insistir en que el 27 permanecí en mi domicilio, en tanto que el 28 estuve en Masnou, adonde acostumbraba ir a afeitarme dos veces por semana.

J.—Si no al proponente, ¿recuerda cuando menos quién fue el allegado suyo a quien aquél le hizo la insinuación a que anteriormente usted se ha referido?

F.—Lo recuerdo perfectamente, pero ya he dicho que me reservo el desvelarlo hasta el momento oportuno, no creyendo con esto perjudicar a nadie. Aunque quiero, eso sí, advertir que tal abstención no quiere decir que no conceda al hecho la importancia que, a mi entender, tiene.

J.—Esa importancia a la que alude, ¿es la que supone para usted o aquella que pudiera tener para el juzgado?

F.—Me estoy refiriendo a la que, de seguro, ha de tener para el desarrollo y la justa solución del proceso[130].

El interrogatorio había durado exactamente una hora, y si se lee con atención, puede observarse que se centró casi exclusivamente en el análisis de las proclamas revolucionarias incautadas en el segundo de los registros de Mas Germinal, y el detalle de la visita del procesado a Masnou y Premiá la mañana del miércoles 27 de julio, que era, con los datos obrantes hasta ese momento, la única de sus actividades que podía comprometerle.

Ferrer, por su parte, se mostró sumamente crítico con el desarrollo de esta actuación sumarial, en la que creyó advertir tanto un empeño por parte del juez en «inventarle una culpabilidad a su medida», cuanto una decidida resistencia de este a aceptar como sinceros y verosímiles cualesquiera de sus testimonios de descargo. Y así se lo hizo saber a Charles Malato en la carta que le envió el 1 de octubre:

En su primer interrogatorio, me preguntó el juez si el día 26 de julio había estado en la Casa del Pueblo, de Barcelona, y cuál había sido la razón de mi visita, dos fechas más tarde, a Masnou y Premiá de Mar. Le contesté la verdad y pareció no prestarle la menor atención. En cambio, concedió una enorme importancia a una nota autobiográfica que envié en 1907 al Sr. Fournemont, quien me la había pedido para publicarla en el almanaque de la Federación Internacional del Libre Pensamiento. Como yo le dijera que no formaba parte de ningún partido político y me dedicaba por entero a la educación racionalista, creyó notar una contradicción en mi testimonio sobre esa nota, en la que, según él, hacía profesión de fe revolucionaria. Y aunque le hice advertir su error, demostrándole que a lo que me refería en ella no era a mis ideas actuales, sino a las de 1885, tuve la absoluta impresión de que nada de lo que pudiera decirle sería capaz de modificar su criterio.

También entendió como muy importantes tanto una de las cartas que escribí a Lerroux en 1889 animándole a ponerse al frente del movimiento republicano español como otra de Estévanez respondiendo a Morral acerca de cierto libro sobre el que estaba interesado y remitiéndole una receta para fabricar no sé qué tipo de arena. Respecto a la primera, le aseguré que respondía a un tiempo en que mis convicciones políticas eran otras, y con relación a la segunda, que no era yo sino Morral su destinatario. Y, sobre todo, le pedí que fijara su atención en la fecha de ambas, cuya antigüedad se remontaba a más de veinte años, y que, además, habían sido ya examinadas durante el proceso que, con sentencia absolutoria, se me siguió en Madrid por el atentado a los Reyes.

Finalmente, y como algo verdaderamente terrible, mostrome un manifiesto revolucionario, con aspecto de viejo y que yo desconocía por completo, diciéndome que había sido encontrado en mi casa durante el registro que en ella se hizo en presencia de mi hermano, su mujer y Soledad. En dicha proclama se habla de quemar iglesias, exterminar las órdenes religiosas, confiscar los bancos, y arrasar todo. Véase, pues, lo a punto que venía esta hoja, cuya paternidad se me achacaba, dándose además por sentado mi protagonismo en lo que a su distribución afectaba.

No pude por menos que protestar ante el juez de este hallazgo, por cuanto en el registro a que se refería, efectuado en mi domicilio el 11 de agosto por un teniente de la Guardia Civil y dos autoridades del pueblo, no se halló, según tengo entendido, después de casi doce horas de búsqueda sino una carta de Charles Albert dirigida a mi hermano, otra de Anselmo Lorenzo alusiva a un préstamo de 900 pesetas que había yo hecho a Solidaridad Obrera cuando alquiló su sede social, y una clave de Lerroux escrita muchos años antes de los sucesos de autos.

Mi protesta no encontró en él, sin embargo, eco ninguno. Y entonces, y a la vista de cuanto me había preguntado, comprendí ya de un modo claro y absoluto que lo único que se pretendía era hacerme responsable de todo lo ocurrido durante el transcurso de la revolución de julio, cuando lo cierto era, puedo asegurárselo, que no había participado ni tenido ninguna intervención en ninguna de las actuaciones relacionadas con ella[131].

El día 19 recibió Ferrer nuevamente la visita del comandante Raso, quien, después de recordarle sus anteriores declaraciones y pedirle que se reafirmara en ellas, inició un nuevo interrogatorio, que, repartido en tres sesiones interrumpidas por breves descansos de aproximadamente media hora, se prolongó a lo largo de toda la jornada.

De ellas, la primera, iniciada a las doce del mediodía, consistió en la repetición por parte del procesado del detalle de sus pasos desde el primer día de la Semana Trágica hasta la noche de su detención en Alella, resumen que por ya conocido no se detalla. En cuanto a las dos restantes, practicadas a las seis de la tarde y las once de la noche, discurrieron según el siguiente orden de preguntas y respuestas:

J.—¿Cómo asegura usted no conocer al alcalde de Premiá cuando hace no mucho tiempo se inauguró en dicho pueblo una sucursal de la Escuela Moderna, subvencionada por el Ayuntamiento, del que el Sr. Casas Llibre era entonces concejal?

F.—Como tengo a gala decir siempre la verdad, he de reconocer que efectivamente tuvo lugar ese hecho, al que, por cierto, asistí acompañado de mi señora. Pero ello no obsta para que desconociera los nombres de los concejales y demás personas presentes en el acto al que el juzgado se refiere.

J.—Y no conociendo a dicho señor, ¿con qué objeto viajó el día 28 de julio a Premiá para conferenciar con él, así como con don Antonio Mustarós y don José Álvarez Espinosa?

F.—Ya he dicho que ni fue ese el motivo de mi viaje ni conocía a ninguna de tales personas.

J.—¿Es cierto que en el transcurso de esa visita y al pasar ante la Administración de Consumos se le unieron los vecinos de la localidad Lorenzo Arnau y Jaime Calvo, en cuya compañía se dirigió a los locales de la Fraternidad Republicana?

F.—Ésta es la primera vez que oigo esos nombres que me cita. E ignoro, por supuesto, en qué lugar del pueblo se encuentran tanto la Administración de Consumos como el Centro de la Fraternidad Republicana.

J.—Una vez reunido con dichos señores, ¿incitó usted al alcalde a proclamar la República, anunciándole que en Barcelona ya había comenzado la quema de conventos?

F.—Esa pregunta ya se me hizo en una anterior indagatoria y respondí que no era cierto. No comprendo, por eso, cómo el juzgado pueda insistir acerca de unos hechos que repetidamente he calificado de inverosímiles y falsos.

J.—¿Cómo, si no hizo tal proposición, puede explicar que el Sr. Casas Llibre le contestase textualmente que lo que en Premiá hacía falta era paz y tranquilidad, y que sólo si en Barcelona triunfaba la rebelión procedería a declarar la República?

F.—No recuerdo que nadie me respondiese así, tanto más cuanto que yo no había hecho sugerencia alguna de ese tipo.

J.—¿Qué clase de relaciones mantiene usted con los vecinos de Premiá, Juan Solá (Casola) y Agustín Dejes (Jepus)?

F.—Ninguna, habida cuenta de que no los conozco.

J.—¿Cómo justifica el disgusto que le produjo la negativa de don Domingo Casas a secundar su propuesta?

F.—Puedo asegurar que en los pocos momentos que duró mi visita a Premiá no sufrí la menor contrariedad o disgusto.

J.—Si, como asegura, era su intención en el instante de ser detenido presentarse ante el juzgado, ¿de qué modo explica tanto que se le diera el alto cuando se dirigía en sentido opuesto a Barcelona, como que adujese ante las fuerzas del Somatén pretextos tendentes a evitar su captura?

F.—A la primera pregunta debo contestar diciendo que si verdaderamente no tomé el camino directo a Barcelona fue para evitar el ser visto por la policía, que ocupaba toda la línea del litoral, y sobre cuya actuación albergaba más que fundadas dudas, razón esta por la que preferí hacer el viaje por la vía del Vallés. Y en relación con mis excusas a los somatenistas (a los que no mentí en modo alguno, pues tanto el compromiso en que hubiera podido colocar a la señora que me había ocultado, como la existencia del Congreso de Esperanto eran hechos ciertos), digo lo mismo que acerca de la policía, esto es que dudaba de sus métodos, y no gratuitamente como he tenido ocasión de comprobar.

J.—¿No le parece a usted muy significativo que la casi totalidad de las circulares y cartas halladas en su domicilio tengan un común y genérico sello revolucionario?

F.—Quiero una vez más dejar constancia de mis dudas sobre la procedencia de tales documentos, máxime cuando recuerdo cómo durante mi anterior proceso fueron innumerables los cargos que, presentados por la policía al efecto, resultaron estar falseados deliberadamente por ella, hasta el punto de llegar a borrar el segundo apellido de un sospechoso llamado Francisco Ferrer para, poniéndole el de Guardia, hacerlo pasar por mí mismo. Esta probada malquerencia me hace temer hoy una nueva treta por su parte, al mostrar como auténticas unas pruebas inexistentes, con el único propósito de presentarme como culpable. Por eso pido al juzgado que me asegure que el atestado por el que se afirma el hallazgo de las mencionadas circulares fue realmente firmado por aquellos de mis familiares presentes en el registro.

J.—Si mantiene no haber redactado ninguna de las cartas y circulares que se le presentan, ¿cómo entiende que los peritos que las han examinado adviertan un notable parecido entre la letra «t» y la sílaba «ba» del documento obrante en el folio 179, con otras cartas escritas de su puño y letra?

F.—Permítame que, sin ofender su buena fe, ponga en entredicho las afirmaciones de esos peritos. Ya sabe el juzgado que en el asunto Dreyfus, los cuatro técnicos más relevantes de Francia dieron como redactados por el procesado unos documentos que luego resultaron no haber sido redactados por él. Creo que la peritación caligráfica no es hoy por hoy una ciencia matemática.

J.—¿No nota usted, de cualquier forma, una evidente relación entre la línea programática de dichas proclamas y los actos revolucionarios perpetrados en Barcelona y los pueblos de su comarca a lo largo de la última semana de julio?

F.—Quiero, en relación con esta pregunta, hacer dos puntualizaciones. Una, que ni conocía esas circulares ni mi ideología actual es consonante con ellas. Y otra que, contra lo que el juzgado mantiene, no veo correspondencia ninguna entre lo que dichos documentos persiguen y lo realmente acaecido durante el transcurso de la semana de autos, en la que ni se quisieron destruir las órdenes religiosas, ni ofendiose a la Magistratura, ni se insultó al Ejército, al que en todo momento se aclamó rotundamente.

J.—¿Cómo es que habiéndose dedicado exclusivamente a la enseñanza y no a la política, resulte de la lectura de los presentes documentos su probada intervención a favor de todo tipo de acciones y ejercicios revolucionarios?

F.—En la actualidad doy tan poca importancia a lo que pude escribir de política en otro tiempo, que cuantos recuerdos conservo de esa época los guardo en un paquete con el título de «Apuntes para la Historia», sin preocuparme lo más mínimo de ocultarlos y esperando tan sólo que en el futuro puedan servir de alguna utilidad a los estudiosos de nuestro momento histórico.

J.—¿Para qué quería saber si los 300 compañeros de que habla uno de sus manifiestos estaban en posesión de «víveres», expresión esta que traduce a continuación como dinamita?

F.—Esa traducción no pasa de ser una suposición gratuita, en cuanto que la palabra dinamita está borrada como puede apreciarse. Pero por si ello no fuese suficiente, diré que dicho mensaje, que ni se imprimió ni fue mostrado a nadie, lo escribiría posiblemente en un momento de fervor o pasión.

J.—¿Cuál es el nombre de la persona a quien proporcionó usted 20 cartuchos de dinamita con la consigna de que los utilizase en volar uno de los conventos de Premiá?

F.—Jamás he tenido en mi mano un cartucho explosivo.

J.—Diga si esa persona fue Miguel Carreras y de qué medios se valió para hacérselos llegar.

F.—Protesto de esa imputación, puesto que no conociendo a tal individuo mal podía habérselos entregado.

J.—¿Es usted anarquista de acción, y ha tomado parte en atentados terroristas como el de Mateo Morral?

F.—Ni soy anarquista en el sentido a que se refiere dicha pregunta, ni nunca he realizado acción terrorista alguna.

J.—Y si realmente no lo es, ¿cómo acaba una de sus proclamas profiriendo sendos ¡vivas! a la revolución y la dinamita, después de haberse interesado en la misma acerca de si sus adictos se hallaban en posesión de tal explosivo?

F.—Esos términos pertenecen, según tengo entendido, a dos borradores distintos. El primero, escrito, como ya he manifestado anteriormente, en 1892, durante un periodo de fervor político. Y el otro, redactado algún tiempo después, cuando el Sr. Ruiz Zorrilla intentaba proclamar la República con la ayuda del Ejército, al que precisamente se alude en tal sentido. Pero ni uno ni otro, vuelvo a repetirlo, fue jamás publicado, ya que no respondían sino a apasionadas fantasías de juventud. Esto explica que no recuerde ahora, luego de tantos años, nada referente a lo que en ellos se decía, aunque lo que sí puedo afirmar es que nunca he buscado adictos para la consecución de ninguna obra personal ni he pretendido acceder a cualquier jerarquía o puesto de primacía.

J.—Sin embargo, en la primera de esas circulares da usted instrucciones concretas a sus destinatarios sobre la forma de comunicarse entre sí, y de repartirse esos puestos el día en que triunfara definitivamente la revolución.

F.—Ya he manifestado cuanto tenía que decir acerca de ese borrador, que no prueba en modo alguno mi activismo político en las fechas objeto de este proceso.

J.—Y tanto la carta que escribió a Lerroux como el manifiesto en que asegura que «ha llegado el instante de proceder con energías salvajes», ¿no son pruebas de su vinculación a una ininterrumpida trayectoria revolucionaria?

F.—Ya en los últimos años de la vida de Ruiz Zorrilla comenzaron a enfriarse mis entusiasmos radicales al comprobar cómo los hombres que generalmente dirigen esos partidos buscan antes que nada su bienestar y gloria personal. Así que, una vez muerto don Manuel, decidí desentenderme completamente de toda actividad política, lo que no quita para que continuase manteniendo cordiales relaciones con Lerroux y le recomendara que se constituyese en jefe del Partido Republicano. Respecto a mi invitación a actuar con «energía salvaje», es algo que hay que entender como una sugerencia a luchar por una España mejor, que no es otra cosa que lo que yo deseaba allá por el año 1892 al escribirla.

J.—Durante los pasados sucesos de autos, ¿tuvo usted individuos a sus órdenes? Y de ser así, ¿dónde estaban emplazados y de qué modo se comunicaba con ellos?

F.—Fuera de los empleados de mi editorial, jamás he tenido sujeto alguno bajo mi mandato.

J.—¿Cómo es que se prestaba a hacer de intermediario en gestiones y encargos del tipo del que puso en contacto a don Nicolás Estévanez con Mateo Morral?

F.—Creo haber dicho ya que en ningún momento escribí a Estévanez solicitándole comisión alguna de Morral. Lo que sucede es que tanto éste como los señores Batllori y Litrán acostumbraban algunas veces a redactar sus cartas en papel timbrado de la Escuela Moderna, con lo que las respuestas a tales misivas venían en ocasiones dirigidas a mi nombre.

J.—¿Participa, en cualquier caso, de las ideas anarquistas y disolventes de ambos agitadores?

F.—De ninguna manera.

J.—Si en verdad pretendía usted mantenerse en la oscuridad, ¿cómo puede explicarse su entrevista con Puig Ventura y Casas Llibre, en cuyo transcurso intentó ganarse la colaboración de Masnou y Premiá para la causa de la revolución?

F.—Me ratifico en lo que ya tantas veces he manifestado, es decir que jamás intenté recabar el concurso de dichos señores ni me entrevisté a tal objeto con ellos.

J.—¿Y no es cierto que en la tarde del 26 de julio viose con don Lorenzo Ardid en la Casa del Pueblo?

F.—No lo recuerdo.

J.—¿Cuál fue el motivo por el que al comunicarle el Sr. Ardid que el Partido Republicano no deseaba intervenir en el desarrollo de los acontecimientos le volviera usted la espalda en señal de desaprobación y disgusto?

F.—Ya he dicho que no creo haber coincidido en esa fecha con don Lorenzo Ardid. Pero aun de ser así, difícilmente pudo enojarme una noticia suya que en absoluto me afectaba.

J.—¿Qué propósito le llevó la citada tarde primero a la Casa del Pueblo y luego a la redacción de El Progreso?

F.—Al periódico fui a buscar al Sr. Litrán, con quien deseaba discutir ciertos asuntos editoriales. En cuanto a mi visita a la Casa del Pueblo sigo asegurando no recordar haber estado allí a lo largo de toda esa jornada.

J.—Sin embargo, y según noticias obrantes en este juzgado, fue por don Lorenzo Ardid y no por don Cristóbal Litrán por quien preguntó usted al llegar a dicho centro.

F.—Eso no es cierto, y no entiendo quién ha podido certificar algo que no se ajusta en nada a la verdad.

J.—Concrete si estuvo ese día en la Casa del Pueblo, a quién o a quiénes vio en la misma, y sobre qué extremos giró su conversación con ellos?

F.—Me parece absurdo insistir en una pregunta a la que repetidamente ya he contestado.

J.—¿De qué modo justifica la contradicción existente entre su afirmación de no haber inducido a la violencia al carpintero Rosendo Gundás y el hecho de que en varios de sus escritos se reitere una constante invitación a la misma?

F.—Yo no veo contradicción alguna entre lo que se asegura haya podido decir a un carpintero y una frase escrita en un borrador redactado hace ahora diecisiete años. Entenderlo como tal, me parece sólo una prueba de mala voluntad.

J.—¿Con qué objeto un grupo de individuos apostados en las proximidades de su finca de Mas Germinal detenían entre los días 27 al 31 de julio pasado a cuantas tartanas, carros y bicicletas circulaban por objeto aquel lugar?

F.—Es la primera noticia que tengo sobre ese incidente, en el que no creo y que me resulta, además, una burda invención.

J.—¿Se reafirma usted en que no salió absolutamente para nada de la casa en que hallábase refugiado durante todo el transcurso de su permanencia en la misma?

F.—Por supuesto que sí. Y ello es tan cierto que nadie será capaz, sin incurrir en perjurio, de afirmar lo contrario.

J.—¿Fue entonces en esa casa donde firmó el documento que habría de permitir a su familia retirar del Banco de España la garantía de su cuenta de crédito por un importe de 90.000 pesetas, así como las demás circulares y misivas suscritas por usted y fechadas entre los días 28 de julio y 31 de agosto pasados?

F.—En primer lugar, quiero aclarar una vez más que lo que pretendí con esa operación bancaria no fue retirar la garantía de crédito aludida sino renovar dicho crédito, tal y como vengo haciéndolo desde hace varios años. Pero yendo a vencer su renovación el pasado 17 de agosto, envié a una persona de mi confianza al despacho del corredor del Banco para preguntarle cómo podía efectuarse tal trámite sin necesidad de verme obligado a ir a firmar personalmente, enterándome de que podía resolverlo con sólo rellenar unos impresos y firmarlos luego en mi propio domicilio. Así lo hice, devolviéndoselos a renglón seguido, ya en orden y por el mismo conducto. Respecto a los otros documentos a que se refiere el juzgado, no recuerdo ciertamente haber redactado ninguno en los días en que estuve allí refugiado, aunque, eso sí, no descarto por entero la posibilidad de que pudiese hacerlo.

J.—Si no la filiación de las personas que le ocultaron durante ese periodo de extrañamiento voluntario, ¿podría al menos expresar la identidad del allegado de quien sirviose para la comisión del citado trámite crediticio?

F.—Ruego al juzgado que por las mismas razones de delicadeza anteriormente expuestas, me exima de responder a esa pregunta, máxime cuando en mi opinión se trata de un pormenor extraño a las actuaciones de este sumario.

De esta nueva actuación, concluida poco después de la medianoche, dejaría también Ferrer una versión detallada, que, dentro de su habitual tono de mesura, expresaba, sin embargo una mezcla de ironía y sorpresa ante lo inusitado e inconexo de su planteamiento, y anticipaba, además, el temor de que su condena estuviese ya decidida. Incluida en la ya citada carta a Charles Malato, decía textualmente:

Dos han sido básicamente los puntos sobre los que el juez ha basado su interrogatorio de hoy: un manifiesto revolucionario que redacté en 1892 con ocasión del Congreso Internacional del Libre Pensamiento celebrado en Madrid, y mi visita a Masnou y Premiá el día 28 de julio, en la que, a su entender, puse en evidencia de forma rotunda mi condición de máximo responsable de la revuelta en cuestión.

En relación con el primero de los datos, que inmediatamente ha relacionado con los recientes acontecimientos revolucionarios, le he hecho notar que no había la menor coincidencia entre lo escrito hace casi dieciocho años y lo ocurrido ahora, y, sobre todo, que ni el tal manifiesto fue nunca impreso ni yo me había acordado de él desde entonces. Pero enseguida he comprendido que mis comentarios no le convencían en absoluto, y que, por el contrario, se afanaba en releerlo y estudiarlo, palabra por palabra, en busca de la más mínima observación que pudiera proporcionarle cualquier tipo de pista acerca de mi culpabilidad.

Respecto al tan traído y comentado viaje a las poblaciones de la costa, al que ha aplicado los extraños calificativos de «gravísimo» y «esclarecedor», le he expuesto que no obedeció sino, por una parte, a mi antigua costumbre de acudir a Masnou para afeitarme, y, de otro lado, al interés que como simple ciudadano sentí por conocer el desarrollo de unos sucesos que habían acaparado la atención de toda la comarca.

Así, la mañana del miércoles llegué a Masnou, pequeño pueblecito situado a un par de kilómetros de Mas Germinal, y de escasos habitantes, y me dirigí a la barbería, que, a poco de entrar, llenose de infinidad de gente pues a lo visto había corrido el rumor, para mí desconocido, de que yo era el director de la huelga general iniciada dos días antes en Barcelona.

Después de servirme, y una vez que aclaré a los allí presentes mi total desconexión con los citados sucesos, supe que acababa de llegar a Premiá un vaporcito procedente de la capital y, deseando enterarme de si el comercio barcelonés estaba abierto para poder reanudar mis gestiones editoriales, decidí acercarme hasta allá y preguntar a los viajeros desembarcados cuál era realmente la situación en Barcelona, breve excursión esta que realicé acompañado de un tal Juan Puig (Llarch), presidente del Comité Republicano del pueblo, recién venido al establecimiento y que se prestó encantado a hacer el camino conmigo.

Nada más llegar a Premiá nos enteramos, sin embargo, de que las autoridades municipales no habían permitido atracar al barco, con lo que, frustrado nuestro objetivo y tras permanecer allí unos quince minutos intercambiando noticias y puntos de vista con los vecinos de la localidad, decidimos regresar de nuevo, tomando Puig Ventura la dirección de Masnou y dirigiéndome yo hacia mi residencia de Mongat.

Pues bien, de este viaje ha pretendido el juzgado hacer un extraordinario suceso por culpa de las declaraciones tanto del mencionado Llarch como del alcalde de Premiá (que supongo sería uno de los individuos con los que hablé en el pueblo), quienes han asegurado que les había propuesto secundar el movimiento de Barcelona, proclamando la República y procediendo a la quema de las iglesias y conventos de ambos lugares, extremos todos ellos absolutamente falsos y encaminados sólo a desplazar sobre mí sus auténticas y exclusivas responsabilidades.

Como bien podéis suponer, querido amigo, me encuentro sumido en una atmósfera angustiosa y aunque me he prometido protestar vivamente de los testimonios de esos lerrouxistas, así como contra la decidida tendencia del juez a querer encontrar en mi pasado pruebas mediante las que justificar mi presunta participación en los hechos de autos, no advierto en verdad posibilidad ninguna de ser atendido, vista la malquerencia y el tono hostil con que la Autoridad judicial se está comportando[132].

Si no la animosidad y el encono de que Ferrer se queja al referirse a sus indagatorias, sí es advertible, a todo lo largo de las mismas, la insistencia, por parte del juez, en sostener un esquema impreciso y reiterativo que, basculando entre la remisión a documentos obsoletos y el desmenuzamiento de actuaciones intrascendentes, revela la falta de base penal con que el juzgado las había abordado. Empeñado en relacionar la «potencial criminalidad» del procesado con la rebelión, el comandante Raso, descubría la clara orientación que guiaba todas sus diligencias y daba sentido a la «inducción histórica» que guiaba las investigaciones, y que, como puede apreciarse, presidió en todo momento la instrucción del proceso.

Lo que queda claro, en cualquier caso, es que, sin la presión política que dominaba todas y cada una de las prácticas judiciales, el resultado de lo actuado hubiera sido suficiente para archivar la causa por ausencia de materia punible, al menos en el grado que el juzgado pretendía. Pero las circunstancias eran en la Barcelona de ese mes de septiembre muy diferentes, y cualquier atisbo de conexión con la revuelta, por insignificante que fuese, era admitido por los jueces y recibido como el más concluyente de los cargos. «Las declaraciones de Ferrer —escribiría así su hija Sol— no podían tener ascendiente ninguno sobre la sordera del aparato judicial, y sus palabras, por justas, sinceras y probativas que fuesen, de nada habían de servirle ante el deliberado propósito de aquél por predeterminar intencionalidades meramente supuestas, elevar conclusiones sobre simples indicios, y conducir a su modo y conveniencia la justicia».

Paralelamente a estas indagatorias, y urgido por sus superiores ante la necesidad del Gobierno de abrir las Cortes (con lo que eso podía suponer de beneficio para el acusado), el juez instructor aceleraría el curso de sus diligencias, concretadas en los días siguientes en los dos últimos registros de Mas Germinal, de los que ya se ha dado cumplida cuenta; la declaración de 43 nuevos testigos; la práctica de cuatro careos entre Ferrer y Lorenzo Ardid, Domingo Casas Llibre, José Álvarez Espinosa y Juan Puig Ventura, que habían depuesto en su contra; y tres reconocimientos del procesado en rueda de presos, por parte de los soldados del Regimiento de Caballería, Claudio Sancho y Miguel Salvo, y del corresponsal de El Siglo Futuro en Barcelona, Francisco Colldefons.

Detallado ya en páginas precedentes el resultado de los dos últimos registros de la finca del procesado, en el primero de los cuales el juez instructor tuvo que reclamar al Gobierno civil, que es quien lo había dispuesto, el resultado de las diligencias; y conocidas también las declaraciones de los testigos, corresponde detenerse ahora en el detalle de los careos, que tuvieron lugar en la Cárcel Modelo los días 20 y 22 de septiembre, y obran en los folios 414, 458, 460 y 461 del sumario.

En el curso de los mismos, todos los intervinientes se ratificaron en sus anteriores declaraciones. Lorenzo Ardid mantuvo que el 26 de julio Ferrer acudió a la Casa del Pueblo y le pidió hablar con él en privado, a lo que se negó, invitándole a irse por no ser grata allí su presencia; y Domingo Casas Llibre, José Álvarez Espinosa y Juan Puig Ventura confirmaron, a su vez, que el procesado visitó el día 28 las localidades de Masnou y Premiá, donde les interesó a secundar el movimiento revolucionario iniciado el lunes anterior en Barcelona. Ferrer, por su parte, negó con firmeza todas estas imputaciones y únicamente se avino a admitir, contra lo declarado hasta entonces, la posibilidad de haber hablado con Ardid, «aunque sin asegurarlo expresamente ni dar importancia al hecho»[133].

Sobre este trámite, zanjado con el desacuerdo, e inútil, por tanto, para la clarificación de los hechos, conviene hacer unas mínimas pero oportunas consideraciones:

— La única de las afirmaciones del procesado destruida en el careo (su visita a la sede del Partido Radical), no prejuzga su participación en los sucesos de autos, sino que más bien la desmonta al confirmar Lorenzo Ardid el rechazo que la presencia de aquél suscitó en la Casa del Pueblo.

— Procesados como estaban los cuatro careantes cuando se llevó a cabo este trámite, la ratificación de sus testimonios atenuaba e incluso excluía sus propias responsabilidades.

— La excarcelación de que todos ellos se beneficiaron inmediatamente después del careo, fundamenta la sospecha de que su libertad no fue ajena a esta diligencia.

En cuanto al reconocimiento en rueda de presos (recogido en los folios 488, 489 y 492 del sumario), se practicó los días 25 y 27 de septiembre y estuvo dirigido a comprobar si tanto los dos soldados de Caballería de Santiago que aseguraron haber visto a Ferrer la tarde del 26 de julio en la plaza de Antonio López, como el corresponsal de El Siglo Futuro, que también mantenía haberlo encontrado el día 27 en las Ramblas, lo reconocían físicamente. Colocado para ello el procesado junto a otros seis reclusos de su misma edad y complexión, los tres testigos coincidieron en afirmar que se trataba de la misma persona a la que se habían referido en sus anteriores comparecencias[134].

La seguridad de su identificación por parte de los testigos que lo reconocieron no impide apuntar unas consideraciones que cuestionan su valor probatorio:

— En la fecha en que tuvo lugar el reconocimiento, todos los periódicos de Barcelona habían publicado infinidad de fotografías de Ferrer, con lo que su imagen era ya de dominio público.

— La plaza de Antonio López es punto de paso obligado para quien, como es el caso de Ferrer, se traslada desde la Estación de Francia hacia las Ramblas, por lo que su presencia en ella esa tarde puede perfectamente explicarse.

— Los dos soldados que le reconocieron habían sido visitados el día anterior por el juez instructor en su acuartelamiento de la Barceloneta, lo que abre la sospecha de que pudieran haber sido aleccionados al respecto, máxime cuando sus declaraciones fueron absolutamente coincidentes.

— Ambos comparecientes lo habían visto solo un momento, en medio de una multitud de gente, mientras disolvían una manifestación de alborotadores, con el sombrero cubriéndole parte del rostro, y sin conocerle previamente ni siquiera por fotografía.

— Nadie, salvo Francisco Colldefons, vio a Ferrer en Barcelona a lo largo del martes 27 de julio, día en el que, según el procesado, no se movió de Mas Germinal.

Nada iba, sin embargo, a detener el curso de los acontecimientos. No importaba que dos soldados a caballo, en el tumulto propio de la disolución de centenares de manifestantes, hubiesen podido reconocer sin género de dudas, dos meses después, al procesado (a quien, además, nunca antes habían visto), como uno de los ciudadanos que por allí circulaban. Ni importaba tampoco que el corresponsal Colldefons, hubiera rectificado su testimonio, declarando que «si mal no recordaba» vio en las Ramblas a un sujeto que «le pareció ser Ferrer», al que sólo conocía por fotografía, pero de quien tuvo el convencimiento de que «pudiera serlo» por el hecho de «haberlo oído decir a quienes por allí transitaban». Faltaban las pruebas, pero sobraba la voluntad de construirlas. Y para ello, para poder conseguirlas, sólo era preciso transformar el rumor en evidencia, convertir la sospecha en certeza, soslayar las dudas y vacilaciones de los testigos, y dar por probado lo que únicamente tenía un simple valor indiciario.

En uno de los pasajes de su escrito de apuntamiento, ya en el curso del juicio oral, el juez Raso recordaría las noches de insomnio que había pasado leyendo y releyendo el sumario para hallar el mejor modo de fundamentarlo. Y es natural que fuese así. Porque, con la sola excepción de las declaraciones de Sancho, Salvo y Colldefons, en las que creyó atisbar un leve rayo de esperanza, lo cierto es que tres semanas después de desglosarse la pieza separada, el instructor contaba como pruebas acusatorias contra Ferrer que éste había pasado la mañana del 26 de julio realizando en Barcelona gestiones comerciales; que en su visita a la Casa del Pueblo había sido desairado e incluso expulsado por Lorenzo Ardid, con lo que no pudo siquiera acceder a ella; que lo mismo le sucedió en la redacción de El Progreso, donde Emiliano Iglesias apenas le dedicó unos minutos, desoyó sus recomendaciones y le invitó a que se volviese a casa; que tampoco los anarquistas de Solidaridad Obrera le prestaron la menor atención, como se deduce del desdén con el que le trató Miguel Moreno al encontrarlo en la calle de la Princesa; que las autoridades municipales de Masnou y Premiá desestimaron su propuesta de sumarse al alzamiento iniciado en la capital; y que había permanecido escondido y alejado de los acontecimientos todo el resto de la Semana Trágica. Y con esos escasos mimbres, con esos escasos indicios, tenía que encontrar evidencias y argumentos, no sólo ya para incriminarle como uno de los participantes en la rebelión, sino lo que resultaba aún mucho más difícil, para demostrar que había sido su organizador, ejecutor, jefe y máximo responsable[135].

Pero no parece que las autoridades militares se arredrasen ante las dificultades, ni que les temblase el pulso cuando de impartir un severo escarmiento se tratara, tuviesen o no pruebas fundadas con que refrendarlo. Al menos, eso debió pensar Eugenio del Hoyo, un guardia de seguridad en situación de baja y con claros síntomas de desequilibrio psicológico, cuando, la mañana del 13 de septiembre se vio en los fosos del castillo de Montjuïc ante el pelotón de fusilamiento que iba a ejecutarle, como reo de haber disparado desde un balcón de la calle de San Pablo contra la fuerza pública sin daño ostensible para los integrantes de la misma. Una condena esta, obsérvese el dato con atención, que el Consejo de Guerra que lo juzgó falló con una pena de reclusión perpetua, pero que el auditor que debía informarla, general Ramón Pastor (el mismo al que correspondió la supervisión del proceso seguido a Ferrer) elevaría a la pena de muerte[136].

IX

El Plenario

Si hasta comienzos de la última semana de septiembre el proceso había venido instruyéndose con una desacostumbrada celeridad, como resultado del desglose de que había sido objeto la causa, a partir de ese momento cobró en su tramitación un ritmo vertiginoso, explicable, como ya se ha apuntado, por la necesidad del Gobierno de no acudir al Congreso, cuya apertura estaba anunciada para el 15 de octubre, sin una respuesta concluyente sobre el liderazgo de la revuelta.

Y como ciertamente el comandante Raso entendía muy pobre el bagaje de señalar a Ferrer como jefe y ejecutor de la Semana Trágica con el único cargo de haber animado el alzamiento en dos pueblecitos de escasos centenares de habitantes, citó entre el 21 y el 29 de septiembre a nada menos que 29 testigos (casi un tercio de cuantos depusieron en la causa), en una búsqueda afanosa y casi desesperada por poder probar la participación de aquél en las algaradas de Barcelona. Porque no hay que olvidar, y el diputado republicano Rafael Salillas se encargaría de contabilizarlos, que de los 497 folios de que hasta ese día disponía el sumario, 376 (más de las tres cuartas partes) estaban dedicados exclusivamente a los sucesos de Masnou y Premiá de Mar, y tan sólo 12 a los acaecidos en la capital catalana, que es donde, a fin de cuentas, se habían producido el auténtico foco y los sucesos más sangrientos de la rebelión armada[137].

En el curso de esa semana desfilaron, así, por las dependencias del juzgado, además de los soldados Claudio Sancho y Miguel Salvo, y el periodista Francisco Colldefons (a los que ya se ha hecho referencia), el agente de policía Ángel Fernández Bermejo; los máximos responsables del Regimiento de Dragones, coronel Federico Ramírez y capitán Ramón Puig; el teniente retirado Alfredo García Magallanes; y 20 paisanos más, relacionados de alguna manera con la insurrección; además del fiscal del Tribunal Supremo, Javier Ugarte, que, dispensado por su cargo, declararía por correo desde Fuenterrabía, donde pasaba sus vacaciones.

De los tres primeros obtendría el instructor la, para él, fundada evidencia de que Ferrer había estado en Barcelona, entre la multitud de revoltosos, los días 26 y 27 de julio (esta última fecha sostenida sólo por un único y dubitativo testigo). De Fernández Bermejo, que «le había visto el lunes 26 en la plaza de Antonio López acercándose a los grupos que allí había en actitud subversiva». Y del fiscal Ugarte, que «escuchó repetidamente el eco de acusaciones personales, determinadas y concretas, y, de entre ellas, la que con mayor insistencia oyó fue la que suponía a Ferrer director o uno de los directores del alzamiento». Con la particularidad, además, de que tanto Colldefons como el fiscal del Tribunal Supremo rebajaron la contundencia de sus primeros testimonios, que pasaron de la rotundidad inicial a una incriminación mucho más tibia, medida y matizada[138].

Y aunque ninguno de esos testimonios resultaba en absoluto concluyente, y a lo más podía entenderse como simplemente indiciario, el juez Raso decidió el 29 de septiembre dar por suficientes los datos obrantes en la causa, concluir el sumario, y enviar los autos al auditor de Guerra para que emitiese el preceptivo dictamen acerca de si procedía o no elevarlos a Plenario, que es, como se sabe, la fase del procedimiento penal en la que se hacen públicas las diligencias hasta entonces reservadas, se pasa la causa al fiscal para que califique el delito y, una vez devuelta al instructor, y nombrado el defensor, se hace comparecer al reo para que formule las alegaciones que estime convenientes.

Una orden de Capitanía General, rubricada ese mismo día por su titular, resolvía favorablemente la aludida petición del juzgado en los términos siguientes:

De conformidad con el anterior dictamen, elévense a Plenario estas actuaciones contra el acusado Francisco Ferrer i Guardia, que permanecerá mientras tanto en situación de prisión preventiva. Para su cumplimiento, vuelvan las dichas providencias al juez instructor, comandante don Valerio Raso Negrini, pasando antes al capitán del Regimiento de Infantería de Vergara n° 57, don Jesús Marín Rafales, a quien nombro fiscal. Y póngase en conocimiento del juzgado lo dispuesto por este Estado Mayor acerca de la condición en que debe permanecer el susodicho procesado a fin de que proceda a cumplimentarla[139].

Simultáneamente a la recepción de este oficio, que llevaba implícita la puesta en marcha de las diligencias preliminares de la vista, el juez instructor recibía una carta, fechada y certificada la mañana anterior en Teruel, a través de la que Soledad Villafranca y sus demás compañeros de destierro le hacían patente su deseo de testificar en la causa. La misiva (celosamente silenciada por el juzgado, e inédita hasta que el levantamiento de la censura permitió a sus comunicantes hacerla pública), venía franqueada con carácter de urgencia, y decía:

Los que suscriben, desterrados en Teruel, extrañando el tiempo que pasa sin que se les llame a declarar en el proceso instruido contra Francisco Ferrer i Guardia (sobre todo, cuando a tres de nosotros se nos hizo concebir la idea al ser detenidos de que nuestro testimonio sería tenido en cuenta), nos dirigimos al juez instructor de dicha causa para hacerle saber que conocemos con detalle el empleo del tiempo del procesado durante los días en que ocurrieron los sucesos de Barcelona, y deseamos aportar nuestro testimonio al sumario para el esclarecimiento de la verdad y el triunfo de la justicia[140].

La respuesta del juez a la presente súplica apenas si se hizo aguardar unas horas. Cursada también por correo certificado en el transcurso de la mañana siguiente, se limitaba a desestimar la petición de los firmantes, al tiempo que ponía un leve punto de ironía en relación con el inexplicable retraso con el que recibía su ofrecimiento:

Muy señora mía: Recibida a las cuatro de la tarde del día de ayer la carta que ustedes me dirigen, tengo el sentimiento de manifestarles que me es imposible acceder a su ruego por encontrarse la causa desde ayer elevada a Plenario, aunque me extraña mucho que si algo tenían en verdad que declarar no lo hayan hecho en los veintiocho días transcurridos desde el momento de la detención del procesado[141].

¿Qué razones movieron al juzgado a desestimar un testimonio de tan singular importancia? ¿Cómo pudo ignorar las declaraciones de quienes por su proximidad al procesado en las fechas de autos se hallaban en situación de confirmar o desmentir las afirmaciones de Ferrer? ¿Por qué una aplicación tan restrictiva de la ley, que se infringiría en cambio muy poco después con la aceptación también fuera de plazo de un nuevo testigo, como va a tener ocasión de comprobarse?

En primer lugar, la aseveración de que la causa se encontraba ya elevada a Plenario a las cuatro de la tarde del día 29, hora en la que se recibió la carta de los desterrados de Teruel, parece improbable. Y es que para que ello fuese así, hubiera sido preciso que en el escaso margen de tiempo comprendido entre primeras horas de la mañana, en que el capitán general dio orden de esa actuación, y el momento de la llegada de la carta (unas ocho horas), el juez redactase el resumen de todas las pruebas del sumario (unos sesenta folios); lo remitiese a la Sección de Justicia de Capitanía; ésta, a su vez, la hiciera llegar al capitán general, para que la enviara a la Auditoría de Guerra; y el auditor, después de considerar detenidamente si se habían practicado correctamente todas las diligencias sumariales, la devolviese a Capitanía, que habría, por su parte, que trasladarla nuevamente al juez, todo lo cual no parece humanamente posible[142].

Y eso sin contar con las casi insalvables dificultades que los deportados habían tenido para poder hacer llegar hasta las autoridades militares cualquier tipo de comunicados, como bien se deduce de la nota que uno de ellos, Anselmo Lorenzo, escribió a poco de instalarse, y que el biógrafo de Ferrer, W. Archer reproduciría posteriormente:

Vivíamos en una casa del Paseo del Ferial, vigilada día y noche por policías y guardias civiles, de la que en ningún momento podíamos salir solos. Cualquier tendero que llegase allí, incluso el cartero, iba siempre acompañado por un agente de vigilancia. En la calle, justo delante de la casa, instalaron una garita en la que permanecían nuestros carceleros. Nos estaba vedado hacer o recibir visitas, e incluso se nos prohibió saludar a las personas que pasaban por la calle. Nos cerraban la puerta a las siete de la tarde, y desde ese momento la casa se convertía en una fortaleza.

En estas condiciones no podíamos trabajar ni allegar, por tanto, ningún dinero. Hasta ahora hemos vivido del que, a costa de grandes esfuerzos, hemos recibido de nuestros familiares y de unos pocos pero buenos amigos. Vivíamos siempre pendientes del espectro de la necesidad y el abandono.

Nuestra correspondencia era escandalosamente violada, e incluso los fondos que nos enviaban en cartas certificadas eran también requisados por la Autoridad pertinente. Y así estuvimos hasta que logramos disponer de la colaboración de un amigo que consiguió hacer llegar nuestras cartas hasta Valencia y Zaragoza, a través de las que pudimos conseguir establecer contacto con algunos conocidos en el extranjero[143].

Pero por si ambos datos no fueran suficientes, hay otro aún mucho más grave, como es la aceptación, dos días después de negárseles deponer su testimonio, es decir, el 1 de octubre, de la declaración de Pedro Figueras, un comerciante que se presentó voluntariamente en el juzgado declarando haber visto a últimas horas de la noche del lunes 26 de julio a Ferrer, en la plaza de la Universidad, de Barcelona, al que, según dijo, saludó sin que aquél le correspondiese. Claro que, en este caso, se trataba de una testificación que no favorecía al procesado, sino todo lo contrario[144].

Sin tener en cuenta ninguna de estas consideraciones, que desautorizaban las declaraciones del ministro La Cierva a The Times, según las cuales la «ley militar ofrecía al reo idénticas garantías que la legislación penal ordinaria», el comandante Raso hizo caso omiso a la demanda de los allegados de Ferrer, a quien, sin embargo, notificó al día siguiente, 30 de septiembre, el levantamiento de su incomunicación. Una incomunicación que había durado todo un mes, y que, naturalmente, había impedido al procesado personarse en ninguna de las múltiples diligencias que a lo largo de todo ese tiempo había dispuesto el juzgado.

Sin tiempo apenas para reponerse de la sorpresa que una noticia tan largamente esperada como ésa le había producido, Ferrer dictó un breve telegrama haciéndosela saber a Soledad y sus amigos:

Levantáronme incomunicación, elevando causa a Plenario. Pronto seré juzgado. Confío fallo absolutorio, pese a falsas acusaciones y calumnias clericales. Recibirás carta mañana. Todo va bien. Anima a los compañeros de destierro. Abrazos[145].

Contrariamente a la confianza expresada en el texto anterior, el fiscal, capitán Marín Rafales, haría llegar unas horas después al juez el resumen de sus conclusiones provisionales, en el que se definían los hechos instruidos como constitutivos de un delito probado de rebelión militar, y reclamábase, en consecuencia, para su autor la pena de muerte. Un escrito este, que, intuido como era de esperar por la mayoría de la prensa, hizo que La Publicidad, desafiando a la censura y apoyándose en el éxito conseguido esos días por el Ejército en la toma del Gurugú, levantara esa mañana su voz en solicitud de una amplia y generosa amnistía que afectara no exclusivamente a Ferrer, sino a la totalidad de los centenares de presos implicados en los sucesos sangrientos:

Los vencedores siempre se han mostrado generosos. En la empresa guerrera del Rif ha salido triunfante el Gobierno. La victoria de las armas alcanza al señor Maura y a sus ministros. Creemos que deben mostrarse también clementes.

Pedimos, por eso, a nuestros gobernantes, magnánimos ante el éxito de sus victorias, el perdón para los sentenciados y la amnistía para los perseguidos. Que se celebre con un amplio espíritu de generosidad la brillante toma del Gurugú; que no haya que añadir más lágrimas a los raudales de lágrimas vertidas. Que la justicia no sea únicamente un símbolo de castigo, sino que pueda ser también un signo de clemencia[146].

Vivo aún el eco de esa petición, desoída como era de esperar por el Gobierno, la mañana del 1 de octubre se inició con el trámite relativo a la designación de la Defensa, diligencia para cuya práctica se constituyó el Juzgado instructor en la celda del reo, y de la que el periodista José Brissa dejaría un breve pero puntual testimonio:

Al ser requerido Ferrer para que nombrase defensor, y puestas que le fueron de manifiesto las listas de los oficiales aptos para dicho destino, respondió: «No conozco a ninguno de esos señores, pero supongo que cualquiera servirá para defenderme. Desearía, sin embargo, encontrar uno totalmente libre de prejuicios religiosos y capaz de comprender los sentimientos humanitarios y morales que persigo al publicar mis obras educativas y filosóficas».

Como el juez instructor le objetara que todos y cada uno de ellos se hallaban en disposición de cumplir su cometido sin distingos de ningún género, y reunían todas las condiciones legales exigidas para el ejercicio del mismo, volvió a releer calmosa y detenidamente el pliego y dijo: «Elijo entonces al capitán don Francisco Galcerán Ferrer, aunque tan sólo sea por el hecho de que tanto su nombre como el segundo de sus apellidos coinciden con los míos».

Oída su designación, el juez ordenó al secretario dar cuenta de la misma al citado capitán (que lo era del 4.° Regimiento Mixto de Ingenieros) instándole a responder inmediatamente sobre si aceptaba o rehuía el encargo[147].

Además de esta actuación, la jornada registró, a efectos judiciales, el obligado control antropométrico del reo (por el que se sabría que Ferrer medía 1,63, era de complexión robusta, y tenía el escaso pelo rubio), y la ya citada declaración del testigo Pedro Figueras, referida anteriormente, y que nada nuevo aportaría a la causa.

Simultáneamente a estos trámites, la prensa catalana amaneció ese día con dos artículos, de signo contrario, aparecidos en El Correo Catalán y La Veu de Catalunya, que bajo los respectivos títulos de «Las cosas claras» y «¡Ah, Barcelona!», se referían a la desproporcionada energía con que las autoridades seguían gestionando la represión.

El Correo Catalán, en respuesta a la petición de clemencia que había reclamado el diario La Publicidad para los encartados en la insurrección pidió, en cambio, a las autoridades, que extremaran aún más la contundencia del castigo:

Se percibe que La Publicidad es excesivamente sensible y que su buena voluntad le hace perder en ocasiones la razón, la memoria, y hasta el entendimiento.

No, distinguido colega. Víctimas de la guerra lo han sido aquellos que en el Rif sucumbieron luchando valientemente en pro de la nación española; pero no los salvajes y cobardes que en Barcelona incendiaban, robaban y asesinaban a mansalva durante los recientes acontecimientos de julio.

Los que sufren el rigor de la justicia no son precisamente las víctimas de la guerra, sino los malos españoles que no fueron a Melilla, pero en cambio cometieron en Barcelona toda suerte de tropelías, violencias y desmanes.

A los primeros, la Historia les quedará por siempre eternamente agradecidos. Para los segundos, la opinión sensata pide únicamente justicia[148].

En cuanto a La Veu de Catalunya, hacía, desde la atribulada voz del poeta Joan Maragall, una llamada a la solidaridad y el perdón, únicos medios de que, en su opinión, disponía la ciudad para purificarse y sobreponerse a tanto dolor:

Cuando un hecho tan grave y tan próximo cae dentro de nuestro espíritu, se produce en él una turbación semejante a la que se promueve en un estanque cuando una gran roca despeñada cae en él y se hunde con estrépito (…), hasta que ya por siempre la roca bien asentada y quieta en el fondo, también el agua va lentamente reposándose y cada cosa vuelve, poco a poco, a su sitio según las sabias leyes de la naturaleza (…).

Asimismo, nuestro espíritu conturbado por la tribulación de estas jornadas, busca de nuevo la calma ordenando las pasiones y la confusión de los pensamientos: pasan los temores, pasa la ira, el juicio torcido se rectifica, muchas resoluciones vuelven atrás, y el fundamental impulso del bien que rige nuestra vida precisa avanzar suavemente hacia el fin que constituye su norte[149].

Y el periodista Gabriel Alomar cerraba esta controversia entre los partidarios de la represión y los defensores de la clemencia (saldada sobradamente a favor de los primeros), con una dura crítica a quienes, desde una fanática religiosidad redentora, excluían la idea de cualquier sentimiento de compasión hacia los condenados:

No creo que entre las incongruencias de nuestro pequeño mundo haya una sola comparable a ésta: los que se proclaman cristianísimos son los hombres de la ley de sangre inexorable; los que motejan de impiedad y de maldad a nuestras ideologías, son quienes levantan el grito contra cualquier iniciativa de paz y de perdón. Una vez más el nombre de Cristo, en labios de esa gente, es un sarcasmo y casi un sacrilegio[150].

Más atento a su propia problemática personal que a esta discrepancia de puntos de vista entre los distintos sectores de la opinión pública, ocupó Ferrer esa tarde en dirigirse a su amigo y correligionario Charles Malato a través de una carta (encuadrada en la amplia correspondencia que mantuvo con él desde la prisión), en la que le hacía partícipe del estado de indefensión en que se hallaba, a la vez que le ampliaba noticias anteriores:

Mi querido Carlos: Acaban de levantarme la incomunicación en la que he permanecido durante todo un mes, pero aún no he conseguido leer una carta ni un periódico ni nada de nada. En vez de colocarme en el departamento destinado a los presos políticos, he estado recluido en una de las celdas correspondientes a los comunes, donde me he pasado el tiempo encerrado sin poder dar ni recibir noticias. E incluso ahora sólo puedo escribiros de noche y aun ello gracias a la benevolencia de un empleado.

Aunque supongo estaréis enterado de todo, voy a tratar de contaros mi caso. Por mis cartas del 10 y el 12 de agosto, sabéis que ignoraba por entero el proyecto de huelga general, que, como protesta contra la guerra de Marruecos, tuvo lugar el lunes 26 de julio en buena parte de Cataluña, lo que no fue, sin embargo, obstáculo para que alguien hiciera correr el rumor de que yo era su promotor y principal responsable.

¿Que quién pudo difundir esta especie que tanto me ha perjudicado? No lo sé. ¿Serían acaso los republicanos lerrouxistas, empeñados en considerarme su enemigo por entender que protegía a Solidaridad Obrera, que, a su vez, les hacía la guerra? ¿O quizá los clericales, que vieron una hermosa ocasión de volver a sentarme una vez más en el banquillo? Probablemente fuesen ambos, interesados como estaban en verse libres de mí. Aunque, hiciéranlo éstos o aquéllos, lo cierto es que el infundio no me inspiraba cuidado alguno ante mi seguridad de no haber intervenido en el citado movimiento revolucionario.

Pero sucedió que uno de mis familiares llegó acongojado de Alella diciendo haber oído a una muchachita asegurar que me había visto en Premiá a la cabeza de una partida de incendiarios y dispuesto a quemar el convento del pueblo.

Esta noticia, que me preocupó seriamente (tanto más cuanto que en Premiá no había ardido edificio alguno), hizo que decidiese abandonar mi casa para ir a albergarme a la de unos buenos amigos durante algunos días con objeto de dejar discurrir aquel estado de excitación y no dejarme ver hasta el instante en que ya se hubiesen calmado los ánimos.

En este punto, Ferrer pasaba a relatar minuciosa y detalladamente las vicisitudes de su apresamiento y traslado a la cárcel, ya recogidas en un apartado anterior, y seguía:

El mismo día de mi detención, por la tarde, tuvo efecto el primer interrogatorio, que corrió a cargo del comandante don Vicente Llivina, juez encargado del proceso, y prolongose por espacio de una hora aproximadamente.

En su transcurso, me preguntó cómo había empleado mi tiempo los días 24, 25 y 26 de julio, a lo que respondí que los dos primeros no había salido de Mongat, en tanto que dediqué el tercero a viajar a Barcelona (visita de la que ya estáis bien enterado a través de mis cartas de agosto), donde tuve las primeras noticias de la huelga general recién declarada. Quiso saber también si creía que tanto la huelga como la revolución habían sido dirigidas por alguien, no pudiendo yo contestarle más que cuanto acerca de ellas había leído en L'Humanité, cuya lectura le recomendé (igual que hago ahora con usted), y de la que se deduce que el alzamiento fue repentino, natural y espontáneo. Y tras ello, siguió haciéndome toda una serie de preguntas, que, pese a todo, me hicieron sentir la sensación de que se hallaba animado del espíritu que debe acompañar a cualquier juez, y que no es otro sino el de tratar de descubrir la verdad y sólo la verdad.

Pensé entonces que mi prisión no duraría demasiado. Pero fueron pasando los días sin recibir de nuevo su visita. Y sólo el día 6 me llamaron nuevamente a comunicación para anunciarme que el juzgado quería verme. Mas no era ya el mismo juez quien estaba aguardándome sino otro distinto, de nombre Valerio Raso, muy correcto eso sí, pero en el que inmediatamente creí advertir al Becerra del Toro de tan triste memoria. Más fino que él, más caballero, pero tan poseído de su papel, tan deseoso de encontrarme culpable, que, a pesar suyo, olvidaba su función de juez y su deber de buscar la verdad por todas partes y no sólo por un camino.

Los párrafos siguientes, detallados también en anteriores páginas, dedicábanse a detallar el desarrollo de las diversas diligencias practicadas durante su encarcelamiento, y en especial de las tres indagatorias de que se le hizo objeto. La nota concluía:

Vista la discrepancia habida entre los testimonios de los lerrouxistas de Masnou y Premiá y mis declaraciones, dispuso el juzgado someterme a un careo con ellos, resultando del mismo que los muy canallas ratificáronse en sus afirmaciones pese a mis múltiples protestas y a haberles recordado que no intercambiamos otras frases sino las lógicas en aquellos días.

En tal situación, me decidí a elevar mi disgusto ante la autoridad militar en cuanto me fuese posible, ya que nada de lo que lo habían depuesto durante la práctica de dicho trámite se ajustaba en absoluto a la realidad y únicamente constituía un intento por su parte de traspasarme sus propias responsabilidades.

Pero he aquí que hoy se presenta el juez a avisarme de que ha concluido el sumario, que voy a ser juzgado uno de estos días por un Tribunal militar, y que escoja el nombre de mi defensor de entre una lista de oficiales a quienes desconozco.

He protestado diciendo que tenía aún mucho que declarar sobre las maniobras de la policía (que, estoy seguro, ofreció cierta cantidad de dinero a una persona relacionada conmigo para que depusiese en contra mía), así como en torno a las causas que han impulsado a los lerrouxistas a testimoniar en igual sentido. Pero no me han admitido ninguna de tales objeciones, aduciendo que la ley militar por la que se me encausa difiere notablemente en sus procedimientos respecto de la civil.

Esto está concluyendo. Voy a ser juzgado (¿juzgado?) cualquier mañana de éstas por unos hombres que dudo mucho tengan su espíritu lo suficientemente libre como para evaluar serena y objetivamente los hechos que se intenta imputarme.

¿Qué se dice por ahí? ¿Qué sabe usted de aquí, de allá, de todas partes? ¿Cómo respira la gente ante esta iniquidad? Cuéntemelo si le es posible, con la seguridad de que sus noticias supondrán para mí en estos momentos el mayor de los alivios.

Continuaré mañana si puedo. Estoy muy cansado. El mes de incomunicación ha sido durísimo. En un calabozo infecto, sin aire ni luz, y con una alimentación de presidiario, el desánimo y hasta la locura afloran a cada instante. De verdad, amigo mío, que he precisado una voluntad enorme para poder resistirlo[151].

A esta extensa carta, añadiría aún otra, enviada en esta ocasión a William Heaford, que además de insistir en los mismos temas de la anterior, detallaba en uno de sus párrafos las condiciones de extrema dureza en que había vivido durante su encarcelamiento:

Me encerraron en un calabozo repugnante, fétido, frío, húmedo, sin aire ni luz, en el subterráneo de la prisión. La celda sólo disponía de una plancha que hacía funciones de lecho, con un colchón de paja, una manta y una asquerosa sábana, toda sucia. Y había también una especie de jofaina para las propias necesidades y un cubo de estaño para el agua.

De comida, me daban sopa dos veces al día, siempre la misma, garbanzos por la mañana y judías por la noche, en todos los casos con la misma salsa, que era sólo un caldo maloliente, y había que tomarla, además, en plena oscuridad, con la imposibilidad de poder retirar fácilmente los trozos de tocino rancio que contenía, y que me hacían casi vomitar.

Para combatir el frío y el aburrimiento de no poder leer, ni conversar, ni ver a nadie, me paseaba por el calabozo como una fiera salvaje, hasta que sudaba.

Pedí una palangana para poder lavarme las manos y la cara y no me la dieron hasta pasados siete días. Tampoco me suministraban jabón. Y la muda que reclamé para poder cambiarme el día 11 porque no podía vivir ya con tanta suciedad, no me la hicieron llegar hasta el 23, es decir doce días después[152].

En contraste con el día anterior, tranquilo desde el punto de vista de las prácticas procesales, el 2 de octubre iba a ser, en cambio, uno de los más densamente apretados de cuantos precedieron al de la celebración del juicio oral, aparte del que, sin género de dudas, aporto más preocupación e inquietud en el ánimo del procesado. Responsables de esta actividad serían su primer contacto con el abogado defensor; la lectura por parte del juzgado del contenido del sumario, dividida en dos sesiones (del folio 1 al 205, por la mañana, y del 206 al 415, durante la tarde), por la que tuvo conocimiento de los cargos que se le imputaban[153]; y la visita que recibiera, ya entrada la noche, del corresponsal de Le Journal en Barcelona, M. Champourcin, que le enteró de algunas vicisitudes del proceso.

Del capitán Galcerán, su defensor, obtuvo Ferrer una muy favorable impresión, que luego su comportamiento justificaría sobradamente. Recto, y de probidad reconocida, con una impecable hoja de servicios, creyó desde un primer instante en la inocencia de su defendido, al servicio del cual empeñó cuantos medios puso el Código de Justicia Militar en sus manos. Y hasta tal punto llegaría su celo que, dato inimaginable en cualquier otro proceso, fue acusado por el auditor de Guerra «de exagerar la defensa del reo», y obligado por el capitán general a que, una vez concluida la causa, «ratificase su escrito para proceder según hubiese a lugar»[154].

Aprovechando el escaso margen de tiempo que, coincidiendo con la hora del almuerzo, le permitió ese cúmulo de diligencias, Ferrer cumplió la promesa asumida en su telegrama con Soledad, remitiéndole unas sentidas líneas, que resumían perfectamente esa mezcla de intranquilidad, perplejidad, inquietud y confianza en que se debatía:

Como tú sabes, soy completamente inocente. No puedo ser condenado. Si sucediese de otro modo, mis jueces cometerían la más grande y horrible de las injusticias. Y es por eso por lo que precisamente confío en su lealtad y su conciencia.

No dudo que la noticia de mi detención te habrá causado un notable disgusto. Pero voy a explicarte las razones que tuve para abandonar la casa en que me había refugiado a raíz de los disturbios acaecidos en Barcelona.

Ya recordarás las circunstancias en que partí de Mongat la mañana del 29 de julio. Una mujer afirmaba haberme visto a la cabeza de cierto grupo de incendiarios en el instante justo de proceder a la quema de una iglesia, y la noticia, llegada hasta ti, hizo que, pese a considerarla totalmente falsa, te asustases y me aconsejaras que por el momento me pusiese al abrigo en un lugar seguro. Yo te hice caso y me escondí en un punto cuya situación te expondré con detalle más adelante.

El 20 de agosto, cuando supe que te desterraban a Alcañiz junto con mi hermano, su mujer y varios empleados de la editorial, estuve tentado de presentarme al juez de instrucción, que me tenía reclamado. Pero me recomendaron que no lo hiciese y atendí el consejo de esas voces amigas.

Sin embargo, al enterarme nueve días después que el fiscal del Supremo había declarado que yo era el jefe del movimiento revolucionario, no pude ya aguantar más y decidí acudir al juzgado para disipar los rumores de que había tenido noticia y desmentir de una vez para siempre las absurdas e inexplicables afirmaciones hechas públicas por el Sr. Ugarte.

A tal efecto, tomé el día 31 el camino del ferrocarril del interior para desplazarme a Barcelona, mas con tan mala fortuna que fui descubierto por los somatenes de Alella, quienes me detuvieron y en vez de conducirme a presencia del juez, como les pedía, decidieron llevarme primero, contra lo que manda la ley, ante el gobernador civil de la provincia.

No puedes imaginarte la brutalidad de aquella gente. Me pusieron esposas, y las apretaron tanto que creí que me rompían las muñecas. Además me amenazaron varias veces con sus fusiles, diciéndome que era el hombre más innoble del mundo y eso, según ellos, por haberlo leído en los periódicos.

Ya en presencia del juez, quiso éste saber dónde me había ocultado hasta entonces, a lo que le contesté que no podía responderle, pues no era mi intención comprometer a quienes me habían auxiliado en tan difícil trance. No insistió, pero me dijo que los libros que yo había publicado eran la causa de los desórdenes y los altercados producidos en Barcelona.

Después me llevaron ante el jefe de policía, procediendo a ficharme. Más he aquí que al ir a vestirme no me dieron mi traje sino un vestido miserable y una gorra que, de verdad te digo, me daban todo el aspecto de un basurero.

Como verás por el tono de la carta, no me hallo demasiado triste. No te asombre. Mientras te escribo, un rayo de sol me está acariciando. Es la primera vez que lo veo en treinta y dos días, pues hasta ahora mismo he estado recluido en el más oscuro, frío e infecto de los calabozos de esta cárcel.

P.—Olvidaba decirte que esta mañana he recibido, al fin, la visita de mi abogado defensor. Me ha parecido muy simpático y creo que hemos confraternizado enseguida. Mientras estábamos hablando, ha aparecido una vez más el juez con objeto, en esta ocasión, de dar lectura a los cargos que se me hacen en el sumario. A las cuatro horas de estar leyendo ininterrumpidamente y, notando que tanto uno como otro comenzaban a dormirse, les he sugerido a los dos que se marchasen a comer, lo que han aceptado encantados prometiendo volver lo antes posible[155].

La jornada se completaría con la publicación en las páginas de España Nueva de un telegrama procedente de Teruel, a través del que los allí desterrados se dirigían al director del diario con la solicitud de que hiciese llegar con la mayor brevedad al capitán Galcerán, cuyas señas desconocían, su ya repetido deseo de prestar testimonio en la causa, ruego este que, trasladado por aquél a su destinatario, hizo que el abogado defensor se comunicara inmediatamente con ellos reclamándoles sus declaraciones, a vuelta de correo, por si pudiese hacerlas valer en la vista.

La mañana del 3 de octubre volvió nuevamente el juzgado a constituirse en la Cárcel Modelo para reanudar la exposición de cargos interrumpida la noche anterior, de la que aún quedaban pendientes 107 folios, concluida la cual, y no alegando el acusado incompetencia de jurisdicción, excepción de cosa juzgada ni prescripción del delito, pasó el juez instructor a formularle, en presencia de su abogado, los preceptivos requerimientos que siguen siempre a esta diligencia:

J.—¿Tiene usted algo más que enmendar o añadir sobre lo ya declarado en indagatorias anteriores?

F.—Sí. Y es ello que habiéndome reservado el derecho de nombrar a la persona que, constituida en autoridad, había ofrecido cierta suma de dinero a determinado sujeto para que testificase en mi contra, quiero ahora manifestar que se trata del inspector de la policía, Sr. Carbonell, quien el 27 de agosto hacia las siete de la mañana, antes de comenzar el registro que tuvo lugar en mi residencia, llamó a un servidor de la casa llamado Ramón, al que prometió librar del servicio militar así como compensarle con 300 duros siempre que le descubriese alguna prueba de cargo. Quiero también añadir que desde mi pasado proceso, tanto la policía como la Guardia Civil han venido molestándome constantemente, sugiriendo a la gente que venía a mi finca que no tuviese trato con nosotros, recomendando a mis empleados que dejaran de trabajar conmigo, y hasta impidiendo que durante la enfermedad de mi sobrina se ofreciese ninguna muchacha a atenderla. Y deseo, por fin, protestar de las constantes provocaciones de que he sido víctima por parte de los frailes de Tiana, quienes, no satisfechos con difundir el bulo de que era un hereje y un ateo, llegaron incluso a reclutar personas para que nos soliviantaran, una de las cuales disparó en cierta ocasión contra mi hermano.

J.—¿Está conforme, en cualquier caso, con la relación de cargos detallados en el escrito fiscal?

F.—No puedo estarlo siendo como soy inocente y no habiendo infringido en momento alguno la ley.

J.—Y para concluir, ¿interesa a su defensa la reafirmación de algún testigo en sus declaraciones, o bien la práctica de cualquier otra diligencia de prueba?

F.—En cuanto a ratificarse en su testimonio, sólo desearía que lo hiciese la testigo doña Josefa Los Arcos, y como práctica de prueba únicamente tengo interés por que se lleve a efecto la relacionada con el inspector de policía que acabo de nombrar. Pero en lo que sí vería un gran mérito es en que se llamase a deponer a los señores William Heaford, Henry Rodufort, Alfred Naquet, Leon Fournemont, Jean Jacques Kaspar, Ferdinand Buisson y Giuseppe Sergi, quienes, estoy convencido, pueden alumbrar la luz necesaria para un mejor y más completo esclarecimiento del proceso en el que inexplicablemente me hallo implicado[156].

Desestimadas estas dos últimas peticiones del procesado por entenderse fuera de lugar, aunque sin razonar los motivos de dicha denegación, sólo aceptó el juzgado la relativa a la ratificación del testimonio de Josefa Los Arcos, trámite este al que se procedió a primeras horas de la mañana siguiente, en la celda de Ferrer, y en presencia del capitán Galcerán, a cuya iniciativa se debía la propuesta[157].

Del resultado de dicha actuación (en la que Josefa dijo, refiriéndose al registro de Mas Germinal del 27 de agosto, que lo había firmado presionada por la policía y sin fijarse en la naturaleza de los documentos incautados por la policía), sólo cabe decir que fue poco más que un añadido al sumario. Ni se tomó en consideración como prueba de la arbitrariedad gubernativa con que se efectuaron los registros del domicilio y la editorial de Ferrer, ni siquiera se constató en el apuntamiento del juicio oral, tan minucioso en detalles de mucha menor trascendencia. Y, al igual que cuantos otros testimonios podían beneficiar al reo, quedó en letra muerta desprovista de cualquier valor probatorio.

Con la consternación propia de quien advierte cómo todos sus medios de defensa van desmoronándose, y bajo la dolorosa impresión del fusilamiento del joven carbonero Clemente García (llevado a cabo esa misma madrugada, bajo el cargo de haber contribuido con unos adoquines al levantamiento de una barricada y haber bailado con el cadáver de una monja, sin tomar en consideración la probada deficiencia mental que afectaba al reo)[158], Ferrer volvió a tomar la pluma para descargar su profundo malestar, a través de una carta, dirigida a Mlle. L., que dejaba asimismo traslucir la lamentable situación material y económica en que se hallaba:

Hoy he recibido nuevamente las visitas del juez instructor y de mi abogado. El primero quiere para mí la pena de muerte al considerarme el principal impulsor de la revolución, así como de los robos, saqueos y excesos cometidos durante la misma. Y para eso se apoya en el testimonio del jefe de policía de Barcelona, quien asegura que todos mis viajes al extranjero no tenían otro objeto que el de preparar las huelgas y revueltas anarquistas ocurridas aquí con posterioridad. En cuanto a mi defensor, se limita a asegurarme que está plenamente convencido de mi inocencia, y que conseguiré la libertad, siempre, claro está, que los jueces no actúen influidos por las altas esferas gubernamentales.

Os pido por ello que me enviéis todos cuantos periódicos puedan ayudarle en la preparación de su defensa. Y asimismo, que tengáis la amabilidad de adjuntarme con ellos la suma de 50 francos pues me hallo en una situación desagradable y angustiosa. El juez, no contento con haberme tenido encerrado más de un mes en un oscuro y gélido calabozo, me ha quitado todo medio de poder comunicarme con el exterior, y estoy, así, sin cepillo de dientes, sin pañuelos y sin un solo céntimo para comprar papel ni sellos de correos ni periódicos a través de los que enterarme de lo que sucede fuera de estos impenetrables muros[159].

Libre de cualquier actividad judicial, el 5 de octubre fue para Ferrer un día de descanso. Fuera del envío de una nueva carta a Soledad, que por su carácter personal no haría ésta pública nunca, y de la consabida visita de su abogado, la jornada transcurrió para él sin incidentes ni sobresaltos. Pasó la mañana en el interior de su celda, y sólo a media tarde, aprovechando la hora de recreo a que tenía derecho, salió unos minutos al patio, donde uno de sus compañeros de galería, que posteriormente tuvo ocasión de entrevistarse con su hija Sol, manifestaría haberle encontrado «cabizbajo y meditabundo, como quien tiene llena de preocupaciones la cabeza».

De buscar, por eso, algún dato de interés durante ese día, habría que hacerlo fuera de su entorno, en el ámbito de la prensa, en dos de cuyos diarios, La Campana de Gracia y El Imparcial, aparecieron esa mañana sendos artículos relacionados con su causa. En el primero de ellos, el periodista Gabriel Alomar hacía una dura crítica al modo en que se había instruido el proceso, al limitar, e incluso excluir, las garantías del reo. En cuanto al segundo, firmado por Pérez Galdós y dirigido «al pueblo español», lamentaba los excesos represivos cometidos durante las últimas semanas, y pedía el fin de «las persecuciones inicuas, los vejámenes y destierros, y los enjuiciamientos caprichosos incoados con ultraje a la humanidad y desprecio a los derechos más sagrados»[160].

Respecto al día siguiente, poco hay también que referir en cuanto se refiere a la práctica sumarial. Salvo la presentación por parte del Ministerio fiscal del escrito de acusación, que venía preparando desde el 30 de septiembre, y su traslado a la Defensa, que sólo dispondría, en cambio, de cuarenta y ocho horas para leerlo y redactar el suyo de descargo, no se efectuó ninguna otra diligencia, ni recibió tampoco Ferrer visitas o comunicaciones. La inactividad fue, pues, para él la tónica de esa jornada, que sólo rompería para escribir una nueva carta, dirigida en esta ocasión a Mme. Albert, en la que volvió a lamentarse del trato recibido en la cárcel, y a reseñar la animosidad que advertía en su entorno:

Querida señora: Le ruego diga a Carlos que, como prueba de la malquerencia que el juez demuestra para conmigo, se me acaba de anunciar que ha retirado el permiso que había dado al director de la prisión para poner 50 pesetas a mi disposición para mis necesidades personales, como sellos de correo, papel de cartas, telegramas, etc., y, cosa aún más sorprendente, niega a mi abogado una colección de libros de la Escuela Moderna que yo había solicitado para que pudiese darse cuenta de mala fe demostrada por los clericales al combatirla. Se quitan, pues, a aquél los más imprescindibles medios de defensa, a la vez que se oponen a cada instante más dificultades para la demostración de mi inocencia.

En carta de ayer dirigida a Mlle. L. hago un resumen de mi proceso, en el que no se encuentra el menor cargo. El juez ha buscado por todas partes y no hallando alegato alguno en mi contra, se ha visto obligado a recurrir al concurso de quienes, movidos en unos casos por las noticias y comentarios oídos en la calle, y guiados en otros por la animadversión que les inspiro, me consideran no sólo uno de los líderes del movimiento sino, lo que es más grave, su organizador y principal responsable.

Mi abogado está seguro de mi absolución en cuanto a los autos, pero teme que el Tribunal se deje influir por la atmósfera desfavorable creada en torno a mí. No hay libertad sino para la prensa reaccionaria. Y por lo que a los radicales atañe, ya sabe usted lo poco que han de decir en mi favor. Por eso entiendo que hay que ayudar a mi defensa haciendo públicos cuanto antes todos estos hechos y actuaciones que de modo tan irregular como arbitrario están gravitando alrededor de la causa[161].

De poco iba, sin embargo, a servirle a Ferrer esta solicitud de ayuda (por cierto, la carta no llegaría a su destino hasta el día 11), ya que el comandante Raso requirió de la autoridad militar pertinente, esa misma mañana, la formación del Consejo de Guerra que habría de juzgarle. Petición esta que sería inmediatamente atendida, a través de una orden de plaza que, procedente del Gobierno Militar de Barcelona y con la firma del general Cortés, le hacía saber la fecha del juicio oral, así como la relación de los oficiales integrantes del Consejo. Remitido por conducto reglamentario y con carácter de urgencia, el oficio decía:

El día 9 del actual, a las ocho de la mañana, se reunirá en la Cárcel Modelo de esta capital el Consejo de Guerra ordinario que ha de ver y fallar el proceso incoado por el comandante juez instructor de esta Capitanía general don Valerio Raso Negrini contra el paisano Francisco Ferrer i Guardia por el delito de rebelión militar. Presidirá el acto el teniente coronel del Regimiento de Mahón don Eduardo Aguirre de la Calle, asistiendo como vocales los capitanes don Pompeyo Martí y don Sebastián Carreras (ambos del 4° Mixto de Ingenieros), don Marcelino Díaz (del 9° Montado de Artillería), don Manuel Llanos (del de Mallorca) y don Julio López (del de Infantería de Alcántara) y, en concepto de suplentes, don Eduardo Lagunilla (del de Alba de Tormes) y don José Lajara (del de Caballería de Alcántara). Desempeñará las funciones fiscales el capitán del Regimiento de Infantería de Vergara, don Jesús Marín Rafales, las de asesor, el teniente auditor de segunda, don Enrique Gesta, y las de defensor, el también capitán del 4° Regimiento Mixto de Ingenieros, don Francisco Galcerán Ferrer. Se cita a todos los oficiales francos de servicio para que se sirvan asistir al mismo[162].

Una visión general de todas las actuaciones del Plenario, de las que ésta sería la última diligencia, pone de manifiesto los vicios siguientes:

— El Plenario, de acuerdo con el artículo 590 del Código de Justicia Militar, debe ser público, y así lo fueron numerosos de los instruidos por los juzgados militares durante esas mismas fechas.

— El juez delegó en el secretario José Gandía (un cabo de Infantería) la lectura de todo el proceso, cuando el artículo 548 del mismo Código obliga expresamente al instructor de la causa a ser él quien entere al reo de sus cargos, habida cuenta de la singular importancia de tal diligencia.

— Esta exposición se prolongó por espacio de casi doce horas, al relatar todos los autos y no sólo los cargos (como preceptúa la ley), lo que supuso para el procesado y el defensor la casi imposibilidad de enterarse de aquéllos.

— El juzgado no aceptó el testimonio de los desterrados en Teruel, pero sí admitió, en cambio, el de Pedro Figueras, incorporado a la causa tres días más tarde.

— Entendiéndolo como un trámite dilatorio, tampoco se autorizaron las declaraciones de los intelectuales extranjeros, que, en tiempo hábil, Ferrer había solicitado para probar sus actividades editoriales y pedagógicas.

— Asimismo, se desestimó la petición del capitán Galcerán en el sentido de poder disponer de una colección completa de los Boletines de la Escuela Moderna para completar su informe.

— La Defensa dispuso sólo de cuarenta y ocho horas para el estudio del millar largo de diligencias recogidas en los más de seiscientos folios del proceso.

— La constitución del Consejo de Guerra sólo podía solicitarse (art. 566) cuando obrasen en poder del juez los autos devueltos por el defensor, es decir, el 8 de octubre.

El incumplimiento de este último punto reviste, sobre todo, una especial gravedad, ya que de haberse hecho la solicitud el día que correspondía (8 de octubre), y siendo domingo el siguiente, el Consejo de Guerra no hubiera podido celebrarse hasta el día 10, con lo que la ejecución de Ferrer, en el caso de serle impuesta la última pena, tendría que haberse retrasado dos fechas, esto es, hasta la madrugada del 15, que era precisamente el señalado para la apertura de las Cortes. Un día que, desde luego, hubiese puesto al Gobierno en una difícil y comprometida tesitura, y que posiblemente hubiera impedido el fusilamiento.

Mientras la autoridad militar, ajena a esta interesada interpretación del Código, disponía los preparativos del Consejo de Guerra, los familiares y allegados de Ferrer, cumpliendo el encargo que les había hecho la víspera el capitán Galcerán, le remitieron urgentemente desde Teruel un sobre conteniendo sus respectivas declaraciones, misiva que incomprensiblemente se perdió en su trayecto hacia Barcelona, en una demostración más de ese sino aciago que, intencionada o fortuitamente, gravitaba sobre todas las pruebas de descargo.

Sí llegarían, en cambio, a su destino, y en cantidad además abundantísima, los testimonios de indignación y protesta, con que las sociedades, grupos y organizaciones políticas y culturales extranjeras dejaban patente tanto su desconfianza en la culpabilidad del acusado como el disgusto que les producía el cúmulo de irregularidades advertidas en la instrucción de la causa[163]. Disgusto del que es buena prueba la carta que el científico francés Charles Laissant, presidente de la Liga Internacional para la Educación de la Infancia, dirigió al abogado defensor, descartando, por imposibles, los cargos que a Ferrer se le atribuían, y valorando su integridad moral y la trascendencia de su obra:

Si hay algo que no ofrece para mí la menor duda es la inocencia de Ferrer, cuya intervención en los pasados sucesos sediciosos de julio no es sino el falso argumento bajo el que las autoridades gubernamentales pretenden enmascarar su reconocida enemistad con el fundador de la Escuela Moderna.

