Aprendimos desde chicos que Inglaterra —como nombramos comúnmente al Reino Unido— es nuestra enemiga y que desde 1806 hasta ahora siempre lo ha sido. Pero si esa creencia fuera cierta, ¿patriotas como Mariano Moreno o Manuel Belgrano habrían tejido alianzas con ellos? ¿San Martín habría aceptado la ayuda de la comunidad británica radicada en estas tierras o ponderado la conducta del ministro inglés George Canning? Cuando Rosas decidió exiliarse en Gran Bretaña, ¿ignoraba que pocos años antes él mismo se había enfrentado armas en mano contra la flota «pirata» anglofrancesa? Basada en una investigación veraz y rigurosa, la historiadora Ema Cibotti demuestra que la sociedad argentina no vio siempre a los ingleses como corsarios ambiciosos, y que, a pesar de las nefastas intervenciones de 1806 y 1982, nunca dejaron de conformar una de las comunidades de residentes extranjeros más importantes de nuestro país, si no en número, en empuje e influencia. Contra las interpretaciones lineales y simplistas de nuestra historia, Queridos enemigos nos invita a soltar las cadenas que nos atan a una visión desfigurada de nuestro pasado para encarar responsablemente el tiempo que nos toca vivir.

Ema Cibotti

Queridos enemigos

De Beresford a Maradona, la verdadera historia de las relaciones entre ingleses y argentinos

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Titivillus 04.09.17

Ema Cibotti, 2006

Diseño de cubierta: Raquel Cané

Editor digital: Titivillus

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A Manuel por siempre.

A los míos.

Agradecimientos

Quiero señalar mi especial agradecimiento a Ana Silvia Galán, que acompañó desde el inicio la edición de este libro. Su inteligencia y cuidadosa atención fueron el estímulo que me permitió hilvanar la escritura de esta historia.

Mi reconocimiento a la dedicada tarea del personal de la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, del Archivo General de la Nación, del Museo Histórico Sarmiento y de la Biblioteca Nacional de Maestros, personas siempre solícitas con los lectores e investigadores.

Mi total agradecimiento para Sergio Lischinsky, que imaginó primero la trama de este libro, sobre el que conversamos largamente; leyó los borradores, revisó los argumentos y me alentó a decir lo que yo quería. Su amoroso rigor hace que lo mejor sea posible.

«López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown.

Había estudiado castellano para leer el Quijote […].

Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, Abel. Los enterraron juntos.

La nieve y la corrupción los conocen.

El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender».

Jorge Luis Borges, «Juan López y John Ward», Los conjurados.

Prólogo
«Contra los ingleses es mejor»

El sentimiento antibritánico es quizá uno de los más difundidos y enraizados en nuestra idiosincrasia, al punto que se ha hecho carne en el fútbol, nuestro deporte más popular. «Contra los ingleses es mejor», «El que no salta es un inglés», son consignas voceadas por millones. Cada éxito de la Selección blanquiceleste suele ser motivo de alegría colectiva, pero un triunfo contra los ingleses es mucho más; hace vibrar el espíritu nacional, por más abatido que se halle en ese momento. El campo de juego se vuelve la arena donde la sociedad reivindica los casi doscientos años de usurpación de las Islas Malvinas.

Hemos aprendido desde nuestra infancia que ese encono es justo y nació en 1806, cuando los criollos rechazaron a las tropas británicas que trataban de ocupar Buenos Aires, y se desarrolló de manera unidireccional a lo largo de la historia al compás de situaciones en las que, invariablemente, la hostilidad entre argentinos e ingleses era la norma. La ocupación británica de las Islas Malvinas desde 1833, potenciada por la guerra perdida en 1982, parece justificar todo recelo hacia Inglaterra, y el reclamo nacional por las islas nutre y refuerza el espíritu antibritánico.

Pero postular que ese sentimiento pervive en el pueblo argentino desde entonces es una falacia que contribuye a crear un mito, un espejismo que distorsiona o falsifica nuestro pasado y también explica por qué a veces se escucha afirmar que como colonia británica nos habría ido mejor.

Si desde principios del siglo XIX los ingleses eran nuestros enemigos, ¿por qué decididos criollos como Mariano Moreno o Manuel Belgrano empuñaron su espada para defender la libertad de comercio en alianza con el mayor imperio de la época? ¿Acaso Artigas estaba distraído cuando negoció el primer tratado comercial con el gobierno británico en 1817? ¿San Martín se equivocó cuando ponderó la conducta del ministro inglés George Canning, autor del reconocimiento a las nuevas soberanías americanas? ¿Rosas ignoraba que el país que lo hospedó durante su largo exilio y hasta su muerte era el mismo que había violado el suelo argentino y cañoneado sus costas durante su gobierno? En aquella ocasión los declaró piratas; ¿acaso eso rompió las estrechas relaciones de amistad política y económica con la comunidad inglesa residente en la ciudad? De ninguna manera; cómo hacerlo, si, además, varios de esos residentes habían revistado bajo las órdenes del general Mansilla en la batalla de la Vuelta de Obligado y con fiera convicción habían ayudado a cañonear los barcos de la flota anglofrancesa. Tampoco es posible explicar por qué una personalidad tan popular como José Hernández, el autor de Martín Fierro, manifestaba sin empacho en sus escritos de 1870 su buena voluntad hacia las manufacturas que provenían de las fábricas inglesas de Manchester. Esa misma afinidad duró por décadas; todavía estaba presente cuando se produjo la visita oficial del príncipe de Gales a la Argentina, en julio de 1925, y continuaba en 1933, ya que el centenario de la ocupación de las islas pasó prácticamente inadvertido.

Esta profunda brecha que media entre esa creencia vigente y la percepción que animó a los hombres y mujeres que vivieron en otras épocas surge de investigaciones publicadas y conocidas en el ámbito académico —que no han merecido hasta ahora el estado de divulgación que las convierta en materia de dominio público—. Estos estudios revelan que las expresiones anglófobas no tienen tradición en la sociedad del 1800. No hay manifestaciones de ese tenor, ni antes ni después de las Invasiones Inglesas; es imposible encontrarlas en la época de la Revolución de Mayo y ni siquiera acompañan la protesta oficial cuando se produce la ocupación de las Islas Malvinas en 1833. Tampoco se hallan estas expresiones entre los jefes y los partidos que matan y mueren en las guerras civiles.

En rigor, el siglo que abre la Revolución de Mayo acuna una clara identificación con las nuevas ideas liberales entonces en boga y que una visión retrospectiva cataloga como anglomanía o anglofilia. Nuestras tierras fueron hogar de una comunidad británica importante, tanto por su calidad como por su influencia, que se relacionó y asoció en múltiples emprendimientos con los sucesivos gobiernos de entonces. Esta filiación se proyecta claramente a lo largo del siglo XIX y por eso ignorarla resta comprensión e inteligibilidad a las acciones llevadas a cabo en esa época. Creer que los sentimientos y pasiones que animan nuestra sociedad son los mismos de hace dos siglos es una convicción que no por extendida es correcta.

Pero entonces, ¿cuándo se popularizó el dicho «contra los ingleses es mejor»? ¿Qué acontecimientos, qué convicciones precipitan este sentimiento, hoy tan difundido como vigente?

La respuesta surge de dos crisis. Una —la de 1929—, mundial, y otra —la de 1930—, local, abierta con el golpe cívico-militar que derrocó a Hipólito Yrigoyen. La conjunción de ambos hechos configura el telón de fondo de la misión oficial que, presurosa, partió a Londres en 1933 con el fin de atemperar los efectos de la brutal caída de los precios de las exportaciones agropecuarias. La coyuntura es muy crítica y alimenta la primera impugnación global de lo que empieza a llamarse «imperialismo británico». Todo el pasado de las relaciones angloargentinas es así puesto en entredicho. En ese contexto, desaparece la anglofilia y sobreviene la anglofobia, aunque sin echar raíces, pues hay que esperar a la segunda mitad del siglo XX para hallarla tan natural como el aire que se respira.

Es por eso que la línea argumental que sustenta este libro recorre los últimos dos siglos de la historia argentina. Es preciso este largo lapso para ubicar los hitos que dieron voz y sentido y grabaron de una manera determinada las relaciones con los británicos hasta cristalizar en la expresión de marras.

Este libro es, entonces, una apuesta a la comprensión histórica de lo que sucedió, que no es sino otra forma de soltar las cadenas que nos atan al pasado para encarar responsablemente el tiempo que nos toca vivir.

I
En la mira del Imperio británico

«Era invierno cuando nos adueñamos de Buenos Aires[1]», escribió Alejandro Gillespie, capitán de la Marina británica, para explicar el comienzo de la primera invasión inglesa en junio de 1806. La inesperada y fulminante derrota que sufrió junto con sus tropas cuarenta días después lo confinó, como a otros oficiales ingleses, al interior del territorio: él permaneció preso en la provincia de Córdoba. Durante esta forzada residencia se convirtió en un agudo observador de los usos y costumbres rioplatenses y mantuvo relaciones con algunos elementos cultos de la sociedad porteña, como él mismo los definió, aunque sólo identificó con nombres a Manuel Belgrano y a Juan José Castelli. Cuando en 1818 publicó su libro en Londres, Gillespie estaba totalmente convencido de la relación directa que había entre las invasiones y el movimiento revolucionario de 1810. Sin ningún empaque declaró: «[…] desde ese día [se refiere al 12 de agosto de 1806, día de la Reconquista] empezaron a conocer su propia importancia y su poder como pueblo. […] El resultado les infundió una confianza general en sí mismos, un nuevo espíritu caballeresco entre todos y una conciencia de que eran no solamente iguales en valentía, sino superiores en número […]»[2].

Un siglo después de publicado en inglés, el libro de Gillespie se tradujo en Buenos Aires; el público porteño no lo desconocía totalmente. Un anticipo sustancioso había sido reproducido en febrero de 1884 a través de las páginas del diario La Patria Argentina, por entregas, en forma de folletín histórico. Para entonces, todos los protagonistas de los episodios narrados habían muerto, las invasiones y la Revolución de Mayo formaban parte de la historia escolar. ¿Se habrán sorprendido los lectores con los elogios del invasor hacia los criollos de la Reconquista y la Defensa? Gillespie continuaba diciendo: «[…] podemos bien proclamar que sois benévolos, y como brillaron con más brillo en los oscuros días de nuestros infortunios, podemos exaltar vuestra raza entre las más benignas bajo el cielo, así como confiamos en que antes de mucho estaréis en el rango de las naciones ilustradas. Nuestros ojos os siguen en todos vuestros futuros destinos, mientras nuestros corazones jamás cesarán de implorar vuestra eterna prosperidad[3]». El tono del vencido era amistoso, no partía humillado, por el contrario, afirmaba optimista la existencia de un vínculo destinado a perdurar. Obviamente, Gillespie no podía adivinar el futuro, pero sí conocía el interés de Gran Bretaña por las posesiones españolas en Sudamérica y, en particular, por el Río de la Plata.

El Río de la Plata y los planes de Su Majestad

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, los planes británicos para controlar las posesiones españolas en América del Sur adquirieron mayor precisión en los papeles. Aunque en todos los casos la concreción dependió de los vaivenes de la coyuntura internacional. Inglaterra ocupó las Islas Malvinas en 1765 y en 1774, y luego se retiró por presión de España, con quien prefería entenderse para aislar a Francia. Pero lo que cambió notablemente el escenario de lucha entre las potencias europeas fue el proceso de la independencia de los Estados Unidos, que se efectivizó en 1783. A partir de ese momento, cualquier proyecto de usurpación de los territorios coloniales en poder de España debía presentarse asociado a la idea de la emancipación. Y así fue. El venezolano Francisco de Miranda fue el más activo fogonero americano de la idea; llegó a Londres en 1785 con esa propuesta bajo el brazo y recorrió infatigable todos los cenáculos del poder para concitar adhesiones. Se trasladó a París, después de la Revolución Francesa, pero dejó la semilla plantada en la capital británica. Cuando regresó a Gran Bretaña en 1797, ya no era el único defensor de la idea, y aunque sus avales no fueron creídos —Miranda decía representar una Junta Revolucionaria de delegados americanos reunidos en París para coordinar las acciones revolucionarias contra España—, su causa ganó nuevas adhesiones ahora a nivel oficial. El gabinete inglés se dividió, había dudas de los pasos a seguir. Algunos ministros alertaron sobre el peligro que significaba agitar las banderas de la independencia, temían que la revolución se desbocara. Los más audaces promovieron la necesidad de impulsar la liberación de Sudamérica por los indudables beneficios comerciales que quedarían casi exclusivamente en manos británicas. Ese fue el telón de fondo sobre el que se proyectó una expedición contra Buenos Aires y Montevideo en 1801. La iniciativa no prosperó, pero tampoco se archivó. En los años siguientes, se multiplicaron las expediciones imaginadas sobre el papel. Los objetivos incluían Venezuela, Buenos Aires, Chile y Panamá, en diferente orden de preferencia según los promotores de cada empresa. Las recomendaciones no contemplaban en cambio objetivos tales como México o el Caribe, entre otras razones porque los informes esgrimían la propensión a las pestes favorecidas por el clima. Buenos Aires, en cambio, parecía el mejor destino de todos: clima templado, abundancia de pastos y ganado, una ciudad sin fortificación y la seguridad de una recepción favorable por parte de sus habitantes.

¿Expedición de conquista o de liberación? ¿Qué era lo que se estaba preparando?

Oficialmente, nada. El primer ministro inglés, William Pitt, había volcado toda su energía para combatir a Napoleón y había restablecido las relaciones rotas con España en diciembre de 1804, a raíz del conflicto suscitado en el cabo de Santa Marta cuando, sin aviso de guerra, Gran Bretaña apresó las cuatro fragatas que transportaban los caudales de Lima y de Buenos Aires a la metrópoli. Pitt murió en enero de 1806 y en el gabinete no quedaban ya voces fuertes para impulsar la aventura sudamericana. Y sin embargo, ésta se produjo igual.

En Londres, Miranda compartió sus puntos de vista con sir Home Popham, un Comodoro muy conocido en la Armada británica, con más de veinticinco años de carrera, cargos en diversos puntos del Imperio y una distinción otorgada por su servicio en la China. Popham movió sus contactos en la oficina del Almirantazgo y, en julio de 1805, obtuvo el mando de la expedición para recuperar el Cabo de Buena Esperanza, una antigua posesión holandesa que estaba sujeta al dominio napoleónico. Este objetivo era simple y lo acercaba a su anhelada meta: el Río de la Plata. Sólo podía torcer su voluntad el Comandante militar en el Cabo, sir David Baird. Popham necesitaba llevar las tropas de Beresford, subordinado de Baird, para el desembarco y control militar de la plaza por conquistar. Convenció a ambos con un sencillo trato: dividirían la parte del botín que no fuera a Londres. La expedición no ofrecía ningún riesgo; la victoria naval de Trafalgar en octubre de 1805 había convertido a los ingleses en dueños absolutos de los mares; por otra parte, ya era un hecho la alianza de Napoleón con Carlos IV, el rey de España. Popham creyó que estas circunstancias lo cubrirían frente a sus superiores. El 14 de abril de 1806, junto con Beresford, el Comodoro puso proa en dirección a la costa sudamericana: su destino era Montevideo. En algún momento de su viaje varió ligeramente de rumbo. Una mente inglesa de la época explica este cambio diciendo que Buenos Aires acumulaba mayores caudales; el grueso del tesoro virreinal se hallaba allí, incluso el que procedía de la plata del Alto Perú. Sin embargo, como veremos, según una fuente criolla, la modificación del rumbo obedeció a otra causa. Apenas unos meses después de iniciada la invasión, el Comodoro fue obligado a regresar a Londres. Volvió vencido y debió enfrentar una Corte Marcial, ya que había actuado sin instrucciones oficiales. En su defensa evocó el plan de emancipación, que tantas veces había conversado con Miranda, y justificó su fracaso por la falta de órdenes claras del gabinete, lo que le habría quitado, según dijo, el apoyo del grupo de criollos que bregaban por la independencia.

Resulta difícil evaluar las intenciones reales de Popham: apenas pisó suelo del Plata, estuvo presente en la ciudad en contadas oportunidades, y si bien firmó el acta de capitulación, no han quedado demasiados indicios de cuán serios fueron su contactos con los criollos como sí los hay en el caso de Beresford. Por otra parte, la primera medida que ordenó desde el barco fue la confiscación del tesoro de la ciudad que remitió a Londres después de cobrarse su parte del botín.

Una ciudad estratégica

Los primeros rumores de un desembarco inglés en el Río de la Plata se originaron en Río de Janeiro y llegaron a Buenos Aires a comienzos de 1806. El comercio era muy sensible a este tipo de noticias falsas o verdaderas que viajaban en los barcos —en este caso portugueses— igual que mercaderías. En Buenos Aires la inquietud creció con rapidez, pero el virrey Marqués de Sobre Monte (con esta grafía registran el apellido los documentos de la época) permaneció convencido de que sólo podía tratarse de un acto de piratería siempre esperable. La incredulidad de Sobre Monte se prolongó durante varias semanas. A mediados de junio, el gobernador de Montevideo, don Pascual Ruiz Huidobro, le comunicó que la vigía de Maldonado había avistado dos navíos, seis fragatas y otros buques menores de guerra. El virrey decidió entonces pertrechar Montevideo y envió las pocas tropas auxiliares con las que contaba. En verdad, la escasez de fuerzas era entera responsabilidad de la Corona española, que no proveía recursos para los gastos militares. Las que había se concentraban en algunas zonas de riesgo, como el Alto Perú, en donde se había desatado la insurrección de 1781, liderada por Túpac Amaru, que puso en jaque la existencia misma del Virreinato.

Pese a estas circunstancias, los contemporáneos no dejaron de juzgar severamente la conducta de Sobre Monte. Ignacio Núñez, joven criollo que participó de la resistencia, escribió sus impresiones de las invasiones y consignó lo siguiente: «[…] mientras Montevideo se hallaba en un estado de regular defensa, no sólo por sus fortificaciones bien montadas en contorno de la plaza, sino por la actividad que había desplegado su jefe, en Buenos Aires se mantenía el virrey y el vecindario en la más completa inacción, presentando además la mayor facilidad de dar un golpe de mano por estar la ciudad sin fortificaciones y ser enteramente abierta. Entonces recién se decidió el almirante inglés a invadir la capital con su ejército de mil quinientas plazas con que salió de Santa Elena[4]». Para Núñez, la elección inglesa del puerto por atacar no se basó más que en la certeza de la real vulnerabilidad porteña.

En Buenos Aires, los preparativos de defensa continuaron demorados. El 24 de junio se produjo en la fortaleza un acto destinado a tener consecuencias inimaginables entonces. El inspector de armas organizó compañías de milicias urbanas y les dio la orden a los ochocientos hombres reunidos de volver al día siguiente para recibir sus fusiles y ejercitar el tiro al blanco en presencia del Virrey. Pero mientras esto sucedía en la ciudad, el propio Virrey se aprestaba a celebrar una fiesta familiar, confiado en el parte que le había remitido el capitán de navío don Santiago de Liniers, comandante del puerto de Ensenada de Barragán, ubicado a 60 kilómetros de la ciudad. El marino francés había sido hábilmente engañado por los británicos, que amagaron un desembarco que no realizaron en ese punto de la costa. En su lugar lo hicieron en Quilmes, unas horas más tarde. Cuando recibió la noticia, el Virrey se hallaba en el único teatro que tenía la ciudad, frente a la Iglesia de la Merced, y se dirigió precipitadamente al Fuerte sin tomar ninguna determinación. Con el correr de las horas, la morosidad que manifestaba y su dificultad para comprender la urgencia en la que se encontraba adquirieron visos tragicómicos. El 25 de junio de 1806, a las 10 de la mañana, arengó a las milicias urbanas organizadas el día anterior, después ordenó que todos se fueran a su casa llevando sus fusiles pero sin municiones. A las tres de la tarde debían volver a buscarlas a las casas de sus capitanes[5]. A las 11 de esa misma mañana los ingleses hicieron sonar su primer cañonazo; ya dominaban Quilmes. La población de la ciudad se espantó y todo se transformó en un pandemonio. Cuando se tocó generala, las milicias corrieron a la fortaleza a pedir municiones. «Es imposible —escribió Núñez— pintar con propiedad el desorden de este momento: los hombres clamaban por municiones y los jefes por que se formasen: nadie obedecía lo que mandaba, todos hablaban y gritaban al mismo tiempo, y en medio de esta confusión, el virrey y sus tenientes repetían las órdenes para que se abriesen las salas del armamento, y para que cuanto antes ocupasen todos los destinos que todavía no se les había señalado[6]». Mil quinientos hombres se reunieron en el Fuerte, pero seguían desarmados. Cuando llegaron las municiones, el caos fue completo. Todos los presentes se precipitaron sobre las cajas, las abrieron a culatazos y llenaron sombreros y pañuelos con balas y piedras sin que ninguna autoridad oficial pudiese organizar el reparto. La consecuencia fue que se llevaron los fusiles sin la piedra de tiro y los cañones sin las balas del calibre adecuado. Mientras esto sucedía, los rumores encrespaban más los ánimos y atemorizaban a la población convencida de que la fuerza de ocupación inglesa era un temible ejército de varios miles de efectivos, cuando en realidad no llegaban a mil ochocientos.

Lo único que realmente molestó a los ingleses en su marcha hacia la ciudad fue el fangal originado por la copiosa lluvia que se descargó en la madrugada del 26 y durante el día siguiente. El terreno bajo y pantanoso dificultaba el traslado de cañones y pertrechos. En el puente de Barracas, los Voluntarios de Infantería, al mando del coronel don Miguel de Azcuénaga, intentaron resistir en vano, porque se quedaron sin municiones. El Virrey emprendió la retirada y dejó las llaves de la ciudad en manos del brigadier don José Ignacio de la Quintana. A las tres de la tarde del 27 de junio, los ingleses entraron en la Plaza Mayor por la actual calle Defensa y esperaron frente a la plazoleta del Fuerte. Desde allí sonaban voces destempladas de los milicianos que salían desarmados al grito de «¡Traición!, ¡traición!». Poco después, De la Quintana firmó la rendición ante el mayor general Guillermo Carr Beresford. El 28 de junio se izó la bandera británica y comenzó la negociación sobre los términos de la capitulación de Buenos Aires. Para los ingleses, la ocupación había sido casi un paseo militar. El jefe invasor contabilizó un muerto y una decena de heridos entre los suyos. Las fuentes coloniales no mencionan pérdidas humanas locales, y ningún estudio posterior aporta mayor claridad sobre el particular.

La incapacidad militar demostrada por el Virrey dejó en el común de las personas una pésima e imborrable impresión. Su figura se transformó en el blanco de todas las iras, situación que fue muy bien aprovechada por las autoridades civiles, militares y religiosas que se arremolinaron en torno de Beresford para cumplir con el besamanos de rigor. Manuel Belgrano, en ese momento secretario del Real Consulado de Industria y Comercio del Virreinato, fustigó a los críticos del Virrey, y para no jurar obediencia al rey Jorge III, huyó a la Banda Oriental. Fue uno de los pocos que dejó en claro su punto de vista. «Los miembros del Consulado —escribió Belgrano— no pararon hasta desbaratar mis justas ideas y prestar el juramento de reconocimiento a la dominación británica, sin otra consideración que la de sus intereses[7]».

El acta de capitulación de diez artículos establecía las condiciones que el vencedor le imponía a los habitantes de Buenos Aires y llevaba las firmas de los dos jefes ingleses, Beresford y Popham. Del lado español, firmaron el brigadier De la Quintana, Francisco Lezica y Anselmo Sáenz Valiente, los dos últimos miembros del Cabildo. Las tratativas llevaron tres días de discusiones y todo indica que fue Guillermo White, un conocido especulador de origen anglonorteamericano, que para algunos además era espía, quien logró acercar a las partes. Pero ¿qué podían discutir vencedores y vencidos para necesitar un mediador de tales características?

Los puntos en litigio eran dos: la posesión de los caudales del rey, es decir el botín virreinal, y, además, todos los barcos de cabotaje apresados en el río, ciento ochenta en total. Sobre Monte había hecho retirar en carretas el tesoro de la ciudad dos días antes de partir él mismo rumbo a la guardia de Luján para buscar refuerzos en la campaña. Estaba convencido de que ese tesoro no podía ser reclamado por los ingleses ya que lo había sacado antes de la ocupación. El Virrey se equivocó, los vencedores amenazaron a los miembros del Consulado y del Cabildo (instituciones que representaban a los comerciantes ricos) con la confiscación de sus bienes y la quita de los barcos apresados, importantes para el comercio de cabotaje con la Banda Oriental. Los afectados, a coro, le reclamaron a Sobre Monte, mediante cartas, que devolviera los caudales. El Virrey lo hizo aunque advirtió que sometería ese punto a las dos Cortes, la española y la inglesa; su vocación probada de gran administrador le impedía entregarlo sin más. El 30 de junio, los empleados del Cabildo porteño partieron hacia Luján escoltados por los soldados de Beresford, que montaban en caballos provistos por White, y regresaron el 5 de julio. El jefe inglés, persuadido de la buena voluntad de las autoridades, había hecho firmar las capitulaciones tres días antes y reservó la redacción de los puntos en litigio para los dos últimos artículos. El noveno declaraba que se devolvían a sus dueños todos los buques de tráfico de la costa del río, y el último, referido al tesoro, expresaba que toda propiedad pública de cualquier clase se debería entregar a los «apresadores». Los caudales virreinales que España le enviaba a Napoleón a cambio de no entrar en sus guerras (semejante pacto se había firmado el 21 de octubre de 1803) fueron esta vez hacia Londres y llegaron en el mes de septiembre, cuando los ingleses ya no dominaban Buenos Aires.

Huéspedes cordiales

En los días que siguieron, todo pareció calmarse. Beresford se presentó como el nuevo Gobernador, sustituto del Virrey, confirmó a todas las autoridades en sus puestos, aseguró la protección de la Iglesia Católica y de sus bienes y mantuvo sin modificar el sistema de recaudación. Exigió a cambio la entrega de las armas en poder de la población, declaró la pena de muerte para aquellos que impulsaran a los soldados ingleses a desertar y aclaró que los esclavos seguían sujetos a sus dueños. Esto último porque muchos negros esclavos habían creído que serían manumitidos como había sucedido durante la revolución de 1805, en Haití, según decían las noticias que traían los barcos. Lo más relevante del corto gobierno de Beresford fue sin lugar a dudas la declaración a favor del libre comercio que hizo el 4 de agosto. Especificó los derechos de aduana a cobrar por la Corona británica y los porcentajes del Cabildo y del Consulado, también suprimió todos los impuestos al comercio de importación y exportación de la ciudad con el resto del territorio, establecidos por el monopolio español.

La nutrida correspondencia entre Beresford y los miembros del Consulado, del Cabildo y de la Audiencia testimonia claramente hasta qué punto la vida institucional porteña pareció amoldarse al nuevo vínculo colonial. Los asuntos siguieron su trámite de rutina, por lo que no debe extrañar que la concurrencia de las autoridades al acto de juramento de fidelidad al rey de Inglaterra haya sido total. La Iglesia tampoco faltó a aquella cita y la anuencia de los prelados, con una sola excepción, la del prior de la Iglesia de San Miguel, fue completa. La nota que remitieron al Gobernador decía: «Aunque la pérdida del gobierno en que se ha formado un pueblo, suele ser una de sus mayores desgracias, también ha sido muchas veces el primer pie de su gloria: no nos atrevemos a pronosticar el destino de la nuestra, pero sí a asegurar que la suavidad del gobierno inglés y las sublimes cualidades de V. E., nos consolarán en la que acabamos de perder[8]». Beresford creyó, al menos al principio, en estas demostraciones de sumisión.

Durante algunas semanas los miembros del ejército de ocupación y los habitantes de la ciudad se cortejaron mutuamente; los oficiales ingleses seguían los pasos de Beresford, trataban de ser simpáticos sin prometer nada a cambio, y los nativos les respondían con más curiosidad que recelo. Como todo puerto, Buenos Aires tenía una población abierta y acostumbrada al intercambio con extranjeros. Entre las cincuenta mil almas que la habitaban predominaban los criollos descendientes de españoles y en menor medida de portugueses, pero también había un pequeño número de genoveses, napolitanos, franceses, alemanes, holandeses, irlandeses y también ingleses. En general, todos ellos pertenecían a los estratos sociales reservados a los blancos pobres, que era el de los oficios: zapateros, sastres, marineros, carpinteros, herreros, toneleros, curtidores, etc. Los blancos pobres constituían un grupo más numeroso en Buenos Aires que en el resto del Virreinato; en cambio, los negros esclavos, si bien representaban más del 20 por ciento de la población total de la ciudad, estaban muy lejos de alcanzar la media del resto del territorio, que se acercaba al 50 por ciento. En las ciudades del interior los oficios dependían exclusivamente de la mano de obra de origen negro, mestizo o mulato.

Los ingleses residentes estaban tan arraigados como el resto. Muchos habían desertado de los barcos negreros que surtían desde 1713 el asiento de esclavos del Retiro, hoy llamado Retiro de los Ingleses por ese motivo. No todos eran varones, había también un pequeño contingente de mujeres, fugitivas, que participaron en 1797 del motín del barco La Lady Shore, que se dirigía a la colonia penal de Australia. El barco había logrado entrar en la rada de Montevideo con la bandera francesa. Las autoridades españolas lo confiscaron, apresaron a los hombres y repartieron a las inglesas entre las familias de Montevideo y Buenos Aires. Algunas de esas mujeres se casaron y otras cayeron en la prostitución. Ni Beresford ni sus hombres confiaron demasiado en estos compatriotas, y no sin motivos; eran un contraejemplo para la disciplina de las tropas invasoras, se habían asimilado y no pensaban mudar de situación.

La sociabilidad porteña era muy agradable y sencilla. Los oficiales ingleses pudieron comprobarlo alojándose en las casas de las familias de buena posición. Alejandro Gillespie destacó esa cordialidad. «Los jefes de familia demostraban su gran bondad hacia nosotros, por sus ofrecimientos de dinero y de todas las comodidades […]»[9], y comentó con detalles la invitación que había recibido para almorzar en la casa de un capitán de ingenieros junto con Manuel Belgrano: «Todos los que se sentaron a una mesa muy larga, profusamente tendida fueron tres, su esposa, el capitán Belgrano y yo. No había sirvientes presentes en ningún tiempo, excepto cuando entraban o sacaban sus servicios que consistieron en veinticuatro manjares: primero sopa y caldo, y sucesivamente patos, pavos y todas las cosas que se producían en el país, con una gran fuente de pescado al final. […] Los vinos de San Juan y Mendoza se hicieron circular libremente y mientras gozábamos de nuestros cigarros, la dueña de casa con otras dos damas que entraron, nos divirtieron con algunos lindos aires ingleses y españoles en la guitarra, acompañados de esas voces femeninas. Comimos a las dos y la compañía se deshizo para su siesta a las cuatro[10]».

La presencia de las mujeres en las tertulias domésticas era muy activa. Se hacían todas las noches en una u otra casa y, como dice Gillespie, aún los ligeramente presentados eran bienvenidos. Los valses estaban de moda y siempre había alguna dama que tocaba el piano y la guitarra. Las porteñas encantaron a los ingleses y no tuvieron ningún reparo en protegerlos de diversa manera después de la Reconquista. Los heridos fueron atendidos en casas de particulares; las Ezcurra, por ejemplo, mantuvieron bajo su techo a un capitán de apellido McKenzie durante cinco meses, hasta que convaleciente fue confinado prisionero al interior. La misma escena se repitió varias veces. Gillespie anotó lo siguiente: «Muchas familias de la ciudad, después de nuestra derrota, demostraron especial interés en tener soldados ingleses como domésticos, mucho más por el deseo de aliviar su cautiverio que para beneficiarse con su servicio. En estos empleos nuestros subordinados participaron de sus bondades, y en cuanto a los oficiales eran objeto de la evidente preferencia de parte de las señoras. La única barrera para la formación de vínculos más estrechos era la diferencia de credo[11]». La mayoría de los ingleses eran protestantes, pocos se convirtieron para casarse; en cambio, los de origen católico, sobre todo irlandeses, contrajeron matrimonio con criollas o se quedaron a probar suerte después de la partida de las tropas. Ignacio Núñez también dejó constancia de esta benevolente actitud hacia los invasores, pero a diferencia de Gillespie, empleó un tono levemente mordaz: «Los ingleses individualmente fueron particularmente distinguidos por las familias principales de la ciudad, y sus generales paseaban de bracete por las calles con las Marcos, las Escaladas y Sarrateas[12]».

Sin embargo, no hay que confundir esta sociabilidad abierta y sencilla con la inexistencia de tensiones en las relaciones entre ingleses y porteños. La disposición hacia los vencedores era cordial y franca en los salones, pero era cautelosa y recelosa cuando la conversación se volvía política. Rápidamente los ingleses advirtieron que no sería fácil mantener el poder en la ciudad. Había movimientos de opinión que aunque no respondían a una única cabeza compartían una línea de acción. Eran criollos y también españoles que rechazaban la ocupación si no venía acompañada de una clara propuesta de independencia, ya que no se trataba de «mudar de amo», como claramente lo expresó Belgrano. Estos hombres compartían un temor y se lo expresaron a los jefes ingleses sin medias tintas. En la India, la Corona británica había conquistado varias posesiones y seducido a los naturales con promesas de liberación que no cumplió. En las Antillas había sucedido algo todavía peor. Inglaterra devolvió a España las Islas de Guadalupe y de Martinica después de haberlas ocupado un tiempo, dejando a los nativos que colaboraron con ellos librados a su propia suerte.

¿Quiénes agitaban la idea de emancipación en Buenos Aires? Dos grupos bien distintos; uno, constituido exclusivamente por criollos, tenía un carácter político y estaba integrado por hombres como Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Hipólito Vieytes, Antonio Luis Beruti, Nicolás Rodríguez Peña y Juan Martín de Pueyrredón. El otro, liderado por Martín de Álzaga, llamado de los «europeos españoles», estaba ligado al comercio monopólico y al Cabildo. Las ideas de este grupo no eran menos radicales que las del primero. Estaban convencidos de que la Corona española, aliada a Napoleón, los había abandonado y por lo tanto propugnaban la separación de la metrópoli y la formación de un gobierno republicano como el de las «Provincias Unidas del norte de América». Para realizar este propósito contaban con el poder de representación que tenía el Cabildo. Como veremos más adelante, a este segundo grupo, integrado además por Felipe Sentenach y Esteban Villanueva, se asoció Mariano Moreno.

Beresford y sus oficiales tomaron contacto con ambos sectores. «Casi todas las tardes —escribió Gillespie— después de oscurecer, uno o más ciudadanos criollos acudían a mi casa para hacer el ofrecimiento voluntario de su obediencia al gobierno británico, […] la mayor parte coincidían en decir que muchos otros estaban dispuestos a seguir su ejemplo; pero se contenían por desconfianza del futuro[13]». La garantía que todos exigían era la misma pero Beresford no la pudo dar, y no por falta de iniciativa de su parte. Antes de zarpar hacia el Río de la Plata había pedido instrucciones para el caso de concretar la ocupación. La carta llegó a Londres el 24 de junio, el mismo día en que sus tropas desembarcaban en Quilmes, el punto que lograrían reducir al día siguiente. La respuesta terminante del gabinete con la firma del Rey fue enviada un mes después: no debía bajo ningún aspecto estimular las pretensiones de independencia de los criollos. Cuando llegó la misiva a Buenos Aires, Beresford ya estaba preso en la guardia de Luján. Había sido vencido en buena ley y, frente a su indefinición, criollos y españoles se habían pasado rápidamente a la resistencia con Liniers y Pueyrredón a la cabeza. Los contactos que había hecho, sin embargo, lo ayudaron a sortear este difícil trance. Los criollos del grupo independentista lo rescataron, lo mantuvieron seguro en Buenos Aires y le habilitaron la huida a Montevideo. Todo indica que no actuaron solos sino con la complacencia de Álzaga, jefe del grupo de españoles europeos. Desde aquella ciudad, el 28 de marzo de 1807, antes de volver a Inglaterra acompañado por el criollo Saturnino Rodríguez Peña, Beresford se despidió de Álzaga por carta: «A pesar de todo cuanto me ha ocurrido me siento interesado por la gente de Buenos Aires y pueden vivir seguros que tengo su bien mucho en mi corazón y que si saben otra vez de mí, será por lo que yo me empeñé a hacer lo que consideré los hará prósperos y felices[14]».

Los dólares de Buenos Aires

Santiago de Liniers había permanecido en la Ensenada de Barragán durante el avance inglés. Su suegro, Martín Sarratea, rico comerciante y agente de la compañía de Filipinas, usó sus fluidos contactos con Beresford para que su yerno pudiera regresar a la ciudad. En Buenos Aires, el marino francés se movió con agilidad; había comenzado una suerte de resistencia espontánea de la población que incluía todos los sectores pues hasta en la misa de los domingos el clero alentaba a tomar las armas. A mediados del mes de julio de 1806, se trasladó en secreto a Montevideo para ponerse a las órdenes del gobernador Pascual Ruiz Huidobro, que apenas unos días antes se había enterado de la caída de Buenos Aires. Mientras tanto los ingleses comenzaban a sentir los ruidos sordos de la revuelta bajo sus pies. Descubrieron la existencia de un polvorín fuera de la ciudad, en dirección oeste, en un paraje llamado Flores (hoy barrio porteño), donde se suministraba material para las tropas improvisadas que Juan Martín de Pueyrredón preparaba en la campaña. El 2 de agosto dispersaron con éxito estas fuerzas en Perdriel, una zona rural que se hallaba 25 km al noreste de la ciudad. Pueyrredón escapó milagrosamente a Colonia del Sacramento. La noticia «tuvo un efecto en los sentimientos de todos los rangos durante los tres días siguientes. Fueron inusualmente civiles, pero después de saber que ninguna pérdida seria había resultado, cada uno asumió un grado de insolencia desdeñosa, exigiendo la vereda y otros ejemplos de pequeño insulto[15]», escribió Gillespie. La anotación no es banal: la mayor consideración de un caballero hacia a otro en la calle consistía en cederle el paso, ya que las veredas eran muy angostas y sobreelevadas. No hacerlo era sinónimo de enemistad. La reconquista había empezado.

El 3 de agosto la expedición de Liniers partió de Colonia y desembarcó en el puerto de Las Conchas (Tigre) e inició su marcha en dirección a San Fernando; a esas fuerzas se unieron, cerca de Olivos, los hombres de poncho y chiripá que Pueyrredón había reclutado en la campaña; en total eran cuatro mil. El 10 entraron en la ciudad por el Oeste y ocuparon los mataderos de Miserere (la actual Plaza Once). Liniers se movió rápido, movilizó su ejército de noche y a pesar de las intensas lluvias que habían dejado el suelo barroso y anegadizo, trasladó los cañones con celeridad. En horas de la madrugada atacó las cercanías del Retiro, para apoderarse del parque militar que se hallaba donde ahora está la Plaza San Martín. Beresford no esperaba este movimiento del Oeste hacia el Norte, perdió esa posición y quedó disminuido en el Fuerte, en rigor el peor sitio para cualquier defensa porque sus murallas eran más bajas que las azoteas de las casas que rodeaban la Plaza Mayor.

El 12 de agosto, el combate prosiguió cuerpo a cuerpo en las calles adyacentes, la infantería desalojó a los ingleses del piso superior de la Recova y de los balcones del Cabildo mientras los vecinos se agolpaban en las ventanas y terrazas de las casas linderas para participar del alzamiento general. Pasado el mediodía Beresford izó la bandera blanca de rendición. Mil doscientos ingleses quedaron prisioneros, además de ciento sesenta y cinco muertos y más de doscientos cincuenta heridos. Los vencedores sufrieron menores bajas, cincuenta muertos y ciento treinta y seis heridos; pero entre las víctimas había también vecinos, «el vulgo», según el informe de Liniers, gente común que colaboró con la artillería y acarreó municiones.

¿De quién era la victoria? De «la multitud amotinada», escribió Ignacio Núñez; de «la plebe», definió Gillespie, «que parecía asumir para sí el poder soberano».

La situación era extraordinaria por lo inédita y nadie dudó de la posibilidad de una segunda invasión. «En pocos días —anotó Núñez— el general Liniers llamó a todas las clases de la sociedad a las armas y la capital se convirtió en un campamento general. Los mostradores y los talleres, los bufetes y los colegios, los ociosos y los esclavos, blancos y gente de color, todos correspondieron a este llamamiento de voluntad. […] A toda hora se oían tambores, clarines y descargas, a cada paso se tropezaba con hileras de reclutas. Los hombres lo abandonaron todo, intereses y comodidades por disciplina, y las mujeres ni cosían ni rezaban por asistir a los ejercicios y entretenerse en balancear los progresos de sus predilecciones. […] Todos los cuerpos echaron banderas y las juraron solemnemente[16]». Estos cuerpos de voluntarios, también llamados tercios, se conformaron según el origen de sus miembros. Entre los americanos, se destacaron los Húsares de Pueyrredón, los Patricios de Saavedra (el más numeroso), el de Arribeños, integrado por peones y jornaleros que procedían del norte del Virreinato, y el de Indios, Pardos y Morenos, oriundos de la ciudad y destinados al servicio de la artillería pesada. Los españoles europeos se repartieron según los nombres de las provincias de origen: Gallegos, Catalanes (también llamados Miñones), Andaluces, Vizcaínos y Cántabros (denominados también Montañeses). Incluso, se levantó la prohibición que impedía a los negros esclavos portar objetos cortantes y se formó con ellos un cuerpo armado con lanzas y cuchillos. Por imperio de la fuerza, Buenos Aires, una ciudad comercial, se transformaba en una plaza militarizada.

La derrota de los ingleses fue celebrada en todo el Virreinato. En las ciudades, los particulares y las corporaciones se reunieron para enviar a Buenos Aires recursos en dinero, especies o refuerzos militares. En San Miguel de Tucumán la sociedad se movilizó por completo. Las mujeres organizaron una gran suscripción para uniformar y costear los gastos de los doscientos hombres que a las órdenes de Juan Ramón Balcarce se alistaron para bajar; el Cabildo le envió dinero a Saavedra para vestir al tercer regimiento de Patricios y hasta los niños de diez años concurrieron en tropel a ofrecerse de voluntarios. Las poblaciones experimentaban la victoria como algo propio y con expectativa recibieron en sus ciudades a los oficiales prisioneros que fueron confinados y quedaron bajo el control de las guardias militares locales. El estado de movilización general influyó en algunas tribus indígenas. En el mes de agosto, dieciséis caciques pampas y tehuelches se presentaron al Cabildo para sumar sus fuerzas. Los caciques del territorio puntano hicieron otro tanto, ellos también querían enfrentar al enemigo de la casaca colorada, como llamaban a los ingleses por el color del uniforme del Regimiento 71 de tiradores escoceses. Ofrecieron caballos y seis mil hombres con sus lazos, bolas chuzas y flechas envenenadas. De San Luis llegaron milicias que fueron destinadas a la construcción de baterías porque no alcanzaba el armamento para incorporarlos al ejército. De Chile y del Perú se esperaban municiones que los artilleros transportaron en los hombros por los Andes. Esto no era nada habitual, pero el invierno había cerrado los pasos que se cruzaban a lomo de mula y la certeza de una próxima invasión inglesa hacía imperativo cubrir la distancia de cualquier modo.

En Londres, el gabinete desconocía aún la derrota y disponía el envío de otra expedición al mando de sir Samuel Auchmuty; esta segunda invasión, con un carácter definido: era una empresa de penetración comercial. Los diarios expresaban en tono más que eufórico las nuevas posibilidades del Imperio británico. El control de Sudamérica atenuaba el daño económico que causaba la supremacía de Napoleón en Europa, que estaba cerrada al comercio inglés. El Times interesaba a sus lectores con notas sobre la riqueza de los campos de pastoreo de Buenos Aires, la fertilidad del suelo y también la belleza, elegancia y simpatía de las mujeres. Mientras tanto, el gobierno aceleraba el envío de una empresa de conquista para Chile e imaginaba armar otra para México. En el mes de septiembre hizo su entrada triunfal en Londres la comitiva que transportaba los caudales del virreinato. Eran ocho carros, cada uno iba arrastrado por seis caballos y llevaba cinco toneladas de pesos plata. El público siguió el desfile hasta el Banco de Inglaterra, en pleno centro de la ciudad, donde se depositó el tesoro. En las tabernas de Londres se cantaba a voz en cuello una canción cuyo estribillo decía: «Bebed pues con un “hip hurra” por los dólares de Buenos Aires[17]».

A fines de diciembre, llegaron a la capital británica y desde Madrid los primeros rumores sobre la pérdida de Buenos Aires. A comienzos de febrero de 1807, cayó Montevideo en poder de Auchmuty y unas semanas después la expedición ideada para Chile al mando de Craufurd cambiaba de rumbo para reforzar la nueva conquista. En marzo, el gobierno británico equipó la segunda expedición para recuperar Buenos Aires (de hecho, después de la toma de Montevideo era la tercera vez que una fuerza naval inglesa llegaba a esta zona) y nombró al teniente general Whitelocke «Comandante en Jefe de las fuerzas en Sudamérica», con órdenes terminantes: debía conseguir que la «provincia de Buenos Aires» quedara bajo la autoridad de Su Majestad. Aunque se hallaba lejos del escenario rioplatense, el venezolano Francisco de Miranda desaprobaba estas acciones de sus amigos ingleses. Comprendía perfectamente el movimiento de la Reconquista y lo había justificado en una carta dirigida a Popham: no se podía retener un pueblo sin declarar su independencia. Insistió con esta idea nuevamente ante el gabinete inglés y el 10 de junio le informó a Lord Castlreagh —secretario de Estado en la cartera de Guerra— que la conquista de Buenos Aires causaba muy mala impresión en Sudamérica. Pero ya nadie podía frenar el desarrollo de los siguientes acontecimientos.

El 28 de junio de 1807, el general Whitelocke, al mando de ocho mil hombres, desembarcó en la Ensenada de Barragán. Iba hacia una nueva derrota que lo dejó casi a tiro de un paredón de fusilamiento. Tenía superioridad numérica. ¿Cuál fue su error?

Fusiles, granadas, ladrillos y piedras

El asalto inglés a Montevideo, abandonada a su suerte por el virrey Sobre Monte, había redoblado la decisión de Liniers de resistir, según él mismo escribió, hasta la «última gota de sangre», «hasta el último grano de pólvora». Buenos Aires no sólo lo acompañaba, los vecinos también exigían la destitución del virrey. Pero semejante acto debía tener legitimidad institucional y esto lo aportó Martín de Álzaga, el Alcalde de primer voto del Cabildo. El 10 de febrero de 1807, el Cabildo porteño depuso al Virrey por inepto; el héroe de la Reconquista asumió el mando militar. Sin embargo, el poder político en la ciudad quedaba en manos de Álzaga, el hombre fuerte de la situación.

