Los dos textos de Emmanuel Sieyes (1748-1836) que se recogen en este volumen hacen de él uno de los autores cuya lectura es imprescindible para comprender la Revolución francesa y los principios generados por ella. En el Ensayo sobre los privilegios, Sieyes expuso la crítica de la sociedad vertebrada por el privilegio, estableciendo uno de los fundamentos del Estado de derecho: la necesidad de un gobierno sometido a unas leyes que obliguen a todos por igual, incluso al rey. ¿Qué es el Tercer Estado? integra, en cambio, un proyecto de acción revolucionaria para transformar el gobierno antiguo, lo que algunos llaman Estado absoluto, sintetizando, en un momento de crisis, las aspiraciones del Tercer Estado respecto a su representación en la Asamblea.

Emmanuel Joseph Sieyes

¿Qué es el Tercer Estado? & Ensayo sobre los privilegios

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Titivillus 30.06.2019

Original title: Qu’est-ce que le Tiers-État? & Essai sur les privilèges

Emmanuel Joseph Sieyes, 1789

Translation: Marta Lorente Sariñena & Lidia Vázquez

Digital editor: Titivillus

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ENSAYO SOBRE LOS PRIVILEGIOS

SE ha dicho que privilegio es una dispensa para el que lo obtiene y un desaliento para los demás. Si ello es así, convengamos en que es una pobre invención ésta de los privilegios. Supongamos una sociedad perfectamente constituida y lo más dichosa posible. ¿No es cierto que para trastornarla por completo será suficiente dispensar a unos y desalentar a los demás?

Quisiera estudiar los privilegios en su origen, en su naturaleza y en sus efectos. Pero esa división, perfectamente metódica, me obligaría a volver con excesiva frecuencia sobre las mismas ideas. Me envolvería, por lo que se refiere al origen, en una discusión de hechos, en una querella interminable; porque ¿qué no encontraremos en los hechos si buscamos como debe buscarse? Prefiero suponer, si se quiere, el más puro origen a los privilegios. Sus partidarios, es decir, casi todos los que de ellos se aprovechan, no pueden exigir más.

Todos los privilegios, sin distinción, tienen ciertamente por objeto dispensar de la ley o conceder un derecho exclusivo a alguna cosa que no está prohibida por la ley. Lo que constituye el privilegio es el estar fuera del derecho común, del que no puede salirse más que de una u otra de esas dos maneras. Vamos, pues, a examinar, desde este doble punto de vista, todos los privilegios conjuntamente.

Preguntaremos primero cuál es el objeto de la ley. Este, sin duda, es el de impedir que sea vulnerada la libertad o la propiedad de cada uno de nosotros. Porque no se hacen leyes por el placer de hacerlas, y aquellas que tengan por objeto estorbar inoportunamente la libertad de los ciudadanos, serán contrarias al fin de cualquier sociedad y habrá que abolirlas rápidamente.

Hay una ley-madre, de la que todas las demás deben derivarse: No hagas nunca daño a tu prójimo. Esta es la gran ley natural que el legislador articula, en cierto modo (al detallada), en las diversas aplicaciones que formula para el buen orden de la sociedad; de ella emanan todas las leyes positivas. Las que pueden impedir que se cause perjuicio a los demás son buenas; las que no sirven a este fin, mediata ni inmediatamente, son necesariamente malas, porque perjudican a la libertad y son opuestas a las leyes verdaderamente buenas.

Una larga servidumbre de las conciencias ha introducido los más deplorables prejuicios. El pueblo cree, casi de buena fe, que no tiene derecho más que a lo que está expresamente permitido por la ley. Parece ignorar que la libertad es anterior a toda sociedad, a todo legislador, y que los hombres no se han asociado más que para poner sus derechos a cubierto de los atentados de los malos y para entregarse, al abrigo de esta seguridad, a un desarrollo más amplio, más enérgico y más fecundo en el goce de sus facultades morales y físicas. El legislador ha sido establecido no para conceder, sino para proteger nuestros derechos. Si a veces limita nuestra libertad, lo hace en virtud de aquellos de nuestros actos que resulten perjudiciales a la sociedad, y, por tanto, la libertad civil se extiende a todo aquello que la ley no prohíbe.

Con la ayuda de estos principios elementales podemos juzgar los privilegios. Los que tienen por objeto una dispensa de la ley no pueden sostenerse, porque toda ley, como ya hemos indicado, dice, directa o indirectamente: No hagas daño a tu prójimo, y ellos supondrían algo así como decir a los privilegiados: Se os permite hacer daño al prójimo. No hay poder al que le sea dado hacer tal concesión. Si la ley es buena, debe obligar a todo el mundo, y si es mala, es preciso destruirla, porque supone un atentado contra la libertad.

Igualmente, no se puede conceder a una persona el derecho exclusivo a alguna cosa que no esté prohibida por la ley, puesto que supondría tanto como arrebatar a los ciudadanos una porción de su libertad. Todo lo que no está prohibido por la ley —como ya hemos indicado— es del dominio de la libertad civil y pertenece a todo el mundo. Conceder a alguno un privilegio exclusivo sobre lo que pertenece a todo el mundo sería hacer daño a todos en beneficio de uno solo, lo que representa a la vez la idea de la injusticia y de la más absurda sinrazón.

Todos los privilegios son, pues, por su propia naturaleza, injustos, odiosos, y están en contradicción con el fin supremo de toda sociedad política.

Los privilegios honoríficos no pueden salvarse de la prescripción general, puesto que presentan uno de los caracteres que acabamos de destacar: el de conceder un derecho exclusivo a algo que no está prohibido por la ley; sin contar que, bajo el título hipócrita de privilegios honoríficos, no queda apenas derecho pecuniario que no se intente invadir. Pero como, incluso entre las gentes de sano espíritu, se encuentran bastantes partidarios de esta clase de privilegios, o al menos que piden gracia para ellos, conviene examinarlos con atención para ver si realmente son más excusables que los demás.

A mi juicio, los privilegios honoríficos tienen un vicio más, que me parece el peor de todos; consiste en que tienden a envilecer a la gran masa de ciudadanos y, ciertamente, no es pequeño el mal que se causa a los hombres al envilecerlos. No se concibe cómo se ha podido consentir en la humillación de veinticinco millones setecientos mil hombres, a fin de honrar, ridículamente, a trescientos mil. No hay en ello nada que esté de acuerdo con el interés general.

El título más favorable para la concesión de un privilegio honorífico suele ser el de haber prestado un gran servicio a la patria, es decir, a la nación, que no puede ser más que la generalidad de los ciudadanos. Pues bien: recompensad al miembro que haya honrado y servido al cuerpo social, pero no cometáis la absurda locura de rebajar el cuerpo con respecto al miembro. La masa de ciudadanos es siempre la cosa principal, la que debe ser servida; ¿deberá, por tanto, ser ella sacrificada al servidor, a quien no se premia más que por haberla servido?

Una contradicción tan chocante debería ya haberse hecho sentir en general. Lejos de esto, nuestro resultado parecerá, sin duda, nuevo o, al menos, muy extraño, y es que, a este respecto, existe entre nosotros una superstición inveterada que rechaza la razón y se ofende hasta de la duda. Algunos pueblos salvajes se complacen en ridículas deformidades, a las que rinden el homenaje debido a la belleza natural. En los pueblos hiperbóreos, es a las excrecencias políticas —mucho más perjudiciales, puesto que sacan y arruinan el cuerpo social— a las que se prodigan estúpidos homenajes. Pero la superstición pasa y el cuerpo que ella degradaba reaparece con toda su fuerza y su belleza natural.

Pero… ¿cómo? —se me dirá— ¿Es que usted no quiere reconocer los servicios prestados al Estado? Perdóneme, pero yo no creo que las recompensas del Estado puedan consistir en algo que sea injusto o envilecedor, porque no hay que recompensar a unos a expensas de otros. No confundamos en ningún caso dos cosas tan distintas entre sí como son los privilegios y las recompensas.

¿Se trata de servicios ordinarios? Para saldados tenemos los salarios ordinarios o las gratificaciones de la misma naturaleza. ¿Se trata de un servicio de importancia o de una acción brillante? Ofreced, en cambio, un avance rápido de grado o un empleo distinguido en armonía con los talentos que se han de recompensar. En fin, si es preciso, añádase el recurso de una pensión, pero en un número reducido de casos y solamente cuando, a causa de circunstancias tales como vejez, heridas, etcétera, no pueda existir ningún otro medio de recompensa suficiente.

Me diréis que no es bastante y que son necesarias otras distinciones aparentes a fin de asegurarse el respeto y la consideración generales. Y a eso yo respondo, con ayuda del buen sentido tan sólo, que la verdadera distinción está en el servicio prestado a la patria o a la humanidad y que la consideración pública y el respeto van siempre allí donde esta clase de méritos les llama.

Dejad, dejad al público dispensar libremente los testimonios de su estima. Cuando, desde vuestros puntos de vista filosóficos, consideréis esta estima como una moneda moral, potente por sus efectos, tendréis razón. Pero si pretendéis que el príncipe se arrogue la distribución, os extraviáis en vuestras ideas. Se trata de un bien del público, es su última propiedad, y la naturaleza, más filósofa que vosotros, liga el sentimiento de la consideración únicamente al reconocimiento del pueblo. Y es que ahí, únicamente reside la patria, ahí están las verdaderas necesidades, esas necesidades sagradas que los gobiernos descuidan, pero que serán eternamente el objeto adorado por la virtud y el genio. Dejad al premio natural fluir libremente del seno de la nación para saldar su deuda. No entorpezcáis ese sublime comercio entre los servicios prestados al pueblo por los grandes hombres y el tributo de consideración ofrecido a los grandes hombres por el pueblo. Es puro, es verdadero, es fecundo en felicidad y en virtudes en tanto que nace de relaciones naturales y libres. Pero si la corte se apodera de él, lo corrompe y lo pierde. La estima pública va a extraviarse en los canales emponzoñados de la intriga, el favor o la criminal complicidad. La virtud y el genio no son recompensados y, a su lado, un montón de insignias y condecoraciones, de un vario abigarramiento, ordenan imperiosamente el respeto y la consideración hacia la mediocridad, la bajeza y el vicio; en fin, los hombres ahogan al honor y las almas se degradan.

Pero yo quiero que vosotros, virtuosos, no confundáis nunca lo que es digno de recompensa con aquello que sería preciso castigar; al menos debemos convenir en que la distinción que hayáis acordado, si el que la disfruta cae en degeneración, no puede servir más que para hacer que se honre a un hombre bajo, quizá un enemigo de la patria. Así habréis enajenado a su favor, y para siempre, una parte de la consideración pública.

Por el contrario, la consideración que emana de los pueblos es naturalmente libre y queda retirada en el instante en que cesa de ser merecida.

Ahí está el único premio adecuado al alma de los ciudadanos virtuosos, el único apropiado para inspirar buenas acciones y no para irritar la sed de vanidad y orgullo, el único que puede buscarse y obtenerse sin maniobras y sin bajezas.

Dejad a los ciudadanos hacer los honores de sus sentimientos y entregarse de grado a esta expresión tan halagadora y alentadora que saben dar por inspiración y conoceréis entonces, en el libre concurso de todas las almas fuertes, en los múltiples esfuerzos para todos los géneros del bien, lo que debe producir, para el avance social, el gran resorte de la estima pública[1].

Pero vuestra pereza y vuestro orgullo se acomodan mejor dentro de los privilegios. Aspiráis menos a ser distinguidos por vuestros conciudadanos que a ser distinguidos de vuestros conciudadanos[2]. Si es así, no mereceréis ni lo uno ni lo otro y no puede ser de vosotros de quien se trate cuando haya que ocuparse de recompensas al mérito.

De estas consideraciones generales sobre los privilegios pasemos a sus efectos, sea en relación con el interés público o en relación con el interés de los mismos privilegiados.

En el momento en que el príncipe imprime a un ciudadano carácter de privilegiado, abre el alma de éste a un interés particular y la cierra, más o menos, a las inspiraciones del interés común. La idea de la patria se reduce para él, encerrándose en la casta que le ha adoptado. Todos sus esfuerzos anteriores, empleados con fruto en servicio de la causa nacional, van a volverse contra ella. Se quiso animarle y se le ha depravado.

Nace entonces en su alma un deseo de destacarse, un ansia insaciable de dominación. Este deseo, que por desgracia tiene analogía con la naturaleza humana, es una verdadera enfermedad antisocial; no hay nadie que no le haya sentido mil veces, y siempre es, por su esencia, antisocial, júzguese de sus estragos cuando la ley y la opinión vienen a prestarle su valioso apoyo.

Penetrad un momento en los nuevos sentimientos de un privilegiado. Él se considera, con sus colegas, como formando un orden aparte, una nación escogida por la nación. Piensa que se debe, ante todo, a los de su casta, y si continúa ocupándose de los otros, éstos no son ya, en efecto, más que los otros, es decir, ya no son los suyos. Ya no es el país un cuerpo del que él era miembro, sino el pueblo, ese pueblo que muy pronto en su lenguaje y en su corazón no será más que un conjunto de gentes de poca importancia, una clase de hombres creada expresamente para servir, mientras que él fue hecho para mandar y disfrutar.

Sí, los privilegiados acaban realmente por considerarse como hombres de otra especie[3]. Esta opinión, en apariencia tan exagerada y que no parece compaginarse con la noción del privilegio, llega a ser insensiblemente algo así como su consecuencia natural y acaba por establecerse en todas las conciencias. Yo pregunto a cualquier privilegiado franco y leal, como sin duda los hay: cuando él ve cerca de sí a un hombre del pueblo, que no ha venido para hacerse proteger, ¿no experimenta frecuentemente un sentimiento involuntario de repulsión, dispuesto a dejarse traslucir bajo el más ligero pretexto, mediante una palabra dura o un gesto despectivo?

El falso sentimiento de la superioridad personal está tan arraigado entre los privilegiados, que querrían extenderlo a todas sus relaciones con el resto de los ciudadanos. Ellos no han sido hechos para ser confundidos, para estar al lado de nadie, para mezclarse, etcétera. Es fracasar esencialmente el hecho de disputar, el parecer como equivocados cuando se han equivocado realmente, es comprometerse incluso el tener razón, etcétera, etcétera.

Pero es preciso ver, sobre todo, en las campiñas alejadas, en los viejos castillos, cómo este sentimiento se alimenta y se infla en el seno de una orgullosa ociosidad. ¡Allí es donde se respeta y se aprecia todo lo que vale un hombre importante y se ve cómo éste desprecia a los otros a sus anchas! Es allí donde se halaga y se idolatra de buena fe su alta dignidad, y aunque todo el esfuerzo de una tal superstición no puede dar, a un tan ridículo error, el menor grado de realidad, no importa; el privilegiado cree en ella con tanto amor, con tanta convicción como el loco del Pireo creía en su quimera.

La vanidad, que de ordinario es individual y gusta de aislarse, se transforma allí, prontamente, en un espíritu de cuerpo indomable.

Si un privilegiado tropieza con la menor dificultad por parte de la clase que desprecia, se irrita, se siente herido en sus prerrogativas, cree ser atacado en sus bienes, en su propiedad y muy pronto él excita, inflama a todos sus coprivilegiados y forma una confederación terrible presta a sacrificarlo todo para mantener, y después para aumentar, su odiosa prerrogativa.

Es así como el orden político se trastorna y no deja ver más que un detestable espíritu aristocrático.

Sin embargo —se me dirá—, en sociedad se es cortés lo mismo con los no privilegiados que con los otros. No he sido yo quien ha hecho notar primero el carácter de la cortesía francesa. El privilegiado francés no es cortés porque él deba ser así con los demás, sino porque cree debérselo a sí mismo. No son los derechos de los demás lo que respeta, sino su propia dignidad. No quiere, por sus modales, ser confundido con lo que él llama mauvaise compagnie y teme que el objeto de su cortesía pueda tomarle por un no privilegiado como él.

Guardémonos de dejarnos seducir por esas apariencias gesticulantes y engañadoras; tengamos suficiente buen sentido para no ver en ellas más que lo que hay: un orgulloso atributo de estos mismos privilegiados a los que detestamos.

Para explicamos este deseo tan vivo de adquirir los privilegios se pensará quizá que, al menos, al precio de la felicidad pública, se ha compuesto, en favor de los privilegiados, un género de felicidad particular, por el encanto embriagador de esta superioridad de la que un pequeño número goza, a la cual un gran número aspira y de la que los otros se ven precisados a vengarse mediante los recursos de la envidia o del odio.

¿Se olvidará que la naturaleza jamás impone leyes impotentes o vanas y que ha decretado no distribuir la dicha a los hombres si no es por igual? ¿Se ignorará, pues, que es un pérfido cambalache el ofrecer a la vanidad lo que contraría a esa multitud de sentimientos naturales que integran la felicidad real?

Escuchemos, sobre este punto, nuestra propia experiencia[4], abramos los ojos ante la de todos los grandes privilegiados y de todos los grandes mandatarios, a los que su estado coloca en situación de gozar, en las provincias, de todos los pretendidos encantos de la superioridad. Todo lo consigue para ellos esta superioridad; sin embargo, se encuentran solos, el fastidio fatiga su alma, vengando así los derechos de la naturaleza. Ved el ardor impaciente con que vuelven a la capital en busca de sus iguales y cuán insensato es sembrar continuamente en el terreno de la vanidad, puesto que no se puede recoger más que la zarza del orgullo y la adormidera del tedio.

No confundamos, en ningún caso, la superioridad absurda y quimérica, obra de los privilegios, con la superioridad legal entre los gobernantes y los gobernados. Esta es real y necesaria. No enorgullece a los unos ni humilla a los otros; es una superioridad de funciones y no de personas. Pero si aun esta superioridad no puede compensar de las dulzuras de la igualdad, ¿qué hemos de pensar de la quimera de que se alimentan los simples privilegiados?

¡Ah, si los hombres quisieran conocer sus intereses, si supieran hacer algo por su propia felicidad!… Si consintiesen en abrir, por fin, los ojos a la cruel imprudencia que les ha hecho desdeñar, durante tan largo tiempo, los derechos de los ciudadanos libres por los vanos privilegios de la servidumbre… ¡cómo se precipitarían a abjurar de las numerosas vanidades en las cuales han sido educados desde la infancia!, ¡cómo desconfiarían de un orden de cosas que se empareja tan bien con el despotismo! Los derechos de los ciudadanos lo son todo; los privilegios lo dañan todo y no resarcen de nada.

Hasta el presente he confundido todos los privilegios, los que son hereditarios con los que uno obtiene por sí mismo; no es que sean todos igualmente nocivos, igualmente peligrosos en el estado social. Si en el orden de lo malo y de lo absurdo hay clases, indudablemente los privilegios hereditarios deben ocupar la primera y no me daré por vencido hasta probar una verdad tan palpable. Hacer de un privilegio una propiedad transmisible es querer arrojar de sí hasta los menores pretextos para justificar la concesión de tales privilegios; es trastocar todo principio, toda razón.

Otras observaciones pondrán, aún más claramente, de manifiesto los funestos efectos de los privilegios. Fijémonos, además, en otra verdad general, y es que una falsa idea no tiene necesidad de ser fecundada por el interés personal y sostenida por el ejemplo de algunos siglos para corromper, al fin, todo el entendimiento. Insensiblemente, y de prejuicio en prejuicio, se llega a formar un cuerpo de doctrina, que presenta el extremo de la sinrazón y lo que ésta tiene de más nauseabundo, sin llegar nunca a quebrantar la larga y supersticiosa credulidad de los pueblos.

Así vemos elevarse bajo nuestros ojos, y sin que la nación piense siquiera en reclamar, numerosos enjambres de privilegiados, en una religiosa persuasión de que ellos tienen una especie de derechos adquiridos, por el solo nacimiento, a los honores, y por su simple existencia a una parte del tributo de los pueblos.

No era bastante, en efecto, que los privilegiados se mirasen a sí mismos como otra especie de hombres, sino que han llegado a considerarse modestamente, ellos y su descendencia, como una necesidad de los pueblos, no como funcionarios de la cosa pública; a este título se parecerían a la generalidad de los mandatarios públicos, cualquiera que fuese la clase de que hubieran sido extraídos. Se consideran como formando parte de un cuerpo privilegiado, que creen necesario en toda sociedad que viva bajo un régimen monárquico. Si hablan a los jefes del gobierno o al monarca mismo, se presentan como el apoyo del trono y sus defensores naturales contra el pueblo; si, por el contrario, hablan a la nación, aparecen como los verdaderos defensores de un pueblo que sin ellos sería pronto aplastado por el despotismo.

Con un poco más de discernimiento, el gobierno vería que en una sociedad no son precisos más que los ciudadanos que viven y obran bajo la protección de la ley y una autoridad encargada de velar y de proteger. La única jerarquía necesaria, ya lo hemos dicho, se establece entre los agentes de la soberanía; es ahí donde es precisa una graduación de poderes, donde se encuentran las verdaderas relaciones de inferior a superior, porque la máquina pública no puede moverse más que mediante esta correspondencia. Fuera de ella no hay más que ciudadanos iguales ante la ley, todos dependientes, no los unos de los otros, porque ello supondría una servidumbre inútil, sino de la autoridad que les protege, que les juzga, que les prohíbe, etcétera, etcétera. El que disfruta de extensas posesiones no por eso es más que el que vive de un jornal. Si el rico paga más contribución, es que por tener más propiedad reclama más protección. Pero ¿será menos precioso el ochavo del pobre y menos respetable su derecho? En cuanto a su seguridad, ¿no debe reposar bajo una protección al menos igual a la del rico?

Confundiendo estas nociones tan sencillas, los privilegiados hablan sin cesar de la necesidad de una subordinación. El espíritu militar quiere juzgar de las relaciones civiles y sólo ve la nación como un gigantesco cuartel. En un folleto reciente se ha osado establecer una comparación entre los soldados y los oficiales, de una parte, y entre los privilegiados y los no privilegiados, de otra. Si consultamos al espíritu monacal —que tiene tantos puntos de contacto con el espíritu militar—, contestará que no habrá orden en una nación hasta que esté sometida a los reglamentos mediante los cuales gobierna a sus numerosas víctimas. El espíritu monacal conserva entre nosotros, bajo un nombre envilecido, mucho más favor del que se suele pensar.

Todas estas opiniones no pueden pertenecer más que a gentes que no conocen nada de las verdaderas relaciones que ligan a los hombres en el estado social. Un ciudadano, quienquiera que sea, que no es mandatario de la autoridad, no ha de hacer otra cosa que ocuparse en mejorar su suerte, gozar de sus derechos sin herir los derechos de los otros, es decir, sin faltar a la ley. Todas las relaciones de ciudadano a ciudadano son relaciones libres. Uno da su tiempo o su mercancía, otro entrega, a cambio, su dinero; en ningún caso hay subordinación, sino un cambio continuo[5]… Si en vuestra estrecha política destacáis un cuerpo de ciudadanos para situarlo entre el gobierno y los pueblos, ese cuerpo o bien compartirá las funciones del gobierno, y entonces no será la clase privilegiada de la que hablamos, o no las compartirá, y en ese caso quiero que se me explique qué es lo que puede ser este cuerpo intermedio, sino una masa extraña, perjudicial, ya sea por interceptar las relaciones directas entre gobernantes y gobernados, ya sea presionando los resortes de la máquina pública, ya sea, en fin, llegando a convertirse, por todo lo que la distingue del gran cuerpo de ciudadanos, en una carga más para la comunidad.

Cada una de las clases de ciudadanos tiene sus funciones, su particular género de trabajo, cuyo conjunto forma el movimiento general de la sociedad. Si hay una que pretenda sustraerse a esta ley general, se ve claramente que no se contenta con ser inútil, sino que es necesariamente preciso que resulte una carga para los demás.

Los dos grandes móviles de la sociedad son el dinero y el honor, y es la necesidad que se tiene de uno y otro lo que sostiene a la sociedad. Estos móviles o necesidades no deben dejarse sentir el uno sin el otro en una nación donde se conoce el premio a las buenas costumbres. El deseo de merecer la estimación pública, y cada profesión tiene el suyo, es un freno necesario a la pasión de riquezas. Es preciso ver cómo estos dos sentimientos deben modificarse entre la clase privilegiada.

Por lo que toca al honor, éste les está asegurado, es un patrimonio cierto, seguro. Que para los otros ciudadanos el honor sea el premio a su conducta, a los privilegiados les trae sin cuidado, puesto que a ellos les basta con nacer. No sentirán, por tanto, la necesidad de adquirido y pueden renunciar de antemano a todo lo que tienda a merecerlo.

En cuanto al dinero, los privilegiados, ciertamente, sienten una viva necesidad de él. Están incluso más dispuestos a entregarse a esta ardiente pasión, porque el prejuicio de su superioridad les excita sin cesar a forzar sus gastos y porque, al entregarse a ella, no temen, como los otros, la pérdida de todo su honor, de toda su consideración.

Pero, por una extraña contradicción, al mismo tiempo que el prejuicio de clase empuja continuamente al privilegiado a maltratar su fortuna, le veda imperiosamente todos los caminos honestos para llegar a repararla.

¿Qué medio le queda, pues, al privilegiado para satisfacer este amor al dinero, que debe dominarle más que a los demás? La intriga y la mendicidad. Estas dos ocupaciones se convertirán en la industria particular de esta clase de ciudadanos. Entregándose a ella exclusivamente, en ella despuntan, y, dondequiera que estos dos talentos puedan ejercerse con fruto, los privilegiados se establecerán, descartando toda concurrencia por parte de los no privilegiados.