Preparar una revolución al tiempo que se mantiene una intensa actividad pedagógica e intelectual como la que él seguía, es algo que se escapa de los más confiados y optimistas cálculos. Pero encauzarla, sostenerla y dirigirla además, es no ya una pretensión descabellada, sino una utopía imposible de sostener. El movimiento de Barcelona, sépanlo quienes aún no se hayan enterado de ello, fue un grito colectivo, unánime y espontáneo que sorprendió a todo el mundo y, como parte integrante y constitutiva del mismo, al propio Ferrer.

Su proceso es, por tanto, más que una causa tendenciosa, un proceso inquisitorial. Un proceso que supondrá una terrible propaganda para España, y producirá auténtico malestar a las gentes no cegadas por las pasiones políticas y religiosas.

Si es un crimen combatir la ignorancia a través de un sistema pedagógico laico, Ferrer es realmente culpable. Si es un crimen dedicar la fortuna y la vida a lograr una sociedad mejor, merece asimismo la mayor de las penas. Si es un crimen ser un filósofo racionalista, sea también enhorabuena su castigo. Pero con él, merezcámoslo tantos y tantos intelectuales y educadores cuantos somos los que, en todos los lugares del globo, apoyamos y compartimos unánimemente sus ideales y propósitos.

Si se condena a Ferrer por la propagación de sus ideas, un mártir más (y éste en pleno siglo XX) vendrá a sumarse a la ya numerosa y trágica lista de los sacrificados desde tiempos inmemoriales al sanguinario culto del fanatismo[164].

Esta carta, a la que naturalmente el instructor no hizo la menor referencia en el apuntamiento, se cruzaría con las dos que, esa tarde, dirigió respectivamente Ferrer al director de El País, que le había apoyado durante todo el proceso, resaltando las irregularidades del mismo, y a Soledad Villafranca. En la primera detallaba algunos de estos vicios y requería de la prensa un tratamiento de su causa ajustada a la verdad:

Muy señor mío y de mi aprecio: Únicamente ayer, luego de seis días de haberse elevado mi causa a Plenario, se me permitió leer la prensa, muchas de cuyas noticias y comentarios me han sorprendido desfavorablemente por las enormidades que cuentan, hasta el punto de obligarme a enviarle esta rectificación, que le rogaría tuviese la amabilidad de publicar en su periódico.

Empezaré diciendo que no es cierto que hubiera intervenido ni como director ni de otra forma en los sucesos de la última semana de julio, como lo demuestra el hecho de que no conste en autos el menor cargo consistente en mi contra. Y no es que el Juzgado instructor haya estado ocioso en todo este tiempo, ya que como usted bien sabrá ha interrogado sobre el particular a nada menos que tres mil presos, preguntándoles si me conocían o habían recibido dinero, consignas u órdenes de mi parte.

Luego se efectuó una minuciosa investigación en las localidades de Mongat, Masnou y Premiá, donde se decía que yo había revuelto todo, requiriéndose el concurso de las autoridades, los mayores contribuyentes, y todas cuantas otras personas estuviesen en situación de ayudar a la Justicia proporcionando datos sobre mi presunta culpabilidad. Pero aunque todo el mundo hablaba por allí de partidas a mis órdenes, tiroteos por mi cuenta, y carros que llevaban de un lado a otro mis consignas, la verdad es que nadie estuvo en condiciones de confirmar tales hechos, limitándose a declarar que si los conocía era de oidas.

No hallándose, pues, prueba alguna de cargo, ordenó el juzgado la práctica de otro registro en mi casa de Mongat, pese a haberse ya efectuado otros dos en fechas anteriores: uno, el 11 de agosto, que duró doce horas y fue llevado a efecto por una veintena de miembros de la policía y la Guardia Civil, y el otro, el día 27, prolongado por espacio de tres días con sus correspondientes noches y urgido por orden directa del ministro a través de multitud de telegramas. Sólo que esta ocasión requirió el juez la presencia de dos oficiales y casi medio Regimiento del Cuerpo de Ingenieros, quienes durante dos días sondearon los muros de la finca y sus dependencias, demoliendo cuanto les vino en gana, levantando planos de las minas subterráneas, registrando hasta los pesebres de los animales, y haciendo un verdadero ejercicio de vandalismo, aunque, eso sí, sin lograr encontrar pese a todos sus ímprobos esfuerzos la tan preciosa prueba que buscaban.

En su desaforado intento por hallarla, vínole al juzgado la feliz ocurrencia de dirigirse al Sr. Ugarte, que había permanecido un par de semanas en Barcelona haciendo un informe de la insurrección por encargo del Gobierno, y pedirle la mencionada prueba, a lo que el fiscal del Tribunal Supremo hubo de responder muy compungido que si bien era cierto que dijo a varios periodistas que yo era el promotor y el jefe del movimiento fue debido a que se hizo eco del insistente rumor que acerca de ese punto circulaba durante aquellos días por la Ciudad Condal.

¿Qué le parece a usted, señor director? ¿Es esto serio ni digno de España? ¿Qué no podrá decirse ya de nosotros fuera de aquí y a partir de este instante?

Quiero dejar constancia, asimismo, de mi protesta contra la policía, que, si hace tres años y durante la causa que se me siguió en Madrid, se condujo de manera inadmisible, llegando a falsificar documentos con afán de perjudicarme, esta vez ha hecho aún cosas peores, que se conocerán el día de la vista. Y deseo igualmente protestar de que se me quitaran todas mis ropas, desde los calcetines hasta el sombrero, vistiéndome con otras humillantes, y obligándome a presentarme con ellas al juzgado. La última vez que vi al juez, le reclamé en vano un traje de los que tengo en casa para el día del juicio, rehusándome la petición por estar embargado, con lo que, como puede apreciarse, no puedo disponer ni siquiera de unos simples pañuelos de bolsillo.

Otra queja debo hacer todavía a la Autoridad judicial por haberme tenido durante el mes que duró mi incomunicación en un calabozo de los que llaman «de riguroso castigo», que reunía unas tan malas condiciones higiénicas, que de no gozar yo de una salud a toda prueba y poseer una auténtica voluntad de hierro, no hubiera llegado con vida a este trance.

Termino dirigiendo a todos los señores directores de periódicos (no únicamente a los republicanos y liberales, sino a cuantos, por encima de cualquier pasión política o religiosa, alberguen una recta conciencia de justicia) el ruego de que se sirvan reproducir esta rectificación para con ello desvanecer hasta donde sea posible la mala atmósfera que deliberadamente se ha creado en mi contra, y facilitar de este modo la tarea de mi defensor ante el Tribunal militar que muy pronto ha de juzgarme[165].

En cuanto a la dirigida a Soledad, más breve y personal, alude al empleo que da en esos momentos a su tiempo, a la vez que lamenta el poco margen de que ha dispuesto para hacer llegar a sus correligionarios extranjeros cuantas noticias y datos pudieran utilizar para crear un estado de opinión que lograra beneficiarle:

Ayer recibí los diarios que el alcalde de Tiana tenía guardados para mí desde hacía quince días y al leerlos decidí escribir una carta a El País que, como supongo ya estarás enterada, viene portándose excelentemente conmigo.

Hace no sé cuántas horas que no hago otra cosa sino leer y escribir, escribir y leer. Recibiréis un paquete con los periódicos ya leídos, que hago certificar ahora mismo a nombre de mi hermano José juntamente con esta carta tuya.

Ya me han llegado tus segunda y tercera cartas. ¡Caramba de carambas! ¡Ya habéis pasado las vuestras, ya!, ¡pero no importa, ya que estoy plenamente convencido de que pronto acabará esta pesadilla y todo volverá a la normalidad!

Viene a decirme el administrador de la prisión que mi Consejo de Guerra tendrá lugar pasado mañana sábado, es decir mientras estés leyéndome. La noticia me ha sorprendido bastante pues acababa de hablar un rato antes con mi abogado defensor, que no sabía nada acerca del particular.

Nos habría gustado esperar todavía cinco o seis días para que vuestros escritos y mi carta produjesen alguna sensación. Pero es igual. ¡Venga pronto el Consejo, y sepamos de una vez por todas en qué termina este maldito juego!

Recuerdos y ánimos para todos los compañeros, y, sobre todo, especialmente para ti, que sé estás pasando, desde que nos separamos, una mala temporada[166].

Ese deseo de Ferrer por una pronta celebración del juicio oral no tardaría en confirmarse. Constituido el juzgado en su celda, a primera hora de la mañana del día 8, y en presencia del capitán Galcerán, le enteró, con carácter oficial, de que veinticuatro horas después daría comienzo el Consejo de Guerra designado para ver y fallar su causa, al tiempo que le hacía saber la relación de oficiales que iban a formarlo. Y como quiera que no expresase voluntad de recusar a ninguno de sus miembros, el comandante Raso dio por concluida la diligencia, tras ordenar que se cursara con carácter de urgencia al fiscal, el defensor y el auditor de Guerra las correspondientes circulares de citación para su comparecencia.

Consciente de la inminencia del inicio de la vista, Ferrer ocupó las últimas horas de ese día en su casi ininterrumpida actividad epistolar, en la que refugiaba esa mezcla de temor y confianza en que se debatía, redactando otras dos cartas, remitidas a Soledad Villafranca, y, de nuevo, al director de El País, así como un telegrama, con destino en esta ocasión a su amigo, el librepensador francés Alfred Naquet.

A Soledad le hacía llegar todo el ánimo que probablemente a él le faltaba, aunque el contenido del texto refleje su queja por las dificultades impuestas a la Defensa, y la preocupación surgida del recuerdo de cuanto aconteciera en su anterior juicio en Madrid:

Acabo ahora mismo de recibir una notificación del juzgado advirtiéndome que mañana a las ocho dará comienzo la vista del Consejo de Guerra que ha de fallar mi causa.

Me habría gustado, como te decía ayer, que hubiesen tardado aún tres o cuatro días más en celebrarla para dar lugar a que mi defensor preparara con mayor detención su réplica al fiscal, que se mantiene firme en su teoría de considerarme el director de la rebelión, y pide en consecuencia que se me apliquen aquellos artículos del Código que más daño pueden causarme. ¡Mas sea así, qué caramba! ¿No me considero inocente? ¿No es de la misma opinión mi abogado defensor? ¿No se hallan los autos completamente exentos de cargos concretos? Pues entonces, si nada hemos de temer, celébrese cuanto antes el tal juicio.

Como en los Consejos de Guerra todo se hace por escrito, mi defensor ha leído ya el dictamen del fiscal y me ha contado lo que va a responderle en el suyo. Me imagino que el público que asista a la vista (los periodistas imparciales, sobre todo), habrán de salir bien impresionados, ya que el fiscal apoya sus cargos en testimonios que, como los de Jiménez Moya, Ardid o Bonet, no aseguran nada definitivo, así como en manifestaciones, del tipo de las de Ugarte o las gentes de la costa, sacadas de los bulos y los rumores cogidos al aire de la calle.

No tengo, por eso, menos fe hoy de verme libre que la que experimenté durante el proceso de Madrid, y eso pese a haber advertido aún peor voluntad en este juez instructor que la que noté en el tristemente famoso Becerra del Toro, lo que, como puedes imaginar, no es poco decir.

En cuanto a la malquerencia demostrada por las autoridades gubernamentales hacia mí, prefiero no hablar de ella. Es horroroso, es infame e inaceptable cómo me están tratando, es cuanto se pueda decir y aún mucho más.

Pero no importa. Tengo, además, una secreta confianza en esos seis capitanes que, rodeando al teniente coronel del Regimiento de Infantería de Mallorca, don Eduardo de Aguirre, van mañana a juzgarme. Respecto a lo demás, no está en mis manos decidir ya nada. El porvenir dirá.

Te adjunto nota de las cuatro palabras que pienso decir al final del Consejo cuando el presidente del mismo me pregunte, tal y como es preceptivo, si deseo añadir algo más.

Ten confianza como yo la tengo, y házsela asimismo extensiva a todos. Hasta mañana, pues, con muchos recuerdos a todos los buenos amigos y compañeros de destierro.

P.—Aún no he podido ponerme en contacto con Nicaisse. Decidme cómo os arregláis y lo que os hace falta mensualmente ahí, con objeto de escribirle y que, a vuelta de correo, os envíe desde París los fondos necesarios para un mes[167].

La dirigida al director de El País estaba redactada en un tono sarcástico, y sumaba nuevos detalles acerca de las vicisitudes de su prolongado encarcelamiento:

Muy señor mío: Confirmo la mía de ayer, en la cual olvidé decirle que no estuve completamente incomunicado durante el mes de septiembre, pues el juez me entregó las numerosas cartas que, repletas de quejas, me enviaban quienes, ignorantes de que mi casa editorial estaba cerrada, no habían recibido sus correspondientes pedidos de libros. Aunque también es verdad que no me permitió contestarlas explicando a tales clientes las razones por las que no me resultaba posible atenderles.

También me entregó para que leyera una revista titulada, según me parece recordar, El Seglar Católico, que se edita en Palma de Mallorca, y cuyo texto destilaba toda una serie de imprecaciones e insultos contra la Escuela Moderna.

Menos mal que pude consolarme leyendo en otra de sus hojas la reseña del II Congreso Provincial de las Congregaciones Marianas, cuya sesión de clausura estuvo conjuntamente presidida por el capitán general de la Región, el gobernador civil de la provincia y el ilustrísimo señor obispo de la diócesis.

«Vamos, amiguitos», dije dirigiéndome a los animalejos que me hacían compañía en aquel calabozo: podemos estar de enhorabuena. Con el cierre de las escuelas laicas y esto que acabo ahora de leer, veo llegar ya a todo galope la «revolución desde arriba» tan anunciada por el señor Maura[168].

Y finalmente, el telegrama cursado a Naquet, descubría, en su brevedad, a un Ferrer ya visiblemente preocupado por la animosidad que advertía en quienes iban a juzgarle:

Pese a resplandeciente inocencia, el fiscal pide la pena capital fundándose en falsas denuncias que me presentan como jefe de todos los anarquistas y revolucionarios del mundo. Está claro que lo único que se pretende es condenarme[169].

Las dudas expresadas en este su último recado desde la cárcel, apenas si habrían de tardar unas horas en despejarse. Mientras Ferrer daba término definitivo a su correspondencia, a sólo unos cuantos metros de su celda, media docena de funcionarios de prisiones ultimaban la adecuación de la amplia sala en que iba a tener lugar el juicio. La tensa espera había, pues, terminado, y todo hallábase ya dispuesto para la confirmación de su previsible condena, por cuanto, como escribiera el diputado republicano Amadeo Hurtado, ningún otro veredicto podía esperarse:

El segundo proceso instruido contra Ferrer iba a sustanciarse en medio de una atmósfera de hostilidad y enconamiento que por su elevada intensidad emocional recordaba en no poco a aquel otro de triste memoria incoado algo más de una década antes contra los anarquistas de Montjuïc.

Por la natural propensión de las multitudes a simplificar todos sus problemas con una fórmula o un nombre, Ferrer se había convertido en la cabeza rectora de todas las fechorías y atropellos que venía sufriendo Barcelona desde hacía unos cuantos años, y se esperaba que su ejecución liquidase de una vez para siempre las culpas resultantes tanto de los anteriores crímenes terroristas (de bastantes de los cuales se le consideraba también responsable) como de las atrocidades y los hechos vandálicos ocurridos durante el transcurso de la Semana Trágica.

Podría referir mil detalles para describir aquel ambiente de odio y animadversión en que se vivía, pero me limitaré a recordar cómo una buena parte del cuerpo social llevaba su exaltación hasta el extremo de recurrir a cualquier tipo de procedimientos, por insidiosos y arbitrarios que fuesen, con tal de asegurar la aprobación y el cumplimiento de la sentencia[170].

Conforme a esta opinión, reflejo del sentir generalizado de quienes habían seguido el curso de los acontecimientos, el «proceso Ferrer» concluía su instrucción lastrado por la sospecha de un proceder tendencioso, arbitrario y sobrado de prejuicios. Inspirado por el Gobierno; crecido bajo el aliento de una opinión sugestionada; gratuitamente desglosado para acelerar su tramitación; dictadas no pocas de sus diligencias a espaldas o con la connivencia del juez; falto de garantías legales; tutelado por intereses fácticos adversos siempre al reo; y desprovisto de luz y taquígrafos, se cerraba, en su primera fase, bajo la sensación de haber sido gestionado con el único objetivo de condenarle. Y daba paso a la segunda y definitiva, el juicio oral, que en sólo unas horas iba a despejar la incógnita acerca de si el Tribunal elegido para juzgarle actuaría con la exigida independencia o al dictado, además, de intereses ajenos a la Justicia.

Y en un plano distinto, el personal, dejaba también, más allá de los centenares de diligencias, exhortos, autos, indagatorias, testimonios, edictos, providencias y atestados que a lo largo de su tramitación había reunido la causa, el drama íntimo de un hombre perseguido por las instituciones, criminalizado por la Iglesia, calumniado por la prensa, proscrito por el Ejército, abandonado por sus antiguos correligionarios, distante de su entorno familiar más próximo, y objeto de las críticas de una sociedad hipócrita y timorata, que lo considerada un libertino, una especie de Landrú a la española, merecedor, aunque tan sólo fuera por lo que ella entendía como una vida escandalosa y disoluta, de un ejemplar castigo.

Mientras Ferrer, solo en su celda, con la suprema soledad de quien se sabe desasistido, aislado, vacío de cualquier apoyo, indefenso, con un futuro ante sí lleno de incertidumbre, abandonado al azar del destino, meditaba quizá sobre este cúmulo de aciagas contrariedades concitadas en torno suyo, el director de la Cárcel Modelo, Ceferino Ródenas, aprobaba la correcta disposición de la sala del juicio, instalada en el salón de actos del centro penitenciario; los integrantes del Tribunal de Guerra desempolvaban sus uniformes de gala para tan esperada y solemne ocasión; el gobernador militar de Barcelona, general Cortés, ordenaba la distribución de las fuerzas a las que correspondía mantener esa mañana el orden en los alrededores de la prisión; Maura debatía con sus colaboradores más próximos los preparativos del Consejo de Ministros del lunes 11, que, entre otros temas, habría de conocer la tan esperada sentencia; y el Rey daba instrucciones a los encargados de las caballerizas de palacio para que a primera hora de la mañana siguiente tuviesen dispuestas las monturas con las que, en compañía de la Reina, tenía previsto, coincidiendo con la celebración del juicio, dar un paseo por la madrileña Casa de Campo.

TERCERA PARTE

EL JUICIO ORAL

El 9 de octubre no iba a ser en Barcelona un día habitual. La expectación que la vista oral de la causa contra Ferrer i Guardia había generado en toda España, y de modo muy especial en la capital catalana, tenía a la opinión pública pendiente de la Cárcel Modelo, escenario elegido por las autoridades militares para la celebración del más esperado de entre los centenares de juicios que, como consecuencia de la Semana Trágica, estaban sustanciándose durante esos días. La atención que la prensa venía prestando al proceso y la intrigante personalidad del encausado, alimentada por las abundantes noticias que sobre su figura y su trayectoria política aparecían diariamente en todos los periódicos, habían convertido al ya denominado «caso Ferrer» en el tema recurrente de todas las conversaciones, cuyos protagonistas repartían sus pronósticos sobre el resultado del fallo, con un claro predominio de los que, conmocionados aún por la gravedad de los terribles sucesos que acababan de vivirse, aventuraban la condena de quien se suponía inductor y responsable de los mismos.

Ya desde antes del amanecer, tropas del Ejército y efectivos montados de la Guardia Civil patrullaban alrededor del perímetro de la prisión, que hacia las siete de la mañana registraba en sus inmediaciones, sobre todo en las calles Entenza, Rosellón y Provenza, la formación de numerosos grupos de curiosos, venidos de todos los puntos de la ciudad, a los que, no sin dificultades, consiguieron dispersar las fuerzas de seguridad, en su intento por despejar aquella creciente aglomeración de gentes atraídas por la curiosidad, el interés, la afinidad o el rechazo hacia el procesado, y hasta el morbo, y permitir, así, el acceso al centro penitenciario a las aproximadamente doscientas cincuenta personas, entre ellas una docena de periodistas nacionales y extranjeros, que habían conseguido proveerse de la correspondiente autorización para poder asistir al acto[1].

El Gobierno Militar de Barcelona había dispuesto, en tal sentido, un número de acreditaciones correspondientes al aforo de la sala en que iba a tener lugar la vista, que repartió entre los jefes y oficiales de guarnición en plaza, libres de servicio, y algunos destacados representantes de las principales instituciones afincadas en la ciudad, entre los que llamarían especialmente la atención los cónsules de Inglaterra y Estados Unidos, el último de los cuales, Frank D. Hill, dejó en sus despachos al Departamento de Estado norteamericano interesantes testimonios sobre los acontecimientos de esas jornadas. Fuera de esa elegida minoría, y pese a que la audiencia tenía carácter público, el resto de los barceloneses sólo pudo conocer del juicio las breves reseñas y sueltos, convenientemente filtrados por la censura, que los periódicos de circulación autorizada, publicarían esa misma tarde y la mañana siguiente, y cuyas sucesivas ediciones, aún con la tinta húmeda, se agotaron apenas comenzaron a vocearse[2].

Las mismas medidas de seguridad registradas en la calle, se advertían tanto en el patio interior como en la entrada a la Sala de Consejos, habilitada expresamente para la ocasión, a la que los invitados fueron accediendo hasta completar los asientos reservados para ellos. Era el salón, una pieza de grandes dimensiones, presidida en su testero principal por un retrato del rey Alfonso XIII, bajo el que se hallaba situada, sobre un estrado, la mesa del Tribunal, a cada uno de cuyos extremos se alineaban, formando un ángulo con ella, las ocupadas, a su derecha, por el juez instructor y el fiscal, y, a su izquierda, por el defensor y el reo, dejando entre ambas sitio a otra, de menores dimensiones, sobre la que se habían colocado los numerosos legajos que constituían la prueba documental. Frente a la presidencia, y llenando casi las dos terceras partes de la estancia, unos bancos corridos daban asiento a los asistentes allí reunidos, que aguardaban impacientemente el comienzo de la sesión, anunciada a través de la luz aún pálida y difusa, de primera hora de la mañana, que comenzaba a colarse por las amplias ventanas enrejadas, de altos antepechos y vidrios emplomados, alineadas a todo lo largo de las estucadas paredes de la sala.

A las ocho, tal como estaba previsto, el teniente coronel Aguirre de la Calle, declaró abierta la vista, impuso el silencio a los asistentes y pidió la comparecencia del acusado, que llegaría unos instantes después, custodiado por una pareja de soldados, sin maniatar, con paso indeciso, gesto preocupado y un aspecto entre anodino y descuidado, más propio de un payés en día de faena, que del hombre pulcro y esmerado que era. Vestía esa mañana Ferrer un mal cortado traje de lanilla gris, iba afeitado, con excepción del bigote y la perilla, que había vuelto a dejarse crecer, y ya empezaban a apuntarle, y calzaba unas botas deslustradas, acordes con el resto de su indumentaria. Ya próximo al lugar que, junto al de su abogado defensor, le estaba reservado, saludó con una leve inclinación de cabeza a los miembros del Tribunal, e intentó, una vez más, disculparse por lo inadecuado de su atuendo, a lo que no daría lugar el presidente, que le conminó de modo terminante a sentarse, procediendo a continuación a otorgar el uso de la palabra al juez instructor, comandante Raso, convertido en relator de los hechos de autos (lo que en lenguaje judicial se conoce como el apuntamiento), al que, de acuerdo con el reglamento procesal, correspondía abrir el turno de las intervenciones con la lectura del sumario.

Acorde con el espíritu que había presidido la tramitación del proceso, el juicio oral iba, asimismo, a desarrollarse en un marco de abierta hostilidad hacia el acusado, que se pondría de manifiesto en todas y cada una de sus fases, las tres primeras de las cuales (el apuntamiento, el informe fiscal y el escrito de la Defensa) tendrían lugar públicamente durante la vista; las dos siguientes (el dictamen del asesor y el fallo) se celebrarían en sesión secreta, una vez retirado el Tribunal a deliberar; y la última (la declaración de los testigos citados por las partes) se omitiría, por decisión del Juzgado instructor, y con el visto bueno del Consejo de Guerra, que no entendieron necesario contar con la presencia de ningún deponente, conculcando uno de los trámites consustanciales del procedimiento y anticipando una nueva actitud de arbitrariedad, tan familiar ya en este proceso, que volvería a dejarse percibir en otros distintos momentos del juicio[3].

Ya, de entrada, la propia escenificación del acto permitía visualizar en tres planos, a la vez superpuestos e independientes, las distintas fuerzas confluyentes en el proceso, que, escalonadamente jerarquizadas, de mayor a menor, expresaban el conflicto, la confrontación de intereses que allí iba a dilucidarse. El primero plasmaba el rostro inalterable de la Justicia, personificado en los siete miembros del Tribunal, el relator, y el fiscal, intérpretes y ejecutores de la ley sancionadora que se invocaba. El segundo resumía la conciencia crítica de la sociedad, encarnada en el selecto y escogido público, convocado para dar fe del cumplimiento de ese ajuste de cuentas, que pretendía disfrazarse de ejemplarizador escarmiento. Y el último encuadraba la figura leve, empequeñecida, insignificante, casi residual, del procesado, que, en abierto contraste con aquel muestrario de sables, togas, condecoraciones, levitas, entorchados y galones, venía a encarnar el grave delito que se perseguía, y que la Magistratura militar, con el apoyo del Gobierno, había decidido unilateralmente atribuirle[4].

Pero más allá de esa foto fija, que al día siguiente recogería la prensa en sus portadas, y, que trasladaba, en su expresiva síntesis, el desigual pulso que la derrotada insurrección y la Barcelona ofendida venían sosteniendo, fue la propia dinámica del juicio la que tradujo de manera más clara el sesgo que habrían de adoptar los trámites siguientes. Sin testigos, con cuatro acusaciones (dos de ellas sin posibilidad de réplica) por una única defensa; bajo el dictado de un Código restrictivo e inmisericorde, como era el de Justicia Militar; y en manos de un Tribunal condicionado por la sugestión de culpabilidad suscitada en torno al reo, la vista oral se ofrecía como una edición corregida y aumentada del proceso que la había precedido, y confirmaba el carácter redentorista y justiciero que venía caracterizando a la represión que siguió a los sucesos sangrientos.

El apuntamiento, cuyo escrito no va a reproducirse por ser una traducción abreviada del sumario, sobradamente conocido por el lector, iba a ser el primero de los trámites judiciales en pervertir su naturaleza, al convertir lo que debía haber sido el relato objetivo de los cargos, en un escogido repertorio de imputaciones infundadas y testimonios de escasa solidez, y dudosa legalidad. Resumido en su paginación a 50 folios, dada la imposibilidad de recoger los 616 de que constaba, el relator pudo seleccionar los autos y providencias que más convenían a sus intereses y ofrecer así a los miembros del Tribunal, desconocedores hasta ese momento del contenido del proceso, una versión de los sucesos acorde sólo con su propia visión de los mismos. Omitiendo la lectura de las diligencias que podían beneficiar al reo, resaltando los indicios de mayor carga inculpatoria y modificando, sobre todo, la versión literal de las declaraciones, de forma que donde constaba «pudo ocurrir» o «me pareció ver» se leyese «ocurrió» o «vi», el resumen del instructor tuvo un carácter marcadamente acusatorio, se ajustó al guión de estructurar la causa sobre un culpable previamente decidido, y orientó en una intencionada dirección la visión que sobre los hechos relatados pudo formarse el Consejo de Guerra[5].

Tampoco el escrito del Ministerio fiscal se vio libre del permanente prejuicio que había presidido la tramitación de la causa, lo que le llevó a utilizar las providencias del sumario con la misma gratuidad con que las había empleado el juez instructor. Escasamente convincente en sus argumentos, si se juzga el dictamen desde un punto de vista imparcial, el capitán Marín Rafales se esforzó en probar la culpabilidad de Ferrer basándose en las declaraciones de unos testigos que, en buena parte de los casos, simplemente la suponían, y de la documentación intervenida en Mas Germinal, que poca o ninguna conexión tenía con los hechos que se enjuiciaban. Y aunque eludió las referencias a la ideología del reo (de las que ya se encargaría sobradamente el auditor de Guerra), basó en sus contactos con Solidaridad Obrera los argumentos que le llevarían a considerarlo el máximo responsable del alzamiento, sin importarle utilizar como apoyos de su tesis la sospecha, el rumor, la denuncia no contrastada, y cuantos indicios pudieran conducir a la incriminación de aquél, fueran de la naturaleza que fuesen[6].

Pero, además del que correspondía al fiscal, la Justicia militar autorizaba la presentación de otros dos nuevos escritos de acusación, a los que, como ya se ha dicho, ni la Defensa ni el procesado tenían la oportunidad de replicar, dado que ambos se conocían una vez concluida la vista. Uno, el del asesor, a quien competía ilustrar jurídicamente a los miembros del Tribunal, desconocedores, al no ser letrados, de la praxis procesal; y otro, el del auditor de Guerra, que, una vez ya dictada la sentencia, tenía la misión de valorar ante el capitán general la fundamentación legal del fallo, y recomendarle la conveniencia o no de ratificarlo. Y los dos, como cabía pensar, se convirtieron en sendos dictámenes de cargo, repletos de animosidad hacia Ferrer, y estratégicamente concertados a la hora de repartirse las cuotas inculpatorias, para, evitando en lo posible las coincidencias entre ellos, ampliar más eficazmente el abanico de las imputaciones.

El asesor se atribuyó así la tarea de tipificar el delito como de rebelión militar, atribuir al reo la jefatura de la misma, justificar el desglose de la causa instruida en su contra, conferir un carácter revolucionario a los documentos incautados en su finca de Mongat, aceptar como pruebas de convicción cuantos testimonios le incriminaban, incluso los fundados en meras suposiciones, y dejar todos sus bienes afectos al pago de los daños ocasionados por el alzamiento. Y el auditor de Guerra, que comenzaría su intervención postulando el sacrilegio jurídico de que «no era necesario abrir el sumario para asegurar la culpabilidad de Ferrer», puso fundamentalmente el énfasis en las pruebas de inducción histórica, siguiendo paso a paso la biografía política del procesado, de la que extrajo la insostenible tesis de la relación causa-efecto, que necesariamente debía existir entre la personalidad «aviesa y sectaria» del director de la Escuela Moderna, y unos crímenes como los acaecidos durante la Semana Trágica[7].

Para contrarrestar todas estas fuerzas adversas, únicamente contaría Ferrer con su propia defensa, que desde el mismo día en que se personó en el proceso, el 2 de octubre, hubo de trabajar con una absoluta precariedad de medios, y enfrentarse, a la vez, a un trato discriminatorio por parte del juzgado, difícilmente imaginables en un sistema judicial respetado y solvente. Por recordar algunas de las infracciones más graves que el capitán Galcerán denunció durante la vista, valgan como ejemplo las de que no pudo conseguir que fueran oídos los testigos que reclamó en el Plenario; que le fueron negadas por el juez instructor cuantas pruebas solicitó en beneficio del procesado; que dispuso de apenas tres días para preparar su escrito de descargo; y que tuvo ocasión de constatar la forma en que «una indigna coacción moral venía pesando desde hacía tiempo sobre todos para apartar esta causa de la verdad y de la razón»[8].

Y quedaba ya, como último y más relevante protagonista del juicio, por más que fuera, al mismo tiempo, el menos enterado del contenido de los autos, el propio Consejo de Guerra, al que correspondía fallar la causa. Un Tribunal, hasta ese momento desconectado del proceso, y que, en poco más de ocho horas, tuvo que conocer, a través de la escueta lectura del apuntamiento, las providencias recogidas en los más de seiscientos folios de que aquél constaba; escuchar el dictamen del asesor, que le ilustraría jurídicamente; deliberar acerca de los autos objeto de litigio, y decidir, en definitiva, la suerte de un hombre, acusado de dirigir toda una rebelión armada, y para el que el Ministerio fiscal reclamaba nada menos que la pena de muerte[9].

A la misma hora en que daba comienzo el juicio, los cajistas de una imprenta, emplazada a no mucha distancia de la Cárcel Modelo, preparaban la tirada de la revista La Actualidad, una de las muchas que en aquellos días se publicaban en Barcelona, que en una de sus páginas insertaba un grabado, en el que podía verse a unos soldados subiendo un ataúd de madera hacia el castillo de Montjuïc. Enfrascados en su tarea, los tipógrafos no repararon posiblemente en el mensaje implícito en la viñeta, pero su simbología resultaba elocuente. El destino de Ferrer, aun antes de ser juzgado, se vinculaba ya con la tristemente célebre fortaleza, reconvertida de nuevo en prisión, y cuyos fosos habían sido testigos, entre el 17 de agosto y el 4 de octubre, de cuatro arbitrarios fusilamientos, que se convertirían en cinco, tal y como el grabado auguraba, sólo unos pocos días más tarde[10].

X

La Acusación

Eran las once menos cuarto cuando, después de dos horas y media de lectura de los autos y tras un breve descanso de quince minutos, que el Tribunal concedió para dar un respiro a los asistentes durante el que Ferrer comentó con su abogado algunos de los términos del apuntamiento, hizo uso de la palabra, en nombre del Ministerio fiscal el capitán de Infantería Jesús Marín Rafales, de quien apenas se conocía algo más que no fuera su participación en otros procesos sustanciados a consecuencia del alzamiento, así como el hecho de haber sido expresamente elegido por el capitán general para representar a la Acusación en la vista[11].

«Sopesando las palabras con una calculada parsimonia», según escribiera, años después, Sol Ferrer al referirse a la intervención del fiscal, el capitán Marín Rafales inició su informe, partiendo del previo reconocimiento de que comparecía ante el Tribunal desprovisto de cualquier tipo de prejuicios, y persuadido de que no habían de pesar en su espíritu «ni la tétrica y pesarosa visión de los sucesos que iban a juzgarse, ni la seguridad y la firmeza con las que la opinión pública ya los había condenado».

A continuación, y tras aludir, sin justificarla, a la conveniencia y la oportunidad de desglosar la causa contra Ferrer del resto de las instruidas a raíz de la Semana Trágica, la definió como síntesis de todas las actuaciones criminales cometidas durante la misma, por cuanto en ella no se perseguía el incendio de un convento determinado, ni el deterioro o la inutilización de tales o cuales vías férreas o telegráficas, ni siquiera a las personas que levantaron barricadas, hicieron fuego contra las fuerzas del orden, o alteraron la tranquilidad ciudadana, sino que se juzgaba «el propio movimiento revolucionario en toda su extensión, las causas que le dieron impulso y vida, los autores que lo organizaron y sostuvieron, y todos cuantos otros hechos y circunstancias contribuyeron a procurarle cuerpo, y configurarlo como un todo orgánico, conjuntado y homogéneo»[12].

Y puntualizando este extremo, que consideró de la mayor importancia, por cuanto suponía que el proceso que se estaba juzgando era a modo de una sinopsis global de toda la rebelión, entró ya directamente en materia de autos, exponiendo la consideración de los sucesos perseguidos, así como la calificación penal que, a su criterio, merecían:

¡Los hechos! ¿Para qué enumerarlos? Todos quienes aquí estáis habéis sido testigos presenciales de buena parte de ellos, y seguramente de los más graves de los ocurridos en esta capital, de donde, como un reguero de pólvora, se difundió el movimiento a los pueblos de su provincia y de la de Gerona. Y todos, o casi todos, habréis tomado parte, posiblemente también, en su represión, desde el pasado 26 de julio, en que comenzó la protesta contra el envío de tropas a Melilla, hasta que se hundieron, lamidos por el fuego o volados por la dinamita, los muros de las iglesias y conventos, y se dominó la rebelión. Un final este, que terminó con los ayes de sus innumerables víctimas, las blasfemias de quienes procedían a profanar los cadáveres de infinidad de religiosos, y la jerga deslenguada y soez, con que toda una multitud de repugnantes prostitutas, hartas de malvender caricias, acompañaban sus zarpazos de hiena.

¿Y cómo respecto a tales hechos, ocurridos a nuestra vista, cabe siquiera pedir prueba de su existencia? Como antes dije, todos hemos sido testigos presenciales. Ahí quedan, como testimonio de su magnitud, las ruinas de los edificios destruidos. Zumban aún en nuestros oídos los furibundos gritos de ¡Viva la República!, repetidos por los revoltosos sin cesar. Y en las fachadas de numerosos edificios y fincas, pueden verse todavía, con impasibilidad acusadora, los impactos de las balas y proyectiles, disparados por los rebeldes en su sangrienta algarabía.

Y si los hechos son así, si ha habido en este movimiento revolucionario, al lado de partidas, que con gritos subversivos alteraban el orden público, y hacían fuego contra la fuerza militar, grupos de mujeres, y, sobre todo, mozalbetes, que rociaban con petróleo y hacían arder las puertas de los lugares sagrados, así como núcleos más o menos compactos de gentes que destruían las líneas férreas e inutilizaban el telégrafo y las vías de comunicación, ¿cuál sería la calificación legal correspondiente a tales actos?

¿Constituyen los hechos del pasado mes de julio una rebelión? ¿Pueden por sus circunstancias específicas tipificarse como un delito típico de rebelión militar? Debemos contestar rotundamente que sí. Y basta para apoyar nuestra afirmación la simple lectura del art. 243 del Código Penal, que en sus seis apartados define dicho delito, así como la del 237 del Código de Justicia Militar, que concreta, a su vez, los casos en los que la rebelión pierde su carácter común para convertirse en militar.

El artículo 243 del Código Penal ordinario dice, así, que serán reos de rebelión quienes se alzaran públicamente, y en abierta hostilidad contra el Gobierno, para el logro y la consecución de los fines u objetivos siguientes:

1°. Destronar al Rey, deponer al Regente o Regencia del Reino, o privarles de su libertad personal, u obligarles a ejecutar cualquier acto contrario a su voluntad.

2°. Impedir la libre y normal celebración de elecciones a diputados, senadores, y demás cargos públicos representativos, convocados en todo el territorio del Reino.

3°. Disolver las Cortes generales, o impedir que se reúnan y deliberen, o arrancarles alguna resolución.

4°. Ejecutar cualquiera de las actuaciones tipificadas en el art. 165 de este Cuerpo legal.

5°. Sustraer el Reino, o parte de él, o algún cuerpo de tropa, de tierra o mar, o cualquiera otra clase de fuerza armada, de la obediencia del Gobierno.

6°. Usar y ejercer por sí, o despojar a los ministros de la Corona de sus facultades y poderes constitucionales, e impedirles o coartarles el libre ejercicio de las mismas.

Que los sucesos del pasado julio caen de lleno en los apartados 1°, 5°, y 6° de dicho artículo, es algo que salta claramente a la vista. Entran dentro del 1°, porque el grito de ¡Viva la República!, acompañado de actos tendentes a su proclamación, lleva implícito el destronamiento del Rey, para sustituir la forma monárquica de gobierno por la republicana, y el ánimo de obligarle a ejecutar un acto contrario a su voluntad, como es el de abandonar el Trono, al no proceder esta actitud de su voluntaria abdicación. Caen, asimismo, dentro del 5°, pues al tratar de impedir los embarques de las tropas para Melilla, pretendíase sustraer Cuerpos de tropa a la obediencia del Gobierno, en tanto que al constituirse en varias localidades Juntas revolucionarias, que proclamaron la República se retraía también parte del Reino al citado mandato del Ejecutivo. Y caen, por último, dentro del 6°, por cuanto al crear esas Juntas en sus demarcaciones respectivas núcleos particulares de gobierno desligados de los poderes centrales, se irrogaron facultades que corresponden a los ministros de la Corona, de igual modo que se las habían atribuido, ya con anterioridad, quienes trataron en Barcelona de impedir el embarque a Melilla de soldados, acordado por el Gobierno del Reino en pleno uso de sus derechos constitucionales.

Sentado esto, y visto que los sucesos perseguidos constituyen un delito de rebelión, profundicemos aún más para ver si ésta es o no militar. Para ello, es suficiente comparar el texto del artículo antes mencionado con el 237 del Código de Justicia Militar. El primero nos dice que para que se produzca la rebelión común basta «el alzamiento público y en abierta hostilidad», para cualquiera de los seis casos que enumera. El segundo, en cambio, señala como condición precisa la existencia de la rebelión militar, «el alzamiento en armas» contra la Constitución, el Rey, los Cuerpos Colegisladores, o el Gobierno legítimo, siempre que concurra alguna de las circunstancias que luego determina. Por tanto, la diferencia es clara. La rebelión común puede existir sin alzamiento en armas, mientras que la militar exige precisamente, como condición «sine qua non», el levantamiento armado, aparte de la concurrencia de alguna de las cuatro circunstancias a que se refiere dicho artículo.

Que el alzamiento en armas ha existido, es algo que, como ya apuntamos anteriormente, no precisa ninguna demostración, ya que todos nosotros hemos sufrido sus graves efectos, y nos hemos visto obligados, dentro de nuestras respectivas responsabilidades, a contribuir a reprimirlo. No nos queda, pues, por examinar más que si concurre o no con el alzamiento en armas alguna de las referidas circunstancias del mencionado art. 237 de nuestro Código militar. Y por cierto, que no es solamente una, sino dos: la tercera, y la cuarta. La tercera, por el hecho de haber actuado partidas armadas tanto en la capital como en otros distintos lugares de la región. Y la cuarta, por cuanto los revoltosos hostilizaron e hicieron frente repetidamente a los efectivos del Ejército con posterioridad a que se hubiese declarado el estado de guerra[13].

Con independencia del tono efectista y la dramatización empleados por la Acusación en su relato de los hechos, algunos de los cuales no son exactos (la existencia de partidas organizadas militarmente), otros no resultan en sí mismos delictivos (los ¡vivas! a la República), y todos revelan una sobreactuación premeditada, dirigida a sugestionar al Tribunal, resulta preciso objetar su tipificación, para lo que basta la lectura del propio artículo 243 del Código.

Entre las razones que contradicen la calificación fiscal del alzamiento como un claro delito de rebelión, con el carácter además de militar, merecen recogerse las siguientes:

— En Barcelona no se pretendió, durante los sucesos de autos, destronar al Rey, disolver las Cortes, ni lograr ninguno de los fines u objetivos que caracterizan a la rebelión, y se hallan contemplados en el citado precepto legal.

— El propio capitán general reconocería implícitamente este hecho en su Bando del día 26 de julio, al incluir como reos sujetos a castigo a los «sediciosos» (y no a los «rebeldes») responsables de alterar la paz y el orden público.

— Contra la tesis del fiscal, tanto las actitudes de protesta ante la movilización de reservistas como las expresiones republicanas de los amotinados respondían más a reacciones emocionales que a consignas de contenido político.

— Las partidas a las que alude el Código son las que se encuentran organizadas militarmente, y no las constituidas por grupos de insurrectos y alborotadores, congregados espontáneamente y desprovistas de organización, mandos, disciplina y liderazgo.

— En ese sentido, el Tribunal Supremo tenía sentada jurisprudencia suficiente (el diputado radical Rodrigo Soriano citaría al menos tres sentencias) para calificar, como tales, a aquellas cuya organización se asemejara a la de un Cuerpo de Ejército.

— El término «hostilizar» con que la Acusación define el hostigamiento de los revoltosos hacia las fuerzas armadas, no es aplicable de forma exclusiva a la rebelión militar, sino a otras manifestaciones violentas, motines, tumultos o insurrecciones.

La revuelta de Barcelona supuso, y hay una coincidencia generalizada al juzgarlo, un delito de sedición, recogido y contemplado como tal en el artículo 250 del Código. Y los desórdenes que precedieron al embarque de los reservistas a Melilla, la expulsión de los frailes y monjas de sus conventos, y el posterior saqueo e incendio de las iglesias y otros lugares dedicados al culto constituyeron otras tantas lesiones a los apartados 2.°, 4.°, y 5.° de dicho precepto, y no a los artículos 243 del Código Penal y 257 del de Justicia Militar, citados en su escrito por la Acusación.

La pretensión del Ministerio fiscal por imprimir a la sedición de julio un carácter militar no es otra que la de agravar el castigo que ello representa para el acusado. El delito de sedición empieza y termina en sí mismo, sin más modificaciones que las derivadas de las atenuantes o agravantes que en él concurran. El de rebelión militar puede comprender otras figuras delictivas, excluye cualquier competencia a la jurisdicción ordinaria y limita su enjuiciamiento a los Tribunales de guerra. La sedición, dicho en otras palabras, no puede militarizarse, mientras que la rebelión, sí. Y así lo entendieron tanto el fiscal del Tribunal Supremo, al definir en tales términos los sucesos de la Semana Trágica, como el capitán Marín Rafales, al recogerlo posteriormente en su pliego de cargos.

Seguro del beneficio que para su tesis inculpatoria suponía eludir cualquier cotejo entre ambas figuras delictivas, pasó el fiscal a centrar su escrito en la individualización de la jefatura de Ferrer en los hechos que se estaban juzgando:

Terminada, así, de fundamentar nuestra calificación de los hechos, pasaremos seguidamente a hacer lo mismo con la acusación que formulamos contra el procesado Francisco Ferrer i Guardia como jefe de la rebelión militar, rogándole al Tribunal su comprensión por si lo copioso de las pruebas presentadas con loable celo por el juez instructor de la causa nos obliga a entretener su atención durante algún tiempo.

Al hacerlo, hemos de indicar, ante todo, el concepto que nos merece la palabra jefe. Es éste el caudillo, el superior o cabeza, el que busca a la gente, e impulsa y dirige a los demás, el que lleva la voz cantante, el que señala los fines de la rebelión, y proporciona y distribuye los medios conducentes a ella. Y si tal es la definición y el carácter del término, ¿no vamos a poder aplicarlo a la participación de Ferrer en los hechos de julio, según la prueba aportada a los autos? Seguro que sí, y vamos a demostrarlo.

La Acusación empieza ya a manifestarse en este sentido, con lo depuesto por el teniente coronel de la Guardia Civil, Leoncio Ponte, quien (folio 26 vuelto) señala a Ferrer tomando parte activa en los movimientos de Masnou y Premiá, y diciendo a sus partidarios que acudiesen a Barcelona a defender a sus hermanos. Considerando, asimismo, dicho jefe de la Benemérita que el Centro de la Fraternidad Republicana, del último de estos pueblos, daba toda la impresión de ser una especie de cuartel general de rebeldes, incendiarios, sediciosos y revolucionarios.

En la misma dirección, el periodista Manuel Jiménez Moya, testigo nada sospechoso, ya que por la exaltación de sus ideas, estaba desterrado en Palma, concreta aún más el cargo (folio 30 vuelto), diciendo que, según su opinión, la rebelión partió de Solidaridad Obrera, en cuyo centro social se había celebrado en fechas próximas al alzamiento una reunión clandestina, de la que partieron delegados hacia diferentes pueblos de la provincia, y señalando, asimismo, como responsables y principales gestores de ese conciliábulo a Ferrer y su camarilla de correligionarios, miembros todos ellos de la Liga Antimilitarista.

Por su parte, el concejal Narciso Verdaguer mantiene igualmente (folio 31) que, en base a noticias que no tiene forma de comprobar, pero que cree exactas, los sucesos de autos comenzaron a través de la iniciativa y dirección de elementos anarquistas, impulsados y guiados por Ferrer i Guardia, y un joven profesor de lenguas apellidado Fabra.

Apoyan, a su vez, estas afirmaciones el concejal del Ayuntamiento de Premiá, Juan Alsina Estival, quien fija (folio 177) el carácter rebelde que tomaron los sucesos de aquella localidad tras la llegada al pueblo del acusado, y su conferencia con el alcalde; y los vecinos Jaime Comas, Valentín Alonso, Adolfo Cisa, y Pablo Roig, que declaran respectivamente (folios 161, 162 vuelto, 214 y 216) que una hora más tarde de irse Ferrer se iniciaron las violencias en el pueblo, y que sólo a partir de su visita, los hechos cambiaron allí de cariz, transformándose en sediciosos.

Testigo aún de mayor excepción es Baldomero Bonet, procesado en la causa que se sigue por el incendio de la iglesia de las Concepcionistas, quien asegura en su indagatoria del citado proceso (folio 370) que cree que el origen de lo ocurrido hay que buscarlo en Solidaridad Obrera, lo que, teniendo en cuenta la falta de recursos económicos de esta organización, invita a imaginar que fue Ferrer quien se los procuró. Extremo este que sostiene también, aunque en términos mucho más vagos, Emiliano Iglesias, cuando afirma (folio 498) que Solidaridad necesitaba para sostenerse muchos más fondos de los que en realidad tenía.

En cuanto a la participación del procesado como jefe y responsable de la rebelión, hay que contar con las declaraciones de los tenientes Modesto de Lara (folio 210), y Alfredo García Magallanes (folio 480), el primero de los cuales la afirma en base a su entendimiento de los sucesos, y el segundo, en las manifestaciones que le hizo el periodista «Pierre», según las que los acontecimientos de julio tenían un carácter primordialmente anarquista, y habían sido ejecutados bajo la batuta de Ferrer i Guardia.

Y por si todo eso no fuera bastante, quedan las testificaciones de Juan Puig Ventura (Llarch), Domingo Casas Llibre, alcalde de Premiá, y José Álvarez Espinosa, suplente del secretario de dicho Ayuntamiento, quienes, refiriéndose a los hechos perseguidos en la causa, declaran asimismo contra él. El primero, diciendo (folio 24) que cree que todo lo ha movido Ferrer, por cuanto los excesos cometidos coinciden con las ideas de dicho individuo, y las de sus afines de Solidaridad Obrera. El segundo, manteniendo (folios 138 y 305) que formó la opinión de que el acusado fue elemento responsable de todas las violencias cometidas en esta región. Y el tercero, asegurando (folios 139 y 313) que piensa igualmente en Ferrer como verdadero inspirador y cabeza rectora de la rebelión acaecida durante la última semana de julio.

De suerte que tenemos ya una prueba testifical de quince deponentes señalando a Ferrer i Guardia como director de los sucesos. Unos, uniendo al cargo sus relaciones con Solidaridad Obrera, y reseñando la participación de este sindicato en los hechos, tanto por afinidad de ideas como por débitos económicos. Y otros, señalando cómo sólo tras su presencia, el día 28, en Premiá, mudaron de sesgo los acontecimientos, que hasta su llegada apenas habían revestido significación trascendente, y que, en cambio, después de que el hoy procesado abandonara el pueblo, desembocaron en algaradas, destrozos, saqueos, y violencias callejeras, hasta concluir en un auténtico motín revolucionario[14].

La debilidad de los argumentos de la Acusación a la hora de atribuir al procesado la jefatura del alzamiento revolucionario, producen, examinados con criterio jurídico, auténtico sonrojo. Si jefe es, como sostiene el fiscal, «quien busca, impulsa, lleva la voz cantante, señala los fines de la rebelión, y proporciona los medios conducentes a ella», ese concepto es absolutamente ajeno a Ferrer, que no participó en la convocatoria de la huelga, fue ignorado por quienes tuvieron la oportunidad de transformar el paro en una revolución organizada, y limitó su acción revolucionaria a animar a los lerrouxistas de dos pequeñas localidades a secundar la revuelta. Si algo faltó en la revolución de Barcelona sería, precisamente la figura del líder, el organizador y el caudillo, y son varias las circunstancias que vienen a confirmarlo:

— El concepto de «jefe» al que alude el fiscal, que viene tipificado en el artículo 247 del Código Penal ordinario, es igualmente asimilable al delito de sedición, recogido y contemplado, a su vez, en el artículo 253 del mismo cuerpo legal.

— Para hacerlo valer, sería preciso, según su redacción, demostrar previamente que el procesado actuó en nombre y representación de los rebeldes, extremo este no confirmado por ninguna de las testificaciones obrantes en la causa.

— En ese sentido, falta constancia de que Ferrer transmitiera o difundiese consignas a los amotinados, firmase algún tipo de documento en el que se reconociese su jefatura, pagara a los revoltosos y se pusiese al frente de los alzados en armas.

— Las tan repetidas relaciones del director de la Escuela Moderna con Solidaridad Obrera no fueron más allá del contacto que mantenía con algunos de sus miembros (Rodríguez Romero y Moreno, sobre todo), y los puntuales apoyos económicos que prestó al sindicato, con bastante anterioridad a la Semana Trágica.

— Términos como «en su opinión», «según noticias que no tiene forma de comprobar», «entiende que», «participa en la opinión general», «formó la idea», etcétera, aplicados a la consideración de Ferrer como responsable de la revuelta, se mueven en el terreno de la especulación, la sospecha y la simple conjetura.

— No tienen la condición de verdaderos testigos quienes declaran de oídas o fundamentan sus afirmaciones sobre la base de otras, de contenido similar, de las que con anterioridad a su testificación han tenido noticia o conocimiento.

— Pretender probar la intervención de Ferrer en los hechos por simple afinidad de ideas con el espíritu inspirador de la revuelta armada, es aún más arriesgado que intentar fundamentarla en la vox pópuli, o el dicho general del vulgo.

— Tanto el instructor de la Causa general, comandante Llivina, como el juez de Mataró consideraron al procesado inductor de un delito de rebelión, que, en el sumario del segundo, sólo requirió una fianza de dos mil pesetas.

— No se tuvieron en consideración las declaraciones de quienes, como el gobernador de Barcelona, sostuvieron que la rebelión había carecido de organización y caudillaje.

— Es impensable la idea de que una revolución de las dimensiones de la de la Semana Trágica pudiera personalizarse en un solo individuo, ni que una única persona fuese capaz de concertar fuerzas tan diversas como las implicadas en ella.

Entendiendo, sin embargo, que la jefatura del alzamiento había quedado suficientemente documentada, la Acusación dedicó los siguientes párrafos de su dictamen a examinar ya las actuaciones del procesado, en Barcelona, durante la jornada del 26 de julio:

Pero son muchas más las pruebas existentes acerca de la participación de Ferrer en los sucesos de Barcelona, iniciados, según declaración del fiscal del Tribunal Supremo, como una pacífica manifestación contra la guerra y el embarque de tropas para África, y cuyo signo vendría a modificarse merced a la intervención de determinadas fuerzas disolventes.

Cierto que en la mañana del 26 de julio se inició en la ciudad una protesta, que se acentuaría aún más durante el discurrir de la tarde. Pero una protesta, que en ningún instante tuvo carácter espontáneo ni por parte de la población en general, ni de la masa obrera en particular. Y así lo demuestra el hecho de que los obreros abandonaran el trabajo, no por su propia voluntad, sino por la presión de que fueron objeto por parte de los numerosos piquetes que recorrían los talleres y fábricas disponiendo su cierre, y contra los que incluso llegaron a enfrentarse, como fue el caso de los empleados de los tranvías, quienes, además de no abandonar el servicio mientras les fue posible hacerlo, defendieron la integridad de sus vehículos del furor de las turbas, que trataban de detenerlos primero, y de hacerlos volcar e incendiarlos luego.

Y si, como señalan numerosos testigos, los acontecimientos se transformaron en Premiá, a partir de la presencia de Ferrer, aquí también podríamos observar un fenómeno similar con sólo seguir sus pasos desde el momento que esa tarde tuvo que volverse de la estación del Norte, por hallarse suspendida la circulación de trenes, y se dirigió andando hacia la plaza de Antonio López, hasta el anochecer del día siguiente en que, como podrá verse, reaparecería en la ciudad.

En efecto, el agente de policía Ángel Fernández Bermejo, encargado de vigilarle, nos dice en su declaración (folio 481) cómo vio a aquél acercarse a los grupos sediciosos que, el 26 de julio, se congregaban en la citada plaza, y que, disueltos por una pareja de soldados de Caballería, se dirigieron a la Puerta de la Paz, hasta situarse frente a las Atarazanas. Allí, el procesado se separaría de los rebeldes al ser éstos rechazados por fuerzas de Seguridad, momento en el que lo perdió de vista, aunque volvería a encontrarle de nuevo, algún tiempo después, en las Ramblas, desde donde marchó al Hotel Internacional, cuyo encargado le manifestó que había cenado allí, aunque no dijo si se quedaría a dormir.

Un nuevo testigo, Francisco Doménech, barbero de Masnou, empalma, por decirlo así, su testimonio con el del anterior, afirmando (folios 21 y 23) que encontró a Ferrer a las nueve y media de la noche, del mismo día 26, en un café situado en los bajos del hotel antedicho, en el que tomaron un refresco, y desde donde se dirigieron a la redacción de El Progreso para ver, según le dijo el procesado, lo que acordaban sus «compañeros». Después, fueron al café Aribau, encontrando allí a Cristóbal Litrán, que se hallaba con su esposa, con los que Ferrer departió un rato, encargándole luego a él (el barbero) que fuese a los locales de Solidaridad, en la calle Nueva de San Francisco, para enterarse de si se encontraba allí alguno de sus partidarios. Al no aceptar, sin embargo, su encargo, tuvo que ser el Sr. Litrán quien, también a petición de Ferrer, decidiera ir a comprobar tal extremo.

Vueltos de nuevo Ferrer y Doménech a El Progreso, díjole aquél al salir que no había encontrado lo que buscaba, añadiendo que ni Emiliano Iglesias ni otros de los allí presentes habían accedido a firmar un manifiesto que llevaba preparado para remitirlo al Gobierno pidiendo la supresión del embarque para Melilla y amenazándole en caso contrario con hacer la revolución. Según parece, Iglesias mantenía la conveniencia de volver al trabajo, ya que no disponía de fuerza y preparación adecuadas para hacer viable semejante proyecto. Así las cosas, decidieron regresar a sus casas, pero en la calle de la Princesa detuviéronles dos sujetos, a uno de los cuales, apellidado Moreno, volvió a encargar Ferrer que fuera a El Progreso para ver si los radicales y los anarquistas llegaban finalmente a un acuerdo, respondiéndole aquél que «ellos ya estaban comprometidos», y concluyendo el encuentro de forma contundente y amenazadora, al decir: «¡Y ay del que falte, porque haremos con él lo que hacen en Rusia con los traidores!».

Estas testificaciones, que atestiguan la dirección de los sucesos por parte de Ferrer durante el 26 de julio, poniendo de relieve su jefatura e impulsión del movimiento, aumentan, además, su importancia, con las que habían de hacer, asimismo, el dirigente radical Lorenzo Ardid, y los soldados del Regimiento de Caballería, Miguel Calvo y Claudio Sancho.

Lorenzo Ardid, por su parte, asegura (folios 368 y 395) que en el trascurso de esa tarde estuvo tomando café en la Casa del Pueblo, donde entró Ferrer, y, luego de saludarle, le dijo que deseaba hablarle privadamente. Una vez ambos a solas, quiso saber el procesado su idea acerca de los sucesos en marcha, a lo que él le contestó manifestándole que los creía ya concluidos, por tratarse de una protesta incapaz de trascender más allá de donde ya había llegado. Al insistir nuevamente Ferrer sobre este punto, le volvió la espalda y, dirigiéndose a uno de los socios de la Casa, encargole que le invitara a marcharse por una puerta falsa, consejo este que el acusado aceptaría inmediatamente. Y añade que, con él, estaba en la mesa Litrán, y que sospecha que fuera Ferrer uno de los principales organizadores de la revolución y la violencia.

Esta declaración es de notoria importancia, no sólo por sí misma sino por la energía con que el deponente la mantuvo en su careo con Ferrer (folio 414), promovido por la negativa de este último a aceptar el haber estado en la Casa del Pueblo, afirmación esta que hubo de rectificar, diciendo que no negaba haber acudido a dicho lugar, y que, deseando encontrar al Sr. Litrán, es posible que fuese a buscarle allí, al tiempo que reconocía también como probable el haber hablado con el tal Lorenzo Ardid en el trascurso de la mencionada visita.

En cuanto a los soldados de Caballería, Claudio Sancho y Miguel Calvo, confirman lo declarado por el agente de policía Fernández Bermejo, y sostienen (folios 484 y 485 vuelto) que prestando servicio el 26 de julio en la plaza de Antonio López, advirtieron, hacia las cinco y media de la tarde, la presencia de un individuo que les llamó poderosamente la atención por su manera de vestir, diferente a la de los obreros allí congregados, ya que llevaba un traje azul completo y un sombrero de paja con el ala anterior doblada hacia delante y la posterior levantada, y en el que pudieron fijarse con todo detenimiento, pues se dirigió a ellos preguntándoles si estaba prohibido leer uno de los bandos allí pegados. Siendo este testimonio, igual que el anterior, de vital trascendencia, dado que ambos soldados han reconocido a Ferrer por tres veces consecutivas, en rueda de presos, como el mismo sujeto al que se refirieron en su primera testificación judicial[15].

Fiel a la interpretación que del sumario había efectuado el relator en el apuntamiento, no necesitó el capitán Marín Rafales sino transcribir las argumentaciones con las que el juez Raso le había desbrozado el camino, llevando de ese modo a su informe todo ese conjunto de testimonios tendenciosos, afirmaciones deformadas, juicios de valor no contrastados, testigos sospechosos y cargos sin condición de tales, que venían a traducirse en la formulación de la extraña tesis de que quien había sido el personaje más aislado políticamente durante esas jornadas, era, por el contrario, el máximo responsable del alzamiento.

— Si, como reconoce el fiscal, el propósito de Ferrer, la tarde del lunes 26, era el de no intervenir en los sucesos recién emprendidos y regresar a Mongat, resulta incomprensible situarle en el papel de director de la insurrección.

— La declaración del policía Fernández Bermejo, que sitúa al procesado hablando con los manifestantes, y no arengándolos o dirigiéndolos, lo presenta no como el inductor que organiza la revuelta, sino como el observador que se interesa por su desarrollo.

— Del testimonio del barbero Doménech se deduce que Ferrer no estuvo aquel día en ninguno de los centros neurálgicos (el Comité de Huelga o la sede de Solidaridad Obrera) donde se estaban gestando los acontecimientos.

— Quien es expulsado de la Casa del Pueblo, encuentra dificultades para poder entrevistarse con Emiliano Iglesias, y no obtiene eco a sus propuestas en su encuentro con Miguel Moreno, se revela como un personaje políticamente aislado sin apoyos e incapaz de hacer escuchar su voz de manera decisiva y determinante.

— Lorenzo Ardid, que intentó disociarse del alzamiento trasladando la responsabilidad del mismo a Ferrer, desmentiría posteriormente su jefatura en los sucesos.

— Abandonar el escenario de la huelga el mismo día en que ésta se inicia, y no volver a aparecer ya más en el escenario de los hechos, no es la actitud que se le supone a quien es reputado como su organizador y cabeza visible.

Desatendiendo cualquiera de estas consideraciones, el fiscal, para quien ya había quedado demostrada la responsabilidad penal de Ferrer en la jornada del lunes 26, pasa a considerar su actuación durante el día siguiente, en el que, contra toda lógica y basándose en un solo testimonio dubitativo, vuelve a situarlo de nuevo en Barcelona:

Por lo que respecta al día siguiente, 27 de julio, y a pesar de que Ferrer había regresado de madrugada a su finca de Mas Germinal, en Mongat, recorriendo el camino junto al barbero Doménech, no pudo, por lo visto, aquél permanecer ocioso, y, por si menguaba el entusiasmo de sus secuaces, debió entender necesaria su vuelta a Barcelona para ponerse al frente de la rebelión. Así lo demuestra, al menos, la declaración de Francisco Colldefons, quien afirma (folio 492), que esa misma tarde, entre las siete y las ocho de la tarde, vio en las Ramblas, hacia la altura del Liceo, un grupo de rebeldes capitaneados por un sujeto, que le pareció tratarse de Ferrer, al que sólo conocía por fotografía, pero sobre cuya identidad adquirió seguridad al escuchar su nombre a algunos de los transeúntes que por allí circulaban. Y para mayor confirmación y evidencia, lo reconoció también posteriormente en la diligencia de rueda de presos decretada por el juez instructor como el individuo al que viera aquel día[16].

Pese a que ya se han considerado en el capítulo dedicado a los testigos las declaraciones de Colldefons, a las que se referirían también en sus posteriores informes el asesor y el auditor de Guerra, es preciso terminar de desmontarla, por ser la única que sitúa al director de la Escuela Moderna en Barcelona el martes 27 de julio:

— Mientras en El Siglo Futuro afirmó Colldefons haber visto a Ferrer en Barcelona la tarde del 27, en su declaración ante el juzgado se limitó a manifestar que «le pareció que se trataba de él», aunque sin poder asegurarlo.

— El citado testigo ostentaba el cargo de secretario del Comité Integrista de la capital barcelonesa, lo que, cuando menos, le colocaba en situación de adversario político del procesado.

— Hay que recordar los dos meses transcurridos entre el artículo de El Siglo Futuro y la fecha de la rueda de presos, así como el hecho de que el periodista fuese llamado a testificar tres días antes de cerrarse el proceso, cuando el instructor carecía aún de pruebas de convicción suficientes.

— El juzgado no citó a declarar a los familiares y allegados de Ferrer, que hubieran podido demostrar que no se movió de Mas Germinal durante la jornada del martes 27.

— Está plenamente documentado que ese día las Ramblas estuvieron acordonadas por fuerzas del Ejército y la Guardia Civil, lo que hacía imposible la circulación por las mismas de grupos armados en actitudes subversivas.

— El término de «transeúntes» utilizado por Colldefons lleva implícito el reconocimiento de un sentido de la circulación no distinto del habitual en aquella zona.

— Hay que computar en más de once horas el tiempo que Ferrer hubo de hacer andando entre primeras horas de la madrugada y el inicio de la tarde del martes, para haber podido estar en Mongat y Barcelona el mismo día.

— No hubo un solo testigo más en toda la capital que pudiera confirmar la presencia de Ferrer en Barcelona esa fecha, y menos aún al frente de los manifestantes.

Completados los supuestos cargos correspondientes al martes 27 de julio, pasó el capitán Marín Rafales a examinar las actuaciones que en las localidades de Masnou, Mongat, y Premiá de Mar realizó el procesado durante la mañana del día siguiente:

El día 28 es de una extraordinaria actividad para Ferrer, que se multiplica en todas partes, llegando allí donde no puede alcanzar su impulso directo a través de sus agentes, que descaradamente hablan a la multitud en su nombre, para arrastrarla a la realización de excesos que todos lamentamos. Pero, por eso mismo, es también el día en que deja más huella de sus pasos, y mayor número de testigos que le señalan, a pesar de que diera comienzo a su jornada afeitándose en Masnou para intentar pasar desapercibido, y poder eludir mejor la acción de la Justicia.

El ya varias veces citado Francisco Doménech nos dice que esa mañana se presentó en su barbería para afeitarse, y le pidió que fuera a buscar al presidente del Comité Republicano, Puig Ventura, el Llarch, para ver «si se podía hacer algo», y que llegado éste, le propuso ir al Ayuntamiento con objeto de proclamar la República, a lo que el Llarch se opuso, pensando que sólo deseaba comprometerle. Y asegura, asimismo, que a últimas horas de la tarde pudieron verse en el pueblo numerosos grupos de amotinados, procedentes en su mayoría de las localidades próximas, que decían esperar la llegada de Ferrer, cosa que no ocurriría, ya que el procesado desapareció de su domicilio la mañana de ese día, no habiéndosele vuelto a ver desde esa fecha.

Lo depuesto por Doménech está confirmado y ampliado por el susodicho Juan Puig Ventura, hombre de carácter entero, y eficaz auxiliar del alcalde de Masnou, en cuanto al mantenimiento del orden público contra la injerencia de elementos extraños al pueblo, quien ha dicho lo mismo sin vacilar ni retractarse en sus cuatro declaraciones (folios 24, 76 vuelto, 136 y 457), así como en el careo sostenido con Ferrer el 22 de septiembre.

Pues bien, el Llarch dice que, al ser requerido por Ferrer el miércoles 28, fue con él a un local deshabitado de la calle Puerto Rico, donde el procesado le expuso la necesidad de secundar en Masnou el movimiento revolucionario de Barcelona. Al responderle negativamente, Ferrer le insistió en que debía comenzar a excitarse a la gente para que saliera a quemar las iglesias y conventos, y ante la opinión del declarante de que dudaba de que por este camino se pudiese proclamar la República, le replicó que la cuestión no era tanto lograr un régimen republicano, como crear un clima de anarquía mediante el que hacer posible la revolución.

Asimismo, manifiesta Puig Ventura que el acusado le propuso acompañarle a Premiá, donde quería ver al alcalde, Casas Llibre, petición esta a la que no puso inconveniente. Y dice, también, que después de haber hablado con él, y ya de regreso a Masnou, se encontraron con un grupo de jóvenes que venían de Barcelona, y que les contaron lo que allí sucedía, relato que Ferrer celebró gozosamente, diciendo que «efectivamente, había que destruirlo todo». Ya en el pueblo, volvió el procesado a insistir en sus anteriores peticiones, a lo que él se negó, como ya lo había hecho a lo largo de todo el camino, aunque no pudo evitar que los acontecimientos se radicalizasen en Masnou, razón por la que piensa que de no haber efectuado Ferrer su visita a esa localidad los hechos hubiesen tomado un cariz muy distinto.

Esta conferencia a la que alude el anterior testigo, celebrada por Ferrer con el alcalde de Premiá en los salones de la Fraternidad Republicana, y en la que intervinieron asimismo el teniente alcalde Antonio Mustarós, y el secretario suplente del Ayuntamiento, José Álvarez Espinosa, ha sido confirmada, además de por los tres intervinientes, por Francisco Calvet, camarero que les sirvió la consumición; Lorenzo Arnau y Jaime Calvo, vecinos que acompañaron al acusado hasta el local; y por los Sres. Comas, Cisa, Cahué, Alonso, Puig Pons, Roig, Font, Canés y Costa, que se lo oyeron contar al alcalde en una reunión de contribuyentes convocada en la localidad el pasado 30 de julio, lo que hace un total de nada menos que diez y ocho probados testimonios de cargo.

Refiriéndose a tal conferencia, Francisco Calvet dice (folios 412 vuelto y 417) que hallándose trabajando en la Fraternidad Republicana, se presentaron dos individuos, uno el Llarch, y otro al que no conocía, y que llevaba un traje de color claro y un sombrero de paja, que se sentaron en una mesa y pidieron una gaseosa y una cerveza. Poco después, llegaron Casas, Mustarós, y Álvarez Espinosa, a quienes se dirigió el desconocido diciéndoles que era Ferrer i Guardia, identidad que les produjo a todos una singular impresión, y, sobre todo, a él mismo, dadas las poco favorables noticias que tenía acerca de semejante persona. Luego, encarándose con el alcalde, le indicó que debía proclamar la República en el pueblo, y al contestarle aquél que no aceptaba la insinuación, le respondió Ferrer que no comprendía cómo podía negarse a hacerlo, cuando su instauración era ya una realidad, en Barcelona, Madrid y otras diferentes ciudades españolas.

Pero no radica ahí sólo la trascendencia de la visita de Ferrer a Premiá. Su actuación va, por el contrario, mucho más allá de una mera invitación a la violencia. Y así lo afirma el testigo Juan Alsina, quien afirma tener la seguridad de que el procesado entregó directamente a un tal «Casola» las instrucciones para la revolución, y sostiene (apoyado por las declaraciones de los participantes en la citada reunión de contribuyentes) que en el transcurso de la misma, el juez municipal solicitó al alcalde que averiguase de dónde había surgido la dinamita empleada en el asalto e incendio del convento de los Marianistas, ya que había oído al sereno Jerónimo Cardona que podía haberla suministrado Ferrer.

Por otra parte, Salvador Millet declara (folio 384) que, según referencias que posee, el miércoles se presentó en Masnou un grupo de amotinados que asaltaron el Ayuntamiento, y desde su balcón arengaron a la gente, excitándola a unirse al movimiento, y diciendo uno de los oradores que hablaba en nombre de Ferrer, quien no podía asistir a dicho acto por reclamarlo asuntos relativos a la revolución de Barcelona. Extremo este confirmado, además de por el Llarch y Doménech, por Esteban Puigdemont, quien sostiene (folio 473), cómo presenció desde la puerta de su casa, próxima al Ayuntamiento, el discurso de quien desde allí se dirigió a los manifestantes en representación del acusado.

Bastaría seguramente con todo lo expuesto para percatarse del carácter de jefe de la rebelión que corresponde a Ferrer i Guardia, al que vemos en unos momentos acaudillarla personalmente, como hemos indicado al señalar su presencia en las Ramblas el día 27, y en otros, establecer los fines de la revuelta y buscar elementos para llevarla a cabo, tal y como se desprende de la presentación de su manifiesto a la Comisión de radicales, en la sede de El Progreso, la noche del 26, y su colaboración con Solidaridad, obra igualmente suya, así como sus constantes discusiones con Puig Ventura, y la entrevista que mantuvo la mañana del día 28 en Premiá con el alcalde Domingo Casas Llibre.

Pero hay todavía más datos mediante los que consolidar su intervención y responsabilidad en los sucesos de autos, cuya constancia es obligado ahora poner en evidencia.

¿Recordáis cómo los soldados Claudio Sancho y Miguel Calvo se fijaron en un sujeto de traje azul y sombrero de paja, que al disolver la manifestación de sediciosos en la plaza de Antonio López, les llamó poderosamente la atención? ¿Recordáis que en la diligencia de reconocimiento señalaron sin dudar a Ferrer como el individuo al que se referían? Pues bien, tanto el coronel del Regimiento de Dragones, como el capitán del mismo, Ramón Puig, dicen (folios 486 y 487) que encontrándose el 28 de julio en las cocheras de tranvías situadas en la confluencia de la calle Borrell y la Ronda de San Pablo, detuvieron y cachearon a unos sujetos sospechosos, quienes, al ser preguntados por la procedencia de unos revólveres marca Smith que llevaban, manifestaron que se los había entregado un señor, a quien no conocían, pero del que sabían que llevaba un traje azul y un sombrero de paja. ¿No os dice nada esta singular y extrañísima coincidencia?

Pues seguid atendiendo, porque son aún muchos los testigos que disponen de pruebas en su contra, confirmando en sus declaraciones los cargos que este Ministerio les imputa.

José Canés señala, así, a un ciudadano, apodado Mamadits, a quien vio en repetidas ocasiones haciendo, en bicicleta, el trayecto entre Mongat (residencia del procesado) y la Fraternidad Republicana de Premiá. Vicente Puig Pons indica la presencia en esa misma localidad de una partida de treinta hombres, que cree pudieron ser reclutados por aquél, pues, aunque no le consta personalmente, le hace imaginarlo el hecho de que se dijera en el pueblo que se trataba de los «picapedreros» enviados por Ferrer. Y finalmente Jaime Comas declara que en las tardes de los días 26 y 27 de julio vio circular por los contornos a varios ciclistas, de los que se comentaba que eran «telégrafos» encargados de transmitir las órdenes emanadas del jefe desde Mas Germinal.

Y completando esa nutrida lista de declarantes, Pedro Pagés comenta haber leído en el diario La Almudaina, de Palma, cómo un contratista de obras que recorría la carretera del litoral, fue detenido en Masnou por cierto grupo, en el que reconoció a algunos obreros suyos, quienes al notar su sorpresa le indicaron que no le harían daño, pero que tenían que cumplir los mandatos recibidos de Ferrer, que les había dado dinero para ello. Bruno Umbert, primer teniente alcalde de Mongat, confirma que efectivamente notó grupos de personas en actitud vigilante, que hacían parar los carros y bicicletas que pasaban. Y, finalmente, Rosendo Gundas refiere que, hallándose trabajando en casa de Ferrer, acercose éste, y, después de preguntarle por el ambiente que se respiraba en el pueblo, le dijo que «ya era hora de quemarlo y destruirlo todo»[17].

Si la misma atención que el capitán Marín Rafales venía reclamando a los miembros del Tribunal para que comprobasen la cantidad de testimonios de cargo surgidos en torno a Ferrer, la hubiese puesto en el análisis metódico de cada uno de ellos, habría podido advertir, en su conjunto, las contradicciones e inexactitudes siguientes:

— No es verosímil que Ferrer se afeitara el día 28 para pasar inadvertido en Masnou y Premiá, cuando tan sólo dos días antes se había dejado ver en Barcelona con bigote y perilla, sin el menor cuidado ni preocupación alguna.

— Según el apuntamiento, su encuentro con Juan Puig Ventura tuvo lugar en la barbería de Masnou y no en un local deshabitado como asegura aquél con lo que la conversación entre ambos se enmarcaría en el contexto de una charla natural y no conspirativa.

— Resulta extraño que el reputado como jefe de la rebelión acuda solo, y sin arrogarse ninguna representación a dos pueblecitos de la costa para recabar su adhesión al alzamiento, cuando ni uno ni otro representaban el menor valor estratégico en el planteamiento táctico de la revuelta.

— Aún parece más difícil de entender que alguien pudiese afirmar en Masnou que Ferrer estaba en Barcelona liderando la rebelión, cuando era de dominio público que había salido de allí en dirección a su finca de Mas Germinal.

— Ni en las conversaciones con «el Llarch», ni en su entrevista con las autoridades locales de Premiá, habló el acusado en nombre de los sediciosos, sino que se mostró en todo momento como un mero y simple particular.

— Las referencias que aluden a su relación con Solidaridad Obrera y El Progreso carecen, aun en el caso de probarse, de valor suficiente para atribuirle el papel de responsable de los acuerdos adoptados en el sindicato o el periódico.

— El análisis de los testimonios recogidos en Masnou y Premiá invitan a pensar que los radicales llegaron a un acuerdo entre sí para otorgar a la revuelta un carácter anarquista, y transferir, así, a Ferrer la responsabilidad de la misma.

Concluido el apartado referido a las pruebas testificales, pasaría el fiscal a examinar las documentales, que, en su criterio, disponían, aún si cabe, de mayor fuerza de convicción que aquéllas, a la hora de incriminar al procesado en los sucesos perseguidos:

Y si, como acabamos de ver, la prueba testifical señala a Ferrer como jefe de la insurrección y cabeza del movimiento rebelde, la documental viene a su vez, aún con más énfasis si cabe, a reforzar dicha teoría, concluyendo por perfilar su imagen como la de un temible revolucionario.

Así, es el propio Ferrer quien se nos presenta como perpetuo agitador y rebelde, tanto en su biografía escrita en francés y dirigida a Leon Fournemont, como en otra nota publicada en el periódico España Nueva, del 16 de junio de 1906, en la que, además de hacer alarde de su condición de tal, y de comentar su participación en todos los movimientos revolucionarios acaecidos en España desde 1885, se retrata de cuerpo entero al escribir textualmente que «no concibo la vida sin propaganda, y donde quiera que me halle, y con quien sea que me encuentre, he de propagar algo», frase que, pese a su vaguedad, se concretará luego en nuevos manifiestos, demostrativos de cómo esa propaganda que aquí ya se anuncia, es exclusivamente ácrata y disolvente.

Ved, si no, a modo de prueba, su proclama manuscrita de 1892, cursada al Congreso de Libre Pensadores, en la que solicita de quienes comulguen con sus ideas que le escriban a su dirección de París tres veces al mes exponiéndole «si tienen o no amigos que dispongan de defensa (armas), o víveres (dinamita), y si se hallan en condiciones de viajar con objeto de propagar sus ideas». Y si ya en esa fecha, hace un llamamiento de estas características, ¿no se está delatando como organizador, jefe y caudillo?