En Buenos Aires, todo estaba preparado para la defensa, aunque los jefes de la segunda invasión no lo creyeron así. Se habían confiado en los seis meses de ocupación que llevaban en la otra orilla adonde llegaban los barcos cargados de mercaderías —especialmente géneros que habían gustado a la población— y que expresaban de manera inequívoca la voluntad de los comerciantes ingleses de establecerse definitivamente, aunque fuera gracias al imperio de las armas de Su Majestad. Los agentes comerciales reforzaron este trabajo de persuasión entre la población distribuyendo pañuelos, cajitas de polvo, abanicos, medallas, todos con inscripciones del estilo de: «No es conquista sino unión», «Florezcan artes, industrias y luces», «Personas, conciencias y comercio libre». Es imposible medir el impacto inmediato que tuvo esta propaganda comercial, pero lo cierto es que cuando los ingleses ya se habían retirado del territorio todavía circulaban estos objetos con tal profusión que el obispo de Buenos Aires, Lué, amenazó con la excomunión a todos aquellos que no los entregaran en las parroquias. La semilla del libre comercio había prendido.

El 29 de junio de 1807 comenzó la marcha de los ingleses sobre Buenos Aires. Las tropas invasoras sólo hallaron fatigas por las excesivas lluvias que habían convertido el suelo en un lodazal, lo cual a la larga desgastó las fuerzas de Whitelocke. El primer ataque inglés tuvo éxito: el día 2 de julio las tropas cruzaron el Riachuelo por el Paso de Burgos (actual Puente Alsina). Liniers los esperaba más abajo, en el Puente de Barracas, y cuando llegó con sus tropas a los corrales de Miserere (actual Plaza Once) ya era tarde, los ingleses lo estaban esperando y en menos de media hora se apoderaron de su artillería. Una parte de los derrotados se refugió en la ciudad, la otra siguió a Liniers hacia la Chacarita de los Colegiales. La noche del 2 al 3 de julio, la población permaneció en completa zozobra; si el general inglés hubiese decidido avanzar, la conquistaba, pero él ignoraba en qué estado estaba la plaza. Buenos Aires, por las dudas, no durmió.

En la emergencia porteña, el hombre de la Defensa fue Martín de Álzaga, quien convirtió a la Plaza Mayor en el núcleo de la resistencia. Los ingleses enviaron dos intimaciones de rendición que fueron rechazadas. El 4 de julio, Whitelocke se dio cuenta de que no podría evitar una ocupación cruenta y se decidió finalmente a actuar.

Lancelot Holland, uno de los oficiales de las fuerzas de Craufurd, dejó un testimonio personal del fallido asalto a Buenos Aires. El 5 de julio escribió en su diario: «Se propuso hacer, con la Artillería y el 6.º de Guardia de Dragones, un simulacro de ataque por las tres calles que atraviesan el centro de la ciudad y que terminan directamente sobre el Fuerte. Entretanto, trece columnas debían penetrar en la ciudad y ocupar todas las posiciones importantes que pudiesen cercanas a la ribera. La señal de avance de tales columnas sería una descarga de la Artillería, cuyas cabeceras habían sido instaladas durante la noche a la entrada de las calles[18]».

Los ingleses empezaron a avanzar desde la Plaza Lorea (ubicada en el mismo sitio que en la actualidad), pero recibieron inmediatas descargas de fuego desde cada ventana, desde cada agujero y fueron cayendo prisioneros de los propios vecinos que los conducían hasta la Plaza Mayor. Durante un par de horas, los invasores se mantuvieron a tres cuadras de la Plaza. Por el norte se apoderaron del Monasterio de las Catalinas y por el sur de la Iglesia de Santo Domingo. Pero hacia la noche se replegaron hacia sus posiciones iniciales. «El enemigo —escribió Holland— sufrió escasas bajas; retrocedía o avanzaba nuevamente disparando con frialdad y precisión[19]». El 7 de julio al mediodía todo había terminado y de manera muy cruenta. En su informe oficial a Londres, Whitelocke declaró: «La clase de fuego al cual estuvieron expuestas las tropas, fue en extremo violento. Metralla en las esquinas de todas las calles, fuego de fusil. Granadas de mano, ladrillos y piedras de todas las casas, cada dueño de casa defendiendo con sus esclavos su morada, cada una de éstas una fortaleza, y tal vez no sería mucho decir que toda la población masculina de Buenos Aires estaba empleado en su defensa[20]». En una carta de carácter confidencial el mismo general mencionaba la participación de las mujeres desde las azoteas, «con provisión de piedras sacadas del empedrado, granadas de mano y otros proyectiles arrojadizos, hasta recipientes con fuego[21]». En la versión que ha dejado Bartolomé Mitre se lee: «hasta las mujeres, coronaron las azoteas, previniéndose (sic) agua hirviendo, granadas de mano, piedras y todo género de proyectiles reunidos por las familias[22]». Nada dicen las fuentes del aceite o del agua hirviendo supuestamente arrojada por la población desde los balcones y las azoteas de las casas. Esta versión, cultivada por la historia escolar, no aparece en los informes oficiales de la época. El general Mitre, en su Historia de Belgrano y de la Independencia argentina, escribe una línea en este sentido, arriba citada, pero no se apoya en ningún documento ni testigo para hacerlo. Tal vez le debamos a Mitre el deseo de explicar a los niños el grado de compromiso asumido por los vecinos durante la segunda invasión.

Entre los ingleses, las víctimas fueron numerosas, más de mil quinientos hombres entre muertos y heridos y cerca de mil prisioneros. Los defensores tampoco salieron indemnes: 302 muertos, 514 heridos y 800 prisioneros.

La rendición no sólo fue dura; los oficiales ingleses no podían comprender qué clase de tropa los había vencido. Holland apuntó: «Eran individuos de piel muy morena, cubiertos de harapos, armados con mosquetes largos y algunos con espadas. No había el menor asomo de orden ni uniformidad entre ellos[23]». También se asombró ante la falta de cualquier seña de adhesión a los privilegios en la conducta de Liniers y en la de sus hombres: «[…] de inmediato el mismo Liniers fue a conseguirme navaja, camisa, etcétera, y todavía media hora después andaba buscándome un cepillo de dientes nuevo. […] El tiempo que estuve con él, no menos de diez españoles de bastante mal aspecto, algunos militares, otros civiles, cruzaron la habitación de Liniers sin ninguna ceremonia y quejándose de los ingleses a grandes voces. Sus modales son los de gente en pie de perfecta igualdad[24]». El respeto a las jerarquías de uso común en la colonia hispanoamericana había desaparecido, tal vez como fruto de las nuevas condiciones sociales que había impuesto la situación bélica.

El 7 de julio se acordó la paz. Los ingleses se comprometieron a dejar Montevideo en los dos meses siguientes y a intercambiar los prisioneros, llevando de vuelta al hogar aun a aquellos tomados durante la primera invasión. La restitución de los soldados y oficiales ingleses que habían sido confinados en las ciudades del norte dio lugar a algunas escenas singulares. Desde octubre de 1806 se hallaban en sus respectivos destinos: 200 estaban en Mendoza, otro tanto en San Juan, 400 en Córdoba, 100 en San Luis, la misma cifra en Santiago del Estero y 200 en San Miguel de Tucumán. Quedaron repartidos en casas de familia en los casos en que ningún edificio pudiese hacer las veces de prisión. En Córdoba, las autoridades del Cabildo advirtieron con preocupación sobre la manera en que eran tratados por la población: «Vemos que la libertad que se les ha franqueado dio margen a la comunicación y satisfacciones que ya tiene con varias familias de la ciudad y en particular con los pardos libres y esclavos, […] se pasean de día y de noche, hasta más de las 12 de ella. […] Se ríen del estado del armamento y de su escasez. La plebe del otro sexo demuestra una inclinación muy apasionada y deshonesta[25]». Para evitar estos riesgos, el Cabildo dividió los prisioneros, envió 100 a La Rioja y otro tanto a Catamarca. El 7 de agosto de 1807, de esta última ciudad, se despidieron los oficiales ingleses con palabras de agradecimiento por el trato recibido. En otros casos la felicidad por la pronta repatriación se expresó sin disimulo. Al evocar el hecho en sus memorias, el capitán Gillespie, que se hallaba en Santa Rosa de Calamuchita, escribió: «Todos instantáneamente de común acuerdo nos pusimos de pie, y con melodía en nuestros corazones cantamos God save the King[26]». La alegría de la mayoría ante la pronta repatriación no impidió que hubiese varios casos de deserción. En San Miguel de Tucumán, algunos optaron por quedarse: «todos son católicos, hombres de bien y útiles al vecindario[27]», informó el Cabildo de esa ciudad. El general Whitelocke contabilizó 170 casos del Regimiento 71, el de la casaca colorada, que había venido con Beresford. Eran cerca de mil hombres, de los cuales el 17 por ciento había elegido no regresar. Antes de partir hacia Londres Whitelocke informó: «cuanto más conocen los soldados la multitud de cosas que el país ofrece y los fáciles medios de adquirirlas, es mayor… el mal[28]».

Las invasiones inglesas y su derrota provocaron la erosión del régimen colonial español y transformaron radicalmente la situación en las orillas del Río de la Plata. La victoria obtenida no era el producto de la experiencia acunada durante los siglos de dominación española, era hija de la época, tan inédita como la voluntad de la población que se había hecho escuchar. Los partidarios de la emancipación vislumbraron la existencia de crecientes oportunidades para esta empresa y ya nada los detendría. El 3 de septiembre de 1810, al conocerse en Londres la formación de la Primera Junta, Alejandro Gillespie consignó: «Observo en comparación con la lista de los que componen el actual gobierno de aquella ciudad: un caballero Don Francisco José Castelli, [se refiere a Juan José Castelli] que sigue en orden a Saavedra, el jefe. […] Persona muy capaz, ha visitado Europa y Norte América, habla inglés con facilidad y es muy afecto a este país […] y tiene vistas muy comprensivas sobre política y comercio[29]».

Los ingleses que conocían estas aspiraciones independentistas no las habían tomado en serio y eso les impidió advertir que sus estrategias de dominación no eran el camino por seguir. Además de los muertos, el único que pagó ese error con su carrera fue el general Whitelocke; una Corte Marcial lo condenó, fue degradado y su nombre señalado como ejemplo de mala conducta militar en todos los regimientos del ejército británico.

II
La fórmula de la revolución: libertad política y económica

Un nuevo punto de partida

«El decir a vuestra merced cómo queda esta capital del comercio inglés es asunto largo y escandaloso, públicamente se está descargando sin entrar en la aduana, todos son quemazones y baratillos», escribió Gaspar de Santa Coloma, el 1.º de mayo de 1809 a su corresponsal Joseph Santiago Rodríguez, en Santiago de Chile, mientras aventuraba mayores daños: «Pobres los infelices que se hallaban con efectos, pues estos nada valen. Hasta veintidós embarcaciones están en Montevideo, a la carga para regresar con frutos a nuestros puertos[30]». Otro monopolista español damnificado describía los buques ingleses que infestaban la costa con su actividad corsaria: «[…] echan a tierra sus cargamentos a la hora que se les antoja recibiendo igualmente a su bordo cuanto produce el país con total ruina de nuestro triste comercio[31]». En rigor, desde la fallida invasión de 1806 y 1807, la presencia comercial de los ingleses en el Plata no había cesado de crecer. Abandonaron toda ambición de dominio sobre la ciudad, pero conquistaron el mercado.

En el plazo de un año, entre 1808 y 1809, ingresaron 31 barcos al puerto de Buenos Aires y 10 al de Montevideo, con cargamento y bandera de ese origen. El número no debe confundir, pues en cuanto a volumen comercial, el grueso quedaba en Montevideo. En el mismo período, el médico inglés James Paroissien, que hizo la travesía desde aquel puerto a Buenos Aires, contabilizó a su arribo 17 veleros que esperaban un permiso para descargar sus bodegas. Montevideo, considerado por los británicos la llave comercial del Plata, era el centro de ese tráfico clandestino que provenía de ultramar, facilitado por las propias autoridades españolas de aquella ciudad. Este hecho sin duda marcó a fuego la rivalidad comercial ya existente entre ambos puertos. Efectivamente, a partir de 1808, Francisco Javier de Elío, el jefe local de Montevideo, desconoció la autoridad del Virrey interino Santiago de Liniers, mientras facilitaba a los ingleses la introducción de sus mercaderías. Esta temeraria decisión fue tomada de acuerdo con el Cabildo local y los comerciantes españoles allí representados, y en realidad respondía al desconcierto que había originado la caída de la monarquía española en manos de Napoleón, el emperador francés. Liniers tenía el mismo origen, y por lo tanto fue inmediatamente sospechado de connivencia con el invasor de la península. De Elío cerró filas con los españoles y criollos de Montevideo y formó una Junta, siguiendo el modelo de los núcleos de resistencia de España que se habían organizado en León, Castilla, Asturias, Granada, Galicia, Sevilla, entre otros. El movimiento juntista español obtuvo del gobierno británico fondos y armas, lo que devino en una alianza de hecho. Gran Bretaña sumaba así un aliado más a su guerra contra Napoleón, a cambio de no lesionar la integridad del alicaído Imperio español. En este contexto, De Elío le concedió algunos derechos de tráfico para que sus barcos vaciaran sus bodegas abarrotadas. En la capital virreinal se acentuó el contrabando y esto explica la impotencia que rezuman las protestas de los monopolistas españoles citados. En efecto, mientras ellos se arruinaban, una pequeña pero pujante comunidad comercial británica progresaba con rapidez, tolerada además por el propio virrey Liniers. Veamos algunos datos.

En la ciudad residían, hacia 1809, un poco más de 100 ingleses, de los cuales una cifra importante se dedicaba al comercio; aunque, comparado con la totalidad de la población urbana, que se estimaba en alrededor de 40 000 habitantes, este grupo era insignificante; sólo lo era en número, pero no en importancia económica. El tráfico clandestino, coyunturalmente avalado por las autoridades de Montevideo, los hacía fuertes. En su gran mayoría se alojaron en el Bajo, en la zona de las actuales calles Presidente Perón y 25 de Mayo. Mientras los miembros de la elite porteña mantenían sus residencias al sur de la Plaza Victoria, en San Telmo, los ingleses preferían el norte y daban origen a lo que actualmente conocemos como la «city» porteña o centro financiero y comercial. En 1811, fundaron en la esquina de las calles mencionadas el «British Comercial Rooms», o sea, el antecedente de la Cámara de Comercio Británica. Como veremos, el curso de los acontecimientos que conmocionaron al Río de la Plata a partir de 1808 los mostrará totalmente asimilados al medio y a las formas y costumbres locales. No sin asombro los viajeros ingleses del período los encontraron viviendo bajo el mismo techo que sus dependientes de comercio, pues mantenían con ellos «mesa común», como se decía en la época.

¿Republicanos o monárquicos?

A mediados de 1808, se conocieron en Buenos Aires los pormenores peninsulares de la farsa de Bayona, nombre de la localidad en la que el rey Carlos IV le cedió a Napoleón Bonaparte el derecho al trono en detrimento de su propio hijo, el infante Fernando. La noticia hizo temblar la estructura institucional del Imperio español. En Europa y en América, la pregunta era la misma: ¿los franceses se atreverían a invadir las colonias?, ¿qué convenía hacer? Mientras en Montevideo se adoptaban las decisiones ya mencionadas, en Buenos Aires comenzó una gran agitación, comandada por dos grupos políticos antagónicos, diferentes en sus propósitos. A uno se vinculó Mariano Moreno, y al otro Manuel Belgrano, en verdad su inspirador, a quien siguieron otros criollos prominentes como Juan José Castelli. ¿Por qué estaban divididos en 1808 los patriotas que confluirán en mayo de 1810? Obviamente, aunque la historia resulta comprensible después de vivida, acontece día a día; por lo tanto, para no caer en ningún anacronismo, conviene analizar el período que va desde fines de 1808 a fines de 1809, sin lugar a dudas un lapso corto pero borrascoso que preparó el gran cambio.

En ese momento, Manuel Belgrano simpatizaba con los carlotinos, al que adherían además Hipólito Vieytes, Juan José Castelli, los hermanos Nicolás y Saturnino Rodríguez Peña y Antonio Luis Beruti. El movimiento proyectaba nominar a la esposa del príncipe de Portugal, la princesa Carlota Joaquina, regente de una monarquía constitucional en el Plata. En su condición de hermana del príncipe Fernando, cautivo del francés, Carlota seguía en la sucesión del trono como legítima heredera del Imperio español en América. Desde 1802, la princesa residía en el Brasil con su esposo, gobernante de esas tierras —el infante don Pedro, hijo del rey Juan de Portugal—, y su familia. Habían partido de su país ante el peligro de la invasión napoleónica y se establecieron en la ciudad de Río de Janeiro, transformada por las circunstancias en la capital del Imperio lusitano en América. Gran Bretaña, aliada de Portugal, había custodiado el traslado marítimo de la pareja real a través del Atlántico, viaje amenazado por la flota francesa; y tenía apostado en la Corte de Río a su representante, Lord Strangford, quien tenía la tarea de vigilar de cerca los pasos del Regente y de su caprichosa cónyuge. A partir de la derrota inglesa de 1806 y 1807, su función cobró mayor importancia. Río de Janeiro era un mirador excepcional para seguir con detenimiento los sucesos del Río de la Plata.

El 20 de septiembre de 1808, llegó a manos de la princesa Carlota una Memoria enviada por los adherentes del movimiento. Le proponían «apartar los viciosos, ignorantes y corrompidos de los cargos que indignamente ejercen; promover el fomento de la industria, el repartimiento de la fortuna, la elevación de los oprimidos beneméritos; y regenerarse el sistema de los que quedaban deprimidos, más aún desesperanzados por la ineptitud de alternar en la suerte de los destinos, o en las artes del monopolio[32]». Obviamente, este programa no podía sino ser recibido con frialdad por la princesa, pues había muchas ideas que no implicaban ninguna sujeción a la corona que se le estaba ofreciendo. Por otra parte, contenía una clara disposición contraria al comercio español, lo que significaba un implícito aval al librecambio. Como veremos más adelante, no bien quedó claro para los firmantes que nada de lo que proyectaban podría venir de la mano de la princesa, se desentendieron de ella y dieron por muerto al movimiento.

Mariano Moreno pertenecía al otro grupo, liderado por el hombre fuerte del Cabildo porteño, Martín de Álzaga, el héroe de la Defensa de 1807. Desde entonces su estrella estuvo en ascenso. Recibía, además, el apoyo del gobernador de Montevideo, De Elío, quien acababa de formar una Junta. Para estos españoles peninsulares, ligados al gran comercio, ricos propietarios, soberbios y mandones, no cabía duda de que la única forma de resistir el posible desmembramiento del poder real español era constituir un gobierno propio, una Junta, que derivaría en una suerte de república, nunca definida ni en la forma ni en el contenido, más semejante a una oligarquía que a una democracia. Por cierto, con esta fórmula se garantizaba la preponderancia de los intereses monopólicos además de la autoridad de los peninsulares sobre los criollos.

La posición de Álzaga hacia los ingleses era ambigua, pues hay fuertes indicios que sugieren que estaba dispuesto a aceptar la protección de Gran Bretaña, si ello se hacía necesario. Álzaga no era un ideólogo, era un comerciante pragmático y muy ambicioso que defendía a rajatabla los intereses corporativos del Cabildo. El inglés Alex Mackinnon, agente del gobierno británico y después hombre de consulta de la Primera Junta, lo definió en 1809 en los siguientes términos: «Álzaga detesta a los criollos casi tanto como a los ingleses[33]». Confiaba en el criollo Mariano Moreno, pero, podríamos decir, sólo a título personal, y su desconfianza hacia los americanos despertaba en éstos un rechazo aún mayor. Ignacio Núñez, contemporáneo suyo, indica en su memoria que Juan José Castelli «se separó del acuerdo en que estuvo con don Martín de Álzaga para la convulsión del 1.º de enero contra el virrey Liniers, por la tenacidad con que aquel español resistió incorporar los regimientos americanos[34]». Belgrano, en su Autobiografía, resumió el problema en una frase: «no había español que no se creyese señor de América». Ahora bien: la actitud de Álzaga no era una excepción, ¿acaso De Elío no había admitido el tráfico mercantil inglés en Montevideo? Era, de todos modos, un momento de gran incertidumbre política al que no ayudaban en nada las vacilaciones del virrey Liniers, quien daba que hablar por sus amoríos dispendiosos con la «Perichona[35]», mientras generaba dudas sobre su conducta: ¿sería leal a la Corona española o al usurpador francés del trono?

Esta inestable situación se combinaba con otro problema: el activo contrabando. Por una parte, los ricos comerciantes españoles tenían un pie dentro del tráfico clandestino para no quedar fuera del todo, pero a la vez no eran ellos quienes ganaban; mientras siguiera disminuyendo la capacidad de ingresos por rentas en la Aduana, deberían afrontar el pago de nuevas y más onerosas contribuciones, ya que era el único sector que podía hacerlo. El comerciante catalán Domingo Matheu adjudicó a esta situación los sucesos del 1.º de enero de 1809: «[…] todos los días se presentan barcos ingleses cargados de géneros, piden permiso para descargar pagando los derechos de círculo, y no lo permiten, pero se dejan estar y van descargando de contrabando hasta descargarlo todos; y así el rey no ve nada, nosotros no vendemos y nos cargan de contribuciones que ya no se pueden aguantar; y por lo mismo el día de año nuevo hubo una gritería que querían junta y hay muchos presos[36]».

El 1.º de enero de 1809, los partidarios de Álzaga, aprovechando la renovación de las autoridades del Cabildo, exigieron la formación de una junta como las de España, y a la sazón como la de Montevideo, además de la renuncia del virrey Liniers. Entre los nombres destinados a ocupar algún cargo figuraban Mariano Moreno y Juan Larrea, dos de los hombres que integraron más tarde la Primera Junta de Mayo. Moreno se presentó a la sesión del Cabildo abierto rebelde y votó para que se formara una junta gubernativa que contrapesara el poder del Virrey y garantizara la tranquilidad interior. El Virrey no opuso resistencia a la conjura. «Mientras se debatía en la fortaleza la separación del virrey Liniers —escribió Ignacio Núñez—, los señores Peña, Vieytes, Castelli, Belgrano y otros más, andaban de cuartel en cuartel, viendo al comandante Saavedra, al jefe de Arribeños, Ocampo; al comandante Rodríguez, de Húsares, y otros más, para decidirlos a que sostuvieran a Liniers; concibieron que era preciso dar por ese medio un golpe a la influencia de los españoles, para así hacer que la de los hijos del país desde entonces, valiese más que la de aquellos[37]». En efecto, los complotados parecían tener la partida ganada cuando aparecieron los Patricios con Saavedra a la cabeza y ocuparon la plaza frente al Fuerte al grito de «¡Viva don Santiago Liniers!». Los cabecillas fueron confinados a Carmen de Patagones y poco después rescatados por un buque de guerra de De Elío y trasladados a Montevideo. En Buenos Aires, los orgullosos y aguerridos cuerpos europeos (Vizcaínos, Gallegos, Catalanes) perdieron el derecho a portar armas. A partir de ese momento, el poder militar pasó a manos criollas y se acumuló en las del jefe del Regimiento más numeroso y leal. Saavedra y Moreno se habían visto la cara, pero estaban en bandos opuestos.

Entre los carlotinos, este fracaso fue interpretado como una posibilidad propia de triunfo. Decidido a quebrar el cerco de los españoles monopolistas que seguían complotando en la junta de Montevideo, Belgrano logró persuadir a Liniers para que declarara la libertad de comercio con Gran Bretaña, con el convincente argumento de que el aumento del tráfico mercantil le proporcionaría recursos al fisco quebrado para pagar a las tropas. A la vez interesó a los jefes militares criollos, Pueyrredón y Saavedra, en la idea de coronar a la princesa Carlota y formar en el Plata una monarquía constitucional independiente de los avatares que sufría la Junta Central de Sevilla. Mientras las reuniones nocturnas y secretas le daban vida a la conjura, la Junta de Sevilla envió a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey del Río de la Plata, en reemplazo de Liniers. Sólo quedaba resistir el nombramiento. Pese a la opinión favorable de Saavedra y de Pueyrredón, el plan abortó. Pueyrredón fue apresado por las autoridades españolas y con la ayuda de Belgrano logró escapar a Río de Janeiro, pero allí se encontró con la cerrada negativa de la infanta Carlota, que no quería quedar sujeta al plan de los criollos y ahora buscaba gobernar el Plata con el apoyo de los mismos funcionarios españoles.

En rigor, Carlota desairó «a tirios y troyanos». La hermana mayor de Fernando VII era una mujer frívola e inconstante que no estaba a la altura de las circunstancias. Mariano Moreno no se privó de opinar sobre el proyecto de coronación. «Su voto —dice un contemporáneo— fue siempre contrario a esta eventualidad, tanto porque la monarquía no convenía a la organización del país, como por la calidad de la persona que la quería introducir [se refiere a la princesa]: y así decía, que no le parecía acertado dar una cabeza mal sana a un cuerpo enfermo que estaba por ponerse en cura[38]».

A mediados de 1809, las ilusiones del carlotismo porteño habían concluido. Pero no así la lucha política de quienes, como Moreno y Belgrano, buscaban un camino viable para aplicar las nuevas ideas liberales que alimentaban las utopías reformistas y revolucionarias de las sociedades del Viejo y del Nuevo Mundo.

Las ventajas de los comerciantes ingleses

¿Quién hubiera imaginado, el 30 de julio de 1809, que el nuevo Virrey recién desembarcado, apoyado por la totalidad de los beneficiarios del comercio monopólico, sería el encargado de terminar con ese enorme poder? Desde su llegada, Cisneros se enfrentó con el grave déficit del erario público. Los impuestos y tributos no alcanzaban a sufragar los gastos del tesoro virreinal; las relaciones mercantiles con la península estaban casi interrumpidas por la invasión napoleónica y ya no alimentaban los ingresos de la Aduana; había comenzado a languidecer el tráfico con el interior del territorio y además el precedente de las invasiones inglesas y del estado de guerra que vivía la metrópoli desaconsejaban dejar de pagar los sueldos y pertrechos de las tropas criollas, que nadie quería desmovilizar. Cisneros abrió entonces el juego y propuso dictar un reglamento de libre comercio con los neutrales, es decir, con Gran Bretaña. Antes de emitirlo, el Virrey decidió consultar a las diversas corporaciones, incluidos por cierto el Cabildo y el Consulado de Comercio e Industria. La reacción de estos sectores fue destemplada. Llamaron a Cisneros traidor pero además se dividieron sobre lo que convenía hacer.

Los hacendados y labradores rioplatenses se unieron y buscaron un representante de sus intereses, alguien que abogara por la actividad productiva. Se trataba de un sector muy heterogéneo; había pocos grandes ganaderos y por cierto muchos más con menor capacidad productiva; los agricultores eran aún más débiles. Moreno se transformó en la voz de cada uno; según su propio cómputo eran alrededor de unos 20 000 propietarios, pues representaba no sólo a la campaña bonaerense sino también a la Banda Oriental. Resulta imposible verificar esta cifra ya que los censos coloniales adolecen de errores. Sin embargo, las estimaciones estadísticas de la población de la época arrojan los siguientes datos: Buenos Aires (ciudad y campaña), 70 000 habitantes; la Banda Oriental (ciudad y campaña), 30 000. El alegato de Moreno importaba a la quinta parte de la población rioplatense y por lo tanto no podía dejar de tener repercusiones.

El tribuno presentó una pieza de economía política que hizo época: la famosa Representación de los hacendados y labradores del 30 de septiembre de 1809. Racional y vehemente a la vez, Moreno desgranó uno a uno sus argumentos: el monopolio en beneficio de los comerciantes de Cádiz había atentado contra la libertad y la justicia, el pueblo debía gozar de los mismos derechos que los otros pueblos que formaban la monarquía española. ¿Cuál era la riqueza genuina, real de esta tierra?: cueros, sebos, productos ganaderos hasta ese momento prohibidos por el monopolio comercial, y además, por cierto, los frutos de la agricultura. El viajero, alegó Moreno, «se asombraría cuando buscando al Labrador por su opulencia no encontrase sino hombres condenados a vivir en la miseria». Para defender el librecambio, insistió con que «no puede ser funesto sino a cuatro mercaderes que ven desaparecer la ganancia que esperaban de clandestinas negociaciones[39]». También se dirigió a los artesanos, específicamente al gremio de los zapateros y al de los herreros, que gozaban de los beneficios del monopolio y se habían unido a los reclamos del Consulado. Resulta muy interesante transcribir los argumentos de Moreno para convencer a este sector: «Cuando os digan que los Ingleses traerán obras de todas clases, respondedles que hace tiempo se están introduciendo innumerables clandestinamente y que si esto es un gran mal, ellos solo han sido sus autores; […] respondedles que por lo que hace a la concurrencia con vuestras obras, os es indiferente que vengan de España o de un Reino extranjero, y después de recordarles la libre y abundante introducción de obras de mano que proveía la Metrópoli, conducidlos a sus propias casas y las encontraréis adornadas con muebles que no habéis trabajado[40]».

La presentación de Moreno, celebrada por Belgrano, quien había defendido estas ideas en la soledad de su cargo en el Consulado de Comercio, fue traducida al portugués y circuló con profusión entre los liberales de Río de Janeiro; también se publicó en castellano, en Londres, el 30 de agosto de 1811, en un diario español que se editaba en aquella ciudad. Los contemporáneos no dudaron de su trascendencia, y la interpretaron como una obra revolucionaria que erosionaba las bases mismas del imperio colonial español en América del Sur. Nada de esto sorprendió a su autor, que estaba plenamente consciente de lo que había firmado (algunos historiadores sostienen que el escrito fue redactado por Belgrano); su vida tuvo un giro importante: los ricos comerciantes, hasta ese momento, sus clientes, dejaron de concurrir a su estudio de abogado. Mientras ganaba nuevos adeptos entre los excarlotinos, se distanciaba del «corifeo» de Álzaga, como apodaba Belgrano al español por su condición de «conductor» de voces. Y si bien el Virrey decidió no autorizar la publicación de la Representación (que se postergó hasta 1810), impulsó la declaración de librecambio y no sin asombro cosechó sus primeros frutos. En menos de seis meses salieron por el puerto de Buenos Aires 1 500 000 cueros que pagaron cada uno dos reales por derecho de exportación; los barcos británicos descargaron legalmente sus mercaderías y la tesorería se encontró con un superávit de 200 000 pesos fuertes por mes. En definitiva, comenzaban a crecer las rentas del erario, a costa, por cierto, de la ruina del comercio monopólico español y de su actividad clandestina, el contrabando.

La proclamación de la libertad de comercio decretada por el virrey Cisneros el 6 de noviembre de 1809 sin duda multiplicó la prosperidad de los comerciantes ingleses residentes. A fines de ese mismo año, Tomás Manuel de Anchorena, a la cabeza de una fortuna familiar que todavía no era de las primeras de la plaza, escribió, preocupado, varias cartas sobre el tema a su hermano Juan José Cristóbal residente en Cádiz: «Con motivo del libre comercio y de haber descargado ya muchos buques ingleses de los que se hallaban en este río, han abaratado mucho los géneros, han parado todas las ventas […].[41] Los paños españoles tienen poco aprecio en el día, pues todos se inclinan a los ingleses por ser más baratos[42]». En definitiva, los comerciantes ligados al monopolio colonial fueron los grandes perdedores de ese momento. Los españoles que, como Martín de Álzaga, habían arriesgado vida y fortuna para expulsar a los ingleses en 1807, los veían regresar, dos años después, como dueños y señores de un mercado que para ellos se escurría como agua entre las manos. Y todo esto sucedía con el aval de algunos ya connotados criollos como Mariano Moreno y Manuel Belgrano.

Mayo de cerca

La Representación de los hacendados y labradores había echado las bases económicas que le darían un curso viable a la Revolución. Con rentas propias, obtenidas con el fruto de una riqueza genuina, se hacía posible aspirar a la construcción de un poder público soberano: un Estado. El beneficio alcanzaba por lo tanto a la mayoría de la población. Es decir, a los criollos y a todos los europeos que no participaban del monopolio, y muy especialmente a los miembros de la comunidad mercantil británica.

La voluntad de Moreno confluía finalmente con la de Belgrano. La política menuda los había arrojado por senderos opuestos. ¿Qué hacía el primero al lado de un ferviente partidario del monopolio? ¿Por qué el segundo había tolerado los devaneos de una princesa sin rumbo? Fuera del contexto de la época, estas conductas parecen inexplicables. Los propios interesados, una vez envueltos en el vértigo de la Revolución, se encargaron de olvidarlas. Algo más: ambos fueron fervientes lectores y, como muchos otros americanos, abrevaron en Rousseau y en Montesquieu, los filósofos de las luces, precursores ideológicos de la Revolución Francesa. Moreno los había estudiado en Chuquisaca, en la biblioteca del canónigo Terrazas, su protector. Belgrano había tenido más tiempo para hacerlo. Mientras se hallaba en España estudiando, en 1790, obtuvo una licencia papal de Pío VI que le permitió leer y conservar el resto de su vida los libros de autores condenados por heréticos. En este gran cauce ideológico lograron finalmente crear un molde político propio y a medida de las circunstancias.

Al repasar los acontecimientos que cubrieron ese corto período, resulta posible comprender por qué los criollos y españoles que lucharon juntos para derrotar a los ingleses durante las invasiones se distanciaron después. Si nada de todo esto era imaginable en el fragor de la lucha de 1807, tampoco lo será su consecuencia. En 1810, la mayoría de los criollos convergió con los antiguos enemigos británicos en la Plaza de la Victoria, mientras el grueso de los españoles se oponía de lleno a la Revolución.

«Cada día van las cosas en peor, se dice quieren quitar el mando al señor Virrey, formar una junta […]», escribió alarmado, el 16 de mayo de 1810, un soldado del Regimiento 5 de Patricios. Este testigo, que reservó su identidad, apuntó: «dicen que se ha recibido noticias que la España se ha perdido y que los españoles quieren entregar al francés estos dominios, […] han venido gacetas inglesas del 16 de febrero último en que se lee lo ocurrido». El 17 de mayo anotó: «Se dice que de resultas de las noticias funestas que se han recibido de España el señor Virrey va a dar al Público una proclama[43]». Al día siguiente, dio por terminado su diario de vida; lo había empezado durante la primera invasión inglesa, e incluso después de la partida de los ingleses en 1807 había continuado anotando prolijamente los hechos del día. Sin embargo, el 18 de mayo concluyó su escritura con este acertado pronóstico: «[…] desde este día adelante, Revolución[44]». Este documento, desgraciadamente anónimo, muestra hasta qué punto ya estaba en el aire la idea de que algo inusitado iba a suceder muy pronto.

El 14 de mayo de 1810 entró en el puerto de Buenos Aires la goleta inglesa Mistletoe con los periódicos que informaban sobre la caída de la Junta de Sevilla. Otro barco, llegado a Montevideo el día anterior, traía la misma noticia: José I, el usurpador del trono español por mandato de su hermano, el emperador Napoleón Bonaparte, dominaba casi todo el territorio; sólo quedaba libre el puerto de Cádiz, y no por mucho tiempo más. Después de dos años de intensa lucha contra el invasor francés, la sublevación española llegaba a su fin. Las Juntas, que habían sostenido este esfuerzo bélico, habían caído una tras otra.

Pese a la formación de un Consejo de Regencia en Cádiz, en toda América cundió la alarma que potenció la insurrección. En este sentido, el Cabildo abierto del 22 y del 25 de mayo de 1810, en Buenos Aires, no fue un acontecimiento único ni excepcional, por el contrario, se inscribe en el movimiento que había comenzado ese mismo año en Caracas, el 19 de abril, y que continuó en Cartagena, el 14 de junio, y en Bogotá, el 20 de julio, para concluir el 18 de septiembre con la Junta de Santiago de Chile. En todas partes se juró fidelidad a Fernando VII, pero no al Consejo, lo que permitió deponer a las autoridades españolas residentes. Aun así, a ningún jurista de la época se le escapaba la verdad: el Rey era apenas un soberano nominal. ¿Cuánto podía durar en cada Junta el delicado equilibrio que reunía a aquellos patriotas que bregaban por la independencia lisa y llana con quienes preferían posponer esa audaz y dramática decisión? La máscara de Fernando VII cobijó los primeros años de una Revolución que no podía decir su nombre. En Buenos Aires, fray Cayetano Rodríguez, partidario de Mariano Moreno, lo expresó con su particular verba: «se fernandeaba», escribió; esto servía como salvoconducto para reclamar la alianza del gobierno inglés que no se avenía a darla de ningún otro modo que no fuera el de una declarada obediencia de los patriotas hacia la figura del heredero del trono español. ¿Por qué era tan importante para los hombres de Mayo el apoyo británico?

Las reticencias de Lord Strangford

El 7 de junio de 1810, en el primer número del periódico Gazeta de Buenos Aires, que él mismo había creado, Mariano Moreno, secretario de la Junta de Gobierno, relató su visión de los actos patrios del 25 de Mayo: «Las almas desfallecían con la novedad de una impresión dulcísima, a que no estaban acostumbradas», escribió, para destacar enseguida «la asistencia de los oficiales de la marina inglesa y principales individuos de su comercio» en la celebración, mientras desde el puerto, los buques de guerra de esa bandera hacían salvas y «celebraban una función que sus jefes estaban admirando[45]».

Al día siguiente de la jura de la Junta, el capitán inglés Fabian, que comandaba el Mutine y era el oficial naval con mayor jerarquía, se entrevistó con todos sus miembros. «Castelli —informó el capitán al gobierno británico— me habló en los siguientes términos: que esta Junta, los funcionarios, el Ejército y todos los habitantes en general, estaban dispuestos y deseaban continuar en estricta alianza con Gran Bretaña y mostrar todo el favor posible y protección a los súbditos británicos y sus propiedades, y de igual modo aceptar del Gobierno Británico y los súbditos […] los mismos sentimientos de alianza y amistad. Yo contesté: me siento muy agradecido hacia la Junta por su determinación y por la manifestación de sus sentimientos afectuosos hacia Inglaterra, esto no solamente se halla de acuerdo con nuestra manera de pensar sino que, además, tengo órdenes de mi gobierno de prestarles toda la ayuda posible[46]».

A partir de ese momento, comenzó a enhebrarse una compleja relación entre los miembros del gobierno y Gran Bretaña. En estas circunstancias, el vocero de la Junta no fue Castelli sino directamente Mariano Moreno. La Gazeta publicó todos los asuntos considerados de importancia, incluso las actas de gobierno, que podían leerse apenas unos días después de redactadas. Esta fuente resulta entonces incuestionable a la hora de evaluar la relación de la Junta de Mayo con el poder británico y de comprender cuál fue la posición real de Mariano Moreno, a quien se ha querido ver o como un adversario de Gran Bretaña o como su agente en el Plata.

Los argumentos de Moreno tenían un destinatario particular. Había que convencer a Lord Strangford, el inglés que mejor conocía lo que sucedía en el Río de la Plata, pues en 1802 había participado del traslado de la Corte de Lisboa a Brasil y desde entonces, como se dijo, residía allí. Por otra parte, su actividad en Río de Janeiro confirmaba día a día la prioridad que Inglaterra le daba a su pacto de amistad con la Corona de Portugal. ¿Qué se esperaba en Buenos Aires de Lord Strangford? Mucho más de lo que él estaba dispuesto a dar. Moreno buscaba el reconocimiento de la Junta; pero el gobierno inglés no pensaba otorgarlo puesto que sostenía el derecho al trono de Fernando VII, el rey cautivo de Napoleón. Para que no hubiera ninguna duda al respecto, Lord Strangford transformó la «máscara de Fernando» en una suerte de regla diplomática. No hay una sola nota dirigida con su firma en la que no recuerde las obligaciones de los americanos hacia el Rey preso. Sin embargo, había otro haz de cuestiones importantes de las que podía ocuparse el representante inglés. En principio, podía facilitar las tratativas ante el gobierno británico para conseguir fondos y sobre todo armas, también debía impedir que la Corte de Río diera el más mínimo apoyo a las pretensiones de los realistas de Montevideo, ya que el Cabildo de esa ciudad desconocía a la Junta. En realidad, se trataba ahora de neutralizar las pretensiones de la princesa Carlota que volvía sobre sus fueros, pero de la mano de los españoles residentes en la Banda Oriental. Moreno también esperaba que Strangford ordenara a los barcos ingleses en el Río de la Plata que hicieran caso omiso del bloqueo iniciado por las fuerzas de Montevideo, una medida que afectaba mucho al comercio de Buenos Aires.

Sin duda, cualquiera de estas cuestiones representaba un serio peligro para el movimiento de Mayo, que no era autosuficiente y no podía sostenerse sin un apoyo más o menos explícito. En los meses que median entre el 25 de mayo y la salida de Moreno del gobierno —diciembre de 1810—, la correspondencia con Lord Strangford sirve de hilo conductor para comprender la clase de problemas que comenzó enfrentando la Revolución.

Apenas asumida, la Junta en pleno le envió al representante inglés una manifestación de gratitud, en términos que, sacados de contexto, hoy pueden resultar irritantes. El acta leída en sesión de Cabildo abierto por Juan Larrea enumeraba los favores que había hecho Strangford, «que habló a Buenos Aires con respeto y sin lesión de sus derechos; que representó a su Corte la nobleza y lealtad de nuestros procedimientos políticos con el lenguaje de la verdad, y el interés que es como natural al Ministro de una Nación libre cuando trata de un pueblo que aspira a parecérsele; y que sin anticiparse a las miras sabias del gabinete de San James (sic), hizo a favor de Buenos Aires cuanto pudo hacer atento a la naturaleza, estado y circunstancias de su ministerio». A continuación, y en señal de agradecimiento, la Junta lo distinguía con la investidura de ciudadano y le adjudicaba en propiedad «una legua cuadrada en el territorio de este suelo[47]». Lord Strangford recibió la donación pero no la aceptó y por cierto la Junta archivó el asunto sin insistir. Hasta ahí la documentación existente. Sin embargo, es muy probable que haya habido algún otro ofrecimiento de ese estilo. Tomás Guido, en sus memorias de sugestivo título, Revelaciones históricas, aseguraba que Mariano Moreno le había ofrecido a Lord Strangford hacerlo señor de la Isla Martín García a cambio de obtener el favor de Gran Bretaña. No hay ningún acta que ratifique esta afirmación. No obstante, valen dos observaciones que la tornan verosímil. La primera es subjetiva: Tomás Guido era amigo de los hermanos Moreno, por decisión de Mariano viajó a Londres y lo asistió en el barco en que murió. Conocía bien el pensamiento del fogoso tribuno. La segunda es objetiva: Moreno postulaba la libre navegación de los ríos, pues doctrinariamente era un librecambista, pero además, pragmáticamente, la defensa de este derecho era la única forma de atacar el bloqueo impuesto por los españoles desde Montevideo. La posesión británica de un punto estratégico para la circulación naval como lo es la Isla Martín García debía dar fin al bloqueo.

La negativa de Strangford no amilanó a Moreno, que seguía empeñado en obtener un compromiso de apoyo explícito. El 1.º de julio de 1810, volvió a desplegar en la Gazeta la batería de argumentos citados. En ese artículo le recordaba a Strangford que si América caía subyugada ante las intrigas y promesas de Napoleón, el comercio inglés perdería sus plazas. «Todo inglés —escribió— que ame verdaderamente a su nación, habrá observado con ternura, la generosa resolución con que las Provincias del Río de la Plata disiparon aquellos peligros, afirmando de un modo indestructible las relaciones mercantiles más ventajosas para la Gran Bretaña. Una general proscripción de todas las pretensiones de la Francia, un franco y libre comercio con la nación inglesa, reglamentos liberales que aumentasen estas relaciones sobre la firme base de recíprocas ventajas, una amistad proveniente dispensada a todo individuo inglés residente en ese suelo, tales han sido las medidas que Inglaterra debió pretender de nosotros, y que hemos anticipado generosamente[48]».

Moreno había anticipado lo que finalmente ocurrió. En efecto, la capacidad bloqueadora comenzaba a generar actitudes equívocas en los barcos ingleses que surcaban el Río de la Plata. El capitán Elliot, que había remplazado a Fabian al mando de la fuerza naval británica, había optado por una neutralidad que no hacía sino fortalecer las pretensiones separatistas de Montevideo. Pero la posición inglesa tampoco era fácil. ¿Por qué debían inclinarse por uno u otro puerto, si al fin y al cabo necesitaban comerciar con los dos? Moreno exigía una definición en términos perentorios y reclamaba «una oposición vigorosa a las medidas hostiles que tomaba Montevideo contra el comercio de los ingleses en las provincias dependientes de Buenos Aires», y proseguía: «¿Por qué título, o con qué autoridad podrá impedir Montevideo el ejercicio de esta comunicación? ¿Acaso el gobierno de Montevideo reviste un carácter soberano que sostenga aquella declaratoria? ¿Acaso sostiene con esta capital una guerra justa de potencia a potencia que autorice su bloqueo? ¿Acaso reúne algunos otros títulos para que la Gran Bretaña se sujete a su bloqueo y tolere los perjuicios consiguientes de su comercio?»[49]. Esta nota de protesta, enviada el 10 de agosto de 1810, y publicada en la Gazeta del 13 de septiembre, fue seguida de otra escrita en términos mucho más duros. El destinatario era el capitán Elliot y Moreno lo acusaba ahora de complicidad con el contrabando. En efecto, el bloqueo era un problema político pero también económico, pues la imposibilidad de descargar en Buenos Aires había vuelto a aceitar las rutas del comercio clandestino. Antes que nadie, Moreno intuyó los riesgos que derivaban de ello y operó rápidamente. El 11 de septiembre, la Junta acusó al comerciante inglés Mackinlay de ser un agente secreto, y lo echó del territorio junto con Elliot. Moreno escribió a Lord Strangford una nota de protesta: «La conducta del capitán Elliot es indisculpable; y en todo el mundo se oirá con escándalo, que un oficial de S. M. B. rompa poderosas relaciones que el comercio de su nación había entablado en el Río de la Plata, sin otro principio que la internación de un gobierno subalterno, refractario al orden público, y que no puede alegar título alguno que lo arme de representación legítima para declarar un bloqueo; pero sería una temeridad derivar este procedimiento de otro origen que del sistema personal que se propuso este oficial desde su arribo a estas regiones. Una adhesión anticipada a Montevideo, y la íntima unión con un comerciante inglés residente en aquel pueblo y a quien la Junta acababa de arrojar de su territorio serán quizá el principio de unas resoluciones que, en la extrema imparcialidad que afectan, infieren un quebranto irreparable al comercio de su nación[50]».

La indignación de Moreno se apoyaba también en la de los comerciantes ingleses aliados y en algunos otros capitanes británicos, pues no todos eran como Elliot. En efecto, en el mes de julio, en un incidente en el río con la fragata inglesa Jame, que conducía contrabando, se había destacado la actitud del capitán Ramsay de la goleta Mistletoe, que detuvo el cargamento. Y no sólo eso, el capitán, avisado por un grupo de comerciantes ingleses, había actuado de común acuerdo con la Junta.

De alguna manera el desafío de Elliot había colocado el problema del bloqueo en una esfera de resolución oficial, situación que Strangford había querido evitar en todo momento. ¿Qué haría? La posición amistosa pero a la vez insobornable de Moreno logró su rédito. Un grupo importante de residentes ingleses firmó un voto de censura contra Elliot y envió a Río a un representante, el comerciante Alejandro Mackinnon, que fue después uno de los primeros que pidió y obtuvo la carta de ciudadanía de las Provincias Unidas. Por cierto, el otro grupo que se inclinó por Elliot también envió su despacho.

