Antonio Fernández

PUJOL & PUIG

Los increíbles negocios y chanchullos
de dos poderosas familias catalanas.

La gran investigación periodística
de uno de los mayores escándalos de Cataluña

Primera edición: junio de 2015

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ISBN: 978-84-9060-423-6
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Fotocomposición: Creative XML, S. L.
Impresión: CGA
Encuadernación: De Diego
Impreso en España-Printed in Spain

ÍNDICE

NOTA DEL AUTOR 6

1. EL GOLPE 7

El control 7

El test 11

La movilización 14

La infiltración 18

El encargo 21

2. LOS JORDIS S. L. 25

El ascenso 25

Operación en República Dominicana 30

A medias con Tchokotua 31

3. PODER Y NEGOCIOS 36

Negocios de familias 36

La sociovergencia económica 41

La impunidad 47

Rasputín 53

Otro «listillo» en palacio 56

Negocios heredados 64

El gran benefactor 68

4. LA CAZA 74

La confesión 74

El cerco 79

Los amigos 87

Los traidores 91

La conjura de las mujeres 93

El desarme de CDC 96

Maquiavelo en palacio 101

Los objetivos a neutralizar 103

El informe fantasma 109

5. DINERO OFFSHORE (SIN SALIDA) 118

El chivato descontento 118

Deprisa, deprisa 126

Todos contra Pujol 128

6. EL GOBIERNO EN LA SOMBRA 136

A las órdenes de JPF 136

Órdenes del president 147

Lucha de tronos en la plaza Sant Jaume 149

7. SECRETOS DE FAMILIA 154

Frases para olvidar 154

El robo del subfusil 160

Los tropiezos 166

El imperio al desnudo 168

Viajeros por el mundo 170

El «tapado» de la familia 173

Un suicidio inexplicado 176

8. LA «PRIMERA DAMA» 183

Los vuelos de Marta Ferrusola 183

Católica, apostólica y catalana 188

La reina del cava 192

9 198

Digno hijo de su padre 198

La obsesión de los Pujol 206

Los testaferros 216

El comienzo del fin 220

Los sospechosos habituales 222

Las cartas del cabreo 228

Cómo explotar a la Administración 232

La turbia aventura argentina 240

La horma del zapato de los Pujol 244

Bailando con millones 253

Joyas sobre ruedas 259

10. EL PRÍNCIPE CAÍDO 264

Los Siete Magníficos 264

El restaurante maldito 273

El mejor negocio del mundo 277

Clan contra clan 280

El candidato escondido 286

11. LA SAGA 296

Oleguer: haciendo país 296

Viaje a Ítaca (Guernsey) 302

Josep: el dandi 306

El amigo americano 312

Pere, el ecologista 318

12. LOS PUIG 324

Al acecho 324

Los maletines espía 330

Los informes de Martorell 335

El difícil oficio de espiar 340

Querella en el Caribe 354

La telaraña 358

Catalunya is not different 361

Apéndice 1. Quién es quién 365

Apéndice 2. Las empresas de cada cual 376

Para Ángeles, que tanto y tanto tiempo me ha soportado.

Y para Marta y Antonio, esos tesoros de los que nos sentimos
tan orgullosos.

NOTA DEL AUTOR

Muchos de los capítulos de este libro están novelados para relatar de manera más literaria los acontecimientos que en ellos se explican y hacerlos, así, más digeribles para el lector.

Los principales datos del libro están sacados de fuentes muy diversas: desde sumarios hasta publicaciones de los últimos treinta años pasando por organismos oficiales, bases de datos públicas (que he ido extrayendo de los registros sin pausa desde la década de los ochenta), informes de detectives, policiales y judiciales y, evidentemente, testimonios de primera mano que han vivido de cerca situaciones descritas.

Por desgracia, algunas de estas fuentes, esencialmente las que presenciaron en persona anécdotas políticas o participaron de alguna manera en las historias que aquí se mencionan, me solicitaron la preservación de su anonimato. Para no dar lugar a que algunos episodios se puedan atribuir a fuentes citadas en otros párrafos, decidí no identificar con nombres y apellidos ninguna fuente.

Quisiera dar las gracias a muchas de las personas a las que molesté durante meses con preguntas y peticiones enrevesadas, inoportunas, complicadas e incluso anacrónicas. Gracias a mi familia por tolerar mi anárquica vida y aún más anárquico trabajo. Gracias a compañeros periodistas. Gracias a funcionarios de la Administración. Gracias a viejos amigos que siempre me han ayudado a verificar datos. Gracias a profesionales de diversos ámbitos. Y, cómo no, gracias a algunos veteranos políticos a los que admiro, a los que conozco desde hace decenas de años, personas íntegras con las que he discutido en cientos de ocasiones sobre lo divino y lo humano. Son políticos de todos los colores que ya bregaban el cobre hace tres décadas, cuando muchos de los hoy altos cargos de los gobiernos todavía vestían pantalón corto. A algunos de ellos los conocí en el lejano 1981, cuando salté al ruedo del periodismo político siendo apenas un chaval imberbe. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos por haber abusado de su sapiencia y de su paciencia.

1. EL GOLPE

El control

Su nombre era Ángel, pero podía ser cualquier otro, porque hay gente que no tiene nombre. O al menos nombre real. Solo consta su nombre oficial. Por tanto, pasará a la historia con ese nombre, aunque sus compañeros de trabajo le llamaban por otro incluso más común. Ángel era de esas personas de las que nunca se sabe por qué van y vienen. No se sabe tampoco para quién trabajan.

Llevan siempre encima varios teléfonos móviles y de vez en cuando hacen cosas insospechadas. Como, por ejemplo, la que le llevó a Barcelona en el verano de 2002. Barcelona tiene fama de ser una ciudad insufrible cuando hace calor. Su encajonamiento entre la sierra de Collserola, señoreada por el Tibidabo, y los ríos Llobregat y Besòs la convierten en una olla, cuya presión atmosférica y humedad ambiental aumentan con la polución desprendida por las fábricas de los polígonos industriales del área metropolitana y la intensa circulación. El calor se pega a la piel y penetra hasta los huesos, aumentando la sensación de agobio. Ángel ya conocía esa sensación, porque había estado en Barcelona muchas veces; pero en esta ocasión todo era distinto. Un antiguo colaborador le había dado el santo y seña de un buen golpe y solo necesitaba de su habilidad para conseguir lo que quería. Y vaya si era un buen golpe. Sin riesgo: entrar, copiar y salir. Nada de complicaciones, nada de cámaras y nada de perros.

Se trataba de hurgar en un ordenador perteneciente al despacho más misterioso y cotizado de Barcelona.

—Todo lo que necesitas está en este ordenador. Solo hay que llegar a él —le dijo el informador mostrándole un burdo plano de un despacho dibujado en una servilleta del bar.

—¿Estás seguro de que tienen todo ahí? —inquirió Ángel mirando con desconfianza el plano

—Seguro. Mi información es de primera mano.

—¿Pero no le llevan las cuentas y los negocios en Diputación?

—Sí, pero las claves están en su despacho. En el ordenador de Júnior no encontrarás apenas nada. El cerebro es el otro, el Puig. Es su máquina la que hay que mirar. Las empresas en Cataluña, las empresas en el extranjero, las inversiones, los contactos exteriores, los nombres de los testaferros, las cuentas fuera… todo lo que quieras lo encontrarás ahí, pero en el que yo te digo. ¿Tú sabes lo que valdría una información como esta?

Por ese despacho, aseguraban en bufetes empresariales y políticos, había que pasar si uno quería tener éxito. Desde él se movían voluntades y negocios. Eso es lo que decían. De hecho, el despacho de la sexta planta de la calle Ganduxer 5-15 era el centro de la vida político-empresarial-administrativa de Cataluña. ¿Era una leyenda urbana? ¿Realmente existen despachos influyentes de esta naturaleza? Podría ser. De todos modos, el tema pintaba bien, el objetivo tenía nombres y apellidos, pero de los de lustre: detrás del ordenador estaban Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godes. El primero era hijo del presidente catalán, Jordi Pujol i Soley. Todos decían que era un bon vivant, un comisionista que se estaba haciendo de oro. Jordi Puig era hermano de Felip Puig, consejero de Política Territorial y Obras Públicas, que también había sido secretario de Organización de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido que gobernaba la Generalitat entre 1996 y 2000. Su peso dentro de la organización, sin embargo, era enorme. De hecho, era el líder natural del sector independentista de Convergència.

Ambos Jordis eran socios desde hacía años, y Pujol Ferrusola había compartido el colegio Costa i Llovera con Felip Puig, hermano de su socio. Las dos familias habían crecido política y empresarialmente juntas. Francesc Marc Àlvaro remarca su vínculo en una escueta pero reveladora frase en su obra Ara sí que toca!: Jordi Pujol Ferrusola, Felip Puig y Ramon Forn «hicieron un típico viaje juvenil en tren por Europa el año 1975, el de la muerte de Franco».¹ Jordi Pujol Ferrusola, a quien apodaban indistintamente Júnior, JPF o El Nen, además tenía hilo directo no solo con la Presidencia del Gobierno, por algo estaba allí su padre, sino con el entonces conseller en cap (consejero jefe), un joven llamado Artur Mas, que, como él, había trabajado años atrás en el holding de Tipel, propiedad de la familia Prenafeta, y en el holding de La Seda de Barcelona. El despacho, pues, estaba bien comunicado, y las leyendas urbanas no podían ir muy desencaminadas. Ángel había oído esas leyendas en sus viajes a Barcelona y encargó a uno de sus confidentes la verificación de algunos extremos. Y una información como la que le contaban ahora podría valer muchos millones de pesetas… o incluso de euros, la moneda que acababa de ponerse en circulación.

—¿Qué dices, Angelito? ¿Lo hacemos? —le preguntó su interlocutor bebiendo un sorbo de cerveza y mirándolo fijamente—. Es pan comido para ti, un juego de niños. Luego se la vendemos o la ponemos en circulación y nos abrimos.

En algunos círculos le llamaban Angelito, incluso en su empresa. Tenía cuarenta y cinco años, era de baja estatura y su cuerpo se había ensanchado en los últimos años, hasta apuntar algún michelín descontrolado pugnando por hacerse notar. Enarcó las cejas, miró alternativamente a su interlocutor y al plano y asintió lentamente con la cabeza. De hecho, no había firmado la renovación del último contrato y podía permitirse el lujo de una aventura como esta. No incurría en competencia desleal.

Ángel esperó a que la noche se adueñase de Barcelona y enfilase la madrugada y se movió ágilmente por la calle Ganduxer. Había estado allí de visita unos días antes, con la excusa fácil de visitar una empresa. Conocía la arquitectura del lugar y no le fue difícil penetrar en el despacho que deseaba y copiar todo lo que había en el ordenador que le interesaba. Luego, salió dejando todo como estaba. Era un juego de niños para él, a quien habían entrenado para eso. Por algo se había convertido en uno de los mejores especialistas en lo que se llamaba «intrusiones físicas», un experto en abrir puertas y desmontar cerraduras. Un auténtico «pata negra».

Llegó sin problemas al despacho. Atisbó las escaleras que subían y se dirigió a ellas. Llegó al pequeño distribuidor. A su derecha tenía la puerta de la oficina de Jordi Pujol. Era el despacho grande. Frente a él, la del lugar que le interesaba. Entró. A su derecha, iluminó con la linterna el espacio de la caja fuerte que su contacto le había señalado. Lo importante estaba delante, sobre la mesa. Y a ello se dedicó. Apenas le costó extraer una copia y decidió hacer una ruta turística por el despacho. Se fijó en que había cientos de libros. A lo mejor, miles. ¿Quién sabe? Fue iluminando estanterías. Libros de Jordi Pujol, libros de viajes, libros de pinturas. Libros de coches. Le llamó la atención uno de color rojo. Ferrari F40, de Piero Casucci. Había oído hablar de él. Y otro de lomo negro: Mercedes Benz. Al volante de una estrella, de Brian Laban. Había un montón de libros de coches. Su dueño debía de ser un fan de los coches. Pero de coches de lujo.

Siguió admirando las colecciones. Le llamó la atención uno negro con las letras en rojo: La Acrópolis de Xochicalco. Y otro de Perucho sobre Picasso. Destacaba uno de vivos colores: La pintura militar de México en el siglo XIX, editado por la Secretaría de Defensa Nacional. ¡Juraría que no era un libro disponible para la venta! Se paseó por los despachos con parsimonia, respirando lentamente. Tropezó con Territorio comanche, de Arturo Pérez-Reverte… Cómo se gana el poder, de José Luis Sanchís… La ignorancia, de Milan Kundera… muchos libros de arquitectura, de fotografías, de historia, de economía.

Ángel había sido uno de los primeros agentes civiles de los servicios secretos españoles que no provenían del Ejército. Cuando se preparaba esa nueva hornada, los responsables del entonces Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) pescaron en aguas universitarias. De hecho, en un principio, sus responsables comenzaron a llamar a gente que había formado parte de la 42 Compañía de Policía Militar, aunque también fueron llamados algunos de la compañía 41. Recibían una llamada de teléfono de una amable señorita, que se ponía en contacto de parte del capitán de la antigua compañía del posible nuevo agente.

—¿Está usted trabajando? —preguntaba.

En caso negativo, la siguiente pregunta era de cajón:

—¿Le interesa un trabajo?

Si las contestaciones eran afirmativas, citaban al aspirante en una casona neoclásica de 500 metros cuadrados en la zona alta de Barcelona. En la puerta, una sencilla placa: Servicios de Asesoramiento Comercial e Industrial.

El test

—¿Te gusta la caza de leones?

La pregunta pilló casi desprevenido al aspirante. ¿Qué podía decir? Recordó que unas trescientas preguntas antes se le había encendido una bombilla ante lo que podía ser una pregunta trampa, muy similar. Ya le habían salido leones durante el test.

—Sí —contestó rotundamente.

No se trataba de evaluar si te gustaban o no, sino de conocer tu personalidad, tu aplomo y las contradicciones que pudieras cometer. No había respuestas incorrectas, solo preguntas. Estaba en la casona de Sarrià, ante un directivo de Sacisa. Desconocía entonces que quien le estaba entrevistando era un comandante de los servicios de inteligencia españoles. Primero, fue recibido en el lugar y el supuesto director le hizo una entrevista. A continuación pasó a otro despacho, donde al poco tiempo un directivo le estaba sometiendo a un test psicotécnico de mil preguntas, a las que debía contestar solo con un sí o un no. El clásico test de personalidad. Superando la prueba, el aspirante pasaría una especie de máster de dos meses financiado por la empresa de consultoría que le había escogido. Y, si aprobaba, el comandante que le había realizado el test le daría las últimas lecciones, incluido entrenamiento en conducción evasiva en el circuito de Can Padró. En este, se realizaba la tercera criba y las tres cuartas partes de los aspirantes se quedaban por el camino. Era en ese momento cuando le daban a firmar un contrato por cuatro años, con un suculento salario.

Unos días después de que Angelito profanara el despacho de la calle Ganduxer, los correos electrónicos de Jordi Pujol Ferrusola y de Jordi Puig Godes comenzaron a recibir extrañas advertencias. De hecho, les llegaban cartas en las que se ponderaba la ética en los negocios y se hablaba de la condición humana. Angelito recordó el aviso de uno de los hombres que le habían ayudado en su misión.

—Recuerda que muchos documentos solo pueden abrirse con clave. Y te encontrarás con otros cifrados. Solo tienes que acordarte de la mascota de la secretaria —le insistió su socio enarcando las cejas.

Lo sabía. Sabía que los Jordis tomaban precauciones y muchos de los documentos no se podrían abrir sin clave. Pero eso no era problema para él ni para sus colegas. A los pocos días, un correo anónimo llegó a la cuenta de Terra de uno de los socios. Era poco menos que inocuo. Pero durante meses se fueron enviando más correos. En algunos de ellos, el anónimo comunicante se permitía introducir pequeños versos, pareados con información confidencial que contenía el ordenador asaltado, que era el que concentraba la mayor parte de la información sensible.

«Se notaba que quien había hecho el trabajo era alguien culto. Además, tenía tiempo. Se habían estudiado toda la información encontrada y la habían procesado. Nada de lo que se enviaba al correo era por azar, sino que siempre se ligaba a alguna noticia de actualidad. Las comunicaciones estaban muy bien estructuradas y, sobre todo, no hacían entrever que hubiese una urgencia por zanjar una negociación cuanto antes. Eran las comunicaciones de un experto en esas cuestiones, de alguien acostumbrado a encarar situaciones tensas y difíciles». Lo afirma una de las personas que por aquellas fechas tuvo conocimiento de la intrusión en el despacho y habló con los protagonistas.

Cuando empezaron a recibir los correos, los dos socios creyeron que todo se debía a una broma, pero cuando los textos comenzaron a desvelar negocios suyos que nadie debía conocer —al menos con tanta profundidad— empezaron a tomárselo en serio. En realidad, no había secretos inconfesables que les hubieran robado, pero sí información confidencial que podría levantar algún escándalo y, sobre todo, datos que, convenientemente filtrados a la prensa, harían las delicias de los cenáculos políticos y que incluso pondrían en aprietos al gobierno, presidido desde hacía más de veinte años por Jordi Pujol i Soley, padre de Jordi Pujol Ferrusola.

Una vez establecida la comunicación, los misteriosos anunciantes desvelaron sus verdaderas intenciones: querían 150 millones de pesetas o filtrarían a la prensa los documentos que habían sustraído de los ordenadores.

—¿Qué te parece? ¿Crees que van en serio? —preguntó Jordi Puig a Jordi Pujol.

—No sé. Ofréceles 20 millones, a ver qué dicen.

La contraoferta no fue ni tenida en cuenta por los interlocutores, que durante meses fueron haciendo llegar más correos con extractos de datos que habían conseguido. Mientras, Jordi Pujol Ferrusola informó a su padre de la documentación incontrolada que estaba en manos ajenas. Recibió una orden tajante. «No hagáis nada. Yo me encargo. Vosotros dadles largas, entretenedlos». El presidente del Gobierno tomó la iniciativa y llamó a su despacho al director general de Seguridad Ciudadana, de quien dependían los Mossos. En el escalafón tenía a gente de su entera confianza: Antoni Cruells como director general y Xavier Martorell como director operativo de los Mossos. Confiaba en ellos. Pujol le expuso detalladamente la situación y la necesidad de realizar una investigación secreta sobre el episodio. Nadie podía saber que el principal ordenador del despacho de su hijo había sido saqueado con total impunidad.

—Ya sabe, Cruells, sobre todo hágalo con mucha discreción
—ordenó Jordi Pujol con un susurro al director general de Seguridad Ciudadana, Antoni Cruells, en un tono que no admitía réplica— ¡Mucha discreción! —repitió.

Hubo cruces de llamadas y se tomaron medidas: se habló con gente de Información a la que se ordenó que organizase un grupo secreto con los mejores agentes para investigar un asunto de vital importancia, de secreto de Estado. Prioridad absoluta. Pondría a sus «pata negra» sobre el tema y, con un poco de suerte, y si conseguía saber quién había sido el desalmado que había realizado la intrusión, acumularía méritos para ser el próximo consejero de Interior, cargo que ambicionaba.

La movilización

Pero el presidente no se conformó con movilizar a la unidad de elite de la policía. Habló con empresarios de confianza, los que tienen un enorme poder económico y a oídos de los que, tarde o temprano, siempre llega la información confidencial que corre por el mercado, por si les interesa comprarla. E hizo partícipes en su búsqueda a sus más estrechos colaboradores. Uno de estos, el asesor fiscal Joan Antoni Sánchez Carreté, comenzó a interesarse por el tema, puesto que conocía a los Jordis y, además, entre el material sustraído había comunicaciones del despacho de Ganduxer con su oficina. Eran comunicaciones normales, puesto que la compañía de Sánchez Carreté, Audigest, llevaba la administración contable, administrativa y fiscal de los negocios de Júnior y su socio. Pero también llevaba los asuntos fiscales de toda la familia Pujol, por ejemplo.

Sánchez Carreté llamó a muchas puertas para tratar de dar con los autores del robo y algunas llegaron a conclusiones positivas. No era el único, empresarios como Manuel Lao y Miguel Durán, el ex de la Once, también se ofrecieron a ayudar en lo posible a la familia del president. El primero puso a trabajar a todos sus hombres para detectar de dónde partía la amenaza. Durán llegó a entrevistarse con el conseller en cap, Artur Mas, para asegurarle que en las alcantarillas había la información —o parte de ella— a disposición de quien la quisiera comprar por 30 millones de pesetas. «Conseller. Yo no entro ni salgo ni gano nada. Si me dais luz verde, puedo intentar retirar de circulación ese dossier. Y vuelvo a insistir en que yo no pretendo ninguna comisión ni nada parecido. Te lo explico porque me parece muy grave lo que ha pasado», le dijo Durán a Mas.

Paralelamente, Jordi Pujol llamó a otro personaje no menos intrincado que todos los anteriores. Era el hombre en quien más confiaba, el que no le había fallado nunca, el que se había sacrificado por él, el que había empleado a su hijo, el que le había realizado multitud de trabajos, el que había trabajado en la sombra para él, el cómplice con el que de vez en cuando tomaba algo en un relajante local de la avenida Diagonal, el que le habría prometido que levantaría otro imperio para él similar al perdido de Banca Catalana: Lluís Prenafeta, secretario general de Presidencia de 1980 a 1990. Prenafeta tuvo que dejar su cargo en medio de un gran escándalo: además de secretario general de Presidencia, era consejero de la Compañía Ibérica de Seguros, lo que era incompatible con su situación y por lo que la Fiscalía abrió una investigación tras una denuncia de la CNT. Además, su familia estaba recibiendo cientos de millones de pesetas en subvenciones de la CARIC (Comissió d’Ajuts a la Reconversió Industrial de Catalunya) para el grupo Tipel, que presentaría suspensión de pagos poco después. En este grupo había dado acogida a un joven Jordi Pujol Ferrusola, al que el presidente de Tipel, Isidor Prenafeta, primo de Lluís, pasaba a recoger en su coche con chofer cuando iba al trabajo. «Es que le queda de camino», era la explicación que daba cuando se le preguntaba sobre esa extraña circunstancia. En cambio, también tenía como empleado a otro joven, Artur Mas, responsable de la internacionalización del grupo. Pero a Mas no le hacía, entonces, tamaña distinción. Claro que tampoco era el hijo del jefe.

Prenafeta organizó toda la actividad exterior en los primeros años de la Generalitat. Gracias a sus contactos internacionales, llevó a Pujol a los despachos de mandatarios de medio mundo. La abrupta salida del gobierno catalán el 31 de mayo de 1990 hay que entenderla también en clave interna: Prenafeta había secuestrado la voluntad de Jordi Pujol. Tenía más poder dentro de la Administración que el mismísimo president. Pero era el cerebro en la sombra, el hombre gris que siempre se movía entre bambalinas. Por ello, también era el hombre más odiado y más temido. En 1990, un extenso informe, bajo el epígrafe de «confidencial», desvelaba las operaciones financieras e industriales, así como los intereses personales de algunos dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Se trataba de una radiografía de lo que desde entonces se iba a conocer como el «sector de los negocios».

Con una portada ligeramente celeste, y ciclostilado, el dossier fue profusamente repartido en los círculos políticos de la época, y ampliamente comentado. Dos de sus protagonistas eran, precisamente, Lluís Prenafeta y el exconsejero de Industria y ya consejero de Economía Macià Alavedra, hombre fuerte del gobierno de Jordi Pujol en aquel momento. El informe fue atribuido a Miquel Sellarès, que jamás negó su autoría. El primer director general de los Mossos d’Esquadra pasaba, así, cuentas con un grupo de políticos que jamás discernían lo que eran negocios privados y servicio público. Y es que es difícil distinguir entre lo público y lo privado, especialmente cuando a uno no le interesa.

Esa fue la política bastarda seguida por los Jordis. La que no diferencia lo público de lo privado y que encontró un campo abonado a sus intereses en los clanes familiares que se habían adueñado de la Generalitat, convirtiéndola en un cortijo. Y ahora iba a ser Prenafeta quien intentara neutralizar los obuses que amenazaban a la casta política catalana, porque podían ir dirigidos contra el capitán del barco, el incombustible Jordi Pujol i Soley. Así, el otrora fiel escudero del president comenzó también a remover Roma con Santiago para intentar saber de dónde provenían los zarpazos. La opinión más extendida en aquel momento era que el CESID podía estar detrás de la intrusión. En algunos círculos se afirma que Prenafeta logró enviar un emisario al CESID para intentar frenar el chantaje, pero esta versión jamás ha sido confirmada.

En cambio, dos oficiales de la inteligencia española se desplazaron a Barcelona para estudiar in situ el caso. Estos dos oficiales, con el grado de comandante, se reunieron con una persona de la confianza de Jordi Pujol i Soley, pero desecharon la ciudad de Barcelona. Había de ser en un terreno que tuvieran más controlado. Así, la reunión se llevó a cabo en La Floresta, una localidad de la falda del Tibidabo, entre Barcelona y Sant Cugat.

—Nos llegan noticias de que el CESID está detrás del robo de información en el despacho del hijo del señor Pujol —les contó el intermediario.

—Nosotros no tenemos nada que ver. El Centro no ha investigado ni vigilado nada de Jordi Pujol o de su familia y, mucho menos, ha realizado una intrusión en el despacho que dice.

—Pero nos llegan informaciones de que ustedes o alguien que trabajaba para ustedes pueden haber sido los autores.

—No tenemos noticias. No disponemos de ninguna información sobre ese episodio. ¿Cómo llevan ustedes la investigación?

—El president ha encargado a los Mossos d’Esquadra que investiguen el tema con mucha discreción, porque está muy preocupado. Pero no hay ninguna pista material que nos lleve hasta los autores. Solo rumores que apuntan hacia el CESID.

—Le puedo prometer que nosotros no hemos organizado nada. De todos modos, haremos algunas averiguaciones por si alguien de los nuestros ha oído algo. Pero si el tema está en manos de los Mossos, ahí tienen a Xavier Martorell, que es un tío muy profesional y que sabe lo que se hace.

La policía autonómica se había estrellado contra un muro. Intervino los correos enviados con el chantaje, pero no descubrió nada. La IP del ordenador estaba completamente limpia. Había sido comprado en metálico y, para conectar, utilizaba redes Wifi abiertas. Por tanto, era imposible llegar hasta quien movía los hilos. Mientras tanto, otro de los hombres que, por encargo del entorno de Pujol, estaba investigando el tema logró conectar con Ángel. Se vieron en Madrid, entre cuidadas medidas de seguridad. La respuesta que recibió el enviado especial fue que, efectivamente, hasta algún despacho había llegado el dossier. El contenido estaba en varios CD, de los que le enseñaron uno. Con esa información, el enviado volvió a Barcelona y confirmó que la intrusión se había realizado por expertos profesionales, pero que ya no trabajaban para los servicios de información. «Puedo confirmar que uno de los del grupo es un «pata negra» que había trabajado con el coronel Perote y que es experto en intrusiones físicas en edificios», fue el mensaje aproximado que dio a quien le había enviado. Juan Alberto Perote es el espía español quizá más famoso, debido a su abrupta salida del CESID. Durante su etapa operativa, había sido jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) y fue condenado por filtrar documentos del CESID a Mario Conde. Sea como fuere, tan repentinamente como habían empezado a enviar correos, cesaron en su envío. Ángel desapareció de escena y las negociaciones saltaron por los aires en el momento en que los extorsionadores habían rebajado sus exigencias ya a 100 millones de pesetas y los Jordis estaban dispuestos a pagar un máximo de 30. ¿Fueron los mandos del CESID los que pudieron neutralizar a los extorsionadores? La única verdad absoluta es que, de repente, quedó conjurada la amenaza de que se difundieran los datos obtenidos por aquella acción, que hubiese provocado uno de los mayores escándalos político-económicos hasta entonces conocidos.

La infiltración

Durante muchos años, se ha instigado la historia de que Jordi Pujol era una de las personas más investigadas por los servicios secretos españoles. En algunos círculos políticos españoles se pretendía que el partido que ganaba las elecciones en España tenía dosieres explosivos sobre el presidente de la Generalitat, para así asegurarse el apoyo de los catalanes en el Congreso, especialmente cuando el partido mayoritario, ya fuese el PSOE o el PP, no había sacado mayoría absoluta. Esta afirmación, sin embargo, es falsa. Para garantizarse el apoyo de los nacionalistas catalanes solo hacía falta ponerles sobre la mesa algunas concesiones: bien el traspaso de alguna competencia, garantizando una partida extraordinaria para las arcas de la administración autonómica o comprometiéndose en una inversión concreta durante la siguiente legislatura. A nadie le importaba si Jordi Pujol hacía o deshacía más o si dejaba hacer o deshacer a sus hijos. Durante décadas, el veterano político catalán fue el asegurador de la gobernabilidad de España. Sus teorías estaban muy lejos del independentismo y era el garante del seny en Cataluña. Era visto como un hombre moderado e incluso imprescindible en el panorama político. Su nombre aparecía junto al elenco de los «hombres de Estado» que hicieron posible la Transición hacia la democracia: Felipe González, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez o Manuel Fraga. Junto a ellos, Pujol era el quinto jinete y se lo supieron agradecer dejándolo tranquilo en su feudo.

Lo cierto es que los servicios secretos españoles no se interesaron por los negocios de la familia Pujol hasta el año 2012, porque hasta entonces Jordi Pujol no era un peligro para el Estado. A partir de entonces, sí. Tanto él como los suyos. A finales de los ochenta, con motivo del dossier sobre el sector de los negocios de Convergència, hubo una buena ocasión para hurgar en los clanes catalanes, pero se pasó de puntillas por el tema, ya que había otras prioridades. Sin ir más lejos, se dedicaron ímprobos esfuerzos a alejar el fantasma de un atentado durante los Juegos Olímpicos de Barcelona y a luchar contra ETA, que traía de cabeza a los servicios españoles. El gobierno también estaba inmerso en el control de grandes financieros, como Mario Conde, Javier de la Rosa, Jesús Gil o José María Ruiz-Mateos, que habían declarado la guerra al sistema y que se atrevían incluso a abrir oficinas para comprar información y dosieres a plena luz del día. Pujol ni siquiera era merecedor de una pizca de atención, aunque no se le quitó el ojo de encima por lo que pudiera pasar y por si variaba su rumbo político. En otras palabras, el presidente catalán era un aliado al que no se le concedía luz verde total, pero al que se podía contentar abriendo el grifo del dinero.

La mayor preocupación de los servicios, en aquel momento, era evitar que en Cataluña pudiese florecer un movimiento armado como ETA o que resucitase Terra Lliure, por lo que los negocios que pudieran tener Jordi Pujol, su familia o sus adláteres pasaban a un segundo plano. Y en el cometido de controlar a los radicales se volcaron tanto el CESID como los servicios de información de policía y Guardia Civil. A principios de los noventa, el personaje a controlar no era otro que Àngel Colom, un joven radical que había liderado durante los ochenta la Crida a la Solidaritat, la organización civil más radical de Cataluña. En un golpe de efecto perfectamente planificado, los militantes de la Crida se apuntaron en masa a Esquerra y Colom logró desbancar a la vieja guardia convirtiéndose en secretario general del histórico partido en 1989, tras derrotar a Josep Lluís Carod-Rovira. Los servicios españoles lograron introducir un topo en el equipo más íntimo de Colom. Ese topo se veía periódicamente con su contacto en un bar de la calle Lleida y pasaba a los servicios secretos españoles las novedades internas de Esquerra y de Colom.

En esa época, el CESID se dedicó a trufar de infiltrados las filas de los grupos más radicales, llegando a penetrar en ellos incluso en Banyoles, uno de los feudos del independentismo. Allí, varios colaboradores del CESID recogían información fidedigna de los movimientos radicales, tanto desde dentro de los mismos como desde fuera. La información que aportaron fue muy importante a la hora de planificar actuaciones tan señaladas como la macrooperación entre finales de junio y mediados de julio de 1992 en la que cayeron cuarenta y cinco activistas vinculados a los círculos radicales. El operativo, dirigido por el juez Baltasar Garzón, se realizó días antes del inicio de los Juegos Olímpicos y fue muy criticado por los independentistas catalanes, pero en realidad significó la puntilla a Terra Lliure, que ya no volvió a tener aparato operativo. La mayoría de los detenidos denunciaron torturas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a condenar en 2004 al Estado español por negarse a investigar esas denuncias. Pero el gobierno del PSOE se basaba en informes forenses que había solicitado y que determinaban que los activistas mentían y que las lesiones que decían tener no se correspondían con torturas ni malos tratos en comisaría. Es más: los dos casos más graves se debían a autolesiones de los detenidos, uno de ellos acusado también de atraco. Tras los Juegos, los servicios continuaron vigilando de cerca a ERC, por si el movimiento violento se reorganizaba dentro del partido.

En las filas de CiU, sin embargo, siempre hubo el convencimiento de que Pujol estaba más controlado de lo que parecía. En su libro Jordi Pujol. En nombre de Cataluña, Félix Martínez y Jordi Oliveras señalan que a mediados de los noventa «el que entonces era máximo responsable policial de los Mossos d’Esquadra, el antiguo comandante del Ejército del Aire Josep Peris, había empezado a recopilar información sobre las relaciones entre Jordi Pujol Ferrusola y Javier de la Rosa, así como sobre las actividades de Oleguer Pujol Ferrusola, el benjamín de la familia, en el entorno del independentismo radical. Versiones apócrifas apuntan que el informe redactado tras aquellas investigaciones era inocuo y no revelaba ninguna actividad irregular; por otro lado, el hecho de que Peris continuara vinculado a la Generalitat y percibiendo su sueldo sin apenas hacer acto de presencia y emergiera años más tarde como dirigente y jefe de seguridad de Unió Democràtica, sugiere que podía tratarse de un agente doble».

En el texto aseguran también que el CESID había seguido a Jordi Pujol, a quien daban el nombre en clave de León. Pero apuntan un dato importante: «Los agentes del Centro fotografiaron a Pujol a la puerta de su domicilio. En esos mismos días, además, la entonces responsable del Departamento de Gobernación, Maria Eugènia Cuenca, recibió un mensaje de un alto cargo de los Mossos d’Esquadra en el que le advertía que el CESID estaba investigando las actividades profesionales del hijo del president. Es probable que en esta ocasión los agentes estuvieran sondeando organismos judiciales con el mismo fin». La información no iba del todo desencaminada, aunque había muchos recovecos a tener en cuenta. No todo era tan sencillo. Josep Peris, en efecto, era el jefe de los Mossos d’Esquadra en aquel momento y mantenía una guerra abierta, sin cuartel, con lo que se llamaba el grupo de los «mortadelos». Estos eran un grupo de agentes de Información que hacían los «trabajos delicados». Su misión era velar por la seguridad del presidente de la Generalitat y sus informes eran reportados directamente a Antoni Cruells, director general de Seguridad Ciudadana de la Generalitat, obviando a su jefe natural, Josep Peris.

El encargo

En 1992, cuando el coronel de Aviación Manuel Ortiz se hizo cargo de la delegación del CESID en Barcelona, se encontró con que el jefe de la policía autonómica era su compañero de promoción Josep Peris. Ambos se habían convertido en oficiales al mismo tiempo en León. Peris advirtió a sus superiores de quién era el nuevo mandamás de los espías españoles en Cataluña.

—No nos vendría mal un puente con el CESID. Debería usted mantener una relación fluida con él, porque nunca se sabe. Podemos aprovechar esta circunstancia para establecer relaciones de buena vecindad. Incluso nos puede ser útil en el futuro, dependiendo de las circunstancias —le dijeron al jefe de los Mossos.

De este modo, Peris se presentó a su amigo Manolo, le explicó su trabajo y estableció una relación periódica con él, incluidos algunos partidos de golf en Castelldefels. Mientras tanto, en el gobierno se iba labrando la historia de que Peris jugaba con dos barajas, que era un espía y que había que sacárselo de encima. Cruells gozaba entonces del apoyo de Jordi Pujol y de Miquel Sellarès, el primer director de los Mossos, la persona que había estructurado el cuerpo, amigo de Jordi Pujol y uno de los fundadores de Convergència en el año 1974. Sellarès, ya fuera del gobierno, tenía, sin embargo, línea abierta con los «mortadelos», muchos de los cuales él había escogido personalmente para formar la elite de la policía autonómica. Para ese exclusivo grupo, había alquilado un piso en la calle Consejo de Ciento de Barcelona, encima del selecto restaurante La Orotava, inmueble que convirtieron enseguida en su cuartel general y del que nadie tenía conocimiento.