Pero es más, en este documento, como en los que a renglón seguido veremos, habla ya de la organización de una partida de 300 secuaces, que serán los primeros en acudir al combate el día señalado, combate este para el que dice «buscaremos el momento propicio, como pudiera serlo la celebración de una huelga general, o la festividad y vigilia del Primero de Mayo».

¿No advertís una perfecta concordancia entre este propósito y lo aquí ocurrido? ¿Puede extrañaros que se señale a Solidaridad Obrera como auxiliar de Ferrer, según testimonio de anteriores testigos, cuando él mismo consigna en este documento que «tenemos relación con el partido obrero, así como con otras fuerzas y grupos revolucionarios»? ¡Claro que no! El procesado, no ayer ni hoy, sino desde mucho atrás viene cursando propaganda, disponiendo el terreno, reclutando gente, y acechando una ocasión propicia, como la que ahora se ha presentado en Barcelona, para hacer posible su ideal de sociedad anarquista.

Y que él veía acercarse esta ocasión, y trataba como vulgarmente se dice de «echar el resto», lo prueban las dos circulares escritas a máquina, de los folios 177 y 179, el programa redentorista del folio 178, y el ejemplar impreso, obrante en los folios 180 al 183, del sumario que estamos comentando.

En la primera circular, hablando de los burgueses, comerciantes y políticos, se asegura que el Clero y el Ejército les garantizan sus fraudes, y se añade: «Nos explotan, nos sacrifican, nos matan y nos deshonran, porque no somos hombres, o, al menos, no nos conducimos como tales. Nos consideran vil rebaño de ovejas, y casi tienen razón, puesto que lo consentimos. Mas, por fortuna, el momento de la revolución se avecina. ¡Pasad por encima de los infames burgueses, y sus ridículos programas! Antes que construir, nos importa arrasar todas las ruinas. Si entre los políticos hay algún hombre digno de respeto, veréis cómo sale a conteneros en el instante crítico. Pero no le hagáis caso. ¡Pasad por encima de ellos, matadles si es preciso, y venga al fin la revuelta! Y no descanséis hasta que hayáis sacado todas las enseñanzas de una revolución, que, sin vosotros, resultaría estéril».

En el segundo programa, y luego de afirmar que «queremos y necesitamos destruirlo todo», dice que «nosotros debemos luchar por su redención y también por la nuestra, hasta convencerles de que el clericalismo y la milicia son los brazos ejecutores del capitalismo, contra el que hemos de luchar hasta decapitarlo». Y todavía, termina remitiendo los datos de una receta, en la que se explica el modo de fabricar la panclastita.

Y, finalmente, de la proclama del folio 180, verdadera nota programática de los sucesos del pasado julio, sólo diremos que reclama, entre otras cosas, «la abolición de todas las leyes existentes, la expulsión y exterminio de las congregaciones religiosas, el derribo e incendio de las iglesias, templos y conventos, y la confiscación de los ferrocarriles y los bancos».

Es muy de notar que en la segunda de dichas circulares, impresa toda ella a máquina, hay dos correcciones, que, según los peritos que las han examinado, parecen haber sido efectuadas por Ferrer, dada la semejanza de la letra de éste con los documentos que se les han exhibido. El procesado niega en sus indagatorias que sean suyos ni los manifiestos ni las enmiendas habidas en ellos. Pero ¿no os parece extraño que habiendo podido proponer en el Plenario un nuevo reconocimiento a cargo de otros peritos, por él designados, no lo haya hecho? ¿No parece más bien indicar esto, a pesar de su negativa, un claro e implícito reconocimiento de la autenticidad de tales correcciones?

Ha extrañado también mucho a este Ministerio el que un individuo que se muestra tan deseoso de permanecer en la oscuridad (como lo demuestra su carta a Odón de Buen, en la que le pide que no utilice su nombre, ya que «me he prometido no volver a figurar en ningún grupo ni partido político») se haya dejado ver, por el contrario, en diferentes ocasiones durante los recientes acontecimientos de julio, dando ocasión con tal actitud a que se acumularan los cargos en su contra. Y ante ese cambio, yo me pregunto: ¿Qué móvil ha podido hacerle modificar su conducta? ¿No será, acaso, el puro y simple interés mercantil el que, de forma tan clara, ha modificado sus anteriores planteamientos?

Esto no es más que una simple sospecha del que se dirige a vosotros. Pero una sospecha que ha venido, eso sí, a reforzarse con las declaraciones de los Sres. Roig, Cisa y Font Alsina, que afirman cómo Lorenzo Arnau les animó a que jugasen a la Bolsa, pues tenía entendido que iban a bajar los fondos tres o cuatro enteros. Y, aunque al prestar testimonio ante el juzgado, mantuvo que tal noticia la había obtenido en Barcelona, lo cierto es que concuerda plenamente con la declaración de Alfredo García Magallanes, que, asimismo, estaba enterado de ella, porque el periodista Pierre le dijo el 10 de agosto que el propio Ferrer se lo había indicado. Y como, ciertamente, los Boletines de cotización experimentaron una baja en esos días con respecto a los anteriores, parece difícil sustraerse a la idea antes anunciada[18].

Las pruebas documentales incluidas en el sumario han sido objeto ya de un detenido examen en capítulos anteriores. Pero el uso que de ellas hace en su escrito el Ministerio fiscal, invita a recordar, en unos casos, y a añadir, en otros, algunas de las inexactitudes, juicios equívocos, valoraciones erróneas y argumentos tendenciosos, de las que la Acusación se sirve para desnaturalizar su verdadero sentido:

— Las proclamas y circulares incautadas a Ferrer centran su contenido en el anuncio de una futura e indeterminada revolución social, sin la menor relación con la revuelta armada sobrevenida de forma espontánea en Barcelona.

— El grupo político citado en el manifiesto dirigido al Congreso de Librepensadores, no puede ser Solidaridad Obrera, ya que el escrito está fechado en 1892, mientras que el sindicato anarquista no se constituyó hasta 1907.

— Al haberse disuelto en 1902 la Unión Nacional, que reunía a los comerciantes aludidos en la segunda de las proclamas, su redacción precede en siete años al estallido de la Semana Trágica, y fue, además, desestimada en el proceso que se le instruyó a Ferrer en 1906.

— En el documento que anima a la destrucción de la burguesía, el fiscal elude las referencias que contiene respecto a la actuación en Cuba y Filipinas de los generales Weyler y Polavieja, muestra también del anacronismo de la prueba.

— No hay constancia alguna de que entre los objetivos de la revolución de julio figurasen la confiscación de los ferrocarriles y los bancos, y menos aún la abolición de las leyes vigentes.

— La calificación pericial de las correcciones y enmiendas atribuidas a Ferrer indica que «pudieron» ser escritas por su mano, pero sin afirmar que efectivamente lo fueron.

— Si el acusado no hizo uso de su derecho a proponer nuevos peritos calígrafos, fue por considerarlo innecesario, al no haber aportado los designados por el juez instructor de la causa ninguna prueba concluyente en su contra.

— En relación con la sospecha expresada sobre una posible jugada bolsista de Ferrer, conviene recordar el principio jurídico, según el cual no se consignarán en el pliego de cargos apreciaciones privadas sobre los hechos que se juzgan, sino sólo aquello que de los mismos resulte probado.

— Contrariamente a la afirmación del fiscal, los Boletines de Bolsa de la Junta del Casino Mercantil y el Colegio de Corredores de Comercio no registran en los meses de junio y julio transacciones financieras especulativas.

— Todo hace pensar que se quiso aprovechar la conocida afición de Ferrer a las inversiones en renta variable para sumar una nueva sospecha mediante la que desacreditarle.

¿Qué importancia podía tener, sin embargo, el que los documentos revisados precedieran a los hechos de autos en años y hasta en décadas? ¿Qué trascendencia representaba el transcribir en verbo afirmativo lo que los peritos calígrafos apreciaron en condicional? ¿Qué valor o significación suponía, el que los Boletines de Bolsa demostrasen la inexistencia de cualquier jugada financiera por parte del procesado? Para la Acusación, por lo visto en su escrito, ninguna. Las interrogantes más dudosas adquirían, a los ojos del fiscal, la condición de certezas terminantes, y era capaz de advertir en las enardecidas proclamas de 1892 el antecedente inmediato y el desencadenante de la revolución social de 1909.

Sin detenerse, así, en más consideraciones sobre la prueba documental, y después de hacer una breve alusión a los careos mantenidos por Ferrer con Ardid, Casas Llibre, Puig Ventura y Álvarez Espinosa («en los que todos ellos sostuvieron sus declaraciones con una firmeza y energía que se dan sólo en casos excepcionales»), abordó el capitán Marín Rafales el tramo final de su dictamen, examinando la responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios derivados de los sucesos de autos:

Y señalada ya la responsabilidad de Ferrer como autor del delito de rebelión militar, con el carácter de jefe de la misma, pasemos a examinar las circunstancias modificativas, ratificándonos en lo que sostuvimos en las conclusiones provisionales, al decir que concurren en él todas las que, al respecto, establece el Código de Justicia Militar en su artículo 173.

Efectivamente, no cabe mayor perversidad delictiva, ni por sus fines, tendentes a conseguir una verdadera revolución social de carácter anarquista, ni por la contumaz propaganda emitida en tal sentido, ni por la hipocresía y bajeza de espíritu que acusa esa carta dirigida a Odón de Buen, en la que el deseo del procesado de «preferir quedar en la sombra» denota el intento de procurarse un medio seguro mediante el que evitar las lógicas responsabilidades de su conducta, impulsando a otros a la acción, y quedando él oculto en esa penumbra que, por lo visto, le resulta tan grata.

La trascendencia del delito es, por tanto, enorme. Basta considerar cómo la rebelión dejó aislado este territorio no sólo del resto de España, sino del mundo entero. Y basta, sobre todo, con fijarse en la forma en que la capital catalana quedó, durante los días de la Semana Trágica, prácticamente privada de luz y de víveres, para darse cuenta de hasta qué punto han trascendido estos sucesos a todos los órdenes de la vida diaria, desde el industrial y el mercantil hasta el puramente familiar.

Los perjuicios que ha producido realmente, tanto a los intereses del Estado como a los particulares, son tan enormes, que puede decirse con verdad que resultan incalculables. El servicio de comunicaciones quedó así paralizado por los deterioros de las vías férreas y telegráficas, imposibilitando poner el urgente remedio que el caótico estado de la revolución demandaba. Los intereses del Estado se lesionaron doblemente, por tener que distraer para la represión de los revoltosos fuerzas destinadas a vengar el honor nacional ultrajado en África, y por el enorme sacrificio pecuniario que ha supuesto la movilización de las mismas para enviarlas a esta lejana región. Y en cuanto a los particulares, no hay que decir lo que han sufrido, y ahí están para hablar por nosotros las estadísticas de muertos y heridos como consecuencia de la lucha entablada en las calles; de los edificios arruinados y destruidos; y de los ancianos, los enfermos, y los niños, que, privados de sus asilos, han quedado en un total desamparo.

Y al decir esto, no podemos por menos de recordar que en la rebelión ha habido, junto con la lucha armada, incendios, saqueo, y deterioro de las vías de comunicación, delitos todos que, aun catalogados como comunes, son inherentes a la misma, por cuanto se relacionan con ella y tienden a conseguir sus mismos objetivos, según tiene declarado en casos semejantes el Consejo Superior de Guerra y Marina en múltiples y diversas sentencias, y especialmente en la dictada con fecha 30 de marzo de 1897.

Cierto que cada uno de ellos habrá tenido sus autores materiales independientes, pero cierto también que, hoy por hoy, nos son desconocidos, dado que el sinnúmero de causas incoadas sobre dichos particulares no han sido aún falladas por los tribunales. Pero puesto que no los conocemos, no hay otro remedio que, ateniéndonos a lo dispuesto en el segundo punto del art. 242 de nuestro Código de Justicia Militar, declarar subsidiariamente responsable de ellos, tanto en su aspecto criminal como en el civil, al acusado Francisco Ferrer i Guardia, como jefe principal de la rebelión, debiéndose hacer efectiva la tal responsabilidad civil que proceda de ellos en todos sus bienes, aun cuando por imposibilidad material no se pueda señalar en estos instantes la cantidad líquida en que se justiprecian los daños ocasionados[19].

La improcedencia de aplicar a Ferrer la responsabilidad civil subsidiaria, que el propio Consejo Superior de Guerra y Marina confirmaría algún tiempo después, al decidir el alzamiento de sus bienes, viene fundamentada en los motivos y razones siguientes:

— No llegó nunca a probarse que Ferrer tuviese individuos o grupos a sus órdenes, ni interviniera personalmente en ninguna de las actuaciones delictivas de las que se le consideró responsable. Y no llegó a saberse, tampoco, que de su conducta durante esos días se dedujeran daños o perjuicios materiales.

— No es posible, por ello mismo, establecer relación alguna entre él y los saqueos, incendios y destrozos de cualquier tipo ocasionados durante el curso de la rebelión.

— De todos los procesados en la Causa general instruida como consecuencia de la Semana Trágica, el director de la Escuela Moderna fue el único al que se le hizo efectiva la incautación de todos sus bienes y propiedades, lo que convierte su caso en arbitrario por lo que tiene de excepcional.

— El embargo al que aquí se hace referencia es una forma encubierta de confiscación, figura expresamente vetada en todos los Códigos entonces vigentes, y proscrita asimismo por el artículo 10 de la propia Constitución.

— El dictamen del auditor de Guerra, corrige la sentencia del Tribunal al detraer de la responsabilidad civil de Ferrer los daños sancionados en otras causas, de los que habrán de responder quienes fueran declarados autores de los mismos.

Obviando la consideración de estos supuestos, y expresados ya los cargos recogidos en su informe, únicamente restaba al capitán Marín Rafales elevar al Tribunal su petición de pena para el procesado, que, con firmeza, conforme a lo suscrito en sus conclusiones, y en representación del Rey, expresaría en los siguientes términos:

Por tanto, calificado el hecho como un delito consumado de rebelión militar, previsto en las circunstancias 3a y 4a del art. 237 del Código de Justicia Militar, y demostrado, asimismo, que es su autor, con el carácter de jefe, y la concurrencia de todas las agravantes determinadas en el art. 173, el procesado Francisco Ferrer i Guardia, concluyo solicitando para él, con arreglo al apartado 1° del art. 238 de dicho Código, la imposición de la pena de muerte, con la accesoria, caso de indulto, de inhabilitación absoluta perpetua, debiendo también en este caso serle de abono la mitad del tiempo de prisión preventiva sufrida de resultas de la presente causa, de acuerdo con la Ley de 7 de enero de 1901. Y que se le condene igualmente a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por los incendios, saqueos y deterioros en las vías férreas y telegráficas producidos durante la rebelión, quedando en tanto se pueda señalar su cuantía afectos todos sus bienes a la extinción de esta responsabilidad[20].

Con estas palabras (a las que añadiría su confianza en la «proverbial ilustración» del Consejo a la hora de emitir el fallo), la Acusación puso fin a la lectura de su escrito, prolongada sin interrupción por espacio de setenta minutos, que fue seguida con el consiguiente interés por el público presente en el acto, y discurrió sin otras incidencias que no fueran los gestos y ademanes de desagrado, e ironía, con los que el procesado manifestó en algunos pasajes a su abogado su disconformidad y rechazo respecto a varios de los términos del dictamen. Actitudes todas ellas perfectamente explicables, ya que en su informe, como ha tenido ocasión de comprobarse, el capitán Marín Rafales siguió al pie de la letra la vía de inculpación mantenida por el juez instructor; hizo caso omiso de los prejuicios con que se había incoado el proceso; aceptó la vox pópuli como argumento incriminador; se ratificó en las valoraciones atribuidas a los testimonios obrantes en autos, así como a las pruebas documentales adjuntas al sumario; y concluyó calificando el alzamiento como un delito de rebelión militar, de cuya autoría y jefatura no dudó ni un momento en responsabilizar al encausado[21].

Y así, a las once y treinta y cinco minutos de esa mañana, que, más allá de los vidrios de las ventanas, se intuía de un color gris plomizo, anticipo de la lluvia fina que no tardaría en comenzar a caer, Ferrer, que escuchó la petición del Ministerio fiscal con la extraña y desusada serenidad con la que venía manifestándose a todo lo largo del proceso, estaba ya prácticamente abocado a la pena de muerte.

XI

La Defensa

Sin que mediara descanso alguno tras la intervención del fiscal, el presidente del Tribunal concedió la palabra a la Defensa, representada por el capitán de Ingenieros, Francisco Galcerán, quien, durante toda la hora siguiente, defendería lealmente la inocencia de su patrocinado, a través de un escrito, más voluntarista que minuciosamente elaborado, que hubo de plantear jurídicamente en los tres días con que contó desde la fecha en que el juzgado puso a su disposición el sumario.

Monárquico convencido, con una excelente hoja de servicios, como ya se ha dicho, católico practicante, y declarado enemigo de cualquier tipo de actitud subversiva que pudiese amenazar el orden establecido, dudó en un primer momento el capitán Galcerán en aceptar la defensa de Ferrer, idea que, sin embargo, descartaría tras el primer encuentro que ambos mantuvieron, del que salió con el convencimiento de que, pese a sus ideas, tan distintas de las suyas, el hombre que tenía enfrente no podía ser el organizador y responsable de todos los desmanes, brutalidades y crímenes provocados durante la Semana Trágica. Una confianza, que, en los escasos quince días en los que le trató íntimamente, se fue reafirmando, hasta convertirse en una profunda admiración hacia quien, como su cliente, defendía sus principios políticos y morales con una convicción y una fe, parecidas a la entereza y el valor con los que afrontaba su infortunio[22].

Asistido así, pues, más por su convicción de que Ferrer era inocente, que por un concienzudo estudio de los autos, para el que no había dispuesto de tiempo, inició su exposición refiriéndose a la precariedad de medios de que había dispuesto para preparar su dictamen (616 folios de papel común hilado equivalen aproximadamente a unas 1.200 páginas de tamaño normal), haciendo hincapié en el clima insidioso que había rodeado la tramitación del proceso, y denunciando, con un valor casi imprudente en un militar, a quienes, muchos de ellos compañeros suyos de armas, contribuyeron, por acción u omisión, a desnaturalizar la causa:

Debo, antes que nada, hacer presente el cúmulo de circunstancias que han rodeado la causa contra mi defendido, Francisco Ferrer i Guardia. Durante el sumario, han declarado todos sus enemigos; se han unido a él cuantas denuncias y anónimos podían perjudicarle; figuran también en el mismo los pareceres de autoridades más o menos conocedoras del caso; y han sido desterradas, perseguidas y obligadas a penosa peregrinación las personas que, por conocerle a fondo, mejor podían ilustrarnos acerca de su vida, sus costumbres y su trabajo, así como abonar su conducta. De modo que me encuentro con un proceso concluido, en el que, tras la lectura de los cargos, me han negado cuantas pruebas he solicitado, donde no he podido lograr que fuesen oídos los testigos que lo pretendían, y en el que en ningún instante el interés demostrado en la acumulación de cargos, se ha dirigido a la busca de la justicia, recurriendo a personas de ideas opuestas a las que encarcelaron a Ferrer.

Pero esto que expongo con la mayor calma posible, aunque en tono de protesta, no quiere indicar de ningún modo que me presente ante vosotros desanimado ni sin argumentos. Los obstáculos interpuestos en mi camino, lejos de amilanarme, han redoblado mis energías; éstas me han sustentado, a su vez, en la marcha forzada que desconocidos intereses me han hecho llevar; y, apoyado como vengo por la razón y la justicia, no me asusta nada de lo que aquí vaya a encontrarme. Las acusaciones caerán por sí solas, y vosotros os impondréis a la indigna coacción que pesa sobre todos con el intento de apartar esta causa de la verdad.

Todos los elementos reaccionarios, unidos a las clases más conservadoras, formando este conjunto que pomposamente se denomina a sí mismo como «la verdadera representación de las fuerzas del orden», por más que quizá sean ellos quienes han provocado, con su egoísmo, los desórdenes del pasado julio, quieren ahora ocultar la cobardía demostrada durante esos hechos con una enérgica petición de castigos para los vencidos, y un odio indigno, al manifestar su deseo de que la venganza de la sociedad ofendida sea larga, y, sobre todo, cruenta. Y así, constantemente, por medio de sus órganos de prensa, recuerdan los sucesos de la Semana Trágica, y, tomando como púlpito y apoyo los ejemplos de un triste cura mutilado y una vieja monja ofendida en su pudor por los rebeldes, intentan transformar su odio en noble deseo, olvidando que por mucho que ascienda, difícilmente puede elevarse una pasión tan insana y repugnante.

Esta campaña se ha dirigido principalmente contra la persona de Ferrer por odio y por temor a la educación dada a las clases obreras, sea a través de la Escuela Moderna, que ya consiguieron cerrar tiempo atrás, o por medio de la serie de libros publicados en la editorial por él fundada; por temor, repito, de que con la enseñanza los desgraciados se ennoblezcan y sacudan más tarde determinados yugos que todavía esclavizan a la raza humana. Y para conseguir acabar con él, han mutilado, y publicado luego, varios párrafos de sus libros de texto, y han hecho creer a numerosos incautos y beatas que en ellos sólo se hablaba de anarquía y dinamita, por el sólo hecho de haber excluido de su enseñanza la religión, que debería alejar de su seno al que no sabe perdonar, y tiene como norma principal de conducta la venganza.

Dirigida, sin embargo, hábilmente las más de las veces, esta campaña ha dado ya sus frutos. Ha reunido en opinión unánime a los adversarios de mi defendido, quien se halla en estos momentos rodeado de una atmósfera envenenada por el odio, y que por sí sola bastaría para acabar con una naturaleza menos habituada que la suya a las injusticias de la humanidad. Ha servido también para que muchos hayan creído, en su extravío, que era santo y bueno presentar a los tribunales denuncias falsas, como la de quien vio con sus propios ojos caer herido en las Ramblas al director de la Escuela Moderna, y sabía que le habían curado, después, de sus lesiones en una farmacia de Badalona, heridas aquellas que en vano buscaron los médicos al reconocerle; o como la de Esteban Torrents, que ve en Ferrer al caballero que le saludó en la calle Ferran, «aunque, también, pudiera ser un maestro de escuela de esta ciudad, al que hace tiempo que conoce». Ha generado, asimismo, la única impresión que el fiscal del Tribunal Supremo ha podido, sugestionado por el ambiente, extraer de los hechos. Y ha obligado, finalmente, a atormentar al procesado con un continuo espionaje, en el que, a pesar de que sus vigilantes no han podido encontrar actuación ilegal ninguna por su parte, sí han «intuido», en cambio, conductas sospechosas que, meditadas con esa perspicacia que caracteriza a la Policía, y comunicadas después a sus jefes, han servido para que éstos formasen una opinión adversa a Ferrer, ya que de haberla tenido anteriormente, no se explica que el «máximo referente del anarquismo en toda Europa» hubiese podido desarrollar tan tenebroso y complicado plan revolucionario, mientras se paseaba libremente, con toda impunidad, y sin que nadie le molestase, por las calles de Barcelona[23].

Al llegar a este punto, la Defensa haría un breve inciso para hacer pública su protesta por el hecho de que en el sumario figurasen actuaciones ya juzgadas, y por eso mismo sobreseídas, en la causa que se le siguió a su patrocinado con motivo del atentado cometido por Mateo Morral. El principio jurídico «exceptio rei judicatae», según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, había sido, en su opinión, abiertamente conculcado en perjuicio del reo, que veíase precisado, así, a responder de unos cargos, extraños en todo a los autos, y ajenos, por tanto, a cualquier pretendida voluntad de inculparle:

He de advertir, asimismo, que es sensible que no se haya traído al sumario copia de la sentencia dictada por la Audiencia de Madrid, que debió conocer esta serie de documentos y actuaciones de Ferrer, anteriores a la fecha del atentado contra S.S.M.M. porque de esta forma no hubiese habido necesidad de complicar este proceso con una serie de datos suministrados con aviesa intención, y que únicamente pueden contribuir a sostener en este momento un estado de opinión, que señala al acusado como una persona abominable por sus hechos e ideas, y que puede, por tanto, perjudicar la serena marcha de la justicia. Aquella sentencia absolutoria quitaría toda su importancia a las proclamas y cartas, redactadas algunas hace veinte años, y anteriores todas al citado atentado, e impediría, lógicamente, que se hablara aquí de ellas, puesto que sin estar acordada la revisión, no pueden ser objeto de discusión jurídica, dado que no es posible que lo absuelto sea revocado por otra jurisdicción. ¿O no sería demasiado injusto, y además contrario a Derecho, que pudieran servir para fundamentar una sentencia condenatoria en un proceso rápidamente instruido, las mismas pruebas que merecieron la absolución en otro, dictada, además, después de una laboriosa y compleja meditación?[24].

A la denuncia sobre el uso de pruebas ya sobreseídas, quiso el capitán Galcerán añadir la del clima de opinión creado en contra del procesado. Y así, tras referirse brevemente a la animosidad que hacia Ferrer venía demostrando el Partido Radical como consecuencia, posiblemente, del apoyo prestado por aquél a Solidaridad Obrera, pasó, a continuación, a considerar la incidencia que el dictado de la vox pópuli había tenido sobre las actuaciones del juez instructor, condicionado desde el inicio mismo del proceso a concentrar en su defendido la autoría de unos hechos criminales y vandálicos, que, si se caracterizaron por algo, fue, precisamente por haber carecido de control ni dirección alguna:

El aludido clima de opinión antiferrerista, fomentado por la intransigencia, el egoísmo, el odio y la ingratitud, ha excitado el celo del juez instructor hasta los límites de la ofuscación. Y, al tratar de poner en claro el cómo y el porqué de los sucesos, ha pretendido, con el lógico afán de acabar con las vandálicas escenas que han avergonzado a Barcelona, y que tan graves consecuencias han tenido para esta capital, descubrir la cabeza rectora, inutilizarla, y hundirla por completo. Pero, para ello, ha tenido que partir del gratuito supuesto de que este movimiento tenía un origen perfectamente organizado y dirigido por esos hombres de ideas avanzadas, que, por su talento, han logrado predicamento entre las clases obreras, suponiéndoles capaces de arrastrar a las masas a cometer las mayores barbaridades y desatinos.

No han querido comprender el fiscal, el juez, y la mayor parte de quienes se han ocupado de los hechos que hoy nos reúnen en este lugar, que tanto el desarrollo que tuvieron, como el giro que tomó la mal llamada rebelión, y los daños producidos a numerosos centros protectores de los hijos de los menesterosos, indican, pensando con cierta lógica, que faltó un cerebro que capitanease a las turbas, y que, conduciéndolas hubiera impedido que se dedicaran a todos esos excesos, deshonrando su protesta, y dejando sin honra, prestigio ni fuerza moral a sus jefes.

Con este empeño y ofuscación, se han dirigido las miradas de los jueces contra quienes, teniendo ideas contrarias al vigente estado de cosas, se ilusionan pensando en la posible modificación de la sociedad, y más aún contra los que, además de tales ideales, tienen instrucción, inteligencia y talento. Por esta misma razón, han resultado sospechosos muchos ediles, concejales y diputados del Partido Radical. Y en base a iguales razones, se ve, finalmente, ante este Consejo de Guerra, inerme y falto de cualquier tipo de apoyos, mi patrocinado Francisco Ferrer i Guardia.

No os debe ofender, por tanto, señores, que, conociendo la fuerza de esta ola formada por tan variados elementos, haya pretendido, antes de concretar los hechos, llamar vuestra atención sobre su existencia, y preveniros, si me permitís la palabra, contra su empuje. Son tantos los desengaños que he sufrido desde el instante en que Ferrer me honró con su confianza que o yo estoy trastornado o hay en la sociedad actual un nivel tan bajo, una mezquindad de ideas nobles y una abundancia de viles pasiones tales que es necesario ser de los vuestros, y haberme ennoblecido con vuestro compañerismo, para que confíe todavía en que vais a oírme con atención y ánimo sereno, y en que no dictaréis sentencia con arreglo a la vox pópuli, como noblemente os ha aconsejado el fiscal, por más que bastante presente la ha tenido él en la elaboración de su informe inculpatorio[25].

Al margen de la referencia al celo demostrado por el juez instructor, a la hora de encontrar un único responsable de la rebelión (algo en lo que Ferrer insistiría, también, en una de sus cartas a Malato), sí interesa resaltar cómo el paso del tiempo ha venido a demostrar que ni el alzamiento tuvo una cabeza rectora, ni el proceso se vio libre de la influencia del clima de opinión creado deliberadamente en torno al mismo. Del primero de los extremos, daría testimonio el propio gobernador civil de Barcelona, Ossorio y Gallardo, y sobre el segundo, basta leer los dictámenes del asesor y el auditor de Guerra para apreciar el permanente sentido probatorio que interesadamente dieron al rumor público.

El capitán Galcerán no pudo, sin embargo, hacer uso de tales pruebas de descargo, conocidas después de su intervención, y hubo de ceñirse a los datos obrantes en su mano, de los que denunciaría, a continuación, la denegación, por parte del juez instructor, de algunos de los testimonios que, durante el Plenario, le había reclamado:

Contra lo que la maledicente opinión susurra en nuestros oídos, tengo a disposición del Tribunal varios documentos y cartas de personas solventes, que atestiguan que las ideas de Ferrer son opuestas a toda clase de actos violentos, y poseo, asimismo, ofrecimientos de conocidas autoridades de Francia, Italia, Bélgica e Inglaterra dispuestas a deponer en tal sentido dentro de esta causa. Pero aquí, donde tanta importancia damos a declaraciones de asalariados como el Esmolet, de Premiá, o el Manquet, y el Barbero, de Masnou, no se admiten, en cambio, los testimonios de filósofos de reconocido prestigio. Y cuando el acusado las reclama, se entiende su petición como una estratagema para prolongar el sumario, cuando el único objeto es hacer constar la fuerza moral que representa el que tantas personalidades de solvencia internacional se presten desinteresadamente a defender la suerte de quien nada ha hecho, ni de nada debe arrepentirse.

Y pues que trato de esto, debo manifestar que se debía admitir a declarar a Soledad Villafranca, dado que en el sumario figura una respuesta suya a ciertas preguntas del oficial que realizó uno de los registros en Mas Germinal, contestación que en nada difiere de una declaración formal. E igualmente tengo que decir, y sírvame ello de excusa a ciertas sospechas que más adelante indicaré, que durante dicho registro, tuvo que protestar la citada Soledad de que se intentara transformar el signo de una clave en la sílaba «mi», que los policías se apresuraron a interpretar como una abreviatura de «militares», protesta gracias a la cual se pudo subsanar el mencionado error… supuestamente involuntario[26].

Ante la imposibilidad de hacer uso de testimonios, que hubieran servido para demostrar el alejamiento de Ferrer en los últimos años respecto de cualquier tipo de actuación conspirativa, y las irregularidades producidas en los registros policiales de Mas Germinal, pasó ya directamente la Defensa a analizar las actuaciones del procesado en Barcelona, Masnou y Premiá, en los días de autos:

Situando los hechos en las fechas en los que tuvieron lugar, vemos claramente como de la primera prueba testifical, y descontados los testigos de Premiá que sólo imputan a Ferrer actuaciones en dicho municipio, sólo nos quedan para los autos del lunes día 26, en Barcelona, las declaraciones de Manuel Jiménez Moya, Narciso Verdaguer, Emiliano Iglesias, Baldomero Bonet y Juan Puig Ventura, de entre los quince deponentes que en su anterior informe menciona el Ministerio fiscal.

Jiménez Moya, testigo importantísimo según la Acusación, por el simple hecho de estar desterrado, explica, aunque «sin pruebas en que fundarse, y sólo como opinión personal», que la Liga Antimilitarista y Ferrer han contribuido a la rebelión, por más que acabe confesando que «nada sabe, por hallarse ausente de Barcelona desde el 25 de junio». Narciso Verdaguer, enemigo político del procesado, sostiene que éste ha organizado el alzamiento, «según noticias que no tiene modo de comprobar». Emiliano Iglesias, a su vez, dice que ignora por completo las relaciones de Ferrer con Solidaridad Obrera. Baldomero Bonet nada concreta, y se limita a afirmar que «desconoce la participación del encartado en los sucesos, y únicamente por rumores supone que favorece a Solidaridad, aunque no le consta que le auxilie en lo económico». Y, por último, Puig Ventura, el Llarch, cuyas declaraciones tendremos más adelante ocasión de aclarar, «cree que Ferrer lo ha movido todo», apoyándose en el hecho de que sus ideas coinciden con los excesos y crímenes cometidos.

Verá, pues, el Tribunal cómo esta primera prueba queda reducida a dos suposiciones fundadas en rumores, sin demostración posible, a dos creencias que no hay forma de probar, y a la afirmación de Iglesias, de no ser Ferrer, en su opinión, el protector de Solidaridad Obrera. Con lo que si éste es el primero de los peldaños en que se apoya la Acusación, pienso que si logro, con la misma facilidad, probar lo deleznable y endeble de los siguientes testimonios que analice, no he de encontrar mayores dificultades para demostrar la inocencia de mi defendido.

Pero sigamos adelante, examinando rápidamente para molestaros lo menos posible, lo dicho por el policía Ángel Fernández Bermejo, que no niega mi defendido, y detengámonos un momento en el barbero de Masnou, Francisco Doménech, testigo de memoria tan original, que, si bien recuerda perfectamente, palabra por palabra, cuanto dijo Ferrer aquella noche, duda, sin embargo, al citar en qué café estuvieron y que, después de testimoniar, encuentra sumas facilidades para abandonar la patria, en momentos de enorme vigilancia en fronteras y puertos, no teniendo que verse en trance de sostener lo que había declarado, y pudiendo además saborear en lejanas tierras los frutos aviesamente conquistados con su testimonio infame y malintencionado.

Y ya únicamente nos queda por examinar en relación con el día 26, a Lorenzo Ardid, pues el testimonio de los soldados del Regimiento de Dragones vuelve a recogerlo después la Acusación, y ése será el momento en que le acompañe la Defensa. Entre Ferrer y Ardid se cruzaron, según el testimonio de aquél, las siguientes frases: «¿Qué le parecen los sucesos del día?», a lo que contestó Ardid: «Esto está terminado». Volvió a preguntarle Ferrer: «¿Y usted no cree que llegará a más?», respondiéndole su interlocutor: «Para el Partido Radical, así lo creo». Pues bien, admitiendo como auténtico tal diálogo, ¿qué consecuencias pueden deducirse del mismo? ¿Es posible encontrar en palabras tan lógicas motivo para suponer jefe de una rebelión a quien sólo busca un parecer sobre hechos que a todos nos preocupaban? Y para esto, hay, además, que admitir que sólo el procesado pudo mentir, y no dudar, en cambio, que la energía que, según afirma el juez, mostró Ardid en el careo, no fuese producto de su cinismo[27].

Pese a su redacción, excesivamente retórica, el escrito de la Defensa, desmonta algunos de los argumentos del fiscal sobre el carácter probatorio de determinados testimonios:

— En las declaraciones de Jiménez Moya, Verdaguer y Bonet no hay una sola afirmación categórica, y sus denuncias responden a sospechas, rumores, vacilantes creencias y opiniones personales, sin valor de pruebas de cargo.

— Fundar la responsabilidad de Ferrer en los hechos de autos, apoyándose, como hace Puig Ventura, en la coincidencia existente entre las ideas de aquél y el carácter de éstos, es un argumento que carece de validez jurídica.

— Como ya se ha anotado, Francisco Doménech desapareció de Masnou tres días antes de ser citado por el juez, dirigiéndose a Buenos Aires con el apoyo económico, según informó El País, de los fondos asistenciales del Comité de Defensa Social.

— Lorenzo Ardid escribiría en su libro El calvario de un partido, publicado con posterioridad a los sucesos, que en ninguna de sus declaraciones contradijo lo que Ferrer había afirmado sobre su conversación en la Casa del Pueblo.

— Es conocida la animadversión que tanto Ardid como Bonet tenían hacia el acusado, y el beneficio que para ambos suponía, además, imputarles responsabilidades de los que ellos se descargaban.

Continuando con la actividad de Ferrer a lo largo del día 26, el dictamen del defensor se detiene en la consideración de sus trabajos editoriales, que le sirven para explicar que estuviese alejado de Barcelona en las fechas previas a la revuelta, y, sobre todo, para justificar su viaje a la capital el mismo día en que comenzaba la huelga general:

Cerrada la Escuela Moderna por las presiones ya citadas, como foco infeccioso, y por lo que tenía de alarmante competencia de otras escuelas más antiguas, le llevan sus aficiones a editar obras de texto, para lo que funda una editorial, iniciando con la incansable energía que en él es habitual la edición de cuantos libros ven la luz en el extranjero defendiendo el imperio de la razón sobre el dogmatismo.

Esta actividad le relaciona con escritores y filósofos de muchas naciones, y tiene con frecuencia que trasladarse a París, Roma y Londres para contratar nuevos textos. Y es después de uno de esos viajes, cuando advierte cómo los esfuerzos de sus enemigos, para quienes la propaganda de la Escuela Moderna resulta peligrosa, le van restando amistades, y creándole dificultades para poder llevar a cabo su tarea pedagógica.

El empeño por recuperar su minada reputación, le anima a dedicarse a preparar para su traducción los libros traídos del extranjero, tarea esta que le mantiene encerrado en su finca de Mas Germinal. Y bien saben las pocas horas que estuvo durante esos días en Barcelona los policías y guardias civiles, que en ningún momento le abandonaban, y de los que habrá que admitir que eran poco avezados, o estaban vendidos para no saber los trabajos y esfuerzos que organizar una rebelión representa.

Sus negocios editoriales le traen a Barcelona el día 26 de julio, y, lo que en circunstancias normales hubiera podido resolver en unas pocas horas, le exige en esos momentos mucho más tiempo. Pero, observad que cuantos pasos dio en la ciudad durante ese día están completamente comprobados en los autos con las declaraciones de Fabián Bueso, Francisca Mur, Francisco Comas, Fernando Mestres, José Bonastre y Francisco Granados, entre otros varios deponentes. Y debo hacer constar que en sus testificaciones, todos declaran con absoluta convicción, sin que se escuchen frases del estilo de «lo sé, por rumores», «oí decir», o «creo haberle visto». Aquí, por el contrario, todos dicen la verdad; únicamente afirman lo que saben; y dejan sus apreciaciones personales para la mesa de café, sin afirmarlas como si se tratase de artículos de fe, después de haber jurado decir la verdad, lo que es todavía muchísimo más grave.

Vemos, por tanto, que el día 26, le interesaban y ocupaban a Ferrer mucho más los intereses de su casa editorial, que el mayor o menor éxito que pudiese tener la rebelión. Y comprobamos también que los pocos minutos que dedicó a comentarla con algunos amigos, son, a todas luces, insuficientes, por mucho poder de convocatoria que se tenga, para transformar una huelga pacífica en un motín de asesinos, forajidos y ladrones[28].

Aquí, el abogado defensor, no se sabe si por no haber dispuesto del tiempo necesario para comprobar los pasos de Ferrer durante ese lunes en Barcelona o por intentar limitar sus referencias a aquellos hechos que le beneficiaban, obvia lo fundamental para quedarse en lo intrascendente. Faltan, así, en su dictamen, las que hubieran sido obligadas alusiones a los dos encuentros que mantuvo con Miguel Moreno, miembro del Comité de Huelga; su entrevista con Emiliano Iglesias, del que dependía en buena medida el éxito o el fracaso del alzamiento; sus visitas a El Progreso y la Casa del Pueblo; y su propósito de suscribir el documento conminatorio que se pretendía enviar al Gobierno, amenazándole con la revolución si no ponía fin al envío de tropas a la guerra de Marruecos. Y sin detenerse en la justificación de ninguno de estos puntos, pasa a referirse, muy brevemente, a la jornada del martes, día 27, en la que la Acusación había denunciado la presencia del director de la Escuela Moderna de nuevo en la capital, capitaneando un grupo de insurgentes que circulaban por las Ramblas:

Según asegura el fiscal, no pudiendo permanecer ocioso por más tiempo en su finca, vuelve Ferrer al día siguiente a Barcelona. Pero ¿quién abona esta información? Pues os lo diré: únicamente un suelto, aparecido en el periódico El Siglo Futuro, y firmado por su corresponsal, en el que éste último mantiene haber visto a mi defendido, en las Ramblas, al frente de un grupo de revolucionarios. Pero, he aquí, que este mismo periodista, afiliado a un partido católico, tiembla antes de jurar en falso, con lo que al prestar declaración, lejos de sostener lo escrito en su artículo, manifiesta que «tan sólo le pareció que se trataba de él, al que no conocía sino a través de las fotografías». ¡Veo ya en vuestros rostros la indignación que ha de produciros una forma de actuar tan contraria a la idea que del honor tenemos! ¡Calmaros, sin embargo; tranquilizaros; dejadle con los remordimientos que, de seguro, ha de tener; y entregadle al juicio de sus compañeros, para que sean ellos quienes castiguen su mentira y su vileza![29].

A este ejercicio de hueca retórica, advertida ya en otros párrafos de su escrito, que se repetirá en los siguientes, y explicable quizá por el intento del defensor de suplir, con un tono teatral y efectista, su falta de práctica jurídica, y el limitado conocimiento que cuarenta y ocho horas escasas le habían permitido formarse de un proceso tan complejo, seguiría el recuento de las actuaciones de Ferrer en Masnou y Premiá, en las que se resumía, sin duda, la única responsabilidad penal del acusado:

Y pasemos ya al miércoles 28, pues nada más se nos ofrece en contra de Ferrer la jornada anterior. Aunque, antes de entrar en su consideración, permitidme recordaros que, pese a que tanto el alcalde Casas Llibre como Juan Puig Ventura, responsables ambos de los Centros que Fraternidad Republicana tenía en las localidades de Premiá y Masnou, aseguraron que nada fuera de lo normal había ocurrido los días 26 y 27 en esos municipios, lo cierto es que en esas fechas se destruyeron en los dos pueblos vallas y cerramientos, se incendió el almacén de la estación de Premiá, y se derribaron postes telegráficos, sin que aquéllos, en su situación de autoridades, contribuyeran a mitigar tales excesos. Y la prueba de ello es que tanto uno como otro fueron encarcelados, y permanecieron en prisión hasta que, por méritos de lo que declararon y gracias también al apoyo de un influyente personaje de la comarca, lograron la libertad, dejando su sitio a Ferrer, menos favorecido por las autoridades, que vieron con satisfacción cómo quedaba neutralizado para el futuro uno de los más valiosos, temibles y peligrosos de sus enemigos.

Y dejadme, también, antes de entrar de lleno en el examen de los testigos que, agrupados, presenta el Ministerio fiscal, que os diga lo que hizo Ferrer en Premiá y Masnou, pues, una vez sabido a qué atenernos respecto a este punto, no tendremos necesidad de repetir, una y otra vez, toda esa larga serie de nombres que, a estas horas, deben estar ya bailando en vuestras cabezas.

Acostumbraba Ferrer, desde su regreso a España el pasado mes de junio, acudir a afeitarse a la barbería de Masnou, lugar en el que amistó con el dependiente de la misma, un joven locuaz, con el que sostenía animadas discusiones políticas. Pues bien, al llegar ese día mi defendido, impresionado por el triste espectáculo que ofrecía la estación, con sus vallas derribadas, levantada la vía, cortados los cables telegráficos, y volcada la caseta del guarda agujas, encontró allí a Doménech y al Llarch, con quienes cambió impresiones sobre los referidos hechos, y, en compañía del segundo de los cuales, partió, una vez servido, hacia Premiá, por haber oído que iba a llegar al puerto del pueblo un vaporcillo procedente de Barcelona, que posiblemente podría traerles noticias frescas de los acontecimientos que en la capital se estaban produciendo.

Durante el recorrido, hablan de la situación del Partido Radical, reniega Ferrer de los políticos cuya única ambición radica en medrar; y escucha de Puig Ventura quejas y críticas contra Emiliano Iglesias. Y ya en Premiá, donde se enteraron de que el vapor no había llegado, recalan en el local de Fraternidad Republicana, en el que encuentran al alcalde del pueblo, quien les dice que la situación no era alarmante, les recomienda tranquilidad, y les asegura que si el resto del país secundaba el movimiento iniciado en Barcelona, Premiá también sería republicana. Poco más de lo ya dicho se comentó allí, y, viendo cómo estaban las cosas, decidieron mi defendido y el Llarch regresar a Masnou, viaje en el que este último le confesó a Ferrer su intención de presentarse a las elecciones de concejal, a lo que mi patrocinado cometió el error de desaconsejarle que lo hiciese, atacando en lo más vivo sus ilusiones, y, más todavía, cuando añadió que los republicanos nunca conseguirían obtener el poder. Pecado este de sinceridad, que, como digo, le costaría muy caro, pues, herido Puig Ventura en lo más profundo de sí mismo, quedose hundido. Y encarcelado a los pocos días, lo que impedía sus deseos de verse investido como presidente de la República de Masnou, decidió unirse al complot urdido en Premiá por los radicales para eludir sus responsabilidades, que, además de permitirle obtener su propia absolución, le procuró el placer de demostrarle a Ferrer lo peligroso que resultaba desairarle, y el punto hasta el que podía llegar su venganza[30].

Con este novelesco episodio, fruto exclusivo de su imaginación, el capitán Galcerán eludía las actuaciones más comprometidas llevadas a cabo por Ferrer en Masnou y Premiá a lo largo de la mañana del miércoles 28, entre las que están documentadas la de que animó a Puig Ventura a excitar los ánimos de la población; le sugirió que le acompañase a Premiá para conocer el estado de la situación en el pueblo; y propuso al alcalde de esta localidad, Casas Llibre, que proclamase la República. Pero, por el contrario, apuntaba dos hechos, que sí eran ciertos, y que la Acusación desechó: uno, que los actos vandálicos ya habían comenzado, antes de que Ferrer llegase al lugar, lo que le exime de cualquier responsabilidad sobre los mismos, y otro, que los responsables lerrouxistas de los dos municipios terminarían conjurándose para trasladar al acusado cargos que sólo a ellos les correspondían.

Partiendo, en cualquier caso, de esa sospechosa conjura, la Defensa proseguía su informe examinando los que fueron los pasos dados por Ferrer durante esa jornada:

Consistía el tal complot en sostener que Ferrer había propuesto al alcalde Casas Llibre sugerencias terribles. Aunque no me interesa el número exacto de testigos de la prueba sumarial, ya que es fácil deducir que la Acusación pudo sumar cuantos quiso por el procedimiento de considerar como tales a todos aquellos que en el pueblo iban enterándose por los otros vecinos de lo que había sucedido en la Fraternidad Republicana, debo hacer constar que son 17 y no 19, como pretende señalar el fiscal. Y necesito, asimismo, dar luz sobre un hecho, aparentemente oscuro en el sumario, como es el de la conexión de Ferrer con el citado alcalde de Premiá. Porque ¿fue éste avisado por alguien, o acudió espontáneamente a la cita? Y, de comprobarse que fue en efecto citado, ¿quién le trasladó el encargo para que allí acudiera? No he podido encontrar en la causa ni una diligencia en tal sentido, que, caso de haber existido, hubiera sido más eficaz que tomar cuatro o cinco declaraciones sobre el mismo punto a cada uno de esos innumerables Cisas, Espinosas, Comas, Casas y Moragas, que, formando al parecer una inmensa familia, dan la sensación de constituir 300 atestados, en lugar de los 50 auténticos, y cuya única utilidad se cifra en que las contradicciones manifiestas en ellos, permiten a este letrado restar valor, certeza y credibilidad a sus declaraciones.

Y en este punto, creyendo natural que fuera el alcalde quien mejor oyó lo que decía Ferrer, examinemos su declaración al juez instructor de esta causa, transcrita en los filos 305 al 309 del sumario. Comienza Casas Llibre por negar que conociera a Román Fontanillas, aunque debe rectificar al mostrársele una carta que éste le había dirigido; abandona, cuando llega el momento de las responsabilidades, a su secretario, Álvarez Espinosa, a quien ordenó que entregase a los revoltosos las armas que estaban depositadas en el Ayuntamiento; y, habiendo aportado en varias declaraciones ante la policía y la Guardia Civil numerosos cargos contra Ferrer, dice, ante el juez, que nada sabe de su injerencia en relación con la tartana, las bicicletas y los cartuchos de dinamita; y que únicamente puede asegurar que el procesado le dijo «que en Barcelona se estaban quemando iglesias y conventos, y que se iba a proclamar la República», a lo que él le respondió enérgicamente «que en Premiá las cosas eran muy diferentes».

Pero aun siendo necesarias unas enormes tragaderas para creer a quien hemos visto contradecirse en la misma testificación, ¿son acaso más veraces el resto de los deponentes que se encontraban aquella mañana en el Centro de la Fraternidad Republicana? Antonio Mustarós, primer teniente alcalde, ignora, por ejemplo, lo que aseguró en anteriores atestados; Puig Ventura añade a las palabras de los dos anteriores cuanto se le ocurre de su propia cosecha, posiblemente despechado por los comentarios que le había hecho Ferrer; Álvarez Espinosa no recuerda la menor incitación a la quema de iglesias y conventos, pero añade varias frases que el alcalde había pronunciado; y el cafetero Francisco Calvet tampoco es capaz de manifestar otra cosa que no sean los rumores que ha escuchado al paso, entretenido, por lo visto, como estaba en atender y servir las bebidas a los concurrentes.

Pues bien, frente a estas declaraciones irregulares y contradictorias, yo ofrezco la de mi defendido, que, sin precisar palabra por palabra lo que se dijo allí, como intentan hacer los demás, tiene en su abono gran verosimilitud y abrumadora naturalidad, desde el momento en que, por ignorarse quién avisó al alcalde, y si éste recibió el recado, hay que convenir en que entre ambos no hubo cita sino encuentro casual, y que, por tanto, las palabras que pudiera decir el procesado no tuvieron el carácter de mandato o embajada, y, menos aún, el de causa inmediata de esa excitación, que, según el alcalde Casas Llibre, propició la revuelta.

Otra consideración hay que hacer antes de abandonar Premiá, referente al desbordamiento de los sucesos, que, en opinión de algunos testigos, coincidió con la llegada de Ferrer. ¿No consta que éste fue, volvió, y estuvo en todo momento al lado de Puig Ventura? ¿Y no es más seguro todavía que, de haber dado órdenes o consignas a los rebeldes, las hubiese escuchado el Llarch, y, dado su tan repetido celo, le habría faltado el tiempo para acudir al juez y contárselas?

Y ya en Masnou, ¿qué sucedió allí ese mismo día? El testigo Salvador Millet dice que, según referencias, viéronse grupos de rebeldes, y que, de entre ellos, se destacaron dos oradores arengando a las gentes, uno de los cuales excusó la presencia de su defendido, declaración esta a la que se suma Esteban Puigdemont, única persona en todo Masnou que asegura haberlo oído perfectamente. Por el contrario, los declarantes Manuel Rusiñol, José García Barona, Esteban Amat, Pedro Vidal, Felipe Riera y otros varios más, que han declarado en esta causa, y vieron a dichos oradores, no escucharon lo referido por Puigdemont, y sí reconocen, en cambio, entre los que arengaban a la gente al Llarch, a quien, sin embargo, no pudo aquél ver. ¿Es esto serio? ¿Puede ser verosímil? ¿No se entiende que quienes oyeron al Llarch aconsejando calma a las gentes, debían haber escuchado, asimismo, al otro orador? ¿No es extraño que aquel que no pudo reconocer al Llarch, ni oírle, haya oído, en cambio, lo que nadie dijo?

Y si a todo eso añadimos que el teniente alcalde de Mongat, Bruno Umbert, afirma, en contra de los rumores que habían circulado por Masnou y Premiá, que Ferrer no reclutó elementos rebeldes en las canteras de aquel pueblo, hemos terminado nuestra excursión por toda esa comarca sin encontrar un solo dato que asocie a mi patrocinado con la jefatura de la rebelión.

Habrá visto, pues, el fiscal aquí declaraciones terminantes, que, si es cierto que no son de abono para mi defendido, sirven, en cambio, para dejar reducidas a muy poca cosa las fundadas en rumores y creencias sin pruebas, las sospechosas y las falsas, por más que unas y otras le hayan proporcionado tema para llenar veinte folios de florida prosa[31].

La precipitada lectura que el defensor hubo de hacer del sumario, se percibe a lo largo de todo su informe, en el que la ampulosidad de la forma apenas disimula el discreto tono argumental del fondo. Lo que no obsta, sin embargo, para que detecte el efecto multiplicador que el rumor y el comentario escuchado en la calle tienen en las declaraciones de los testigos, que, si abundantes en número, son cada uno de ellos el eco del anterior. Y limite, por tanto, la actuación de Ferrer en Premiá a la conversación que mantuvo con el alcalde y sus colaboradores, aunque eludiendo admitir que les propusiera proclamar la República.

En su última referencia a las pruebas testificales, el capitán Galcerán volvía a Barcelona para examinar las declaraciones de los soldados del Regimiento de Dragones, los oficiales y jefes del mismo, y el testigo Lorenzo Arnau, así como ciertas opiniones del periodista «Pierre» sobre una posible jugada de Ferrer en la Bolsa:

Siente ahora este defensor la curiosidad por tener respuesta a las tres preguntas siguientes: ¿Es creíble, es verosímil que los soldados Claudio Sancho y Miguel Calvo recuerden y reconozcan sin titubear a un hombre al que vieron un instante hace dos meses, con la cara semioculta por el ala caída de un canotier de paja? ¿Es de aplaudir que un jefe y un capitán del Regimiento de Caballería de Dragones no tomen los datos, ni siquiera el nombre, de aquellos detenidos que confiesan haber recibido sus armas de un señor vestido con un traje azul? ¿No vieron, acaso, la conveniencia de averiguar de dónde procedían esas armas y conseguir, de este modo, detener a quien las repartía?

Para no dejar, finalmente, sin responder ninguno de los temas que han llamado la atención de mis ocasionales adversarios, voy a hacerme cargo de la insinuación que, fundándose en determinadas palabras de Lorenzo Arnau y Pierre, hace la Acusación, admitiendo la sospecha de que Ferrer hubiera podido organizar este alzamiento por un interés monetario, lo que conferiría a éste un móvil aún más repugnante. Y así, hace observar cómo los Boletines de cotización bolsística acusan una baja en los días inmediatamente anteriores a la rebelión, cuando esta Defensa ha podido comprobar cómo ya desde mediados de mes, estaba registrándose esa tendencia.

Y ya que hemos tocado la cuestión monetaria, se me ocurren dos preguntas más relacionadas con ella, cuya respuesta dejo al sano criterio de este Tribunal: ¿Es señal de inocencia o de culpabilidad el que mi defendido, pudiendo hacerlo, no haya retirado su numerario del Banco de España para librarlo del embargo? ¿Y no es algo aún más significativo el que la campaña de difamación haya sido dirigida contra quien, como él, dada su fortuna personal, está en mejores condiciones que otros procesados, de poder aliviar en alguna medida las pérdidas sufridas?[32].

Junto a alegatos de escasa eficacia exculpatoria, la Defensa desenmascaró algunos de los vicios de que adolecía en materia testifical el proceso (muchos de los cuales ya han sido considerados al examinar la tramitación de la causa), así como la falta de consistencia, y hasta el uso improcedente de no pocos de los cargos empleados por el Ministerio fiscal en su dictamen acusatorio:

— Tanto en el apuntamiento como en el escrito del fiscal se traducen en afirmaciones rotundas lo que son sólo apreciaciones personales o sospechas no documentadas.

— Si, como ya se ha dicho, Ferrer sólo conferenció en Premiá con el alcalde y sus colaboradores, o bien estas personas fueron las ejecutoras de la violencia allí surgida, o se convirtieron en cómplices de las propuestas que aquél pudo plantearles.

— No existe ni una sola evidencia que demuestre la intervención del director de la Escuela Moderna en los alborotos acaecidos durante la semana en Premiá.

— Resulta difícil explicar el encarcelamiento de Casas Llibre, Puig Ventura y Álvarez Espinosa si todos ellos rechazaron las propuestas de las que supuestamente fueron objeto.

— Tampoco existen pruebas que vinculen a Ferrer con los sucesos de Masnou; con los canteros llegados desde Mongat provistos de dinamita; ni con los correos que, en bicicletas y tartanas, recorrieron la comarca distribuyendo consignas.

— La actuación del procesado a lo largo del día 28, vendría a ser, por todo lo expuesto, constitutiva de un delito de proposición a la rebelión, que es como la entendió el Juzgado de Instrucción de Mataró, que le abrió diligencias, al efecto, el 23 de agosto.

— En relación con los testimonios de los soldados del Regimiento de Infantería de Dragones, y del inspector de policía, Fernández Bermejo, sorprende que el juez no los contrastase a través de un careo.

— A falta de pruebas de convicción que demuestren el liderazgo de Ferrer, la Acusación pretende fundamentar su participación en el alzamiento en el supuesto beneficio económico que hubiese podido obtener del mismo, y que ninguna de las sospechas insinuadas autoriza a considerar.

Concluido el examen de los hechos conectados con la visita de Ferrer a Masnou y Premiá, pasaría el defensor a ocuparse de las pruebas documentales obrantes en autos, con una atención especial a la inclusión en el sumario de determinadas proclamas y circulares desvinculadas de los sucesos juzgados; la repetida violación de que fue objeto el secreto sumarial; y la falta de garantías del peritaje realizado para verificar la autenticidad de alguno de los documentos:

He indicado ya al principio de este escrito, que sentiría pudiera pareceros demasiado extenso, el papel nulo que deben desempeñar en el presente sumario todos los documentos anteriores al atentado de la calle Mayor, de Madrid, y me afirmo en la opinión de que comentarlos en este acto, en contra de mi defendido, únicamente pretende poner un borrón sobre lo ya limpiado por una sentencia honrosa, que afectaría, no ya sólo a Ferrer, sino, lo que es aún más grave, a los miembros del Tribunal que entendió sobre aquel crimen, y que le absolvió de todos sus cargos. Sólo me ocuparé, por ello, de dos proclamas y alguna circular, que, por carecer de fecha concreta, pudieran considerarse más próximas a nuestros días, y de las que se ha hecho uso como pruebas de cargo contra mi patrocinado, lo que no deja de ser una auténtica infamia, tal y como haré notar al levantar el velo que las esconde, y que, al caer, posiblemente descubra indignidades mucho mayores que aquellas que contra él dirigen.

Fueron encontradas tales proclamas y circulares en un registro practicado por la policía, único que sin presencia notoria de persona experta se efectuó en Mas Germinal, y único, también, que dio feliz resultado. Pero estas proclamas que mi defendido no acepta como suyas, a pesar de que el juez le dijera que sus familiares habían firmado el acta, son tan previas a los sucesos aquí perseguidos, que hay que reconocer que fueron redactadas en otra fecha, y con otro objeto distinto. Y para que, además, todo resulte oscuro en este asunto, han aparecido algunas de ellas en la prensa de toda España, en varios casos incluso mutiladas, con lo que corren ahora por todos lados, sin que absolutamente nadie haya sido procesado por esparcirlas, ni se haya volcado el peso de la ley sobre sus responsables. Porque quienes lo han hecho, o lo han autorizado, sin calcular quizá la gravedad de lo que hacían, han excitado con su publicación a las masas, y han roto el inviolable secreto del sumario, cuyas diligencias bajo ninguna razón pueden desvelarse, bajo la pena de incurrir en un grave delito, que se encuentra perfectamente tipificado en nuestro Código.

Y anotado este indicio, que he querido hacer notar para que no parezca que nos hacemos responsables de lo que pueda haber ocurrido, termino ya refiriéndome a dos nuevos datos que se desprenden del sumario. De un lado, las correcciones de la proclama que figura, escrita a máquina, en el folio 179, y de la que dos peritos dicen que la sílaba «ba», añadida al original, y la letra «t», que figura en otro párrafo, pueden haber sido escritas por la misma mano que la de unas cartas de Ferrer que se les presentan, «aunque no pueden afirmarlo de una manera categórica». Lo que no es lo mismo que dice el Ministerio fiscal, cuando asegura taxativamente que «deben ser las correcciones hechas por Ferrer», sin atender, además, a la evidente falta de parecido existente entre esa «t» y la que acostumbra a escribir mi defendido. Y de otro lado, la absoluta necesidad de declarar inéditas tales circulares, que nada tienen que ver con los hechos que vais a juzgar, pues del mismo modo que nadie ha podido decir que Ferrer le diese armas ni empujado a cometer acciones sediciosas, tampoco ninguno de los registros practicados han aportado un solo dato que puedan probar que esas proclamas hayan contribuido a promover los pasados excesos. Más aún; si admitimos que han circulado dichos documentos, o hay que reconocer que al recibirlos, dejaron de ser revolucionarios, o suponer, por el contrario, que estos presos y condenados de ahora son inocentes, mientras que se mueven en plena libertad, protegidos por tales circulares, los verdaderos criminales[33].

Los argumentos empleados por la Defensa para desmontar, en este punto, el dictamen fiscal, coinciden con los ya anotados en páginas anteriores, al hacer referencia a la prueba documental. Las cartas, proclamas, circulares y programas políticos incluidos en el sumario, son obsoletos en su redacción, están viciados por la forma en que fueron incautados, y carecen, sobre todo, de cualquier relación con los acontecimientos que se persiguen en la causa. Lo que, unido a la violación de que fue objeto el secreto sumarial y el hecho de que una buena parte de tales documentos habían sido ya sobreseídos, dos años antes, con ocasión del atentado de la calle Mayor, de Madrid, descalifican su pretendida condición de pruebas de cargo y confirman, además, la tesis de que, falto de evidencias reales de inculpación, el proceso fundamentó una buena parte de sus cargos en la inducción histórica, en las ideas políticas, los proyectos pedagógicos, y el pasado subversivo y revolucionario del reo.

Tiene razón, por eso, el capitán Galcerán cuando califica de anacrónicas y desfasadas las circulares de contenido revolucionario obtenidas en el registro llevado a cabo en Mas Germinal el 27 de agosto; acierta, también, cuando denuncia las irregularidades de ese mismo reconocimiento, ordenado por la autoridad gubernativa sin el preceptivo mandato del juez, ni la presencia de los testigos exigidos por la ley; atina en sus críticas al uso perverso que, con el conocido beneplácito del Gobierno, ciertos periódicos conservadores hicieron de los documentos incautados, manipulándolos a su antojo y tergiversando su auténtico sentido; y se muestra implacable al poner en cuestión la autenticidad de alguna de las pruebas argüidas por el Ministerio fiscal, descalificar el peritaje caligráfico de otras e invalidar, por ya juzgadas, las que en el proceso de la calle Mayor, de Madrid, fueron esgrimidas como cargos contra el acusado, y ahora se pretendía, en una actitud contraria a Derecho, volver a duplicar.

Apremiado por la recomendación del presidente del Tribunal para que pusiera término a su escrito (algo que no había hecho durante la intervención del Ministerio fiscal), el capitán Galcerán acabó su intervención solicitando la absolución de su defendido, y pidiendo, en cualquier caso, a sus jueces que obraran en conciencia:

Resumiendo, señores: Francisco Ferrer i Guardia, perseguido por sus ideas racionalistas, empujado y acosado hasta el último extremo con denodada energía, envuelto un día en abominable crimen, cerradas sus escuelas, e insultado ayer y hoy por los partidarios del fanatismo y de la intransigencia, ni se rinde ni pide venganza; únicamente continúa, igual que siempre, trabajando.

Trabaja, sí, vuelvo a repetirlo. En vez de acaudillar a las masas, las educa; basa su quehacer en la preocupación por la gente; impulsa y dirige a los demás hacia la luz esplendorosa de la razón; señala el verdadero fin de la humanidad; y busca, proporciona y distribuye la auténtica ciencia de los sabios como el único argumento para lo que denomináis sus ansias revolucionarias; éstas, y no otras, os lo aseguro, son sus ideas.

Y como hemos podido comprobar detalladamente que no ha tomado parte, ni como jefe, ni como director, ni actor en la rebelión militar, opino, y os pido, que reconozcáis también vosotros su inocencia, le concedáis la libertad, y, una vez levantado el embargo de sus bienes, le dejéis marchar a Teruel, para que, allí, entre los abrazos de sus familiares y allegados, pueda contarles la dignidad con que administramos la justicia los militares.

No os he de ocultar que, accediendo a mi petición, se pondrá en tela de juicio vuestro valor, por parte de quienes, cargados por el odio y el rencor, no conciben la justicia sin el castigo. Pero no ha de pasar mucho tiempo sin que veamos imponerse a la razón, y estos ciegos movidos hoy por el resentimiento, aplaudirán entonces vuestra rectitud. Y si, por desgracia para ellos, la luz de la verdad y de la justicia ha dejado de iluminarles para siempre, tened presente que ya se encargarán sus remordimientos interiores de amargarles los actuales aplausos de la opinión pública, y que ese desprecio que ahora muestran, lo veréis altamente compensado con esos otros aplausos, mucho más honrosos, reconfortantes y enriquecedores, como son los que proceden de la propia conciencia. ¡Obrad, ahora, señores, acordes con ella![34].

La intervención de la Defensa había durado sesenta y cinco minutos. Al acabar, el capitán Galcerán estrechó la mano de su defendido, y, antes de volver a su mesa, agradeció con un gesto las muestras de aprobación de parte de los asistentes, que en algún caso aplaudieron incluso la lectura del dictamen (detalle que la censura oficial no permitió reproducir a la prensa), produciendo en la sala un momentáneo revuelo de voces y comentarios, que interrumpiría el presidente del Tribunal solicitando el inmediato restablecimiento del orden. Algo, que ya había hecho en otras dos ocasiones anteriormente, al reclamarle Ferrer silencio para poder escuchar con atención las intervenciones del relator, el fiscal o su propio abogado, que los rumores de la sala hacían a veces casi imposible.

El diario España Nueva, en su edición del día siguiente, recogía el ambiente de ese momento, en el que, pese al filtro impuesto por las autoridades militares, se dejaban percibir entre algunos de los asistentes manifestaciones de reconocimiento a la intervención de la Defensa:

El reconocimiento de parte del público a las últimas palabras del capitán Galcerán, en las que pidió la libre absolución de su patrocinado, obligaron al presidente del Consejo de Guerra a pedir a los asistentes que se abstuvieran de todo tipo de manifestaciones fuera de tono, e hicieron que el teniente coronel Aguirre de la Calle rogase a los hujieres que no dudaran en sacar de la sala a cuantos, bien por solidaridad con Ferrer, o por el simple deseo de caldear aún más el ya de por sí tenso ambiente del juicio, alterasen o descuidaran, con sus rumores, murmullos, gestos, o siseos la compostura que el lugar y la ocasión requerían[35].

Del dictamen de la Defensa opinaron los partidarios de Ferrer que, además de suponer una pieza oratoria de mérito, dispuso de una argumentación jurídica sólida y bien fundamentada. Su lectura demuestra que no fue exactamente así (no podía serlo en un proceso en el que se le negaron todas las pruebas que reclamó, y se le limitó al máximo el tiempo para analizar el sumario), pero sí revela el valor que el capitán Galcerán puso de manifiesto al enfrentarse a una Justicia, que, como la militar, mostraba un abierto rechazo a los defensores que se apasionaban en su cometido, y prefería postulaciones tibias y aparenciales que bastaran para justificar ante la opinión pública la protección legal del procesado. Íntimamente convencido, sin embargo, de la inocencia de su patrocinado, no escatimó esfuerzos ni cedió a presiones de ningún tipo a la hora de denunciar el carácter tendencioso que había definido la tramitación del proceso, la campaña de prensa dispuesta para desacreditar a Ferrer, la falta de consistencia de las pruebas de cargo, y la negativa de los jueces a aceptar cualquier evidencia que pudiera beneficiar al reo. Y a tal extremo de pasión le llevaron su honestidad y su celo, que no sólo se mostró dispuesto a comprometer en esa defensa su prestigio personal y profesional, sino que llegó incluso a poner en riesgo su propia carrera militar, que en muy poco estuvo de no cerrarse con su expulsión del Ejército[36].

Del malestar que su intervención produjo entre sus compañeros de armas dan clara idea las menciones que sobre ella constan en los informes del asesor y el auditor de Guerra, que se analizarán de forma más detenida en páginas posteriores. El primero de ellos, el teniente Enrique Gesta, la calificó de «mendaz, falsa y calumniosa»; dijo que no había pasado de constituir un brindis del defensor a la galería, buscando sugestionarla emocionalmente; aseguró haber percibido en varios de sus pasajes «imprudencia, ausencia de argumentos, intemperancia, y hasta mala ley»; y requirió del Tribunal que estudiase atentamente si su escrito había llegado a poner en cuestión la ecuanimidad de la Justicia militar. En cuanto al segundo, el general Ramón Pastor, acusó a la Defensa de «verter maliciosas reticencias contra quienes habían instruido el sumario», manifestó que los tribunales militares no pueden ser víctimas de las «insidiosas acusaciones de un capitán que adorna el cuello de su uniforme con el símbolo del Cuerpo de Ingenieros»; y reclamó, también, al defensor a que, una vez concluida la causa, se ratificase en los conceptos expresados, para que, caso de confirmarlos, «pudiera la Autoridad tomar la decisión que procediese»[37].

Admitiendo como procedentes estas denuncias, el capitán general De Santiago las aceptó a trámite, y ordenó abrir una investigación a quien, como el capitán Galcerán, «se había excedido en la defensa del reo, con la única eximente de hallarse anímicamente desconcertado, al no encontrar pruebas de descargo en las que apoyarse». Una investigación esta, que se iniciaría el mismo día 10 de octubre con la citación al defensor, y se prolongó por espacio de más de tres meses, hasta el 27 de enero de 1910, fecha, en que, siendo ya nuevo titular de Capitanía el general Weyler, la jefatura de su Estado Mayor envió al juez instructor, comandante Raso, un comunicado haciéndole saber su decisión de poner fin a los trámites que venían practicándose al efecto, y que textualmente decía:

Manifiesto a V. S. que, por lo que respecta al incidente del defensor de la causa seguida contra Francisco Ferrer i Guardia, capitán de Ingenieros, don Francisco Galcerán, ya he adoptado la resolución procedente, y que, por tanto, no ha de practicar diligencia alguna relativa al mencionado asunto[38].

Pese a todos estos contratiempos y dificultades, el escrito de la Defensa quedaría, descontando su exceso de retórica y la insuficiente documentación de algunos de sus argumentos, como un dictamen honesto, valiente y ponderado, libre de cualquier tipo de prejuicios, y tan sólido jurídicamente como las adversas circunstancias en que fue redactado hicieron posible que lo fuese. El capitán Galcerán, que terminaría convirtiéndose en un panegirista de su cliente, fue capaz de enfrentarse a sus propios compañeros de armas por defender una causa que entendía justa, y que la confabulación de una serie de intereses, prejuicios, rencores, miedos y resentimientos habían convertido, antes de iniciarse, en una condena anunciada. Y sumó al proceso un informe (en el que naturalmente reclamaba la absolución del reo), que vendría a añadir, además, a todo lo dicho, el mérito, de que, nada menos que un siglo después de aquel 9 de octubre de 1909, no ha sido refutado por ninguna prueba, documento o testimonio que desautoricen su tesis de que Ferrer era inocente.

XII

La sentencia

Concluida la intervención de la Defensa, y consumidos de acuerdo con el procedimiento procesal los turnos de palabra correspondientes al juez instructor de la causa, el fiscal y el abogado defensor, el presidente del Consejo dio paso al último de los trámites preceptivos, preguntando al procesado si tenía algo que exponer antes de dar por terminado el juicio, advirtiéndole que, en caso afirmativo, había de hacerlo en pie, y en términos adecuados, respetuosos y convenientes.

Ferrer, que tenía preparadas de antemano un par de cuartillas escritas para ese momento, se levantó y dirigiéndose al Tribunal leyó con voz firme y tranquila el siguiente texto:

Con la venia del Sr. Presidente, me permito suplicar a este Consejo de Guerra tenga a bien juzgarme solamente por los hechos concernientes a la semana última de julio, o por los de los días anteriores, durante los cuales alguien o algunos pudieron tomar la iniciativa de preparar la huelga general del día 26, ya que estoy segurísimo de que haciéndolo así seré absuelto, puesto que no tomé parte en ninguno de ellos, según consta en autos.

He de permitirme, asimismo, observar que sería injusto, según mi parecer, que se me condenara hoy por los hechos de toda mi vida política, pese a no ser pecaminoso ninguno de ellos, que duró los veinte últimos años del siglo pasado, o se me censurase la obra educativa de la Escuela Moderna o de sus publicaciones. Y al decir esto, no es que rehúya tratar de ello, pues muy gustosamente acudiría a cualquier Tribunal encargado de juzgar tales obras, con el convencimiento de ser absuelto de haberlas editado, ya que todos los escritos llevan firmas de autores clásicos, cuyos nombres se consideran gloriosos, o de autores modernos, de reconocida sabiduría y sentimientos altamente humanitarios.

Al llegar a este punto, el presidente le interrumpió, diciéndole que tales consideraciones estaban fuera de lugar, interrupción tras la que el procesado continuó su lectura:

Termino afirmando que las personas que critican las obras de la Escuela Moderna, o no las han leído, o se encuentran incapacitadas para juzgarlas por los atávicos prejuicios que, desgraciadamente, padecemos casi todos. No tengo más que decir[39].

Con estas últimas palabras del reo, el teniente coronel Aguirre de la Calle, como presidente del Tribunal, dio por terminada la vista, y se retiró a deliberar con los restantes miembros del Consejo, mientras los funcionarios de la prisión despejaban la sala, y Ferrer era conducido a su celda, en la que, por espacio de poco más de una hora, fue autorizado a recibir la visita de sus familiares más próximos. Eran en ese momento las doce y cuarenta y cinco minutos de la mañana, y hacía exactamente cuatro horas y media que había dado comienzo la vista.

Según una información publicada tres días más tarde en las páginas del diario España Nueva, acudieron a verle Josefa Los Arcos, y la hermana mayor de Soledad Villafranca, María, ante las que se quejó una vez más del descuidado aspecto que presentaba: «Ya ven cómo me han vestido. Parezco un pordiosero. Quieren hacerme antipático al Tribunal».

Luego, advirtiendo un gesto de fundada preocupación en sus visitantes, conocedores del clima de animadversión con que se había instruido el proceso, intentó infundirles confianza: «Pero ¡qué cementerio me traen ustedes! ¡Fuera tristezas! ¿Acaso no ven lo animoso que me encuentro?».

Hablaron de temas obligados: de la precariedad en que se encontraba, de los rumores que circulaban a nivel de la calle y de la intranquilidad en la que debían estar naturalmente sumidos sus compañeros desterrados en Teruel, para quienes Ferrer entregó a Josefa el texto de un telegrama, que redactó allí mismo, mediante el que les trasladaba su satisfacción por el informe de la Defensa. Decía así: «Defensor sublime, afirmando mi inocencia. Espero tranquilo y esperanzado sentencia absolutoria. Abrazos».

Algo, no obstante, rebelábase en su interior contra esa falsa seguridad de la que hacía gala. Y así, cuando llegó el instante de despedirse de Josefa y de su hija, les dijo con una mezcla de resignación, escepticismo y abatimiento: «¡Conmigo hacen lo que quieren! ¡Quién sabe si esta misma tarde me llevarán a Montjuïc y me pegarán cuatro tiros!»[40].

Cuando se quedó solo, tomó papel y pluma, y redactó una nueva carta con destino al diario El País, que el periódico publicaría el 18 de octubre siguiente. La misiva, que sería la última de las escritas por Ferrer en la Cárcel Modelo, estaba escrita en los siguientes términos:

Muy señor mío y de mi aprecio: Confirmándole mis dos últimas cartas, le escribo hoy para protestar de las anomalías y procedimientos empleados en mi proceso por el juez instructor, de muchos de los cuales ya tiene usted conocimiento.

Empezaré por decir que si en lugar de emplear un mes en busca de mi culpabilidad, y perder en ello el tiempo (ya que no pueden entenderse como prueba las declaraciones de cinco o seis republicanos, amigos de ayer, que dicen suponer que yo era protector de Solidaridad Obrera y que por consiguiente «he debido» ser el director de la huelga y la rebelión), se hubiesen empleado únicamente un par de días en busca de mi inocencia, tal y como pedí en mi primera declaración, no hubiera habido proceso, y, sobre todo, se habría evitado el vergonzoso escándalo que, para mengua de España, está dándose en toda la Europa civilizada.

Si al menos hubiese practicado el juez ambas cosas a un tiempo; si buscando pruebas de mi culpabilidad, las hubiera buscado también de mi inocencia, se habría enterado por los partes de los policías que me seguían cuando iba desde Mongat a Barcelona de que sólo paraba muy pocas horas aquí, y las empleaba yendo a mi despacho editorial o en visitas a otras librerías, no tomando nunca coches de punto para que los polizontes imaginaran que quería despistarles, con la sola excepción del día que enterramos a mi sobrina, en que tenía prisa y llevaba unos paquetes encima. Hubiera, de este modo, podido además enterarse el juez que durante los cuatro o cinco días que estuve en Mongat, leí otros tantos libros que me había traído de Londres, y que, dado que estuve anotándolos pues pensaba traducirlos en mi editorial ya que trataban de la moral que ha de aplicarse en las escuelas, digo yo que mal podía ocuparse quien estaba entretenido en esa tarea de organizar huelgas o revoluciones. Máxime cuando, examinados dichos libros, se viera que quien desea imprimir tales obras no tiene fe en la eficacia de cualquier tipo de revolución llevada a cabo, como la de Barcelona, por personas inconscientes.

He de quejarme también de que se me haya querido hacer un cargo de una operación de crédito que, con la sucursal del Banco de España en esta plaza, tenía concertada, diciendo que a mediados de agosto intenté retirar los valores pignorados, cuando nada de ello es cierto. Al contrario, quise el 17 de agosto renovar el crédito, como venía haciéndolo cada tres meses, y si el juez hubiese querido se habría podido enterar de que importando aquél la cantidad de 90.000 pesetas, y no habiéndose utilizado sino 70.000, me era dable retirar durante todo el transcurso de la semana de autos, bien por mí mismo o por segunda persona, las otras 20.000 pesetas que aún quedaban en la citada cuenta. Esto y no otra cosa, es lo que hubiese hecho cualquier jefe o inductor de la rebelión. Pero, como ya he dicho, el juez no se ocupaba de comprobar mi inocencia. El juez únicamente ponía su afán en encontrarme culpable, y, fiel a ello, ha hecho hasta el fin cuanto estaba en sus manos para que como tal se me considerase.

Como prueba de su mala voluntad para conmigo, baste conocer que desde el primer día que se me levantó la incomunicación ha obstaculizado el que pudiera leer los periódicos del mes de septiembre, prensa esta que yo le reclamaba con insistencia para poder enterarme de lo que acerca de mí se escribía. Pero hasta el 6 de octubre, es decir tres fechas antes de iniciarse el Consejo de Guerra, no recibí las colecciones reclamadas. Y ya entonces, no había tiempo para rectificar las calumnias e injurias propaladas por los diarios clericales y partidarios del Gobierno, con lo que ha prevalecido hasta el mismísimo instante de ser juzgado el adverso ambiente que contra mí habían creado.