Strangford respondió dando un espaldarazo a la Junta. La nota traída por el capitán Ramsay, amigo de Moreno, fue publicada inmediatamente en la Gazeta el 15 de octubre de 1810. En ella aseguraba «que ningún oficial inglés había recibido jamás ni de mí ni del almirante que comanda en jefe, instrucciones algunas para cooperar al bloqueo de la capital, que las autoridades locales de Montevideo han tomado sobre sí hacerlo; ni tampoco para concurrir en ninguna medida hostil contra aquella capital y, por contrario, yo declaro a V. E., con la mayor sinceridad, y en este modo público, que por las órdenes dadas a todos los oficiales británicos en el Río de la Plata, se les ha prohibido uniformemente toda interferencia en los negocios políticos[51]».

Las palabras de Strangford cayeron muy bien en el gobierno y también entre los residentes ingleses. Por cierto esto no significaba un reconocimiento diplomático, que como veremos más adelante demoró años, aunque los revolucionarios nunca dejaron de reclamarlo, pero sí implicaba un apoyo oficioso que con el correr de los meses, y ante el avance de la contrarrevolución en toda América, se hacía imprescindible.

Buenos vecinos

La mayoría de los británicos cerró filas con la revolución a través de diversas acciones. El 15 de octubre de 1810, se puede leer en la Gazeta una larga lista de apellidos de ese origen junto con la suma de dinero y con los libros donados para la fundación de la primera biblioteca, creación de Moreno. Son más de 60 personas y todas pertenecientes al grupo de Alejandro Mackinnon.

En los meses que siguieron algunos miembros de la comunidad dieron un paso más y adoptaron la carta de ciudadanía. El 29 de noviembre de 1811, Roberto Billinghurst, ayudante mayor de Artillería, agregado al ejército de la Banda Oriental, la obtuvo por sus acciones patrióticas; unos días antes, y también por sus servicios, se le concedió a Diego Paroissien, médico del Ejército Auxiliar del Perú que años después cruzará los Andes con San Martín. En el acta de ciudadanía de Diego Winton, publicada en la Gazeta del 21 de febrero de 1812, se lee que «ha adquirido el atendible derecho a las dispensaciones que franquea la patria al habitante honrado, y que dedica sus luces e industria al logro de su mayor prosperidad[52]». Él mismo se inscribía unos meses después como donante de una suma de dinero importante para las viudas de los caídos en la batalla de Salta. Aunque la victoria obtenida por Belgrano el 24 de septiembre de 1812 había elevado notablemente las alicaídas esperanzas sobre el futuro de la Revolución, nadie olvidaba a los muertos. Fueron 40 los ingleses que se anotaron en la lista de suscriptores. Un tercio en relación con el total de los residentes. La identificación con los criollos mostraba un incipiente grado de autonomía con respecto a los dictados del gobierno de Londres, autonomía que, como veremos a partir del próximo capítulo, se irá acentuando con el correr de los años.

Hacia fines de 1810, Moreno había logrado consolidar su relación con los ingleses y a la vez el poder de la Junta en el terreno externo. Su relación epistolar con Lord Strangford le permitió desbaratar el bloqueo que hacía Montevideo y a la vez contener las aspiraciones portuguesas que se manifestaban con las renovadas pretensiones de la princesa Carlota. Pero las desavenencias con Saavedra, fortalecido en el gobierno, lo obligaron a renunciar a su cargo de Secretario. La Junta le dio una misión que ya estaba en los papeles y que Hipólito Vieytes, anteriormente convocado, no estaba en condiciones de realizar. El notable desempeño de Moreno a cargo de las relaciones exteriores de la Junta lo convertía en el mejor emisario posible, tenía que lograr la protección de Gran Bretaña o alguna forma de reconocimiento equivalente, y, además, realizar negociaciones discretas para obtener armas y fondos para la Revolución. El fogoso tribuno aceptó pero a cambio pidió viajar con dos hombres de confianza; la Junta nombró como secretarios de su delegación a su hermano Manuel Moreno y a Tomás Guido. Los comerciantes ingleses de Buenos Aires, que lo habían respaldado frente a Strangford, le proveyeron entusiastas cartas de recomendación[53]. Como sabemos, Moreno murió en alta mar, el 4 de marzo de 1811 y no es mucho lo que a ciencia cierta puede decirse sobre este triste episodio[54].

Su hermano Manuel intentó proseguir con la misión encomendada, pero ni él ni Guido tenían la acreditación oficial de la Junta. No obstante ello, Manuel permaneció en Londres un año más. En agosto de 1811 informó a Saavedra: «[…] hay que esperar se mude la conducta de este gabinete con respecto a nosotros, y según su empeño por las cosas de España, todo lo que se podía conseguir es la perfecta neutralidad que hasta ahora han guardado en nuestros domésticos disgustos[55]». En febrero de 1812, escribió otra carta a Saavedra con un tono más esperanzado. Unos meses después, el ministro de Relaciones Exteriores Castlereagh lo recibía oficialmente. Cumplida su misión, Manuel Moreno regresó con el siguiente mensaje británico: Londres no era indiferente a la lucha de las colonias mientras se preservaran los derechos de Fernando VII, tampoco permitiría que los portugueses bloquearan el intercambio comercial normal entre Inglaterra y el Río de la Plata[56]. Sobre estas bases se mantuvieron las relaciones con el gobierno británico al menos hasta 1816.

III
Las primeras inversiones inglesas en el Río de la Plata

Una década de revolución y guerras

Durante años, la causa de la emancipación americana recibió más adhesiones en el pueblo británico que en las reservadas esferas de su gobierno. Muchos oficiales, soldados y marineros se enrolaron en los ejércitos sudamericanos para luchar. Todos traían la experiencia de las campañas contra Napoleón Bonaparte, derrotado y prisionero en la isla de Elba. Este refuerzo británico era muy bienvenido, pues en 1814 se vivían momentos críticos. De vuelta en el trono de España, Fernando VII había logrado rearmar las tropas realistas que batían en retirada a los patriotas en la casi totalidad del territorio y pasaban por las armas a los jefes encumbrados por las juntas americanas.

Urgido por estas circunstancias, en enero de 1815, desde Mendoza, el general José de San Martín, que comenzaba a organizar el Ejército para la liberación de Chile, recomendaba especialmente al Directorio la aprobación de un petitorio firmado por un grupo de vecinos ingleses. El episodio, ya olvidado, refleja con justeza la particular asociación de voluntades en torno de la defensa de la Revolución. Cuarenta y seis residentes, casi todos antiguos desertores del ejército de Beresford, querían formar una compañía de cazadores y uniformarla a su costa al tiempo que declaraban: «Deseamos ayudar a las glorias de la Patria y por ella suplicamos la realización de este plan». Por su parte, San Martín agregaba en su misiva que se trataba de «soldados bien acreditados y gente acostumbrada a la fatiga y riesgos de la guerra[57]».

En efecto, la disciplina de estos cuerpos fogueados sirvió en más de una ocasión de ejemplo para templar a los no menos aguerridos pero sí a veces improvisados combatientes criollos. Por eso no debe llamar la atención la presencia de la famosa Legión Británica, que luchaba en el norte al lado del general venezolano Simón Bolívar, o la de los oficiales O’Brien, Miller, Bownes, conocido como Bauness, y Paroissien, que se unieron al general San Martín. El héroe de los Andes se entrevistó además con Robert Staples, el comerciante inglés de Buenos Aires con mejores contactos en el gabinete británico, para pedirle que la Marina de S. M. B. impidiera toda acción de las fuerzas realistas a lo largo de la costa chilena[58]. Dicha tarea la cumpliría finalmente el almirante escocés Lord Thomas Alexander Cochrane, quien tuvo una tormentosa relación con el Libertador. El gobierno chileno de Bernardo O’Higgins lo contrató en 1819 para que apoyara en el Pacífico las acciones de tierra que comandaba San Martín en el Perú. Entre ambos surgieron discrepancias tácticas; por ejemplo, Cochrane pretendía bombardear el puerto de Lima, el Callao, mientras San Martín prefería rendir la ciudad con la menor efusión de sangre posible. Pero el motivo que enfrió la relación para siempre fue de orden económico: en 1822, Cochrane tomó represalia por el atraso en el pago de su tripulación y se «adueñó» de una de las goletas, propiedad del Perú, la «Sacramento». San Martín lo trató de «lord filibustero» y lo expulsó de la escuadra. La querella, como se decía entonces, fue muy comentada en los círculos políticos de Buenos Aires. El marino escocés publicó un panfleto en su defensa, pero los ingleses residentes prefirieron inclinarse ante el carácter decidido de San Martín[59]. No era sólo admiración hacia su persona, era también la forma que encontraban los ingleses residentes, miembros de la colectividad extranjera más activa y escuchada por las autoridades, de mantener abiertas las relaciones con toda la sociedad.

La declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816, había estrechado los contactos entre el gobierno y la comunidad británica. En ese momento, todos esperaron que el paso dado en Tucumán significara el pronto reconocimiento, en Londres, del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Unos días después de la Declaración, los comerciantes ingleses de Buenos Aires convocaron a una reunión pública para nombrar a quien debía representarlos con el cargo de Cónsul inglés en el Plata. El elegido fue Robert Staples. Decidieron pagarle un porcentaje sobre el total del giro comercial que producía la importación de los artículos transportados en barcos británicos, y esperaron la confirmación de Londres, la que, por cierto, no se produjo, debido a lo cual Staples continuó simplemente como agente oficioso; el reconocimiento empezó a discutirse seriamente después de 1822.

Durante ese lapso, el gobierno británico resistió las presiones de sus conciudadanos y mantuvo en vilo al poder de turno afincado en Buenos Aires. Fueron varias misiones a Londres, pero en cada encuentro con los funcionarios ingleses los enviados porteños se veían obligados a contestar la misma pregunta: ¿a quién representaban? El interrogante sobrevolaba las conversaciones y la respuesta no era nunca suficientemente clara. En efecto, la seguidilla de gobiernos, desde la Primera Junta (1810) hasta el Directorio (1815), pasando por el primero (1811) y el segundo (1812) Triunvirato, evidenciaban por lo menos la falta de consenso existente en el propio elenco revolucionario. Parecía que los únicos logros se agotaban en la lucha por la emancipación. El ejército sanmartiniano triunfaba en Chile (1818) y llegaba con el decidido apoyo del general Bernardo O’Higgins a las costas del Perú (1821), mientras el Río de la Plata quedaba sumido en graves convulsiones internas que no se superaban con el paso de un gobierno a otro. La historia se burlaba de los hombres de Mayo. La Revolución que, orgullosa, nunca retrocedió ante los realistas, parecía incapaz de fundar un orden nuevo y desfallecía en el torbellino del funesto año de 1820. ¿Acaso había incapacidad en los conductores del proceso iniciado en 1810? Sin duda, no faltó en algunos cierta cortedad de miras, mezquinas ambiciones personales y errores de cálculo frutos de las urgencias del momento. Pero, como veremos más adelante, el problema más profundo se hallaba en la dificultad para encontrar una solución equilibrada que superara la desigualdad económica de las antiguamente prósperas regiones del Virreinato, como lo había sido el Norte. Mientras tanto, lo que se percibía era la marcada inestabilidad política y el temor de caer en la anarquía.

Es por ello que, después de 1813 y ante la evidencia del fin de la experiencia juntista en el resto de América, los jefes de Mayo, Belgrano, Rivadavia, San Martín, Alvear, Pueyrredón, buscaron uno a uno y sucesivamente el respaldo de la monarquía francesa o de alguna casa reinante menor, porque, por absurdo que parezca hoy, creyeron que era la mejor solución para la falta de estabilidad política en el Río de la Plata. En 1818, tras la victoria de Maipú y la expulsión de los realistas de Chile, San Martín afirmó que sólo la monarquía podía sostener gobiernos estables. «Es declarado amigo de la forma monárquica de gobierno, y dice que ninguna otra puede acomodarse al pueblo de Buenos Aires y de Chile o a sus hábitos[60]», informó a Londres el representante inglés en la corte de Río. En ocasión de jurar la Constitución de 1819, Belgrano dijo a sus oficiales: «Esta Constitución y la forma de Gobierno adoptada por ella, no es en mi opinión la que conviene al país; pero habiéndola sancionado el Soberano Congreso Constituyente, seré el primero en obedecerla y hacerla obedecer[61]». Belgrano abogaba lisa y llanamente por una monarquía constitucional, que creía mejor que una república con presidencia vitalicia, o de carácter centralista y aristocrática, como el modelo que se acababa de sancionar.

Los extranjeros, testigos de la organización institucional

El gobierno británico observaba estos movimientos con gran atención. Desde la frustrada expedición de conquista de Whitelocke, la política exterior se mantenía en el mismo punto, que no era sino el de la defensa a rajatabla del principio de no intervención directa en la política interna de las excolonias. Esta consecuente conducta estaba basada en un doble cálculo: por un lado, servía al libre cambio, y por el otro, era la mejor manera de no entorpecer el delicado equilibrio que mantenía Gran Bretaña en el concierto de las vetustas monarquías europeas, todas aliadas de España. La influencia inglesa, y hemos visto que era mucha, se ejercía a través de los comerciantes residentes y de los jefes navales estacionados en el Plata que garantizaban el comercio libre.

En 1819, se produjo la última de las operaciones fallidas en busca de un noble europeo. A mediados de año, se conoció la inminente partida, desde Cádiz, de la nueva escuadra que Fernando VII preparaba contra sus antiguas colonias. El 12 de noviembre, en sesión secreta, el Congreso que había abandonado Tucumán y sesionaba en Buenos Aires aprobó una propuesta de los enviados ante las Cortes de Europa, Bernardino Rivadavia y Valentín Gómez. La negociación sostenía el compromiso de la monarquía francesa de obtener, del rey de España, el cese de las hostilidades, a cambio de la coronación en estas tierras de un Borbón, el príncipe de Lucca, quien contraería enlace nada menos que con una heredera del Brasil. Aunque parecía una proposición de fantasía, era la misma que se le había hecho al gobierno chileno de Bernardo O’Higgins a través de su representante en Londres. ¿El futuro rey gobernaría los territorios de ambos lados de los Andes? ¿Se contempló seriamente la posibilidad de construir una monarquía de la América del Sur, bioceánica? El tenor secreto de las negociaciones, que tuvieron un carácter más verbal que escrito, han dejado esas intenciones en un cono de sombras. Cuando se supo en Londres, cundió la indignación; el gobierno advirtió que la alianza de sangre que proponía Francia representaba un riesgo aún mayor que el del ya desacreditado Fernando VII. La diplomacia gala podía llegar a ser una competidora real en la región. El órgano de opinión pública, The Times, empezó a exigir entonces acciones concretas a favor del reconocimiento diplomático: «[…] es probable que el interés británico sea promovido en el Río de la Plata más por disposición de los habitantes que por cualquier influencia ejercida por nuestros ministros[62]», recriminó el diario.

En Buenos Aires, la noticia de la negociación a favor del príncipe de Lucca también generó un estado de conmoción que se extendió a todas las provincias. Además, corrió el rumor de la firma de un tratado secreto con la Corte del Brasil para legitimar su ocupación de la Banda Oriental (los portugueses habían tomado Montevideo), lo que obligó al Congreso a negarlo con un manifiesto, «un suelto» que hicieron circular sus propios miembros. Pero todo fue inútil; a fines de 1819 el descrédito había minado al conjunto del Congreso y al gobierno del Directorio bajo el mando del general Rondeau. El jefe caudillo de las provincias del Litoral, el general uruguayo José Artigas, lo acusó de traidor y declaró la guerra al Directorio, mientras sus subordinados Pancho Ramírez de Entre Ríos y Estanislao López de Santa Fe avanzaban sobre Buenos Aires. Rondeau llamó en su ayuda a San Martín y a Belgrano.

Un acontecimiento político totalmente ajeno a estas circunstancias aceleró el curso de los hechos. En enero de 1820, las tropas españolas que esperaban embarcarse en Cádiz se rebelaron. Esta acción generó el inicio de la revolución liberal del general Rafael Riego y dejó en agonía al régimen absolutista de Fernando VII. Los realistas, a la defensiva, empezaron a perder posiciones en toda América. En este contexto, San Martín desobedeció al Directorio. En efecto, apenas enterado de la sublevación de la tropas contra el general Belgrano en Arequito (norte de Santa Fe), decidió no tomar parte en lo que a todas luces era el comienzo de la guerra civil, y le escribió al general O’Higgins, director del Estado de Chile: «Tengo orden de marchar a mi capital con toda mi caballería e infantería; pero me parece imposible el poderlo realizar. […] Va a cargar sobre mí una responsabilidad terrible, pero si no se emprende la expedición al Perú todo se lo lleva el diablo». El 2 de abril de 1820, conocida la revolución de Riego, y mientras San Martín se hallaba en suelo chileno, los oficiales de su ejército firmaron el Acta de Rancagua (localidad transandina) por la cual tomaban la decisión de adherir a la desobediencia de su jefe y seguirlo. Semanas después, el Senado de Chile lo ratificaba como Generalísimo del Ejército Unido —formado por las fuerzas chilenas y el ejército de los Andes— y le prestaba todo el apoyo económico necesario para su empresa libertadora.

Con esta acción temeraria, San Martín se alejó definitivamente del escenario político de Buenos Aires. Pero no fue el único jefe revolucionario que sufrió las consecuencias de la disolución del principio de autoridad en ese funesto año de 1820. Ciertamente, para Manuel Belgrano y José Artigas, el destino fue peor.

En el mes de marzo Belgrano regresó humillado y muy enfermo a morir en su ciudad. Había intentado acudir en apoyo del Directorio, pero el Ejército del Norte bajo su mando se rebeló. La insubordinación hacia un jefe antes venerado demostraba hasta qué punto estaban dañados los vínculos de disciplina y lealtad militar. Belgrano se hallaba en Tucumán, postrado en cama, cuando este movimiento sedicioso con participación de sus propios oficiales lo hizo prisionero por algunos días. Su médico y fiel amigo, el escocés Joseph Redhead, debió protegerlo para evitar que lo engrillaran. Más allá de la triste anécdota, lo cierto es que el Ejército se disolvía pues las milicias, cansadas, impagas y hambrientas, se negaban a bajar a Buenos Aires. Muchos oficiales salvaron su vida y su autoridad poniéndose a la cabeza de la insubordinación de sus tropas. Así surgieron los caudillos Juan Bautista Bustos en Córdoba, Facundo Quiroga en La Rioja, Bernabé Aráoz en Tucumán. Eran hombres aguerridos, pero con un horizonte de acción mucho más estrecho que el que había guiado a San Martín, Belgrano y Artigas. La aspiración libertadora y americanista de la primera época de la Revolución quedó definitivamente enterrada bajo el peso del caudillismo. De este proceso de fragmentación regional, emergieron las provincias, territorios más pequeños que tomaban el nombre de la ciudad cabecera. En este espacio amojonado por las nuevas fronteras interiores, comenzaron a vivir las poblaciones a la sombra de cada jefe local o caudillo.

Mientras la secesión se abatía sobre el interior, la carrera de otro gran jefe revolucionario, el general José Artigas, quedaba envuelta en el marasmo de la guerra entre el Litoral y Buenos Aires. Desde 1811, el general oriental gozaba de un predicamento importante, no sólo porque fue el primero que postuló la construcción de una gran confederación de estados republicanos, a semejanza del modelo norteamericano, sino también porque muy rápidamente comprendió los beneficios implícitos en la libertad de comercio para toda la región del Litoral y la Banda Oriental. Estas disposiciones lo enfrentaron a Buenos Aires, puerto celoso de su propia Aduana. Pero Artigas no cejó, y a través de diversos documentos como las Instrucciones de 1813 y el Tratado de Libre comercio con Gran Bretaña de 1817, promovió la libre navegación del Uruguay y del Paraná, y habilitó para el tráfico internacional los puertos de Colonia y Maldonado, además del de Montevideo. Hasta 1820, el Litoral se mantuvo fiel a la jefatura artiguista. Su lugarteniente, el entrerriano Pancho Ramírez, lo secundaba en todas sus acciones. Sin embargo, ironías del destino, Ramírez lo traicionó después de doblegar a Buenos Aires. Artigas ya había perdido su enorme ascendiente entre las huestes federales y su estrella política se eclipsó sin remedio.

Buenos Aires no sufrió secesiones sino una dura derrota en manos de los caudillos del Litoral, que fue seguida de varios meses de completa anarquía. El 20 de febrero de 1820, López y Ramírez entraron «a saco» en la ciudad, pero no para quedarse. Presionaron a los miembros del Cabildo para crear un gobierno de carácter federal y el 23 de febrero firmaron el Tratado del Pilar. Antes de retirarse del territorio bonaerense exigieron la aceptación de una cláusula —de neto corte artiguista— que garantizaba la libre salida al mar para las provincias del Litoral.

La organización institucional impuesta a Buenos Aires entrañaba toda una novedad. Su base federal implicaba renunciar a la pretensión de seguir siendo la ciudad capital de las Provincias Unidas. El poder pasaba a manos de una Junta o Sala de Representantes, una suerte de poder legislativo y corazón del sistema, ya que expresaba por igual los intereses del campo y de la ciudad, y además designaba al gobernador.

Inmediatamente surgieron resistencias de quienes se negaban a aceptar la nueva situación. La corporación del Cabildo reaccionó primero. Era la única institución que provenía del viejo régimen colonial y seguía en funciones. Sus miembros no pensaban autodisolverse; la puja que se desató con las autoridades de la Junta de Representantes culminó el 20 de junio de 1820 con un episodio paródico: ese día juraron tres gobernadores el mismo cargo.

La calma volvió a la ciudad de la mano del entonces coronel Manuel Dorrego. Era un federal convencido, que estimaba a los gauchos pero no era uno de ellos. Volvía después de un exilio en los Estados Unidos al que lo había llevado, en 1816, su negativa a aceptar las propuestas monárquicas de Pueyrredón. Pero Dorrego no era conocido en la campaña, allí su jefatura no tenía el mismo peso que en la ciudad. A los gauchos y a la peonada rural los mandaba el general Martín Rodríguez, jefe de las fronteras del Sur de la provincia, a quien acompañaba un joven hacendado, Juan Manuel de Rosas, también comandante de milicias de la campaña.

La ciudad de Buenos Aires ya no tenía la misma fuerza que diez años atrás para imponer a sus hombres. Ahora, el predominio era rural y se hizo sentir en la elección del nuevo gobernador. Dorrego se presentó y perdió. La Sala de Representantes designó al general Martín Rodríguez, quien contaba además con el apoyo de Rivadavia y de Tomás de Anchorena, un antiguo comerciante ahora hacendado que era primo de Rosas. Los partidarios de Dorrego intentaron desconocer esa designación y se levantaron en armas, pero fueron doblegados por las milicias rurales de Rodríguez y de Rosas. Curiosamente, estas milicias tenían en sus filas desertores ingleses, a los que se conocía como los «colorados», por el color del poncho o capa que usaban, el mismo que había brillado en los uniformes del ejército escocés, el famoso 71, durante las invasiones inglesas[63]. Con la designación de Martín Rodríguez concluyó la anarquía que había barrido a diez gobernadores entre febrero y septiembre.

El nuevo orden surgido de la experiencia de 1820 dejó a Buenos Aires en condiciones de realizar un rápido despegue económico. Aunque la provincia tenía escasa población —unos 100 000 habitantes—, poseía vastos recursos naturales, valorizados por una posición geográfica excepcional, y acceso al mar, libre y directo, para exportar el cuero, la carne y el sebo a Europa, Brasil y Cuba. Los hacendados se enriquecían día a día. La provincia ya no dependía del comercio del interior pues podía obtener los artículos que no producía en los mercados europeos, especialmente en Gran Bretaña.

En el interior, en cambio, la situación no era igual. Debido a la guerra, las provincias del Norte habían perdido el fluido comercio que las había vinculado con las ciudades del altiplano durante la larga etapa colonial. Cuando se restableció esa ruta de intercambio con la nueva República de Bolivia, nada fue igual; no sólo el mercado había reducido su tamaño sino que además apareció la competencia de los productos que llegaban a través del Pacífico. Sin embargo, bajo el mando del general Bustos, Córdoba, más rica y poblada que el resto, estaba en condiciones de sostener un nuevo liderazgo regional. El territorio de Cuyo, que había soportado el peso de la organización del Ejército de los Andes —4000 hombres en pie de guerra sobre una población total de 50 000 habitantes—, penaba su comprometida reserva demográfica. Muy lentamente, con la venta de ganado vacuno y de mulas a Chile, Mendoza resurgió por encima de San Juan, obviamente convertida en su perdidosa competidora.

En el Litoral, los nuevos jefes locales surgidos de la filas del artiguismo se enredaron en una lucha sin cuartel. López exhibió durante años la cabeza de Ramírez (asesinado en 1821) como un trofeo personal. La barbarie también indicaba el grado de indigencia alcanzado. El ganado casi había desaparecido, en ocasiones debido a los robos y en otras porque se convirtió en alimento para los ejércitos de paso.

En definitiva, frente a esas nuevas desigualdades regionales, la realidad porteña ofrecía un panorama incomparablemente mejor.

Bernardino Rivadavia y el menú de la Baring Brothers

En 1821, convertida en estado provincial, Buenos Aires estrenó un equipo de gobierno. Junto a Martín Rodríguez, descollaron dos figuras muy emprendedoras y también polémicas para los propios contemporáneos: uno de ellos era Bernardino Rivadavia, designado ministro de Gobierno y Exterior, quien tenía experiencia política, había sido miembro del Primer Triunvirato y gozado de la amistad personal del general Manuel Belgrano; el otro, que asumió en Hacienda, era Manuel José García, más joven pero influyente, pariente de los Anchorena, y dotado de una gran sagacidad financiera.

Como dijo un contemporáneo suyo, Rivadavia tenía una manía: el optimismo; intentó ajustar la realidad de la provincia de Buenos Aires a los dos modelos de Estado que lo inspiraban; por un lado, la educación liberal y laica y la democracia electoral propias de los Estados Unidos, y por el otro, la política financiera y mercantil como fuente de autoridad del Estado tal cual se practicaba en Gran Bretaña[64]. Para ello, esperaba que los intereses de los acreedores tanto externos como internos confluyeran en apoyo del Estado y que dicho crédito promoviera la educación, la inmigración, la expansión de la agricultura, la fundación de poblados en los puntos de frontera, la construcción de un puerto y la instalación de un servicio de aguas corrientes en la ciudad.

Las guerras de la independencia habían desquiciado las finanzas públicas. La provincia no solamente arrastraba las deudas del gobierno virreinal sino también la deuda contraída en los primeros años de la Revolución para sostener el gasto de las expediciones y de los ejércitos. La suma oscilaba en un millón y medio, dos millones de pesos, y entre sus acreedores —al menos de la mitad de lo adeudado— estaban los comerciantes británicos. Las expediciones sanmartinianas, que habían recibido el apoyo de la comunidad británica de Buenos Aires, resultaron las más onerosas. El general escocés Guillermo Miller dejó constancia de esta buena relación, asegurando que «la confianza que tenían en él (San Martín) los comerciantes ingleses de Buenos Aires, lo manifiesta la prontitud con que facilitaban recursos al gobierno cuando se trataba de enviarle auxilios[65]». Los gastos militares eran ingentes y aunque las fuentes no sean muy precisas al respecto hay un dato cierto: para la expedición al Perú, la contribución de Buenos Aires fue de 1 500 000 pesos, en tanto los ingresos anuales del Estado eran de 2 000 000. La importancia de los gastos militares en el presupuesto era tal que no debe extrañar que, todavía en 1824, una de las primeras comunicaciones a su gobierno de Woodbine Parish —recién designado Cónsul inglés en Buenos Aires— afirmara que «el ejército de Buenos Aires, que cruzó los Andes mandado por San Martín y que estableció la independencia de las provincias occidentales de América del Sur, ya no existe[66]». Hacía dos años que la Sala de Representantes había votado esta medida que significó, por otra parte, el fin de la carrera de San Martín en el Perú. Pero el Cónsul la evaluaba con ojos contables. Un ejército desarmado significaba un ahorro directo para la hacienda pública, por lo tanto él esperaba que eso significara la creación de un sistema financiero estable y el cumplimiento con los acreedores.

Una vez establecido el monto de la deuda provincial, la legislatura autorizó al gobierno a emitir bonos y creó la Caja de Amortización. El gobierno invitó a los tenedores (como dijimos, fundamentalmente ingleses) a canjear sus papeles de deuda por esos bonos. También dictó una ley que daba como garantía de pago todos los bienes muebles e inmuebles de la provincia. En 1822, el gobierno creó por ley el Banco de Descuentos; tres de los nueve directores eran comerciantes ingleses. El 58 por ciento de las acciones estaba en manos de los británicos, y a pesar de que hubo ganancias, al año de creado todavía había 400 acciones sin colocar y ya se realizaban transferencias. Por ejemplo, los hermanos Anchorena (Nicolás, Juan José y Tomás), comerciantes y también hacendados, y su primo Juan Manuel de Rosas, que tenía un saladero en sociedad con otro hacendado, Juan Nepomuceno Terrero, traspasaron sus acciones a capitales ingleses, concretamente a la firma Steward y Cía., con lo cual el Banco quedó bajo el control de los accionistas extranjeros[67]. ¿Qué sucedía, había escasez de capital o desinterés por el crédito? En realidad, un poco de cada cosa. En la plaza el capital era un bien escaso, y la tasa de intereses era muy alta, del 12 por ciento. El Banco dio finalmente un dividendo del 10 por ciento pero no había entonces ninguna seguridad de que esto fuese a suceder; en definitiva, a los propietarios porteños no les convenía transformar su capital en una fuente de crédito. Querían comprar tierras, necesitaban invertir, no ahorrar. De todos modos, el crédito interno no alcanzaba para impulsar la transformación económica que pretendía Rivadavia y el gobierno acudió al mercado de capitales de la época.

En Londres, desde 1820 (el boom de inversiones durará hasta 1825) la tasa financiera estaba bajando y miles de pequeños y medianos ahorristas privados buscaban un destino más rentable para sus fondos en el extranjero. Los Estados sudamericanos comenzaban a ser visualizados como atractivos destinos de inversión; y en 1822, Buenos Aires se sumó a esa lista junto con México, Colombia, Perú y Chile. En ese contexto, la Junta de Representantes de la provincia votó la ley del 19 de agosto de 1822 para autorizar las tratativas del gobierno con los banqueros Baring Brothers & Cia. Estos intermediarios debían negociar un empréstito que permitiese financiar un programa de obras públicas para la construcción de un puerto (el proyecto era hacerlo en la Ensenada de Barragán), la fundación de pueblos y ciudades en la línea de frontera entre Carmen de Patagones y la ciudad de Buenos Aires, además de la provisión de aguas corrientes para la capital.

Las condiciones del empréstito fueron las acostumbradas en aquel tiempo. El gobierno pidió cinco millones de pesos oro, equivalentes a un millón de libras esterlinas, con la condición de que el Estado recibiera el 70 por ciento del valor nominal, es decir 700 000 libras, y que el interés adeudado no superara el 6 por ciento (recordemos que la tasa local era del 12 por ciento). El empréstito de Buenos Aires estaba en perfecta línea con las negociaciones seguidas en Londres por los otros gobiernos sudamericanos, aunque en algún caso el préstamo fuera usurario, como le sucedió a México con su primer contrato por el cual recibió apenas el 50 por ciento del valor nominal y con un interés real del 12 por ciento[68].

En 1824, viajaron a Londres Juan Parish Robertson (residente inglés) y Félix Castro, para concertar la emisión de bonos. Adelantaron la suma para el pago de los dos primeros años de intereses y amortizaciones y por esto a Buenos Aires finalmente se giraron 570 000 libras esterlinas. El lanzamiento de los bonos del empréstito en un principio tuvo éxito. Aunque las expectativas de los ahorristas ingleses en el Río de la Plata eran sin duda exageradas, durante tres años se mantuvieron intactas y favorecieron los emprendimientos más variados. Uno de éstos fue la Famatina Mining Company que, con capitales británicos, pretendió extraer oro y plata del cerro Famatina en La Rioja. Esta empresa, de la que el general Facundo Quiroga fue accionista, se encontró con dificultades técnicas para sacar el metal precioso, pues nadie había previsto la enorme distancia que había que cubrir para el traslado de los pesados equipos de vapor que se requerían desde el puerto hasta La Rioja. Según el informe de un ingeniero inglés, los gastos superarían los beneficios. Sin embargo, éste no fue el único problema; en realidad, hubo primero un conflicto de intereses entre dos grupos económicos. Este consorcio, integrado por los hermanos Anchorena, los ingleses Guillermo y Juan P. Robertson y otros encumbrados comerciantes criollos como Braulio Costa, compitió por la explotación de la misma propiedad minera con otra empresa que ya existía y se había formado en Londres a instancias del ministro Rivadavia. En efecto, la River Plate Mining era también una sociedad de accionistas en su mayor parte ingleses, creada por los hermanos Hullet, hombres de confianza de don Bernardino. ¿Cuál de las dos compañías representaba mejor a los «hijos del país»? ¿Cuál de las dos estaba más empeñada con el capital británico? Estas preguntas han alimentado algún debate en torno a las figuras de Rivadavia y Quiroga. El primero ha sido visto como un agente del imperialismo comercial inglés, y el segundo como un decidido defensor del interés local. Sin embargo, ambas sociedades dependían totalmente de los inversores británicos y de sus agentes en el Plata, se tratara de los Hullet o de los Robertson, ambas eran pues tributarias del capital internacional. Ninguna de las dos empresas pudo concretar la inversión, que se diluyó con la depreciación rápida de las acciones. Como ha dicho un historiador, «la situación estaba dominada por los empresarios riojanos que en realidad eran empresarios bonaerenses. Empresarios y a la vez terratenientes y a la vez banqueros. Riojanos y a la vez bonaerenses y a la vez británicos[69]». Un verdadero grupo económico cuyos miembros no sólo hacían negocios sino imponían un refinamiento de «lores» a la vida social porteña. Braulio Costa, el socio, amigo e inspirador de Facundo Quiroga, impartía cátedra: usaba chaleco de raso a diario aunque no dudaba en cargar sus dados en la mesa de juego.

Buenos negociadores, malos dividendos

Los proyectos de Rivadavia para favorecer nuevas inversiones en el Río de la Plata no se detuvieron, pues en ellos basaba su idea de fundar un Estado moderno que ejerciera el control sobre un territorio poblado y productivo. Hemos visto que faltaba población, por eso hizo un decidido intento de traer inmigrantes para las actividades agrícolas. Pero la coyuntura económica no era apropiada. De hecho, cualquier empresa de colonización de tierras tenía que competir, por un lado, con las ventajas que ofrecían la ganadería y el comercio de cueros, sebo y carne salada; y por el otro, con la crónica falta de mano de obra que transformaba a cualquier individuo hábil en un trabajador urbano capaz de progresar con su salario.

La Comisión de Inmigración comenzó a funcionar en abril de 1824. La integraban Guillermo Robertson y otros dos comerciantes ingleses residentes, además de los criollos Sebastián Lezica, Félix Castro y Juan Manuel de Rosas, quien participaba a instancias de Tomás Manuel de Anchorena. Para organizar el traslado de los colonos, se formó una compañía en Londres, la River Plate Agricultural Assoc., y el empresario promotor adelantó fondos, pero según denunció después, ni Castro ni Lezica concretaron jamás la rendición correspondiente[70]. Los hermanos Robertson fundaron una colonia con 220 escoceses que trajeron a Monte Grande; eran grupos de familia y también hombres solos. Pero en la época no había condiciones para fundar establecimientos agrícolas de ese tipo, con molinos, huertas, establos y graneros, pues la disciplina colectiva de trabajo requerido necesitaba tiempos de paz y estabilidad. La guerra con el Brasil, de la que hablaremos más adelante, desarmó por completo el emprendimiento; los Robertson quebraron, lo cual, curiosamente, no afectó individualmente a los colonos, que encontraron empleo en Buenos Aires; algunos, con los años, hasta llegaron a convertirse en propietarios rurales[71].

Sin lugar a dudas, la gestión de Rivadavia despertó confianza en los círculos gubernamentales británicos. Pero su persona no agradaba; era definido como un político imaginativo y brillante pero muy ambicioso, vanidoso y además dado a las intrigas. Por el contrario, el hombre que cumplía con los requisitos de Londres era Manuel J. García, que deslumbraba, pese a su aparente estilo impersonal, por su agudeza y habilidad para moverse con rapidez en los laberintos del mundo diplomático y financiero. El representante norteamericano en Buenos Aires también lo señaló ante su gobierno como el preferido de los especuladores ingleses. No debe extrañar entonces que el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y las Provincias Unidas del Río de la Plata, del 2 de febrero de 1825, que sellaba el tan anhelado reconocimiento, lleve la firma de Manuel J. García. Este instrumento legal encuadró las relaciones argentino-británicas durante un siglo.

A fines del año 1823, en el marco de la doctrina Monroe, Norteamérica reconoció los nuevos Estados emancipados y determinó que ninguna potencia europea podía ejercer la fuerza sin que ello importara una inmediata respuesta norteamericana. Obviamente, la doctrina no tenía entonces la significación que adquirió mucho después (una suerte de «vale todo» para la intervención militar en la región). La decisión de los Estados Unidos fue muy celebrada en Buenos Aires; aun así, Londres no se apuró, pero sí confirmó como Cónsul a Woodbine Parish, primo hermano de los Robertson, quien ya lo ejercía de oficio. ¿Por qué demoró Londres todavía dos años más en establecer relaciones diplomáticas con Buenos Aires? La pregunta no es ociosa: muestra hasta qué punto el gobierno inglés conocía los entretelones de la política en el Río de la Plata y buscaba las garantías que Estados Unidos no pidió.

En uno de sus primeros encuentros con Rivadavia, Parish propuso el nombre del general José de San Martín para cubrir el cargo consular en Londres. El Libertador ya había partido a Europa con su hija y era estimado y respetado en Londres, pero Rivadavia le cerró toda posibilidad. Aseguró a Parish que San Martín era un personaje embarazoso que podía promover nuevamente la idea de coronar a un príncipe europeo. Parish no pretendía negociar ni podía hacerlo y evitó entrar en el juego propuesto; en tanto, Rivadavia se asignó para sí esa representación unos meses después. En agosto de 1824, tomó contacto personal con el ministro de Relaciones Exteriores, George Canning, mientras en Buenos Aires el ministro García se ocupaba de iniciar las tratativas con el prudente Cónsul. Efectivamente, a pedido de Canning, lo que Parish necesitaba saber era si la autoridad de Buenos Aires sobre las demás provincias alcanzaba para firmar un acuerdo de reconocimiento internacional. Al igual que en los encuentros anteriores en Londres, sobrevolaba el mismo interrogante: ¿a quiénes representan?

A comienzos de diciembre de 1824, para definir alguna forma de organización nacional, comenzó a sesionar un nuevo Congreso general. Obviamente, entraron a discutirse los diferentes grados de autonomía provincial tolerables. Los delegados de Córdoba, provincia gobernada por el general Bustos, fueron los más estrictos en ese sentido. Así, mientras avanzaba la idea del gobierno representativo republicano, se acentuaba la idea de Confederación. Un hecho externo aceleró todo el proceso que concluyó con la firma del Tratado. El 23 de enero de 1825 se conoció en Buenos Aires el resultado de la batalla de Ayacucho, en la que las fuerzas del mariscal Sucre derrotaron al último bastión realista de América. La noticia amalgamó a los miembros del Congreso que votaron por unanimidad delegar en el gobierno de Buenos Aires la representación de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas o Confederación. Este antecedente fue fundamental para darle continuidad al principio de la representación exterior, y le sirvió años después a Juan Manuel de Rosas para asentar su poder durante más de dos décadas.

El reconocimiento británico colocó en el primer plano la cuestión de la Banda Oriental. ¿Formaría o no parte de las Provincias Unidas? La pregunta no era simple retórica. En 1825, el problema era evidente para cualquier observador extranjero. La memoria anónima de un viajero inglés termina justamente con esta cuestión: «Si Buenos Aires tuviese la Banda Oriental constituiría un poderoso estado, lo cual es mirado con malos ojos en Río de Janeiro. Sus fortalezas, su agradable clima y hermosa campiña, el aumento de población, la llegada de inmigrantes y un gobierno fuerte, despertarían los recelos del Imperio del Brasil. Sin embargo, tal acontecimiento parece lejano, y todo me inclina a pensar que la Banda Oriental seguirá en manos de sus actuales dueños (los portugueses) por largo tiempo[72]». Una lúcida explicación para un pronóstico al final equivocado, de los que hay muchos ejemplos en la historia.

A comienzos de 1826, estalló la guerra con el Imperio del Brasil, que desde 1812 pretendía legitimar su dominio directo sobre la Banda Oriental. Un poco antes, el Congreso general había sancionado una nueva Constitución centralista de inspiración rivadaviana y había elegido al propio Rivadavia primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Don Bernardino era partidario de la guerra y un convencido de que el Río de la Plata no tendría entidad política sin la inclusión de la Banda Oriental. Por supuesto, en la otra orilla contaba con la adhesión del general Lavalleja y sus hombres, que se pusieron a las órdenes del general Alvear, jefe del Ejército de tierra, mientras que las acciones navales en el Río de la Plata estuvieron dirigidas heroicamente por el almirante irlandés Guillermo Brown, que con talento y una pequeña flota logró reducir el peso del bloqueo que los barcos del emperador Don Pedro imponían al puerto de Buenos Aires. La metrópoli rival, Montevideo, quedó sitiada por las fuerzas del general Alvear y el apoyo de los revolucionarios orientales enemigos de la ocupación portuguesa. La situación bélica permaneció durante un tiempo en este punto de estancamiento mientras la autoridad de Rivadavia se deterioraba rápidamente. Las provincias rechazaron la Constitución centralista del gobierno y también se desentendieron del costo de la guerra que afectaba particularmente al comercio porteño. Rivadavia renunció y el Congreso se disolvió. La provincia de Buenos Aires reasumió su autonomía y eligió a Manuel Dorrego, quien asumió el costo político de hacer la paz con el Brasil. El 4 de octubre de 1828, el recién designado gobernador reconoció la soberanía de la República Oriental del Uruguay, una solución que contó con la mediación del gobierno de la Gran Colombia y que Gran Bretaña apoyó con decisión.

El proyecto de Rivadavia de crear un Estado fuerte y centralizado, respaldado por un sistema de inversión que lo dotara de capacidad para expandir la producción y multiplicar la población, terminó con un estrepitoso fracaso. El bloqueo al puerto detuvo durante dos largos años todo el tráfico internacional; las inversiones desaparecieron y el crédito se evaporó. Los comerciantes británicos convirtieron sus mercaderías en oro y plata y lo que pudieron, lo transfirieron a Londres a través de los barcos correo, lo que generó falta de metálico y una evasión imparable. Todo el sector financiero quedó en la ruina, y los ingleses, que habían participado del convite rivadaviano para financiar el crédito interno y externo, se vieron particularmente afectados. Eran los mayores tenedores de títulos públicos del gobierno y accionistas de los bancos. Hacia fines de 1827, los valores se derrumbaron y el Estado, quebrado, se quedó sin rentas para pagar el servicio del empréstito Baring, cuyos bonos habían alcanzado la suma de 970 000 libras esterlinas, es decir, casi su valor nominal. Recién a partir de 1857 el gobierno reanudó el pago de esa deuda.

Mucho se ha escrito sobre el empréstito Baring. La operación financiera ha sido considerada por algunos como una gran estafa, el origen de una deuda usuraria que pesó durante un siglo sobre las espaldas de nuestra nación. Esta visión, enunciada hacia fines de la década de 1930 por Raúl Scalabrini Ortiz, tuvo mucho predicamento, pues entroncaba con una interpretación también crítica que comenzaba entonces a juzgar de manera muy negativa la relación entre Gran Bretaña y la Argentina en el siglo XIX, cuestión que analizaremos más adelante[73].

La caída de Rivadavia demostró también dónde se hallaba la fuente del poder político. No estaba asociada a los bancos ni al crédito externo, como lo había creído el mentor del programa. No fueron pocos los comerciantes ingleses que lo advirtieron a tiempo y trocaron sus mercancías por tierra y ganados. La autoridad derivaba, entonces, de la posesión de la tierra, concentrada en pocas manos. El orden era la estancia, y el patrón, Juan Manuel de Rosas.

IV
Rosas y sus socios

La marcada influencia que ejerció Juan Manuel de Rosas en el escenario político rioplatense tuvo su inicio bajo el gobierno de Martín Rodríguez, pero se acrecentó a fines de 1828, después del fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle. Transcurrido un año, el caudillo organizó su propia consagración. El 8 de diciembre de 1829, asumió como gobernador de la provincia de Buenos Aires, investido de facultades extraordinarias, y un amplio espectro de personalidades fue a saludarlo hasta el Fuerte, que seguía siendo la sede del Ejecutivo. Por allí desfilaron Juan José Paso, Domingo Matheu y Miguel de Azcuénaga, todos miembros de la Primera Junta de 1810; los generales Carlos María de Alvear, Tomás Guido y Juan Ramón Balcarce, jefes de los ejércitos de la Independencia, además de algunas otras figuras de gran peso social como los hermanos Anchorena, los Ramos Mejía, los Ezeiza, los Suárez, los Lastra, los Terrero, hacendados que se codeaban con los miembros de la comunidad británica. El Cónsul inglés, presente en la misma ocasión, no dejó de señalar que el nuevo gobernador había designado un gabinete, a su juicio, irreprochable, en el que descollaba una vez más el carismático Manuel José García.

La figura de Rosas despertaba adhesiones en los sectores más variados de la escala social; desde los grandes terratenientes hasta los peones propios y ajenos lo respetaban y temían a la vez. En la ciudad, desparecida la figura de Dorrego, no quedaba otro jefe capaz de arrastrar tras de sí a la plebe urbana; pero Rosas contaba además con el consentimiento de los más ricos comerciantes extranjeros, fundamentalmente ingleses, quienes necesitaban también del imperio del orden como garantía para sus intereses económicos. En este sentido, la conducta de Rosas no fue excepcionalmente anglófila. El sentimiento probritánico estaba ya muy arraigado en la época y la relación con Gran Bretaña, por un lado, y con los residentes, por el otro, no había hecho más que intensificarse con el paso del tiempo. De la mano de Moreno y de San Martín, el vínculo había sido claramente doctrinario; bajo la influencia de Rivadavia, adquirió ya los visos de una relación de negocios comercial y financiera. Con Rosas tuvo otro matiz: se gestó la sociedad de intereses entre, por un lado, los estancieros, productores de ganado, a menudo criollos, y, por el otro, los comercializadores, exportadores de cuero crudo, casi todos ingleses.

Los dueños de la tierra

En pocos años, Rosas transformó la estancia ganadera en una unidad de producción económica, de control social y de poder político. Esta combinación de riqueza y autoridad determinó que todo caudillo fuese también un estanciero. Desde luego, esta relación no era simétrica; hubo muchos estancieros pero sólo un caudillo por provincia, y, de todos, Rosas fue el primero que descubrió que la base del poder no estaba tanto en las cabezas de ganado y en la extensión de la tierra apropiada cuanto en la relación directa de mando y de obediencia con los hombres que vivían en sus tierras, trabajaban para él y se sometían a sus órdenes. También comprendió que el imperio de la fuerza no era suficiente. En 1829, definió sin medias tintas su concepción ante Santiago Vázquez, el representante del gobierno del Uruguay: «Usted sabe la disposición que hay siempre en el que no tiene contra los ricos y superiores. Me pareció pues, desde entonces muy importante conseguir una influencia grande sobre esa clase para contenerla, o para dirigirla, […] hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos, y hacer cuanto ellos hacían[74]». Rosas hizo de esta imagen un atributo de poder personal y una estrategia para defender los intereses de los miembros de su clase, los grandes ganaderos.