Ellos llenarán la corte, asediarán a los ministros, acapararán todas las prebendas, todas las pensiones, todos los beneficios. La intriga arroja una mirada universal sobre la Iglesia, la justicia y el ejército, y percibe una renta considerable, o un poder que conduce a ella, ligado a una multitud innumerable de empleos, y pronto termina por considerar estos empleos como puestos de dinero establecidos no para llenar las funciones que exijan talentos, sino para asegurar una situación conveniente a las familias privilegiadas.

No estarán tranquilos a pesar de su profunda habilidad en el arte de la intriga, y, como si temieran que la sola consideración del bien público viniese en algunos momentos a seducir el ministerio, sacarán provecho de la ineptitud o la traición de algunos administradores, y harán, en fin, consagrar su monopolio con ordenanzas apropiadas o mediante un régimen de administración equivalente a una ley exclusiva.

Es así como se consagra el Estado a los principios más destructores de toda economía pública. Ya puede ésta prescribir que prefiere para todo a los servidores más hábiles y menos onerosos; sin embargo, el monopolio obliga a escoger, necesariamente, los más caros y los menos aptos, puesto que tiene por efecto conocido el detener el impulso de los que habrían podido mostrar sus talentos en una concurrencia libre.

La mendicidad privilegiada presenta menos inconvenientes para la cosa pública. Es como una rama ávida que seca a las demás, pero, al menos, no pretende reemplazar a das ramas útiles. Consiste, como toda mendicidad, en tender la mano, esforzándose en excitar la compasión y en recibir gratuitamente; sin embargo, esta postura es menos humillante que la de los otros mendigos, pues parece dictar un deber más bien que implorar un socorro. Por lo demás, ha bastado para la opinión que la intriga y la mendicidad de que se trata aquí, estuviesen especialmente afectas a la clase privilegiada para que se convirtiesen en honorables; todos y cada uno pueden vanagloriarse de sus éxitos en este aspecto; inspiran envidia, emulación, jamás desprecio.

Esta clase de mendicidad se ejerce especialmente en la corte, donde los hombres más poderosos y opulentos sacan el mayor provecho.

De ahí que este ejemplo fecundo reanime hasta en las más apartadas provincias la pretensión de vivir en la ociosidad a expensas de la cosa pública.

No basta ya con que la clase de los privilegiados sea ya, sin ninguna especie de comparación, la más rica del reino, ni que todas las tierras y las grandes fortunas pertenezcan a los miembros de ella; la afición al despilfarro y el placer de arruinarse son superiores a toda riqueza.

Cuando se oye la palabra pobre unida a la de privilegiado se levanta una oleada de indignación. Un privilegiado que no está en condiciones de sostener su nombre y su dignidad es ciertamente una vergüenza para la patria; es preciso precipitarse a remediar este desorden público, y aunque no se llegue a imponer para ello un recargo en los tributos, es indudable que cualquier gasto público no puede tener otro origen.

No en vano la administración está compuesta de privilegiados. Ella vela con una ternura paternal sobre los intereses de éstos. Ahí están esos establecimientos suntuosos, alabados, según se cree, en toda Europa y que se destinan a la educación de los privilegiados pobres de uno y otro sexo. Inútilmente el azar se mostraba más sensato que vuestras instituciones y pretendía hacer entrar a los necesitados en la ley común de trabajar para vivir. Nadie ve en este retorno al buen orden otra cosa que un crimen del destino, y los profesores de esas instituciones se guardan muy bien de inculcar a sus alumnos el hábito de una profesión corriente, capaz de mantener al que la ejerza. Por el contrario, se llega hasta inspirarles una especie de orgullo, por haberse encontrado desde edad temprana a cargo del erario público, como si fuese más honorable recibir la caridad que poder pasarse sin ella.

Se les recompensa con socorros en dinero, con pensiones y condecoraciones el haber tenido a bien consentir en recibir esta primera prueba de la ternura pública.

Apenas salidos de la infancia, los jóvenes privilegiados disfrutan de una situación y de unos honorarios; ¡Y aún hay quien se atreve a compadecer su mendicidad! Fijaos, entretanto, en los no privilegiados de la misma edad, destinados a las profesiones para las que son necesarios el talento y el estudio, y ved que, aunque amarrados a estas penosas ocupaciones, cuestan todavía a sus padres un gran sacrificio económico antes de ser admitidos a jugar la suerte incierta de sacar de sus largos trabajos lo necesario para vivir.

Todas las puertas Se abren a las solicitudes de los privilegiados. Les basta con presentarse para que todo el mundo se honre en interesarse en sus ascensos. La gente se ocupa con ardor de sus asuntos y de su fortuna. El Estado mismo, la cosa pública, Se ve forzada más de una vez a tomar parte en arreglos de familia, negociar matrimonios, prestarse a compras, etcétera, etcétera.

Los privilegiados menos favorecidos encuentran por todas partes abundantes recursos. Multitud de capítulos para uno y otro sexo; órdenes militares sin objeto, o cuyo objeto es injusto y peligroso, les ofrecen prebendas, mandos, pensiones y, en todo caso, condecoraciones. Y como si no fueran bastantes las faltas de nuestros padres en este sentido, desde hace algún tiempo nos ocupamos con ardor en aumentar el número de estos brillantes saldos de inutilidad[6].

Sería un error creer que la mendicidad privilegiada desdeña las ocasiones nimias o los pequeños socorros. Los fondos destinados a las limosnas del rey son absorbidos en gran parte por ella, y para que un privilegiado se declare pobre no se aguarda a que su naturaleza padezca, sino que basta con que sufra su vanidad. Así, la verdadera indigencia de cualquier clase de ciudadanos se ve sacrificada a las exigencias del orgullo de los privilegiados[7].

Los países de Estado[8] se ocupan desde hace mucho tiempo de las pensiones que es preciso dar a la clase privilegiada pobre. Las administraciones provinciales siguen ya estas nobles huellas y los tres estamentos en común, puesto que están compuestos solamente por privilegiados, escuchan con respetuosa aprobación todas las opiniones que puedan tender al alivio de la clase privilegiada pobre. Los intendentes se han procurado fondos particulares para este objeto, y un medio seguro de conseguir éxitos es tomarse un vivo interés por la suerte de dicha clase; en fin, si en los libros, en la cátedra, en los discursos académicos, en la conversación y por doquier queréis interesar a todos, no hay más que un medio: hablad y ocuparos de la clase privilegiada pobre. Ante esta inclinación general de las conciencias, y teniendo en cuenta los innumerables medios de que la superstición, para la que nada es imposible, se ha valido para socorrer a los privilegiados pobres, no puedo explicarme[9] por qué no se ha establecido aún en las puertas de las iglesias un cepillo especial destinado a ellos[10].

Es preciso citar también aquí una clase de tráfico, fuente de riqueza inagotable para los privilegiados. Está fundado, de una parte, sobre la superstición de los nombres y, de otra, en la avidez de dinero. Me refiero a lo que se ha dado en llamar mésalliances[11], sin que dicho término haya logrado desaminar a los estúpidos ciudadanos que tan caro pagan el hacerse insultar. Tan pronto como, a fuerza de trabajo o de ingenio, alguien de la clase común ha conseguido levantar una fortuna digna de envidia; tan pronto como los agentes del fisco, por medios más fáciles, han logrado amontonar tesoros, todas estas riquezas son aspiradas por los privilegiados. Parece como si nuestra desgraciada nación estuviese condenada a trabajar y a empobrecerse sin cesar por la clase privilegiada.

Inútilmente la agricultura, la industria, el comercio y todas las artes reclaman para sostenerse, para engrandecerse, para la prosperidad pública, una parte de los capitales inmensos que han contribuido a formar; los privilegiados devoran capitales y hombres; todo está destinado, sin retorno posible, a la esterilidad privilegiada[12].

El tema de los privilegios es inagotable, como los prejuicios que conspiran para sostenerlos. Pero dejemos este tema y ahorremos las reflexiones que inspira. Llegará un día en que nuestros descendientes, indignados, queden estupefactos ante la lectura de nuestra historia y den a esta inconcebible demencia el nombre que merece. Hemos visto en nuestra juventud cómo algunos escritores se distinguían atacando valerosamente opiniones de gran fuerza, pero perniciosas para la humanidad. Hoy se contentan con repetir en sus conversaciones y en sus escritos razonamientos anticuados contra prejuicios que no existen ya. Éste de los privilegios es quizá el más peligroso de los que han aparecido sobre la tierra, el más íntimamente ligado con la organización social, el que más profundamente la corrompe y en el que hay más intereses ocupados en defenderle. He aquí bastantes motivos para excitar el celo de los verdaderos patriotas y para enfriar el de las gentes de letras.

¿QUÉ ES EL TERCER ESTADO?

En tanto que el filósofo no sobrepase los límites de la verdad, no le acuséis de ir demasiado lejos. Su función es marcar el fin, y es necesario que hasta él llegue. Si, quedándose a mitad del camino, se atreviera a levantar su enseña, esta podría parecer engañosa. El deber del administrador, por el contrario es graduar su marcha según la naturaleza de las dificultades… Si el filósofo no está en la meta, no sabe dónde está; si el administrador no ve la meta, no sabe adónde va.

E. J. Sieyes

EL plan de este escrito es ciertamente sencillo. Debemos responder a tres preguntas:

¿Qué es el Tercer Estado? TODO.

¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? NADA.

¿Cuáles son sus exigencias? LLEGAR A SER ALGO.

Veamos si las respuestas son acertadas. Sería de todo punto erróneo que se tachara de exageración a tesis que aún no han sido debidamente probadas. Examinaremos a continuación los medios que se han empleado y aquellos otros que será preciso adoptar, a fin de que el Tercer Estado llegue efectivamente a ser algo. En este sentido diremos:

1º Lo que los ministros han intentado y lo que los propios privilegiados proponen en su favor.

2º Lo que hubiera debido hacerse.

3º Lo que resta por hacer al Tercer Estado para ocupar el puesto que le corresponde.

CAPÍTULO I

EL TERCER ESTADO ES UNA NACIÓN COMPLETA

¿QUÉ es necesario para que una nación subsista y prospere? Trabajos particulares y funciones públicas.

Todos los trabajos particulares pueden reducirse a cuatro clases: 1. Como la tierra y el agua suministran la materia prima de las necesidades del hombre, la primera clase en el orden de las ideas será la de todas las familias aplicadas a los trabajos del campo. 2. Desde la primera venta de las materias hasta llegar a su consumo o uso, una nueva mano de obra, más o menos multiplicada, añade a estas materias un segundo valor más o menos compuesto. La industria humana alcanza así a perfeccionar los beneficios de la naturaleza, y el producto bruto a doblar, decuplicar, centuplicar su valor. Tales son los trabajos de la segunda clase. 3. Entre la producción y el consumo, así como entre los diferentes grados de la producción, se establece una multitud de agentes intermediarios, útiles tanto a los productores como a los consumidores; son los comerciantes y los negociantes. Los negociantes, que comparan sin cesar las necesidades de los lugares y de los tiempos, especulan sobre el provecho de la guarda y del transporte; los comerciantes se encargan en último término del despacho, sea al por mayor, sea al por menor. Este género de utilidad designa a la tercera clase. 4. Además de esas tres clases de ciudadanos laboriosos y útiles que se ocupan del objeto propio del consumo y del uso, se necesitan todavía en una sociedad multitud de trabajos particulares y de cuidados directamente útiles o agradables a la persona. Esta cuarta clase abarca desde las profesiones científicas y liberales más distinguidas hasta los servicios domésticos menos estimados. Tales son las obras que sostienen a la sociedad[13]. ¿Sobre quién recaen? Sobre el Tercer Estado.

Las funciones públicas pueden todas ellas, en el estado actual, agruparse bajo las cuatro denominaciones conocidas: la Espada, la Toga, la Iglesia y la Administración. Sería superfluo recorrerlas en detalle para hacer ver que el Tercer Estado integra los diecinueve vigésimos de ellas, con la diferencia de que está encargado de todo lo que en ellas hay de verdaderamente penoso, de todas las atenciones que el orden privilegiado rehúsa cumplir. Solo las plazas lucrativas y honoríficas están ocupadas por miembros del orden privilegiado. ¿Lo reputaremos como un mérito suyo? Para eso sería menester, o que el Tercero se negara a ocupar esas plazas, o que tuviera menores aptitudes para ejercer las funciones. Se sabe cómo son las cosas. Y, sin embargo, se ha osado poner en entredicho al Tercer Estado. Se le dice: «Cualesquiera que sean tus servicios, cualesquiera que sean tus talentos, llegarás hasta ahí; no pasarás más allá. No es bueno que se te honre». Algunas raras excepciones, sentidas como deben serlo, constituyen tan solo una irrisión, y el lenguaje que se sabe emplear en esas ocasiones es un insulto más. Si esta exclusión es un crimen social para con el Tercer Estado, ¿podrá acaso decirse al menos que sea útil a la cosa pública? ¿No se conocen acaso los efectos del monopolio? Si desanima a los que separa, ¿no es sabido que hace inhábiles a los que favorece? ¿No es sabido que toda obra de la que se aleja la libre concurrencia será peor hecha y a más costo?

¿Se ha parado mientes en que, afectando una función cualquiera a un grupo separado de ciudadanos, no hay que retribuir tan solo al hombre que trabaja, sino también a todos los de la misma casta que no son empleados, y a las familias enteras tanto de los que son empleados como de los que no lo son? ¿Se ha parado mientes en que este orden de cosas, bajamente respetado entre nosotros, nos parece despreciable y vergonzoso en la historia del antiguo Egipto y en las relaciones de viajes a las Grandes Indias[14]?… Pero dejemos consideraciones que, agrandando la cuestión, y tal vez aclarándola, harían, sin embargo, más lenta nuestra marcha[15].

Basta aquí con haber hecho sentir que la pretendida utilidad de un orden privilegiado para el servicio público no es más que una quimera; que sin él, todo lo que hay de penoso en ese servicio es desempeñado por el Tercero; que sin él, las plazas superiores serían infinitamente mejor desempeñadas; que deberían ser naturalmente el lote y la recompensa de los talentos y de los servicios reconocidos; y que si los privilegiados han llegado a usurpar todos los puestos lucrativos y honoríficos, es al mismo tiempo una iniquidad odiosa para la generalidad de los ciudadanos y una traición para la cosa pública. ¿Quién osaría, pues, decir que el Tercer Estado no tiene en sí todo lo necesario para formar una nación completa? Es el hombre fuerte y robusto, uno de cuyos brazos está todavía encadenado. Si se suprimiera el orden privilegiado, la nación no sería menos en nada, sino algo más. Así, ¿qué es el Tercero? Todo, pero un todo trabado y oprimido. ¿Qué sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede marchar sin él, y todo iría infinitamente mejor sin los otros. No basta haber mostrado que los privilegiados, lejos de ser útiles a la nación, no pueden sino debilitarla y dañarla; hay que probar ahora que el orden noble[16] no entra en la organización social; que podrá ser una carga para la nación, pero que no forma parte de ella.

Ante todo, no es posible encontrar donde situar la casta[17] de los nobles en el número de las partes elementales de una nación. Sé que hay individuos, demasiado abundantes, a quienes las dolencias, la incapacidad, una pereza incurable, o el torrente de las malas costumbres, hacen extraños a los trabajos de la sociedad. La excepción y el abuso están en todas partes al lado de la regla, y sobre todo en un vasto imperio. Pero se convendrá al menos en que, cuantos menos abusos de esos haya, mejor pasa el Estado por ser ordenado. El peor ordenado de todos será aquel donde no solamente particulares aislados, sino una clase entera de ciudadanos pongan su gloria en permanecer inmóviles en medio del movimiento general y consuman la mejor para del producto sin haber aportado nada para hacerlo nacer. Una tal clase es seguramente extraña a la nación por su holgazanería.

El orden noble no es menos extraño entre nosotros, por sus prerrogativas civiles y públicas.

¿Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por la misma legislatura[18]. ¿No es muy cierto que el orden noble tiene privilegios, dispensas, aun derechos separados de los derechos del gran cuerpo de los ciudadanos? Sale por eso del orden común, de la ley común. Así, sus derechos civiles hacen de él ya un pueblo aparte en la gran nación. Es realmente imperium in imperio.

Respecto de sus derechos políticos, también los ejerce aparte. Tiene sus representantes propios, que para nada se han encargado de la procuración de los pueblos. El cuerpo de sus diputados se reúne aparte; y aun cuando se reuniera en una misma sala con los diputados de los simples ciudadanos, no sería menos cierto que su representación es esencialmente distinta y separada: es extraño a la nación por su principio, puesto que su misión no viene del pueblo, y por su objeto, puesto que consiste en defender no el interés general, sino el interés particular.

El Tercero abraza, pues, todo lo que pertenece a la nación; y todo lo que no es el Tercero no puede ser mirado como de la nación. ¿Qué es el Tercero? Todo[19].

CAPÍTULO II

¿QUÉ HA SIDO HASTA AHORA EL TERCER ESTADO? NADA

NO examinaremos el estado de servidumbre en que ha gemido el pueblo durante tanto tiempo, así como tampoco el de coacción y de humillación en que se lo mantiene todavía. Su condición civil ha cambiado; debe cambiar todavía: es por completo imposible que la nación en cuerpo o incluso algún orden en particular llegue a ser libre, si no lo es el Tercer Estado. No se es libre por privilegios, sino por los derechos que pertenecen a todos.

Si los aristócratas intentan, incluso al precio de esta libertad de que se mostrarían indignos, mantener al pueblo en la opresión, él se atreverá a preguntar a qué título. Si se responde que, a título de conquista, hay que convenir en que eso sería querer remontar un poco lejos. Pero el Tercero no debe temer a remontar hacia tiempos pasados. Se remitirá al año que precedió a la conquista; y puesto que hoy es lo bastante fuerte para no dejarse conquistar, su resistencia será más eficaz, sin duda. ¿Por qué no había de restituir a los bosques de Franconia a todas esas familias que conservan la loca pretensión de ser descendientes de la raza de los conquistadores y herederas de sus derechos?

La nación, depurada entonces, podrá consolarse, pienso yo, de verse reducida a no creerse ya compuesta sino de los descendientes de los galos y de los romanos. En verdad, si se trata de distinguir nacimiento de nacimiento, ¿no podrían revelar a nuestros pobres conciudadanos que aquel que procede de los galos y de los romanos vale al menos tanto como el que procediera de los sicambros, de los vándalos y otros salvajes salidos de los bosques y de las dunas de la antigua Germania[20]? Sí, se dirá; pero la conquista ha desordenado todas las relaciones, y la nobleza de nacimiento ha pasado al lado de los conquistadores. Pues bueno: habrá que hacerle que vuelva al otro lado; el Tercero se hará noble al hacerse a su vez conquistador.

Si en el orden privilegiado, siempre enemigo del Tercero, no se ve sino lo que en él puede verse: los hijos de ese mismo Tercer Estado, ¿qué decir del parricidio audaz con que odian, desprecian y oprimen a sus hermanos?

Sigamos nuestro tema. Hay que entender por el Tercer Estado el conjunto de los ciudadanos que pertenecen al orden común. Todo lo que es privilegiado por la ley, de cualquier manera que sea, sale del orden común, constituye una excepción a la ley común y, por consiguiente, no pertenece al Tercer Estado. Ya lo hemos dicho: una ley común y una representación común es lo que hace una nación. No es sino demasiado cierto que no se es nada en Francia cuando no se tiene para sí más que la protección de la ley común; si no se puede invocar ningún privilegio hay que resolverse a soportar el desprecio, la injuria y vejaciones de toda especie. Para evitar ser aplastado por completo no le queda al desdichado no privilegiado otro recurso que agregarse mediante toda clase de bajezas a un grande; a este solo precio compra la facultad de poder, llegado el momento, invocar a alguien.

Pero vamos a considerar aquí el orden del Tercer Estado menos en su estado civil que en sus relaciones con la Constitución. Veamos lo que él es en los Estados Generales.

¿Quiénes han sido sus pretendidos representantes? Ennoblecidos o privilegiados a plazo. Y ni siquiera esos falsos diputados han sido obra de la libre elección de los pueblos. Algunas veces en los Estados Generales, y casi generalmente en los Estados provinciales, la representación del pueblo es considerada como un derecho de ciertos cargos u oficios.

La antigua nobleza no puede soportar a los nuevos nobles; no les permite reunirse con ella en sesión sino cuando pueden probar, según se dice, cuatro generaciones y cien años. Así, los rechaza al orden del Tercer Estado, al que con toda evidencia han dejado de pertenecer. Sin embargo, a los ojos de la ley todos los nobles son iguales, tanto el de ayer como el que consigue bien o mal ocultar su origen o su usurpación. Todos tienen los mismos privilegios. Solo la opinión los distingue. Pero si el Tercer Estado está obligado a soportar un prejuicio consagrado por la ley, no hay razón para que se someta a un prejuicio contra el texto de la ley.

Que hagan todos los nuevos nobles que quieran; es seguro que desde el instante en que un ciudadano adquiere privilegios contrarios al derecho común, ya no es del orden común. Su nuevo interés es opuesto al interés general; es inhábil para votar por el pueblo.

Este principio incontestable descarta de manera semejante de la representación del orden del Tercero a los simples privilegiados a plazo[21]. Su interés es también más o menos enemigo del interés común, y aun cuando la opinión los coloque en el Tercer Estado y la ley permanezca muda a su respecto, la naturaleza de las cosas, más fuerte que la opinión y la ley, los coloca indiscutiblemente fuera del orden común.

¿Se dirá acaso que pretender detraer del Tercer Estado no solo a los privilegiados hereditarios, sino también a los que no gozan sino de privilegios a plazo, es querer, con ánimo alegre, debilitar a este orden al privarlo de sus miembros más esclarecidos, más valerosos y más estimados?

Bueno estuviera que quisiera yo disminuir la fuerza o la dignidad del Tercer Estado, que se confunde siempre en mi espíritu con la idea de una nación. Pero cualquiera que sea el motivo que nos dirija, ¿podemos hacer que la verdad no sea la verdad? Porque un ejército haya tenido la desgracia de ver desertar a sus mejores tropas, ¿es necesario que encima les confíe la defensa de su campo? Todo privilegio, nunca se habrá repetido bastante, es opuesto al derecho común; por tanto, todos los privilegiados, sin distinción, forman una clase diferente y opuesta al Tercer Estado. Al mismo tiempo, hago notar que esta verdad no debe tener nada de alarmante para los amigos del pueblo. Por el contrario, redunda en el gran interés nacional, haciendo sentir con fuerza la necesidad de suprimir al instante todos los privilegios a plazo[22] que dividen al Tercer Estado y que podrían condenar a este orden a poner sus destinos entre las manos de sus enemigos. Por lo demás, no hay que separar esta observación de la siguiente: la abolición de los privilegios en el Tercer Estado no es la pérdida de las exenciones de que algunos de sus miembros gozan. Estas exenciones no son otra cosa que el derecho común. Ha sido soberanamente injusto privar de ellas a la generalidad del pueblo. Así, yo reclamo no la pérdida de un derecho, sino su restitución[23]; y si se me arguye que haciendo comunes algunos de esos privilegios (como, por ejemplo, el de no sortear en la milicia[24]) se suprimiría el medio de cumplir una necesidad social, respondo que toda necesidad pública debe estar a cargo de todo el mundo, y no de una clase particular de ciudadanos, y es necesario ser tan extraño a toda reflexión como a toda equidad para no encontrar un medio más nacional de completar y mantener el estado militar que se quiera tener.

Parece producir asombro a veces el escuchar la queja de que exista una triple aristocracia: de Iglesia, de Espada y de Toga. Se pretende que esto no es sino una manera de hablar, pero dicha expresión debe ser entendida estrictamente. Si los Estados Generales son el intérprete de la voluntad general y tienen a título de tal el poder legislativo, ¿no es cierto que allí donde los Estados Generales no son sino una asamblea clérico-nobili-judicial hay una verdadera aristocracia?

Añádase a esta aterradora verdad el que, de una manera o de otra, todas las ramas del poder ejecutivo han caído también en la casta que suministra la Iglesia, la Toga y la Espada. Una especie de espíritu de confraternidad hace que los nobles se prefieran entre sí y para todo al resto de la nación. La usurpación es completa; reinan verdaderamente.

Si se lee la Historia con intención de examinar si los hechos son conformes o contrarios a este aserto, se asegura uno —yo he hecho la experiencia de ello— de que es un gran error creer que Francia esté sometida a un régimen monárquico. Suprimid de nuestros anales algunos años de Luis XI, de Richelieu, y algunos momentos de Luis XIV, en que no se ve sino despotismo puro y simple, y creeréis leer la historia de una aristocracia áulica. Es la corte quien ha reinado y no el monarca. Es la corte quien hace y deshace, quien llama y despide a los ministros, quien crea y distribuye las plazas, etc. ¿Y qué es la corte, sino la cabeza de esta inmensa aristocracia que cubre todas las partes de Francia y que, por sus miembros, alcanza a todo y ejerce en todas partes lo que hay de esencial en todas las partes de la cosa pública? También el pueblo se ha acostumbrado a separar en sus murmuraciones al monarca de los motores del poder. Ha mirado siempre al rey como a un hombre tan seguramente engañado y de tal modo indefenso en medio de una corte activa y todopoderosa, que nunca pensó en imputarle a él todo el mal que se hace bajo su nombre.

Resumamos: el Tercer Estado no ha tenido hasta ahora verdaderos representantes en los Estados Generales. Así, sus derechos políticos son nulos.