De todas esas informaciones calumniosas, no voy a ocuparme de las referidas a la última semana de julio puesto que ya han quedado desmentidas por los propios autos, pero sí deseo por el contrario ver rectificadas dos que aluden respectivamente al viaje que con la señorita Ernestina Meunier hice a Ronda y otros puntos de Andalucía hace algunos años, así como al testamento que, poco antes de fallecer, en 1901, otorgó en mi favor, y que, como usted bien conoce, tantas y tan maliciosas suspicacias ha despertado.

En lo que se refiere al primero de ambos puntos, me veo obligado a aclarar, aunque tan sólo sea en beneficio de sus habitantes, que no sólo no fuimos allí desatendidos, como informaba alguno de los diarios, sino que nos concedieron todo tipo de atenciones. Y en cuanto atañe al segundo, me hallo en condiciones de poder demostrar la ausencia de cualquier tipo de engaño o subterfugio por mi parte que pudiese haber influido en su voluntad testamentaria[41].

El resto de la misiva se ocupaba en abundar sobre los pormenores relativos a las razones que determinaron dicho legado (ya referidas al relatar el proceso de gestación de la Escuela Moderna), desmentir las informaciones que determinada prensa había insinuado sobre la relación que mantuvo, precisamente, con la señorita Meunier, e insistir una vez más en la inalterable y firme convicción de su inocencia.

Entre tanto, los componentes del Consejo de Guerra encargado de juzgarle, se habían ya reunido en una sala de la propia prisión para, en sesión secreta, analizar detenidamente la causa y decidir el fallo correspondiente, a lo largo de una sesión que se prolongaría ininterrumpidamente por espacio de casi cinco horas, durante la que, con el breve paréntesis del almuerzo que les fue servido allí mismo, hubieron de considerar los 616 folios del sumario, más el dictamen que el asesor designado al efecto, el teniente Enrique Gesta, les hizo llegar para asistirles procesalmente. Un informe este, desfavorable en todos sus términos respecto al reo, cuya influencia en los jueces iba a ser decisiva al ser todos ellos legos en materia jurídica, como demuestra la confidencia que uno de los auxiliares del teniente coronel Aguirre de la Calle, un oficial del Regimiento de Infantería de Mallorca apellidado Pons, haría algún tiempo después a Sol Ferrer, expresándole la preocupación de su superior, quien, según le contó, «únicamente conocía el proceso a través de la prensa», y que, por no disponer de apoyos específicos, «no contaba ni siquiera con un ejemplar del Código de Justicia Militar para poder auxiliarse»[42].

En su escrito asesor, el teniente Gesta[43], que legalmente no debiera haber podido desempeñar su cargo al estar incluido en un supuesto de incompatibilidad, recogido en el apartado 5 del artículo 150 del Código de Justicia Militar, por haber participado en uno de los registros llevados a cabo en Mas Germinal, tras adherirse a la calificación fiscal de los hechos, y al señalamiento de la responsabilidad del procesado como «jefe y máximo responsable de la rebelión», así como a la solicitud para él, en consecuencia, de la pena de muerte, iniciaba su exposición en los siguientes términos:

Clara, concreta y exacta, la Acusación tiene por encima de cualquier otro de sus muchos méritos el de la precisión que ha dejado patente el fiscal al ceñirse al cumplimiento estricto de su misión, y no buscar datos ni orígenes de responsabilidad fuera de los autos. De no haber salvado con pericia este escollo, o carecer de la suficiente independencia como para sustraerse a la opinión pública, hubiera quizá hecho posible la repetición de aquellas manifestaciones del acusado en la causa que se le siguió con motivo del atentado contra S. M. el Rey, respecto a que su procesamiento se debía a la inquina de alguna Orden religiosa contra los métodos y enseñanzas de la Escuela Moderna. Una insinuación esta ciertamente maliciosa, pero que durante la instrucción de este proceso han vuelto a repetir sus partidarios, especialmente en el extranjero, dando lugar a que algunos espíritus apocados llegasen incluso a pensar en la posibilidad de una intervención diplomática en el asunto, sin detenerse a considerar lo absurdo de tal suposición, que cae por su base con solo recordar que no es España una nación de capacidad jurídica limitada, ni obligada, por tanto, a admitir ningún tipo de injerencias en sus asuntos internos[44].

Ya aquí, puede apreciarse la primera de las connotaciones extrajurídicas del dictamen. El simple hecho de aludir a la insistente protesta internacional como una intromisión en los asuntos internos del país es, además de un testimonio improcedente en términos legales, una concreta referencia a la politización con que la prensa conservadora había teñido y desfigurado el proceso. Y denota, sobre todo, cómo el teniente auditor Gesta, por encima de asesorar legalmente a quienes iban a decidir la suerte del reo, pretendía orientar su ánimo en una línea interpretativa, que constituirá ya en adelante el hilo conductor de su escrito:

Perfectamente ha señalado el fiscal, como ya lo hizo antes en su apuntamiento el juez instructor, el carácter de esta pieza, que tiene un sello especial de generalidad, y que se distingue de las centenares de las incoadas con ocasión de los sucesos de julio, en que mientras en éstas se persiguen hechos particulares, concretos y aisladamente considerados, en la que está siendo objeto de este Consejo de Guerra se condena la revolución en su totalidad, como conjunto de múltiples actos, íntimamente relacionados entre sí, que, teniendo su principal foco en Barcelona, se irradiaron a los pueblos de su provincia, y a algunos de la de Gerona, pero que conforman un todo, común en su fin y en sus medios.

El desglose, por tanto, del presente proceso respecto de la causa motriz de que dimana, ha venido obligado por la mayor concreción e importancia de los cargos que ya se advertían en ella contra Ferrer i Guardia al ser apresado, dándole un relieve del que carecía ninguna otra y que exigía, si la Justicia militar ha de responder a sus elevados fines de ejemplaridad, una rapidez en el procedimiento tan expeditiva como fuere posible, aunque sin perjuicio, eso sí, del total esclarecimiento de los hechos y de las actuaciones, que constituyen la base de la depuración de responsabilidades obligadas en todo enjuiciamiento criminal[45].

De la arbitrariedad del desglose se ha hablado ya detenidamente en un anterior capítulo. Ni las responsabilidades atribuibles en justicia a Ferrer eran superiores a las de muchos de los encartados por los sucesos de la Semana Trágica, ni sus presuntos delitos exigían la ejemplaridad de un castigo urgente, requisito exigido en su artículo 403 del Código de Justicia Militar para la formación de una pieza independiente. Si la causa se separó, fue únicamente, y hay una coincidencia generalizada entre los juristas que la han estudiado, por el interés de acelerar el proceso y de concentrar en una sola cabeza la responsabilidad de un alzamiento, que si por algo se caracterizó es precisamente por carecer de organización y liderazgo. Soslayando, sin embargo, otra prueba interpretativa que no fuera la de su propia convicción, el asesor pasaba ya a definir la naturaleza de los hechos perseguidos, tipificándolos, en línea con lo mantenido por el fiscal, como constitutivos de un claro delito de rebelión militar:

Con toda exactitud, ha procedido, pues, la Acusación a la calificación de los autos, definiéndolos como rebelión militar, concepto este equivalente en los artículos 243 del Código Penal ordinario y 237 del de Justicia Militar, que, además de tipificarlo como aquél, se detiene a distinguirlo de la rebelión común, matizando cuantas diferencias separan a ambas figuras delictivas. Y es que, contra la opinión de quienes estiman que solamente puede existir la rebelión militar cuando el alzamiento armado es protagonizado por militares, nuestro primer tratado penal aclara con total nitidez que «son reos de tal delito cuantos se alcen en armas contra la Constitución, el Rey, etcétera», sin especificar distingo alguno entre soldados y paisanos, que son igualmente responsables cuando concurren las circunstancias que su articulado determina.

Hay que agradecerle, de ahí, al Ministerio fiscal su atinada sutilidad jurídica, por cuanto, sin la disposición técnica de que ha hecho gala, pudiérase haber desviado quizá del sendero legal más apropiado y, tanto al grito de ¡Viva la República! como a los esfuerzos de Ferrer por proclamarla en los Ayuntamientos de Masnou y Premiá de Mar a través de la insinuación de que ya había triunfado el movimiento en Madrid y Barcelona, llevar su vista más que al delito de rebelión militar al común, que atenta sólo contra la forma de Gobierno, y que viene tipificado no en los artículos anteriormente citados sino en el 181 del Código Penal.

Ambos delitos, que aparecen en el Código de Justicia Militar englobados en uno solo, tal y como lo estaban en el Código Penal de 1850, y que en nuestro vigente cuerpo legislativo aparecen, por el contrario, diversificados, son uno mismo en su esencia, y únicamente ha podido separárseles tomando como punto de vista su objeto, para incluir aquél entre los delitos contra el orden público, y a éste entre los que lesionan a la Constitución. Uno y otro consisten igualmente en un levantamiento público y en su abierta hostilidad. En ambos, el alzamiento puede ser con armas o sin ellas. E incluso su similitud se extiende a la semejanza de las penas que llevan implícitas, advirtiéndose como única diferencia que mientras en la rebelión militar se penan la proposición y la conspiración, no sucede así en los delitos contra la forma de Gobierno. Sólo, pues, el objeto los enfrenta. Y así, en tanto este último supone un ataque a los Poderes públicos que tienen su asiento y organización en las Leyes constitucionales (y un fin, consecuentemente, político), el de rebelión militar lleva implícita una perturbación de la tranquilidad y el orden ciudadanos (y una finalidad, de ahí, menos política y mucho más acentuadamente subversiva y antisocial).

La evidencia, tal y como sostiene el ilustre jurista don Salvador Viada, de que tales diferencias resultan insuficientes para justificar su distinta tipificación, así como su inclusión en distintos títulos y capítulos del Código, es a nuestro entender manifiesta. Pero ello no resta mérito a la agudeza del fiscal, que, obligado por la ley a calificar lo actuado en juicio, se ha decidido por el delito de rebelión militar, apoyándose en el examen de los hechos, cuyo minucioso análisis denota sin género de dudas cómo su fin último no era otro que la pretensión, no tanto de una transformación política, sino de sentar las bases precisas (y al precio que fuesen) para el logro de una revolución social[46].

En la persistente reiteración del asesor sobre el matiz diferencial de ambos delitos no es difícil adivinar el doble propósito de agravar las responsabilidades del acusado y sustraer a la jurisdicción civil la instrucción del proceso. Con lo que eso representaba respecto a la aplicación del Código de Justicia Militar de 1888, un cuerpo legal, definido por Melquíades Álvarez como «anacrónico, bárbaro y cruel», que, por citar tan sólo algunas de sus disposiciones, permitía la incomunicación del reo a lo largo de toda la tramitación del sumario; autorizaba la aplicación de la pena en su más amplia extensión, sin atender a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal; abreviaba los plazos de la Defensa para formular su escrito de calificación; exigía al procesado formular, en el acto del Plenario, las pruebas de su exculpación, sin tiempo para recapacitar sobre los cargos que acababa de escuchar; y añadía a la acusación del fiscal otros dos posibles informes inculpatorios, el suyo propio y el del auditor de Guerra, que por emitirse una vez concluido el juicio oral, excluían cualquier posibilidad de ser replicados[47].

Refiriéndose ya al capítulo de los cargos, e intentando conectarlos con su anterior calificación del delito, el dictamen pasaba a referirse a las pruebas documentales, que, en opinión del teniente Gesta, reunían, en sí mismas, evidencias suficientes para incriminar a Ferrer, y probar su responsabilidad en los hechos de autos:

Ved así, como prueba de lo dicho, los documentos unidos a los folios 374 al 383, y advertiréis que la proclama dirigida al Congreso de Librepensadores, de 1892, antes de entrar en detalles sobre la organización del Grupo de los Trescientos, consigna unos ¡vivas! a la revolución y la anarquía. Ved, asimismo, cómo al referirse a dicho grupo y enunciar los datos que deben enviarle a París quienes a él deseen adherirse, fija como fundamental el relativo a los «víveres» (o lo que es igual, a su disponibilidad de dinamita) según consta firmado de su puño y letra. Ved también la forma en que los manifiestos de los folios 177 a 179, sobre los que se ha detenido atentamente el fiscal, son absolutamente revolucionarios, en cuanto que, aun sin aludir a la forma de Gobierno, aseguran que el Clero y el Ejército garantizan los robos y fraudes de los burgueses, mantienen la necesidad de que antes de construir una nueva sociedad importa arrasar la existente, y se deciden para conseguir su objetivo por la completa destrucción del orden político, jurídico y social establecido. Y ved, por fin, el programa adjunto al folio 178, referente a su pretensión de abolir todas las leyes existentes, después de cuya lectura no habréis de necesitar más para discernir el propósito que con sus actos pretendía el procesado[48].

Y tras la referencia a tales documentos, cuya ausencia de contenido inculpatorio ha sido ya analizada con detalle en páginas previas, y sobre los que si en algo hay que insistir es en su obsolescencia y la falta de relación que guardan con los sucesos de autos, el informe del asesor entraba ya en el capítulo de las pruebas testificales referidas a la presunta participación de Ferrer en el alzamiento revolucionario:

Si fijáis ahora vuestra atención en las palabras del procesado, según se deducen de las declaraciones de distintos testigos, obtendréis un resultado análogo al extraído del análisis de las pruebas documentales ya expuestas. Así, a Puig Ventura, Llarch, le dice, tal y como puede apreciarse en el sumario, que no le importa la República sino la revolución, y que debía a empezar a excitarse a las gentes a quemar las iglesias y conventos. Al grupo de jóvenes con los que se encuentra, de vuelta de Premiá, les felicita por sus noticias acerca del desarrollo de los acontecimientos en la capital, y les incita a proseguir la revuelta, advirtiéndoles que es preciso destruir todo para lograr el objetivo previsto. Al alcalde de dicho pueblo, Domingo Casas Llibre, le informa que los incendios se han iniciado ya en Barcelona, al tiempo que le anima a proclamar la República, como si ello constituyera su única obsesión. Y al carpintero Rosendo Gundas, que se encontraba trabajando en su casa, le asegura finalmente que sólo destruyendo lo establecido será posible instaurar un nuevo orden social.

Una postura tan radical como la suya no hace difícil comprender cómo al buscar apoyo en determinados elementos progresistas, a quienes confiaba encontrar propicios a la sedición, tropezase con una amplia repulsa en lugar de con la adhesión que esperaba, bien sea porque intuyendo la naturaleza de sus propósitos temieran ir más allá de sus ideales, o porque no creyeran llegada la ocasión para lanzarse a la lucha. Repulsa por parte de Lorenzo Ardid, que lo expulsó de la Casa del Pueblo. Repulsa de Emiliano Iglesias, y de quienes con él se hallaban reunidos la noche del 26 de julio en la redacción de El Progreso, al negarse a firmar el manifiesto que les presentó. Repulsa de Puig Ventura, presidente del Comité Republicano de Masnou, al oponerse a sus propuestas sobre la conveniencia de incendiar las iglesias. Y repulsa, igualmente, del alcalde de Premiá, que rehusó en los locales de la Fraternidad Republicana, cualquier colaboración con él en sus pretensiones de alterar el orden público[49].

Sin considerar la contradicción que suponía atribuir la jefatura de la rebelión a quien, a la vez, se presentaba como rechazado en sus pretensiones revolucionarias, el informe del asesor insistiría, una vez más, en la calificación de caudillaje mantenida por el fiscal para definir el grado de participación de Ferrer en el alzamiento, apoyándose en las mismas razones sostenidas por aquél de modo arbitrario:

Al fijarse en la responsabilidad del procesado como autor de la rebelión y jefe de la misma, sigue igualmente el fiscal un método claro y preciso, que permite advertir con gran rapidez los cargos que contra él resultan, agrupando en un apartado los que pudiéramos llamar generales, que, aunque faltos de señas concretas, no son insignificantes, ya que cuando se fijan en una sola dirección las manifestaciones de tantos testigos, de tan diversas clases sociales y de tan diferentes procedencias, es porque existe un estado de conciencia, que, relacionando antecedentes con hechos consumados, es capaz de emitir un juicio que, aunque no inapelable, sí resulta digno de tener en cuenta.

Y digo digno de ser considerado, por cuanto recoge en círculos totalmente distintos y sin la menor conexión entre sí, todos esos datos, que, por ausencia de civismo, por excesivo apego a la propia tranquilidad (que pudiera ser perturbada con la repetida presencia ante el juez), e incluso por reprobable cobardía ante la posibilidad de represalias por parte de los allegados a los detenidos, no son presentados como testimonios al Tribunal, pese a que sus conocedores no han tenido inconveniente ninguno en deslizarlos con anterioridad al oído del amigo, el pariente o el correligionario, sabedores de contar con su total reserva.

La Acusación sigue, además, día a día al procesado, acompañando con abundantes pruebas todos y cada una de sus actuaciones delictivas, que le colocan en una situación de caudillo, de impulsor y organizador de los sucesos de julio, con arreglo al concepto exacto que de la palabra «jefe» había anteriormente formulado. Y obligado es reconocer que tan detallado informe traslada la convicción de su culpabilidad incluso al ánimo más predispuesto a favor suyo, máxime si se tiene en cuenta la aportación de los testimonios documentales que le fueron intervenidos, y contra los cuales no pudo realizar impugnación alguna, limitándose sólo a señalar en relación con unos (folios 376 al 383) que eran de fecha muy anterior a los hechos que se persiguen, y con respecto a otros (folios 177 al 179) que no los había suscrito ni tenía constancia de su existencia, aunque sin proponer prueba en contra del reconocimiento pericial sobre las correcciones del programa revolucionario obrante al folio 178, lo que demuestra, sin el menor género de dudas, la tácita aceptación de su responsabilidad[50].

Las afirmaciones del dictamen en este punto continúan siendo tendenciosas, gratuitas y hasta en algunos casos contrarias a derecho, como se deduce de los datos siguientes:

— La admisión como prueba de cargo de los rumores obtenidos en la calle, atribuía a la «vox pópuli» un indudable valor acusatorio. Y esto, que hubiese sido válido en un proceso civil, no lo era, sin embargo, en los de naturaleza política, puesto que la opinión se descompone en ellos necesariamente en las distintas voces de los grupos y partidos en competencia.

— Al aludir al término «jefe», se apoyaba no en el artículo 247 del Código, en que se halla tipificado, sino en la definición que del mismo había dado el fiscal, lo que resulta contrario a su misión informadora, e imperdonable en quien ha de conocer el significado exacto de cada concepto.

— La fecha consignada en una prueba documental puede restarle en muchos casos su valor de cargo, máxime si, como sucede en esta ocasión, demuestra su falta de vinculación con los hechos que son objeto de litigio.

— Al asegurar que la falta de alegatos contra el reconocimiento pericial de las correcciones del documento intervenido a Ferrer (recogido en el folio 178) suponía la aceptación de su resultado, asentaba un gratuito principio jurídico, ya que no existe texto ni cita legal alguna que consagre esa tesis.

Ajeno a cualquiera de estas valoraciones, el informe del asesor continuaba el detalle de las responsabilidades del reo, añadiendo a las propiamente penales, aquellas otras de carácter civil que le correspondían por los daños ocasionados durante la revuelta:

Consigna el Código de Justicia Militar, en su art. 219, que toda persona responsable criminalmente de un delito lo es asimismo civilmente, con sujeción a los preceptos del Código Penal ordinario. Y aun cuando su articulado referente al procedimiento a seguir durante sus deliberaciones por el Consejo de Guerra, guarda silencio sobre el particular, creemos que, como norma adjetiva, procesal, y complementaria, debe tenerse en cuenta al fallar sobre las responsabilidades civiles lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esto es, que hay que resolver en la sentencia todas aquellas que han sido objeto del juicio.

Pero se plantea un problema. Y es que, como ha señalado el fiscal, existe una plena imposibilidad material para señalar, hoy por hoy, la cantidad líquida a que esa responsabilidad asciende, siendo además muy probable que tarde aún mucho tiempo en averiguarse ya que las distintas causas particulares que se siguen por cada uno de los incendios, saqueos, y daños producidos en las vías férreas y telegráficas (dado el abundante número de acusados en cada una de ellas, y las exigencias de trámite derivadas de su propia naturaleza) encuentran un obstáculo respecto a la rapidez que caracteriza a los juicios y procedimientos militares.

Cierto que existe una sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de 24 de enero de 1885, en la que se declara que es recurrible en casación el fallo que, basándose en la falta de la cuantía de los perjuicios inferidos por el delincuente, se limita a reservar el derecho que corresponde al perjudicado, para que, justificando debidamente su importe, pueda luego reclamarlo del reo. Pero no es dicha sentencia la que nos resuelve el caso que juzgamos, en cuanto que si aquí no consta, es porque existe por el momento una invencible dificultad para estimar los daños materiales ocasionados, aparte de que tampoco la Acusación solicita este posterior derecho a reclamar sino que pide que sea el Consejo de Guerra, aquí reunido, el que falle al respecto.

Para salvar tal tropiezo, no conoce este asesor disposición legal alguna exactamente aplicable, ya que nos encontramos ante uno de tantos casos imprevistos por la Ley. Pero sí debe, en cambio, recordaros cómo el Código Civil, en su art. 6, mantiene que «el Tribunal que rehusare fallar a pretexto de silencio, oscuridad, o insuficiencia de las leyes incurrirá en responsabilidad», y que «en los supuestos en que no exista ley referida al punto controvertido se aplicará siempre la costumbre del lugar, y, en defecto de ella, los principios generales del Derecho».

Y como principio básico de derecho es que todo causante de un daño debe indemnizar los perjuicios que ocasiona, entiendo que, antes que dejar incumplidos los arts. 219 del Código de Justicia Militar, 18 al 21, y 121 al 128, del Penal, y 6, del Civil, corresponde aceptar la fórmula propuesta por este último, o sea, condenarle al pago de los daños y perjuicios producto de los incendios, asaltos, saqueos, deterioro de las vías de comunicación, y otros desórdenes públicos, quedando así todos sus bienes afectos al pago de las cantidades en que, en su momento, resulte justipreciado cada uno de ellos. Y ello porque no sería tampoco legal ni equitativo dejar suspendida la exacción de la responsabilidad criminal en un proceso tan importante como el que nos ocupa hasta el plazo indefinido en que pudiera cuantificarse la civil[51].

Como en párrafos anteriores, vuelve el teniente Gesta a reincidir en su particular lectura de las leyes, orientada siempre en contra del procesado, y cuya corrección resulta imprescindible en aquellos puntos falseados en el dictamen:

— La sentencia de 24 de enero de 1885 citada en el informe sí resuelve el presente caso, en cuanto que fija taxativamente que no puede dejarse indeterminada en el fallo la cuantía de la indemnización resultante del hecho causado.

— Respecto a la dificultad de fijar los daños materiales derivados de la insurección, no es invencible (salvo que se pretenda dictar apresuradamente el fallo), y únicamente requiere el tiempo necesario para su evaluación definitiva.

— Se da, además, la extraña circunstancia de que el fiscal solicita del Consejo de Guerra que sentencie contra la ley de aplazamiento de las responsabilidades civiles de Ferrer, invocada ahora, en cambio, por el asesor en su informe.

— De acuerdo con el principio jurídico «nulla pena sine lege», es evidente que cuando no existe norma legal aplicable a un hecho, no puede ser este conceptuado como delito.

— La aplicación, en ausencia de ley, de la costumbre del lugar y los principios generales de Derecho, si bien es válida en procesos civiles, carece de firmeza en las causas penales.

— Al sujetar todos los bienes del procesado al cumplimiento de una responsabilidad aplazada, se ignora el artículo 742 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina cómo el destino de aquéllos debe venir resuelto ya en el fallo.

Aunque se escape ya del marco de este estudio, conviene recordar que el embargo de los bienes de Ferrer recogido en la sentencia, fue levantado dos años después de su ejecución, en diciembre de 1911, por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, al no encontrar en ninguno de los sumarios instruidos a causa de la Semana Trágica pruebas que demostrasen que los implicados en ellos actuaran bajo las órdenes de aquél, ni antes, ni durante los sucesos recogidos en autos.

Pero esa ausencia de responsabilidad no la conocía aún el teniente Gesta (o si la sospechaba, prefería ignorarla), quien, en la línea incriminatoria a la que venía ajustándose, dedicaba el siguiente apartado de su dictamen a descalificar el escrito del abogado defensor, capitan Galcerán, ausente, por cierto, reglamentariamente en este trámite, e incapaz por tanto para darle cualquier posible réplica:

Examinando ahora el escrito del defensor, y aun teniendo presente la libertad que debe otorgarse al amparo de los procesados, considera el que suscribe que no puede nunca llegar la Defensa a la falsedad, a la mentira ni a la calumnia, extremos todos advertibles en el mismo. Un informe, que, si lo recordáis, empieza diciendo que se han unido al proceso cuantas denuncias y anónimos pudiesen perjudicar a su defendido, afirmación absolutamente falsa, para cuya demostración basta pasar la vista por los autos, comprobando su inexistencia, por cuanto las declaraciones de los testigos no pueden entenderse como tales.

Incurre asimismo el defensor en otra inexactitud, que cuando menos hay que calificar de imprudente, cual es la de afirmar que han declarado en la causa todos los enemigos de Ferrer, cuando lo menos que podía haber hecho, de ser verdad su escrito, era señalar uno por uno quiénes eran tales enemigos y aun recusarlos probando tal enemistad. Mas al no haber procedido así, no sólo nos autoriza para desestimar su afirmación, sino también para reprobar una forma de defensa dirigida única y exclusivamente a la galería, e ilícita, por tanto, como arma de mala ley.

En cuanto que no se haya tomado declaración a Soledad Villafranca y demás firmantes de la carta que obra en el sumario dirigida al juez instructor, ¿creéis que ni por Ferrer ni por nadie es posible faltar a la ley? ¿No tuvieron dichos señores veintiocho días de margen antes de la elevación del proceso a Plenario, que pudieron utilizar con más resultado? Y respecto a que se les haya desterrado para que no declaren, es cosa que necesitaba probar, demostrando que su extrañamiento fue en fecha posterior a aquella en la que el presente sumario se hubiese ya incoado. Por más que, aun siendo así, tampoco demostraría que fuese tal la intención de la Autoridad que los extrañó, dado que, aunque estuvieran ausentes, es de todos sabido que podían declarar por exhorto.

En relación con los testimonios extranjeros, él mismo nos dice lo acertadamente que ha procedido el juez al negar la prueba, ya que si de lo que iban a hablarnos era de las ideas, las intenciones, y los propósitos de Ferrer, aun suponiendo sus declaraciones desapasionadas, resultarían inútiles, habida cuenta de que, residiendo en el extranjero y no habiendo estado aquí en la época de los sucesos, mal podían esclarecer éstos, que es el fin último perseguido en la causa.

Respecto a lo que asegura sobre los elementos reaccionarios y las clases conservadoras, es a ellos a quienes la Defensa debiera explicárselo en lugar de al Consejo de Guerra. E igualmente merece una protesta su afirmación de que hayan podido influir en su proceso, puesto que ni en él se hace ninguna referencia a la Escuela Moderna y sus publicaciones, ni tampoco el fiscal las cita ni una sola vez en su escrito.

Y, si por otro lado, creía conveniente haber traído a los autos la sentencia recaída en la causa por el atentado de Morral, ¿por qué no la reclamó durante la lectura de los cargos? Posiblemente, porque ello no hubiera impedido sacar las oportunas deducciones de los documentos aportados a este proceso incautados en los diferentes registros practicados en el domicilio de Ferrer, ya que la excepción de cosa juzgada respecto al delito sobre el que recae, en nada afecta a otros en cuyo fallo no ha influido, con lo que si tal sentencia demostrase que no había tomado parte en el atentado de la calle Mayor de Madrid, no daría, en cambio, patente de legalidad a los citados documentos, que ni siquiera él se atreve a asegurar que fueran presentados ante el Tribunal de Madrid.

De la conducta del Partido Radical, no es, asimismo, extraño que se lamente el defensor, pues, dejando aislado a su defendido (como se prueba en las declaraciones de Doménech y Puig Ventura), es lógico que merezca sus antipatías, tanto por no haber secundado sus planes revolucionarios, como porque, gracias a dicho aislamiento, ha podido la acción judicial alcanzar felizmente el pleno cumplimiento de la misión que le incumbía.

Dice igualmente la Defensa que tiene a disposición del Tribunal documentos que prueban la inocencia de su patrocinado, pero lo cierto es que ni los ha presentado, ni el Consejo de Guerra los hubiera admitido, ya que el Código de Justicia Militar señala claramente el momento en que la representación del procesado puede proponer la prueba que le interese, que no es otro que el de la lectura de los cargos. Y si entonces, que es cuando hubiera debido el defensor pedir la unión de tales documentos a los autos, no lo hizo, es porque no tendría confianza en su eficacia.

Afirma también que no han querido escucharse las opiniones de importantes filósofos, mientras se ha oído, por el contrario, a «asalariados», del tipo del Esmolet o el Manquet. Y yo pregunto: ¿asalariados de quién? ¿Acaso de la Autoridad judicial que ordenó este proceso? Si es eso lo que ha querido decir, sobre negar tal afirmación, llamo la atención sobre la misma al Tribunal para que adopte las medidas pertinentes al caso. Y en el raro supuesto de no ser así, ¿de quién entonces? No lo dice el defensor. Y ciertamente que no yerra al callarse, porque con el mismo derecho con que pudiera hacerlos depender de aquélla, podríamos nosotros suponer que lo fuesen del propio procesado. Aparte, de que si repasáis con atención la causa, habréis podido observar cómo ninguno de los dos han testimoniado en el sumario.

Finalmente, y en lo que se refiere al valor de las declaraciones de los testigos, no emplea ningún argumento que pueda disminuir el contraste de las mismas, pues cuanto sobre este asunto asegura no lo prueba, y por tanto no puede considerarse sino como un desahogo de su temperamento agresivo, a juzgar por el tono intemperante de todo su escrito[52].

Varios son los extremos erróneos advertibles en esta argumentación del dictamen, que desvirtúan la naturaleza de los autos, y vuelven a orientar al Tribunal en una dirección interesada. Enumerados en el mismo orden en que los cita el asesor, serían los siguientes:

— Como denuncias y anónimos hay que entender tanto las veladas acusaciones del Comité de Defensa Social como los sueltos y los editoriales de La Época, El Siglo Futuro, y otros diarios y publicaciones de signo fundamentalista.

— El destierro de Soledad Villafranca y de los más allegados colaboradores de Ferrer tuvo lugar el 20 de agosto, es decir, tres fechas después de que la autoridad judicial dictase el auto que disponía su búsqueda y captura.

— La colaboración testifical ofrecida al juez por los pensadores extranjeros aludidos (de quienes se afirma que no estuvieron en Barcelona durante la rebelión, sin caer en la cuenta de que tampoco estuvo el fiscal del Supremo, Sr. Ugarte) reducíase a presentar ciertas cartas que liberaban de responsabilidades al reo.

— Considerando que en el momento fugaz de la lectura de los cargos no conocía el defensor acerca del sumario más que lo que le revelaba el juez, es lógico pensar que difícilmente podría haberse percatado de la oportunidad de reclamar una sentencia (como la de Morral) dictada dos años antes.

Sin entrar en la valoración de estas elementales consideraciones, pasaba el teniente Gesta a abordar la participación directa de Ferrer en los sucesos de julio, insistiendo una vez más en su condición de impulsor, jefe y máximo responsable de los mismos:

Fijaos, ante todo, cómo el testigo Francisco Colldefons os dice que el día 27 vio a Ferrer capitaneando un grupo de revoltosos en las Ramblas, frente al Liceo, y considerad que no por ser un solo testigo deja de constituir el suyo un testimonio de prueba, dado que ésta no se encuentra tasada en su apreciación por los Tribunales. Aparte, de que su veracidad de lo que declara se deduce de sus propias palabras, pues, aunque no conocía al acusado, viose obligado a fijarse en él al advertir cómo le señalaba la gente reunida en aquel lugar, con lo que no encontraría después dificultad ninguna (según consta en el folio 493) para reconocerlo por tres veces en rueda de presos. Tenemos, pues, ya con su declaración, un hecho material que nos remite a su jefatura: el de capitanear un grupo de rebeldes, apareciendo en todo momento como caudillo, organizador, responsable y cabeza máxima del alzamiento.

Que buscó a la gente e impulsó a los demás, lo prueban, de otro lado, las declaraciones de Doménech, Puig Ventura, Casas Llibre y Álvarez Espinosa. Los dos primeros nos lo presentan buscando colaboradores que lo secundaran, y de ahí sus visitas a la redacción de El Progreso, en la noche del lunes 26. Y los dos últimos, junto con otros muchos testigos, atestiguan el modo en que impulsó al alcalde de Premiá para que proclamase la República desde el Ayuntamiento.

En cuanto al señalamiento de los propósitos de la rebelión, además de lo que resulta de los documentos obrantes en los folios 177 al 179, ved que tanto a Puig Ventura como a Casas Llibre les dice que hay que quemar los conventos e iglesias por encima de todo. Y de esta forma, si bien es cierto que la República no llegó afortunadamente a proclamarse, no lo es menos que, gracias a las sugerencias de Ferrer, fueron muy numerosos los edificios religiosos incendiados, destruidos y víctimas del saqueo.

Por lo que se refiere a que ha procurado medios para la rebelión, os lo confirman, aparte de esas partidas que aparecieron en Masnou y Premiá, de las que os hablan varios testigos, lo ocurrido en el primero de dichos pueblos, en el que hubo quien arengó a la multitud en nombre de Ferrer, así como las declaraciones del coronel y el capitán ayudante del Regimiento de Dragones de Santiago, que, asimismo, figuran en el sumario.

Se burla el defensor tratando de quitar fuerza a tales testimonios, por cuanto aquéllos no detuvieron a los cacheados (a los que encontraron varios revólveres) para que reconociesen al procesado, sin darse cuenta de que esto, que parece un hecho de gran importancia, carece de ella con solo fijarse un poco. Tened presente que tanto el coronel como su ayudante no se percataron de tal extremo hasta el momento de practicar en el cuartel la diligencia de investigación de los soldados que prestaban servicio en la plaza de Antonio López la tarde del 26 de julio, y hablar éstos de un señor con traje azul y sombrero de paja que les había llamado la atención por su protagonismo. Y en estas condiciones, es decir, habiendo tenido lugar la citada diligencia el 25 de septiembre, ¿cómo iban a encontrar a aquellos individuos a los que habían cacheado nada menos que dos meses antes?[53].

Todos los extremos apuntados en este párrafo del informe han sido ya analizados en páginas anteriores. Pero la gratuidad con que están formulados, su intento de deformar la naturaleza de los hechos y el carácter tendencioso que se percibe en todos sus argumentos, obligan a añadir algunas nuevas precisiones a las ya expuestas:

— Aunque admitido ya en nuestro ordenamiento jurídico como prueba de cargo, el testimonio único mantiene siempre subyacente el recelo y la reserva propios de toda afirmación no confirmada, y sujeta, por exclusiva, a confusión, inexactitud o error.

— El testigo Francisco Colldefons parece, como ya se ha dicho en varias ocasiones, legalmente recusable, si se tiene en cuenta su doble condición de adversario político y religioso del acusado, a la vez que falto de precisión y fidelidad en la apreciación de los hechos objetos de su denuncia.

— Quedó demostrado documentalmente que el 27 de julio, las fuerzas del orden tenían controladas las Ramblas, lo que implica la imposibilidad material de que los rebeldes pudiesen circular por ellas, y, menos aún, agrupados.

— Aun en el caso de haber podido confirmarse la declaración del citado testigo, es obligado reconocer que el hecho de encabezar un grupo de alborotadores no supone ser el máximo responsable de nada menos que una rebelión.

— Ni uno solo de los declarantes que depusieron en la causa pudo asegurar que Ferrer se presentase ante ellos como el jefe del alzamiento, ni menos aún que les solicitase que actuasen a sus órdenes con el propósito de extender la revuelta.

— Según todos los testimonios obrantes en el proceso, el acusado se limitó a sugerir al alcalde de Premiá que proclamara la República en el pueblo, sin impulsar a nadie para que participase en cualquiera de las acciones delictivas que con posterioridad se perpetraron en dicha localidad.

— Hallándose, además, el alcalde Casas Llibre legalmente autorizado para proceder dentro del término de su municipio contra quienes pudieran suponer un peligro para la convivencia ciudadana o amenazar la perturbación del orden público, no se comprende, caso de ser ciertas las propuestas de Ferrer para agitar a la población, que no procediera a detenerle inmediatamente.

— El procesado no sugirió a las autoridades de Premiá que incendiasen iglesias y conventos, y negó en todo momento que se lo hubiese propuesto a Puig Ventura, por más que éste sostuviera en sus declaraciones y careos lo contrario.

— Varios de los atentados acaecidos en la localidad se produjeron el martes 27 de julio, es decir, un día antes de que Ferrer llegase, con lo que difícilmente pudo inducirlos.

— Al referirse a las partidas de revoltosos que pudieron verse en Premiá, tanto Vicente Puig Pons, como Salvador Millet y Esteban Puigdemont, deponentes sobre el particular, no hacen sino repetir los rumores que escucharon o creyeron oír durante el transcurso de aquellas jornadas.

— Para entender como válido el último testimonio de los oficiales del Regimiento de Dragones de Santiago, habría que partir de la certeza, nunca demostrada, de que el hombre del traje azul y el sombrero de paja era realmente Ferrer.

El informe del teniente Gesta concluía, en consonancia con todo lo apuntado, elevando al Tribunal, en forma de «consejo», la definitiva calificación del delito juzgado y la pena que, de acuerdo con el Código de Justicia Militar, correspondía al mismo:

Por todo lo expuesto y como resumen de lo dicho, entiende preciso aconsejar al Tribunal lo siguiente:

Que declare constituyen los hechos perseguidos en esta causa un delito consumado de rebelión militar, perfectamente definido en el artículo 237 del Código de Justicia Militar.

Que considere responsable del mismo, en concepto de autor y como jefe de la rebelión, al acusado Francisco Ferrer i Guardia, con todas las circunstancias agravantes expresadas en el artículo 173 de dicho cuerpo legislativo.

Que, con arreglo al artículo 238 del propio Código, se le imponga la pena de muerte, con la accesoria, en caso de indulto, de inhabilitación absoluta perpetua, a más de las responsabilidades civiles que hubiese contraído[54].

Pese a no haber trascendido noticia alguna sobre el desarrollo de las deliberaciones del Consejo de Guerra, todo hace pensar (y así vendrían a confirmarlo luego tanto la brevedad de la sesión como la unanimidad de todos sus miembros a la hora de emitir la sentencia), que apenas si existieron diferencias notables en el seno de aquél en lo relativo a decidir la responsabilidad penal del acusado. Y no parece probable tampoco que ninguno de ellos protestase de las condiciones nada favorables en las que tuvieron que estudiar el sumario:

— Sus decisiones debieron de verse influidas, siquiera fuese de forma inconsciente, por el clima de opinión creado alrededor del acusado, que insistía en reiterar sus ataques hacia valores tan estimables para ellos como el militarismo, el orden establecido, la autoridad y la Corona.

— Hasta el instante de iniciarse el juicio oral, desconocían el contenido del sumario, del que, además, únicamente contaron con un ejemplar para todos ellos a la hora de retirarse a deliberar.

— Hubieron de atender la lectura del apuntamiento en condiciones de precaria audición, como lo demuestra el hecho de que el propio Ferrer tuviera en varias ocasiones que pedir al relator que alzara la voz para poder oírle.

— Lo que escucharon no fue, además, la relación de todas las diligencias practicadas durante el proceso, sino una abreviada selección que de las mismas realizó el comandante Raso, en el sentido que anteriormente se ha expuesto.

— Se habían visto faltos de la prueba testifical, al no haber visto, escuchado, ni podido interrogar personalmente a ninguno de los testigos, careciendo así de elementos de juicio tan importantes como la palabra, el gesto y la mayor o menor seguridad observada en quienes declaran en la vista.

— La división de los 616 folios del sumario entre las cuatro horas y media en que estuvieron reunidos da un promedio de veinte segundos por folio, y ello en el caso de que se limitasen a leerlos sin comentar ni debatir su contenido.

— El único apoyo legal con que contaron fue el dictamen del asesor, que, además de rebatir los alegatos de la Defensa sin contrarréplica posible, desnaturalizaba, deliberadamente, en muchos casos, el auténtico espíritu de los autos.

— En todas las causas tramitadas durante la Semana Trágica, los diferentes Consejos de Guerra encargados de juzgarlas, habían siempre dictado sentencia conforme a los informes del Ministerio fiscal y del asesor correspondiente.

Ninguno de estos obstáculos podía, sin embargo, sustraerles de fallar la causa. Era su deber hacerlo. Y así, a las seis de la tarde, emitieron unánimemente su fallo, que, si bien falto de fundamento por carecer de resultandos (extremo este aceptado en las sentencias dictadas por tribunales militares), tipificaba el delito, e imponía, en consecuencia, al procesado la pena de muerte, a través de un oficio que trasladaba casi textualmente la recomendación del asesor, al que añadía la enumeración pormenorizada de los daños producidos por la rebelión (incendios, saqueos, destrucción de vías de comunicación, voladura de puentes, asaltos a comisarías y comercios de armas, quema de tranvías y destrozos en el mobiliario urbano), al tiempo que dictaba el mantenimiento del embargo de todos sus bienes, con los que hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de la Semana Trágica. Responsabilidades, por cierto, que al no ser mancomunadas, convertían a Ferrer en jefe máximo del alzamiento[55].

El documento, que apoyaba su veredicto en el examen y la consideración de los artículos 173, 188, 219, 237, 238 y 242 del Código de Justicia Militar; 11, 13, 18 al 21 y 121 al 128 del Código Penal ordinario; los concordantes de ambos cuerpos legislativos; y la Ley de 17 de enero de 1901, llevaba infrascritas las firmas del teniente coronel Eduardo Aguirre de la Calle, y los capitanes Pompeyo Martí, Sebastián Carreras, Marcelino Díaz, Aniceto García, Manuel de Llanos y Julio López (presidente y vocales, respectivamente, del Consejo de Guerra), y fue cursado con carácter de urgencia a la Sección de Justicia de Capitanía General, a las seis y media de la tarde, apenas unos pocos minutos después de haber sido emitido.

Con la celeridad ya habitual en todos los trámites del proceso, los siete miembros del Tribunal habían tardado ocho horas, contadas en tiempo real, en deliberar y emitir la sentencia, que sería firme una vez aprobada por el capitán general de Cataluña, oído el dictamen que sobre la misma debía emitir el auditor de Guerra. Pero si en su sanción última todavía le quedaba a la causa un breve tramo por recorrer, en su fase procesal el fallo del Consejo había puesto fin al enjuiciamiento de Ferrer, a quien no restaba ya ningún tipo de recurso, y cerraba un caso judicial, que, únicamente teniendo en cuenta la falta de garantías que la ley marcial autorizaba, era posible entender en un ordenamiento jurídico civilizado. Y como tal sería denunciado en todas las instancias judiciales europeas, que responsabilizaron a la Justicia militar española de actuar de espaldas a la legalidad, haciendo retornar al país, como se ocupó de reseñar The Times, a los días «más oscuros, patéticos, y tenebrosos de la Inquisición»[56].

Y es que si algo queda claro del recuento de la vista pública, la deliberación del Tribunal y la sentencia, es que Ferrer no dispuso de un juicio justo y que su ejecución no obedeció a los cargos que se le imputaban, faltos de fuerza probatoria, sino a una decisión política dirigida a concentrar en, quien se entendía como un enemigo del Estado, todas las responsabilidades deducidas de unos sucesos que tan seriamente lo habían amenazado. Y con la que también saldaba, de paso, anteriores actuaciones del acusado, de las que, como el intento de magnicido de la calle Mayor de Madrid, la sociedad no lo había absuelto moralmente. Por todo lo cual hay que entender su muerte como el perseguido resarcimiento de viejas cuentas pendientes, o, lo que es igual, como una revancha.

De la certeza de su inocencia terminarían dando fe, en muy pocos meses, las mismas instancias judiciales que habían hecho posible su condena. Así, el comandante Llivina, instructor de la Causa general, de la que fue separada la pieza instruida a Ferrer, declararía el 4 de marzo de 1910, fecha en que se concluyó aquélla, que «no puede este juez, por menos, que consignar su desencanto ante el hecho de que las múltiples investigaciones practicadas no hayan llevado a la depuración de las responsabilidades pretendidas». El auditor, general Ramón Pastor, que, como se verá en las páginas que siguen, contribuyó de forma decisiva a la confirmación de la sentencia, se lamentó, en esa misma ocasión, de que «la empresa de descubrir a los directores y organizadores del movimiento revolucionario no había sido coronada por el éxito»[57]. Y, finalmente, el Consejo Supremo de Guerra decidía levantar, en diciembre de 1911, el embargo de sus bienes al no hallar constancia en ninguna de las centenares de causas incoadas de resultas de la Semana Trágica, de que ni uno solo de los procesados hubiera actuado bajo su mando.

Pero ninguna de esas evidencias iban a cambiar el destino del director de la Escuela Moderna, que en esos momentos, aferrado al último hilo de esperanza al que todavía podía asirse, el de la fe en su inocencia, cursaba al director del diario republicano francés L'Humanité un telegrama, en el que le expresaba su confianza en ser absuelto y puesto en libertad, al tiempo que le manifestaba textualmente la seguridad que tenía de que «ni el Estado, ni la Iglesia, ni los enemigos de la Escuela Moderna podrían ser capaces de contrarrestar el inmenso peso de la Justicia»[58].

XIII

La aprobación del fallo

Llegada la misma tarde del día 9 la sentencia a manos del capitán general de la IV Región, a quien correspondía reglamentariamente la facultad de sancionarla o devolverla, por el contrario, al Consejo de Guerra en caso de desacuerdo con ella, procedió el general De Santiago a cumplir el trámite preceptivo de remitirla a su auditor, recabando de él el correspondiente dictamen sobre el fallo, a través de un breve oficio, que, fechado ese día, y con sello de Capitanía, decía:

Pásese al Excmo. Sr. auditor de Guerra para su dictamen la presente causa, que consta de 616 folios, repartidos en dos piezas, y viene remitido por el juez instructor de esta Capitanía, comandante don Valerio Raso Negrini[59].

Pese a que el perfil del auditor, general Ramón Pastor, pueda resultar ya familiar, a poco interés que se haya puesto en la lectura del proceso, no está de más insistir en algunos de sus más acusados rasgos característicos, y añadir otros, que alumbran fundadas sospechas acerca de su independencia, y siembran dudas sobre la ecuanimidad obligada al informe que en esta ocasión se le pedía. Militar extremadamente conservador, y de una religiosidad manifiesta, era por todos conocida su identificación ideológica con el Comité de Defensa Social, que, como es sabido, agrupaba a más de medio centenar de agrupaciones católicas de Barcelona, y su segura adhesión a cualquier causa que defendiera, avalase o protegiera los intereses de la Iglesia, lo que motivaría, ocupando el general Weyler la cartera de Guerra, su traslado forzoso de Valladolid a Burgos, a modo de corrección, por considerársele impulsor de la llamada Asociación Reparadora del Ejército, que nació con el extraño propósito de inducir a los militares a extremar sus prácticas y manifestaciones religiosas.

Si a ello se suma la mezcla de dureza y arbitrariedad que singularizaba a sus dictámenes, en varios de los cuales rectificaría, agravándolas, las sentencias de los Consejos de Guerra que las habían dictado; su fácil acomodación a las consignas recibidas de Capitanía General; y la proximidad ideológica que siempre dejó traslucir respecto al signo autoritarista del Gobierno Maura, no resulta extraño que, en sus manos, el caso Ferrer inspirase serios recelos entre aquellos que intuían que aquél pudiera estar siendo objeto de un enjuiciamiento amañado y tendencioso[60].

Y ciertamente, el general Pastor no iba en esta ocasión a tardar en convencer a quienes cuestionaban tanto su fundamentalismo como su forma de interpretar el Derecho. Tan sólo el tiempo preciso para que llegara a conocerse el contenido de su informe, en el que las continuas referencias a la memoria histórica, los cargos desproporcionados, las pruebas inconsistentes, y sobre todo los juicios de valor gratuitos, convirtieron en casi una anécdota el arbitrario desglose del proceso que había recomendado al capitán general sólo unas semanas antes.

El dictamen en cuestión[61], que, por su extensión y las pocas horas mediadas entre el fallo del Consejo de Guerra y su aprobación por el capitán general, hace presumir que estuviese redactado antes de conocerse la sentencia, comienza con un minucioso perfil biográfico del procesado, resultante del examen de los más de 50 legajos, en los que el juez instructor, comandante Raso repartió las cartas y documentos confiscados en los registros efectuados en su finca de Mas Germinal:

El documento más antiguo que en ellos figura es una carta fechada el 22 de junio de 1880, que hace referencia a la misión confiada entonces al acusado por Ruiz Zorrilla, emigrado a la sazón en Ginebra, de introducir en España la correspondencia que dicho político sostenía con sus adeptos, así como los manifiestos, paquetes y encargos que se le confiaban, y que Ferrer cuidaba de hacer que llegasen a su destino. Labor facilitada por el hecho de hallarse éste empleado entonces en la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Barcelona, donde hacía el recorrido, como revisor de billetes, desde la Ciudad Condal a la frontera.

También se le confiaron algunas gestiones de interés en el movimiento revolucionario que por aquella época se preparaba en Santa Coloma de Farnés, y con tal inteligencia, interés y celo trabajó el acusado por la causa republicana que Ruiz Zorrilla lo consideraba como uno de los mejores y fieles amigos, expresándole en algunas cartas que con algunos hombres de su talla, ya habría triunfado la República.

De esta suerte continuó hasta mayo de 1883, en que renunció a su destino, y se instaló en París, relacionándose esta decisión con el levantamiento de Santa Coloma, en el que tuvo alguna influencia; con ciertas desavenencias conyugales que le llevaron a la separación de su esposa, que le dispararía posteriormente tres tiros; y con un robo, realizado supuestamente bajo su inspiración, en la línea de Barcelona a Gerona, a un sacerdote que viajaba en el tren provisto de dinero.

Protegido tanto por Ruiz Zorrilla como por la colonia de emigrados españoles, estableció en París una tienda de vinos, y se dedicó a dar lecciones, mientras trabajaba activamente por la causa de la revolución. Sostuvo una intensa correspondencia con diferentes personalidades republicanas, constando que los más fogosos e impacientes de entre ellos se dirigían a Ferrer para que influyera en el ánimo del líder del partido y lograse de él que, sin admitir componendas con otros sectores del republicanismo, caminase decididamente hacia una revolución franca y abierta.

Es de notar que, a partir de marzo de 1883, una gran mayoría de las cartas recibidas por Ferrer no se le dirigen ya a su nombre, sino al de Cero, que es la contraseña que había adoptado para sus trabajos de conspiración, y con la que firmó el célebre Manifiesto de los Trescientos. Nombre simbólico, que constituye por sí sólo un rasgo muy destacado de su personalidad: la de querer ser siempre el más avanzado, pero pretendiendo al mismo tiempo mantener su identidad en la sombra. Y por ello, pese a haber sido uno de los más destacados revolucionarios españoles, nunca ha ostentado ninguna jefatura. Y así, cuando Odón de Buen reclama su firma en el pliego de aceptación de la candidatura de Salmerón como jefe único del partido, se niega a ello y recaba su libertad de acción para continuar trabajando oscuramente.

Así siguió Ferrer sus tareas conspirativas, junto a Ruiz Zorrilla, cuyo afecto logró conquistar hasta el extremo de convertirse en su secretario, e intervino, como tal, en la preparación de todas las intentonas y sublevaciones revolucionarias surgidas durante esos años en España, desde la de Asensio Vega, en Badajoz, hasta la del capitán Casero, en Madrid.

Llegado el año 1892, obtuvo Ferrer la representación de diversos Centros republicanos, librepensadores y socialistas nacionales y extranjeros, asistiendo como delegado de tales entidades al Congreso del Libre Pensamiento, celebrado en Madrid, en el que su figura adquirió una singular relevancia como estandarte revolucionario, gracias al discurso libertario que en él pronunció.

En dicho Congreso, conoció a Alejandro Lerroux, redactor entonces de El País, y, adivinando en el joven periodista un temperamento similar al suyo, trabó con él rápida y fraternal amistad. Amistad e inteligencia política que han perdurado hasta fechas muy recientes, como lo demuestra el hecho de que encontrándose en el balneario de Amelie-les-Bains durante el verano pasado, en compañía de Soledad Villafranca, Malato, Anselmo Lorenzo y otros anarquistas, invitó al líder republicano a que enviase allí a su mujer y su hijo, creyendo que su estancia en tal lugar les resultaría más grata que en su finca Mas Germinal, en Mongat, que ya con anterioridad había puesto a disposición de la familia.

Ferrer puso a Lerroux en relación con Ruiz Zorrilla, pero, a pesar de que ambos aceptaban su jefatura, ni uno ni otro se mostraban satisfechos con la dirección que aquél imprimía al partido, como lo prueba el hecho de que, pareciéndole a Ferrer poco enérgico su Programa, por estimar que se limitaba a proclamar la revolución política sin hacer referencia a la social, redactó en colaboración con su nuevo amigo la circular en la que se inserta la proclama lerrouxista a los «republicanos de corazón», incitándoles enérgicamente a la revolución, y a la formación de un grupo de 300 hombres dispuestos a dar su vida por aquélla, figurando a la cabeza de todos la ya conocida firma de Cero. Este grupo fue el que durante el espacio de tiempo que media entre 1892 y la muerte de Ruiz Zorrilla, sostuvo el fuego de la conspiración entre los elementos más avanzados del Partido Republicano.

Muerto Ruiz Zorrilla en 1895, y viéndose los revoltosos en la necesidad de buscar otro jefe, se dirigió el acusado a Lerroux, proponiéndole que aceptase ese liderazgo, si bien este declinaría tal ofrecimiento, aunque estuviese de acuerdo con Ferrer en la conveniencia de empezar a formar revolucionarios, y convencer simultáneamente al pueblo de que era posible vivir sin Ley, sin propiedad, sin Dios y sin Estado.

Viendo que los años transcurrían sin que la ansiada revolución triunfase, y aleccionado Ferrer por la experiencia de que los movimientos insurreccionales de Santa Coloma, de Badajoz, del general Villacampa, y de Casado eran otros tantos fracasos, varió por completo de rumbo por creer que en España era inútil fomentar revoluciones, ya que antes era preciso crear revolucionarios. Y para conseguirlo, se hacía indispensable educar a la juventud, desterrar de su cerebro cualquier idea de religión, propiedad y familia, y, una vez así preparada, aguardar la primera ocasión en que lanzarla a la calle para hacer posible la revolución social[62].

Siguiendo paso a paso la biografía de Ferrer, en un relato plagado de imprecisiones y ajeno a los hechos que se estaban enjuiciando, a los que no se referiría en los primeros trece folios de su informe y guiado por la eficacia que entendía pudiera tener el resaltar el perfil revolucionario del procesado, pasaba a continuación el auditor a analizar la naturaleza de la Escuela Moderna, en cuyo sistema pedagógico iba a pretender ver el germen de la Semana Trágica:

La empresa era ardua y difícil, pero el acusado le dedicó toda su incansable energía, y precisando en primer término dinero para poder hacer su proyecto viable, emprendió la conquista de una de sus discípulas, la señorita Ernestina Meunier, con el afán de obtener de ella, rica como era, los fondos necesarios para la consecución de su ideal revolucionario.

Tras someterla durante seis años a un continuo ejercicio de fascinación, fue Ferrer poco a poco socavando sus convicciones de católica convencida, en un intento por ganarla para la causa ácrata. Y si bien nunca llegó a lograr su total conversión al anarquismo, sí consiguió al menos arrancarle, invocando conceptos de filantropía y protección para los desvalidos, la concesión de una renta anual de diez mil francos, con que sostener una Escuela Asilo, que habría de realizar, pasado el tiempo, una labor diametralmente opuesta a la prevista por su inconsciente protectora.

Obtenido el dinero, era preciso, sin embargo, imprimir a los estudios de la Escuela una dirección adecuada, a fin de formar una juventud revolucionaria, y para ello pensó Ferrer en Clemencia Jacquinet, profesora de instrucción primaria, que regentaba un centro escolar laico en la ciudad egipcia de Sakha, colegio que acababa de ser clausurado, como poco adecuado, por las autoridades inglesas. Era la tal señorita Jacquinet, atea, materialista convencida, antirreligiosa, antimilitarista, y tal cual hubiera podido soñarla el acusado para formar con sus enseñanzas una juventud sectaria y revolucionaria.

Elegida, pues, la que habría de ser directora de su Escuela, dedicáronse ambos unos días en París a adquirir material científico para la enseñanza, y a principios de enero de 1901 se trasladaron a Barcelona, dando comienzo a la instalación de la Escuela Moderna, en cuya labor fueron secundados por una Junta compuesta por sus amigos José Brosa, Hurtado, Prat, Ganivel, Seles, Antón, Peiró y Odón de Buen. De esta suerte, Clemencia Jacquinet, que fue arrancada del suelo egipcio, como germen dañino y peligroso, por las autoridades de la liberal Inglaterra, y trasplantada luego por la mano de Ferrer a Barcelona, arraigó, se desarrolló y dio abundantes y amargos frutos en nuestra sufrida y calumniada España.

Habiendo suplicado la señorita Jacquinet a Ferrer que la liberase de la parte administrativa de la Escuela, dirigiose éste a su amigo y correligionario José Prat para que se encargase de ese tipo de trabajo. Y con el fin de dejar probado que el único objetivo de Ferrer al iniciar su proyecto educativo era crear una generación de anarquistas y revolucionarios, baste con repasar la correspondencia suscrita entre ambos, en todas cuyas cartas se repite con contumaz insistencia la necesidad de llegar a la revolución por el cauce de la educación de la clase obrera, y de procurarle los libros adecuados para hacer posible esta empresa.

Y para que no puedan caber dudas de que con la educación que denomina racional y científica, el único ideal al que aspira es la de formar revolucionarios y anarquistas, merece especial mención la respuesta dada por el acusado a una carta de Odón de Buen, en la que le dice textualmente que cada día arraiga más en él la convicción de que sólo a través de la enseñanza laica y de la educación societaria y racionalista se podrá caminar mejor y con más eficacia por el cauce de las luchas electorales.

Por eso, al clausurarse, en 1906 la Escuela Moderna, procuró Ferrer abrir paso a su propaganda llevando a la Casa del Pueblo, a Solidaridad Obrera, y a todos y cada uno de los numerosos centros políticos radicales establecidos en Cataluña sus textos, folletos y libros, y de esta forma, suavemente, sin suscitar recelos ni levantar protestas, con el antifaz de proporcionar al pueblo una educación racional, ha ido apoderándose de los elementos más activos de los partidos avanzados, de modo que en la actualidad no puedan éstos intentar movimiento político alguno sin verse arrollados por la ola anarquista que los envuelve y los arrastra a la revolución social. Y, aunque percatados de este mal, determinados miembros del Partido Republicano han pretendido desterrar de sus escuelas los textos ferreristas, lo cierto es que los sucesos de julio han demostrado que era ya tarde para hacerlo.

Un detenido examen de las cuentas de la Escuela Moderna y de las publicaciones dirigidas por Ferrer pondría, asimismo, de manifiesto la extensa labor de propaganda anarquista realizada durante los últimos años. Y así, se advierte que, ya en 1906, contaba el procesado sólo en la provincia de Barcelona con 47 sucursales de su institución, número que se ha elevado con posterioridad prodigiosamente, extendiéndose no sólo a las demás provincias catalanas, sino también a las de Valencia, Granada, Sevilla y otras poblaciones andaluzas, levantinas y castellanas.

Sus libros, folletos y revistas, dirigidos no ya sólo a los niños, sino también al elemento viril de la población, cuentan hoy con un amplio mercado tanto en España como en América, publicando numerosas traducciones de cuantas obras de contenido ácrata circulan por el extranjero, y agotando prontamente sus ediciones, que son enseguida repuestas. Siendo de observar que, cuando alguno de los centros políticos que de ellas se surten aparece como moroso en el pago de los pedidos, no es apremiado por Ferrer, quien, sin duda, estima más eficaz recoger mañana el fruto de sus obras que cobrar de momento unas pesetas o unos duros.

La correspondencia que se analiza pone, asimismo, de manifiesto la autoridad que el procesado ejercía sobre los elementos que le rodeaban, constituidos no sólo por los profesores y alumnos de las muchas escuelas que de él dependían, sino también por los intelectuales que cooperaban en su labor escribiendo textos y colaborando en las revistas y boletines que Ferrer publicaba y distribuía. Y así, examinando las cartas que le dirigieron Anselmo Lorenzo, Litrán, Colominas, Odón de Buen, Pi i Arsuaga, Nakens, Palasí, Estévanez y otros varios, se advierte que todos le rendían el acatamiento debido no sólo al editor que paga, y anticipa sin regateos el precio de la obra, sino a la inteligencia que domina, y al jefe que dirige, evidenciándose de la lectura de tales misivas la autoridad que sobre todos ellos ejercía el procesado.

Sostenía, además, Ferrer íntima y fraternal relación con los anarquistas Malato, Kropotkin y Fabbri, algunas de cuyas obras se publicaban en Barcelona, traducidas por Lorenzo. Mantenía, igualmente, relaciones con Tainda, Malatesta, Reclus, y otros anarquistas europeos. Y ocupaba, por si todo lo anterior no fuera suficiente, un lugar preeminente en la masonería del mundo, como lo revelan las medallas, títulos, e insignias intervenidas en Mas Germinal, las numerosas cartas adscritas a esta causa, y las altas misiones que, dentro de la misma, le han sido confiadas.

De ahí que, de cuanto se deja expuesto, resulta: que el acusado Ferrer i Guardia ha dedicado las actividades y energías de toda su vida al triunfo de la revolución; que, a pesar del ardor y la constancia con que ha trabajado por su causa, ha deseado permanecer siempre en la sombra, ocultándose bajo el seudónimo Cero; y que, de todo ello, se deduce que ha sido el verdadero jefe de los anarquistas y revolucionarios de España[63].

Todo el recurso a la inducción histórica que hubiese podido echarse de menos en el escrito del Ministerio fiscal, lo recupera sobradamente el del auditor con esta argumentación, en la que parece que es la Escuela Moderna, clausurada tres años antes de los sucesos de julio, la auténtica imputada en el proceso. El general Pastor olvida, al menos en este párrafo de su informe, que el procesado es Ferrer, y no Kropotkin, Reclus o Malatesta; que lo que se está persiguiendo en la causa son incendios, saqueos y atentados contra el orden público, y no opciones políticas o proyectos pedagógicos; y que lo que interesa a quien va o no a confirmar la sentencia no es si el reo era el jefe de todos los revolucionarios del mundo, sino si le cabe la máxima responsabilidad, la organización y la jefatura de los sucesos sediciosos que conformaron la Semana Trágica.

Pero el auditor prefiere dedicar su interés preferente a cuanto no es objeto del proceso, y pasa, así, a continuación, a trazar una especie de obertura efectista sobre la magnitud del alzamiento, copiada casi al pie de la letra de uno de los más desdichados editoriales publicados un mes antes por el diario conservador El Universo, en la que llega a aventurar incluso, como después habrá ocasión de comentarlo, la lamentable e increíble opinión de que «no era necesario examinar la causa para comprobar la participación de Ferrer en los hechos de autos»:

Con estos antecedentes, suministrados por sus cartas, no es de extrañar que, cuando en la semana abyecta, turbas de mujeres y adolescentes prendían fuego a las iglesias y conventos, profanaban tumbas y sepulturas, y arrastraban por las calles de Barcelona los cadáveres y las momias de las monjas; cuando grupos de revoltosos detenían en el campo de Galvany a una religiosa y, despojándola de todas sus prendas hasta dejarla en camisa, le robaban cuanto llevaba encima, dejándola marchar en medio de las burlas más degradadas y groseras; cuando uno de los rebeldes, teniendo entre sus brazos el cadáver momificado de otra monja, después de bailar con él, lo profanó de un modo brutal; cuando otro sedicioso más, al hallar entre las ruinas de un convento incendiado una hermosísima imagen de la Virgen, le dirigió los más obscenos requiebros, y, después de besarla y abrazarla, le levantó el manto, simulando la más perversa de las profanaciones; y cuando tantos otros actos de barbarie sectaria se cometieron en Cataluña, no es extraño, repito, que la conciencia pública, indignada, exclamara unánimemente: «ésta es la obra de Ferrer». Y no se equivocaban, puesto que quienes la realizaron estaban vinculados a él con la relación de fruto y semilla, de efecto y causa, de discípulo y maestro, de jefe que manda y soldado que obedece.

Bastaría con lo hasta aquí expuesto, sin necesidad de levantar la cubierta de los autos, para llevar a cualquier ánimo la convicción íntima, razonada, e incontrovertible de que Ferrer i Guardia fue el autor moral, el máximo responsable, y el jefe del movimiento revolucionario de Cataluña, realizando con ello el sueño de toda su existencia, y recogiendo el fruto de sus más de treinta años de incesante labor dedicados al triunfo de la revolución social. Pero, a mayor abundamiento de su culpabilidad, ahí están, además, probados con meridiana claridad, los cargos deducidos de su participación en los sucesos de Barcelona, Masnou y Premiá, responsabilidades que, si ya expresas en los informes del juez instructor y el Ministerio fiscal, interesa ahora recordar en sus rasgos más significativos y sobresalientes[64].

No es necesario levantar la cubierta de los autos para conocer que Ferrer es el máximo responsable de los sucesos de la Semana Trágica. Ésa es la afirmación, y, lo que aún resulta más grave, la íntima convicción, de la Justicia militar sobre la causa que estaba juzgando. Sobran las diligencias, los autos, las pruebas, los reconocimientos. No hace falta ni siquiera instruir un proceso. No es necesario depurar su presunta responsabilidad, porque el delito está probado, aun antes de cometerse. Hasta este punto de su escrito, el general Pastor no ha citado un solo hecho delictivo, pero es suficiente la presunción de culpabilidad que le supone, para atribuirle la autoría de todos los cometidos. ¡Cómo no va a ser responsable de la rebelión militar quien es, en opinión del auditor de Guerra, la máxima autoridad, y el referente de todos los revolucionarios y anarquistas de España![65].

Quizá consciente de su disparatada aseveración, entiende el general Pastor que resulta obligada una referencia a los delitos perseguidos, y, a tal efecto, resume la que asegura ha sido la participación del procesado en las jornadas revolucionarias de julio:

Se denuncia claramente la presencia de Ferrer entre los rebeldes de Barcelona al aparecer entre los grupos que sobre las siete de la tarde del día 26 se formaron en la plaza de Antonio López, y que, al ser disueltos por una pareja de Caballería, permitieron a ésta fijarse en el acusado, al que han reconocido por tres veces en diligencia de rueda de presos. Presencia que volvería a repetirse no mucho tiempo después en las Atarazanas, donde habló con los grupos que allí se encontraban, según manifiesta el agente que le vigilaba, el cual le perdió de vista en las Ramblas, al dar una carga las fuerzas de Seguridad, viéndole algunas horas más tarde entrar en el Hotel Internacional, donde se quedó a cenar.

Vuelve a aparecer luego, acompañado por el barbero Doménech, visitando por dos veces la redacción de El Progreso para ver lo que acordaban sus «compañeros». Pero sale mal impresionado de esas conferencias, dado que Emiliano Iglesias y quienes con él se encontraban no se mostraron propicios a secundar sus planes revolucionarios. Y poco tiempo después, habiendo encontrado en la calle de la Princesa a su correligionario Miguel Moreno, le envía con otro recado al periódico, donde había representantes de Solidaridad Obrera, obteniendo esta vez mejor resultado por haber tomado ya aquéllos la decisión de iniciar el alzamiento, en el que el propio Moreno y el presidente de Solidaridad, Rodríguez Romero, actuarían como jefes de un núcleo de rebeldes, que levantó barricadas en las calles de San Pablo, Beato Oriol, San Ramón y otras próximas. Consta, igualmente, que Ferrer se presentó en la Casa del Pueblo para recabar de Lorenzo Ardid que la protesta no quedase reducida a la huelga, así como que muchos de los individuos a los que les fueron ocupadas armas, confesaron haberlas recibido de cierto señor vestido de azul, con sombrero de paja, señas estas que coincidían con las que del acusado habían dado los ya citados soldados de Caballería.

Por lo que se refiere al martes 27, relata el testigo Francisco Colldefons (que, dicho sea en su honra, ha sido el único habitante de Barcelona que, librándose de la incalificable cobardía social que aquí impera, se ha presentado a declarar) que vio a Ferrer, sobre las siete y media de la tarde, capitaneando un grupo de rebeldes que pasó por las Ramblas, frente al teatro del Liceo, y se internó luego por la calle del Hospital, incidente este con el que concluyen los hechos en que resulta demostrada la intervención directa del acusado en los sucesos que se persiguen.

El día 28, se presenta Ferrer, acompañado de «el Llarch» en la sociedad anarquista titulada Fraternidad Republicana, de Premiá, hace llamar al alcalde, Sr. Casas Llibre, al concejal, Sr. Mustarós, y al auxiliar, Sr. Espinosa, y celebra con ellos una conferencia, proponiéndoles la proclamación de la República, y el incendio de iglesias y conventos, proposición que aunque en apariencia es rechazada por el alcalde, trasciende al exterior, y se traduce en hechos, dado que a partir de ese instante la huelga de Premiá, que hasta entonces se desarrollaba pacíficamente, cambia de carácter, y empiezan las violencias y los ataques e incendios de los conventos. Entre tanto, Ferrer entrega a un empleado municipal, que no ha sido posible identificar, varios cartuchos de dinamita, dos de los cuales explotan durante el incendio del convento de los Hermanos de la Doctrina Cristiana, y da instrucciones directas a Juan Solá (Casola) sobre la forma de realizar la revolución, según detalladamente se expone en el escrito de acusación fiscal.

También en Masnou se dejó sentir la influencia y la acción revolucionaria de Ferrer, quien después de desfigurarse, afeitándose la barba que venía usando, mandó llamar a Juan Puig Ventura, y le indicó que fuera al Ayuntamiento y proclamase la República, sugerencia que éste rechazó con energía, a pesar de lo cual insistió de nuevo el procesado en que convenía excitar a la gente para que comenzase a quemar conventos. Y ante la extrañeza de su interlocutor, acerca de cómo incendiando iglesias podían conseguirse los ideales republicanos, le respondió terminantemente Ferrer que a él no le importaba la República, sino la revolución.

Está, asimismo, probado que durante la tarde y la noche de ese día se observó en Masnou la presencia de grupos formados por gente desconocida y en actitud levantisca, que aguardaban la llegada de Ferrer, y que, al no venir éste, se congregaron en torno a otro rebelde, quien hablando en su nombre disculpó al acusado, diciendo que no podía asistir al acto por reclamar su presencia en Barcelona los asuntos de la revolución. Y consta, por último, que desde el día 27 hasta el 29, se situaron en la carretera algunos grupos, que detenían las tartanas, carruajes y bicicletas, y que, según manifestaron a un testigo, al realizar tales acciones cumplían órdenes directas de Ferrer, quien les había entregado cierta cantidad de dinero a cambio de la prestación de ese servicio.

A estos cargos, claros, precisos y determinados sólo opone Ferrer su negativa, pero no la negativa rotunda y categórica de aquel que tiene arraigada la absoluta certeza de su inocencia, sino la vacilante y tibia del que, apremiado en los careos, se ve obligado a reconocer lo que antes negaba, y aun cuando se sostenga débil y tímidamente en su dicho, resulta en todos ellos acosado, confundido y maltrecho[66].

En este punto es necesario detenerse, siquiera sea para reputar de imprecisos, erróneos y en algunos casos insidiosos los cargos que, para el auditor, resultan, en cambio, nítidos, precisos y determinantes. Y es que, si en su primera parte, el dictamen pecaba de condenar conductas ajenas a la causa juzgada, las referidas, ahora, a la intervención de Ferrer en el alzamiento revolucionario, adolecen de las mínimas condiciones de congruencia y verosimilitud exigibles en todo documento jurídico, y mucho más aún en un dictamen que, como éste, está informando una sentencia que lleva implícita nada menos que la pena de muerte.

Eludiendo así, unas veces, detalles sumariales de singular evidencia, manipulando otras las declaraciones en busca de puntos de apoyo a su tesis incriminatoria y traduciendo a veces las reservas del fiscal en afirmaciones rotundas, y hasta dogmáticas, pasa por alto el general Pastor, cuando no los mistifica deliberadamente, datos y detalles tan importantes como los que a continuación se consignan:

— No habiendo comenzado aún la sedición en Barcelona la tarde del 26 de julio, resulta tendencioso definir como rebeldes a quienes no pasaban de ser meros huelguistas.

— Recuérdese que el testigo Colldefons no aseguró haber visto al procesado capitaneando un grupo de manifestantes, sino que dijo textualmente que le pareció reconocer en su jefe a Ferrer, al que sólo conocía por fotografías.

— Está plenamente documentado que el corresponsal de El Siglo Futuro no acudió espontáneamente a declarar, y que sólo lo hizo cuando fue requerido a ello por el juzgado.

— Tampoco es cierto que el alcalde de Premiá testificase que el acusado le hubiese propuesto quemar la iglesia y el convento del pueblo, cuando lo que hizo es hacerle saber que los incendios habían comenzado ya en Barcelona.

— Contra la afirmación de que el juez de esa localidad afirmase haber presenciado cómo Ferrer entregaba cartuchos de dinamita a los rebeldes, lo que en realidad confesó es que por Premiá había circulado el rumor de esa noticia.

— El empleado municipal no identificado, al que alude el auditor, resultó llamarse Miguel Carreras, y, requerido por el juez, dijo no conocer al acusado ni saber nada sobre su posible intervención en los citados sucesos.

— La prueba del traje azul y el sombrero de paja carece de todo valor si, previamente, no se demuestra que Ferrer iba vestido así el día a que se alude en el informe.

— El hecho de que el acusado se afeitase en Masnou con la pretensión de desfigurarse, pierde todo sentido si se tiene en cuenta que la tarde anterior no lo había hecho en Barcelona, donde era igualmente conocido, y, por tanto, reconocible.

— Se ha insistido ya anteriormente, en la extrañeza que supone el que a la declaración de Puig Ventura contra Ferrer, siguiese inmediatamente su excarcelación, pese a haber participado en los sucesos revolucionarios.

— En relación con la entrega de fondos a los insurrectos de Masnou, a la que alude el auditor, conviene recordar que lo que declaró el testigo Pedro Pagés no es que lo hubiese presenciado, sino que tuvo conocimiento del hecho por haberlo leído en el diario La Almudaina, de Palma de Mallorca.

— Sobre el testimonio de los soldados de Caballería de Dragones, se ha explicado también el escaso valor probatorio del reconocimiento de alguien cuya imagen es de dominio público, y conocida por todo el mundo.

— Mal puede saber de los titubeos, dudas y vacilaciones del procesado, quien, como el general Pastor, no asistió a ninguna de sus indagatorias, y ni siquiera llegó a conocerle.

Pertinaz, sin embargo, en su escalada de inexactitudes y hasta despropósitos, pasaba a renglón seguido el dictamen a refutar la protesta de la Defensa ante el hecho de no haberse admitido las declaraciones de determinados testigos:

Si, como afirma la Defensa, podían haber exculpado al procesado las manifestaciones de Soledad Villafranca, y demás allegados suyos, residentes hoy en Teruel, tiempo han tenido de rendir su testimonio en los veintiocho días que ha durado el sumario, y pudo además aquél citarlos en sus indagatorias, pues del mismo modo que se ha interrogado a todas cuantas personas había requerido en ellas, se habría exigido también declaración a éstos. Pero, al no haber solicitado testificar hasta que la causa se hallaba en Plenario, no ha sido posible acceder a su petición por prohibirlo el párrafo 5, del artículo 522 de nuestro Código de Justicia.

Lo mismo puede decirse de las declaraciones de los filósofos, pensadores y eminentes personalidades que, desde París, Londres, Bruselas y Roma, hubieran podido haber traído a los autos sus opiniones sobre el acusado, pese a que este auditor supone que se encuentran ya dentro del sumario, y que sólo vienen a intentar demostrar que Ferrer es el redentor de la Humanidad, merced a su instrucción racional y científica; que para difundir esa educación entre la clase obrera ha sacrificado su bienestar, su trabajo, su vida y hasta su fortuna; y que es un verdadero altruista, e incluso un filósofo que se ha adelantado a su siglo.

Pues bien, todas esas entusiastas manifestaciones caen por tierra ante las que, de su puño y letra, consigna Ferrer en su correspondencia, ya que en ella se demuestra de modo evidente que el acusado sólo se preocupa de la instrucción del pueblo en tanto esa educación pueda contribuir a formar revolucionarios, no interesándole sino saturar los cerebros de sus alumnos de «panclastita espiritual», mediante la que producir estragos de la magnitud de los que ahora, aquí, estamos examinando.

Por lo demás, si el defensor desea que venga a los autos la impresión y el concepto que del procesado se tiene en el extranjero, en el sumario obra un informe de la policía francesa, donde, de modo terminante, se expresa que Ferrer está considerado allí como un revolucionario muy peligroso, dispuesto siempre a propagar sus ideas disolventes y sectarias por cuantos medios encuentra a su alcance, sean de la naturaleza que fueran[67].

Dejando a un lado el tono insidioso en que se alude al talante ético e intelectual de Ferrer (obsérvese, a modo de ejemplo, la referencia a la «panclastita» como sinónimo de dinamita), mediante el que se pretende menguar la dimensión de su imagen, vuelve una vez más el informe a desconocer, olvidar o pervertir los hechos siguientes:

— La negativa a aceptar los testimonios de los deportados en Teruel se descalifica, como ha tenido ocasión de verse, al haberse admitido otras declaraciones posteriores.

— La pretensión de los pensadores extranjeros era la de demostrar documentalmente la falta de vinculación de Ferrer con los sucesos sangrientos de Barcelona.

— En cualquier caso, dichos testimonios fueron desestimados por entenderse que no esclarecían los hechos perseguidos, por lo que difícilmente podían figurar en el sumario.

— Una vez más, se pretende establecer una relación causa-efecto entre el proyecto educativo de la Escuela Moderna y los resultados de la Semana Trágica.

— Si no son pertinentes los informes de los citados filósofos europeos, por la misma razón tampoco debieran serlo las notificaciones recibidas de la policía francesa.

Ninguna de estas consideraciones interesaba, a lo visto, al asesor, quien, sin detenerse en ellas ni prestarles la menor atención, proseguía el curso de su escrito, en el que, tras negar la afirmación del capitán Galcerán de que varias de las pruebas obrantes en el sumario habían sido ya juzgadas (y, como tal, sobreseídas) en el proceso por el atentado a los Reyes, en la calle Mayor, de Madrid, atacaba con extrema dureza los argumentos de la Defensa, que calificaba de gratuitos, reticentes y novelescos, y de cuyo titular llegaba incluso a exigir una rectificación, y, caso de no hacerlo, la adopción contra él de medidas disciplinarias:

Sensible es que se haya exagerado la defensa del reo en los términos recogidos en el folio 587 y siguientes, haciéndose en ella aseveraciones absolutamente gratuitas; citándose como asalariados a dos testigos que ni siquiera han declarado en autos; relatándose historias que, por no tener antecedente ninguno en la causa, merecen el nombre de novelas; tachándose de enemigos del acusado, y de falsos a todos los testigos que han declarado en el proceso, pese a que al hacerlo incurra en contradicción con su propio defendido, que acepta como verídicas muchas de las afirmaciones de los mismos; y vertiéndose, sobre todo, en la redacción del escrito maliciosas reticencias contra quienes, con escrupulosa honestidad, han trabajado en preparar el sumario.