Desde 1810, los estancieros habían aumentado paulatinamente en número y poder. En principio, muchos de los comerciantes cuya fortuna de origen había sido el antiguo monopolio mercantil español traspasaron lentamente una parte de sus riquezas a la propiedad ganadera. Este giro lo hicieron los descendientes de ilustres apellidos de la época colonial como Álzaga, Santa Coloma, Díaz Vélez, entre otros, y por cierto los Anchorena, Nicolás, Juan José y Tomás Manuel. Los hermanos dispusieron del asesoramiento directo del primo Rosas, quien años después recordó agriamente cuánto le debía el clan que había comprado y administrado sus campos entre 1818 y 1830. En efecto, en ese lapso, la posesión de la tierra destinada a la cría de ganado vacuno comenzó a generar fortunas gracias al alza de los precios de los cueros destinados a Inglaterra y al aumento de la demanda de la carne salada, el tasajo, que era alimento para los esclavos y se exportaba con destino al Brasil, al Caribe y al sur de los Estados Unidos.

La tendencia a la concentración de la tierra en pocas manos también se consolidó con Juan Manuel de Rosas. Rivadavia había proyectado un sistema de tenencia totalmente distinto. Bajo la llamada Ley de Enfiteusis, dictada en 1822, la tierra pública se había entregado en alquiler o enfiteusis a cada arrendatario con el compromiso del pago de un canon, que tenía por objetivo final transformarlo en propietario después de un período estipulado. Era una forma de generar una renta que podía destinarse a inversiones públicas o al propio mantenimiento burocrático del Estado. Esta medida había sido en su momento muy resistida por los miembros de la Comisión de Inmigración pues los destinatarios de la enfiteusis debían ser los agricultores extranjeros que Rivadavia creyó que transformarían la pampa, asentándose como pobladores, medianos y pequeños propietarios. La presidencia rivadaviana concluyó en 1827 pero el sistema ya daba muestras de generar un resultado contrario al propuesto, sencillamente porque no se habían fijado los límites máximos de las extensiones adjudicadas. De hecho, para esa fecha, los enfiteutas, es decir los arrendatarios, ya eran los miembros de muchas familias vinculadas a la gran propiedad. Entre 1822 y 1830, los Anchorena acumularon trescientas sesenta y dos mil quinientas hectáreas; Juan Manuel de Rosas un poco más de ciento cincuenta mil hectáreas, cifras de fábula que encarnan la consolidación de una clase de estancieros que poseían algunas de las haciendas más grandes del mundo[75]. En 1836, con una nueva ley de tierras, Rosas liquidó los restos del sistema de arrendamiento y puso directamente en venta la tierra pública, con lo cual dejó al Estado sin el beneficio de su principal fuente de ingresos.

La tierra no era cara y sin embargo no estaba al alcance de cualquiera. En efecto, se necesitaban grandes extensiones para que fuese productiva, pues sólo era rentable la explotación de ganado vacuno u ovino ya que se exportaban el cuero, el sebo, la carne salada y, a partir de 1840, también la lana. Sin el número adecuado de cabezas de ganado no se aseguraba la rentabilidad de la estancia. En este contexto no eran muchos los que podían aprovechar los bajos precios de la tierra, sobre todo si además los campos estaban sujetos a la depredación del paso de los ejércitos, a las confiscaciones del ganado caballar considerado elemento de guerra, a las contribuciones forzosas y al servicio militar de dueños y peones. Los amigos del poder y los extranjeros estaban a cubierto de estos «imponderables».

Solamente los ingleses gozaron de todas las garantías: eran los únicos extranjeros eximidos del servicio militar impuesto por leva forzosa, una excepción que el gobierno británico había pedido específicamente en el Tratado de 1825. Muchos compraron tierras en estos años. Las estancias británicas de Taylor, Thwaites, Newton, Bell, entre otros, se concentraron en el sur de Buenos Aires, entre San Vicente y Tandil. Pero la comunidad estaba estratificada, no todos eran estancieros. Muchos peones eran escoceses o irlandeses y también progresaron. De peones de campo se transformaron en propietarios de majadas, una condición relativamente frecuente entre los inmigrantes irlandeses radicados en esa zona, más precisamente a orillas del Salado, cerca de Chascomús. Convertidos en pequeños propietarios de ganado ovino, daban origen a una incipiente clase media rural. En estos años los pioneros ingleses introdujeron reproductores merinos por miles y con el alambrado de sus estancias —la primera fue la Santa María, propiedad de Ricardo Newton, en 1845— y la importación del famoso toro Shorthorn (cuerno corto en inglés) ligaron definitivamente sus apellidos al desarrollo ganadero argentino.

La carne argentina y el paladar inglés

Estas innovaciones modificaron no sólo las formas del trabajo rural, también hábitos más domésticos, como por ejemplo el gusto por el asado. La costumbre de comer carne de vaca ya había sido consignada por el capitán de las fuerzas de Beresford, Alejandro Gillespie, quien en el camino hacia Santa Rosa de Calamuchita en 1806 comió un asado de carne con cuero, «un pedazo de carne cortado del animal, con el cuero correspondiente, que es muy gustado por ellos, pues no se va ningún jugo natural. Se ahueca en el medio con ese objeto y se pone sobre las brasas lo bastante. Nos gustó mucho y con frecuencia lo saboreamos después[76]». El gusto por la carne de vaca estaba muy extendido en el territorio, y en Buenos Aires formaba parte principal de la dieta de los carnívoros porteños. Esteban Echeverría, el poeta unitario, escribió en 1837 una graciosa apología sobre el matambre que ni los federales podían rechazar y que decía jocosamente: «[…] nosotros, acostumbrados desde niños a verlo andar de boca en boca, a chuparlo cuando de teta, a saborearlo cuando más grandes, a desmenuzarlo y tragarlo cuando adultos, sabemos quién es, cuáles son sus nutritivas virtudes y el brillante papel que en nuestras mesas representa[77]». Los ingleses no compartían ese gusto, en general apreciaban la carne criolla por debajo de la propia porque era muy dura. «Yo que tengo buena dentadura —se quejaba en 1842 el viajero William MacCann— al cabo de un mes sentía las encías tan irritadas de mascar aquella carne, que no me atrevía a tocar los llamados matambres o asados[78]».

El problema de MacCann no tenía solución, al menos de forma inmediata. Efectivamente, el vacuno criollo era muy flaco pero su cuero era grueso y muy apreciado por los curtidores de Liverpool. Además del consumo interno de algunos cortes, lo más importante se destinaba a la exportación en la forma de tasajo o carne magra salada. Por eso, aunque el primer Shorthorn causó sensación por su tamaño y peso, no prosperó su producción; su cuero era fino y su carne gorda y grasosa no servía en los saladeros. Finalmente, se lo destinó a la producción láctea. Los ingleses insistieron con el Heresford pero el predominio del saladero pudo más. Sin embargo, el cambio estaba anunciado y muchos alcanzaron a verlo y también a paladearlo. La extensión del uso del alambrado, a fines de 1870, impuso la cría de las razas inglesas refinadas y así llegó a la mesa criolla una carne tierna y grasosa, la que hoy gusta asada con el corte argentino que define su sabor.

El mundo de las estancias no era hostil ni estaba divorciado del ámbito urbano. El propio Rosas había unido la suerte de la campaña a la de la ciudad y aunque su poder hacía gala de rusticidad nunca abandonaba los salones porteños. Tampoco los grandes terratenientes habían olvidado el origen mercantil de sus fortunas y por eso mantenían sus actividades comerciales aunque reorientadas a la exportación ganadera. De hecho, entre la ciudad y el campo había una línea de chacras y de quintas que de Flores a Quilmes amojonaban el camino hacia las grandes propiedades del sur. El límite de la ciudad no era la campaña habitada, sino el llamado «desierto», la zona de los malones indios. A ellos les temían por igual los pobladores rurales y urbanos.

Las tribus pampas dominaban el territorio al sur del río Colorado, y sus correrías en las cercanías de Bahía Blanca mantenían en vilo a los propietarios ganaderos. En octubre de 1831, el vicecónsul inglés Henri Stephen Fox informaba a su gobierno: «Al iniciarse el presente mes, los indios pampas hicieron una incursión a través de la frontera sur de la provincia de Buenos Aires, y lograron llevarse alrededor de doce mil cabezas de ganado. Gran parte de este ganado, propiedad del general Rosas, pudo luego recuperarse gracias a la milicia provincial; pero todavía no se ha podido obligar a los indios a que se retiren al otro lado de la frontera[79]». En 1832, al concluir su primer período de gobierno, Rosas pidió autorización a la Sala de Representantes para llevar a cabo una expedición de colonización y expansión de la frontera hasta el sur del río Negro y las faldas de la cordillera de los Andes. La expedición concluyó a mediados de 1834 y fue económicamente exitosa, incorporó grandes extensiones de tierras ricas y aptas para la explotación ganadera aunque sus resultados sociales no fueron duraderos. En efecto, el problema de la relación con los indígenas que ocupaban el norte de la Patagonia no fue seriamente contemplado. Rosas dividió a los indios en amigos y enemigos. Los primeros, de la familia de los pampas, abandonaron sus incursiones y obtuvieron a cambio una cierta cantidad de potros y yeguas y porciones regulares de yerba, tabaco y sal, que los caciques repartían entre sus hombres. La provisión de estos «vicios» transformó a estas tribus en amistosas, mientras recibían los alimentos prometidos; pero esta política no proporcionaba ningún elemento real de arraigo a la tierra, pues mantenían el nomadismo, de modo que sólo se consiguió posponer la cuestión. Con las tribus enemigas de la gran nación araucana, el caudillo no tuvo piedad; los indios capturados eran castigados con el fusilamiento, y sus mujeres y niños repartidos entre los soldados. Curiosamente, la única voz que se levantó en señal de protesta y describió la «sangrienta guerra de exterminación contra los indios[80]» fue la de un ilustre extranjero, Charles Darwin. El naturalista inglés realizaba un viaje de exploración junto con el capitán del Beagle, Robert Fitz Roy, hasta las costas magallánicas, y se detuvo para conocer a Rosas en su campamento. Aunque años después se arrepintió de sus dichos, Darwin quedó fascinado con su interlocutor. «Es un hombre de extraordinario carácter —escribió en su diario— y tiene en el campo una influencia tremenda, que probablemente utilizará para hacerlo progresar y adelantar. Se dice que es dueño de setenta y cuatro leguas cuadradas de tierras, y de trescientas mil cabezas de ganado. Sus estancias se hallan manejadas de manera admirable, y su producción cerealera es mucho mayor que las de otros[81]».

Una comunidad complaciente

El entusiasmo de los británicos hacia Rosas nunca fue moderado. Por el contrario, no bien el caudillo hizo su ingreso en el escenario de la política porteña, impresionaron bien tanto su personalidad como sus acciones. El cónsul Woodbine Parish, a menudo medido en sus informes a Londres, escribió el 12 de diciembre de 1829: «El día 8 del actual se procedió a la elección de un Gobernador por un período de tres años, el ejercicio prescripto por la ley, y el General Rosas fue electo por unanimidad y de inmediato prestó juramento, en medio de la aclamación del populacho, que vociferaba su expresión de júbilo. […] El nombramiento del General Rosas era, naturalmente de esperar, y efectivamente, luego de sus esfuerzos extraordinarios y triunfantes por el restablecimiento de las instituciones legítimas de su país tiene merecido tal demostración de respeto y confianza pública. Los únicos obstáculos eran su propia modestia y su reticencia a ser instalado en una situación tan ostensible y responsable; […] el depósito de la Autoridad Suprema en sus manos es la mejor garantía para el mantenimiento de la tranquilidad pública que gracias a su esfuerzo quedó felizmente restablecida. Además —proseguía, optimista, el Cónsul—, su política moderada, cuando se conozca públicamente, confío que inspirará confianza aun entre aquellos que hasta ahora han sido sus enemigos y opositores[82]».

Hacía más de un año que el Cónsul seguía de cerca los movimientos del caudillo. En ocasión del golpe militar de Lavalle contra el gobernador Dorrego, producido el 1.º diciembre de 1828, Parish había acertado al informar que el desenlace estaba en manos de Rosas, «el más formidable líder de esa gente [se refiere a los gauchos]. Si él resuelve apoyar a Dorrego contra el ejército —y él puede reunir una fuerza suficiente como para intentarlo—, me temo que veremos una lucha muy sanguinaria[83]».

Las relaciones entre Rosas y los representantes diplomáticos británicos, cónsules y encargados de negocios, fueron en contadas ocasiones hostiles, y más allá del respeto impuesto por las fórmulas de cortesía, predominaron los lazos de mutua complacencia. ¿Sinceramente amistosos? Resulta tan difícil afirmarlo como negarlo, por otra parte en estos casos siempre importa más el resultado que la intención.

Henry Mandeville, que estuvo en Buenos Aires entre 1836 y 1845, trabó amistad personal con el caudillo; en cambio su sucesor, William Gore Ouseley, fue decididamente crítico, tanto que debió ser reemplazado en 1847 para no obstruir la relación entre los gobiernos. Pero no fueron las únicas opiniones que importaron en la época. Los miembros de la comunidad británica justificaron mejor que nadie a Rosas, y con un argumento que el propio servicio diplomático adoptó. Según ellos, el caudillo representaba un freno a la anarquía y una garantía para las actividades comerciales y el usufructo de sus propiedades en Buenos Aires. Esta percepción se transformó con los años en una convicción, por eso en 1849 la esgrimió un grupo de setenta y seis comerciantes —entre los más connotados de la plaza— que firmó una carta para rechazar la posibilidad de que Rosas abandonara el cargo, en la que expresaban sin vueltas que «su retiro será no sólo una calamidad pública sino que afectará los más importantes intereses de los residentes británicos[84]».

El caudillo era muy consciente de la importancia mutua de esta relación y no dejó de cultivarla y de exponerla públicamente cada vez que la ocasión lo requirió. En Buenos Aires, se observó luto después de la muerte de Jorge IV en 1831 y de Guillermo IV en 1837, y fue el propio Rosas quien celebró el advenimiento al trono de la reina Victoria, y todos sus cumpleaños, cuyo nombre ostentaba además su pingo favorito[85]. Tampoco tuvo reparos para manifestar formalmente su predilección ni la confianza que tenía en el apoyo británico. En 1839 le escribió a Mandeville: «Cuando los argentinos tanto debemos al Gobierno de S. M. B. en la jura de nuestra independencia, cuando V. E. tanto se interesa de corazón en la libertad, honor y gloria de la Confederación Argentina y cuando estoy tan íntimamente reconocido a los finos, amigables, buenos oficios de V. E. me permito poner o dejar en poder de V. E. los adjuntos documentos originales[86]».

El favoritismo de Rosas hacia los miembros de la comunidad británica no pasó inadvertido entre sus más cercanos allegados. Mientras para su sobrino, el general Lucio V. Mansilla, era un dato de la realidad: «Ser inglés, verbigracia, ¡qué pichincha entonces!»[87], para Tomás Manuel Anchorena, su primo y mentor, era una conducta reprochable, por eso le hacía saber que «las excesivas generosidades que está ud. dispensando a los gringos me tienen de muy mal humor[88]».

De regreso en Buenos Aires y por designación unánime de la Sala de Representantes, Rosas inició el 13 de abril de 1835 su segundo período de gobierno con la suma del poder público. ¿Cuáles eran los motivos que le permitían tal hegemonía? ¿Acaso bastaba que fuera el artífice de la expansión territorial de la provincia? Todo indica que no, pues fue un hecho aparentemente fortuito el que lo transformó en un hombre imprescindible. El 5 de marzo llegó a Buenos Aires la noticia del asesinato de Facundo Quiroga. Había sido emboscado, el día 16 de febrero, mientras cruzaba la provincia de Córdoba, en los parajes de Barranca Yaco. Según se dijo, la orden provenía de José Vicente Reynafé, jefe de esa provincia. Sin duda, con Quiroga desaparecía el caudillo federal más influyente del Norte, el único que tenía una presencia relevante en los salones de Buenos Aires y gozaba de una fuerte personalidad de dimensión nacional.

La alarma cundió como reguero de pólvora; el miedo de volver a la situación de anarquía y disolución de 1820 sobrecogió a todos. En Buenos Aires, Rosas no tuvo mayores inconvenientes en obtener lo que quería, facultades omnímodas para gobernar. Una vez logradas, su autoridad se impuso en toda la Confederación mediante un recurso legal indiscutible. Usó el antecedente de 1813, ratificado en 1824, por el cual Buenos Aires manejaba las relaciones exteriores en nombre de todas las provincias, lo cual le permitía actuar en esa materia en beneficio de los intereses porteños ligados al usufructo de los ingresos aduaneros. Y así lo hizo; más que un federal, Rosas era un gobernante autonomista que se conducía con el principio de que cada provincia debía arreglarse sola, y sus opositores, los unitarios emigrados a Montevideo, le hacían un gran favor cuando lo tildaban de «tirano federal». Durante años nadie se atrevió a discutir su hegemonía.

Buenos Aires tenía más nativos y extranjeros que el resto de las provincias de la Confederación. Bajo el orden de Rosas vivían ciento cuarenta mil personas, de las cuales ochenta mil habitaban la ciudad. Los extranjeros eran aproximadamente veinte mil, un tercio de origen británico, y los dos restantes, de origen francés e italiano. Los más pujantes eran los primeros, pero su preponderancia no se basaba en el número. En conjunto, ingleses, escoceses e irlandeses tenían gran peso económico, pues radicaban sus fortunas en la provincia y giraban pocas remesas de capitales a las casas matrices de Londres, Liverpool y Manchester. ¿Cuán asimilada estaba la comunidad británica? Todo lo que podía aceptar la diferencia de culto religioso. Excepto los irlandeses, que en su mayoría eran católicos, el resto de los británicos —ingleses y escoceses— practicaba el culto protestante. Evidentemente, el peso social de la Iglesia Católica, que se acentuó mucho bajo el gobierno de Rosas, ponía un freno a la multiplicación de los matrimonios mixtos. Había que elegir uno de los dos cultos, y las familias de las niñas criollas, usualmente, no admitían sino los candidatos convertidos al catolicismo. Otras barreras invisibles frenaban a veces estos intentos de unión matrimonial. El paso del tiempo no había modificado una costumbre española. «El único inconveniente de entrar en esta sociedad —escribía un viajero inglés— es que podría decirse que se casa uno con toda la familia, pues es costumbre vivir en la misma casa. Los ingleses se oponen a esto, logrando imponer su voluntad. El buen sentido de sus esposas les hace aceptar nuestras costumbres[89]». De una u otra manera surgía una generación de angloargentinos que conjugaba los hábitos de la tierra de nacimiento con los lazos de sangre, en un continuo ajuste que no cesaría. Sin saberlo, Buenos Aires ensayaba el espíritu cosmopolita que caracterizaría su vida social unas décadas después.

Puntos de conflicto

Durante el largo segundo mandato de Rosas —entre 1835 y 1852 fue ratificado varias veces por la Sala de Representantes— hubo dos cuestiones que tensaron las relaciones con el gobierno de S. M. B. Una fue la deuda acumulada a raíz de la demora en los pagos del empréstito de 1824; la otra, la ocupación inglesa de las Islas Malvinas en 1833. Ambos asuntos se entreveraron cuando Rosas ofreció, a través de Manuel Moreno, el representante de la Confederación en Londres, liquidar el empréstito a cambio de la cesión de las islas a Gran Bretaña. Sacado del contexto de la época, el hecho parece escandaloso, tanto, que son muchos los biógrafos del caudillo que han preferido pasar el dato por alto, o lo han convertido en una suerte de genial maniobra suya, aunque no explican en qué consistió.

Desde 1810, el gobierno de Buenos Aires, en ese momento la Primera Junta, consideraba a las Islas Malvinas como parte integrante del territorio provincial. En 1823 esta declaración revistió un carácter institucional. Martín Rodríguez nombró un Gobernador en las Islas y le dio a Luis Vernet una concesión de tierras de pastoreo. El pionero formó una pequeña colonia, y en 1829 fue nombrado Gobernador. En 1831, Vernet detuvo tres barcos norteamericanos, cazadores de focas, en las costas de Malvinas. En represalia, la goleta Lexington arrasó Puerto Luis en la Isla Soledad, saqueó las viviendas y tomó prisioneros a parte de los habitantes. El atropello generó un altercado mayor cuando el Encargado de Negocios norteamericano pretendió que el gobierno de Buenos Aires acusara a Vernet nada menos que de pirata. Después de tan absurda provocación, se hizo inevitable la ruptura de relaciones con los Estados Unidos, situación que se prolongó once años. Pero lo peor no había pasado aún. La colonia de Vernet, desmantelada, dejaba a las islas a merced de la ley del más fuerte. Para evitarlo, el gobierno de Buenos Aires reemplazó a Vernet y envió una flotilla que llevaba presos confinados a Puerto Luis, custodiados por la goleta de guerra Sarandí. La colonia penal no alcanzó a organizarse, los presos se amotinaron y cuando finalmente fueron reducidos, llegó al puerto la corbeta de guerra Clío, de bandera británica, y tomó posesión por la fuerza el 5 de enero de 1833.

La protesta de Buenos Aires fue inmediata. En Londres, Moreno presentó dos reclamos consecutivos, el 17 de junio de 1833 y el 29 de diciembre de 1834, y afirmó los derechos de soberanía con los documentos que la sostenían. Gran Bretaña justificaba su acción apelando a la declaración oficial de 1771, pero, como recordaba Moreno, en esa oportunidad afirmó ante España su derecho sobre la isla del Oeste, o sea Puerto Egmont, y no sobre la Isla de la Soledad, o Puerto Luis, al Este, donde Vernet había fundado su colonia. Esta isla nunca había sido ocupada por Gran Bretaña. Francia la colonizó por vez primera en 1764 y tres años después el rey Carlos III de España la reclamaba y obtenía su devolución, no sin antes conceder al ocupante francés una indemnización por los gastos realizados para instalarse en el territorio. El reembolso a cambio de los navíos, mercancías e instalaciones que dejaban los franceses en la isla fue pagado por la tesorería de la gobernación de Buenos Aires en 1767. Por lo tanto —esgrimía Moreno—, la Isla Soledad era propiedad de las Provincias Unidas, sucesoras de España en los derechos territoriales del Virreinato.

En Buenos Aires, cundió la indignación entre la población, pero lo cierto es que el sentimiento de animadversión hacia Gran Bretaña se fue diluyendo. El gobierno no rompió relaciones diplomáticas y el diario oficialista El Lucero convalidó la conveniencia de no hacerlo, en una nota del 28 de enero de 1833: «Si se nos preguntase ¿cuál debe ser la conducta del Gobierno en la difícil posición en que lo ha colocado la usurpación de una parte de su territorio por una potencia amiga? Diríamos, sin titubear, que nada nos parecería más intempestivo como responder con la anulación de los tratados existentes, antes de haber adquirido la prueba de la ninguna disposición de Inglaterra, en reparar la ofensa hecha a nuestro pabellón y a nuestros derechos[90]». Por cierto, en los años que siguieron el gobierno no cejó en su reclamo.

El otro problema que enfrentó Rosas fue el pago del servicio del empréstito de 1824. Desde 1827, se acumulaban los intereses y los tenedores de bonos no tenían esperanzas de cobrar nada. La cuestión venía de arrastre. Las finanzas de Buenos Aires, quebradas a raíz de la guerra con el Brasil, no habían logrado superar el déficit crónico que significó después el mantenimiento de los ejércitos de la Confederación. Sin éstos, Rosas no podía ejercer realmente las facultades omnímodas de las que gozaba. Esta suerte de «orden para la guerra» en el que se había convertido el régimen rosista no se sustentaba en ningún sistema de tributación. El caudillo no estaba dispuesto a gravar con impuestos a los terratenientes, y tampoco podía imponérselos a la masa del pueblo que lo apoyaba. Por lo tanto, sin gravámenes a la posesión de la tierra y con la venta a bajo precio de la tierra pública, el Estado no tenía otro mecanismo de ingresos propios que no fuera el que percibía a través de los impuestos al comercio de exportación e importación, y esto apenas alcanzaba para mantener la administración rosista. Aunque era bastante evidente que no había manera de levantar los vencimientos de la deuda, lo cierto es que el Gobierno británico tampoco estaba dispuesto a ejercer presión para favorecer a los tenedores de bonos, pues al fin y al cabo el empréstito no era un asunto del Estado sino que importaba a un grupo de particulares británicos. Rosas conjugó necesidad y voluntad negociadora y en 1844 comenzó a pagar lo que pudo, hasta que la situación de guerra, en este caso el bloqueo anglofrancés, interrumpió toda forma de pago.

A fines de 1838, Manuel Moreno, el representante en Londres, introdujo un nuevo elemento de negociación con Gran Bretaña. La propuesta de Rosas consistía en ceder los derechos sobre las Islas Malvinas a cambio de una indemnización económica que serviría para cancelar el monto del empréstito adeudado. Pero Gran Bretaña no reconocía los derechos de soberanía de Buenos Aires y no había manera entonces de que se aviniera a pagar una indemnización. Por otra parte, a juicio del gobierno inglés, esa suma no podía servir para cancelar una deuda con particulares. El gobierno de Rosas insistió vanamente hasta 1843[91]. Y un año después, como se ha dicho, Rosas reconoció la deuda con el primer pago que luego no pudo continuar.

El bloqueo anglofrancés

El inicio de las hostilidades entre ambos gobiernos, que llevó al combate de la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, no tuvo ninguna relación con los hechos antes mencionados y se debió a otras razones.

Desde 1838, Rosas mantenía bajo su protección al general Manuel Oribe, jefe oriental del Partido Blanco que había sido depuesto de la presidencia de la República del Uruguay por otro caudillo, el general Fructuoso Rivera, del Partido Colorado. El apoyo de Rosas permitió a Oribe poner sitio a Montevideo. No se trataba sólo de un problema local, en realidad el conflicto entre ambos jefes alimentaba uno mayor. De hecho, los exiliados unitarios porteños en Montevideo respaldaban a Rivera. En suma, el enfrentamiento en la orilla oriental del Río de la Plata no era sino otro episodio más de la contienda entre unitarios y federales que se libraba en la orilla occidental. Esa guerra civil había cobrado innumerable cantidad de vidas y la costumbre de la época de degollar al enemigo apresado, sentado o parado —según la fórmula elegida por el victimario de turno—, era parte de la barbarie que reinaba por doquier. A esto se sumaba el terror que inspiraban en Buenos Aires las acciones de la Mazorca, el grupo de esbirros de Rosas encargados de perseguir y eliminar a los opositores más decididos. En más de una ocasión, el representante inglés Henry Mandeville usó su influencia para frenar las persecuciones, y, en los hechos, cuando éstas empezaban, los extranjeros sabían que tenían que poner la bandera de su nación para evitar el allanamiento del domicilio.

El conflicto entre unitarios y federales tampoco era estrictamente rioplatense, o al menos uno de los contendientes no quería que lo fuera. De hecho, cuando el general Rivera solicitó en 1841 el apoyo de Gran Bretaña, lo que significaba lisa y llanamente una intervención en la región, el conflicto comenzó a adquirir otras proporciones. Durante unos años la prudencia del representante inglés en Buenos Aires, el nombrado Mandeville, quien se negaba a respaldar a Rivera —pese a la presión que realizaron los comerciantes ingleses de Montevideo que se veían perjudicados por el sitio de Oribe—, mantuvo el conflicto en los mismos límites. Pero a comienzos de 1845, Gran Bretaña cambió su agente diplomático en el Plata; el recién llegado, William Gore Ouseley, inició una gestión claramente belicista que ya no hizo más oídos sordos a los reclamos de los comerciantes ingleses, a los que se habían sumado los franceses y otros grupos de extranjeros. Todos pedían protección contra Oribe. Ouseley presionó entonces a Rosas para que rompiera relaciones con su aliado oriental. La propuesta, francamente imposible de cumplir, fue rechazada de plano, pero sirvió de excusa para que Ouseley, con la anuencia del representante de Francia, declarara el bloqueo a todos los puntos de la costa en poder de Oribe. Como esto no pareció suficiente, unas semanas después ambas potencias tomaban la misma medida con el puerto de Buenos Aires y toda la navegación de ultramar quedó suspendida.

En rigor, la política del bloqueo, seguida por las potencias europeas, era una medida simétrica a la adoptada por Rosas desde 1841. Su apoyo a Oribe siempre había tenido una finalidad muy pragmática: controlar el tráfico del Río de la Plata y sus afluentes, el Paraná y el Uruguay, con el fin de concentrar la percepción de todos los derechos aduaneros en Buenos Aires y evitar que los barcos de ultramar descargaran sus mercaderías en Montevideo. Rosas no había reconocido la independencia del Uruguay, y no estaba dispuesto a hacerlo pues consideraba que ese territorio formaba parte de las antiguas Provincias Unidas devenidas en Confederación. Además mantenía la misma actitud con respecto al Paraguay, país al que también le negaba la libre navegación del río del mismo nombre. Por eso, cuando comenzaron a sonar los aprestos bélicos del bloqueo anglofrancés sobre Buenos Aires, toda la región regada por la Cuenca del Plata se puso en estado de alerta máxima. Incluso, la Corte de Río quedó involucrada, pues el presidente paraguayo, Carlos Antonio López, cansado de esperar el reconocimiento de Rosas, había firmado con el Imperio del Brasil, en 1844, un tratado de libre comercio y navegación.

El 17 de noviembre de 1845, la flota anglofrancesa comenzó a remontar el Paraná con objeto de abrir el comercio de las provincias a la libre navegación. Las naves de la coalición pensaban llegar hasta el Paraguay. Sin embargo, el resultado fue muy frustrante. Primero, se encontraron con una resistencia inesperada. El 20 de noviembre, en Vuelta de Obligado, frente a las costas de San Pedro con el río cubierto de cadenas de orilla a orilla, sufrieron intensas descargas de artillería de las tropas de la Confederación dirigidas por el general Lucio N. Mansilla. El combate fue muy duro, hubo grandes bajas de ambos lados, y aunque los criollos muertos no llegaron a contarse, los oficiales británicos estimaron varios cientos. Los barcos de guerra siguieron aguas arriba, custodiando a los mercantes, pero a los pocos días sufrieron una frustración aún mayor pues no pudieron colocar su carga de mercaderías, dada la pobreza de las plazas comerciales que encontraron en las costas del Litoral. Sólo en el Paraguay fueron recibidos; allí Solano López propuso negociar a cambio del reconocimiento de la independencia que el general Rosas le seguía negando. Curiosamente, Gran Bretaña no se avino a ello, lo cual demuestra que no siempre se regía por la máxima de dividir para reinar.

En Buenos Aires, la comunidad británica se soliviantó contra el gobierno de S. M. B. Sus miembros juzgaron inaceptable el bloqueo, que afectaba sus intereses de manera directa. Era tal el rechazo a la posición adoptada por Ouseley que varios residentes habían combatido a las órdenes de Mansilla, para sorpresa, por cierto, de los oficiales ingleses que los habían tomado prisioneros. Los hombres de negocios comenzaron a presionar, convencidos además de que ni la fuerza conjunta de Gran Bretaña y Francia era suficiente para sacar a Rosas del poder. Desde su exilio, nada menos que el general San Martín, consultado, convalidó esta impresión y le escribió a Dickson, un rico comerciante que vivía en Buenos Aires: «Según mi íntima convicción desde ahora diré a usted, no lo conseguirán; por el contrario, la marcha seguida hasta el día no hará otra cosa que prolongar por un tiempo indefinido los males que se tratan de evitar[92]». Su destinatario hizo conocer el contenido a los diarios de Londres, sin esperar el consentimiento de San Martín, que se enojó; pero su opinión era valorada, el héroe de los Andes explicaba bien a los europeos cuál era la condición real de las tierras que él había libertado, y por eso no debe extrañar que en 1849 el diario parisino La Presse haya publicado toda la carta enviada a Dickson.

El bloqueo continuó hasta junio de 1847. Pero la distensión comenzó antes. Lord Howden, enviado en reemplazo de Ouseley interpretó que quien más se había perjudicado por el bloqueo era el propio comercio británico, y buscó cómo remediarlo. El caballero inglés visitaba asiduamente a Manuelita Rosas, de quien se había enamorado, mientras intentaba mantener un diálogo fluido con su padre. Un día, el caudillo, socarrón, le propuso abastecer a la tripulación de la escuadra bloqueadora. Lord Howden informó al ministro Palmerston: «El general Rosas me ha ofrecido abastecer diariamente al escuadrón de bloqueo con carne vacuna, pan y hortalizas, todo fresco. Por más ineficiente que sea el bloqueo, me pareció que había en el ofrecimiento algo demasiado absurdo como para permitirme aceptarlo[93]». El sentido del humor de Rosas era inigualable, y el porte flemático del inglés, también. Lord Howden partió con el corazón roto, en junio de 1847, pero había logrado destrabar el conflicto y evitar a Gran Bretaña un daño mayor: el bloqueo inglés al puerto de Buenos Aires se levantó. Francia lo prolongó un año más.

La victoria de un vencido

A comienzos de 1849, en su mensaje anual, Rosas pidió a la Sala de Representantes que lo eximiese de continuar en el mando. Aunque la fórmula adoptada por el caudillo fue un tanto rebuscada, esgrimió para hacerlo razones de salud. Pero nadie quiso dejarlo ir. El país emprendía por fin el camino de la paz; el volumen de las exportaciones británicas hacia el Plata crecía nuevamente y se multiplicaba el arribo de inmigrantes de ese origen. Por otra parte, el freno a la intervención europea había generado entusiasmo y admiración en el resto de Hispanoamérica y hasta la prensa norteamericana se hacía eco de sus implicancias. El 11 de abril de 1849, The Sun de Nueva York publicó: «Fuera del estilo ampuloso tan común en los suramericanos, y el lema con que empieza de “¡mueran los salvajes unitarios!”, es un excelente documento de Estado, tal que coloca a Rozas (sic) en un punto de vista honroso, si no envidiable. La carrera de este hombre notable no será apreciada justamente hasta tiempos venideros. Él ha dado a su país un nombre y un lugar tan permanente como no conseguirá pronto otra ninguna nación suramericana[94]». (Una versión nacida en la época indica que Rosas modificó su apellido paterno —Ortiz de Rozas— después de abandonar enemistado el hogar familiar; el mismo Rosas negó posteriormente ese hecho por una explicación que le cuadra mejor: quería valerse por sí mismo y no seguir bajo la tutela de sus padres).

Los residentes británicos firmaron, como muchos otros extranjeros y criollos, las hojas del petitorio que se acumulaban en la Legislatura y declaraban a Rosas defensor heroico de la independencia e integridad de la República. El caudillo exigía más que eso, quería recibir una adhesión sin fisuras, tanto en la provincia como en el resto de la Confederación, y para lograrlo agitaba, audaz, la idea de que su opinión había decaído. Era una inteligente demostración de fortaleza pero se convirtió muy pronto en el primer signo de su debilidad. «Está vencido porque ha alcanzado la victoria[95]», explicó una de las mejores plumas del siglo XIX.

El argumento de Rosas para no doblegarse ante Francia y Gran Bretaña fue su talón de Aquiles. En manos del general Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, se volvió en su contra. En efecto, si, como reclamaba Rosas, la navegación del Paraná era una cuestión de exclusiva incumbencia de la Confederación, y la del Uruguay, una decisión conjunta con la República Oriental, entonces, concluyó Urquiza, las provincias del Litoral podían reclamar la libertad de navegación de los ríos que bañaban sus orillas y exigir también una parte de los beneficios de las rentas aduaneras que se acumulaban en el puerto de Buenos Aires.

En septiembre de 1851, Rosas pronunció un mensaje en el que trataba a Urquiza de «loco traidor», «vendido» al Imperio del Brasil. En su discurso abrigaba la esperanza de que la intervención inglesa anulara el apoyo del Imperio al gobernador sublevado. Pero cuando recibió el informe negativo de Henry Southern, Rosas «quedó aplastado». El agente diplomático había mediado personalmente a su favor en la Corte de Río hasta que el gobierno inglés le exigió mantener la más estricta neutralidad. A partir de ese momento, en la residencia de Palermo se instaló un clima de derrota, mientras que, en la ciudad, los residentes británicos confirmaban sus sentimientos de lealtad. Los más acaudalados redoblaron su adhesión al régimen con una gran fiesta dedicada a Manuelita, mientras su padre se preparaba, vencido, para una guerra que ya no podía evitar.

El 3 de febrero de 1852, en los campos de Caseros, muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, se enfrentaron las fuerzas de Rosas contra las de Urquiza. La paridad era total, poco más de 20 000 hombres de cada lado. El ejército de la Confederación estaba bajo el mando nominal del general Ángel Pacheco y los soldados eran básicamente porteños, ya que el Paraguay se había negado a participar en la contienda del lado de Rosas. El Ejército Grande, comandado por Justo José de Urquiza, arrastraba en cambio una coalición de fuerzas integrada por entrerrianos, correntinos, orientales y 4000 soldados del Imperio del Brasil cuyas naves bloquearon el puerto. La batalla duró unas horas.

Cuando todo estaba perdido, Rosas abandonó el campo montado en su pingo favorito y seguido sólo de su asistente de confianza entró en la ciudad después de redactar bajo un árbol una sucinta renuncia destinada a la Sala de Representantes. Esperó en la casa del Encargado de Negocios, Robert Gore, y mandó a buscar a los suyos. Gore lo ayudó en su caída, también él consideraba al caudillo un gran garante de los intereses comerciales británicos. El diligente diplomático preparó su fuga. A las tres de la mañana del 4 de febrero, Rosas y sus hijos Manuelita y Juan cruzaban la ciudad con ropas de marinero rumbo al puerto. Bajo la supervisión del almirante Henderson abordaron la nave de guerra Centaur. Unos días después, el grupo al que se le habían unido tres sirvientes y algunos amigos partió en el vapor Conflict rumbo al exilio inglés.

La llegada del caudillo a Inglaterra no pasó inadvertida: las autoridades del puerto de Plymouth lo recibieron formalmente con salvas de veintiún cañonazos como a un dignatario respetado. The Times protestó: ¿por qué estrechar su mano teñida de sangre? Mientras tanto, en Buenos Aires, Robert Gore se veía en figurillas para enfrentar el clima hostil que lo rodeaba por haberlo ayudado. La realidad demostraba que la tan temida opción, Rosas o el caos, se había esfumado y los miembros de la comunidad británica que lo habían sostenido se prepararon, sin mayores inconvenientes, para acomodarse al nuevo orden de cosas.

V
De las vacas a los rieles «made in England»

El optimismo pos-Caseros

Justo José de Urquiza, el triunfador de la hora, tenía el mismo origen social que Rosas. Construyó su palacio de San José con tantas comodidades y lujos como permitía la época, de la misma manera que lo había hecho su antecesor en la residencia de Palermo. El patrimonio del caudillo entrerriano también se contaba en miles de hectáreas y de cabezas de ganado vacuno, pues su riqueza y poder provenían de sus grandes estancias. Era el jefe federal del Litoral y gobernaba su provincia de manera patriarcal, sin olvidar, incluso, las obligaciones que tenía sobre su numerosa prole. Urquiza era un político muy parecido a Rosas, pero en un punto se diferenciaba sustancialmente: para alcanzar la organización institucional del país, a la que consideraba urgente y necesaria, estaba decidido a imponer una constitución. Comprendió mejor que su adversario porteño que este proyecto era factible en la nueva fase de la expansión capitalista internacional.

En Europa, las condiciones eran otra vez favorables para el crecimiento económico. Aunque el comercio internacional seguía en manos de Gran Bretaña, el volumen de los intercambios comenzó a aumentar una vez que Francia, Holanda y Bélgica suprimieron sus barreras proteccionistas, y entonces cuajó la idea de que sólo un mundo abierto a la circulación del capital y de la mano de obra podía producir riqueza. Estos signos de expansión ya estaban presentes al comenzar la década de 1850, y aunque resulta muy difícil imaginar qué hubiese hecho Rosas de continuar presidiendo la Confederación, lo cierto es que no los desconocía. Él mismo había decidido, en 1838, dar por concluida su política de protección a las industrias del interior defendidas por las tarifas de la Ley de Aduanas de 1835. Sencillamente, el experimento había dado muy pobres resultados porque la sociedad porteña prefería los productos manufacturados importados, aún los más insignificantes, como los de uso doméstico, y la tesorería no podía prescindir de los derechos aduaneros provenientes del exterior; en definitiva, hasta el final del gobierno de Rosas, primaron los intereses comerciales. Por otra parte, en aquella época no existía mercado para las artesanías de calidad, que indefectiblemente eran más caras que la manufactura. Tal vez por esto no debe extrañar el informe que giró a Buenos Aires en mayo de 1850, Manuel Moreno. Desde Londres, el ministro informó: «En este último invierno se ha introducido en Londres el uso del poncho por la calle o para viajar; hay tiendas donde se venden ya fabricados en Inglaterra y puede decirse que ha sido moda, mayormente entre la juventud, aunque inferiores a los de nuestro país en su tejido, durabilidad y en sus coloridos[96]». Esa industria textil no tenía incorporado aún el concepto moderno de diseño, por lo tanto ningún artesano del interior pensaba obtener beneficios de la copia de una prenda gaucha «made in England», que en pocos años más Inglaterra exportaría con destino a los pobladores de la campaña bonaerense.

Los hombres que gobernaron la Argentina después de Caseros estaban exultantes frente al nuevo brío que adquiría el intercambio económico con el extranjero. Domingo Faustino Sarmiento, que hacía su primera experiencia en la política porteña, en el modesto cargo de concejal de Higiene municipal, había anunciado optimista: «La Europa nos proveerá, por largos siglos, de sus artefactos, en cambio de nuestras materias primeras, y ella y nosotros ganaremos en el cambio[97]»; mientras Juan Bautista Alberdi, el mentor intelectual de Urquiza, declamaba en el mismo sentido que poco importaba si la bota calzada se fabricaba en Buenos Aires o en Londres. Una mirada superficial haría pensar que tales certezas sólo animaban a los antiguos unitarios que imponían el librecambio para liquidar las formas de protección industrial provenientes de la etapa de gobierno federal. Aunque muy extendida todavía, esta idea es errónea. En realidad, Rosas cerró la libre navegación de los ríos durante un lapso mucho mayor que el que empleó para proteger las actividades industriosas —estaban en la etapa artesanal— del interior, y orientó el flujo del comercio de exportación e importación en beneficio de los intereses ganaderos de Buenos Aires. Después de su derrota, la libertad de comercio, en lugar de quedar circunscripta a los límites de la provincia-puerto, expandió su giro y volumen al conjunto del territorio.

El optimismo pos-Caseros formó parte de una concepción económica muy extendida y compartida incluso por quienes estaban enfrentados en el terreno de la política doméstica. Uno de los que puso su pluma al servicio de este nuevo orden de cosas fue José Hernández. El autor de Martín Fierro era un federal convencido y a la vez adversario acérrimo de Sarmiento y de Bartolomé Mitre, pero su argumentación podría haber sido suscripta por cualquier otro intelectual o político de su época: «América es para Europa la colonia rural, Europa es para América la colonia fabril […] —escribió en su Instrucción del Estanciero—. Y en el taller como en la cabaña, en la fábrica como en la estancia, se manifiestan la inteligencia del hombre, la cultura, la moral del trabajo, la aspiración del progreso industrial, que es en sí mismo progreso social[98]». Hasta, por lo menos la Primera Guerra Mundial, estas palabras, escritas en 1880, tuvieron plena validez, sobre todo para la Argentina, que había basado su despegue en la producción agroganadera, actividad que parecía entonces tan beneficiosa, o más, que la fabril. Nadie en la época podía prever que un siglo después la riqueza sólo sería patrimonio de las sociedades industrializadas; esto resultaba inimaginable, pues la desigualdad entre naciones ricas y pobres, en 1850, era salvable; en tanto hoy es un abismo que no cesa de crecer.

Urquiza prefiere a Rosas

Urquiza no improvisó su ascenso, llegó a la presidencia de la Confederación provisto de un programa de acción destinado a trascenderlo. En 1853 —año crucial en nuestra historia— impulsó primero la sanción de una Constitución federal y dos meses después dio curso a tratados de libre navegación de los ríos con Gran Bretaña y Francia. En más de un sentido, estos acuerdos liberaban a todas las provincias del enorme poder de Buenos Aires y de su puerto; implicaban un nuevo sistema aduanero por el cual las naves extranjeras podían comerciar directamente con todos los puertos habilitados en la época, lo que puso en el mapa fluvial a Rosario, Paraná, Corrientes, también a Salto (del lado uruguayo), además de Bahía Blanca sobre el Atlántico. Urquiza reconoció la independencia del Uruguay, también del Paraguay, con cuyo mandatario, Carlos Antonio López, estableció un tratado de comercio y amistad. Garantizada la paz en la Cuenca del Plata, quedaba en pie el problema de la institucionalización del país.

La Constitución de 1853 también fue fruto de un acuerdo entre trece de las catorce provincias reunidas en San Nicolás de los Arroyos. Netamente federal, sentaba en las bancas del Senado a una mayoría de representantes que procedían de las ocho provincias del Norte y que debatían seguros de evitar la sanción de cualquier ley procedente del Ejecutivo o de los representantes del Litoral que pudiera perjudicar al Interior. Con esta solución, Urquiza logró plasmar la anhelada unidad sobre bases enteramente políticas. Pero este principio de igualdad institucional apenas si reparaba la dura realidad económica que mostraba la creciente diferencia entre las provincias más ricas del Litoral y el resto empobrecido del país. Buenos Aires no impugnó la formación del Senado, pero se retiró de la Convención cuando se discutió el control sobre su Aduana. La cuestión era clave para el proyecto de Urquiza, que necesitaba nacionalizar esas rentas, ya que las provincias no podían arreglarse solas. El federalismo del entrerriano —como el del resto de los gobernadores— no era autonomista, por el contrario, convergía hacia una concepción centralista del uso de los recursos y del gasto público.

En 1853, Buenos Aires se separó y se transformó en un Estado gobernado por Valentín Alsina. Urquiza, resignado, partió para Paraná, transformada en capital de la Confederación y sede de la presidencia que inauguraba tras el dictado de la Constitución Nacional. La situación planteada era, además de compleja, totalmente inesperada.