CAPÍTULO III

¿QUÉ PIDE EL TERCER ESTADO? LLEGAR A SER ALGO

NO hay que juzgar de sus demandas por las observaciones aisladas de algunos autores más o menos instruidos de los derechos del hombre. El orden del Tercer Estado está todavía muy atrasado a este respecto, y no digo solamente con relación a las luces de los que han estudiado el orden social, sino también con relación a esta masa de ideas comunes que forman la opinión pública. No se pueden apreciar las verdaderas peticiones de este orden sino por las reclamaciones auténticas que las grandes municipalidades del reino han dirigido al gobierno. ¿Qué se ve en ellas? Que el pueblo quiere ser algo, y en verdad lo menos posible. Quiere tener verdaderos representantes en los Estados Generales, es decir, diputados sacados de su orden, que sean hábiles para ser los intérpretes de su voluntad y los defensores de sus intereses. Pero ¿de qué le serviría asistir a los Estados Generales, si predominaba ahí el interés contrario al suyo? No haría sino consagrar por su presencia la opresión de que sería eterna víctima. Así, es muy cierto que no puede venir a votar en los Estados Generales si no ha de tener allí una influencia al menos igual a la de los privilegiados, y pide un número de representantes igual al de los otros dos órdenes Juntos. En fin, esta igualdad de representación se haría perfectamente ilusoria si cada cámara votara por separado. El Tercero pide, pues, que los votos sean emitidos por cabezas y no por órdenes[25]. A eso se reducen estas reclamaciones que han parecido sembrar la alarma entre los privilegiados, porque han creído que solo con esto se hacía indispensable la reforma de los abusos. La verdadera intención del Tercer Estado es la de tener en los Estados Generales una influencia igual a la de los privilegiados. Yo repito: ¿puede pedir menos? ¿Y no es claro que si su influencia se encuentra ahí por debajo de la igualdad no se puede esperar que salga de su nulidad política y llegue a ser algo?

Pero lo que hay de verdaderamente desdichado es que los tres artículos que forman la reclamación del Tercero son insuficientes para darle esta igualdad de influencia de la que no puede en efecto prescindir. En vano obtendría un número igual de representantes sacados de su orden: la influencia de los privilegiados vendrá a colocarse y a dominar en el santuario mismo del Tercero. ¿Dónde están los puestos, los empleos, los beneficios a repartir? ¿De qué lado está la necesidad de protección? ¿De qué lado está el poder de proteger?… Y los no privilegiados que por sus talentos parecerían más propios para sostener los intereses de su orden, ¿no están educados en un respeto supersticioso o forzado hacia la nobleza?

Se sabe cuán fáciles son los hombres en general a plegarse a todos los hábitos que pueden serles útiles. Piensan de continuo en mejorar su suerte; y cuando la industria personal no puede adelantar por las vías honestas, se arroja en falsas rutas. No sé qué pueblo de la antigüedad, para acostumbrar a sus hijos a los ejercicios violentos o de destreza, no concedía alimentos sino después de su éxito o de sus esfuerzos en ese género. De igual manera, entre nosotros, la clase más hábil del Tercer Estado se ha visto forzada, para obtener su necesario, a ser dócil a la voluntad de los hombres poderosos. Esta parte de la nación ha venido así a formar como una gran antecámara donde, ocupada sin cesar de lo que dicen o hacen sus amos, está siempre dispuesta a sacrificarlo todo a los frutos que se promete de la dicha de agradar. A la vista de costumbres semejantes, ¿cómo no temer que las cualidades más apropiadas a la defensa del interés nacional sean prostituidas ante los prejuicios? Los defensores más audaces de la aristocracia estarán en el orden del Tercer Estado y entre los hombres que, nacidos con mucho espíritu y poca alma, son tan ávidos del poder y de los halagos de los grandes como incapaces de sentir el premio de la libertad.

Además del imperio de la aristocracia, que, en Francia, dispone de todo, y de esta superstición feudal que envilece todavía a la mayor parte de los espíritus, existe la influencia de la propiedad: esta es natural; yo no la proscribo; pero se convendrá en que está a la completa ventaja de los privilegiados y que puede temerse con razón que les preste su potente apoyo contra el Tercer Estado.

Las municipalidades han creído con demasiada facilidad que bastaría con descartar la persona de los privilegiados de la representación del pueblo para estar al abrigo de la influencia de los privilegiados. En los campos y en todas partes, ¿cuál es el señor un poco popular que no tenga a sus órdenes, si lo quiere, una multitud indefinida de hombres del pueblo? Calculad las consecuencias y los contragolpes de esta primera influencia, y tranquilizaos, si podéis, sobre los resultados de una asamblea que veis muy alejada de los primeros comicios, pero que no es menos una combinación de esos primeros elementos.

Cuanto más consideramos este tema, más notamos la insuficiencia de las peticiones del Tercer Estado. Pero, aun así, han sido atacadas violentamente: analicemos los pretextos de tal hostilidad.

I. PRIMERA PETICIÓN: Que los representantes del Tercer Estado no sean escogidos sino entre; los ciudadanos que verdaderamente pertenezcan al Tercero.

Ya hemos explicado que, para pertenecer verdaderamente al Tercero hacía falta no estar tachado de ninguna especie de privilegio.

Las gentes de toga, llegadas a la nobleza por una puerta que ellas han decidido, sin que se sepa por qué, cerrar a sus espaldas, quieren a viva fuerza ser de los Estados Generales. Se han dicho: la nobleza no quiere nada con nosotros; nosotros no queremos nada con el Tercero; si fuera posible que formáramos un orden particular sería admirable; pero no podemos. ¿Qué hacer?

No nos queda sino mantener el antiguo abuso por el cual el Tercero diputaba nobles; y por ahí satisfaremos nuestras pretensiones. Todos los nuevos nobles, cualesquiera que sea su origen, se han saciado de repetir en el mismo espíritu: es menester que el Tercero pueda diputar gentilhombres. La vieja nobleza, que se considera la buena, no tiene el mismo interés en conservar ese abuso; pero sabe calcular. Ha dicho: pondremos a nuestros hijos en la cámara de los comunes y, en conjunto, es una excelente idea la de encargarnos de representar al Tercero.

Una vez bien decidida la voluntad, las razones, como es sabido, nunca faltan. Es menester, han dicho, conservar el viejo uso…, excelente uso que, para representar al Tercero, lo ha excluido positivamente, hasta este momento, de la representación. El orden del Tercero tiene sus derechos políticos, como sus derechos civiles; debe, ejercer por sí mismo los unos lo mismo que los otros. ¡Qué idea esta de distinguir los órdenes para la utilidad de los dos primeros y la desgracia del Tercero, y confundirlos, desde el momento en que esto es útil a los dos primeros y nocivo a la nación! ¡Qué uso a mantener este, en virtud del cual los eclesiásticos y los nobles podrán apoderarse de la cámara del Tercero! ¿Podrían ellos, de buena fe, creerse representados si el Tercero pudiera invadir la diputación de sus órdenes?

Es permitido, para mostrar el vicio de un principio, llevar las consecuencias hasta donde pueden ir. Me sirvo de este medio, y digo: si las gentes de los tres estados se permiten dar indiferentemente su procuración a quien les plazca, es posible que no haya miembros más que de un orden en la asamblea. ¿Se admitirá, por ejemplo, que el clero solo pueda representar a toda la nación? Voy más lejos. Después de haber encargado a un orden de la confianza de los tres estados, reunamos en un solo individuo la procuración de todos los ciudadanos: ¿se sostendrá que un solo individuo pueda reemplazar a los Estados Generales? Cuando un principio lleva a consecuencias absurdas es que es malo.

Se añade que es perjudicar a la libertad de los comitentes el limitarlos en su elección; tengo dos respuestas para satisfacer a esta pretendida dificultad. La primera, que es de mala fe, y lo pruebo. Se conoce el dominio de los señores sobre los campesinos y otros habitantes de los campos; se conocen las maniobras acostumbradas o posibles de sus numerosos agentes, comprendidos los oficiales de sus justicias. Todo señor que quiera influir en la primera elección tiene en general la seguridad de hacerse diputar al bailiaje, donde ya no se tratará más que de escoger entre los señores mismos, o entre aquellos que han merecido su más íntima confianza. ¿Es por la libertad del pueblo por lo que os procuráis el poder de arrebatarle su confianza? Es vergonzoso oír profanar el nombre sagrado de la libertad para ocultar los designios que le son más contrarios.

Sin duda que hay que dejar a los comitentes toda su libertad, y por eso mismo es necesario excluir de su diputación a todos los privilegiados, demasiado acostumbrados a dominar imperiosamente al pueblo.

Mi segunda respuesta es directa. No puede haber, en ningún género, una libertad o un derecho sin límites. En todos los países, la ley ha fijado caracteres ciertos, sin los cuales no se puede ser ni elector ni elegible. Así, por ejemplo, la ley debe determinar una edad por debajo de la cual se será inhábil para representar a sus conciudadanos. Así, las mujeres están en todas partes, bien o mal, alejadas de estas especies de procuraciones. Es constante que un vagabundo, un mendigo, no puedan ser encargados de la confianza política de los pueblos. Un doméstico y todo lo que está bajo la dependencia de un amo, un extranjero no naturalizado, ¿serían admitidos a figurar entre los representantes de la nación? La libertad política tiene, pues, sus límites, como la libertad civil. Se trata solamente de saber si la condición de la no-elegibilidad que el Tercero reclama no es tan esencial como todas las que acabo de indicar. Ahora bien: la comparación es por completo a su favor; pues un mendigo, un extranjero, pueden no tener un interés opuesto al interés del Tercero. Mientras que el noble y el eclesiástico son, por estado, amigos de los privilegios de que se aprovechan. Así, la condición exigida por el Tercero es para él la más importante de todas las que la ley, de acuerdo con la equidad y la naturaleza de las cosas, debe establecer para la elección de los representantes.

Para destacar más este razonamiento, hago una hipótesis. Supongo que Francia está en guerra con Inglaterra y que todo lo relativo a las hostilidades se conduce entre nosotros por un Directorio compuesto de representantes nacionales. En este caso, pregunto, ¿se permitirá a las provincias, bajo pretexto de no contrariar su libertad, elegir, como diputados suyos en el Directorio, a miembros del gabinete inglés?

Ciertamente, los privilegiados no se muestran menos enemigos del orden común que los ingleses de los franceses en tiempo de guerra.

Por una consecuencia de estos principios no debe consentirse que aquellos del Tercero que pertenecen demasiado exclusivamente a los miembros de los dos primeros órdenes puedan ser encargados de la confianza de los comunes. Se comprende que son incapaces de ello por su posición; y, sin embargo, si la exclusión no fuera formal, la influencia de los señores, inútil ya para ellos mismos, no dejaría de ejercitarse en favor de las gentes de quienes disponen. Pido, sobre todo, que se tengan en cuenta a los numerosos agentes del feudalismo[26].

A los restos odiosos de ese régimen bárbaro debemos la división todavía subsistente, para desdicha de Francia en tres órdenes enemigos el uno del otro. Todo estaría perdido si los mandatarios del feudalismo llegaran a usurpar la diputación del orden común. ¿Quién ignora que los servidores se muestran más ásperos y más atrevidos en defensa del interés de sus amos que los amos mismos?

Yo sé que esta proscripción se extiende a mucha gente, ya que afecta, en particular, a todos los oficiales de las justicias señoriales[27], etc.; pero aquí es la fuerza de las cosas quien manda.

El Delfinado ha dado sobre esto un gran ejemplo[28].

Es necesario descartar, como él, de la elegibilidad del Tercero, a las gentes del fisco y sus fiadores, a las de la administración, etc. En cuanto a los granjeros de bienes pertenecientes a los dos primeros órdenes, pienso también que en su actual condición son demasiado dependientes para votar libremente en favor de su orden. Pero ¿no puedo esperar que el legislador consentirá un día en ilustrarse acerca de los intereses de la agricultura, acerca de los del civismo y de la prosperidad pública que cesará, en fin, de confundir la aspereza fiscal con la obra del gobernante? Entonces se permitirá, se favorecerá incluso, el arrendamiento vitalicio sobre la cabeza del granjero, y ya no los miraremos más, a estos granjeros tan apreciados, sino como tenedores libres, muy apropiados de seguro para sostener los intereses de la nación[29].

Se ha creído reforzar la dificultad que acabamos de descubrir adelantando que el Tercer Estado no tenía miembros bastante esclarecidos, bastante valerosos, etc., para representarlo y que debía recurrirse a las luces de la nobleza. Este extraño aserto no merece respuesta. Considerad las clases disponibles del Tercer Estado, y llamo como todo el mundo clases disponibles a aquellas en que una especie de bienestar permite a los hombres recibir una educación liberal, cultivar su razón y, en fin, interesarse en los asuntos públicos. Estás clases no tienen otro interés que el del resto del pueblo. Ved si no contienen bastantes ciudadanos instruidos, honestos, dignos, a todos respectos, de ser buenos representantes de la nación.

Pero se dirá: ¿y si un bailiaje se obstina en no querer dar su procuración del Tercero sino a un noble o a un eclesiástico? ¿Si no tiene confianza más que en él?…

Ya he dicho que no podía haber libertad ilimitada y que, entre todas las condiciones a imponer a la elegibilidad, la que reclamaba el Tercero era la más necesaria de todas. Pero respondamos más inmediatamente. Supongo que un bailiaje quiera absolutamente perjudicarse; ¿debe por ello tener el derecho a perjudicar a los otros? Si yo soy el único interesado en las gestiones de mi procurador apoderado, podrán contentarse con decirme: Peor para ti; ¿por qué lo has escogido mal? Pero aquí los diputados de un distrito no son tan solo representantes del bailiaje que los ha nombrado; están llamados a representar también a la generalidad de los ciudadanos, a votar por todo el reino. Es necesaria, pues, una regla común, y condiciones que —por más que desagraden a ciertos comitentes— puedan asegurar a la totalidad de la nación contra el capricho de algunos electores.

II. SEGUNDA PETICIÓN DEL TERCERO: Que sus diputados sean en número igual a los de los dos órdenes privilegiados

No puedo dejar de repetirlo: la tímida insuficiencia de esta reclamación se resiente todavía de los tiempos viejos. Las ciudades del reino no han consultado bastante los progresos de las luces e incluso de la opinión pública. No hubieran encontrado más dificultades pidiendo dos votos contra uno, y tal vez entonces se hubieran apresurado a ofrecerles esta igualdad contra la que se combate hoy con tanto alarde.

Por lo demás, cuando se quiere decidir una cuestión como esta no hay que contentarse, según se hace muy a menudo, con expresar el deseo, o la voluntad, o el uso con razones; hay que remontarse a los principios. Los derechos políticos, como los derechos civiles, deben corresponder a la cualidad de ciudadano. Esta propiedad legal es la misma para todos, sin consideración al más o menos de propiedad real de que cada individuo pueda componer su fortuna o su bien. Todo ciudadano que reúne las condiciones determinadas para ser elector tiene derecho a hacerse representar, y su representación no puede ser una fracción de la representación de otro. Este derecho es uno; todos lo ejercen por igual, como todos están protegidos igualmente por la ley que han concurrido a hacer[30]. ¿Cómo puede sostenerse, de un lado, que la ley es la expresión de la voluntad general, es decir, de la mayoría, y pretender al mismo tiempo que diez voluntades individuales puedan contrapesar mil voluntades particulares? ¿No equivale eso a exponerse a dejar que la minoría haga la ley, lo que es contrario evidentemente a la naturaleza de las cosas?

Si estos principios, ciertos como son, se salen en un poco de las ideas comunes, remitiré al lector a una comparación que está bajo sus ojos.

¿No es verdad que parece justo a todo el mundo, excepto al señor obispo de Nevers, que el inmenso bailiaje de Poitou tenga más representantes en los Estados Generales que el pequeño bailiaje de Gex[31]? ¿Por qué eso? Porque, se dice, la población y la contribución de Poitou son muy superiores a las de Gex.

Se admiten, pues, principios según los cuales puede determinarse la proporción de los representantes. ¿Queréis que la contribución decida? Pues, aun no teniendo un conocimiento seguro de la imposición respectiva de los órdenes, salta a la vista que el Tercero soporta más de la mitad de ella.

Respecto de la población, se sabe qué inmensa superioridad tiene el Tercer orden sobre los dos primeros. Ignoro, como todo el mundo, cuál es la verdadera proporción; pero, como todo el mundo, me permitiré hacer mi cálculo.

Primero, para el clero. Contaremos cuarenta mil parroquias, comprendidos los anexos; lo que da de golpe el número de los curas, comprendidos los servidores de los anexos, en cuarenta mil.

Puede calcularse bien un vicario por cuatro parroquias, una con otra, en diez mil.

El número de las catedrales es igual al de las diócesis; tienen veinte canónigos una con otra, comprendidos los ciento cuarenta obispos o arzobispos, lo que hace dos mil ochocientos.

Puede suponerse, considerado el país, que los canónigos de colegiales suben al doble, lo que hace cinco mil seiscientos.

Después de esto, no hay que creer que queden tantas cabezas eclesiásticas como beneficios simples, abadías, prioratos y capillas hay. Se sabe, por demás, que la pluralidad de beneficios no es desconocida en Francia. Los obispos y los canónigos son al mismo tiempo abades, priores y capellanes. Para no hacer un doble empleo, estimo a los beneficiados que no están ya comprendidos en los números anteriores en tres mil.

Por último, supongo alrededor de dos mil eclesiásticos, bien entendido que con órdenes sagradas, que carecen de toda especie de beneficio; esto es, dos mil. Quedan los monjes y los religiosos, que han disminuido desde hace treinta años en progresión acelerada. No creo que haya hoy más de diecisiete mil.

Número total de cabezas eclesiásticas, ochenta mil cuatrocientas.

Nobleza. No conozco más que un medio de acercarse al número de los individuos de este orden. Es tomar la provincia en que ese número es mejor conocido y compararla con el resto de Francia. Esa provincia es la Bretaña; y hago notar de antemano que es más fecunda en nobleza que las otras, sea porque ahí no se deroga, sea a causa de los privilegios que retienen ahí las familias, etc. Se cuentan en Bretaña mil ochocientas familias nobles. Supongo dos mil, porque las hay que todavía no entran en los Estados.

Estimando cada familia en cinco personas, hay en Bretaña diez mil nobles de todas las edades y sexos. Su población total es de dos millones trescientos mil individuos. Esta suma es a la población total de Francia como 1 a 11. Se trata, pues, de multiplicar diez mil por once, y se tendrán ciento diez mil cabezas nobles a lo sumo para la totalidad del reino.

De manera que, en conjunto, no hay doscientos mil privilegiados de los dos primeros órdenes[32]. Comparad este número con el de veinticinco a veintiséis millones de almas, y juzgad la cuestión.

Si se quiere actualmente llegar a la misma solución consultando otros principios también incontestables, consideremos que los privilegiados son al gran cuerpo de los ciudadanos lo que las excepciones son a la ley.

Toda sociedad debe estar regulada por leyes y sometida a un orden común. Si hacéis excepciones, al menos deben ser raras; y en ningún caso pueden tener sobre la cosa pública el mismo peso, la misma influencia que la regla común. Es realmente insensato el poner a la altura del gran interés de la masa nacional el interés de los exentos, como se hace para contrapesarlo en algún modo. Por lo demás, nos explicaremos con mayor detenimiento sobre esta materia en el capítulo sexto. Cuando, dentro de algunos años, se recuerden todas las dificultades que se hace experimentar hoy día a la demasiado modesta petición del Tercero, producirán asombro tanto el poco valor de los pretextos que se le oponen como, aún más, la intrépida iniquidad que ha osado buscarlos.

Esos mismos que invocan contra el Tercero la autoridad de los hechos podrían leer ahí, si fueran de buena fe, la regla de su conducta. Ha bastado la existencia de un pequeño número de buenas villas para formar, bajo Felipe el Hermoso, una cámara de los Comunes en los Estados Generales[33].

Desde entonces la servidumbre feudal ha desaparecido, y los campos han ofrecido una población numerosa de nuevos ciudadanos. Las villas se han multiplicado y se han agrandado. El comercio y las artes han creado, por así decirlo, una multitud de nuevas clases en las que hay gran número de familias acomodadas, llenas de hombres bien instruidos y afectos a la, cosa pública. ¿Por qué este doble crecimiento, tan superior a lo que fueron en otro tiempo las buenas villas en la balanza de la nación, no ha inducido a la misma autoridad a crear dos nuevas cámaras en favor del Tercero? La equidad y la buena política se reunían para exigirlo.

No osan mostrarse tan irrazonables respecto de otra suerte de crecimiento sobrevenido a Francia; quiero hablar de las nuevas provincias que se han unido a ella después de los últimos Estados Generales[34]. Nadie se atreve a decir que estas nuevas provincias no deben tener representantes propios, igual que las que estaban en los Estados de 1614. ¿Por qué, pues, cuando se trata de un aumento que es tan fácil de comparar al del territorio, puesto que las fábricas y las artes ofrecen, como el territorio, nuevas riquezas, una nueva contribución y una nueva población, por qué, digo, se niegan a darle representantes, igual que los que estaban en los Estados de 1614?

Pero agobio con razones a gentes que no saben escuchar sino su interés. No se las puede alcanzar sino por otro género de consideraciones. He aquí una que les ofrezco. ¿Conviene a la nobleza de hoy guardar el lenguaje y la actitud que tenía en los siglos góticos? ¿Y conviene al Tercer Estado guardar, a fines del siglo XVIII, las costumbres tristes y cobardes de la antigua servidumbre? Si el Tercer Estado sabe conocerse y respetarse, es seguro que los otros lo respetaran también. Piénsese que la antigua relación entre los órdenes ha cambiado de los dos lados a la vez; el Tercero, que había sido reducido a nada, ha readquirido por su industria una parte de lo que la injuria del más fuerte le había arrebatado. En lugar de volver a pedir sus derechos, ha consentido en pagarlos; no se le han restituido; se le han vendido. Pero, en fin, de una u otra manera, puede ponerse en posesión de ellos.

No debe ignorar que él es hoy la realidad nacional de que antes no era sino la sombra; que, durante este largo cambio, la nobleza ha cesado de ser esta monstruosa realidad feudal que podía oprimir impunemente; que no es sino su sombra, y que en vano esta sombra trata todavía de asustar a una nación entera.

III. TERCERA Y ULTIMA PETICIÓN DEL TERCERO ESTADO: Que los Estados Generales voten no por órdenes, sino por cabezas.

Puede enfocarse esta cuestión de tres maneras: en el espíritu del Tercero, según el interés de los privilegiados, y por último, según los buenos principios. Sería inútil, desde el primer punto de vista, añadir nada a lo que ya hemos dicho; es claro que para el Tercero esta demanda es una consecuencia necesaria de las otras dos.

Los privilegiados temen la igualdad de influencia en el tercer orden y la declaran inconstitucional; esta conducta es tanto más chocante cuanto que hasta ahora han sido dos contra uno sin hallar nada de inconstitucional en esta injusta superioridad. Sienten muy íntimamente la necesidad de conservar el veto sobre todo lo que podría ser contrario a su interés. No repetiré los razonamientos por los que veinte escritores han batido esta pretensión y el argumento de las antiguas formas. Solo tengo una observación que hacer. Seguramente, hay abusos en Francia; estos abusos redundan en provecho de alguien: no es en modo alguno al Tercero a quien le resultan ventajosos, pero es sobre todo a él a quien le son perjudiciales. Ahora bien: pregunto yo si, en este estado de cosas, es posible destruir ningún abuso, en tanto que se deje el veto a quienes se aprovechan de él. Toda justicia carecería de fuerza; habría que esperarlo todo de la pura generosidad de los privilegiados. ¿Es esta la idea que se forman del orden social?

Si queremos ahora considerar el mismo tema según los principios que son hechos para esclarecerlo, es decir, según los que forman la ciencia social[35], independientemente de todo interés particular, veremos a esta cuestión tomar una faz nueva. No se puede acoger, sea la petición del Tercero, sea la defensa de los privilegiados, sin derribar las más seguras nociones. No acuso a las buenas villas del reino de haber tenido esta intención. Han querido acercarse a sus derechos reclamando al menos el equilibrio entre las dos influencias; por lo demás, han profesado verdades excelentes, pues es evidente que el veto de un orden sobre los otros sería un derecho apropiado para paralizar todo en un país en que los intereses son tan opuestos; es seguro que no votando por cabezas se queda expuesto a desconocer la verdadera mayoría, lo que sería el más grande de los inconvenientes, porque la ley sería radicalmente nula. Estas verdades son incontestables. Pero los tres órdenes, tal como están constituidos, ¿podrán reunirse para votar por cabezas? Tal es la verdadera cuestión. No.

Si se consultan los verdaderos principios, no pueden votar en común, ni por cabezas ni por órdenes. Cualquiera que sea la proporción que adoptéis entre ellos, no puede llenar la finalidad propuesta, que sería ligar la totalidad de los representantes por una voluntad común. Este aserto tiene sin duda necesidad de desarrollo y de pruebas: permítaseme remitirlas al sexto capítulo. No quiero disgustar a esas personas moderadas que temen siempre que la verdad se muestre inoportunamente. Es menester arrancarles antes la confesión de que la situación de las cosas es tal hoy por la sola culpa de los privilegiados; que es tiempo de tomar un partido y de decir lo que es verdadero y justo en toda su fuerza.

CAPÍTULO IV

LO QUE EL GOBIERNO HA INTENTANDO Y LO QUE LOS PRIVILEGIADOS PROPONEN A FAVOR DEL TERCERO

EL gobierno, arrastrado no por motivos de que pueda sabérsele contento, sino por sus faltas, convencido de que no podía poner remedio sin el concurso voluntario de la nación, ha creído asegurarse de su parte un consentimiento ciego a todos sus proyectos, ofreciendo hacer algo por ella. Con esta intención el señor de Calonne propuso el plan de las Asambleas provinciales[36].