El auditor se hace cargo del oficial obligado por la Ley y por su honor a defender a un reo, que atrae tanto la atención sobre sí como Ferrer, y que no ofrece a su defensor otra base de exculpación que la de sus escuelas, situación que indudablemente ha de crear en el espíritu de quien le asiste legalmente una tensión tal que casi puede apreciarse como «eximente incompleta» al juzgar lo que en semejante situación escriba. Pero es también indudable que los tribunales militares no pueden quedar bajo la insidiosa acusación formulada por un capitán que adorna el cuello de su uniforme con el castillo del esclarecido Cuerpo de Ingenieros. Y de aquí, que proceda el que, luego de hallarse concluida esta causa, se ratifique dicho capitán en los expresados conceptos, para, a la vista de cuanto manifiesta, se proceda a lo que haya lugar.

Inútil es, por lo demás, que el auditor se entretenga en discutir, una por una, las exageradísimas teorías de la Defensa, puesto que habiéndose ocupado ya de rebatirlas, con gran precisión y viveza, el asesor, no parece preciso insistir sobre ellas, aceptándose y dando por reproducido, en obsequio de la brevedad, cuanto en el escrito citado se manifiesta[68].

El hecho de que en esta última fase del procedimiento, cuatro acusaciones (la del relator, el fiscal, el asesor y el auditor de Guerra) se hubiesen enfrentado a una sola defensa, no iba a impedir que dos de aquéllas, las personalizadas en el teniente Gesta y el general Pastor, no sólo descalificaran los argumentos de esta última, sino que, además, solicitaran una ejemplar sanción para quien, como el capitán Galcerán, tan seriamente se había excedido en la tutela de su patrocinado. Defender a Ferrer manchaba el uniforme del oficial que cumplía con la obligación legal de asistir al reo, falto hasta el comienzo del juicio oral de cualquier tipo de protección jurídica. Y hacerlo, además, con el celo y la fe que empleó la Defensa durante la vista merecía, para la Justicia militar, una seria amonestación, que, lo que es más grave, terminaría haciéndose efectiva.

Pero, a la vista de cómo se había tramitado el proceso, no resultaba ya extraña esta nueva irregularidad, que vendría a confirmar la animosidad y el encono, con los que se estaban depurando las presuntas responsabilidades de Ferrer, sobre cuyo liderazgo en el alzamiento, continuó el auditor de Guerra insistiendo en su informe:

Después del razonado y minucioso análisis que en el escrito de acusación fiscal, y en el parecer del asesor, se hace de nuestras leyes penales para demostrar que los actos delictivos llevados a cabo bajo la jefatura del acusado integran, en su conjunto, un delito de rebelión militar, resultaría ocioso insistir sobre tal calificación, que parece evidente, ya que Ferrer no se limitó a promover el movimiento revolucionario, sino que, personalmente y por medio de sus subordinados de Solidaridad Obrera, influyó de modo decisivo sobre el Partido Radical para que se lanzara a la lucha. Y también lo confirma el que los elementos anarquistas no circunscribieron su acción al incendio y saqueo de conventos, y demás hechos conexos, sino que, como se ha dicho, actuaron como jefes de los rebeldes en una de las zonas en las que se hizo más resistencia al Ejército y a las fuerzas del orden. Y lo atestigua, finalmente, el que la revolución social se halla comprendida en el art. 237 de nuestro Código, en cuanto que al destruir todo el orden existente, ataca también a la Constitución, al Rey, a los Cuerpos Colegiadores, a la Magistratura, al Gobierno y a la sociedad en su conjunto.

El hecho de haber intervenido Ferrer en dicha rebelión militar, con el carácter de jefe, si no único por lo menos principalísimo, resulta demostrado por las declaraciones de los quince testigos, cuyos testimonios se examinan detalladamente en la acusación fiscal y en el parecer del asesor al rebatir a la Defensa, así como por la declaración del Excmo. Sr. fiscal del Tribunal Supremo, que refleja no sólo su opinión personal, sino la de numerosas representaciones de los más importantes elementos de Barcelona, que acudieron a exponer sus impresiones ante aquel elevado funcionario, que, en representación del Gobierno, permaneció durante más de un mes en la ciudad estudiando de cerca el movimiento revolucionario producido en Cataluña y sus consecuencias.

Evidencian también dicha jefatura los hechos acaecidos durante la rebelión al enlazarlos con los antecedentes y las aspiraciones del acusado, debiendo observarse el fenómeno de que las poblaciones donde los hechos de carácter rebelde tuvieron mayor desarrollo corresponden justamente a los puntos donde la propaganda de Ferrer ha hecho mayores progresos. Y habiendo tenido ocasión el auditor de advertir, gracias al examen de los centenares de procedimientos incoados con motivo del alzamiento en dichas localidades, que sus autores se corresponden con los de maestros colocados por Ferrer en sus escuelas, o los directivos de algún centro anarquista patrocinado por el procesado, se deduce de manera elocuente su jefatura en la revolución[69].

Los cargos detallados en este nuevo apartado del informe del general Pastor adolecen, también, de vicios de interpretación, como los que seguidamente se consignan:

— En ningún pasaje del sumario consta la subordinación en que pudieran hallarse con respecto a Ferrer los asociados al sindicato anarquista de Solidaridad Obrera.

— Según el dictamen del asesor, previo al fallo, los miembros del Partido Radical no sólo no secundaron las sugerencias del procesado para que se sumaran activamente a la huelga, sino que las rechazaron de forma hostil y terminante.

— La revolución social, a la que se hace referencia, no está tipificada como delito en ninguno de los Códigos que constituyen el cuerpo legislativo español.

— En relación con los quince testigos a que se alude en el informe, hay que advertir que no tienen la condición de tales quienes declaran basándose en rumores o sospechas.

— Parece extraño que, contándose por centenares las causas que apuntan a la jefatura de Ferrer en la rebelión militar, no obrasen en el sumario, ni que el Ministerio fiscal hubiera utilizado en la acusación ninguna de ellas.

Más preocupado por imaginar pruebas inculpatorias que por transcribir objetivamente los cargos obrantes en el sumario, abordaba el auditor la última parte de su escrito, suscribiendo la tesis de culpabilidad formulada previamente por el asesor, afirmándose en el fallo dictado por el Consejo de Guerra, y rogando al capitán general su aprobación, y la consiguiente remisión del mismo al Gobierno:

Demostrado, por cuanto se deja expuesto, que los hechos justiciables merecen el calificativo de rebelión militar, y que el acusado ha intervenido en la misma con el grado de jefe y máximo responsable, resulta claro que Francisco Ferreri Guardia se halla incurso en la pena señalada en el párrafo 1 del art. 238 del Código de Justicia Militar, es decir, en la de muerte, con la accesoria que se consigna en el fallo ya dictado por este Consejo de Guerra.

Y considerando que son legales y pertinentes cuantas declaraciones se hacen en la sentencia referida respecto al abono de prisión en caso de indulto, y a la apreciación de las responsabilidades civiles atribuidas al reo, da este auditor, aquí, por reproducidas, para no hacer más largo este informe, cuantas consideraciones legales se exponen en el parecer del asesor, con la única aclaración de que las responsabilidades que le corresponden, deben de entenderse impuestas subsidiariamente. De suerte que si en otros procesos se declarase responsables a determinados reos por haber intervenido de modo personal en la comisión de algún delito de incendio, estrago, o cualquier otro que implique responsabilidad civil, dichos reos sean responsables, antes que Ferrer, en los delitos de que, respectivamente, sean declarados autores.

Por todo lo expuesto, y considerando que la sentencia se ajusta estrictamente a la ley, y siendo de aquellas que, con arreglo al párrafo 10 del art. 28 de nuestro Código, han de hacerse ejecutorias por la Autoridad judicial cualquiera que sea la pena impuesta, procede de V. E. se sirva conferirle dicho carácter otorgándole su superior aprobación[70].

A la vista del presente dictamen, que aportaba como único añadido original el relativo a la responsabilidad civil subsidiaria del reo, no le quedaba al capitán general de Cataluña, que representaba en aquella Región Militar al Gobierno de Maura, otra determinación que la de confirmar la sentencia. Y así lo hizo, a través de un decreto que, con fecha 10 de octubre de 1909, decía textualmente:

De conformidad con el anterior dictamen, y por los razonamientos en el mismo aducidos, apruebo la sentencia dictada por el Consejo de Guerra que ha visto y fallado la presente causa, imponiendo al encartado Francisco Ferrer i Guardia, como responsable, en concepto de autor, de un delito de rebelión militar y como jefe de ella, concurriendo además las agravantes del art. 173 del Código de Justicia militar, la pena de muerte, con la accesoria, en el caso de indulto, de inhabilitación absoluta perpetua; condenándosele también a la indemnización, en concepto subsidiario, de aquellos daños y perjuicios ocasionados por los incendios, expolios, y deterioros de vías de comunicación, férreas y telegráficas, ocurridos durante la rebelión, quedando hasta que pueda señalarse su cuantía afectos los bienes del reo a la extinción de la responsabilidad civil, y siéndole de abono al procesado, en el caso de indulto, la mitad del tiempo de prisión sufrida.

Dese comunicación de la presente resolución al Gobierno, por conducto del Excmo. Sr. ministro de la Guerra, en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 633 de nuestro Código de Justicia Militar, a cuyo efecto el juez instructor me remitirá un testimonio de la acusación fiscal, la Defensa, el parecer del asesor, el presente dictamen, y el decreto a la vista, documento que será cursado a la expresada Autoridad, y en el ínterin no se reciba la respuesta, quedará en suspenso la ejecución del fallo[71].

Aproximadamente a la misma hora que en Capitanía General se cursaba este decreto, que dejaba ya la suerte de Ferrer en manos del Gobierno, en su casa de San Gervasio, Juan Maragall, sin duda el más grande de los poetas catalanes de la época, ultimaba, abrumado por la angustia que sentía ante la gravedad de los acontecimientos que se estaban produciendo, tres alegatos de súplica, dirigidos a reclamar clemencia y perdón para quienes aguardaban injustificadamente la muerte.

En el primero de ellos, una carta dirigida a Francisco Cambó, se lamentaba el insigne escritor de la magnitud alcanzada por la represión gubernativa, y trasladaba al líder de la Lliga la preocupación que tan enorme expresión de rencor provocaba en su espíritu:

El corazón me dice, querido Cambó, que se está fusilando a demasiada gente. Dejo aparte la repugnancia que siempre siento ante la pena de muerte, aplicada por la justicia humana con una pretendida serenidad, que nada que sea humano puede tener, y que me asusta como si se tratase de un sacrilegio. Pero no puedo soslayar el hecho de que nunca había visto ejecutar fríamente a tantas personas como se está en camino de fusilar por la simple razón de haber atacado a la fuerza pública durante el discurrir de un alzamiento revolucionario, y, en muchos casos, por motivos y razones menores, cuyo sentido no acabo de entender.

¿Adónde vamos a parar? ¿A cuánta gente habrán de matar de este modo? ¿Cuánto tiempo va a durar todavía semejante situación de terror y de angustia? ¡Es espantoso! Que se aplicara esta pena a delitos de asesinato y crueldades todavía peores, aún sería explicable hasta cierto punto. Pero ¡matar a quien tan sólo ha combatido en defensa de un ideal…! ¿Y eso, por qué? ¿Porque la política así lo aconseja? ¿Porque los extremistas y marginados no tienen otra forma de adquirir su carta de naturaleza social? ¿O bien para dar únicamente satisfacción cumplida a la otra turba conservadora, y no menos radical e implacable?

Depurar la masa, desterrar a la gente nociva, inutilizarla para el mal, vigilarla en todos sus pasos, e impedir nuevas propagandas criminales, me parece normal y saludable. Pero matar a sangre fría. ¡Dios mío! ¿Es que realmente no podemos hacer nada para, entre todos, conseguir evitarlo?[72].

Tratábase el segundo también de otra misiva, enviada en esta ocasión a quien había sido hasta el momento de la rebelión gobernador civil de Barcelona, Ángel Ossorio y Gallardo, en la que invocaba su influencia ante el Gobierno para lograr, por mediación suya, poner término a esa insaciable justicia vengadora, y conseguir, cuando menos, que dejara de aplicarse la pena de muerte a aquellos condenados que se habían lanzado a la calle empujados únicamente por sus ideales:

Déjeme, estimado señor, invocar ahora este demostrado amor suyo hacia todo lo nuestro, ya que otros títulos no tengo, para hacerle extensiva una expansión que, a quien no fuera usted, pudiese, quizá, resultarle inoportuna. Y es la de que tengo sobre mi corazón todos estos fusilamientos ya consumados, y tantos más que son de prever en cabeza de gentes, que yo no he visto acusadas de otra cosa que de haber hecho, o haber intentado hacer frente a la fuerza pública durante los días de la revuelta.

Ya sé que todo esto no es sino la estricta aplicación del Código Militar en estado de guerra. Pero en un país como el nuestro ¿por ventura tal aplicación es, ni puede ser, en puridad otra cosa que una medida política? ¿Ni ha sido alguna vez más que eso, verdaderamente? Pero si, como política, nadie puede dudar, en conciencia, que es muy necesaria la obra de depuración que se está llevando a cabo en Cataluña a través de extrañamientos, clausura de centros de perversión, estricta vigilancia, intento de evitar nuevas propagandas nocivas, e incluso la aplicación de la última pena para quienes, al amparo de la rebelión, hayan cometido crímenes abominables sobre personas débiles e indefensas, tampoco nadie puede contemplar sin espanto y horror el sacrificio en frío de tantas vidas, cuyo único delito haya sido tal vez la exaltación idealista. Esto es terrible. A la gente no puede dejársele sin otra educación social que la alternativa de un terror a otro.

No puedo callarme esto, ni sé, por otra parte, a quién comunicárselo. Al público no se puede, por ahora. En el poder social, carezco de influencia alguna. ¿Comprende, amigo, el motivo de que me atreva a decírselo a usted, aun a riesgo de cometer una incorrección, por ser esta la primera vez que le escribo? Pero ¿qué representa ahora una pequeña incorrección ante semejante injusticia, y dolor de espíritu tan impresionante?[73].

Era, finalmente, el tercero y más explícito de dichos escritos, un artículo, titulado «La ciudad del perdón», concluido aquella misma tarde, y que remitió, con ruego de publicación, a Enrique Prat de la Riba, en su calidad de responsable último de los contenidos de La Veu de Catalunya. El original, que, como se verá en las páginas siguientes, no fue publicado, abordaba ya, bien que tácitamente, la crítica situación de Ferrer, resultante, según podía leerse en su texto, no sólo de la ciega e inflexible represión del Poder, sino de la insolidaridad en la que la sociedad barcelonesa se hallaba sumida, y contra la que, en palabras del poeta, cualquier conciencia recta y justa tenía el obligado deber de alzar la voz:

¿No os dice nada el corazón, ahora, mientras están fusilando a gente en Montjuïc, solamente porque en Barcelona se ha manifestado con mayor nitidez ese mal que es, al fin, el de todos nosotros? ¿El corazón no os induce a ir a pedir perdón, incluso de rodillas si es preciso, para esos hermanos nuestros en desamor, que querían destruir por odio esta misma ciudad que les dejamos nosotros abandonada por egoísmo? Estamos en paz, pues. ¿Y ellos han de pagar la pena sólo porque su acción cae dentro de un Código, en tanto que nuestra omisión es tan baja que no puede caer ya en parte alguna? Id, sí, a pedir perdón para ellos a la justicia humana, que será tanto como pedirla para vosotros mismos a la divina, ante la que seguramente sois todavía más culpables.

¿Cómo podéis quedaros así, tranquilos, en vuestras casas, y vuestros quehaceres, sabiendo que un día, al despuntar el alba, sacarán del castillo de Montjuïc a un hombre atado, y lo pasarán ante el cielo y el mar, y, muy poco a poco, para que «no tenga que esperar», lo llevarán a un rincón del foso, donde, cuando suene la hora, se arrodillará de cara a un muro, y le meterán cinco balas en la cabeza, que le harán saltar, y caer muerto como un conejo, él que era un hombre, tan hombre como cualquiera de vosotros, e incluso más que todos juntos? ¿Cómo podéis permanecer en el hogar, y sentaros a la mesa con vuestros hijos, e iros a acostaros con la mujer, sin que esta negra visión se os interponga, y os atragante el pan, os hiele el beso en los labios, y os prive de atender cualquier otra cosa que no sea su recuerdo?

¿No os sentís ligados a este infeliz? No queráis saber lo que ha hecho, y miradle solamente a los ojos. ¿Veis? Sois vosotros mismos. Es un hombre como vosotros. Capaz de todo vuestro bien, y todo vuestro mal. Pues bien, a ese hombre, no digo yo que se le ponga en libertad, se le abandone, y se le devuelva a su odio y a sus fechorías. No. A él, como a nosotros, nos conviene permanecer presos, de una u otra forma, y ser enderezados y amasados, todos juntos de nuevo, en el amor de la nueva ciudad, aunque sea como sufrimiento suyo y nuestro. Pero ¿matarle, matarle fríamente, a través de un trámite señalado, y a una hora fija, como si la justicia fuese algo seguro y definitivo, cual la muerte que impone? ¿No os resulta eso un crimen mayor que el suyo propio?

Si a este hombre le hubieseis matado batiéndoos igual que leones al pie de una barricada, o en la puerta de una iglesia, no podría haceros reproche alguno, porque en tal combate habríais dejado patente vuestro amor por algo, al exponer la vida en defensa y sacrificio de un ideal. Pero ahora ¿quién os absuelve? ¿Dónde está vuestro ideal, vuestro amor, y vuestro sacrificio? ¿Dónde habéis demostrado vuestro valor? No queráis, pues, ser cobardes dos veces. Y ya que no evidenciasteis valor en los instantes en que debisteis dejarlo a salvo con las armas, tenedlo siquiera en el momento del perdón, que ya es hora de evidenciar que un pueblo como el nuestro es, cuando menos, capaz de perdonar.

Comencemos a edificar una Barcelona nueva, a la que podamos denominar la «ciudad del perdón». Y al Rey, que puede perdonar; a sus ministros, que están en situación de recomendarle el perdón; a los jueces, que tienen en su mano atemperar la justicia con la clemencia y el peso de la ley con la piedad, supliquémosles desde aquí con el mayor respeto, pero también con la más sentida energía: ¡Perdón para los condenados a muerte en Barcelona! ¡Caridad y perdón, por Dios, para todos![74].

El artículo de Maragall llegaría a La Veu de Catalunya la tarde del día 10, con tiempo suficiente para ser publicado antes de que el fallo de Ferrer se cumpliese. Según parece, Ferrán Agulló, el redactor que se hizo cargo del texto, ordenó hacer dos copias del original, una de las cuales se devolvió al autor ya en galeradas, y la otra se envió a Prat de la Riba para que autorizase su impresión. Pero «La ciudad del perdón» no vería la luz[75]. Ni al día siguiente, ni nunca. En una escueta nota enviada al poeta el día 16, tres fechas después del fusilamiento del director de la Escuela Moderna, Prat justificaba su decisión, en los siguientes términos:

La repercusión que los sucesos que el anarquismo internacional organiza por todas partes con motivo de la ejecución de Ferrer, produce un estado de opinión que hace imposible y contraproducente en el momento actual la publicación de su artículo, aun en el caso improbable de que lo permitiera la censura.

El Rey y Maura han tenido que ejercer una gran violencia sobre sí mismos al negar el indulto; por cumplir con su deber, se han entregado a las iras de los agitadores. Toda acción, en el sentido de su artículo, equivale a eludir parte de nuestra responsabilidad, o lo que es igual, a dejarles solos[76].

Sin sospechar siquiera que Ferrer iba a arrastrar a Maura en su caída, Prat de la Riba prefirió apostar por un entendimiento con el Poder que defender una causa sin aparente rédito electoral, poco acorde con los intereses catalanistas, y que contaba, además, con muy escasos apoyos entre la opinión pública, para la que el director de la Escuela Moderna encarnaba los contravalores morales a los que se oponía. Como acertadamente escribiera Josep Benet, la política de partido había prevalecido, una vez más, no ya sólo al intento de conseguir una conciliación ciudadana, sino también al propio interés nacional. Y, así, de nada iba a servir la voz de Maragall, una de las pocas que se atrevieron en esos días a dejarse oír en defensa de la concordia, ante aquella Barcelona, hipócritamente redentora, que anteponía el castigo al perdón, y la venganza a la justicia[77].

XIV

La ejecución

La tarde del lunes día 11, apenas dos horas después de conocida la aprobación del fallo por parte del capitán general de la IV Región Militar, el juez instructor de la causa, enviaba a la atención del general Parga, gobernador del castillo de Montjuïc, con carácter de urgencia y ruego de máxima discreción, un oficio, que llevaba implícito en su texto, además de la orden del traslado de Ferrer a la fortaleza, el alto grado de preocupación que para las instancias gubernativas suponía la seguridad del reo, expresada en las instrucciones que en el mismo se sugieren para garantizar su custodia:

Dispuesto por el excelentísimo señor capitán general, sea trasladado de la Prisión Celular de la capital a ese castillo de Montjuïc el procesado Francisco Ferrer i Guardia, contra el que se ha instruido causa por este juzgado por el delito de rebelión militar, y dada la personalidad que en su género significa dicho individuo, su temperamento y modo de ser, considero un deber poner en conocimiento de la Superior Autoridad de V. E. la imperiosa necesidad de que se le someta a la más estricta y permanente vigilancia para evitar que por cualquier procedimiento pudiera eludir la acción de la Justicia. Y en este sentir, me permito someter a la consideración de su criterio la conveniencia de que las comidas le sean confeccionadas en el propio castillo; que, presenciadas éstas, se recojan los enseres dispuestos para ellas; que cuanta correspondencia reciba sea abierta a su presencia por si pudiera contener algún tipo de sustancia tóxica; y cualquier otra clase de precauciones que se digne V. E. disponer al respecto[78].

Con la misma fecha y por igual conducto, se cursaban otros dos mandatos, dirigidos respectivamente a la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona y a la Hermandad de la Paz y la Caridad, con sede en la iglesia del Pi, por la primera de las cuales se ordenaba el envío de treinta números de la Benemérita a la Cárcel Modelo para efectuar la conducción del reo, mientras que a través del segundo se encomendaba a la citada institución que desplazase al castillo, tal y como era su costumbre, a los miembros que considerase oportuno para auxiliar espiritualmente al condenado en los momentos previos al cumplimiento de la sentencia.

Ambas providencias llevaríanse a cabo en el transcurso de la madrugada del día siguiente. Por lo que se refiere a la Hermandad, dispuso ésta el envío de siete cofrades que, trasladados hasta la fortaleza en dos carruajes, «excitaron vivamente, según testimonio del periodista José Brissa, la curiosidad de los barceloneses que a aquella hora circulaban por el Paralelo»[79]. En cuanto al encargo encomendado a la Guardia Civil, cumpliose asimismo con exigente diligencia, según se deduce de las manifestaciones del ya conocido teniente Modesto de Lara, que mandaba el grupo, inestimables, por su minuciosidad, para conocer los detalles de lo que sería el último viaje de Ferrer i Guardia:

El 11 de octubre, a la una y media de la madrugada, al mando de treinta números de Infantería y Caballería de la Guardia Civil, llegué a la Cárcel Modelo de Barcelona con orden de hacerme cargo de Francisco Ferrer i Guardia, y trasladarlo, con las naturales precauciones, al castillo de Montjuïc.

Ya en esa fecha se había visto ante el Consejo de Guerra la causa instruida contra él, y el capitán general habíase mostrado conforme con el fallo del Tribunal. No existía, pues, duda alguna de que el traslado a tan altas horas de la noche obedecía a que, si el Gobierno no recomendaba al Rey el indulto, debía cumplirse con toda urgencia la sentencia, tal y como se acostumbraba en casos semejantes.

Si en ocasiones de menor importancia política se extremaban las medidas de vigilancia para evitar tanto las evasiones como los intentos de liberar a los presos, la que suponía trasladar a Ferrer, teniendo en cuenta el estado de ánimo que se percibía en el ambiente, era extremadamente delicada, a la par que peligrosa, pues habría de hacerse sin aparatos ni alardes de fuerza que denotaran o pudieran hacer intuir al público la personalidad del recluso al que se conducía.

Al personarnos en la cárcel, nada sabía el acusado. Los empleados de servicio, cumpliendo las órdenes recibidas, habían guardado el máximo silencio. Fueron, así, a su celda, y lo despertaron diciéndole que bajara al despacho del director, el Sr. Ródenas, donde le esperaban. Bajó. Y sólo ante la presencia de la Guardia Civil, perdió por un instante su pasmosa serenidad. Venía a medio vestir, sin nada en la cabeza.

—Perdonen si les he hecho esperar, así como que me presente de este modo tan poco correcto —dijo disculpándose.

—No hay nada que perdonar.

—¿Para qué me querían ustedes?

—Hay orden de que venga con nosotros.

—¿Dónde?

—No se le puede decir.

—¡Son ustedes los de siempre! En fin… Estoy a su disposición, cuando quieran.

—Vístase bien, y póngase, sobre todo, algo en la cabeza. La noche está muy fresca.

—¡Que más da! Cuando me avisaron estaba dormido, e imaginando que se trataba de una diligencia judicial más, para no hacer esperar, bajé sin arreglarme.

—No importa. Esperaremos lo que sea preciso.

—Gracias. Vamos donde tengan ordenado. Cuanto antes termine, más pronto podrán ustedes descansar. ¡Cuidado con lo que les estoy molestando…!

Se le esposó. Quedó en la cárcel el recibo de haberse hecho la Guardia Civil cargo del condenado. Cuando salió al patio y vio el brillar de las bayonetas en los fusiles, contempló a los guardias, por entre los que pasaba como revistándolos. Conoció a un sargento, al que dijo:

—¿También usted por aquí?

A continuación, subió al coche celular que le esperaba en la puerta. Eran exactamente las dos y cincuenta y un minutos cuando el acusado abandonaba definitivamente la celda que durante cuarenta y dos días le había servido de prisión, y de la que, asimismo, había salido, un año antes, el famoso anarquista Juan Rull con destino también al patíbulo.

Por las calles, no había un alma. Algún que otro bar del Paralelo permanecía abierto. Al ruido del coche, del trotar de los caballos y el rechinar de los herrajes, salieron a las puertas de tales establecimientos, curioseando y deshaciéndose en conjeturas, numerosas de esas gentes que viven de noche y duermen de día, y que tanto tienen de golfos y rameras.

La que ya pudiéramos llamar fúnebre comitiva enfiló la empinada cuesta que conduce a Montjuïc. Los caballos del coche, no pudiendo con la terrible y continuada pendiente, jadeaban sudorosos y extenuados, deteniéndose cada veintena de pasos. Hubo, así, necesidad de bajar del vehículo y finalizar el resto de la ascensión a pie. Era una noche limpia de otoño, en la que soplaba, más por la hora que por la temperatura, un airecillo fresco de esos que nos hacen recordar el invierno. El silencio, imponente, solamente veíase turbado por el intenso oleaje del mar.

A la vista de aquel hombre, ya encanecido, que, vestido a la ligera, con un traje de lanilla y la cabeza descubierta, tiritando o poco menos, y que, sin arrogancia ni temor, caminaba cara al castillo, debo confesar que se sentía una infinita y profunda admiración, en base al derroche de valor consciente que mostraba.

Cuando, abiertas las puertas de la fortaleza, se aprestó a franquearlas, dijo como si hablara entre amigos: «No había estado nunca aquí. ¡El famoso Montjuïc! Y no es feo del todo. Tiene algo de majestuosidad».

Se despidió afablemente del sargento al que conocía. Saludó a todos, compadeciendo lo ingrato del servicio. No hizo durante la marcha el menor comentario, ni mostró la más ligera curiosidad de saber dónde iba. Habló, eso sí, admirado del trabajo que presta la Guardia Civil, agradeciendo su trato.

Minutos después, regresaba la tropa, comentando sus individuos, en columna de viaje, la estoicidad de Ferrer. Las luces de los barcos que, como gigantes dormidos, fondeaban en el puerto, parecían hacer guiños y parpadear[80].

Entre tanto, el director de la Cárcel Modelo confirmaba al juez de la causa, en oficio número 5.345 de la Administración del Centro, el cumplimiento de la orden recibida:

A las dos y media de la madrugada de hoy, ha sido entregado a la fuerza de la Guardia Civil, para su traslado al castillo de Montjuïc, el recluso Francisco Ferrer i Guardia, en cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. Sr. capitán general de esta Región en su respetable oficio de ayer. Lo que tengo el honor de comunicar a V. S. a los fines procedentes y oportunos[81].

Ferrer llegó a Montjuïc pasadas las tres y cuarenta y cinco minutos de la madrugada. Nada más cruzado el rastrillo, fue conducido a la plaza de armas de la fortaleza, donde acudió a recibirle el capitán don Manuel Tello, ayudante del gobernador de la misma, quien dispuso su inmediata reclusión en una celda improvisada al caso, y habitualmente destinada a taller de carpintería, a la que acudiría a visitarle, pocas horas después, el propio gobernador del castillo, general don Juan Parga, y donde habría de permanecer hasta el instante mismo de su ingreso en capilla.

La mañana del martes, día 12, amaneció plomiza y gris. En algunos momentos incluso cayeron unas gotas de lluvia, barridas por un viento cortante, racheado y frío. Nada impidió, sin embargo, que desde primeras horas se fueran congregando grupos de gente en el Paralelo, las Ramblas, y otros puntos neurálgicos de la ciudad, que irían haciéndose cada vez más numerosos a medida que avanzaba la tarde. Todo el mundo inquiría noticias. Todo el mundo hacía cábalas y más cábalas sobre la suerte que pudiera aguardarle a Ferrer. Y todo el mundo, lo mismo en Barcelona que en el resto de España, tenía la mirada y el oído puestos en el domicilio madrileño de don Antonio Maura, en la calle de la Lealtad, donde se celebraba el Consejo de Ministros que había de darse por «enterado» de la sentencia de muerte recaída sobre aquél (que era como decir, respaldarla oficialmente) o, por el contrario, recomendar al Rey el indulto del condenado.

Para los más crédulos respecto a la generosidad del Gobierno, esta última posibilidad no era descabellada. Y fundaban su criterio en que Maura había hecho uso de esa prerrogativa de gracia, durante sus dos años al frente del Consejo, nada menos que en 119 ocasiones: 42 de ellas, por asesinato; 12 por parricidio; y 9 por la confluencia de ambos delitos, con la particularidad, además, de que 25 de esas sentencias habían sido falladas por la jurisdicción militar. ¿Por qué no iba a repetirse ahora otra demostración de clemencia para alguien que, como Ferrer, no había incurrido en delitos de tal naturaleza, y sobre la legalidad de cuyo proceso, además, tantas interrogantes se habían barajado? ¿Sería capaz el Gobierno de ignorar la presión internacional con la que, desde el mismo inicio de la causa, venía acusándosele de pervertir el derecho a las más elementales garantías personales, resucitando todos los viejos tópicos atribuidos históricamente a la España fanática, intolerante, reaccionaria e inquisitorial?

Quienes, en cambio, se hallaban más apegados a la realidad; cuantos eran conscientes del empeñado esfuerzo institucional por amañar una causa jurídica para convertirla en un mero ajuste de cuentas; los que recordaban que, sólo una semana antes, el carbonero discapacitado Ramón Clemente había sido fusilado simplemente por simular una danza macabra con el cadáver momificado de una monja, en una plaza del Raval; para todos aquellos que conocían la necesidad del Gobierno de ofrecer a la opinión pública una cabeza visible en la que personalizar las responsabilidades del alzamiento, la incógnita sobre la suerte de Ferrer estaba resueltamente despejada, no ya desde el momento del fallo, sino a partir del instante mismo de su detención. Y si alguna leve duda albergaban aún, apenas tardarían unas pocas horas en convencerse de lo atinado de su juicio.

La esperada reunión del Consejo, celebrada bajo la presidencia de Maura, y en la que tomaron parte los ministros La Cierva (Gobernación), el general Linares (Guerra), Allendesalazar (Estado), el almirante Ferrándiz (Marina), González Besada (Hacienda), Rodríguez Sampedro (Instrucción Pública), el marqués de Figueroa (Gracia y Justicia) y Sánchez Guerra (Fomento), concluyó a las ocho de la noche de ese martes sus deliberaciones, centradas, según diría el presidente al reseñarlas, en los Presupuestos Generales del Estado, la reforma de una parte sustancial del articulado del Código Penal, y el examen de los últimos acontecimientos de la Guerra de Marruecos. Temas todos ellos que, a pesar de su trascendencia, apenas si despertaron interés entre las decenas de periodistas nacionales y extranjeros que cubrían la información del proceso, y que, impacientes ante el silencio del jefe del Gabinete sobre el que consideraban como el asunto estelar del día, requirieron del ministro de la Guerra el dictamen del Gobierno sobre la sentencia.

El general Linares eludió diplomáticamente mencionar el término «enterado», por más que su respuesta despejara cualquier posible duda sobre la determinación adoptada:

Sólo puedo decirles respecto a ese punto que la decisión ha sido absolutamente unánime, y adoptada además conforme convenía al interés nacional. Y que el Gobierno, contra lo que quizá algunos de ustedes puedan suponer, ha actuado al margen de cualquier presión, intimidación o amenaza[82].

La primera instancia oficial, fuera del propio Gabinete, en conocer la postura del Consejo de Ministros sería, naturalmente, el capitán general de Cataluña, que la transmitió sin dilación alguna al juez instructor de la causa, con las apostillas y añadidos pertinentes al caso, a través de la siguiente comunicación, firmada con su puño y letra:

El Excmo. Sr. ministro de la Guerra, en telegrama con fecha de hoy, me dice lo que sigue: «Gobierno acordó quedar enterado de la sentencia de pena de muerte dictada contra Francisco Ferrer i Guardia, remitida en oficio de ayer lunes».

Lo traslado a Vd. a los oportunos efectos de la causa que instruye a dicho individuo, que a las diez y nueve horas de hoy será puesto en capilla, ejecutándose el fallo a las nueve de mañana en los fosos del castillo de Montjuïc que designe el gobernador de dicha fortaleza, en la que el reo se encuentra detenido.

Si el repetido Ferrer, a pregunta que Vd. le hará seguidamente de la notificación, manifestase deseo de hacer testamento e indica un notario determinado, me lo comunicará con toda urgencia y del modo más rápido para trasmitírselo al designado. En el caso de que no se decidiera por uno concreto, tan pronto Vd. me lo haga saber, me dirigiré al decano del Cuerpo Notarial para que designe al que corresponda o estime conveniente[83].

Mientras esto sucedía, y ajeno al cruce de oficios que a unos centenares de metros del castillo se estaban produciendo, Ferrer escribía desde su celda una emotiva carta a Soledad, en la que le explicaba la cortesía de los oficiales del castillo para con él, le daba noticias sobre las condiciones de su nuevo encarcelamiento («dispongo de una celda aireada, cómoda, y llena de sol»), y terminaba transmitiéndole ánimos con los que afrontar la extremada gravedad del momento:

No sufras, vida mía, ni hagas sufrir tampoco a tus compañeros, dejándoles notar la indudable tristeza, que supongo habrás de sentir en estos difíciles instantes.

Nadie ha podido estar mejor defendido que yo. El capitán Galcerán no sólo ha defendido mi causa sino tambien la de la Escuela Moderna, y la de nuestra labor educativa. Y lo ha hecho, además, con tanto entusiasmo y tan decidida pasión, que te aseguro, Sol mía, que podría morir tranquilo con sólo pensar que mi obra, que es como mi propia vida, no morirá. Porque ¿qué importa que yo muera, si ese legado continúa?

¿Has leído el texto de la Defensa publicada en el periódico Las Noticias, que te he enviado? ¿No te ha emocionado? ¿No se han emocionado también nuestros amigos al leerla? Cuando ayer estuve con mi defensor, volví a expresarle mi emoción y mi agradecimiento. Ahora, querida, me avisan de la llegada del comandante Raso, para notificarme con toda probabilidad que van a ponerme en capilla. En mi carta de ayer, te dije ya adios. Ahora quiero repetirte que te quiero, como quiero a todos cuantos me quieren[84].

Y tenía razón. Apenas recibido el oficio en el que se le notificaba el «enterado» del Gobierno, el comandante Raso se había dirigido sin pérdida de tiempo a Montjuïc, y tras reclamar la presencia del reo, procedió, en el despacho del gobernador, a comunicarle el contenido del oficio, cuya lectura, escuchada por el condenado con enorme entereza, corrió a cargo del secretario de la causa, el cabo José Gandía, que redactaría el informe de la providencia en los términos siguientes:

Constituido el juzgado en el castillo de Montjuïc, a las diez y ocho y tres cuartos del día 12 de octubre de 1909, y presente el procesado en esta causa Francisco Ferrer i Guardia, manifestole el Sr. juez instructor de la misma que iba a notificársele la resolución recaída sobre aquélla, lectura que corrió a cargo del infrascrito y en la que se le hizo saber la sentencia, obrante al folio 615, el decreto subsiguiente, y el telegrama del ministro, verificado lo cual quedó enterado de haber sido condenado a la pena de muerte.

Manifestó que desea hacer testamento, para cuyo fin se interesa la venida del notario don José Sorribas, y, en defecto de éste, otro cualquiera. Dijo además tener hijos y demás familia, que no tiene interés en expresar. Y leído que le fue este apunte, aseguró una vez más quedar enterado, así como su decidido propósito de no firmar la presente acta.

Las actuaciones anteriores fueron hechas en presencia de los testigos don Agustín Cubas, capitán de Infantería, y don Alejandro Velarde, primer teniente de Artillería[85].

Finalizada esta actuación, Ferrer fue puesto a disposición del teniente de Infantería del Regimiento de la Constitución don Federico Pradas, designado por el gobernador del castillo para mandar el piquete de ejecución, en compañía del cual pasó a la que sería su última y definitiva celda, la capilla, a la que accedió cuando el reloj de péndulo colgado en una de sus paredes marcaba exactamente las diecisiete y cuatro minutos de la tarde. Era dicha estancia una habitación de regulares proporciones, dividida en dos piezas comunicadas entre sí, en la primera de las cuales había un altarcillo presidido por un crucifijo, con dos candelabros humeantes a cada uno de sus lados, y media docena de sillas por todo mobiliario, mientras que la segunda estaba ocupada por un camastro y una mesa escritorio, con su tintero y recado de escribir ya dispuestos.

Al entrar el acusado, se encontraban en la primera de las habitaciones con dos hermanos de la Paz y la Caridad, a los que pidió educadamente que saliesen, el ayudante del gobernador del castillo, el ya citado teniente de la Guardia Civil Modesto de Lara, y el capellán castrense don Eloy Hernández, que treinta años después relataría minuciosamente en las páginas del vespertino La Noche las vicisitudes de aquellas horas de inquietud y angustia, que precedieron al fusilamiento:

Enseguida que entró Ferrer en capilla, me puse a su disposición, respondiéndome él que, como no comulgaba con las ideas cristianas, era inútil lo que le dijera, pero que de todas maneras me agradecía el ofrecimiento que le hice, así en lo espiritual como en cualquier otro orden de cosas.

Cumpliendo mi sagrado ministerio, insistí varias veces en que se reconciliara con la religión católica, hablándole de la salvación del alma, y de que después de la muerte había un más allá. Ferrer contestaba amablemente a mis palabras diciendo que le dejara tranquilo pues tenía otras cosas en que pensar. Que sabía cuanto yo le expresaba, pero que sus ideas eran muy distintas.

En un momento determinado, protestó del crucifijo y las luminarias encendidas en el altarcillo, y me solicitó que rogara al gobernador que diese permiso para retirarlas de allí. Al no ver satisfecha su petición, y sin mostrar demasiada contrariedad, me parece recordar que dijo, como hablando consigo mismo: «¡Lástima! ¡Con lo amables y correctos que hasta ahora habían sido estos caballeros militares!».

Viendo que era imposible toda insistencia en temas espirituales, me retiré, no sin antes advertirle que permanecía en la fortaleza, a su absoluta y completa disposición.

Algo más tarde, serían como las diez y media, subió a Montjuïc un padre jesuita, que no sé si era el P. Pons o el P. Doménech, suplicándome que le anunciara al reo, pues traía para él un encargo especial del Sr. obispo. Ferrer se negó en un principio a recibirle, pero tal fue la insistencia del religioso que, al final, concediole unos minutos. La entrevista fue muy breve, y con los mismos resultados que los que yo había obtenido anteriormente. No conseguido su propósito, el jesuita abandonó el castillo[86].

Tras esta tan breve como frustrada visita, recibiría Ferrer la del notario don Ricardo Permanyer, llegado hasta Montjuïc para recibir su testamento. Unas horas antes, el capitán general, Luis de Santiago, le había telefoneado requiriéndole los servicios del Sr. Sorribas, colegiado solicitado por el reo, pero resultando imposible localizarlo, y habida cuenta de que «ningún otro prestose voluntariamente a desempeñar la comisión», decidió él mismo, en su condición de decano del Colegio Notarial de Barcelona, aceptar el encargo, dirigiéndose al castillo en compañía de su hijo y un dependiente de la notaría, que le habían de servir de testigos.

Una vez personado en la capilla, y comprobada la personalidad del testador, al no poder éste exhibir la cédula personal que la acreditase, el Sr. Permanyer se dispuso a escuchar la última voluntad de Ferrer, que éste había escrito ya en media docena de cuartillas, advirtiéndole antes que debía evitar cualquier referencia de naturaleza política o ideológica, ya que en ese caso el documento sería nulo.

Atendiendo esta advertencia y con voz firme, pausada y tranquila, el director de la Escuela Moderna expuso el contenido de sus últimas voluntades, anteponiendo al reparto de sus bienes unas breves consideraciones que poco antes había redactado en su celda:

Quiero protestar antes de nada, con toda la energía posible, del castigo que me ha sido impuesto, declarando que no tengo la menor duda de que en muy poco tiempo será públicamente reconocida mi inocencia.

Deseo que en ningún momento, próximo ni lejano, se hagan manifestaciones de carácter religioso o político ante mis restos, porque entiendo que el tiempo que se dedica a ocuparse de los muertos sería mucho más provechoso destinarlo a mejorar la condición de los vivos, de la que tanta necesidad está precisada la gran mayoría de los hombres.

En cuanto a mis restos, deploro que no exista horno crematorio en esta ciudad, como ya los hay en París, Milán y otras muchas más, porque habría pedido que en él fueran incinerados; lo que aprovecho para expresar mis votos de que pronto desaparezcan los cementerios, en beneficio de la higiene, siendo sustituidos o bien por esos hornos, o por cualquier otro sistema que haga posible la rápida destrucción de los cuerpos.

Tampoco deseo que en el futuro se hable de mí, pues soy contrario a la idea de crear ídolos, algo que encuentro inconveniente para el porvenir humano. Son los hechos y no las personas, los que deben alabarse o vituperarse, ensalzándolos cuando redunden en el bien común, y criticándolos, en cambio, para que no vuelvan a repetirse, en aquellos casos en que se consideren nocivos para el bienestar general.

Tras este breve preámbulo, Ferrer nombró albaceas, contadores y liquidadores del testamento a Cristóbal Litrán, su mano derecha en la editorial, y a William Heaford, amigo y compañero en las tareas de la Federación Internacional del Librepensamiento, y dictó de esta forma la distribución de sus bienes y sus últimos encargos:

Lego a mis tres hijas, Trinidad, Paz y Soledad, la cantidad de seis mil pesetas, en pago de sus derechos legítimos, que por ministerio de la Ley forzosamente he de reconocerles. Y les suplico que no reclamen nada más en concepto de suplemento de legítima, y no olviden que cuando me posesioné de la herencia de doña Ernestina Meunier fue con el convenio verbal entre ambos de que sus bienes no debían servir sino para la propagación de mis ideas, en la forma y el modo que lo considerase conveniente.

Lego a doña Soledad Villafranca, cien acciones de la Sociedad Anónima Fomento de Obras y Construcciones, depositadas en una caja del Credit Lyonnais, en París, de las cuales sesenta figuran enrolladas en un fajo, con un rótulo escrito que dice: «Para Soledad». Y le lego, asimismo, todo el mobiliario y ajuar, incluido el piano, existente en la casa que ambos compartíamos dentro de la finca Mas Germinal, en el término de Mongat. Otorgándole, finalmente, el derecho de uso y habitación de la vivienda ya mencionada para el resto de su vida.

Lego a don Lorenzo Portet, residente en Liverpool, los bienes siguientes: la Casa Editorial, que, con el nombre de «Publicaciones de la Escuela Moderna», tengo establecida en esta ciudad, con todas sus existencias, así como el conjunto de los derechos y obligaciones que la integran; las trescientas acciones de la Sociedad Fomento de Obras y Construcciones, que tengo pignoradas en la sucursal del Banco de España de Barcelona, en garantía de un préstamo de 90.000 pesetas, que deberá ser satisfecho para poder hacerse cargo de las mismas; la casa que poseo en París, Rue des Petites Ecuries, sobre la que pesan igualmente otros dos préstamos de 325.000 francos; trescientas nuevas acciones de Fomento de Obras y Construcciones, que se encuentran depositadas en la central del Credit Lyonnais, de París; y otras cuatrocientas treinta, de la Sociedad Catalana de Crédito, que se conservan en una caja fuerte de la misma entidad bancaria.

Encargo asimismo al legatario don Lorenzo Portet que si en alguna ocasión viese en situación de necesidad a mis hijas, a la familia de mi hermano José, a doña Soledad Villafranca, o al niño Leopoldo Bonnard, conocido como Riego, les socorra y atienda según su prudencia y buen criterio.

Igualmente encargo al referido Sr. Portet que a los bienes que comprende el legado que he ordenado en su favor, les dé, conforme a mis ideas, que ya conoce, el uso de fomentar las publicaciones de la Escuela Moderna; y, en ese sentido, le encomiendo la edición de la Obra completa de Kropotkin; los tres primeros tomos de la Enciclopedia popular; el libro Cómo se forma una inteligencia, del Dr. Toulouse; los originales que traje de mi último viaje de Londres, que ya se hallan corregidos; y la posible publicación de un diario o revista sobre la educación racionalista.

De todos mis restantes bienes muebles e inmuebles, acciones, créditos y derechos, declaro como heredero universal a mi hermano José Ferrer i Guardia, y en su defecto a mi cuñada María Fontcuberta, su esposa, con la condición de que si aceptan la propiedad de la finca Mas Germinal y el Bosque de Alcornoques de Alella, entreguen, en compensación, a don Lorenzo Portet cien acciones de la Sociedad Fomento y Construcciones[87].

El documento resumía, en el recuento de sus prioridades, las ideas que informaban el pensamiento (y también, los sentimientos) del testador. Esto es, la inversión del mayor montante de su patrimonio (cifrado, en 1912, en unos 632.000 francos, y otras 650.00 pesetas) en la divulgación de las ideas que habían inspirado la creación de la Escuela Moderna, y el reparto del resto de sus propiedades entre su hermano José, y Soledad Villafranca, exceptuada la legítima, que la Ley le obligaba otorgar a sus descendientes legítimos, cuyo desapego afectivo por parte de Ferrer queda ostensiblemente demostrado con sus disposiciones testamentarias.

Concluida su redacción, suscrita por el notario y los testigos, Julio Padilla y Ramón López Oliveros, agentes ambos de vigilancia de servicio en el castillo, a la que Ferrer puso su firma con pulso sereno, y que quedaría registrada con el número 540 en el libro de protocolos de la Notaría del Sr. Permanyer, la misión profesional de éste había terminado. Sin embargo, antes de abandonar la capilla, no pudo sustraerse a sus profundas convicciones religiosas, y, conocedor de las ideas de su circunstancial cliente, al que imaginaba ajeno a cualquier creencia espiritual, le preguntó: «¿No cree usted que existe algo más allá de esta vida?». «No, señor. Yo creo que todo se acaba aquí; que todo termina con la vida del hombre. Desde que adquirí este convencimiento hace ya muchos años, he ajustado a él todos mis actos».

Las palabras de Ferrer eran una clara invitación a la despedida. Y así las entendió el notario, que, en compañía de sus auxiliares, abandonó el recinto tras estrechar la mano del condenado. Cuando ya se marchaba, le haría éste, no obstante, una última observación:

Deseo que una copia del testamento sea enviada inmediatamente a doña Soledad Villafranca, en Teruel.

«Si hubiese tiempo material de sacar la copia que usted reclama», le respondió el Sr. Permanyer, «se la entregaría enseguida. Pero siendo esto imposible, y para que después de su muerte pueda hacérsela llegar a la tal señora, es preciso que levantemos ahora mismo acta de su petición ante, al menos, dos testigos»[88].

Resuelto el trámite documental, que se había iniciado a las doce y media de la noche y se prolongó hasta pasadas las cuatro y cuarto de la madrugada, manifestó Ferrer su intención de reposar unos minutos en la habitación inmediata. Durmió apenas hasta las cinco. A esa hora, le avisó el padre Hernández de que un capellán de la Casa de la Caridad, que decía haber sido en otro tiempo amigo suyo y monaguillo con él, deseaba verle. Lo recibió muy amablemente, pero no parece que atendiese tampoco sus consideraciones espirituales. Cuando salió el sacerdote, pidió una copa de jerez, pasando a continuación a asearse y terminar de vestirse.

Completamente despejado ya, volvió de nuevo a la capilla. A pregunta de alguno de los presentes sobre si deseaba comer algo, contestó que no. Se interesó, en cambió, sobre si había alguna noticia del indulto, y al responderle negativamente, se sentó ante la mesa del escritorio y se puso afanosamente a escribir por espacio de una hora aproximadamente. De dos de sus cartas, dirigidas a Charles Malato y Soledad, no se conoció nunca el texto. La tercera, con destino al general gobernador del castillo, y de contenido casi telegráfico, decía:

Quedo sumamente agradecido del caballeroso comportamiento que han tenido para conmigo en esta fortaleza, desde usted hasta el último soldado. Si todas las clases de la sociedad tuviesen el mismo modo de ser de quienes ocupan este castillo sería inútil la existencia de mi Escuela Moderna[89].

Hacia las seis de la mañana subieron a Montjuïc dos escuadrones del Regimiento de Montesa, una compañía del de Vergara, y diversas fuerzas de Ingenieros y Artillería, a las órdenes del general Escriu. Casi simultáneamente, personáronse en la celda del reo el capitán Tello, varios oficiales del Regimiento de la Constitución, y el teniente Lara, que describiría posteriormente el ambiente de esos momentos:

En las primeras horas de la mañana, cuando Ferrer dio por concluida su correspondencia, fuimos algunos jefes y oficiales a la capilla para acompañarle un rato e intentar distraerle. Conversamos, del mismo modo que pudiéramos haberlo hecho en un casino. Él llevaba el peso de la charla. Quejose de que no se le hubiera entendido. Amaba tanto la paz, que por eso no quería fronteras. Sin guerras, reinando la concordia universal, huelga el Ejército y sobra la bandera. Se tenía de él un concepto equivocado. Pero moría tranquilo y satisfecho porque tenía fe ciega en el porvenir y porque se consideraba mártir de una gran doctrina.

Enterado por uno de los allí presentes de que, según las ordenanzas militares, era preceptivo que muriese arrodillado, de espaldas y con los ojos vendados, solicitó del capitán Tello que intercediera ante el gobernador del castillo para evitarle la afrenta que ello suponía. Salió el oficial a evacuar la consulta, regresando enseguida con la noticia de que, previa comunicación telefónica con el capitán general, el gobernador accedía a que fuera fusilado de pie, amarrado, y de cara al piquete, en tanto que desestimaba la tercera y la última de sus peticiones.

La conversación terminó con la llegada del defensor de Ferrer, capitán Galcerán, quien, luego de conversar un rato a solas con él y anunciarle la definitiva denegación del indulto, se despidió emocionadamente, diciéndole: «No veo que podamos hacer ya nada más. Ni el Rey ni Maura parecen haber advertido la terrible ignominia que cometen con esta absurda falta de clemencia. Pero la justicia, créalo amigo mío, acaba por triunfar siempre finalmente».

Dicho lo cual, abrazó emocionadamente a su patrocinado, se despidió de todos quienes allí estábamos, estrechándonos la mano, y salió de la capilla[90].

Mientras los soldados del Regimiento de Montesa se distribuían por parejas en torno a los aledaños de la fortaleza para evitar que se aproximaran los curiosos al foso de Santa Amalia, donde se había decidido llevar a cabo la ejecución, y el teniente Pradas Armero repartía la munición, así como la habitual salva de fogueo, entre los miembros del piquete, elegidos para tal trance por sorteo, Ferrer observaba impasible el movimiento de las manecillas del reloj de su celda, acompañado ya únicamente por el capellán don Eloy Hernández, cronista, una vez más, del dramático discurrir de esos últimos momentos de su vida:

Eran las ocho y media, más o menos, cuando, avisado por un oficial, que acercándose a mí vino a advertirme que había llegado el instante de la ejecución, llamé la atención al reo y le dije dándole una suave palmada en el hombro:

—Señor Ferrer, es la hora.

—Vamos, pues —respondió, mientras unos soldados recién llegados procedían a maniatarle.

Como pretendiese ir a su lado, tal y como disponen las ordenanzas, Ferrer me suplicó que anduviera a cierta distancia. Decidido y sereno, recorrió con paso firme el trayecto que separaba la capilla de los fosos. Antes de salir al patio y creyendo posiblemente que habría gente en aquellos alrededores le dijo al teniente que iba a mandar el pelotón de fusilamiento:

—Sentiría que el pueblo, llevado de su fanatismo, hiciera algo que pudiese costar alguna vida.

El oficial le tranquilizó contestándole que nada ocurriría, ya que se habían tomado todas cuantas medidas resultaban precisas para salvaguardar el orden.

Al atravesar la Plaza de Armas, noté en él una sensible decepción al ver que no había allí nadie. Sin embargo, no tardó en recuperarse y exclamó:

—¡Qué mañana tan hermosa! ¿Cuánto hay desde aquí al sitio en que han de fusilarme?

—Unos doscientos metros, aproximadamente.

—Andémoslos entonces cuanto antes.

Y sin decir una palabra más empezó a caminar, siguiendo el sendero que, partiendo de una de las poternas de la fortaleza y paralelo a los muros del castillo, conducía hasta el espacio abierto elegido por las autoridades militares como lugar del patíbulo[91].

Uno de los oficiales allí presentes, Antonio Pons, ya anteriormente aludido por ser el auxiliar de mayor confianza del teniente coronel Aguirre de la Calle, presidente del Consejo de Guerra que juzgó a Ferrer, pondría término a este minucioso relato, al detallarle algún tiempo después a su hija Sol el epílogo de la vida de su padre:

Llegados al foso de Santa Amalia y dispuesto ya en cuadro el piquete encargado de cumplir la sentencia, detúvose un momento Ferrer, y dirigiéndose de nuevo al teniente que le acompañaba, le dijo, un tanto asombrado ante su extrema juventud:

—Veo, teniente, que es usted aún casi un muchacho. ¿Cuánto tiempo hace que ha alcanzado el empleo de oficial?

—Apenas doce meses.

—¿Sólo un año? ¡Triste manera entonces éste de dar comienzo a una carrera militar!

—¿Triste, por qué?

—Únicamente, porque al dar la orden de disparar va usted a poner fin a la vida de un inocente.

Finalizado este breve diálogo, preguntole el gobernador si deseaba hacer alguna consideración o quería expresar cualquier tipo de deseo, a lo que contestó Ferrer dirigiéndose a los soldados apostados en torno suyo:

—Salvo a ustedes de toda responsabilidad derivada de esto, por cuanto no hacen otra cosa sino cumplir con su deber.

A continuación, colocose frente a ellos, se dejó vendar pacientemente los ojos, y aguardó en posición de firme la señal de fuego. Al escuchar, sin embargo, la previa voz de «apunten», no pudo evitar el decir casi en un puro grito:

—¡Muchachos, apuntad bien, y disparad sin miedo! ¡Soy inocente! ¡Viva la Escuela Moderna!

Se oyó el estampido seco de los disparos. Titubeó Ferrer un momento antes de caer, para desplomarse a renglón seguido pesadamente, como si de un fardo se tratase. Luego siguió un silencio rotundo e imponente. Y después, nada. La escena, tan breve como conmovedora, había concluido. Eran exactamente las nueve y un minuto de la mañana[92].

Fue la suya una muerte digna. La de quien muere sabiéndose inocente, y con la dignidad que proporciona rendir la vida en servicio de unos ideales, por los que desde siempre había luchado. Fue una muerte ejemplar, reconocida como tal incluso por sus más apasionados detractores, aceptada con valor, serenidad, entereza, y sin el menor signo de vacilación, ni titubeo. Y fue, sobre todo, una muerte que trascendió su propia dimensión para convertirse en símbolo del desafuero, la venganza y la injusticia.

Pero el burocratismo judicial no acababa con su fusilamiento. Y, así, con el laconismo propio del caso, el juez instructor de la causa cursó al capitán general, como paso siguiente del procedimiento, la notificación del cumplimiento de la sentencia, a través del parte siguiente:

En el castillo de Montjuïc, siendo las nueve de la mañana del día 13 de octubre de 1909, ha sido pasado por las armas, por fuerzas del Regimiento de Infantería de la Constitución, Francisco Ferrer i Guardia, previas las formalidades de la ley, habiendo concurrido asimismo otras del Regimiento de Vergara, del 4° Mixto de Ingenieros, y de la Comandancia de Artillería y Caballería del de Montesa. Lo que traslado a V. E. a los efectos oportunos[93].

Otra comunicación posterior, transmitida al mismo destinatario y por idéntico conducto, daba cuenta del reconocimiento facultativo del cadáver, trámite este también preceptivo y que corrió a cargo del médico militar del castillo. Redactada por el secretario Gandía, decía así:

Concluida la ejecución, a la que se refiere la diligencia anterior, el Sr. juez instructor ordenó fuese reconocido el cadáver de Francisco Ferrer i Guardia, y presente el médico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, don Dionisio Tato Fernández y sabedor de lo que debía practicar, prestado el juramento con arreglo a su clase, manifestó que, reconocido, presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza que le produjeron la fractura del cráneo en distintas partes del mismo, por las que salía gran cantidad de masa encefálica, siendo todas y cada una de ellas mortales de necesidad, y causa eficiente y bastante de su muerte[94].

Por su parte, el Gobierno hacía pública la noticia de la ejecución por conducto del ministro de la Gobernación, Sr. La Cierva, quien, ante los numerosos periodistas citados a mediodía en su antedespacho, se limitó a decir lacónicamente, y sin más comentarios: «La sentencia contra Ferrer i Guardia ha sido cumplida esta mañana con arreglo a lo preceptuado por la ley».

Correlativamente a esta declaración, y a instancias de la Instrucción de la causa, el juez municipal suplente del distrito Sur de Barcelona, Sr. Puig Torres, certificaba, por su parte, el asiento de la partida de defunción de Ferrer, en el folio 122, número 869, del libro 11 de la Sección de Defunciones del Registro Civil de dicho juzgado:

En la ciudad de Barcelona, a las doce horas del día 13 de octubre de 1909, ante don Francisco de Paula Puig Torres, suplente juez municipal del distrito Sur, compareció don José Gandía, natural de Padrón, provincia de La Coruña, mayor de edad, cabo del Regimiento de Infantería de Mallorca, n° 13, manifestando que don Francisco Ferrer i Guardia, natural de Alella, provincia de Barcelona, de cincuenta años de edad, domiciliado en la finca Mas Germinal, del término de Tiana, en Mongat, falleció a las nueve horas del día de hoy en esta capital a consecuencia de… lo cual daba parte en la debida forma, como encargado[95].

Certificada la muerte de Ferrer, quedaba ya únicamente dar tierra a sus restos, inhumación esta que había de llevarse a efecto en el cementerio del Sudoeste, lindante con el castillo en el que había sido ejecutado, y más concretamente en la fosa común de su recinto libre (reservada a los muertos sin confesión), de acuerdo con la circular librada al administrador de dicha sacramental por el propio comandante Raso.

Desterrados su hermano José y Soledad Villafranca (a la que el capitán Galcerán había ya dado cuenta de la ejecución, haciéndole saber que «el último recuerdo de Ferrer había sido para ella»); presos no pocos de los colaboradores más próximos del fallecido; e inermes los miembros de aquellas entidades sociales y educativas que hubieran podido interesarse en acompañar su cuerpo, cupo a Josefa Los Arcos el deber de solicitar del juez que autorizase la inhumación del cadáver en un nicho que, a tal fin, se proponía adquirir, petición que le sería denegada, por más que le fuera permitido el velarlo durante las veinticuatro horas que había de permanecer en el oratorio del cementerio antes de ser enterrado.

Trasladado el cuerpo de Ferrer en un furgón fúnebre al camposanto, bajo la custodia de fuerzas de la Guardia Civil, a mediodía de ese mismo miércoles, pudo Josefa verlo y acompañarlo aquella noche, según relataría después a un redactor de España Nueva en el curso de una entrevista reproducida posteriormente por el diario:

Cuando al poco de llegar al velatorio los empleados del cementerio abrieron la caja, pude ver cómo Ferrer tenía la cara completamente manchada de sangre. Se la lavé cuidadosamente, y permanecí con él, sin moverme, hasta el momento en que le dieron definitivamente tierra. Antes de cerrar el féretro y cuando ninguno de los empleados me observaban, le corté una pequeña brizna del bigote, que guardo desde entonces con intención de conservarla como el último de sus recuerdos[96].

A primeras horas de la mañana siguiente, y entre severas medidas de seguridad ordenadas por la autoridad gubernativa, tuvo lugar el acto del sepelio, al que únicamente se permitió asistir a los más próximos familiares del fallecido (reducidos en esta ocasión a la madre y dos de los hermanos de Soledad Villafranca), y que discurrió sin ningún incidente ni alteración que perturbase su austeridad dramática.

Un par de ramos de flores sobre la tierra removida fue todo el signo visible que dejó tras de sí, al partir, la fúnebre comitiva. Y bajo ellos, ocultos para cuanto no fuera la memoria, los restos mortales de Francisco Ferrer i Guardia, inflexiblemente doblegados por el peso de una justicia implacablemente vengadora, y traducidos en letra legal a través del oficio, por conducto del cual el Juzgado instructor de su causa dejaba constancia ante la superioridad de la verificación del entierro:

Constituido el juzgado en el Cementerio del Sudoeste, y siendo las nueve horas, se procedió, previa entrega al Sr. administrador de la oportuna cédula del juez municipal, a la inhumación del cadáver de Francisco Ferrer i Guardia, reconocido por el juzgado, y con los testigos Miguel Adan Miralles y Domingo Sendra Capdevilla, siendo enterrado en la fosa común del recinto libre del citado cementerio, en atención a la referencia del capellán de Montjuïc, don Eloy Hernández, de haber muerto impenitente[97].

Practicada esta última diligencia, el proceso había llegado a su término. Restaba sólo elevarlo preceptivamente a la Auditoría de la IV Región Militar para su catalogación y cómputo estadístico. Y así se hizo, acompañándolo de una comunicación judicial dirigida a su titular por la que se le hacía saber la definitiva conclusión del caso:

En cumplimiento de cuanto V. E. se dignaba ordenarme en su respetable decreto auditorial, apenas recibirse el «enterado» del Gobierno sobre la sentencia de pena de muerta dictada contra el reo Francisco Ferrer i Guardia, le fue notificada al mismo, que fue a continuación puesto en capilla, teniendo lugar horas después, según lo previsto, su ejecución.

Reconocido el cadáver, y previas las diligencias correspondientes al caso, procediose a su inhumación en el cementerio civil de esta plaza, quedando unido al resto de la documentación que le remito el oportuno certificado de defunción comprobante de su inscripción en el Registro Civil.

Resueltos, pues, todos los trámites del proceso, el juez instructor que suscribe considera ya concluida la presente causa, y tiene el honor de elevarla a la superior Autoridad de V. E. A los fines de estadística o resolución que, a su recto y prudente entender, considere más en justicia[98].

Ferrer no era ya, a efectos legales, sino un número de expediente a archivar en los ficheros del Ministerio de la Guerra, y su causa, apenas otra más de entre las centenares de instruidas y sustanciadas de resultas de la rebelión. Pero si era cierto que en el ámbito de los trámites procesales todo había concluido con el cierre del proceso, no iba a ser menos evidente que todo también iniciábase en el terreno de las consecuencias que su fusilamiento iba a desencadenar a partir de ese mismo momento.

Si, como reacción inmediata a la ejecución, sólo se produjeron unos cuantos disturbios callejeros, y el fugaz estallido de tres bombas de escasa carga explosiva, en las calles barcelonesas de la Boquería, la Cucurulla y el Cid, no tardaría, sin embargo, en advertirse que el alcance de su muerte iba a sobrepasar, con mucho, los límites de una protesta puntual, para convertirse en un clamor internacional, que, desde París hasta Londres, desde Roma hasta Lisboa, desde San Petesburgo hasta Bruselas, y aun al otro lado del Atlántico, expresaba la indignación del mundo liberal ante una vulneración tan manifiesta del derecho al libre pensamiento[99].

Así al menos lo vio el diputado de la minoría republicana Rodrigo Soriano, cuando, anticipándose en mucho tiempo al discurrir de los acontecimientos y en una síntesis de lo que constituía la opinión generalizada de la izquierda española, dijo de un modo clarividente y premonitorio, en el curso de un mitin celebrado en la Casa del Pueblo de Valencia, exactamente dos días después del entierro:

Al fusilar a Francisco Ferrer, el Gobierno ha firmado su sentencia de muerte. Pero, además de eso (que, a fin de cuentas quedaría en el ámbito de su exclusiva responsabilidad), ha venido a comprometer (y ahí lo irreparable) el prestigio de unas instituciones (el Poder Judicial, los tribunales militares o la propia Corona), y de unos principios básicos (las garantías constitucionales, el derecho a la libertad de opinión, la independencia de la Magistratura, el mantenimiento del orden jurídico, la equidistribución racional de la Justicia, y el respeto a la legalidad), sobre los que se asienta, edifica y sostiene el conjunto de la Nación[100].

Y así lo vieron igualmente quienes no tardaron en darse cuenta que lo que el activismo conspirativo y revolucionario de Ferrer; su constante lucha por subvertir un orden político y social, que siempre creyó injusto; y su proyecto educativo laico, antidogmático y racionalista no habían podido conseguir en vida, iban, paradójicamente, a lograr abrirse camino como consecuencia de su fusilamiento.

El asesinato legal de Ferrer i Guardia, su muerte injusta, la conculcación de las libertades y los derechos constitucionales de que fue objeto su proceso, la colonización que de la Justicia hizo gala el Gobierno, y la convicción generalizada de que se habían juzgado más las ideas del creador de la Escuela Moderna que sus actos, comenzarían muy pocos días después a dejar percibir sus primeros efectos. Y así, antes aun de que el tiempo diese lugar a que desapareciesen los recuerdos que sus pocos amigos habían colocado sobre la fosa que guardaba sus restos, fue cesado el gobernador Crespo Azorín; se hizo pública la destitución del capitán general De Santiago; no se fusiló a nadie más, a pesar de haber varios condenados a muerte en las cárceles; se produjo en Europa la mayor campaña antiespañola conocida hasta entonces; pasaron a la jurisdicción ordinaria buena parte de las causas hasta entonces instruidas militarmente; volvieron a los quioscos los periódicos de la izquierda intransigente; se abrieron los centros obreros y políticos clausurados; cayó el gobierno de Antonio Maura; y accedió al poder una nueva mayoría que, en pocas semanas, hubo de acometer el justo desagravio de restañar los efectos de la desproporcionada y casi vesánica represión que el anterior había arbitrado, y el decreto de una amplia amnistía a los condenados por el alzamiento. Aunque, sin conseguir excluir del misterioso universo simbólico al que acababa de acceder, a quien, como Ferrer i Guardia, había pasado en sólo unos días a constituirse en referente de la lucha por la emancipación y el libre pensamiento[101].

El imaginario de la izquierda española había construido, sin pretenderlo, un nuevo mártir de las libertades, el Dreyfus que necesitaba. Maura se lo sirvió en bandeja, en la sin duda más errónea de sus actuaciones políticas. Y la historia del país, tantas veces empujada hacia derroteros inesperados por la miopía, la torpeza y la falta de altura de miras de sus gobernantes, había dado un paso adelante en la descomposición de un sistema, el turno canovista, útil durante más de un cuarto de siglo, pero que hacía aguas ya por todas partes, y que los hechos anotados acelerarían de forma imprevista, alarmante, e irreversible. Ya nada sería, en adelante, igual. Ni para quienes pensaron, ingenuamente, que la revolución de julio iba a destruir el orden social y recuperar de paso la República, ni mucho menos aún para los que, por el contrario, creyeron que su represión había conjurado el hondo conflicto subyacente en una España, inútilmente empeñada en mantener una obsoleta estructura institucional, ajena a las exigencias propias de una nación orientada a la modernidad, el progreso y la democracia. La Semana Trágica no había resuelto ninguno de los graves problemas que afectaban al país, pero, en cambio, el foso de Santa Amalia del castillo de Montjuïc, de tan triste recuerdo, antes y después de ese 13 de octubre de 1909, le había dado un giro manifiesto a la Historia[102].

Sin entrar en la pormenorizada consideración de las consecuencias resultantes de esta conjunción de sucesos, sí conviene recordar que de ellos se derivarían, además del tantas veces citado relevo del Ejecutivo, que conllevó a efectos prácticos el fin de la carrera política de Maura, otros resultados, aún mucho más graves, como fueron, a corto plazo, el desprestigio de la Magistratura y el Ejército; la recuperación del lerrouxismo, que ganaría las elecciones municipales del 12 de diciembre de ese año, y las legislativas de mayo de 1910 (obteniendo cinco de los siete diputados que correspondían a la circunscripción de Barcelona); la muerte del bloque nacionalista de Solidaridad Catalana; la exacerbación del anticlericalismo; y la radicalización del movimiento obrero barcelonés, que, en apenas unos pocos meses, alcanzó una madurez que le llevaría a convertirse en un auténtico movimiento de masas (la CNT), y a conseguir un importante desarrollo de sus mecanismos tácticos y organizativos. Y ya, a más largo plazo, aunque no más allá de las dos décadas siguientes, el progresivo descrédito de una monarquía, que, sumando error tras error y empeñada en suicidarse, daría paso definitivamente el 14 de abril de 1931, a la República. Esa República con la que desde siempre había soñado Ferrer, y a cuyo logro contribuyó, más aún que con el empeño de su vida, con la injusticia y la dignidad de su muerte[103].

CUARTA PARTE

LAS RESPONSABILIDADES

Si se conviene en la tesis, sostenida hoy con carácter general por la historiografía más solvente, de que la ejecución de Ferrer i Guardia fue el resultado de un proceso amañado y tendencioso que culminó en una sentencia injusta, parece obligado preguntarse qué instancias permitieron, por acción u omisión, que esa causa y su consiguiente veredicto se tramitaran en los términos en que lo hicieron, y sobre qué instituciones, colectivos, grupos o individuos concretos recaen las responsabilidades derivadas de ese error judicial, si de tal puede calificarse el fallo que condujo al fusilamiento de un inocente. O, dicho de otro modo, quién o quiénes, bajo qué circunstancias, y sobre la base de qué razones, llevaron al director de la Escuela Moderna hasta los fosos de Montjuïc, bajo la inexplicable acusación de haber sido el organizador y máximo responsable de unos sucesos en los que su participación fue, como ya ha tenido ocasión de comprobarse, si no inexistente, cuando menos tangencial e irrelevante.

El detalle tanto de la instrucción procesal como de la vista pública, analizadas en páginas anteriores, que representan el cuerpo central de este estudio, han debido colocar seguramente al lector en situación de disponer de más de una respuesta a esas interrogantes, y de contar con evidencias bastantes para elaborar un fundamentado juicio al respecto. Pero, aun desde el convencimiento de que el examen del procedimiento judicial alumbra suficiente luz sobre la forma en que fue sustanciado, resulta oportuno concretar el recuento de la actitud de esas instancias (desde el propio piquete de ejecución hasta la Corona, pasando por el Gobierno, los tribunales militares, la Iglesia, los partidos políticos y las sociedades obreras, la prensa, y la sociedad misma en su conjunto), en relación con la suerte última que le cupo asumir a Ferrer. Y, en última instancia, atribuirles el grado de participación, política o moral, que tuvieron respecto al modo en que se llevaron a cabo las investigaciones judiciales.

En una lectura oficial de los hechos, como fue la ofrecida por el Gobierno cuando se vio instado a dar cumplida cuenta de ellos, no ofrece duda la afirmación de que Ferrer fue condenado por un Tribunal legalmente constituido, que vio su caso en audiencia pública y dictó sentencia aplicando el Código de Justicia Militar entonces vigente, como correspondía a la naturaleza del delito que se le imputaba. Pero siendo esa apreciación correcta en lo que a su formulación literal se refiere, deja de serlo cuando se profundiza en el análisis del sumario, y se advierten tanto los vicios procesales de que en varios de sus trámites adolece el procedimiento, como las permanentes injerencias extrajudiciales que instituciones ajenas a la Magistratura activaron a lo largo de toda la instrucción de la causa. Todo lo cual abre, en lógica consecuencia, dudas tan razonables como pueden ser las que se refieren a la tipificación de los cargos; la jurisdicción que debía juzgarlos; el arbitrario desglose del proceso; la inconsistencia de las pruebas documentales; los testimonios objeto de sospecha; la irregularidad de los registros e indagatorias practicadas; la manipulación mediática de las diligencias sumariales, que llevaría al descrédito del procesado; la violación del secreto sumarial; el cúmulo de dificultades impuestas a la Defensa en relación con los plazos que le correspondían para articular su informe y la denegación de pruebas reclamadas durante el Plenario; la ausencia de testigos durante el juicio oral; y, sobre todo, por cuanto tenía de trascendental importancia, la referida a quién, y por qué convirtió un delito de proposición a la rebelión, castigado con prisión correccional, para el que el Juzgado de Instrucción de Mataró exigió una fianza de dos mil pesetas, en otro de rebelión militar, en grado de autoría, que llevaba implícita la pena de muerte[1].

En el debate parlamentario promovido por los representantes de la minoría republicana con el propósito de conseguir la revisión del proceso Ferrer, iniciado en las Cortes el 27 de marzo de 1911, año y medio después del fusilamiento del director de la Escuela Moderna, todos los diputados que hicieron uso de la palabra para defender dicho proyecto, coincidieron, sin una sola excepción, en atribuir al Gobierno Maura, que ocupaba el banco azul en las fechas en que tuvieron lugar los sucesos de Barcelona, la responsabilidad de la política represiva con que aquéllos se sancionaron, y que tuvo en la sentencia emitida por el Consejo de Guerra encargado de juzgarle su último y más desafortunado epílogo. Y ello, por entender que, con su actitud, no sólo contravino la independencia debida a la Justicia, sino que influyó además en la orientación de la causa, en un sentido manifiestamente lesivo respecto a la suerte última del reo[2].

La actuación, pues, del Gabinete en su conjunto, y del ministro de la Gobernación, como responsable directo de la represión, de un modo singular, no fue imparcial, ni menos aún ajena al sesgo que tomarían las investigaciones, ni al desenlace final de los acontecimientos. Y demostró, con su proceder inadecuado y su evidente malquerencia hacia Ferrer, el interés de las autoridades por elegir, antes que nada, la víctima del escarmiento, y a partir de ahí aunar todos los medios a su alcance (casi ilimitados en aquel momento, dada la suspensión de las garantías constitucionales y el estado de guerra imperante en Barcelona) para probar su inculpación, reunir, o en su defecto imaginar, cargos en su contra, y presentarlo ante la opinión pública como el organizador y principal responsable de los sucesos sangrientos[3].

Que Ferrer constituía un motivo de seria preocupación para las instituciones del Estado, es algo que está documentalmente probado. Lo atestiguan tanto los informes reclamados a las distintas policías europeas como los documentos obrantes en los Ministerios de Gobernación y de Estado, que hablan de un seguimiento permanente de los pasos de quien, a juicio de las autoridades, era un decidido conspirador y un significado enemigo del orden institucional. Del expurgo de esos expedientes puede hoy saberse que, aun antes de trasladarse a Francia, en 1885, la policía conocía ya su condición de enlace de Ruiz Zorrilla con los republicanos españoles; su participación en el pronunciamiento de Santa Coloma de Farnés; y los círculos radicales y masónicos que frecuentaba. Como sabía, asimismo, que, a partir de su llegada a París, inició una larga trayectoria conspirativa, relacionándose con destacados líderes del anarquismo internacional, incluidos algunos defensores de la «propaganda por el hecho»; contribuyó a financiar proyectos subversivos, que, de hacer caso a algunos de esos informes policiales, rozaron incluso la subcultura de la dinamita; y se empeñó activamente en la proyección de un sistema pedagógico dirigido a establecer una red de escuelas laicas, emancipadoras y libertarias.

Se supo, así, de su participación en el Congreso de Librepensadores de 1892, en Madrid, en el que redactó su famosa proclama revolucionaria «A los Trescientos»; del dinero que hizo llegar, un año después, al anarquista Paulino Pallás (que intentó asesinar, sin éxito, al general Martínez Campos); de los permanentes contactos que mantuvo con ácratas y revolucionarios, como Malato, Vallina, Portet, Estévanez o Tárrida del Mármol, promotores de «la acción directa»; de su más que probable instigación, a través de la prensa que controlaba, a la huelga general revolucionaria de Barcelona de 1902; de sus viajes a distintas capitales europeas para asistir a las reuniones y congresos anarquistas o libertarios (entre ellos, el de la Internacional Socialista, celebrado en Londres en 1896, y los del Librepensamiento de Ginebra, en 1902, Roma, en 1904, y París, en 1905); y de la carta que enviara a Malato anunciándole la fecha del frustrado magnicidio contra Alfonso XIII, en París, lo que suscitaría, como ya se ha dicho, la sospecha de que hubiese podido tener algún tipo de relación con el mismo[4].

Pero fue, tras el atentado a los Reyes, en 1906, en la calle Mayor de Madrid, por el que, como se sabe, sería procesado, cuando su condición de elemento subversivo, objeto de control, cobró un carácter decididamente amenazador, tanto más cuanto que la opinión pública compartía mayoritariamente la sospecha de su intervención en la masacre, pese a que el Tribunal encargado de juzgarle lo hubiera declarado inocente y ordenado su excarcelación, libre de cargos. Quien hasta ese trance había sido un conspirador más sometido a vigilancia policial, pasó a constituirse en un enemigo público, al que, como tal, se le vigilaría estrechamente, informando de todos sus movimientos a las policías de los distintos países a los que iba a viajar, y situando tras de sí, cada vez que, de regreso, cruzaba la frontera, a varios agentes de seguridad que debían no despegarse de él y dar noticia puntal a las autoridades de cada uno de sus pasos.