Los desaires de los liberales porteños se habían descargado muy rápidamente sobre las espaldas del atribulado Urquiza. Pocos meses después de Caseros, Gore, el encargado de negocios inglés, le escuchó decir muy ofuscado: «Hay sólo un hombre para gobernar la Argentina. Es don Juan Manuel, y estoy dispuesto a enviar a alguien para que le ruegue que vuelva aquí[99]». Después de la secesión de Buenos Aires, el cuadro general empeoró. Una vez más Urquiza buscó un interlocutor inglés. En esta ocasión fue Charles Hotham, enviado para negociar el Tratado de libre navegación, a quien sondeó con un interrogante: Si se desintegraba la Confederación, ¿Gran Bretaña podría reconocer una pequeña república formada por Entre Ríos y Corrientes? Quien crea que a la política imperial británica le convenía esa división interna no podrá comprender la respuesta negativa recibida por Urquiza: «Estamos… interesados en mantener la Confederación Argentina sobre su base actual[100]», le respondió Hotham. ¿Era una simple expresión diplomática? Como sabemos, la buena voluntad no es la que rige las relaciones entre Estados y gobiernos; lo que le interesaba a Gran Bretaña era el comercio a gran escala y por lo tanto el mantenimiento de la paz. ¿Qué seguridades podrían darle pequeñas repúblicas mal avenidas y enfrentadas entre sí? Ante esa temible perspectiva, Charles Hotham presionó, además, al gobierno porteño, para que volviera al seno de la Confederación. Mientras el representante inglés se transformaba en una garantía de unidad, el futuro de la República Argentina quedaba nuevamente en manos de la provincia de Buenos Aires y de su poderoso puerto.

Entre tanto, la comunidad británica de Buenos Aires se dividió. No todos sus miembros estaban de acuerdo con el apoyo de Londres hacia Urquiza y además condenaban el bloqueo que desde Paraná se había impuesto sobre el puerto de Buenos Aires. En efecto, la Confederación tenía a su servicio la escuadra del almirante John Coe, un marino de origen norteamericano casado con una dama criolla. En esta ocasión el bloqueo fue muy efímero: el ministro de Gobierno, Lorenzo Torres, sencillamente compró los favores del jefe de la escuadra, quien desapareció junto con la flota. La provincia-puerto acababa de demostrar, como si eso hiciera falta, que era más rica que la Confederación y tenía además la llave del Río de la Plata.

La única fuerza que le quedaba a Urquiza era su capacidad para hacer tratados de libre navegación. A los ya mencionados, siguieron otros con los países limítrofes, y con los Estados Unidos, Prusia y Bélgica. Todas estas potencias, grandes o pequeñas, serían los agentes disuasivos ante cualquier intento de bloqueo del Paraná por parte de los porteños.

Londres mantuvo su rechazo al reconocimiento oficial de la independencia del estado de Buenos Aires y el gobierno entonces dio un giro en su política financiera. Se comprometió a reanudar el pago de los intereses a los tenedores de bonos del empréstito Baring. El acuerdo de 1857 acrecentó en la «city» londinense el deseo de la paz, que no llegó inmediatamente. En 1859, después de la victoria de Urquiza sobre las tropas porteñas de Mitre, en los campos de Cepeda, terminó la secesión. Sin embargo, el conflicto no estaba superado; el poder económico seguía concentrado en Buenos Aires. Urquiza lo comprendió a tiempo y en 1861, en los campos de Pavón, ante la paridad de fuerzas militares, en lugar de buscar un incierto triunfo, se replegó a Paraná. La victoria tampoco fue estrictamente porteña. Pues aunque su gobernador, el general Bartolomé Mitre, fue elegido presidente al año siguiente, la provincia-puerto quedó obligada a respetar una Constitución que investía de poder al Interior y al Litoral.

Entonces, salvada la unidad territorial y política de la República, los inversores británicos se aprestaron a realizar grandes negocios.

Inversores, proveedores, clientes y socios

A comienzos de septiembre de 1864, The Times, de Londres, reproducía una nota aparecida en el Buenos Aires Standard sobre la situación del país: «La República Argentina está efectuando considerables avances de progreso. […] Los ciudadanos ingleses ya no están limitados a la Provincia de Buenos Aires, y se están estableciendo en Santa Fe y en Entre Ríos y la provincia adyacente a la de Buenos Aires [se refiere a Santa Fe] es ahora el lugar favorito, debido a la proximidad de las tierras al ferrocarril en construcción por la nueva compañía, Argentine Central Railway Company. Estas tierras están siendo compradas por el momento en un costo comparativamente bajo, alrededor de 600 libras esterlinas por legua cuadrada, y se ofrecen muchos incentivos a los extranjeros con capital limitado[101]».

La historia del Ferrocarril Central Argentino representa un ejemplo de la continua corriente de inversión de capital británico hacia la Argentina[102]. El proyecto había sido iniciado por Urquiza en 1855, quien pretendía entonces combatir el predominio de Buenos Aires, uniendo las provincias litorales con las mediterráneas a través de un ferrocarril que cubriera la distancia de Rosario a Córdoba. Aunque la idea no logró concretarse, el proyecto no fue abandonado; Mitre lo retomó en 1863 y le dio la concesión al norteamericano William Wheelwright, un verdadero pionero en los negocios del siglo que imaginó lo que no estaba todavía a la vista de nadie. En aquella época, el norte de la pampa era casi un desierto apenas poblado por hombres y animales. El ganado vacuno era escaso y no se criaban ovejas; las frecuentes sequías, los vientos y las plagas de langostas habían desanimado el cultivo de cereales en una tierra que era, sin embargo, apta para esa actividad.

Aunque Rosario albergaba entonces sólo unos 10 000 habitantes, tenía condiciones naturales para transformarse en un puerto de vapores de ultramar, y por lo tanto ideal para comercializar la futura producción cerealera. Wheelwright no construía el ferrocarril para satisfacer una demanda existente, sino para crearla. La realidad completó con creces su audaz sueño. En esas tierras ricas, unidas por el tendido de las vías férreas, y amojonadas con el cercado de los campos, se sentaron las bases del gran despegue agrícola de Santa Fe. La construcción comenzó en 1865 y concluyó cinco años más tarde. Fue sin lugar a dudas una inversión estratégica que conectó una amplia zona del país con los mercados mundiales sin pasar por el puerto de Buenos Aires.

Las acciones de la empresa de transporte fueron casi enteramente suscriptas por hombres de negocios británicos, algunos de los cuales residían en Buenos Aires y la mayoría en Londres. ¿Por qué una iniciativa capitalista de tal envergadura despertó tan poco interés entre las clases propietarias criollas? El historiador canadiense Harry S. Ferns, varias veces citado en este libro, ha destacado esta falta de decisión inversora de los argentinos y el desaliento de la empresa al respecto. Los Anchorena, por ejemplo, suscribieron 200 libras esterlinas, suma irrisoria frente a las 100 000 libras esterlinas del concesionario norteamericano o a las 10 000 que en promedio pusieron los hombres de negocio londinenses. En camino de ser la más poderosa del país, ya era entonces una familia rica, pero sus miembros no consideraban otro negocio posible más que la posesión de tierras, no tanto porque sus intereses fuesen ganaderos, sino sobre todo porque sacaban pingües ganancias especulando con el valor de los campos. Fue ese desinterés local hacia cualquier inversión productiva de riesgo el que transformó al Estado argentino en el garante del capital de inversión; el gobierno nacional, por ejemplo, suscribió 17 000 acciones de las 65 000 puestas en venta para la construcción del Central Argentino, mientras los hombres de negocio porteños se abstenían de todo compromiso con este y todos los emprendimientos capitalistas que le siguieron.

Esta actitud mezquina no era, sin embargo, necia. Los estancieros actuaban de la misma forma que les había enseñado Rosas: el gobierno seguía siendo el garante de sus intereses. Podían presionar al poder político, si resultaba necesario doblegar los ímpetus de los inversores externos, y, para hacerlo, bastaba con poseer unas pocas acciones de las compañías de riesgo. ¿Para qué invertir dinero en ferrocarriles o puertos si el beneficio inmediato se obtenía con la valorización constante y creciente de la tierra? Sin duda eran más rentables la venta de ganado y el arriendo de los campos, sobre todo si se hallaban cerca de la ciudad puerto. En 1872, el Buenos Aires Standard calculó que el valor de esas tierras había crecido 50 veces desde la caída de Rosas, pero no estaba en manos británicas, de hecho sólo el 1,7 por ciento de los propietarios rurales del país eran súbditos del Reino.

En definitiva, como señala Ferns, la Argentina era un país rico en tierras pero pobre en capital y también en mano de obra, dada la escasez de población. Sin inversores locales y sin mercado laboral, la tierra no alcanzaba para sostener el desarrollo productivo a lo largo del tiempo. No debe extrañar, entonces, que la otra cara de la expansión del capital en esta época haya sido la recepción, en aluvión, de los inmigrantes europeos. Esta inyección de energía de trabajo fue el fundamento de aquella «cultura del esfuerzo» que mentaron tantas veces nuestros antepasados. Los trabajadores europeos llegaron un poco después que los inversores y por lo tanto conviene describir primero cómo funcionó la asociación capitalista angloargentina.

¿Al amparo de qué principio se organizó la inversión británica en la Argentina? ¿Quiénes se beneficiaron? La inversión no fue concebida como un fin de enriquecimiento en sí mismo, sino como un medio para movilizar otras fuentes de riqueza que interesaban tanto a los comerciantes argentinos como a los extranjeros. Una suerte de asociación de intereses se impuso entonces. A los propietarios rurales les importaba la construcción de ferrocarriles y se entusiasmaban cuando las compañías planificaban una extensión de rieles cerca de sus campos, pero, como hemos dicho, no estaban por eso dispuestos a invertir en las vías. Para ellos el negocio era la valorización de las tierras y luego las seguras ventas de los productos rurales que también incrementaban en volumen. Cuando el Ferrocarril Gran Sur, que terminó llegando a Bahía Blanca, alcanzó las márgenes del río Salado, en Chascomús, los propietarios de Dolores exigieron la continuación inmediata de la línea y presionaron al gobierno provincial que hizo otro tanto con los agentes de la compañía inglesa.

Por cierto, para los capitalistas británicos que casi no poseían tierras, los ferrocarriles representaban otro tipo de negocios. La inversión era un medio destinado a abrir y extender el mercado para los productos manufacturados y los servicios de carga y transporte cuya demanda crecía a la par. Intervenían en estas grandes obras núcleos de inversores cuyos miembros tenían muy distinta procedencia. Había toda suerte de especuladores ligados a la «city», pero también había firmas de contratistas en las que, por razones obvias, descollaban los ingenieros civiles que intervenían en las obras con trabajo y capital, además de los comerciantes y los industriales. Tampoco faltaron los intermediarios que capturaban en Londres a los pequeños ahorristas británicos, profesionales, oficiales del ejército, medianos propietarios, deseosos de invertir en estas compañías.

Las empresas ferroviarias no dieron beneficios por igual y algunas fracasaron estrepitosamente envueltas en una pésima gestión privada, como fue el caso del Ferrocarril Central Norte, que llegaba a San Fernando. Con la intención de salvarlo, fue comprado más tarde por el gobierno nacional y, asociado al Central Argentino, extendió, en 1876, la línea de Córdoba a Tucumán. El Gran Sur, inaugurado en 1866, en cambio, dio ganancias, servía a una zona ya habitada y dedicada a la cría de ovejas y a la producción de sebo, cueros y forrajes. Recordemos que algunos irlandeses, escoceses e ingleses se habían establecido en el lugar en época de Rosas, aunque por cierto la población mayoritaria era criolla. El directorio de la empresa tenía una participación accionaria moderada y sus miembros eran descendientes de los primeros fundadores de la comunidad británica de Buenos Aires, estaban arraigados y por eso mantuvieron una vasta red de relaciones locales y fueron además enemigos de toda especulación que pusiese en riesgo el crecimiento de la compañía.

Junto con la red de tranvías urbanos de Buenos Aires, el alumbrado a gas y el sistema de aguas corrientes, la otra actividad de inversión elegida por los ingleses fue la banca comercial. El Banco de Londres y Río de la Plata, fundado en 1862, prosperó gracias al conocimiento que tenían sus directores de la plaza local. La entidad asoció algunos viejos comerciantes ingleses residentes con argentinos que habían ocupado cargos públicos. Se caracterizó por mantener una elevada liquidez y su principal actividad financiera fue el descuento de documentos comerciales, es decir, préstamos a corto plazo, lo cual le permitía aprovechar las oportunidades de negocios y eludir los bruscos cambios que se producían en una economía en expansión como la argentina. Esta política resultó acertada, y lo demuestra lo que le ocurrió al Banco Mercantil del Río de la Plata, que siguió un camino inverso. Fundado en 1872 por un grupo de financistas profesionales, esta entidad llevó adelante una política tradicional, invirtiendo en bienes raíces. Pero no pudo superar la crisis de envergadura que sufrió el país en 1876 y quedó atenazado entre la falta de liquidez y la devaluación del precio de las propiedades que había comprado. El banco terminó liquidado en 1881.

Otro tipo de inversión que demostró la complejidad de estas transacciones financieras fue un gran negocio especulativo realizado con cédulas hipotecarias, que tuvo ciertas características que conviene describir: el Banco Hipotecario Provincial, creado en 1872, otorgaba préstamos pero sin dinero de por medio, a través de cédulas (papeles) que el banco entregaba hasta la mitad del valor de la propiedad puesta en garantía. Sin embargo, quien obtenía el crédito o préstamo —el prestatario— podía vender estas cédulas en el mercado de valores. Aunque recibía el monto real, siempre inferior al nominal, obtenía dinero en mano y así compraba más tierras que a su vez ponía en garantía para obtener nuevos préstamos. Obviamente, este negocio no estaba al alcance de cualquiera que no fuese propietario rural. Las cédulas hipotecarias tenían un valor nominal y un interés que, por cierto, el prestatario estaba obligado a pagar al Banco; pero como la mayor parte de estos papeles estaba emitida en pesos nacionales, el negocio de este sector de propietarios rurales fue apostar a la inflación para licuar sus deudas. Estas cédulas hipotecarias llegaron a la «city» de Londres y se cotizaron en la Bolsa, pero sus compradores no contemplaron nunca la posibilidad de que la moneda en la que recibirían la retribución de su inversión estaba sujeta a devaluación con respecto a la libra esterlina. Si en Londres las cédulas hipotecarias resultaron un mal negocio, en la provincia de Buenos Aires, en cambio, fueron un medio para que los propietarios rurales criollos extendieran los límites de sus campos a muy bajo costo.

Montoneras o ferrocarriles

La afluencia de inversiones impulsó una expansión que se transformó en progreso y el país, abierto al mundo, ya no detuvo su crecimiento. Pero este proceso no fue justo ni equitativo, sólo pudo aprovecharlo un puñado de provincias —Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires— que tenían recursos naturales para abastecer al cada vez más ávido mercado interno y externo. El resto del territorio quedó marginado. En 1863, el presidente Mitre recibió noticias alarmantes de su enviado al Norte. Régulo Martínez le informaba: «La Rioja no se parece a ningún pueblo de la República, no hay administración, no hay presupuesto, no hay rentas[103]». El Chacho Peñaloza, jefe popular de la provincia y de la región entera, le había escrito a Mitre unos meses antes: «No tengo médico, no hay una sola escuela, por favor mándeme dinero para la provincia[104]». Las montoneras del Chacho eran la expresión rebelde de esta marginación creciente. Lo único que las mantenía en pie era, paradójicamente, el aislamiento y el abandono en el que se hallaban. Pero, una vez iniciada la inversión en ferrocarriles, la distancia, esa invisible línea defensiva que las protegía, desapareció bajo el riel.

En 1863, cansado de esperar esa ayuda que no llegaba, el Chacho se levantó en armas; en realidad, no hacía más que ponerse a la cabeza de sus hombres quienes, cercados por el hambre, efectuaban correrías para robar ganado más allá de los llanos riojanos, y tenían sobre ascuas a las familias ricas de Famatina y a los comerciantes de San Juan. Estos sectores exigieron la cabeza del Chacho. Domingo Faustino Sarmiento también le había escrito a Mitre en el mismo sentido: «Creo que ha llegado el momento de arreglar a La Rioja, de pedir satisfacción de todo atentado, de castigar a Peñaloza. ¿Cómo? Como se hacen todas las cosas, haciéndoles la guerra, la guerra[105]». El 12 de noviembre, en su refugio de Olta, el Chacho, ya vencido, fue lanceado a traición por el jefe de la partida enviada por Mitre. Unos días antes, el Presidente le había escrito una carta reservada al inglés Eduardo Northon, representante de Wheelwright en la compañía del Ferrocarril Central Argentino: «Tal vez las noticias de la rebelión del General Peñaloza (alias Chacho) en La Rioja, y su presencia en Córdoba habrán perjudicado o entorpecido la buena marcha de aquel asunto; pero las subsiguientes noticias de su derrota, y consiguiente restablecimiento del orden y la paz en aquellos puntos, indudablemente habrán desvanecido las primeras impresiones, y restablecido el crédito de la empresa[106]». El asesinato del caudillo riojano fue denunciado por José Hernández como un acto de barbarie. A partir de ese momento, la aversión del poeta hacia Mitre se transformó en un odio irreversible.

La idea de que los ferrocarriles eran la mejor arma para derrotar a las montoneras no es una interpretación posterior a los hechos sino una convicción de la época. Los agentes diplomáticos británicos lo expresaban en sus informes al Foreign Office, mientras que Mitre y Sarmiento lo decían en público. Pero todos también sabían que las montoneras eran una manifestación muy profunda de la marginación y pobreza que había en las provincias del Norte. Esta relación causal la establecieron aún los mismos jefes militares enviados a la zona por el gobierno nacional. El general Mariano Paunero afirmaba en 1862: «Basta pensar que La Rioja, como San Luis y Catamarca no ha variado sus condiciones sociales desde el año 30 y que el fenómeno del Chacho, se ha de reproducir aún por medio siglo más en esas condiciones[107]».

Ese crítico contexto social empeoró aún más cuando empezó, en 1864, la guerra contra el Paraguay. El conflicto involucró a los países de la Cuenca del Plata. El gobernante paraguayo Francisco Solano López creyó posible resolver su problema de límites con el Brasil a través del apoyo que esperaba recibir del general Justo José de Urquiza (todavía el hombre fuerte del Litoral), quien debía arriesgar hasta una ruptura con Buenos Aires si cedía el paso del ejército paraguayo por territorio litoraleño. Pero Urquiza le negó su ayuda y decidió preservar su vínculo con las autoridades nacionales, lo que significaba, más allá de toda especulación, preservar la unidad del país. Cuando el gobernante paraguayo invadió Corrientes, Mitre le declaró inmediatamente la guerra, sin darle tiempo a ninguna rectificación. En realidad, la respuesta argentina obedecía a un acuerdo previo firmado con el Brasil y la República del Uruguay. El tratado de la «Triple Alianza» era un pacto secreto de mutua defensa que se hizo finalmente público por un «descuido» de la diplomacia británica. El hecho de que saliera a la luz de esa manera estuvo en relación directa con la única presión que hizo Londres a favor de Solano López: no admitiría que se desconociera la independencia del Paraguay. Pero en el curso de la guerra, Gran Bretaña no intervino. En la medida en que la conflagración se desarrollaba lejos de los centros de inversión y de los puertos que unían a la Argentina con el comercio de ultramar, los agentes ingleses se mantuvieron neutrales y, en todo caso, expectantes. Ni siquiera la consideración hacia los residentes británicos de Asunción modificó esta política ni tampoco el hecho de que hubiese capitales de inversión de ese origen que no querían la conflagración. Lo que sucedía era que los intereses en juego eran de escala tan modesta con relación a los que había en el Brasil y en la Argentina, que los ingleses optaron por la prescindencia, aunque por cierto tampoco desconocían que el Paraguay fuese ya una potencia militar.

Durante los años del conflicto bélico, que terminó en 1870, la Argentina siguió creciendo. En ningún momento se interrumpió la corriente de capitales ni la llegada de inmigrantes de ultramar. Y fue el agudo corresponsal de The Times quien pronosticó que la prolongación de la guerra no afectaría la economía del país. El 26 de abril de 1865, desde algún lugar no revelado del «Río Paraná», informó a sus lectores europeos: «[…] lamento tener que decir que esta guerra no terminará rápida o satisfactoriamente como el Gral. Mitre ha anticipado en su proclamación. Pero el hecho de que el teatro de operaciones se encuentre en una alejada esquina de esta vasta república permite predecir que esta guerra no afectará la construcción del ferrocarril argentino o el esquema de colonización de Etchegaray en Córdoba[108]».

Por otra parte, como el enfrentamiento armado quedó rápidamente circunscripto al territorio paraguayo, el gobierno nacional no tuvo mayores inconvenientes en reanudar sus expediciones punitivas contra las rebeliones montoneras. El rechazo a la guerra, muy cruel e impopular, generaba los levantamientos en las provincias porque los hombres se negaban a engrosar las fuerzas del ejército argentino que peleaba en el Paraguay. Las constantes levas forzadas y los rigores de la disciplina militar —brutal por la mala paga y el escaso vestido y alimento de las tropas— multiplicaban el número de desertores que se sumaban a las montoneras.

En esas circunstancias, Mitre debió distraer sus fuerzas de línea para combatir los levantamientos del caudillo catamarqueño Felipe Varela, quien tras la muerte del Chacho se convirtió en el nuevo jefe rebelde. Las victorias que obtuvo el Ejército sobre él reafirmaron la autoridad del conjunto del gobierno nacional, pero no lograron anular los levantamientos que prosiguieron alimentados por el descontento que generaba la guerra contra el Paraguay. Sin embargo, no bien el frente militar externo comenzó a ceder, las montoneras de Varela perdieron gran parte de su vigor. De hecho, el caudillo catamarqueño fue derrotado en 1869, unos meses antes de la entrada de las tropas de la Triple Alianza en Asunción. Sobrevivió enfermo en el exilio chileno hasta 1870. La política de Mitre había triunfado, y Sarmiento, presidente desde 1868, cosechó los frutos.

Una nueva sociedad, abierta y cosmopolita

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el país tuvo ocho presidencias, y la mayoría de los candidatos decididos a gobernarlo habían nacido en las provincias. Urquiza, Sarmiento, Avellaneda, Roca y Juárez Celman venían del interior. Mitre y Luis Sáenz Peña habían nacido en la ciudad-puerto, pero Carlos Pellegrini, que completó el período del renunciado Juárez Celman, no era considerado un porteño neto a pesar de haber nacido en Buenos Aires. El «gringo», así lo llamaban, tenía ascendencia italiana por parte de padre e inglesa por parte de madre, y representaba un estilo dandy, muy acorde con el cosmopolitismo que se imponía en la época.

El origen no porteño de los presidentes fue también la expresión de un proceso más general. Progresivamente, iba menguando el peso político de la provincia de Buenos Aires mientras crecía, a la par, el poder del gobierno nacional. Cada presidente que dejaba su cargo imponía a su sucesor —y en esa dinámica importaba más la consolidación de las estructuras del Estado que la influencia de la provincia-puerto más grande y rica del país—. Esta tendencia se afianzó a partir de 1880, pues la capitalización de la ciudad de Buenos Aires «decapitó», literalmente, a la provincia homónima. A partir de entonces ningún gobernador pudo enfrentar ya al Ejecutivo Nacional, sólo podía negociar en el Senado su posición frente al poder central. En definitiva, el gobierno nacional se transformó en la garantía de la integración de la República al sistema económico internacional liderado por el capitalismo británico.

Los presidentes disponían de ejércitos nacionales para imponer el orden interno, pero no había brazos criollos suficientes para organizar la sociedad que pretendían gobernar. Los inmigrantes fueron, en ese sentido, los protagonistas de una prolongada obra constructora. Hasta la primera década del siglo XX, era habitual encontrar detrás del escritorio de una oficina pública a un inmigrante nacido en Italia, Francia o España, mientras que en el magisterio se reiteraba el caso de los maestros que enseñaban a leer sin pronunciar bien el castellano. Durante varios años, la proporción de obreros extranjeros fue muy superior a la de argentinos. En la ciudad de Buenos Aires, de cada cuatro trabajadores, uno solo era criollo; y en el conjunto de las provincias del Litoral había seis varones inmigrantes por cada cuatro nacionales. En las estaciones de ferrocarril y en las oficinas de correos sobresalían los apellidos ingleses; frecuentemente, también los irlandeses. En la Capital de la República, cada recién llegado tenía muchos motivos para preguntar: ¿quiénes son los argentinos?, ¿dónde están?

Las estadísticas sirven para ponderar mejor lo que significó en números este aluvión inmigratorio que no tuvo paralelo, por la sencilla razón de que en aquella época ninguna otra sociedad recibió un porcentaje de varones extranjeros mayor que los nativos que habitaban las áreas geográficas del país. En 1869, el primer Censo Nacional registró un total de 1 700 000 habitantes; en el segundo, de 1895, la cifra aumentó a más del doble. De los 3 990 000 registrados en el país, el 25 por ciento era extranjero y unos años después aumentó al 30 por ciento del total nacional. En Estados Unidos, esa proporción nunca superó el 14,4 por ciento, ni siquiera en la zona de la costa Este. Estos porcentajes representan un promedio sobre el total, pero cuando se busca en los censos información por categorías específicas como sexo y edad, los datos arrojan siempre un número aplastante de inmigrantes en una vasta extensión del territorio. Por ejemplo, en 1895, la ciudad de Buenos Aires contabilizaba 12 000 varones argentinos de más de 20 años frente a 48 000 varones extranjeros de la misma franja de edad; y esa relación tampoco era distinta para el conjunto de las seis provincias que concentraban más población (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa y Mendoza), dado que todas ellas sumaban, en 1895, 287 000 varones argentinos frente a 309 000 extranjeros. Todavía en 1914 se mantenía esta misma proporción[109].

La mayoría de los recién llegados provenía de Italia, hasta que a comienzos del siglo XX se invirtió esa tendencia a favor de los españoles. Los franceses, rusos y centroeuropeos contribuyeron con una presencia menor. Los ingleses, aunque más precisamente los irlandeses, se convirtieron en la primera minoría de las corrientes pequeñas, entre belgas, holandeses, portugueses y dinamarqueses.

Es cierto que el impacto inmigratorio se percibió sobre todo en la región de la pampa húmeda y llegó hasta Córdoba, pero también lo es que allí residía la mitad de la población del territorio censado. Aun así, ciudades como Salta, Catamarca y Tucumán, en el Norte, albergaron un número no despreciable de trabajadores de origen europeo, pero muy lejos del orden de importancia que alcanzaban en la ciudad de Buenos Aires. Desde 1869, los extranjeros representaban la mitad de la población total porteña (177 000 habitantes) y dominaban en casi todas las actividades económicas; y hacia 1895, el porcentaje se mantenía pues el total de habitantes había crecido cuatro veces. Algo semejante sucedió con el puerto de Rosario. El visionario Wheelwright no se había equivocado. La aldea se transformó en una gran ciudad; el segundo Censo registró la cifra de 90 000 habitantes, de los cuales el 40 por ciento provenía de ultramar. Poco a poco en la llanura pampeana y en las ciudades del Litoral se abrían paso los hijos de aquellos que habían bajado de los barcos. Eran los nuevos argentinos.

A partir de 1880, el torrentoso caudal de inmigrantes de ultramar preocupó a la comunidad británica de la Argentina que temió perder su preponderancia económica. Ya lo hemos dicho, su presencia no había sido nunca numéricamente importante, pero sí cualitativamente esencial para orientar no sólo las inversiones sino también las formas de consumo del conjunto de la sociedad y los medios de comercialización de las clases propietarias. El lujo francés se había adueñado de muchos hogares de la oligarquía nativa que incorporaba, cada vez más, objetos manufacturados de otras procedencias, fabricados en Francia, Alemania, Bélgica o en los Estados Unidos.

Sin embargo, muy pronto se hizo evidente que el comercio británico no cedería su supremacía. Sus ventas continuaron aumentando. Por un lado, los precios eran mejores que los de las demás empresas de origen extranjero. Pero, además, la provisión de equipos de gas, rieles, silos, máquinas agrícolas o de repuestos para los ferrocarriles dependía también de una red de relaciones sociales y políticas que sólo los ingleses manejaban con destreza sin igual. Después de muchas décadas de residencia, conocían mejor que cualquier otro europeo cómo funcionaba el poder local, y sabían cómo mantenerse al margen de la facciosa política criolla, sin por eso perder de vista la defensa de sus intereses económicos. Los británicos conservaban, además, una mezcla de audacia y de confianza en el destino próspero de la Argentina que no se hallaba ni en los alemanes ni en los norteamericanos, mucho menos interesados en el país como campo para la inversión de capitales.

Estas consideraciones anticipan el momento más crítico de las relaciones angloargentinas en el siglo XIX. Efectivamente, la debacle financiera que se conoce como crisis de la Baring Brothers estalló en noviembre de 1890, provocó un terremoto bancario en Londres y fue fruto de la caída del gobierno de Juárez Celman en la Argentina.

La primera gran crisis financiera

La crisis se precipitó en una economía que ya estaba envuelta en tensiones de diversa índole. Durante la década de 1880 el crecimiento fue muy alto. Las inversiones aumentaban a un ritmo difícil de sustentar, mientras las importaciones superaban las exportaciones. Este déficit en la balanza de pagos se compensaba con una corriente de nuevos préstamos que estaban justificados porque la economía argentina era la que más crecía en el mundo entero. Hacia la mitad de la década, la fiebre del crecimiento disparó los precios de las propiedades y la especulación se hizo dueña de argentinos y extranjeros. El gobierno de Juárez Celman, que sucedió a Roca en 1886, lanzó una audaz política monetaria que consistió en permitir a más bancos emitir moneda a cambio de controles que no eran rígidos. Esto provocó que la cotización del oro comenzara a aumentar y con ello el precio de los productos importados. A partir de 1887, los precios empezaron a subir y los salarios a bajar. Los trabajadores organizaron en Buenos Aires las primeras huelgas. Los años siguientes, 1888 y 1889, acumularon mucho descontento social que estalló finalmente en 1890. Sin duda, este problema que afectaba a la economía real pero que podría haber sido superado en otras circunstancias, se agudizó por el descontento político. A través de su política monetaria y crediticia, el presidente Juárez Celman se había transformado en el garante de los especuladores en tierras, de los contratistas y de todos aquellos que medraban con el crédito público. La oposición se organizó en un frente, al que denominaron Unión Cívica, iniciado por una juventud muy dispuesta a enfrentar las sospechas de corrupción que rodeaban al presidente y su gobierno y combatir lo que se denominaba el Régimen, un sistema de poder político fuertemente centralizado y sostenido a través del fraude.

En ese clima, cada signo de estancamiento del ritmo de producción disparaba la desconfianza en la capacidad de pago a los acreedores y frenaba la corriente de préstamos. Envueltas en este vértigo, la crisis social y económica seguida de la financiera precipitaron, en el mes de julio, la revolución política contra Juárez Celman, que finalmente renunció. Pero su caída no se debió tanto a la Revolución del Parque (por el Parque de artillería, actual Plaza Lavalle, donde se concentraron los revolucionarios que seguían a Leandro N. Alem) como a la presión conjunta del vicepresidente Carlos Pellegrini y del hombre fuerte del Régimen, que no era otro que el expresidente Julio Argentino Roca. La figura de Juárez Celman ya no les servía. El «gringo» tenía como misión completar el mandato y a la vez iniciar las negociaciones con los acreedores del país, que habían detenido toda la corriente de inversiones. Con esta dupla de hombres, la Argentina se comprometía a mantener sus obligaciones financieras con los centros europeos, aunque eso no significaba aceptar a priori cualquier condición externa, sino más bien explorar las que había y decidir en función del mal menor[110].

En este sentido los meses que siguieron fueron de tensas negociaciones y muy aleccionadores para el futuro del país y de su clase gobernante, que demostró que estaba en condiciones de ocupar el poder político, no porque fuese justa ni solidaria con los reclamos populares, que por cierto no lo era, sino porque sabía hasta dónde estaba dispuesta a ceder ante los centros internacionales del poder económico. El gobierno mantuvo principios, como el de la defensa de la independencia política, compartidos con el resto de la sociedad, aunque su perfil ya era cosmopolita. En efecto, cuando Pellegrini sondeó a los norteamericanos con la intención de encontrar otra fuente de financiamiento que le diera autonomía de Gran Bretaña y de Francia, encontró una exigencia que no estaban dispuestos a aceptar ni él ni sus sucesores, ni tampoco la oposición. Estados Unidos pretendía una legislación especial que protegiera a sus bancos y, de manera oficiosa, la instalación de una base naval.

El arreglo con los acreedores se firmó en Londres en julio de 1893. La Argentina evitó la cesación de pagos e impuso como límite pagar con sus recursos de acuerdo con su capacidad productiva pero sin hipotecar su opción de crecimiento. En 1897, logró reanudar el pago de los intereses y del servicio de la deuda; para entonces la corriente de inversores había vuelto a fluir, los inmigrantes llegaban y se quedaban y la producción de trigo, lino, lana y carnes ovina y vacuna volvía a generar confianza en el futuro.

La imagen externa del país salió fortalecida. Había logrado sortear las presiones políticas que por cierto existieron. Además de los norteamericanos, también algunos sectores británicos se habían tentado con la intervención militar para poner «un buen gobierno», lo que significaba el traslado y desembarco en Buenos Aires de tropas de la «Royal Navy». Quienes impulsaban esta idea eran los damnificados, pues la crisis argentina había provocado la bancarrota de la Casa Baring que debió ser socorrida por el Banco de Inglaterra con los recursos del Tesoro, para evitar el efecto dominó sobre el resto de la «city» londinense.

Tras estas experiencias, el gobierno nacional quedó en alerta y en 1902, cuando Gran Bretaña, Italia y Alemania presionaron a Venezuela con el pago de su deuda confiscando sus rentas aduaneras, el país declaró a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago, la ilegitimidad del uso de la fuerza para satisfacer el cobro de los acreedores. La Doctrina Drago fue aceptada en la Conferencia de La Haya de 1907 como principio del derecho internacional.

Hacia 1899, la crisis estaba totalmente superada y el país se aprestaba a ingresar en el ciclo de oro de su crecimiento económico, mientras que la sociedad cosmopolita conjugaba sobre nuevas bases culturales una nueva definición de lo que era ser argentino.

VI
Esplendor y crisis

El Centenario: balance y perspectiva

En el marco de los actos organizados por la comisión del Centenario de la Revolución de Mayo, la colectividad británica tomó la iniciativa e invitó al expresidente Carlos Pellegrini para que disertara, el 28 de noviembre de 1905, sobre La influencia del pueblo inglés en la historia y desarrollo de nuestro país. El tema, casi familiar, fue una buena excusa para que, ante un auditorio repleto, él diera rienda suelta a su último desvelo: el régimen roquista. Primero reclamó atención sobre el estado boyante de la economía, diciendo «somos una población de seis millones escasos, podemos afirmar que no hay Nación en el mundo donde el capital extranjero haya acudido en tales proporciones[111]»; lo que importaba un estrecho vínculo, y una mejor ubicación para el país en el concierto internacional que el que podía proveer la sospechosa alianza política que proponía Estados Unidos a través de sus Conferencias Panamericanas. A renglón seguido, azuzó a su audiencia por la indiferencia general que, según él, reinaba en relación con la celebración de Mayo: «Nada hay resuelto, ni iniciado aún, salvo algunos proyectos. […] Sería doloroso tener que afirmar que [los ingleses] nos están recordando nuestra deuda para con nuestros antepasados, y casi nos están enseñando nuestros más grandes deberes patrióticos[112]».

Después de esta admonición, y para terminar formalmente su discurso, reclamó: «¡Qué inmenso bien, señores, resultaría para el pueblo argentino, si con la misma facilidad con que se ha incorporado el esfuerzo y el capital ingleses para realizar el asombroso desarrollo de su prosperidad material, pudiera asimilar e incorporar a sus hábitos políticos ese amor a la verdad y a la justicia, ese profundo respeto por la libertad y el derecho, esa firme y tranquila conciencia de la dignidad del ciudadano que caracterizan al pueblo inglés, que han hecho de él el modelo de los pueblos libres de la tierra, y que él ha concretado en su fiera y altiva divisa: “Dios y mi derecho”!»[113].

Estas palabras no estaban dirigidas sólo al público del salón, hacían el diagnóstico de la inestable situación política. El «pueblo» al que se refería Pellegrini era el de los conspiradores radicales, partidarios de «Don Hipólito». Unos meses antes, el 4 de febrero de 1905, habían realizado otro levantamiento cívico militar, el tercero desde 1890, y, aunque fracasado, resultaba evidente la preparación alcanzada y la determinación de seguir hasta el fin el singular liderazgo «mudo» de Yrigoyen. A pesar de esta evidencia, Pellegrini ya no descerrajaba, como en el pasado, su crítica mordaz sobre los conspiradores, pues admitía la existencia de razones que llegó a desgranar frente a sus pares con palabras comprensivas: «[…] sólo habremos restablecido la unión en la familia argentina, el día que todos los argentinos tengamos iguales derechos, el día que no se les coloque en la dolorosa alternativa, o de renunciar a su calidad de ciudadanos, o de apelar a las armas para reivindicar sus derechos despojados[114]». El 9 de mayo de 1906, en la Cámara de Diputados, cerró su último discurso diciendo: «nos falta algo esencial: ignoramos las prácticas y los hábitos de un pueblo libre y nuestras instituciones escritas son sólo una promesa o una esperanza[115]».

El giro de Pellegrini se había producido en 1901. Después de romper su imbatible alianza con Julio A. Roca, forjada a lo largo de la década del 80, se convirtió en un reformista político. La ruptura, significativa en su época, dejó al régimen roquista malherido. El «gringo» se alejaba para intentar formar un nuevo partido conservador, moderno, respetuoso de la oposición, enemigo de las elecciones fraguadas que inevitablemente llevaban al gobierno al candidato que su antecesor había marcado con el dedo. Aunque el partido con el que soñó nunca se creó, su predicamento impulsó la reforma electoral de 1912.

Durante los últimos cinco años de su vida, aprovechó toda tribuna para descarnar, con su prosa y su verba, al sistema de control electoral roquista, y para expresar, como lo hizo en su último discurso en la Cámara de Diputados, su temor ante un futuro sin progreso económico: «[…] ¡ay del día, que fatalmente tiene que llegar, en que esta prosperidad cese, en que este bienestar general desaparezca, en que se haga más sombría la situación nacional! ¡Entonces vamos a ver germinar toda esta semilla que estamos depositando ahora, y quiera el Cielo, señor Presidente que no festejemos el centenario de nuestra revolución con unos de los más grandes escándalos que pueda dar la República Argentina!»[116].

Esta predicción no se cumplió ya que, si bien el gobierno declaró para el Centenario el «estado de sitio», lo cierto es que ello obedeció a tensiones sociales que no estaban ligadas a la falta de prosperidad. En realidad, los temores de Pellegrini parecieron concretarse muchos años después, pero las razones de la crisis y del deterioro del crecimiento económico en los años treinta fueron tan diferentes de las que él había imaginado que, en rigor, no se le puede adjudicar ninguna anticipación.

Lo cierto es que, cerca del Centenario, los miembros más lúcidos de la elite gobernante eran duros examinadores de lo que ellos mismos denominaban «política criolla». ¿Cómo desmontar el engranaje de ese viciado conjunto de prácticas destinadas a conservar el poder en manos de camarillas formadas por jefes locales, cooptados desde el Poder Ejecutivo y enquistados en el Congreso, las provincias y la prensa? Tal era el problema que los ocupaba. De la cruda crítica del pasado y del presente político, emergía la necesidad de una reforma sustancial del sistema. En el camino por seguir, Inglaterra aparecía como un modelo a imitar. ¿Acaso no había superado la corrupción electoral que había arruinado hasta no hacía mucho las fortunas de los candidatos que compraban los votos para llegar al Parlamento de Londres?

En las filas de la elite evolucionaba, aunque a sobresaltos, un debate sobre el sistema electoral viciado de corrupción. Los gobiernos nacionales nacidos del fraude perdían legitimidad de origen, y había que hallar soluciones rápidas pues la tensión manifestada desde la Revolución de 1890 crecía a través de una oposición que ganaba adherentes fuera del sistema. Carlos Pellegrini fue quien mejor encarnó esta tendencia modernizadora que buscaba una salida al dilema, pero siempre dentro del Régimen.

A cien años de las Invasiones Inglesas

Desde 1899, funcionaba una Comisión Nacional dedicada a organizar los actos conmemorativos de las Invasiones Inglesas, pero sus decisiones se demoraban porque no gozaban de toda la aceptación necesaria para llevar a cabo sin tropiezos la tarea encomendada[117]. En realidad, nadie ponía en duda las entonces óptimas relaciones angloargentinas; el problema era otro. La Comisión había encargado a Charles de Fouqueray, un pintor francés, dos óleos: uno, alusivo a la Reconquista de 1806; y el otro, a la Defensa de 1807, con la intención de que cada uno expresara un momento distinto de la gesta, encarnada en Liniers y en Álzaga. Pero, el director del Museo Histórico Nacional, Adolfo P. Carranza, se había opuesto de manera terminante. Las razones que dio ilustran muy bien la dificultad que ya ensayaban quienes querían contar la historia argentina: «Creo que no existe para los argentinos ningún deber de glorificación a los actores de los sucesos que se desenvolvieron en la época colonial; entonces no había patria, los criollos eran como los peninsulares, vasallos del rey de España, y las invasiones inglesas se produjeron más bien para alentar a los precursores de nuestra independencia, para robustecer sus medios de acción, para demostrar cuánto valían y cuánto podían los colonos, si deseaban emanciparse, a lo que contribuyó sin duda la política hábil que desarrolló el conquistador, dando franquicias y libertades que negaba la metrópoli y cuyas órdenes cumplían estrictamente sus representantes en América. […] Además, es preciso recordar que los enemigos capitales de la revolución fueron Liniers y Álzaga, a quienes se ajustició. No estoy dispuesto a concurrir a la rehabilitación de aquellos personajes porque sería renegar de la obra de los grandes hombres de mi patria, de Moreno, de Belgrano, de Pueyrredón, de Rivadavia[118]».

Este razonamiento era de una lógica política incontestable. En efecto, la Revolución amenazada había tronchado la vida de los dos héroes convertidos en sus irreconciliables enemigos; aquel hecho era irrefutable. Pero cien años después se trataba de realizar un homenaje, una conmemoración, con un orden de prioridades muy distinto. ¿Acaso el gobierno no había iniciado un acercamiento a España, que dejaba de ser definida como la «nación goda» para convertirse en la «madre patria[119]»? Los óleos, terminados en 1909, fueron expuestos para el Centenario en la «Sala de Embajadores» de la Casa de Gobierno. Las telas expresaban lo que ahora le importaba reivindicar a la elite: la tradición hispánica por un lado y los vínculos con Inglaterra por el otro. Había, pues, que conmemorar la victoria política sin humillar a los invasores, ya que la alianza económica seguía firme y en pie.

El pintor francés viajó a Buenos Aires, se instruyó sobre todos estos pormenores y entregó a tiempo su trabajo. En el cuadro «La Reconquista» mostró la actitud caballeresca de Liniers frente al comandante rendido, William Carr Beresford, a quien se lo ve erguido y conservando su sable. En la composición plástica de «La Defensa», el artista pintó una escena dramática; los cadáveres amontonados en primer plano permitían recordar cuánto más sangriento había sido el episodio de 1807.

Las conmemoraciones del Centenario incorporaron hábilmente las invasiones inglesas como un episodio anticipatorio de la Revolución de Mayo. No hubo tensiones, aunque sí interpretaciones divergentes sobre el lugar que la historia reservaba a cada personaje. Los ingleses residentes permanecieron totalmente ajenos a estas discusiones historiográficas pero construyeron para sí mismos un lugar singular, también de orden simbólico, en la conmemoración de Mayo. La colectividad británica reivindicaba su condición de pionera en la construcción de la Argentina. Sus miembros no se definían como trabajadores inmigrantes. Tampoco admitían ser simples «advenís» que perseguían el sueño de «hacer la América». Por el contrario, asociaban su experiencia con la inequívoca influencia que habían tenido desde los orígenes mismos de la Revolución. En ese sentido, la evocación y el homenaje debían tener un carácter singular que preservara esta tradición. En 1910, los residentes donaron una réplica del «Big Beng», la torre del reloj del Parlamento, un símbolo de Londres, que en el imaginario porteño se conoce como «Torre de los Ingleses», emplazada frente a la estación del Retiro. En ese sitio había estado el antiguo asiento de esclavos y también la guarnición inglesa antes de la rendición de 1807.

Aunque era cada vez más común asociar a Buenos Aires con rincones de París, o asimilar el habla y los gestos de sus habitantes con los de algún lugar de Italia, la ciudad también admitía las marcas de los residentes ingleses, y los visitantes del Centenario que los cruzaron por las calles céntricas no dejaron de observarlos: iban bien vestidos y afeitados, y un tanto atildados; parecían hombres de la «city» londinense aunque no lo fueran.

La plaza porteña hacía gala de un consumo altamente sofisticado, que se distinguía del resto de las ciudades latinoamericanas por las firmas instaladas. Había varias casas inglesas importantes, como «James Smart & Co.», la «Tienda Inglesa» de Auld y Cía., y la más grande y famosa en su época, «Gath & Chaves», con sucursales en muchas ciudades argentinas: Tucumán, Rosario, Córdoba, Paraná, La Plata, Mendoza. Vendía no solamente artículos de lujo sino también muebles y comestibles. En 1913, la casa «Harrods», de Londres, instaló en Buenos Aires su homónima, que adquirió vuelo propio y se transformó en fuerte competidora de Gath & Chaves. La calle Florida fue el escenario de esa rivalidad comercial, que alimentó de manera extraordinaria la vida social de ese sector de la ciudad. En 1920, Harrods absorbió a su rival y multiplicó su enorme red de comercio minorista.

Desde comienzos del siglo XX, la nueva industria frigorífica británica había provocado una verdadera revolución en el consumo y en la exportación. Los saladeros desaparecieron definitivamente pues el ganado criollo, magro y flaco, fue reemplazado por las razas inglesas. Los productores necesitaban mestizar sus haciendas con animales como el Shorthorn y el Hereford, apropiados para el refinamiento del ganado, sin lo cual resultaba imposible acceder al cada vez más exigente y tecnificado mercado de la carne congelada. Transportada en barcos equipados para mantener la cadena de frío, su destino final era el mercado europeo, fundamentalmente británico, ya que los obreros ingleses también consumían la carne barata argentina.

Los traslados diarios en la gran ciudad eran cada vez más rápidos y seguros, el sistema de transportes de pasajeros estaba cubierto por los trayectos de la Compañía Anglo Argentina de tranvías. Creada en 1876, la empresa había ido comprando las compañías de la competencia, dos de capitales locales y las demás de inversores británicos, y hacia 1904, ya tenía electrificada su red. Esta actividad pionera la transformó en una gran empresa privada británica, hasta que en 1907 perdió su independencia al ser absorbida por un consorcio de capitales internacionales con sede en Bélgica llamado SOFINA. A esta segunda etapa corresponde la gran expansión de la red subterránea de la Capital, que comenzó con la inauguración de la línea Plaza de Mayo-Once en 1913, y continuó con un plan de obras presupuestado para la línea Retiro-Plaza Constitución, cuya construcción quedó demorada por el inicio de la Gran Guerra europea.