I. ASAMBLEAS PROVINCIALES

Era imposible ocuparse un momento del interés de la nación sin ser sorprendido por la nulidad política del Tercero. El ministro ha sentido incluso que la distinción de los órdenes era contraria a toda esperanza de bien, y ha proyectado sin duda hacerla desaparecer con el tiempo. Al menos, parece que el primer plan de las Asambleas provinciales fue concebido y redactado en ese espíritu. Basta leerlo con un poco de atención para apercibirse de que en él no se considera el orden personal de los ciudadanos. Solo se tenían en cuenta sus propiedades, o sea, el orden real. A estas asambleas —interesantes por su objeto, y mucho más importante aún por la manera como debían formarse, ya que por ellas se establecía una verdadera representación nacional— se debía ser llamado como propietario y no como sacerdote, noble o plebeyo.

Se distinguen cuatro especies de propiedades: 1.a Los señoríos. Aquellos que los poseen, nobles o plebeyos, eclesiásticos o legos, debían formar la primera clase. Se dividen en otras tres clases las propiedades ordinarias o simples, por oposición a los señoríos. Una distribución más natural no hubiera formado más que dos, indicadas por la naturaleza de los trabajos y el balance de los intereses; a saber: las propiedades del campo y las de las ciudades. En estas últimas se hubieran incluido, con las casas, todas las artes, fábricas, oficios, etc. Pero se creyó sin duda que todavía no había llegado el momento de fundir en estas dos divisiones los bienes ordinarios eclesiásticos. Así, se creyó deber dejar los bienes simples del clero en una clase separada. Era la segunda. La tercera comprendía los bienes del campo, y la cuarta las propiedades de las ciudades.

Notad que tres de estas especies de propiedades están poseídas indistintamente por ciudadanos de los tres órdenes, con lo cual tres clases de las cuatro hubieran podido estar compuestas indiferentemente de nobles, de plebeyos o de sacerdotes. Y la segunda clase misma hubiera contenido caballeros de Malta y hasta legos para representar a los hospitales, las fábricas parroquiales, etc.

Es natural creer que, tratándose los asuntos públicos en estas asambleas sin consideración al orden personal, se hubiera formado pronto una comunidad de intereses entre los tres órdenes, que habría sido, por consiguiente, el interés general; y la nación hubiera acabado por donde todas las naciones hubieran debido comenzar: Por ser una.

Tan buenas perspectivas han escapado al ingenio tan celebrado del principal ministro. No es que no haya visto muy bien el interés que quería servir; pero no ha comprendido nada del valor real de lo que estropeaba. Ha restablecido la división impolítica de los órdenes personales; y aun cuando ese solo cambio comportaba la necesidad de hacer un nuevo plan, se ha contentado con el antiguo para todo lo que no le parecía chocar con sus intenciones; y se asombró después de las mil dificultades que surgían todos los días de la falta de concordancia[37]. La nobleza, sobre todo, no concebía cómo podría regenerarse en asambleas en donde habían sido olvidados los genealogistas. Sus ansiedades a este respecto han sido divertidas para los observadores.

Entre todos los vicios de ejecución de este establecimiento, el más grande ha sido comenzarlo por el tejado en lugar de hacerle descansar sobre sus fundamentos naturales, la elección libre de los pueblos. Pero, al menos, este ministro, para rendir homenaje a los derechos del Tercer Estado, le asignó un número de representantes para su orden igual a los del clero y de la nobleza reunidos. La institución es positiva sobre este artículo. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha hecho nombrar diputados al Tercero de entre los privilegiados. Yo conozco una de esas asambleas donde, de cincuenta y dos miembros, no hay sino uno solo que no sea privilegiado. ¡Así es como se sirve a la causa del Tercero, incluso después de haber anunciado públicamente que quiere hacérsele justicia!

II. NOTABLES

Los notables han defraudado la esperanza de uno y otro ministro. Nada más justo a su respecto que la excelente pincelada del señor C…i[38]: «El rey los ha reunido dos veces a su alrededor para consultarles sobre los intereses del trono y de la nación. ¿Qué hicieron los notables en 1787? Defender sus privilegios contra el trono. ¿Qué hicieron los notables en 1788? Defender sus privilegios contra la nación». Es que, en lugar de consultar a notables en privilegios, hubiera sido necesario consultar a notables en luces. Los más modestos particulares no se equivocan cuando tienen que pedir consejo en sus asuntos o en los de las gentes que de veras les interesan.

El señor Necker se ha engañado[39]. Pero ¿podía imaginar que los mismos hombres que habían votado por admitir al Tercero en número igual en las Asambleas provinciales rechazarían esta igualdad para los Estados Generales? Sea como quiera, el público no se ha engañado. Siempre se lo ha oído desaprobar una medida cuyas consecuencias preveía y a la que, en el mejor de los casos, atribuía lentitudes perjudiciales a la nación. Parece que sería aquí el lugar para desarrollar algunos de los motivos que han inspirado a la mayoría de los últimos notables; Pero no nos anticipemos al juicio de la Historia; muy pronto se pronunciará sobre hombres que, colocados en la más bella de las circunstancias y pudiendo dictar a una gran nación lo que es justo, hermoso y bueno, han preferido prostituir esta ocasión soberbia a un miserable interés de cuerpo.

Las tentativas del ministerio, como se ve, no han producido felices frutos a favor del Tercero.

III. ESCRITORES PATRIOTAS DE LOS DOS PRIMEROS ÓRDENES

Es una cosa notable que la causa del Tercero haya sido defendida con mayor tenacidad y fuerza por escritores eclesiásticos y nobles que por los no privilegiados mismos.

Yo no he visto en las lentitudes del Tercer Estado sino la costumbre del silencio y del temor en el oprimido, lo que ofrece una prueba más de la realidad de la opresión. ¿Es posible reflexionar seriamente sobre los principios y el fin del estado de sociedad sin sublevarse hasta el fondo del alma por la monstruosa parcialidad de las instituciones humanas? No me asombra que los dos primeros órdenes hayan suministrado los primeros defensores de la justicia y de la humanidad. Los talentos se aplican al empleo exclusivo de la inteligencia y a las amplias costumbres: los miembros del orden del Tercero deben por mil razones sobresalir en ello; pero las luces de la moral pública deben aparecer primero en los hombres mejor situados para captar las grandes relaciones sociales, y en los que el resorte original está menos comúnmente quebrado, pues es de ciencias que afectan tanto al alma como al espíritu. Si la nación alcanza la libertad, habrá de volverse, no lo dudo, con reconocimiento hacia estos autores patriotas de los dos primeros órdenes que, siendo los primeros en abjurar de viejos errores, han preferido los principios de la justicia universal a las combinaciones criminales del interés de cuerpo contra el interés nacional. En espera de los honores públicos que la nación les discernirá, ¡no desdeñen el homenaje de un ciudadano cuya alma arde por una patria libre y adora todos los esfuerzos que tienden a hacerla salir de los escombros del feudalismo!

Ciertamente, los dos primeros órdenes están interesados en restablecer al Tercero en sus derechos. No hay que ocultárselo; la garantía de la libertad pública no puede estar sino allí donde está la fuerza real. No podemos ser libres sino con el pueblo y por él.

Si una consideración de esta importancia está por encima de la frivolidad y del estrecho egoísmo de la mayoría de las cabezas francesas, al menos no podrán dejar de sorprenderse por los cambios sobrevenidos en la opinión pública. El imperio de la razón se extiende cada día más; exige cada vez más la restitución de los derechos usurpados. Más pronto o más tarde, será menester que todas las clases se encierren en los límites del contrato social[40]. ¿Será para cosechar sus ventajas innumerables, o para sacrificarlas al despotismo? Tal es la verdadera cuestión. En la noche de la barbarie y del feudalismo las verdaderas relaciones de los hombres han podido ser destruidas, todas las naciones desconcertadas, toda Justicia corrompida; pero, al aparecer la luz, es menester que huyan las absurdidades góticas, que los restos de la antigua ferocidad caigan y se aniquilen. Eso es cosa segura. ¿No haremos sino cambiar de males, o el orden social, en toda su belleza, tomará el puesto del antiguo desorden? Los cambios que vamos a sufrir, ¿serán el fruto de una guerra intestina, desastrosa a todos los respectos para los tres órdenes y provechosa solo para el poder ministerial, o serán el efecto natural, previsto y bien gobernado, de una perspectiva simple y justa, de un concurso dichoso, favorecido por circunstancias poderosas y promovido con franqueza por todas las clases interesadas?

IV. PROMESA DE SOPORTAR CON IGUALDAD LOS IMPUESTOS

Los notables han expresado el designio formal de hacer soportar los mismos impuestos a los tres órdenes[41]. No era sobre esta materia sobre la que se les pedía opinión. Se trataba de la manera de convocar los Estados Generales, y no de las deliberaciones que esta asamblea habrá de sostener. Así, no puede contemplarse este designio sino como emanado de los pares, del Parlamento, y, en fin, de tantas sociedades particulares y de tantos individuos como se apresuran hoy a convenir en que el más: rico debe pagar tanto como el más pobre. Se comprende bien que, si las contribuciones hubieran sido lo que deben ser, un don voluntario por parte de los contribuyentes, el Tercero no hubiera querido mostrarse más generoso que los otros órdenes.

No podemos ocultarlo: un concurso tan nuevo ha espantado a una parte del público. Es bueno, sin duda, y loable, mostrarse dispuesto de antemano a someterse con buen ánimo a una justa repartición del impuesto cuando haya sido pronunciada por la ley. Pero ¿de dónde vienen, se ha dicho la gente, por parte del segundo orden un celo tan nuevo, tanto acuerdo y tal disposición? ¿Esperan acaso dispensar a la ley de hacer un acto de justicia ofreciendo una cesión voluntaria? Una atención excesiva a prevenir lo que deben hacer los Estados Generales, ¿no podría tender a prescindir de ellos? Yo no acuso a la nobleza de decir al rey: «Señor, no tenéis necesidad de los Estados Generales sino para restablecer vuestras finanzas; pues bien: nosotros ofrecemos pagar como el Tercero; ved si este excedente no podría librarnos de una asamblea que nos inquieta más que a vos…» No, esta intención es imposible de suponer. Más bien podría sospecharse que la nobleza quiere ilusionar al Tercero; quiere, a cambio de una especie de anticipo de equidad, desviar sus peticiones actuales y distraerlo de la necesidad que tiene de ser algo en los Estados Generales. Parece decirle al Tercero: «¿Qué pedís? ¿Que paguemos como vosotros? Es justo, pagaremos. Dejad, pues, el antiguo estado de cosas en que vosotros no sois nada, en que nosotros lo somos todo y en que nos ha sido tan fácil no pagar sino lo que hemos querido».

El Tercero puede responder: «Ya es hora, sin duda, de que llevéis, como nosotros, el peso de un tributo que os es mucho más útil que a nosotros. Muy bien habéis previsto que esta monstruosa iniquidad no podía durar más. Si somos libres en nuestras donaciones, está claro que no podemos ni debemos hacerlas más abundantes que las vuestras. Sí, pagaréis, no por generosidad, sino por Justicia; no porque queráis, sino porque debéis hacerlo. Esperamos por vuestra parte un acto de obediencia a la ley común antes que el testimonio de una insultante piedad para un orden que durante tanto tiempo habéis tratado sin piedad. Pero es en los Estados Generales donde debe discutirse este asunto; se trata hoy de constituirlos bien. Si el Tercero no está representado en ellos, la nación permanecerá muda. Nada podrá hacerse válidamente.

Aun cuando encontrarais el medio de establecer en todas partes el buen orden sin nuestro concurso, no podemos soportar que se disponga de nosotros sin nosotros. Una larga y funesta experiencia nos impide incluso creer en la solidez de ninguna buena ley que no sea sino el don del más fuerte».

Los privilegiados no se cansan de decir que todo es igual entre los órdenes desde el momento en que renuncian ellos a las exenciones pecuniarias. Si todo es igual, ¿qué temen de las peticiones del Tercero? ¿Se imaginan que quiere herirse a sí mismo atacando un interés común? Si todo es igual, ¿por qué todos esos esfuerzos para impedirle salir de su nulidad política?

Pero pregunto: ¿dónde está la potencia milagrosa que garantizará a Francia la imposibilidad de ningún abuso de todo género, por el solo hecho de que la nobleza pague su cuota-parte del impuesto? Y si subsisten todavía abusos o desórdenes, independientemente de los que afectan al impuesto, que me expliquen cómo todo puede ser igual entre quien disfruta de ellos y quien los padece.

¡Igualdad total! ¿Es, pues, por espíritu de igualdad por lo que se ha pronunciado contra el Tercero la exclusión más deshonrosa de todos los puestos, de todas las plazas un poco distinguidas? ¿Es por espíritu de igualdad por lo que se le ha arrancado un exceso de tributo para crear esta cantidad prodigiosa de recursos de todo género, destinados exclusivamente a lo que se llama la pobre nobleza?

En todas las cuestiones que sobrevienen entre nuestros privilegiados y un hombre del pueblo, ¿no está este seguro de ser impunemente oprimido, precisamente porque tiene que recurrir, si osa pedir Justicia, a privilegiados? Solo ellos disponen de todos los poderes, ¿y no es su primer movimiento contemplar la demanda del plebeyo como una falta de subordinación? ¿Para quién son todos esos privilegios en materia judicial, las atribuciones, las avocaciones, letras de prórroga, etc., con las que se desanima o se arruina a la parte contraria? ¿Es para el Tercero no privilegiado? ¿Quiénes son los ciudadanos más expuestos a las vejaciones personales de los agentes del fisco y de los subalternos en todas las partes de la Administración? Los miembros del Tercero, entendiendo siempre el verdadero Tercero, el que no goza de ninguna exención[42].

Las leyes, que deberían al menos estar libres de parcialidad, se muestran, ellas también, cómplices de los privilegiados. ¿Para quién parecen estar hechas? Para los privilegiados. ¿Contra quién? Contra el pueblo, etc.

¡Y se quiere que el pueblo esté contento y no piense más en nada, porque la nobleza consiente en pagar como él! ¡Se quiere que generaciones nuevas cierren los ojos a las luces contemporáneas y se acostumbren tranquilamente a un orden de opresión que las generaciones que pasan no pueden soportar más! Dejemos un tema inagotable y que no despierta sino sentimientos de indignación[43].

Todos los impuestos particulares al Tercero serán abolidos; no hay que dudarlo. Había un extraño país en donde los ciudadanos que se aprovechaban más de la cosa pública contribuían menos a ella, donde existían impuestos que era vergonzoso soportar y que el legislador mismo tachaba de ser envilecedores. ¿Qué país sino aquel en que el trabajo degrada, donde es honroso consumir y humillante producir, donde las profesiones penosas son llamadas viles, como si pudiera haber otra cosa vil sino el vicio y como si fuera en las clases laboriosas donde hay más de esa vileza, única real?

En fin, todas esas palabras: talla[44], feudo alodial, utensilios, etc., serán proscritas para siempre de la lengua política, y el legislador no volverá a darse el estúpido placer de rechazar a esa multitud de extranjeros a quienes esas distinciones vejatorias impiden aportar a nuestro medio sus capitales y su industria.

Pero previendo esta ventaja y otras mil que una asamblea bien constituida debe procurar a los pueblos, no veo nada todavía que prometa al Tercero una buena Constitución. No ha adelantado nada en sus peticiones. Los privilegiados persisten en querer dos cámaras, y dos votos de tres, y sostienen siempre que la negativa pertenece a cada una de ellas.

V. TÉRMINO MEDIO PROPUESTO POR LOS AMIGOS COMUNES DE LOS PRIVILEGIADOS Y DEL MINISTERIO

El ministerio teme por encima de todo una forma de deliberación que daría muerte a todos los asuntos. Si, cuando menos, pudieran ponerse de acuerdo para enjugar el déficit, el resto no le interesaría apenas; los órdenes podrían disputar tanto y durante tanto tiempo como quisieran. Al contrario: cuanto menos hicieran, más intacto se sentiría el ministerio en su antigua autoridad ilimitada. De ahí un medio de conciliación que se comienza a propalar por todas partes, y que sería tan útil a los privilegiados y al ministerio como mortal para el Tercero. Se propone votar por cabezas los subsidios y todo lo correspondiente al impuesto. Se quiere después que los órdenes se retiren a sus cámaras como a fortalezas inexpugnables donde los comunes deliberarán sin éxito, los privilegiados gozarán sin temor, mientras que el ministerio seguirá siendo el amo. Pero ¿puede creerse que el Tercero caiga en esa trampa? Como el voto de los subsidios debe ser la última operación de los Estados Generales, será menester que de antemano se hayan puesto de acuerdo sobre una forma general para todas las deliberaciones[45].

VI. SE PROPONE IMITAR LA CONSTITUCIÓN INGLESA

Diferentes intereses han tenido tiempo de formarse en el orden de la nobleza. No está lejos de dividirse en dos partidos. Todo el que se relaciona con las tres o cuatrocientas familias más distinguidas suspira por el establecimiento de una cámara alta, al ejemplo de la de Inglaterra; su orgullo se nutre de la esperanza de no ser confundido en la multitud de los gentilhombres. Así, la alta nobleza consentiría de buena gana en rechazar a la cámara de los comunes al resto de los nobles con la generalidad de los ciudadanos.

El Tercero se guardará, por encima de todo, de un sistema que no haría menos que llenar su cámara de gentes que tienen un interés tan contrario al interés común, de un sistema que volvería a colocarlo en la nulidad y la opresión. Existe a este respecto una diferencia real entre Inglaterra y Francia. En Inglaterra no hay otros nobles privilegiados que aquellos a quienes la Constitución otorga una parte del poder legislativo[46].

Todos los otros ciudadanos están confundidos en el mismo interés; nada de privilegios que hagan de ellos órdenes distintos. Si se quiere en Francia reunir los tres órdenes en uno, hay que comenzar por abolir toda especie de privilegio. Es menester que el noble y el sacerdote no tengan otro interés que el interés común, y que no gocen, por fuerza de la ley, sino de los derechos de simple ciudadano. Sin esto, ya podéis reunir a los tres órdenes bajo la misma denominación, que seguirán constituyendo tres materias heterogéneas imposibles de amalgamar. No se me acusará de sostener la distinción de los órdenes, que considero la invención más funesta a todo bien social. Solo habría por encima de tal desgracia la de confundir estos órdenes nominalmente, dejándolos separados realmente por el mantenimiento de los privilegiados. Eso sería consagrar para siempre su triunfo sobre la nación. La salud pública exige que el interés común de la sociedad se mantenga en alguna parte, puro y sin mezcla. Y con este propósito, único bueno, único nacional, el Tercero no se prestará jamás a la confusión de los tres órdenes en una pretendida cámara de los comunes.

Será apoyado en su resistencia por la pequeña nobleza, que jamás querrá cambiar los privilegios de que goza por una ilustración que no sería para ella. Ved, en efecto, cómo se alza en Languedoc contra la aristocracia de los barones[47]. Los hombres en general gustan mucho de llevar a la igualdad todo lo que les es superior, mostrándose entonces filósofos. Esta palabra no se les hace odiosa sino en el momento en que aperciben los mismos principios en sus inferiores.

VII. QUE EL ESPÍRITU DE IMITACIÓN NO ES APROPIADO PARA CONDUCIRNOS BIEN

No tendríamos tanta fe en las instituciones inglesas si los conocimientos políticos fueran más antiguos o estuvieran más extendidos entre nosotros. A este respecto la nación francesa está compuesta de hombres o demasiado jóvenes o demasiado viejos. Estas dos edades, que se acercan por tantos puntos, se parecen también en que tanto la una como la otra no pueden conducirse si no es por el ejemplo. Unos son fieles a sus propios hábitos. Los otros copian servilmente los hábitos ajenos. Este es el término de su industria.

No hay que asombrarse de ver a una nación que apenas abre los ojos a la luz tornase hacia la Constitución de Inglaterra y quiere tomarla por modelo en todo. Sería muy de desear, en este momento, que algún buen escritor se ocupara de esclarecernos sobre las dos cuestiones siguientes:

¿La Constitución británica es buena en sí misma? Aun cuando fuera buena, ¿puede convenir a Francia[48]?

Tengo mucho miedo de que esa obra maestra tan ponderada no pueda sostener un examen imparcial hecho según los principios del verdadero orden político. Reconoceríamos tal vez que es el producto del azar y de las circunstancias mucho más que de las luces. Su cámara alta se resiente con evidencia de la época de la Revolución. Hemos ya observado que apenas si podía mirársela más que como un monumento de superstición gótica.

¡Ved la representación nacional cómo es mala en todos sus elementos, según confesión de los propios ingleses! Y, sin embargo, los caracteres de una buena representación son lo más esencial que hay para formar una buena legislatura.

¿Se ha sacado de los buenos principios la idea de separar el poder legislativo en tres partes, una sola de las cuales se reputa que habla en nombre de la nación? Si los señores y el rey no son representantes de la nación, no son nada en el poder legislativo, pues solo la nación puede querer por sí misma y, por consiguiente, crearse leyes. Todo lo que entra en el cuerpo legislativo no es competente a votar por los pueblos sino en tanto que está encargado de su procuración. Pero ¿dónde está la procuración, cuando no hay elección libre y general?

No niego que la Constitución inglesa sea una obra asombrosa para el tiempo en que fue establecida. Sin embargo, y aun cuando todo el mundo esté dispuesto a burlarse de un francés que no se prosterne delante de ella, me atreveré a decir que, en lugar de ver ahí la simplicidad del buen orden, no percibo sino un armatoste prodigioso de precauciones contra el desorden[49]. Y como todo está ligado en las instituciones políticas, como no hay efecto que no sea a su vez origen de una serie de efectos y de causas que se prolongan según se sea capaz de más atención, no es extraordinario en manera alguna que las cabezas duras vean ahí mucha profundidad. Por lo demás, está en el curso ordinario de las cosas que las máquinas más complicadas preceden a los verdaderos progresos del arte social, como de todas las demás artes: su triunfo será, igualmente, producir los efectos más grandes por los medios más simples.

Sería erróneo decidir a favor de la Constitución británica, precisamente porque se sostiene desde hace cien años y parece deber durar por siglos. En lo relativo a instituciones humanas, ¿cuál es la que no subsiste mucho tiempo, por mala que sea? ¿No dura también el despotismo, no parece eterno en la mayor parte del mundo? Una mejor prueba es hacer apelación a los efectos. Comparando desde este punto de vista el pueblo inglés con sus vecinos del continente, es difícil no creer que poseen algo de mejor. En efecto, tienen una Constitución, por incompleta que pueda ser, y nosotros no tenemos nada. La diferencia es grande. No es de asombrar que se note en los efectos. Pero hay, sin duda, error en atribuir al solo poder de la Constitución todo lo que hay de bueno en Inglaterra. Hay, evidentemente, una ley tal, que vale más que la Constitución misma. Quiero hablar del juicio por jurado, verdadera garantía de la libertad individual en Inglaterra y en todos los países del mundo en que se aspire a ser libre. Este método de administrar la justicia es el único que pone al abrigo de los abusos del poder judicial, tan frecuentes y tan temibles en todas partes donde no se es juzgado por sus pares. Con él no se trata ya para ser libres sino de no tener nada que temer de las órdenes ilegales que podrían emanar del poder ministerial; es menester para esto, o una buena Constitución, e Inglaterra no la tiene, o circunstancias tales, que el jefe del poder ejecutivo no pueda ya sostener, a viva fuerza, sus voluntades arbitrarias. Se ve que la nación inglesa es la única a la que le es permitido no tener un ejército de tierra temible para la nación. Es, pues, la única que puede ser libre sin una buena Constitución. Este procedimiento debería bastar para desviarnos de la manía de imitar a nuestros vecinos y para llevarnos a consultar más bien a nuestras necesidades y nuestras condiciones.

Esa Constitución que no cesamos de envidiar no es buena por ser inglesa, sino porque a defectos muy reales junta ventajas preciosas. Si intentaseis naturalizarla entre vosotros, no es dudoso que obtendríais fácilmente los defectos, porque serían útiles al solo poder del que tendríais que temer algún obstáculo. ¿Tendríais las ventajas? Esta cuestión es más problemática, porque encontraríais entonces un poder interesado en impediros que cumplieseis vuestros deseos. En fin, ¿por qué envidiamos la Constitución inglesa? Porque, aparentemente, se acerca a los buenos principios del estado social. Es, para juzgar los progresos en todo género, un modelo de lo bello y de lo bueno. No puede decirse que ese modelo en el arte social nos sea menos conocido hoy que lo era a los ingleses en 1688. Ahora bien: si tenemos el verdadero tipo de lo bueno, ¿por qué reducirnos a imitar una copia? Elevémonos de un solo golpe a la ambición de querer nosotros mismos servir de ejemplo a las naciones.

Ningún pueblo, se dice, lo ha hecho mejor que los ingleses. Y, aun así, ¿los productos del arte político no deben ser, al final del siglo XVIII, más que lo que pudieron ser en el XVII? Los ingleses no estuvieron por debajo de las luces de su tiempo; no permanezcamos por debajo de las luces del nuestro. Así es como uno imita cuando quiere mostrarse digno de marchar sobre las huellas de los buenos modelos. Sobre todo, no nos desanimemos de no ver nada de la historia que pueda convenirnos. La verdadera ciencia del estado de sociedad no data de lejos. Los hombres han construido durante mucho tiempo chozas antes de hallarse en estado de elevar palacios. Hay buenas razones para que la arquitectura social haya sido más lenta en sus progresos que esta multitud de artes que se asocian perfectamente con el despotismo.

CAPÍTULO V

LO QUE HUBIERA DEBIDO HACERSE. PRINCIPIOS A ESTE RESPECTO

En moral nada puede reemplazar el medio simple y natural. Pero cuanto más tiempo ha perdido el hombre en ensayos inútiles, más teme a la idea de recomenzar, como si no valiera siempre más recomenzar otra vez y acabar, que permanecer a merced de los acontecimientos y de los recursos facticios, con los cuales se recomenzará sin cesar, sin estar nunca más adelantado.