Y, en consonancia con esa tenaz actitud persecutoria, acentuada tras la llegada al poder del Gobierno Maura, apenas fue detenido en la madrugada del 1 de septiembre, en Alella, en cuyas inmediaciones se le buscaba por su presunta implicación en los sucesos de la Semana Trágica adoptó todo un paquete de medidas, ya examinadas en capítulos precedentes, dirigidas, en primer término, a desviar la atención respecto a otros sospechosos ya detenidos, y probadamente, más implicados que él en el alzamiento. Y después, a conseguir, por el procedimiento que fuese, y sin atender a la legalidad de su procedencia, pruebas bastantes para lograr inculparle y poder presentarlo ante la opinión pública como el principal organizador de los crímenes que de forma tan violenta habían conmocionado durante esas jornadas a los barceloneses.

Así, envió a Barcelona, una vez restablecido el orden público en la capital, al presidente del Tribunal Supremo, Javier Ugarte, a quien encomendó el encargo de «investigar el origen y desarrollo de los acontecimientos y asegurar que no se perdiese una sola denuncia»; nombró gobernador civil al poco dúctil pero dócil diputado Crespo Azorín, con órdenes terminantes de «penetrar en las capas revolucionarias y librar a Cataluña del cáncer que la devoraba»; convirtió al capitán general De Santiago en un mero funcionario gubernativo, a las órdenes más del ministro de la Gobernación que del de la Guerra; suspendió la circulación de los diarios que podían denunciar sus arbitrariedades, y decretó el cierre de más de un centenar de escuelas laicas y centros obreros; suplantó al Juzgado instructor de la causa instruida contra Ferrer ordenando directamente los registros de Mas Germinal; hizo caso omiso a la violación del secreto sumarial; auspició, más que probablemente con dinero público, la campaña de descrédito que la prensa oficial y conservadora había orquestado; encarceló o envió al destierro a cuantos individuos pudiesen deponer en beneficio del procesado, entre ellos a sus familiares y allegados más próximos; y completó su celo justiciero oponiéndose a recomendar al Rey la gracia del indulto, por más que, según se dijo en aquellos días aunque nunca llegaría a probarse, algunos de los más prominentes miembros del Partido Conservador, entre ellos Dato y Sánchez Guerra, así como el embajador en París, León y Castillo, objetaran serios reparos a la ejecución, conscientes de las repercusiones políticas que ésta pudiese tener en el futuro[5].

Únicamente, pues, desde la ingenuidad, puede eximirse al Gobierno de Maura de una interesada participación en el proceso y la condena de Ferrer, por más que no cejara en su empeño por defender la independencia de los tribunales militares e intentase demostrar que el procedimiento instruido en su contra, además de ser conforme a Derecho, había respetado todas las garantías jurídicas que la Ley exigía. Pero el esfuerzo resultó baldío. No le creyó Europa, que, de manera casi unánime, alzó su voz en defensa del condenado. No convenció tampoco a la prensa internacional (un rotativo tan respetado por su credibilidad como era The Times denunciaría «la falta de garantías de que había adolecido el proceso»), que resucitó el fantasma de «la vieja España inquisitorial»[6]. Fue incapaz de neutralizar la campaña exterior de rechazo y condena, traducida en las más de trescientas manifestaciones antiespañolas que siguieron al fusilamiento del director de la Escuela Moderna. Y como resultado de la suma de su desproporcionado rigor y su falta de credibilidad a la hora de justificar la ejecución de la sentencia, apenas sobrevivió una semana a la muerte de Ferrer, viéndose obligado a presentar su dimisión al Rey, que la aceptó, según contaría posteriormente su propio hijo, el duque de Maura, al entender que «no podía sostenerlo en el Poder, contra la opinión de media España, y de Europa entera»[7].

En cuantas manifestaciones políticas hizo públicas a raíz de la ejecución de Ferrer, y de modo especial durante el citado debate suscitado con motivo de la revisión de su proceso, la oposición de izquierda acusó al tándem Maura-La Cierva de haber intervenido de modo decisivo en la tramitación del mismo, y condicionado la sentencia. Melquíades Álvarez calificó de «torpe y ciega» la política del Gobierno y responsabilizó a su presidente de «obstaculizar la entrada de España en la comunidad jurídica de los pueblos cultos». Rafael Salillas manifestó, a su vez, que en todas las diligencias de la causa «se percibía la mano del ministro de Gobernación», y evidenció la «coacción que el Gabinete Maura había ejercido sobre los jueces desde el inicio del procedimiento hasta la fase del Plenario». Emiliano Iglesias denunció, por su parte, la falacia de La Cierva al pretender focalizar en Ferrer la responsabilidad de una rebelión que se había desarrollado de forma espontánea, y tachó de «crueles y sanguinarios» a cuantos colaboraron de una u otra forma en la adulteración del proceso. Rodrigo Soriano insistió, asimismo, en que, sin la intervención del Gobierno, el reo nunca hubiese sido ejecutado, por no rebasar su delito, caso de haberlo, la pena de prisión mayor. Y finalmente Lerroux, en uno de sus discursos más demoledores, consideró como un fracaso la pretensión de Maura de saldar con sangre lo que no había sabido evitar con prudencia, sostuvo que la instrucción de la causa había sido «ilegal, injusta, e inicua» y pidió al Partido Conservador, desalojado ya por aquel entonces del poder, que, de volver a ostentarlo, recordase que su actuación, durante el verano de 1909, había dañado irreparablemente el prestigio de España, y de sus instituciones[8].

El Ejército era la segunda de las instituciones del Estado que tenía deudas pendientes con Ferrer. Y como a él, o lo que es igual, a sus instancias judiciales, fue a quien correspondió instruir y juzgar la causa que había de condenarle, su responsabilidad respecto a la ejecución del director de la Escuela Moderna corrió pareja a la que el Gobierno había asumido al responsabilizarlo de la dirección del alzamiento. Abonado al culto de las esencias patrióticas y defensor a ultranza del principio de autoridad, ofreció a Maura, a falta de otro enemigo a quien batir, la colaboración del Código de Justicia Militar, la única arma eficaz de la que disponía, y asumió de buen grado las constantes interferencias de su Gabinete, especialmente del ministro La Cierva, en la tendenciosa tramitación del procedimiento. Al fin y al cabo, tenía en sus manos la posibilidad de ganar, por primera vez en mucho tiempo, si no una guerra, al menos una batalla, y no reparó en utilizar medio alguno a su alcance en orden a conseguirlo.

En el último cuarto del siglo XIX, a partir de la instauración del régimen canovista, el estamento militar había interrumpido las continuas conjuras insurreccionales, que constituyeron su más acusada seña de identidad casi a lo largo de toda la centuria, y los cuartos de banderas de las guarniciones españolas parecieron haber abjurado de ese permanente recurso al golpismo que históricamente las había caracterizado. La muerte de generales de historial tan conspirativo como Prim, Topete o Serrano; la estabilidad resultante del pactado reparto del poder que trajo consigo la Restauración; y la ausencia de conjuras civiles lo suficientemente articuladas como para poder sustentar en ellas sus ambiciones intervencionistas, atenuaron la propensión castrense a sacar, día sí y día no, las tropas a la calle. Con lo que, desde el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874, que restauraría la monarquía en la persona del rey Alfonso XII, las cuarteladas, hasta entonces tan habituales, se redujeron a unos escasos movimientos conspirativos que casi podrían definirse como de opereta, propiciados las más de las veces, desde París, por Ruiz Zorrilla, de los que unos (la intentona de los generales Melero, Padial y Lagunero en 1877) serían abortados antes de producirse, y otros (los subsiguientes levantamientos de Asensio Vega en Badajoz, en 1883; de Ferrándiz, en Santa Coloma de Farnés, en 1884, y de Villacampa, en Madrid, en 1886) no pasaron de improvisados y poco eficaces ensayos fallidos por su falta de convicción, oportunidad y liderazgo, que no volverían ya a repetirse en los siguientes cincuenta años.

Pero, aun con ese abandono de su inveterada tentación por salvar a la patria, y la pérdida de protagonismo en la vida política de un país que había perdido progresivamente su influencia internacional, el Ejército continuaba constituyendo un influyente poder fáctico, que, pese a medir su historial casi exclusivamente a base de derrotas, y adolecer de una creciente serie de problemas estructurales (sobredimensión de mandos, escaso presupuesto, falta de equipamiento y suministros, y descontento de una oficialidad mal pagada y con muy reducidas posibilidades de ascensos), mantenía el convencimiento de su determinante papel como máximo garante de la seguridad nacional, y practicando el arbitraje político que a lo largo de casi todo el siglo XIX había ejercido con excelente rendimiento.

El mantenimiento de esa arrogancia, propia del carácter de «casta» que lo singularizaba, fomentó en una buena parte de la sociedad civil, y sobre todo en sectores de la izquierda, el rechazo hacia un colectivo desprestigiado por su fracaso en las guerras coloniales; que contaba con nada menos que 30 tenientes generales, y 60 generales cuando sólo disponía de ocho cuerpos de Ejército y 16 divisiones, y los salarios de cuyos oficiales suponían más de la mitad del presupuesto del Ministerio de la Guerra; hastiado por la inactividad reinante en los cuarteles; peor pertrechado que la mayoría de sus homólogos europeos (mientras éstos modernizaban sus dotaciones y armamento, España tan sólo disponía, como llegó en aquellos días a escribirse, de «un Ejército sin soldados, y una Marina sin barcos»); y sin otro cometido, las más de las veces, que el de actuar como fuerza represiva contra los desórdenes públicos. Pero que, pese a ello, permitiose continuar perpetuando su tradicional pretorianismo; intervino, a modo de agente gubernativo, en la disolución de las huelgas obreras convocadas durante aquellos años; destruyó a golpe de sable y con absoluta impunidad, las instalaciones de los órganos de prensa catalanistas La Veu de Catalunya y Cu-Cut, en respuesta a determinadas críticas que recibiera de los mismos; consiguió imponer, un año después, una Ley de Jurisdicciones que otorgaba a los tribunales militares el derecho a juzgar los delitos contra la patria, así como aquellos otros que pudieran afectar al crédito de su propio colectivo; obtuvo para sus altos mandos la condición de senadores; se constituyó «en un Estado dentro del Estado», y, lo que es más grave de todo, continuó engrosando sus efectivos a través de un impopular sistema de reclutamiento, socialmente injusto y políticamente inaceptable, que al permitir que los soldados llamados a filas pudiesen conmutar su servicio a cambio de una redención en metálico, o la presentación de un sustituto, penalizaba a las clases más desfavorecidas en beneficio de aquellas otras capaces de eludir a través del dinero, el poder o la influencia, su obligatorio alistamiento.

Ser militar en España se había convertido más en una actitud ante la vida que en una profesión. Y de ese espíritu, en el que los galones primaban sobre la voluntad de servicio, y al que se unían, además, su fuerte componente corporativo, el acusado aislamiento en que se encontraba respecto de la sociedad civil y el desprestigio acumulado tras tantas derrotas, surgiría el rechazo que el Ejército provocó entre las fuerzas progresistas y el movimiento obrero, que no tardaron en comprobar cómo, una vez liquidada su misión colonial tras el desastre del 98, sus oficiales comenzaban a buscar un sustitutivo a su inactividad, a través de una nueva aventura militar, la guerra con Marruecos, a la que la protección que hacia cualquier manifestación castrense mostró siempre el Rey, la convicción de que la seguridad nacional exigía una más activa presencia de España en el Mediterráneo, el interés por defender importantes intereses mineros en el Rif y un sobrevenido interés imperialista de Maura acabarían por otorgar su consentimiento[9].

La posición de Ferrer ante este estamento fue, como cabe imaginar, de una acusada animadversión, en línea con el antimilitarismo imperante en el contexto de toda la izquierda europea, que se basaba no sólo en su abierta oposición a la guerra y en la crítica que siempre expresó hacia la consolidación de los Estados nacionales, sino en el beligerante malestar que en todo momento demostró contra una institución que perpetuaba unos inadmisibles privilegios y pretendía, además, controlar libertades esenciales del sistema constitucional. Y conforme con ese pensamiento, heredado de las ideas de Jean Jaurés —opuesto a la exaltación del patriotismo y de cualquier manifestación bélica por entenderlos opuestos a las necesidades del pueblo, que era el primer damnificado por sus consecuencias—, puso al servicio del ataque al colectivo militar la carga ideológica de su sistema de enseñanza, la subvención de periódicos que combatían sistemáticamente la guerra (como fue el caso de La Huelga General) y la inclusión en los Boletines de la Escuela Moderna de permanentes referencias al efecto alienador que la beligerancia produce en los espíritus. E incluso llegó a publicar un Cuaderno Manuscrito de Pensamientos Antimilitaristas, dirigido a los profesores de las escuelas laicas, en el que se definía la guerra como «la más cruel de las aberraciones humanas», se presentaba a los militares como «sus más empeñados ejecutores» y se reclamaba de cuantos maestros impartían su enseñanza en ateneos y centros obreros, que inculcasen en las inteligencias infantiles la idea de que «la paz fundada en la justicia social es el mayor bien de la sociedad, y su interrupción supone en cambio una conducta irracional, de irreparables consecuencias»[10].

En respuesta a esa actitud, el Ejército no escatimó medio alguno para penalizar su presumible conducta delictiva, y corresponder, a la vez, a los ataques que, de su parte, había recibido. Y, aprovechando la inmejorable oportunidad que se le ofrecía a raíz de su detención, hurtó a la Jurisdicción civil la instrucción de un proceso que legalmente le correspondía; designó como auditor al general Ramón Pastor, conocido por su marcado fundamentalismo y por la arbitrariedad de sus dictámenes; reemplazó de su condición de instructor de la causa al comandante Llivina, al considerarlo poco flexible a las sugerencias que le llegaban procedentes de Capitanía; aceptó, sin oponer la más mínima objeción, el desglose del proceso instruido contra el director de la Escuela Moderna y la consiguiente apertura de una pieza separada; permitió a las autoridades gubernativas dirigir desde Madrid el rumbo de las indagaciones sumariales, en cuya tramitación siempre actuó a remolque de las instrucciones recibidas del ministro La Cierva; denegó las pruebas requeridas por la Defensa; colaboró a la incriminación del acusado con once testigos de cargo, que ascenderían hasta diecinueve si se les suman los de los cuatro miembros de la Guardia Civil y otros tantos del Cuerpo de Carabineros que depusieron en la causa; excarceló a cuantos testificaron en contra del reo; aceleró el procedimiento para permitir anticipar el fallo a la apertura de las Cortes, fijada para el 15 de octubre; y dispuso una vista oral sin las obligadas garantías debidas al procesado, que en poco menos de ocho horas, contadas en tiempo real, y bajo el clima de sugestión en que hubo de actuar el Consejo de Guerra, terminaría conduciéndole a la pena de muerte[11].

Tampoco la Iglesia iba a mostrarse renuente en lo que se refiere a satanizar a quien, inveterado anticlerical, enemigo implacable de cualquier tipo de dogmatismo, y principal abanderado de una enseñanza laica que atentaba directamente contra los más elementales principios religiosos, constituía una obsesiva pesadilla para la jerarquía eclesiástica y sus organizaciones paralelas. Más bien, por el contrario, manifestose en todo instante como uno de sus más implacables acusadores, apoyando decididamente la incriminación de Ferrer, y reclamando del Gobierno y la Magistratura que hicieran recaer sobre él todo el peso de la Ley, como responsable que era, a sus ojos, de la organización de unas lamentables jornadas que básicamente se habían centrado en incendiar, destruir y profanar en más de media Cataluña el patrimonio y los símbolos eclesiásticos.

El anticlericalismo constituía desde antiguo en España (recuérdense las matanzas de frailes de 1834, en Madrid, y 1835, en Barcelona) y continuó siéndolo hasta 1936, uno de los argumentos consustanciales de la cultura de la izquierda, que había centrado en la Iglesia buena parte de sus obsesiones, hasta el punto de convertir su hostilidad hacia ella, sobre todo a partir de comienzos de siglo, en una bandera de enganche para quienes defendían la primacía de la sociedad civil respecto a las constantes interferencias de una institución, que, además de disponer de cuantiosos medios económicos y poderosas influencias políticas, gozaba del eficaz poder de sugestión que las religiones han tenido desde siempre sobre los espíritus, generalmente poco elaborados, de buena parte de los ciudadanos. Una sugestión, que, amplificada desde el discurso emocional de liberales, republicanos y anarquistas, presentaba al clero como una especie de secta perversa, oscurantista y parasitaria, extraña a los verdaderos intereses de la sociedad, causante de muchos de los grandes males nacionales, que dificultaba (con su fariseísmo y la hipócrita predicación de las virtudes cristianas y las obras de misericordia, mientras practicaba una moral de doble rasero), el progreso y la modernización del país.

Varias son las razones que explican este rechazo de la opinión liberal a la Iglesia y a sus representantes, especialmente hacia las congregaciones regulares, que acabarían convirtiéndose en el objetivo prioritario de sus ataques y críticas. Entre las más significativas habría que citar la desorbitada cuantía de sus bienes y propiedades, que, pese a las políticas desamortizadoras del siglo XIX, constituían un motivo de afrenta para unas clases populares que vivían en condiciones casi de miseria; su secular alianza con el poder político y financiero, sobre el que ejercieron una clara influencia, bien de forma directa, a través de sus contactos con los legisladores conservadores, bien indirectamente, por medio de las escuelas en las que educaba a las clases conservadoras; la hostilidad que en todo momento mostró contra cualquier tipo de políticas modernizadoras del país, que suponían un ataque a sus intereses; su costosa financiación, a cargo de los presupuestos del Estado (que, sólo en 1900, supuso casi veinte millones y medio de pesetas), a la que había que añadirse los intereses de los bonos emitidos por el Gobierno como pago a sus propiedades desamortizadas; la benevolencia con que se interpretó la Ley de Asociaciones de 1887, que liberaba a las órdenes religiosas de determinados impuestos, excluyéndolas de la fiscalidad general; el empeño del Vaticano por extender su soberanía espiritual, «cristianizando» a la sociedad española; y en lo relativo a las congregaciones regulares (jesuitas, maristas, escolapios, etcétera), su intento por monopolizar los servicios de la beneficencia y la enseñanza.

Estos motivos de aversión popular iban a acrecentarse a lo largo de la primera década del novecientos, debido, en una parte, a la incorporación del anticlericalismo al debate político nacional, después de que la izquierda burguesa y el movimiento obrero coincidieran en la idea de que la Iglesia constituía un obstáculo para el desarrollo de las libertades cívicas, y de otra, a la suma de una serie de circunstancias (la boda de la infanta doña Isabel con el fundamentalista conde de Caserta; la puesta en escena de la Electra, de Pérez Galdós, de hondo contenido anticlerical, que provocó un auténtico escándalo en todo el país; el famoso caso de la señorita Ubao, una rica heredera vasca, menor de edad, inducida por su confesor a entrar en un convento contra la voluntad de sus familiares; el desdichado artículo que el padre Montaña, preceptor del Rey, publicó en El Siglo Futuro denostando el régimen liberal e induciendo a los españoles a votar sólo opciones políticas confesionales; el apoyo que mostraron los grupos neocatólicos a la legislación restrictiva de Maura, especialmente a la Ley contra el Terrorismo; y la práctica, por parte del clero, de un adoctrinamiento dirigido más al proselitismo que al compromiso social, que actuaron como detonantes emocionales en el ambiente de crispación que Barcelona vivió en los años que precedieron a la Semana Trágica.

El anticlericalismo viviría, así, en España, entre 1900 y 1909, una especie de edad de oro, bendecido, como cabía esperar, por los republicanos y los anarquistas, contrarios a cualquier interferencia de la Iglesia en la vida civil, pero atizado también por las voces de destacados políticos liberales interesados en defender la libertad de conciencia, la enseñanza laica y la restricción de los privilegios eclesiásticos, con miras a lograr una definitiva secularización del Estado. Santiago Alba manifestaría, en esta línea, que el país era «una colonia pontificia, y, como tal, una vergüenza para el mundo»; Moret declaró que el Concordato con la Santa Sede «permitía que los curas párrocos se murieran de hambre, mientras las órdenes religiosas vivían en un lujo desorbitado»; Romanones instó a suprimir el carácter obligatorio que tenía la enseñanza de la religión; y Canalejas concluyó recordando que «la Iglesia debía atenerse a cumplir su misión evangélica, sin inmiscuirse en asuntos ajenos a su competencia»[12].

Ferrer, que pese a haber nacido en el seno de una familia de hondas convicciones cristianas no participó nunca de esas creencias, e incluso demostró desde su adolescencia un marcado rechazo a cualquier forma de expresión religiosa, no tardó en contagiarse de ese clima anticlerical que se vivía en la España de la Restauración, en una actitud militante, a la que se mantendría fiel a lo largo de toda su vida. Un breve recorrido por su biografía sirve para recoger un sinfín de ejemplos que dan prueba de esa hostilidad hacia la Iglesia y sus símbolos. Siendo aún muy joven, escribió un relato, titulado «Envidia, un cuento ateo», en el que se burlaba irreverentemente del mito bíblico del Paraíso terrenal; en 1883 se afilió a la Masonería, que en esos días había prescindido ya del principio informador de Dios como gran Arquitecto universal, y a la que el papa Pío IX definió como «la sinagoga de Satán»; ya en París se interesó enseguida por la propaganda libertaria, que abogaba por entender el combate contra la Iglesia como un complemento indispensable para promover la lucha de clases; en el Congreso de Librepensadores, reunido en Madrid en 1892, manifestaría su repudio hacia la «clerigalla», «la religión forzada» y «los frailes que sustentan la monarquía»; fundó el diario La Huelga General, de contenido anticlerical, donde sostuvo, en diferentes editoriales, la importancia de desencadenar una revolución «capaz de acabar con el Estado y la Iglesia»; el Viernes Santo de 1906 hizo desfilar por las calles barcelonesas a los alumnos de las escuelas laicas de la capital en un acto de desafío a la jerarquía eclesiástica; en la correspondencia que mantuvo durante el proceso que se le siguió en Madrid ese año, achacó a los jesuitas «la responsabilidad de todos los males y desgracias de España»; el director de la Cárcel Modelo Rafael Salillas pudo observar cómo en las paredes de la celda que había ocupado, el preso había dejado escritos nada menos que 56 pensamientos de contenido antirreligioso; pretendió, aun sin conseguirlo, orientar el rumbo de los sucesos de la Semana Trágica, que destruyeron un tercio del patrimonio eclesiástico de Barcelona; y para concluir, ya en el castillo de Montjuïc, se negó a recibir al capellán de la fortaleza, que intentó prestarle los auxilios espirituales propios de ese momento.

Todas esas fobias se traducirían, naturalmente, en el espíritu que inspiró a la Escuela Moderna, que, como síntesis de su ideario, proyectó en sus programas el ateísmo de Ferrer y su hostilidad contra el dogmatismo católico, patentes tanto en los manuales utilizados por los alumnos como en las publicaciones de la editorial y las actividades extraescolares del centro. Su proyecto racionalista propugnaba, además de la laicidad de la enseñanza, la lucha contra el oscurantismo, el rechazo de los conocimientos inútiles, alienadores y cargados de moral evangélica impartidos por la Iglesia; entendía como algo impensable que una educación que fuera a la vez racional, científica y libre pudiera vertebrarse sobre componentes sobrenaturales; consideraba a la religión como un compendio de falsedades con las que se pretendía esclavizar la mente del pueblo; y terminaba condensando su objetivo pedagógico en el principio de que «no es comprensible pedir a un Dios imaginario aquello que únicamente puede conseguirse a través del esfuerzo y el trabajo humano»[13].

No es de extrañar, por eso, que la Iglesia se pronunciase en sermones y pastorales de un tono siempre extremadamente crítico respecto a sus escuelas y sus escritos, que de forma tan directa atentaban contra los principios morales y educativos que ella defendía. El crecimiento de la Escuela Moderna y su editorial irritaron profundamente al clero, para el que Ferrer siempre fue un personaje diabólico. Y desde la valoración de que su proyecto educativo suponía un ataque a la propiedad, la familia, la moral, y el orden institucional, las autoridades eclesiásticas le desacreditaron públicamente a través de todos sus medios de expresión, influyeron activamente en 1906 en la clausura de su Escuela, y, a través de la decisiva influencia del cardenal Casañas, lograron, dos años más tarde, que el Ayuntamiento de Barcelona retirase un importante capítulo de sus Presupuestos dedicado a subvencionar los centros laicos de la capital catalana.

Y acabada la Semana Trágica, que de forma tan manifiesta les había afectado, los prelados catalanes solicitaron de Maura, ya el 4 de agosto, un pronto resarcimiento de los daños ocasionados por los insurrectos, así como un severo castigo para los responsables del alzamiento; la jerarquía católica y sus asociaciones paralelas colaboraron de un modo activo en la condena del procesado, alentando la represión, concentrada a partir del mes de septiembre en torno a su figura; el máximo responsable del Comité de Defensa, Benito de Pomés, declaró que el pedagogo de Alella «no pasó en vano por Barcelona durante la última semana de julio, donde se dejaron claramente notar su mano y su bolsa»; el cura párroco de la iglesia de Premiá, José Puig Moliné, adujo su convicción moral de que Ferrer había sido el alma de la rebelión, porque «hace ya mucho tiempo que en la Escuela Moderna se viene enseñando la destrucción de todos los fundamentos sobre los que descansa la sociedad»; e incluso, la máxima instancia de la Iglesia, el Papa, eludió pedir su indulto, ya que el Vaticano, «deseoso de no embarazar la acción de la Justicia española», aplazó la decisión de solicitarlo hasta no estar seguro de que el Rey estuviese dispuesto a concederlo, hecho que, como es sabido, no llegaría a producirse[14].

La Iglesia, que había carecido de recetas para colaborar en la desactivación de la crispación social que antecedió a los acontecimientos revolucionarios, no las tuvo tampoco a la hora de contribuir a cauterizar sus efectos. Ni contribuyó a rebajar el tono represivo que caracterizó a la acción del Gobierno, ni medió en aquellas circunstancias en que su voz fue reclamada como instrumento de concordia, ni tuvo, contrariamente a lo que podía esperarse de su espíritu evangélico, un solo gesto de piedad hacia ninguno de los condenados. Y permitió, en cambio, que organizaciones como el ya citado Comité de Defensa Social, Accion Católica o la Junta Diocesana de Barcelona, inspiradas por ella, actuasen como asesoras del fiscal del Tribunal Supremo, enviado por Maura para reunir pruebas sobre los orígenes de la insurrección. Ferrer era, a fin de cuentas, un adversario ideológico al que combatir, e incluso un serio competidor en el campo educativo. Y como tal, le otorgó un trato aún menos benevolente que el que habitualmente se dispensa a cualquier enemigo vencido, no concediéndole otra atención que la obligada a cualquier condenado a la pena de muerte.

Los partidos políticos y las agrupaciones obreras con peso específico en Cataluña, como eran la Lliga, los lerrouxistas, y Solidaridad Obrera, tampoco iban a quedarse al margen del ensañamiento colectivo que Ferrer concitó sobre sí durante aquellos días. Su actitud respecto a quien había sido su correligionario en tantas aventuras, y financiado, además, no pocas de sus iniciativas políticas, fue de un intencionado distanciamiento, tanto más ostensible cuanto que las circunstancias que se estaban viviendo aquel verano así lo aconsejaban. Y cuando no lo acusaron directamente, como fue el caso de los dirigentes republicanos de Masnou y Premiá, o de algunos de los responsables del catalanismo conservador, volvieron su mirada hacia otro lado, disociándose con su silencio de unas responsabilidades que en justicia también les correspondían, pero que prefirieron transferirle, en las que se mantuvieron firmes hasta después de su fusilamiento.

En lo que atañe al Partido Radical, se han comentado ya con anterioridad las escasas relaciones que en los últimos tiempos mantenía con el director de la Escuela Moderna, al que acusaba de financiar a Solidaridad Obrera y a quien siempre consideró como un incómodo compañero de viaje. Coincidente, como es sabido, con Lerroux en la necesidad de contar con el movimiento obrero como instrumento indispensable para cualquier intento de transformación social, Ferrer difería en cambio del líder populista en lo que se refiere a los medios conducentes a conseguir sus objetivos. Mientras el primero basaba su estrategia en el mitin, la algarada y, sobre todo, el voto electoral, el segundo defendía la huelga general revolucionaria como el mejor atajo para el logro de la emancipación de los trabajadores, la quiebra del sistema institucional y el cambio de modelo de Estado. Y ello unido a la evolución que desde 1901 había llevado al pedagogo catalán a abrazar los métodos anarcosindicalistas y su aproximación a Solidaridad, daría lugar a una falta de sintonía, que, en algunos de los más destacados líderes republicanos, trascendería del desacuerdo hasta llegar a la enemistad, el enfrentamiento y el rencor personal.

Se explica así que Francisco Doménech, el barbero de Masnou, militante lerrouxista, relatara minuciosamente el recorrido de Ferrer por Barcelona la noche del inicio de la huelga general poniendo especial énfasis en su visita a la redacción de El Progreso con el propósito de entregar a Emiliano Iglesias un manifiesto exigiendo al Gobierno el inmediato fin de la guerra; el encuentro que mantuvo con el dirigente de Solidaridad, Miguel Moreno; y su interés por conocer la postura de este sindicato respecto al alzamiento (por más que cuando fue llamado a ratificarse en sus acusaciones, eludió ese requerimiento y huyó a Argentina con el concurso de un dinero del que no disponía y sobre cuya procedencia el Juzgado instructor no practicaría la menor investigación). Que Juan Puig Ventura, presidente del Círculo de la Fraternidad Republicana del mismo pueblo, lo denunciara como promotor de los sucesos revolucionarios ocurridos en la comarca del Maresme, sin aportar ninguna prueba que lo demostrase. Que Domingo Casas Llibre, Antonio Mustarós, y José Álvarez Espinosa, alcalde, concejal, y secretario, respectivamente, del Ayuntamiento de Premiá, a los que, en el curso de la breve entrevista que mantuvo con ellos el 28 de julio, animó a proclamar la República, le vincularan con los alborotos y el intento de la quema del convento de los Marianistas de la localidad, cuando los dos primeros rehuyeron sus responsabilidades dejando campo libre al vandalismo de los amotinados, y el último intervino personalmente en la insurrección, suministrando armas a los rebeldes. Que Baldomero Bonet, procesado por el incendio del colegio de los misioneros del Sagrado Corazón, responsabilizara al dinero del pedagogo de financiar la subversión. Que Alfredo García Magallanes, teniente del Ejército en situación de retiro, muy próximo a las tesis de Lerroux, propalase la especie de que el acusado había aprovechado la rebelión para engrosar su fortuna a través de una jugada de Bolsa. Que Manuel Jiménez Moya, activista republicano, confinado en Palma de Mallorca, expusiera su creencia de que los responsables de la Semana eran elementos antimilitaristas y miembros de Solidaridad Obrera, bajo la dirección del acusado. Y que Lorenzo Ardid, dirigente de la Casa del Pueblo, no sólo aventurase la sospecha de que el director de la Escuela Moderna era uno de los organizadores de la rebelión, sino que atribuyó además su presencia, el lunes 26 de julio, en los locales de la sede lerrouxista como un intento de conseguir la adhesión del partido a la revuelta. E incluso que el propio Cristóbal Litrán, brazo derecho de Ferrer en la Escuela Moderna y antiguo militante radical, desterrado como es sabido a Teruel, proyectase también una sombra de duda sobre su conducta, si se hace caso al testimonio de Soledad Villafranca al afirmar que dilató inexplicablemente el intento de los deportados por declarar en el proceso. Un extremo este nunca hasta hoy aclarado que, para algunos de los historiadores del proceso, constituye uno de los misterios aún por resolver en torno al caso.

En cuanto a la actitud de Emiliano Iglesias, líder del partido en ausencia de Lerroux, que, con posterioridad al fusilamiento de Ferrer, proclamaría repetidamente su inocencia, pecó de ambigüedad en sus declaraciones ante los jueces, ya que, sin acusarle de forma directa, no defendió ante ellos lo que adujo, en abril de 1911, en el Congreso de los Diputados, es decir la total desvinculación de Ferrer de los sucesos revolucionarios. Lo que puede interpretarse como un deseo de exonerar a los radicales de cualquier participación en las jornadas sangrientas, que pudiera posteriormente restarles respaldo electoral, y un intento, por otro lado, de eludir su propia responsabilidad personal, como se deduce de su afirmación ante el Congreso, casi dos años después de concluidos los acontecimientos, en el sentido de que en aquellas largas semanas de irracional ceguera represiva, «bastante tenía cada cual con defenderse a sí mismo».

La actitud de los republicanos fue, como puede advertirse, abiertamente opuesta a la exculpación de Ferrer, en quien muchos de ellos prefirieron ver al instigador de la rebelión, y sobre el que descargaron todo el lastre de decepción, mala conciencia, y miedo a las represalias que el fracaso del alzamiento armado les había producido. Y ello hasta tal punto, que no sólo se hizo perceptible ese sentimiento en los testimonios incriminatorios recién expuestos, sino en numerosas manifestaciones anónimas que expresaban, bien a las claras, tanto el alivio resultante de una condena que les exoneraba de sus culpas, como las escasas simpatías con que el procesado contaba entre la militancia lerrouxista. Amadeu Hurtado, cuenta así, cómo escuchó a varios dirigentes del partido decir que «si no se ejecutaba pronto a Ferrer, se reproduciría la presión extranjera en su favor, y volvería a salvarse». Cambó, por su parte, relataría que habiéndose encontrado en la calle con dos diputados republicanos pudo comprobar que «en ninguno de ambos existía la menor duda de que el procesado merecía ser condenado por sus hechos». Y el propio reo, ya se ha dicho, tampoco estuvo lejos de percibir esa generalizada enemistad cuando, refiriéndose a Casas Llibre, «el Llarch», Ardid y Álvarez Espinosa, expresó a su abogado la seguridad de que iba a ser fusilado «por el testimonio de cuatro radicales»[15].

La Lliga, por su parte, se desentendió también de la suerte del procesado, notoriamente alejado como estaba de los postulados catalanistas, y cuya trayectoria política y personal distaban de los intereses defendidos por la burguesía conservadora a la que representaba. Contrario a cualquier forma de expresión nacionalista y con un pasado moral oscuro, turbio e inaceptable para la buena sociedad barcelonesa, poco podía ciertamente esperar Ferrer de una organización, de acendrado carácter conservador y abiertamente hostil a sus veleidades revolucionarias y a la sospechosa promiscuidad (era del dominio común que había tenido al menos dos amantes, más otras tantas, si se atiende a la opinión de determinados historiadores) que advertía en su conducta. Y todo ello sin contar con el riesgo que podía representarles electoralmente la simple sospecha de su connivencia con el pedagogo libertario, por más que en este aspecto su diagnóstico resultase erróneo como vendrían muy pronto a demostrar tanto las elecciones municipales de diciembre de 1909, las primeras celebradas tras la ejecución de Ferrer, como las generales de mayo de 1910, en las que fueron ampliamente derrotados por los candidatos republicanos.

No es de extrañar, por eso, que Narciso Verdaguer, concejal catalanista en el Ayuntamiento de Barcelona y ex dirigente de la organización patronal Fomento del Trabajo Nacional, depusiese en contra suya, expresando su convencimiento de que la rebelión fue obra de la conjunción de anarquistas y radicales instigados por Ferrer. Que Cambó, que puso tierra por medio el mismo día en que dio comienzo la huelga, aplaudiese el cierre gubernativo de las escuelas laicas y de los ateneos y centros obreros, decidido por Crespo Azorín, por más que reclamase, eso sí, del ministro La Cierva un más prudente ejercicio de la política represiva. Que en su principal órgano de expresión, La Veu de Catalunya, se diera cabida al desdichado artículo «¡Delatad!», en el que se pedía a los barceloneses la denuncia de los supuestos responsables de haber participado en la rebelión. Y que Prat de la Riba (en lo que se ha entendido como el mayor error de su vida política) impidiera, como ha tenido ya ocasión de verse anteriormente, la publicación en el citado diario del tantas veces mencionado artículo de Maragall, «La ciudad del perdón», en el que el poeta catalán suplicaba a las autoridades que respetasen la vida de Ferrer y la de tantos otros condenados a muerte como consecuencia de su intervención en los sucesos perseguidos aquellos días por la Justicia.

Con menor animosidad se manifestarían los catalanistas de izquierda, que, pese a desempeñar un papel secundario en la creación del ambiente prerrevolucionario que antecedió al alzamiento, se mostraron de acuerdo con la convocatoria de la huelga general e incluso redactaron un mensaje dirigido al Gobierno (que no llegarían a cursar por estar ya interrumpidas las comunicaciones en ese momento) en el que elevaban su más enérgica protesta por la guerra del Rif y le instaban a detenerla. Pero si es cierto que tras el fusilamiento de Ferrer, todos sus líderes, desde Claudi Ametlla hasta Valles y Ribot, pasando por Sunyer, Hurtado, Carner o Laureá Miró, proclamarían su inocencia, no lo es menos que, cuando aún estaban a tiempo de probarla, ninguno de ellos lo defendió públicamente, ni desmintió su participación en cualquiera de las reuniones mantenidas antes o durante la famosa semana, en las que ellos habían participado[16].

Y por lo que se refiere a Solidaridad Obrera, integrada, como ya es conocido, por elementos anarquistas y socialistas, con una mayoría predominante de los primeros, ninguno de aquellos de sus integrantes que lograron salvarse de la deportación o la cárcel, dejó tampoco escuchar su voz a favor del acusado, al que, pese a haber financiado numerosas de sus actividades, consideraban un burgués enriquecido y, lo que era aún más grave para la mentalidad ácrata, un libertino. De entre los miembros del PSOE, su máximo dirigente en Cataluña, Fabra Ribas, que nunca sintió la menor simpatía personal ni política por Ferrer, y que con posterioridad a los hechos aseguró textualmente que «nadie, absolutamente nadie, pudo probar su injerencia en las jornadas de la Semana Trágica, ni antes, ni durante, ni después de aquellos sucesos», no le citó sin embargo en ninguno de los tres artículos que, los días 14, 15 y 18 de agosto, publicó, ya a salvo en París, en el periódico L'Humanité relatando los detalles de la subversión, y aun a sabiendas del riesgo que corría su vida[17]. Y en cuanto a los anarquistas, el más representativo de entre ellos, Miguel Moreno, que había desestimado cualquier colaboración por parte del procesado en los dos encuentros que con él mantuvo el lunes día 26 de julio en Barcelona, no sólo obvió la mención a los mismos, sino que, tras haber conseguido cruzar la frontera con la ayuda económica de aquél, publicó, en El Correo Español, de México, bajo el seudónimo de Constant Leroy, una serie de artículos en los que denunciaría que Ferrer tomó parte activa en la insurrección armada, y promovió con su dinero y su acción personal el alzamiento.

Para el anarquismo barcelonés, encuadrado fundamentalmente en Solidaridad Obrera, el director de la Escuela Moderna no fue nunca sino un aliado circunstancial, del que le distanciaban sus actividades financieras y sobre todo su vida privada, en lo relacionado primordialmente con las mujeres, ajenos al objetivo común que los unía, que no era otro que el de trabajar, igual que ellos, por la conquista del Estado. Y aunque en distintos momentos había protegido a ácratas tan destacados como Anselmo Lorenzo y Federico Urales y costeado el alquiler de la sede del sindicato obrero en la barcelonesa calle Nueva de San Francisco, consideraban el apoyo económico que podía prestarles casi como una obligación, mostrándose mucho más receptivos a su dinero que a su colaboración política o a sus consejos. Ferrer no fue, por tanto, en modo alguno, dirigente de Solidaridad, e incluso puede asegurarse que tuvo muy escasa influencia entre las masas revolucionarias que la organización reunía e impulsaba[18].

Respecto a la responsabilidad de la prensa en lo que atañe tanto a la orientación del proceso en perjuicio del reo como a la campaña de descrédito orquestada contra Ferrer, se ha hablado ya en páginas anteriores, y es hoy una opinión mayoritariamente compartida por la historiografía más solvente, la decisiva influencia que los diarios conservadores e integristas tuvieron en el destino último del reo. Silenciados los órganos de opinión de la izquierda catalana por orden gubernativa (Crespo Azorín suspendió nada más llegado a Barcelona, el 8 de agosto, la circulación de La Rebeldía, El Poble Catalá, El Progreso, La Metralla, El Descamisado, Tierra y Libertad y La Tribuna), y abierta la veda de la difamación y la calumnia, los diarios no sujetos a la censura aceptaron convertir sus páginas en portavoces de la caza de brujas en que se había traducido la represión aplicada durante aquellos dos largos meses, suplantaron en muchos casos al propio Ministerio fiscal y se constituyeron en eficaces cómplices de las fuerzas más reaccionarias.

En un país como era España con tan alto nivel de analfabetismo, la prensa tenía necesariamente que ser más un altavoz político que un negocio rentable. Barcelona, por poner un ejemplo, contaba en 1900 con veinticuatro periódicos, cuando más del 40 por ciento de su población no sabía leer. Y en esa situación se explica que, salvo escasas excepciones, la mayoría de los rotativos atravesasen enormes dificultades y sobrevivieran, en unos casos, gracias a las subvenciones del Gobierno, a través de sus fondos reservados, y en otros, al apoyo económico de quienes eran conscientes de que únicamente con ese respaldo mediático le era posible a cualquier partido sobrevivir y expresar su solvencia. Pero, transformada así en portavoz de proyectos políticos y de intereses económicos, esa prensa tan pobre en recursos, casi siempre endeudada, y cuyos redactores vivían a salto de mata a la espera de un empleo público o una credencial que aliviase sus penurias, llegó a convertirse en un auténtico «cuarto poder», capaz por sí solo de provocar crisis ministeriales, crear o hundir reputaciones e incluso derribar Gobiernos[19].

Esa honda ideologización tendría una traducción lógica en los días inmediatamente previos y, sobre todo, posteriores a la Semana Trágica, en cuyo enjuiciamiento todos los periódicos tomaron partido. Y faltos de voz, como acaba de verse, aquellos que hubiesen podido defender los intereses de Ferrer, y con el ministro La Cierva erigido en auténtico cacique de la letra impresa (se supo que se reunía a diario con periodistas afines para marcar la orientación de sus artículos y editoriales), no tardaría en montarse una durísima y eficaz campaña antiferrerista, que, enmascarando la verdad y aceptando el rumor como dogma, no tuvo el menor pudor en reproducir, mutilar e instrumentalizar documentos y diligencias sumariales, que sólo el juez instructor o las autoridades gubernativas pudieron filtrar; presentó al acusado como el mayor enemigo de las instituciones públicas, especialmente el Estado, el Ejército y la Iglesia; invadió su vida privada, sacando a la luz sus confesiones más íntimas y calificando su conducta de «libertina, promiscua e inmoral»; publicó fragmentos de proclamas revolucionarias en las que se legitimaba el incendio y el asesinato y se inducía a atentar contra Alfonso XIII y su familia; se prodigó en artículos y editoriales que le atribuían calificativos del tipo de «el tristemente célebre», «el funestísimo», «el revolucionario, de amarga memoria», «el anarquista, de tan siniestra catadura» o «el portavoz del desorden»; y alimentó en todo momento su descrédito, ajena al respeto obligado a cualquier acusado cuya culpabilidad aún no había sido probada, llegando a satanizarle en términos tales que Lerroux la describiría como «vergonzosa, y pornográfica».

En un recuento representativo de la actitud de cada uno de los más importantes diarios nacionales respecto a la política represiva del Gobierno, y el proceso seguido a Ferrer, huelga decir que la totalidad de los conservadores se alinearon decididamente con Maura, aplaudiendo y reclamando un ejemplarizador castigo para los culpables. Así, La Época, convertido prácticamente en portavoz gubernamental, cada uno de cuyos editoriales parecía dictado por La Cierva, comenzó insinuando la presencia del director de la Escuela Moderna en Barcelona los días de autos, colaboró en la violación del secreto sumarial, al reproducir, en muchos casos extractadas, las circulares, cartas y proclamas incautadas en los registros de Mas Germinal, e incluso llegó a sugerir que el acusado hubiera podido inducir la revuelta para enriquecerse mediante una hábil jugada bolsística. Los integristas El Siglo Futuro, El Universo y El Correo Catalán expresaron su visión tendenciosa de los hechos, atribuyendo a Ferrer la financiación de la insurrección, aplaudiendo las declaraciones del fiscal Ugarte cuando señaló a aquél como máximo responsable de los sucesos sangrientos, y descartando cualquier medida de gracia que pudiera concedérsele. El regionalista La Veu de Catalunya alentó la delación de los barceloneses, se sumó a la opinión de quienes reclamaban un severo castigo para los rebeldes y concluyó negándose a publicar la petición de clemencia de Joan Maragall, asiduo colaborador del rotativo. El monárquico Abc atizó asimismo el fuego de la discordia apoyando su «fundada convicción» en la culpabilidad del procesado, insistió en la idea de que, en la Casa del Pueblo «el dinero había circulado abundantemente» y aun después de la ejecución de Ferrer continuó abriendo durante varias semanas su primera página de tipografía con un interminable listado de adhesiones a su campaña de apoyo al Gobierno, y en contra de la protesta extranjera. En tanto que La Vanguardia, representante también del conservadurismo catalán, dio muestra de intolerancia y fanatismo, al escribir que «ni Barcelona, ni Cataluña han expresado el menor deseo de que se otorgue ningún perdón a los culpables». Y todos, sin excepción, recordaron hasta el hartazgo la implicación del pedagogo en los varios atentados dirigidos contra el Rey, el perverso objetivo de sus escuelas descristianizadas y hasta «la incontenible pasión sexual», que, según palabras textuales del ministro de la Gobernación, le dominaba.

De modo más comedido se pronunciaron los diarios del trust, esto es, El Liberal, El Imparcial y El Heraldo, que, aun coincidiendo con los anteriores en exigir una reparación de los daños y el consiguiente castigo a los culpables, no entraron a saco en la vida privada del procesado, ni interfirieron de forma sectaria la tramitación del sumario. Y sólo El País, órgano a escala nacional de los radicales; España Nueva, también republicano; El Motín, el rotativo de Nakens, y La Publicidad, de corte anticlerical, defendieron abiertamente, en los tres primeros casos, la causa de Ferrer, y solicitaron, en el caso del último, coincidiendo con los éxitos iniciales del Ejército en Marruecos, una amnistía para aquellos que movidos por sus ideales habían tomado parte en la revuelta.

Pero en unos y otros casos, lo cierto es que la prensa hizo mayoritariamente del «caso Ferrer» un juicio paralelo (inducido fundamentalmente por los grupos e instituciones que exigían para el pedagogo racionalista un ejemplar escarmiento y alentado por la justicia militar, la jerarquía católica, y, de modo especial, el Gobierno), que desnaturalizó el proceso adulterando sus diligencias, informó de los hechos de una manera mendaz, tendenciosa y sectaria, y guió, en definitiva, el sentido de la opinión pública en la dirección que convenía a los partidarios de su condena[20].

Más complicado es dilucidar el grado de implicación, y, por tanto, de responsabilidad de la sociedad, especialmente la catalana, en la represión que siguió a los sucesos de julio, cuya primera manifestación, la huelga general, aplaudió, por lo que tenía de protesta contra la impopular guerra de Melilla, pero que luego condenaría abiertamente a la vista de los gravísimos desmanes que en su transcurso tuvieron lugar, contra los que terminó exigiendo un severo escarmiento. Pero, aunque tanto la conmoción que esa violencia produjo en quienes desde tan cerca la habían vivido, como el temor que la declaración del estado de guerra y la suspensión de las garantías suscitó entre los barceloneses pueden dificultar la exacta valoración de su actitud sobre Ferrer, existen evidencias bastantes para poder asegurar que aceptó como bueno el castigo aplicado a los participantes en la rebelión y la subsiguiente condena de quien se le ofrecía como principal instigador de la misma, o, en el caso de disentir de aquél y discrepar con la sentencia dictada contra el director de la Escuela Moderna, no expresó tal disconformidad, y menos aún solicitó su indulto[21].

La opinión pública barcelonesa, que había condenado, cuando menos moralmente a Ferrer, tres años antes, al considerarle implicado en el atentado de Madrid contra los Reyes, y que entendió su absolución como un gesto de debilidad ante la campaña internacional que exigía su libertad, no tuvo ninguna dificultad en aceptar su inculpación, e, indignada como estaba ante la gravedad de los acontecimientos vividos, justificar los cargos que la Justicia militar le imputaba. Y como quiera, además, que las medidas adoptadas por el Gobierno, lejos de apaciguar el apasionamiento que afectaba a la sociedad y devolver la paz a los espíritus, asignó a la represión objetivos tendentes a movilizarla en beneficio propio, no es extraño que fueran muy pocos quienes, al menos en público, defendieran su suerte, lo que explica la sorpresa del republicano Pere Coromines ante el hecho de que «en una ciudad de casi seiscientos mil habitantes, ninguno de entre todos ellos pidiera el indulto ni la amnistía para los condenados»[22].

Cuando quienes pudieron condenar el ajuste de cuentas gubernamental estaban presos o habían sido desterrados; en unos momentos en los que la prensa opositora había sido silenciada y la favorable al Gobierno convertía las faltas en delitos, las alteraciones del orden en crímenes y los incendios de conventos en sacrilegios, llegando en su estrategia de descrédito a falsear repetidamente la verdad y hasta incluso violar, en el caso concreto de Ferrer, el secreto sumarial; bajo la presión de un ambiente de animosidad pasional que inducía a creer que la condena del procesado iba a liquidar todas las atrocidades cometidas durante la Semana Trágica y a sanear definitivamente el tejido social, pierde sentido formular un objetivo juicio de valor sobre quienes, en tan adversas circunstancias, tenían que expresarse. Y más aún, cuando quienes disponían de voz, la amplificaban con el doble propósito de manifestar, por un lado, su rencor y acallar, por otro, el eco de las denuncias que, desde el exterior, reclamaban justicia para el librepensador detenido.

Y para concluir, la Corona, a la que cupo la posibilidad de mostrarse magnánima, no mostró el menor gesto de benevolencia hacia el acusado ni supo evaluar las consecuencias que su ejecución podían representar para su prestigio, e hizo oídos sordos, y esto es lo más grave, al clamor internacional que desde el instante en que se conociera el procesamiento de Ferrer denunció insistentemente a través de mítines, manifestaciones callejeras y artículos de prensa las irregularidades de la causa, así como la falta de garantías que la desnaturalizaron, convencido de que el procesamiento de Ferrer obedecía no tanto a su intervención en los hechos de autos (Anatole France llegaría a manifestar que su ejecución «no hay que buscarla en los sucesos de julio, sino en sus libros y sus escuelas»), como al grado de influencia que el proyecto pedagógico que defendía pudiese tener como instrumento desestabilizador del sistema político establecido.

Alfonso XIII, el «rey soldado», que desde apenas iniciado su reinado demostró una evidente falta de sintonización con la ideología de los núcleos modernizadores del país y que postuló siempre el principio de que «era a la monarquía a quien correspondía el deber de liderar la regeneración de la vida nacional, orientar la acción política del Gobierno (al que llegó incluso, a veces, a desautorizar), e infundir energía al poco ferviente patriotismo de los españoles», no se conformó nunca con el papel moderador que la Constitución le otorgaba, sino que utilizando a las fuerzas armadas como principal aliado, quiso, además de reinar, gobernar, quebrando las reglas de juego que Cánovas había diseñado para vertebrar la Restauración borbónica. Educado por la reina regente, María Cristina, en el espíritu de que la realeza trascendía del simple control del ceremonial de la corte, y dotado especialmente para la intriga política, don Alfonso no tardó en poner de manifiesto los principales defectos derivados de su formación y de su propio carácter: el permanente intervencionismo en el quehacer gubernamental; su especial desinterés por la clase política, incluidos los ministros que él mismo nombraba; la voluntad de dirigir al Ejército conforme a sus infantiles intuiciones y el consejo de sus amigos; su escasa condición de hombre de Estado; y una forma de populismo, más próximo a la campechanía que a la preocupación que pudiese inspirarle el bienestar de sus súbditos. Para lograr todo lo cual se apoyó en una camarilla de militares allegados en los que depositaría su confianza y en cuyas manos delegó tareas que hubieran correspondido a sus ministros. Toda una actitud de extrema torpeza y miopía política, que, traducida en una sucesión de errores casi ininterrumpidos (el último y más evidente de los cuales sería la entrega del poder al general Primo de Rivera), acabaría no sólo conduciéndole al destierro, sino abriendo un paréntesis de nada menos que cuarenta y cuatro años (los comprendidos entre 1931, fecha de la proclamación de la Républica, y 1975, año de la muerte del dictador Franco) a la institución monárquica que encarnaba[23].

Y naturalmente, desde esa perspectiva tan poco dúctil e impregnada del convencimiento de su condición de depositario y guardián de las más acendradas esencias nacionales, de garante del régimen, la figura de Ferrer sólo podía corresponderse para la alicorta óptica del Rey con la de un peligroso agente provocador, interesado en la desestabilización del sistema, desprovisto del espíritu patriótico del que él se enorgullecía, defensor de una sociedad autogestionaria, contrario a los intereses del Estado, el Ejército y la Iglesia, pilares sobre los que se sustentaba la Corona, y del que, además, se sospechaba un mayor o menor grado de implicación en algunos de los diversos atentados llevados a cabo en los últimos años, de los que dos de ellos habían sido dirigidos contra su propia persona. Todo lo cual le eximía del ejercicio del derecho de gracia, tanto más cuando el Gobierno en ningún momento se lo había reclamado, y quienes lo hicieron, fundamentalmente desde el extranjero, tan sólo pretendían, según los criterios postulados por los defensores del statu quo, reincorporar a España al contexto de la leyenda negra, su inseparable compañera desde los tiempos del Imperio[24].

Nadie, por tanto, alzó su voz para pedir clemencia a favor del director de la Escuela Moderna; nadie denunció los vicios y desafueros que en las semanas que duró la represión, y a lo largo de la subsiguiente instrucción del proceso, se cometieron por parte de las autoridades encargadas de llevar una y otro a término; ni nadie tampoco se resistió a la tentación de saldar los devastadores efectos de la Semana Trágica con el simple sacrificio de un personaje, para muchos maldito, que tan sólo había aportado motivos de preocupación al Estado, y cuyo aislamiento político le restaba, además, los apoyos que hubiera podido prestarle cualquier tipo de partido u organización que lo respaldase. Y únicamente la opinión pública europea, algunos intelectuales y librepensadores afines o cuando menos comprensivos con su ideología, y los pocos diarios de la izquierda que habían logrado eludir la clausura gubernativa, fueron capaces de sobreponerse a esa ofuscación colectiva que había entumecido el espíritu de los barceloneses (y de los españoles, en general), a esa redentorista y casi mesiánica pasión depuradora, que, con tanto acierto resumió Cambó en su intervención en las Cortes, el 16 de junio de 1914, durante el debate que mantuvo con el ex ministro de la Gobernación, La Cierva, acerca de las instrucciones enviadas por este último al gobernador civil de Barcelona, Crespo Azorín, para que endureciese las medidas que se estaban adoptado como consecuencia de la rebelión.

No pidieron el indulto de Ferrer los integrantes del Partido Radical, que, bien por el contrario, fueron en el sumario sus principales acusadores; no lo pedimos, tampoco, los que éramos neutrales en la contienda; nadie solicitó, vuelvo a repetirlo, la absolución del director de la Escuela Moderna. Si culpa hay, por ello, en su fusilamiento, es esa una responsabilidad que incumbe a todo el cuerpo social, principalmente de Barcelona. Todos los barceloneses, sin excepción, hemos fusilado a Ferrer al no mover un solo dedo para reclamar su amnistía[25].

Por animadversión política o personal, unos; faltos de voz, otros, al estar presos o sufrir penas de extrañamiento; y escudados en la cobardía, los más, tirios y troyanos se confabularon tácitamente, para, en una acción conjunta, hacer posible que en la barcelonesa Cárcel Modelo se dictara, tras una sucesión de irregularidades y vicios, inaceptables en cualquier sistema jurídico sólido y solvente, uno de los fallos más escandalosos de los anales de la historia judicial española, que sancionó la política represiva del Gobierno de Maura, sirvió para aquietar las conciencias de quienes habían sido incapaces de prever, impedir o solventar, en términos de justicia, y no de venganza, los delitos que en aquellos días se perseguían, y permitió finalmente consumar en el foso de Santa Amalia, del castillo de Mont juïc, el asesinato legal de Francisco Ferrer i Guardia.

Notas

LOS ANTECEDENTES

[1] Para el proceso Dreyfus, véanse Bredin, J. D.: L'affaire, París, 1983; Charpentier, A.: Historique de l'affaire Dreyfus, París, 1933; Miquel, P.: L'affaire Dreyfus, París, 1973. Para antisemitismo en la Francia de la época, Marrus, M.: Les juifs en France a l'époque de l'affaire Dreyfus, París, 1972. Con traducción al español, la más sintética, Bon, D.: El caso Dreyfus, Barcelona, 2000.

[2] Sobre la repercusión del proceso Dreyfus en España, véase Jareño López, J.: El affaire Dreyfus en España, Murcia, 1981. La mayoría de los intelectuales europeos de la izquierda, y entre ellos los españoles, se alinearon a favor del «dreyfusismo».

[3] Lazare, B.: Un erreur judiciaire, París, 1897.

[4] Zola, É.: «J'accusse», «L'Aurore», 1-I-1898.

[5] El coronel Henry falsificó los documentos que comprometían a Dreyfus. Descubierto, admitió su culpabilidad y se suicidó en la cárcel. El responsable de la traición fue el comandante Esterhazy. Dreyfus fue indultado por el presidente Loubet, y posteriormente rehabilitado, el 12 de julio de 1906, once años después de su degradación.

[6] Sobre conexiones Dreyfus-Ferrer, véase Álvarez Junco, J.: El emperador del Paralelo, Madrid, 1990; Lerroux pretendió hacer del «caso Ferrer» un «affaire Dreyfus». El propio Ferrer, desde la Cárcel Modelo, identifica ambas causas (Carta a Malato, 18-VI-1906). Connelly Ullman admite los datos que los asemejan, pero resalta la ausencia en España de una campaña generalizada a favor de Ferrer durante su proceso. Archer los asimila (op. cit., pág. 8). Alfonso XIII, en declaraciones al diario francés Journal (2-XI-1909), advierte semejanzas en los dos casos. Para más datos, Canalejas, J.: Diario de sesiones, 5- IV-1911.

[7] Vicens Vives, J. Industrials y politics, Barcelona, 1958.

[8] Para el clima político de la Barcelona de 1900, véanse Benet, J.: Maragall y la Semana Trágica, Barcelona, 1966; Romero Maura, J.: La Rosa de fuego, Barcelona, 1974; Connelly Ullman, J.: La Semana Trágica, Barcelona, 1972; Larcegui, F.: La cuestión catalana, Madrid, 1907; Cuadrat, X.: «Socialismo y anarquismo en Cataluña, 1899-1911», en Revista de Trabajo, Madrid, 1976; Kaplan, T.: Ciudad roja, periodo azul, Barcelona, 2003.

[9] Sobre Ferrer se escribieron, a raíz de su ejecución, numerosas biografías. Véanse Archer, W.: The Life, Trial and Death of Francisco Ferrer, Londres, 1911; Comas, C.: Un revolucionario de acción: Francisco Ferrer; su vida y su obra, Barcelona, 1910; Orts Ramos, A.: Ferrer i Guardia, apóstol de la razón, Barcelona, 1910. Su hija Sol publicó, a su vez, dos libros acerca de la vida de su padre (Le veritable Francisco Ferrer, París, 1948, y La vie et l'oeuvre de Francisco Ferrer, París, 1962). La biografía más solvente y completa es la de Avilés, J.: Francisco Ferrer y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir, Madrid, 2006.

[10] La obra más completa sobre los sucesos de julio de 1909 en Barcelona es, sin duda, la de Connelly Ullman, J.: La Semana Trágica, Barcelona, 1972. Véanse también Canals, S.: Los sucesos de España en 1909, Madrid, 1910; Comaposada, J.: La revolución de Barcelona, Barcelona, 1910; Brissa, J.: La revolución de julio, Barcelona, 1910; Riera, A.: La Semana Trágica, Barcelona, 1909. En un tono más divulgativo, Voltes, P.: La Semana Trágica, Madrid, 1995; Comín Colomer, E.: La Semana Trágica, Madrid, 1956. Y ya de forma novelada, Fernández de la Reguera, R.: La Semana Trágica, Barcelona, 1967.

[11] Pla, J.: Cambó. Materials para una historia d'aquests ultims anys, Barcelona, 1928.

[12] Desde el Ministerio de la Gobernación, La Cierva extendió el infundio de que la revolución de julio tenía un carácter separatista. Al encontrarse Cataluña incomunicada a causa de la rebelión, la acusación caló en la opinión española.

[13] Ossorio y Gallardo, A.: Barcelona, julio de 1909, Barcelona, 1910.

[14] Sobre población e industria véanse Anuario estadístico de la ciudad de Barcelona, 1902; Vicens Vives, J.: Historia social y económica, Barcelona, 1961; Escarrá, E.: El desarrollo industrial en Cataluña. 1900-1908, Barcelona, 1897; Nadal, J., y Maluquer de Motes, J.: Catalunya, la fabrica d'Espanya. Un segle d'industrializació catalana, Barcelona, 1989; Camps, E.: La formación del mercado de trabajo industrial en la Cataluña del siglo XIX, Madrid, 1955. También Connelly Ullman y Romero Maura (op. cit.).

[15] Sobre la desaparición de las murallas y el proceso de crecimiento de la ciudad, Sudria, C.: La modernidad de la capital industrial de España, Barcelona, 1994; Sánchez, A., y Pomés, M.: op. cit., pág. 209; Hugues, R.: op. cit., pág. 357 y ss.; VV AA: Un siglo de Barcelona, 1830-1930, Barcelona, 1946.

[16] Ildefons Cerdá (1815-1876). Ingeniero de caminos, canales y puertos. Topógrafo. Autor de Monografía estadística de la clase obrera de Barcelona en 1856 y Teoría general de la urbanización, responsable del proyecto de urbanización del Pla de Barcelona aprobado en 1859. Autor de varios libros sobre estadística, urbanismo y demografía. En 1854 fue síndico del Ayuntamiento barcelonés, y en 1851, diputado en las Cortes Generales.

[17] Para el Plan Cerdá, Roca, F.: Ildefons Cerdá, el hombre algebraico, Barcelona, 1994; Guardia, M., y García Espuche, A.: 1888-1829. Dos exposiciones, una sola ambición, Barcelona, 1994; Hughes, R.: op. cit., pág. 335; Institut Municipal d'Historia: El Pla de Barcelona y la seva historia, Barcelona, 1984.

[18] Para la Barcelona de mediados del siglo XIX, véanse Hughes, R.: ibíd., pág. 335; Roure, C.: Recuerdos de mi larga vida, Barcelona, 1925; Otero Carvajal, L. E.: Tradición y modernidad en la España urbana de la Restauración, Madrid, 2007; Sobrequés, J.: Historia de Barcelona. La ciudad industrial, 1822-1897, Barcelona, 1991.

[19] Sobre la Exposición Universal de 1888, véanse Sánchez, A.: Barcelona. 1888-1892, Barcelona, 1994; Guardia, M. y García Espuche, A.: ibíd., pág. 27; Hughes, R.: op. cit., pág. 456 y ss.; Exposición Universal de Barcelona. Libro del Centenario, Barcelona, 1988.

[20] Para el Modernismo, Bohigas, O.: Reseña y catálogo de arquitectura modernista, Barcelona, 1983; Marfany, J. L.: Aspectes del modernisme, Barcelona, 1975; García Espuche, A.: El cuadrat d'or. Centre de la Barcelona moderniste, Barcelona, 1990; Mendoza, E.: Barcelona modernista, Barcelona, 1989; Solá-Morales, I.: Los locos arquitectos de la ciudad soñada, Barcelona, 1994; Fabré, J., y Huertas, J. M.: Barcelona 1888-1988. La construcció d'una ciutat, Barcelona, 1988.

[21] Emigración a Barcelona, Oyón, J. L.: La quiebra de la ciudad popular, Barcelona, 2007; Vandellós, J.: La inmigració a Catalunya, Barcelona, 1935; Romero Maura, J.: ibíd., pág. 55 y ss.; Termes, J.: L'inmigració a Catalunya i altres estudis d'historia del nacionalisme catalá, Barcelona, 1984; García Delgado, J. L.: Las ciudades en la modernización de España, Madrid, 1992.

[22] La mejor ambientación de la Barcelona urbana del último cuarto del siglo XIX en las novelas de: Oller, N.: La febre d'or, Barcelona, 1891; Agustí, I.: Mariona Rebull, Barcelona, 1969; Mendoza, E.: La ciudad de los prodigios, Barcelona, 1988. También, en Sánchez, A., y Pomés, M.: Historia de Barcelona, Barcelona, 2001; Hughes, R.: ibíd., pág. 479; Verdaguer, M.: Medio siglo de vida barcelonesa, Barcelona, 1975; Caballé, T.: Barcelona de antaño. Memorias de un viejo reportero barcelonés, Barcelona, 1944; Fabré, J., y Huertas, J. M.: op. cit.

[23] Para las relaciones de la burguesía financiera, McDonogh, G.: Los Güell, arquetipo de «buena familia», Barcelona, 1994; Hughes, R.: ibíd., pág. 400 y ss.; Cabana, F.: Fàbriques y empresaris. Els protagonistes de la revolució industrial a Catalunya, Barcelona, 2001; Bayle, C.: El segundo marqués de Comillas, Madrid, 1928. En versión literaria, las novelas de Ignacio Agustí, Mariona Rebull y El viudo Rius.

[24] Sobre la situación general del proletariado obrero el estudio más completo es el de Romero Maura, J.: La rosa de fuego, Barcelona, 1974. Véanse también Sirera, J. M.: Obreros en Barcelona. 1900-1910, Barcelona 1956; Valdour, J.: L'ouvrier espagnol, París, 1919; Izard, M.: Industrialización y obrerismo, Barcelona, 1973; Gabriel, P.: Espacio urbano y articulación popular en Barcelona, 1890-1920, Madrid, 1992; Huertas, J. M.: Obrers a Catalunya. Manual d'historia del moviment obrer, Barcelona, 1962.

[25] Para la vivienda obrera de la primera década del siglo XX, Oyón, J. L.: ibíd., pág. 163 y ss.; «Las viviendas», en Revista Social, abril de 1904; Marvaud, A.: La question sociale en Espagne, París, 1910; Zurdo Olivares, L.: 2.500 casas para obreros. Memoria a la Junta de Reformas Sociales de Barcelona, Barcelona, 1907; Carreras Candi, F.: Geografía de la ciudad de Barcelona, Barcelona, 1910; Escudé, M.: «Las viviendas de los pobres en Barcelona», en Revista Social, abril de 1904.

[26] Sobre la alimentación y el vestido, Luben, D.: La Ilustración Obrera, 31-XII-1904; Estudio de las causas que contribuyen al encarecimiento de las subsistencias en Barcelona, Barcelona, 1909; Escudé, M.: «La carestía de los alimentos y el presupuesto doméstico», en Revista Social, mayo de 1903. Para la adulteración de productos alimentarios, Revista Social, febrero de 1904; Sociedad Económica de Amigos del País: Estudio sobre el encarecimiento de las subsistencias en Barcelona, Barcelona, 1909.

[27] Salarios en Barcelona: Anuario Estadístico de la ciudad de Barcelona. 1905 (detalla los jornales por oficios y categorías); Revista Social, julio-agosto de 1906; La Guerra Social, 27-VI-1903; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 144 y ss.; Barthe, A.: Le salaire des ouvriers en Espagne, París, 1896.

[28] Para higiene, salud y seguridad laboral, véanse Rodríguez, A.: Contribución al estudio de la higiene de los trabajadores, Gijón, 1902; Instituto de Reformas Sociales: Memoria del servicio de inspección de fábricas en 1907, Madrid, 1908. Sobre abusos patronales, Aguilera, J.: «La acción colectiva», publicado en El Trabajo Nacional, 1-XI-1908. Para educación, Turín, I.: La educación y la escuela en España, Madrid, 1967; Jutglar, A.: Notas para el estudio de la enseñanza en Barcelona, Barcelona, 1966.

[29] Acerca de las formas de ocio de la clase obrera, Maza, E.: Nuevas formas de sociabilidad al filo del siglo XX, Barcelona, 2007; Uría, J.: La cultura popular en la España contemporánea, Madrid, 2003; Amorós, A.: Luces de candilejas. Los espectáculos en España, Madrid, 1991; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 150.

[30] Benet, J.: Maragall y la Semana Trágica, Barcelona, 1966, pág. 15.

[31] Para el despertar del catalanismo y la Renaixença, véanse Almirall, V.: Lo catalanisme, Barcelona, 1886; Rovira i Virgili, A.: El nacionalismo catalán, Barcelona, 1917; Torras i Bages, J.: La tradició catalana, Barcelona, 1893; Prat de la Riba, E.: La nacionalitat catalana, Barcelona, 1917; García Venero, M.: Historia del nacionalismo catalán, Madrid, 1944. La Renaixença fue un movimiento literario y cultural surgido en Cataluña a mediados del siglo XIX. Tuvo también un fuerte componente ideológico, sobre todo en lo relativo a la defensa de la lengua, el Derecho foral y las instituciones históricas catalanas.

[32] Enrique Prat de la Riba (1870-1917). Político e ideólogo nacionalista. Trabajó, en su juventud, en la constitución de los primeros grupos nacionalistas partidarios de la acción política. En 1899 fundó el diario La Veu de Catalunya y el Centre Nacional Catalá, que sería la base de la Lliga. Fue presidente, sucesivamente, de la propia Lliga Regionalista, de la Diputación de Barcelona y de la Mancomunitat de Catalunya.

[33] La Lliga Regionalista surgió en 1901 de la fusión de dos grupos catalanistas: el Centre Nacional Catalá y la Unió Regionalista. Defendió los intereses de la alta burguesía catalana, tuvo un carácter marcadamente conservador y ganó las elecciones de 1907. Para ampliar, Riquer, B.: La Lliga Regionalista, la burguesía catalana y el nacionalisme, Barcelona, 1972. Del mismo autor: Regionalistes i nacionalistes, Barcelona, 1979; Molas, I.: La Lliga catalana. Un estudi d'estasiología, Barcelona, 1972.

[34] Gaziel: Tots els camins duen a Roma. Història d'un destí, Barcelona, 1958.

[35] El ala izquierda de la Lliga, de tendencia republicana, se desgajó en 1904 de la organización, fundó El Poble Catalá, que desde entonces sería su órgano de expresión, pero nunca llegó a constituirse en una fuerza de peso en el mapa político de Cataluña. Los obreros no le respondieron y se inclinaron mayoritariamente por el radicalismo de Lerroux. Para más datos, Ametlla, C.: Memories polítiques, Barcelona, 1963; Hurtado, A.: Quarenta anys d'avocat, Barcelona, 1969; Alomar, G.: Negacions i afirmacions del catalanisme, Barcelona, 1911; Benet, J.: op. cit., pág. 20 y ss.; Rovira i Virgili, A.: El nacionalismo catalán. Su aspecto político. Los hechos, las ideas y los hombres, Barcelona, 1916.

[36] Para los ataques de noviembre de 1905 a La Veu de Catalunya y Cu-Cut, véase La Veu de Catalunya, 25-XI-1905; también, en Pabón, J.: Cambó, Barcelona, 1952.

[37] Francisco Cambó (1876-1947). Político y financiero catalanista. Fue uno de los fundadores de la Lliga y participó asimismo en la creación de Solidaritat Catalana. Defensor de una moralización administrativa, coincidió con el espíritu de la política reformista de Maura, aunque difirió de él respecto a la autonomía catalana. Procuró a la Lliga su carácter conservador, pero su falta de sensibilidad hacia las exigencias del movimiento obrero le enajenó el voto de los trabajadores. Posteriormente a los sucesos de la Semana Trágica sería ministro en varios Gobiernos de la monarquía. Para más datos de su actividad política, Pla, J.: Cambó, Barcelona, 1928; Pabón, J.: Cambó, Barcelona 1952.

[38] Solidaritat Catalana fue una coalición de partidos y grupos políticos catalanistas, constituida en 1906 como resultado del ataque perpetrado por unos airados militares contra los periódicos nacionalistas La Veu de Catalunya y Cu-Cut, y de la promulgación de la Ley de Jurisdicciones. La integraban la Lliga Regionalista, la Unió Nacionalista, el Centre Nacionalista Republicá, los carlistas, los republicanos federales y una parte de la Unión Republicana. Las disidencias entre sus miembros y la derrota electoral sufrida en 1909 determinaron ese mismo año su disolución. Para ampliar datos, véanse Camps i Arboix, J.: Historia de la Solidaritat Catalana, Barcelona, 1970; Canals, S.: La Solidaridad Catalana. Apuntes para un estudio sobre la misma, Madrid, 1907.

[39] La adhesión de Salmerón a Solidaritat Catalana fracturó la Unión Republicana en dos grupos; uno, dirigido por él, los «solidarios», pretendía un acercamiento de Cataluña a España; el otro, liderado por Lerroux, los «antisolidarios», se oponía a cualquier tipo de pacto o coalición con los catalanistas. La muerte del viejo líder republicano en 1908 contribuyó a que la Solidaritat se disolviese definitivamente.

[40] Nicolás Salmerón (1838-1908). Político español. Diputado federal en las Cortes de Amadeo de Saboya. Sustituyó a Figueras en la presidencia de la Primera República. Durante la Restauración se aproximó a las tesis de Ruiz Zorrilla y fue luego cofundador y presidente de la Unión Nacional Republicana. Apoyó el regionalismo catalán y, en 1906, presidió la recién nacida Solidaritat Catalana. Sobre Salmerón, véanse Fernández Bastarreche, F.: Nicolás Salmerón, Almería 1975; Llopis, A.: Historia política de Salmerón, Madrid, 1915.

[41] Sobre el movimiento obrero barcelonés durante el siglo XIX, Cardona, A.: La utopía perdida, Barcelona, 1977; Tuñón de Lara, M.: El movimiento obrero en la historia de España, Madrid, 1972; Bengoechea, S.: Organització patronal i conflictivitat social a Catalunya, Barcelona, 1994; Foix, P.: Apostols y mercaders. Seixenta anys de lluita social a Catalunya, Barcelona, 1976; Olaya, F.: Historia del movimiento obrero español, Madrid, 2006.

[42] Cerdá, I.: Monografía estadística de la clase obrera en 1856, Barcelona, 1857.

[43] La sección barcelonesa de la AIT se constituyó el 2 de mayo de 1869.

[44] Entre 1893 y 1897 Barcelona fue escenario de una sucesión casi ininterrumpida de atentados terroristas, que causaron decenas de muertos y crearon un clima de alarma social en la ciudad. En casi todos los casos respondieron a acciones individuales de anarquistas identificados con «la propaganda por el hecho». Para más datos sobre estos hechos y su represión gubernativa, véanse Jardi, E.: La ciutat de les bombes: el terrorisme anarquista a Barcelona, Barcelona, 1964; Núñez Florencio, R.: El terrorismo anarquista, Madrid, 1983; Tárrida del Mármol, F.: Les inquisiteurs d'Espagne, París, 1897; González Calleja, E.: La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia, Madrid, 1998.

[45] Como consecuencia del atentado de la calle de Cambis Nous, de Barcelona, fueron ejecutados, el 4 de mayo de 1897, los anarquistas Aschieri, Nogués, Molas, Alsina y Mas después de haber sido bárbaramente torturados y sin que existiesen pruebas concluyentes que los incriminasen.

[46] Sobre el proceso de los anarquistas de Montjuïc y la subsiguiente campaña de protesta, véanse Sempau, R.: Los victimarios. Notas relativas al proceso de Montjuïc, Barcelona, 1900; Tárrida del Mármol, F.: op. cit.; Bo y Singla, I.: Montjuïc: notas y recuerdos históricos, Barcelona, 1917; Coromines, P.: Els anys de joventut y el proces de Montjuïc, Barcelona, 1974. En relación con la campaña, Avilés, J.: op. cit., pág. 70 y ss.

[47] Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895). Inició su carrera política en el Partido Progresista. Colaboró en la preparación de la Revolución del 68, que destronó a Isabel II. Fue ministro de Fomento y de Gracia y Justicia, y dos veces presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Amadeo de Saboya. Exiliado en Francia desde 1874, patrocinó siete levantamientos militares contra la monarquía borbónica. En 1895 regresó a España, donde murió pocos meses después. Para ampliar datos, Prieto Villarreal, E.: Don Manuel Ruiz Zorrilla, Madrid, 1903; Gómez Chais, P.: Ruiz Zorrilla, el ciudadano ejemplar, Madrid, 1934; Martínez, J.: «Manuel Ruiz Zorrilla, el último conspirador», en Historia 16, diciembre de 1986.

[48] Sobre el republicanismo en Barcelona a comienzos del siglo XX, Alberti, S.: El republicanisme catalá i la restauració monárquica, Barcelona, 1972; Duarte, A.: El republicanisme catalá a la fi del segle XIX, Barcelona, 1987; González, M.: La República en Barcelona, Barcelona, 1903; Pous i Pages, J.: Pere Coromines i seu temps, Barcelona, 1969.

[49] Alejandro Lerroux (1864-1940). Periodista y político republicano. Antes de dedicarse de lleno a la política dirigió El País y El Progreso. Reclamado como candidato por los fusionistas catalanes, ganó en 1901 su primera acta como diputado. Excelente orador y consumado dominador de masas, ejerció una notable influencia sobre el obrerismo barcelonés, a través de un discurso populista y demagógico, lo que le haría ser conocido como el «emperador del Paralelo». El mejor estudio sobre su actividad en los primeros años del siglo es el, ya citado, del profesor Álvarez Junco.

[50] El programa electoral de Lerroux, en «Al Pueblo», La Publicidad, 17-V-1901.

[51] En las elecciones de 1901 Lerroux obtuvo 5.426 votos, La Publicidad, 24-V-1901.

[52] Para las actividades de A. Lerroux en Barcelona, entre 1901 y 1906, véanse Lerroux, A.: De la lucha, Barcelona 1909; Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 225 y ss.; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 109 y ss. También Cullá i Clara, J. B.: El republicanisme lerrouxista a Catalunya, Barcelona, 1986; Cruells, M.: «Lerroux i els obrers catalans», en Serra d'Or, Barcelona, 1972; Miquel, P.: Alejandro Lerroux. Cuatro palabras, Barcelona, 1903; Ruiz Manjón, O.: El Partido Republicano Radical, Madrid, 1976.

[53] Solidaridad Obrera fue una organización sindical formada en 1907 sobre las bases de la Unión Local de Sociedades Obreras de Barcelona. Estaba integrada por trabajadores anarquistas, republicanos y socialistas con un amplio predominio de los primeros. En un plano estrictamente político combatió el proyecto de la Ley de Terrorismo, de Maura; participó activamente en la protesta contra la guerra de Marruecos y fue una pieza fundamental en la convocatoria de la huelga general del 26 de julio de 1909 y los posteriores sucesos revolucionarios de la Semana Trágica. Para más datos, véanse Aisa, F.: Solidaridad Obrera, Barcelona, 1988; Cuadrat, X.: «Los socialistas y Solidaridad Obrera», en Revista de Trabajo, 1972.