Cambio de época

La contienda en el Viejo Mundo abrió un interrogante sobre el rumbo a seguir: ¿Olvidaría la elite las palabras de Pellegrini?: «Por la fuerza de los hechos, somos los aliados económicos de la Inglaterra; alianza que suele ser más eficaz que la verdadera alianza política[120]». Después del Centenario, se impuso la postergada reforma política. El heredero de Pellegrini, Roque Sáenz Peña, ocupó la presidencia de la República en 1910. El oficialismo antirroquista había finalmente triunfado, y sancionó, en 1912, una nueva ley electoral que garantizaba el sufragio obligatorio y secreto para todos los varones argentinos mayores de edad, y además le daba representación legislativa a la minoría. Esta reforma posibilitó que en las elecciones presidenciales de 1916 triunfara Hipólito Yrigoyen. El 12 de octubre asumía, por vez primera, un gobierno que no había nacido de las filas conservadoras de la política criolla. La ocasión era histórica. Uno de los asistentes a la ceremonia de asunción apuntó: «Cuando llegaron Yrigoyen y sus ministros a la Casa Rosada, me pareció, a pesar de todo, que por las puertas y las ventanas entraba un aire nuevo capaz de llevarse el polvo acumulado durante años… Aunque me temo que los radicales van a hacerlo sólo de nombre[121]».

En más de un sentido, la llegada de los radicales al gobierno coincidió con el inicio de una nueva época. El largo siglo XIX tocaba a su fin y dejaba tras de sí una estela de incertidumbres. Comenzaban a conocerse los horrores que padecía la población europea envuelta en una conflagración que nadie llamaba aún Primera Guerra Mundial. El estallido, iniciado el 4 de agosto de 1914, había derrumbado la idea de «civilización» definida un siglo atrás y también ponía en tela de juicio el significado de la palabra progreso. Al fin y al cabo, cómo entender un conflicto que enfrentaba a la cultura francesa con la alemana, ambas creadoras de las letras, la música y la ciencia que cultivaban las élites en todas partes. Cómo justificar que Gran Bretaña y Francia, cunas de la libertad y de las instituciones democráticas, pelearan unidas al todopoderoso Zar de Rusia contra el Kaiser alemán, que no era un soberano déspota como el primero.

Estas discusiones agitaron un debate intelectual en la prensa porteña que se instaló en la opinión pública, porque, aunque lejana, la contienda incidía en la vida cotidiana del país. En las grandes ciudades, era seguida con enorme interés y a la vez con una gran sensación de alivio. El gobierno de Victorino de la Plaza —que completó el mandato de Roque Sáenz Peña, muerto en 1912— había declarado la neutralidad. Esta posición no beligerante fue mantenida durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen y ganó inmediatamente la adhesión popular. La sociedad, compuesta de inmigrantes oriundos de todos los países que se enfrentaban en las trincheras, no quería la guerra en casa.

Sin embargo, la neutralidad defendida por Yrigoyen fue hostilizada por las plumas pensantes de la elite. Los aliadófilos querían el enrolamiento activo del país del lado de Inglaterra y Francia, y los germanófilos estimaban absurdo declararle la guerra a Alemania. El gobierno de Yrigoyen fue apodado «progermano». En la medida en que la guerra se prolongó, la política neutral comenzó a ser asediada también desde afuera. En abril de 1917, los norteamericanos le declararon la guerra a Alemania, y a partir de ese momento presionaron a las naciones latinoamericanas para que siguieran sus pasos. La adhesión a la política belicista ganó adeptos en la Argentina y la prensa, junto con el Jockey Club y el Círculo de Armas, centros de reunión de los grupos conservadores, pusieron en jaque la diplomacia de Yrigoyen. Las manifestaciones en el centro porteño se multiplicaron; los participantes desfilaban con «peludos muertos colgando de piolines[122]», el animalito que acostumbra a vivir en cuevas, bajo tierra, y que servía de apodo para descalificar a Yrigoyen, blanco de todas las críticas, algunas incluso rayanas en la injuria. «El Sr. Yrigoyen —escribió Alberto Gerchunoff— es germanófilo y sus ministros son lo que él quiere que sean, son mansos y obedientes y le acompañan en el propósito de entregar la República al enemigo[123]».

El giro de los acontecimientos pareció indicar que la guerra misma llegaría hasta las puertas del Río de la Plata. Entre abril y junio, los submarinos alemanes hundieron tres barcos argentinos; el Otiana, por ejemplo, que trasladaba cereales a Gran Bretaña. La oposición se irguió, arrolladora, y ganó la voluntad de las filas radicales. Desde París, Marcelo T. de Alvear le aconsejaba a Yrigoyen romper relaciones y alinearse rápidamente con los ya visibles vencedores, mientras que en la Cámara de Diputados el voto a favor de la ruptura con Alemania cosechaba adhesiones en la bancada oficialista.

Casi en soledad, Yrigoyen mantuvo inalterable su política exterior que, dada las presiones, era audaz pero no temeraria, y mucho menos antibritánica. Quienes mejor lo habían entendido no eran los conservadores, exacerbados en su ciega oposición, sino los mismos alemanes. De hecho, Karl von Luxburg, embajador en Buenos Aires, simulaba creer aquí aquello que desmentía en los informes al Kaiser. Su juego quedó en descubierto cuando en Washington se publicaron los telegramas cifrados que el conde enviaba a Berlín. El mensaje exponía sin tapujos la recomendación de hundir los barcos en ruta, pero «sin dejar rastros», a la vez que calificaba al ministro de Relaciones Exteriores, Honorio Pueyrredón, de «notorio asno anglófilo[124]». Al provocar este incidente diplomático, Estados Unidos ensayó la última maniobra que le quedaba para inclinar al gobierno a favor de una declaración de guerra. Pero nada de eso sucedió. El Presidente se limitó a expulsar al embajador y al final de la guerra recibió del nuevo gobierno alemán las excusas pertinentes y las reparaciones económicas fijadas.

La posición de Yrigoyen sirvió materialmente a Gran Bretaña, o, para decirlo de otro modo, la neutralidad se mantuvo en línea con la declaración realizada en 1914 por el presidente Victorino de la Plaza, quien no había hecho más que confirmar los dichos de Pellegrini: «somos los aliados económicos de la Inglaterra». Su consecuencia, inmediata, fue la exportación creciente de carne envasada y congelada con destino a las tropas aliadas y al pueblo inglés. Dadas las circunstancias, cabe preguntar qué sentido tenía para los conservadores poner en riesgo esta política exterior que no hacía más que beneficiar a la potencia aliada con la provisión del mejor y más barato alimento. Es factible pensar que la animadversión antiradical haya enceguecido a la activa oposición que se agitaba en los exclusivos círculos sociales terratenientes, el Jockey Club y el Círculo de Armas, como lo evocó expresamente en sus memorias el representante británico, sir David Kelly[125].

Entre 1914 y 1916, la declinación de las exportaciones dirigidas a Gran Bretaña, como al resto de los países, no impidió que la Argentina vendiera más carnes envasadas y congeladas que antes de la guerra, y tampoco que los frigoríficos obtuvieran grandes beneficios. A partir de 1918, el total de las exportaciones a Gran Bretaña se había recuperado en más del 150 por ciento en relación con 1914, y muy por encima de los valores generales. Sin embargo, durante el mismo período, la Argentina interrumpió todas sus exportaciones con destino a Alemania. El embajador de ese país tenía entonces motivos para dudar del real alcance de la tan meneada no beligerancia. Como veremos más adelante, la neutralidad yrigoyenista fijó una posición de política exterior mantenida también por el gobierno nacional durante la Segunda Guerra Mundial.

Los desafíos para la política yrigoyenista

En definitiva, los radicales continuaron con el rumbo de la economía agropecuaria exportadora, por convicción e interés. El mismo Yrigoyen, hijo de una familia tradicional, era un terrateniente de la provincia de Buenos Aires que usó su fortuna personal —vendió dos estancias— para financiar su causa. En rigor, de los ocho ministros, cinco de ellos pertenecían a la elite ganadera con asiento en la Sociedad Rural y otros círculos selectos, como los ya mencionados Jockey Club, Círculo de Armas o el Club del Progreso, del cual el propio presidente era miembro. El gabinete en pleno provenía, por la edad y la condición económica y social de sus integrantes, de las entrañas mismas del viejo orden conservador.

Sin embargo, el programa radical, centrado en la defensa de la Constitución y la reparación política, aunque vago, era inclusivo, transmitía la esperanza de algo nuevo y reivindicativo de la condición ciudadana extensiva a los sectores medios y bajos, antes marginados, y que eran, en abrumadora mayoría, descendientes de la gran inmigración. Sin duda la presencia de estas multitudes que se iniciaban en el juego de la política electoral fue lo primero que detectaron los conservadores que, con una mezcla de temor y desprecio, las definieron como «turbas radicales» o «chusma».

Por encima de estos ataques de la oposición, lo que signó el derrotero de Yrigoyen fue la guerra y sus secuelas económicas y sociales, pues lo obligaron a fijar una posición frente a los intereses económicos, tanto nacionales como extranjeros —muchos británicos—, y a arbitrar el conflicto entre patrones y obreros. En este contexto se ensayó la primera presidencia radical, atenazada por la crisis y la depresión de la guerra y la posguerra.

En 1914, un problema climático había afectado la producción cerealera, y a las malas cosechas siguió la escasez de embarques ligada al estallido de la guerra. El precio del trigo no se recuperó. También dejaron de entrar préstamos al país y se detuvieron las inversiones extranjeras. La contracción en las exportaciones de cereales afectó inmediatamente a las empresas ferroviarias que trasportaban menos carga y por lo tanto recaudaban menos. Así se frenó la adquisición de material rodante, disminuyó el mantenimiento de las vías y se interrumpió la construcción de los nuevos ramales. Como se señaló antes, sólo las exportaciones de carne incrementaron notablemente su volumen, pero el crecimiento general empezó a estancarse.

La guerra contrajo la economía y la depresión que le siguió afectó la vida cotidiana de vastos sectores sociales. Las condiciones de trabajo empeoraron, aumentó el desempleo y subió el costo de vida; los trabajadores quedaron sujetos a la doble amenaza de los despidos y a la caída del salario real. La protesta social estalló de manera organizada, ya que existían diferentes grados de asociación según las actividades laborales. Básicamente, había dos centrales obreras: una, enrolada en la tendencia sindicalista, ocupada de reivindicaciones económicas, en la que participaban también los socialistas y los comunistas; y la otra, minoritaria, mantenía las banderas del anarquismo dominante en el movimiento obrero hasta la primera década del siglo XX. Las posiciones siguieron cambiando a lo largo del período y los reagrupamientos consolidaron progresivamente a los socialistas, pero la vocación de unidad no fue olvidada. Hacia fines de la década del 20, el movimiento obrero había logrado una cohesión de la que carecían los conservadores y los radicales.

Las huelgas se multiplicaron en los sectores clave de la economía ligados a la producción agropecuaria exportadora. Los primeros conflictos estallaron contra las empresas marítimas y ferroviarias, que eran estratégicas porque realizaban el transporte y la comunicación con los mercados internacionales. En noviembre de 1916, la huelga de los portuarios produjo la primera intervención de Yrigoyen, quien recibió en su despacho a una delegación obrera. Era la primera vez que un presidente tomaba contacto personal con huelguistas, y era también el inicio de una forma de solucionar conflictos por la vía arbitral. En este caso, las tratativas terminaron con un resonante triunfo de la Federación de Obreros Marítimos y con Yrigoyen convertido en defensor de los trabajadores. Pero este resultado era sin duda singular y no siempre posible en una economía que producía y exportaba materias primas (carnes y cereales) de las que también dependía el alimento de la población, lo cual mantenía al Estado muy sujeto a las presiones del mercado externo que, como se veía, era capaz de golpear sobre el consumo interno.

La creciente protesta social no tardó en arrojar al gobierno radical contra las cuerdas; en definitiva, su capacidad de controlar al capital extranjero terminaba en el mismo momento en que un gran embarque de cereales o de carne, negociado con los gobiernos aliados, podía perderse por un repentino paro en los ferrocarriles.

Los reclamos de la clase obrera

Las primeras huelgas ferroviarias se produjeron espontáneamente entre junio y septiembre de 1917 en distintos puntos del país, pero fueron masivas en los talleres rosarinos del Ferrocarril Central Argentino, la empresa que había fundado Wheelwright en 1865, el pionero que anticipó que Rosario sería la cabecera de una gran región cerealera.

En esta oportunidad, los obreros hicieron un manifiesto que no fue simplemente reivindicativo, pues denunciaron lo que llamaron «impuesto de guerra» y acusaron a la empresa británica de financiar el esfuerzo bélico a través de las ganancias que obtenía en la Argentina de las diferencias entre los salarios reducidos y las tarifas altas[126]. Obviamente, consiguieron concitar la adhesión del gobierno radical, que intervino nuevamente para lograr concesiones a favor de los huelguistas. En esta oportunidad, los sectores de la elite criticaron inmediatamente la actitud gubernamental, a la que calificaron de «una debilidad absoluta». Y fue, curiosamente, un órgano de prensa de la colectividad inglesa el que puso en blanco sobre negro la disyuntiva en la que se hallaba Yrigoyen. El 24 de agosto de 1917, el reporter del Review of the River Plate, que conocía bien la diferencia entre comprender y justificar, escribió: «Para hablar con claridad, nos parece que no es nada ilógica esta política por parte de un gobierno que llegó al poder merced a un sufragio popular de magnitud sin precedentes, y que se cuida muy bien de enajenarse los votos de los obreros mediante una manifestación de antagonismos[127]». Efectivamente, gran parte de la política social estaba atada a la necesidad del voto obrero, pero las razones de la huelga eran independientes, tenían peso propio. Las autoridades de las legaciones británicas en Rosario y Buenos Aires conocían el tenor del informe del jefe de ingenieros del Ferrocarril, un inglés de apellido Crouch, que había aplicado una reducción sustancial en el número de empleados en los talleres, además de haber rebajado el jornal a niveles que hacían imposible la subsistencia[128].

En septiembre la huelga se generalizó en todos los ramales y compañías de ferrocarriles. La paralización fue total, duró tres semanas y comprometió a todo el comercio exterior. En la prensa, los voceros de la elite bramaron contra una medida que «mataba a la gallina de los huevos de oro», mientras que las empresas recibían de la población más adhesiones que indiferencia. En este contexto, se conoció en Buenos Aires el contenido del telegrama enviado a Berlín por el conde von Luxburg. Las empresas utilizaron inmediatamente la información para asegurar que el conflicto era obra de agentes alemanes infiltrados, y la acusación al gobierno de progermano prosperó. La teoría de la conspiración, por la cual todo huelguista era un agitador profesional porque todo conflicto era un complot, volvía a servir de atajo a los conservadores que exigían la represión contra «la plaga de importación», como decía La Nación. Mientras tanto, el representante inglés, sir Reginald Tower, empezó a investigar la posible existencia de una red de espías alemanes, pero no encontró prueba alguna. El diplomático, sin embargo, estaba convencido de la parcialidad de Yrigoyen y de otros prominentes radicales y creyó que el motivo eran las deudas de algunos de ellos con el Banco Alemán Transatlántico. El argumento era muy inconsistente, y con el primer contraejemplo cayó en saco roto: el presidente de la Sociedad Rural, Joaquín S. de Anchorena, estaba en la misma situación crediticia y era un declarado aliadófilo.

Todos estos movimientos enrarecieron el clima civil porteño. El 12 de septiembre de 1917, después de conocerse la expulsión de von Luxburg, hubo agresiones contra el Club Alemán, el diario La Unión y otras instituciones de la colectividad, perpetradas por grupos de patoteros, «niños bien», que las crónicas identificaban como «jóvenes distinguidos». En suma, como evoca María Rosa Oliver, «los mismos que se desgañitaban pidiendo que se aplicaran sanciones al conde von Luxburg, no bien estaban entre cuatro paredes, celebraban complacidos los epítetos con que ese diplomático había creído definir al canciller radical[129]».

En este juego de presiones, el gobierno radical mantuvo un solo discurso: el de la neutralidad a rajatabla, ya comentada, y el de la conquista del voto obrero, expresado sin tapujos frente a los representantes de las empresas y al cónsul inglés. El 25 de septiembre del mismo año, tras el encuentro con el ministro Torello, de Obras y Servicios Públicos, el cónsul inglés informó: «El Ministro replicó (y esta información es confidencial) que dichas sociedades (obreras) estaban constituidas por más de 120 000 miembros, y que con sus votos prácticamente podían gobernar el país, añadiendo que sus reclamos justificaban que fueran tan poderosas[130]».

La ecuación política del gobierno radical era la siguiente: ganar el voto de los trabajadores en el interior del país y el de los sectores medios, es decir el de los consumidores, en Capital y provincia de Buenos Aires. Por eso, apenas unos meses antes, Yrigoyen había enfrentado la huelga municipal de la ciudad e hizo lo mismo con la de los trabajadores de la planta eléctrica alemana que la abastecía. Nada debía afectar a los consumidores porteños. El envío de las tropas de infantería y de marina para que pusieran en funcionamiento la planta había sido una demostración palmaria de la voluntad de mantener esta ecuación en pie, pero hacía protestar a los directivos de los ferrocarriles que no recibían la misma protección gubernamental. «El Gobierno parece haber olvidado o ignorar que la prosperidad del país se debe en gran medida a los 22 000 kilómetros de vías férreas construidas con el capital de las compañías. […] El Gobierno parece haber imaginado que las empresas de ferrocarriles son una especie de entidad venturosa que debe pagar el costo de todos [sus] experimentos[131]».

En febrero de 1918, el gobierno dio por terminado su apoyo a los ferroviarios. Acababa de venderle a Gran Bretaña toda la cosecha de trigo y 120 barcos de carga venían en camino cuando estalló una nueva huelga. Esta operación económica de gran envergadura, importante en vísperas de la renovación parcial de las bancas del Congreso y del cargo ejecutivo de la gobernación de Buenos Aires, marcó el fin del «experimento» radical. A partir de entonces, el gobierno recurrió habitualmente a la policía o al ejército para poner en funciones las instalaciones en huelga. No necesariamente había represión directa, pero, claro, la intimidación agotaba la protesta.

Un poco antes, a fines de 1917, se habían iniciado las huelgas en los frigoríficos norteamericanos «Armour» y «Swift», de Berisso, y se habían extendido hasta el establecimiento «La Negra» de Avellaneda, que pertenecía al pool británico. Yrigoyen recibió a los representantes diplomáticos de los dos países que protestaban por la interrupción del envío de trigo a las tropas, pues los obreros marítimos habían adherido a la huelga de los frigoríficos. El gobierno movilizó a los infantes de marina, que eran conscriptos, para que mantuvieran abiertas las plantas, y todo pareció calmarse hasta que el intento obrero de recuperar las instalaciones generó una batalla campal que dejó varios trabajadores muertos y algunos conscriptos heridos. Yrigoyen no sabía cómo cerrar el frente de protesta y mantuvo el diálogo con los dirigentes sindicales hasta que la presión de las propias empresas extranjeras que amenazaron resueltamente con trasladarse al Uruguay lo hizo ceder. El gobierno obligó a los obreros marítimos a levantar el boicot y envió nuevamente a la infantería para terminar con la resistencia de los trabajadores. En esta ocasión no hubo muertos.

Tras estos hechos, Yrigoyen buscó establecer un nuevo acuerdo con Gran Bretaña, que complementaba el convenio de la venta de trigo con otro de carnes que también pensaba aprovechar en vistas a la inminente campaña política del mes de marzo de 1918. El precio de la carne sumaba o restaba votos; era el principal alimento de consumo entre las clases bajas porteñas y había aumentado a raíz de las huelgas. Cabe preguntarse por qué no necesitaba Yrigoyen juntar los votos de los obreros frigoríficos, y, en rigor, la respuesta es muy simple. No votaban, eran en su abrumadora mayoría inmigrantes, recién llegados de los países centroeuropeos; muchos, identificados como turcos, provenían de los Balcanes, entonces bajo el dominio del Imperio Otomano.

El posible beneficio electoral fue la vara del gobierno radical para ajustar su política social y a la vez aceptar en mayor o menor medida las exigencias del capital extranjero. Un hecho a remarcar es que la influencia de la Sociedad Rural Argentina fue menos manifiesta de lo que uno imagina. Era cierto, no gobernaba, a pesar de que varios de sus miembros participaban del gabinete de Yrigoyen. La presión que en verdad importaba era la de los intereses ligados a las empresas de exportación, las únicas que podían afectar además el consumo y con ello el rumbo electoral del gobierno; por eso también la protesta obrera que el gobierno atendía era la de los trabajadores vinculados a esas actividades. Por otra parte, desde la perspectiva yrigoyenista, las organizaciones no identificadas con estas ramas de la producción estaban encabezadas por dirigentes menos dispuestos a negociar, como era el caso de los anarquistas. En definitiva, la posición del gobierno era favorable a los trabajadores cuando las huelgas impactaban sobre las actividades primarias y el capital «foráneo» necesitaba del acuerdo para cumplir con sus obligaciones en el exterior. Convengamos, esa política social podía hacer agua en cualquier momento y con ella diluirse lo único que sostenía al gobierno: la voluntad electoral.

En esa coyuntura se inscribe el curso que tomó la huelga en los talleres Vasena de Barracas, y que dio lugar a la llamada Semana Trágica, del 9 al 16 de enero de 1919. Entonces el gobierno no supo cómo arbitrar el conflicto. La huelga había empezado como un reclamo salarial, que incluía la jornada de ocho horas de trabajo, la reincorporación de obreros despedidos y el pago extra por el trabajo de los días domingos y festivos. Pero el 7 de enero, un escuadrón de la policía abrió fuego sobre los huelguistas, y el 9 hizo otro tanto durante el entierro. El llamado a la huelga general paralizó la ciudad. El 11 de enero, la policía inventó un complot e imaginó conspiradores entre los obreros anarquistas y judíos. Espontáneamente, se formó la Liga Patriótica Argentina, organización paramilitar integrada por un grupo de jóvenes de la elite, que se arrojó sobre los barrios obreros del centro, particularmente el Once, en una aberrante caza de brujas. Hubo un número de muertos indeterminado. El día 15, los huelguistas presos fueron liberados luego de una reunión de los líderes sindicales con el Presidente. Tres días después, los obreros volvieron al trabajo.

El gobierno quedó debilitado en extremo. La represión descargada sobre los trabajadores de una rama de la industria no le había generado ningún apoyo en los sectores conservadores y tampoco en las clases medias, pues parte de esos sectores había respaldado las acciones criminales de la Liga Patriótica. En rigor, sólo la antigua simpatía radical del general Luis Dellepiane, comandante de la guarnición de Campo de Mayo, había evitado el golpe militar.

Una «mano» de los ingleses

Hacia mediados de 1919, la suerte política de Yrigoyen seguía pendiendo de un hilo. El representante inglés sir Reginald Tower detallaba —en el despacho del 22 de junio— los rumores originados en la Marina, que iban desde posibles alzamientos armados hasta planes para atentar contra la vida del Presidente. Por otra parte, y a la vista de todo el mundo, la Liga Patriótica seguía ganando adeptos; su presidente, Manuel Carlés, fue ovacionado en los actos del 25 de Mayo, mientras que Yrigoyen apenas había recibido algún aplauso. Tower, sin embargo, descreía de los complots que denunciaba Carlés, entre otras razones porque el propio jefe de Policía, Elpidio González, le había dado muestras de su voluntad de aplicar la Ley de Residencia de 1902 y la Ley de Defensa Social de 1909, leyes represoras que permitían arrestar y expulsar del territorio nacional a todos los huelguistas que, a discreción, se considerara peligrosos por sus ideas revolucionarias.

Yrigoyen necesitaba el apoyo —aunque fuera tácito— del representante inglés para contrarrestar el poder creciente de la Liga Patriótica. El gobierno no sabía aún quiénes la financiaban pero sí que era una organización probritánica, que gozaba de los favores de la elite terrateniente y de las más importantes empresas extranjeras. Y no se equivocaba; ya que en 1921 se conocieron los nombres de los miembros del comité de finanzas, entre los cuales figuraban los directivos ingleses de los ferrocarriles Central Argentino y Pacífico. La Liga mantenía relaciones estrechas con el Club Naval, el Círculo de Armas, el Círculo Militar, además del Jockey Club, pero en el Ejército era rechazada por el general Dellepiane, que sostenía al Presidente. En ese momento tan poco favorable, la pregunta del gobierno era: ¿apoyarían los ingleses un golpe de Estado?

La situación parecía no tener salida hasta que Yrigoyen realizó un movimiento sólo en apariencia torpe. Relevó al general Dellepiane y designó en su lugar, como jefe de la guarnición de Campo de Mayo, al general José F. Uriburu, que gozaba del aval de la Liga Patriótica. Apodado por sus pares «von Pepe», y por si el apelativo no fuese suficiente, todos señalaban que Uriburu era progermano. La designación desagradó a sir Reginald Tower. Sin duda, los ingleses no habrían apoyado un levantamiento militar para que Uriburu ocupara la presidencia[132]. De esta manera, el jefe radical obtuvo el tácito apoyo británico.

En 1921, cuando llegó al país sir Ronald Macleay para encabezar la legación diplomática, la situación ya era otra. El boom de las exportaciones de alimentos del período 1918 y 1920 se había interrumpido abruptamente por la depresión europea. Inglaterra no compraba como antes, y aquí cundía el desempleo al tiempo que los sindicatos perdían capacidad de presión. Yrigoyen se aprestaba a dejar el gobierno en manos de Marcelo T. de Alvear, un radical moderado y además miembro pleno de la «aristocracia criolla».

El traspaso del mando se efectuó en un contexto de cambio. Los capitales privados británicos habían ido perdiendo predominio sobre el total de las inversiones del país. Si en 1900 representaban el 80 por ciento y cubrían diversos rubros, desde la guerra del 14 en adelante se habían reducido en beneficio de las inversiones de Europa continental, que absorbían el mercado del transporte urbano, el gas, la electricidad y los bancos, con excepción, claro, de los ferrocarriles, que continuaban bajo el dominio británico. Hacia 1920, a esta competencia se le sumó un nuevo protagonista: Estados Unidos. Ciertamente, las inversiones norteamericanas abrían nuevos campos, como el de la industria automotriz, la eléctrica y la química. Los británicos mantenían el liderazgo en los ferrocarriles, pero cedían su predominio inicial en la industria frigorífica.

Esta evidente disminución del antiguo peso rector de Gran Bretaña en la economía argentina ponía a prueba los vínculos comerciales de la larga relación bilateral. Con ese telón de fondo, el presidente Alvear recibió la visita del príncipe de Gales, que arribó al país el 17 de agosto de 1925 y permaneció un largo mes.

Un príncipe en las pampas

Los aprestos públicos ante la llegada del heredero de la Corona británica, Eduardo de Windsor, multiplicaron los balances de la prensa sobre la evolución centenaria de las relaciones entre la «isla imperial» y el «país de las pampas verde y oro». El entusiasmo de ciertas frases que parecían el anticipo de mejores negocios contagió a los lectores: «Una gran época comienza. Los nuevos Estados Unidos de la América del Sud han sido presentidos en Europa[133]». Mientras, en las columnas sociales, las reseñas sobre la personalidad y los gustos del heredero inspiraron en las familias de la elite otro tipo de apuestas. «Un príncipe soltero es un príncipe verdadero», rezaba sin ninguna sutileza una nota de color de la revista Caras y Caretas, en el mismo número.

El huésped real venía a cumplir con otras obligaciones. La misión oficial estaba en línea directa con el aniversario de la firma del Tratado de Comercio y Amistad Angloargentino de 1825, base del intercambio económico durante un siglo. La comunidad de intereses se mantenía en pie, pero existían límites cada vez más difíciles de superar para la elite terrateniente argentina, que era la única interlocutora posible de Inglaterra. La idea de que los beneficios extraídos de esa relación formaban parte del pasado todavía no se había anunciado, pero la agresiva presencia económica de Estados Unidos planteaba ya los primeros tropiezos graves.

El malestar era expresado en términos inequívocos por la revista Anales de la Sociedad Rural: «Bajo el régimen inglés teníamos siquiera una ventaja, la estabilidad de los precios [de la carne]. Con el progreso traído de Chicago se ha perdido la confianza en la estabilidad del negocio de cría de ganados y hemos llegado a recordar con “saudades” aquellos tiempos en que se trabajaba sobre una base que permitía hacer fortuna a quienes se consagraban a las nobles tareas del campo[134]». Detrás de esta letanía había sin duda graves problemas irresueltos que afectaban a la industria de la carne. La competencia desatada entre los frigoríficos norteamericanos y británicos, que había dividido a los estancieros, alineándolos en cada bando, generaba una guerra de precios que perjudicaba más a unos —los criadores— que a otros —los más grandes productores—. En verdad, esto no debe extrañar, porque los ganaderos no conformaban una unidad en sí misma.

La organización propia de la industria de la carne dividía el trabajo. Existían dos grandes grupos: los criadores y los invernadores. Las estancias medianas se dedicaban a la cría de ganado —el eslabón más vulnerable de la cadena productiva—, produciendo terneros de menor calidad con destino al mercado de Liniers, ya que eran abastecedores del consumo interno, aunque a menudo los vendían a los invernadores para que completaran el ciclo del engorde en sus grandes campos de alfalfa, antes de comercializarlos con destino a los frigoríficos. La cadena de la cría comprendía también la venta a los frigoríficos británicos, que exportaban la carne congelada o envasada de animales flacos que no requerían engorde. Aunque fijaba el precio, el monopolio frigorífico inglés abastecía un mercado externo que tenía demanda permanente.

Ahora bien: el precio de la hacienda no importaba sólo a los productores y a los exportadores; en última instancia, también afectaba al conjunto de la población. Justamente, nadie discutía el predominio económico de los propietarios ganaderos porque el consumo de carne de vaca ya era popular. Las clases medias comían a diario bife de lomo, bife de chorizo, y los trabajadores lo hacían muy frecuentemente aunque en combinaciones con otros cortes más baratos como el asado de tira. Y, curiosamente, el puchero era un plato acostumbrado en todas las mesas, sin importar la clase. Entre 1924 y la crisis de 1929-1930, el consumo anual de carne por persona alcanzó 113 kg, cantidad muy superior a los 68 kg de los Estados Unidos, y muy por encima de los actuales 60 kg por persona. Aun cuando se trate de un promedio que no registraba la situación de cada provincia y que incluía también la hacienda criolla faenada en los pequeños mataderos, era una marca asombrosa. Sirve para explicar por qué el plato de carne asada o cocida, el bife o el puchero constituían ya una marca de identidad social. En este punto, las diferencias de clase sólo se admitían en los cortes y en la calidad de la carne, que nunca era menos que buena. A los inmigrantes pobres y a los negros que trabajaban en los mataderos de la ciudad y los suburbios les estaban reservadas las achuras —esenciales en cualquier parrillada actual— que entonces la elite no comía.

Este hábito de consumo explica por qué el Partido Socialista de Juan B. Justo podía defender los intereses de los trabajadores sin contradecir en última instancia los objetivos de la elite terrateniente. Los socialistas sostenían el valor del salario real del obrero y por lo tanto la adquisición barata de los alimentos. En la Argentina esto significaba producir y exportar cereales y ganado a cambio de la importación de todo lo que no se fabricaba. Cualquier política industrialista hubiera necesitado cerrar las importaciones, lo que implicaba inmediatamente aumento de los precios internos y por lo tanto disminución del salario real. En definitiva, para los consumidores, sobre todo los de las clases bajas, los socialistas eran los voceros y custodios del acceso a la provisión de trigo y carne y de bienes industriales baratos.

Dentro de ese marco económico que prohijaba un hábito cultural singular —como es comer carne a diario—, no debe extrañar que a Eduardo de Windsor lo agasajaran en Corrientes con un asado con cuero, una verdadera ceremonia en la vida del campo argentino, que, como se ha visto, ya existía a comienzos del siglo XIX. El Príncipe fue fotografiado cuando visitaba una estancia ovina y bovina, atendida por un administrador inglés, también jineteando un caballo criollo, o simplemente de pie y en pose campera. Esta suerte de baño de criollismo o nativismo —como señalaron las crónicas— se completó una noche en una de las estancias de la familia Álzaga Unzué. Los distinguidos tertulianos que acompañaban al Príncipe y al Maharajá de Kapurthala —una leyenda viva por su incalculable riqueza, que integraba también la comitiva británica— escucharon y aplaudieron el repertorio campero del dúo Gardel-Razzano. El periodista de La Razón, invitado y artífice exclusivo de la velada cantora, concluyó así su crónica: «Gardel y Razzano, ataviados con ricos ropajes de gauchos, los mismos que habían llevado a su gira a España, recibieron de manos del príncipe medallas de oro con su efigie. La fiesta terminó cuando el sol clareaba en el horizonte, con Mariano Alcalde tocando jotas en su guitarra, que bailaban Eduardo de Windsor y Gardel[135]».

Para sus desplazamientos, en lugar del automóvil, símbolo de las importaciones norteamericanas, el Príncipe viajó, siempre que pudo, en los ferrocarriles británicos. En la línea del Sur, actual general Roca, se trasladó hasta Temperley, asiento de una muy activa comunidad angloargentina. Visitó la ciudad de Córdoba, estuvo en establecimientos de campo bonaerenses, entrerrianos y correntinos y en el frigorífico «La Negra» de Avellaneda. Presidió un banquete en la Cámara de Comercio Británica y visitó, junto con el presidente Alvear, las instalaciones del puerto y del colegio industrial Otto Krause, entonces un orgullo de la elite. Fue atento por igual con todas las jóvenes casaderas de la aristocracia porteña y finalmente partió, no sin que antes un grupo nutrido de escolares platenses, todos de riguroso guardapolvo blanco, le cantaran el God save the King, el himno patrio británico, con total corrección.

El umbral de la crisis

La visita del Príncipe no disipó la tormenta. La coyuntura de 1925 mostraba la cada vez más complicada situación internacional de la Argentina. Era cierto; como temían los criadores, «aquellos viejos buenos tiempos» ya no volverían. Antes de la guerra de 1914, el predominio mundial del librecambio le había permitido al país soldar su relación comercial con Gran Bretaña sin dejar de mantener otros fluidos contactos con quien quisiera. Pero a partir de 1920, el agresivo desembarco de los Estados Unidos en el mercado argentino había generado un progresivo desequilibro comercial y tensiones consiguientes en la elite, que para fines de la década anunciaba complicaciones aún mayores. Además, ¿en qué consistía esta relación económica triangular?

Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, las inversiones de Estados Unidos habían comenzado a ser cada vez más importantes en toda América Latina, y la Argentina no era una excepción. El capital se canalizaba hacia terrenos conocidos, tales como los préstamos al gobierno y la puesta en marcha de nuevos frigoríficos y también de la producción industrial. El país del Norte llevaba la delantera en las nuevas industrias ligadas al automóvil, la electricidad y la química, un terreno en el que se hicieron inversiones directas para su instalación, lo cual generó cambios en las relaciones comerciales pues las importaciones estadounidenses no tenían contrapartida directa, es decir, la Argentina no exportaba nada a cambio. Por lo tanto, se desarrolló un comercio triangular que compensaba la balanza comercial desfavorable con Estados Unidos con los excedentes comerciales que la Argentina obtenía de sus exportaciones a Inglaterra. Esta situación de equilibrio era, paradójicamente, muy inestable. Por un lado, el país no complementaba la producción norteamericana sino que competía en el mismo rubro de las materias primas agroganaderas. ¿Cómo venderle a los norteamericanos aquello que ellos también producían? Por otra parte, la situación empezaba a originar fuertes roces con Inglaterra, disgustada porque el consumo de productos industriales de la Argentina era abastecido por otro país. Como no podía ser de otro modo, la política británica presionaba para que el país volviera a comprarles.

Dadas estas circunstancias, la respuesta de la Sociedad Rural Argentina llegó de la mano de su presidente, Luis Duhau, un rico estanciero propietario de campos de invernada que impuso un eslogan para una nueva campaña comercial: «Comprar a quien nos compra». La fórmula estaba revestida de una retórica nacionalista que pretendía controlar la distribución de la producción. Sin embargo, confundía con expresiones del estilo de «las sociedades como la Argentina cuentan con su soberanía, [pero] económicamente no lo son[136]», y en realidad constituía una reorientación de toda la economía en función de privilegiar totalmente la relación con Gran Bretaña. Aunque no se advirtió de inmediato, esta nueva dirección favorecía más a los invernadores que a los criadores. Efectivamente, la exportación de carne envasada en los frigoríficos ingleses estaba destinada a Italia, Francia y Alemania; en cambio, Gran Bretaña consumía menos ese producto y más carne enfriada, que era la de novillos de engorde. La Sociedad Rural logró imponer el lema y Estados Unidos reaccionó. Sus diplomáticos acusaron al embajador británico, sir Malcolm Robertson, de fomentar posiciones antinorteamericanas.

Recién durante el segundo gobierno de Yrigoyen se intentó convertir el lema de los ruralistas en una política de largo plazo. En 1929 comenzaron las tratativas formales entre ambos gobiernos. El llamado Pacto D’Abernon, tal era el apellido del negociador británico, suponía una concesión de créditos mutuos, una suerte de trueque para que cada país obtuviera lo que el otro necesitaba vender. La Argentina compraría equipos ferroviarios para las líneas estatales y Gran Bretaña, cereales y también carne. Las tratativas estaban muy avanzadas cuando se produjo el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930.

En 1928, Yrigoyen había llegado por segunda vez a la presidencia de la República a través de un triunfo electoral rotundo. El viejo líder radical estaba enfermo y su partido se hallaba dividido; un ala lo seguía y la otra fracción, autodenominada antipersonalista, respondía a Marcelo T. de Alvear, que había pasado a la oposición. Su gobierno no era fuerte ni estaba preparado para soportar la debacle que generó la crisis financiera internacional desatada con la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Los precios de los productos agropecuarios se derrumbaron y junto con los beneficios de las exportaciones se evaporaron también los capitales de inversión que habían fluido en épocas de Alvear. El aumento del costo de vida, unido al desempleo creciente, le sustrajeron la adhesión de las clases media y baja. Sin apoyo popular alguno, el gobierno radical quedó aislado, y la depresión económica hizo el resto. La elite retomó —a través de los militares— el control de todos los resortes de poder.

El jefe del golpe era el general José Félix Uriburu, el mismo militar que Yrigoyen había promovido para bloquear, en 1919, un posible apoyo inglés a la intentona de golpe que entonces se cernía sobre su cabeza. Todo indica que en esta ocasión tampoco los ingleses se avinieron a apoyar su derrocamiento. Dos razones justificarían esta afirmación: la primera es que durante la campaña presidencial, Yrigoyen no había proferido ninguna invectiva contra los capitales ni las empresas británicas, y sí lo había hecho contra los intereses norteamericanos y la Standard Oil, rivales de la proyectada ley de nacionalización del petróleo. La segunda razón es que su caída dejaba sin sanción legislativa el mencionado Pacto D’Abernon, que le daba ventajas a Gran Bretaña sobre los Estados Unidos y que no había alcanzado a pasar por el Senado.

El período histórico que se había abierto a comienzos del siglo XX, envuelto en promesas de reformas y progreso, se cerraba de manera dramática. El ciclo de la representación democrática quedaba trunco y la relación angloargentina alcanzaba muy mellada los umbrales de una época incierta.

VII
La revuelta de la elite. La anglofilia en entredicho

Tiempo de desencantos

En 1934, apareció La Argentina y el imperialismo británico, los eslabones de una cadena, 1806-1933, un libro de los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta, publicado en la colección «El Mundo de Hoy» de las Ediciones Argentinas Cóndor, que sorprendió y marcó un hito en el mundo editorial porteño. Era la primera vez que se interpretaban las relaciones angloargentinas desde el ángulo del imperialismo. La intención de construir una nueva imagen de la historia se advertía, además, en las fechas, que señalaban un período muy largo, desde las invasiones inglesas hasta el presente inmediato. Los Irazusta no pretendían rectificar errores de estudio, ni tampoco reivindicar únicamente a Juan Manuel de Rosas, como ya se había hecho parcialmente. Más allá de esas tentativas que consideraban tímidas, pretendían realizar una interpretación global, y trazar «una verdadera radiografía de la política argentina[137]».

Cabe advertir que semejante desafío se emprendía desde una posición social que no dejaba de ser expectable. Los hermanos pertenecían a un clan ganadero de Entre Ríos, más precisamente de Gualeguaychú, y gozaban de esa conciencia oligárquica que reconocía con orgullo, en las luchas del pasado siglo XIX, un derecho de familias transmitido por la tradición casera. Podían fijar esa filiación de manera directa: «Nuestro abuelo paterno había sido amigo y socio de Urquiza, […] miembro del partido liberal rioplatense», cuadro doméstico que se completaba con la mención del pariente que lo había perdido todo menos su lealtad a Juan Manuel de Rosas[138]. En definitiva, la voluntad crítica de los Irazusta estaba teñida de osadía intelectual pero no era un salto al vacío sino la genuina expresión de una revuelta en el seno de la elite.

Los autores sabían lo que hacían. El libro se transformó en uno de los pilares del naciente revisionismo histórico y no pasó inadvertido para las autoridades nacionales. El gobierno del general Agustín R. Justo, que había asumido en 1932, los censuró, impidiendo que recibieran el Premio Municipal de Literatura por esta obra histórica. Semejante iniciación polémica merece la inclusión de algunos datos sobre la trayectoria de ambos hermanos, que apoyaron —como intelectuales— el derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen.

A fines de 1927, los Irazusta fundaron La Nueva República, un periódico quincenal y después semanal destinado a fogonear las ideas de la nueva derecha antiliberal que por entonces campeaba en Europa. Unos meses más tarde quedaban deslumbrados con la figura del general José Félix Uriburu. En efecto, el 1.º de diciembre de 1928, ya en situación de retiro, el militar concurrió a la celebración del primer aniversario de la publicación, en el «Munich» de la costanera porteña. Después de la cena y tras varias horas de animada charla con Uriburu, Rodolfo Irazusta, el director del órgano de prensa, les anunció a los redactores y amigos allí reunidos: «Este hombre va a ser el futuro presidente de la República».

Los integrantes del grupo eran jóvenes que rondaban la treintena, de militancia católica, y por lo tanto enemigos de la enseñanza laica en manos del Estado. En el núcleo más íntimo de los Irazusta, se congregaban el escritor y futuro historiador Ernesto Palacio, el médico Juan E. Carulla y el avezado conferencista César E. Pico. Escribían para un público que querían selecto y debía estar ajeno a lo que ellos llamaban «la sonoridad inherente a las manifestaciones de la política democrática[139]». Sus lectores no llegaban al millar y tal vez por eso mismo las calificaciones que daban a la democracia (la consideraban «demagógica», al tiempo que hablaban de la «nefasta» ley Sáenz Peña y el «populacho» elector) no generaban ninguna otra reacción más que la aprobación esperada en su círculo de allegados. Esta condición minoritaria hacía de la necesidad, una virtud. En efecto, no se hallará en las páginas de la publicación ningún indicio de hipocresía, omisión o autocensura alguna. Sólo en este aspecto, La Nueva República retomaba una tradición liberal del siglo XIX que definía a las hojas impresas como tribunas de opinión doctrinaria, pues lo pensado se escribía y después se ejecutaba. Ningún lector podía equivocarse sobre el propósito final de frases como la siguiente: «nuestras instituciones republicanas, trabajadas por la enfermedad democrática, se muestran impotentes para cumplir su misión[140]».

La redacción mantenía algún vínculo con el escritor y poeta Leopoldo Lugones, seguidor del fascismo y admirador del dictador Benito Mussolini, que gobernaba Italia desde 1922. Pero, fuera de la coincidencia ideológica que significaba el combate de la democracia liberal, predominaban los desencuentros. Por ejemplo, la prédica nihilista de Lugones resultaba inaceptable para los oídos católicos. El poeta, por su parte, criticaba el nacionalismo militante de La Nueva República, al que calificaba de «precipitada imitación de una mala cosa europea», a lo cual Ernesto Palacio le respondía: «Nosotros… tratamos de entroncar en la tradición del país y mantenernos en el terreno de nuestras instituciones[141]». Esa tradición no era otra que la definición que el mismo grupo ofrecía sobre el nacionalismo y su contrapartida, el «imperialismo», y que sirvió de sustrato ideológico al golpe del 6 de septiembre, pero que además identificó la trayectoria intelectual de sus miembros como nacionalistas católicos.

En mayo de 1928, Ernesto Palacio formuló el planteo en estos términos: «[…] el espíritu democrático, con su invocación de derechos absolutos y su ignorancia de los deberes del individuo hacia la sociedad, es enemigo natural de la autoridad y la jerarquía; por consiguiente, del orden; por consiguiente, del bien de la nación, de su unidad, su paz y su grandeza. El demócrata que se declara nacionalista o miente a sabiendas, o ignora en absoluto el valor de los conceptos. Porque en todo demócrata hay un creyente en el contrato social y en los “Derechos del hombre”, y ya hemos visto cómo estos derechos explosivos son un constante peligro para el mantenimiento de esa suprema realidad política que es la nación constituida[142]». Palacio agregaba: «Quienes aceptan que la sociedad está fundada en la naturaleza, pueden ser nacionalistas. Reconocerán el carácter necesariamente limitado de los propios derechos y su subordinación al orden de la sociedad a que pertenecen. Aceptarán la necesidad de un jefe y de una jerarquía. Tratarán por todos los medios de que la nación propia se organice de acuerdo con las leyes naturales descubiertas por la inteligencia. Serán, pues, antidemócratas[143]». En definitiva, el ideal del grupo quedaba bien definido en frases que podían servir de eslogan en los círculos recoletos del poder: «el nacionalismo razona, no declama»; «su secreto es: sentir como el pueblo, no pensar como él[144]».

Aunque el programa de La Nueva República atacaba todas las expresiones del liberalismo, no había nada en sus páginas que anunciara la recusación que los Irazusta realizaron en su libro apenas unos años después. En otras palabras, la publicación no cuestionó el tenor de las relaciones angloargentinas del pasado y del presente, y los artículos que destinó a analizar el imperialismo se referían exclusivamente a los Estados Unidos. La pregunta, pues, cae de madura: ¿por qué recién en 1934, los autores blandieron sus lanzas contra el «imperialismo británico»? ¿Por qué no lo denunciaron antes de 1930 si contaban con una publicación para hacerlo?

Julio Irazusta respondió estas preguntas años más tarde ante un joven auditorio reunido para escuchar sus lecciones sobre historia argentina. Allí, el autor rememoró las circunstancias que motivaron el libro a través de una referencia política muy puntual. Recordó que la revolución de septiembre había fracasado en el intento de consolidar un gobierno de orden que cambiara la Constitución de 1853, como había apostado el grupo de La Nueva República. La frustración obligó a llamar a elecciones, y se impuso la fórmula del general Agustín P. Justo y Julio Roca, representantes de «una oligarquía fraudulenta, de corte parecido a lo que fueran los gobiernos anteriores al radicalismo triunfante en 1916». Así presentaba Julio Irazusta a la elite que retomaba las riendas del poder para encarar la crisis económica desatada en 1929 y recrudecida como consecuencia de la decisión inglesa de restringir las importaciones argentinas. El resultado de las negociaciones con Inglaterra, desarrolladas a través de una misión encabezada por el vicepresidente Julio Roca en Londres, en 1933, había motivado el libro de marras. «La forma en que todos actuaron, las cosas que dijeron, los compromisos que firmaron, fueron para nosotros como una revelación», apuntó el autor[145]. La misión oficial había concluido con la firma del Pacto Roca-Runciman (apellido de los dos negociadores), que a juicio de los hermanos no era sino el producto de la «delirante anglomanía» de los diplomáticos argentinos. En las primeras páginas de La Argentina y el imperialismo británico, se señalaba la «actitud borreguil» hacia los ingleses, antes de afirmar que «lo que pudo ser el plan de una espléndida maniobra diplomática sirvió para dirigir la operación de afianzar nuestra servidumbre[146]». Según los autores, las concesiones del país habían sido muchas más que las que el gabinete inglés había pedido. Por ejemplo, puntualizaban, «nos comprometemos a seguir importando en lo posible la misma cantidad de carbón inglés que hasta ahora, cuando Inglaterra misma tiende a sustituir el carbón de la isla por el petróleo colonial para modernizar su industria y abaratar el costo de producción de su manufactura[147]». En realidad, el carbón era la fuente de energía necesaria para el funcionamiento de los ferrocarriles ingleses, y, obviamente no podía, en este caso, ser sustituido por el petróleo.