Los partidos de golf dieron fruto. Se estableció una fluida relación entre los dos antiguos compañeros de armas. ¿Espiaba Manolo Ortiz a Josep Peris o espiaba Josep Peris a Manolo Ortiz? Posiblemente, ni una cosa ni la otra. Como buenos vecinos, podían intercambiarse cromos de cuando en cuando, o podían regalarse comentarios más o menos confidenciales, pero sería excesivo decir que ello comportaba un espionaje en toda regla. Pero bien es cierto que fue su amigo Manolo Ortiz quien había alertado a Peris de que había una investigación judicial sobre Jordi Pujol Ferrusola. Y, al final, ese scoop acabó siendo la puntilla del jefe de los Mossos d’Esquadra.

—Fiscalía está investigando la suspensión de pagos de una empresa de Jordi Pujol Ferrusola. Te lo digo para que lo hagas llegar a quien consideres pertinente —le comunicó el coronel.

—¿Pero vosotros estáis haciendo algo? —le inquirió Peris.

—No. Nosotros no estamos mirando nada de estas cosas. Yo me he enterado por casualidad. La información viene de Fiscalía, pero no es por nada en lo que estemos trabajando.

El jefe de los Mossos d’Esquadra transmitió el mensaje a la consejera y esta a Jordi Pujol i Soley, que pidió más información al máximo responsable de Seguridad Ciudadana, Antoni Cruells, y al director de la Policía. Con este circuito, la información se vició y acabó fructificando la leyenda de que Josep Peris era un espía y que, en realidad, era un topo de los servicios de inteligencia españoles en el gobierno catalán, cuando en realidad había recibido las órdenes de tender puentes con el CESID aprovechando su condición de compañero de promoción del jefe de la «emisora» barcelonesa. Pero también había otra razón de peso para sacarse de en medio a Josep Peris: era militante de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), hombre de confianza de Josep Antoni Duran Lleida y, por tanto, enemigo acérrimo de los círculos duros de Convergència, que podrían encarnar perfectamente Cruells y Sellarès… entre otros. Lo cierto es que, con la pinza de Cruells y Sellarès, la cabeza de Peris se convirtió en pieza de caza mayor: en 1993 fue cesado por la consejera Cuenca, de quien dependían los Mossos d’Esquadra en aquellos momentos.

Tras dejar la Administración, el otrora jefe de los Mossos estuvo durante varios años como responsable de la seguridad de UDC. El episodio, no obstante, fue aprovechado por los nacionalistas para convertir a Pujol y a su familia en unas víctimas de los servicios de información españoles y a menudo se dejaba caer que el CESID espiaba a Jordi Pujol permanentemente, pero que no le había encontrado nada y, por tanto, estaba limpio como una patena. Una vez más, Jordi Pujol tenía su topo y Cataluña fabricaba un nuevo mártir.

La revelación del coronel Ortiz, por otra parte, había puesto el dedo en la llaga de Jordi Pujol. Si Fiscalía investigaba la suspensión de pagos de una empresa de su hijo, solo debía de ser porque el fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, que no había podido con el padre en el Caso Banca Catalana, buscaba ahora otro escándalo hurgando en los asuntos de Jordi Pujol hijo. Lo cierto es que, poco después, se descubrió en la terraza de la casa de Jiménez Villarejo un «canario», un aparato que permitía pinchar la línea telefónica y grabar las conversaciones del fiscal jefe. Años más tarde, el abogado José María Fuster-Fabra, defensor de algunos de los implicados en la red de espías que habían sentado sus reales en La Vanguardia (dirigidos por el coronel Fernando Rodríguez y de la que formaba parte Mikel Lejarza, alias El Lobo) desvelaría que una nota interna del CESID apuntaba a que, según las informaciones recogidas, las directrices para los pinchazos provenían de Jordi Pujol o de Javier de la Rosa. En su libro Jordi Pujol. En nombre de Cataluña, Félix Martínez y Jordi Oliveras dicen que la nota «fue reconocida por el entonces director general de los servicios secretos españoles, el teniente general Emilio Alonso Manglano, cuando declaró ante el juez instructor del Caso Godó. La aparición de este documento provocó que el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona decidiera abrir otra causa judicial que finalmente acordó archivar. Si fue Pujol quien se puso de acuerdo con De la Rosa para que los hombres del financiero espiaran a Villarejo y averiguaran si el fiscal jefe estaba recopilando información sobre sus hijos, no hay duda de que la preocupación del president por las investigaciones sobre su familia era profunda. Si había sido Javier de la Rosa por su cuenta, Pujol tenía aún más motivos para estar preocupado».

1 Francesc-Marc Àlvaro, Ara sí que toca!, Edicions 62, Barcelona, 2011, p. 160.

2. LOS JORDIS S. L.

El ascenso

La intrusión en las dependencias de la calle Ganduxer número 5 de Barcelona en la primavera de 2002 no fue casual. El despacho de Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godes era el más famoso de Barcelona entre los empresarios que querían hacer negocios con la Administración. Existía la creencia, ampliamente extendida, de que determinadas concesiones públicas no se llegaban a producir si antes no se contrataban sus valiosos servicios. De ello tenían culpa las malditas habladurías que en cualquier momento podían convertirse en un campo de minas. Ellos eran conscientes de su poder y eso les hacía sentirse más importantes. «Jordi Puig no es tan prepotente como Jordi Pujol. De hecho, es el cerebro de las operaciones», razona un empresario que les conoce desde jóvenes.

Su sociedad viene de lejos. Cuando a mediados de los noventa Jordi Pujol Ferrusola, alias Júnior, «aterriza» en el grupo de Natural Stone junto al gallego José Manuel Gómez Salgado, Jordi Puig es nombrado gerente en Natural Stone Marketing Center. El hijo del president fue fichado por conveniencia empresarial, porque Salgado quería sacar tajada y Pujol Ferrusola era una marca ganadora.

En uno de los innumerables informes que se hicieron sobre el clan Pujol y los Puig desde las instancias policiales de Madrid, se señala que Felip Puig (otrora el hombre con más peso en Convergència) «cuenta como aliado esencial para fortalecer su poder, amén de aumentar sus negocios, a su hermano Jordi, socio y persona de total confianza de Jordi Pujol Ferrusola, con quien comparte negocios, sociedades e incluso oficinas». Júnior lo desmintió en su comparecencia parlamentaria del 23 de febrero del 2015 ante la comisión de investigación del fraude. Hizo un perfecto homenaje a la manipulación: «Jordi Puig estuvo como realquilado en mi despacho hasta el 2009. Él hacía sus operaciones y yo hacía las mías. La única operación que hicimos fue una en la que él me presentó, en el 2005, a un empresario de Barcelona que quería hacer una operación inmobiliaria en Marina Botafoc, en Ibiza». Mentía como un bellaco. Manipulaba. No solo habían hecho multitud de negocios juntos, sino que le había prestado dinero en muchas ocasiones para poder llevar a cabo, precisamente, esos negocios que querían ocultar.

Tenían otro punto en común. Lo cuenta la policía española en otro de sus informes:

Ambos Jordis utilizan habitualmente a personal de sexo femenino en casi todos sus desplazamientos, las cuales, voluntaria o involuntariamente, sirven de coartada para moverse sin dificultad, aparentando viajes de placer en pareja y/o por separado ellas solas, como correos para llevar dinero en efectivo y/o documentación reservada. Tal es el caso de Masha y Ajda Petek, siendo la primera hermana de la actual esposa de Jordi Puig, a las que utiliza entre otras acciones como titulares de cuentas offshore.²

Se han de distinguir, sin embargo, dos modus operandi: uno, el de las operaciones interiores, es decir, en España; y otro, el de las operaciones internacionales. Por lo que respecta al primero, ambos «enterraron» al alimón más de 78 millones de pesetas (más de 470.000 euros, una barbaridad en los años noventa del siglo XX) en la inmobiliaria Nou-Cents S. L., pero también diversificaron riesgos metiendo fondos en Globus Barcelona, Petrocat, Elecnor, WTC Maremágnum, Demo, Taisc, Prointer, Torrent y Coto, Radiotrónica, Laboratorios Serés, Ininvest, Algodonera San Antonio o Coge España.

Júnior empezó a dominar el arte de la intermediación en los años noventa. Participó en la venta del 16 por ciento de World Trade Center de Barcelona, que estaba en manos de FCC, pero también se dedicó a promociones inmobiliarias puntuales. En solo dos o tres años, sus inversiones, según estimaciones de los investigadores, llegaron a unos 1.000 millones de pesetas, una cantidad demasiado elevada para los años noventa. Nadie sabe de dónde salieron esos fondos. Sí le siguieron el rastro, por ejemplo, a 90 millones de pesetas invertidos a finales de los noventa en el Fondo Prudential y gestionados por Jordi Puig Godes.

Eran los años de bonanza del mercado inmobiliario y los dos socios no hicieron ascos al mismo. Años más tarde, Júnior negaría solemnemente que hacía negocios con Jordi Puig, pero lo cierto es que ambos fueron unos inversores prolíficos a finales de los noventa y principios de la década siguiente. Compraron el 17,4 por ciento de la sociedad Nou Cents Habitatges, en la que invirtieron casi 78 millones de pesetas de
la época (unos 470.000 euros) para la construcción o rehabilitación
de inmuebles en la Via Laietana de Barcelona (esquina con Ronda Sant Pere), calle Mallorca, calle Navas de Tolosa, Paseo Maragall y en la población de Begur. En esta última localidad de la Costa Brava, habilitaron dos casas a través de la sociedad TAISC, de la que compraron el 18,43 por ciento y cuyo capital social era de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros actuales).

En COGE España, se hicieron con el 20 por ciento del capital. Ayudaron a Shelter a instalarse en España, firmaron un contrato con Amena y otro con Emte, por el que esta compañía les pagaría el 3,5 por ciento como comisión sobre la facturación, más un 50 por ciento del margen bruto ligado a la consecución de objetivos. Por tener, los dos socios tenían hasta una tienda textil en la calle Muntaner, de la que Jordi Pujol Ferrusola copaba el 40 por ciento del capital y Jordi Puig Godes el 7,5 por ciento (Santiago Ballesté tenía otro 7,5 por ciento). La inversión en esta tienda fue de más de 18 millones de pesetas (unos 115.555 euros).

También invirtieron en dos sociedades offshore con las que operar en el mercado internacional. Una de ellas era Conter, que tomaba participaciones en otras. Su testaferro en esta compañía era un jordano llamado Zeid Mango. La otra era Crena, ubicada en la isla de Madeira, orientada al mercado americano, y que les «prestó» dinero, por ejemplo, para invertir en Laboratorios Serés.³ Curiosamente, su aventura internacional a través del paraíso fiscal de Madeira tiene lugar en paralelo a la que había iniciado el Rasputín Lluís Prenafeta.

Los dos socios —Jordi Pujol y Jordi Puig— fundan en el año 1996 la compañía Ibadesa Cat. El 51 por ciento de su capital social de 500.000 pesetas estaba en manos de otra empresa controlada por ellos, Ibadesa S. A., mientras que el 34 por ciento era de Jordi Puig y el 15 por ciento estaba en manos de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. Una cláusula del contrato de constitución establecía que el 34 por ciento de Puig pertenecía en un 50 por ciento a Jordi Pujol Ferrusola, con lo que él no aparecía en el registro de la propiedad, pero tenía su parte. El 30 de septiembre de 1998, López del Hierro vendía sus acciones a Jordi Puig y se desligaba de la compañía. Su sobrino, José Herrero, no obstante, siguió siendo el hombre de confianza de los Jordis en todos los negocios que emprendían y el que manejaba las riendas de Ibadesa en Madrid.

Con Ibadesa Cat comenzaron a operar con proyectos en toda África. Eran proyectos «llave en mano», con financiación de fondos de ayuda al desarrollo. Ahí penetraron, por ejemplo, en un proyecto de electrificación en Yemen, un proyecto de aprovisionamiento de agua en Ghana, una venta de vehículos en Turquía y otros negocios en Argelia.

En pocos años, los Jordis extienden sus tentáculos por Ghana, Djibuti, Yemen, Senegal, Marruecos, Uganda, Angola, Egipto, Turquía, Jordania, Rusia, El Salvador, República Dominicana, México, Panamá y Nicaragua. La pareja sabe enfocar sus negocios. Participan en rehabilitación de hospitales, en equipamientos de centros sanitarios, en electrificación, en suministro de ambulancias, en compra de tabaco o de café, en fábricas de pescado, en canalización de agua, en construcción, en plantas de cerámica, en fábricas de ladrillos, en laboratorios…

Por construir, llegan a construir en Uganda un hospital militar e intentan financiar barcos de pesca en Guinea Bissau, guiados por el cónsul de ese país en Barcelona. La intención era estructurar una empresa mixta que sería la titular de las licencias y faenaría con barcos desamortizados de la Unión Europea y con ayudas comunitarias. En América, invierten a través de Ipromar y compran una participación importante de Tabacos Nicarao y de Deschiss, la principal distribuidora mexicana de café en Estados Unidos, de la que llegan a tener el 4 por ciento después de invertir alrededor de 1,5 millones de dólares.

Pero lo cierto es que, en los años noventa, Jordi Pujol Ferrusola comenzó a establecer su red de valiosos contactos. «Pudo conectar con una sociedad que hacía de lobby, formada por embajadores y con sede en Madrid. Esa sociedad le abrió las puertas a varios negocios internacionales», dicen fuentes que le conocen bien. Y es muy posible que sea así. De todos modos, también es cierto que, a pesar de su nacionalismo radical, trabó fuertes lazos con los gobiernos del PP. Con José María Aznar en el poder, los negocios de Jordi Pujol Ferrusola se asentaron, crecieron y contaron con el apoyo institucional e incondicional de Madrid. Sus intervenciones se extendieron como mancha de aceite por África, América y Oriente Próximo, ya fuese a través del apoyo dado directamente por el gobierno español o por las embajadas.

Operación en República Dominicana

Uno de sus puntales en la capital de España era José Manuel Fernández Norniella, un hombre de Rodrigo Rato.⁴ A través de él, tenía las puertas abiertas del gobierno español a finales de la década de los noventa. Jordi Pujol y su socio Jordi Puig maniobraron para conseguir las obras de construcción de Merca Santo Domingo. Era una inversión de 80 millones de dólares en un inicio y los Jordis consiguieron formalizar un consorcio Mercasa-Ibadesa-Incatema, que firmó la ejecución del proyecto. A mediados de 2001, acuden a los buenos oficios de José Manuel Fernández Norniella para conseguir que Juan Costa, secretario de Estado de Comercio y Turismo, enviase una carta de recomendación al gobierno de República Dominicana con el fin de que este reordenase sus prioridades y adjudicase el proyecto. De salir bien, según un memorándum de la época, los Jordis se embolsarían 500.000 dólares «por la “gestión”».

En enero del 2002, Jordi Puig Godes enviaba una carta a Norniella en la que señalaba textualmente: «Te adjunto carta del secretario técnico de la Presidencia de la República Dominicana en relación con el proyecto de Merca Santo Domingo. Como puedes ver, es la comunicación priorizando el proyecto para que Costa pueda dar su autorización para la cobertura con Cesce. Asimismo, te adjunto carta del Ministerio de Agricultura español indicando el procedimiento para que pueda ser priorizado el proyecto. Tenemos constancia de la voluntad de Moncloa para apoyar este proyecto». Apenas unos meses después se firmaba la primera fase del proyecto, que preveía unas inversiones de 42 millones de euros.

Sin embargo, las cosas no funcionaron bien. En marzo de 2010 el diputado de ICV Joan Herrera presentaba una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados sobre los incumplimientos de proyectos o adulteración en los precios de dichos proyectos que habían recibido créditos o seguros del Estado español a través del Deutsche Bank. Los que hacían referencia a Ibadesa eran una instalación de paneles fotovoltaicos en Argentina, el equipamiento del Hospital Libra en Brasil, el equipamiento del Grupo Fator, también en Brasil, el equipamiento del hospital Koforidua en Ghana, el equipamiento de los hospitales Estelí y Chinandega en Nicaragua, la construcción del hospital Brasov en Rumanía, el equipamiento del hospital FAM en Senegal y varios proyectos en República Dominicana: construcción del hospital general Área de Monte Plata, reforma del Sector Salud, suministro de equipos de la Red de Emergencia Sanitaria, puesta en marcha de la Ciudad de la Luz y la construcción de Merca Santo Domingo.

Los Jordis empezaron a finales de los noventa a realizar inversiones especialmente en África y América. A través de Ibadesa aportaron unos 200 millones de pesetas a la financiación de la compra de atún en Senegal, mientras que en Gabón pusieron en marcha varios proyectos. Para coordinarlos, Jordi Pujol Ferrusola echó mano de un amigo andorrano que fue el encargado de canalizar las conversaciones con los diferentes ministerios, Pierre Duró.

A medias con Tchokotua

Los dos socios llegaron a hacer negocios con el príncipe Tchokotua, un aristócrata georgiano muy relacionado con el rey Juan Carlos. Zourab Tchokotua sentó sus reales en Mallorca, donde estableció un círculo de amistades peligrosas y se casó con Marieta Salas, de una de las familias más ricas de las islas. En su casa, Villa Altea, ubicada en la urbanización Son Vida, se realizaban selectas cenas presididas en muchas ocasiones por el monarca. En los años noventa, llegaron a circular rumores de que había fotos de algunos amigos en un yate en alta mar. Uno de ellos era el magnate Adnan Kashogi, a quien se relacionaba con tráfico de armas. Para entonces, Tchokotua ya había sido procesado en un par de ocasiones por presunta estafa. Cuando comenzaron a circular los rumores de las fotos aéreas que les habían hecho en alta mar, el rey cortó oficialmente toda relación con sus «amistades peligrosas».

El aristócrata georgiano, a quien popularmente se le conoce como Zou, se asoció a los Jordis en la década de los noventa para buscar oportunidades de negocio en Marruecos, donde mantenía excelentes relaciones con su monarquía. Tchokotua logró un contrato de renovación de las líneas férreas en Marruecos para Guinovart, por un monto de 1.432 millones de pesetas. La comisión a repartir fue del 1,25 por ciento, o sea, 17,9 millones de pesetas. La operación fue articulada a través de la compañía Ibadesa, que al final renunció a su parte de la comisión (le tocaba la mitad de los 17,9 millones)⁵ para que pudiese cobrar la parte marroquí que había ayudado en la operación. Era, por así decirlo, renunciar a un beneficio inmediato con vistas a poder tener más negocios jugosos en el futuro. Esa renuncia era, en realidad, una inversión a largo plazo.

África fue un terreno fértil en el que maniobrar para hacer negocio. Los Jordis trabajaban con créditos FAD de ayuda al desarrollo. Conocían a miembros del Gobierno de España y solo tenían que ponerlos en contacto con miembros de los gobiernos de otros países para atar negocios. Jordi Puig le presenta en esa época a José Herrero, sobrino de Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal. Su empresa, Ibadesa, ya está introducida en América y África. Júnior se pone manos a la obra y comienza a gestionar negocios en Etiopía, Mauritania, Chad, Senegal y Ghana. Se trata de proponer infraestructuras, esencialmente sanitarias o de abastecimiento de agua, e incluso de transportes. Así, el 31 de julio de 1996 crean Ibadesa Cat, de la que él es nombrado director general. Para tener un socio potente, acude a su amigo Luis Delso y firma un contrato con Isolux. Para percibir sus emolumentos, no estará en plantilla, sino que girará facturas mensuales como si fuesen su salario.

Fue una época con mucha actividad, especialmente en Gabón y Marruecos. Incluso en Senegal, donde ambos socios llegan a financiar compra de atún por más de 100 millones de pesetas, realizando aportaciones tanto personales como a través de Ibadesa.

En Gabón, su amigo Pierre Duró hace de introductor de embajadores y se le comienzan a abrir las puertas de la Administración. En ese país, los servicios de Duró y de su hermano dieron fruto. Los Jordis lograron un contacto directo con los ministros de Economía, Emile Doumba, y de Sanidad Pública, Faustin Boukoubi. Jordi Pujol Ferrusola hizo llegar incluso sus credenciales al presidente, Fradique Bandeira Melo de Menezes, y al primer ministro, Evaristo do Espirito Santo Carvalho. Y a la ministra del Plan y de Finanzas, María dos Santos Tebus Torres, y al ministro de Infraestructuras, Mateus Meira Rita.

Júnior supo hacer su trabajo y enroló a Isolux en los proyectos africanos. Para ello, fue imprescindible la ayuda de su gran amigo y valedor Fernández Norniella, que tenía ascendencia sobre Juan Costa, que sería el que, al final, podía avalar el proyecto. El esquema operacional era siempre el mismo: una vez identificado el proyecto, la primera etapa consistía en conseguir una carta de intenciones de la institución o del grupo inversor solicitando a Ibadesa Cat una oferta técnica y económica de acuerdo con las especificaciones del proyecto y con las condiciones financieras del crédito comprador acordes con las de la OCDE. Paralelamente, junto a la Compañía de Seguros Española para la Exportación (CESCE) y el ICO, clasifican y conceden los créditos para el proyecto, de acuerdo con la OCDE. El paso siguiente es que, si el negocio pertenece al sector público, se ha de conseguir un documento donde conste que tiene carácter prioritario y ese documento se entrega en la embajada española para que lo remita. Si el cliente era privado, el mecanismo era articular un crédito a la exportación.

En el año 2006, por desavenencias en la forma de trabajar, Pujol Ferrusola deja de colaborar con Ibadesa Cat y comienza a hacerlo con su empresa Project Marketing Cat. Luego, acabará traspasando de nuevo el negocio a su más reciente compañía, Active Translation.

En Marruecos, los socios se circunscribieron al Protocolo de Acuerdo de Cooperación Económico y Financiero firmado el 6 de febrero de 1996 entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, por un montante de 150.000 millones de pesetas (60.000 millones en créditos FAD y 90.000 millones en créditos a la exportación, dentro de las condiciones de la OCDE), en vigor hasta junio del 2001. El 19 de septiembre del 2000 se firmó un Programa de Cooperación Financiera para el Desarrollo del Norte de Marruecos, por un importe de 50 millones de dólares y vigencia de dos años, y ahí los Jordis detectaron algunos sectores donde podrían ofrecer negocios: saneamiento de aguas, proyectos de electrificación rural, infraestructuras, tecnologías agrícolas, telecomunicaciones, transportes, educación y sanidad.

Solo habían de tener a alguien en el gobierno marroquí para poder presentar proyectos y lo demás sería fácil: una vez aprobado el proyecto, ya encontrarían a una compañía dispuesta a llevarlo a cabo. Jordi Pujol Ferrusola se hizo en ese país con contactos de altura: A. Ghallab, director general de Finanzas, y Farid Dellero, presidente del Banco Nacional para el Desarrollo Económico.

Pujol tenía sus proyectos muy claros: llevó a Cataluña a altos directivos marroquíes para enseñarles industrias y exportarlas, pero su objetivo era llevar adelante proyectos turístico-hoteleros, para lo que necesitaba terrenos. Es más: Jordi Pujol Ferrusola convenció a Carlos Díaz, director de explotación internacional de la cadena AC Hoteles, para que este grupo se pudiera implantar en el país vecino, ya que en aquellos momentos tenía la vista puesta solo en Italia para expandirse internacionalmente. También introdujo a Hotusa en el circuito y organizó viajes de los responsables de estos grupos a Casablanca para hablar con las autoridades del país. En la diversificación de su actividad, logró encontrar un socio, la compañía Agromillora, para invertir en plantaciones de olivos y en la construcción de un vivero en terrenos próximos a Casablanca.

2 Se trata de un informe con fecha 12 de octubre de 2012 de la Unidad de Inteligencia, grupo de investigación que dependía directamente del comisario principal Eugenio Pino.

3 Los dos Jordis invirtieron 11.168.000 pesetas el 4 de julio de 1997 en la compra de acciones de Laboratorios Serés. El préstamo obtenido de Crena fue garantizado con acciones de Hispasalud Ibérica S. L.

4 Fernández Norniella llegó, en 2006, al consejo de administración de Cajamadrid y acabaría de vicepresidente de Bankia con Rato, implicado en el escándalo de las tarjetas black. Norniella fue uno de los más de ochenta directivos imputados por administración desleal y apropiación indebida al haber cargado a su visa 175.400 euros, que al final consignó en el juzgado.

5 Su parte ascendía a 8.956.928 pesetas, según un contrato firmado en otoño de 1999.

3. PODER Y NEGOCIOS

Negocios de familias

«Ahora veremos claramente que los negocios que se habían hecho a la sombra del poder durante décadas no eran en beneficio de Convergència, sino de unos cuantos. Aquí se han hecho fortunas pero nunca para el partido, sino para bolsillos particulares». Quien pronuncia la frase a finales de 2014 es un muy alto cargo de CDC, en la sede del partido, en una conversación privada. El asunto de Jordi Pujol y las cuentas de la familia en Andorra ya había explotado en toda su magnitud y en Convergència había cundido el pánico. De hecho, Artur Mas lleva más de dos años intentando poner terreno entre él y la familia Pujol. «Cada vez que oye el nombre Pujol, le entra un ataque de ansiedad y le dan espasmos». Así escenifica el alto cargo convergente la actitud del presidente de la Generalitat, que fue, precisamente, aupado al poder por el círculo de dirigentes soberanistas que controlaba Jordi Pujol Ferrusola.

Pero lo cierto es que alrededor de la Administración de Jordi Pujol siempre sobrevolaron los intereses personales de la cúpula convergente y, esencialmente, del clan Pujol. Bajo la costra oficial, había una Cataluña oculta que se plegaba a los intereses de un puñado de privilegiados que manejaban los hilos del poder político y administrativo. El entorno de Jordi Pujol comenzó entonces a hacerse de oro.

Una de las grandes decisiones del president en los años ochenta fue la creación de las loterías catalanas y la adjudicación de los casinos. Para llevar la dirección general del juego, denominada Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA), Jordi Pujol i Soley puso a Carles Vilarrubí, un hombre del partido que le había hecho de chofer durante muchos años, llevándole en un utilitario hasta los últimos confines de Cataluña. Vilarrubí era, además, amigo de los hijos y, con el tiempo, acabaría haciendo negocios con Jordi Pujol Ferrusola y convirtiéndose en un potentado. Tras su etapa en la Administración, Vilarrubí aceptó la oferta de Javier de la Rosa para ser consejero delegado de Tibigardens, la empresa germen de la futura Port Aventura. Fue un consejero delegado relámpago. Llegó en abril de 1992 y se fue en octubre del mismo año. El día que dimitió, la Generalitat había concedido un aval de 1.000 millones de pesetas a la promotora del parque y Javier de la Rosa pretendía traspasarlo inmediatamente a una de sus sociedades. Vilarrubí le alertó de que eso era irregular y, en todo caso, quien debería gastarlo era la propia empresa que lo había recibido para sus necesidades. Desde la Generalitat se insistió siempre en que Vilarrubí aceptó el cargo en Grand Tibidabo porque antes había hablado con Jordi Pujol. Es más, sus amigos juran que recibió la orden personal del president de estar al lado de De la Rosa, vigilarlo y pasar información a Jordi Pujol. ¡Y vaya si cumplió su cometido! La misión fue todo un éxito. Y Pujol lo premió años más tarde: tras los Pactos del Majestic, Vilarrubí fue el hombre que la Generalitat puso en los consejos de Telefónica —presidida por Juan Villalonga, el amigo de José María Aznar— y Antena 3 TV.

Pero lo importante en los primeros pasos de la Administración catalana fue la adjudicación de las loterías, que se otorgan a Artur Suqué. Un cargo importante de CDC en aquellos tiempos rememora la coyuntura. «Suqué había sido compañero de clase de Jordi Pujol y, además, era de la alta sociedad. Tenía una empresa de corte de acero que le iba muy bien, además de ser consejero de Bull. Su esposa también era de la elite y tenía el Castillo de Peralada, lo que les hacía perfectos para dominar un sector que querían que fuese muy elitista. De hecho, la propiedad del castillo fue determinante». Lo cierto es que a Artur Suqué le hicieron presidente de Casinos de Cataluña y esta, a su vez, creó Luditec, una empresa en la que confluyen intereses de sociedades radicadas en Canadá, en Irlanda y en paraísos fiscales de las Islas del Canal. Luditec ganó finalmente el concurso de explotación de los tres casinos catalanes.

En el momento de esta adjudicación, Jordi Pujol tenía sobre su mesa un exhaustivo informe sobre la empresa adjudicataria y en el mismo se explicaba que Paul Baron, el especialista contratado por Suqué para poner en marcha los casinos, era, según La Vanguardia con fecha 22 de mayo de 1988, hijastro de Marcel Francesci, uno de los jefes de la mafia corsa. Pero desde la Generalitat se consideró que esta mafia tenía pocas posibilidades de penetrar en el acorazado tejido de los negocios catalanes.

Cuando Sellarès realizó su informe sobre el sector de los negocios no se conocía todavía en su magnitud la intrincada maraña de intereses crematísticos que se había tejido alrededor de la Generalitat: un grupo de empresarios amigos del clan Pujol —en muchos casos, socios de los hijos del presidente o, cuando menos, colaboradores— se estaba haciendo de oro. De ahí que aquel informe fuese solo preliminar. De hecho, ni siquiera mencionaba que la CARIC había dado 1.468 millones de pesetas hasta el año 1988 en créditos políticos o créditos negros incobrables. En toda la década, esa cifra aumentó hasta dejar un agujero de 2.066 millones de pesetas, o sea, un 32 por ciento del capital avalado. Y esos créditos eran controlados por Lluís Prenafeta, que no dejaba ni siquiera al consejero de Industria esa potestad. En Industria se había instalado, en los últimos años ochenta, Joan Hortalà, que en los noventa recaló como eterno presidente de la Bolsa de Barcelona, de donde nadie parece querer desalojarle.

En el informe, evidentemente, figuraban el propio Prenafeta y Macià Alavedra, que siendo consejero de Industria tenía los únicos contadores de luz homologados por el gobierno catalán. Alavedra había creado la sociedad Metrega juntamente con Josep Garrell, diputado de CiU. El primero era propietario de Metrelec y el segundo, de EGA. Como consecuencia, fundaron Metrega. Garrell fue también asesor del consejo de administración de la televisión y la radio públicas de la Generalitat y no pagó un aval de 111,5 millones de pesetas que le había dado la Generalitat. En Metrega, Alavedra tenía como representante a Alejandro Bosch Mata, a quien también tenía en el consejo de Metrelec. La mujer de Bosch era, a su vez, socia de Marta Ferrusola en una floristería que esta tenía en la calle Balmes de Barcelona.

Otro de los exponentes de los grandes negocios era Antoni Subirà, que fue consejero de Industria y estaba casado con una prima hermana de Jordi Pujol i Soley. Subirà había sido portavoz parlamentario de CiU en la década de los ochenta y más tarde estuvo en el centro de varias polémicas por sus negocios privados. El 26 de noviembre de 1981, Subirà creaba una compañía que daría que hablar: Fundació Catalana de Comunicació, que más tarde acogería en su seno a Cadena 13. A su lado estaban el expresidente del FC Barcelona y senador de CiU Agustí Montal; el también senador Jaume Casademont; un histórico del nacionalismo y cofundador de Convergència como Josep Espar Ticó, y Maria Àngels Vallvé, agente de cambio y bolsa y esposa de Joan Hortalà. La Fundación fue el germen para crear un pool de medios de comunicación al servicio de CDC, articulados en torno a Radio 13. Subirà estuvo posteriormente en Radio Avui y creó Productora Catalana de Tele-Vídeo, compañía que compró el antiguo Hotel Florida, en la falda del Tibidabo, para grabar en él programas. Una vez hecha la operación, Subirà alquiló las instalaciones a TV3 hasta que el edificio de Sant Joan Despí de la televisión catalana pudo acoger al personal de la misma. Por si fuera poco, dos compañías de Subirà, Puntextil y Subirà & Cía, recibieron 65 millones de pesetas en avales que nunca fueron devueltos.

El principal crédito de Subirà fue abonado, curiosamente, en noviembre de 1989 por la empresa Inversiones y Negocios Inmobiliarios, propiedad de Felip Massot, uno de los financieros del régimen y a quien la policía señala ahora como uno de los testaferros de Artur Mas. Subirà estaba a punto de ser nombrado consejero de Industria, pero ¿quién era el guapo que le nombraba si tenía una deuda millonaria impagada que provocaría un escándalo sin precedentes, teniendo en cuenta además que era familiar del presidente de la Generalitat? Massot también adquirió unos terrenos cerca del aeropuerto de Barcelona, en el polígono Mas Blau. Eran unas tierras baldías que en septiembre de 1990 fueron recalificadas por Industria y multiplicaron su valor. Pues bien: ese era el empresario que unos meses antes había pagado la deuda del consejero que después le recalificaba las parcelas de Mas Blau. ¿Hubo un nuevo trato de favor de la familia Pujol a uno de sus empresarios mimados?

Hubo investigación judicial del asunto. El titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, José Manuel Soler, emitió un auto el 25 de noviembre de 1994 inhibiéndose del caso, porque consideraba que había indicios de cohecho y pasaba el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ya que había una persona aforada, que era el consejero Subirà. El escueto auto reconocía que Subirà & Cía debía 57,6 millones de pesetas a la Generalitat, procedentes de avales concedidos por la desaparecida Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), luego sustituida por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). En vísperas del nombramiento de Subirà como consejero, la deuda fue saldada, ingresando el dinero Ramon Torrellas, cuñado de Subirà, mediante una sociedad inactiva llamada Fricosa. El dinero, no obstante, procedía de las cuentas de la compañía Inversiones y Negocios Inmobiliarios, administrada por Felip Massot. El informe policial relacionaba la posterior recalificación de los terrenos con el pago de la deuda. Además, Subirà pretendió luego, aunque esta vez sin éxito, que la Feria de Barcelona se asentase en los terrenos adquiridos por Massot. El TSJC acabó archivando el caso en 1996. El auto no deja lugar a dudas:

Aportación por Felipe Massot de una cantidad muy importante de dinero, la entrega se hace con la finalidad de ser destinada al pago de una deuda que Subirà y Cía. tenía con la Generalitat, la operación se realiza pocos días antes de ser designado el señor Subirà como consejero de Industria; el mencionado tenía conocimiento de la operación; el señor Subirà en su función de consejero desplegó un singular interés en que la ampliación de la Fira de Barcelona, se instalase en Mas Blau II [la propiedad que había comprado Massot], para lo que era preciso un cambio en la normativa urbanística de la zona a cuyo fin tomó la iniciativa y contribuyó con la influencia de su cargo político (...) y como consecuencia del cambio, se ha producido una notable revalorización de los terrenos, lo que ha supuesto un indudable beneficio para el patrimonio del señor Massot.

El auto subrayaba que «los hechos permiten formular conjeturas en relación con la devolución de un favor. Pero las conjeturas, o suposiciones, no son bastante procesalmente para sentar una conclusión penal». Y concluía: «Después de sopesar, considera que no hay base suficiente para formar una completa convicción de la existencia del delito. El pudiera ser o es posible y demás apreciaciones similares están impregnadas de una incertidumbre y una inseguridad incompatibles con una atribución penal fundada». Pero con la serenidad que da el paso del tiempo, se perfila perfectamente la imagen de que los intereses del reducido núcleo de amigos del poder se habían enseñoreado de las prebendas oficiales.

La sociovergencia económica

En los años ochenta, recién llegado Jordi Pujol al poder y en pleno auge de la nueva clase empresarial catalana germinada gracias a las adjudicaciones públicas, había también otra clase directamente vinculada a la Administración que comenzaba a despuntar. Un joven prometedor, Pere Esteve, era un auténtico emprendedor. Años después llegaría a ser secretario general de CDC, de donde salió descontento de los pactos con el PP para crear su propia plataforma, Catalunya 2003, cercana a ERC. En las elecciones autonómicas de finales de ese año, se presentó coaligado con los republicanos y, en el primer gobierno del tripartito, fue nombrado por Pasqual Maragall consejero de Industria, Turismo y Consumo, aunque dimitió en 2004 por problemas de salud. Murió el 10 de junio del 2005.

Esteve ya sabía hacer negocios en los ochenta, cuando se arrimó a la familia Pujol siendo solo un simple concejal en la cercana localidad de Tiana, donde residió toda su vida. Un alto cargo de la Convergència de entonces relata que en la década de los ochenta, las auditorías de la Generalitat iban a parar a una empresa en la que tenía intereses Pere Esteve y en la que le daba trabajo a Josep Pujol Ferrusola. «Pere llegó a JPF a través de su hermano Josep», asegura el exdirigente convergente. De todos modos, Josep encontró su propio camino de hacer dinero en los noventa, con la creación de Europraxis, que en el año 2001 vendió a Indra por una millonada.