[54] Marsillach, A.: «Carta abierta a Lerroux», La Publicidad, 22-IV-1907.

[55] Sobre los inicios del socialismo en Cataluña, Cuadrat, X.: «Los socialistas y Solidaridad Obrera», en Revista de Trabajo, 1974; Martín Ramos, J. L.: Historia del socialismo español, Barcelona, 1989; Morato, J. J.: Historia del Partido Socialista Obrero, Madrid, 1918; Largo Caballero, F.: Mis recuerdos, México, 1954; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 264 y ss. Acerca de su intervención en los sucesos de la Semana Trágica, véase Fabra Ribas, A.: La Semana Trágica, Madrid, 1975, pág. 29 y ss.

[56] Para el carlismo en esa década, véase Carr, R.: España 1808-1839, pág. 340; Connelly Ullman, J.: op. cit., págs. 86, 321, 397 y ss.; Colldefons, F.: Datos para la historia del Partido Integrista, Barcelona, 1912; Clemente, J. C.: El carlismo en el novecientos español, Madrid, 1999; Barraicoa, J.: El carlismo en Cataluña.

[57] Los partidos dinásticos perdieron su capacidad de movilización en Cataluña a partir del nacimiento de la Lliga en 1901. Para más datos, Benet, J.: op. cit., pág. 15; Fernández Almagro, M.: Historia del reinado de Alfonso XIII; Martínez Cuadrado, M.: Elecciones y partidos en España. 1868-1931; Seco Serrano, C.: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración.

[58] De la Barcelona modernista, Sala, T.: La vida cotidiana en la Barcelona de 1900, Madrid, 2005; Cabañas Guevara, L.: Cuarenta años de Barcelona, 1890-1930, Barcelona, 1944; Nadal, J. M.: Aquella Barcelona, Barcelona, 1933; Sánchez, A.: Barcelona, 1888-1929, Madrid, 1994; Badenas, M.: El Paralel, Barcelona, 1993; Litvak, L.: España, 1900. Modernismo, anarquismo y fin de siglo, Barcelona, 1990; Permanyer, L.: Biografía del Passeig de Gracia, Barcelona, 1994; Pellicer, C.: El modernismo, Barcelona, 1965.

[59] Sobre urbanismo, demografía e industrialización, véanse Soldevila, F.: Un segle de vida catalana, Barcelona, 1961; Gabriel, P.: En temps de burguesos, professionals y obrers. La difícil construcció d'una Catalunya urbana y europea, Barcelona, 2002; Carreras Candi, L.: Geografía general de Cataluña. Tomo I. La ciudad de Barcelona.

[60] La Cierva, J. de: Notas de mi vida, Madrid, 1955, pág. 152.

[61] Otros calificativos negativos aplicados a Ferrer i Guardia: Brenan lo denomina «pedante de estrechas miras»; Baroja lo llama «el Kant de la Barceloneta». Por el contrario, lo elogian Ametlla, «sincero y luchador, capaz de morir por una idea»; Dommanget, «un misionero de la educación»; Litrán, «una voluntad férrea y un gran corazón»; Comaposada, «tenaz, honrado y persistente». Todos, en Delgado, B.: op. cit., pág. 8 y ss.

[62] Cal Boter fue reformado en 1902. Archer, W.: op. cit., pág. 13. Actualmente forma parte del complejo asistencial Les Hortensies, dedicado a la atención de jóvenes disminuidos.

[63] Ferrer, S.: Le veritable, págs. 13-42. Los datos suministrados en sus libros hay que aceptarlos con ciertas reservas. Vivió muy poco tiempo con su padre y sus informaciones proceden de su madre. Tampoco los archivos legados por ella a la Universidad de San Diego, en California, aportan demasiadas noticias de interés.

[63] Sobre la visión del propio Ferrer acerca de sus primeros recuerdos, España Nueva, 16-VI-1906, y declaraciones en el proceso de la calle Mayor de Madrid, Causa Magnicidio, tomo II, págs. 173, 446 y 529; y III, pág. 503. También, en la Autobiografía enviada en 1907 a Leon Fournemont, con destino el Almanaque del Librepensamiento. Sol Ferrer aporta curiosos datos sobre su infancia: la escolarización, las relaciones familiares y los primeros gérmenes del posterior anticlericalismo. También, Archer W.: op. cit., pág. 14. Sobre su adolescencia, Un mártir des prètres, pág. 9; McCabe: The Martyrdom of Ferrer, pág. 13.

[64] Anselmo Lorenzo (1841-1914). Tipógrafo e ideólogo ácrata. Conocido como el «abuelo» del anarquismo español, participó ya en 1871 en la creación de la Sección española de la Primera Internacional. Conoció a Marx y a Engels. Propagador de las ideas de Bakunin, se estableció en 1874 en Barcelona. Exiliado en París, con ocasión de la campaña a favor de los presos de Montjuïc, se relacionó con círculos anarquistas y librepensadores. Fue un estrecho colaborador de Ferrer en la editorial de la Escuela Moderna, para la que escribió y tradujo varios libros. A raíz de los sucesos de la Semana Trágica fue deportado a Teruel.

[65] Ferrer ingresó en la Compañía de Tarragona a Barcelona y Francia como alumno sin sueldo y dos meses después fue nombrado revisor de billetes con un sueldo anual de 120 pesetas, Avilés, J.: Francisco Ferrer y Guardia, Madrid, 2006.

[66] Del encuentro de Ferrer con Teresa Sanmartí, véase Ferrer, S.: op. cit., págs. 35-42. También, el propio Ferrer en sus declaraciones a España Nueva, 16- VI-1906. Más detalles, en Le Figaro, 16-VI-1894, recogidos por Archer, W.: op. cit., pág. 18.

[67] De su ingreso en 1883 en la logia masónica barcelonesa La Verdad, mención en La Acacia, julio-diciembre de 1909. Según Tusquets, fue presentado como «un hombre honrado, casado, despreocupado en materia de religión y empleado del ferrocarril de Francia», en Orígenes de la revolución española, pág. 30.

[68] Sobre su traslado a París, véase Causa Magnicidio, tomo II, págs. 175 y 181. Asimismo, en una nota autobiográfica en España Nueva, junio de 1906. Alude también a las circunstancias del mismo en varias de las cartas que escribió, desde la cárcel, a Malato y a Laissant, ya transcritas.

[69] Ferrer comenzó a dar clases particulares de español. Posteriormente, en 1889 consiguió una plaza de profesor en el Círculo Popular de Enseñanza Laica, dependiente del Gran Oriente de Francia. Más tarde extendió sus lecciones al Liceo Condorcet.

[70] Charles Malato (1857-1938). Desarrolló una gran actividad propagandista en defensa de las ideas ácratas y radicales, propugnando el anarquismo insurreccional. Participó activamente en las campañas en defensa de los presos de Montjuïc y a favor de Ferrer tras su primer procesamiento. Algunos historiadores lo suponen implicado en el atentado llevado a cabo contra Alfonso XIII en la rue Rohan, de París. Fue amigo, colaborador, administrador y analista de su proceso, L'assasinat de Ferrer, Ginebra, 1911.

[71] Para el «Manifiesto de los Trescientos», Álvarez Junco, J.: op. cit., págs. 104-107; Causa contra Ferrer i Guardia, págs. 382 y 389; Carta a Malato, fechada el 1-X-1909, pero escrita tras su tercer interrogatorio. Véase capítulo VII, «Las pruebas documentales», de este libro.

[72] Ferrer tenía una pésima valoración sobre la conducta moral de Teresa. A principios de 1894 había iniciado los trámites de divorcio, Archer, W.: op. cit., pág. 19.

[73] Sobre la agresión de Teresa Sanmartí a su marido, véase Le Figaro, 13-VI-1894; acerca de su prisión, Archives de la Prefecture de Police, de París, 1642. Teresa fue juzgada el 3 de julio de 1894 por el Tribunal Correccional del Sena. Además de su pronta excarcelación consiguió que no le fuera denegado el permiso de residencia en Francia.

[74] De la reconversión de Ferrer al anarquismo, Connelly Ullman, J.: op. cit.; Avilés, J.: op. cit., pág. 68 y ss.; Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 106; Ferrer, S.: La vie et l'oeuvre de Francisco Ferrer, pág. 173; Archer, W.: op. cit., pág. 29. Él insistió en ese cambio de ideología en su carta a Lerroux de 1889, recogida en Causa, pág. 176. En 1894 Ferrer ya había dejado de creer en el republicanismo insurreccional de Ruiz Zorrilla.

[75] Federico Urales (1864-1942). Seudónimo de Juan Montseny. Periodista. Acusado de colaborar en la campaña de Montjuïc, fue desterrado y fijó su residencia en Londres. De regreso a España, fundó en 1898 la Revista Blanca y en 1902 Tierra y Libertad, ambas de ideología anarquista. Estaba casado con Teresa Claramunt.

[76] Sobre los contactos de Ferrer en París, Avilés, J.: op. cit., pág. 84 y ss.

[77] Carta de Nakens a Ferrer el 19 de julio de 1897, en la que le refiere haber recibido la visita de Angiolillo, quien le habló de él largamente. La Cierva la esgrime como elemento incriminatorio de inducción histórica, Proceso Congreso, pág. 138.

[78] El País, 8 de abril de 1894. Ferrer se mostraba contrario a los atentados y sostenía que era un error pensar que se podía combatir el terrorismo por otros procedimientos que no fueran la educación, la persuasión y la justicia.

[79] El Traité d'espagnol practique no era un manual al uso. Incluía textos de librepensadores e incluso un artículo de Demófilo solicitando la libertad del anarquista Pallás.

[80] Leopoldine Bonnard había nacido en París en 1982. De ideología ácrata, era una mujer culta, interesada por el librepensamiento y dedicada a la enseñanza. Conoció a Ferrer en 1897 por haber asistido como alumna a sus clases de español. En 1899 ya vivían juntos y en 1900 tuvieron un hijo, al que pusieron por nombre Riego. Leopoldine trabajó como profesora de francés en la Escuela Moderna y promocionó la pedagogía libertaria del centro en los diversos viajes que realizó al extranjero. Sus relaciones con Ferrer se rompieron en 1905, cuando éste conoció a Soledad Villafranca. Sol Ferrer habla con afecto y admiración de Leopoldine en los libros que escribió sobre su padre.

[81] La relación de Ferrer con sus hijas sería, a partir de la ruptura con Teresa, muy escasa. Trinidad y Paz continuaban en Australia. A Sol la veía algunos fines de semana en el pueblecito de Morée, donde estaba a cargo de una nodriza, visitas que cesaron al casarse su madre y llevársela con ella a Rusia. Para críticas a este comportamiento, Díaz, C.: Ferrer i Guardia, ángel o satanás, Madrid, 1976; y Orts Ramos, T.: op. cit., pág. 37.

[82] Carta de Ferrer a J. Prat el 29 de septiembre de 1900.

[83] Ernestine Meunier era una mujer soltera, católica, diez años mayor que Ferrer, que había heredado de su padre una gran fortuna. Alumna de español en el Gran Oriente de Francia, intimó con su profesor pese a las diferencias religiosas e ideológicas que los separaban. En su testamento le legó un inmueble de su propiedad en la rue Petites Ecuries. Falleció en 1901. Para las relaciones de Ferrer con ella, véanse Avilés, J.: op. cit., pág. 63 y ss.; Delgado, B.: La Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, Barcelona, 1979; Causa contra Ferrer i Guardia, pág. 378 y ss. Biógrafos hostiles al fundador de la Escuela Moderna han sugerido que Ferrer manipuló sus sentimientos para conseguir su dinero e incluso que la convirtió en una más de sus amantes. Constant Leroy (op. cit.) llega a dudar de que su muerte obedeciera a causas naturales.

[84] La Escuela Moderna se abrió en un edificio de la calle Bailén, 70. Dos años más tarde se trasladaría al número 56 de la misma calle. El centro estuvo abierto desde el 8 de septiembre de 1901 hasta el 1 de julio de 1906, cuando fue clausurado por orden gubernativa.

[85] Clemencia Jacquinet. Profesora francesa de ideas ácratas. Asistió a las clases de español del Gran Oriente de Francia. En 1898 viajó a Egipto como institutriz de los hijos del pachá Hassan Tewfik. Destituido éste, regresó a París y, reclamada por Ferrer, viajó a Barcelona para hacerse cargo de la dirección de la Escuela Moderna. Permaneció al frente del centro durante el primer curso, 1901-1902, al final del cual, a causa de disensiones con el fundador, dimitió como directora. En 1903 dejó definitivamente la escuela.

[86] De este folleto se conserva un ejemplar en el International Institute of Social History, de Amsterdam, Avilés, J.: op. cit., pág. 123.

[87] Sobre educación libertaria en España, véanse Boyd, C.: Els anarquistes l'educació a Espanya, Barcelona, 1978; Lida, C.: «Educación anarquista en la España del ochocientos», en Revista de Occidente, abril de 1971; Turín, I.: La educación y la escuela en España de 1874 a 1902, Madrid, 1967. Del orfanato de Paul Robin, Giraud, G.: Cempuis. Education integral. Coeducation de sexes, París, 1900. Sobre las experiencias de Gabarró, véase La Tronada, años 1883 y 1884. Para Trinidad Soriano, Monés, J.: op. cit., pág. 23.

[88] La bibliografía sobre la Escuela Moderna es muy amplia. El libro capital es el del propio Ferrer i Guardia, F.: La Escuela Moderna. Póstuma explicación, y alcance de la escuela racional, Barcelona, 1912. Como estudios más significativos, Delgado, B.: La Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, Barcelona, 1979; Solá, P.: Las escuelas racionalistas en Cataluña, Barcelona, 1939; Schneider, K.: Francisco Ferrer y la pedagogía antiautoritaria, Alberta, Canadá, 1971; Monés Solá, L.: Ferrer i Guardia y la pedagogía libertaria, Barcelona, 1977; Tomassi, T.: Ideología libertaria e formazione humana, Florencia, 1973.

[89] Sobre racionalismo, coeducación de sexos, antiautoritarismo, respeto al alumno, laicidad y formación integral, véanse Delgado, B.: op. cit., pág. 96 y ss.; Solá, P.: Escuela y educación para una sociedad autogestionada, Barcelona, 1977; Monés, J.: Ferrer en la tradición del pensamiento educativo libertario, Barcelona, 1977; Lázaro, L. M.: Análisis de las tesis de Ferrer sobre la coeducación de clases y sexos, Barcelona, 1977.

[90] Mas Germinal era una finca de algo más de dos hectáreas, con una casa de dos pisos y un desván. Estaba situada en el término municipal de Mongat. Ferrer la adquirió en 1903 con la idea de que vivieran en ella su hermano José y su familia. La tierra se dedicó al cultivo de vid y naranjas. Pagó por ella algo más de 20.000 pesetas. Para un detalle completo de la finca, véase Archer, W.: op. cit., pág. 108, que la visitó en 1910.

[91] La Huelga General, Barcelona, 1901-1903. Ferrer financió la publicación y escribió habitualmente en ella. Para conocer sus editoriales en dicho periódico, véase Ferrer y la huelga general, con prólogo de Anselmo Lorenzo, Barcelona, 1910. Tras el paro de 1902 el periódico fue suspendido gubernativamente por espacio de un año.

[92] Sobre la huelga general de 1902 en Barcelona, véase Colodrón, A.: «La huelga general de Barcelona de 1902», en Revista del Trabajo, 1971; Ramos, G.: Patrons i obrers a la cruilla: la vaga del 1902, Barcelona, 1995; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 131 y ss. También, La huelga general en Barcelona. Verdadera relación de los sucesos desarrollados con motivo del paro general, Barcelona, 1902.

[93] La Embajada francesa en Madrid había avisado, en agosto de 1904, al Gobierno español sobre los preparativos de una campaña contra la visita de Alfonso XIII a Francia. La publicación L'Espagne Inquisitoriale había caldeado el ambiente. Y diversas instituciones de izquierda denunciaron, con manifiestos y concentraciones, el viaje del monarca. Para un resumen detallado de la campaña, véase Avilés, J.: op. cit., págs. 148-154.

[94] Pedro Vallina (1879- 1970). De familia acomodada. Cursó estudios de Medicina en Sevilla. Se inició en las ideas anarquistas a través de Fermín Salvoechea. En 1899 se trasladó a Madrid, donde conoció a Salmerón y Pi i Margall, y se relacionó con círculos radicales y ácratas. Tras pasar unos meses en la cárcel, decidió, en 1902, huir a Francia e instalarse en París. La policía lo implicó en el frustrado atentado de 1905 contra Alfonso XIII, cometido en la rue Rohan de la capital francesa. Fue juzgado y puesto en libertad por falta de pruebas. Posteriormente viviría en Londres, donde continuó sus actividades conspirativas. Para más datos, Vallina, J.: Crónica de un revolucionario, París, 1958.

[95] Para el proceso de la Mano Negra, véanse Avilés, J.: op. cit., pág. 134 y ss.; Boocking, M.: Los anarquistas españoles, Barcelona, 1977; Díaz del Moral, J.: Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Madrid, 1967; Pantoja, J. L.: La Mano Negra. Memoria de una represión, Barcelona, 1967. También Los procesos de la Mano Negra, Madrid, 1883.

[96] En relación con la campaña a favor de los presos de Alcalá del Valle, Avilés, J.: op. cit., pág. 140; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 242. Una investigación judicial instruida sobre el trato recibido por los presos determinó el 7 de noviembre de 1904 que las acusaciones de tortura carecían de fundamento. El hecho, sin embargo, de que seis de los procesados fueran condenados a largas penas de cárcel reavivaría la campaña en 1909.

[97] Soledad Villafranca (1882-1949). Nacida en Aoiz (Navarra), se trasladó con su familia a Barcelona, donde su hermana mayor, María, trabajaba como maestra en una escuela laica de Pueblo Nuevo. Conoció a Ferrer en 1905 y ese mismo año vivían maritalmente en una torre de Gracia. Fue profesora de la Escuela Moderna. Acompañó a Ferrer en todos sus viajes propagandísticos. Durante el proceso permaneció deportada en Teruel. Para opiniones sobre ella, véanse Ametlla, C.: op. cit., pág. 97; Bertan, L.: Yo acuso. El testamento de Ferrer, pág. 26; Leroy, C.: Los secretos del anarquismo, pág. 102; Archer, W.: op. cit., pág. 82. Hay una coincidencia generalizada en que era una mujer bella y atractiva.

[98] Sobre el atentado contra Alfonso XIII en París en 1905, Avilés, J.: op. cit., pág. 152 y ss.; Vallina, P.: «El tirano y el tiranicida», en Solidaridad Obrera, 31-VIII-1961; La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 137; Connely Ullman, J.: op. cit.; Informes del confidente de la Embajada española en París, Sannois, recogidos por Avilés, J.: op. cit., pág. 163.

[99] Nicolás Estévanez (1838-1914). Militar, participó en la revolución de septiembre de 1868 y en la insurrección republicana del año siguiente. Fue ministro de la Guerra en el Gobierno de Pi i Margall. Tras el golpe militar del general Pavía en 1874, se exilió primero en Portugal y luego en Francia, donde conoció a Ferrer. Fue el mentor ideológico de Mateo Morral. Despertó sospechas sobre su posible implicación en los atentados de París y Madrid contra Alfonso XIII. Para más datos, véanse sus propias memorias. Además, Guimerá, M.: Nicolás Estévanez o la rebeldía, Tenerife, 1979.

[100] Para detalles sobre el atentado de la calle Mayor de Madrid, Esteban, J.: Mateo Morral, el anarquista, Madrid, 2001; Causa Magnicidio, tomo I, págs. 7-184. Sobre el balance de víctimas y daños: Causa Magnicidio, tomo III, págs. 342-399. En versión novelada, Fernández de la Reguera, R.: La boda de Alfonso XIII, Barcelona 1965; Camba, F.: Cuando la boda del rey, Madrid, 1942; Montero González, R.: Pólvora negra, Madrid, 2008.

[101] Mateo Morral (1880-1906). Natural de Sabadell. De familia relativamente acomodada. Su padre era propietario de una pequeña fábrica de tejidos. Estudió en Alemania Ingeniería Mecánica y posteriormente viajó por distintos países europeos. Era un convencido entusiasta de la propaganda por el hecho. Escribió varios folletos, entre ellos uno dedicado a Nicolás Estévanez. Hacia 1904 conoció a Ferrer, que lo empleó como bibliotecario en la Escuela Moderna. Al parecer, se enamoró profundamente de Soledad Villafranca. Fue el autor, en 1906, del intento de regicidio contra los Reyes de España en la calle Mayor de Madrid. Sabiéndose perseguido, se suicidó dos días después en Torrejón de Ardoz.

[102] José Nakens (1841-1926). Periodista. Comenzó su carrera profesional en El Globo, pero lo que le dio la fama fue la fundación, en 1881, del semanario satírico, republicano y liberal El Motín, que en sus mejores momentos llegó a superar los 20.000 ejemplares. Defendió la vía insurreccional de Ruiz Zorrilla y participó en la creación de la Unión Republicana de Salmerón. Procesado y condenado por haber ocultado al regicida Mateo Morral, pasó un año en la cárcel. Murió prácticamente en la miseria.

[103] Declaración de Nakens en Causa Magnicidio, tomo I, págs. 266 y 485.

[104] Sobre la detención de Ferrer en Barcelona y los primeros trámites procesales llevados a cabo en la Ciudad Condal, veánse Causa Magnicidio, tomo I, págs. 220, 296, 315 y 361.

[105] Declaración de Ferrer, en Causa Magnicidio, tomo I, págs. 364-368. Admitió su relación con Morral, pero negó cualquier otra vinculación con el atentado.

[106] Declaraciones de Soledad Villafranca, en Causa Magnicidio, tomo I, págs. 317 y 334; tomo II, págs. 224 y 250; tomo III, págs. 12, 69, 99 y 221.

[107] De la estancia de Ferrer en la Cárcel Modelo de Madrid, Salillas, R.: «La celda de Ferrer», en Ateneo, 18-VI-1907. Cartas de Ferrer a Malato (desde junio de 1906 hasta el 18 de marzo de 1907) y Fabbri (entre el 29 de septiembre y el 19 de noviembre de 1906), en las que los hace partícipes de las condiciones de su encarcelamiento, acusa a la Iglesia de la persecución de que viene siendo objeto, expresa su preocupación por el embargo de sus bienes y reclama su ayuda para orquestar una campaña internacional. Varias de esas cartas se hallan reproducidas en Ferrer, S.: op. cit., pág. 113.

[108] Sobre la campaña a favor de Ferrer, véase Lerroux, A.: «La verdad en marcha», en El Progreso, 11-VII-1906, 5-VIII-1906 y 12-VIII-1906; publicación Pro Ferrer, mayo de 1907; llamamiento de intelectuales españoles en defensa del acusado: El Progreso, 5-XII-1906; Malato, C.: «Loyola contra Ferrer», en L'Action, 25-VIII-1906; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 124. La campaña en Europa la inició el diario francés L'Action, que comparó el «caso Ferrer» con el «affaire Dreyfus». En Francia se adhirieron el Gran Oriente y la Liga de los Derechos del Hombre. En Bélgica, el promotor de la campaña fue Leon Fournemont y en Inglaterra, William Heaford. También hubo mítines y manifestaciones en Italia y Portugal. Para más detalle, Avilés, J.: op. cit., pág. 178 y ss.

[109] Informe fiscal, en Causa Magnicidio, tomo IV, pág. 55. Modificación de conclusiones del Ministerio fiscal en página 385 de la misma causa.

[110] Acerca de la posibilidad de un complot, véase La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 140. Romero Maura no duda en afirmar que Ferrer y Morral planearon conjuntamente el atentado. Seco Serrano y Albano Rosell, tampoco. Álvarez Junco llega a decir que «Estévanez trajo desde París la bomba, Morral la arrojó, y Ferrer financió la operación».

[111] Sobre la sentencia, Causa Magnicidio, tomo IV, pág. 401. Aunque el fallo fue jurídicamente correcto, al no existir pruebas sólidas en su contra, despertó una gran polémica y suscitó indignación en los medios de opinión conservadores. Véase Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 122; Avilés, J.: op. cit., pág. 187.

[112] L'École Renovée salió a la luz en Bruselas el 15 de abril de 1908. En 1909 trasladó su sede a París y se convirtió en el órgano de los sindicatos franceses de maestros.

[113] El Boletín de la Escuela Moderna inició su segunda época en julio de 1907. A excepción de unos pocos autores españoles (Anselmo Lorenzo, José Casasola y Cristóbal Litrán), la mayoría de sus colaboraciones procedían de L'École Renovée. La publicación se mantuvo activa hasta julio de 1909, cuando desapareció definitivamente.

[114] Miguel V. Moreno (1887-?). Anarquista procedente de la rama de la construcción. Ferrer lo nombró director de una escuela racionalista, y mantuvo una permanente relación con él. Participó en la creación de Solidaridad Obrera. Formó parte del Comité de Huelga que convocó el paro del 26 de julio de 1909. Huido a Francia tras los sucesos revolucionarios, recolectó dinero de los amigos de su patrocinador para defender su causa, pero contrariamente a lo esperado se trasladó a América, donde, bajo el seudónimo de Constant Leroy, acusó sin pruebas a Ferrer de haber sido el instigador de la Semana Trágica.

[115] Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 546.

[116] En el casco viejo de Barcelona existían en 1900 más de doscientos callejones de menos de tres metros de anchura. Sobre el terrorismo de aquellos años, véase Dalmau, A.: El cas Rull, Barcelona, 2008. Acerca de la situación del proletariado barcelonés, Bookchin, M.: Los anarquistas españoles, Barcelona, 1980; Romero, Maura, J.: op. cit., pág. 129.

[117] En su primer manifiesto (3-VIII-1907) Solidaridad Obrera planteaba el mantenimiento de las bases acordadas entre patronos y obreros; rechazaba las políticas reformistas dirigidas a impedir la emancipación social de los trabajadores; pero sin precisar si sus reivindicaciones se limitaban al ámbito estricto de las mejoras laborales. En su congreso de 1908 se constituyó como una confederación regional, unió a anarquistas, a socialistas y a republicanos radicales bajo un programa conjunto, y optó por un sindicalismo no revolucionario, que, sólo en casos extremos, aceptaría el recurso a la huelga general.

[118] Antonio Maura (1853-1925). Político y abogado. Inició su carrera en el Partido Liberal de Sagasta, en cuyos Gobiernos fue ministro de Ultramar y Gracia y Justicia. Tras su pase al Partido Conservador ocupó la cartera de Gobernación en el Gabinete Silvela y posteriormente la jefatura del Gobierno en 1903 y 1907. Durante este segundo mandato pretendió llevar a cabo lo que él mismo llamó «la revolución desde arriba», que se traducía en una modernización de la Administración del Estado. Autoritario, católico, pragmático y engreído, hubo de afrontar los sucesos revolucionarios de la Semana Trágica, a los que aplicó una represión desproporcionada y para muchos brutal. Perdió la confianza del Rey en octubre de 1909 y fue sustituido por Moret al frente del Gobierno.

[119] Sobre la política de Maura en el bienio 1907-1909, véanse La Cierva, J.: Notas de mi vida, Madrid, 1955; Fabra Ribas, A.: El caso Maura, Madrid, 1975; Carr, R.: España, 1808-1839, Barcelona, 1969; García Venero, M.: Antonio Maura, 1907-1909, Madrid, 1953; La Cierva, J.: El movimiento revolucionario y la conducta del Partido Conservador, Madrid, 1911; Maura, A.: Treinta y cinco años de vida pública, Madrid, 1953; Soldevilla, F.: El año político, 1907-1909, Madrid, 1908-1910; Paulis, J.: Maura ante el pueblo, Madrid, 1915; Sevilla Andrés, D.: Antonio Maura. La revolución desde arriba, Madrid, 1953.

[120] Gaziel: Tots els camins duen a Roma, pág. 329.

[121] Romero Maura, J.: op. cit., pág. 501.

[122] Sobre la situación económica en Cataluña en el bienio 1907-1909, véase Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 252; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 465. También en el informe del cónsul británico Roberts, Report for the year 1907; El Trabajo Nacional, 16-IX-1907; Carreras Candi, L.: op. cit., tomo I, La economía.

[123] Alberto Rusiñol, magnate de la industria textil, llegó a ser presidente de la Lliga Regionalista. En mayo de 1909 cerró su fábrica y despidió a 800 obreros. El lockout de la empresa de Manlleu animó a otros empresarios a seguir su ejemplo.

[124] Sobre la guerra del Rif, véase Martín Corrales, E.: Marruecos y el colonialismo español de 1859 a 1912, Barcelona, 2002; González Hontoria, M.: El protectorado francés en Marruecos y sus enseñanzas para la acción española, Madrid, 1915; Madariaga, M. R.: España y el Rif. Crónica de una historia casi olvidada, Melilla, 2000; Balfour, S.: España, Marruecos y las grandes potencias, 1898-1914, Madrid, 2007; Fusi, J. P.: El Mediterráneo, 1898-1914, Madrid, 2007; Maura, G.: La cuestión de Marruecos, Madrid, 1905; Reparaz, G.: Política española en África, Barcelona, 1907; Ruiz Albéniz, V.: El Rif, Madrid, 1912.

[125] Prensa y guerra de Marruecos, «¡Abajo la guerra!», en El Progreso, 15-VII-1909; «Guerra a la guerra», en La Rebeldía, 16-VII-1909; «Ir a Marruecos es ir a la revolución», en La Correspondencia de España, 13-VII-1909; «Sobre la guerra», en El Progreso, 5-VII-1909; «Lo que haya de caer caerá», en El Progreso, 19-VII-1909; «La guerra del Rif», en España Nueva, 25-VII-1909. Editoriales beligerantes en El Socialista, 16-VII-1909, El Motín, 1-VII-1909, El Poble Catalá, VII-1909; El Progreso, 18-VII-1909; La Rebeldía, 22-VII-1909. Véanse tambien Ossorio y Gallardo, A.: Barcelona, julio de 1909. Declaración de un testigo, pág. 18 y ss.; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 502; Voltes, P.: op. cit., págs. 88-93; Iglesias, E.: Proceso Congreso, pág. 179. Salvo muy escasas excepciones, puede decirse que existió en los medios informativos unanimidad en la condena de la guerra del Rif. Para un detalle completo, véase Bonafulla, L.: La revolución de julio.

[126] Romeo, L.: La Correspondencia de España, 13-VII-1909.

[127] Juan de La Cierva (1864-1938). Abogado y político conservador. Fue ministro de Instrucción Pública en los Gobiernos de Azcárraga y Fernández Villaverde. En 1907 Maura le encargó la cartera de Gobernación. Fue la mano ejecutora de la política represiva que siguió a los sucesos de la Semana Trágica, que se distinguió por su dureza y arbitrariedad. Influyó decisivamente en la orientación del proceso seguido a Ferrer i Guardia. Fernández Riera lo califica de «generalote civil», op. cit., pág. 5.

[128] Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946). Abogado y político. Adscrito desde muy joven al Partido Conservador, fue nombrado en 1907 gobernador civil de Barcelona, donde hubo de enfrentarse, nada más tomar posesión de su cargo, a una renovada ola de terrorismo. Durante su mandato se recrudeció en Barcelona la violencia terrorista. Enfrentado con el ministro de Gobernación La Cierva, pretendió gestionar la conflictividad social barcelonesa confiando en su propia capacidad para restaurar el orden. Al no conseguir el apoyo del ministro respecto a su idea de afrontar la huelga general del 26 de julio, dimitió ese mismo día y dejó la responsabilidad del Gobierno civil en manos del presidente interino de la Audiencia.

[129] Sobre la participación de los socialistas en los actos de protesta contra el conflicto armado, véanse Fabra Ribas, A.: op. cit., pág. 29 y ss.; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 284 y ss. El PSOE llevó muy pronto la agitación tanto a la prensa (El Socialista, 16 y 23-VII-1909) como a la calle (mítines del teatro Variedades, de Valencia y del Lux Eden, de Madrid). Pablo Iglesias afirmó, el 18 de julio, que si era preciso «los socialistas irían a la huelga con todas sus consecuencias». Una vez que el partido decidiera convocar el anunciado paro el 2 de agosto, Fabra aceptó formar parte del Comité de Huelga.

[130] Los nacionalistas republicanos tampoco omitieron ningún esfuerzo para sumarse a la campaña. Rovira i Virgili puso El Poble Catalá al servicio de la protesta, para la que no escatimó medios, y llegó a anticipar (22-VI-1909) su disposición a apoyar la huelga. En las manifestaciones populares la gente aplaudía al pasar por delante de la redacción del diario de la izquierda catalanista. Y varios de sus dirigentes (Coromines, Rovira, Carner y Hurtado) colaboraron en la redacción de la carta dirigida a Maura, conminándole a poner fin a la guerra. Para datos más amplios, Ossorio y Gallardo, A.: op. cit., pág. 17 y ss.; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 302 y ss.; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 501.

[131] Los anarquistas colaboraron activamente en el rechazo a la campaña de Marruecos. En los periódicos Tierra y Libertad, La Internacional o El Motín aparecieron durante todo el mes de julio artículos y editoriales que condenaban la intervención militar en Marruecos. Organizaron y tomaron parte en cuantas manifestaciones de protesta tuvieron lugar en Barcelona. Y José Rodríguez Romero y Miguel Moreno, miembros ambos de Solidaridad Obrera, constituyeron el Comité de Huelga. Véanse Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 302 y ss.; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 501. También, Comaposada, J.: La revolución de Barcelona; Bonafulla, L.: La revolución de julio; Ossorio y Gallardo, A.: Barcelona, julio 1909.

[132] Los radicales, sobre todo las juventudes y los colectivos de mujeres (conocidos como los «jóvenes bárbaros» y las «damas rojas») se movilizaron nada más conocerse el envío de reservistas a Melilla. Pese a que Emiliano Iglesias temía que la protesta pudiese degenerar en un movimiento de mayor alcance, abrió las páginas de El Progreso y La Rebeldía a la retórica antimilitarista, y dejó que los republicanos convocaran manifestaciones, algunas de las cuales llegaron a reunir a más de seis mil personas (15-VII-1909). En ellas se distinguieron los hermanos Ulled, Luis Bertrán, Ignacio Clariá, Lorenzo Ardid y Juan Colominas. Para ampliar detalles, véanse Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 298; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 502; Ossorio y Gallardo, A.: op. cit., pág. 18 y ss.

[133] «Remember», en El Progreso, 25-VII-1909. Sobre este artículo, Romero Maura, J.: op. cit., pág. 519; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 333; Archer, W.: op. cit., pág. 151; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 152. Parece ser que lo escribió el militante radical José Ulled, pero Emiliano Iglesias lo autorizó como director del periódico. Los tribunales militares hallaron en él uno de los detonantes de la posterior violencia. Véanse escritos del fiscal (Causa, pág. 571), del asesor (ibíd., pág. 627) y del auditor (ibíd., pág. 645).

[134] Sobre la formación del Comité de Huelga, Fabra Ribas, A.: op. cit., pág. 32 y ss.; Benet, J.: op. cit., pág. 38; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 325; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 507; Iglesias, E.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 179; Leroy, C.: Los secretos del anarquismo; Archer, W.: op. cit., pág. 141; Ossorio y Gallardo, A.: op. cit., pág. 47. A pesar de verla con buenos ojos, ni catalanistas ni socialistas ni republicanos ni anarquistas se comprometieron, con carácter oficial, en la huelga general.

[135] Sobre la jornada de huelga, Romero Maura, J.: op. cit., pág. 509; Ossorio y Gallardo, A.: op. cit., pág. 58; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 343 y ss. También con toda suerte de detalles, Comaposada, J.: La rebelión de Barcelona.

[136] De la dimisión del gobernador civil Ossorio y Gallardo, véase su propia versión: Barcelona 1909. Declaración de un testigo, pág. 58 y ss. Además, Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 356 y ss.; Archer, W.: op. cit., pág. 145. Sobre su afirmación de que la rebelión había surgido de forma espontánea, Ossorio y Gallardo, A.: op. cit., pág. 14. Romero Maura, J.: op. cit., pág. 518; Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 12 y ss.

[137] Luis de Santiago. Capitán general de Cataluña durante las fechas de la Semana Trágica. Desconocedor del ambiente subversivo barcelonés (había llegado a la Ciudad Condal el mes de junio anterior) y falto de fuerzas a sus órdenes, adoptó una posición cautelosa, y fue siempre a remolque de los acontecimientos. Fue destituido por el Gobierno de Moret. Acerca de su ineptitud para afrontar los acontecimientos, Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 300; Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 378. Carta de Cambó a La Cierva, 30-VIII-1909. Sol y Ortega califica su mandato de «desdichado» y Fernández Riera dice que su actuación constituyó «un ejemplo de desconcierto y falta de energía», op. cit., pág. 4.

[138] El capitán general contaba con una fuerza integrada por 1.500 soldados, 700 guardias civiles, 600 caballos y 12 piezas de artillería montada. La tropa, además, no era de fiar y confraternizaba a menudo con los huelguistas (telegrama del ministro de la Guerra, general Linares, a Maura el 27 de julio de 1909).

[139] De la incapacidad del Comité de Huelga para controlar la situación, véanse Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 374 y ss.; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 513; Archer, W.: op. cit., pág. 146; Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 377; Voltes, P.: op. cit., pág. 105; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 166; Avilés, J.: op. cit., pág. 217. También, El Socialista, 19-XI-1909.

[140] Sobre la cronología de las secuencias de la Semana Trágica, Connelly Ullman, J.: op. cit., págs. 343-505. También, Comaposada, J.: La revolución en Barcelona. Para una visión del alzamiento desde un punto de vista católico, Hernández Villaescusa, M.: La semana trágica en Barcelona. Una lectura más breve y resumida, en Voltes, P.: op. cit., págs. 101-133; Sanz Agüero, M.: op. cit., págs. 171-243; Archer, W.: op. cit., pág. 145.

[141] Sobre el respeto de los revoltosos hacia los intereses económicos de sus patronos, Romero Maura, J.: op. cit., pág. 519. Véase también Avilés, J.: op. cit., pág. 217.

[142] Carta de Litrán a Ferrer, 8-VIII-1909, en el Archivo de San Diego. Se alude a ella, en Litrán, C.: «Alrededor del proceso Ferrer», en El Progreso, 20-VII-1910.

[143] Nota de Ferrer a Lepoldine Bonnard, 11-VI-1909, en la que expresa su interés por el hijo de ambos, Riego, y le sugiere algunas lecturas para su formación. Hallada en uno de los registros llevados a cabo en Mas Germinal.

[144] Ferrer y Soledad llegaron a Londres el 21 de abril de 1909. Sobre su estancia en la ciudad, véanse la carta del 24 de abril a Tárrida del Mármol; la asistencia a la fiesta del 1 de mayo en Hyde Park; el encuentro con Saixa Kropotkin, Archer, W., op. cit., págs. 123-125.

[145] Eulalia falleció en Mongat el 19 de junio. Fue enterrada en el cementerio de Montjuïc, de Barcelona. Ferrer había llegado el 17 vía París. La carta a Laissant anunciándole su salida de Londres está reproducida íntegramente en Un matryr des prêtres, París, 1909.

[146] Carta a Heaford desde la Cárcel Modelo, recordando sus actividades tras su llegada a Mongat, Archer, W.: op. cit; pág. 127.

[147] Carta a Naquet, 7-VIII-1909, Archer, W.: op. cit., pág. 129.

[148] Para artículo de Renato Rugieres, en la revista Freedom (con el texto completo del reportaje), véase Archer, W.: op. cit., pág. 130.

[149] Desde el atentado de la calle Mayor de Madrid Ferrer estaba permanentemente vigilado. La policía pudo saber que estuvo en Barcelona entre los días 14 y el 18 de julio. Véase La Cierva, J.: Proceso Congreso, págs. 112 y 142. Sorprende, por tanto, que en el sumario no aparezcan los memoriales de los agentes que lo vigilaban. Para este punto, Salvatella, J.: Proceso Congreso, pág. 165; Soriano, R.: ibíd., pág. 21; Álvarez, M.: ibíd., pág. 67 y ss. También en declaraciones de Fernández Bermejo, Causa, pág. 479.

[150] Ferrer estaba al tanto de los preparativos de la huelga aunque no tuviese predicamento alguno entre sus organizadores. Para su aislamiento de radicales, socialistas y anarquistas, Avilés, J.: op. cit., pág. 225; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 545; Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 380; Sanz Agüero, M.: op. cit., págs. 195 y 135; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 544.

[151] Texto completo de la carta, en Archer, W., op. cit., pág. 160.

[152] Sobre la estancia de Ferrer en Barcelona el 26 de julio, véanse Causa, pág. 51 y ss.; Archer, W.: op. cit., pág. 160. Atestado del sargento de la Guardia Civil, Manuel Velázquez, Causa, pág. 23. También, carta a Malato, 10-VIII-1909. Además, Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 369 y ss.; La Cierva, J.: Diario de sesiones, 31-III-1911. Declaraciones de Ardid, Litrán y Doménech en Los testigos, pág. 209. El detalle de todos sus pasos en «El proceso», segunda parte de este libro, pág. 191 y ss.

[153] Emiliano Iglesias, en su intervención en las Cortes el 5 de abril de 1911, El proceso Ferrer en el Congreso, pág. 180, detalla la entrevista mantenida en El Progreso.

[154] Litrán, C.: «Alrededor del proceso Ferrer», en El Progreso, 20-VII-1910.

[155] Para su visita a Masnou y Premiá, véase Causa, pág. 23. Con detalle pormenorizado en los capítulos «El auto de procesamiento» (pág. 201 y ss.) y «Los testigos» (pág. 267 y ss.) de este mismo trabajo.

[156] Sobre la ausencia de referencias a la participación de Ferrer en los sucesos de la Semana Trágica, véase Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, págs. 25-26; Álvarez, M.: ibíd., pág. 55 y ss.; Salvatella, R.: ibíd., pág. 162. Los primeros indicios sobre la dirección de los acontecimientos recayeron en el Partido Radical y Solidaridad Obrera. Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 518. Esta inicial convicción puede apreciarse en las diligencias de la Causa contra Trinidad Alted, Zurdo Olivares, Emiliano Iglesias y Juana Ardiaca.

EL PROCESO

Los autos y las indagatorias recogidas en la Causa contra Francisco Ferrer i Guardia, instruida y fallada por la Jurisdicción de Guerra de Barcelona se ofrecerán, abreviados, en sus partes más relevantes (el sumario consta de 792 páginas, en su edición publicada por encargo del Gobierno en 1911) y, cuando sea necesario, con una redacción actualizada. En adelante cualquier referencia al proceso se abreviará como Causa. La paginación del texto se refiere a los folios manuscritos; la de las notas, al texto impreso. Para simplificar las consultas y tratándose de una crónica periodística, se han limitado las referencias sobre el Proceso y el Juicio Oral a una treintena de autores de distinto signo ideológico, a cuyas obras es posible acceder fácilmente en diversas bibliotecas públicas.

[1] Sanz Agüero, M.: Francisco Ferrer i Guardia, pág. 237; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 503. Para una recreación literaria sobre la normalidad de la jornada, véase Forellad, L.: Fuego latente, Barcelona, 2006; Fernández de la Reguera, R.: La semana trágica y la prensa barcelonesa del lunes 2 de agosto. La Vanguardia (2-VIII-1909) aprovechó la recuperación de la normalidad ciudadana para llamar a la concordia a los barceloneses.

[2] Sobre las cifras de víctimas: el jefe de la policía barcelonesa, Enrique Díaz Guijarro, contabiliza 124 muertos entre los rebeldes; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 514 recoge la muerte de 104 civiles y 8 miembros de las fuerzas del orden; J. Paulis da un total de 102 muertos y 320 heridos; para el duque de Maura el balance de víctimas mortales es 81; Fernández Almagro habla de 135; Romero Maura cuenta 112; Tuñón de Lara se refiere a 102, y hay autores que elevan la cifra de muertos a 600. Para más datos sobre muertos y heridos, véase La Publicidad, 2-VIII-1909, y Las Noticias, 6-VIII-1909.

[3] De los edificios religiosos incendiados y destruidos: La Cierva anota 61 inmuebles; Moret habla de 51 instituciones; el capitán general rebaja la cifra hasta sólo 21; Romero Maura señala que fueron incendiadas 21 iglesias y 30 conventos; Carr cita 42 centros eclesiásticos; Archer cuenta 50; Hernández Villaescusa los hace llegar a 63. Los libros de Connelly Ullman y Romero Maura detallan los edificios afectados y señalan las órdenes y las congregaciones a las que pertenecían (op. cit., págs. 615 y 516, respectivamente).

[4] Para datos en la provincia, véase Comaposada, J.: La revolución en Cataluña, Barcelona, 1910; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 517. También en Hernández Villaescusa, M.: La semana trágica en Barcelona; Bonafulla, L.: La revolución de julio, pág. 102.

[5] Las detenciones y los extrañamientos afectaron a más de 2.000 personas, La Veu de Catalunya, en su sección «Els fets vandaliques», aparecida diariamente durante todo el mes de agosto de 1909. Según Connelly Ullman, más de 200 fueron deportados y casi 2.000 consiguieron huir al extranjero, op. cit., pág. 507. Pere Coromines eleva esa cifra hasta 3.270 encarcelados, Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 224. Para más datos sobre las extradiciones, véase Bonafulla, L.: op. cit., pág. 102. También en la edición de La Veu de Catalunya, 20-VI-1914. Las detenciones se extendieron al resto de España, donde fueron encarceladas decenas de personas, entre ellas Pablo Iglesias.

[6] Evaristo Crespo Azorín (1863-1941). Diputado del Partido Conservador en las Cortes de 1907. Fue nombrado gobernador civil de Barcelona en sustitución de Ossorio y Gallardo. Colaboró activamente en la represión de los sucesos de julio, siguiendo órdenes directas del ministro La Cierva. La mayoría de los historiadores de la Semana Trágica resaltan su ineptitud y su absoluto desconocimiento sobre la realidad que tenía que controlar. Caído Maura, fue cesado inmediatamente por el nuevo Gobierno.

[7] Javier Ugarte (1852-1919). Auditor del Ejército, ministro de Ultramar y Gracia y Justicia en el Gobierno Azcárraga. Desde 1905 fiscal del Tribunal Supremo. Enviado por Maura a Barcelona para reunir pruebas sobre el origen de la rebelión, estuvo en todo momento asesorado por el integrista Comité de Defensa Social. Acusó ante la prensa a Ferrer de ser el instigador de la Semana Trágica. Posteriormente matizaría esa denuncia, Causa, pág. 553. Sobre antecedentes de Ugarte, véase Archer, W.: op. cit., págs. 182, 186 y ss.

[8] Sobre la acción de los tribunales militares. Entre el 1 de agosto de 1909 y el 19 de mayo de 1910 (fecha en que dejaron de actuar) fueron procesadas 1.725 personas, de las que 214 no llegaron a ser detenidas. Se sobreseyeron 469 causas y otras 584 acabaron con la absolución de los procesados. Se dictaron 17 sentencias de muerte, de las que cinco (entre ellas, la de Ferrer) fueron ejecutadas, y 59 penas de prisión perpetua.

[9] La causa general, encomendada al comandante Vicente Llivina, comenzó a instruirse el día 29 de julio de 1909 y se cerró el 4 de marzo de 1910. Como conclusión de la misma, el juez instructor lamentaba que «no puedo, por menos, que consignar mi desencanto ante el hecho de que las múltiples investigaciones practicadas no hayan llevado a la depuración de las responsabilidades pretendidas». Véase Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 210.

[10] El Comité de Defensa Social era una organización católica, fundamentalista, ligada a sectores carlistas, que tenía como objeto «la defensa de los intereses religiosos, morales y sociales de toda índole». Fue creado el 15 de marzo de 1903 y se mantuvo inscrito en el Registro de Asociaciones hasta el 25 de noviembre de 1915. Sobre ella, Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 28; Dalamau, A.: El cas Rull, pág. 308. También, Pareja, C.: ¿Para qué sirve el Comité de Defensa?, Barcelona, 1908; Archer, W.: op. cit., pág. 183.

[11] Todas las irregularidades, en los siguientes capítulos de este libro. Además, Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 15; Álvarez, M.: ibíd., págs. 62-64; Salillas, R.: ibíd., págs. 91-93; Lerroux, A.: ibíd., pág. 219; Albornoz, A.: ibíd., pág. 256; Iglesias, E.: ibíd., pág. 186; Archer, W.: op. cit., pág. 213; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 545; Ferrer, S.: op. cit., pág. 190. Melquíades Álvarez dijo en las Cortes: «Cuando España sepa cómo se ha instruido este proceso, el país entero se escandalizará», Diario de sesiones, 30-III-1911.

[12] Melquíades Álvarez en las Cortes, 29-III-1911, Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 52.

[13] En La Época, diario maurista, 3-VIII-1909. La revisión de las operaciones bancarias de Ferrer convenció a las autoridades de que la denuncia era falsa, pese a lo cual fue utilizada en el informe del Ministerio fiscal, Causa, pág. 578.

[14] «Antecedentes de la sedición», La Época, 4-VIII-1909. Zulueta apunta una insinuación falsa. Sin embargo, no sería llamado a testificar en el proceso.

[15] «Datos para la historia», El Siglo Futuro, 9-VIII-1909. Para lo referente a este testimonio, véase capítulo «Los testigos» en este libro.

[16] Ferrer tenía su despacho en la sede de la editorial de la Escuela Moderna, calle de la Gran Vía de las Cortes Catalanas, 596, de Barcelona.

[17] Sobre el presunto reparto de dinero en la Casa del Pueblo atribuido a Ferrer, Archer, W.: op. cit., pág. 181; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 530. Lo desmiente también Simarro, L.: op. cit., pág. 143. El gobernador Ossorio y Gallardo señaló, por su parte, que «no hubo ninguna señal que autorizase a pensar en el pago a los revoltosos». En contra de esta opinión, La Cierva, J.: ibíd., pág. 142.

[18] Atestado del sargento Manuel Velázquez, Causa contra Ferrer i Guardia, pág. 23.

[19] Sobre la ausencia de implicación de Ferrer en el Comité de Huelga, véase Fabra Ribas, A.: op. cit., pág. 65; Iglesias, E.: Proceso Congreso, pág. 180; Archer, W.: op. cit., pág. 142. La negativa de todos ellos es categórica: Ferrer no organizó el alzamiento.

[20] Actividades en Masnou y Premiá. En el atestado anterior, Causa, pág. 25. Las diligencias referidas a ambas localidades ocupan tres cuartas partes del sumario.

[21] En Cambó, Discursos parlamentarios, pág. 188. Cambó tuvo un pésimo concepto del gobernador Crespo Azorín (véase la carta al ministro La Cierva, 30-VIII-1909). Pedro Voltes comparte este criterio: op. cit., pág. 175, diciendo de él que era «un inepto agresivo». Véase también Coromines, P.: Proceso Congreso, pág. 230. Para Crespo la anarquía representaba una «vesania incurable» que había que cauterizar por el procedimiento que fuese, sin reparar en el tipo de medios (cita de Pere Coromines, ibíd., pág. 230). Sobre el cierre de centros ajenos a la rebelión, véase Cambó F.: Diario de Sesiones, 1914, tomo V, pág. 1409.

[22] Declaraciones de Soledad Villafranca a España Nueva, 18-XI-1909. En parecidos términos se manifestó en Le Journal, de París, Archer, W.: op. cit., pág. 165. También, versión de Ferrer, S.: op. cit., pág. 162.

[23] Carta de Ferrer a Malato, 10-VIII-1909, Un martyr des prêtres, París, 1909. La carta fue reproducida en L'Humanité el 4-IX-1909.

[24] Ugarte contribuyó directamente a que los delitos que se estaban juzgando hasta entonces por la vía ordinaria pasasen a la jurisdicción militar. Véanse Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 209 y ss.; Sol y Ortega, J.: ibíd., pág. 287; Fernández Riera, V.: op. cit., pág. 9; Archer, W.: op. cit., pág. 187; Álvarez, M.: ibíd., pág. 60; Barral, J.: ibíd., págs. 240-243; Albornoz, A.: ibíd., pág. 255; Iglesias, E.: ibíd., pág. 186; Soriano R.: ibíd., págs. 29-31. Lerroux califica al fiscal del Tribunal Supremo de «funcionario integrista y acomodaticio».

[25] Hurtado, A.: op. cit., pág. 159.

[26] Agulló, F.: «Delateu!», en La Veu de Catalunya, 12-VIII-1909.

[27] De la orden de reconocimiento, Causa, pág. 26.

[28] Sobre el detalle de los resultados del registro, Causa, págs. 45-50. De los documentos hallados en el mismo, únicamente una carta de Anselmo Lorenzo (nota 122 de este capítulo) sería aducida como prueba en el juicio oral. Fue el único de los reconocimientos ordenado por la autoridad judicial.

[29] Carta de Ferrer a Charles Albert. Sin fecha. Reproducida en Un martyr des prêtres, publicado en París por el Comité de Defense de la Represión Espagnole.

[30] Declaración de Francisco Doménech Munté, Causa, pág. 27. Sobre la sorpresa de que Doménech pudiese conocer esos datos, véase Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, págs. 17-24; Álvarez, M.: ibíd., págs. 56-57; Salillas, R.: ibíd., pág. 101; informe de la Defensa en el juicio oral, Causa, pág. 610.

[31] Declaración de Juan Puig Ventura, Causa, pág. 29. Sobre este testigo, Soriano, R.: op. cit., pág. 24; Caballé, J.: ibíd., pág. 94; Archer, W.: op. cit., pág. 216 y ss.; Avilés, J.: op. cit., págs. 226 y 229; Voltes, P.: op. cit., pág. 178; Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 210. Ferrer confirma el encuentro con Puig Ventura, pero niega que le propusiese la necesidad de «destruirlo todo», Causa, págs. 57 y 58.

[32] Declaración de Domingo Casas Llibre, alcalde de Premiá, Causa, pág. 35. Para testificaciones posteriores, véase capítulo «Los testigos» de este libro. Sobre este testigo, Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 24; Salillas, R.: ibíd., pág. 95; Archer, W.: op. cit., pág. 216; Avilés, J.: op. cit., pág. 228. El ministro La Cierva lo defiende, ibíd., pág. 147. Casas Llibre sería procesado y enviado a prisión por el Juzgado de Instrucción de Mataró (31-VIII-1909) por su implicación en las agitaciones de Premiá de Mar.

[33] Declaración del teniente coronel de la Guardia Civil Leoncio Ponte, Causa, pág. 33. Se da la circunstancia de que el teniente coronel Ponte fue uno de los principales testigos de cargo en el proceso que se le siguió a Ferrer en 1906. Sobre este testigo, véase Archer, W.: op. cit., pág. 216; Salillas, R.: Proceso Ferrer, pág. 90 y 94, que insiste en la malquerencia de este deponente respecto a Ferrer.

[34] Gaziel: Tots els camins duen a Roma.

[35] Auto de procesamiento, Causa, pág. 37. En el mismo el juez instructor le considera ya reo, por inducción, del delito de rebelión. La responsabilidad del delito imputado se concreta en una pena de prisión correccional y una fianza de 2.000 pesetas, Causa, pág.105.

[36] Josep Miquel Baró. Acusado de liberar la revuelta en el barrio de San Andrés, fue fusilado el 17 de agosto. Para más detalles, Coromines, P.: Proceso Congreso, pág. 227 y ss.; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 515; Orts Ramos, M.: Historia de la revolución española, pág. 441; Brissa, J.: op. cit., pág. 163.

[37] El Universo, 19-VIII-1909. Recogiendo impresiones de Benito Pomés. Sobre este artículo, véase Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 67 y ss.; Archer, W.: op. cit., pág. 185; Rodrigo Soriano califica a Pomés de «conde pontificio y perseguidor de herejes», op. cit., pág. 29. El ministro La Cierva lo denomina, en cambio, «ciudadano ejemplar», Diario de sesiones, 4-IV-1911.

[38] Sobre la inducción histórica, véase Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 67; Salvatella, J.: ibíd., pág. 164; Barral, J.: ibíd., pág. 232. Sol y Ortega, J.: ibíd., pág. 284 llega a decir que «Ferrer ha sido juzgado por aquello que está fuera de los autos». La Cierva, J.: ibíd., pág. 136 y el informe del auditor, Causa, pág. 645 confirman que el Consejo de Guerra juzgó las ideas de Ferrer por encima de su responsabilidad en los hechos perseguidos. Ésa es la tesis vertebral de Simarro, L.: El proceso Ferrer y la opinión europea.

[39] Declaración de Manuel Jiménez Moya, Causa, pág. 41. Su imputación responde a referencias de segundo grado al encontrarse fuera de Barcelona y conocer los hechos únicamente a través de la prensa. Sobre este testigo, véase Archer, W.: op. cit., págs. 214-215; Salillas, R.: Proceso Congreso, pág. 114; Álvarez, M.: ibíd., pág. 61. En el juicio oral lo cita como testigo de cargo el fiscal (pág. 577). Jiménez Moya había publicado varios artículos en El Progreso en los que atacaba a la Escuela Moderna, Proceso Congreso, pág. 114.

[40] Atestado del teniente Modesto de Lara, en el que se alude a determinadas declaraciones efectuadas por Alfredo García Magallanes, Causa, pág. 202. Sobre ellas, Álvarez, M.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 56; Archer, W.: op. cit., pág. 216 y ss. Sendos informes de la Cámara de Comercio y el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa demuestran que la operación denunciada no se realizó.

[41] Declaración de Vicente Puig Pons, Causa, pág. 41. Véanse Archer, W.: op. cit., pág. 219; Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 210; Álvarez, M.: ibíd., pág. 61; Salillas, R.: ibíd., pág. 95; Avilés, J.: op. cit., pág. 234; Flores Lázaro: op. cit., pág. 261.

[42] Ferrer, S.: op. cit., pág. 164.

[43] Sobre la deportación de los allegados de Ferrer, véanse Archer, W.: op. cit., pág. 171; Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 65. También, Ferrer, S.: Vida y obra de Francisco Ferrer, pág. 164. En relación con su estancia en Alcañiz y Teruel, véanse González Baselga, J.: El Heraldo de Aragón, 22-VIII-1909; Foz, M.: ibíd., 23-VIII-1909; «Malos huéspedes», El Noticiero, 26-VIII-1909. Y, sobre todo, la carta de Anselmo Lorenzo, publicada en La Vie Ouvrière en febrero de 1910.

[44] Del embargo de los bienes de Ferrer, Causa, pág. 39. El embargo le sería levantado en diciembre de 1911 por la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

[45] Sobre el proceso instruido por el Juzgado de Mataró, Causa, pág. 94. Numerado como «Causa criminal, núm. 60. Rollo núm. 4.471», titular: José Argüelles. Para la tipificación de los delitos que se le atribuyen, ibíd., pág. 105.

[46] Para declaraciones de Puig Ventura, Álvarez Espinosa, Mustarós, Casas Llibre, y Calvet, véase capítulo «Los testigos» de este libro y notas 31, 84, 85, 32 y 86 de «El proceso». Fueron las cinco únicas personas con quienes Ferrer habló en Masnou y Premiá.

[47] Registro practicado por orden gubernativa en ausencia ya de los familiares de Ferrer y con desconocimiento del juez instructor, que no fue informado del mismo hasta el 4 de septiembre. Sobre esto, Archer, W.: op. cit., pág. 179, que lo califica como «un acto de pillaje»; Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 39; Álvarez, M.: ibíd., pág. 67; Albornoz, A.: ibíd., pág. 255; Barral, J.: ibíd., pág. 232; Lerroux, A.: ibíd., pág. 69; Avilés, J.: op. cit., pág. 231. Ferrer alude al mismo en la indagatoria del Plenario y en su carta a Malato del 1-X-1909.

[48] Antonio Malet. Condenado a la pena de muerte por quemar los enseres de la iglesia de San Adrián y por disparar contra las fuerzas del orden, fue fusilado el 28 de agosto. Para más detalles, véase Brissa, J.: op. cit., págs. 163 y 204. También, El Correo Catalán, 16-VIII-1909; El País, 29-VIII-1909. Versión muy detallada de su causa en Coromines, P.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 225; Iglesias, E.: ibíd., pág. 185; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 516; Flores Lázaro: op. cit., pág. 234.

[49] Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 506 habla de la conducta arbitraria del gobernador. En su actividad represiva, Crespo Azorín llegó a cerrar hasta los centros excursionistas, véase Cambó, en carta a La Cierva, ya citada anteriormente. Según Pere Coromines, el gobernador civil puso fuera de la ley a más de 6.000 personas entre detenidos, encausados y desterrados, Proceso Congreso, pág. 230.

[50] Carta de Cambó a La Cierva, 30-VIII-1909. Remitida el día siguiente al del encuentro que mantuvo con el gobernador civil Crespo Azorín.

[51] Respuesta de La Cierva. Los términos de la carta coinciden con las órdenes que el ministro había enviado al gobernador Crespo Azorín (La Cierva, J., Notas de mi vida, pág. 143).

[52] La Época, 28-VIII-1909.

[53] El Liberal, 2-VIII-1909.

[54] El Universo, 2-VIII-1909.

[55] Coromines, P., en El Poble Catalá, 5-I-1910.

[56] Declaración de Narciso Verdaguer (Causa, pág. 42). La Lliga había condenado ya la violencia de los sucesos de julio (Prat de la Riba, en La Veu de Catalunya, 9-VIII-1909).

[57] Lerroux, en Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 209, atribuye al auditor que en su informe al capitán general se hiciese eco de la prensa conservadora.

[58] Modesto de Lara. Fechas de sangre, Madrid, 1917. La búsqueda de Ferrer era prioritaria para el Gobierno. La orden era terminante: «¡Que se remueva cielo y tierra para encontrar a Ferrer» (Salillas, J., Proceso Congreso, pág. 123). La Cierva anota en sus memorias más datos sobre su captura (Notas de mi vida). Para más datos sobre el cerco a que fue sometido, véase La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 118.

[59] La Época, 2-IX-1909. También, en el resto de diarios de esa fecha.

[60] Brissa, J.: La revolución de julio, Barcelona, 1910; también, en Causa, pág. 43. Para otras versiones de la detención, véase declaración del cabo del Somatén de Alella, José Colomer, Causa, pág. 79; Ferrer, S.: Vida y obra de Francisco Ferrer, Barcelona, 1980, pág. 166 y ss. También, El Imparcial, 2-IX-1909. Sobre los objetos que le fueron requisados en el momento de ser detenido, Causa, pág. 71.

[61] Carta de Ferrer a William Heaford. Está redactada, recordando las penosas circunstancias de su detención el 3 de octubre, desde la Cárcel Modelo de Barcelona poco después de que le fuera levantada la incomunicación.

[62] Los captores de Ferrer fueron recompensados por el Gobierno con dinero en metálico, rifles y distinciones honoríficas. Sobre esta actitud inhabitual y desproporcionada, véanse Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 57; Salillas, R.: ibíd., pág. 119; Archer, W.: op. cit., pág. 189. El cabo del Somatén de Alella afirmó que la detención de Ferrer «había supuesto una actuación importantísima», ibíd., pág. 95. La Cierva lo confirma, ibíd., pág. 119.

[63] Desglosada del proceso general, Causa contra Trinidad Alted, Emiliano Iglesias, Luis Zurdo Oliveras y Juana Ardiaca por delito de rebelión militar, Madrid, 1911.

[64] Ferrer, S.: op. cit., pág. 169. Ferrer aprovecharía cualquier oportunidad para quejarse de las condiciones impuestas por las autoridades gubernativas durante su encarcelamiento; véanse cartas a Malato (1-X-1909), a Soledad (2-X-1909) y a Heaford (3-X-1909). Sobre el reconocimiento físico de que fue objeto, Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 215.

[65] En su exposición de principios Ferrer oculta datos importantes al comandante Llivina: omite tanto su doble encuentro con Moreno como las visitas a la Casa del Pueblo y a la redacción de El Progreso, y sólo los reconoce al saber al juez enterado de los mismos. Excluye, por tanto, cualquier vinculación con los hechos perseguidos Causa, pág. 50. Acerca de estas omisiones, véase Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 184. Para más datos sobre esta primera indagatoria, Ferrer, S.: op. cit., pág. 169.

[66] Primera declaración de Ferrer, Causa, pág. 50. En adelante, en todas las referencias a los interrogatorios, J. (Juez), F. (Ferrer). El juez instructor produjo al reo la impresión de ser alguien «que actuaba según correspondía a su condición, es decir, intentando en cada instante esclarecer la verdad de los hechos», Carta a Malato, 1-X-1909.

[67] Causa, pág. 5. La orden de formación de pieza separada suponía la designación del comandante de Infantería, Valerio Raso, como juez instructor. Raso era juez permanente de causas de la Capitanía General de la IV Región.

[68] Acerca del correctivo al juez instructor comandante Llivina, véase su expediente personal en el Archivo Militar de Segovia. Citado por Avilés, J.: op. cit., pág. 230.

[69] Sobre el desglose, Causa, pág. 5. Véase críticas a la decisión de formar una pieza separada, Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 34; Álvarez, M.: ibíd., pág. 59 y ss.; Salillas, R.: ibíd., págs. 87 y 92 y ss.; Albornoz, A.: ibíd., pág. 257; Archer, W.: op. cit., pág. 202. Defienden la formación de pieza separada La Cierva, ibíd., pág. 119; Sagnier, J.: ibíd., pág. 153 y Trinitario Ruiz Vilarino, ministro de Gracia y Justicia en el Gobierno Canalejas, ibíd., pág. 45. Según Fernández Riera, «el capitán general obraba al autorizar el desglose al dictado del auditor de Guerra», op. cit., pág. 20.

[70] Sobre inhibición del Juzgado de Mataró, Causa, pág. 142. Objeciones a este auto, Iglesias, E.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 186; Fernández Riera, V.: op. cit., pág. 21. Véanse datos ampliados en el capítulo «El juicio oral» de este libro. Referencia a los informes del Ministerio fiscal, la Defensa y, sobre todo, del auditor, decisivos para su condena, Causa, págs. 571, 603 y 645. En circunstancias similares el juez de Arenys de Mar no se inhibió en el proceso que incoaba por los mismos sucesos. Véase Iglesias, E.: Proceso Congreso, pág. 182.

[71] Edicto llamando a declarar a cuantos pudieran aportar pruebas sobre la responsabilidad penal de Ferrer, Causa, pág. 76. El edicto fue no sólo publicado en el Diario Oficial de Avisos de Barcelona y el Boletín Oficial de la provincia, sino también en el periódico El Noticiero Universal. Sobre el mismo, véanse Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 62; Lerroux, A.: ibíd., pág. 203; Álvarez, M.: ibíd., pág. 62. Amado (ibíd., pág. 249) entiende que se trata de una diligencia habitual. Hay que subrayar, en cualquier caso, que nadie se presentó en toda Barcelona a deponer contra Ferrer. Defiende la oportunidad de esta diligencia, La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 120.

[72] Frente a 20 testigos que confirman la presencia de Ferrer el 26 de julio en Barcelona (de los que 10 son llamados a declarar por iniciativa de aquél), 48 lo relacionan con los sucesos de Masnou y Premiá. Ambos pueblos sumaban alrededor de 3.000 habitantes, contra los casi 600.000 que en ese momento contaba Barcelona. Véase Salillas, R.: Proceso Congreso, pág. 95.

[73] Del testimonio de Doménech, véase nota 28.

[74] Sobre la denuncia de Pascual Zulueta, véase, Simarro, L.: Proceso Ferrer, pág. 143; Canals, S.: Los sucesos de 1909, pág. 247; Connelly Ulmman, J.: op. cit., pág. 530.

[75] Declaración de Cristóbal Litrán, Causa, pág. 464. Litrán no hace alusión a su intermediación en el encuentro entre Ferrer y Emiliano Iglesias. Para más datos sobre el comportamiento de Litrán durante el proceso, véase Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 530; Canals, R.: Los sucesos de 1909, pág. 254.

[76] Declaración de L. Ardid, Causa, págs. 369, 404. Sobre ella, véase Álvarez, M.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 66; Soriano, R.: ibíd., pág. 12; Salillas, R.: ibíd., pág. 101; Archer, W.: op. cit., pág. 223; Sanz Agüero: op. cit., pág. 184. Juan Avilés resalta las contradicciones de su testimonio respecto al de Doménech y lo atribuye a su interés por disociar al Partido Radical de los hechos perseguidos. Si algo demuestra la declaración de Ardid (que reconoció la aversión que sentía hacia Ferrer) es que el procesado fue rechazado de la Casa del Pueblo. Para la conversación entre Ferrer y Ardid, véase Junoy, E.: La Publicidad, 28-III-1911.

[77] Declaración de A. Fernández Bermejo, Causa, pág. 479. Sobre la misma, Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 22; Álvarez, M.: ibíd., pág. 63 y ss.; Salillas, R.: ibíd., pág. 98; Lerroux, A.: ibíd., pág. 213; Salvatella, R.: ibíd., pág. 168; Archer, W.: op. cit., pág. 225; Fernández Riera, V.: op. cit., pág. 13. Al desglosar el proceso se suprime su primera declaración, beneficiosa para Ferrer. En apoyo de su testimonio, véase La Cierva J.: op. cit., págs. 121 y 156.

[78] Declaración de los soldados Claudio Sancho y Miguel Salvo, Causa, págs. 483 y 485. Sobre las mismas, Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, págs. 22-23; Álvarez, M.: ibíd., pág. 66; Salillas, R.: ibíd., pág. 99; Lerroux, A.: ibíd., pág. 214; Archer, W.: op. cit., pág. 226. En relación con el traje azul, véanse Salillas, R.: op. cit., pág. 99; Álvarez, M.: ibíd., pág. 67; Fernández Riera, V.: op. cit., pág. 14. Los testigos de Badalona que lo vieron ese mismo día hablan de un traje claro, Causa, págs. 461 y 462. Defiende su testimonio La Cierva, J.: ibíd., pág. 134.

[79] Declaración del coronel Ramírez Benito y el capitán Puig de Ramón, Causa, págs. 486 y 487. Sobre las mismas, Salillas, R.: Proceso Congreso, pág. 99; Soriano, R.: ibíd., pág. 23; Archer, W.: op. cit., pág. 226; Fernández Vierga, V.: op. cit., pág. 15.

[80] Declaración de F. Colldefons, Causa, pág. 491. Sobre la misma, Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 22; Álvarez, M.: ibíd., pág. 68; Salvatella, R.: ibíd., pág. 169; Iglesias, E.: ibíd., pág. 181; Lerroux, A.: ibíd., pág. 216; Archer, W.: op. cit., pág. 218; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 208.

[81] Los testimonios numerados como 21, 22 y 23 confirman que Ferrer hizo andando el camino de Barcelona a Mongat la madrugada del día 27 de julio, Causa, págs. 461 y 462, e invalidan, contradiciendo a Colldefons, la posibilidad de que pudiese estar de nuevo esa tarde en la Ciudad Condal.

[82] Causa, págs. 89, 113, y 451. Fue encarcelado el 27 de agosto y ordenada su libertad un día después tras testificar en contra de Ferrer. Véase Archer, W.: op. cit., pág. 216. Su excarcelación vino, además, determinada por el testimonio en su favor de Pedro Maristany, presidente del conservador Fomento de Trabajo y alcalde de Masnou, Causa, pág. 32. Sorprende que «el Llarch», contrario, según dice, a cualquier alboroto, acompañase a Ferrer a Premiá a hacer proselitismo revolucionario. Citado como testigo de cargo por el Ministerio fiscal, Causa, pág. 578, el asesor ibíd., págs. 632 y 639 y el auditor de Guerra ibíd., pág. 661. Para más datos sobre el mismo, véanse Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 470; Sanz Agüero, M.: op. cit., págs. 216 y ss.; Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 24; Caballé, J.: ibíd., págs. 94, y nota 31 de este capítulo.

[83] Causa, págs. 86, 100, 121, 155, 306 y 456. Véase nota 32 de este capítulo. Citado como testigo de cargo por el Ministerio fiscal, Causa, págs. 578 y 585; el asesor, Causa, págs. 632 y 639-640, y el auditor de Guerra, Causa, pág. 661. Denuncian en cambio su falta de autoridad para evitar los tumultos e incluso su connivencia con ellos. Los testigos Juan Alsina Estival, Causa, pág. 91; Costa Pagés, que reproduce palabras de los rebeldes Arzuaga e Iglesias, ibíd., págs. 263 y 286; José Canés, ibíd., pág. 290; Jaime Comas, ibíd., págs. 227 y hasta el mismo secretario del Ayuntamiento, Álvarez Espinosa, quien dice que «no tomó prevención alguna para controlar la situación», ibíd., pág. 103. También el rebelde Leopoldo Iglesias le responsabiliza de los hechos, ibíd., pág. 270. Opiniones contrarias a su comportamiento, en Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 40. Sobre su encarcelamiento y puesta en libertad tras declarar sobre Ferrer, véase también nota 32 de este capítulo.

[84] Causa, págs. 88, 99 y 315. Confirma que Ferrer sólo habló en Premiá con las cinco personas citadas. Para este punto véanse Salvatella, J.: Proceso Congreso, pág. 168; Fernández Riera, V.: op. cit., pág. 14. En su testificación del 12 de septiembre Antonio Mustarós dice desconocer si la presencia de Ferrer avivó la rebelión en Premiá. Al igual que Doménech, huyó probablemente por temor a las represalias, Lara, M.: op. cit., pág. 156. En relación con los alborotos de Masnou, el único interlocutor del director de la Escuela Moderna fue Puig Ventura. Véase Archer, W., op. cit., pág. 217.

[85] Causa, págs. 102, 115, 319 y 458. Acerca de este testigo véanse Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 64; Lerroux, A.: ibíd., pág. 210; Soriano, R.: ibíd., pág. 27; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 229; Connelly Ullman, J.: op. cit., págs. 469-471. Participó activamente en los sucesos revolucionarios de Premiá, entregando a los revoltosos armas custodiadas en el Ayuntamiento. Sobre su actuación durante los autos, véanse las declaraciones de Costa Pagés, Causa, págs. 263 y 286; J. Canés, ibíd. pág. 218; Lara, M.: ibíd. pág. 202-203; Avilés, J.: op. cit., pág. 229. Rodrigo Soriano afirmó que sus testimonios habían sido obtenidos violentando su voluntad, Diario de sesiones, 20-III-1911.

[86] Causa, págs. 97, 107, 430, y 477. Las declaraciones de Calvet confirman que Ferrer sólo habló en Premiá con Casas, Mustarós y Álvarez Espinosa. Véanse Archer, W.: op. cit., pág. 235 y nota 84 de este capítulo.

[87] Causa, págs. 159 y 274. Acerca de sus declaraciones, véase nota 41 de este capítulo. Conviene observar que el testigo Miguel Carreras negó, Causa, pág. 322 que Ferrer le hubiese proporcionado cartuchos de dinamita tal como «había oído decir» Puig Pons, añadiendo que ni siquiera conocía al procesado. Véase también Archer, W.: op. cit., pág. 219.

[88] Causa, págs. 91, 107 y 282. Las informaciones de que dispone Alsina Estival son siempre de segundo grado. Tanto ésta como las declaraciones siguientes se basan en rumores y frases escuchadas a vecinos del pueblo. Véanse Connelly Ullman, J.: op. cit., págs. 469 y 471; Archer, W.: op. cit., pág. 219. El fiscal lo convierte en testigo de cargo, Causa, pág. 587.

[89] Causa, págs. 211 y 296. Adolfo Cisa atestigua que los disturbios habían comenzado en Premiá el lunes 26, dos días antes de la llegada de Ferrer, ibíd., pág. 212 y que desconoce cualquier participación del procesado en los mismos, ibíd., pág. 297.

[90] Causa, pág. 158. Tampoco Vicente Alonso Poblet habló con Ferrer. Sus referencias son también de segundo orden. Pese a ello lo citan como testigo de cargo el fiscal (Causa, pág. 577) y La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 133.

[91] Causa, pág. 225. El párroco de Premiá, Puig Moliné, acusa directamente a Juan Sola y Juan Vila (Famataire). No vio a Ferrer y sus noticias sólo responden a rumores.

[92] Causa, págs. 263 y 286. Antonio Costa Pagés afirma que los revoltosos cortaron los hilos del teléfono y el telégrafo la noche del lunes (hay que volver a recordar que Ferrer no visitó el pueblo hasta el miércoles) y derribaron la tapia de la estación, ibíd., pág. 264.

[93] Causa, págs. 217 y 290. Desconoce si se transmitió orden alguna a los revoltosos y responsabiliza de los altercados a Leopoldo Iglesias, Álvarez Espinosa y el Esmolet. Pese a ello el Ministerio fiscal lo cita como testigo de cargo, Causa, pág. 586.

[94] Causa, pág. 232. El testimonio de Pagés es uno de los más vulnerables de todo el sumario. No sólo se encontraba fuera de Masnou, sino que sus informaciones procedían de un periódico de Palma de Mallorca, La Almudaina. Sobre este testigo, véase Archer, W.: op. cit., pág. 219. Para el fiscal su declaración goza de todo crédito, Causa, pág. 589.

[95] Causa, pág. 324. Ignora si Ferrer intervino en los sucesos de Premiá, si reclutó revoltosos o transmitió órdenes. Sus referencias se basan en rumores. El fiscal convierte su desconocimiento de los hechos en pruebas incriminatorias.

[96] Causa, pág. 292. Pascual Muntané asegura que ignora por completo si Ferrer tomó parte en los sucesos. Ello no obsta para que en el escrito fiscal figure como presunto emisor de las consignas del director de la Escuela Moderna, Causa, pág. 589.

[97] Causa, pág. 199. Declara también ignorar cualquier tipo de participación de Ferrer en los hechos de autos. Confiere, sin embargo, valor al testimonio de Gundás. La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 145. Para Rodrigo Soriano su declaración se inscribe en el contexto de las de quien denomina «coro de aldeanos», ibíd., pág. 20.

[98] Causa, pág. 365. Para ampliación de datos sobre el testigo Millet, véanse Archer, W.: op. cit., pág. 220; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 230. También figura en el escrito del Ministerio fiscal, Causa, pág. 587.

[99] Causa, pág. 472. Acerca de su declaración, véanse Archer, W.: op. cit., pág. 220; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 230. Ninguno de los testigos de Masnou que declararon en el proceso (Rusiñol, García Barona, Amat, Vidal Roses o Riera) escucharon lo que dijo «haber oído» Puigdemont, Informe de la Defensa, en Causa, pág. 621. Pese a ello, el fiscal los llama «testigos presenciales», ibíd., pág. 588.

[100] Causa, pág. 553. El exhorto del juzgado que reclama su declaración tiene fecha de 4 de septiembre. El fiscal del Tribunal Supremo dilató su respuesta hasta el día 17 del mismo mes. Sobre la modificación del testimonio de Ugarte respecto a sus declaraciones a la prensa, véanse Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 30; Lerroux, A.: ibíd., pág. 205.

[101] Causa, pág. 19. Díaz Guijarro apunta en su declaración que «por una extraña coincidencia» Ferrer se encontraba en Barcelona durante los días de la Semana Trágica, ibíd., pág. 21. Para más datos sobre este testigo, véanse Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 308; Salillas, R.: ibíd., pág. 93; Flores Lázaro: op. cit., pág. 258.