EN toda nación libre, y toda nación debe ser libre, no hay sino una manera de terminar con las diferencias que se produzcan con respecto a la Constitución. No es a notables a quien hay que recurrir: es a la nación misma. Si carecemos de Constitución, hay que hacer una; solo la nación tiene derecho a ello. Si tenemos una Constitución, como algunos se obstinan en sostener, y por ella la Asamblea nacional está dividida, tal como pretenden, en tres diputaciones de tres órdenes de ciudadanos, no se puede, por lo menos, dejar de ver que hay por parte de uno de esos órdenes una reclamación tan fuerte, que es imposible dar un paso más sin juzgarla. Ahora bien: ¿a quién corresponde decidir en semejantes divergencias?

Se comprende bien que una cuestión de esta naturaleza no puede parecer indiferente sino a quienes, contando por poco en materia social los medios justos y naturales, no estiman sino estos recursos ficticios, más o menos inicuos, más o menos complicados, que constituyen en todas partes la reputación de lo que se llama los hombres de Estado, los grandes políticos. Nosotros no saldremos de la moral: ella debe regular todas las relaciones que ligan a los hombres entre sí a su interés particular y a su interés común o social. Ella deberá decirnos qué se hubiera debido hacer, y, después de todo, solo ella podría decirlo. Hay que volver siempre de nuevo a los principios simples, como más poderosos que todos los esfuerzos del genio.

Jamás se comprenderá el mecanismo social si no se toma el partido de analizar una sociedad como una máquina ordinaria y considerar por separado cada parte, y reunidas después, en espíritu, una tras otra, a fin de captar los acordes y de oír la armonía general que debe resultar de ellos. No tenemos necesidad aquí de entrar en un trabajo tan extenso. Pero como hace falta siempre ser claro, y no se lo es discurriendo sin principios, rogaremos al menos al lector que considere en la formación de las sociedades políticas tres épocas cuya distinción preparará a necesarias aclaraciones.

En la primera se concibe un número más o menos considerable de individuos aislados que quieren reunirse. Por ese solo hecho forman ya una nación; tienen todos los derechos de esta; ya no se trata más que de ejercerlos. Esta primera época está caracterizada por el juego de las voluntades individuales. Su obra es la asociación. Ellas son el origen de todo poder.

La segunda época está caracterizada por la acción de la voluntad común. Los asociados quieren dar consistencia a su unión y quieren cumplir su fin. Discuten, pues, entre sí, y convienen respecto a las necesidades públicas y al medio de proveerlas. Se ve que aquí el poder pertenece al público. El origen son siempre voluntades individuales, y ellas forman sus esenciales elementos; pero, consideradas separadamente, su poder sería nulo. No reside sino en el conjunto. Le hace falta la comunidad una voluntad común; sin la unidad de voluntad no llegaría a formar un todo capaz de querer y de actuar. Ciertamente también, este todo no tiene ningún derecho que no pertenezca a la voluntad común. Pero franqueemos los intervalos de tiempo. Los asociados son demasiado numerosos y están dispersos en una superficie demasiado extensa para ejercitar fácilmente ellos mismos su voluntad común. ¿Qué hacen? Separan todo lo que es necesario para velar y proveer a las atenciones públicas, y confían el ejercicio de esta porción de voluntad nacional, y, por consiguiente, de poder, a algunos de entre ellos. Tal es el origen de un gobierno ejercido por procuración. Notemos sobre esto varias verdades; 1.a La comunidad no se despoja del derecho de querer. Es su propiedad inalienable. No puede sino encargar su ejercicio. Este principio se examina en otra parte. 2.a El cuerpo de los delegados no puede ni siquiera tener la plenitud de este ejercicio. La comunidad no ha podido confiarle de su poder total sino esa porción que es necesaria para mantener el buen orden. No se da lo superfluo en este género. 3.º No corresponde, pues, al cuerpo de los delegados alterar los límites del poder que le ha sido confiado. Se concibe que esta facultad sería contradictoria consigo misma.

Distingo la tercera época de la segunda en que no es ya la voluntad común real la que obra, es una voluntad común representativa. Dos caracteres indelebles le pertenecen; hay que repetirlo: 1.° Esta voluntad no es plena e ilimitada en el cuerpo de los representantes, no es sino una porción de la gran voluntad común nacional. 2.º Los delegados no la ejercen como un derecho propio, es el derecho de otro; la voluntad común no está ahí sino en comisión.

Actualmente dejo una multitud de reflexiones a las que esta exposición nos conduciría con bastante naturalidad, y marcho a mi meta. Se trata de saber lo que debe entenderse por la Constitución política de una sociedad, y de observar sus justas relaciones con la nación misma.

Es imposible crear un cuerpo para un fin sin darle una organización, formas y leyes propias para hacerle cumplir las funciones a que se lo ha querido destinar. Eso es lo que se llama la Constitución de ese cuerpo. Es evidente que no puede existir sin ella. Lo es también que todo gobierno comisionado debe tener su Constitución; y lo que es verdad del gobierno en general, lo es también de todas las partes que lo componen. Así, el cuerpo de los representantes, al que le está confiado el poder legislativo o el ejercicio de la voluntad común, no existe sino con la manera de ser que la nación ha querido darle. No es nada sin sus formas constitutivas; no obra, no se dirige, no se comanda sino por ellas.

A esta necesidad de organizar el cuerpo del gobierno, si se quiere que exista o que actúe, hay que añadir el interés que tiene la nación en que el poder público delegado no pueda jamás llegar a ser nocivo a sus comitentes. De ahí una multitud de precauciones políticas que se han mezclado a la Constitución, y que son otras tantas reglas esenciales al gobierno, sin las que el ejercicio del poder se haría ilegal. Se siente, pues, la doble necesidad de someter el gobierno a formas ciertas, sean interiores, sean exteriores, que garanticen su aptitud para el fin para el que ha sido establecido y su impotencia para separarse de él.

Pero que se nos diga según qué criterios, según qué interés hubiera podido darse una Constitución a la nación misma. La nación existe ante todo, es el origen de todo. Su voluntad es siempre legal, es la ley misma. Antes que ella y por encima de ella solo existe el derecho natural.

Si queremos una idea justa de la serie de las leyes positivas que no pueden emanar sino de su voluntad, vemos en primer término las leyes constitucionales, que se dividen en dos partes: las unas regulan la organización y las funciones del cuerpo legislativo: las otras determinan la organización y las funciones de los diferentes cuerpos activos. Estas leyes son llamadas fundamentales no en el sentido de que puedan hacerse independientes de la voluntad nacional, sino porque los cuerpos que existen y actúan por ellas no pueden tocarlas. En cada parte la Constitución no es obra del poder constituido, sino del poder constituyente. Ninguna especie de poder delegado puede cambiar nada en las condiciones de su delegación. Es en este sentido en el que las leyes constitucionales son fundamentales. Las primeras, aquellas que establecen la legislatura, están fundadas por la voluntad nacional antes de toda Constitución; forman su primer grado. Las segundas deben ser establecidas por una voluntad representativa especial. Así todas las partes del gobierno se remiten y dependen en último análisis de la nación. No ofrecemos aquí sino una idea fugitiva, pero es exacta.

Se concibe fácilmente después cómo las leyes propiamente dichas, las que protegen a los ciudadanos y deciden del interés común, son obra del cuerpo legislativo formado y moviéndose según sus condiciones constitutivas. Aun cuando no presentemos estas últimas leyes sino en segunda línea, son, sin embargo, las más importantes, porque son el fin, mientras que las leyes constitucionales son tan sólo los medios. Puede dividírselas en dos partes: las leyes inmediatas o protectoras y las leyes mediatas o protectoras y las leyes mediatas o directrices. No es este el lugar de dar más desarrollo a este análisis.

Hemos visto nacer la Constitución en la segunda época. Es claro que no es relativa sino al gobierno. Sería ridículo suponer a la nación misma ligada por las formalidades o por la Constitución a que ella ha sujetado a sus mandatarios. Si hubiera necesitado esperar, para llegar a ser una nación, una manera de ser positiva, jamás lo hubiera sido. La nación se forma por el sólo derecho natural. El gobierno, por el contrario, solo puede pertenecer al derecho positivo. La nación es todo lo que puede ser por el solo hecho de que es. No depende de su voluntad atribuirse más derechos de los que tiene. En su primera época tiene todos los de una nación. En la segunda época los ejerce; en la tercera hace ejercer por sus representantes todo lo que es necesario para la conservación y el buen orden de la comunidad. Si se sale de esta serie de ideas solo se puede caer de absurdidades en absurdidades.

El gobierno no ejerce un poder real sino en tanto que es constitucional; no es legal sino en tanto que es fiel a las leyes que le han sido impuestas. La voluntad nacional, por el contrario, no tiene necesidad sino de su realidad para ser siempre legal; ella es el origen de toda legalidad.

No solamente la nación no está sometida a una Constitución, sino que no puede estarlo, sino que no debe estarlo, lo que equivale a decir que no lo está.

No puede estarlo. ¿De quién, en efecto, hubiera podido recibir una forma positiva? ¿Hay una autoridad anterior que haya podido decir a una multitud de individuos: «Yo os reúno bajo tales leyes; formaréis una nación en las condiciones: que yo os prescribo»? No hablamos aquí de bandidaje ni dominación, sino de asociación legítima, es decir, voluntaria y libre.

¿Se dirá que una nación puede, por un primer acto de su voluntad, a la verdad independiente de toda forma, comprometerse a no querer en el porvenir sino de una manera determinada? Ante todo, una nación no puede ni alienar ni prohibirse el derecho de querer; y cualquiera que sea su voluntad, no puede perder el derecho a cambiarla en el momento en que su interés lo exija. En segundo lugar, ¿con quién se habría comprometido esta nación? Concibo cómo puede obligar a sus mandatarios, y todo lo que le pertenece; pero ¿puede, en ningún sentido, imponerse deberes hacia sí misma? Siendo los dos términos la misma voluntad, puede siempre desprenderse del pretendido compromiso.

Aun cuando pudiera, una nación no debe encerrarse en las trabas de una forma positiva. Sería exponerse a perder su libertad, sin vuelta, pues no haría falta sino un momento de éxito a la tiranía para entregar los pueblos, con el pretexto de Constitución, a una forma tal, que no les sería posible ya expresar su voluntad y, por consiguiente, sacudir las cadenas del despotismo. Debe concebirse las naciones sobre la tierra como individuos fuera del lazo social o, según se dice, en el estado de naturaleza. El ejercicio de su voluntad es libre e independiente de todas las formas civiles. No existiendo más que en el orden natural, su voluntad, para surtir todo su efecto, no tiene necesidad de llevar los caracteres naturales de la voluntad. De cualquier manera que una nación quiera, basta que quiera; todas las formas son buenas, y su voluntad es siempre la ley suprema. Puesto que, para imaginar una sociedad legítima, hemos supuesto a las voluntades individuales, puramente naturales, la potencia moral de formar la asociación, ¿cómo nos negaríamos a reconocer una fuerza semejante en una voluntad común, igualmente natural? Una nación no sale jamás del estado de naturaleza, y en medio de tantos peligros, nunca son demasiadas todas las maneras posibles de expresar su voluntad. Insistamos: una nación es independiente de toda forma; y de cualquier manera que quiera, basta que su voluntad aparezca para que todo derecho positivo cese ante ella como ante la fuente y el dueño supremo de todo derecho positivo.

Pero hay todavía una prueba más impresionante de la verdad de nuestros principios.

Una nación no debe ni puede restringirse a formas constitucionales, pues a la primera diferencia que surgiera entre las partes de esta Constitución, ¿qué ocurriría con la nación así dispuesta a no poder obrar sino según la Constitución disputada? Pongamos atención en cuan esencial es, en el orden civil, que los ciudadanos encuentren en una parte del poder activo una autoridad pronta a terminar sus procesos. De igual modo, las diversas ramas del poder activo deben poder invocar la decisión de la legislatura en todas las dificultades que encuentren. Pero si vuestra legislatura misma, si las diferentes partes de esta primera Constitución no se ponen de acuerdo entre sí, ¿quién será el juez supremo? Pues hace falta uno, o bien la anarquía sucede al orden.

¿Cómo se imagina que un cuerpo constituido pueda decidir de su Constitución? Una o varias partes integrantes de un cuerpo moral no son nada separadamente. El poder no pertenece sino al conjunto. Desde el instante en que una parte reclama, el conjunto no es más; ahora bien: si no existe, ¿cómo podría juzgar[50]? Así, pues, se debe reconocer que ya no habría Constitución en un país al menor embarazo que sobreviviera entre sus partes si la nación no existiera independiente de toda regla y de toda forma constitucional.

Con ayuda de estos esclarecimientos podemos responder a la pregunta que nos hemos hecho. Es notorio que las partes de lo que creéis ser la Constitución francesa no están de acuerdo entre sí. ¿A quién, pues, corresponde decidir? A la nación, independiente, como necesariamente lo es, de toda forma positiva. Aun cuando la nación tuviera esos Estados Generales regulares, no sería ese cuerpo constituido quien hubiera de pronunciarse sobre una diferencia que toca a su Constitución. Habría en ello una petición de principios, un círculo vicioso.

Los representantes ordinarios de un pueblo están encargados de ejercer, en las formas constitucionales, toda esta porción de la voluntad común que es necesaria para el mantenimiento de una buena administración. Su poder está limitado a los asuntos del gobierno.

Representantes extraordinarios tendrán un nuevo poder tal como plazca a la nación dárselo. Puesto que una gran nación no puede reunirse ella misma en realidad todas las veces que circunstancias fuera del orden común pudieran exigirlo, es menester que confíe a representantes extraordinarios los poderes necesarios en esas ocasiones. Si pudiera reunirse ante vosotros y expresar su voluntad, ¿osaríais disputársela porque no la ejerce en una forma más bien que en otra? Aquí la realidad es todo y la forma nada.

Un cuerpo de representantes extraordinarios suple a la asamblea de esta nación. No tiene necesidad, sin duda, de estar encargado de la plenitud de la voluntad nacional; no necesita más que un poder especial, y en casos raros; pero reemplaza a la nación en su independencia de toda clase de formas constitucionales. No hay necesidad aquí de tomar tantas precauciones para impedir el abuso de poder; estos representantes no son diputados sino para un solo asunto y por un tiempo solamente. Digo que no están constreñidos a las formas constitucionales sobre las cuales tienen que decidir: 1.º Eso sería contradictorio, pues esas formas están indecisas y ellos tienen que regularlas. 2º Ellos no tienen nada que decir en el género de asuntos para el que se habían fijado las formas positivas. 3º Están puestos en lugar de la nación misma que tiene que regular la Constitución. Son independientes de esta como ella. Les basta querer como quieren los individuos en el estado de naturaleza. De cualquier manera que sean diputados, que se reúnan y que deliberen, con tal que no se pueda ignorar (¿y cómo lo ignoraría la nación que los comisiona?) que obran en virtud de una comisión extraordinaria de los pueblos, su voluntad común valdrá por la de la nación misma.

Yo no quiero decir que una nación no pueda dar a sus representantes ordinarios la nueva comisión de que aquí se trata. Las mismas personas pueden, sin duda, concurrir a formar diferentes cuerpos. Pero siempre es verdad que una representación extraordinaria no se parece nada a la legislatura ordinaria. Son poderes distintos. Esta no puede moverse sino en las formas y en las condiciones que le son impuestas. La otra no está sometida a ninguna forma en particular; se reúne y delibera como haría la nación misma si, no estando compuesta más que de un pequeño número de individuos, quisiera dar una Constitución a su gobierno. No se trata aquí de distinciones inútiles. Todos los principios que acabamos de citar son esenciales al orden social; no sería completo si pudiera encontrarse un solo caso sobre el cual no pudiera indicar reglas de conducta capaces de proveer a todo[51].

Es tiempo de volver al título de este capítulo.

¿Qué hubiera debido hacerse en medio del embarazo y de las disputas sobre los próximos Estados Generales? ¿Llamar notables? No. ¿Maniobrar cerca de las partes interesadas para comprometerlas a ceder cada una de su lado? No. Hubiera habido que recurrir al gran medio de una representación extraordinaria. Era a la nación a quien había que consultar.

Respondamos a dos cuestiones que se presentan todavía: ¿Dónde tomar la nación? ¿A quién le correspondería interrogarla?

1ª ¿Dónde tomar la nación? Donde está; en las cuarenta mil parroquias que abrazan todo el territorio, todos los habitantes y todos los tributarios de la cosa pública; ahí está, sin duda, la nación. Se hubiera indicado una división territorial para facilitar el medio de constituirse en circunscripciones de veinte o treinta parroquias, por primeros diputados. Sobre un plan semejante las circunscripciones habrían formado provincias, y estas habrían enviado a la metrópoli verdaderos representantes extraordinarios con poder especial de decidir de la Constitución de los Estados Generales.

¿Diréis que este medio hubiera entrañado demasiadas lentitudes? No más en verdad que esta serie de expedientes que no han llevado sino a embrollar los asuntos. Por lo demás, se trataba de tomar los verdaderos medios de ir hacia el fin, y no de negociar con el tiempo. Si se hubiera querido o sabido rendir homenaje a los buenos principios, se hubiera hecho por la nación en cuatro meses más que el concurso de las luces y de la opinión pública, que yo supongo, sin embargo, muy potente, podrá hacer en medio siglo.

Pero, diréis, si la pluralidad de los ciudadanos hubiera nombrado los representantes extraordinarios, ¿qué se habría hecho de la distinción de los tres órdenes? ¿Qué se haría de los privilegiados? Lo que deben ser. Los principios que acabo de exponer son ciertos. Hay que renunciar a todo orden social, o reconocerlos. La nación es siempre dueña de reformar su Constitución. Sobre todo, no puede dispensarse de darse una cierta, cuando es discutida. Todo el mundo conviene en ello hoy; ¿y no veis que le sería imposible tocar la Constitución si la nación no fuera más que parte en la querella? Un cuerpo sometido a formas constitutivas no puede decidir nada si no es según su Constitución.

No puede darse otra. Cesa de existir desde el momento en que se mueve, habla, actúa distintamente que en las formas que le han sido impuestas. Los Estados Generales, aun cuando se reunieran, son, pues, incompetentes para decidir nada sobre la Constitución. Este derecho pertenece solo a nación, independiente, no cesemos de repetirlo, de todas las formas y de todas las condiciones posibles.

Los privilegiados, como se ve, tienen buenas razones para confundir las ideas y los principios en esta materia. Sostendrán hoy con intrepidez lo contrario de lo que avanzaban hace seis meses. Entonces solo se oía un grito en Francia: no teníamos Constitución y pedíamos formar una. Hoy, no solamente tenemos una Constitución, sino que, si se cree a los privilegiados, encierra dos disposiciones excelentes e intachables.

La primera es la división por órdenes de los ciudadanos; la segunda, la igualdad de influencia, para cada orden, en la formación de la voluntad nacional. Ya hemos probado bien que, aun cuando todas esas cosas formaran nuestra Constitución, la nación sería siempre dueña de cambiarla. Queda por examinar más particularmente la naturaleza de esta igualdad de influencia que sobre la voluntad nacional querría atribuirse a cada orden. Vamos a ver que esta idea es la más absurda posible y que no hay nación que pueda poner en su Constitución nada parecido.

Una sociedad política no puede ser sino el conjunto de los asociados. Una nación no puede decidir que ella no será ya la nación, o que no lo será sino de una manera, pues eso sería decir que no lo es de cualquier otra. Igualmente una nación no puede estatuir que su voluntad común cesará de ser su voluntad común. Es una desdicha tener que enunciar proposiciones cuya simplicidad parece necia si no se piensa en las consecuencias que se quieren sacar de ellas. Pues una nación no ha podido estatuir jamás que los derechos inherentes a la voluntad común, es decir, a la mayoría, pasen a la minoría. La voluntad común no puede destruirse a sí misma. No puede cambiar la naturaleza de las cosas y hacer que la opinión de la minoría sea la opinión de la mayoría. Se ve bien que un estatuto semejante, en lugar de ser acto legal o moral, sería un acto de demencia.

Si se pretende, pues, que pertenece a la Constitución francesa el que de dos a trescientos mil individuos constituyan, sobre un número de veintitrés millones de ciudadanos, las dos terceras partes de la voluntad común, ¿qué responder, si no es que se sostiene que dos y dos son cinco?

Las voluntades individuales son los solos elementos de la voluntad común. No se puede ni privar al mayor número del derecho de concurrir a ella, ni decretar que diez voluntades no valdrán sino por una, contra otras diez que valdrán por treinta. Eso son contradicciones en los términos, verdaderos absurdos.

Si se abandona un solo instante este principio de primera evidencia: que la voluntad común es la opinión de la mayoría y no la de la minoría, es inútil hablar de razón. Con el mismo título se puede decidir que la voluntad de uno solo será llamada la mayoría, y que no hay necesidad ni de Estados Generales ni de voluntad nacional, etc., pues si una voluntad puede valer por diez, ¿por qué no valdría por cien, un millón, veintiséis millones?

¿Tendremos necesidad de insistir más sobre la consecuencia natural de estos principios? Es notorio que, en la representación nacional ordinaria y extraordinaria, la influencia no puede ser sino en razón del número de las cabezas que tienen derecho a hacerse representar. El cuerpo representante está siempre, para lo que tiene que hacer, en el lugar de la nación misma. Su influencia debe conservar la misma naturaleza, las mismas proporciones y las mismas reglas.

Concluyamos que hay un acuerdo perfecto entre todos los principios, para decidir: 1.º Que solo una representación extraordinaria puede tocar a la Constitución o darnos una, etc.; 2º que esta representación constituyente debe formarse sin consideración a la distinción de los órdenes.

2ª ¿A quién corresponde interrogar a la nación? Si tuviéramos una Constitución legislativa, cada una de sus partes tendría derecho a ello, por la razón de que la apelación a los jueces está siempre abierta a los demandantes, o más bien porque los intérpretes de una voluntad están obligados a consultar a sus comitentes, sea para hacer explicar su procuración, sea para darles aviso de las circunstancias que exigirían nuevos poderes. Pero hace cerca de dos siglos que estamos sin representantes, suponiendo que los haya habido entonces. Y pues que no los tenemos, ¿quién los reemplazará cerca de la nación? ¿Quién prevendrá a los pueblos de la necesidad de enviar representantes extraordinarios? La respuesta a esta cuestión no puede embarazar sino a los que unen a la palabra convocatoria el fárrago de las ideas inglesas. No se trata aquí de prerrogativa regia, sino del sentido simple y natural de una convocatoria. Este término comprende el de opinión que debe darse de la necesidad nacional, e indicación de una cita común. Ahora bien: cuando la salvación de la patria urge a todos los ciudadanos, ¿se perderá el tiempo en inquirir quién tiene el derecho de convocar? Habría que preguntar más bien: ¿quién no tiene el derecho? Es el deber sagrado de todos los que pueden hacer algo. Con mayor razón, el poder ejecutivo lo puede, él que está en condiciones mucho mejores que los simples particulares de prevenir a la generalidad de los ciudadanos, de indicar el lugar de la asamblea y de eliminar todos los obstáculos que pudiera oponer el interés de cuerpo. Ciertamente, el príncipe, en su cualidad de primer ciudadano, está más interesado que ningún otro en convocar los pueblos. Si él es incompetente para decidir sobre la Constitución, no puede decirse que lo sea para provocar esta decisión.

Así, no hay dificultad sobre la cuestión: ¿qué es lo que hubiera debido hacerse? Se hubiera debido convocar la nación para que ella diputara a la metrópoli representantes extraordinarios con una proclamación especial para regular la constitución de la Asamblea general ordinaria. Yo no hubiera querido que estos representantes hubiesen tenido, además, poderes para formarse después en Asamblea ordinaria de conformidad con la Constitución que ellos mismos hubieran fijado bajo una calidad distinta. Yo hubiera temido que en lugar de trabajar únicamente por el interés nacional hubieran puesto demasiada atención en el interés del cuerpo que iban a formar. En política, es la confusión de los poderes lo que hará constantemente imposible el establecimiento del orden social sobre la tierra, como también cuando se quiera separar lo que deba ser distinto se alcanzará a resolver el gran problema de una sociedad humana dispuesta para ventaja general de los que la componen. Podrá preguntarse por qué me he extendido tanto sobre lo que hubiera debido hacerse.

Lo pasado, pasado está, se dirá. Respondo, en primer lugar, que el conocimiento de lo que hubiera debido hacerse puede llevar al conocimiento de lo que se hará. En segundo lugar, es siempre bueno presentar los verdaderos principios, sobre todo en una materia tan nueva para la mayor parte de los espíritus. Por último, las verdades de este capítulo pueden servir para explicar mejor las del capítulo siguiente.

CAPÍTULO VI

LO QUE RESTA HACER. DESARROLLO DE ALGUNOS PRINCIPIOS

YA ha pasado el tiempo en que los tres órdenes, no pensando sino en defenderse del despotismo ministerial, estaban dispuestos a reunirse contra el enemigo común. Aun cuando sea imposible a la nación sacar una parte útil de la circunstancia presente, dar un solo paso hacia el orden social sin que el Tercer Estado recoja también los frutos, sin embargo, el orgullo de los dos primeros órdenes se ha irritado viendo a las grandes municipalidades del reino reclamar la menor parte de los derechos políticos que pertenecen al pueblo.