El 20 de diciembre de 1988 Esteve crea una empresa que se llama Promoció i Captació de Negocis S. A.. Su nombre lo dice todo. Y su objeto social lo ratificaba: mediación en toda clase de negocios de terceros, el asesoramiento profesional a inversionistas, la promoción, lanzamiento y consolidación de empresas y negocios y la dedicación, como profesionales, a «consultores» de todas las actividades. Todo así de textual. Más reveladores eran los nombres que aparecían detrás de esta sociedad: Pere Esteve, Carles Torrent Macau, Francesc Espadero Roda y Jordi Griera Roig. Un año más tarde se sumaba como accionista Jordi Fornos Assens. La compañía comienza a operar desde el primer momento bajo la denominación de GFE Associats y durante una década larga estuvo trabajando para la Administración convergente, embolsándose decenas de millones de pesetas a través de contratos públicos y adjudicaciones más que sospechosas. A mediados de 1990 llega al capital de esta compañía la firma Servicios de Gestión Tecnológica, a la que representaba Juan Gummà Bargés. En esa fecha, cesa como administrador Carles Torrent y se nombra un consejo de administración por cinco años, con Juan Gummà de presidente, Juan Gummà Maragall como secretario y como vocales el propio Pere Esteve, Carles Torrent, Jaume Bassa, Francesc Espadero y Francisco Javier Tey Feliu de la Peña.

De repente, la sociovergencia que no era posible en la política se produce en el mundo de los negocios. Socialistas y convergentes estaban a palos en la Administración, pero se cogían de la mano para llevar el dinero al banco. Los Gummà estaban emparentados con el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, puesto que Juan Gummà Bargés estaba casado con una prima hermana del primer edil. Los negocios y adjudicaciones locales a la Corporació AGE, propiedad de esta familia, estaban dando que hablar en círculos políticos. Pero lo que nadie había previsto era que destacados dirigentes de Convergència se pudiesen aliar con personas directamente vinculadas a la cúpula socialista. La realidad siempre supera a la ficción.

A pesar de esa entrada del capital socialista en la empresa convergente, se le concedieron amplios poderes a Carles Torrent y poco después se amplían a Pere Esteve y Francesc Espadero, que les son revocados a finales de 1990. En el ejercicio siguiente, la compañía entra en pérdidas y se acuerda una ampliación de capital, que suscriben las sociedades Servicios Industriales Centralizados y Servicios de Gestión Tecnológica y, a nivel individual, Pere Esteve, Carles Torrent y Pere Aguirre Gili, que oficiaba como director general de la empresa.

Pero hay algo más curioso: el nombre de Carles Torrent apareció una década más tarde como el hombre clave del desvío de dinero desde el Palau de la Música hacia la Fundación Ramon Trias Fargas, luego rebautizada como Fundació CatDem. A partir de 1996, con Pere Esteve como secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Torrent fue designado tesorero del partido y de la Fundación. El grupo de amigos había logrado copar el poder: Esteve en la dirección política y Torrent en la económica. Convergència estaba en sus manos, con el permiso de la familia Pujol. El tesorero firmaría luego un extraño convenio por el que el Palau de la Música pagaría a la fundación de CDC 630.554,82 euros para supuestamente gastar en actividades de carácter cultural.

Lo que Pere Esteve hacía era asegurarse el control del flujo de dinero, ya que Torrent era un hombre de su entera confianza. De hecho, en mayo de 1988 Esteve y Torrent habían creado otra empresa junto a Marta Gironès Riera. Y se abría un nuevo misterio: Esteve, un valor en alza en CDC, junto a Torrent… y la cuñada de Jordi Pujol Ferrusola en una extraña sociedad. Se trataba de Servi Catalunya S. A., cuyo objeto social era la importación y exportación de mercancías de toda clase (sic), la intermediación en operaciones de comercio nacional e internacional y venta al por mayor y al detalle de mercancías de todo tipo (sic). Dos años más tarde, vendían la compañía.

Esteve ya tenía experiencia en alianzas «estratégicas». En 1986, había creado la compañía FARC, dedicada a la realización de estudios, junto a Jordi Pujol Ferrusola y a Lluïsa Mas. Su fino olfato le había llevado, paradójicamente, a aliarse con el «hijo del jefe», o sea, el hijo del hombre que más mandaba en Cataluña, y con la esposa del segundo hombre que más mandaba, es decir, de Lluís Prenafeta, entonces todopoderoso secretario general de la Presidencia. No había en esta estrategia azar ninguno, sino que todo era fruto de un plan milimétricamente trazado por el que acabaría llevando las riendas de Convergència diez años más tarde. En el consejo introdujo también a Jordi Griera, un ingeniero industrial metido en mil negocios, con el que también se alió en GFE Associats.

En 1989 los avispados negociantes vendieron la empresa FARC a Control y Aplicaciones (CAE), que a partir de entonces comenzó a cosechar adjudicaciones. CAE había construido el búnker secreto de La Moncloa pero no acababa de penetrar en Cataluña, a pesar de que los Juegos Olímpicos estaban encima y había un suculento pastel de obra pública por repartir. Al tiempo que compraba FARC, abría sucursal en la Zona Franca de Barcelona y a la inauguración de esas instalaciones acudió, paradójicamente, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, a pesar de que la compañía apenas operaba en este territorio. A partir de ese momento, el volumen de sus contratos con la Administración autonómica creció exponencialmente: jamás había tenido contratos públicos y, en los tres años siguientes, facturó al gobierno catalán 550 millones de pesetas. Pero el precio de la venta de FARC fue siempre uno de los secretos mejor guardados.

Pere Esteve supo hacer negocios. En los años noventa, su empresa GFE Associats facturó decenas de millones de pesetas a la Generalitat en concepto de estudios de lo más diverso. Uno de los más caros fue un dossier de 1993 titulado «Proyecto de navegabilidad del río Ebro», que costó a las arcas públicas 5.926.875 pesetas. O sea, más de 35.600 euros de aquellos años. En 1994, el Departamento de Presidencia le concedió seis contratos por valor de 25 millones de pesetas. Eran estudios turísticos e industriales. Incluso se le encargó realizar otro sobre la viabilidad de un ateneo. Los siguientes años, la compañía de Esteve, del hijo de Pujol y del primo de Maragall siguió lucrándose impunemente con adjudicaciones de la Generalitat. El Instituto Catalán de la Energía (ICAEN) le pagó más de 8,6 millones de pesetas en 1997 por hacer informes sobre el Plan de Ahorro del Agua. En el año 2000, GFE todavía facturó a Política Territorial y Obras Públicas casi 5 millones de pesetas por un solo informe. Esta consejería estaba entonces en manos de Felip Puig, compañero de colegio de Jordi Pujol Ferrusola y hermano del socio de este en varias compañías. Un nuevo sector endogámico de los negocios acababa de aparecer para tomar el relevo de los anteriores.

La connivencia de la política con el poder fue mucho más profunda en la Cataluña del pujolismo desbocado y triunfante. El 18 de marzo de 1990 Miquel Sellarès publicaba un crítico artículo en el diario El País bajo el título «La acción ejemplarizante hacia Prenafeta», cuyo cese ya se había anunciado. En él, afirmaba:

Lluís Prenafeta no tiene importancia en sí mismo, sino por el hecho de que, a la sombra del poder y la credibilidad del presidente Pujol, ha tejido una tupida red de influencias, complicidades, miedos… y, claro está, intereses que le han permitido gozar de un poder impensable en su cargo de secretario general de la Presidencia.

El artículo tenía incluso rasgos clarividentes:

Desde hacía años, el militante de base de Convergència i Unió tenía que ver el protagonismo de este personaje y la mayoría de escándalos políticos que aparecían en la prensa y muchos de ellos se preguntaban si estaban colaborando a construir Cataluña o los intereses de determinados señores.

El peso pesado de Convergència justificaba claramente que se defenestrase a Prenafeta como secretario general de la Presidencia y se atrevía a plantar cara a su protector, Jordi Pujol:

Esperemos que este sea el principio de un cambio, de unas nuevas formas, donde la estrategia Prenafeta de la presión, el miedo o la compra de plumas y estómagos agradecidos o grandes campañas de marketing no sean la norma de actuación. No se trata únicamente del cambio de una persona, sino de generar en Cataluña un nuevo estilo para una nueva concepción de la política.

Sellarès se equivocó. Cambió la persona, pero no cambiaron las formas. Es más: se hicieron más sibilinas y el clan Pujol consolidó sus negocios a la sombra del patriarca durante los siguientes años.

Prenafeta salió de la Generalitat por la puerta de atrás. Pero salió a hombros. El propio Pujol lo sacó a hombros porque le debía mucho. Hay un episodio que pasó totalmente desapercibido y que es preciso recordar. El 11 de diciembre de 1987 la sociedad José Ferrusola cambia de nombre y pasa a llamarse Geset Afers. Esta compañía textil había sido constituida el 23 de marzo de 1972 por la familia Ferrusola Lladós, es decir, los suegros de Jordi Pujol i Soley, y sus tres hijos, Marta, José y Carmen María.

La crisis textil de los años ochenta hizo mella en su cuenta de resultados y en 1986 tuvo que reducir capital por pérdidas. Es entonces cuando la familia del escudero Prenafeta acude en auxilio de los Ferrusola. Los Prenafeta comienzan a inyectar dinero los siguientes años: primero, 25 millones, pero es insuficiente. El 3 de febrero de 1988, Tipel, el buque insignia de los Prenafeta, suscribe íntegramente un aumento de capital de 16 millones de pesetas, y el 19 de febrero siguiente suscribe casi íntegramente otro aumento de 37 millones, pero en esta ocasión a través de la compañía Negocios Asociados S. A. (Nasa). En diciembre de 1990, Tipel tiene que suscribir otra vez una ampliación de 100 millones, que compensa con cuatro créditos que le había dado a Geset Afers entre 1987 y 1989. De este modo, no desembolsó nada, pero dio por perdidos los créditos concedidos por esa cantidad. En septiembre de 1991 vuelve a suscribir otra ampliación de 300 millones de pesetas, compensados por créditos concedidos desde 1988 y por intereses acumulados.

En total, pues, los Prenafeta salvaron la compañía de la esposa del presidente catalán (en cuyo consejo de administración se sentaron Marta Ferrusola y su hijo Josep Pujol Ferrusola), inyectándole casi 450 millones de pesetas. Esta sangría hizo mella en el grupo peletero de los Prenafeta, la crisis del sector agravó la situación y la estrategia de internacionalización y expansión (llegó a comprar la gallega Picusa, que fue privatizada tras ser expropiada junto con el grupo Rumasa) fracasó estrepitosamente.

A finales de 1992, Pujol maniobra para salvar la compañía de su escudero y logra que un pool de empresarios se haga con el 24 por ciento de la peletera a través de Unitron Ibérica: los más conocidos son Pedro Olabarría y Carles Sumarroca, que ya se había convertido en uno de los mayores adjudicatarios de obra pública de la Generalitat. «Les pidieron desde el gobierno ayuda para que apoyasen a Tipel», rememora un empresario socio de Olabarría y que, como él, metió dinero y lo perdió en la aventura. A su consejo llegó también otro conocido convergente: Carles Vilarrubí, un hombre de confianza de Pujol. No fue suficiente. Ante la operación, los Prenafeta fusionaron Tipel con Picusa, con lo que el paquete de los advenedizos quedó reducido al 6 por ciento y la familia del Rasputín de la Generalitat pasó a controlar el 40 por ciento. El 5 de abril de 1994 Tipel presentaba suspensión de pagos, con un activo de 11.064 millones y un pasivo de 8.445 millones de pesetas. De ellos, casi 400 millones provenían de la Administración, de créditos pendientes de devolver. Curiosamente, la cantidad que Tipel había inyectado en Geset Afers la había recibido de la CARIC vía avales. El fiscal general del Estado había abierto diligencias, pero el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), organismo público del gobierno catalán, las obvió y concedió una línea de financiación de más de 1.000 millones de pesetas para que pudiese salvar sus plantas de Mora d’Ebre, en Tarragona, y de Padrón, en La Coruña. Finalmente, en abril de 1995, la peletera presentó expediente de quiebra.

La impunidad

Las ayudas públicas a empresas otorgadas a finales de los ochenta y principios de los noventa fueron articuladas a través de la Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña (CARIC), un organismo que concedía créditos con dudosos criterios. Jordi Pujol estaba actuando igual que lo había hecho con Banca Catalana. Cuentan los que trabajaron en la entidad bancaria que había determinados créditos en los que se anotaban unas siglas: PC; y eran indenegables. Se habían de otorgar obligatoriamente. En el argot interno del banco, las siglas significaban «Por Cataluña». De ahí que también fuesen conocidos como créditos patrióticos. Cuando la CARIC hacía lo mismo y regaba de millones los bolsillos de los amigos, también se hablaba de los créditos PC. Eran interpretados como los créditos que había que dar «por cojones».

La CARIC fue uno de los despropósitos más grandes del gobierno catalán que comenzó a construir Jordi Pujol en los años ochenta. Fue un instrumento para perder dinero. O mejor, para regalárselo a los amigos. Solo había que pedir un crédito y no pagar. Era un auténtico chollo. Su control estaba en Presidencia. Era el secretario general, Lluís Prenafeta, quien seguía con lupa el circuito del dinero. Prenafeta era el Rasputín de la Generalitat, el urdidor de complots y el «hombre malo» del gobierno. Los socialistas machacaron parlamentariamente al gobierno con la sospechosa gestión de la CARIC, pero jamás consiguieron nada. El Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona investigó el caso de los avales dudosos, archivándolo enseguida. El empresario Carlos Ódena Savall obligó a reabrirlo a finales de 1993. Con un PSOE en minoría, que gobernaba gracias al apoyo de Minoría Catalana, el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, no mostró mucho interés. Hizo un flojo informe donde decía que no había delito en la gestión de los avales de la Generalitat, aunque detectaba «aromas de corrupción».

El 6 de enero de 2015, en un artículo de opinión titulado «Los “paraísos fiscales” pujolistas», el que fuera fiscal jefe de Cataluña y posteriormente fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, se refería a la imputación realizada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta por corrupción, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. El procesamiento había tenido lugar el 18 de diciembre de 2014. Recordaba Villarejo:

Durante el ejercicio de sus cargos públicos, gracias al apoyo de los fiscales generales del Estado, del PSOE, la fiscalía no pudo emprender acciones penales contra ellos. Fue particularmente grave el manto de impunidad que cubrió la presunta malversación de los fondos públicos de la CARIC que justificaba una persecución penal de Alavedra y once consejeros más. La realidad era más que evidente. Una parte de los fondos de dicha entidad —los llamados avales— se destinó, en condiciones muy ventajosas, a sociedades vinculadas a consejeros o altos cargos de la Generalitat, fondos que finalmente no fueron reintegrados, causando un grave perjuicio al erario público autonómico.

Villarejo obviaba, claro, que la doctrina fundamental del pujolismo se basa en el principio de que el fin justifica los medios. Decía Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, que el principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación de toda moral social. Por ese camino comenzó a discurrir la gestión oficial del gobierno autonómico en 1980 y por ese cauce sigue discurriendo tres décadas y media después. Han cambiado las caras, pero no los modos.

El núcleo duro de Convergència es devoto del liberalismo predicado por Hayek, cuyas teorías se contraponían a las de John Maynard Keynes. Los prebostes convergentes, además, habían formado un lobby en torno al Grup Hayek, que celebraba frecuentes cenas y encuentros con los profetas de la nueva Convergència. Estos actos eran profusamente publicitados por el partido y en su estructura se colocaron dirigentes del mismo o de la Fundació Catalunya Oberta, el think tank de CDC para marcar la hoja de ruta soberanista.

Pero las teorías liberales de Hayek ya habían sido puestas en marcha mucho antes, aunque gravemente distorsionadas. La CARIC fue un instrumento para compensar a los empresarios del poder. Y las adjudicaciones servían, por su parte, para contentar a los «empresarios amigos». O sea, a los que no estaban en el poder pero lo apoyaban contra viento y marea, a los que sustentaban políticamente al régimen y a los que realizaban suculentas donaciones al partido, que luego les adjudicaba obra pública o servicios públicos. Ello dio como resultado la institucionalización de una forma de hacer que no era más que la prostitución de la Administración.

En este ambiente de decadencia ética, Prenafeta abandonó el gobierno en 1990. Tenía una hoja de ruta perfectamente trazada, que pasaba por crear un imperio empresarial trabado ideológicamente al nacionalismo, pero al servicio exclusivo de una figura: la de Jordi Pujol i Soley, al que comenzaba a verse como el padre de la patria. El fiscal jefe de Cataluña abrió una investigación por supuesto tráfico de influencias, debido a su relación con las compañías Iberia de Seguros, con Barcelonesa de Obras y Contratos y con Consultoria d’Economia i Tributs. Además, un grupo de accionistas de Iberia había presentado una querella criminal contra el secretario general de Presidencia por compatibilizar este cargo con el de consejero de la aseguradora. La Audiencia de Barcelona acabó archivando la causa en el año 1993.

Con la salida del «escudero» de Pujol del núcleo duro de Presidencia, se abrió también otro capítulo en las relaciones de la familia Pujol con la Administración. Prenafeta se alió con Enric Bernat, el dueño de Chupa Chups, para comprar Iberia de Seguros. Su esposa, Lluïsa Mas, ya era socia de Bernat. Pero la intención era comprar el Consorcio Nacional del Leasing, un holding con activos de 30.000 millones de pesetas, sobre el que el financiero Javier de la Rosa, apodado JR, había puesto sus ojos. De la Rosa intermedió en aquella época para que la Generalitat comprase la sede de los Mossos d’Esquadra en el distrito del Poblenou de Barcelona, un edificio con aluminosis que le reportó una plusvalía de 800 millones de pesetas (del momento) al financiero en tan solo unos meses.

De la Rosa también intermedió para la venta del edificio a la Generalitat y así la propia sede de CNL pasó a ser la de la Consejería de Medio Ambiente. El gobierno catalán pagó una millonada, 4.200 millones de pesetas del momento, pero el verdadero negocio fue para la empresa que De la Rosa y su clan utilizaban para cobrar comisiones, Aciesa: se embolsó 400 millones de pesetas por la jeta. En estas y otras operaciones de JR, sin embargo, siempre quedarán dudas de si Jordi Pujol Ferrusola intermedió efectivamente y cobró su «mordida» particular para incrementar el patrimonio familiar, o si todo forma parte del universo paralelo que han querido crear como leyenda sus propios protagonistas. Francesc-Marc Álvaro lo explica con la suficiente dosis de ironía:

Historias imposibles de comprobar documentalmente hay muchas. Como aquella que se explica de alguien que tendría un gran parecido físico con Jordi Pujol Ferrusola y que habría aparecido oportunamente un día de 1994 en el preciso momento de la visita de unos altos cargos de la Generalitat a un edificio ubicado en la Via Augusta de Barcelona, propiedad en aquel momento de una gran compañía multinacional que vendía aquel inmueble a un departamento del gobierno interesado en unificar en un solo lugar todos los servicios que estaban separados en diversos pisos. Este alguien que —repetimos— se parecería físicamente al primogénito del presidente, se habría presentado como un intermediario a los directivos de la compañía multinacional que quería hacer la venta, obviamente con un nombre que no era el de Jordi Pujol Ferrusola. Mientras, algunos de los cargos de la Generalitat que asistían al encuentro estarían realmente sorprendidos por el gran parecido físico de este individuo con uno de los hijos de Pujol, un individuo que había hecho su aparición justo antes de cerrar el trato entre las partes, sin que nadie supiese quién y cómo le había avisado de aquella reunión oficial entre una institución y una empresa privada.

Ciertamente, no deja de ser sorprendente que nadie de los presentes le hubiese preguntado nada. Desde luego, si no hubiese sido quien todos sabían que era, seguramente le habrían echado a patadas. Parecidas historias, sin embargo, se cuentan de comisiones propiciadas por el entonces empresario ejemplar, Javier de la Rosa, para contentar al clan gobernante, aunque todos los relatos se basan exclusivamente en la especulación y nunca se pudo comprobar documentalmente si Jordi Pujol Ferrusola fue comisionista de De la Rosa.

El dinero que este sacó en la venta de la sede de CNL, sin embargo, fue directamente al despacho de Jordi Pujol. Eso fue lo que declaró el propio Javier de la Rosa. Y era para financiar el diario El Observador, que acababa de poner en marcha Lluís Prenafeta como uno de los pilares del holding pujolista que quería construir en Cataluña.

En esos años, Prenafeta juega todavía en primera división. Controla El Observador y es nombrado presidente de Petrocat y de Túnel del Cadí. Intenta entonces levantar un nuevo imperio con la ayuda de Jordi Pujol en el poder, pero al mismo tiempo diversificar sus negocios, asesorando a Bernat para que entrase en los mercados del Este o a empresas del cava para introducirse en Rusia. Todas las operaciones que emprendió con los emergentes mercados de la extinta URSS se convirtieron en un sonoro fracaso, hasta tal punto que abandonó incluso los intentos de recuperar las inversiones realizadas. Su contacto en Moscú le llegó a falsificar un diario oficial de la República de Rusia con una orden del ministro de Comercio, en la que le daba luz verde para poder comerciar con las mayores multinacionales rusas. Su intención era importar petróleo a España y cambiarlo por productos típicos de nuestro país. Evidentemente, tuvo que depositar cuantiosas sumas económicas para obtener el permiso de importación y exportación. Cuando le llegó por fax una copia del Diario Oficial, creyó tener resueltos todos sus problemas y realizó el último envío dinerario. A partir de entonces, sin embargo, comenzaron los verdaderos problemas y él empezó a intuir que le habían timado. Los negocios no salían y en una de las pocas ocasiones que pudo hablar con los conseguidores del Este, le invitaron a visitar Moscú para desencallar en persona las negociaciones. No se fio y jamás hizo ese viaje.

Pero también fue decisiva una truculenta historia que terminó con un delegado de los negocios de los empresarios catalanes con los que se había asociado —de una conocida marca de cava— arrojado al río Neva, en San Petersburgo. No había querido pagar a la mafia rusa el impuesto de protección y lo pagó con su vida. Ni Prenafeta ni ninguno de los otros empresarios pisaron luego esa ciudad, temiendo por su vida, y prefirieron olvidarse de las naves repletas de productos listos para vender en los mercados del Este. El Rasputín catalán tuvo que huir de la corte rusa con el rabo entre las piernas. Bye, bye, tovarich.

Prenafeta, que en 1999 optó por escribir sus memorias bajo el título A la sombra del poder, no contó nada de sus intentos de internacionalizar sus negocios ni de las aventuras en el Este, a lo Miguel Strogoff. Pero sí dejó escrito sobre Jordi Pujol que debería retirarse de manera digna de la política. Y se atrevía a pronosticar que «la historia lo dejará bien». Ironías del destino: años después, el lodo cubrió a Prenafeta al ser detenido en 2009 en el marco de la Operación Pretoria y Jordi Pujol emborronó su ficha política con la confesión de la evasión fiscal de su familia. La pareja más poderosa de Cataluña durante una década, la pareja más temida, se convirtió en juguetes rotos por la avaricia y por la deshonestidad.

Rasputín

Los libros autobiográficos suelen ser una gran mentira construida en torno a un inmenso ego incontrolado. La mentira se agranda y se justifica con especial intensidad si el autor es un político. Las autobiografías son, simplemente, una sesión psicoanalítica para descargar la propia culpa y reconciliarse con la conciencia de cada uno. No importa si lo que se dice es verdad o mentira. Solo se trata de presentar justificantes de conducta que puedan ser aceptados por el resto de la sociedad.

De ahí que Prenafeta, en A la sombra del poder, no relatase cómo desde los ochenta tejió una intrincada red de ingeniería financiera internacional a partir de cuentas secretas en Suiza, Andorra y Madeira. Los negocios en el Este lo dejaron en la ruina total. Su lujoso piso de la avenida Bonanova, en la zona noble de Barcelona, estaba embargado. Prenafeta, acuciado por las deudas, había tenido que dejar incluso sus despachos y fue su hijo quien le facilitó un habitáculo desde donde trabajar. Su restaurante favorito en la calle Londres, por donde iba a menudo, dejó de ser frecuentado por el otrora Rasputín del gobierno y comenzó a verse más visitado por acreedores que querían hablar con él frente a frente. Verle la cara. Durante un tiempo, Prenafeta se movía por Barcelona como un fantasma. Se intuía su mano, pero jamás delataba su presencia.

Se alió entonces con su excompañero de gobierno Macià Alavedra. Los contactos de este, que continuaría como hombre fuerte en el gabinete de Jordi Pujol hasta el año 1997, le podían facilitar muchos negocios. Y comenzó a hacer algunas operaciones con otro inquietante personaje: Luis García Pérez, alias Luigi. Exdiputado socialista, Luigi se movía por los despachos influyentes de la capital catalana como pez en el agua. A comienzos de la década de los ochenta, se había extendido la leyenda de que Luis García, junto a su compañero de escaño Xavier Guitart, había montado una «oficina» de negocios en la zona de Paseo de Gracia con Diagonal, desde donde podían conseguir prácticamente cualquier cosa. Se hablaba incluso de sus buenas relaciones con Juan Guerra, el «hermanísimo», hermano del vicepresidente del Gobierno español Alfonso Guerra y el primer gran pícaro de la Transición española. A Juan Guerra, cuenta la leyenda, lo visitaban en Sevilla y con él comían en La Dorada de aquella ciudad.

Guitart se alejó pronto de Luigi, que siguió por su cuenta detectando negocios o proponiendo operaciones en muchos casos sospechosas. El carácter de Luis García era muy similar al de Jordi Pujol Ferrusola. Ambos eran jóvenes impetuosos, descarados y maleducados, que asistían con ínfulas de superioridad a reuniones con empresarios que tenían planes de negocios y les cobraban las comisiones que consideraban convenientes por ayudarles en ellos. Ese porcentaje dependía del tipo de negocio o, a veces, de quiénes fueran los «clientes».

Prenafeta no participaba en esas negociaciones. Pero supo sacarle provecho a su relación. Cuando fue detenido en 2009 en el marco de la Operación Pretoria, se descubrieron sus «pecados». El fiscal cifra en 14.984.865,58 euros el capital escondido por Prenafeta en el extranjero, «de los cuales 637.890,08 provenían de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas ejecutadas en las localidades de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona; 4.639.266,98 euros, de pagos recibidos por las labores de intermediación prestadas a Siemens dentro del ámbito privado; y 8.611.830,03 euros procedían de pagos realizados en última instancia por la multinacional Alstom, a través de la empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas Marven Development Ltd., por labores de asesoramiento en el ámbito privado, desconociéndose el origen del resto del dinero percibido».

Prenafeta, aseguraba el fiscal, se sirvió de «un complejo entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios offshore y por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas y suizas». El dinero evadido lo empleó en adquirir productos financieros y en comprar obras de arte. En su casa barcelonesa, por ejemplo, se incautaron cuadros por valor de 335.825 euros. Por todo ello, el fiscal solicitó casi siete años de cárcel y cuantiosas multas. Pero nada de eso salía en su autobiografía.

El Rasputín de la Generalitat centró su imperio exterior en la empresa Madeira Management, dedicada a la constitución de estructuras fiduciarias en territorios offshore. A través de ella, constituyó Buic Trading Marketing de Consultadoria Lda en el año 1999. Como socios de esta figuraban también otras sociedades de las Islas Vírgenes Británicas y de las Islas Seychelles: se trataba de Trustees Internacional Ltd. y de Island Internacional Investments Ltd., con lo que el rastro de la verdadera propiedad quedaba más diluido. Al frente de Buic, Prenafeta puso a un fiduciario de su confianza, Giorgio Locatelli, que nada tiene que ver con el prestigioso chef Michelin londinense. Uno tiene la cocina en la alta sociedad y los fogones del otro están en las alcantarillas de la economía.

A través de las cuentas puente de Buic en Andorra y Suiza, hizo llegar dinero negro a las otras cuentas que abrió a nombre propio o de su esposa. El relato fiscal habla de que Prenafeta ingresó durante siete años casi 11 millones de euros en una cuenta de la Banca Privata Edmond de Rothschild de Lugano, operativa hasta el año 2004. Pero también tenía otra en Andbank de Andorra, casi 200.000 euros, y en el Banc Sabadell de Andorra, por donde pasaron más de 2,7 millones de euros solo durante los años 2004 y 2005.

Prenafeta tenía también dos cuentas personales en Andbank de Andorra (en las que su esposa tenía también autorización), una en Banc Sabadell de este país, conjunta con su esposa, y una cuarta cuenta en esta última entidad a nombre de Lluïsa Mas, pero en la que él figuraba también como autorizado. Esta última estuvo operativa hasta 2008, con un saldo de más de 400.000 euros.

Oficialmente, Siemens le ingresó varios millones de euros en las cuentas de Buic de Suiza y Andorra, en virtud de un contrato firmado el 7 de septiembre de 2001 para que le consiguiera «la adjudicación por Gas Natural SDG S. A. de la construcción de una central eléctrica en la localidad de Arrúbal, que finalmente Siemens obtuvo en el año 2002». Según el fiscal, jamás pudo concretarse si esa adjudicación se logró gracias a la participación de Prenafeta, pero «Siemens avaló como satisfactoria su intervención». Siemens pudo quedarse satisfecha, pero, en realidad, la compañía española construyó la central por unos 400 millones de euros y la vendió a la norteamericana Contourglobal en el 2001 por solo 313 millones. O sea, con unas evidentes pérdidas. Eso sí, para redondear la operación, financió a la compradora 258 millones de euros cobrándole un interés anual de mercado.

Desde sus cuentas de Andorra, Prenafeta había enviado dinero a Buic, pero luego ese dinero continuaba camino y acababa en una cuenta del banco PKB de Ginebra (Suiza) a nombre de la compañía Marven. A esta cuenta, precisamente, también enviaba dinero Macià Alavedra, que a su vez firmó un contrato con el fiduciario de Prenafeta para formalizar la constitución de la sociedad Celeri Consultadoria e Marketing en Madeira.

Otro «listillo» en palacio

Macià Alavedra es hijo del poeta Joan Alavedra y durante años ofició como uno de los privilegiados beneficiarios de la Administración catalana. Fue consejero de Gobernación de la Generalitat en los años ochenta, pasó a Industria y, finalmente, ejerció como consejero de Economía entre 1989 y 1997, cargo en el que le sustituyó Artur Mas. O sea, durante casi una década fue el hombre fuerte del gobierno e incluso su nombre sonó en alguna ocasión para sustituir a Jordi Pujol. En los noventa, el poderoso consejero de Economía fue el pararrayos de Pujol. Tuvo que encargarse de los temas delicados del gobierno. Por ejemplo, era quien debía recibir las quejas del financiero Javier de la Rosa, que, dolido, veía cómo su antaño amigo Jordi Pujol le dejaba a los pies de los caballos.

Tuvo también que desactivar un monumental escándalo económico en torno a un grupo de empresas denominado Grup de Consellers Financers, donde aparecían varios prohombres de Convergència e incluso el exconsejero de Industria Vicenç Oller. Alavedra recibía varios días a la semana en su despacho al hombre de paja que el partido había puesto al frente. Era la época en que una grabación de cinco horas al director del Banco Zaragozano —realizada en el reservado de una marisquería de Barcelona— estuvo a punto de provocar otro monumental escándalo político. No era para menos: el director en cuestión hablaba abundantemente de la mayor caja de seguridad del banco, de su contenido y de las llamadas que recibía de los políticos más importantes de Cataluña. También era la época en que tuvo que lidiar con otro escándalo que le rozó: el caso del entonces magistrado Lluís Pascual Estevill, a quien citó en su domicilio particular, en la calle Río de Oro, para tratar de que no se metiese con el presidente de Fecsa, Luis Magaña.

—Tu obligación es controlar a Javier de la Rosa. No puede llegar hasta el president —fue la orden que recibió Alavedra desde Presidencia. El financiero acababa de salir de prisión y llamaba varias veces cada día al Palau.

El consejero cumplió. De la misma manera que cumplió al lidiar con el escándalo BFP, que acabó con la detención de Jordi Planasdemunt, consejero de Economía hasta 1983. Este había creado, junto a Joan Bassols y el empresario Salvador Forcadell, la sociedad BFP (empresa cuyo nombre estaba formado por las iniciales de los apellidos de los tres socios), que se dedicó a emitir pagarés falsos. Desde su cargo de director del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco público que dependía precisamente de Economía, Planasdemunt se había dedicado a conceder avales a las empresas implicadas en la trama que había creado con sus otros dos socios. A pesar de la cercanía de Planasdemunt a Alavedra, este salió airoso del trance y no se vio salpicado por el escándalo.

Alavedra, sin embargo, siempre fue un listillo. En 1988, cuando era consejero de Industria, los únicos contadores de luz homologados por la Generalitat eran, precisamente, los de su compañía, Metrega, una empresa nacida de la fusión de la suya propia, Metrelec, y de Ega, de Esteban Garrell, prohombre y diputado de Convergència y beneficiario de un crédito de la CARIC que nunca devolvió. Pero no solo eso: siendo consejero, seguía siendo al mismo tiempo administrador de la sociedad.

Desde que abandonó la Generalitat, se dedicó en cuerpo y alma a hacer negocios en la empresa privada. La leyenda ya dice que durante su etapa como político había empresarios que sentían la imperiosa necesidad de comprar cuadros de la pintora Doris Malfeito, la esposa de Alavedra. Y las malas lenguas decían que el mayor coleccionista de obras de arte de Doris era John Rosillo, el factótum de Kepro, promotor del centro comercial de Diagonal Mar, el mayor de Europa en su época. Rosillo fue juzgado y condenado por varios delitos, entre otros, homicidio y fraude, antes de huir a Panamá, donde murió en extrañas circunstancias hace unos años. El fugado era íntimo amigo de los hijos de Pujol, y Josep Pujol Ferrusola pasó parte de su luna de miel en el rancho que el empresario tenía en Texas. Entre sus relaciones con
la familia y su amor por el arte de Malfeito, nunca tuvo problemas con la
Generalitat. Aun así, la Justicia lo cazó.

Los negocios de Alavedra, sin embargo, siempre fueron hacia arriba, hasta que en el año 2009, cuando fue detenido, cayeron en picado. El fiscal asegura que, desde 1997 a 2008, el exconsejero de Economía «percibió por su actividad ilícita» al menos 6.080.405,41 euros, de los que más de 637.000, como se ha dicho, «derivan de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones públicas realizadas en las localidades de San Andreu de Llavaneres y Badalona». Otros 290.000 euros le fueron pagados por Gas Natural y 288.000 euros más se los entregó la empresa Buic, de Lluís Prenafeta.

«Para conseguir su opacidad, así como la desvinculación de su origen ilícito y posterior afloramiento, utilizó, en connivencia con su esposa Doris Malfeito —contra la que no se dirige acusación al haber fallecido— y de los también acusados Gloria Torres Pladellorens y Philip McMahan Bolich, un entramado societario y financiero constituido por sociedades domiciliadas en territorios offshore, así como por cuentas abiertas en entidades bancarias andorranas a través de las cuales canalizó sus fondos», relata el fiscal, que le pidió casi siete años de cárcel y multas millonarias.

Para ocultar su fortuna, el antiguo consejero catalán se sirvió de varios métodos. El primero de ellos fue esconder el dinero en un fondo de las Islas Caimán. El relato fiscal es contundente: «Macià Alavedra utilizó una sociedad instrumental domiciliada en Liechtenstein, Vernet Foundation, para ocultar parte de sus ilícitas ganancias, aflorando tres millones de dólares en el año 1997 y más de un millón de dólares en 1998 mediante la adquisición de un fondo denominado Fondo Premier Fund LP, domiciliado en las Islas Caimán y gestionado por la entidad norteamericana William Miller & Co. Inc».

En diciembre de 2001 transmitió estas participaciones a su mujer y en marzo del 2006 llevó el dinero a Andorra, donde lo repartió en tres cuentas bancarias que abrió en el país pirenaico a nombre de Doris Malfeito. Según los movimientos de cuentas, durante los meses siguientes, la pintora se dedicó a invertir en acciones. La cuenta 1W5068 del Banco Crèdit Andorrà tenía, el 18 de abril del 2006, un saldo positivo de 2.480.000 euros. El 24 de aquel mes, el saldo se quedó en 109.686,34 euros. O sea: había invertido 2.470.303,66 euros. ¿Dónde? Muy sencillo: unos 257.000 euros en Telefónica; casi 240.000 euros en Deutsche Telecom; más de 236.000 euros en Arcelor; más de 146.000 euros en Sogecable; 139.999 euros en Mapfre; 87.000 euros en Acerinox; 68.000 euros en e.on; 75.000 euros en Samsung; y casi 40.000 euros en Prisa. Durante esos años, las compras y ventas de acciones del matrimonio fueron vertiginosas. Una de las inversiones más curiosas fue la de acciones de ABN AMRO, que comenzó a comprar pero no a vender. Durante meses, atesoró paquetes accionariales del banco holandés, hasta que pasado medio año se hizo público el interés de Banco Santander por comprar esa entidad. Aun así, las ventas realizadas de acciones de ABN AMRO fueron mínimas, ya que era más tentador el previsible negocio de mantenerlas y, en todo caso, se podrían vender fácilmente si algún dato alertaba del hundimiento del valor.