Recién en su vejez, Julio Irazusta describió la conexión directa que hubo entre la idea del libro, escrito con su hermano, y los intereses económicos de la familia propietaria del frigorífico «Gualeguaychú», que había iniciado sus actividades en 1932. En efecto, Julián, el tío paterno, les había pedido en ese momento que intercedieran ante el gobierno de Uriburu «para que nos patrocinen como establecimiento nacionalista y de ensayo para poder averiguar los secretos de los frigoríficos extranjeros […]»[148]. Sólo habían logrado que no se ejecutaran las obligaciones contraídas con el Banco de la Nación, pero no una ampliación del crédito oficial. Sin embargo, la experiencia les había servido para advertir hasta qué punto los conservadores en el gobierno obedecían al monopolio extranjero.

En definitiva, así surgió el planteo histórico y político de los hermanos Irazusta, que forjó una imagen del pasado y del presente destinada a perdurar: la oligarquía argentina era el agente del imperialismo británico y la causa de una decadencia que sólo el nacionalismo era capaz de revertir. Esta idea, varias veces retomada desde otros enfoques revisionistas, será analizada más tarde[149].

Conviene abordar ahora otras dos cuestiones. Primero, hace falta comprender con más detalle los pormenores de la negociación con Gran Bretaña y el debate que originó, pues se estaban definiendo los tramos finales de la relación angloargentina configurada de acuerdo con el tratado de 1825. En segundo lugar, cabe indagar si su tratamiento originó alguna expresión anglófoba que contrastara con la anglomanía predominante de la elite.

El Pacto Roca-Runciman

El período abierto por la presidencia de Justo debió sortear las consecuencias de la crisis económica mundial provocada por el derrumbe de la Bolsa de Nueva York y el consiguiente descenso —cerca del 67 por ciento— de los valores de los productos primarios que el país exportaba. Esta coyuntura se agravó cuando Gran Bretaña, en la Conferencia Imperial de Ottawa de 1932, decidió favorecer los vínculos comerciales con sus colonias directas, actitud proteccionista que significaba la inmediata restricción de las importaciones provenientes de países que no integraban las posesiones políticas del Imperio, como sí era el caso de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La medida reducía drásticamente la importación de carne congelada y el 10 por ciento de la carne enfriada que procedían del vacuno argentino, y, además, anunciaba otras restricciones que también gravaban la exportación de cereales del país.

En los primeros días de enero de 1933, partió rumbo a Londres la misión ya referida, encabezada por el vicepresidente Julio Roca. El viaje había sido presentado, ante el cuerpo diplomático extranjero, como una retribución de la visita que el príncipe de Gales había realizado al país en 1931, aunque no había tenido el carácter oficial de la de 1925. Pero nadie se engañaba, y el embajador norteamericano informaba a su gobierno sobre el seguro propósito comercial que tendría la comitiva argentina[150].

En realidad, el gobierno de Justo trataba de jugar a dos puntas. Mientras el vicepresidente se hallaba en Londres, el canciller Carlos Saavedra Lamas intentaba despertar algún interés de los Estados Unidos en la concreción de un tratado para exportar «aunque fuera una limitada cantidad de carne[151]», a cambio de otros beneficios para el país del Norte. Pero la cerrada oposición de los agricultores norteamericanos ante la posible competencia de los productos argentinos interrumpió las tratativas. Sólo quedaba negociar con Gran Bretaña.

El Pacto Roca-Runciman fue suscripto el 1.º de mayo de 1933. Establecía una cuota de importación de carne enfriada —chilled beef— y otra, bastante menor, de carne congelada —corned beef—, y concedía a las empresas frigoríficas nacionales una cuota del 15 por ciento para las exportaciones de carne argentina. Esto último significaba lisa y llanamente que el 85 por ciento restante quedaba en manos de los frigoríficos británicos y norteamericanos beneficiados con esta suerte de monopolio de la exportación de carnes. También se aseguró el sistema de control de cambios que regía desde 1931, el cual establecía que lo obtenido por las ventas de los productos exportados a Gran Bretaña debía cubrir las remesas de las empresas británicas radicadas en la Argentina, así como el pago de los productos ingleses importados. El gobierno de Justo se comprometía a no gravar con nuevos impuestos aduaneros las importaciones británicas. Estas concesiones generaron, de hecho, una reducción de las importaciones de los productos norteamericanos a la Argentina, al tiempo que la relación económica triangular quedó más inclinada hacia el vértice angloargentino.

El Pacto provocó resistencia pero fue sancionado —no sin debate— en el Congreso. En la Cámara de Diputados obtuvo 61 votos contra 41 de los socialistas, que se opusieron porque gravaba el consumo interno. En la Cámara de Senadores, Lisandro de la Torre, jefe del partido Demócrata Progresista y senador por Santa Fe, reprobó el porcentaje (85 contra 15), pues se entregaba el control sobre la distribución a los frigoríficos británicos y norteamericanos. «Esto se llama subordinar los intereses de la industria ganadera argentina a los intereses de las compañías frigoríficas extranjeras[152]», denunció De la Torre. Los Irazusta, a su vez, destacaron en su libro el valor del discurso pero se desmarcaron pues no comulgaban en todo con el personaje; al fin y al cabo, sus palabras habían sido pronunciadas «en tono frío, sin emoción verdaderamente patriótica[153]».

Un año después, Lisandro de la Torre propuso integrar, en el Senado, una comisión que investigara la industria de la carne. Pretendía revisar el funcionamiento del monopolio frigorífico extranjero, que pagaba mucho menos por el ganado vacuno en la Argentina que, por caso, en Australia (parte del Imperio británico), pero que recibía aquí beneficios que no obtenía en ningún otro mercado externo. La comisión se formó con otros dos senadores: Laureano Landaburu, de San Luis, y Carlos Serrey, de Salta, ambos representantes del oficialismo. En junio de 1935, se leyó el informe en el recinto. La posición de los representantes de la mayoría fue dura, pues calificaron de exorbitantes los beneficios de los frigoríficos. Sin embargo, mantuvieron diferencias con el senador santafesino. Explicaron que los altos precios del ganado australiano estaban en relación directa con la elección de carne de mejor calidad para el consumo interno en dicho país. La Argentina, en cambio, destinaba al mismo fin un ganado menos refinado.

El debate en el Senado y en la calle

Lisandro de la Torre leyó su minucioso informe a lo largo de cinco sesiones, en las que dio rienda suelta a sus convicciones, inspirado por un espíritu de rechazo hacia la elite que gobernaba. Él también era miembro pleno de la clase dirigente tradicional, tenía campo, criaba ganado y había sido presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Desde el primer momento de su discurso hizo gala de esta condición: «El despacho que he suscripto descubre un panorama desconsolador. La industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos actores principales: la acción explosiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente[154]».

El senador atacó al gobierno y lo calificó de cómplice de los frigoríficos extranjeros y de tolerante con las maniobras ilegales que realizaban. Denunció la evasión del pago de impuestos, defraudación millonaria en el caso de las empresas «Swift» y «Anglo», acusó a Luis Duhau (expresidente de la Sociedad Rural Argentina y autor del eslogan «comprar a quien nos compra», ya referido) de obtener un sobreprecio por los novillos de invernada de su propiedad, desde que ocupaba un lugar en el gabinete, y le recriminó favorecer, a través del manejo de la cuota de carne de exportación, a los invernadores que vendían a los frigoríficos británicos y norteamericanos y no a los criadores asociados a los frigoríficos argentinos de Entre Ríos. De la Torre retomaba el caso del frigorífico «Gualeguaychú», discriminado en el acceso al estatus de exportador autorizado del que gozaban los extranjeros.

Esta denuncia lo enfrentaba directamente con el Ejecutivo Nacional, y en particular con dos miembros del gabinete de Justo: el mencionado Duhau, ministro de Agricultura, y el de Hacienda, Federico Pinedo. Los duros términos y amargos reproches que se escucharon en el recinto conmovieron a la opinión pública, que siguió el tema, a pesar de las indiscutibles arideces técnicas. Lo cual poco importaba: había situaciones que, al tomar estado público, no requerían mayor explicación. De hecho, unos meses atrás, en plena tarea de recolección de los datos para el informe de la Comisión, la policía había llevado preso por desacato al presidente del frigorífico «Anglo», que se negaba a entregar los libros de contabilidad escondidos en cajas de corned beef en el vapor Norman Star, listo para zarpar con destino al establecimiento que tenía la empresa en Fray Bentos, Uruguay.

Cuando el debate salió del recinto y ganó la calle, el interés público se manifestó, sobre todo, por medio de la sátira política. Quien no podía seguir las alternativas técnicas de la discusión podía comprender su tono dramático a través de las viñetas de las caricaturas. En una de ellas, por ejemplo, se dibujaba a De la Torre contra la puerta de un frigorífico, arrinconado por un representante de los intereses británicos que escuchaba atentamente el reclamo del ministro Duhau: «A ver si usted me lo enfría y lo hace callar mientras yo hablo[155]».

El clima siguió caldeado hasta que en la sesión del 25 de julio, los insultos entre el senador y los ministros culminaron en medio de una gritería general, con Duhau que empujaba a De la Torre —quien ya estaba fuera de su banca— hacia el pasillo. En ese momento sonaron unos disparos y el senador santafesino Enzo Bordabehere, que intentaba ayudar a su comprovinciano, cayó herido de muerte. El asesino, Ramón Valdés Cora, fue a parar a la cárcel, pero la investigación nunca determinó quién había sido el instigador del crimen (Valdés Cora conocía a Duhau y pertenecía a su partido), y tampoco concluyó si la bala iba dirigida a Lisandro de la Torre.

El asesinato, producido en plena sesión del Congreso de la Nación, generó un enorme impacto político, parecía el corolario obligado de los dramáticos hechos ventilados en el Senado. Los ministros interpelados presentaron sus renuncias pero el presidente Justo los respaldó públicamente; mientras tanto, el 10 de septiembre, ante la Cámara, Lisandro de la Torre dio por finalizada la lectura de su informe: «Para terminar, diré que sería absurdo pensar en que el debate sobre la investigación del comercio de carnes pudiera continuar con mi intervención mientras subsistan en mi espíritu las dudas que mantengo acerca de que se trajo a este recinto a un guardaespaldas, extraído de los bajos fondos, para gravitar sobre su resultado. Los indicios que existen son tan vehementes, que no me es posible prescindir de ellos[156]».

¿Nace aquí la antipatía hacia los ingleses?

Falta aún apreciar una cuestión nada menor: en qué grado el largo debate público sobre las relaciones angloargentinas pudo haber modificado la imagen acuñada durante la exitosa visita principesca de 1925. Una primera aproximación induce a pensar que mucho; sólo basta observar que durante la visita del «heredero» no hubo ninguna manifestación de descontento; en cambio, fue notorio el malestar en los diarios y en el recinto del Senado tras el acuerdo de Londres de 1933; y, más aún, hubo violencia criminal a partir del ventilado asunto del comercio de las carnes. ¿El descontento y la hostilidad que despertó el accionar de los frigoríficos británicos y norteamericanos habrán afectado la percepción de la población sobre el conjunto de las relaciones angloargentinas?

La respuesta no puede ser concluyente, ya que faltan estudios específicos. Sin embargo, del análisis del libro de los Irazusta, terminado en diciembre de 1933, y de las palabras de Lisandro de la Torre en el Senado, no se deduce un giro profundo en la percepción pública hacia Gran Bretaña. En rigor, todo indica que la anglomanía de la elite, desairada por estos autores, no fue combatida con un sentimiento contrario. No hubo anglofobia social ni, por otra parte, ninguno de ellos tuvo la intención de agitarla. Veamos.

La misión Roca había despertado mucho interés en la opinión pública. Una vez decidido el carácter oficial de la visita, en noviembre de 1932, los diarios saludaron los preparativos pues no era sólo el embajador norteamericano quien había comprendido la trascendencia del viaje. Por ejemplo, una revista semanal, Alma que Canta, de gran circulación, dedicó unos versos criollos para desearle buenos augurios a la delegación: «Yo pienso q’esta visita / que tiene su truco y tute / a la tierra “berigute” / puede ser güen tiro é taba. / La Conferencia de “Otava” nos ha causao temores / parece que los favores / a nuestras carnes mermaban / porque contra ellas hablaban / los Comunes y los Lores / y el dotor éste q’encierra / un recuerdo en su apellido / ha risultao elegido / pa “visitar a Inglaterra”[157]».

Sin embargo, pese a los buenos deseos, las dificultades comenzaron no bien Roca tocó suelo inglés y los diarios se hicieron eco de los desencuentros en el gobierno sobre la orientación que había que darle a la «misión». La Vanguardia, diario de extracción socialista, explicó: «Inclinados a admirar la abnegación de Roca nos preguntamos cómo se las arreglará para introducir un cuarto de “chilled beef” o un bushel de trigo, mientras los ingleses le hablan de su agradecimiento por la atención de retribuir la visita del Príncipe de Gales[158]».

Ya de regreso, a fines del mes de mayo, Roca recibió grandes elogios de casi todos los diarios. El 4 de junio pronunció un discurso en la Bolsa de Comercio y cosechó nuevas felicitaciones. Es cierto que ante los grandes beneficiarios del Pacto no podía esperarse nada distinto, pero lo que interesa remarcar es que su figura no despertaba animadversión alguna en alguien tan vehemente como Lisandro de la Torre. El senador destacó aquel discurso por su modestia y criticó únicamente las instrucciones y los resultados de la misión; para él, la persona del negociador estaba fuera de todo cuestionamiento sustantivo. Los Irazusta, en cambio, cargaron las tintas contra el propio Roca y señalaron cuánto había afectado al curso de las tratativas su amistad previa con el príncipe de Gales.

Las negociaciones habían sido precedidas de una frase irritante: «La Argentina se parece a un importante dominio británico», lanzada al mundo por la teletipo de la United Press. Procedía de una conversación mantenida entre su corresponsal y uno de los miembros de la comitiva que estaba estacionada en la villa de Pau, en Francia, pocos días antes de cruzar el Canal de la Mancha rumbo a Londres.

La Prensa calificó la frase «de comparación poco feliz», y los Irazusta remarcaron lo moderado de esta y de las otras reacciones de los diarios nacionales. Para ellos era un llamado liso y llano a la dependencia política, una suerte de provocación que también advirtieron en lo que denominaron «el diálogo inverosímil» entre Eduardo de Windsor y Julio Roca, la voz y el eco de las relaciones angloargentinas.

¿Qué había dicho el Príncipe? Había pronunciado un corto discurso en castellano para dejar en claro que los convenios de Ottawa no impedían negociar con otros países y que la Argentina era «una de las naciones con la que queremos hacerlo[159]». Pero a juicio de los Irazusta, lo más urticante fue dicho en inglés. Eduardo de Windsor había hecho una referencia directa a las Islas Malvinas (se cumplían 100 años del acto de fuerza realizado en enero de 1833) y, paradójicamente, era el Príncipe quien elegía esa fecha y no la del Tratado de 1825 para medir el siglo de «amistad ininterrumpida», pues señalaba su inicio en febrero de 1833, con lo cual postulaba esta fecha —el momento del encuentro con Roca, pero también de la ocupación del archipiélago— como punto de apoyo de su secular cronología.

El tibio repudio al imperialismo británico

No está de más señalar que la irritación de los hermanos aumentaba frente a la prensa nacional, que no consideraba en modo alguno esta cuestión. A pesar, insistían, de que los ingleses no habían dejado nada librado al azar, ya que la delegación argentina había sido recibida en el mismo momento en que comenzaban a circular en Londres las estampillas conmemorativas del centenario de la ocupación de las Islas. En el prólogo del libro, tomaron nota de la medida del canciller Carlos Saavedra Lamas, que había dado instrucciones para que en todo el territorio nacional no se reconociera el pago del franqueo de la correspondencia recibida con estos sellos, pero la consideraron insuficiente.

La recusación no se agotaba en estos lances. Ambos juzgaban nefasta las acciones de esa oligarquía que renegaba de las influencias ancestrales, es decir, coloniales, la única beneficiada por «la amistad sin nube» con Inglaterra, que ejemplificaban de la manera siguiente: «Algunos oligarcas han dicho en voz alta lo que todos ellos piensan por lo bajo, que la Argentina debe lamentar su éxito de 1806-1808[*] (sic) y 1843-49 contra los ingleses, que hay solución de continuidad entre el Estado colonial y el Estado argentino[160]». La última fecha referida al bloqueo anglofrancés durante el gobierno de Rosas indicaba hasta dónde podía llegar la anglofilia de la elite.

A juicio de los Irazusta, el discurso del vicepresidente había sido poco digno, poco sensible al honor de la Nación. Roca había dicho: «La geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites territoriales a la actividad de la economía de las naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad (¿?)[*] que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio británico[161]».

«El agravio de aquellas comparaciones», exclamaban los hermanos, no había tenido réplica ni en los diarios, ni en la Universidad, ni en la calle. Y agregaban: «Donde el Dr. Roca superaría a todos los profesionales argentinos de la genuflexión ante el extranjero, fue al tratar el tema de nuestra deuda política con Inglaterra. […] Roca había dicho: “Inglaterra, como la llamamos familiarmente, ha sido nuestra primera amiga, que nos tendió la mano hasta asegurar nuestra independencia, cuando todo se conjuraba en nuestra contra, y que nos prestó la ayuda de sus capitales cuando en los pasos esenciales de nuestra adolescencia apenas éramos dignos de su confianza[162]”».

El hecho de que Roca hubiera establecido un vínculo entre el proceso de la independencia y la ayuda inglesa enfureció a los Irazusta. Detectaban en esta intervención pública la manifestación de una enorme falsedad, que requería una contestación fulminante y extensa. Había que demoler la interpretación liberal que repudiaba la herencia del imperio colonial español y revelar lo que había sido «la verdadera historia de las relaciones angloargentinas».

La polémica declaración, que comparaba la situación nacional con la de los dominios británicos, servía de gran motivación para bucear en el pasado. Pero no ofrecía incentivos para la agitación directa. Los Irazusta no registraron otra reacción que la de ellos y su grupo y, en efecto, las tribulaciones públicas que esperaban no se produjeron. Resultaba evidente que nadie quería morder semejante hueso: la prensa oficial, por razones obvias; la socialista, porque mantenían su foco de atención en la recesión y la baja del consumo interno, que provocaba el giro proteccionista de la política británica. Pero, además, es dable pensar que no había cómo sacar partido de esa declaración, sencillamente porque no se advertían sentimientos anglófobos en la población.

El libro de los Irazusta definió la pretensión combativa que tuvo el revisionismo histórico: «corregir» el cúmulo de falsedades y lugares comunes que —según ellos— se imponían desde la escuela laica. Habían hecho un breve diagnóstico: «muchos argentinos de todas las facciones, extraviados por la enseñanza oficial instituida, padecen de la misma insensibilidad[163]», e imaginaban una tarea para el largo plazo. Debían confrontar las versiones existentes, proponiendo la verdadera historia, pero también, y con la misma osadía, tenían que transformar la enseñanza liberal que consideraban «insensible». Ese doble objetivo, intelectual y político, no podía ser modesto. Los nacionalistas católicos habían hallado su lugar y su misión.

El itinerario discursivo seguido por Lisandro de la Torre tuvo otra dirección. Sus referencias hurgaban en la historia para definir al productor ganadero —el criador por excelencia— como un símbolo genuino del pasado de la nación, y a la ganadería, como industria madre de la Argentina. Esta concepción no era nueva ni reciente, provenía de una ideología ruralista que hundía sus raíces en el siglo XIX. ¿Acaso el poeta José Hernández no había definido como industria a la actividad ganadera? El planteo de De la Torre se mantenía sustancialmente idéntico, y le servía para señalar el problema en la cadena de comercialización. Allí tallaban los invernadores, los frigoríficos, el gobierno y el capital extranjero. Allí ponía De la Torre sus énfasis, allí encontraba relaciones espurias que había que denunciar. Este antiimperialismo de corte tradicional no lo diferenciaba del enfoque de otros opositores, como los Irazusta, con intereses también en la actividad ganadera. Pero la progresiva inclinación del senador santafesino hacia las clases media y trabajadora interpeladas en su discurso lo fue separando del resto de la elite y lo dejó solo. De la Torre ya no encontraba qué rescatar de la oligarquía; los Irazusta, en cambio, habían postulado que si la «restauración oligárquica» de Justo era perniciosa, no lo era la oligarquía en sí misma, pues había ejemplos en la historia de que podía ser beneficiosa. ¿Acaso la oligarquía vacuna era el problema? «¡Qué sarcasmo!», decían los Irazusta: «La oligarquía podía ser vacuna por su índole, pero en verdad no gobernaba a favor de sus propios intereses, y se dejaba dirigir por militares, profesionales liberales o financistas[164]», el problema entonces estaba «en los políticos argentinos de todos los partidos al servicio del extranjero[165]».

La impugnación del senador fue más amplia; el conflicto ya no era solamente político, ideológico, moral o económico, era también social: había explotación en las condiciones laborales de los trabajadores frigoríficos. En la medida en que el gobierno de Justo fue el objetivo de su arremetida, nada despertó más emoción que leer día a día el desarrollo creciente del tenso debate en el Senado. En ese momento, la anglofobia no parece haber ocupado ningún lugar, no apareció tamizada ni entre los insultos ni entre las invectivas proferidas en el recinto. El hecho no es menor, porque dado el tenor de algunos discursos, se podría haber filtrado sin reservas a través de la mención que sí se hizo del imperialismo británico.

Imposible saber cómo absorbió estos discursos la opinión pública pero, dado el contexto crítico del debate, es posible que la posición que adoptó el socialista Alfredo Palacios pueda considerarse el umbral que estaban dispuestos a pisar quienes habían decidido poner en tela de juicio las relaciones angloargentinas, pero que no se sentían por eso identificados con las reivindicaciones de los nacionalistas católicos. Desde su banca del Senado, ganada en las elecciones del 11 de abril de 1934, Alfredo Palacios cerró la cuestión en estos términos: «Ya he dicho en este recinto, que lejos de sentir animadversión por el pueblo inglés, reconozco la bondad de sus instituciones libres y aspiro a que ellas sean una verdad en nuestro país. Reconozco los beneficios de su comercio, reconozco también, por qué no decirlo, su influencia en el mundo en este momento trágico en que un hombre que ha arrebatado la libertad a su pueblo pretende, enloquecido, desatar en Europa la guerra, que conducirá a la destrucción de la civilización de Occidente. Pero repudio el imperialismo de sus clases dirigentes y su desprecio por las naciones que conceptúan débiles[166]».

Perón y la Segunda Guerra Mundial

Para avizorar el corolario de la ya centenaria relación angloargentina, vale la pena consignar tres episodios producidos durante el primer quinquenio de la década del 40.

Desde el inicio de la conflagración mundial, en 1939, las relaciones volvieron a girar en torno a la provisión de carne argentina destinada a los soldados y a la población civil británica. Al igual que durante la Primera Guerra, el país mantuvo su neutralidad, pero no dejó de enviar esos embarques que, dado el carácter claramente pragmático y realista de la relación establecida entre Buenos Aires y Londres, no requerían ninguna otra manifestación de «amistad». Sin embargo, a raíz de la economía triangular en la que terciaba Estados Unidos, la provisión de carne se transformó en un asunto estratégico. Los norteamericanos querían forzar una declaración argentina a favor de los aliados, lo que implicaba la ruptura de relaciones con la Alemania nazi, y, para presionar, ofrecieron a los británicos abastecerlos de carne de cerdo en reemplazo de las importaciones de la Argentina.

En julio de 1944, el canciller británico Winston Churchill intentó explicarle al presidente Roosevelt que la población inglesa se alimentaba de una ración de carne vacuna que provenía, en un 40 por ciento, únicamente de la Argentina. Un diario, el Manchester Guardian, lo expresó de modo nada diplomático: «[…] preferimos el bistec argentino al cerdo norteamericano[167]».

El segundo episodio remite a la visión que tenía el embajador británico sir David Kelly sobre el neutralismo que mantenían también los militares que habían subido al gobierno tras el golpe de 1943: «[…] puede inferirse que nunca había yo creído en la estrecha relación con el nazismo europeo del gobierno militar argentino, y mucho menos de su predecesor, el gobierno conservador [se refiere al de Ortiz-Castillo, que sucedió a Justo], y que estaba convencido de que en su actitud hacia los beligerantes sus sentimientos eran fundamentalmente iguales a los de todos los argentinos, cualquiera fuera la clase a que pertenecieran. También estaba convencido de que Farrell y Perón, lejos de ser un grupo de conspiradores que mantenían una dictadura militar, contaban con el apoyo de buena parte del país y de que las críticas y ataques constantes del “coloso yanqui” sencillamente contribuían a aumentar su popularidad[168]». A esa rivalidad entre los intereses británicos y los norteamericanos en la Argentina, se referirá nuevamente el embajador para evocar el último episodio que ilustra el estado de la larga y centenaria relación angloargentina:

«En las primeras horas de la mañana del 17 de octubre los gerentes de los ferrocarriles ingleses vinieron a decirme que se había declarado una huelga espontánea sin organizadores conocidos en todos los ferrocarriles de modo que Buenos Aires estaba aislado. […] Al acercarnos a la Casa Rosada vimos que la plaza estaba atestada de descamisados; alrededor de la Casa Rosada había un cordón de policía montada, pero no hacían esfuerzo alguno por impedir el paso de la gente ni se metían para nada con la multitud. El chofer quería retroceder y tuve que insistir para que siguiera adelante a muy poca velocidad. Tal como había esperado, la multitud nos dio paso no bien vio la bandera inglesa contentándose con gritar en forma amistosa: “¡Viva Perón! ¡Abajo Braden!”. Llegué hasta la casa de gobierno y el ministro de Marina me prometió que haría todo lo posible en el asunto de los ferrocarriles; pero que por el momento ni él estaba muy seguro de lo que estaba sucediendo. Esta incertidumbre duró poco. Media hora después de dejarlo, pasando a través de la multitud con la misma facilidad con que la había pasado antes, el presidente Farrell arengaba a la multitud desde el balcón de la Casa Rosada, y parado a su lado estaba el coronel Perón[169]».

Sir David Kelly anticipó el último acto de las relaciones angloargentinas tal como se mantenían desde hacía más de un siglo. El sagaz representante diplomático había vuelto al país en 1942 y observaba la importancia que tenía la todavía pujante y cohesionada comunidad británica. Por cierto, ya no era la misma de los años veinte, pero nucleaba alrededor de cuatro mil comerciantes, y a través de las actividades comunitarias sostenía el Hospital Británico, dos diarios, varias instituciones benéficas, educativas y recreativas. Pero, por encima de todo, seguía siendo, a través de la Cámara de Comercio Británico, un lugar de encuentro de la elite. Sus almuerzos mensuales eran famosos porque concurrían personas influyentes de la vida argentina. Allí se lanzó, en 1938, la candidatura presidencial de Roberto M. Ortiz, que había sido un importante abogado de las empresas ferroviarias inglesas antes de ser el ministro de Hacienda del general Justo y luego su sucesor en la presidencia.

Como ya se ha indicado, Kelly fue testigo del ascenso de Perón: «[…] tenía yo la convicción de que Perón iba a ganar, convicción que prácticamente nadie compartía a excepción de Hinkson, el sagaz corresponsal de Times, y el siempre bien informado Nuncio Papal, monseñor Fietta». Por eso no debe extrañar que durante su estadía se interesara por la suerte de los ferrocarriles, que constituían el nervio activo de la comunidad británica residente: «[…] en 1944 había celebrado una reunión con el general Farrell, el Presidente, y el coronel Perón, en un departamento del cual se había hecho salir hasta a los sirvientes para esa ocasión. En esa reunión el coronel Perón me aseguró con una cordial sonrisa que el gobierno argentino no deseaba de ninguna manera comprar los ferrocarriles británicos[170]». Sin embargo, como sabemos, esto no fue lo que sucedió. Kelly anotó: «[…] la situación económica al final de la guerra cambió tan fundamentalmente en detrimento de Gran Bretaña y para los argentinos la tentación de comprar inmediatamente los ferrocarriles fue irresistible. Un año después de mi partida (1946), mediante una operación de trueque, esa gran realización de la habilidad y del capital ingleses que representan los ferrocarriles argentinos fue cambiada por abastecimientos de carne por un período de dieciocho meses[171]». El 1.º de marzo de 1948, el gobierno de Perón tomó posesión de los ferrocarriles británicos.

El giro ideológico

Muchos intelectuales adscriptos al revisionismo histórico saludaron con euforia la nacionalización de los ferrocarriles, aunque sufrieron un desaire que no esperaban. El gobierno nacional bautizó las cinco líneas de trenes con el nombre de dos próceres indiscutidos, San Martín y Belgrano, pero los asoció a la más pura ideología liberal al homenajear también a Mitre, Sarmiento y Roca, con los tres nombres restantes. El desconcierto de los revisionistas fue grande. La total desatención con la que el general Perón trató al grupo durante sus dos períodos de gobierno tal vez pueda deberse a la influencia cautivante que había ejercido la figura del general Justo dentro de las filas del Ejército argentino, lo cual también habría llevado a Perón a definir su relación con el pasado histórico de acuerdo con la tradición liberal clásica.

La indiferencia gubernamental no gravitó en la producción intelectual ulterior de sus más vigorosos exponentes, Ernesto Palacio y Julio Irazusta. Pero, antes de plantear cuáles fueron las ideas mediante las cuales combatieron la historia liberal que consideraban, además, anglófila, vale la pena reseñar el itinerario político que siguieron después de la frustrante incursión al lado del general Uriburu.

Palacio se incorporó al yrigoyenismo en 1932, Irazusta lo hizo en 1937. ¿Por qué este giro, radical? Porque creían hallar ahora la materia que buscaban en la herencia de Yrigoyen, que había sido «hosco y desconfiado frente al capitalismo inglés», «enemigo de los galeritas», defensor de la religión católica contra el liberalismo masón[172]. En 1943, el golpe militar que lanzó al coronel Perón a la política los separó. Palacio, entusiasmado, fundó, a principios de 1945, el semanario Política, para apoyar la campaña que en el mes de junio se desataba a favor de la compra de los ferrocarriles británicos. En tanto que Julio Irazusta y su hermano Rodolfo se mantuvieron abroquelados en el minúsculo Partido Libertador, una expresión de deseos que sus excompañeros nacionalistas de ruta ridiculizaban pues tenía dieciséis afiliados. Los hermanos habían hecho una evaluación de la situación muy distinta y no la modificarían: «Evidentemente, el coronel Perón ha demostrado un desconocimiento del interés nacional y una voluntad sumisa a las exigencias del imperialismo inglés, […] el coronel Perón reeditará desde el gobierno, aunque con menos inteligencia, la política antinacional de Agustín P. Justo, el general ingeniero cuyo gobierno fuera impuesto por la revolución anterior[173]». A la oposición militante de los Irazusta, le seguiría más tarde la versión desilusionada de Ernesto Palacio, quien, sin embargo, llegó a ser diputado peronista durante la primera presidencia de Perón.

Ya se ha dicho que la convicción ideológica de estos autores no puede ser puesta en duda. Mantenían y mantuvieron una inconmovible capacidad para decir y escribir lo que pensaban. Es posible, entonces, extraer sin más las ideas en las que se basaron para postular la alternativa a la historia oficial. Ciertamente, hay un punto de arranque.

Ambos reivindicaron la condición hispanocriolla y el desprecio por la corriente inmigratoria. No fueron los únicos en hacerlo, pero sí los primeros en decirlo tan claramente. En 1939, Ernesto Palacio lo declaraba: «Pertenezco, en efecto, a una raza calumniada, los blancos españoles, […] soy un viejo argentino, es decir, una víctima de la oligarquía que proclamó la superioridad del extranjero sobre el criollo y del hijo del inmigrante sobre los descendientes de los conquistadores. No es de extrañar mi escasa simpatía por Sarmiento y Alberdi, con quienes tengo esa cuenta pendiente de carácter personal[174]».

La segunda proposición, expuesta en el libro ya citado de los Irazusta, partía de una definición de la democracia no como un derecho sino como una herramienta de acción política. Desde este punto de vista, la concepción instrumental no constituía un mal en sí mismo, el problema surgía cuando la democracia se transformaba en «una parodia electoral periódica» al servicio de la oligarquía en el gobierno. Según ellos, esto era lo pernicioso y tenía fecha de nacimiento: 7 de febrero de 1826, inicio de la presidencia rivadaviana. Ésta era la mala raíz oligárquica que veían continuar a través de Sarmiento, Avellaneda y Roca, ya definitivamente atada al imperialismo británico.

La tercera idea fundamentaba las otras dos, pues sostenía la subordinación de la acción política a la religión católica. Contra ella habían actuado Rivadavia y Sarmiento, quien, según Irazusta, era el «creador de la escuela sin Dios[175]».

Esta batería de ideas se complementaba con la visión negativa que acuñó Raúl Scalabrini Ortiz sobre las relaciones angloargentinas y que los revisionistas hicieron suya. Desde esta perspectiva, los acuerdos comerciales y la inversión de capitales ingleses en la Argentina durante el largo siglo XIX formaban parte de medidas tendientes a garantizar vastas formas de dominación efectiva iniciadas con el empréstito de 1824, que no había tenido, según Scalabrini, otro objetivo que el de pagar el reconocimiento dado por el gobierno británico a la Independencia argentina[176]. Pero esta línea de pensamiento no profundizó en los dilemas de carácter económico-financiero que abundaron no sólo en la Argentina sino en todos los países americanos después de la Revolución. Baste una anécdota de los años 1824-1827 que observa esta problemática acuciante. En 1825, el Deán Funes, en ese momento ministro de Colombia en Buenos Aires, le escribía a Simón Bolívar para calificar como un «desatino» el préstamo contraído a través de la Baring. Sin embargo, el Libertador le contestaba: «Mando a Ud. copia de una circular que propone la compra de minas en el Alto Perú. […] Yo deseo que Ud. la haga correr entre los comerciantes y empresistas (sic) de Buenos Aires y aun en Inglaterra, a fin de obtener para este país las ventajas que le pueden resultar ahora que todos los capitales ingleses quieren emplearse en minas[177]».

En los años siguientes, el amplio espectro de figuras intelectuales que confluyeron en el cauce del revisionismo histórico abordaron el pasado según algunos de los lineamientos apuntados. Por ejemplo, en 1960, Jorge Abelardo Ramos prologó un largo poema de Arturo Jauretche en estos términos: «[…] los hijos de los inmigrantes aposentados en la región litoraleña aprendieron la historia argentina en los textos de la oligarquía triunfante. Los libros no podían confundir a los vástagos del criollaje, porque se transmitía a ellos la versión tradicional de los abuelos; pero a los argentinos descendientes de europeos, cuyos abuelos estaban en Europa, no les quedó más remedio que hundirse en la versión oficial del pasado. Así se produjo el divorcio entre la verdad y la letra. […] Apoyada por la inmigración que entró al país con los ojos fijos en la tierra y el corazón en Europa, la oligarquía ahogó en silencio a los grandes espíritus de la vieja Argentina[178]». El prologuista que abrevaba en la corriente del populismo marxista no hallaba reparos para convalidar, como algo natural, la tradición antiinmigratoria que habían acuñado los nacionalistas en los años treinta. Ese prejuicio invalidaba la urdimbre poblacional del país a la vez que identificaba a la nación sólo con su territorio, una definición en la que sin duda la sociedad argentina resultó perdidosa.

VIII
«Fueron, son y serán argentinas»

Malvinas: una causa reciente

En abril de 1982, días después del desembarco militar argentino en las Islas Malvinas, el escritor y periodista José Campobassi informó en el diario La Nación que el «redoble de los reclamos y las protestas contra Inglaterra habían comenzado cincuenta años atrás[179]», con lo cual marcaba la etapa previa a la consideración pública del tema. Por cierto, la nota no hacía referencia alguna a la anglofobia que se adueñaba de gran parte de la sociedad argentina en vísperas del conflicto bélico. Sin embargo, esa animosidad era un sentimiento novedoso, sin raíces profundas. Si revisamos lo que pasó desde el siglo XIX hasta la guerra del 82, veremos que la causa de Malvinas, que parecía ser una constante del ideario nacional, tenía por el contrario una partida de nacimiento tan reciente como el sentimiento que la acompañaba.

Hasta la década de 1930, el tema no tuvo interés periodístico. Tampoco los sucesivos gobiernos, desde 1833 en adelante, plantearon acciones de recuperación de las islas que implicaran la adhesión de la población. El reclamo por la vía diplomática fue regular en la época de la Confederación, y esporádico después de Caseros, pero en ningún caso afectó la continuidad de las estrechas relaciones comerciales angloargentinas planteadas en el Tratado de 1825. Con Juan Manuel de Rosas en el poder, tampoco hubo intención de reivindicar de otra forma el derecho a la soberanía argentina. Incluso, en el tratado que él firmó con Gran Bretaña, el 27 de agosto de 1849, que puso fin al bloqueo del puerto de Buenos Aires, no se hizo mención al reclamo argentino. Los unitarios tampoco lo consideraron un olvido o una omisión. Ni objetaron, entonces, la restauración de «nuestra perfecta amistad» con Inglaterra —como decía el tratado—, interrumpida por los años de hostilidades que habían incluido el enfrentamiento de la Vuelta de Obligado.

En definitiva, durante un largo período, la ocupación inglesa de las Malvinas fue considerada un hecho de importancia relativa, cuya resolución podía esperar y para la cual estaba además completamente descartada no sólo la vía militar sino hasta la simple amenaza de su uso. El litigio tampoco despertó mayor interés durante el proceso de integración nacional, mientras se definían los límites de nuestro territorio. Esta indeterminación explica por qué nadie recusó a Rosas cuando, entre 1841 y 1842, y a través de Manuel Moreno, su representante en Londres, intentó ceder el dominio de las Malvinas a cambio de la cancelación de la deuda acumulada del empréstito Baring. Tras su caída, la iniciativa tampoco fue mal juzgada y había dos buenos motivos para no hacerlo: el primero, que Rosas había demostrado voluntad de pago de la deuda pública contraída en la época de Rivadavia. El reconocimiento de este compromiso sentaba las bases de la continuidad jurídica del Estado. El segundo, que con su acción no había hecho nada más que empeñar esfuerzos en un tipo de acuerdo frecuente en el siglo XIX. Efectivamente, hubo innumerables ejemplos de provincias, comarcas, regiones que se vendían o cedían en las negociaciones entre los Estados en formación. Un caso emblemático había sido el de Estados Unidos, que compró a Francia la Luisiana en 1804; al rey de España, la Florida, en 1822, y Alaska, en 1867, al zar de Rusia. En 1859, el conde de Cavour, que conducía el proceso de unidad italiana, pagó a Francia con las provincias de Niza y Saboya, como recompensa por la ayuda recibida en su lucha contra Austria, que dominaba el norte de la península. Todo estaba en perfecta consonancia con una tradición que, aunque residual, se resistía a desaparecer y que suponía que los territorios eran posesiones patrimoniales de la Corona, y no, como postularía el siglo XX, el componente esencial de un pueblo-nación.

Un dato más sirve para comprender la evolución final de aquella concepción tradicional del territorio. Manuel Moreno había fundamentado los títulos de España sobre las Malvinas; primero, en la ocupación formal; luego, en 1766, en la compra a Francia de la Isla Este; y, finalmente, en la cesión o abandono que había hecho Inglaterra en 1774 de la Isla Oeste. Insistió en el hecho de que el acto de fuerza de 1833 se había llevado a cabo contra el establecimiento de la Isla Este, que nunca hasta ese momento había sido considerada propia por los ingleses[180]. Pero en su alegato no predominaba la idea de «derecho histórico a la soberanía», que recién cuajó sobre fines del siglo XIX. De ella derivaba la noción del derecho de Buenos Aires a suceder a España en el ejercicio de la jurisdicción de todo el territorio patagónico, incluyendo las islas, un legado que procedía de un fundamento más ambicioso que aquel basado en la primera ocupación.

Desde el punto de vista diplomático, el litigio se mantuvo «adormecido» y despertaba de manera intermitente. En efecto, el pleito fue abandonado hasta 1888. Ese año se intentó, infructuosamente, una negociación, pero la negativa inglesa a discutir el asunto postergó todo nuevo impulso argentino en ese sentido. En 1919, el gobierno dispuso que las estaciones radioeléctricas argentinas no aceptaran mensajes para Malvinas, y, en 1926, el canciller Ángel Gallardo reclamó por la ocupación indebida. En 1917, se creó en la cancillería argentina el Expediente Malvinas, pues hasta ese momento los documentos estaban dispersos. Por lo tanto, la versión que ha predicado la reiteración de la protesta argentina año tras año resulta inexacta, aunque, sin duda, ha servido para imaginar el culto de la causa de Malvinas como un hecho centenario.

El reclamo ingresa en la Historia

En 1910, el escritor Paul Groussac, entonces director de la Biblioteca Nacional, recopiló y sistematizó los manuscritos y publicaciones que halló en la institución con la intención de fundamentar las razones del derecho argentino. Señaló que el archipiélago de las Malvinas, desde el punto de vista geográfico, formaba parte de la Patagonia, y por lo tanto que España lo poseía por el título de conquista. Groussac desarrolló su argumento en Les îles Malouines, opúsculo en francés que presentó en las fiestas del Centenario de la Revolución de Mayo, como un homenaje a la República Argentina, su país de adopción. Todavía en 1950, Julio Irazusta declaraba: «Hasta ahora el libro de Groussac es el mejor escrito sobre el pleito angloargentino[181]», lo que era una manera de admitir el desconocimiento que había sobre un tema que tampoco dominaban todas las autoridades. Un pequeño incidente sucedido en 1919 lo explica. En el mes de marzo de ese año, el ministro del Interior reprendió a la Policía de la Capital Federal porque había entregado una cédula de identidad a una persona nativa de las Islas Malvinas, en la que se había consignado Inglaterra y no la Argentina como nación de pertenencia. En 1927, se produjo otro hecho que también debió ser atendido por las más altas esferas gubernativas pues las autoridades locales no lo supieron resolver. Pero el caso era diferente, pues se trataba de un habitante de las Islas Malvinas, Juan Walker, que solicitaba su enrolamiento militar en San Julián, Santa Cruz. Las autoridades del lugar pidieron instrucciones a Buenos Aires y las autoridades nacionales se apresuraron a responder que reconocían a Walker como ciudadano argentino[182]. En definitiva, con la excepción de los párrafos dedicados al litigio ya mencionados en el libro de los Irazusta, la indiferencia también había cundido al cumplirse, en 1933, un siglo de la ocupación inglesa.

En 1934, a raíz del cimbronazo provocado por el Pacto Roca-Runciman, se tomaba la iniciativa que recordaba José Campobassi de sus años de cronista parlamentario y que él había conocido directamente de boca de su autor. En efecto, el senador socialista Alfredo L. Palacios propuso la traducción de la obra de Groussac y publicó su versión del litigio en el libro Las Islas Malvinas, archipiélago argentino. El libro de Groussac se publicó finalmente en castellano en 1936, y la edición oficial corrió por cuenta de la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares. El proyecto de Palacios, que el Congreso convirtió en ley 11904, impulsaba además la elaboración de un compendio de la obra para que fuera distribuida en todos los establecimientos educativos del país[183].

A partir de 1939, la Junta de Recuperación de las Malvinas, presidida por el propio Alfredo Palacios, inició una campaña de difusión pública para «formar conciencia nacional», y otra iniciativa oficial incorporó el tema en la reforma de los planes de estudio de 1941, como un contenido obligatorio de la enseñanza escolar, mientras se editaba en todo el país la «Marcha de las Malvinas», con letra de Carlos Obligado y música de José Tieri. En 1948, en el marco de los preparativos del Centenario de San Martín que se cumpliría en 1950, el Congreso reafirmó la soberanía argentina sobre el archipiélago y propuso crear la «llama de la Argentinidad», para ser depositada en suelo malvinense cuando fueran recuperadas las Islas. La frase Las Malvinas han sido, son y serán argentinas se hizo pública por primera vez como el título de un folleto sobre el tema, editado en 1950, por el Senado de la Nación. Mientras tanto, en los manuales de texto se impuso una versión muy simplificada del libro de Groussac, en el que las Malvinas aparecían como una reivindicación territorial permanente que unía la historia del Virreinato a la de la República independiente[184]. En 1954, el ministerio de Educación resolvió transformar la Semana de Mayo en «Semana de las Islas Malvinas y de la Antártida Argentina», con clases especiales a cargo de los profesores de Geografía, Historia y Ciencias Naturales.

En tanto, en el ámbito de los historiadores crecía una polémica. A partir de 1940, quienes cultivaban la historia académica de neto corte liberal buscaron demoler a Rosas a raíz de su intento de cesión de las Malvinas, perspectiva que veían en clave de entrega territorial. En contados casos, los nacionalistas rosistas supieron explicar el contexto de aquella negociación[185]. Sin embargo, todos abonaron la idea de una traición mayor: la del desmembramiento del «territorio nacional», operación en la que la influencia británica había sido, según ellos, esencial[186]. Obviamente, la creación de la República Oriental del Uruguay (1828), nacida de la segregación de la Banda Oriental, ocupaba un lugar central en aquel argumento, aunque no se hacía ninguna mención al intenso interés que la idea de la independencia había despertado en un caudillo como José Artigas ni de los contactos que él mantuvo con el comercio británico.

En definitiva, entre los académicos, el tema Malvinas quedó encuadrado en los debates apuntados, y sólo a fines de la década de 1950, con el inicio de la publicación de la Colección de documentos relativos a las islas Malvinas, bajo la dirección del historiador Emilio Ravignani, comenzó un esfuerzo bibliográfico de sistematización de las fuentes históricas, animado por la idea de que «con los libros en la mano» la cuestión Malvinas no perdería vigencia[187].

En realidad, estas contribuciones estaban en línea con lo que sin duda fue un importante triunfo diplomático de la Argentina hasta que la guerra de 1982 lo pulverizó. La Organización de las Naciones Unidas había votado, en 1960, una resolución sobre descolonización que resultó muy significativa, porque instaba a poner fin a todas las formas de colonialismo existentes en el mundo. En 1964, y dado el nuevo contexto internacional favorable, el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz ingresó el reclamo de Malvinas para su consideración, y al año siguiente la Organización de las Naciones Unidas dictó la resolución 2065 que reconoció los derechos del país sobre las islas e instó a las partes a iniciar negociaciones directas. Unos meses después, el 29 de junio de 1966, el presidente Illia fue derrocado por las Fuerzas Armadas y desde entonces, hasta la guerra de 1982, los militares tuvieron en sus manos el tema Malvinas, con la excepción de los tres años, 1973-1976, de gobierno peronista.