[102] Causa, pág. 478. Apreciar el cambio de sentido entre sus declaraciones en el atestado instruido por el teniente Modesto de Lara, Causa, pág. 202, y las que presta ante el juzgado el 24-IX-1909. Para más datos sobre el mismo, véase nota 40 de este capítulo. También, Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 56, que insiste en que la denunciada jugada de bolsa «no se realizó». Fue citado como testigo de cargo por el fiscal, Causa, pág. 578.

[103] Modesto de Lara, Causa, pág. 202.

[104] Causa, págs. 371 y 468. Bonet basa su acusación sobre Ferrer en el hecho de haber leído en El Progreso la existencia de una animosidad entre el Partido Radical y Solidaridad Obrera. Sobre este testigo, véanse Archer, W.: op. cit., pág. 216; Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 66. Citado por el fiscal en su escrito de cargos, Causa, pág. 578.

[105] Causa, pág. 194. Su testimonio procede de la Causa General instruida por el comandante Llivina (folios 606 y 607). Las noticias sobre la responsabilidad de Ferrer en la organización de la revuelta le llegan a través del comentario de un conocido, Elías Colominas, que opinaba que aquél era «el alma del movimiento».

[106] Sobre rebeldes que participaron en los actos sediciosos de Masnou y Premiá y no fueron llamados a declarar por el Juzgado instructor, véanse testimonios de Alsina Estival, J.: Causa, pág. 282; Cisa, A.: ibíd., págs. 211 y 296; Puig Moliné, J.: ibíd., pág. 225; y Costa Pagés, A.: ibíd., pág. 263, que citan repetidamente los nombres de José Solá, Leopoldo Iglesias, Agustín Dragues, Luis Arzuaga, Juan Vila Gené, Morales, Molins y los conocidos como Mamadits y Esmolet como principales protagonistas de los sucesos revolucionarios en ambos pueblos.

[107] Causa, pág. 463. En su declaración el ex gobernador civil de Barcelona responsabiliza de los sucesos a anarquistas, a radicales y a nacionalistas de izquierda sin hacer la menor referencia a Ferrer. Estas imputaciones las reiteraría posteriormente en su libro Barcelona, julio de 1909, pág. 5 y ss. Véanse Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 12; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 245. Para mayores datos, Voltes, P.: op. cit., pág. 185; Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 213; Salillas, R.: ibíd., pág. 88.

[108] Lara, M.: op. cit., pág. 157. Se escribió también que Ferrer hizo ese comentario a su defensor durante el juicio oral.

[109] De los cuatro reconocimientos en Mas Germinal, Causa, págs. 45, 70, 240 y 333, dos al menos fueron realizados por orden gubernativa. Si se observa la página 70, podrá comprobarse que el juez instructor Llivina tiene que reclamar al gobernador civil el atestado de un registro, el segundo, realizado sin su autorización. Sobre la ilegalidad de los reconocimientos, véanse Álvarez, M.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 67; Salillas, R.: ibíd., págs. 91-93; Albornoz, A.: ibíd., pág. 255; Barral, J.: ibíd., pág. 233; carta de Laisant al capitán Galcerán, 7-X-1909. El ministro La Cierva defendió en las Cortes el respeto a las garantías procesales manifiesto en todos sus trámites, ibíd., pág. 132.

[110] Diario de Barcelona, 31-VIII-1909. La misma información en La Época y La Vanguardia, ambos con fecha 2-IX-1909.

[111] Sobre la violación del secreto sumarial, véanse Salvatella, J.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 163; Albornoz, A.: ibíd., pág. 258; Lerroux, A.: ibíd., pág. 202; Álvarez, M.: ibíd., pág. 58; Barral, J.: ibíd., pág. 235; Archer, W.: op. cit., pág. 204. También, en el escrito de la Defensa, Causa, pág. 623. Se refieren asimismo a él Simarro, L.: op. cit., pág. 212. La Cierva acepta haber autorizado la publicación de las proclamas, Proceso Congreso, pág. 319. Véase capítulo «Las pruebas documentales».

[112] Causa, pág. 382. Acerca de la falta de fundamentación de esta prueba, véase Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 105. Ferrer hace alusión a la misma en sus indagatorias, Causa, páginas citadas, y en las cartas dirigidas a Malato (1-X-1909) y Heaford (3-X-1909). Críticas, en Simarro, L.: El proceso Ferrer y la opinión europea. El fiscal advierte una relación directa entre lo escrito entre 1892 y lo sucedido en 1909, Causa, pág. 592. También la utilizan como prueba de cargo el asesor, Causa, pág. 592; el auditor, ibíd., pág. 663, y La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 137.

[113] Causa, pág. 384. Junto a esta proclama aparecen en las páginas 388-397 distintos borradores con la misma fecha y casi idéntico contenido que las autoridades militares resumieron en la primera de ellas. Ferrer no la reconoció como suya y existen fundadas sospechas de que fue introducida por la policía. Sobre esta posibilidad, véase Salillas, R.: op. cit., pág. 118, que las considera apócrifas. También, Álvarez, M.: ibíd., pág. 67; Barral, J.: ibíd., pág. 234; Archel, W.: op. cit., pág. 250. Basan en ellas el grueso de su inculpación el fiscal, Causa, pág. 594, y el asesor, ibíd., pág. 631. Véase también Avilés, J.: op. cit., pág. 231. Jesús Pabón defiende, por el contrario, el valor probatorio de las mismas en su obra sobre Cambó, op. cit., págs. 267 y 269.

[114] Causa, pág. 176. Una vez fallecido Ruiz Zorrilla, Ferrer animó a Lerroux a liderar el republicanismo. Respuesta de Lerroux, 1-XII-1899. En su carta, redactada unas fechas antes, Ferrer le sugiere pautas de actuación para activar un nuevo Partido Republicano. De su contenido difícilmente puede extraerse coincidencia alguna con los sucesos de julio, acaecidos una década más tarde. Véase respuesta del procesado al juez Raso en su segunda indagatoria, Causa, pág. 187. También, Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 21.

[115] Causa, pág. 171. La Unión Nacional fue un partido surgido de la fusión de la Corporación de Cámaras de Comercio de Basilio Paraíso y la Liga Nacional de Productores de Joaquín Costa. Se creó en 1900 y su vida fue efímera, pues limitó su actividad a orquestar una campaña contra los impuestos del presupuesto de Fernández Villaverde. Cualquier vinculación de esta organización con la Semana Trágica roza el ridículo. Lo mismo respecto a las referencias a Polavieja o Weyler. Desmontan esta prueba Archer, W.: op. cit., pág. 253; Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 24.

[116] Causa, pág. 173. Ferrer no la reconoce como suya. Véase nota 113.

[117] Causa, pág. 173. Tampoco Ferrer acepta su autoría. Sobre las correcciones del texto y su peritación véanse Salillas, R.: Proceso Congreso, pág. 118; Álvarez, M.: ibíd., pág. 67; Barral, J.: ibíd., pág. 236. Ningún tribunal solvente hubiera aceptado, según Simarro, una peritación a cargo de dos soldados de reemplazo. La fórmula de la panclastita, anunciada en el pliego, no figura en autos, Lerroux, A.: ibíd., pág. 210. Ello no impide que la consideren una importante prueba inculpatoria, La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 118; el Ministerio fiscal en Causa, pág. 593.

[118] Causa, pág. 179. La carta a Odón de Buen únicamente tiene una lectura: la de declinar su invitación a intervenir en actos propagandísticos. Las referencias a la misma en los informes del fiscal, Causa, pág. 594, y el auditor, Causa, pág. 648, pretenden, contra toda lógica, resaltar el interés de Ferrer por encubrir bajo el anonimato su acción revolucionaria. Sobre la versión del procesado véase Causa, pág. 187.

[119] Causa, pág. 175. Esta prueba podía ser la más comprometedora, pero estaba escrita en 1906 y además su destinatario era Morral. Sí puede contribuir, en cambio, a apoyar la tesis de un complot en el atentado a los Reyes en la calle Mayor de Madrid. La Cierva la utiliza como prueba incriminatoria, Diario de sesiones, 4-IV-1911. También figura como prueba de cargo en el informe del fiscal, Causa, pág. 593, y en La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 140. Ferrer recuerda al juez que la carta iba dirigida a Morral, Causa, pág. 186.

[120] Causa, pág. 375. La entrevista fue realizada por un reportero de España Nueva durante la permanencia de Ferrer en la Cárcel Modelo de Madrid. Citada por el procesado en sus dos indagatorias, Causa, págs. 183 y 406. El fiscal destaca la afirmación de Ferrer de que «no concibe la vida sin propaganda», ibíd., pág. 542.

[121] Causa, pág. 180. Escrita en francés. Figura al dorso de la carta, en la que su amigo Leon Fournemont, secretario de la Federación Internacional del Libre Pensamiento, le solicita una nota autobiográfica para el almanaque de la institución. Véase Archer, W.: op. cit., pág. 248.

[122] Causa, pág. 47. La carta está fechada en Barcelona y adjunta saludos para Soledad. Sirvió de base a la Acusación para establecer que Ferrer financiaba a Solidaridad Obrera. Desmienten esta teoría Pablo Iglesias, Diario de sesiones, IV-1911; Avilés, J.: op. cit., pág. 220. También el propio Ferrer en carta a Malato, 1-X-1909. La apoya en cambio La Cierva, J.: ibíd., págs. 143 y 321.

[123] Sobre esta carta de Paz Ferrer, Causa, pág. 245, véase Amado, Proceso Congreso, pág. 250, que la considera incriminatoria para el reo basándose en la frase en la que Paz dice haber pedido a su padre «que se alejara de este movimiento».

[124] Raymond Carr utiliza esta expresión al referirse a las que también llama «escuelas sin Dios» de Ferrer i Guardia. La calificación concuerda con las de Unamuno, que las califica de «aulas para el delito», citado por Canals en Los sucesos de 1909, pág. 183, o de Comellas, que habla, sin citar a Ferrer, de «escuelas que, en lugar de historia o botánica, enseñan métodos y procedimientos para fabricar bombas», Historia de España moderna y contemporánea, pág. 485.

[125] Sólo uno de entre las decenas de documentos intervenidos en los cuatro registros practicados en Mas Germinal tiene fecha de 1909. Véase Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 381.

[126] Lerroux, A.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 212.

[127] Reconocimiento facultativo en Causa, pág. 149. El juez instructor buscaba quemaduras o heridas que pudiesen vincular a Ferrer con el alzamiento. El procesado se queja de esta diligencia en carta a Malato en nota siguiente.

[128] Carta de Ferrer a Malato, 1-X-1909.

[129] Esta denuncia la concretaría Ferrer en la declaración que hizo ante el juez tras la lectura de los cargos, véase capítulo «El Plenario». Al parecer, el inspector de la policía, Ramón Carbonell, había ofrecido dinero a uno de los empleados de Mas Germinal a cambio de alguna prueba de cargo. Para seguir el expediente abierto sobre el caso, véase Causa, pág. 690, iniciado el 18 de marzo de 1910. Acerca de este incidente Fernández Riera, V.: op. cit., pág. 39; Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 36.

[130] El comandante Raso produjo una mala impresión a Ferrer, que advirtió que «lo único que pretendía era hacerme responsable de todo lo ocurrido durante el transcurso de la revolución de julio», Carta a Malato, 1-X-1909. Para versiones sobre el nuevo juez instructor, véanse Soriano, R.: Proceso Congreso, págs. 41-42; Lerroux, A.: ibíd., págs. 203-205 y 213; Álvarez, M.: ibíd., pág. 60; Salillas, R.: ibíd., pág. 102. Acerca de la inoportunidad de su nombramiento, Lerroux, A.: ibíd., pág. 218, apoyándose en el artículo 134 del Código de Justicia Militar. Contra esta versión véanse Amado, J.: op. cit., pág. 251; Sagnier, J.: ibíd., pág. 154; La Cierva, J.: ibíd., pág. 154.

[131] Continuación de la carta a Malato, 1-X-1909.

[132] En la transcripción de la segunda parte de la carta a Malato se han omitido los párrafos que repiten datos ya dados en misivas anteriores.

[133] Careos con Ardid, Causa, pág. 433, con Puig Ventura, Causa, pág. 453, con Álvarez Espinosa, Causa, pág. 458; con Casas Llibre, Causa, pág. 456. Acerca de los mismos, Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 21, se sorprende de que no se carease a Ferrer con Doménech; La Cierva, J.: ibíd., pág. 112; Archer, W.: op. cit., pág. 200. En carta a Malato (1-X-1909) Ferrer califica de «canallas» a los lerrouxistas con quienes fue careado. Lerroux dice que se debió carear a los soldados con Bermejo, ibíd., pág. 215.

[134] Reconocimiento de Ferrer en rueda de presos de parte de Sancho, C.: Causa, pág. 489, Salvo, M.: Causa, pág. 489, y Colldefons, F.: Causa, pág. 493. Críticas a esta diligencia, Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 22; Lerroux, A.: ibíd., pág. 215. La acepta La Cierva, J.: ibíd., pág. 184, y consta como prueba de cargo en los informes del fiscal, Causa, pág. 588 y del asesor, ibíd., pág. 640.

[135] El fiscal del Supremo, Javier Ugarte, indujo en el juez instructor el perjuicio de que Ferrer era el máximo responsable del alzamiento. A partir de ese momento todas las investigaciones del comandante Raso se orientaron exclusivamente en esa dirección. Véase Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 203; Voltes, P.: op. cit., pág. 176. Sobre las dificultades del juez instructor para fundamentar el criterio de Ugarte, Archer, W.: op. cit., pág. 246 y ss. Defiende su actuación La Cierva, J.: ibíd., pág. 111.

[136] Eugenio del Hoyo. Condenado a la pena de muerte como responsable de haber disparado contra efectivos del Ejército durante la rebelión, aunque sin herir a ninguno, fue fusilado el 13 de septiembre. Para más detalles, Iglesias, E.: Proceso Congreso, pág. 187; Coromines, P.: ibíd., pág. 225. Modesto de Lara dijo de él que era «un desgraciado desequilibrado».

[137] Sobre la celeridad que se imprime al proceso a partir del 23 de septiembre, véase Soriano, R.: Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 22; Álvarez, M.: ibíd., pág. 66; Lerroux, A.: ibíd., págs. 203, 217 y 234-235. Defiende la normalidad del trámite Amado, J.: ibíd., pág. 249.

[138] Remisión a declaraciones de Claudio Sancho, Miguel Savo, Francisco Colldefons, Federico Ramírez, Ramón Puig, Alfredo García Magallanes y Javier Ugarte en el capítulo «Los testigos».

[139] Causa, pág. 547. Una vez elevada la causa a Plenario el 29 de septiembre, el comandante Raso la envió, ese mismo día, al fiscal capitán Marín Rafales para que, a la vista de la misma, formulase sus conclusiones provisionales.

[140] La carta está fechada el 28-IX-1909. Para explicar la razón de la demora, véase carta de Anselmo Lorenzo, publicada en La Vie Ouvrière en febrero de 1910. Connelly Ullman insinúa que Cristóbal Litrán podría haber dilatado intencionadamente el deseo de los deportados por prestar declaración, op. cit., pág. 530.

[141] La respuesta del comandante Raso, en la que deniega a los firmantes de la carta la posibilidad de testificar en el proceso tiene fecha del 29-IX-1909.

[142] Críticas a esta decisión del juzgado. A favor de la denegación de prueba, La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 121; Sagnier, J.: ibíd., pág. 157; Amado, J.: ibíd., pág. 249; Ruiz Vilarino, T.: ibíd., pág. 46. También el auditor de Guerra, Causa, pág. 662.

[143] Carta de Anselmo Lorenzo a La Vie Ouvrière en febrero de 1910, recogida en Archer, W.: op. cit., pág. 170. Para las dificultades de la estancia en Teruel, véase también Ferrer, S.: op. cit., págs. 165-166. Más referencias en Caballé, J.: Proceso Congreso, pág. 82.

[144] Causa, pág. 559. El testigo Pedro Figueras se limita a declarar que el lunes 26 de julio se cruzó, hacia las doce de la noche, con Ferrer en la plaza de Cataluña y que éste no respondió a su saludo a pesar de que se conocían desde hacía mucho tiempo. El juzgado no libró ningún exhorto a este testigo, que se encontraba en Gerona para declarar. Véanse Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 217; Álvarez, M.: ibíd., pág. 65.

[145] La incomunicación le fue levantada el 30 de septiembre, Causa, pág. 549. Nada más conocerla, envío un telegrama a Soledad para comunicárselo. El telegrama fue erróneamente enviado a Huesca, en lugar de a Teruel, y no llegó a su destino. A partir de ese momento fue trasladado de celda y pudo recibir prensa y correspondencia.

[146] La Publicidad, 30-IX-1909. Con este llamamiento a la amnistía el diario inició una campaña que, bajo el título genérico de «Jubileo de la victoria», insistía en reclamar al Gobierno un gesto de clemencia hacia los condenados. El Liberal compartió esta iniciativa e hizo constar que se adhería a ella por encontrarla justa, 30-IX-1909.

[147] Causa, pág. 555. La lista de oficiales fue enviada al juez instructor por la Subinspección del Gobierno Militar de Barcelona. Una vez elegido por Ferrer el capitán Francisco Galcerán, se remitió a éste la decisión del reo a través de un oficio, que devolvió ese mismo día aceptando el encargo, Causa, pág. 558. Para el Juzgado no importaban las opiniones políticas o religiosas del defensor sino su honestidad, ibíd., pág. 555. José Brissa, en su ya citada obra La revolucion de julio, ofrece detalles acerca de este trámite. También, en Flores Lázaro: op. cit., pág. 255; Ferrer, S.: op. cit., pág. 184. Amadeu Hurtado se ofreció, op. cit., pág. 164, a auxiliarle jurídicamente, a lo que el capitán se negó.

[148] El Correo Catalán, 1-X-1909. El artículo del diario conservador sería refrendado, dos días después, por La Vanguardia, 3-X-1909, que razonó su negativa a la clemencia, escribiendo textualmente que «nadie en Barcelona, ni en Cataluña ha expresado el menor deseo de que se otorgue ninguna amnistía y, menos aún, de que se invaliden los fallos pronunciados por los tribunales militares».

[149] La Veu de Catalunya, 1-X-1909. Maragall lo escribió tres días antes, apenas llegado a Barcelona. El texto íntegro, en Benet, J.: op. cit., pág. 93.

[150] Gabriel Alomar, en La Publicidad, 10-X-1909. Como respuesta, nuevamente El Correo Catalán (13-X-1909) calificó a quienes reclamaban el indulto de «fariseos y sepulcros blanqueados, que llenan con su prosa mefítica las columnas de los periódicos». En el momento de ver la luz ese artículo Ferrer ya había sido fusilado.

[151] Carta a Malato, 1-X-1909. Ferrer repite los datos de sus cartas del 10 y el 11 de agosto por si no hubiesen llegado a su destinatario.

[152] Carta a Heaford, 1-X-1909. William Heaford ocupaba en ese momento el cargo de secretario general de la Liga de Librepensadores.

[153] La lectura de los cargos tuvo que ser dividida en dos partes dada su duración. Ferrer comentó a Malato (1-X-1909) que la extensión de la diligencia le impidió enterarse de los delitos que se le imputaban. Véase Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 220.

[154] Para expediente al capitán Galcerán, véanse Causa, pág. 6, y el capítulo «La Defensa», en este libro. Notas 37 y 38.

[155] Primera carta de Ferrer a Soledad Villafranca después de haberle sido levantada la incomunicación. Contiene detalles sobre su detención y encarcelamiento, y concluye con sendas referencias a la buena impresión que le ha producido su defensor y las difíciles condiciones en que ha tenido que escuchar la lectura del sumario.

[156] Acerca de la lectura de cargos, Causa, pág. 562 y 563. Ferrer no aceptó ninguno de los mismos ratificándose en su inocencia, ibíd., pág. 565. Sobre las deficiencias observadas en esta diligencia del Plenario véase Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 220; Álvarez, M.: ibíd., pág. 65; Simarro, L.: op. cit., pág. 269. También nota 153. Defiende la legalidad del trámite La Cierva, J.: ibíd., pág. 148; Sagnier, J.: ibíd., pág. 157.

[157] Sobre la desestimación de las peticiones de la Defensa, Causa, pág. 565. Véanse Lerroux, quien considera la actitud del juez como causa suficiente de nulidad, Proceso Congreso, pág. 221; Álvarez, M.: ibíd., pág. 65. Defienden la legalidad del trámite Ruiz Valarino, T.: Proceso Congreso, págs. 46-47; Sagnier, J.: ibíd., pág. 158; La Cierva, J.: ibíd., pág. 148.

[158] Ramón Clemente García. Condenado a la pena de muerte bajo la acusación de haber levantado una barricada y haber bailado por las calles con el cadáver de una monja jerónima. Fue fusilado el 4 de octubre de 1909. Sobre su participación en el alzamiento y la injusticia de su sentencia, véanse Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 517; Coromines, P.: Proceso Congreso, pág. 227; Albornoz, A.: ibíd., pág. 259; Iglesias, E.: ibíd., pág. 188; Barral, J.: ibíd., pág. 239; Flores Lázaro: op. cit., pág. 238. Existe una opinión generalizada de que Ramón Celemente no fue indultado para que su perdón no condicionase al Gobierno a perdonar también a Ferrer.

[159] Carta a Heaford, 3-X-1909.

[160] En el artículo «Al pueblo español», El Imparcial, 5-X-1909.

[161] Carta fechada el 6-X-1909. Ferrer está cada momento que pasa más preocupado y vuelve a reclamar apoyo de sus amigos extranjeros (cartas a Heaford, 3-X-1909 y a Mme. Albert 6-X-1909). Cuando la familia Albert recibió la nota, ya no quedaba tiempo para realizar ninguna gestión a favor suyo.

[162] Causa, pág. 599. La orden procede del Gobierno Militar de Barcelona y fija la fecha y hora (el 9 de octubre a las ocho de la mañana), el lugar (la Cárcel Modelo) y la composición del tribunal que habrá de juzgarle. La firma el gobernador militar, el general Cortés. Sobre la elección de la fecha véase Sol y Ortega, J.: Proceso Congreso, pág. 286.

[163] Sobre la solidaridad extranjera, véase Manifiesto de L'Humanité, 7-IX-1909; creación del Comité de Defensa de las Víctimas de la Represión española, París, 2-IX-1909; adhesión al mismo de la Liga Francesa de los Derechos del Hombre, 8-IX-1909; manifestación pro Ferrer en las calles de París, 9-IX-1909; reunión de la Confederación General de Trabajo francesa, 11-IX-1909. Campaña conjunta de los periódicos Daily News, Le Journal de Genève y L'Independence Belge. También, Albornoz, A.: Proceso Congreso, pág. 257. Referencias en Simarro, S. Ferrer, Archer, Bookchin y Avilés.

[164] La carta está fechada en Asnieres (Francia) el 7-X-1909. El texto íntegro en Ferrer, S.: op. cit., pág. 178. Charles Lisant era en ese momento vicepresidente de la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia.

[165] Carta de Ferrer a El País, 6-X-1909. Véase en Simarro, L.: El proceso Ferrer.

[166] Carta a Soledad, 7-X-1909. Sol Ferrer advierte cómo el espíritu de la correspondencia de su padre va cambiando de tono pese a sus esfuerzos por mostrar una confianza que cada vez es menos consistente, op. cit., pág. 176. Sobre la soledad de Ferrer, Hurtado, A.: op. cit., págs. 161 y ss.; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 22.

[167] Para texto completo de la carta a Soledad, véase Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 259. Ese mismo día concede una entrevista al corresponsal de Le Matin, que el diario publica el 8-X-1909. En ella Ferrer expresa las dificultades que está padeciendo en la cárcel y reitera de nuevo su inocencia.

[168] Carta a El País. 8-X-1909.

[169] Telegrama cursado el 8-X-1909. Su destinatario, Alfred Naquet, era ex diputado y cofundador de la Liga Internacional para la Educación de la Infancia.

[170] Hurtado, A.: op. cit., pág. 161. Para varios historiadores (Simarro, Benet, Voltes, Connelly Ullman), esta nota resume el clima de sugestión que se vivía esos días en Barcelona.

EL JUICIO ORAL

[1] Para más detalles ambientales véase, entre otros, El País, La Veu de Catalunya, El Liberal, Diario de Barcelona, El Correo Catalán, El Imparcial o La Correspondencia de España, todos con fecha 10-X-1909. Para diarios extranjeros, la información más completa en The Times (reproducida por Archer, W.: op. cit., pág. 208). Asimismo en Hurtado, A.: op. cit., pág. 164; Flores Lázaro: op. cit., pág. 253; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 257.

[2] Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 528. También, Hill, F.: Dispatches. American Consulate General, n.° 126, 13-X-1909.

[3] La vista oral contó con dos escritos de acusación, uno legal (el del fiscal) y otro sobreentendido (el del relator), y un informe de defensa. Posteriormente, ya a puerta cerrada, el tribunal escucharía otros dos dictámenes incriminatorios (los del asesor y el auditor). No se llamó a declarar a ninguno de los testigos que habían depuesto en la causa. Véanse Archer, W.: op. cit., pág. 201; Ferrer, S.: op. cit., págs. 188 y ss.

[4] Las fotografías tomadas durante el acto (las mejores, en Nuevo Mundo) permiten apreciar la disposición de la sala y ofrecen una panorámica del público asistente. Para más detalles del acto, Archer, W.: op. cit., pág. 209; Avilés, J.: op. cit., pág. 233; Ferrer, S.: op. cit., pág. 187; Flores Lázaro: op. cit., pág. 255. El archivo fotográfico de la Fundación Ferrer i Guardia dispone de distintas imágenes sobre el juicio oral.

[5] El apuntamiento está recogido en su totalidad en Causa, pág. 497. Su lectura duró dos horas y media. Hay una coincidencia generalizada en que, a la hora de resumir el sumario, el relator eligió las diligencias que más podían perjudicar a Ferrer, otorgó a los rumores categoría de informaciones y convirtió su relato en una acusación más. Para críticas al informe, véanse Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 41; Lerroux, A.: ibíd., pág. 205; Álvarez, M.: ibíd., pág. 69; Archer, W.: op. cit., pág. 211. Defienden su legalidad Amado, J.: ibíd., pág. 251. Sobre Raso, Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 41; Lerroux, A.: ibíd., pág. 205. Lo defiende Amado, J.: ibíd., pág. 251.

[6] El escrito del Ministerio fiscal, en Causa, pág. 571. Los informes del asesor y el auditor, en Causa, págs. 627 y 645, respectivamente.

[7] Para referencias al dictamen del asesor, véase el capítulo «La sentencia», de este libro. El informe del auditor, en el capítulo «La aprobación del fallo».

[8] El escrito de la Defensa, en Causa, pág. 603.

[9] Para datos sobre el Consejo de Guerra, véase capítulo «La sentencia». La elección de sus miembros mediante un sistema de turnos podía apoyar su independencia, pero resultaba un obstáculo de cara a sus conocimientos jurídicos. Véanse Amado, J.: Proceso Congreso, pág. 245; Sagnier, J.: ibíd., pág. 159.

[10] Bueso, A.: Recuerdos de un cenetista, pág. 49.

[11] Sobre el informe del capitán Marín Rafales, Sol Ferrer lo considera «agobiante, feroz y dirigido a sugestionar al Tribunal, que desconoce las diligencias del proceso», op. cit., pág. 186. Para Avilés, su argumentación «resultó muy poco convincente», op. cit., pág. 233. Voltes apunta que daba «por axiomática una inculpación que no exigía ser demostrada», op. cit., pág. 182. Sanz Agüero lo califica como «endeble en la tónica general de sus argumentaciones», op. cit., pág. 261. A The Times, 10-X-1909, le parece «bien razonado».

[12] El capitán Rafales inició su intervención, Causa, pág. 573, señalando que comparecía «libre de todo prejuicio y dispuesto a estudiar la realidad tal como resulte de lo actuado en el proceso», ibíd., págs. 571-573. A continuación ofreció un dantesco resumen de las jornadas de la Semana Trágica, repleto de alusiones a los asesinatos, los saqueos, los incendios y las profanaciones cometidas durante la misma. Véanse Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 209; Archer, W.: op. cit., pág. 211; Flores Lázaro: op. cit., págs. 265 y ss. Esta visión apocalíptica la apoyarían Dato, E.: Proceso Congreso, pág. 77; La Cierva, J.: ibíd., pág. 109.

[13] Causa, pág. 573. Sobre la calificación del delito como «de rebelión militar», véanse Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 9; Iglesias, E.: ibíd., pág. 187; Sol y Ortega, J.: ibíd., pág. 281; Álvarez, M.: ibíd., pág. 57; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 525. El Juzgado de Instrucción de Mataró había entendido el delito como de «proposición a la rebelión», Causa, pág. 94.

[14] Causa, pág. 576. Acerca de la condición de «caudillo» atribuida a Ferrer, véanse Sol y Ortega, J.: Proceso Congreso, pág. 287; Soriano, R.: ibíd., pág. 11; Bookchin, M.: op. cit., pág. 215; Ossorio y Gallardo, A.: op. cit., pág. 14; Voltes, P.: op. cit., pág. 185. Connelly Ulmman piensa que los autos sumariales no demuestran en ningún caso que Ferrer dirigiese la rebelión, op. cit., pág. 529. «Tan fuerte fue la inducción de la prensa conservadora que era imposible en Barcelona atribuir el liderazgo de la rebelión a alguien que no fuera Ferrer», Archer, W.: op. cit., págs. 12 y 262; Hurtado, A.: op. cit., págs. 161-165. M. Fernández Almagro opina que «los antecedentes del reo le facilitaron la labor al fiscal», op. cit., págs. 124-125. Quienes testificaron en ese sentido no aportaron, sin embargo, prueba alguna. Todos «creen», «opinan», «piensan», «tienen la idea», «han oído decir», pero nunca afirman de forma concluyente. Sobre este punto, véase Avilés, J.: op. cit., pág. 234.

[15] Causa, pág. 579. Sobre la estancia de Ferrer en Barcelona el lunes 26 de julio, véanse notas 30 y 73 a 79 del capítulo «El proceso». También, Avilés, J.: op. cit., pág. 225; Sanz Agüero, M.: op. cit., págs. 173 y ss. Y en su primera indagatoria ante el juez, Causa, pág. 50. Acerca de la vigilancia de que fue objeto ese día, Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 67; Soriano, R.: ibíd., pág. 21; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 529; Bookchin, M.: op. cit., pág. 219.

[16] Causa, pág. 583. Sobre la presunta presencia del reo en la capital el martes 27, véase nota 138 del capítulo «El proceso». También, la testificación de Francisco Colldefons, Causa, pág. 491. Descartan el hecho Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 217; Soriano, R.: ibíd., pág. 25; Salvatella, J.: ibíd., pág. 169; Iglesias, E.: ibíd., pág. 181; Archer, W.: op. cit., pág. 232. Dan por segura su estancia en Barcelona ese día el fiscal: Causa, pág. 583; Sagnier, J.: Proceso Congreso, pág. 156 y La Cierva, J.: ibíd., págs. 112 y 147.

[17] Causa, pág. 584. De la visita a Masnou y Premiá. Referencias a Puig Ventura en el capítulo «El proceso», notas 31 y 82. También, en Casas Llibre, D.: ibíd., notas 32 y 83, Mustarós, ibíd., nota 84; Álvarez Espinosa, ibíd., nota 85 y Calvet, ibíd., nota 86. Asimismo véanse testimonios de rumores y referencias de segundo grado en Puig Pons, ibíd., nota 41, Millet, ibíd., nota 98, Gundas, ibíd., nota 97, Cisa, ibíd., pág. 89, Costa Pagés, ibíd., pág. 92, Canés, ibíd., pág. 93 y Puig-Demont, ibíd., nota 99. Para una interpretación de su visita véase Avilés, J.: op. cit., págs. 225 y ss. Queda claro que Ferrer pretendió que ambos pueblos se uniesen al movimiento revolucionario, pero el propio alcalde de Premiá, Casas Llibre, desmintió que le hubiese animado a incendiar los conventos, Causa, pág. 137. Para ampliación de datos sobre su presunta actividad delictiva véase La Cierva, J.: op. cit., págs. 146-147.

[18] Causa, pág. 591. Tras una breve alusión a los careos mantenidos por Ferrer con Casas, Puig Ventura, Álvarez Espinosa y Ardid (que, en su opinión, ratificaban lo expuesto anteriormente), entró el fiscal en el examen de las pruebas documentales. Sobre este párrafo véanse Soriano, R.: Proceso Congreso, págs. 16, 21 y ss.; Álvarez, M.: ibíd., pág. 67; Salillas, R.: ibíd., pág. 94; Lerroux, A.: ibíd., pág. 212. Defiende el valor inculpatorio de las mismas La Cierva, J.: ibíd., pág. 134. Para ampliación de datos, véanse notas 112 a 123 del capítulo «El proceso» en este libro.

[19] Causa, pág. 595. El fiscal considera que los perjuicios y los daños materiales atribuibles a la acción de Ferrer fueron «incalculables» y considera al procesado responsable subsidiario de todos los saqueos y los atentados cometidos en Cataluña, ibíd., págs. 596 y 597. Esta afirmación contrasta con el auto del Juzgado de Mataró, Causa, pág. 705, que exigía a Ferrer una fianza de 2.000 pesetas para cubrir sus responsabilidades civiles y vendría anulada por una sentencia del Consejo Supremo de Guerra en 1911. Véase Ferrer, S.: op. cit., pág. 185.

[20] Causa, pág. 597. Tipificados los hechos como un delito consumado de rebelión militar con todas las agravantes previstas en el artículo 173 del Código de Justicia Militar, el capitán Marín Rafales solicita para el procesado la pena de muerte.

[21] Sobre la actitud de Ferrer durante el juicio, véanse testimonios de Ferrer, S.: op. cit., pág. 187; Flores Lázaro: op. cit., pág. 295; Archer, W.: op. cit., pág. 208; Avilés, J.: op. cit., pág. 233, y prensa del 10 de octubre de 1909, especialmente The Times, 10-X-1909.

[22] Del informe de la Defensa, Archer escribió, op. cit., pág. 218, que el capitán Galcerán «no había contado con tiempo suficiente para preparar su informe». Para Voltes, J.: op. cit., pág. 185, el escrito «de una honestidad impecable, pecó de ingenuo y desvaído». Rodrigo Soriano se queja asimismo de las escasas cuarenta y ocho horas de que dispuso el defensor para preparar su escrito, Proceso Congreso, pág. 8. Sanz Agüero la califica como «un derroche de esfuerzo y buena fe», op. cit., pág. 256. A The Times le sorprende «la independencia» con que fue expuesto, 10-X-1909. Para Juan Avilés «Galcerán cumplió a la perfección con sus deberes como defensor, lo que no debió resultarle complicado porque creía firmemente en la inocencia de su defendido», op. cit., pág. 235.

[23] Causa, pág. 603. Sobre la campaña insidiosa que había rodeado el proceso véanse referencias en Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 58; Lerroux, A.: ibíd., pág. 199-200; Soriano, R.: ibíd., pág. 9; Avilés, J.: op. cit., pág. 235; Ferrer, S.: op. cit., pág. 176; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 255; Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 380; Fernández Riera, V.: op. cit., pág. 23.

[24] Causa, pág. 606. Las pruebas documentales del proceso están fechadas con anterioridad a 1907, cuando fue absuelto en la causa que se le siguió por el atentado a los Reyes en la calle Mayor de Madrid. Véase Avilés, J.: op. cit., pág. 236. Para contrastar las referencias del fiscal en este apartado, véanse notas 112 a 123 del capítulo «El proceso».

[25] Causa, pág. 607. Acerca de la influencia de la vox pópuli en las actuaciones del juez instructor, véanse Avilés, J.: op. cit., pág. 237; Coromines, P.: Proceso Congreso, pág. 228; Voltes, J.: op. cit., pág. 174; Salvatella, J.: ibíd., pág. 163; Lerroux, A.: ibíd., pág. 199. Sobre la falta de liderazgo del alzamiento, Iglesias, E.: Proceso Congreso, pág. 184. Para la inducción histórica, notas en el capítulo «El auto de procesamiento».

[26] Causa, pág. 609. Sobre desestimación de testigos propuestos por Ferrer véase capítulo «El Plenario», pág. 287. Nota 157.

[27] Causa, pág. 610. Para Jiménez Moya, Verdaguer, Bonet y Puig Ventura, referencias a la falta de valor probatorio de las «convicciones morales», en el capítulo «El proceso» de este libro, notas 39, 31, 100 y 56. Sobre refutación de Doménech véase ibíd., nota 30. Para declaraciones de Ardid, ibíd., nota 76. El capitán Galcerán descalifica a los testigos que basan sus acusaciones en simples rumores. Véase Archer, W.: op. cit., pág. 213.

[28] Causa, pág. 612. Sobre su estancia en Cataluña durante los días previos a la revuelta, véase el capítulo «El proceso», nota 149. También, La Cierva, J.: Proceso Congreso, págs. 112 y 143. Galcerán mantiene la línea argumental de que la visita de Ferrer a Barcelona, el 26 de julio obedeció a obligaciones editoriales. Ferrer explicó al juez en su primera indagatoria que todos sus pasos eran conocidos por la policía, Causa, pág. 51. Confirman este dato Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 21; Álvarez, M.: ibíd., pág. 67; Salvatella, J.: ibíd., pág. 165. Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 369, que detallan minuciosamente las actividades del director de la Escuela Moderna durante esa jornada. Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 177; Avilés, J.: op. cit., pág. 223, y La Cierva, J.: ibíd., pág. 144 opinan, en cambio, que con esas gestiones editoriales lo que Ferrer buscaba era una coartada.

[29] Causa, pág. 614. Para desmontar el testimonio de Colldefons que sitúa a Ferrer el martes 27 de julio en Barcelona capitaneando a un grupo de revoltosos, véanse notas 15, 80 y 134 del capítulo «El proceso» y nota 16 de este capítulo.

[30] Causa, pág. 615. Sobre actividades de Ferrer el día 28 alude a los testimonios de Puig Ventura: ibíd., págs. 89, 113 y 451; Casas Llibre, D.: ibíd., págs. 155, 306 y 456; Álvarez Espinosa: ibíd., págs. 115, 319 y 458; Mustarós: ibíd., págs. 88, 99 y 315, y Calvet: ibíd., págs. 107, 430 y 477 ya examinados en el capítulo «El proceso».

[31] Causa, pág. 618. Sobre los altercados sediciosos producidos en Masnou y Premiá de Mar el miércoles 28 de julio véanse atestados del sargento Manuel Velázquez, Causa, págs. 23 y ss. y Modesto de Lara, ibíd., pág. 85 y testimonios de los deponentes Juan Alsina (nota 88), Adolfo Cisa (nota 89), Vicente Alonso Poblet (nota 90) y Antonio Costa (nota 92). Todas, en el capítulo «El proceso». También en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción de Mataró, Causa, págs. 93 y ss.

[32] Causa, pág. 622. Para críticas a los soldados Claudio Sancho y Miguel Salvo véase el capítulo «El proceso», notas 78 y 134. Sobre las declaraciones del coronel Federico Ramírez y el capitán Ramón Puig: ibíd., notas 79 y 138.

[33] Causa, pág. 623. En lo que se refiere al apartado de las pruebas documentales véanse notas 112 a 123. Sobre los registros, notas 47 y 109. Acerca de la violación sumarial, nota 111. Todas en el capítulo «Las pruebas documentales».

[34] Causa, pág. 625. «Un siglo después de que el capitán Galcerán pidiese su libre absolución no ha aparecido ningún documento que ponga en cuestión la solidez del informe de la Defensa», Avilés, J.: op. cit., pág. 236.

[35] España Nueva, 10-X-1909.

[36] Sobre la Defensa, véanse testimonios detallados en Simarro, L.: El proceso Ferrer y la opinión europea, y Canals, S.: Los sucesos de 1909.

[37] Para críticas al escrito de la Defensa, dentro del propio estamento militar, véanse informe del asesor, Causa, pág. 636, y dictamen del auditor, ibíd., pág. 662. El capitán general de Cataluña reclamó que se le citase a declarar y a ratificarse o desdecirse de las acusaciones de su escrito, ibíd., pág. 669.

[38] Causa, pág. 686. El auto sobre el fin de las diligencias respecto al capitán Galcerán lo firma el general jefe del Estado Mayor de la Capitanía General, Francisco Rodríguez, siendo ya titular de la misma el general Weyler, 27-I-1910. Para más detalles sobre este expediente, véase Fernández Vierga, V.: op. cit., pág. 39.

[39] Sobre las palabras de Ferrer en su turno de intervención, véase resumen de The Times del día siguiente, 10-X-1909. También, Ferrer, S.: op. cit., pág. 192. Para texto completo, véase Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 24.

[40] España Nueva, 12-X-1909. Declaraciones recogidas por Simarro, L.: El proceso Ferrer y la opinión europea. También prensa de esa fecha.

[41] El País, 18-X-1909. Publicada cinco días después de su muerte. A Ferrer continúan inquietándole las irregularidades del proceso. También, las referencias sobre sus actuaciones durante la última semana de julio.

[42] En Ferrer, S.: op. cit., pág. 181, recogiendo información del oficial Pons, que servía en el regimiento mandado por el coronel Aguirre de la Calle. Los miembros del Consejo de Guerra eran elegidos «automáticamente», lo que en general excluía la posibilidad de que dispusiesen de formación jurídica. Hasta el inicio del juicio oral desconocían, además, las diligencias del sumario, de las que sólo tenían noticia a través de la prensa.

[43] Sobre el nombramiento del asesor, véase Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 223. Descalifica esta opinión La Cierva, J.: ibíd., pág. 135. Para Voltes, P.: op. cit., pág. 186, el informe del teniente Gesta fue extremadamente perjudicial para Ferrer.

[44] Causa, pág. 627. La alusión a la injerencia internacional era una forma de sugestionar al Consejo de Guerra en un tema tan sensible como el patriotismo. Véanse Archer, W.: op. cit.; Salillas, R.: Proceso Congreso, pág. 103. Disiente de este criterio La Cierva, J.: ibíd., pág. 135. Respecto a las referencias al proceso de la calle Mayor de Madrid hay que recordar que Ferrer resultó absuelto y libre de cargos.

[45] Causa, pág. 628. El asesor repite las consideraciones del fiscal acerca de la «excepcionalidad» de esta causa. En cuanto al desglose, ya ha sido examinado en el capítulo «El auto de procesamiento». Remisión a las críticas sobre dicha diligencia en la nota 69 del capítulo «El proceso».

[46] Causa, pág. 629. Sobre la tipificación del delito, el asesor sigue los mismos argumentos que el capitán Marín Rafales. Véase nota 13 de este mismo capítulo.

[47] Acerca de la crueldad del Código de Justicia Militar véanse Álvarez, M.: op. cit., pág. 53; Iglesias, E.: ibíd., pág. 184. Lerroux lo compara con el de naciones como Egipto o Marruecos, ibíd., pág. 208. Pere Coromines llega a decir que «el Código ha perdido todo contacto con el sentimiento de la Justicia», ibíd., pág. 229. En el debate de revisión del proceso Ferrer defendieron la validez del Código el general Luque, ibíd., pág. 170, y el auditor Sagnier, ibíd., pág. 154. El diputado maurista Amado llego incluso a calificarlo de «progresista», ibíd., pág. 246. El presidente del Consejo, Canalejas, abrió la posibilidad de revisarlo.

[48] Causa, pág. 631. Para este párrafo véanse notas 112 a 123. En sus alusiones a las pruebas documentales sigue el criterio de atribuir valor inculpatorio a las proclamas y a las cartas incautadas en el registro del 27 de agosto, faltas de relación con los hechos de autos. Véase al respecto Salillas, R.: Proceso Congreso, pág. 102.

[49] Causa, pág. 632. Para las pruebas testificales, véase el capítulo «Los testigos». Acerca de la presencia de Ferrer en Barcelona los días 26 y 27 de julio, notas 15 y 16. De su relación con los sucesos de Masnou y Premiá, nota 17. Todas en este mismo capítulo.

[50] Causa, pág. 632. Sobre el caudillaje. En opinión de Lerroux, Proceso Congreso, el teniente Gesta acepta la teoría del fiscal del Tribunal Supremo de que Ferrer fue el responsable máximo de la rebelión pese a haber sido desoído o rechazado en todas las instancias a las que recurrió durante la Semana Trágica. Véase nota 14 de este mismo capítulo.

[51] Causa, pág. 634. Acerca de las responsabilidades civiles, véase sentencia de 1911 del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

[52] Causa, pág. 636. Respecto al escrito de la Defensa, condena el «exceso de celo» del capitán Galcerán al aludir a la campaña orquestada contra su defendido. Esta argumentación coincidirá con la del auditor de Guerra, nota 68.

[53] Causa, pág. 639. Todos los alegatos de este párrafo apoyan los que, en el mismo sentido, esgrime en su escrito el Ministerio fiscal.

[54] Causa, pág. 641. «La sentencia condena a Ferrer como “autor” de los casi dos centenares de muertos, los más de cien conventos destruidos y la totalidad de los destrozos producidos en toda Cataluña», Sol y Ortega, J.: op. cit., pág. 288.

[55] Sobre el Consejo de Guerra, véanse Álvarez, M.: op. cit., pág. 68; Barral, J.: ibíd., pág. 232-236; Sol y Ortega, J.: ibíd., págs. 281-284; Lerroux, A.: ibíd., pág. 221. Por el contrario, defienden su actuación Sagnier, J.: ibíd., págs. 155-159; Amado, J.: ibíd., pág. 245; Ruiz Valarino, T.: ibíd., pág. 48. El presidente del Consejo, el coronel Aguirre de la Calle, diría que «el Tribunal había actuado con total independencia», carta al diputado maurista Amado, 17-X-1909. Acerca de la celeridad con la que se emitió la sentencia, véase Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 8. Contra esta opinión, Ruiz Valarino, T.: ibíd., págs. 47-48.

[56] The Times confirma, en su edición del 10-X-1909, las irregularidades concurrentes durante la celebración de la vista oral.

[57] Afirmaciones del juez instructor y el auditor en «Causa contra Trinidad Alted, Luis Zurdo Olivares, Emiliano Iglesias y Juana Ardiaca», 4-III-1910. Aluden a ellas Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 211; Soriano, R.: ibíd., pág. 41.

[58] Telegrama a L'Humanité en Simarro, L.: El proceso Ferrer y la opinión europea.

[59] Causa, pág. 645. Entregada por el juez instructor la noche del 9 de octubre en la Sección de Justicia de la Capitanía General de Cataluña.

[60] Sobre los antecedentes del general Ramón Pastor, véanse Soriano, R.: op. cit., pág. 41; Lerroux, A.: ibíd., pág. 208. Acerca de las implicaciones políticas y religiosas del Auditoriado de la IV Región Militar (Cataluña), Lerroux, A.: Proceso Congreso, pág. 208, donde se hace referencia a los vínculos familiares de varios auditores con instituciones de signo católico. Emiliano Iglesias afirmó que el general Pastor «recibía cada día instrucciones de los jesuitas», ibíd., pág. 184. Para más datos sobre el auditor, véanse Salillas, R.: ibíd., pág. 102; Salvatella, J.: ibíd., págs. 163-164; Álvarez, M.: ibíd., pág. 60; Soriano, R.: ibíd., pág. 41. Defienden su actuación Sagnier, J.: ibíd., pág. 152, que lo considera un «ilustre y digno funcionario, defensor de la justicia; La Cierva, J.: ibíd., pág. 134, y Amado, J.: ibíd., pág. 249.

[61] Resulta prácticamente imposible redactar un informe de 48 folios (24 páginas, en la Causa publicada por el Gobierno) en tan breve margen de tiempo. Archer dice que el texto contaba con 7.500 palabras, op. cit., pág. 254. En opinión de la mayoría de los historiadores del proceso el dictamen está escrito antes de conocerse la sentencia.

[62] Causa, pág. 645. El auditor dedica más de la mitad de su informe (13 páginas de 23) a repasar la trayectoria conspirativa y pedagógica de Ferrer. Para Lerroux sólo se trata de «levantar espuma y agrandar el perjuicio», Proceso Congreso, pág. 210. Críticas a las referencias del general Pastor sobre el pasado revolucionario del reo, en Voltes, P.: op. cit., pág. 182; Soriano, R.: ibíd., pág. 16; Salillas, R.: ibíd., pág. 102. Defienden estas acusaciones Sagnier, J.: op. cit., pág. 165, y La Cierva, que llega incluso a implicarle en los atentados cometidos contra el general Martínez Campos y Cánovas del Castillo, ibíd., pág. 138.

[63] Causa, pág. 650. De la inducción histórica pasa el auditor a considerar el influjo nocivo de los libros y las publicaciones de su editorial. Véase Lerroux, A.: op. cit., pág. 209. Sobre la Escuela Moderna desarrolla la teoría de que su sistema educativo tiene una relación causa-efecto con los sucesos de la Semana Trágica, Causa, pág. 652. Hay que observar la coincidencia entre el general Pastor y el jefe de la Policía de Barcelona Díaz Guijarro. Acerca de este punto del dictamen, véanse Archer, W.: op. cit., págs. 60 y 230; Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 78. Defiende la tesis del auditor La Cierva, J.: ibíd., pág. 138, expresando su convicción de que Ferrer sedujo y engañó a Ernestine Meunier.

[64] Causa, pág. 658. La tétrica versión del general Pastor acerca de la magnitud del alzamiento sigue la anteriormente anotada por el Ministerio fiscal. Véase nota 12 de este mismo capítulo. Apoyan su opinión Canals, S.: Los sucesos de España en 1909; La Cierva, J.: Proceso Congreso, pág. 169.

[65] La afirmación del auditor de que «no es necesario levantar la cubierta de los autos para conocer que Ferrer es el máximo responsable de los sucesos de la Semana Trágica», Causa, pág. 658, descubre la ficción que para la autoridad militar ha supuesto el proceso. Como puede observarse, Ferrer ya estaba condenado antes de iniciarse la causa. En este sentido se manifiestan Álvarez Junco, Melquíades Álvarez y Lerroux.

[66] Causa, pág. 659. Respecto a la referencia a Doménech, véase la nota 30. Sobre la declaración de Ardid, nota 76. Acerca del testimonio de Colldefons, nota 80. Para la afirmación de los soldados del regimiento de Santiago, nota 78. En cuanto a los sucesos de Premiá y Masnou, véanse declaraciones de Puig Ventura, Casas Llibre, Mustarós, Álvarez Espinosa y Calvet. Todas, en el capítulo «El proceso».

[67] Causa, pág. 662. Sobre la negativa a aceptar el testimonio de los deportados en Teruel, nota 141. De las denegaciones de prueba a la Defensa sobre los intelectuales extranjeros y los boletines de la Escuela Moderna, nota 157. El juez únicamente admite la declaración de Josefa Los Arcos, Causa, pág. 565, en la que la testigo se ratifica en que firmó, sin leerla, el acta que la Policía le presentó sobre el registro efectuado en Mas Germinal el 27 de agosto, notas 47 y 109.

[68] Causa, pág. 664. El auditor se suma a las críticas a la Defensa, expresadas por el asesor en su informe (nota 52 de este capítulo). Véase Fernández Riera, V.: op. cit., pág. 41.

[69] Causa, pág. 665. El dictamen reproduce en todos sus detalles los informes del fiscal y del asesor. Sobre la refutación del caudillaje de Ferrer en la rebelión, véanse notas 14, 50 y 70 de este capítulo. También, Lerroux, A.: Proceso Congreso, págs. 204 y 211; Iglesias, E.: ibíd., pág. 179; Iglesias, P.: ibíd., págs. 263-264; Archer, W.: op. cit., pág. 264.

[70] Causa, pág. 666. Véase nota 51 de este capítulo. La novedad que aporta el dictamen del auditor respecto a los informes del fiscal y del asesor radica en la no imputación a Ferrer de las responsabilidades civiles derivadas de la actuación de otros procesados.

[71] Causa, pág. 667. El dictamen, inscrito con el número 5.576, se cursó al capitán general el 10-X-1909. En su respuesta, ibíd., pág. 668, el general De Santiago ordena al juez instructor que, una vez concluida la causa, cite al defensor, capitán Galcerán, para que ratifique sus afirmaciones durante el juicio oral por si procediese abrirle un expediente. El envío al Gobierno del Decreto de Aprobación del fallo se llevó a efecto telegráficamente. Sobre la celeridad con que se realiza el trámite, véase Archer, W.: op. cit., pág. 254.

[72] Fechada el 9-X-1909, Maragall, J.: Obras completas, tomo I, pág. 935. Cambó le respondió con una breve nota, en la que le hacía saber que compartía sus criterios y que así se lo había hecho saber a Maura.

[73] Escrita también el 9-X-1909, ibíd., tomo II, pág. 921. Ossorio y Gallardo aplazó su respuesta hasta el 20 de octubre, cuando Ferrer llevaba ya una semana muerto.

[74] «La ciutat del perdó», enviado por su autor a La Veu de Catalunya el 10 de octubre de 1909. En nota adjunta, Maragall escribió: «Amigos de La Veu: ¿Podéis publicarme este artículo? Siempre gracias de su agradecido, Maragall».

[75] Según cuenta Benet, J.: op. cit., pág. 145, el artículo, que pudo haber sido publicado el mismo día 11, no salió a la luz por decisión de Prat de la Riba y permaneció inédito hasta mucho tiempo después, en 1932, fecha en que se incluyó en el volumen El sentiment de Patria, de la nueva edición de sus Obras completas. Sobre este hecho, véase también Voltes, P.: op. cit., págs. 191-192.

[76] Nota recibida por Maragall el 16 de octubre, tres días después del fusilamiento, en la que Prat justifica su actitud como un servicio al Rey y al Gobierno. Benet recuerda la tristeza que esa carta produjo a Maragall, op. cit., pág. 160.

[77] Benet, J.: op. cit., pág. 159.

[78] Causa, pág. 670. Sorprenden las medidas adoptadas por la autoridad militar ante el riesgo que suponía «un individuo de su modo de ser y su temperamento».

[79] Brissa, J.: La revolución de julio. Para otras versiones sobre el traslado de Ferrer, véanse Ferrer, S.: op. cit., pág. 193; Sol y Ortega, J.: Proceso Congreso, pág. 299. También, Flores Lázaro, op. cit., pág. 299.

[80] Lara, M.: Fechas de sangre, pág. 170. También, Ferrer, S.: op. cit., pág. 193.

[81] Causa, pág. 674. Diligencia unida al sumario el 13 de octubre.

[82] En Abc, 1-X-1909.

[83] Causa, pág. 671. Recoge el «enterado» del Gobierno cursado mediante telegrama por el ministro de la Guerra.

[84] Carta a Soledad Villafranca, 12-X-1909. El texto completo en Archer, W.: op. cit., pág. 256.

[85] Causa, pág. 672. Archer habla de la serenidad con que escuchó la lectura del fallo, op. cit., pág. 255. A continuación el reo fue puesto a disposición del teniente segundo, Federico Pradas Armero, jefe del piquete encargado de la ejecución de la sentencia, para ser conducido a la capilla, ibíd., pág. 672. Véase Brissa, J.: op. cit., pág. 289.

[86] Hernández, E.: «Los últimos momentos de Ferrer», La Noche, 17-XII-1931. Para más detalles, Archer, W.: op. cit., págs. 258-260.

[87] Testamento obrante en el Archivo General de Protocolos de Barcelona. Procedente de la notaría de don Ricardo Permanyer, número 540. Puede consultarse en la página web de la Fundación Francisco Ferrer i Guardia. Para más detalles del otorgamiento, véase Ferrer, S.: op. cit., pág. 196. También, en Archer, W.: op. cit., pág. 196. Sol Ferrer tuvo ocasión de hablar personalmente con el señor Permanyer.

[88] Del diálogo mantenido entre Ferrer y el notario Permanyer, véanse Flores Lázaro: op. cit., pág. 304; Brissa, J.: op. cit., pág. 301. También Ferrer, S.: op. cit., pág. 196.

[89] Sobre la nota de agradecimiento al general Parga, gobernador del castillo de Montjuïc, en Archer, W.: op. cit., pág. 257. También, Ferrer, S.: op. cit., pág. 193.

[90] Lara, M.: op. cit., pág. 175.

[91] Hernández, E.: artículo citado en La Noche, 17-XII-1931. Según Sol Ferrer, la conducción del reo hasta el foso de Santa Amalia se pospuso unos momentos debido al retraso en el sorteo del piquete de ejecución, op. cit., pág. 198.

[92] Ferrer, S.: op. cit., pág. 198. Recoge el testimonio del oficial Pons, integrante del Batallón n.° 13 del Regimiento de Mallorca, que asistió a la ejecución. También, Lara, M.: op. cit., pág. 177 y ss.; Flores Lázaro: op. cit., pág. 306. La Publicidad y El Noticiero Universal informaron de que Ferrer había muerto proclamando su inocencia. El teniente Modesto de Lara, presente en el momento del fusilamiento, escribió: «Ferrer, en el momento de ser ejecutado, fue todo un hombre», op. cit., pág. 157. Acerca de la entereza de su muerte, véase también Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 381.

[93] Causa, pág. 673. Confirmación del fusilamiento, con detalle completo de las fuerzas que integraron el piquete de ejecución. Una vez ya ejecutado, el capitán Galcerán envió una breve nota a Soledad Villafranca dándole el pésame y comunicándole que el último recuerdo de Ferrer había sido para ella. Véase Flores Lázaro: op. cit., pág. 308.

[94] Causa, pág. 673. El reconocimiento facultativo fue realizado en el mismo foso de Santa Amalia del castillo de Montjuïc. De las heridas producidas por los disparos daría posteriormente cuenta Josefa Los Arcos al velar el cadáver, nota 96. Según Flores Lázaro: op. cit., pág. 307, el féretro fue trasladado a hombros por cuatro soldados desde el lugar del fusilamiento hasta el interior de la fortaleza.

[95] Causa, pág. 682. Como era práctica habitual en los casos de ejecución, no se consigna en la Partida la causa del fallecimiento. Sí, en cambio, su profesión: profesor.

[96] La declaración de Josefa Los Arcos a España Nueva, recogida en Simarro, L.: El proceso Ferrer y la opinión europea. Sobre la prohibición del Juzgado instructor de que sus familiares pudieran asistir al entierro, véase Archer, W.: op. cit., pág. 260.

[97] Causa, pág. 676. Durante los años inmediatos a su fusilamiento la fosa en que fueron inhumados los restos de Ferrer se convirtió en lugar de peregrinación de sus partidarios. En la actualidad su tumba se encuentra entre las de Durruti y Ascaso, muy próxima a la entrada del cementerio de Montjuïc por la puerta del Mar, próxima a la Zona Franca. Abel Paz asegura que el panteón se encuentra vacío de restos, El Periódico, 18-V-1980.

[98] Causa, pág. 699. La causa fue definitivamente archivada el 6 de julio de 1910.

[99] Sobre las protestas, muy escasas, que siguieron a la ejecución, véanse Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 528; Flores Lázaro: op. cit., pág. 308. Los artefactos explosivos activados el mismo día del fusilamiento causaron heridas leves a dos policías y a un viandante. El gobernador civil, Crespo Azorín, manifestó que «la ejecución de Ferrer había tenido un efecto saludable entre la ciudadanía». Para las manifestaciones de rechazo en el extranjero, véanse Avilés, J.: op. cit., pág. 247; Ferrer, S.: op. cit., pág. 203 y ss.; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 271; Voltes, P.: op. cit., pág. 199; Álvarez, M.: Proceso Congreso, pág. 49 y ss.; Simarro, L.: op. cit.; Hurtado, A.: op. cit., pág. 165.

[100] Acerca de esta intervención, véase Simarro, L.: El proceso Ferrer y la opinión europea. Rodrigo Soriano se convertiría a partir de ese momento en uno de los más firmes defensores de su inocencia, véase Proceso Congreso, págs. 5 y 42.

[101] Los ceses de todos los cargos institucionales de Barcelona, dependientes del Gobierno fueron decretados por el Gabinete Moret durante el mes de noviembre de 1909. Crespo Azorín fue sustituido por Suárez Inclán y Luis de Santiago, por el general Weyler.

[102] Sobre la creación del «mito Ferrer», véanse Avilés J.: op. cit., pág. 13; Sanz Agüero, M.: op. cit., págs. 9, 270 y ss.; Archer, W.: op. cit., pág. 272; Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 381. Carlos Seco atribuye a la desproporcionada reacción del Gobierno Maura la mitificación de la figura de Ferrer, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, pág. 90.

[103] Las primeras elecciones municipales celebradas en Cataluña, 12-XII-1909, tras el fusilamiento de Ferrer representaron un amplio triunfo para el Partido Radical de Lerroux. Obtuvo 32.566 votos y desplazó a la Lliga del control del Ayuntamiento de Barcelona. En las generales de mayo de 1910 Lerroux consiguió en Barcelona 30.597, prácticamente el doble de los 16.292 que obtuvo Cambó.

LAS RESPONSABILIDADES

[1] Sobre las irregularidades del procedimiento, véase segunda parte: «El proceso» de este libro. Más específicamente en las notas 11, 47, 69, 111 y 139. Para una definición concluyente de las mismas, valga la afirmación de Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 380, de que «sólo con instrumentos tan carentes de garantías como los tribunales militares en régimen de excepción es concebible la condena a muerte de Ferrer i Guardia».

[2] El proceso Ferrer en el Congreso: Soriano, R.: págs. 12, 35, 38 y 42; Álvarez, M.: págs. 52, 57 y 58; Salillas, R.: pág. 87; Iglesias, E.: págs. 184 y 187-189; Lerroux, A.: pág. 194 y ss.; Coromines, P.: pág. 230; Barral, J.: pág. 232; Albornoz, A.: pág. 255; Iglesias, P.: pág. 266; Sol y Ortega, J.: pág. 276; Salvatella, J.: pág. 159. Ossorio y Gallardo atribuye al Estado la responsabilidad de los hechos, op. cit., pág. 5. También Canalejas, J.: págs. 70, 122, 130, 236-238, 270 y 275; La Cierva, J.: pág. 106; Sagnier: pág. 149; Amado, J.: pág. 242. Sol y Ortega llegó a decir que «Ferrer ya estaba fusilado el mismo día de su detención», ibíd., pág. 285. La solicitud de revisión no fue aceptada. Votaron a favor 23 diputados y en contra, 179, Diario de sesiones, 8 de abril de 1911.

[3] El estado de guerra se declaró en Barcelona el 26 de julio y permaneció en vigor hasta el 17 de agosto. En cuanto a las garantías constitucionales estuvieron suspendidas desde el 27 de julio hasta el 10 de noviembre tanto en Barcelona como en Gerona y Tarragona. El Real Decreto que las suspendió atribuía la medida a «los graves sucesos producidos en Barcelona, mientras nuestros soldados pelean en África por la causa nacional».

[4] Informes policiales acerca de Ferrer, sobre sus contactos en París, véanse AGA, AE, 5883; APP, Ba 1075; APP, Ba 1642; APP, informes 27-II-1902, 3-III-1902; ANF, F7, 13065; APP, Ba 1642; APP, Ba 1075, 2-X-1907, y 24-I-1908. Acerca del atentado de París, AGA, AE 5882; APP, Ba 1319; AGA, 5858. En relación con la bomba de la calle Mayor, APP, Ba Informe Gilles, 7-I-1907; AGA, AE 5882. Carta Sannois; APP, Ba Gilles, 20-VII-1906; APP, B 1075; AGA, AE 5883, 11-VII-1906. González Calleja y Avilés recogen abundante documentación, aquí citada, sobre el seguimiento de que fue objeto el director de la Escuela Moderna.

[5] De la posible intervención de Dato y Sánchez Guerra a favor del indulto, Avilés, J.: op. cit., pág. 238. Dato desmintió cualquier mediación de su parte, Proceso Congreso, pág. 77. Sobre los reparos del embajador en París acerca de la inoportunidad del mismo, véase León y Castillo, F.: Mis tiempos, Madrid, 1921.

[6] Según The Times, los procedimientos con que se estaba juzgando a Ferrer «no eran, para la conciencia jurídica del pueblo inglés, garantía de acierto, ni de imparcialidad ni de justicia», Rodrigo Soriano en el debate parlamentario del 29 de marzo de 1911; véase Proceso Ferrer en el Congreso, pág. 50.

[7] Tras el primer debate en las Cortes (15-X-1909), Maura pidió el voto de confianza del Rey, que se lo renovó. Al anunciar Moret que el Partido Liberal se abstendría de cualquier colaboración con el Gobierno, Alfonso XIII modificó su anterior decisión y encargó a Moret formar nuevo Gobierno el 21 de octubre de 1909. Para más detalles acerca de esas sesiones, Fernández Almagro, M.: Historia del reinado de Alfonso XIII, Madrid, 1933. Maura, G.: ¿Por qué cayó Alfonso XIII?, Madrid, 1948; Romanones: Notas de una vida, Madrid, 1934.

[8] Los diputados de la minoría republicana eximieron de responsabilidad al Ejército como institución, pero entendieron que los jueces integrantes de los tribunales militares habían actuado como correa de transmisión del Gobierno. Melquíades Álvarez aprovechó el debate para pedir la derogación del Código de Justicia Militar. Y, yendo aún más lejos, Luis Simarro afirmó que «los tribunales militares procesaron a Ferrer cumpliendo órdenes del Gobierno», El proceso Ferrer y la opinión europea, Madrid, 1910.

[9] Sobre el intervencionismo del Ejército en la vida civil, véase Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 120 y ss.; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 70 y ss. También Alonso Baquer, M.: El modelo español de pronunciamiento, Madrid, 1983; Cardona, G.: El problema militar en la España contemporánea, Madrid, 1983; Fernández Bastarreche, F.: El ejército español en el siglo XIX, Madrid, 1978; Payne, S.: Los militares y la política en la España contemporánea, París, 1968; Seco Serrano, C.: Militarismo y civilismo en la España contemporánea, Madrid, 1984; Núñez Florencio, R.: Militarismo y antimilitarismo, Madrid, 1990.

[10] En relación con la posición de Ferrer con el Ejército, artículos de Ferrer i Guardia en La Huelga General, Barcelona, 1902; La Escuela Moderna. Póstuma explicación, y alcance de una escuela racional, Barcelona, 1912; Cuaderno Manuscrito de Pensamientos Antimilitaristas, con textos de Maupassant, Zola, Tolstói, Voltaire y Anatole France, entre otros, Barcelona, 1903. Cartas de Ferrer a Malato, Laissant y Heaford, ya citadas, sobre la actuación del Ejército y los tribunales militares durante su proceso.

[11] Para decisiones del Ejército y los tribunales militares en relación con el proceso Ferrer, véanse capítulos I V, V, IX y tercera parte: «El juicio oral» de este libro.

[12] Sobre el anticlericalismo en la España del siglo XIX y primera década del XX, Álvarez Junco, J.: El anticlericalismo en el movimiento obrero, Madrid 1985; Andrés Gallego, J.: La política religiosa en España, 1889-1913, Madrid, 1975; Caro Baroja, J.: Introducción a la historia del anticlericalismo español, Madrid, 1980; Díaz Mozaz, J. M.: Sociología del anticlericalismo, Barcelona, 1976; Barbat, G., y Estivill, J.: «L'anticlericalisme en la revolta popular de 1909», en L'Avenç, abril de 1977; Morote, L.: Los frailes en España, Madrid, 1904.

[13] Del anticlericalismo de Ferrer, véase Ferrer, S.: op. cit., pág. 53; Bookchin, M.: op. cit.; Carr, R.: op. cit., pág. 447; Sainz Agüero, M.: op. cit., pág. 48; Salillas, R.: La celda de Ferrer; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 149; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 251; Avilés, J.: op. cit., pág. 13; Delgado, B.: op. cit., pág. 21; Bookchin, M.: op. cit., pág. 190. En su libro La escuela moderna, Ferrer escribe: «La religión ha conducido siempre al retraso del progreso», op. cit., pág. 178. En el Boletín de la Escuela, 1-1-1909, puede leerse: «El cristianismo es incompatible con la ciencia y lo único que pretende es acabar con ella». Véase colección Boletines, serie 1901-1906 y 1908-1909.

[14] Anticlericalismo y Semana Trágica, Conelly Ullman, J.: op. cit., pág. 584 y ss.; Romero Maura, J.: op. cit., pág. 519 y ss.; Álvarez Junco, J.: op. cit., pág. 386 y ss.; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 9 y ss.; Comité de Defense des Víctimes de la Represió Espagnole, Un martyr des prêtres: Francisco Ferrer, París, 1909; carta de los prelados catalanes a Maura el 4-IX-1909, en Bookchin, M.: op. cit., pág. 220. También, Caballé, J.: El País, 3-XI-1909. Lorenzo, A.: El Socialista, 22-X-1909; Bonafulla: op. cit., pág. 65. Véase actuación Comité de Defensa Social en el capítulo IV, «El auto de procesamiento», notas 10 y 37. También Frollo, C.: En Cataluña, pág. 13; Boletín de la Diócesis de Barcelona, 23 agosto, 9 y 29 de septiembre de 1909. Referencia a la pastoral del vicario capitular de Barcelona en Flores Lázaro: op. cit., pág. 197.

[15] Sobre Ferrer y el Partido Radical, véanse declaraciones ya citadas de Ardid, Doménech, Casas Llibre, Mustarós, Bonet, Álvarez Espinosa, García Magallanes, Jiménez Moya, Litrán y Puig Ventura en el capítulo VI, «Los testigos». También en El proceso Ferrer en el Congreso, Soriano, R., pág. 21; Álvarez, Melquíades, pág. 64 y ss.; Ardid, L.: El calvario de un partido. Más datos, Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 18. Asimismo en Connelly, Ullman, J.: op. cit., pág. 525, que recuerda que los republicanos no defendieron la inocencia de Ferrer hasta después de su fusilamiento.

[16] Ferrer y los catalanistas, en Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 518 y ss. Testimonios en contra de Ferrer, de Narcís Verdaguer, Causa, pág. 42; Pedro Pagés, redactor de La Veu, Causa, pág. 262. Hay que recordar la actitud de Prat de la Riba, en Benet, J.: op. cit., pág. 154. Gabriel Alomar se lamentaría de no haber aprovechado la oportunidad histórica de apoyar a Ferrer, op. cit., pág. 8. Posteriormente todos defendieron su inocencia. Véase Rovira i Virgili, A.: Al cap de vint-i-cinq anys. Récords de la Semana Trágica, 29-VII-1934; Sanz Agüero, M.: op. cit., pág. 21. La opinión más generalizada es la de que el catalanismo no obtenía rédito político alguno apoyando la causa de Ferrer.

[17] Ferrer y los socialistas, en Fabra Ribas, A.: op. cit., págs. 39-65. Los socialistas odiaban a Ferrer. Véanse declaraciones de Iglesias, E.: Proceso Congreso; Connelly Ullman, J.: op. cit., pág. 535 y ss. Pablo Iglesias afirmó, sin embargo, su inocencia en las Cortes en la sesión del 7 de abril de 1911.

[18] Ferrer y los anarquistas, en Leroy, C.: «Campaña humanitaria: por la verdad y la justicia», en El Correo Español, México, 27-II-1913. El único anarquista que depuso en la causa, Mariano Castellote, Causa, pág. 148, dijo desconocer cualquier extremo sobre la intervención de Ferrer. Pero, lo cierto es que desde Solidaridad Obrera nadie a lo largo del proceso defendió su inocencia. Para explicar esta actitud puede valer que las relaciones del sindicato con Ferrer no eran buenas, Connelly Ullman, J.: op. cit., págs. 514 y 532, y que sus principales líderes estaban en la cárcel (Tomás Herreros, Federico Amall y Francisco Cardenal) o habían huido (Francisco Miranda y José Rodríguez Romero).

[19] Acerca de la prensa en la época, García Nieto, M. C.: La prensa diaria de Barcelona, de 1895 a 1910, Madrid, 1875; Espina, A.: El cuarto poder. Cien años de periodismo español, Madrid, 1960; Gómez Aparicio, P.: Historia del periodismo español, Madrid, 1967; Seoane, M. C.: Historia del periodismo en España, Madrid, 1983; Tuñón de Lara, M.: Prensa y sociedad en España, Madrid, 1975. Connelly Ullman da noticia de la distribución de los diarios según sus ideologías, op. cit., pág. 118; Álvarez Junco atribuye a cada periódico de la época su respectivo carácter político, op. cit., pág. 469.

[20] De la prensa en los días de la Semana Trágica y durante el proceso Ferrer, véase Benet, J.: op. cit., pág. 117 y ss; Soriano, R.: Proceso Congreso, pág. 27; Ferrer, S.: op. cit., pág. 176. Para Álvarez Junco, «la prensa conservadora centró en Ferrer viejas obsesiones y, en ese clima de histeria, estaba ya sentenciado desde el momento en que fue detenido». Los periódicos de la izquierda intransigente que hubieran podido defenderle habían sido suspendidos por el gobernador civil Crespo Azorín. Sólo El País, España Nueva, La Publicidad y El Motín abogaron decididamente por su causa.

[21] Sobre el estado de la opinión pública en Barcelona durante los meses de agosto y septiembre véase Iglesias, E.: Proceso Congreso, pág. 183-184; Salvatella, R.: ibíd., pág. 163; Lerroux, A.: ibíd., pág. 199; Albornoz, A.: ibíd., pág. 257; Voltes, P.: op. cit., pág. 147; Soriano, R.: op. cit., pág. 16. Hurtado, A.: op. cit., pág. 161; carta de Maragall a Cambó, Obras completas, pág. 935. Según Rafael Tasis, «nadie se atrevía aquellos días a defender a un anarquista, amigo de dinamiteros», Histories de coneguts, París, 1954. Véase también Cambó, nota 25 de este capítulo. Véanse capítulos «El auto de procesamiento», notas 52 a 56, y «El Plenario», notas 146, 148 y 149.

[22] Coromines, P., en El Poble Catalá, 5-I-1910.

[23] Sobre la figura de Alfonso XIII, véase Fernández Almagro, M.: Historia del reinado de don Alfonso XIII, Barcelona, 1977; Maura, G.: ¿Por qué cayo Alfonso XIII?, Madrid, 1948; Espadas Burgos, M.: Alfonso XIII y los orígenes de la Restauración, Madrid, 1975; Maura, M.: Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, 1968; Bonmatí de Codecido, F.: Alfonso XIII y su época, Madrid, 1943; Pilapil, V.: Alfonso XIII, Nueva York, 1969; Seco Serrano, C.: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Barcelona, 1969. Para una crítica concisa sobre su actuación respecto a la Semana Trágica, véase Bookchin, M.: op. cit., pág. 222.

[24] Acerca de la denegación del indulto, Avilés, J.: op. cit., pág. 238; Salvatella, J.: Proceso Congreso, pág. 163; Álvarez, M.: ibíd., pág. 70; Albornoz, A.: ibíd., pág. 260; Caballé, J.: ibíd., pág. 80; Sangró, P.: La sombra de Ferrer, pág. 364. Lo solicitaron Paz Ferrer y numerosas instituciones políticas y culturales europeas. José Luis Comellas, La época regeneracionista, Madrid, 1988, opina que Maura no lo concedió «por una cuestión de dignidad». Para críticas, Simarro, L.: El proceso Ferrer y la opinión europea. El periódico católico Unión advertía (13-X-1909) que la denegación del indulto llevaba implícito el riesgo de convertir a Ferrer en un mártir. Por su parte, el diario La Mañana publicó el 25-I-1910 sendas cartas cruzadas entre Maura y Moret, en las que ambos convenían en la inoportunidad de concederlo. Fueran auténticas o no, hay una opinión generalizada de que el Gobierno evitó recomendar al Rey que hiciese uso del derecho de gracia.

[25] Intervención de Francisco Cambó en el Congreso el 16 de junio de 1914. Cambó, F.: Discursos parlamentarios, Barcelona 1936, pág. 183.

Las responsabilidades se depuraron, en cualquier caso, por sí solas. Maura perdió el poder el 21 de octubre y, con él, puede decirse que también su futuro político. El capitán general de Cataluña y el gobernador civil de Barcelona fueron cesados en el mes de noviembre siguiente. Los tribunales militares dejaron en la mayoría de los casos de actuar y las causas pasaron a tramitarse por la jurisdicción ordinaria. No hubo un solo fusilamiento más. El movimiento obrero, al que se pretendía aplastar, resurgió con fuerza en 1910 con el nacimiento de la CNT. La Iglesia vio cómo volvían a abrirse las escuelas laicas clausuradas. El Partido Conservador se desintegró en 1913 por diferencias internas y se dividió entre quienes siguieron a Dato y aquellos otros que continuaron apegados a un «maurismo» que se iba deshilachando poco a poco hasta romperse por completo. El fiscal Ugarte se refugió en la Academia para escribir en adelante prosas y versos, que, por cierto, no pasarían a la historia de la literatura. La Cierva hubo de limitar su autoritarismo a los límites de su cacicazgo en Murcia, al tiempo que intentaba hacerse un hueco en la nómina de los herederos de Maura. Del comandante Raso, el capitán Marín Rafales, el asesor Gesta y el auditor Pastor, poco más se supo. Y el rey Alfonso XIII siguió acumulando errores hasta que las urnas le señalaron el camino al destierro, dejando paso a la República.

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Juan de La Cierva, ministro de la Gobernación en el Gobierno Maura.

Ángel Ossorio y Gallardo, gobernador civil de Barcelona hasta el inicio de la Semana Trágica.

Evaristo Crespo Azorín, a quien, como sucesor de Ossorio, correspondió la tarea de reprimir la rebelión de julio.

Portada del primer número del Boletín de la Escuela Moderna.

Alejandro Lerroux, presidente del Partido Radical.

Atentado contra los Reyes de España en la calle Mayor de Madrid en 1906.

Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, defendió enérgicamente la revisión del Proceso Ferrer.

Una de las centenares de barricadas levantadas en Barcelona durante la Semana Trágica.

Vista general de Barcelona el miércoles 28 de julio después del incendio del que fueron objeto una gran parte de sus iglesias y conventos.

Manifestación a favor de Ferrer en Barcelona a raíz de su fusilamiento.

Emiliano Iglesias, defensor de Ferrer en el proceso de 1906 y máximo líder de los radicales durante la Semana Trágica.

Consejo de Guerra contra Ferrer i Guardia en la Cárcel Modelo de Barcelona el 9 de octubre de 1909.

Sobre el autor

Francisco Bergasa estudió Derecho en la Universidad de Navarra y Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Inició su actividad profesional en el diario ABC para pasar luego a formar parte del Departamento de Bibliotecas de la Obra Social de la Caja de Ahorros de Madrid. Pero ha sido en Radio Nacional de España donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera periodística, especialmente en Radio Exterior de España, en la que ha tenido a su cargo, entre 1982 y 2003, diferentes programas de contenido político y cultural. Asiduo colaborador de diarios y revistas históricas y culturales (ABC, Informaciones, La Estafeta Literaria, Historia y Vida). Es autor del libro Baroja, las mujeres y el sexo (Editora Nacional) y en la actualidad ultima Sociología del café. El arte de perder el tiempo.

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Ecuador

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Avda. Eloy Alfaro, N 33-347 y Avda. 6 de Diciembre

Quito

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El Salvador

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Siemens, 51

Zona Industrial Santa Elena

Antiguo Cuscatlán - La Libertad

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España

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Estados Unidos

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Guatemala

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Honduras

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Frente Iglesia Adventista del Séptimo Día, Casa 1626

Boulevard Juan Pablo Segundo

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México

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Panamá

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Calle segunda, local 9

Ciudad de Panamá

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Paraguay

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entre Mariscal López y España

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