Alavedra también ocultó a Hacienda que su empresa Vernet Foundation abrió una cuenta en el Liechtensteinische Landesbank AG, en Vaduz, la capital del pequeño principado centroeuropeo. Allí depositó 18.500 euros en 1997 y envió otras dos remesas de 112.000 y de 24.000 euros al año siguiente. A partir del año 2000, adquirió a través de esta sociedad las acciones de otra empresa panameña denominada Vernet Investment Inc, en la que ingresó más de 236.000 euros no declarados al fisco. Y a través de la panameña escamoteó al fisco español otros 22.000 euros en 2001. «En definitiva, el total de las ganancias que ocultó entre los años 1997 y 2001 sirviéndose de la sociedad instrumental Vernet Foundation ascendió a 3.971.207,15 euros», determinó el Ministerio Fiscal.

En Andorra, el exconsejero de Pujol no solo contaba con las tres cuentas de Doris Malfeito, sino con otras tres a nombre de Gloria Torres («con quien mantenía una fluida relación personal», especifican los informes oficiales). En las cuentas de esta amiga, Alavedra escondió otros 1,2 millones de euros. Una de estas cuentas se nutrió exclusivamente de fondos recibidos a través de una transferencia de más de 260.000 euros, ordenada en diciembre de 2006 por Gloria Torres. La cuenta de origen era de la Banca Privata Edmond de Rotschild de Ginebra. La cuenta, conocida con el nombre clave de Brega, había sido abierta en enero de 1996, cuando Alavedra era todavía consejero de Economía, y cerrada en diciembre de 2006, tras pasar los fondos a Andorra. Otra de las cuentas recibió tres transferencias: una de ellas, de 298.000 euros, llegó desde la cuenta suiza Brega. Las otras dos, de 200.000 y 500.000 euros, fueron realizadas por la compañía andorrana Auge i Gracia Patrimoni. Todos estos fondos fueron invertidos en activos y productos financieros y trasladados, en el año 2007, a otra cuenta de Andorra.

A partir de ese momento, Macià Alavedra volvió a dirigir la mirada hacia los paraísos fiscales del trópico. Merece la pena prestar atención a las afirmaciones de la acusación pública: «Durante el año 2008, a través de una compleja estructura fiduciaria integrada por sociedades constituidas en Belice, Nueva Zelanda y Nueva York, fondos por importe de 290.337,69 euros». Aquí se lucraron tanto Alavedra como sus socios en la empresa Contagas, Enrique Escassi y Jorge Presas: Gas Natural contrató a esta compañía como asesora en un proyecto de explotación de gas en Angola. Y ellos exigieron los pagos a través de Contagas International Ltd.: un total de 2.710.000 dólares, según cuenta el fiscal. Una vez cobrado el dinero, en vez de declararlo al fisco, fue transferido
a una sociedad instrumental norteamericana, Jewell Ventures LLC, que, a
su vez, envió un millón de dólares a Rosecity Limited. El resto del dinero lo repartió entre los tres socios de Contagas «y un cuarto beneficiario cuya identidad se desconoce, aunque muy probablemente se trató del socio de todos ellos en la sociedad portuguesa Contagas Portugal Equipamentos e Tecnologias Lda, siendo la cantidad que le correspondió a Macià Alavedra en este reparto 290.337,69 euros (456.939,27 dólares)».

Para mantener la opacidad de la operación, asegura también el informe del Ministerio Público, se utilizó la sociedad Ibero Services, domiciliada en Belice, a través de la cual el exconsejero catalán invirtió su parte «en fondos depositados en una de las entidades filiales del grupo portugués Millennium BC —en concreto en su filial en las Islas Caimán Millennium BCP Bank & Trust—, destinándolos a la adquisición de un depósito a plazo fijo y diversos productos estructurados». Jewell Ventures estaba participada por cuatro sociedades instrumentales, una de ellas Ibero Services. El propio Alavedra solía utilizar una tarjeta American Express a nombre de esta sociedad, que a su vez estaba participada por la neozelandesa Webeck, propiedad de Macià Alavedra. En resumen, el antiguo prohombre de Convergència había montado una delirante estructura financiera a través de todo el planeta para distraer fondos al fisco.

El informe aclara, no obstante, que «si bien estos fondos no fueron incluidos por Macià Alavedra en su declaración del IRPF correspondiente al año 2008, el 17 de diciembre de 2009 —una vez incoadas las presentes diligencias previas— presentó una declaración complementaria de la anterior aflorándolos». Era verdad: aquel ejercicio, el exconsejero había pedido una devolución de 35.549,40 euros al fisco, pero con la complementaria acabó pagando 124.862,54.

Los pecados de Alavedra, no obstante, vienen de cuando era consejero y evasor, todo al mismo tiempo. A principios de los noventa, Francesc Cabana, cuñado de Jordi Pujol y exdirectivo de Banca Catalana, le presentó en un restaurante a Philip Bolich, un estadounidense residente en Andorra. Bolich había trabajado también para Banca Catalana a las órdenes de Cabana. A principios de los sesenta, había comenzado a trabajar para el Inter-American Development Bank en Washington. Luego pasó por Morgan Guaranty Troust (antigua J. P. Morgan) en Nueva York, por Lehman Brothers en la misma ciudad y por Dillon Read en América y Londres. En 1975, abrió una oficina comercial en la capital británica con el fin de captar clientes para Banca Catalana y para Banco Industrial de Cataluña. Solo pasaba por Barcelona una vez al mes, hasta que decidió trasladarse a esta ciudad e integrarse dentro del equipo de las citadas entidades, como responsable del departamento internacional del grupo. Eso le sirvió para tejer una importantísima red de conexiones.

Aquella comida fue fructífera. En 1992 Alavedra le pidió consejo para invertir 246.180.473 pesetas, es decir, casi 1,5 millones de euros. Y se abandonó en sus brazos. Bolich, que había trabajado también en Lombard Odier, en Suiza, encontró la solución: el dinero se colocó en una cuenta del paraíso fiscal a nombre de Doris Malfeito en el Crédit Suisse, aunque luego lo cambió a la Banque Rothschild. Cuando las cuentas de Bolich fueron intervenidas como consecuencia de la Operación Pretoria y le dejaron sin un euro, el asesor financiero escribió una detallada carta a la juez a través de su abogada, explicando paso por paso su relación con Macià Alavedra. Luego, se pondría en contacto con la policía española para ofrecer su colaboración a cambio de que le desbloqueasen las cuentas. «El hecho de que los dineros estuviesen a nombre de la esposa era algo corriente, una forma de que el consorte que no realizaba actividades empresariales dispusiese de su propio patrimonio... una forma de garantizar que a la muerte del marido (los hombres suelen morir antes que las mujeres) la viuda no tuviese problemas de disposición mientras terminaba la testamentaria», decía la misiva que pretendía ser exculpatoria.

Desde 1996 a 2000, Bolich fue consejero de dirección de Banca Mora y pasó a trabajar muy estrechamente con Alavedra. Además de abrir las cuentas de su amiga Gloria Torres (en las que el propio Bolich figuraba como apoderado), creó para el matrimonio Alavedra-Malfeito una herramienta ad hoc para mover su dinero opacamente por el mundo: Premier Fund, con sede en las Islas Caimán. Al frente de este organismo puso a William Miller, expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y exministro de Finanzas de Jimmy Carter. Era su amigo personal. Con ese fondo, movía el dinero de inversores no norteamericanos. El 74 por ciento del dinero que movió era de Doris Malfeito. Miller murió en 2006 y el fondo se disolvió, por lo que los 2.606.000 euros que la pintora tenía en él volaron de Caimán a Andorra.

En mayo del 2009, Alavedra invitó a comer a Bolich en el Castell Motel de La Seu d’Urgell, localidad leridana cercana a Andorra. El asesor esperaba una monumental bronca por la merma del dinero (en algunas inversiones se habían generado pérdidas), pero no fue así: el exconsejero de Pujol le pidió que retirase 300.000 euros de la cuenta de su esposa y que se los hiciese llegar a Barcelona.

En todo este entramado, Bolich se había convertido en una de las piezas fundamentales. El norteamericano había sido el principal asesor de las fortunas españolas que buscaban paraísos fiscales durante las décadas de los ochenta y noventa. Bolich fue el encargado de abrir todas las cuentas de la esposa y la amiga de Alavedra en Andorra y de mover los capitales. Acostumbrado a vivir cómodamente, tenía un mayordomo al que utilizó para repatriar a España 300.000 euros de Macià Alavedra en mayo del 2009. Este no se movió de su despacho: el mayordomo de Bolich viajó a Barcelona y subió a Andorra con un poder de Doris Malfeito para retirar los 300.000. Luego, el propio Bolich se los dio a un empleado de la banca andorrana, un hombre de Lluís Prenafeta, para que los bajase físicamente a Barcelona. Y Alavedra los recibió sin moverse de su despacho.

«Tengo los libros». Esa fue la contraseña del norteamericano a Alavedra cuando lo llamó por teléfono días después. El exconsejero habló con su amigo y socio Prenafeta y ambos acordaron que sería una persona de confianza de este último quien viajaría con el dinero hasta la capital catalana. Un empleado de banca del Principado hizo el viaje y depositó el paquete en manos de Alavedra, en su propio despacho.

Las pesquisas iniciales hicieron sospechar que Bolich podía tener algo que ver en blanqueo de dinero, dado que su nombre figuraba como apoderado en distintas cuentas bancarias que no eran suyas. Olfateadas sus cuentas y las de su mayordomo, el juez Baltasar Garzón ordenó la intervención de todas ellas. El fámulo, que trabajaba para el asesor desde hacía años, ya no era solo empleado, sino que estaba considerado su «familia efectiva». En la misma casa de Bolich vivían el matrimonio de criados y sus dos hijos, de siete y trece años, cuando se produjo la intervención. La confianza y el cariño eran tales que Bolich puso a su nombre dos herencias que había recibido: la de su abuela y la de su madrastra. En la apertura de la cuenta del fámulo en Andbanc hay una anotación a mano: «Mayordomo del señor Bolich (cliente nuestro) recibe como donación fondos del señor Bolich por cuidarle hace muchos años».

Negocios heredados

La lista de empresarios amigos del clan Pujol es muy amplia. Hay empresarios que han hecho muchos negocios por el simple hecho de relacionarse con Jordi Pujol, pero en esa lista sobresalen tres nombres
de especial relevancia y cuyos intereses y maneras de hacer pasan de generación en generación: la familia Tennenbaum, la familia Sumarroca y la familia Bagó, propietaria de Sehrs, el mayor grupo de servicios de Cataluña.

Aunque en los informes de los servicios de información de la policía española aparece con asiduidad la estrecha vinculación de Carles Sumarroca i Coixet a Jordi Pujol i Soley, las otras dos familias han hecho muchas operaciones similares a las de estos. David Tennenbaum, un judío asentado en Cataluña, comenzó a hacer negocios con Florenci Pujol, el padre del que luego fue presidente de la Generalitat. En realidad, Banca Catalana nació gracias a su aportación dineraria: en 1959 pagaron 12 millones de pesetas por la Banca Dorca y solo 46 millones de pesetas en depósitos, que fue el embrión de la futura Banca Catalana. En los años ochenta, en cuanto Jordi Pujol llegó al poder, los Tennenbaum comenzaron a contratar con la Administración. Manuel Ortínez, en su libro Una vida entre burgueses. Memorias, relata la conexión de ambas familias. «Tennenbaum y Pujol eran importantes. Ellos me proporcionaban las divisas, y yo necesitaba muchas. Florenci Pujol era un hombre muy simpático, con una mirada irónica y maliciosa, de pícaro inteligente. Con aquella mirada solo era necesario decir “Florenci” para que él estuviera interesado y te preguntara inmediatamente si necesitabas dos o diez. El judío David Tennenbaum era su socio y las operaciones se realizaban con total seguridad en el mercado libre de Tánger, único mercado de la peseta». Este fue el mecanismo aludido por Jordi Pujol para justificar la fortuna oculta amasada por su padre y que le dejó en cuentas corrientes en Andorra: el negocio de compra-venta de divisas.

En la década de los cincuenta, el patriarca David Tennenbaum era tratante de diamantes, se asoció con Florenci Pujol y, a partir de ahí, la trayectoria de ambas familias transcurrió en paralelo y en íntima unión. De todos es conocida la historia del cambio de divisas que efectuaban en Tánger y con el que se lucraban. En 1959, fueron condenados por el Juzgado Especial de Delitos Monetarios por evasión de divisas a Suiza. El 28 de octubre de 2007, Pujol recibía el Premio Samuel Toledano en la sede de la Knesset, es decir, el Parlamento israelí. Y allí tuvo algunas palabras de recuerdo:

Pero siguiendo el hilo de mi trayectoria personal, debo decir que poco después entré en contacto con el judaísmo y, sobre todo, con el sionismo. Lo que en este sentido marca mi trayectoria es haber conocido a judíos, especialmente a la familia de Moisés David Tennenbaum, un judío de Galitzia que vino a Barcelona en los años treinta, probablemente entonces más temeroso del antisemitismo polaco que del nazi (…). Como les decía, yo no entré solo en contacto con el judaísmo. También, y en un cierto sentido, con el sionismo. Y no de una forma superficial. Con solo diecisiete-dieciocho años leí Der Judenstaat, de Herl, y un libro de Chaïm Weizmann, muy completo, que cuenta toda la lucha sionista, desde el Congreso de 1903 —el del rechazo de la propuesta de Uganda— hasta la constitución del estado de Israel. Me los dio a leer David Tennenbaum. Y también leía regularmente algunas revistas sionistas editadas en Latinoamérica, sobre todo en Montevideo (…). Lo entenderán si termino recordando a mi amigo Moisés David Tennenbaum. Me dijo un día: «Tienes que ir a ver una película, una película de judíos, que se llama El violinista sobre el tejado. Nosotros los judíos siempre tenemos que tocar el violín, no en una sala de conciertos, sino haciendo equilibrios sobre un tejado. Y un tejado de tejas irregulares. Y esto cuesta». Yo le dije que lo entendía, pero que gracias a esto habían sido un pueblo diferente, con una creatividad y una fortaleza fuera de lo corriente…

Lo cierto, sin embargo, es que se influyeron mutuamente, porque Tennenbaum fue uno de los nombres sobre los que a menudo se pedían responsabilidades parlamentarias, ya que el pujolismo jamás tuvo empacho en realizar oscuras y dudosas adjudicaciones de obras a empresas del amigo del jefe.

Tennenbaum y un socio israelí, Sanson Batsri, fundaron en 1991 la sociedad Tenba TB, especializada en seguridad privada. Durante tres años, según recogía el informe «Defensa, seguridad y ocupación como negocio. Relaciones comerciales militares, armamentísticas y de seguridad entre España e Israel», la compañía no tuvo actividad alguna. Pero en 1994, la Consejería de Justicia le adjudicó presuntamente tres contratos por más de 500 millones de pesetas, un pellizco impresionante en aquella época. Los contratos eran para la instalación del nuevo sistema de seguridad del centro penitenciario de Lleida. No hubo publicidad. Ni concurso. Ni concurrencia de ofertas. La sociedad estaba administrada por Marcos David Tennenbaum, hijo del socio del president. Los negocios pasaban de padres a hijos.

El primer contrato llevaba fecha del 19 de abril de 1994. Se había confeccionado por un importe de 160 millones de pesetas (casi un millón de euros) para la primera fase del proyecto, que consistía en el suministro del sistema de seguridad exterior; el segundo contrato llevaba fecha de 9 de enero de 1995, por una cuantía de 232 millones de pesetas (casi 1,4 millones de euros) y hacía referencia a la segunda fase: el sistema de detección y visualización del recinto y el equipamiento de la sala de control; el tercero, con fecha 11 de diciembre de 1995, costaría a las arcas públicas 110 millones de pesetas (660.000 euros) para el suministro complementario del sistema de seguridad exterior.

Las sorpresas no acaban aquí. Cierto que puede haber una orden «de arriba» para contratar a Tenba TB en este proyecto. Pero lo curioso está en la excusa para realizar esa constatación: nada menos que un informe de una sociedad denominada Vanuatu S. L.. Para empezar, tiene nombre de paraíso fiscal, lo que no deja de ser sarcástico. Esa es la compañía que contrata Justicia para realizar un informe sobre las deficiencias del centro penitenciario. Vanuatu enumeraba los fallos y proponía la instalación de un circuito perimetral que blindase el recinto, citando a Tenba TB como la compañía ideal para realizar esta labor. Lástima que los accionistas de ambas compañías fuesen exactamente los mismos y ambas empresas compartiesen sede en la calle Tuset de Barcelona. Solo había un problema: ¿cómo iba Tenba TB, una empresa que no tenía personal, a realizar la obra? Muy fácil: subcontratando los trabajos. Recibió 500 millones de pesetas por los contratos con el gobierno de Jordi Pujol y pagó 300 por los trabajos. Sin despeinarse, Tennenbaum ganó de una tacada 200 millones de pesetas.

Ambas empresas, sin embargo, carecían de permisos para realizar los trabajos que les habían sido encomendados. Meses después de presentar a bombo y platillo el nuevo sistema de seguridad de la cárcel (cuyas adjudicaciones se habían cuidado de no publicar en el Diario Oficial, como era obligatorio), el Ministerio del Interior cancelaba la autorización administrativa de Tenba TB, porque faltaba una serie de requisitos para trabajar en el sector de la seguridad, al mismo tiempo que el Gobierno Civil de Barcelona iniciaba un expediente por infracción de la normativa vigente, ya que la compañía solo podía trabajar en la demarcación de Barcelona y lo había hecho en Lleida.

Vanuatu también había vendido secráfonos (teléfonos cifrados imposibles de intervenir) a la Generalitat por 18 millones de pesetas, lo que levantó más sospechas todavía, ya que la compañía ni siquiera figuraba en el preceptivo registro del Ministerio del Interior. En un pleno parlamentario de marzo de 1997, Jordi Pujol dijo ante la cámara catalana que las empresas reunían todos los requisitos legales cuando se las contrató y que todas las actuaciones de su gobierno se ajustaban a la legalidad. Una mentira más: Vanuatu no estaba registrada. Era una promotora inmobiliaria y poco antes de venderle los secráfonos amplió su objeto social a la venta de material eléctrico, pero siguió siendo ilegal a los ojos de la legislación vigente, ya que debía inscribirse como empresa de seguridad en la Dirección General de la Policía,

En el mismo año, Vanuatu se embolsó unos cuantos millones más: por el diseño y suministro de un vehículo antidisturbios, el gobierno le pagó 40 millones de pesetas (250.000 euros). Y, paralelamente, realizó dos estudios: uno, por el que cobró casi 16,5 millones de pesetas (casi 100.000 euros), era sobre el proyecto de ejecución de las instalaciones para la seguridad de la Cárcel Modelo de Barcelona. El segundo, unos 11,5 millones de pesetas (casi 70.000 euros), por otro proyecto técnico de seguridad de la prisión de Tarragona.

El gran benefactor

Las cárceles catalanas tenían muchos más misterios que los informes de empresas piratas encargados a dedo por el gobierno de Jordi Pujol. Mientras se le reclamaban explicaciones al president en el Parlamento catalán, el viejo zorro de la política se reía interiormente y realizaba otra de sus oscuras adjudicaciones: la empresa General Lab se hacía con todos los lotes para realizar los análisis clínicos de todos los reclusos de Cataluña. Así, de una tacada. En total, 55,8 millones de pesetas, 335.000 euros de ahora.

¿Y quién está detrás de General Lab? El omnipresente Carles Sumarroca Coixet, nacido el 12 de diciembre de 1933. De todos los empresarios que han hecho negocios a la sombra del poder, Carles Sumarroca es el más vinculado a Jordi Pujol. Porque Sumarroca es especial. Es el álter ego, lo que le hubiera gustado ser a Jordi Pujol si no fuese político. Juntos fundaron CDC, juntos se metieron en Banca Catalana, juntos compraron El Correo Catalán y juntos continuaron sus vidas profesionales, uno concediéndole al otro millones y millones de euros en contratos públicos y el otro cobrando y creciendo económicamente gracias a las adjudicaciones del uno. Además, el destino también había creado lazos entre las esposas, socias ambas de la compañía Hidroplant.

Si se ha de crear un prototipo de empresario a la sombra del poder, ese sería, sin duda, Sumarroca, una de las grandes fortunas de Cataluña a pesar del hundimiento del sector de la construcción. Junto al insigne prócer, figuraban en General Lab (fundada en 1881) Jaume Rosell Sanuy y Miquel Esquirol, en representación de la Mutua l’Aliança. Todos ellos, como no podía ser de otra manera, patronos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), fundadores del partido y amigos personales del president.

El gran negocio de Sumarroca se articuló en torno a las constructoras Emte y Teyco, que han sido, tradicionalmente, las más beneficiadas por las adjudicaciones del gobierno catalán. Lo fueron con Pujol, lo fueron con el tripartito (Joaquim Nadal, el hombre de la obra pública bajo los mandatos de Pasqual Maragall y José Montilla, forma parte del círculo conocido como la «sociovergencia») y lo siguieron siendo con Artur Mas. Un informe de la publicación elcritic.cat desvelaba que solo en el periodo 2013-2014 las compañías Emte y Teyco acapararon los contratos públicos del gobierno catalán, con 13,6 y 11,2 millones de euros en un total de cuarenta y tres adjudicaciones. Les seguían Construcciones Rubau (cuatro contratos y 9,3 millones) y Copisa, con catorce contratos y 9,2 millones de euros adjudicados. El informe destacaba que catorce de los veinticinco contratos de Teyco se formalizaron por el procedimiento de «negociado sin publicidad», lo mismo que siete de los dieciocho de Emte. «Es decir, que prácticamente la mitad de los contratos de Sumarroca con la Generalitat se consiguieron por este método cerrado». En otras palabras: a dedo.

Una investigación del periodista Jesús Badenes y publicada en el Diari de Girona concluyó también que durante los veintitrés años de pujolismo las dos empresas constructoras más importantes de los Sumarroca recibieron contratos por un total de más de 285 millones de euros. «A partir de 1992, las dos sociedades comienzan a figurar entre las más recurrentes en la obra pública de los ámbitos de la enseñanza y sanitario». Y no solo eso: comienzan a hacer negocio con la rehabilitación de escuelas. «Resulta curioso ver cómo se adjudica por el sistema negociado de urgencia la realización de los trabajos necesarios para la puesta en marcha de un hospital», relata en un párrafo. Ese sistema le permite eludir la convocatoria de un concurso y adjudicar la obra a dedo. Un método más para saltarse la ley a la torera y beneficiar a los amigos. La investigación destaca otra cosa: con la llegada del euro, se disparan los precios:

Mientras en el año 1989 la Generalitat adjudicó la nueva construcción del IES La Llagosta por 38 millones de pesetas, unos 233.999 euros, en el último mandato, la construcción de un nuevo IES costaba a la Generalitat entre 3 y 4 millones de euros, como el caso del IES Roquetes que Teyco se adjudicó el año 2000 por 3.029.234 euros. Así, en 1999 las dos empresas facturarían conjuntamente más de 40 millones de euros. A pesar de
haber multiplicado por diez su facturación a la Generalitat, el récord
de adjudicaciones estaba por llegar. Más de 70 millones de euros le otorgó el gobierno Pujol en obras en su último año de mandato. En 2003, Teyco consiguió concursos por valor de más de 30 millones, mientras que Emte superó los 40 millones de euros.

Es evidente que ha habido empresarios que han sacado tajada de
su cercanía al poder. Y el poder sacó tajada de ellos, claro. Había
de ser un favor recíproco. De esa perfecta simbiosis surgió el apoyo mutuo del clan Sumarroca con el clan Pujol. La familia Sumarroca es la más representativa de esta casta económico-política. Carles Sumarroca Coixet fundó Convergència al lado de Jordi Pujol y junto a él entró en el accionariado de El Correo Catalán en la década de los setenta. Desde entonces han vivido existencias paralelas, uno en la política y otro en los negocios. Las relaciones profesionales de ambos han sido igualmente muy intensas. Si sus esposas eran socias, Pere Pujol Ferrusola también acabó convirtiéndose en socio de los Sumarroca en la compañía Entorn, después de haber estado catorce años a sueldo. Y Josep Ferrusola hizo lo propio a través de la empresa MT Tahat, que compró acciones de General Lab. Y Oriol Pujol Ferrusola le encargó la finalización de las obras de su chalé en el Pirineo a una empresa de Sumarroca. Y Jordi Pujol Ferrusola trabaja para las compañías del empresario como comisionista desde mediados de los noventa, y su confianza es tal que los contratos suscritos los hacía de forma verbal.

Pero circunscribir la actividad del clan amigo a la construcción sería erróneo. Donde había un gran negocio, allí estaba Carles para dar su apoyo incondicional a Jordi. Y hay sectores que mueven muchos millones: construcción, análisis clínicos y energías alternativas. Todos ellos con miles de millones de euros públicos esperando para irse hacia bolsillos privados. Y si son bolsillos amigos, mejor que mejor. De hecho, los euros catalanes estaban predestinados a caer en determinados bolsillos. La gran tajada del dinero público se la llevaron durante décadas un puñado de privilegiados que mimaban al poder mientas el poder les mimaba a ellos.

Si el negocio de la construcción resultó de lo más rentable para el veterano Sumarroca, el de los otros dos sectores de futuro terminó de redondear las cuentas corrientes de lo que se podría considerar ya una de las grandes fortunas del Principat (nombre de Cataluña en el conjunto de los Països Catalans). Una estimación realizada por el diario El Confidencial concluyó que solo entre 2008 y 2012 los dos grupos industriales por antonomasia, Emte y Copisa (o sea, Sumarroca y Cornadó), se llevaron 875 millones en contratos de obra pública. «Los vínculos de Comsa-Emte se han prolongado en el tiempo con los actuales dirigentes de CiU. El hijo de Carlos Sumarroca Coixet, Carlos Sumarroca Claverol, se encuentra, por ejemplo, entre los trece miembros del consejo asesor de Endesa en Cataluña gracias al apoyo de Convergencia», señalaban los autores del informe, José María Olmo y Daniele Grasso. Ambos sostenían que «los negocios ocultos hasta la fecha permitirían quizá explicar la facilidad de Comsa-Emte para lograr contratos de las diferentes administraciones catalanas. Entre 2008 y 2012, el grupo de la familia Sumarroca fue, en dos ejercicios, el que acaparó la mayor cantidad de gasto en infraestructuras de la Generalitat, según las estadísticas oficiales. En cinco años, el clan cercano a la familia Pujol acumuló una cifra de negocios en contratos públicos por un valor total de 500,18 millones de euros».⁶

No fue el único negocio en el que los Sumarroca hincaron el diente: el campo de las energías alternativas fue otro de los sectores donde sentaron sus reales, llevándose la parte del león, tanto en concesión de parques como en la confección de informes medioambientales.

El grupo que encabezaba Sumarroca se vio especialmente favorecido por la Generalitat en la concesión de parques eólicos a finales de los noventa y principios de la década siguiente. Además, sus empresas eran las que realizaban la mayoría de los informes de impacto medioambiental de los parques. Sumarroca creó dos compañías para realizar informes medioambientales: Codema y Entorn. Al frente de esta última situó a Pere Pujol Ferrusola. Los contratos con la Administración comenzaron a caerle por docenas en cuanto se puso en marcha el negocio.

Los parques eólicos fueron un negocio añadido a la fortuna de los Sumarroca. En el grupo de Catalana d’Energies Renovables puso en marcha seis parques. Emte, junto a Comsa y Urbaser, se adjudicaron el primer ecoparque de la zona portuaria de Barcelona, una macroinstalación ambiental pionera en España, con una inversión de casi 50 millones de euros. En 2012, junto a Abantia, Comsa-Emte puso en marcha, en Les Borges Blanques, la primera instalación del mundo que combina energía termosolar y biomasa.

Paralelamente, se metió en el negocio de análisis clínicos y se convirtió en una pieza fundamental de este sector, al acaparar los contratos con la Administración autonómica a través de General Lab. En los años noventa, por ejemplo, todos los lotes de los análisis clínicos de
los internos de los centros penitenciarios de Cataluña fueron a parar a la
compañía de los Sumarroca.

El empresario amigo supo diversificar sus negocios. Invirtió en el sector agrícola y hoy tiene una bodega con generosos vinos y apreciados cavas que llevan su apellido. Su bodega es la segunda en importancia en el Penedès, con casi 500 hectáreas de viñedos. Y con Pedro Olabarría se asoció en una incursión en el sector textil, a través de Colomer Munmany. Su fidelidad le llevó a intentar salvar Tipel, el grupo de Rasputín Prenafeta en los noventa, precisamente junto a Olabarría, pero de la inversión efectuada no recuperaron nada.

6 El Confidencial, 30 de agosto de 2014.

4. LA CAZA

La confesión

El 25 de julio de 2014 fue el día más largo del año para el expresidente catalán Jordi Pujol. El día anterior había comunicado a su familia que pensaba emitir un comunicado en el que reconocía las cuentas secretas de Andorra. A las ocho de la mañana de ese 25, se presentó en el despacho de Artur Mas, en la calle Córcega, la sede de Convergència. Le entregó un folio con la confesión. «Oye, escucha, sacaré esto. Ya
te lo explico». El president comenzó a ponerse blanco. Un escándalo era lo que menos necesitaba. Pujol fue parco en explicaciones. Apuntó sus responsabilidades, algunas obviedades y apeló al peso de la historia y a su ética.

Durante las horas siguientes, se dedicó a puntualizar la nota que tenía confeccionada y que era una confesión oficial sobre la tenencia de cuentas corrientes de su familia en Andorra, extremo que había negado hasta la saciedad, acusando al gobierno español y a los servicios de inteligencia de intentar manchar su nombre con falsas acusaciones.

Pero era verdad: las cuentas existían. El día 7 de julio, una oportuna filtración al diario El Mundo le demostraba que la policía española ya disponía de documentos que acreditaban los depósitos bancarios en el pequeño principado pirenaico y se decidió a hablar. Su círculo íntimo no le llevó la contraria. A las diez de la mañana, algunos despachos de Barcelona hervían. Pujol había enviado copias de su confesión a sus principales asesores para que las mirasen.

—President, no puede hacer pública esta nota —le recriminó uno de ellos telefónicamente

—¿Por qué? ¿Qué quiere usted decir?

—La nota en sí está bien. Pero hay una afirmación que debe eliminar.

—No acabo de entenderle.

—Usted, president, dice que se hace responsable de las cuentas en Andorra, pero ninguna es suya.

—Sí, pero son de mi familia y yo me responsabilizo.

—Efectivamente. Son de su familia. Y están a nombre de su esposa, que es mayor de edad y persona jurídica. Y a nombre de sus hijos, que tienen cincuenta años, saben lo que hacen y tienen su propia personalidad. Con lo que usted dice en esa frase, le pueden acusar de mentir, porque una cosa es que usted tuviera conocimiento de las cuentas y otra que fuesen responsabilidad suya. ¿Estaban a su nombre? No. Luego, ¿en qué se basa para decirle a Hacienda que asume la responsabilidad? Hacienda le reclamará a una persona jurídica lo que tenga que reclamarle. Y esa persona es mayor de edad y responsable de sus actos.

El expresidente acabó cediendo. A finales de la mañana, eliminó una línea y media del comunicado que tenía confeccionado. Contaba en el mismo que su padre, Florenci Pujol i Brugat, le había legado «unos dineros» ubicados en el extranjero —diferentes a los comprendidos en su testamento— y que no se encontraban regularizados. «En aquel momento, la minoría de edad de la práctica totalidad de mis hijos me convertía en responsable legal de cualquier decisión y a pesar de que mi conciencia y mi cargo [acababa de ser elegido presidente de la Generalitat en abril de 1980 y su padre murió el siguiente mes de septiembre] me empujaban a rechazar esta herencia, la última voluntad de mi padre, juntamente con su opinión y dudas sobre mi opción vital por la política pesaban todavía más, y finalmente decidí encargar su gestión y regularización a una persona de la máxima confianza de mi padre y también de la mía, gestión de la que no quise conocer nunca ni el más mínimo detalle, hasta que, llegados a la mayoría de edad todos mis hijos, se decidió que esta persona cediese esta gestión a uno de mis hijos. Es en este momento que mi error original contaminó directamente a mis siete hijos y a mi esposa».

El mea culpa de Jordi Pujol seguía afirmando que nunca encontró el momento adecuado para regularizar esa herencia. Y enfatizaba que «finalmente ha tenido que ser en estos últimos días que los miembros de mi familia han regularizado esta herencia, con las consecuencias del nuevo marco legal aprobado para incentivar la última regularización excepcional de noviembre de 2012 y para penalizar extremadamente las regularizaciones posteriores».

De los hechos descritos y sus consecuencias, añadía, era el único responsable «y quiero manifestarlo de forma pública, con mi compromiso absoluto de comparecer ante las autoridades tributarias o, si es preciso, ante instancias judiciales para acreditar estos hechos y, de esta manera, acabar con las insinuaciones y los comentarios». Acababa con un párrafo antológico: «Expongo todo esto con mucho dolor, por lo que significa para mi familia y para mí mismo, pero sobre todo por lo que puede significar para tanta gente de buena voluntad que pueden sentirse defraudados en su confianza, a la cual pido perdón. Y también les pido que sepan discernir las faltas de una persona —por muy significativa que haya sido— y que esta declaración sea reparadora en lo posible del mal y de expiación para mí mismo».

¿Por qué decide Jordi Pujol confesar en aquel preciso momento? Hay tres causas fundamentales, según las personas que le rodean. La primera, porque fue un acto de supremo amor a sus hijos, a los que no había podido dedicar mucho tiempo durante los años en que estuvo centrado en la política. En el inicio de su carrera en la res publica, le había advertido a su esposa, Marta Ferrusola, que iba a competir con una dura rival: Cataluña. Y fue verdad: Jordi Pujol dedicó infinitamente más tiempo a Cataluña que a su familia. Francesc-Marc Àlvaro, en su libro Ara sí que toca!, lo explica muy bien por boca de Josep Pujol Ferrusola. «Nuestra vida, la de todos nosotros, ha estado supeditada a él. Lo digo sin dramas. Hemos estado a la intemperie. Aunque él nos lleva en el corazón, hemos estado bastante solos, tanto para lo bueno como para lo malo. Él tenía y tiene demasiado trabajo».

De hecho, también habría de competir con la fiel secretaria de Pujol, a la que se había llevado al Palau de la Generalitat desde Banca Catalana: Carme Alcoriza. La secretaria y jefa de gabinete, en palabras de Ramon Pedrós, que había sido jefe de comunicación de Presidencia de 1988 a 1998, «tenía mucha influencia, pero era de una extraordinaria fidelidad y lealtad personal y política al President y padecía la manifiesta antipatía que veía que sentía por ella Marta Ferrusola». Lo dijo ante los diputados catalanes, abriendo una grieta en el monolítico discurso uniformizador que ha imperado durante décadas en Cataluña.

También Josep Maria Cortés, en Los yuppies de Pujol llegan a la cima, remarca que «el expresident ha tenido y sigue teniendo muy mala conciencia como padre, desde que puso a la política en el primer plano de sus prioridades dejando sus obligaciones familiares en un segundo renglón». Y asegura luego que «Jordi Pujol había soñado siempre en dejarles a sus hijos una sustanciosa herencia económica y de ahí que su mala conciencia sea doble: abandonó como padre a causa de la política y empobreció a su familia a causa también de una gestión bancaria que él relacionaba con la política».

Y es que salvo algunas excursiones anuales a la Pica d’Estats, pocos momentos más de ocio pasaba con sus hijos, porque la vida de un político como Pujol es muy dura. Para él no existían fines de semana o festivos, tal y como son entendidos por los otros mortales. Por tanto, la confesión intentando responsabilizarse de las cuentas andorranas era un acto de amor hacia su familia. De todos modos, es demasiado osado afirmar que empobreció a su familia, sino más bien al contrario, puesto que el clan Pujol tiene hoy una fortuna oculta fuera de nuestras fronteras que guardan celosamente y durante las últimas décadas han utilizado los resortes del poder para hacer negocios sin el más mínimo escrúpulo.