¿Qué querían, pues, esos privilegiados tan ardientes en la defensa de su superfluo, tan prontos en impedir al Tercer Estado que obtenga en ese género lo más estrictamente necesario? ¿Entendían que la regeneración de que se alardea no sería más que para ellos? ¿Y querían no servirse del pueblo, siempre desdichado, sino como de un instrumento ciego para extender y consagrar su aristocracia? ¿Qué dirán las generaciones futuras al conocer la especie de furor con que el segundo orden del Estado y el primer orden del clero han perseguido todas las demandas de las ciudades? ¿Podrán creer en las ligas secretas y públicas, en las fingidas alarmas[52] y en la perfidia de las maniobras de que se ha rodeado a los defensores del pueblo? Nada será olvidado en los fieles relatos que los escritores patriotas preparen a la posteridad. Se hará conocer la noble conducta de los magnates de Francia, en una circunstancia tan propia, sin embargo, para inspirar algunos sentimientos de patriotismo incluso a los hombres más absorbidos en su egoísmo. ¿Cómo príncipes de la casa reinante han podido determinarse a tomar partido en una querella entre los órdenes del Estado? ¿Cómo han dejado a despreciables redactores que vomiten las calumnias tan atroces como ridículas que llenan la increíble memoria[53] publicada bajo su nombre?

Se quejan de la violencia de algunos escritores del Tercer Estado. ¿Qué es la manera de pensar de un individuo aislado? Nada, Las verdaderas gestiones del Tercer Estado, las que son auténticas, se limitan a las peticiones de las municipalidades y de una parte de los países de estado —compáreselas con la gestión igualmente auténtica de los príncipes contra el pueblo, que se guardaba bien de atacarlos: ¡qué modestia, qué mesura en las primeras!; ¡qué violencia, qué profunda iniquidad en la segunda!

Inútilmente esperaba el Tercer Estado del concurso de todas las clases la restitución de sus derechos políticos y la plenitud de sus derechos civiles; el temor de ver reformar los abusos inspira a los dos primeros órdenes más alarmas que deseos sienten por la libertad. Entre ella y algunos privilegios han elegido estos. Su alma se ha identificado con los favores de la servidumbre. Temen hoy a esos Estados Generales que con tanto ardor invocaban antes. Todo está bien para ellos; no se quejan más que del espíritu de innovación; no carecen ya de nada; el temor les ha dado una Constitución.

El Tercer Estado debe apercibirse, en el movimiento de los espíritus y de los asuntos, de que no puede esperar nada si no es de sus luces y de su valor. La razón y la justicia están a su favor; es menester al menos que se asegure todas sus fuerzas. No, ya no es tiempo de trabajar en la conciliación de los partidos. ¿Qué acuerdo puede esperarse entre la energía del oprimido y la rabia de los opresores?

Ellos han osado pronunciar la palabra escisión. Han amenazado al rey y al pueblo. ¡Ah, gran Dios, qué dichoso sería para la nación que se hiciera para siempre esta escisión tan deseable! ¡Qué cómodo sería prescindir de los privilegiados! ¡Qué difícil será llevarlos a ser ciudadanos!

Es de las cuestiones que no deberían jamás agitar los que temen a la justicia; a buen seguro, sirven para ilustrar al público, y las luces llevan a la equidad, de grado o por fuerza. Por lo demás, no se trata ya para el Tercer Estado de estar mejor o de permanecer como estaba. La circunstancia no permite ese cálculo; hay que avanzar o retroceder, hay que abolir o reconocer y legalizar privilegios inicuos e insociales. Ahora bien: se percibirá cuan insensato sería el proyecto de consagrar, al final del siglo XVIII, los abominables restos del feudalismo. Aquí la lengua ha sobrevivido a la cosa. Los nobles se complacen en pronunciar los nombres de plebeyos, de palurdos, de villanos. Olvidan que esas expresiones, cualquiera sea el sentido que se les quiera dar, son o extrañas hoy al Tercer Estado, o comunes a los tres órdenes; olvidan también que cuando eran exactas, el noventa y cinco por cierto de ellos eran incontestablemente plebeyos, palurdos y villanos.

En vano se cerrarían los ojos a la revolución que el tiempo y la fuerza de las cosas han operado; no por eso sería menos real. En otro tiempo, el Tercero era siervo, el orden noble lo era todo. Hoy el Tercero lo es todo, y la nobleza es un vocablo. Pero bajo este vocablo se ha deslizado una nueva e intolerable aristocracia; y el pueblo tiene toda la razón en no querer ya aristócratas.

En semejante posición, ¿qué le queda por hacer al Tercero si quiere ponerse en posesión de sus derechos políticos de una manera útil a la nación? Se presentan dos medios para llegar a ello. Según el primero, el Tercero deberá reunirse aparte: no concurrirá con la nobleza y el clero, no permanecerá con ellos ni por orden ni por cabezas. Ruego que se fije la atención en la diferencia enorme que hay entre la asamblea del Tercer Estado y la de los otros dos órdenes. La primera representa a veinticinco millones de hombres y delibera sobre los intereses de la nación. Las otras dos, aun cuando se reunieran, no tienen poderes sino de unos doscientos mil individuos y no piensan sino en sus privilegios. El Tercero solo, se dirá, no puede formar los Estados Generales. ¡Ah!, ¡Tanto mejor!, Compondrá una Asamblea Nacional[54].

Un consejo de esta importancia necesita ser justificado mediante todo aquello que los buenos principios ofrecen de más claro y de más cierto.

Digo que los diputados del clero y de la nobleza no tienen nada de común con la representación nacional, que ninguna alianza es posible entre los tres órdenes en los Estados Generales, y que, no pudiendo votar en común, no pueden hacerlo ni por orden, ni por cabezas. Hemos prometido, al final del tercer capítulo, probar aquí esta verdad. Por lo demás, no ofrecerá tal vez nada que no sea conocido: los buenos espíritus lo han difundido ya entre el público.

No hay, dice una máxima de derecho universal, más gran falta que la falta de poder. Es sabido: la nobleza no es diputada por el clero y el Tercero. El clero no está encargado de la procuración de los nobles y de los comunes. De ahí se sigue que cada orden es una nación distinta, que no es más competente para inmiscuirse en los asuntos de los otros órdenes que los Estados Generales de Holanda o el Consejo de Venecia, por ejemplo, son hábiles para votar en las deliberaciones del Parlamento de Inglaterra. Un procurador apoderado no puede obligar más que a sus comitentes, un representante no tiene derecho a hacerse portavoz más que de sus representados. Si se desconoce esta verdad, es menester aniquilar todos los principios[55].

Ha de verse, según esto, que, en buena regla, es perfectamente inútil buscar la relación o la proporción en que cada orden debe concurrir a formar la voluntad general. Esta voluntad no puede ser una en tanto que dejéis tres órdenes y tres representaciones. A lo sumo, estas tres asambleas podrán reunirse en el mismo voto, como tres naciones aliadas pueden formar el mismo deseo. Pero jamás haréis de ella una nación, una representación y una voluntad común. Percibo que estas verdades, ciertas como son, se hacen embarazosas en un Estado que no se ha formado bajo los auspicios de la razón y de la equidad política. ¿Qué queréis? Vuestra casa no se sostiene sino por artificio, con ayuda de un bosque de puntales informes colocados sin gusto y sin propósito, si no es el de apuntalar las partes a medida que amenazaban ruina; hay que reconstruirla o resolveros a vivir al día en condiciones molestas y con la inquietud de ser al final aplastados bajo los escombros. Todo se relaciona en el orden social. Si descuidáis una parte, no será impunemente para las otras. Si comenzáis por el desorden, os apercibiréis necesariamente a sus consecuencias. Si se pudieran sacar de la injusticia y del absurdo los mismos frutos que de la razón y de la equidad, ¿dónde estarían entonces las ventajas de estas?

Clamáis que si el Tercer Estado se reúne por separado para formar, no los tres estados llamados Generales, sino la Asamblea Nacional, no será más competente para votar por el clero y la nobleza de lo que estos dos órdenes lo son para deliberar por el pueblo. Ante todo os ruego que observéis, tal como acabamos de decirlo, que los representantes del Tercero tendrán incontestablemente la procuración de los veinticinco o veintiséis millones de individuos que componen la nación, a excepción de unos doscientos mil nobles o sacerdotes. Es bastante para que se disciernan el título de Asamblea Nacional. Deliberarán, pues, sin ninguna dificultad, por la nación entera, con la sola excepción de doscientas mil cabezas. En este supuesto, el clero podría continuar teniendo sus asambleas para la donación gratuita, y la nobleza adoptaría un medio cualquiera de ofrecer su subsidio al rey; y para que los arreglos particulares a estos dos órdenes no pudiesen hacerse nunca onerosos al Tercero, este comenzaría por declarar formalmente que no entiende pagar ningún impuesto que no sea soportado por los otros dos órdenes. No votaría el subsidio sino bajo esta condición; e incluso cuando el tributo hubiera sido regulado, no sería levantado sobre el pueblo si se podía apercibir que el clero y la nobleza quedaban exentos bajo cualquier pretexto que fuese.

Este arreglo sería, pese a las apariencias, tan bueno como otro cualquiera para llevar poco a poco a la nación a la unidad social. Pero, al menos, remediaría desde ahora el peligro que amenaza a este país. ¿Cómo, en efecto, no se sentiría presa de espanto el pueblo viendo dos cuerpos de privilegiados, y tal vez un tercero semidividido disponerse bajo el nombre de Estados Generales a disponer de su suerte, a imponerle destinos inmutables tanto como desdichados? Es muy justo disipar las alarmas de veinticinco millones de hombres, y cuando se habla de Constitución, probar, por los principios y la conducta, que se conocen los primeros elementos de ella y se los respeta.

Es evidente que los diputados del clero y de la nobleza no son representantes de la nación; son, pues, incompetentes para votar por ella.

Si los dejáis deliberar en las materias de interés general, ¿qué resultará de eso?: 1.º Si los votos son adoptados por órdenes, se seguirá que veinticinco millones de ciudadanos no podrán decidir nada por el interés general, porque no placerá a ciento o doscientos mil individuos privilegiados; es decir, que las voluntades de más de cien personas serán afectadas de interdicción y anuladas por la voluntad de una sola. 2º Si los votos son adoptados por cabezas, incluso con igualdad de influencia entre los privilegiados y los no privilegiados, se seguirá siempre que las voluntades de doscientas mil personas podrán contrapesar a las de veinticinco millones, ya que tendrán un número igual de representantes. Ahora bien: ¿no es monstruoso componer una asamblea de manera que pueda votar por el interés de la minoría? ¿No es esa una asamblea al revés?

Hemos demostrado en el capítulo precedente la necesidad de no reconocer la voluntad común sino en la opinión de la mayoría. Esta máxima es incontestable. Se sigue de ella que en Francia los representantes del Tercero son los verdaderos depositarios de la voluntad nacional. Pueden, por tanto, sin error, hablar en nombre de la nación entera. Pues, suponiendo incluso a los privilegiados reunidos siempre unánimes contra el voto del Tercero, no serían menos incapaces de contrapesar a la mayoría en las deliberaciones de este orden. Cada diputado del Tercero, según el numero fijado, vota en lugar de unos cincuenta mil hombres; bastaría, pues, estatuir que la mayoría será de cinco votos por encima de la mitad en la cámara de los comunes para que los votos unánimes de los doscientos mil nobles o sacerdotes debieran ser mirados como indiferente su conocimiento; y notad que en este supuesto olvido un momento que los diputados de los dos primeros órdenes no son representantes de la nación, y quiero admitir todavía que, sentándose en la verdadera Asamblea Nacional, aunque con la sola influencia que les pertenece, opinarían sin tregua contra el criterio de la mayoría. Incluso entonces es visible que su opinión se perdería en la minoría.

Bastante es todo esto para demostrar la obligación en que estaría el Tercer Estado de formar por sí solo una Asamblea Nacional, y para autorizar ante la razón y la equidad la pretensión que podía tener este orden de deliberar y votar por la nación entera, sin excepción ninguna.

Sé que tales principios no serán del gusto ni siquiera de los miembros del Tercer Estado, más hábiles en la defensa de sus intereses. Sea; con tal que se convenga en que he partido de los verdaderos principios, y que no marcho sino con el apoyo de una buena lógica. Añadamos que el Tercer Estado, al separarse de los dos primeros órdenes, no puede ser acusado de hacer escisión; hay que dejar esta expresión, así como el sentido que encierra, a los que primero la han empleado. En efecto, la mayoría no se separa del todo; habría en ello contradicción en los términos, pues sería necesario para eso que se separara de sí misma. No es sino a la minoría a quien pertenece el no querer someterse al voto del gran número, y, por consiguiente, el hacer escisión.

Sin embargo, nuestra intención al mostrar al Tercero toda la extensión de sus recursos o, más bien, de sus derechos, no es comprometerle a que use de ellos en todo rigor.

He anunciado, para el Tercero, dos medios de ponerse en posesión del puesto que le es debido en el orden político. Si el primero, que acabo de indicar, parece un poco demasiado brusco; si se juzga que hay que dejar al público el tiempo para que se acostumbre a la libertad; si se cree que derechos nacionales, por evidentes que sean, tienen necesidad aún, desde el momento en que son disputados, incluso por el número menor, de una especie de juicio legal que los fije, por así decirlo, y los consagre por una última sanción, estoy de acuerdo; apelemos al tribunal de la nación, único juez competente en todas las diferencias relativas a la Constitución. Tal es el segundo medio abierto al Tercero.

Aquí necesitamos recordar todo lo dicho en el capítulo precedente, tanto sobre la necesidad de constituir el cuerpo de los representantes ordinarios, como sobre la de no confiar esta gran obra sino a una diputación extraordinaria que tenga un poder especial ad hoc.

No se negará que la cámara del Tercero en los próximos Estados Generales no sea muy competente de seguro para convocar al reino en representación extraordinaria. Es a él sobre todo a quien pertenece prevenir a la generalidad de los ciudadanos sobre la falsa Constitución de Francia. Se quejará en alto grado de que los Estados Generales son un cuerpo mal organizado, incapaz de cumplir sus funciones nacionales, y demostrará al mismo tiempo la necesidad de dar a una diputación extraordinaria un poder especial para regular por leyes ciertas las formas constitutivas de su legislatura. Hasta ahí, el orden del Tercero suspenderá, no sus trabajos preparatorios, pero sí el ejercicio de su poder; no estatuirá nada definitivamente; esperará que la nación haya juzgado el gran proceso que divide a los tres órdenes. Tal es, estoy conforme, la marcha más franca, más generosa y, por consiguiente, más conveniente a la dignidad del Tercer Estado.

El Tercero puede considerarse, pues, bajo dos aspectos: bajo el primero, no se contempla más que como un orden: quiere, entonces, no sacudir de golpe los prejuicios de la antigua barbarie: distingue otros dos órdenes en el Estado sin atribuirles, no obstante, otra influencia que aquella que puede conciliarse con la naturaleza de las cosas, y tiene hacia ellos todas las consideraciones posibles, consintiendo en dudar de sus propios derechos hasta la decisión del juez supremo. Bajo el segundo aspecto, es la nación. En esta calidad, sus representantes forman toda la Asamblea Nacional; tienen todos los poderes de ella. Como son los solos depositarios de la voluntad general no tienen necesidad de consultar a sus comitentes sobre una disensión que no existe.

Sin duda, están siempre dispuestos a someterse a las leyes que plazca a la nación darles; pero si han de provocarla ellos mismos, no puede ser sobre ninguna de las cuestiones que nacen de la pluralidad de los órdenes en la Asamblea Nacional.

El envío de una diputación extraordinaria, o al menos la concesión de un nuevo poder especial, tal como ha sido explicada arriba, para regular, ante todo, el gran asunto de la Constitución, parece el verdadero medio de poner fin a la disensión actual y a las posibles perturbaciones de la nación. Aun cuando no hubiera estas perturbaciones que temer, sería todavía una medida necesaria a adoptar, porque, tranquilos o no, no podemos dejar de conocer nuestros derechos políticos y de ponernos en posesión de ellos. Esta necesidad nos parecerá más urgente aún si pensamos que los derechos políticos son la sola garantía de los derechos civiles y de la libertad individual.

Terminaría aquí mi memoria sobre el Tercer Estado si no hubiera emprendido otra cosa que ofrecer medios de conducta… Pero me he propuesto también desarrollar principios. Séame permitido seguir los intereses del Tercero hasta, la discusión pública que va a elevarse sobre la verdadera composición de una Asamblea Nacional. No voy a hablar de los asuntos ni del poder, sino de las leyes que deben determinar la composición personal del cuerpo de los diputados.

Hay que comprender ante todo claramente cuál es el objeto o el fin de la Asamblea representativa de una nación; no puede ser diferente del que se propondría la nación misma si pudiera reunirse y deliberar en el mismo lugar. ¿Qué es la voluntad de una nación? Es el resultado de las voluntades individuales, como la nación es la reunión de los individuos. Es imposible concebir una asociación legítima que no tenga por objeto la seguridad común, la libertad común, en fin, la cosa pública. Sin duda, cada particular se propone, además, fines particulares. Se dice: al abrigo de la seguridad común podré entregarme tranquilamente a mis proyectos personales, perseguiré mi felicidad como yo la entiendo, seguro de no hallar límites legales sino aquellos que la sociedad me prescriba por el interés común en que yo tengo parte y con el que mi interés particular ha hecho una alianza tan útil.

Pero ¿se concibe que haya en la Asamblea general miembros bastante insensatos para atreverse a tener este lenguaje: «Ahí estáis reunidos no para deliberar sobre nuestros asuntos, sino para ocuparos de los míos en particular, y de los de una pequeña camarilla que he formado con alguno de vosotros»? Decir que se reúnen asociados para regular las cosas que les conciernen en común es explicar el único motivo que ha podido inducir a los miembros a entrar en la asociación; es decir, una de esas verdades fundamentales y tan simples que se las debilitaría al quererlas probar.

Ahora es interesante explicarse cómo van a concurrir todos los miembros de una Asamblea Nacional a formar por sus voluntades individuales esta voluntad común que solo debe ir al interés público.

Presentemos ante todo este juego o este mecanismo en el supuesto más ventajoso: sería aquel en que el espíritu público, en su mayor fuerza, no permitiera manifestar a la asamblea sino la actividad del interés común. Esos prodigios son raros en la historia, y no duran. Sería conocer muy mal a los hombres ligar el destino de las sociedades a esfuerzos de virtud. Es menester que la decadencia misma de las costumbres públicas, cuando el egoísmo parece gobernar todas las almas, es menester, digo, que incluso en esos largos intervalos, la asamblea de una nación se halle constituida de tal modo que los intereses particulares permanezcan aislados en ella y que el voto de la mayoría sea siempre conforme al bien general.

Observemos en el corazón de los hombres tres especies de intereses: 1.º Aquel por el cual se reúnen: da la Justa medida del interés común; 2º Aquel por el cual un individuo se alía a algunos otros solamente: es el interés del cuerpo; en fin, 3º Aquel por el cual cada uno se aísla, pensando solo en sí: es el interés personal. El interés por el cual un hombre se pone de acuerdo con todos sus coasociados es evidentemente el objeto de la voluntad de todos y el de la asamblea común. La influencia del interés personal debe ser nula ahí. Y eso es también lo que ocurre; su diversidad es su remedio. La gran dificultad viene del interés por el cual un ciudadano se pone de acuerdo con algunos otros solamente. Este permite concertarse, ligarse; por él se combinan los proyectos peligrosos para la comunidad; por él se forman los enemigos públicos más temibles. La historia está llena de esta verdad.

No asombre, pues, que el orden social exija con tanto rigor que no se deje a los simples ciudadanos disponerse en corporaciones, que exija incluso a los mandatarios del poder ejecutivo, que por la necesidad de las cosas forman verdaderos cuerpos, renunciar en tanto dura su empleo a ser elegidos para la representación legislativa.

Así y no de otra manera está seguro el interés común de dominar a los intereses particulares. Bajo estas solas condiciones es posible darse razón de la posibilidad de fundar las asociaciones humanas sobre la conveniencia general de los asociados, y explicarse por consecuencia la legitimidad de las sociedades políticas.

Los mismos principios hacen sentir con no menos fuerza la necesidad de constituir la asamblea representativa misma sobre un plano que no le permita formarse un espíritu de cuerpo y degenerar en aristocracia. De ahí esas máximas fundamentales, suficientemente desenvueltas en otra parte, de que el cuerpo de los representantes debe ser renovado por terceras partes todos los años; que los diputados que acaban su periodo no deben ser de nuevo elegibles sino pasado un intervalo suficiente para dejar al mayor número posible de ciudadanos la facilidad de tomar parte en la cosa pública, que dejaría de serlo si pudiera ser contemplada como la cosa propia de un cierto número de familias, etc.

Pero, cuando en lugar de rendir homenaje a estas primeras nociones, a estos principios tan claros y tan ciertos, el legislador mismo crea, por el contrario, corporaciones en el Estado, reconoce todas las que se forman, las consagra con su potencia; cuando, en fin, osa llamar a las grandes y, por consiguiente, más funestas a formar parte, bajo el nombre de órdenes, de la representación nacional, uno cree ver al mal principio esforzándose por corromper todo, arruinar todo, trastornar todo entre los hombres. Para colmar y consolidar el desorden social no queda ya sino dar a esas terribles conjuraciones una preponderancia real sobre el gran cuerpo de la nación, y es de eso de lo que podría acusarse al legislador que ha hecho en Francia, si no hubiera más bien que imputar al curso ciego de los acontecimientos o a la ignorancia y a la ferocidad de nuestros predecesores la mayoría de los males que afligen a este soberbio reino.

Conocemos el verdadero objeto de una Asamblea Nacional; no está hecha para ocuparse de los asuntos particulares de los ciudadanos, no los considera sino en masa y desde el punto de vista del interés común. Saquemos de ello la consecuencia natural: que el derecho a hacerse representar no pertenece a los ciudadanos sino a causa de las cualidades que les son comunes, y no de aquellas que los diferencian.

Las ventajas por las que difieren los ciudadanos entre sí están por encima del carácter de ciudadano. Las desigualdades de propiedad y de industria son como las desigualdades de edad, de sexo, de talla, etc. No desnaturalizan la igualdad del civismo. Sin duda que estas ventajas particulares están bajo la salvaguardia de la ley; pero no corresponde al legislador el crear ventajas de esta naturaleza, dar privilegios a los unos y negárselos a los otros.

La ley no concede nada; protege lo que existe, hasta el momento en que esto que existe comienza a perjudicar al interés común. Solamente ahí están colocados los límites de la libertad individual. Yo me figuro la ley en el centro de un globo inmenso; todos los ciudadanos sin excepción están a la misma distancia sobre la circunferencia y ocupan en ella iguales lugares; todos dependen igualmente de la ley, todos le ofrecen su libertad y su propiedad para que las proteja; y a esto es a lo que yo llamo los derechos comunes de los ciudadanos, por donde todos se reúnen.

Todos esos individuos corresponden entre sí, se comprometen, negocian, siempre bajo la garantía común de la ley. Si en ese movimiento general alguno quiere dominar la persona de su vecino o usurpar su propiedad, la ley común reprime este atentado y repone a todo el mundo a la misma distancia de ella misma. Pero no impide en modo alguno que cada cual, según sus facultades naturales y adquiridas, según azares más o menos favorables, acrezca su propiedad con todo lo que la suerte próspera o un trabajo más fecundo pueda añadirle, ni que se construya, en su sitio legal, la dicha más conforme a sus gustos y más digna de envidia. La ley, protegiendo los derechos comunes de todo ciudadano, protege a cada ciudadano en todo lo que él puede ser, hasta el momento en que lo que quiere ser comience a perjudicar al común interés.

Tal vez insisto un poco demasiado sobre las mismas ideas, pero no tengo tiempo de reducirlas a su más perfecta simplicidad y, por lo demás, no es bueno ser tan conciso cuando se representan nociones demasiado desconocidas.

Los intereses por los que los ciudadanos se reúnen son, pues, los únicos que pueden tratar en común, los únicos por los cuales y en nombre de los cuales pueden reclamar derechos políticos, es decir, una parte activa en la formación de la ley social; los únicos, por consiguiente, que imprimen al ciudadano la calidad de representable. No es, pues, por estar privilegiado, sino por ser ciudadano, por lo que se tiene derecho a la elección de diputados y a la elegibilidad. Todo lo que pertenece a los ciudadanos, repito, ventajas comunes, ventajas particulares, con tal que estas no vulneren la ley, tiene derecho a la protección; pero como la unión social no ha podido hacerse sino por puntos comunes, solo la calidad común tiene derecho a la legislación. Se sigue de ahí que el interés de cuerpo, lejos de influir en la legislatura, no puede sino ponerla en desconfianza; es tan opuesto al objeto como extraño a la misión de un cuerpo de representantes.

Estos principios se hacen más rigurosos aun cuando se trata de los cuerpos y de los órdenes privilegiados. Entiendo por privilegiado todo hombre que sale del derecho común, sea porque pretende no estar sometido en todo a la ley común, sea porque pretende derechos exclusivos. Una clase privilegiada es dañosa, no solo por el espíritu de cuerpo, sino por su existencia misma. Cuantos más favores de esos, necesariamente contrarios a la libertad común, ha obtenido, más esencial es eliminarla de la Asamblea Nacional.

El privilegiado no sería representable sino por su calidad de ciudadano; pero en él esta calidad está destruida, él está fuera del civismo, es enemigo de los derechos comunes. Darle un derecho a la representación sería una contradicción manifiesta en la ley; la nación no hubiera podido someterse a ella sino por un acto de servidumbre; y esto es lo que no puede suponerse.

Cuando hemos probado que el mandatario del poder activo no podía ser ni elector ni elegible para la representación legislativa, no hemos cesado por eso de contemplarlo como verdadero ciudadano. Lo es, como todos los otros, por sus derechos individuales; y las funciones que lo distinguen, muy lejos de destruir en él el civismo, son, por el contrario, establecidas para servir sus derechos.