A partir de 1964, el litigio se instaló definitivamente en la opinión pública. El 8 de septiembre del mismo año, el piloto argentino Miguel L. Fitzgerald aterrizó en la Isla Soledad, desplegó la bandera nacional y le entregó a un poblador un mensaje para las autoridades británicas. La proclama decía: «Han transcurrido casi 132 años del acto de piratería y avasallamiento de la soberanía argentina en las islas que hoy ocupo simbólicamente. El despojo perpetrado por los corsarios de la fragata “Clío” conmovió en aquel entonces a la patria, muy joven aún, y, a través de las generaciones, se ha mantenido en los hechos una usurpación que nunca fue admitida por los argentinos, por los latinoamericanos y por todos aquellos que, en el mundo, ajustan su quehacer al respeto de los derechos inalienables de cada nación. Hoy, en que también mi patria despierta de un largo sueño consciente de su grandeza moral y material, está decidida a recuperar este su territorio insular. De ahí, que constituyo la avanzada de este ideal patriótico y justo que crecerá, no lo duden ustedes, como formidable avalancha. Los argentinos estamos resueltos a no permitir que Inglaterra siga ocupando un archipiélago que por razones geográficas, históricas, políticas y de derecho, pertenece a la República Argentina[188]». La proclama contenía ya todos los elementos necesarios para definir la cuestión Malvinas como una gran causa nacional.

La Resolución de 1965 la transformó en el asunto de mayor difusión en el país. Desde la Junta de Recuperación de las Malvinas, reorganizada y presidida por el radical Alberto M. Candioti, se impulsó la primera campaña en los medios para concitar la atención de la población. Es muy probable que la lectura de las frases divulgadas en esa época hayan despertado el eco de otras que se escucharon dieciséis años después, en los días de abril, mayo y junio de 1982. Los mensajes de 1966 decían:

«Argentinos las Malvinas son tuyas. ¡Reclámalas!».

«Trabajador: tu patria necesita justicia. No hay justicia social en una patria agraviada. ¡Reclama las Malvinas!».

«Las Malvinas no son del gobierno: son tuyas. ¡Argentino, recupera lo que te pertenece!».

«Las Malvinas son argentinas. Porque fueron españolas».

«Las Malvinas son argentinas. Porque son prolongación de la Patagonia[189]».

En agosto de 1966, José Luis Muñoz Azpiri, historiador peronista, publicó una voluminosa Historia completa de las Malvinas, en tres tomos, documentada y con argumentos que resumían bien el nudo del ideario nacionalista. Según el autor, si la Argentina se había resignado a perder la mitad del territorio que procedía de «la heredad de Mayo», no sucedería lo mismo con las Malvinas, que representaban uno de los símbolos de la unidad nacional junto con la Bandera, el Himno y San Martín[190], y podían y debían ser recuperadas[191].

El discurso político también transformó la cuestión Malvinas en un acto de reparación nacional continuado en el tiempo, y así, de manera inequívoca, lo expresó el canciller Zavala Ortiz después de recibir en Buenos Aires, el 24 de enero de 1966, la visita del canciller británico: «El ininterrumpido reclamo para la recuperación de nuestras islas Malvinas, llevado a cabo durante 132 años por el pueblo y los gobiernos argentinos, tuvo en 1965 un trascendente y auspicioso cambio», declaró el canciller, antes de completar que el objetivo era «encontrar una solución pacífica al problema e impedir que la cuestión llegue a afectar las excelentes relaciones que vinculan a la Argentina y el Reino Unido[192]». Como anticipo del inicio de la nueva etapa diplomática, el gobierno de Illia conmemoró solemnemente el 3 de enero (fecha de ocupación de las Islas —hay discrepancias en el día exacto—) con un acto oficial en el que creó el Instituto y Museo de las Malvinas, que, finalmente, quedó inaugurado el 10 de junio de 1966, fecha que entonces no estaba asignada al calendario de las efemérides (instituida en 1973), pero que como tal se aceptó y se celebró ese año recordando la designación del primer gobernador en las Islas Malvinas, el 10 de junio de 1829.

También en el fútbol

El 29 de junio de 1966, el general Juan Carlos Onganía, al frente de las Fuerzas Armadas, derrocó al gobierno democrático de Illia y tomó el poder; unas semanas más tarde, el 23 de julio, la Selección Nacional de fútbol enfrentó a la de Inglaterra en los cuartos de final del campeonato mundial que se jugaba en Londres, y perdió 1 a 0. Al día siguiente, el diario La Nación tituló: «Bochorno en Wembley, una ilusión rota y un éxito inglés injusto», y agregaba dos columnas, «Sin claudicaciones» y «Victoria a lo Pirro». El diario Clarín, más ceñido al hecho deportivo, propuso: «Igual es hazaña».

«La más digna de las derrotas» tituló El Gráfico, mientras mostraba su símbolo para el mundial, un gauchito bautizado «Ponchito», sonriente «porque siempre estaremos alegres todos los argentinos si un equipo nacional cae con la dignidad y la vergüenza con que lo hicieron los bravos que lucharon en Wembley». El copete de la nota decía: «Lo de Wembley quedará en la historia como una derrota preparada que igual nos ubica en el mundo[193]». El grueso del análisis era de tenor eminentemente deportivo. Explicaba la actuación parcial del árbitro —entonces todavía se decía «referee», pues se usaba toda la nomenclatura en inglés: el partido era un «match», las faltas, «foul», el equipo, «team»—. El capitán de la selección, Rattin, había sido echado después de cometer dos faltas, pero los diarios argüían que los rivales habían cometido unas cuantas más. La conclusión deportiva era que no había habido «desastre», como en los mundiales de Suecia y de Chile. «No fuimos pisados por el fútbol europeo[194]», aseguró Carlos Juvenal desde Londres, para El Gráfico. La referencia elíptica evocaba el primer encuentro futbolístico entre ingleses y argentinos, sucedido en el mundial de Chile de 1962. En esa oportunidad la Argentina, que formaba parte del grupo inicial (D), no pudo clasificar para la segunda ronda; Inglaterra la eliminó 3 a 1 en el partido al que aludía la nota de Juvenal. Pero entonces ninguna hostilidad extradeportiva había rodeado el encuentro ni su resultado.

Visto retrospectivamente, cuando se fija el momento inicial de la rivalidad futbolística angloargentina, la referencia obligada es el mundial del ‘66 y no el del ‘62. En ese lapso de cuatro años, se había operado definitivamente el cambio de percepción social sobre las relaciones entre ambos países. La causa de las Malvinas y la rivalidad en el fútbol comenzaban a fundirse; la asociación estaba en el aire y empezaba a expresarse. En el vestuario de Wembley, por ejemplo, uno de los dirigentes que acompañaba al seleccionado, había gritado: «Los ingleses no se conforman con habernos robado las Malvinas, ahora también roban partidos de fútbol[195]». En la prensa se usaba la palabra «despojo», mientras el gobierno militar de turno aprovechaba políticamente la situación. Todos los diarios publicaron el telegrama enviado por el presidente Onganía a la Selección Nacional, que decía: «Al equipo argentino: la brillante campaña realizada, vuestro coraje y espíritu de lucha os hacen acreedores al jubiloso recibimiento con que os esperan el pueblo y el gobierno de la patria[196]». A tono con este predicamento oficial, El Gráfico proponía: «Ezeiza es una cita de honor para el deporte argentino. Los futbolistas albicelestes merecen la gran recepción[197]».

El 28 de septiembre de 1966 se produjo otro episodio de aterrizaje en Malvinas, pero a diferencia del caso del piloto solitario de 1964, en esta oportunidad, 18 personas, muy jóvenes, encabezadas por el periodista Dardo Cabo, el mayor del grupo, desviaron un avión de Aerolíneas Argentinas y protagonizaron el «Operativo Cóndor», plantando banderas nacionales y reclamando en Puerto Stanley la soberanía argentina. Todos los integrantes eran peronistas, simpatizantes y militantes, y lograron la adhesión inmediata de las organizaciones obreras. El Operativo impactó en el país y también en el exterior, entre otras razones porque junto con los jóvenes viajaba el director de Crónica, Héctor Ricardo García, y en la redacción, ese mismo día, a la tarde, en la 5.ª edición, dos periodistas que conocían los pormenores de lo que iba a suceder publicaron las proclamas de los «cóndores» y la noticia del aterrizaje ocurrido en horas de la mañana, creando la ilusión del acceso a la información en tiempo real. La reacción pública no se hizo esperar. Algunos grupos de jóvenes se concentraron espontáneamente frente a la Cancillería y gritaron consignas nacionalistas, mientras el episodio daba la vuelta al mundo. En Gran Bretaña se especulaba sobre el verdadero fin perseguido. El duque de Edimburgo, Felipe, consorte de la Reina, había llegado el 27 de septiembre de visita a la Argentina y al día siguiente iba a jugar al polo con el general Onganía. La prensa inglesa abonó la idea de que fuera tomado como rehén por otro grupo comando en Buenos Aires para canjearlo por las Islas Malvinas, pues se trataba de «jóvenes alocados en una sociedad violenta[198]»; sin embargo, esa presunción no fue reivindicada por nadie. Los integrantes del Operativo fueron condenados a cumplir entre nueve meses y tres años de cárcel mientras que las expresiones y los sentimientos anglófobos se diseminaban como nunca había sucedido.

La guerra que nunca debió ser

En 1982, diecisiete años después del triunfo diplomático de 1965 que inició las tratativas con Gran Bretaña demoradas durante los gobiernos militares, la sociedad argentina aceptaba, casi sin rechazo, la guerra de la Junta Militar que, a coro, los diarios definían como una causa justa y necesaria[199].

Clarín empezó su editorial del 3 de abril contabilizando la duración del conflicto: 149 años y 3 meses. Unas líneas más abajo agregaba: «En realidad, nadie ignoraba —y los británicos menos que nadie— que hubiera resultado insoportable llegar al 150.º aniversario de aquella ocupación sin la clara perspectiva de una solución política del antiguo pleito».

El recurso al «mito del origen», es decir la reducción del conflicto a sus inicios, sin señalar ninguna evolución o cambio posterior, fue el atajo buscado para evitar la mención de cualquier otra fecha que pusiera en entredicho la idea de inexorabilidad, modificara el recuento de los años e incluyera opciones frente a la decisión tomada el 2 de abril. Y esa decisión —según el editorial— largamente postergada no era otra que la de «reconquistar las Malvinas por los mismos medios por los cuales un 3 de enero infausto fueron capturadas». Finalmente, el texto destacaba la actitud exhibida hasta entonces por el país de «no romper la amistad tradicional con la potencia ocupante. Esa actitud pudo haber sido correspondida con una comprensión equivalente. El Reino Unido estaba en condiciones de ponderar la importancia que las Malvinas tienen para el sentimiento patriótico argentino[200]».

El análisis en la sección Panorama Internacional del mismo diario incluía una mención directa de la Resolución de la ONU de 1965, pero para subrayar que no había servido de nada porque los gobiernos que siguieron no habían hallado, en años, ninguna circunstancia propicia para reconquistar el archipiélago. «El tabú del recuerdo del poder británico —aunque sin duda éste subsiste en buen grado en nuestro tiempo— inhibió los reflejos argentinos», aseguraba la nota. En este sentido, el diario celebraba el cambio: «[…] ayer se superaron las inhibiciones y se tomó la decisión política —grave, compleja— de reconquistar las islas[201]». En las primeras páginas del matutino también se informaba sobre la gran manifestación popular de apoyo a la acción de la Junta Militar realizada el mismo 2 de abril en la Plaza de Mayo. La unanimidad gobernaba; el apoyo social era total. El periodista agregaba: «A diferencia de otra manifestación pública realizada hace pocos días (aludía a la de la CGT del 30 de marzo), ésta fue de exaltada alegría y hasta los policías, en medio de la multitud, sonreían ante cualquier desborde verbal, con sus bastones prolijamente enfundados[202]».

Unas semanas más tarde, el 1.º de mayo, cayó la primera bomba británica sobre Puerto Argentino (antes Puerto Stanley). La guerra estaba lejos, pero la percepción del enemigo, no. El clima anglófobo se multiplicó con la misma velocidad con que se fugaba el conocimiento real de lo que les sucedía a los soldados en las islas. Por esos días, el local de la Farmacia Franco-Inglesa, fundada en 1892 en la céntrica calle Florida de la ciudad de Buenos Aires, se convirtió simplemente en la Farmacia Franco. Como éste, cundían otros ejemplos de anglofobia, mientras las autoridades escondían el giro dramático de los acontecimientos bélicos a través de frases sueltas: «Vamos ganando», o «que venga el principito», que no necesitaban de otra referencia para convencer a la población del inexorable triunfo argentino.

En un reportaje concedido a la televisión mexicana el 15 de mayo de 1982, el presidente de facto, general Leopoldo Galtieri, afirmó con el tono rotundo del que hacía gala por esos días: «El pueblo argentino está dispuesto a perder 4000 o 40 000 argentinos más, y si es necesario, mantener militarmente esta situación otros seis meses o seis años». Más allá de la bravuconada obscena, la frase citada tenía un fundamento. La reconquista de las Malvinas convertida en una gesta debía reparar la mutilación sufrida en el pasado, liberar el pedazo del territorio que faltaba. ¿Los ciudadanos sacrificados? No importaban.

La frase de marras abonaba así en una tradición que, por encima de todo, valoraba la tierra como el bastión de la identificación nacional y, como hemos visto, hallaba su mejor expresión en el ideario nacionalista que renegaba de la población mayoritariamente de raíz inmigratoria para exhibir un amor excluyente por el terruño, tan criollo como era la estirpe que lo podía merecer. Este ideario ya tenía un gran consenso. Por eso después de la rendición del 14 de junio, hecho que los militares camuflaron como «un cese el fuego», la sociedad lloró a la «hermanita perdida», pero recibió con general indiferencia y frialdad a todos aquellos que volvían del frente bélico, sobre todo a los conscriptos que formaban parte de los civiles movilizados, y a quienes no dedicó ninguna palabra de agradecimiento, porque el calor patrio estaba sólo reservado a la tierra.

Resulta ciertamente difícil comprender semejante grado de enajenamiento colectivo.

Después de la humillante derrota, la animosidad contra Inglaterra halló su cauce y también su límite en el campo de juego. La rivalidad futbolística —existente desde 1966— fue el desahogo que, mezclando política y deporte, obraba el milagro de restaurar el orgullo nacional malherido.

La sentencia popular que afirma «contra los ingleses es mejor» se ha expresado en distintas instancias, pero ciertamente la del Mundial de México de 1986 ocupa un lugar central[203]. Las tribunas vivieron el partido Argentina-Inglaterra como un tiempo de revancha y los dos goles de Diego Maradona hicieron la diferencia por partida doble. Los festejos que siguieron al triunfo demostraron que «la mano de Dios» era más celebrada popularmente que el segundo gol, consagrado como el mejor en la historia del fútbol. Después de haber anotado el tanto, escondiendo el puño, Maradona le había dicho a sus compañeros que «quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón», en directa alusión a la guerra del ‘82.

Desde entonces, la anglofobia se pasea apretada en un puño pero sólo lo hace en los campos de fútbol.

Epílogo
Las cuentas pendientes

Existe una arraigada tradición histórica argentina que sostiene que el desarrollo desigual del país —la concentración de la riqueza en la provincia y el puerto de Buenos Aires— y la desmembración de su originaria unidad colonial respondieron a la omnipresente voluntad británica, que impuso esos designios elaborados en Londres. Por cierto, este libro ha presentado una explicación totalmente diferente y muy alejada del horizonte de ideas que abonan aquellas afirmaciones.

El territorio dominado por España, ubicado en el extremo sur de Sudamérica, adquirió su vocación atlántica y estrechó su lazo con Europa en tiempos de la hegemonía peninsular española. En efecto, en 1776, la creación del Virreinato del Río de la Plata no sólo convirtió a la modesta Buenos Aires en una orgullosa capital sino que desplazó el primer eje económico colonial desde el Norte hacia el Litoral. A esta primera decisión, tomada en respuesta a la amenazante expansión portuguesa que presionaba desde el Este, le siguió otra de igual importancia. Montevideo, pequeña villa de la Banda Oriental fundada en 1724, pasó a ser una ciudad-fortaleza por excelencia, pues estaba mejor emplazada para albergar las fuerzas defensivas en esa parte del inmenso territorio del Imperio español. Las dos ciudades, puertos en un ancho estuario, tenían todas las posibilidades para desarrollar una cruda competencia que podía devenir, como finalmente ocurrió, en declarada enemistad.

La Corona le dio a Buenos Aires la llave comercial y política del Plata pero no el control militar sobre toda la región. En otras palabras, para cualquier invasor que lo intentara, dominar la capital del Virreinato no significaba controlar el territorio completo bajo su mando —que fue lo que padecieron los ingleses durante las invasiones de 1806 y 1807, cuando comprendieron que sin la posesión de Montevideo no habría conquista posible—. Hemos visto cómo, apostados en esa ciudad, replantearon la estrategia de la segunda invasión, avalada en parte por la expectativa creada entre los comerciantes locales, que fueron los primeros en desafiar al monopolio español, estableciendo vínculos con los activos mercaderes ingleses que llegaban para establecerse.

El control de Montevideo fue también un asunto crítico para los revolucionarios de Mayo y sus sucesores. La ciudad se transformó en la cabecera de puente de la reacción antirrevolucionaria, y los patriotas de la Banda Oriental debieron abandonarla y seguir al caudillo oriental José Artigas, también él defensor de la libertad de comercio que campeaba entre los agitadores porteños. Paradójicamente, esta idea fue usada por los orientales no sólo para enfrentar el poder de fiscalización español sino, sobre todo, para evitar que fuera heredado por Buenos Aires. En definitiva, la asociación entre las ideas liberales y las prácticas políticas propuestas por los revolucionarios de ambas orillas no puede ser comprendida por aquellos que atribuyen a la manipulación de Gran Bretaña el origen de la independencia de la Banda Oriental. Obviamente, desde esa perspectiva, todavía muy en boga, no se reconoce el interés que tenía Montevideo en mantener su autonomía fiscal, es decir, el control sobre su Aduana, derecho que únicamente con la independencia podía mantenerse en pie. Es por esto que la creación de la República Oriental del Uruguay, en 1828, se comprende mejor como el resultado de estas peculiares circunstancias históricas que tornaron inviable la integración en un mismo estado de dos ciudades-puerto tan próximas como rivales. En definitiva, la plaza oriental se había revelado como el talón de Aquiles de cualquier construcción de poder porteño que pretendiera absorberla. El último gobernante que lo intentó y asedió la ciudad fue Juan Manuel de Rosas y, por cierto, no sólo fracasó él también, sino que puso en pie de guerra al Litoral, lo que determinó el fin de su gobierno.

Los ingleses que se hallaban establecidos desde 1807 en ambas orillas del Río de la Plata fueron partícipes obligados de la rivalidad por el control del activo comercio de ultramar. Como se ha señalado, durante el bloqueo anglofrancés al puerto de Buenos Aires, la comunidad inglesa residente, que mantenía sólidos vínculos con el gobierno de Rosas, protestó ante Londres porque el cierre del tráfico fluvial porteño la afectaba directamente, aunque por cierto beneficiaba de manera también directa a los comerciantes británicos de Montevideo.

Con el correr de los años, al igual que los criollos, sufrieron el albur de los primeros intentos de reorganización económica y financiera, planteados en torno a la expansión de la agricultura y a la construcción del puerto de Buenos Aires con aporte de capitales y mano de obra inglesa, que aquí faltaban. Esa prueba, obra de Bernardino Rivadavia, terminó mal también para ellos, y su frustración condicionó, en gran parte, el importante apoyo que brindaron a la más larga y exitosa experiencia de gobierno rosista. Esta relación ha sido deliberadamente mutilada por el revisionismo, que, preso de sus propios prejuicios, casi no ha podido ensayar los argumentos que la explican. En rigor, ni don Bernardino fue un agente inglés —el hombre murió pobre y olvidado en Cádiz—, ni Rosas fue tampoco enemigo de Gran Bretaña. Y, por cierto, este hecho no se explica solamente porque ése fue el país elegido para su largo exilio (Rosas aseveraba en sus cartas que sólo allá se sentía seguro), sino, y sobre todo, porque con la plena suma del poder y la majestuosa autoridad de la que estuvo imbuido durante diecisiete años, aumentó el giro comercial angloargentino de 300 000 libras anuales a 900 000, mientras impulsaba el desarrollo ganadero de la provincia de Buenos Aires, sobre el que se afincaría luego el prodigioso crecimiento económico que integró al país a los mercados mundiales. El hecho de que en esta próspera aventura económica, los ingleses fueran los socios mayores no significa que los lineamientos de esa aventura no surgieran de los tradicionales factores de poder criollo concentrados en la propiedad de la tierra.

Como sabemos, esta sociedad de intereses angloargentinos pervivió después de Caseros pero, obviamente, con el aporte de los capitales de inversión británicos que retomaron las plazas financieras no sólo en la Argentina sino en toda América Latina. La misma versión que concibe la influencia inglesa con rasgos omnipresentes sostiene que durante el gobierno de Rosas no se contrató un solo empréstito. Y eso es absolutamente cierto. Pero no fue una decisión aislada del contexto: sencillamente, durante veinticinco años, el capitalismo británico, envuelto en su propia crisis, miró para dentro y no invirtió en ningún país de América Latina. Es tan cierto entonces que Rosas no pidió ayuda financiera como que tampoco los ingleses se la ofrecieron.

Pero después de Caseros la situación empezó a cambiar. En otras palabras, el capital financiero presionaba para entrar en el Plata y, a su vez, los grupos de poder lo convocaban. Esta relación se articuló muy bien en torno a la construcción de las redes de ferrocarriles. Los grandes estancieros bregaban por ellos porque valorizaban sus tierras, aunque esto no los motivó a invertir en los rieles. En ese sentido, resulta absurdo polemizar con el sugerente enfoque revisionista que ha postulado la necesidad de un desarrollo capitalista nacional fuerte desde la segunda mitad del siglo XIX. La idea no está en discusión, el problema es que se la sustenta como si hubiese sido una posibilidad histórica interrumpida, pero no se aportan los datos necesarios que prueben que existió como tal. Por el contrario, lo que los hechos señalan es que la veloz inserción de la Argentina en el mercado internacional, como gran productora de ganado y de mieses, convenció tanto a socialistas como a liberales de las opciones de crecimiento que traía aparejado el endeudamiento externo.

Con estos datos en la mano, no puede sorprender, entonces, la anglomanía o anglofilia que exhibió la elite y que tiñó sus relaciones con el mundo durante todo el siglo XIX y hasta la crisis de 1929-1930. Sólo después del Pacto Roca-Runciman se elevaron las voces que impugnaron la estrecha y centenaria alianza económica con Gran Bretaña. Hemos señalado también que estos primeros revisionistas, devenidos en políticos-historiadores, experimentaron dicha recusación como la consecuencia de una revelación sorpresiva, un amargo despertar en el seno de la elite a la que también pertenecían. Pero, en lo inmediato, estos autores no expresaron estrictamente un sentimiento antibritánico definido. En su lugar, la xenofobia que ya cultivaban, es decir el rechazo a la inmigración, fue manifestada sin ningún tipo de tapujos, mientras se reivindicaban como criollos y dueños de la tierra.

Esa versión del antiimperialismo de base territorial que adquirió después un carácter anglófobo ha logrado enorme adhesión en vastos sectores de la población. En parte, se apoya sobre la creencia que reitera, como una letanía, la inmutable continuidad en el reclamo de Malvinas desde 1833, una leyenda forjada en la década de 1960. Esta leyenda, ingenua pero letal, se transformó en la base de la convocatoria militar de 1982 que escondió los estragos de la guerra y buscó convertir sus propias ambiciones en una gesta popular.

De acuerdo con sus lineamientos originarios, las relaciones argentino-británicas han concluido. El vínculo económico que hoy existe entre ambos países no tiene una relevancia especial y en nada se asemeja al del pasado. El conflicto por las Islas Malvinas tampoco modifica sustancialmente esas relaciones y su definición espera el paso del tiempo, para que los gruesos errores cometidos por los militares y diplomáticos argentinos pasen a un segundo plano.

Sólo hay un orden simbólico donde las relaciones entre Argentina e Inglaterra manifiestan toda su intensidad: dentro de los límites de un campo de fútbol. Allí se reanima una historia que tiene doscientos años y que es muy mal conocida por los argentinos. Espero sinceramente que este libro haya contribuido a su mejor comprensión.

Bibliografía complementaria

Burgin, Miron, Aspectos económicos del federalismo argentino, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1960.

Burnet-Merlin, Alfredo R., Cuando Rosas quiso ser inglés, historia de una anglofilia, Buenos Aires, Ediciones Libera, 1974.

Chiaramonte, José Carlos, Nacionalismo y liberalismo económicos en Argentina 1860-1880, Buenos Aires, Ediciones Solar, 1971.

Díaz Alejandro, Carlos, Ensayos sobre la historia económica argentina, Buenos Aires, Amorrortu, 1983 (1.ª reimpresión).

Escudé, Carlos, Gran Bretaña, Estados Unidos y la declinación argentina (1942-1949), Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1983 (2.ª edición).

Ferns, H. S., La Argentina. Introducción histórica a sus problemas actuales, Buenos Aires, Sudamericana, 1983 (3.ª edición).

Giberti, Horacio, Historia económica de la ganadería argentina, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1981 (nueva edición actualizada y corregida).

Graham Yooll, Andrew, La colonia olvidada, Buenos Aires, Emecé, 2000.

Halperin Donghi, Tulio, Historia contemporánea de América Latina, Buenos Aires, Alianza, 1997 (6.ª edición).

Peña, Milcíades, De Mitre a Roca, consolidación de la oligarquía anglocriolla, Buenos Aires, Ediciones Fichas, 1975 (3.ª edición).

Roberts, Carlos, Las Invasiones Inglesas del Río de la Plata (1806-1807) y la influencia inglesa en la independencia y organización de las Provincias del Río de la Plata, Buenos Aires, Peuser, 1938.

Scobie, James R., La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina (1852-1862), Buenos Aires, Hachette, 1964.

The British Packet, De Rivadavia a Rosas, 1826-1832 (recop., trad., notas y prólogo de G. Lapido y B. Spota de Lapiezaelli), Buenos Aires, Solar/Hachette, 1976.

Notas

[1] Gillespie, A., Buenos Aires y el interior, Buenos Aires, Vaccaro, 1921, p. 65. <<

[2] Ibídem, p. 82. <<

[3] Ibídem, p. 95. <<

[4] Biblioteca de Mayo, Noticias históricas de la República Argentina, de Ignacio Núñez, Buenos Aires, Senado de la Nación, 1960, t. I, p. 209. <<

[5] Ibídem, p. 211. <<

[6] Ibídem, p. 212. <<

[7] Belgrano, M., Autobiografía, Buenos Aires, Eudeba, 1965, p. 30. <<

[8] Biblioteca de Mayo, ob. cit., p. 228. <<

[9] Gillespie, A., ob. cit., p. 64. <<

[10] Ibídem, p. 65. <<

[11] Gillespie, A., Parish, R. J., Vidal, E. E., Haigh, S., Buenos Aires, vista por viajeros ingleses, Buenos Ares, Emecé, 1941, p. 35. <<

[12] Biblioteca de Mayo, ob. cit., p. 228. <<

[13] Gillespie, A., ob. cit., p. 63. <<

[14] Álzaga, E. W., Vida de Martín de Álzaga, 1755-1812, Buenos Aires, Emecé, 1984, p. 106. <<

[15] Gillespie, A, ob. cit., p. 77. <<

[16] Biblioteca de Mayo, ob. cit., p. 271. <<

[17] Figueira, R., «Buenos Ares colonia inglesa»; en Documentos para la historia integral argentina, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1973, t. I, p. 56. <<

[18] Holland, L., Expedición al Río de la Plata, Buenos Aires, Eudeba, 1975, p. 119. <<

[19] Ibídem, p. 121. <<

[20] Beverina, J., «Invasiones inglesas»; en Levene, R. (dir.), Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, El Ateneo, 1940, vol. IV, p. 335. <<

[21] Ídem. <<

[22] Mitre, B., Historia de Belgrano y de la Independencia argentina, Buenos Aires, Editorial Juventud Argentina, 1945, t. I, p. 161. <<

[23] Holland, L., ob. cit., p. 123. <<

[24] Ibídem, p. 125. <<

[25] Grenon, P., «Internación de los prisioneros ingleses»; en Documentos históricos del Archivo de Gobierno de Córdoba, vol. 15, Archivo del Gobierno de Córdoba, Córdoba, 1929, p. 52. <<

[26] Gillespie, A., ob. cit., p. 173. <<

[27] Grenon, P., ob. cit., p. 24. <<

[28] Citado por Ferns, H. S., Gran Bretaña y la Argentina en el siglo XIX, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1968, p. 68. <<

[29] Gillespie, A., ob. cit., p. 188. <<

[30] Álzaga, E. W., ob. cit., p. 81. <<

[31] Ídem. <<

[32] Justo, L., Nuestra patria vasalla: historia del coloniaje argentino, Buenos Aires, Schapire, vol. 1, 1968, p. 95. <<

[33] Álzaga, E. W., ob. cit., p. 123. <<

[34] Biblioteca de Mayo, Noticias históricas de la República Argentina, de Ignacio Núñez, ob. cit., p. 409. <<

[35] Ana Perichón de O’Gorman se transformó en la amante del Virrey Liniers y fue el centro de la comidilla de Buenos Aires; le gustaba participar de las intrigas políticas del momento, aunque no tenía demasiadas dotes para eso. Fue la abuela paterna de la triste y célebre Camila O’Gorman, que murió fusilada en la época de Rosas por escapar con su amante, un cura. <<

[36] Álzaga, E. W., ob. cit., p. 98. <<

[37] Biblioteca de Mayo, ob. cit, p. 528. <<

[38] Levene, R., «Intentos de Independencia en el Virreinato del Plata», en Historia de la Nación Argentina, Buenos Aires, El Ateneo, 1941, vol. 5, 1.º parte, p. 446. <<

[39] Levene, R., «Significación histórica de la obra económica de Manuel Belgrano y Mariano Moreno», en ob. cit., p. 505. <<

[40] Ídem. <<

[41] Álzaga, E. W., ob. cit., p. 71. <<

[42] Ibídem, p. 73. <<

[43] Diario de un soldado, Comisión Nacional Ejecutiva del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo, Ministerio del Interior, 1960, p. 293. <<

[44] Ibídem, p. 294. <<

[45] Palomeque, A., «Las primeras cartas de nacionalidad argentina», en Colmo, A. (dir.), Anales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, tomo XVIII, Buenos Ares, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 1918, p. 86. <<

[46] Justo, L., ob. cit., p. 137. <<

[47] Palomeque, A, ob. cit., p. 91. <<

[48] Ibídem, p. 120. <<

[49] Ibídem, p. 104. <<

[50] Ibídem, p. 116. <<

[51] Ibídem, p. 123. <<

[52] Ibídem, p. 190. <<

[53] Véase Gallo, K., De la invasión al reconocimiento. Gran Bretaña y el Río de la Plata, 1806-1826, Buenos Aires, AZ Editora, 1994, p. 142. <<

[54] La polémica por la muerte de Mariano Moreno tiene ya algunas décadas. Hasta 1960 y a modo de rumor, sólo circulaba lo que su mismo hermano había escrito veinticinco años después de la muerte del prócer sobre el emético (4 g de antimonio tartarizado) que el capitán del barco le había obligado a tomar. Pero para los historiadores que transformaron esta versión en una teoría, seguía siendo muy oscuro el móvil. Si Moreno era anglófilo, ¿por qué lo eliminaría un capitán inglés, en viaje a Inglaterra? El último estudio serio sobre las enfermedades de Moreno es de Martí, M. L., Enfermedad y muerte de Mariano Moreno, Buenos Aires, Nebal, 1988, quien asevera que la causa de su muerte se debió a la evolución agravada del mal reumático que padecía y lo documenta muy bien a la vez que descarta uno a uno y por insustanciales los rumores que todavía hoy circulan sobre el envenenamiento. <<

[55] Gallo, K., ob. cit, p. 144. <<

[56] Ibídem, p. 149. <<

[57] Británicos vistos por ojos argentinos, Núcleo Argentino de Estudios Históricos, 1941, tomo 1, vol. 4, p. 6 y ss. <<

[58] Ferns, H. S., ob. cit., p. 102. <<

[59] Un inglés. Cinco años en Buenos Aires (Anónimo), Buenos Aires, Hachette, 1962, p. 169. <<

[60] Gallo, K., ob. cit., p. 178. <<

[61] Belgrano, M., Autobiografía y Memorias, en Biblioteca de Mayo, Buenos Aires, Senado de la Nación, 1960, t. 1, p. 1103. <<

[62] Gallo, K, ob. cit., p. 187. <<

[63] Un inglés…, ob. cit., p. 163. <<

[64] Ferns, H. S., ob. cit., p. 111. <<

[65] Memorias del General Miller, Buenos Aires, Emecé, 1997, p. 117. <<

[66] Ferns, H. S., ob. cit., p. 116. <<

[67] Véase Galmarini, H. R., Negocios y política en la época de Rivadavia, Buenos Aires, Platero, 1974, pp. 60 y 67. <<

[68] Véase Vázquez, J. Z., «Los primeros tropiezos»; en Historia General de México, México, El Colegio de México, 1976, t. II, p. 771. <<

[69] Bagú, S., «Rivadavia ¿prócer o mito?»; citado por Sebreli, J. J., La saga de los Anchorena, Buenos Aires, Sudamericana, 1986, p. 131. <<

[70] Véase Galmarini, H. R., ob. cit., p. 43. <<

[71] Ferns, H. S., ob. cit., p. 149. <<

[72] Un inglés…, ob. cit., p. 190. <<

[73] En 1936, Raúl Scalabrini Ortiz escribió «Política británica en el Río de la Plata» para los cuadernos de FORJA y en 1940, publicó un libro con el mismo título. Su obra influyó notablemente en los intelectuales nacionalistas de la época, entre otros en los hermanos Rodolfo y Julio Irazusta, quienes reaccionaron frente a lo que denominaban el imperialismo británico. <<

[74] Sebreli, J. J., ob. cit., p. 180. <<

[75] Lynch, J., Juan Manuel de Rosas, 1829-1852, Buenos Aires, Emecé, 1984, p. 69. <<

[76] Gillespie, A., ob. cit., p. 129. <<

[77] Obras Completas de Esteban Echeverría, Buenos Aires, Imprenta y Librería de Mayo, 1873. <<

[78] MacCann, W., Viaje a caballo por las provincias argentinas, Buenos Aires, Solar Hachette, 1969, p. 121. <<

[79] Lynch, J., ob. cit, p. 59. <<

[80] Ibídem, p. 12. <<

[81] Ibídem, p. 83. <<

[82] Graham-Yooll, A., Así vieron a Rosas los ingleses, Buenos Ares, Rodolfo Alonso, 1980, p. 22. <<

[83] Lynch, J., ob. cit., p. 45. <<

[84] Ibídem, p. 271. <<

[85] Ibídem, p. 270. <<

[86] Ídem. <<

[87] Mansilla, L. V, Mis memorias y otros escritos, Buenos Aires, Secretaría de Cultura de la Nación y Editorial Lugar, 1994, p. 62. <<

[88] Lynch, J., ob. cit., p. 75. <<

[89] Un inglés…, ob. cit., p. 65. <<

[90] Ferns, H. S., ob. cit., p. 236. <<

[91] Visiconte, M., «Las islas Malvinas y don Juan Manuel de Rosas, una oferta condicionada y una investigación» (separata), Buenos Aires, 1991. El autor transcribe parte de las cartas de Manuel Moreno que ha consultado en el Archivo General de la Nación. <<

[92] Ferns, H. S., ob. cit., p. 279. <<

[93] Lynch, J., ob. cit., p. 294. <<

[94] Saldías, A., Historia de la Confederación Argentina, Rozas y su época, Buenos Aires, Clío, 1975, t. 3, p. 319. <<

[95] Cárcano, R. J., De Caseros al 11 de Septiembre, Buenos Aires, Roldán, 1933, p. 41. <<

[96] Lynch, J., ob. cit., p. 196. <<

[97] Sarmiento, D. F., Facundo, civilización y barbarie, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1967, p. 240. <<

[98] Halperin Donghi, T., Proyecto y construcción de una nación (1846-1880), «Biblioteca del pensamiento argentino», Buenos Aires, Espasa Calpe/Ariel, 1995, p. 583. <<

[99] Ferns, H. S., ob. cit., p. 297. <<

[100] Ibídem, p. 304. <<

[101] Herken Krauer, J. C. y Jiménez de Herken, M. I., Gran Bretaña y la guerra de la Triple Alianza (Londres, diciembre de 1982), Asunción, Arte Nuevo, 1982, p. 89. <<

[102] Para analizar el desarrollo del ferrocarril, Ferns, H. S., ob. cit., pp. 335-337. <<

[103] Rodríguez Aguilar, M. I., Ángel Vicente Peñaloza, contribución al estudio de su vida, Tesis de Licenciatura, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1976, p. 131. <<

[104] Ibídem, p. 129. <<

[105] Ibídem, p. 150. <<

[106] Ibídem, p. 132. <<

[107] Ibídem, p. 130. <<

[108] Herken Krauer, J. C. y Jiménez de Herken, M. I., ob. cit., p. 95. <<

[109] Para ampliar la información sobre el impacto inmigratorio, Germani, G., Política y sociedad en una época de transición, Buenos Aires, Paidós, 1965. <<

[110] Una biografía de Pellegrini en Gallo, E., Los nombres del poder, Pellegrini, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1997. <<

[111] Rivera Astengo, A. (comp. y notas), Carlos Pellegrini, obras completas, Buenos Aires, Coni, 1941, t. IV, p. 32. <<

[112] Ibídem, pp. 33-34. <<

[113] Ibídem, p. 34. <<

[114] Gallo, E., ob. cit., p. 101. <<

[115] Rivera Astengo, A, ob. cit., p. 388. <<

[116] Gallo, E., ob. cit., p. 101. <<

[117] Rodríguez Aguilar, M. I. y Rufo, M. J., «Charles de Fouqueray, la plástica de las invasiones y los valores de la nacionalidad», en Historia de la ciudad, una revista de Buenos Aires, Año VII, n.º 33, pp. 77-82. <<

[118] Ibídem, p. 77. <<

[119] Ibídem, p. 79. <<

[120] Rivera Astengo, A., ob. cit. p. 33. <<

[121] Oliver, M. R., La vida cotidiana, Buenos Aires, Sudamericana, 1969, p. 88. La autora evoca las palabras que en dicha ocasión le dijo su padre. <<

[122] Cárdenas, E. y Payá, C, Emilio Becher (1882-1921). De una Argentina confiada hacia un país crítico, Buenos Aires, Peña y Lillo Editor, 1979, p. 171. <<

[123] Ibídem, p. 172. <<

[124] Ibídem, p. 175. <<

[125] Kelly, Sir David, El poder detrás del trono, Buenos Aires, Coyoacán, 1962, p. 13. <<

[126] Rock, D., El radicalismo argentino 1890-1930, Buenos Aires, Amorrortu, 1977, p. 152. <<

[127] Ibídem, p. 153. <<

[128] Ibídem, p. 319. <<

[129] Oliver, M. R., ob. cit, p. 100. <<

[130] Rock, D., ob. cit, p. 158. <<

[131] Ibídem, p. 159. <<

[132] Ibídem, p. 333. <<

[133] Caras y Caretas, número especial de agosto de 1925. <<

[134] Smith, P., Carne y política en Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1983, p. 115. <<

[135] La Razón, 17 de agosto de 1925. <<

[136] Smith, P., ob. cit, p. 123. <<

[137] Irazusta, J., Ensayos históricos, Eudeba, Buenos Aires, 1968, p. 12. <<

[138] Ibídem, p. 8. <<

[139] Irazusta, J., El pensamiento nacionalista I, de Alvear a Yrigoyen, Buenos Aires, Obligado Editora, 1975, p. 178. <<

[140] Ibídem, p. 75. <<

[141] Ibídem, p. 134. <<

[142] Ibídem, p. 117. <<

[143] Ibídem, p. 118. <<

[144] Ibídem, p. 116. <<

[145] Irazusta, J., Ensayos históricos, ob. cit., p. 12. <<

[146] Irazusta, J. e Irazusta, R., La Argentina y el imperialismo británico, los eslabones de una cadena, 1806-1933, Buenos Aires, Ediciones Argentinas Cóndor (Dist. Editorial Tor), 1934, p. 14. <<

[147] Ibídem, p. 95. <<

[148] Irazusta, J., Memorias, historia de un historiador a la fuerza, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1975, p. 206. <<

[149] Cattaruzza, A. y Eujanian, A., Políticas de la historia, Argentina 1860-1960, Buenos Aires/Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 152 y ss. Sigue siendo insoslayable la lectura de Halperin Donghi, T, El revisionismo histórico argentino como visión decadentista de la historia nacional, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, que reúne tres ensayos publicados anteriormente en revistas especializadas. <<

[150] García Molina, F. y Mayo, C, «Estados Unidos, Argentina, Gran Bretaña y el Tratado Roca-Runciman», Décimo Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina, Santa Rosa, 6 al 8 de mayo de 1999, Academia Nacional de la Historia, 1999. <<

[151] Ibídem, p. 2. <<

[152] Smith, P., ob. cit, p. 143. <<

[153] Irazusta, J. e Irazusta, R., ob. cit, p. 85. <<

[154] Smith, P., ob. cit, p. 164. <<

[155] Palacio, J. (Faruk), Crónica del humor político en Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1993, p. 67. <<

[156] Halperin Donghi, T, La República imposible, 1930-1945, Buenos Aires, Ariel, p. 514. <<

[157] Fernández Lalanne, P., Justo-Roca-Cárcano, el 30 y otras décadas, Buenos Aires, Sinopsis, 1996, p. 304. <<

[158] Ibídem, p. 311. <<

[159] Ibídem, p. 306. <<

[*] El error sobre la segunda fecha de las invasiones se reitera en toda la obra; no parece entonces un problema de tipografía. <<

[160] Irazusta, J. e Irazusta, R, ob. cit, pp. 25-26. <<

[*] Los signos de interrogación en el original. <<

[161] Ibídem, p. 29. <<

[162] Ibídem, p. 30. <<

[163] Ibídem, p. 29. <<

[164] Irazusta, J., Memorias…, p. 220. <<

[165] Ibídem, p. 221. Para un análisis profundo sobre la influencia de los Irazusta en el nacionalismo y el intento de construir una imagen alternativa de la historia argentina, Halperin Donghi, T., La Argentina y la tormenta del mundo, ideas e ideologías entre 1930 y 1945, Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, pp. 50-98. <<

[166] Halperin Donghi, T., La República imposible…, ob. cit, p. 520. <<

[167] Rapoport, M., Gran Bretaña, Estados Unidos y las clases dirigentes argentinas, 1940-1945, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1980, p. 289. <<

[168] Kelly, Sir David, ob. cit, p. 55. <<

[169] Ibídem, p. 69. <<

[170] Ibídem, p. 61. <<

[171] Ibídem, p. 30. <<

[172] Piñeiro, E., La tradición nacionalista ante el peronismo. Itinerario de una esperanza a una desilusión, Buenos Aires, AZ Editora, 1977, p. 155. <<

[173] Ibídem, p. 297. El aporte de la autora es valioso porque trabaja con documentación de archivo inédita. <<

[174] Palacio, E., Historia de la Argentina 1515-1835, Buenos Aires, Peña Lillo Editor, 1975, t. 1, prólogo, p. 13. <<

[175] Irazusta, J. e Irazusta, R., ob. cit., p. 156. <<

[176] Scalabrini Ortiz, R., Historia del primer empréstito argentino, Buenos Aires, FORJA, 1939. <<

[177] Revista de la Biblioteca Nacional, Buenos Aires, año 1, n.º 1, 1937, p. 178. <<

[178] Jauretche, A., El paso de los libres, Buenos Aires, Peña Lillo Editor, (1.º edición 1934), 2.º edición, 1960, prólogo de Jorge Abelardo Ramos. <<

[179] La Nación, 26 de abril de 1982. <<

[180] Véanse los argumentos de Manuel Moreno sintetizados en Palacios, A. L., Las islas Malvinas, archipiélago argentino, Buenos Aires, Claridad, 1934, p. 128. <<

[181] En la edición consultada de Irazusta, J., Vida política de Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, Trivium, 1970, t. 5, p. 61. <<

[182] Ambos hechos fueron consignados a través de documentos oficiales en Palacios, A. L., ob. cit, pp. 149 y 159. <<

[183] Un análisis profundo sobre la intervención de Alfredo L. Palacios en la causa Malvinas, en Guber, R., «Alfredo L. Palacios. Honor y dignidad en la nacionalización de la causa “Malvinas”», Revista de Ciencias Sociales N.º 10, Universidad Nacional de Quilmes, 1999. <<

[184] Romero, L. A. (coord.), La Argentina en la escuela, la idea de Nación en los textos escolares, Buenos Ares, Siglo XXI, 2004, pp. 53-75. <<

[185] La primera indicación de la falta de interés de la historiografía rosista sobre esta cuestión está presente en un libro anticipatorio: Clementi, H., Rosas en la historia nacional, Buenos Aires, La Pléyade, 1970, p. 60 y ss. y p. 271. La autora señala como una excepción el libro de Julio Irazusta anteriormente citado. <<

[186] Nuevamente la perspectiva más completa está en Irazusta, J., Influencia británica en el Río de la Plata, Buenos Aires, Eudeba, 1963, p. 38 y ss. <<

[187] En 1962, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas impulsó el estudio de la documentación existente sobre la cuestión Malvinas. Los historiadores Ricardo R. Caillet Bois, José Torre Revello y José Luis Romero apoyaron la idea. A la vez, la Academia Nacional de la Historia sostuvo también la importancia de la investigación. El autor del proyecto fue Muñoz Azpiri, J. L., Historia completa de las Malvinas, Buenos Aires, Oriente, 1966, 3 tomos. <<

[188] Muñoz Azpiri, J. L., ob. cit., t. 1, p. 544. <<

[189] Ibídem, p. 365. <<

[190] Ibídem, p. 7. <<

[191] Para ampliar el análisis de la «malvinización del nacionalismo», véase Guber, R., ¿Por qué Malvinas?, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001. <<

[192] Muñoz Azpiri, J. L., ob. cit., t. 1, p. 291 y ss. <<

[193] El Gráfico, 26 de julio de 1966, año 48, N.º 2442, p. 8. <<

[194] Ibídem, p. 10. <<

[195] Ibídem, p. 11. <<

[196] La Nación, 24 de julio de 1966, p. 14. El destacado es nuestro. <<

[197] El Gráfico, edición ya citada, p. 12. <<

[198] Las noticias de la prensa inglesa aparecen resumidas en el diario La Prensa, 30 de septiembre de 1966. <<

[199] Para profundizar el análisis: Novaro, M. y Palermo, V., «La guerra de Malvinas», en La dictadura militar, 1976/1983, del golpe de Estado a la restauración democrática, Buenos Aires, Paidós, 2003, cap. VI, pp. 411-459. <<

[200] Clarín, 3 de abril de 1982. <<

[201] Ibídem, «Panorama Internacional». <<

[202] Ibídem, p. 5. <<

[203] Sobre el fútbol y los ingleses, véase Palermo, V., «Lo que el fútbol ni la vida perdonan», Clarín, 12 de mayo de 2005, sección Opinión. <<