La segunda causa tiene sus raíces en una cuestión también muy personal. Hombre de profundas convicciones cristianas, Jordi Pujol había vivido «en pecado» durante treinta y cuatro años. Sobrellevaba esa mentira como un calvario. Sus colaboradores más cercanos le oyeron reconocer durante la aciaga mañana del 25 de julio del 2014 que tras esa confesión quedaba en paz consigo mismo. Y, de hecho, se quitaba una losa de encima. A partir de entonces, ya no tendría la espada de Damocles encima de su cabeza, temiendo que le fueran a descubrir cuentas en paraísos fiscales.

La tercera razón es la que, para muchos, tiene más peso: un directivo bancario le había comunicado que la policía española disponía de documentos con movimientos de las cuentas de su familia y se iba a hacer público de un momento a otro. La filtración al diario El Mundo le acabó de convencer de que la cosa iba en serio. Además, le hicieron llegar la información de que había varias investigaciones de la Audiencia Nacional sobre sus hijos y que podrían acabar en detenciones, con el consiguiente escándalo político. ¡Un Pujol esposado e introducido en un coche celular! ¡Un Pujol pagando la pena del telediario!

Su hijo Jordi Pujol Ferrusola quiso compartir el peso de la responsabilidad. «Este es mi compromiso, mi obligación, porque lo he hecho siempre. Lo hice desde la prisión, desde el 23-F y hoy es mi obligación. Puede ser que el país ya no me necesite como me necesitaba antes, pero es mi obligación con la familia», dijo a su vástago, según confesiones de este más tarde a los diputados en la cámara catalana.

¿Quién había sido el empleado traidor que había filtrado los documentos andorranos? Sobre la mesa se puso el nombre de un alto cargo bancario hasta hacía pocos meses. Se trataba de un ejecutivo empleado en una multinacional en España que había recibido la oferta para ir a trabajar de alto directivo a un banco del Principado. Tras ser despedido, la entidad no le abonó ningún finiquito, por lo que él se sintió liberado para utilizar documentación que había pasado por sus manos. Y la armó entregando las pruebas de las cuentas secretas de los Pujol, lo que dejaba en evidencia no solo a los evasores, sino también al propio banco, incapaz de garantizar el secreto del nombre de sus clientes. Jordi Pujol i Soley sabía que el Ministerio del Interior ya tenía la información, pero desconocía la utilización que podía hacer de dicha documentación. Por eso, los meses anteriores a la confesión fueron intensos en la búsqueda de un acercamiento. Hubo mensajes cruzados entre el expresidente y el ministerio, así como algún discreto encuentro al más alto nivel. Pujol lo tenía claro:

—Sacad el pie del cuello de mis hijos. Estoy dispuesto a asumir las consecuencias por todos. Haré lo que haga falta y pagaré lo que sea preciso —hizo saber a Madrid.

En aquellos momentos, había agentes de unidades de Madrid casi permanentemente en Barcelona, realizando vigilancias y recabando información sobre todo el clan, especialmente sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, de quien tenían ya muchos datos filtrados por su exnovia Victoria Álvarez que necesitaban contrastar. Además, después del verano tendría que ir a declarar a la Audiencia Nacional y necesitaban atar todos los extremos.

Las semanas siguientes a la confesión del 25 de julio, el expresidente vivió en un universo paralelo. No hubo agosto para él. No hubo vacaciones, sino que se volcó en el diseño de la estrategia política y jurídica que iba a llevar con motivo de las diligencias abiertas. En pleno verano, llegó a telefonear en poco más de dos horas hasta cinco veces a un mismo asesor para consultarle pequeños detalles técnicos de su defensa. Incluso con una preocupante reiteración: volvía a preguntar los detalles por los que había preguntado horas o minutos antes. A una de las personas con las que habló a menudo le llegó a preguntar si no podría ir en su lugar a declarar ante el juez. «No, president, eso no podemos hacerlo. Ha de ir usted personalmente. La declaración es personal y nadie puede ocupar su lugar».

El cerco

Cuando el PP todavía apoyaba a CiU en el Parlamento catalán, es decir, a mediados del año 2012, el gobierno español ya desconfiaba de Artur Mas y de sus socios nacionalistas. Antes de las vacaciones de verano, algunos mandos policiales habían puesto a trabajar a sus grupos en la confección de informes. Algunos agentes se desplazaron hasta Barcelona para poner en marcha dispositivos y para intercambiar información con sus colegas de la capital catalana. «Hay que terminar los informes y sacarlos como sea, porque vamos a elecciones», advirtió uno de los agentes madrileños en una comida celebrada a comienzos del mes de
septiembre de 2012.

En esa fecha, ya estaban prácticamente cerrados varios informes que habían sido entregados al ministro Jorge Fernández Díaz. En el tema de los dosieres estaban trabajando a tope la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), un grupo conocido como Unidad de Inteligencia, creado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y que dependía directamente del comisario principal Eugenio Pino; la Brigada de Asuntos Internos y otro grupo secreto radicado exclusivamente en Barcelona. Pero también se habían movilizado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Civil. El primero envió a dos antenas a Barcelona, provenientes del País Vasco. Una antena es un pequeño grupo que funciona por libre. No se relaciona con los agentes de la casa directamente, ni visita su sede ni colabora con ellos. Esas dos antenas se ubicaron como empresas en ambiente de oficinas y se dedicaron a captar información. A finales de 2014 ya no estaban operativas. La Guardia Civil también seguía de cerca el devenir de los acontecimientos, con personal tanto radicado en Barcelona como desplazado expresamente desde Madrid, pero que ya tenía experiencia en trabajos similares en otras zonas, como el País Vasco.

En resumen, hasta seis unidades diferentes se habían puesto a trabajar en el «tema catalán». En aquel momento, Artur Mas todavía no había acudido a La Moncloa, pero el nacionalismo catalán ya era una presa a batir. Se habían previsto todas las posibilidades, y con la postura que ya tenía predeterminada Mariano Rajoy cerrando todas las puertas a un diálogo sobre la concesión de un pacto fiscal a Cataluña, se temía que Artur Mas habría de convocar elecciones anticipadas. Se esperaba una radicalización de CiU ante la negativa de Rajoy y había que estar preparados. En los meses previos, hubo muchas visitas de investigadores policiales a Cataluña, que se entrevistaron con políticos, empresarios, economistas, abogados, detectives, periodistas o simples analistas. El mensaje que traían de Madrid era alarmista: se esperaba y temía que CiU apostara por la independencia, por lo que la unidad de España estaba en peligro y era preciso atajar el problema.

En varias semanas, se terminaron varios informes de los grupos implicados. Los cinco primeros fueron obra de uno de los grupos de la Udef. Y el primero de ellos llevaba el título de «Sumario Palau. Análisis de situación (I)».

El Caso Palau fue una operación policial que se llevó a cabo a finales de julio del año 2009, tras hacer un registro en la emblemática institución Palau de la Música Catalana. Los principales implicados fueron el presidente de esta institución, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull. Entre ambos, se apropiaron de más de 35 millones de euros, aunque se les impidió dar algunos pelotazos más, como la consumación de la venta de un local que habían comprado a precio de ganga y que pensaban vender a la institución por 3 millones de euros, cuando estaba tasado en la mitad. La firma de la compraventa del local se había realizado, curiosamente, un día antes del registro del Palau de la Música. Lo más importante, sin embargo, es que se encontró una doble contabilidad que evidenciaba que se habían desviado millones de euros hacia Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). O, en realidad, hacia su fundación, la Ramón Trias Fargas. Tanto fue el impacto negativo, que la fundación cambió de nombre (entre otras cosas porque la familia de Trias Fargas lo pidió para no manchar el nombre del insigne político muerto el 22 de octubre de 1989 durante un mitin electoral).

A raíz del Caso Palau, se descubrieron muchas cosas. Como que Millet y su compinche se hacían pagar las vacaciones en los lugares más paradisíacos del mundo (léase Polinesia, Maldivas, Camboya, Isla de Phuket…), o que tenían un pisito donde se llevaban a sus amantes, con espejo en el techo incluido. Pero el gobierno central encontró algo más interesante: un hilo político del que tirar para neutralizar a los nacionalistas. Las huestes del Ministerio del Interior habían encontrado una presa de caza mayor y no estaban dispuestos a soltarla. Esa presa era el nacionalismo, personificado en Felip Puig, Artur Mas y el clan Pujol.

Así, el primer informe explicaba que varios mossos d’esquadra (policías autonómicos) sindicalistas «que se sienten catalanes pero también españoles» pasaron la información de que durante el registro del Palau de la Música Fèlix Millet pidió permiso a los agentes para atender una llamada telefónica personal «y al negarle la opción porque estaba detenido y existía el riesgo de que avisara y/o transmitiera cualquier consigna para un posible cómplice, enseñó su móvil y dijo que era el president Artur Mas quien le estaba llamando, a lo que el jefe del dispositivo de los Mossos no tuvo otra opción que aceptar que respondiera». Y luego continuaba señalando que el consejero del Interior, Felip Puig, dio orden de que esa llamada no constara en acta alguna. Todo sería muy convincente si no fuese porque, en el momento del registro del Palau, ni Artur Mas era el president ni Felip Puig el consejero de Interior, puesto que CiU no consiguió gobernar hasta el otoño del 2010 y el escándalo saltó en el verano del 2009.

En ese mismo informe se relataba una reunión de la cúpula de Convergència a la que asistieron Jordi Pujol i Soley, sus hijos Oriol y Josep, Macià Alavedra, Lluís Prenafeta, Artur Suqué, Felip Puig y varias personas para hablar de los últimos escándalos, pero no especificaba que esa reunión fue muy posterior, con CiU ya en el poder y tras haber estallado el Caso ITV, por el que se imputó más tarde a Oriol Pujol Ferrusola. Alavedra y Prenafeta habían sido implicados en el Caso Pretoria, de comisiones por recalificar terrenos. Suqué es el dueño de Casinos y su empresa financió ilegalmente a Convergència.

El segundo informe, no obstante, afinaba mucho más, al basarse en declaraciones de testigos de primera mano. Ya no contenía los anacronismos del primero e incluso podía presumir de un hilo argumental. Y eso que fue confeccionado solo un día después que el anterior, puesto que lleva la emblemática fecha del 11 de septiembre (Diada Nacional de Cataluña) de 2012. Este segundo informe estudiaba «el proceso de extracción de dinero desde Cataluña a cuentas en el extranjero, tal y como se desprende de diversos testimonios». La policía jamás lo reconoció, pero gran parte de las informaciones que estaba recibiendo las proporcionaba una entonces anónima ciudadana: se llamaba Victoria Álvarez y había sido novia durante años de Jordi Pujol Ferrusola. A través de ella y de una cercana amiga de Jordi Pujol i Soley, llamada María José Bargalló (y que se les había escurrido de entre los dedos, desapareciendo de escena), los servicios españoles comenzaban a conocer con detalle los mecanismos del clan Pujol, las alcantarillas de la familia más poderosa de Cataluña.

Relata ese informe que «se ha conocido que personal administrativo recientemente despedido que trabajaba en una firma llamada Vístula Communications Services Inc, 405 Park Avenue de Nueva York, NY 10022, se ha puesto en contacto con miembros policiales de Estados Unidos denunciando que su antiguo jefe, un tal Rupert Galliers-Pratt, ha estado ocultando al fisco americano una serie de beneficios que provienen de negocios en Liechtenstein con un socio español llamado Jorge Pujol Ferrusola, hijo de un exprimer ministro, que es quien le aportaba el capital a través de fondos suizos». Galliers-Pratt, hijo de una de las familias más ricas de Gran Bretaña, es un extravagante personaje involucrado en varios escándalos financieros y sancionado por la Bolsa de Londres. Su relación con Jordi Pujol Ferrusola fue confirmada públicamente días más tarde de la confección del informe, por la exnovia de este, Victoria Álvarez.

«Igualmente, la examante de un asesor de sociedades offshore con sede en Mount Street, Mayfair, London W1K2SR, ha informado a servicios policiales de Gran Bretaña que su expareja y exjefe, nacionalizado británico, aunque de origen hindú, ha estado cobrando en efectivo importantes cantidades de extranjeros que blanqueaban dinero de dudoso origen, casi todos de corrupción política y que dentro de estos destacaban unos españoles llamados Jordi Pujol, Marta Ferrusola y, en los últimos años, sus hijos Jordi, Josep y Oriol. Que los pagos se cerraban habitualmente durante una comida, siempre en el mismo sitio, en concreto en el George’s Club, en el número 88 de la misma calle». Era ya la conjura de las mujeres, pero el amor tiene esos riesgos. A las amistades cercanas de los Pujol padre e hijo había que añadir ahora la de su testaferro en Londres, que no era otro que Herbert Arthur Joseph Rainford Towning, el pequeño hindú aposentado en la City. Los investigadores españoles cogieron las informaciones de este club de despechadas exnovias y confeccionaron un buen rimero de informes demoledores sobre las actividades de los Pujol en el extranjero.

La amante británica también aportó datos sobre los negocios del clan catalán a uno y otro lado del Atlántico. «Esta misma informadora ha confirmado que dicha familia posee numerosas sociedades offshore en las Islas del Canal, de las que penden otras panameñas, que se han empleado en los últimos años para adquirir propiedades e inversiones en determinados países y a modo de ejemplo, señala: la compra de terrenos y posterior pago de la construcción en México de varias propiedades y predios, entre ellos el Hotel El Encanto en Acapulco. La obra de construcción fue dirigida por el arquitecto José María Esperalba, de Jalisco, quien finalmente se casó con Marta Pujol Ferrusola».

Los agentes no iban desencaminados en sus informaciones. Pero hay más: en tierras mexicanas se casó también Mercè Pujol Gironès. La nieta de Jordi Pujol i Soley, hija de Jordi Pujol Ferrusola y de Mercè Gironès, se echó de novio a Ignacio García de Quevedo, familiar de un fiduciario que el clan catalán tiene en aquel país, Xavier García de Quevedo. Para este enlace, se celebraron dos ceremonias: una en Barcelona, en la basílica de la Mercè, en pleno barrio gótico, y otra en México. En Barcelona, tras la ceremonia religiosa, se celebró un ágape (al que también asistió Artur Mas, presidente de la Generalitat) en una finca de Cavas Codorniu, propiedad de la familia Raventós, socios de Marta Ferrusola en la compañía Hidroplant y devotos del nacionalismo pujolista.

Fue una boda que marcó un antes y un después en Júnior. O eso parece.

—Después de la boda, me ofreció irme a vivir con él a Nueva Zelanda, Sudáfrica o Australia. ¿Por qué? No lo sé. Le dije que no. Me pareció extraño y me puse a ver qué tenía con esos países. Al final, di con la respuesta y un día le comenté: «Hombre, escoges muy bien los sitios a donde quieres ir a vivir, porque ninguno de esos países tiene tratado de extradición con España». Y me sonrió —rememora Vicky Álvarez, la que había sido su novia.

Los agentes de la Udef hilaban después más fino, con aportaciones de Victoria Álvarez: «Dicha infraestructura societaria ha permitido también la compra en Argentina, por parte de Jordi Pujol hijo, de la mayoría de acciones de Puerto de Rosario, que al parecer habría recibido una importante inyección económica de la Generalitat al haberse hermanado con el de Tarragona. Según esta fuente, se habrían incluso redactado en dicho despacho inglés varios documentos de fiducia de Jordi Pujol a favor de un socio mexicano llamado Javier García de Quevedo, que pasaría como inversor cuando en realidad el dinero pertenece a los Pujol». Aparte de este entramado societario, según el segundo informe, se habría tratado de dar cobertura legal mediante la domiciliación de sociedades en Estados Unidos, en lugares como Delaware, Houston y Miami. Y al parecer le sirvió para inyectar dinero en los negocios de Carlos Riba Palacio, un socio mexicano de Jordi Pujol Ferrusola, quien a cambio les habría dado al clan Pujol participaciones en las sociedades explotadoras de casinos en México. «Igualmente, también les habría introducido en la firma Encore Technologies y Rosetel, así como en la sociedad que explota el canje de transfer entre inmigrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que desean enviar dinero a su familia mediante unas tarjetas prepago llamadas Billetel», añade el informe.

Javier García de Quevedo es un prohombre en su país natal:
presidente del Grupo Minera México, se había desempeñado como presidente del Grupo Ferroviario Mexicano y de Ferrocarril Mexicano, además de ser vicepresidente del grupo Condumex y de haber ostentado la presidencia de la Cámara Minera de México. Su familia, muy cercana al expresidente de aquel país Carlos Salinas de Gortari, es propietaria de las minas de cobre de Cananea, en Sonora. Según la revista Forbes, el fiduciario de Pujol tuvo un sueldo en 2013 de 885.306 dólares, más un bono de 629.735 dólares, lo que significó casi 1,4 millones de dólares, a los que habría que añadir 60.744 dólares como compensación, de ellos casi 40.000 en acciones del grupo minero. Riba, por su parte, era hijo de una familia que siempre ha estado muy relacionada con el poder. Es el zar del juego en México y quien, al parecer, introdujo a los Pujol en este sector.

La policía española también vincula al hijo mayor de Pujol, que era quien pilotaba esas inversiones, a Carles Sumarroca, miembro de una de las familias más potentes de Cataluña, que hizo fortuna a la sombra de las adjudicaciones públicas del gobierno catalán a través de dos compañías señeras: Emte y Teyco. El fundador del emporio, Carles Sumarroca Coixet, es, como se ha dicho, amigo íntimo de Jordi Pujol i Soley. Recordemos: ambos fundaron Convergència en los años setenta, y sus esposas son socias en la polémica empresa Hidroplant. Además, Jordi Pujol Ferrusola trabajó desde sus inicios como comisionista para los Sumarroca, buscándoles concesiones en el extranjero. De ahí que los agentes españoles sospechen que el hijo de Pujol le consiguió la construcción de varias cárceles en México, aprovechándose de los contactos de sus socios en aquel país. Aun así apuntan a que en el año 2012 las dos familias se habrían distanciado porque en el reparto de ganancias ganan mucho más los Sumarroca que los Pujol.

El norteamericano residente en Andorra Philip Bolich, testaferro a sueldo de Macià Alavedra, era otro personaje en el que la policía española confiaba para obtener información relevante sobre la fortuna oculta en Andorra de los Pujol. En ese año 2012, lo que Bolich les había puesto en bandeja era muy goloso: el clan catalán había cerrado acuerdos con Francisco Mora, de Banca Mora, con Roberto Cassany del BPA y otros, que consistían en que donaban el 5 por ciento del circulante de sus cuentas «a condición de que dicho efectivo no conste en los balances generales, evitándose el riesgo de que tanto las autoridades monetarias francesas como españolas pudieran tener acceso a dichos datos. Dicha fuente también habría tenido la posibilidad de facilitar los datos sobre los procedimientos de pago que la firma Indra habría realizado para el pago opaco que recibió Josep Pujol Ferrusola cuando vendió su consultoría personal, así como los lugares y/o cuentas donde en los últimos años siguen recibiendo las comisiones tanto el propio Josep como su hermano Oriol, así como Jordi, de todas las intervenciones que la consultora sigue realizando en Cataluña».

Bolich puso a la policía española otro caramelito en la boca: le dijo que tenía documentación de cuentas a nombre del empresario Felip Massot y de su grupo inmobiliario Vertix. Se citaba textualmente este ofrecimiento de información y se le daba una mayor importancia porque, según dice la policía en su informe, en realidad, Massot «actuaría de testaferro del propio Artur Mas y de su esposa, Helena Rakosnik, desde que pasaban juntos sus vacaciones en Formentera». En realidad, sin embargo, Mas y su familia veranean desde hace muchos años en Menorca. Allí era vecino de Fèlix Millet, por ejemplo, con quien departía en ocasiones. Es cierto, no obstante, que, conforme se cita en otros informes de los servicios de información, Artur Mas fue visto en el
yate de Massot en alguna ocasión en Formentera. Esa fue información facilitada a la policía por el financiero Javier de la Rosa, con detalle de algunos de los encuentros.⁷

El informe acaba detallando que Jordi Pujol padre tiene línea directa con Thierry Lombard, dueño del banco suizo GES Lombard, donde asegura que tiene una cuenta. Y narra un momento de tensión entre Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, «a raíz de descubrir esta que una supuesta amiga íntima de su marido llamada María José Bargalló habría tenido igualmente acceso a una cuenta en dicho banco suizo de la rue de Corraterie 11 de Ginebra».

Los amigos

El tercer informe sobre los nacionalistas fue paralelo al segundo, aunque en los papeles oficiales del Ministerio del Interior lleva fecha del 12 de septiembre de 2012. En él, citando fuentes empresariales «muy fiables y solventes», se aseguraba que los que querían hacer negocios con la Administración catalana debían pagar una mordida directamente en el Palau de la Generalitat, en la oficina del propio Jordi Pujol. El relato de los hechos es muy duro. El president, nada más recibirlo, «usando una puerta trasera que directamente comunica con la calle, lo bajaba y lo introducía en un coche, que en el caso de Pujol era su propio hijo Jordi quien lo conducía y, en el caso de Mas se turnan varios conductores, conociendo solo el nombre de pila de uno de ellos, que es Josep. Después de esta maniobra, ya trataban el asunto en cuestión, sin la presencia física del dinero recibido». Era nuevamente información facilitada por Javier de la Rosa.⁸ Artur Mas era, en la época en que sucedían estos supuestos hechos, el conseller en cap o consejero jefe, con despacho contiguo al de Pujol. El relato no se queda ahí: «David Madí es señalado como uno
de los “cuatro talibanes” que están dirigiendo la solicitud de dinero con la excusa de que es para el futuro estado catalán, pero se lo están quedando para sí, aunque una parte significativa la están dando a los responsables de CDC». David Madí fue durante una década y media la mano derecha de Artur Mas, que lo convirtió en el secretario de Comunicación de Convergència. Tras ganar CiU las elecciones en el año 2010, abandonó la primera línea de las trincheras políticas para enfocar su carrera hacia el asesoramiento en el sector privado. Además de fundar su propia compañía, gracias a sus contactos políticos fue acumulando cargos, los más importantes de los cuales fueron la responsabilidad de la asesoría estratégica de Deloitte y la presidencia del consejo asesor de Endesa en Cataluña. También logró un suculento contrato de asesoría con Aguas de Barcelona.

El tercer informe vuelve a referirse a Carles Sumarroca como otro de los principales financiadores y a Felip Massot, «que actuaría como fiduciario de la economía personal de Artur Mas, disponiendo de una cuenta en el mismo banco HSBC que el propio padre de Mas tenía con un saldo cercano a los 2 millones de euros (ver anotaciones sobre el sumario de Liechtenstein). La cuenta de Massot no fue detectada, pero por comunicación con el ahora en prisión Falciani, estaría dispuesto a facilitar dicha cuenta, así como la de todos los políticos españoles que conoce, siempre que no se le conceda la extradición a Suiza, país que la solicita bajo la acusación de violación del secreto bancario, delito que en España no existe». Luego, enumera algunos empresarios que supuestamente cotizan a la causa nacionalista y hace especial mención a un matrimonio con peso en las filas de CDC.

«Ramón Pla, con cuenta igualmente en Suiza, figurando además como último beneficiario su esposa Maria Eugènia Cuenca (que fue consejera de Gobernación en el gobierno de Pujol entre 1992 y 1995). Según los datos recibidos, Pla, actualmente más que aportar recibe parte de las cuotas que van a parar al CDC por su condición de miembro fundador de Convergència Democràtica de Catalunya. Durante ese periodo, se realizó la recalificación de los terrenos de la Zona Franca de Barcelona y la empresa constructora Ferrodata realizó las transferencias pactadas a las cuentas en Suiza y Andorra de la familia Cuenca, de Pla, y por supuesto, de Pujol. El testaferro de este grupo en estos momentos era un tal Ramon Camps, alias “La Santa Espina”, que era el que manejaba todo el dinero en efectivo y que está empleado como transportista para su traslado físico en automóvil a las cuentas de Suiza y Liechtenstein». En realidad, los policías españoles confunden personajes y ocupaciones. Ramon Camps no existe, aunque sí existe Jaume Camps, un diputado convergente con la cuenta «La Santa Espina» en Suiza y que también fue salpicado en el escándalo del Palau de la Música. Camps era conocido en algunos círculos como «el hombre del maletín», porque había rumores de que era el cobrador oficial de mordidas para Convergència hasta mediados de la década de los noventa.

El dossier del ministerio también acusaba a los Pujol de cobrar una suma cercana a los 10 millones de euros para facilitar el cierre de la factoría que la multinacional Lear tenía en Cervera (Lérida) a comienzos del siglo XXI. Esta deslocalización levantó una polvareda política por varios motivos: el secretario de Industria de la Generalitat era, en aquel momento, Oriol Pujol Ferrusola. Y la empresa Europraxis, que asesoraba la deslocalización, era propiedad de Josep Pujol Ferrusola, otro de los hijos del presidente. El cierre podía suponer un chorro de millones para la familia Pujol (en realidad, para Josep Pujol), pero dejaba totalmente en la miseria a una comarca catalana cuya economía giraba en torno a la actividad de Lear. La empresa acabó deslocalizándose y el gobierno tuvo que invertir dinero público y dar facilidades a otras industrias para que se asentasen en la zona.

Más encriptado era el mensaje contenido en otro de los párrafos del informe, en el que se decía que el grupo empresarial de Susana Monje (en 2012, tesorera del FC Barcelona) había dado hacía poco 20 millones de euros a Oriol Pujol, «de los cuales una parte podría haber terminado en manos de un dirigente del PSOE por facilitar la compra coaccionada de la empresa Hispania, que en su día estaba tasada en 500 millones de euros, pero que finalmente fue adquirida por menos de 60 millones. Esa compra fue factible porque su propietario de entonces estaba incurso en el sumario Gürtel y le comunicaron que ya no tendría ninguna obra pública más y que debería vender a dicho grupo inmobiliario catalán». Los investigadores, sin embargo, volvían a fallar en sus disparos. El grupo empresarial de la familia Monje, llamado Essentium, se encuentra en Villaviciosa de Odón y en octubre del 2009 compró Constructora Hispánica a la familia García Pozuelo, proveniente, además, de Asturias. Tras la operación, y al hacer balance, resultó que durante el año 2008, en lugar de 1,8 millones de beneficio, Hispania había tenido 13 millones de pérdidas, por lo que los Monje se querellaron contra los García Pozuelo. Una red de espías desarticulada un par de años después en la denominada Operación Pitiusa (se detuvo a dos centenares de funcionarios, detectives e intermediarios en toda España) investigó a Essentium y robó de Hacienda datos confidenciales sobre el grupo de los Monje. Pero a los agentes de Interior le preocupaban otras cosas, de ahí que integrasen en su texto que Susana Monje fue la encargada de «adquirir las cartulinas que transformaron el estadio de fútbol en una enseña catalana». Su interés era vincular a este grupo con el nacionalismo, porque, si tonteaba con este, se convertía automáticamente en un grupo sospechoso.

Los traidores

El 4 de octubre del 2012, otro informe llegó a la cúpula del Ministerio del Interior. En él se especificaba que tanto Philip Mac Mahan Bolich como Daniel Marcel Falciani estaban dispuestos a colaborar con el Estado español para desenmascarar a los Pujol. Bolich, de quien se anotaba el domicilio en Andorra la Vella y el teléfono fijo, había sido el testaferro de Macià Alavedra. La juez Maria Àngels Moreno había incautado más de 4 millones de euros repartidos en nueve cuentas: cuatro en el Andbanc, cuatro en el Crédit Andorrà y una en Banca Mora. En todas ellas tenía firma Bolich, aunque varias pertenecían al político catalán. Bolich prometió a la policía española «informar de todas las operaciones que ha estado realizando en los últimos años la familia Pujol y la de Mas y otros dirigentes de CDC, siempre que le liberen de la imputación y pueda recuperar el dinero trabado, ya que su actual situación económica es muy mala y se siente abandonado y traicionado por todos, en especial por el propio Pujol». Fue Bolich el que informó también a la policía española de que el presidente catalán creía en las brujas y que él mismo le llevó a una de ellas, llamada Adelina, que vivía en la zona de Engolasters-Engordany, en Les Escaldes. «Esta señora hacía una serie de conjuros para predecir el futuro por el método de frotar la espalda y el cuello y luego romper un huevo y ver que aparecía negro, porque se había llevado la energía negativa», explicaba el informe. Pujol llegó a estar obsesionado con la bruja. El testaferro andorrano aseguró que cada vez la visitaba más y el precio de las visitas subía. Como buen intermediario que era, Bolich pactó al final con Adelina repartirse todo lo que pagaba el crédulo presidente de la Generalitat.

Con el antiguo empleado bancario Falciani las cosas fueron más o menos igual. A primeros de septiembre de 2012, funcionarios de la Udef se desplazaron hasta la cárcel donde estaba internado y se entrevistaron con él en presencia de su abogado. El suizo se ofreció a colaborar a cambio de no ser extraditado y de permitírsele vivir en España, bajo la condición procesal de testigo protegido. Por su parte, proporcionaría información sobre políticos y empresarios españoles con dinero negro en Suiza, lo que podría reportar a la Hacienda Pública española más de 100.000 millones de euros. «Además —proseguía el informe— dice estar en condiciones de facilitar las últimas técnicas de blanqueo, los sistemas operativos de las cuentas offshore que penden en racimo, así como el sistema de ocultación del efectivo en los balances oficiales de los bancos privados de dichos delitos».

Un quinto informe con fecha de 30 de octubre de 2012 cerraba la primera batería antinacionalista. En él, se limitaban a enumerar algunos casos. Uno de ellos era el desvío de dinero del Palau de la Música hacia Convergència Democràtica a través de la Fundación Trias Fargas y de las empresas Hispart, New Letter, Letter Graphic, CBM 10 y Altraforma. Los fondos cazados provenían de la compañía Ferrovial-Agroman. «El proceso del dinero ingresado por las constructoras, equivalente al 4 por ciento de la facturación por obras realizadas, iría a cuentas de las instituciones del Palau de la Música y desviadas con posterioridad a organizaciones vinculadas con Carles Torrent i Macau y posteriormente con Daniel Osàcar Escrig, ambos antiguos tesoreros de CDC». El informe detallaba también un listado de constructoras a las que denominaban «vikingos» y que supuestamente podrían cotizar a las arcas nacionalistas por métodos similares: Rehac, Copisa, Tamisa, Bruesa, Nova Lloret, Grupo Excover, PRH, Cespa, Sorea y Searsa. Paralelamente, los agentes explicaban una investigación del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona a raíz del concurso de acreedores de New Lewtter, Letter Graphic y Mail Rent, habituales colaboradoras del Palau de la Música, y a las que se les habían encontrado, en marzo del 2012, abundantes albaranes justificativos de entregas de material propagandístico a CiU. En las dependencias tenían, asimismo, diversas anotaciones que hacían referencia a transferencias a bancos suizos.

Otra de las operaciones bajo sospecha era la concesión de estaciones de ITV, donde ya aparecía como implicado Oriol Pujol Ferrusola. Y, de paso, dejaban caer la instrucción de un sumario en el Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona, que investigaba la compra de unos terrenos por parte de Eroski. Los terrenos fueron comprados por 535 millones de euros y vendidos por 1.337 millones. Los investigadores hurgan todavía en cuentas de Liechtenstein a nombre de varios dirigentes políticos, entre ellos Artur Mas y su padre. Este sumario proviene de hace casi una veintena de años, pero está vivo. Tiene ya 30.000 folios y hay nueve solicitudes de comisiones rogatorias a Suiza, Holanda, Andorra y Liechtenstein.

La conjura de las mujeres

Pero la Udef no era la única que cercaba a los Pujol y al nacionalismo. El 12 de octubre de 2012 la Unidad de Inteligencia, el grupo de confianza de Pino, terminaba otro suculento informe que tituló «Plan independentista de CDC», de una docena de folios, que coincidía en buena parte con los extremos expuestos por los agentes de la Udef y añadía nuevos datos. Uno de los integrantes de este grupo había logrado entrevistarse con una cercana amiga de Pujol padre, María José Bargalló, a la que posteriormente se le perdió la pista. Pero también había recibido información de María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, que había desgranado ya la historia de la familia Pujol y los testaferros que tenían en Londres. Y es que las mujeres son un arma de doble filo. Quizá es que haya que aplicar el refrán de que quien bien te quiere, te hará llorar. Lo cierto es que los Pujol tienen motivos para llorar y debe de ser porque los han querido mucho. Al menos, sus amores. Porque en la bragueta estuvo su Waterloo.

Victoria Álvarez declaró ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional el 13 de diciembre de 2012. Fue una larga confesión en la que desgranó situaciones delicadas y apuntó delitos del clan Pujol Ferrusola. En el mes de enero de 2013 ratificó esa declaración. Pero en realidad ya había ido explicando durante los meses anteriores las interioridades de los Pujol a la Udef, informaciones que luego fueron utilizadas también por otros grupos.

La Unidad de Inteligencia había sido creada en junio del 2012 y se estrenó en el «caso catalán». Se nutrió, en buena parte, de información facilitada por ambas mujeres. «Una exnovia de Jordi Pujol hijo llamada Victoria Álvarez ha confirmado que cuando estaba con él movía ingentes cantidades de dinero en efectivo, que llevaba y/o recogía en Andorra con destino Madrid. Cuando no usaba el vehículo, siempre lo hacía en el AVE y se subía en Lleida y se valía de los Mossos para pasar las bolsas sin tener que introducirlas en el escáner habitual. En Madrid, usaba las instalaciones de Banco Madrid, del Bank J. Vantobel Co AG de Marqués de Villamagna 6, más tarde las de Serrano 26, cuando se transformó Vantobel en Vantobel Europe S. A., empleando para estas operaciones como contacto a Manfred Werner Myohl Warmbold. Precisamente, este banco, el mismo donde se han detectado cuentas e incluso cajas de seguridad a nombre de Millet, director general del Palau de la Música», explicaba detalladamente el informe. Curiosamente, su presunto contacto en el banco, Manfred Werner Myohl Warmbold, negó que hubiese contactado jamás con JPF «ni en Madrid ni en Barcelona ni en ninguna otra localidad de España o del extranjero».

Victoria Álvarez también había facilitado a la policía datos sobre compras de licencias de casinos, tanto en Argentina como en México, «donde construyen un hotel después de comprar el terreno, empleando siempre el hijo mayor de Pujol dinero en efectivo». Álvarez daba también la descripción física de un abogado hindú nacionalizado inglés y su teléfono. Esta descripción coincidía con la del testaferro de los Pujol en Londres, Herbert Arthur Joseph Rainford Towning. Hacia el despacho de este se encaminaban los pasos de Júnior en incontables ocasiones. «Según Victoria, cuando iban de viaje, la más controladora de la familia era Marta Ferrusola, quien le llamaba insistentemente preguntando si había recogido y/o depositado el dinero que llevaba en las bolsas. Ella se enteraba porque siempre conducía él y usaba el teléfono en manos libres. Igualmente, Victoria está informando de la compra de varios edificios en Panamá a través de sociedades interpuestas e incluso de cientos de oficinas al Banco Santander y otras al Grupo Prisa, usando un fondo de Luxemburgo». Ciertamente, la información facilitada por la exnovia de Júnior era fidedigna, puesto que todas las operaciones citadas se pudieron comprobar con posterioridad e incluso se abrieron investigaciones judiciales sobre algunas que no estaban del todo claras.

Gracias a estos testimonios, la policía española se puso sobre la pista de diversas sociedades en Houston, Miami, Argentina, Puerto Madero y Puerto Rosario. En esta última, Jordi Pujol Ferrusola contaba «con un tal Sanahan, que empleaba para blanquear a cambistas uruguayos y brasileños».

María José Bargalló, a la que citan como relacionada con Jordi Pujol padre, facilitó también a los agentes españoles valiosa información. «Con cuenta en el HSBC de Luxemburgo, en la misma oficina donde hay otra a nombre del padre de Artur Mas con un saldo significativo, producto de recibir comisiones por gestionar los intereses de los Pujol en el extranjero». De Bargalló aseguraba la Unidad de Inteligencia: «Se han valorado en gran medida los datos facilitados por ella, ya que se siente despechada por el trato recibido, después de tantos años de servir como secretaria y controladora de todos los secretos de la Generalitat». Pero para entonces ya se le había perdido el rastro. «Aun cuando ahora se niega a nuevas reuniones, posiblemente porque la han detectado y/o porque ella misma, como venganza, ha confesado a Pujol los encuentros, en su momento aportó datos muy interesantes, como que Fasana les manejaba una cuenta llamada “Soleado” del HSBC Private de Ginebra, entre otros, fondos desde 1991 de Jordi hijo, donde consta como director de una explotadora de mármol, firma de la que ya se conoce cierta actividad a través de otras fuentes».