Si a pesar de eso es necesario suspender el ejercicio de sus derechos políticos, ¿qué deberá ser de quienes, despreciando los derechos comunes, se han compuesto tales que la nación les es extraña, de esos hombres cuya sola existencia es una hostilidad continua contra el gran cuerpo del pueblo? No hay duda de que estos han renunciado al carácter de ciudadanos y deben ser excluidos de los derechos de elector y de elegible aún con más seguridad que descartaríais a un extranjero cuyo interés confeso podría al menos no ser opuesto al vuestro.

Resumamos: es de principio que todo lo que sale de la calidad común de ciudadano no deberá participar de los derechos políticos. La legislatura de un pueblo no puede estar encargada de proveer sino al interés general. Pero si, en lugar de una simple distinción casi indiferente a la ley, existen privilegiados enemigos por estado del orden común, deben ser positivamente excluidos. No pueden ser ni electores ni elegibles en tanto duren sus odiosos privilegios.

Sé que principios semejantes parecerán extravagantes a la mayoría de los lectores. Es que la verdad debe parecer tan extravagante a los prejuicios como estos pueden serlo para la verdad. Todo es relativo. Me basta con que mis principios sean ciertos, conque mis consecuencias sean exactas. Pero al menos, se dirá, esas son cosas absolutamente impracticables para la época. Tampoco yo me encargo de practicarlas. Mi papel es el de todos los escritores patriotas: consiste en presentar la verdad. Otros se acercarán más o menos a ella, según su fuerza y según la circunstancia, o bien se separarán de ella por mala fe; y entonces soportaremos lo que no podemos impedir. Si todo el mundo pensara la verdad, los más grandes cambios no tendrían nada de difícil desde el momento que presentaran un objeto de utilidad pública. ¿Qué mejor puedo hacer que ayudar con todas mis fuerzas a difundir esta verdad que prepara los caminos? Se comienza por recibirla mal, poco a poco se acostumbran a ella los espíritus, la opinión pública se forma y, por fin, se asiste a la ejecución de los principios que antes habían sido tratados de locas quimeras. En casi todas las clases de prejuicios sería hoy el mundo menos discreto si no hubieran consentido algunos escritores en pasar por locos.

Encuentro por todas partes esas gentes que querrían que los pasos hacia la verdad no se dieran sino de uno en uno. Dudo que se entiendan cuando así hablan. Confunden la marcha del administrador con la del filósofo. El primero adelanta como puede; con tal que no salga del buen camino, solo hay que tributarle elogios. Pero este camino debe haber sido penetrado hasta el fin por el filósofo. Este debe haber llegado al término, sin lo cual no podría garantizar que es en verdad el camino que conduce allá. Si pretende detenerme cuando le plazca y como le plazca so pretexto de prudencia, ¿cómo sabré que me conduce bien? ¿Habrá que creerlo bajo su palabra? No es en el orden de la razón donde se permite una confianza ciega. Parece en verdad que se quiere o se espera, no diciendo más que una palabra después de la otra, sorprender al enemigo y hacerle caer en un lazo. No quiero discutir si, incluso entre particulares, una conducta franca no es también la más hábil; pero, a buen seguro, el arte de las reticencias y todas esas sutilezas de conducta que se creen el fruto de la experiencia de los hombres son una verdadera locura en asuntos nacionales tratados públicamente por tantos intereses reales e ilustrados. Aquí el verdadero medio de propulsar asuntos no es ocultar al enemigo lo que él sabe tan bien como nosotros, sino penetrar a la mayoría de los ciudadanos de la justicia de la causa. Se cree un poco demasiado que la verdad puede dividirse en partes y entrar así, por lo menudo, más fácilmente en el espíritu. No, con la mayor frecuencia hacen falta buenas sacudidas; no es demasiada toda la luz de la verdad para producir esas impresiones fuertes de donde nace un interés apasionado por lo que se ha reconocido verdadero, bello y útil.

Hay que tener una pobre idea de la marcha de la razón para imaginar que un pueblo entero deba permanecer ciego acerca de sus verdaderos intereses y que las verdades más útiles, concentradas en algunas cabezas solamente, no deben aparecer sino a medida que un hábil administrador pueda tener necesidad de ellas para el éxito de sus operaciones.

En primer lugar, esta perspectiva es falsa, porque no puede ser seguida. En segundo lugar, ¿se ignora que la verdad solo se insinúa lentamente en una masa tan grande como es una nación? ¿No será menester dejar a los hombres a quienes perturba el tiempo para acostumbrarse a ella, a los jóvenes que la reciben ávidamente el de llegar a ser algo, y a los viejos el de ya no ser nada? En una palabra, ¿quiere esperarse para sembrar al momento de la cosecha? Pues no la habrá nunca.

La razón, por lo demás, no gusta del misterio; no obra sino por una gran expansión; no es sino golpeando en todas partes como golpea con tino, porque es así como se forma esa potencia de opinión a la que se debe tal vez atribuir la mayor parte de los cambios verdaderamente ventajosos a los pueblos. Los espíritus, decís, no están todavía dispuestos a entenderos; vais a chocar a mucha gente. Menester es: la verdad más útil de publicar no es aquella de que ya se estaba bastante cerca, no es aquella que ya se está dispuesto a acoger. No, precisamente porque va a irritar más prejuicios y más intereses personales es más necesario difundirla. No se para atención en que el prejuicio que más consideraciones merece es aquel que está unido a la buena fe, que el interés personal más peligroso de irritar es aquel al que la buena fe presta toda la energía del sentimiento de tener la justicia a su favor. Hay que quitarles esta fuerza extraña; hay que reducirlos, ilustrándolos, a los solos expedientes de la mala fe. Las personas moderadas a quienes dirijo estas reflexiones dejarán de temer por la suerte de las verdades que ellas llaman prematuras si no se obstinan en confundir siempre la conducta mesurada y prudente del administrador, que estropearía todo, en efecto, si no calculara las fricciones y los obstáculos, con ese impulso libre del filósofo que la vista de las dificultades solo puede excitar más, y que está tanto más llamado a presentar los buenos principios sociales cuanto más llenos están los espíritus de barbarie feudal.

En fin, se dirá, si los privilegiados no tienen ningún derecho a interesar la voluntad común en sus privilegios, al menos deben gozar en su calidad de ciudadanos, confundidos con el resto de la sociedad, de sus derechos políticos a la representación.

Ya he dicho que, revistiendo el carácter de privilegiado, se han convertido en los enemigos reales del interés común; no pueden por eso estar encargados de proveer a él. Añado que son dueños de reingresar, cuando quieran, en el orden social; así se excluyen voluntariamente del ejercicio de los derechos políticos. Por último, sus verdaderos derechos, los que pueden ser el objeto de la Asamblea Nacional, les son comunes con los diputados que la componen, y pueden consolarse pensando que esos diputados se herirían a sí mismos si intentaran perjudicarlos.

Es, pues, cierto que solo los miembros no privilegiados son susceptibles de ser electores y diputados a la Asamblea Nacional. El voto del Tercero será siempre bueno para la generalidad de los ciudadanos, y el de los privilegiados será siempre malo, a menos que, descuidando su interés particular, no quieran votar como simples ciudadanos, es decir, como el Tercer Estado mismo. Así, pues, el Tercero basta a todo lo que puede esperarse de una Asamblea Nacional; así, pues, él solo es capaz de procurar todas las ventajas que hay lugar a prometerse de los Estados Generales.

Tal vez se pensará que queda a los privilegiados, como último recurso, considerarse como una nación aparte y pedir una representación distinta e independiente… He respondido de antemano a esta pretensión en el primer capítulo de este escrito, probando que los órdenes privilegiados no eran ni podían ser un pueblo aparte. No son ni pueden ser sino a expensas de una nación verdadera. ¿Cuál será la que consienta de buena gana en una tal alianza?

Entre tanto, es imposible decir qué plaza deben ocupar dos cuerpos privilegiados en el orden social: es preguntar qué plaza quiere asignársele en el cuerpo de un enfermo al humor maligno que lo mina y lo atormenta.

Hay que neutralizarlo, hay que restablecer la salud y el juego de todos los órganos lo bastante bien para que no se formen más en ellos estas combinaciones morbíficas, capaces de viciar los más esenciales principios de la vitalidad.

EMMANUEL JOSEPH SIEYÈS (Fréjus, Provenza, 1748 - París, 1836). Político de la Revolución francesa. Este clérigo sin vocación era vicario general de Chartres desde 1787. La lectura de los filósofos de la Ilustración y la observación de los problemas de su tiempo le llevaron a adoptar ideas liberales, que plasmó en un Ensayo sobre los privilegios (1788) y sobre todo en ¿Qué es el Tercer Estado? (1789).

Este panfleto, que adquirió una gran difusión durante el proceso de convocatoria de los Estados Generales, defendía una visión política revolucionaria según la cual la soberanía reside en la nación, y ésta la componen los ciudadanos que se rigen por una misma ley; esto excluía a los estamentos privilegiados y legitimaba que el Estado Llano reformara por sí solo las instituciones de la Monarquía.

Tal fue el programa de la Revolución Francesa, que Sieyès contribuyó a desencadenar como diputado por el Tercer Estado de París en los Estados Generales de 1789: ante la resistencia de los privilegiados a introducir las reformas necesarias, fue Sieyès quien propuso romper con la legalidad del Antiguo Régimen y erigir el Tercer Estado en Asamblea Nacional; redactó el llamado Juramento del Juego de Pelota, que comprometió a los diputados de la Asamblea Nacional en la tarea de dar a Francia una Constitución; y contribuyó a elaborar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Sieyès podría haber sido, por todo ello, el gran dirigente de la Revolución Francesa; pero no lo fue, debido quizá a las limitaciones de su oratoria, y así la Revolución de 1789 pasó a la historia sin el liderazgo de una personalidad sobresaliente. Siguió apoyando las medidas revolucionarias (como la división administrativa de Francia en departamentos, la Constitución Civil del Clero o la ejecución de Luis XVI); pero mostró también una cierta moderación, defendiendo la limitación censitaria del sufragio en la Constitución de 1791.

Cuando la Revolución se inclinó hacia posturas radicales en 1792-94, Sieyès se mantuvo en un discreto segundo plano, limitándose a votar con la mayoría; pero tras la caída de Robespierre volvió a adquirir protagonismo en la reconducción de la Revolución hacia posiciones liberales moderadas: fue presidente de la Convención thermidoriana y del Consejo de los Quinientos y miembro del Directorio que asumió el Poder Ejecutivo en 1795.

El temor a las fuerzas reaccionarias que podían destruir la obra de la Revolución le llevó a participar en las conspiraciones para instaurar un gobierno autoritario: fue el principal inspirador del golpe de Estado que en 1799 llevó al poder a Napoleón Bonaparte.

Luego colaboró con su régimen como cónsul del triunvirato gobernante y como redactor de la Constitución del año VIII; pero Napoleón impuso enseguida sus propios criterios conservadores, estableciendo una dictadura personal y apartando a Sieyès con nombramientos puramente honoríficos (senador, académico, conde y par de Francia). Tras la caída de Napoleón en 1815, se exilió en los Países Bajos y no regresó hasta 1830.

Notas

[1] Me refiero, por lo demás, a una nación libre o que puede llegar a serlo, porque es evidente que la concesión de honores públicos no puede, en ningún caso, ser patrimonio de un pueblo esclavo. En éstos la moneda moral es siempre falsa, cualquiera que sea la mano que la distribuya. <<

[2] Si se me acusara de ser éste un criterio algo metafísico, sin conocer el valor de esta palabra que tanto asusta a los espíritus incapaces de atención, diría que la distinción de no es más que diferencia y que se refiere a los dos términos a la vez; porque si distinguimos A de B, es evidente que, por la misma razón, podremos distinguir B de A. Esto es, A y B están en situación de reciprocidad. Es absolutamente preciso que todos los individuos, que todos los seres sean diferentes unos de otros. No hay, pues por qué enorgullecemos de esto, o podríamos todos hacerlo, ya que todos tenemos el mismo derecho. En la naturaleza, la superioridad o la inferioridad no son cuestiones de derecho, sino de hecho. Llega a ser superior el que se impone a otro, y esta ventaja supone, en verdad, más fuerza de una parte que de otra; y si convenimos esto, ¿de qué lado estará la superioridad? ¿A quién creéis que pertenecerá? ¿A la masa de ciudadanos o los privilegiados?

La distinción por es, por el contrario, el principio social más fecundo en buenas acciones, en buenas costumbres, etcétera. Pero si su sede es el alma de los que se distinguen y no la mano de los que pretenden dispensar las distinciones, si es un sentimiento que forma parte de los primeros y no puede ser otra cosa sin dejar de ser una verdad, es, también, hay que decirlo, un sentimiento esencialmente libre, y, por tanto, será una suprema locura, de quien fuese, el pretender disponer, a pesar mío, de mi estimación y de mis homenajes. <<

[3] Como no quiero que se me tache de exagerado, lean a continuación la pieza auténtica y curiosa que he sacado del proceso verbal incoado por el estamento de la nobleza a los Estados de 1614:

Extracto del proceso verbal que la nobleza promueve ante los Estados de 1614 (p. 113), el martes 5 de noviembre:

Habiendo obtenido audiencia, M. de Senecey (presidente de la nobleza) habló al rey de esta suerte: señor, la bondad de nuestros reyes ha concedido en todo momento a su nobleza la libertad de recurrir a ellos en toda suerte de ocasiones y la enmienda de su calidad los ha aproximado a sus augustas personas, por lo que siempre han sido los principales ejecutores de sus reales acciones. No haré, en ningún caso, el relato a V. M. de todo lo que la antigüedad nos enseña respecto a la preeminencia que el nacimiento ha dado a nuestra clase, con tal diferencia de todo el resto del pueblo, que nunca ha podido soportar ninguna especie de comparación. Podría, señor, extenderme en este punto, pero una verdad tan clara no tiene necesidad de testimonio más cierto por ser conocida de todo el mundo…; y, además, hablo en presencia del rey, a quien esperamos encontrar tan celoso de conservamos aquello en que participamos de su brillo, como nosotros lo seríamos de requerirle y suplicarle, aunque contristados, de que una novedad extraordinaria nos haga abrir la boca más a quejas que a humildes súplicas que han sido la causa de que nos hayamos reunido. Señor, V. M. ha estimado oportuno convocar los Estados Generales de los tres estamentos de vuestro reino, estamentos fijos y separados entre ellos por sus funciones y su calidad. La Iglesia, consagrada al servicio de Dios y a la cura de almas, ocupa el primer rango; honramos a sus prelados y ministros como lo haríamos a nuestros padres y como mediadores de nuestra reconciliación con Dios. La nobleza, señor, ocupa el segundo rango. Ella es el brazo derecho de vuestra justicia, el sostén de vuestra corona y las fuerzas invencibles del Estado. Bajo favorables auspicios y por la valerosa conducta de sus reyes, que, al precio de su sangre y con el empleo de sus ejércitos victoriosos, han logrado implantar la tranquilidad pública, y gracias a estas penas y fatigas el Tercer Estado va gozando de las comodidades que la paz le proporciona. Esta clase, señor, que ocupa el último rango en esta asamblea, clase compuesta por el pueblo de las ciudades y de los campos; estos campesinos están, casi en su totalidad, sometidos a la justicia y al vasallaje de los dos primeros estamentos. Los de las ciudades, burgueses, comerciantes, artesanos y algunos oficiales, desconocen su propia condición, y, con olvido de toda clase de deberes, sin conciencia de lo que representan, se quieren comparar a nosotros. Me avergüenzo, señor, de repetir las palabras con que nuevamente nos han ofendido, al comparar vuestro Estado a una familia compuesta de tres hermanos; la Iglesia, dicen, es el primogénito, el nuestro el segundo y ellos los hermanos menores (cadets). Si estas palabras son ciertas, ¡en qué miserable condición hemos caído! Tantos servicios prestados desde un tiempo inmemorial, tantos honores y dignidades transmitidos hereditariamente a la nobleza, merecidos por sus trabajos y su lealtad, sólo han servido, en lugar de elevarla, para rebajada hasta el punto de situarla con el vulgo en la ínfima clase de la sociedad permitida entre los hombres, que es la fraternal. Y no contentos con llamarse nuestros hermanos, se atribuyen la restauración del Estado, en lo que, como Francia sabe muy bien, no han tenido ninguna participación; también todo el mundo sabe que en ningún caso pueden ellos compararse con nosotros; por todo ello es insostenible una empresa tan mal fundada. Dictad, señor, vuestro fallo, y por una declaración plena de justicia hacedles volver a sus deberes reconociendo lo que nosotros somos y la diferencia que de ellos nos separa. Esto suplicamos humildísimamente a V. M., en nombre de toda la nobleza de Francia, pues de ella somos aquí sus representantes, con el fin de que, conservada en sus preminencias, pueda, como siempre ha hecho, poner su honor y su vida al servicio de Vuestra Majestad. ¿Erquid sentitis in quanto contemptu vivatis? Lucis vobis hujus partem, si liceat, adimant. Quod spiralis, quod vorem mittitis, quod formas hominum habetis, indignantur. (Lib. 4. c. 56.)

Esta es la injuria por la que pide venganza la nobleza. La víspera, el presidente Savaron, a la cabeza de una representación del Tercer Estado, había osado decir: Tratadnos como a vuestros hermanos menores y nosotros os honraremos y amaremos. Toda esta chismografía puede leerse en el proceso verbal mismo, comenzando por el discurso del presidente Savaron que sirvió de pretexto. En la contestación del barón de Senecey a los representantes del Tercer Estado, se pueden encontrar expresiones aún más ultrajantes de las que aparecen en el discurso ante el rey. <<

[4] La sociedad es para todos aquellos a los que la suerte no ha condenado a un trabajo sin descanso, la más pura y la más fecunda fuente de agradables esparcimientos. Esto es evidente; el pueblo que se cree más civilizado se enorgullece de tener la mejor sociedad. ¿Dónde debemos encontrar la sociedad más perfecta? Sin duda allí donde los hombres de una misma opinión pueden unirse libremente y los que no estén de acuerdo separarse sin obstáculo; en aquella en la que, entre un número dado de hombres, hubiese más que poseyeran el talento y el espíritu de la sociedad, y en la que la elección entre ellos no fuese obstaculizada por ninguna consideración extraña al fin que se proponen al reunirse. Dígaseme si los prejuicios de Estado no se oponen en absoluto y en todas sus formas a este simple convenio. ¡Cuántas dueñas de casa se han visto obligadas a alejar a los hombres que más les interesaban, por consideración para con los altos privilegiados a los que aquéllos desagradaban! Ya podéis, en vuestras sociedades tan alabadas como insípidas, parodiar esta igualdad, de la que no podéis sentir su absoluta necesidad, porque los hombres no pueden modificarse interiormente en instantes pasajeros hasta el punto de llegar a ser unos para otros, todo lo que sin duda serían si la igualdad fuese la realidad de toda la vida, en lugar de ser el entretenimiento de algunos instantes. Esta materia es inagotable. No hago más que indicar algunos puntos de vista. <<

[5] Creo importante, para facilitar el discurso, distinguir las dos jerarquías de las que acabamos de hablar, con los hombres de verdadera y falsa jerarquía. La gradación entre los gobernantes y la obediencia de los gobernados integra la verdadera jerarquía, necesaria en todas las sociedades. La de los gobernados entre ellos no es más que una falsa jerarquía, inútil y odiosa, resto deforme de las ideas feudales que no están establecidas sobre nada real. Para concebir una subordinación entre los gobernados, hay que suponer un ejército armado ocupando un país, poseyéndole y conservando para la defensa común las mismas relaciones de la disciplina militar. Entonces el gobierno aparece fundido con el estado civil; no se puede distinguir. Entre nosotros, por el contrario, las diferentes ramas del poder público existen aparte y están organizadas, incluido un inmenso ejército, de tal manera que no se exige a los simples ciudadanos más que la contribución con qué satisfacer las cargas públicas. No nos equivoquemos; en medio de todos los nombres de subordinación, de dependencia, etcétera, que los privilegiados invocan con tanto ardor, no es el interés de la verdadera subordinación lo que les conduce; por el contrario, sólo prestan atención a la falsa jerarquía, que quisieran reconstruir sobre los restos de la verdadera. Oídles cuando hablan de los agentes ordinarios de gobierno, ved con qué desdén un buen privilegiado se cree en el deber de tratarlos. ¿Qué ven ellos en un teniente de la policía? Un pobre hombre encargado de asustar a la gente del pueblo; pero ¡cómo desprecian cualquier orden que venga de este magistrado! Insisto en esta idea; que se me diga, de buena fe ¿hay un solo privilegiado que se crea inferior a un teniente de la policía? ¿Cómo consideran a los demás magistrados y mandatarios de las diferentes ramas del poder ejecutivo, excepción hecha de los que pertenecen a la jerarquía militar? ¿Es raro oírles decir Yo no estoy hecho para someterme a ese ministro; si el rey me honra dándome órdenes, encantado; etc.? Abandono este tema a la imaginación del lector, pero es conveniente destacar que los verdaderos enemigos de la subordinación y de la verdadera jerarquía son los mismos hombres que predican, con tanto ardor, la sumisión a la falsa jerarquía. <<

[6] Hay una manifiesta contradicción en la conducta del gobierno, pues, por una parte, ayuda a clamar sin medida contra los bienes consagrados al culto que, al menos, dispensan al tesoro nacional de pagar esta parte de las funciones públicas, y, al mismo tiempo, busca el modo de consagrar la mayor parte posible de estos bienes, y de otros, a la clase privilegiada sin funciones. <<

[7] Si nos remontamos un poco en la historia, vemos a los privilegiados en el ejercicio de la expropiación, atribuyéndose todo lo que puede convenirles. La violencia y la rapiña, seguras de la impunidad, pueden, sin duda, pasarse sin mendigar; por esto la mendicidad privilegiada no ha debido comenzar sino con los primeros albores del orden público, lo que prueba su gran diferencia con la mendicidad del pueblo. Esta se manifiesta a medida que el gobierno se corrompe; la otra, a medida que mejora. Es verdad que con un poco más de progreso se haría cesar a la vez las dos lacras sociales; pero ello no acontecerá, ciertamente, si las alimentamos y mucho menos honrando a la más imperdonable de las dos.