Fasana no es otro que Arturo Fasana, uno de los más importantes brókers suizos, propietario de la firma Rhone Gestion. Por su despacho ha visto desfilar a lo más granado del panorama evasor español y, por supuesto, catalán. La cuenta Soleado ocultaba una veintena de movimientos de grandes fortunas españolas. Por allí pasaron, sin ir más lejos, los fondos recaudados por Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel. La cuenta Soleado englobaba ocho subcuentas. El dinero llegaba a las mismas desde cualquier punto del planeta. Luego, salía en dirección a empresas pantalla radicadas en paraísos fiscales. Era una ingeniería lógica: Fasana controla un sinnúmero de sociedades offshore repartidas por todo el mundo y las pone a disposición de sus clientes. En las transacciones, jamás hace mención alguna del ordenante ni del beneficiario de la operación, por lo que los movimientos de dinero garantizan su opacidad total. Ese era el fiduciario que, según dicha amiga íntima de Pujol padre, manejaba la fortuna del clan en el extranjero. Por otro lado, la empresa de mármoles a la que se refiere el informe no es otra que Natural Stone, en la que Júnior entró a mediados de la década de los noventa.

Bargalló también coincide con otras informaciones llegadas a la policía de oscuros negocios de Júnior en Estados Unidos, donde usaba «tarjetas prepago con nombre parecido a Billetel, para pasar dinero a México sin control». Esta información es muy similar a la aportada por Victoria Álvarez a los agentes de la Udef y que habían plasmado en el segundo informe, que llevaba fecha de 11 de septiembre del 2012.

Pero ¿quién era la misteriosa mujer que tanta información había pasado y que se había evaporado? La creencia más extendida hacía referencia a que había ejercido de secretaria. Y parece que no es del todo descabellada esta teoría. Pero hay exdirigentes de Convergència que la recuerdan como secretaria… de una mesa en un congreso del partido, donde parece que el president se prendó de sus encantos y a partir de ahí establecieron una estrechísima relación. Nada que ver con la Administración ni con el gobierno. Felizmente casada, cuando la policía intentó desempolvar los viejos trapos sucios de Pujol se asustó y prefirió hacer mutis por el foro y desaparecer de escena.

El desarme de CDC

El informe de la Unidad de Inteligencia, que lleva fecha de 12 de octubre, ya estaba mejor elaborado que los de la Udef, aunque alguno de los agentes de esta participó en él. Este grupo policial llevaba un año investigando las alcantarillas del nacionalismo catalán y había elaborado diversas notas informativas que habían entregado a sus superiores. En el momento de la confección del informe de octubre de 2012, Artur Mas ya había convocado elecciones y había apostado por una hoja de ruta claramente independentista, comprometiéndose a convocar un referéndum a lo largo de la legislatura «para que el pueblo de Cataluña pueda decidir en libertad y democracia su futuro político». Esta frase, no obstante, no era más que un eufemismo político, puesto que de lo que se trataba era de ver si los ciudadanos querían o no la independencia para, a partir de ahí, plantear una estrategia rupturista. El papel que pretendían hacer con el informe de la Unidad de Inteligencia no era más que un «protocolo de desarme del plan independentista de CDC» y así se recogía en el propio informe.

Los agentes avisaban de ciertos dirigentes de CDC y alguno de Unió Democràtica (el partido coaligado con el anterior en la Federación de CiU). Y lo mismo que apuntaba la Udef, detectaron que el entramado perseguía el enriquecimiento personal de los que pedían comisiones bajo la cobertura de que se trataba de financiación de partido. «Desde hace un año, tal petición “complementaria” de dinero se pide también para ir preparando la supuesta estructura del nuevo estado europeo que sería hipotéticamente Cataluña», rezaba el informe. Pero los empresarios extorsionados de tal modo acudieron a la policía. «Se decidieron a colaborar ante la alarmante deriva impositiva que suponía el incremento continuo de solicitudes de comisiones y pagos para realizar cualquier actividad de tipo comercial-empresarial en dicha autonomía», añadía.

Pero ¿cuándo y quién decide aumentar las cuotas? Los agentes de la Unidad de Inteligencia lo tenían claro: «El inicio de las nuevas solicitudes económicas para financiar supuestamente un hipotético plan independentista se remonta al viernes 25 de noviembre de 2011, en una reunión con todos los “poderes fácticos” de CDC, no asistiendo Duran Lleida (Unió)». El líder democristiano, sin embargo, fue informado con posterioridad de todos los detalles de esa reunión de los poderes fácticos, que no era otra que la que apuntaba ya uno de los informes realizados por la Udef. Según la Unidad de Inteligencia, al cónclave asistieron el patriarca Jordi Pujol, sus hijos Jordi, Josep y Oriol, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, el empresario Andreu Costafreda, Artur Suqué, Ventura Durall, Rosell (refiriéndose a Jaume Rosell, socio de Alavedra y padre de Sandro Rosell, e íntimo amigo de Jordi Pujol, con quien fundó CDC) y Felip Puig. «Fue Pujol padre quien tomó la iniciativa, planteando que el momento era crítico, por haber sacado el PP la mayoría absoluta, colocándose en una situación de fuerza extrema para cualquier negociación», detalla el informe. También habló de la debilidad de la economía catalana, de la que culpaba al gobierno tripartito que había gobernado Cataluña hasta finales de 2010. Discurseó sobre la crisis internacional y la española y al final acabó hablando del posible riesgo de imputación de alguno de sus hijos o de destacados dirigentes convergentes debido a los sumarios que había sobre la mesa, entre ellos el Caso Palau y la Operación Campeón, que se seguía en Galicia pero que ya conocían que implicaba a Oriol Pujol.

El informe es profuso en datos y desvela el control del circuito del dinero por parte de la cúpula de Convergència, con Artur Mas, presidente de la Generalitat, a la cabeza y a uno de sus hombres de confianza a cargo de toda la obra pública. «La recepción de lo recaudado se seguiría haciendo, entre otros cauces, a través de las sociedades instrumentales Gisa (firma que controla la obra pública de la Generalitat), de Regsa y Regsega (empresas que aparentemente promocionan y ejecutan riegos, construcción de acequias y canales y, en concreto, el de Segarra-Garrigues), así como Ifercat (sociedad que gestiona los proyectos ferroviarios). Al frente de todo ello, Mas ha puesto a un hombre de su total confianza: Joan Lluís Quer. Según varios empresarios que se ven obligados a abonar comisiones por obras y/o proyectos, el porcentaje va desde el 4 al 6 por ciento y el control de dichos ingresos, con factura algunos y el mayor porcentaje en efectivo, estaría supervisado por el propio presidente Artur Mas, de ahí el nombramiento de Quer».

Llama la atención la concreción de los datos aportados por los investigadores, pero también que, tras su llegada al poder, los organismos encargados de diferentes sectores fuesen cayendo todos paulatinamente bajo el paraguas de Gisa, donde había aterrizado Joan Lluís Quer, a la vez presidente de Ifercat, el ente que controla el pozo sin fondo que es la inversión en la faraónica Línea 9 del Metro de Barcelona o el Eje Transversal Ferroviario catalán. Un mes más tarde, en abril de 2011, Quer se hacía también con la presidencia de Regsa y Regsega (la empresa que ejecuta el canal Segarra-Garrigues, una de las obras públicas más importantes de Europa) y un año más tarde todas estas compañías eran absorbidas por Gisa, que se convertía a principios del 2012 en Infraestructuras de la Generalitat de Cataluña SAU. Paralelamente, el emporio de Quer fue extraído de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas y puesto bajo la lupa del departamento de Economía, aunque con el control político directo de Presidencia.

Quer y Artur Mas eran viejos conocidos. Ambos habían coincidido en el Ayuntamiento de Barcelona, cuando el posterior líder de Convergència era solo un concejal tecnócrata que ni siquiera estaba afiliado a CDC. En la Administración barcelonesa, Joan Lluís Quer fue responsable de planificación de proyectos de Clavegueram de Barcelona (Clabsa), la empresa responsable del alcantarillado, entre 1987 y 1991. En 1993 pasó a presidir Gisa de la mano de Jordi Pujol. En el año 2000, se encargó de la gerencia de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y cuando el tripartito llegó al poder pasó a la actividad privada.

Quer tenía los pies de barro, pero a nadie parecen importarle estas cuestiones. Durante la etapa civil del factótum de la obra pública, consiguió hasta treinta y ocho contratos públicos sin control por parte de la ACA, el organismo que él había estado presidiendo. Con posterioridad, la Sindicatura de Cuentas realizó uno de los periódicos informes sobre esta y alertó de los despropósitos: el 28 de septiembre del 2007 se inició la licitación de un contrato de consultoría y asistencia, código CT07002354, para «trabajos de redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña». La licitación se tramitó por concurso abierto, con un importe máximo de 4 millones de euros. Este contrato fue finalmente adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por las compañías Auditoría e Ingeniería S. A., United Research Services España S. A. y Artenginy S. L. por un monto total de 3,75 millones de euros más el IVA correspondiente.

La primera de esas compañías era de Quer. Pero la cláusula 2 del pliego de condiciones administrativas particulares dejaba abierto el objeto del contrato y se podían facturar actuaciones particulares asociadas a la ejecución de los trabajos del contrato principal. De este modo, entre octubre y diciembre del 2008 se adjudicaron de forma directa a la misma UTE hasta «treinta y ocho contratos por trabajos complementarios o adicionales, por unos importes lineales que oscilaban entre 14.187,50 euros y 420.000 euros, con un importe total de 3,93 millones de euros (el cual resultó superior, por tanto, a la propia contratación principal)». El coste final del expediente fue de 7,6 millones de euros, en vez de los 3,75 iniciales. En esa época, la ACA estaba ya en situación de quiebra técnica, pero era una codiciada fuente de dinero público malgastado a destajo.

En julio del 2014 el fiscal Anticorrupción de Cataluña, Emilio Sánchez Ulled, abrió diligencias para esclarecer los hechos, porque además la UTE no realizó ninguno de los trabajos adjudicados, sino que los subcontrató en su totalidad. O sea, la adjudicación le reportaba a la UTE, de entrada, un chorro de dinero, puesto que la subcontratación se realiza siempre por un monto inferior a la contratación oficial. Lo único que tenía que hacer dicha UTE era derivar las obras y embolsarse la diferencia. Negocio redondo. Además, el fiscal descubrió que en la firma Artenginy tenían intereses exaltos cargos de la propia ACA.

El informe de la Unidad de Inteligencia dedicaba un capítulo a desvelar las «prioridades de CDC». Aventuraba que a partir de las elecciones que habían sido convocadas para el 25 de noviembre de 2012, el objetivo final iba a ser «crear una conciencia “‘nacional”, que cale fuerte en la ciudadanía, a base de generadores de opinión, con lo que minimizarían riesgos de contramedidas, en caso de que las actuaciones judiciales en marcha generen acciones contra sus dirigentes». La teoría era bastante acertada. Hilaban fino los analistas del Ministerio del Interior al apuntar que mediante un proceso escalonado se habían tejido alianzas en los sectores proclives al independentismo con organizaciones señaladas, como la patronal Femcat, y se estrechaban lazos «con personajes proclives al boato y fáciles de captar para la causa, como miembros destacados de la Judicatura y Fiscalía». Lo cierto es que los agentes habían apuntado metódicamente reuniones o encuentros de magistrados y algunos fiscales relevantes con miembros de la Consejería de Interior y, especialmente, con dos o tres comisarios de los Mossos d’Esquadra considerados de la vieja guardia y con carné de partido. «Su relación sobrepasa la profesional. No es normal la complicidad que tienen en algunos asuntos», llegó a criticar en sede oficial un mando del Ministerio del Interior.

Maquiavelo en palacio

La Iglesia no salía muy bien parada del análisis del Ministerio del Interior. Los integrantes de la Unidad de Inteligencia alertaron a sus superiores de que debían prestar especial atención a «ciertos miembros de la Iglesia Católica y concretamente al Opus Dei, tendiendo puentes de consenso internacional, sumando apoyos, con su expresión típica catalana “a más a más”». También el PNV se encontraba dispuesto a ayudar al proceso catalán, aunque todavía no tenían, en el momento del informe, detalles al respecto. Más tarde, los nacionalistas vascos se pronunciarían pública y notoriamente a favor de Artur Mas y de su estrategia frente al Estado español.

Lo más llamativo, sin embargo, era una maniobra que, según los investigadores, habían iniciado los nacionalistas catalanes para neutralizar las investigaciones sobre la corrupción en Cataluña: se trataba de maniobras de «un calculado acercamiento» al PP, que ya tenía mayoría absoluta, con la excusa de un nacionalismo moderado y civilizado. «Se incide, además, en una calculada penetración en sus estructuras al objeto de ir conociendo los procedimientos de financiación, detalles de corruptelas concretas, incidiendo en las tensiones entre dirigentes con especial atención en la Comunidad de Madrid». Esta estrategia era considerada «defensiva-ofensiva. Esto es, disponer de información sensible que afecte al PP; en caso de ser atacados, responder con las mismas armas y/o para adelantarse en el ataque y así disponer de argumentos, en el futurible de negociaciones difíciles». Era, pues, Maquiavelo en estado puro.

Los agentes de la Unidad de Inteligencia habían elaborado una interesante teoría sobre los planes del nacionalismo catalán para blindarse ante Madrid. Y en esta teoría volvía a tener un protagonismo destacado la familia Monje, del grupo Essentium. Esta saga es definida como «colaboracionista» sin más. «Con un padre con antecedentes penales, pero hábil conseguidor de gangas, gracias al uso de información privilegiada por sus relaciones con determinados políticos de distinto signo, como José Blanco y Oriol Pujol entre otros. Monje, mediante presiones, consiguió hacerse con empresas de nivel medio-alto, como la constructora Hispánica, situando a su propia hija Susana en un puesto estratégico como la tesorería del Barça». Igual que ya había hecho con anterioridad la Udef, la nueva unidad de policía llega a la conclusión de que Susana Monje realiza tareas de propaganda «como la compra de las cartulinas que convirtieron a todo el campo de fútbol en una señera». Le atribuían incluso una «discreta relación sentimental» con un conocido político, con el que solo había coincidido en una ocasión. En este caso, sin embargo, alertaban de que el dato de esa relación no se había podido confirmar hasta ese momento.

La carga de profundidad contra los Monje continuaba con una enrevesada teoría de conspiraciones políticas para favorecer al nacionalismo. «La intervención de los Monje en este plan independentista no es de una especial ni significada trascendencia, aunque tiene asignadas tareas tan puntuales como conseguir presionar al antiguo propietario de Hispánica con el argumento de que no le pagarán la deuda pendiente y pactada con la compra si antes no denuncia a los dirigentes del PP a los que sobornaba para conseguir obras, lo que dio lugar a ser imputado en el sumario Gürtel, con especial interés en el antiguo tesorero, Luis Bárcenas (sic). Con ello, se busca notoriedad periodística en las próximas elecciones. Pretenden con ello que la desesperación por cobrar le lleve a aceptar el paso de denunciar los pagos realizados, con el consiguiente escándalo mediático, con lo que se minimizaría el daño reputacional de posibles filtraciones en medios de prensa sobre las cuentas personales en paraísos fiscales de los dirigentes de CDC».

Era un maquiavélico plan y todos los movimientos de cualquier político catalán o cualquier profesional de esta comunidad era seguido con interés por los servicios policiales españoles. Llegaron así a la conclusión de que el nacionalismo había previsto movimientos «de carácter oportunista, como las clásicas “querellas catalanas” de mal pagador, así como la compra, a base de tenerlos a sueldo, de sujetos como Luis Moro, de total confianza en sectores de la vieja guardia aznarista, como Ignacio González, Esperanza Aguirre… e incluso María Dolores de Cospedal, con la que Moro alardea de tener estrecha relación». El proceso se completaba con el envío a Madrid de agentes de los Mossos d’Esquadra «encargados de conseguir todas las interioridades que en un momento determinado puedan debilitar al PP en estas elecciones. Aspiran con ello a superar su expectativa de sumar más de diez representantes a los sesenta y dos con que ahora cuentan». En otras palabras: la estrategia de CiU era, en aquel momento, airear escándalos del PP para lograr la mayoría absoluta en las elecciones que Artur Mas había convocado para el 25 de noviembre. Pero, a la vista de los resultados, la estrategia fue un gran fracaso, porque en vez de sumar más escaños, CiU perdió doce y se quedó con cincuenta diputados, cuando la mayoría absoluta se sitúa en los sesenta y ocho.

Los objetivos a neutralizar

Los agentes de la Unidad de Inteligencia se habían desplazado ya antes de las vacaciones de verano de 2012 hasta Andorra para husmear en los listados de cuentas bancarias. En aquel momento, tenían referencias de que había cuentas secretas a nombre de algunos miembros de la familia Pujol y de otros altos dirigentes de Convergència. Los sospechosos eran, en concreto, Jordi, Josep y Oriol Pujol Ferrusola. La teoría de los agentes era que Josep cobraba primas de Indra (a la que había vendido su empresa Europraxis) en el pequeño principado pirenaico. Jordi y Oriol recibían supuestas misteriosas remesas de dinero, posiblemente provenientes de comisiones inconfesables. Los agentes llegaron a denunciar incluso ante la cúpula del Ministerio del Interior «presiones a firmas como Indra para que se abstenga de facilitar datos de las cuentas donde, en los últimos años, han ingresado comisiones a la familia Pujol, una vez adquirida la consultora Europraxis a Josep Pujol para conseguir ingentes contratos desde 2002».

Pero, aquel verano, los policías desplazados hasta el Pirineo volvieron con algo más. En su informe dejaron escrito que el entramado económico del clan Pujol «les permite recaudar una ingente cantidad de dinero, a base de pagos de comisiones pactadas, como el 3 por ciento y el 4 por ciento aflorados en el sumario Palau, las cantidades puntuales para concesiones, Caso ITV, etcétera». Y, además, dejaban caer una auténtica bomba: desde antes de verano, habían hablado con algunos banqueros andorranos para distribuir el dinero que guardaban en sus cuentas. Ese dinero debía servir para realizar inversiones en países sudamericanos «pendientes de verificación», o simplemente blanqueándolo «mediante compras de obras de arte que se prestan a museos en Andorra».

En este contexto, los agentes aportaban una lista de «agentes» del nacionalismo que era preciso neutralizar. Ahí había empresarios, financieros, periodistas o políticos y se dejaban caer algunas historias personales que difícilmente habrían podido verificar. Llamaba la atención, por ejemplo, que el primero de la lista fuese Enrique Lacalle. El que había sido candidato del PP en los años noventa se dedica ahora a manejar con buen pulso el Salón del Automóvil y el Barcelona Meeting Point (BMP), alejado de la política activa. «Lacalle lleva tiempo actuando como “doble agente”, jactándose de tener muy engañados a destacados dirigentes del PP, incluso al propio ministro del Interior. Trabaja para los intereses de los Pujol». El día que Lacalle tuvo conocimiento de esta afirmación, estalló en una sonora carcajada. «¡Hay que ver qué poco me conocen!», soltó.

En la lista de personajes a neutralizar figuran, cómo no, dos viejos conocidos de Pujol y de Mas: Felip Massot y Carles Sumarroca. Del primero, los agentes de la Unidad de Inteligencia señalan que es «presidente de Vertix, grupo inmobiliario, y amigo personal de Artur Mas, así como su testaferro de más confianza». De él destacan también «las continuas fiestas en su barco en Formentera, siempre con la presencia de Mas, junto con Javier de la Rosa». Es la única ocasión en que los servicios policiales relacionan, aunque no sea directamente, al otrora «empresario ejemplar» —esa es la definición que le concedió Jordi Pujol en los años noventa— con el presidente de la Generalitat. Y eso que Artur Mas tiene fama de huir de personajes como Javier de la Rosa como de la peste. De Sumarroca citan los agentes que es dueño de la constructora Comsa (en realidad, su empresa Emte se había fusionado con Comsa, de la familia Miarnau) y «uno de los financiadores de Hispaner (sic). Consigue la construcción de cárceles en México. Cuando De la Rosa salió de prisión y solicitó dinero para mantener su silencio, recibió algo menos de 1,4 millones de euros procedentes de Casinos de Cataluña y de Sumarroca, pagado en efectivo por instrucciones directas del propio Pujol».

De él se cuenta también que es presidente de Emte y de Femcat, una fundación privada «que aglutina una verdadera organización empresarial independentista con una muy engrasada red clientelar. Se trata, sin duda, de uno de los elementos financiadores de este plan secesionista, ello debido al 4 por ciento que cede siempre de todas las concesiones que CiU concede sistemáticamente (sic)». Según parece, Sumarroca fue sometido a algún seguimiento o fue objeto de determinada investigación, porque los agentes detectaron que «en su bodega de vino celebran numerosas reuniones estratégicas los dirigentes de CDC, siendo en la actualidad del círculo íntimo de Oriol Pujol. Su hermano Jordi, aunque en menor medida, también está implicado en la causa. Carles Sumarroca fue socio fundador en 1974 de CDC junto con Jordi Pujol padre y los miembros de la familia Rosell».

Francesc Closa Alegret es otro nombre de empresa (lleva el de su fundador, ya desaparecido) relacionado con adjudicaciones del gobierno catalán. «Vinculado al llamado Grupo Soho de Londres, recientemente abonó 38 millones de euros a los Pujol para una recalificación urbanística ilegal», aseguraban en su informe los agentes policiales. Sin embargo, jamás aportaron ningún dato sobre la espectacular operación. Sí que citaban, sin embargo, a la familia Molins, propietaria de Cementos Molins y uno de cuyos miembros, Joaquim Molins, fue dirigente de CDC, consejero de Comercio y Turismo y de Política Territorial y Obras Públicas y candidato a la alcaldía de Barcelona. Los Molins fueron los promotores «de un fondo específico para instrumentalizar una suerte
de servicio de inteligencia del propio partido, con un importante listado de
jóvenes dispuestos a todo, a modo de los “camisas pardas” hitlerianos, Como persona que lo dirigiría siempre señalaron a Javier Martorell (sic)».

Este último, hombre de confianza de Artur Mas (y, especialmente, de Germà Gordó, tesorero de Convergència y luego, sucesivamente, secretario del gobierno de Mas en 2010 y consejero de Justicia en 2012), fue llamado a Presidencia para ocuparse de la dirección general de Análisis y Prospectiva, desde donde pretendía articular una célula de inteligencia, una especie de servicios secretos cuyo cerebro gris político estaría cerca del presidente y las unidades operativas en los Mossos d’Esquadra y en el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT). Concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, Martorell compaginaba este cargo con el de director de Seguridad del Barça en la época de Joan Laporta. Íntimo amigo del propietario de Método 3, ordenó varios espionajes políticos que, a la postre, fueron cargados a las cuentas del club azulgrana. Su desfachatez, sin embargo, provocó que mientras era director general en la Generalitat se paseara por Barcelona con un vehículo de alta gama matriculado a nombre de la polémica agencia de detectives.

Los investigadores prestan también atención a tres hombres que siempre han estado en el entorno del poder: el primero es Jaume Camps, del que la Unidad de Inteligencia afirma que es «fiduciario del propio Roca i Junyent, quien a través suyo cobraba dinero del grupo KIO». El segundo es David Madí, «nieto de un fundador de CDC con Pujol, fiduciario de Artur Mas junto con Felip Massot. Muy vinculado al actual president, con juergas (sic) en Formentera con chicas traídas de los países del Este». En el apartado de Madí, curiosamente, hay un apunte que no pasa desapercibido: «No consta que también dé [dinero] a Pujol». El tercero es Carles Vilarrubí. «Fue chofer de Pujol, vicepresidente en España de la Banca Rothschild. Casado con Sol Daurella, hija del propietario de Cobega —distribuidores de Coca-Cola en España— y ahora separado». De Vilarrubí explicaban también los investigadores que fue «director de Juego» y que «gestó personalmente la cesión del 15 por ciento de la sociedad explotadora de Casinos a Jordi Pujol. Posteriormente, cobró en efectivo la valoración de dicho porcentaje en nombre de Pujol. Fue consejero delegado de Port Aventura y socio, con Jordi Pujol hijo, de varias empresas explotadoras de concesiones». En los últimos años, según la policía, las relaciones entre Vilarrubí y Pujol se habían enfriado porque el antiguo chofer no estaba conforme «con el porcentaje en el reparto de comisiones». En el último año, además, Vilarrubí se había negado a participar en la aportación de fondos «para la supuesta financiación del nuevo estado».

La familia de la exconsejera de Gobernación Maria Eugènia Cuenca es también un elemento a neutralizar para la policía española. Señalan de Cuenca que está casada con el empresario Ramon Pla, fundador de CDC. «A través de la empresa constructora Ferrodata, realizó la recalificación de los terrenos de la Zona Franca de Barcelona y las comisiones se las repartían entre la familia Cuenca/Pla y la familia Pujol. En esa operación, los agentes de la Unidad de Inteligencia identifican a un tal Ramon Camps, que no es otro que Jaume Camps, que supuestamente llevaba el dinero a Suiza y Liechtenstein».

Dos nombres más se pueden añadir a la lista de elementos a neutralizar que la Unidad de Inteligencia envió a la cúpula del Ministerio del Interior: el primero es Josep Antoni Duran Lleida, presidente de Unió Democràtica. «Tiene como cometido mantener engañado al PP bajo la apreciación de que puede controlar a Artur Mas y de que sus planteamientos son solo bravatas, que “todo está controlado”. Sorprendentemente, despacha incluso con el director del CNI temas muy sensibles y luego, en los círculos catalanes, les llama despectivamente “cloacas del Estado”. A corto plazo, su función es mantener seducido a Godó para evitar que baje la guardia en la línea editorial independentista». Es cierto que la relación entre el conde de Godó y Duran Lleida es fluida y que el predicamento del democristiano en Madrid es enorme, incluyendo sus reuniones periódicas con el director del CNI. En los círculos independentistas de Convergència no se muerden la lengua al decir que el presidente de Unió ejerce de «quintacolumnista» dentro del nacionalismo de CiU y que es un agente del CNI, afirmación, por otro lado, que suena un poco exagerada. Para los agentes de la policía española, Duran es «componedor de puentes» y «negociador». Luego relatan algunas manías del democristiano y acaban apuntando que Duran es rehén de Convergència. «Aprovecha su condición de miembro de la Comisión de Exteriores para usar pasaporte diplomático», dicen. En ocasiones, aseguran, ha movido dinero de esta manera. «Cree tener convencido al propio ministro de Exteriores, aunque las fuentes consultadas de dicho ministerio muestran mucho recelo sobre sus intenciones. No obstante, sigue moviéndose con total libertad, valiéndose incluso, en ocasiones, de valija diplomática». Le reconocen, sin embargo, contacto permanente con Artur Mas «y en menor medida con Oriol Pujol, del que recela y teme por su padre, aunque no le respeta como futuro líder de CiU, una vez que se haga cargo de la dirección de CDC».

El otro político a neutralizar es Enric Millo, portavoz del PP en el Parlamento catalán desde 2010 y antiguo dirigente de UDC. «De la misma escuela de sutilezas que Duran, tiene como cometido seducir al presidente del Gobierno e incluso a la vicepresidenta dando la impresión de que su tono muy ponderado es el que prevalece en los sectores del nacionalismo llamado equivocadamente “moderado”».

Los agentes recomendaban también a sus superiores contactar con algunos personajes que habían sido sondeados y se mostraban dispuestos a facilitar información sensible sobre el nacionalismo y sus negocios. En esta tesitura se hallaba, por ejemplo, un abogado entre cuyos clientes se encontraban algunos implicados en escándalos económicos. «Íntimo amigo del tesorero imputado en Palau. Pide dinero por aportar información nuclear sobre blanqueo», explica su ficha. Se refieren, por supuesto, al tesorero de Convergència que se encuentra imputado en el sumario del Caso Palau, Daniel Osàcar. Y también proponen «propiciar contacto con Fèlix Millet y Jordi Montull para reforzar aún más la acreditación de la financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música y de
la Fundación Trias Fargas, rebautizada como Catdem, en el que han participado empresas instrumentales como Altraforma, Hispart, New Letter, Letter Graphic o CBM 10, emitiendo facturas falsas abonadas por Ferrovial, firma que se niega a colaborar con las autoridades judiciales». Ese acercamiento a los antiguos capitostes del Palau de la Música, sin embargo, nunca se llevó a la práctica.

Lo cierto es que hubo un intento: el 29 de octubre de 2012, a punto de comenzar la campaña electoral para las elecciones autonómicas, los comisarios José Luis Oliveras, jefe de la Udef entre 2005 y 2012, y Marcelino Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos, se reunieron en Barcelona con los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo. Su propuesta era que, a la vista de los datos facilitados y según las últimas investigaciones sobre el Caso Palau (el desvío de dinero del Palau de la Música hacia CDC), sería conveniente registrar la sede de la Fundación Trias Fargas y el domicilio particular del tesorero de Convergència, Daniel Osàcar, porque «había alardeado de tener en un disco duro todos los pagos, por si le pasaba algo». Paralelamente, había la posibilidad de hablar con los dos principales implicados para que confesasen cómo habían ayudado a la financiación irregular del partido de Pujol. La cercanía de la campaña electoral y el convencimiento de los fiscales de que aquello podría ser únicamente una maniobra política evitaron que la medida se llevase adelante.

El informe fantasma

En el devenir del cerco policial a los Pujol hay un episodio que no se ha podido explicar suficientemente: la filtración de un borrador de informe durante la campaña electoral en las autonómicas de 2012, celebradas el 25 de noviembre de aquel año. Se trataba de una cuarentena de folios que, al final, nadie quería hacer suyos, pero que fueron confeccionados, al parecer, en oficinas policiales. Ese amago de informe, sin fecha de salida y sin firma, habla abiertamente de financiación ilegal de Convergència y de cuentas corrientes de Jordi Pujol y de Artur Mas en el extranjero. El diario El Mundo publicó las aseveraciones del informe y Pujol presentó una demanda contra el medio, que fue archivada con posterioridad. También presentaron sendas querellas el consejero Felip Puig y el Departamento de Interior de la Generalitat, que fueron, asimismo, archivadas.

En este borrador, los agentes de la Udef descubrían que en los registros efectuados por los Mossos d’Esquadra en el Palau de la Música se había procedido a la «destrucción de algún soporte. La pérdida de dicha documentación, así como la manipulación desafortunada, fue no obstante denunciada por algunos de los propios mossos d’esquadra intervinientes en los registros».

Pero había algo más grave en el texto: «Como consecuencia de la paralización de la investigación, del poco éxito de los avances en la averiguación de los hechos, así como ciertas conductas de algunos mandos de los Mossos d’Esquadra, incursos en otros sumarios sobre corrupción y connivencia con delincuentes actualmente imputados por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, entre otros delitos, la autoridad judicial ordena que se practiquen las actuaciones oportunas, tendentes a la averiguación de las conductas presumiblemente delictivas».

En otras palabras: un juez ordenó a la Udef investigar a los mandos de la policía autonómica catalana. Y había más: sin poner nombres, el borrador apuntaba directamente a altos cargos de los Mossos, que en aquel momento tenían causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que lleva el juez Joaquín Aguirre. Este había imputado al jefe anticorrupción de la policía catalana, el subinspector Antoni Salleras, y a cinco agentes más por supuestamente alertar a una banda de narcotraficantes que el juez les había ordenado vigilar, en el marco de lo que se conoce como Operación Macedonia. El 16 de julio de 2012, el juez registró, junto a una unidad del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la sede central de los Mossos en busca de centenares de grabaciones telefónicas que estos le habían ocultado. Y es que entre ellas estaban decenas de llamadas entre el jefe de la banda de narcotraficantes y Salleras, pero también entre el narco y el jefe de los Mossos, el comisario Josep Lluís Trapero, y con el jefe de la División de Investigación Criminal de Girona, el inspector jefe Josep Monteys. Trapero había recibido ciento cuarenta y cuatro llamadas del narco y le había hecho ochenta. Y Salleras recibió ochenta y una y efectuó sesenta y una.

El personaje central de la historia era Manuel Gutiérrez Carbajo, un misterioso individuo que simultaneaba sus negocios legales con oscuras tramas de corrupción. Sus múltiples contactos le permitieron filtrar a la policía graves casos de corrupción: uno fue la trama de extorsión de una red policial a los dueños de los macroprostíbulos Riviera y Saratoga, en Castelldefels. El segundo fue el desmantelamiento de una red que robó 400 kilos de cocaína del Puerto de Barcelona. Y el tercero, la pista fundamental para esclarecer una trama de concesión de licencias en Barcelona, donde estaban implicados cargos municipales, funcionarios y abogados. Carbajo era amigo de todos y tenía información para el CNP, para los Mossos e incluso para la Guardia Civil. En una ocasión, una banda rival planeó un asalto a su casa. La Guardia Civil lo supo gracias a un control telefónico que estaba realizando sobre otro tema. Tras dar parte a un juzgado, la magistrada resolvió que apartasen discretamente a Carbajo de su casa con cualquier excusa para evitar su secuestro. En el marco de esa operación, el 8 de febrero de 2012 fue registrada la sede de la prestigiosa joyería Rabat, ya que se suponía que Carbajo compraba relojes de lujo allí para obsequiar a agentes de policía.⁹

En las conversaciones grabadas por los Mossos, además de los centenares de comunicaciones con los mandos referidos, también había una fluida comunicación con un tal Charly, que no era otro que Josep Ranea, subjefe de la comisaría de Vilanova, que finalmente fue arrestado y acusado de cobrar 1.000 euros al mes de la banda a cambio de facilitar información confidencial. Posteriormente, se imputó también al jefe de la comisaría de Sitges, Jordi Robles, por presuntamente dejarse sobornar con una invitación en un prostíbulo de Barcelona el día 8 de junio del 2010, junto a Ranea.

En el borrador de la Udef, pues, bastaba la referencia a los procesos en curso para entender a qué agentes de los Mossos se referían. Su relato, no obstante, se centraba en el Caso Palau: decía que a través de esta institución musical se pagaba el 4 por ciento de las adjudicaciones de obra pública, del que el 2,5 por ciento «revertía en los partidos políticos vinculados a la Generalitat y el 1,5 por ciento restante servía para pagar gastos, comisiones y colaboraciones de Félix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull y otros». Esta tesis fue mantenida posteriormente por la acusación y la Fiscalía dentro del sumario que investigaba el expolio del Palau. Millet era el corrupto presidente de la institución, Montull era su mano derecha y director administrativo y Gemma Montull, hija del anterior, era la tercera del escalafón, directora financiera.

Una parte de los archivos que había en los ordenadores de Gemma Montull fueron borrados, pero pudieron ser recuperados. En una anotación, en catalán, uno de estos archivos decía: «Pendiente de pago el 20 por ciento de lo asignado a Palau, a JP hijo. Sacar en efectivo y entregar en mano en lugar habitual, su padre ya ha sido informado como siempre». Los agentes de la Udef entienden que las siglas JP corresponden a Jordi Pujol, considerado uno de los correos que utilizaba el expresidente de la Generalitat para supuestamente mover dinero. Luego, había diversos escritos que hacían referencia a grandes sumas de dinero que se enviaban a cuentas corrientes de bancos ingleses y suizos. Ninguno de esos archivos fue incorporado a la causa.

Otro archivo contenía una anotación que decía: «Llevar 250 en efectivo a su casa en el Golf Vallromanes». Y se hacía referencia a pagos a FP. Como consecuencia lógica, los miembros de la Udef dedujeron que FP era Felip Puig, que tiene su domicilio cerca del campo de golf de Vallromanes.

El borrador detallaba los pagos que se estaban investigando, de la compañía Ferrovial al Palau, cuyo monto coincidía exactamente con el 4 por ciento que le correspondía por la adjudicación de obra pública, y explicaba cómo Millet y Montull se repartían la comisión, pasando el resto a la Fundación Trias Fargas, que lo hacía llegar al grupo parlamentario de CiU, al Institut Catalunya Futur y a Fòrum Barcelona, entidades vinculadas a Convergència. Carles Torrent, tesorero de CDC, llegó a cobrar incluso por ventanilla algunos de los talones del Palau, lo mismo que Jaume Camps, exdiputado convergente y considerado durante años como uno de los recaudadores de dinero para el partido.

Pero si Ferrovial enviaba el dinero a través del Palau, los investigadores destacaban que otras compañías pagaban directamente: ACS donó 250.000 euros a la Fundación Trias Fargas; FCC donó 159.000 euros; Comsa y Emte, de los Miarnau y los Sumarroca, 300.000 euros; Tamisa, 230.000 euros; Copisa, de los Cornadó, 170.000 euros; Grupo Excover, 120.000 euros; Nova Lloret, 100.000 euros; Bruesa Construcciones, 90.000 euros; Construcciones PRH, 48.000 euros; y Rehac, 46.000 euros. Era una fiebre altruista de determinadas empresas: el Grupo Ferrer Internacional aportó 150.000 euros; Abertis, otros 150.000; Searsa llegó a los 160.000 euros, Cespa, a los 60.000, y Sorea batió todos los récords y regaló a Convergència 255.000 euros. Ninguno de estos pagos fue tampoco investigado.

Los Mossos d’Esquadra, no obstante, entregaron a Hacienda un anónimo que llegó a sus dependencias con fecha 22 de octubre de 2008, en el que se denunciaba que por todas las obras que se hacían en el Palau de la Música se había de pagar comisión y que la Fundación FAES había cobrado 1.800.000 euros por las obras del Petit Palau.

Pero la Udef acusaba también en el informe a los Mossos de esconder un segundo anónimo que llevaba fecha 24 de noviembre de 2011, porque salpicaba a la familia Pujol y al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Este anónimo explicaba un entramado societario que supuestamente correspondía a la familia Pujol. Hablaba de comisiones «que el padre del actual presidente Mas recibía en Liechtenstein por llevar dichas sociedades, de las que según se señalaba, una parte de ello desviaba a su propio hijo». Esa carta, sin embargo, nunca salió de las dependencias de los Mossos.

El borrador hacía un somero repaso de los intereses de la familia Pujol: inversiones en Estados Unidos, Argentina y México, donde «Jordi Pujol Ferrusola construyó un resort con un hotel y villas de lujo (inaugurados en noviembre de 2010) en Acapulco, en primera línea de mar, sobre una superficie de 130.000 metros cuadrados y con 44 habitaciones. Entre sus socios, están los mexicanos Sergio Kam y Rafael Aragonés. La inversión correspondiente a cada socio superó los 125 m. de dólares (sic). Parte del efectivo recibido procede de varias transferencias del banco privado Lombard Odier, Rue de la Corraterie 11, Ginebra (Suiza), donde se ha detectado una fundación de la que pende a modo de racimo ocho sociedades, con un capital disponible de casi 165 millones de francos suizos [unos 137 millones de euros], entre diferentes monedas y cuyos beneficiarios finales son el matrimonio Pujol Ferrusola y los hijos Jordi y Oriol».

También afirmaba el borrador que Jordi Pujol Ferrusola adquirió el 30 por ciento de la sociedad explotadora de Puerto Madero (sic), «perteneciente a un trust brasileño con matriz en las Antillas Holandesas, inyectando para ello un activo considerable a través del banco Cantrade Lausanne S. A., Avenida Rumire 20 de Lausana (Suiza), donde además de tres cuentas numeradas, la familia posee dos cajas de seguridad, con número correlativo a la que el propio Millet posee en el mismo establecimiento». Los agentes de la Udef aseguraban que las cuentas de Liechtenstein a nombre de Arturo Mas Barnet, padre de Artur Mas, pertenecían en realidad a la familia Pujol, «toda vez que era quien llevaba las gestiones como fiduciario en dicho país». El 3 de marzo de 2008, sin embargo, Mas Barnet había presentado declaraciones complementarias de IRPF y de Patrimonio aflorando 1.722.936,87 euros que tenía en el banco UBS. Los investigadores, a pesar de todo, le achacaban un depósito de 2,3 millones de euros aproximadamente «sin poder justificar el origen de dicho efectivo, ni declarar actividad lucrativa alguna, salvo la de realizar gestiones esporádicas a Jordi Pujol y a Lluís Prenafeta».

Esta información fue oportunamente filtrada al diario El Mundo durante la campaña electoral del otoño de 2012. ¿Por qué, habiendo realizado otros informes debidamente firmados y en los que se citaban las fuentes consultadas, se filtra precisamente un borrador del que luego nadie quiere atribuirse su paternidad? Solo cabe atribuir esta circunstancia a las luchas internas dentro de las parcelas de poder en el Ministerio del Interior. En el momento de hacerse público el borrador, tanto la Udef como la Unidad de Inteligencia ya habían confeccionado varios informes sobre la familia Pujol y los nacionalistas, pero ninguno de ellos salió a la luz.

En realidad, un sector duro del ministerio era partidario de promover una campaña de descrédito hacia los nacionalistas catalanes. En aquellos momentos, se daba casi por hecho que Artur Mas obtendría mayoría absoluta en las elecciones del 25 de noviembre (al final, perdería doce escaños y Esquerra ganaría otros tantos) y había círculos del PP empeñados en desprestigiar a la cúpula de CiU. Se trataba de airear trapos sucios a cualquier precio. Y dentro de esta estrategia servían incluso los rumores apócrifos y sin confirmar.

La filtración produjo una airada reacción en los círculos nacionalistas de Cataluña e incluso fue censurada por toda la oposición en bloque. ¿Por qué sacar, en un momento tan delicado, una información de estas características que ni siquiera va firmada y que no figura en ninguna de las actas oficiales? Interior y el gobierno central en pleno se desmarcaron del documento. Manuel Vázquez, jefe del grupo de la Udef que se encargó de algunas pesquisas del Caso Palau bajo la supervisión del juez Josep Maria Pijoan, afirmó no conocer el supuesto informe y que en su unidad nadie participó en su confección. Incluso avisó de que jamás se había investigado a Pujol ni a Mas. Un informe de Asuntos Internos, tras la investigación ordenada por el ministro Jorge Fernández Díaz, determinaba que «aparenta ser de la Udef, pero es procedente de fuentes abiertas. No es posible concluir que haya sido elaborado o difundido desde el Cuerpo Nacional de Policía».

En noviembre de aquel año, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, anunció una rueda de prensa para dar a conocer el borrador. Saltaron chispas dentro del ministerio, hasta el punto de que se habló de detener al sindicalista en plena rueda de prensa. El secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, era partidario de una acción contundente en este sentido, pero el director adjunto operativo, Eugenio Pino, le convenció de que no era conveniente llevar el asunto por esos derroteros. Era mejor que el sindicato se expresase y santas pascuas. Lo que podía decir el SUP era simplemente en nombre de esa organización y en modo alguno podía hacerse extensivo al cuerpo. Además, sería contraproducente el intentar evitar que se hiciese público un documento que, por otra parte, ya estaba en boca de todos y cuyas copias corrían masivamente por los despachos de media España. ¿Qué podía temer el ministerio? Nada. Ese documento era un fantasma. No existía. Y si no hay documento oficial, no hay responsabilidades oficiales.

Para curarse en salud, sin embargo, el SUP envió al juez el borrador el día 23 de noviembre de 2012 (lo había recibido el día anterior) y luego lo presentó en rueda de prensa. Era una excusa formal para celebrar el acto con los medios de comunicación. Sánchez Fornet sacó la artillería y denunció públicamente que «alguien» decidió que el borrador no se incorporase a ninguna causa judicial y se quedara «durmiendo en un cajón». Con buenas palabras, vino a decir que Jordi Pujol y Artur Mas era corruptos y que, aunque el borrador no les atribuía delitos directamente a ellos, sí daba detalles escabrosos acerca de sus familiares directos. «No entiendo por qué Interior dice que no lo encuentra. Si no lo tiene, ¿por qué sabe que está basado en cuatro informes ya judicializados? Lo que pasa en este ministerio es algo de locos. No lo acabo de entender. Me dicen que este documento estaba en una carpeta de la Udef, con otra serie de documentos y anónimos remitidos al juzgado el 14 de noviembre», atacó el sindicalista, haciendo referencia a las declaraciones, en este sentido, de Fernández Díaz y de otros altos cargos del ministerio señalando que algunos extremos del documento coincidían con otros informes oficiales que sí se habían confeccionado.

Fueron críticas lógicas al ministerio y a la Administración Judicial. Pero eso le valió a Sánchez Fornet la apertura de un expediente, el undécimo de su carrera. El 10 de junio de 2013, la Dirección General de la Policía le sancionó con cuarenta y cinco días de suspensión de
empleo y sueldo por sus declaraciones, por falta grave. Según la Administración, el sindicalista atribuyó a la policía la confección del borrador y este extremo era falso. Además, difundió a los medios un informe «cuya autoría no está acreditada», lo que no entra dentro de las funciones normales de un sindicato. Por tanto, no ha garantizado el secreto profesional inherente a todo policía y su conducta fue desleal para con el Cuerpo. Estuvo cesado desde el 28 de junio hasta el 11 de agosto de 2013.

El 13 de agosto de 2014, en medio del escándalo ocasionado por la repentina confesión de Jordi Pujol, Ignacio Cosidó, director general de la Policía, le envió una carta:

Vista la anotación de la sanción impuesta al policía del Cuerpo Nacional de Policía don José Manuel Sánchez Fornet.

(…).

Resultando: que por resolución de este Centro Directivo, de fecha 10 de junio de 2013, dictada en el expediente disciplinario número 245/2012, se le impuso la sanción de suspensión de funciones durante cuarenta y cinco días (45), como autor de una falta grave, cuyo cumplimiento inició el 28 de junio de 2013 y dejó extinguida el 11 de agosto de 2013.

Considerando: que de conformidad con lo establecido en el artículo 50,
párrafo segundo, de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, la cancelación de anotaciones por faltas graves requiere los elementos siguientes: a) que haya transcurrido un año desde el cumplimiento de la sanción, lo que se ha producido el 12 de agosto de 2014, y b) que durante aquel tiempo no hubiese sido sancionado el interesado por hechos cometidos en ese mismo periodo, requisitos que se cumplen en la anotación examinada.

Por cuanto antecede, en uso de las facultades que me confiere el Real Decreto 400/2012 de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio del Interior.

Acuerdo: cancelar en el expediente personal del interesado la anotación que se refiere en el resultando de este acto.

El asunto del «informe fantasma», del informe que nunca existió, quedaba definitivamente zanjado.

7 Meses después, en un encuentro en Barcelona entre Javier de la Rosa y Francisco Nicolás Gómez, el pequeño Nicolás, el financiero le confesaría que había pasado mucha información a la Policía sobre los encuentros de Massot y Mas en su yate, en el que supuestamente hablaban sin tapujos de las cuentas en el extranjero.

8 Al pequeño Nicolás le reiteró que había financiado muchas campañas de CiU, a quien habría dado 4.500 millones de pesetas (unos 27 millones de euros).

9 El listado de clientes y encargos a la joyería es, sencillamente, espectacular. Tanto Gutiérrez como la familia Mestre, operadora del Puerto de Barcelona, realizaron pedidos por cientos de miles de euros al establecimiento.

5. DINERO OFFSHORE (SIN SALIDA)

El chivato descontento

La mayor parte de las delaciones confidenciales de asuntos delicados se producen por el descontento de alguien que participó en los hechos. La filtración de los datos confidenciales de la familia Pujol sobre sus cuentas secretas en Andorra tiene su origen en un empleado de banca descontento, vapuleado ignominiosamente por la dirección de su entidad. No hubo buena fe ni por parte de los Pujol ni por parte de los bancos. Si el empleado infiel no hubiese regalado a la policía española los documentos con los movimientos de sus cuentas, a estas alturas Jordi Pujol no habría confesado.

En Andorra, durante los años noventa, el gobierno español siempre tuvo un enlace de inteligencia en la embajada ubicada en Andorra la Vella, a escasos metros de la sede del gobierno andorrano. La embajada se creó después de la aprobación de la Constitución andorrana en 1993, pero ya había un destacamento de la Guardia Civil allí desde la Segunda Guerra Mundial. Al crearse la legación diplomática, fue destinado como agregado de seguridad el inspector jefe Santi Andrés, malogrado prematuramente y exjefe de Homicidios en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. Y se incorporó a las tareas de inteligencia también el teniente coronel de la Guardia Civil José Matas Zapata, que detectó los viajes de Marta Ferrusola al principado pirenaico en muchas ocasiones, a veces acompañada de sus hijos. La «primera dama» catalana subía acompañada de escoltas, que, como la seguían en todo momento, habían de pedir permiso para poder portar armas dentro del país vecino. Las peticiones oficiales a las autoridades andorranas corrían a cargo de Matas, por lo que conocía de primera mano los viajes de los Pujol.

Gracias a eso, el gobierno español estaba perfectamente al tanto de que Marta Ferrusola y sus hijos visitaban bancos andorranos y de que ingresaban dinero. Y así lo reconoció el teniente coronel (hoy coronel retirado, con negocios de construcción en Marbella, donde alterna con la alta sociedad jugando al golf) en la Comisión de Investigación del Fraude y la Evasión Fiscal que abrió el Parlamento catalán en diciembre del 2014.

El coronel compareció durante más de dos horas el 26 de enero del 2015. «Eran raros tantos viajes de Marta Ferrusola, a veces acompañada de sus hijos, y siempre con el mismo itinerario», reconoció el coronel en la comisión. Matas había sido un pionero en la Guardia Civil. En 1973 creó la primera unidad antidroga de la Benemérita y se fue a Estados Unidos a realizar un cursillo con la DEA, la agencia antidroga estadounidense. «Nadie podía pensar si el dinero que llevaba la familia Pujol era dinero sucio. En cambio, ahora se ve bastante claro que podía ser dinero sucio», dijo el coronel.

No quiso dar muchos detalles. Pero reconoció que no había hablado nunca con los Pujol y que al gobierno español no le preocupaba mucho la evasión fiscal, sino solo que no fuese «dinero sucio». Es más: en una ocasión, puso en contacto al jefe del Gobierno andorrano, Marc Forné, con un alto cargo de Hacienda. Fue en un encuentro privado en el Club Siglo XXI, donde se habló de que España estaría dispuesta a tolerar hasta dos billones de pesetas de evasión fiscal (o sea, unos 12.000 millones de euros) siempre y cuando el principado controlase el dinero sucio. Gobierno andorrano y bancos de este país se comprometían a que fuese así. Y detalló incluso que convenció al tenor Alfredo Kraus para que cambiase su residencia de Mónaco a Andorra. «Kraus hasta nos hacía conciertos gratis de vez en cuando, e incluso venía cada seis meses a la veguería a firmar como que era residente en Andorra. Era natural que España defendiera tener un paraíso fiscal suave», dijo ante la comisión.

Reconoció que en ocasiones había llamado al CESID, como cuando ofreció crear una compañía con exagentes secretos de otros países que podían tener acceso a cualquier información bancaria en cualquier paraíso fiscal. Para comprobarlo, le pasaron tres papeles.
En uno, constaba el nombre de un español con cuenta en Andorra. En
otro, le daban el nombre inglés de una compañía. En el tercero, el nombre de un ciudadano de Nairobi. En poco tiempo, tuvo los movimientos de los últimos seis meses de la cuenta andorrana, descubrió las cuentas de la empresa, domiciliada en Panamá, y localizó al ciudadano de Nairobi, que vivía en aquel momento en la localidad de Tossa de Mar. No obstante, tuvo sus más y sus menos con alguien de los servicios españoles que quería obtener informaciones de cuentas corrientes en paraísos fiscales (se podían obtener los movimientos pagando 300.000 pesetas). No quiso porque sabía que iban a ser utilizadas contra un rival político. «Eso no se puede hacer. Hay que utilizar esa información para cosas importantes. Si tienes una fuente así, has de utilizarla en cosas importantes o, si no, la quemas. Y como no quise darles mis fuentes, tuve algunos problemas con el CESID, antes de ser reconvertido al CNI». Lo cierto es que, en el tiempo que estuvo allí, hizo servir esas relaciones para controlar otros movimientos dinerarios sospechosos vinculados a organizaciones terroristas o a grandes redes de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

En resumen, Matas negó cualquier relación con la familia Pujol y que les hubiese facilitado las vías de evasión fiscal. Es más: ni siquiera le interesaba el tema.

En cambio, había otro hombre que iba a ser el que, a la postre, contribuiría a hundir a la familia Pujol. Su nombre estaba en la mesa de algunos despachos influyentes el mismo día en que Pujol hacía pública su confesión. «Mira el currículum en Linkedin, es fenomenal. Ahora busca trabajo», era el mensaje que se solía dar paralelamente por teléfono. El chivato apuntado era un antiguo alto cargo de una multinacional son sede en Cataluña que fue tentado en un momento determinado por un banco andorrano para recalar en el principado y formar parte de la cúpula de la entidad. Todo había funcionado bien durante años, hasta que algunas desavenencias dieron al traste con la idílica situación y el directivo fue despedido hacia el año 2012. Pero fue un despido a la andorrana. O sea, por las bravas, sin derecho a indemnización, sin contrato blindado y sin derecho a reclamación alguna.

De la noche a la mañana, el alto ejecutivo se vio en la calle sin un euro y comenzó a negociar alguna especie de compensación. Topó con un muro infranqueable. Y entonces decidió poner en un aprieto a su antigua empresa: consiguió conectar con la policía (con la que, en otros momentos, ya había tenido contactos puntuales) y les pasó información demoledora. Ese fue el inicio de una operación destinada a conseguir como fuese documentos internos de las entidades bancarias del país vecino.

Una de las teorías que se han manejado es que el jefe de una unidad policial española se entrevistó directamente y en secreto con un alto cargo de BPA en su despacho oficial con un mensaje contundente: «O nos ayudan o perderán ustedes la licencia para operar en España». BPA domina el Banco Madrid, lo que le supondría un significativo quebranto. Así, el directivo bancario habría dejado abierta la pantalla del ordenador unos instantes y se habría ausentado de su sillón lo suficiente como para que el enviado de Interior pudiese fotografiar con su móvil la pantalla donde, curiosamente, estaban los movimientos de cuenta de varios miembros de la familia Pujol entre el 9 de diciembre de 2010 y el 4 de enero del 2011.

En realidad, fue algo más complicado. El informe realizado a partir de ahí contiene una cantidad ingente de datos que detallan todo el circuito de lavado de dinero que siguen los clientes de BPA, donde se incluyen los miembros del clan Pujol, y lleva un efectivo título: «Dinero offshore de la familia Pujol».

Así, el informe más demoledor sobre los Pujol está fechado el 1 de julio del 2014, poco después de esa visita a Andorra del responsable policial, y lo firma la Unidad de Inteligencia del ministerio. De las gestiones realizadas, aseguran, se desprendía que «los miembros de la familia del expresidente Pujol han podido estar blanqueando ingentes cantidades de dinero en efectivo con varios métodos, procedente de todo tipo de acciones presumiblemente delictivas».

Advertía, inmediatamente, que «parte de estas informaciones, aunque de manera forzada y obligada por las circunstancias, las habrían facilitado los propios responsables de BPA, que ante el temor de poder perder la licencia para ejercer en España como banca privada a través de la marca Banca Madrid, han optado por aceptar prestar colaboración con las autoridades judiciales y/o fiscales españolas».

Los agentes de la Unidad de Inteligencia adjuntaban el pantallazo de movimientos de finales del 2010 «como gesto de buena voluntad». O sea, los banqueros andorranos estaban dispuestos a colaborar, por fin, con las autoridades españolas, tras años negando datos y documentación sobre los Pujol a pesar de las comisiones rogatorias que se habían enviado. En el pantallazo aparecían Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia, Pere y Oleguer, que en menos de un mes «hicieron hasta once ingresos en las referidas cuentas por valor de 3,4 millones de euros». De hecho, lo que habían hecho era cambiar de sitio ese dinero. Lo querían enviar a Luxemburgo, a través de «un producto bancario denominado internamente Sociedad de Inversión Libre (SIL), propiedad de dichos impositores».

Según los extractos bancarios, la matriarca del clan, Marta Ferrusola,
movió entre los días 3 y 4 de enero de 2011 un buen puñado de dinero de Andbanc o BPA: dos partidas de 168.000 y de 2.379,45 euros y otra de 903.557,50 dólares (unos 670.000 euros), lo que totaliza alrededor de 840.000 euros. Unos días antes, el 12 de diciembre de 2010, la hija menor de los Pujol, Mireia, realizaba dos traspasos, de 285.459,35 euros y 1.015.578,65 dólares. Ello totaliza algo más de un millón de euros. Otro hijo, Oleguer Pujol, movió 828.213,59 dólares el 30 de diciembre, unos 612.000 euros. Marta Pujol Ferrusola, la hija mayor, realizó dos traspasos que totalizan 632.097,02 dólares, unos 467.000 euros. Y Pere Pujol envió al otro banco del paraíso fiscal una partida de 410.000 euros el 15 de diciembre y otra de 96.000 dólares el 26 de diciembre.

Se trata, pues, de movimientos dinerarios no asequibles a cualquier familia. Pero el informe ponía en más aprietos al clan catalán. Sus últimos párrafos eran demoledores:

Dadas las graves dificultades que el proceso de identificación de cuentas de los Pujol está propiciando, sería aconsejable continuar con los contactos con los responsables de BPA a fin de mejorar la hasta hora remisa actitud a la colaboración para aportar concreción del volumen del que son titulares.

Sin poder determinar aún dicho volumen, verbalmente, uno de los responsables ya mencionados mencionó (sic) de manera velada que ni siquiera ellos podrían determinar con total exactitud cuánto dinero es de titularidad propia, cuánto lo es aunque conste a nombre de fiduciarios, así como cuánto lo manejan uno o varios de los hijos de Pujol, aunque finalmente proceda de fondos externos que tienen asignada su representatividad.

En ningún caso, en el BPA el volumen propio sería inferior a 500
millones y en caso de referirse a fondos indirectos, de unos 1.500-1.800 millones de euros, de los que se desconocería el nivel porcentual que tendrían ellos.

Se trataba de un torpedo lanzado a la línea de flotación del mayor clan de los negocios catalán y, de paso, a todo el proceso soberanista en que Cataluña estaba inmersa y que contaba con el entusiasta apoyo de todo el clan Pujol. Pero ¿qué hacían con el dinero andorrano los Pujol? ¿Cómo lo movían?

La familia se fijó en una pequeña entidad de la capital de España, aquella que desde hace pocos años no figura en sus planes de futuro como su estado y sobre la que secundaban plenamente la consigna que altos cargos gubernamentales y de partidos catalanistas se habían encargado de popularizar: «España nos roba». A partir de entonces, iba a ser algo parecido, pero menos, porque a los Pujol parece que no los robaba. Allí, eligieron para canalizar sus inversiones una sociedad llamada Nordinvest, creada en el año 2008. Se trataba de la primera sociedad de inversión libre que fue dada de alta en España. «Desde un principio, fueron los Pujol los aportadores de los activos más significativos», decía el informe de la Unidad de Inteligencia.

Figuraba como presidente de la compañía Ramiro Martínez Pardo y en ella participaban Jacobo Vicente Blanquer, Alberto Lucas Romaní y Ramón Cerdeiras, en representación de Ibersuizas Participadas. En 2011, Blanquer fue sustituido por Luis Chicharro, en febrero de 2013 la sociedad pasó a ser controlada por BPA y en 2014 pasó a denominarse Banco Madrid Agilidad. Las inversiones a través de esta sociedad ofrecían rentabilidades de entre el 7 y el 10 por ciento «para lo que se aplicarían cinco estrategias, como long short, arbitrage o macro. Los Pujol se beneficiaron de todo ello».

Para los agentes de la policía, la gran expansión de BPA en España a partir de 2013 no es ajena a los Pujol. Se daba entonces una gran paradoja: mientras la familia alentaba la independencia en Cataluña, canalizaba su capital a través de una ingeniería financiera que tenía una de sus patas en Madrid, la capital del «estado opresor».

Esta ingeniería no era muy enrevesada, porque no necesitaba serlo. En enero de 2013, Banco Madrid adquirió la gestora de patrimonios Liberbank Gestión y formalizó una alianza estratégica con Liberbank para desarrollar productos de inversión de forma conjunta. En noviembre de ese año, Banco Madrid y Banco Mare Nostrum (BMN) alcanzaron un acuerdo por el que el primero se quedaba con la gestora de BMN y pasaba a gestionar los fondos de inversión de esta. La operación se hizo efectiva en marzo del 2014. De esta manera, Banco Madrid pasó a situarse entre las quince primeras entidades por volumen de activos bajo gestión en el ranking de Inverco. «Hoy día, Banco Madrid, la filial española de BPA, desarrolla su actividad de banca privada conjuntamente con la sociedad gestora Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC y con Interdin Bolsa Sociedad de Valores S. A.. Lo sorprendente es la información pendiente de confirmar, en el sentido de que detrás de esta gran expansión en España estaría una muy importante inyección de capital de la propia familia Pujol».

El informe reconocía que los fondos movidos por los Pujol tenían como destino Luxemburgo, canalizados mediante una SIL gestionada por la propia BPA «a través de Banco Madrid». Y aquí entra en juego Nordinvest, o sea, el actual Banco Madrid Agilidad. «Nordinvest nació en un momento en que los fondos de inversión libre estaban siendo mirados con lupa y los inversores privados preferían modelos de negocio más asequibles al control por parte de los partícipes y del regulador. Las SIL se diferencian de los hedge funds en que, como sociedades que son, están sujetas al control de los socios que las componen, quienes disponen de voz y voto en los consejos de administración de estas entidades que operan como firmas de inversión».

En otras palabras: los Pujol desechan mover su capital a través de fondos internacionales de capital y adoptan una estructura que les permite un control directo del dinero. Nada de depender de terceros. Porque, además, la tributación de las SIL es igual a la de una Sicav, o sea del 1 por ciento. En otras palabras, por cada millón de beneficios, los Pujol pasarían a pagar de impuestos solo 10.000 euros. Un auténtico chollo. Los reembolsos, no obstante, están gravados al 18 por ciento, como en todos los vehículos de inversión.

La Unidad de Inteligencia también detectó que para controlar las operaciones desde Andorra vía Madrid el clan había depositado su confianza en el hijo mayor del expresident, Jordi Pujol Ferrusola. O sea, en quien manejaba las cuentas andorranas de la familia desde principios de los años noventa, después de que el primer testaferro, Delfí Mateu, muriese y el siguiente, Joaquim Pujol i Figa, primo hermano de Jordi Pujol i Soley, lo dejase por ocupar el cargo de secretario general de Presidencia de la Generalitat.

En manos de BPA, el Banco Madrid consolidó también su estructura en Luxemburgo, ofreciendo «una gestión de patrimonios que abarca desde la gestión tradicional de renta fija hasta la gestión más sofisticada de retorno absoluto. La gestora se ha consolidado también en Luxemburgo, donde ofrece a sus clientes vehículos de inversión alternativa como las SIF». Una SIF es una institución de inversión colectiva regulada en aquel país europeo que tiene la posibilidad de crear un ilimitado número de compartimentos con distintos perfiles de inversión, A través de una SIF se puede invertir sin limitaciones en todo tipo de activos «siempre y cuando exista diversificación de los mismos (máximo 30 por ciento o un solo activo cuyo subyacente esté a su vez diversificado en cuatro activos), lo que proporciona unos límites más flexibles que los de otras estructuras».

Para la constitución de una SIF, el capital mínimo que debe alcanzarse al año de creación debe ascender a 1.250.000 euros, «por lo que está establecido que cada inversor debe aportar como mínimo 125.000 euros». El registro Sicav de Luxemburgo (que nada tiene que ver con las Sicav españolas) permite vender fondos a inversores extranjeros y facilita la operativa con España por la posibilidad, además, «de usar cuentas ómnibus (con varios titulares opacos)».

Los Pujol se encontrarían, así, con un instrumento hecho a su medida para mover fondos millonarios sin levantar sospechas. En julio, fueron alertados de que la policía española ya tenía pruebas contra ellos. Pujol confiaba entonces en que Madrid respetaría el pacto de Estado que tan bien le había funcionado desde el año 1980 y que no tocaría a su familia. Pero se equivocaba: el diario El Mundo aseguraba en su edición del 7 de julio que ya había confirmación de las cuentas en el extranjero. Y entonces cayó en la cuenta de que no iba a ocurrir lo mismo que con el informe «fantasma» de 2012, que fue puesto en duda incluso por el gobierno español: ahora la cosa iba en serio y no había marcha atrás. Si lo que le decían desde Andorra era verdad, la familia estaba en un aprieto. Pero su reacción también denotaba que todos tenían conciencia de que lo que habían hecho era radicalmente ilegal.

Deprisa, deprisa

Los movimientos de la familia a partir de ese momento fueron a velocidad de vértigo. El 10 de julio, Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere, Mireia y Oleguer piden abrir una cuenta en el Banco Madrid. El día 1 de julio se transfieren los fondos de Andorra a la capital de España. Marta Ferrusola envía 838.194,96 euros; Marta Pujol Ferrusola envía 531.979,69 euros; Pere Pujol Ferrusola envía 701.291,39 euros; y Mireia Pujol Ferrusola envía 1.072.717,92 euros. Entre todos sumaban 3,1 millones de euros. En el informe de compliance que realiza el banco especifica que «a raíz de las noticias publicadas en algunos medios de comunicación, los clientes deciden declarar sus cuentas en España y nos solicitan la apertura de una cuenta en Banco Madrid con la única finalidad de enviar los fondos y pagar a la Hacienda española. Acordamos con Banco Madrid y los clientes que solo se permitirá la apertura de la cuenta con el objetivo de regularizar la situación fiscal con la Hacienda española. Para ello, los clientes se comprometen a aportar la documentación necesaria relativa al pago y no se podrán utilizar los fondos para ningún otro fin».

Diez días antes de solicitar la apertura de cuentas en Banco Madrid, los miembros de la familia habían entregado en el fisco español su declaración de la renta relativa al año 2013. Marta Ferrusola solicitaba una devolución de 2.137,03 euros; su hija Marta Pujol, pedía 3.032,65 euros; Pere Pujol solicitaba la devolución de 4.719,86 euros; y Mireia, de 2.806,45 euros.

Pero el 14 de julio se apresuraron a realizar declaraciones complementarias sobre el ejercicio de 2010. La causa de esta determinación era que en el informe de la Unidad de Inteligencia del 1 de julio se exhibía un extracto de operaciones de diciembre de aquel año en el que movían 3,4 millones de euros. De esa cantidad, habían ido extrayendo diferentes partidas en efectivo por valor de más de 255.000 euros, hasta dejar un monto total de 3,1 millones. En julio de 2014 la matriarca pagó al fisco 382.926,60 euros; Marta Pujol hizo también las paces con Hacienda pagando 249.500,35 euros; Pere Pujol abonó 273.525,44 euros; y Mireia ingresó en las arcas públicas 478.225,08 euros.

Un informe realizado por el banco y dirigido al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) el 21 de julio explicaba que BPA había informado a Banco Madrid que «el origen de este patrimonio es una herencia de hace tiempo». Reiteraba que los fondos transferidos «iban destinados en su totalidad a realizar pagos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria». En su apartado 5, no obstante, reconocía algo inaudito: «Los indicios de blanqueo en este caso no vienen determinados por la operativa desplegada en nuestra entidad (limitada a recibir unos fondos que a continuación se transfieren a la AEAT), sino por comportamiento previo que cabe deducir de tal operación. En la medida en que los clientes nos plantean la apertura de una cuenta con el único propósito de normalizar una situación tributaria irregular (…). Otro indicio que se ha tenido en cuenta para la realización de la presente comunicación es la información obtenida a través de fuentes internas así como los positivos producidos en la búsqueda en listas negras».

Las listas negras no son otra cosa que listas de personas de especial relevancia, sobre todo familiares de cargos políticos, sobre las que existe una vigilancia extrema para detectar si se aprovechan de su cargo.

El mismo día 14 de julio, Oriol Pujol dejaba por sorpresa su escaño de diputado y anunciaba que abandonaba la política. Nadie conocía los movimientos bancarios andorranos que sus familiares habían iniciado cuatro días antes. Fue un último intento de abandonar el foro político por la puerta delantera: si se llega a hacer público que su familia y él mismo habían ocultado dinero en un paraíso fiscal durante décadas, su salida de la política hubiese sido mucho más bronca.

La familia, no obstante, acosada ya por la prensa y con los focos mediáticos sobre su cabeza, decide a finales de aquel mes realizar otras declaraciones complementarias tanto de IRPF como de Patrimonio de los últimos años. El día 28 de julio lo hace Marta Pujol Ferrusola, que solo por el ejercicio de 2013 tuvo que pagar a Hacienda por IRPF 3.955,79 en vez de esperar una devolución de algo más de 3.000 euros. En total, la joven pagó al fisco unos 11.000 euros correspondientes a cuotas de IRPF y Patrimonio de los años 2011, 2012 y 2013.

Al día siguiente, Pere Pujol pagó unos 3.500 euros por cuotas de patrimonio de los tres ejercicios anteriores. Mireia Pujol también regularizó el 28 de julio: pagó unos 26.600 euros por cuotas de IRPF de 2011 a 2013 y casi 5.500 euros por Impuesto de Patrimonio. El 30 de julio, finalmente, es la matriarca la que paga 30,86 euros por la complementaria de 2011 y 3.222,05 euros por la complementaria del 2012. Siguió, no obstante, reclamando la devolución de 2013. Paralelamente, abonó 5.893,80 euros por el Impuesto de Patrimonio de 2012 y 6.025,99 euros por el mismo gravamen de 2013.

Todos contra Pujol

La regularización desató la caja de los truenos: a los Pujol les cayeron querellas por todos los lados. El Juzgado de Instrucción número 31 abrió investigación y ahí se personaron Manos Limpias, ICV, Guanyem juntamente con Podemos, UPyD, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez y Plataforma per Catalunya. En la Fiscalía General del Estado se presentó incluso el PSOE, aludiendo al hecho de que el descubrimiento de cuentas secretas en Andorra creaba alarma social. De hecho, el exfiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, había presentado en el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional una denuncia el 15 de enero de 2014, en la que ya apuntaba supuestas actividades ilícitas de los Pujol Ferrusola y pedía investigar las empresas de todos los hijos. Con la confesión, la otrora familia más poderosa de Cataluña se acababa de convertir en un muñeco de feria donde todos practicaban el pim, pam, pum.

Lo malo es que el patriarca abrió la caja de Pandora y apenas dio más explicaciones. Cuando el 27 de enero de 2015 fue a declarar al juzgado, detalló que el dinero provenía de un legado de 140 millones de pesetas en dólares que su padre Florenci tenía en Suiza y que desde 1980, fecha del óbito de su progenitor, hasta finales de la década, lo había gestionado un amigo de la familia que había estado vinculado a Banca Catalana, Delfí Mateu. Luego, durante una breve temporada, se hizo cargo de ese legado su primo hermano Joaquim Pujol i Figa, que lo dejó a los pocos meses en manos de Jordi Pujol Ferrusola debido a que había de ocupar el cargo de secretario general de Presidencia. En 1992, el legado se reparte equitativamente entre los siete hermanos y la madre. Tocan a 62 millones de pesetas, por lo que la herencia había pasado ya de 140 a casi 500 millones. Y luego seguiría creciendo, hasta el punto de que cuando en 2014 regularizaron su situación, la benjamina de la familia, Mireia, tenía más de un millón de euros, puesto que apenas había tocado el legado.

Pujol, su esposa y sus hijos dijeron al juez que no había constancia de ese dinero en la herencia, pero sí una carta manuscrita del abuelo Florenci a Marta Ferrusola explicando que el dinero era para su seguridad, por si tenían que salir de España pitando. Esas cartas, sin embargo, se resistían a aparecer, con lo que la familia sembró más dudas que certezas en la opinión pública. ¿Provenía realmente el dinero de un legado del abuelo? ¿O de la venta bajo mano de acciones de Banca Catalana antes de la quiebra de la entidad? ¿O de las acciones de un laboratorio farmacéutico de Jordi Pujol? El clan jura y perjura que provenía de las ganancias atesoradas por Florenci Pujol cambiando divisas en el mercado de Tánger.

Un escrito de la defensa de la familia al Juzgado de Instrucción número 31, con sello de entrada de 23 de diciembre de 2014, decía, en cambio, que «el señor Pujol i Soley nunca tuvo, ni así lo ha afirmado nunca, la condición de heredero, sino solo de legitimario, de la herencia de su padre, tal y como consta en la documentación que sobre la liquidación de la herencia obra en poder de la AEAT. Para seguir, recordaremos que el señor Pujol i Soley nunca ha afirmado tener documentación en relación con esta parte de la herencia, que no fue objeto de inventario por las razones que explicó, ni consta el título sucesorio, en consecuencia, jamás ha obrado en su poder certificado de bienes situados en el extranjero. Ni ahora ni en 1980».

El testamento dejado por el abuelo, efectivamente, no aludía a legado alguno fuera de España. El 28 de marzo de 1981, Jordi Pujol y su hermana Maria acudieron, junto con su madre, a la notaría de Lluís Roca-Sastre para formalizar la herencia de Florenci Pujol, fallecido hacía unos meses, el 30 de septiembre de 1980. El inventario de la fortuna era el siguiente: bienes muebles por valor de 2 millones de pesetas; alrededor de un millón en efectivo en distintas cuentas bancarias; 89 millones de pesetas en acciones de Banca Catalana, casi 7 millones de pesetas en acciones de la compañía Cedat S. A., 27.780 pesetas en títulos de «deuda perpetua interior», un piso en la calle Borí i Fontestà, en la zona alta de Barcelona, una casa en Premià, en la comarca del Maresme, un piso y un local en la misma localidad, una parcela de terreno de 874 metros cuadrados en Lloret de Mar y un vehículo Seat 131. Nada más.