Hay que convenir en que tienen una prodigiosa habilidad para sustraer por la compasión lo que les es imposible arrancar a causa de su debilidad; en sacar, así, provecho tanto de la audacia del opresor como de la sensibilidad del oprimido. La clase privilegiada, a este respecto, ha sabido distinguirse en las dos formas. Desde el momento en que no conseguía ya apoderarse de las cosas por la fuerza, se apresuraba, en todo momento, a encomendarse a la liberalidad del rey y de la nación. Los cuadernos de los antiguos Estados Generales, así como los de las antiguas asambleas de notables, están llenos de demandas en favor de la pobre clase privilegiada. <<

[8] En el régimen anterior a la revolución francesa, conocido con el nombre del antiguo régimen, se llamaban pays d’états a las provincias que gozaban del derecho de gobernarse por medio de sus estados provinciales, asambleas éstas, que se formaban por la representación de los tres estados (Iglesia, Nobleza y Tercer Estado) y cuya principal función era la de erigirse en asamblea deliberante con el propósito de establecer la reglamentación propia de la provincia, votando los subsidios pedidos por los comisarios reales, para subvenir a los gastos generales de administración. Por el contrario, en los pays d’élections, el reparto de las contribuciones lo efectuaban los élus, funcionarios reales investidos con atribuciones administrativas y judiciales. <<

[9] Hoy que los principios de justicia general están más extendidos y que las asambleas de distrito tendrán temas tan importantes que tratar, podremos esperar, sin duda, que no mancharán sus cuadernos con lo que en otro tiempo podría haberse llamado la canción del mendigo (le couplet du mendiant). <<

[10] Tengo la certeza de que esta expresión será juzgada de mal tono. Tendrá que ser así, porque la facultad de emplear expresiones exactas se pretende todavía que es un derecho exclusivo de los privilegiados. <<

[11] Deberíamos, aunque no fuese más que por la claridad del lenguaje, servirnos de otra palabra para designar el arte de apropiarse las ricas ofrendas de la estupidez y marcar, claramente, de qué lado estaba la mésalliance. <<

[12] Si el honor es, como se dice, el principio de la monarquía, hay que convenir, al menos, que Francia, desde hace mucho tiempo, hace tremendos sacrificios para afianzarse en el principio. <<

[13] Para Sieyes, y a diferencia de los fisiócratas, es el trabajo y nueva tierra el fundamento del valor. De hecho, muy tempranamente, como se deduce de sus escritos económicos inéditos, el Abate se adhiere a una embrionaria formulación del valor del trabajo. Así en su carta a los economistas puede leerse: «el trabajo es el que genera la riqueza. Es preciso diferenciar entre las cosas que podemos procurarnos sin comprarlas y aquellas otras que debemos adquirir mediante trabajo o bien mediante el título a que este representa. Llamamos riquezas a los bienes adquiridos mediante el trabajo», en R. Zapperi, EJ. SIEYES: Ecrits politiques, Montreaux, 1985, página 123. <<

[14] Sobre el tema de las castas hindúes, véase la Historia filosófica y política de las Indias, lib. I (se refiere si ellas a la conocida Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes; del abate Raynal, París, 1770. (N. del T.) <<

[15] Permítasenos tan sólo observar lo soberanamente absurdo que resulta sostener con vehemencia, de un lado, que la nación no está hecha para su jefe, y pretender, por otro, que está hecha para los aristócratas. <<

[16] No me refiero al clero. Si lo considera es como un cuerpo encargado de un servicio público, pertenece a la organización social, ya que como todo servicio público forma parte del Estado. Cuando se señala que el clero es más bien una profesión que un orden, algunos eclesiásticos, que semejan hallarse en el siglo XI, se quejan de ello erróneamente. Es precisamente en el hecho de que el clero constituye una profesión donde radica su razón de ser actual. Si fuera un orden, no sería nada real, cuanto más progrese la ciencia política, más nos convenceremos de que no existen en la sociedad sino funciones privadas y funciones públicas. Fuera de ellas no hay sino meras vacuidades, peligrosas quimeras o instituciones perniciosas. Así, pues, cuando sostengo que el clero no debe formar un orden no pretendo en modo alguno rebajarlo con respecto a la nobleza. Sencillamente, no debe formar un orden porque no deben existir órdenes en el seno de la nación. Si pudiera haberlos sería preferible, sin duda, conceder tal privilegio a hombres que presentarán el título de una elección sacerdotal frente a aquellos que sólo disponen de una partida de bautismo para refrendar sus pretensiones. En efecto, mientras puede impedirse que un hombre sin talento o probidad entre al clero, nada puede hacerse en lo tocante al nacimiento. <<

[17] Tal es el término adecuado, pues designa una clase de personas que, sin funciones ni utilidad alguna y por el sólo hecho de su existencia, gozan de privilegios vinculados a su persona. Desde este punto de vista no hay sino una casta privilegiada: la nobleza. Esta constituye ciertamente un pueblo aparte, pero un pueblo falso que, no pudiendo en defecto de órganos útiles existir por sí mismo, se fija a una nación del mismo modo que esos tumores vegetales que viven de la savia de las plantas a las cuales parasitan y, finalmente, desecan. El Clero, La Toga, La Espada y la Administración constituyen cuatro clases de mandatarios públicos por doquier necesarios. ¿Por qué se les acusa en Francia de aristocratismo? Porque la casta noble ha usurpado los mejores puestos de aquellas, apropiándoselos como bienes hereditarios y explotándolos, no en el espíritu de la ley social, sino en su beneficio particular. <<

[18] El concepto de nación en Sieyes articula indisolublemente dos vertientes: la nación entendida en el seno del derecho natural, interpretado este segundo el sesgo concreto y económico ya citado, como en todo social integrado por aquellos, a su entender, productores directos o indirectos de valor-trabajo (el Tercer Estado)… con la nación construida por y resultante de la mediación institucional del estado, de su «misé en forme» a través de los poderes constituyentes (extraordinarios) y construidos (ordinarios), generadores irrenunciables de una «voluntad y una representación comunes». <<

[19] Un autor estimable (se refiere Sieyes a Rabault Saint-Étienne y sus Considérations sur les interdits du Tiers Etat, París, 1788, pag. 29. N. del T.) deseando ser más exacto, ha dicho: «el Tercer Estado es la nación menos el clero y la nobleza». Confieso que, por mi parte nunca tendría fuerza suficiente para anunciar tal verdad. Sin embargo, y os pido perdón por ello, si se ha reflexionado con anterioridad sobre lo que es una nación y cuáles son sus partes integrantes, sobre el hecho de que no hay en ella sino trabajos particulares y funciones públicas, bastándose el Tercer Estado para abordar unos y otras; si se ha constatado que los subsidios que el estado obtiene de una casta privilegiada son en extremo ruinosos; si se comprueba que a estos tristes privilegios se deben todos los errores y males que afligen y afligirán largo tiempo aún a la nación francesa; si no se desconoce, por ende, que una monarquía, como cualquier otro régimen, no precisa sino de gobernantes y gobernados y una casta, a la que los más estúpidos prejuicios permiten usurpar todos los puestos y vivir de sus privilegios, no será sino causa segura de gobernantes despóticos y gobernados levantiscos, deviniendo obstáculo casi insuperable a todo proyecto de justicia y cualquier progreso del orden social…; si se han percibido estos y otros extremos, ¿por qué no enunciar francamente, como corolario de los argumentos más arriba expuestos, que el Tercer Estado lo es todo? <<

[20] Se trata de la conocida tesis del conde Boulanvilliers según la cual, la conquista de la Galia por los francos constituía el origen de la preeminencia de la aristocracia francesa. En efecto, los nobles descenderían de los francos y los siervos de la gleba de los galos. <<

[21] Los «privilegios a término», a los que Sieyes se refiere, implicaron la visión a título personal de la nobleza y, ocasionalmente, la posibilidad de su transmisión hasta la segunda o tercera generación. <<

[22] Algunos oficiales municipales, los procuradores de los tribunales de Rennes y otros, han dado ya buen ejemplo en este sentido, renunciando a todas las exenciones y privilegios que los distinguían del pueblo llano. <<

[23] Ciertamente, la comunidad de privilegios constituye el medio más idóneo para acercar a todos los órdenes y preparar la más importante de las leyes; a saber, aquella que convertirá a los órdenes en una nación. <<

[24] No puedo reprimir mi asombro ante el hecho de que a los gentilhombres se les excluya del sorteo de la milicia. Ello equivale a despreciar el único pretexto al que se pretenden vincular tantas pretensiones destacadas. ¿De qué dependerá tal exención si no lo es de la sangre vertida en nombre del rey? El señor C (se refiere SIEYES a Joseph Ceruti y a su Mémoire pour le peuple français, Paris, 1788, pág. 26. N. del T.) con su cita, ha asociado ese viejo refrán a un ridículo imborrable: «¿es que acaso la sangre del pueblo no es sino agua?». <<

[25] En virtud del Acuerdo del Consejo del Estado del Rey, celebrado en Versalles el 27 de diciembre de 1788, se le acaba de conceder al Tercer Estado la segunda de sus peticiones, sin pronunciarse sobre la tercera y denegando categóricamente la primera. Ahora bien, ¿no resulta de toda evidencia de que la una no puede darse sin la otra? En efecto, aquellas forman un todo y anular una de ellas equivale a destruir las tres. Más adelante veremos a quien corresponde pronunciarse en todo lo que atañe a la Constitución. <<

[26] Innumerables vejaciones por parte de estos agentes asoman a uno de los campos de Francia. Puede afirmarse que el orden privilegiado arrastra tras de sí una cola tan funesta como él mismo. Ni siquiera el fisco, con sus cien brazos, abruma tanto al pueblo. Resulta ciertamente inconcebible que los aristócratas insinúen al pueblo que sus verdaderos enemigos se hallan en el seno del Tercer Estado. ¡Como si los esbirros del feudalismo y las gentes de toda denominación que viven bajo la dependencia de la aristocracia pertenecieran verdaderamente a aquel! En verdad que los más peligrosos enemigos del pueblo se encuentran en las clases desvinculadas del interés nacional, por más que no sea bajo el nombre de órdenes con el que los privilegiados los tienen a sueldo. En Francia, Holanda, etc., existen terribles ejemplos de coalición natural entre la última clase de la sociedad y los órdenes privilegiados. En todos los países del mundo la canalla se encuentra al servicio de la aristocracia. <<

[27] ¡Justicias patrimoniales! Resulta difícil imaginar nada más contrario a la sana política. Debemos a los jurisconsultos el haber mantenido en cuanto han podido semejantes ruinas de la anarquía feudal, así como haber revestido tan tenebroso tinglado de una apariencia de forma legal, añadiendo, incluso, nuevas argucias.

Es preciso poseer una singular idea de la propiedad para confundirla con las funciones públicas, así como para contemplar sin asombro, en un país de tan monárquica reputación, el cetro roto en mil fragmentos y a los ladrones transformados en propietarios legítimos. ¿Cómo no darnos cuenta de que bajo el indefinido término de propiedad se ha introducido algo por completo opuesto a la verdadera propiedad como, por ejemplo, el derecho a perjudicar a otros? ¿Existe una posesión, por más duradera que sea, capaz de legitimar tal desorden? Y no me refiero ahora a las funciones públicas, las cuales jamás pueden devenir propiedad de un particular, ni desvincularse del poder soberano, sino las manifiestas usurpaciones de la libertad y propiedad comunes. Exijo se me explique lo que es un señor y de dónde procede su derecho a tener vasallos. ¿Ha lugar a estas metafísicas relaciones (pues no me refiero en absoluto a obligaciones pecuniarias y reales) en el seno de una buena asociación política? Es ciertamente posible que el término tutela de propiedad encubra imprescriptibles robos reales. Supongamos que, a falta de policía, Cartouche (alias de un famoso salteador de caminos ejecutado en 1721. N. del. T.) se hubiera instalado permanentemente en una carretera importante: ¿si hubiera vendido un tal monopolio, antaño bastante común, a un comprador de buena fe, su pretendido derecho se haría más respetable en manos del adquiriente?

Por ende, existen posesiones de origen legal que puedan, sin embargo, ser consideradas perjudiciales para la cosa pública, debiendo procederse asimismo a su extinción, por más que tengan que ser, y con razón, debidamente indemnizadas.

Tras este triple postulado, dad por sentado que nos mostraremos de hinojos ante el nombre sagrado de la propiedad y no queráis que el que menos posee este menos interesado en ello que el mayor propietario. Y no penséis, sobre todo, que por atacar a la falsa propiedad descreamos de la verdadera. <<

[28] El Tercer Estado de Grenoble, en efecto, había exigido, tras la sublevación popular del «día de las quejas», el doblamiento de su representación de los estados provinciales, la elección libre de sus comitentes y la exclusión como representantes suyos de todos los funcionarios regios y señoriales. <<

[29] Los aristócratas que desean burlarse de los que denominan las pretensiones del Tercer Estado, pretenden confundir a este orden con su lacayo, su zapatero, etc., eligiendo el lenguaje que juzga más adecuado para inspirar desprecio por las gentes a las que se refiere. Ahora bien, ¿por qué los oficios menos relevantes habrían de deshonrar al Tercer Estado sino deshonran en absoluto la nación?… Cuando, por el contrario, se desea sembrar la división en el seno del Tercer Estado, se procede a distinguir en su interior diferentes clases, excitando y su levando unas contra otras, procurando contraponer a ricos y pobres. No es, sin embargo, la diferencia de profesiones, ni la de fortunas, ni la de educación en las que dividen a los hombres, sino la de intereses. Ahora bien, en la cuestión presente no hay sino dos intereses claramente diferenciados: el de los privilegiados y el de los no privilegiados; todas las clases del Tercer Estado se hallan vinculadas por un interés común contra la opresión de los privilegios. <<

[30] Para Sieyes, y a diferencia de lo establecido en la Constitución de 1791, los derechos políticos son una «propiedad legal» de los ciudadanos, y sólo pueden ser limitados provisionalmente en atención al estado de la sociedad francesa de su tiempo: «los derechos políticos deben vincularse a la persona, no a la propiedad», Instrucciones para los bailiazgos, en Sieyes op. cit. Así, mientras para Sieyes es un derecho tendencialmente universal que sólo el atraso económico y político impiden sea inmediatamente generalizable, para el Comité de Constitución de 1791, íntegra un derecho cuya titularidad corresponde solamente a la élite de los propietarios y cuyo ejercicio se realiza mediante sufragio censatario. <<

[31] En 1788, en el curso de la segunda Asamblea de Notables y a tenor de la reforma del sistema electoral, el obispo de Nevers se había pronunciado a favor de que el número de diputados fuera el mismo para cada bailía, con independencia de su población. De este modo Gex, con doce mil habitantes, tendría el mismo número de diputados que Poitou, con seiscientos mil. <<

[32] Sobre esto debo hacer la observación de que, si deducimos a los monjes y monjas, pero no los conventos, del número total de eclesiásticos, quedarán aproximadamente setenta mil verdaderos ciudadanos, contribuyentes y que reúnen los requisitos necesarios para ser electores. En la nobleza, sin embargo, descontando mujeres y niños, esto es, no contribuyentes y no electores, quedarán apenas unos treinta o cuarenta mil ciudadanos de similares características. Síguese de ello que el clero es, con respecto a la representación nacional, una masa alto más considerable que la nobleza. Si algo esta observación es porque resulta del todo contraria al torrente de los prejuicios actuales. Pero no me someteré ante tamaño ídolo y, cuando el Tercer Estado llevado por una ciega animosidad aplaude una disposición por la cual la nobleza obtiene dos veces más representantes que el clero, le diría que el Tercer Estado no actúa según la razón, la justicia, ni su propio interés. ¿No sabrá el público ver nada sin los prejuicios del momento? ¿Qué es el clero? Un cuerpo de mandatarios encargados de las funciones públicas de la instrucción y el culto. Cambiadle la administración interior, reformadla si queréis, pero aquél permanecerá siendo necesario de una u otra forma. Este cuerpo no constituye en modo alguno una casta exclusiva, permaneciendo siempre abierto a todos los ciudadanos y está conformado de tal modo que no resulta gravoso al Estado. Calculad solamente lo que costaría al tesoro real pagar a los sacerdotes y os espantaríais del incremento de contribución que implicaría la dilapidación de los bienes eclesiásticos. Este cuerpo, por último, no puede dejar de ser tal pues se halla inserto en la jerarquía de un gobierno.

Muy al contrario, la nobleza constituye una casta exclusiva, separada del Tercer Estado, al que desprecia. No es, en absoluto, un cuerpo de funcionarios públicos, pues sus privilegios se hallan vinculados a la persona con independencia del cargo, y sólo la razón del más fuerte justifica su existencia.

Mientras el clero pierde día a día sus privilegios, la nobleza conserva y aún acrecienta los suyos. En efecto, ¿no data de fechas muy recientes la ordenanza que requiere, para acceder al mando militar, pruebas, no de talento, sino de títulos nobiliarios, por las cuales el Tercer Estado resulta excluido del servicio? Asimismo, los parlamentos, creados para proteger al pueblo frente a la tiranía de los señores han obsequiado recientemente y para siempre a la nobleza con todas las plazas de consejeros y presidentes. ¿Acaso no ha obtenido el orden privilegiado, en la Asamblea de Notables de 1786, que la prelación en las Asambleas provinciales sea alternativa, en lo sucesivo, entre el clero y la nobleza? Y al solicitar la división de tal prelación, ¿acaso no lo ha hecho con el fin de excluir de ella al Tercer Estado que había sido igualmente convocado por el ministerio?… En suma, ¿cuál es el orden más de temer por parte del Tercer Estado, aquel que está siendo debilitado día a día y del que, por ende, íntegra los diecinueve veinteavos, o bien aquél otro que, en una época en la que los privilegiados deben aproximarse al orden común, procuró por todos los medios diferenciarse en mayor medida? Cuando los curas gocen en el seno del clero del papel que les corresponde por la naturaleza misma de las cosas, el Tercer Estado comprobará cuanto más interesante hubiera sido reducir la influencia de la nobleza que la del clero. <<

[33] Sieyes utiliza aquí, a sabiendas, el mito de los orígenes de las reuniones de los tres estados franceses: Philippe le Bel, de hecho, había convocado en París a sus nobles de confianza, durante la guerra con Bonifacio VIII. <<

[34] Se refiere, Sieyes, a las provincias incorporadas a Francia tras los Estados Generales de 1614: Alsacia (1681), Lorena (1766), etc… <<

[35] Se trata de la primera aparición, documentada hasta el momento, del término science sociale. En la segunda y tercera edición de este opúsculo de Sieyes, figurará como ciencia del orden social. K.M.Baker data erróneamente en diciembre de 1791, en un panfleto dirigido por Garat a Condorcet, la primera utilización de un término tan del gusto, efectivamente, de este último. Cfr. K.M.Baker, «A note on early uses of the term of Social Science», Appendix B a su magnífico Condorcet: Reason and Polities, Chicago, 1975, págs. 391 y sigs. <<

[36] El propósito de Calonne era remediar el crecimiento del déficit público, mediante el establecimiento de un nuevo impuesto territorial general que las Asambleas provinciales, integradas sin acepción de órdenes, debían de repartir entre los contribuyentes. <<

[37] Loménie de Brienne, sucesor de Calonne desde mayo de 1787, retomaría el proyecto de las Asambleas provinciales de su antecesor, si bien con una significativa diferencia: el restablecimiento de la división de aquéllas en tres órdenes. <<

[38] Se trata de Ceruti en su obra ya citada. <<

[39] Los notables convocados por Necker rechazaron, a su vez, la proposición de Loméine de Brienne de que el Tercer Estado estuviese representado en las Asambleas provinciales con un peso equivalente al de los otros dos órdenes. <<

[40] No se puede entender de otro modo el contrato social: éste vincula a los asociados entre sí. Es, por el contrario, una idea en extremo peligrosa suponer la existencia de un contrato entre el pueblo y su Estado. La nación no contrata en modo alguno con sus mandatarios, sino que les delega el ejercicio de sus poderes. <<

[41] En efecto, los notables convocados por Necker aceptaron la igualdad fiscal, renunciando a sus privilegios fiscales y publicitándolo en el Résultat de l’Asamblée des pairs du 20 de novembre 1788, al que Sieyes hacia aquí implícita referencia. <<

[42] Si un aristócrata solicitara se le indicase donde residen los privilegios de los que se les acusa disfrutar, habría que preguntarle, más bien, donde no existe tal privilegio. En efecto, todo respira desigualdad en el privilegiado, desde el tono mismo con el que se interroga y que se encontraría fuera de lugar en un simple ciudadano, hasta la seguridad con que plantea cuestiones, también resueltas previamente en el fondo de su alma, más aún cuando todos los privilegios se redujeran a uno solo, resultaría igualmente intolerable, pues se multiplicaría enseguida del mismo modo que el número de los privilegiados. <<

[43] No nos referimos aquí sino a la desigualdad de los derechos civiles. En los dos últimos capítulos abordaremos los justos principios en lo que atañe a la monstruosa desigualdad de derechos políticos. <<

[44] Nos resulta inútil, por lo demás, observar que la supresión de la talla y su sustitución por una subvención general sería pecuniariamente ventajosa para los propios privilegiados. En efecto, estos pagarían menos como paso a demostrar a continuación:

En los países en los que la talla es personal, bien conocido resulta el hecho de que quien paga es el propietario. Si reemplazase la talla por un impuesto que grave igualmente todos los bienes, incluso aquellos actualmente no sometidos a esta carga, resulta claro que descargará a la masa de bienes que soportan aquella en la actualidad de todo el impuesto nuevo, que será pagado por las propiedades hoy día exentas de talla. Como quiera que las tierras arrendadas pagan la parte más considerable de este impuesto, ciertamente la mayor parte de la desgravación será en favor de estas tierras. Ahora bien, toda vez que estas últimas pertenecen principalmente a los privilegiados, llevo razón en decir que la nobleza pagará menos.

En los países de talla real, los bienes rurales serán desgravados de toda porción del nuevo impuesto que afecte a bienes nobles. Esta conversión se realizará sin distingos en lo que respecta a la cualidad personal de los propietarios. Habida cuenta que ignoramos a qué orden de ciudadanos pertenecen la mayor parte de las tierras nobles y de los bienes rurales, tampoco deberemos hacer honor a la nobleza exclusivamente de las ventajas y desventajas particulares que resultarán de la supresión de la talla.

Los señores ricos han calculado acertadamente que la supresión de la talla, del dominio alodial, etc., debe favorecer los cambios entre sus vasallos, aumentar el valor de los fundos y ello, por consecuencia, les reportará nuevos beneficios pecuniarios. La talla se halla con certeza mal establecida sobre los arrendatarios; pero grabando, con otro nombre, a los propietarios por las propiedades arrendadas, constituiría un impuesto perfectamente político, desanimando a los pequeños propietarios prontos a abandonar el gobierno de sus bienes, y ocupando el lugar de una tasa prohibitiva o una multa a la improductividad de los grandes propietarios. <<

[45] Véase «Ideas sobre los medios de actuación de que podrán disponer los representantes de Francia 1789». <<

[46] En efecto, los lores de la Cámara alta no forman un orden distinto. No existe en Inglaterra sino un solo orden: la nación. Los miembros de la Cámara de los pares son grandes mandatarios nombrados por la ley para ejercer una parte de la legislación y de las grandes funciones judiciales. No son nombres privilegiados por derecho de casta, sin relación con las funciones públicas, pues los hermanos de un par no comparten los privilegios del primogénito. Ciertamente tales grandes funciones se hallan vinculadas a la cuna o a la primogenitura tratándose de un homenaje a la feudalidad tan predominante antaño, hace cientos de años. Constituyen en la actualidad, sin embargo, una institución a la vez gótica y ridícula, toda vez que si los reyes son hereditarios a fin de evitar los enfrentamientos civiles que su elección podría provocar, nada hace temer nada semejante en la elección de un simple lord. <<

[47] En Languedoc como en otros lugares, se había configurado una amplia coalición anti-aristocrática, con el objetivo de acabar con la superioridad absoluta de la alta nobleza en el seno de las Asambleas provinciales. <<

[48] Tras la primera edición de este escrito ha aparecido una excelente obra que desarrolla los argumentos aquí expuestos, se trata delExamen del gobierno de Inglaterra, comparado con las constituciones de los Estados Unidos, París, Froullé, 1789 (folleto contra las tesis de Adams y Delolme, compartidas por los monárquicos filoingleses de Francia, atribuido a W. Livingston y traducido, ampliamente anotado, por Condorcet y DuPont de Nemours. (N. del T.) <<

[49] En Inglaterra el gobierno es objeto de un combate continuo entre el ministerio y la aristocracia de la oposición. La nación y el rey semejan allí simples espectadores. La política del rey consiste en adoptar siempre la política del más fuerte. La nación, por su parte, teme por igual a uno y otro partido. Es preciso para su salud que el combate dure; así, pues, aquella sostiene al más débil para impedir ser aplastado por completo. Pero si el pueblo, en lugar de permitir que la defensa de sus asuntos sirva de precio en esta lucha de gladiadores, quisiera ocuparse de ellos por medio de verdaderos representantes, ¿no se vendría abajo la importancia actualmente concedida al contrapeso de poderes, al mismo tiempo que el único sistema que lo vuelve necesario? <<

[50] Se dice en Inglaterra que la Cámara de los Comunes representa a la nación. Esto no es exacto. Quizá ya lo haya dicho; en ese caso, repetiré que si sólo los comunes representaran toda la voluntad nacional, formarían todo el cuerpo legislativo. Al haber decidido la Constitución que no eran más que una parte entre tres, el rey y los lores debes ser considerados como representantes de la nación. (N. del A.) <<

[51] Estos principios hacen adoptar una clara decisión frente a la cuestión pendiente en estos momentos en Inglaterra entre los señores Pitt y Fox. El señor Fox se equivoca al pretender que la nación no puede otorgar la regencia a quien y como le plazca. Donde la ley no estatuye, sólo la nación puede hacerlo. El señor Pitt se equivoca al pretender que sea el Parlamento quien decida. El Parlamento está incompleto, es nulo, puesto que el rey, que es su tercera parte, es incapaz de pronunciarse. Las dos cámaras pueden preparar un estatuto pero no pueden sancionarlo. Habría, pues, que pedir a la nación representantes extraordinarios… Pero no se hará. Sería el momento de realizar un buena Constitución. Ni la oposición ni el ministro lo desean. Quieren respetar las formas por las que existen; por muchos vicios que tengan, las prefieren a un mejor orden social. El viejo caduco no quiere morir, por fresco y vigoroso que sea el joven dispuesto a substituirle. Los cuerpos políticos, como los cuerpos naturales, luchan como pueden contra ese último instante. (N. del A.) <<

[52] Es realmente divertido ver a la mayor parte de los nobles esforzándose en disfrazar de insurrección contra la autoridad real las gestiones que, en el fondo, temen como favorables al despotismo. A ese pobre Tercer Estado, al que niegan toda energía y cuyo valor explican recurriendo a las propias maniobras ministeriales, no temen presentarlo como una amalgama de rebeldes en contra del rey. Los nobles dicen entre sí: No hay nada tan peligroso para la libertad como el lenguaje del Tercer Estado, que se parece demasiado, efectivamente, a esta súplica: Sire, haced de nosotros lo que queráis, con tal de no dejaros devorar por los aristócratas. Al mismo tiempo, dicen al rey: El pueblo atenta contra vuestro trono: tened cuidado, proyecta derribar la monarquía. (N. del A.) <<

[53] Se trata de la memoria presentada al rey por el príncipe de Condé, el duque de Borbón, el duque de Enghien y el príncipe de Conti, in-8º, redactada por el señor de Monyon, según Barbier (N. del E.) <<

[54] Hay grandes ventajas en el ejercicio del poder legislador por tres cuerpos o cámaras, mejor que por una sola. Es completamente irracional pretender componer esas tres cámaras de tres órdenes enemigos entre sí. El justo equilibrio consiste en separar, pues, en tres partes iguales a los representantes del Tercer Estado. En esta disposición encontrareis una misma misión, un interés común y un mismo fin. Dirijo esta observación a aquellos que, convencidos por la idea de contrapesar las partes del poder legislativo, imaginan que no hay nada mejor para ello que la Constitución inglesa. ¿No se puede aceptar lo bueno sin adoptar lo malo? Por otra parte, ya lo hemos dicho antes, los ingleses sólo tienen un orden, o más bien no tienen ninguno, de manera que al componer nuestro equilibrio legislativo de órdenes diferentes, tendría más vicios todavía que el de nuestros vecinos. Además, es fundamental la investigación de los principios sobre los cuales se debe regular la formación de las cámaras legislativas, respetando el interés común, garantizándolo mediante un justo equilibrio entre los grandes trabajos que en esencia lo componen. Trataremos en otra ocasión este tema. (N. del A.) <<

[55] A propósito de esto, no caigamos en el error de proponer la reunión de los tres órdenes en cada bailía, para elegir en común a todos los diputados. Considero esta idea extremadamente peligrosa. El Tercer Estado no debe prestarse nunca a una gestión que le arrastre a reconocer y consagrar la división de los órdenes y el triunfo absurdo de la minoría sobre la inmensa mayoría. Esta imprudente conducta sería tan perjudicial para sus intereses y los de la nación como contraria a las reglas más simples de la buena política y de la aritmética. (N. del A.) <<