El abuelo Florenci ya había acudido el 17 de marzo de 1977 ante el notario Tomás Caminal para legar a sus hijos la legítima y nombrar a su esposa única heredera universal. Y la legítima era muy sencilla: la casa de Premià, valorada en 3 millones de pesetas, las acciones de Cedat y un paquete de acciones de Banca Catalana eran para su hijo Jordi. A Maria le correspondía un paquete de acciones de Banca Catalana. El valor sobre el papel de la herencia de cada uno era de 13.128.647,25 pesetas, unos 78.900 euros.

Sea como fuere, la polémica sacudió el país. El 2 de septiembre, Jordi Pujol dirige una carta a Núria de Gispert, presidenta del Parlamento catalán, en la que le comunica que estaba dispuesto a comparecer ante la cámara para dar explicaciones sobre su confesión. Pero le aclaraba dos extremos:

En primer lugar, la comparecencia no es obligatoria. No lo es por normativa y no lo es por práctica, ya que, varias veces, requerimientos semejantes no fueron atendidos. Sin consecuencias. Pero la alta consideración que tengo por el Parlamento hace que decida comparecer.

En segundo lugar, entiendo que, ya que no estoy obligado, y teniendo presente que durante este mes de septiembre se producirán hechos de alto voltaje político, deseo que mi comparecencia incida lo menos posible. Por eso pido que se haga con posterioridad al Once de Septiembre, al debate de política general y a la Ley de Consultas. Ello nos llevaría a buscar una fecha a partir del 22 de septiembre, lejos todavía de otra fecha de mucha carga política que será el 9N.

Con ello, intentaba desligar su propio proceso del proceso político de Cataluña, el proceso independentista puesto en marcha por su partido y por ERC. Así, compareció ante los diputados el día 26 de septiembre, leyó una declaración y abroncó a los presentes. Los parlamentarios quedaron estupefactos. Negó que hubiese sido un corrupto porque, de lo contrario, no podría haber aguantado el gobierno durante veintitrés años y lanzó un aviso a navegantes: «Si vas segando la rama de un árbol, al final cae toda la rama, todos los nidos que hay… y habrá sido responsabilidad de todos los que han practicado esta clase de política». ¿Era una amenaza con tirar de la manta? Eso parecía. Pero en realidad no quedó más que como un escorzo violento y desagradable de su conciencia. Una amenaza de estas características en sede parlamentaria no solo contribuye a dañar la política, sino que crea auténtica desafección. ¿Es que los políticos se tapan entre ellos las vergüenzas? ¿Qué es lo que callan unos de otros? ¿Es la clase política tan corrupta como parece desprenderse de las palabras de Jordi Pujol? La sombra de la sospecha se mantendrá, a partir de entonces, indeleble, acrecentada por otras sospechas más concretas: ¿Por qué hasta entonces a la familia Pujol no se la había tocado? ¿Era posible que a los servicios de inteligencia del Estado se le hubiese pasado que el presidente de la Generalitat de Cataluña o su familia tenían dinero en paraísos fiscales, cuando se conocían perfectamente sus movimientos fuera de España?

Las especulaciones se dispararon. Pujol compareció en el Parlamento y el estupor aumentó. Esa primera comparecencia de Jordi Pujol i Soley en la cámara legislativa catalana pasará a la historia como una comparecencia vergonzosa. Decía Pujol que la rumorología popular era maledicente. Comenzaban a correr informaciones que decían que los Pujol manejaban un millón, o veinte o treinta. O que operaban con un millón o con veinte o treinta. «Este infantilismo, planteándolo de una manera pública y esparciéndolo por los diarios y por según qué responsables políticos, esto es una grave falta no intelectual: moral, Porque es mentira. Es, digámoslo así, difundir una actitud de desmoralización». No lo decía, pero aludía a los rumores de los millones que manejaba su hijo por paraísos fiscales y que ya estaban acreditados. El patriarca, sin embargo, se resistía a admitir todavía las barrabasadas que sus vástagos habían ejecutado durante décadas. El president seguía morando en el limbo de los justos, aquejado del «síndrome de La Moncloa» o, en este caso, del «síndrome del Palau» (de la Generalitat).

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del que era presidente fundador, planeó en un primer momento la defensa de la familia, pero pronto decidieron desligar el tema. Hubo gabinete de crisis a finales de julio y se decidió plantear el caso como un «tema personal» ante la opinión pública. Artur Mas se enfrentaba a una apretadísima agenda interna, cuando tenía el gran proyecto de la transición nacional por concretar y la cita del referéndum del 9N encima de la mesa. Pero el abandono de Oriol Pujol obligaba a mover ficha dentro del partido y cubrir su vacante. Como el de secretario general del partido es un cargo que eligen los representantes de los militantes en un congreso, había dos posibilidades: o convocar un congreso extraordinario o sustituirlo por otra persona sin necesidad de convocarlo. Se decidió que en septiembre, a la vuelta de las vacaciones, Josep Rull asumiese las funciones de Oriol, pero con el cargo de «coordinador general», un eufemismo para salir del paso. Un remiendo que, sin embargo, podía funcionar igual que la estructura original.

Otra cosa era la incomodidad de los convergentes por tener a Pujol como presidente honorífico. El 29 de julio de 2014, Artur Mas recibió al patriarca en su despacho oficial, el mismo donde Pujol había dirigido la política catalana durante veintitrés años. Es un despacho sobrio, con una mesa de época y un tresillo moderno en el que atender a las visitas. La situación era crítica pero la determinación de Pujol no tenía marcha atrás. Comunicó al president que renunciaba al sueldo oficial como expresidente y a la oficina que le habían montado en el Paseo de Gràcia, donde tenía a su disposición un jefe de gabinete, dos secretarias, un coche oficial con chofer y servicio de seguridad. También dimitía como presidente fundador de CDC y de CiU. De hecho, esta renuncia ya la había comunicado al partido el día anterior. Una escueta nota de CDC decía que Pujol había puesto desde el primer momento a disposición de la formación sus cargos y que Convergència respetaba y aceptaba la renuncia, con lo que el proyecto del partido se fortalecería. No dejaban de ser palabras vanas.

Cuando salió del despacho, era otro hombre. Paralelamente, dio la orden de disolver el Centro de Estudios Jordi Pujol, el think tank que había creado para continuar influyendo en la política catalana desde su retiro dorado. El 8 de septiembre, desconecta la página web de su centro, al constatar «que en la situación actual sería muy difícil desarrollar su tarea, así como seguir solicitando y obteniendo mecenazgo privado, convenios con otras entidades e instituciones y donaciones de empresas y particulares».

Pero los procedimientos judiciales eran paralelos a los movimientos políticos. Tras la confesión, los Pujol interpusieron un pleito ante los juzgados de Andorra por vulneración del secreto bancario. Si alguien había filtrado los documentos bancarios, había quebrantado la ley y debía pagar por ello. Al mismo tiempo, con el procedimiento penal esperaban frenar cualquier comisión rogatoria que las autoridades judiciales españolas enviasen al país vecino. El Juzgado de Instrucción número 31 comenzó a investigar si había delito en la conducta del matrimonio y de tres de sus hijos, que eran los que mantenían cuentas sin regularizar en Andorra: Marta, Pere y Mireia Pujol Ferrusola. A finales de agosto de 2014, los bancos enviaron a la titular del juzgado, Beatriz Balfagón, los datos de las cuentas bancarias.

La estrategia de la familia se concretó con un recurso presentado en el mes de diciembre de 2014 en el que apelaban a la «doctrina Botín». En otras palabras, la Audiencia había exonerado en 2012 al banquero Emilio Botín tras descubrirse que tenía 2.000 millones de euros en el HSBC en Suiza. Regularizó las cuentas pagando 200 millones y la causa se cerró. «El auto de 22 de mayo de 2012 acuerda el sobreseimiento libre y archivo, una vez se constató la corrección y veracidad de la regularización operada que había evidenciado un patrimonio histórico oculto», exponían los abogados de Pujol en las alegaciones. Y si el caso de Botín se había cerrado, ¿por qué no también el de los Pujol, que era similar? Los hijos y la matriarca regularizaron las cuentas en julio de 2014 y ya habían resarcido el daño, por lo que no había materia ilegal que penar.

Pero paralelo a ese procedimiento iba el pleito en Andorra. El fiscal de aquel país se opuso desde el principio a la comisión rogatoria que se envió desde el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. La concreción llegó en un escrito del 26 de agosto de 2014, en que se pedía el rechazo de la comisión rogatoria porque «no se precisa la condición procesal de las personas afectadas por las medidas objeto de investigación, ni la relación de hechos que permita valorar la existencia del criterio de doble incriminación, de conformidad con los convenios internacionales de aplicación».

Otra guerra paralela era la que libraba el juez Pablo Ruz para investigar los movimientos de Jordi Pujol Ferrusola y de su exesposa Mercè Gironès. En esa guerra bancaria, la juez Maria Àngels Moreno preguntaba al juez Ruz el 17 de octubre si en su procedimiento «figura un documento procedente de un banco andorrano conteniendo información bancaria» y «si consta en su procedimiento alguna información policial relativa a la existencia y contenido de este documento y/o a la existencia de datos bancarios en el Principado de Andorra en general o en Banca Privada de Andorra en particular». Y recogía los argumentos de la familia resaltando que «aún teniendo en cuenta la comunicación pública del señor Jordi Pujol i Soley, no hacía referencia a ningún país concreto ni a ninguna entidad bancaria concreta, quieren esclarecer si esta información procede de la prensa escrita o si ya constaba en autos con anterioridad por otro medio».

6. EL GOBIERNO EN LA SOMBRA

A las órdenes de JPF

¿Ha tenido Cataluña un gobierno en la sombra? Posiblemente ha tenido intereses ocultos. Y ha tenido un clan que dominó los resortes de la Administración conforme a sus intereses particulares. Ese clan es el clan Pujol, que a través del tiempo, y con el apoyo implícito del patriarca, ha maniobrado a su antojo. Jordi Pujol i Soley era la cabeza visible, el virrey, conforme al apodo que le adjudicó José Antich. Pero un virrey con ínfulas de soberano, mientras su esposa ejercía sin tapujos de «primera dama» a la americana, sin entender que ser «la esposa de», en Cataluña, es ser nadie.

En su papel de líder, Jordi Pujol se sintió siempre muy bien arropado por su corte. Políticamente, tenía centuriones a su alrededor que vigilaban hasta el último detalle de lo que pasaba. Eran más pujolistas que Pujol, como siempre suele suceder. Entre estos centuriones estaban sus hijos, cuyo poder era enorme. Los vástagos eran el armazón de la corte catalana. Y de entre ellos sobresalía con fuerza Jordi Pujol Ferrusola. No se le oía, pero se le notaba. Jordi Pujol tuvo un conseller en cap (consejero jefe): Artur Mas; pero quien mandaba realmente
era su conseller en cap entre bambalinas: Jordi Pujol Ferrusola. Por algo era
el hijo del jefe. Mas solía departir a menudo con él, lo mismo que el entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig. Este triángulo supuso un verdadero círculo vicioso en el gobierno catalán durante la última etapa del «reinado» de Jordi Pujol. Podría afirmarse, incluso, que conformaría el núcleo duro de ese gabinete en la sombra que manejaba los designios de la comunidad autónoma. Bajo la costra oficialista, había un pequeño grupo a cuyos intereses se plegaban las más importantes decisiones de la Generalitat.

Para estar cerca del líder, era preciso haber pasado antes por el filtro de los hijos. Y solo entonces podía pasar el aspirante a ser miembro de ese selecto círculo de elegidos. Los hijos ejercían una influencia total en los estamentos de poder, desde el delfín in péctore, Artur Mas (el 17 de enero del 2001 fue nombrado conseller en cap), hasta el último consejero.

Jordi Pujol i Soley no era para sus hijos pare, padre o papá. Era el president. En sus relaciones profesionales y comerciales, le trataban así, con ese apelativo que amedrentaba más a sus interlocutores y les hacía sentirse aún mucho más lejos del jefe, de aquel que había de tomar decisiones. Si sus propios hijos le mantenían ese respeto reverencial, ¿qué habrían de tenerle los demás mortales?

En 2012, la influencia del clan Pujol en Artur Mas fue disminuyendo y en 2014 se desvaneció como un azucarillo en un vaso de agua. Los Pujol ya no le atenazan ni le imponen respeto, aunque bien es cierto que, tras la confesión de Jordi Pujol de que su familia tenía cuentas secretas en Andorra desde hacía treinta y cuatro años, Artur Mas se vio entre la espada y la pared, entre la necesidad de poner tierra de por medio y la lógica estima que siempre sintió por el lobby que le hizo crecer y le sentó en el Palau de la Generalitat.

Mucho se ha dicho y escrito sobre la influencia de los Pujol en la política de nombramientos del gobierno catalán. Posiblemente no todo sea verdad, aunque no es menos cierto que hay muchas más sombras que luces en este campo. Los que hablan sobre la influencia de la familia lo hacen en voz baja y añadiendo un aire de misterio a la conversación. De hecho, el poder de los Pujol ha sido siempre un tema tabú en la sociedad catalana. Con la confesión, ha comenzado a resquebrajarse ese férreo escudo de la omertà.

La voz popular apuntaba siempre que la radiografía de Marta Ferrusola era una de las pruebas que había de pasar todo candidato que aspirase a un cargo de relevancia en el ejecutivo. Pero, en ocasiones, sus hijos Jordi y Oriol también tenían algo que decir. Era una verdad incontrovertible que, en determinadas ocasiones, la familia señalaba directamente un puesto para ser ocupado por su persona de confianza. Solían ser los puestos clave los que estaban bajo este apabullante control. Y todo ello redundaba en el blindaje de Jordi Pujol como todopoderoso president y, de rebote, en el blindaje de su familia.

Uno de los ejemplos más claros de este intrusismo se vivió en el año 2002. Josep Gomis anunció que dejaba la Delegación de la Generalitat en Madrid tras nueve años en el cargo y había que buscar un sustituto. Artur Mas era conseller en cap y a él correspondía escoger a la persona idónea. Pero quien se hizo cargo de esa elección no fue, sorpresivamente, Mas, sino su amigo Jordi Pujol Ferrusola. Desde el despacho de la calle Ganduxer 5-15, Júnior movió sus hilos y contactó con Heribert Padrol. Artur Mas y el hijo del president habían hablado sobre el particular y habían acordado que se buscaría a una «persona de confianza». De hecho, todos los nombramientos importantes pasaban por Ganduxer.

Padrol había sido delegado especial de Hacienda en Barcelona. Era un hombre claramente alineado con CiU y concurrió a las elecciones generales del año 2000 como independiente y segundo de la lista, justamente por detrás de Xavier Trias. Era un candidato idóneo. Júnior habló con Heribert Padrol el 18 de febrero de 2002. El antiguo jefe del fisco había anunciado que dejaba el escaño para dedicarse a su despacho profesional. En realidad, había sido el gran fichaje de CiU, pero sus estudiadas propuestas fiscales se estrellaban una y otra vez contra una mayoría del PP que no dejaba resquicio a la negociación.

El dimisionario, no obstante, era uno de los jóvenes valores «adoptados» por el clan Pujol. Años más tarde, su nombre fue uno de los que con más fuerza sonó para ocupar la cartera de Economía y Hacienda cuando Artur Mas se convirtió en president. Y de no haber aceptado Andreu Mas-Colell el cargo, se habría presionado hasta límites insostenibles a Padrol. Unos meses más tarde de la primera oferta a ocupar un cargo público en 2002, se produjo una curiosa coincidencia que podría haber tenido nefastas consecuencias para la política catalana: Padrol representaba los intereses de la empresa Itevelesa, con inversiones en las estaciones de ITV. Y a pesar de esta conexión, Oriol Pujol Ferrusola, entonces secretario general de Convergència y portavoz de CiU en el Parlamento catalán, le ofreció que confeccionase él el nuevo mapa de las estaciones de ITV.

Oriol intentó convencerle por todos los medios. Una tarde, mientras estaba reunido con él, el político llamó a Josep Tous, que era el hombre que había puesto como asesor en la Consejería de Empresa y Empleo para controlar el tema de las ITV. Tous era también el responsable sectorial de Empresa de CDC. De lo que se trataba era de sacar estaciones de ITV a unos y dárselas a otros. Y ahí saldrían ganando Oriol Pujol y sus amigos, que optaban a un lote de cuatro estaciones, y algún otro grupo, como el del amigo Heribert Padrol. Porque, si le ofrecía a Heribert Padrol confeccionar el mapa de estaciones, seguramente su grupo no saldría perdiendo. Quien reparte y bien reparte, para sí la mejor parte. Así pues, durante una reunión con Padrol, Oriol llamó a su hombre en la consejería, Josep Tous:

—Muy rápido, muy rápido —dijo Oriol Pujol—. Estoy con Heribert Padrol (...). Itevelesa renunciará a las tres (ITV) que tiene en Manresa (...). ¿Qué le podría caer, aproximadamente? ¿Qué podría tener como compensación? [Padrol defiende los intereses de la operadora Itevelesa].

—O sea, te explico —contestó Josep Tous—: Itevelesa... lo que yo les ofrecía es: sacaban la de Manresa, la ponían en otro lugar, en otro municipio y además les dábamos una en el Baix Llobregat, aumenta...

—Ah, por tanto no es renunciar a Manresa, es desplazarla...

—No. Ha de salir de allá.

—Desplazarla del municipio, sacarla del municipio...

—Sacarla de la comarca (...). Sacarla del Bages y ponerla en otra comarca y ganar una en el Baix Llobregat.

—Perfecto, pero, entonces, ¿los lotes cómo los harás? Porque para que ganen una más, ¿cómo harás el lote?

—Porque sacaré su lote que habrá las dos que ya tienen más una, más dos más. Y entonces...

—¿Harás lotes de cuatro?

—Sí, el lote será de cuatro. Su lote será de cuatro.

—Vale, vale. Escucha. Yo se lo digo [a Heribert] para que tranquilice a Itevelesa y continuar trabajando, ¿eh? Él ya sabe que tú y yo vamos de la misma manera.

El mandamás de Convergència fue informado de que Itevelesa no había cumplido con sus obligaciones de realizar determinadas inversiones y obras en sus estaciones y eso podía acarrearles problemas. «No nos encabronemos con Itevelesa ahora por esto —le advirtió Oriol—. Te ha de servir a ti para llevarlos a tu propio terreno, pero no para machacarlos». A continuación, ofrecen a Heribert que se implique directamente en la confección de las bases del nuevo concurso de ITV.

—Ya le dije a Heribert que me ayude —afirmó Tous.

—Si quieres —respondió Oriol Pujol—, Heribert te ayudará con esto.

—Claro, que él me ayude a poner las bases del concurso para que le vaya bien.

—Pues venga.

(...).

—Habla con Heribert de cara incluso (...) jurídico, ¿eh? —ordenó Pujol.

—Sí. Vale. Dile... bueno, ahora yo me voy de viaje —replicó Tous.

—Bueno, ya os buscaréis, ¿vale?

—Pero cuando vuelva o antes, ya lo llamaré, ya me pondré en contacto con él. Pero lo que es muy importante es que seamos proactivos y vayamos al Departamento diciendo, escucha, entendámonos.

—Sí, pero Josep... yo creo que vamos lentos. Te lo digo de verdad, ya te lo he dicho mil veces. Yo creo que vamos lentos.

La línea directa y la confianza con Padrol, no obstante, venía de antes. No es que Heribert fuese un hombre de Oriol, como Josep Tous: era un hombre de Jordi, su hermano. Por algo fue Júnior quien habló con él aquel mes de febrero del 2002 para sustituir a Josep Gomis. Un par de días más tarde transmitía un claro mensaje a Artur Mas: «He sondeado a Heribert y no está interesado. Cree que no lo puede hacer bien porque el tema de su despacho le ocupa demasiado tiempo».

Pero no todo estaba perdido. El 21 de febrero, terminan de atar cabos Artur Mas y Jordi Pujol Ferrusola. Sobre la delegación de Madrid, Júnior le comunicó: «He estado pensando en la conversación del otro día sobre este punto, en la que me definiste el estándar ideal y considerando el tiempo que tenemos hasta las próximas elecciones, creo que la mejor opción es la de Francesc».

JPF se refería a Francesc Xavier Marimon, exconsejero de Agricultura y en aquellos momentos, senador. Marimon era uno de los
jóvenes valores, que unos años antes había arrimado el hombro con la familia en su pugna contra Miquel Roca y formaba parte de lo que en los noventa se conocía como el Grupo de Mollerusa, un auténtico lobby dentro de Convergència, donde, además de Jordi Pujol Ferrusola, estaban Felip Puig, Pere Esteve, Arcadi Calzada y Artur Mas. Los argumentos que Júnior puso encima de la mesa fueron incontestables: se ajustaba al estándar que buscaba Mas y era ya conocido en la Villa y Corte. «Por el tiempo que lleva en Madrid, ya se sabe mover por allí, que no es fácil. Además, Francesc tiene la familia organizada para estar más en Madrid y ya se vería que su esposa pueda viajar para estar con él los fines de semana o parte de la semana, sus hijos son grandes y tiene la vida en Pallerols muy organizada para poder hacerlo». Pero había otra cosa más importante: «Es de absoluta confianza, cree en ti y si le marcas un plan con objetivos concretos, es una persona que hace lo que se le pide. Por eso creo que es la mejor opción». Por tanto, la oferta para ser delegado del Gobierno fue realizada bajo mano a Marimon, que la rechazó por cuestiones personales.

Semanas más tarde, era nombrado nuevo delegado Francesc de Paula Caminal, hermano de Josep Caminal, que había sido uno de los fundadores de Convergència en el año 1974 (por tanto, de la confianza también de Jordi Pujol) y a partir de 1996 había ejercido de vocal del Consejo General del Poder Judicial en representación de CiU.

Algo similar ocurrió poco después, en otoño de 2002, cuando Artur Mas ofreció la cartera de Economía a Carles Tusquets, otro íntimo amigo y protegido de Jordi Pujol Ferrusola, con quien acostumbraba a practicar ciclismo.

Artur Mas y Jordi Pujol Ferrusola funcionaban como un tándem perfecto, una apisonadora. Júnior, en su comparecencia ante el Parlamento catalán en febrero del 2015, lo dijo muy claro: «Artur Mas y yo somos amigos íntimos». Mientras, Artur Mas lo negaba. Intentaba marcar distancias con los Pujol, pero la historia es tozuda y, a veces, traicionera. Políticamente, Artur Mas estaba enfangado con los Pujol hasta las cejas.

Hay otra historia que redunda en la fortaleza del tándem Pujol-Mas. El 19 de febrero de 2002 el gobierno catalán multó con 6 millones de euros a Fecsa-Endesa por los apagones registrados en Cataluña entre los días 14 y 17 de diciembre del 2001, cuando una ola de frío arrasó la comunidad. El día del gran apagón Artur Mas se encontraba en una fiesta: la del cuarto aniversario de una discoteca en Vilassar de Mar, propiedad de Daniel Sánchez Llibre, entonces presidente del RCD Espanyol y hermano de Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU en el Congreso. Media Cataluña se paralizó mientras el jefe del Gobierno bailaba con sus amigos. Fue un mazazo para la imagen pública de la Generalitat, con mofas y continuas interpelaciones parlamentarias de toda la oposición pidiendo explicaciones y responsabilidades políticas a Artur Mas.

El enfado con la eléctrica era monumental, porque las consecuencias del apagón desgastaron la imagen pública del entonces conseller en cap. En esas circunstancias, se llegó a pensar en un recambio en la cúpula de Fecsa. La Generalitat maniobraba en la sombra buscando candidatos para el cargo. Y fue Jordi Pujol Ferrusola quien le propuso el nombre de José Manuel Fernández Norniella al conseller en cap. En la agenda de Júnior estaba anotada una cita con Norniella en Madrid para finales de febrero y estaba dispuesto a realizar la oferta formal al ejecutivo. «He hablado con Oriol y con Joaquim Pujol para que me den posibles nombres», le advirtió Jordi a Artur. Si saltaba algún otro candidato, se lo haría saber, pero, de momento, Norniella era el único. «¿Quieres que te organice una entrevista con él en Barcelona?», le ofreció.

No era un cualquiera: Norniella había sido miembro del consejo de administración de RTVE de 1991 a 1993, diputado del PP de 1993 a 1996 y secretario de Estado de Comercio de 1996 a 1998. En el año 2000 fue elegido presidente de Ebro Foods y del Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Además, era un hombre de la total confianza del entonces todopoderoso Rodrigo Rato y había intervenido en los negocios de Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig en República Dominicana, haciendo que el gobierno español presionase al dominicano para que les ofreciesen la adjudicación oficial de la remodelación del Mercado Central de Santo Domingo. Por tanto, era un hombre con perfil, imagen y contactos como para optar al control de la eléctrica y difícilmente el PP se opondría. De esta manera, Mas haría pagar a la dirección de la eléctrica el ridículo que le hicieron pasar durante el apagón. La operación, al final, no se pudo llevar a cabo porque CiU se encontró más aislada que la una. Además, al PP no le hacían falta sus votos en Madrid y, por tanto, tenía las manos libres para apoyar o no las pretensiones de los catalanes.

Las cinco letras de Pujol causan hoy un pavor inmenso entre la clase política catalana. Antes, no obstante, eran un talismán para abrir puertas. Felip Puig era otro de los resortes que manejaba Júnior en la época dorada del pujolismo. «Creo que tienes hoy una reunión a las 18.00 horas con Álvarez, de UGT. Le acompañará uno de sus segundos que se llama Pedro Parra, responsable de la promotora de la vivienda social de la UGT (Qualitat Habitatge). Hemos hecho cosas conjuntas y es un buen amigo. Si fuese posible, sería muy positivo que le hicieses un halago, una muestra de reconocimiento ante Álvarez», le dijo en un mensaje Jordi a Felip.

El club funcionaba bien y la comunicación entre el consejero de Obras Públicas y el despacho de Ganduxer 5-15, sede de las empresas de los Jordis (Pujol y Puig) era fluida. Ese espacio era el verdadero despacho oval de Cataluña. En una ocasión, los Jordis habían identificado un negocio de altura y necesitaban despejar el camino. «Querido Felip: la reunión de este mediodía a las 13.00 horas con Xavier Isart (Incasol) y el promotor ha ido bien. Estamos de acuerdo con la reserva de los terrenos que habíamos identificado, y de forma independiente, en el CIM. El paso siguiente es que el Incasol conteste la carta reservando los terrenos para este promotor, dándole derecho preferente de compra. Isart está esperando instrucciones de Paradell para enviar la carta. Por favor, hazle llegar el ok para enviar la carta. Un abrazo». Se trataba, en esta ocasión, de la creación de un centro logístico en Sallent.

La influencia de Júnior en el gobierno era enorme. En febrero del 2002, mientras buscaba candidato para ser delegado de la Generalitat en Madrid, el hijo del president pilotaba algunas operaciones sospechosas. Consideraba «muy preocupante», por ejemplo, el tema de las nuevas terminales de contenedores del Puerto de Barcelona. «Sé que la gente de TCB, señor Soldevila y señor Pérez Maura, te vienen a ver el miércoles día 20. Tendríamos que hablar antes de que te vengan a ver para explicarte de qué va el tema», le ordenaba Pujol Ferrusola al consejero Puig, que entonces estaba al frente de Política Territorial y Obras Públicas. Le recordaba en una comunicación que tenía que «contactarle» con M. C., periodista de la televisión del Baix Llobregat.

Júnior ejercía de jefe del gobierno en la sombra y no le dolían prendas a la hora de impartir órdenes o de dictar la agenda de un consejero. A Felip Puig le consideraba una pieza clave. Era amigo suyo y controlaba áreas muy importantes, como la del Puerto de Barcelona. «Nos hemos de ver, hay muchos problemas con el Puerto. Necesito urgentemente una reunión entre tú, Tosas y yo». Tosas no era otro que Joaquim Tosas, a quien Jordi Pujol padre había puesto como presidente del Puerto de Barcelona.

La relación con el consejero era muy fluida. Cuando, en su comparecencia de marzo de 2015 ante el Parlamento, Felip Puig dijo que no había comido nunca con Jordi Pujol Ferrusola en el restaurante Vía Véneto, tenía razón. No comía allí periódicamente, como se había dicho, ni siquiera en otros lugares. Pero es cierto que veía a Júnior y a veces cenaba con él. A una de esas cenas, Jordi Pujol Ferrusola quiso invitar a Heribert Padrol. Era la época en que negociaba con él su incorporación como delegado de la Generalitat en Madrid. Pero si tenía que dar órdenes a Puig, lo hacía sin miramientos. No se cortaba si consideraba que debía hacerlo: «Antes de que te visiten los señores de Gas de Francia, la gente de Solvay querrían tener una reunión contigo. Les acompañaría el señor Xavier Plana. La Francina ya está avisada. Dales hora rápido, antes del día 1 de marzo, por favor». Una orden es una orden. Y si viene de parte del hijo del jefe…

Pujol Ferrusola y Felip Puig se conocían desde críos. Habían compartido colegio y partido y eso une mucho. Júnior, además, era un activista político. Cuando encontraba algo interesante, se lo hacía llegar a su amigo cuando este manejaba las riendas de Convergència. De textos sueltos, de ensayos o de estudios, podían sacar provecho.

La influencia de Júnior era ejercida a todos los niveles. En la década de los noventa, se interesó por el equipo de rugby de Perpignan USAP. Y junto con algunos amigos —como los andorranos Francesc Robert y Zorzano— decidieron impulsar ese club. Para ello, Jordi Pujol Ferrusola elaboró una detallada estrategia deportiva trufada de política.

Para empezar, la rotulación de todo el estadio habría de estar en catalán, así como la megafonía. Habría de mantener el ambiente musical con canciones catalanas. La revista USAP debía ser al 50 por ciento entre catalán y francés. Este porcentaje se mantendría en la megafonía de las comidas antes de los partidos y en la documentación del club. El rótulo de bienvenida había de ser exclusivamente en catalán y la tienda de la USAP no solo debía estar en catalán, sino que debía hacer ostentación de banderas catalanas. «Intentar que la documentación de la USAP (fichas, papeles de carta, notas internas y externas, tarjetas de visita, folletos…) sea también en catalán», decía el memorándum que elaboró.

En 2002, logró firmar un acuerdo con el Barcelona Universitari Club (BUC), por el que este equipo, creado en 1929, adoptó el nombre de USAP-Barcelona y cambió su uniforme negro por los colores rojo y amarillo del francés. Pero para mantener el equipo necesitaba dinero contante y sonante. El 20 de julio de 2001, Jordi Pujol Ferrusola envía una carta a su padre, el president.

Querido padre,

Tal y como quedamos, este es el convenio que te propongo y que la USAP aún no tiene.

Como puedes ver, hay una parte de catalanización y otra deportiva. Antes de presentarlo, sobre todo en el tema de la catalanización, pero también en el tema deportivo, dime si crees que se ha de añadir algo.

Espero tus comentarios.

Un abrazo.

PS: Recuerda el tema convenio con TV3, no solo de emisión de partidos, sino económico por un periodo mínimo de tres años, por favor.

Yo, cuando vuelva de México, te llamaré, porque posiblemente el 30 o 31 jugaré en Perpignan.

En la temporada 2002-2003, la USAP de Perpignan comienza a recibir patrocinio de la televisión pública catalana. Al año siguiente no había partida destinada a ayudar al club del hijo de Pujol. Pero en el empeño arrima el hombro toda la familia: el 10 de diciembre de 2004, es Oriol Pujol Ferrusola el que aporta su granito de arena e interpela en el Parlamento a la cúpula de TV3.

Hablando de Països Catalans, también hay Països Catalans más desfavorecidos y la situación en la Cataluña Norte no es ni mucho menos comparable con la del Principado o la que hay en Valencia o Baleares… y todos los esfuerzos han de ser mantenidos e incrementados. Si es posible, incrementados, ¿no?

En la Cataluña Norte, pues, cogemos lo que podemos. Creo que es bastante sincero plantearlo así: cogemos sencillamente lo que podemos y el rugby es uno de estos ejemplos. Ha existido tradicionalmente un acuerdo de «esponsorización» entre TV3 y el rugby que… lo reconozco, que más que «esponsorización», en el sentido estrictamente publicitario es consolidar un ámbito lingüístico y cultural muy maltrecho en Perpignan y en toda Cataluña Norte, ¿no?

Y por eso, la pregunta se refiere a cómo está el acuerdo para la temporada 2004-2005, que tradicionalmente TV3 ha firmado con la USAP en Perpignan.

Así quedó recogido en el Diario de Sesiones del Parlamento. El director de TV3 le comunica que acaban de renovar ese convenio, pero Oriol Pujol no está satisfecho: los intereses de su hermano han quedado tocados. «Me sorprende, en todo caso, que se haya reducido a la mitad el importe económico», protestó el político del clan.

El 6 de mayo de 2005 el diputado del PP Santi Rodríguez ponía el dedo en la llaga. En la misma comisión en la que Oriol Pujol se quejaba por el recorte de las ayudas públicas al equipo de su hermano, el diputado opositor explicaba que, en determinadas circunstancias, es comprensible el patrocinio del equipo de Perpignan, aunque había extrañas circunstancias.

Pero, claro, se da otra circunstancia, y es que en Cataluña hay otros equipos de rugby, yo diría que importantes, como la Unió Esportiva Santboiana, que, por cierto, este domingo puede proclamarse campeón de Liga, división de honor española; que es una entidad no centenaria, tiene ochenta y cuatro u ochenta y cinco años de antigüedad; que fue la introductora de este deporte, el rugby, en Cataluña y que, además, se ha dirigido a Televissió de Catalunya para pedir su ayuda en la forma que creyesen oportuna. Y sabemos que esa ayuda se les ha negado.

Entonces, claro, cuesta entender que TV3 patrocine un equipo de rugby de Perpignan y, en cambio, niegue este patrocinio, niegue estas ayudas a los equipos que son propiamente de Cataluña y que básicamente están formados por personas que pagan sus impuestos en Cataluña.

El presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, entonces llamada Corporación Catalana de Radio y Televisión, Joan Majó, se excusó diciendo que se había encontrado los convenios firmados y lo único que hizo fue reducir la cuantía a la mitad. Pero ninguno de los contertulios conocía los intríngulis que habían llevado a TV3 a patrocinar un equipo francés: ni más ni menos que, envolviéndolo en la manida senyera, aprovecharon una vez más los fondos públicos para llevar adelante negocios privados. Y de ello daban fe las comunicaciones entre padre Pujol e hijo Pujol.

Órdenes del president

El clan hacía y deshacía a su antojo. El 13 de marzo del 2002 tenía lugar en Barcelona una importante reunión entre los departamentos de Medio Ambiente y de Industria. En el cónclave estaban presentes Oriol Pujol Ferrusola, que había sido nombrado secretario de Industria, y Albert Mitjà, director general de Energía y Minas. La intención era desbloquear el visto bueno para la apertura de tres parques eólicos que la Consejería de Medio Ambiente había paralizado. Lo malo del caso es que dos de ellos soportaban encima un informe negativo de los servicios de esa consejería, que desaconsejaban su apertura por razones ecológicas.

Oriol Pujol apeló a razones contundentes: la directora general ya había pactado una visita de los responsables de la Administración al terreno y, además, el president Pujol tenía interés personal en conceder esas licencias. Punto y final.

El 8 de mayo siguiente, el conseller en cap Artur Mas enviaba una carta al consejero de Medio Ambiente, Ramon Espadaler, en la que le decía textualmente: «En las últimas semanas, he ido insistiendo en la necesidad de autorizar la instalación de algunos parques eólicos (…). Me gustaría que me informases lo más pronto posible de la situación de los proyectos siguientes: Prat del Compte (parques eólicos de Carena de la Tossa y Coll Ventós), Ascó (parque eólico de Barbers), Colldejou (parque eólico de Les Costes) y Portbou (parque eólico de Tramuntana). ¿Qué razones impiden conceder estas autorizaciones?». Mano de santo: el 17 de mayo, nueve días más tarde, eran aprobados los proyectos de Portbou y Ascó y, una semana después, los dos de Prat del Compte.

Tres de esos parques eran los aludidos por Oriol Pujol en la primera reunión y donde su padre tenía «interés personal». ¿Por qué ese interés? Paradójicamente, dos de ellos pertenecían a un veterano militante de CDC y fundador de CiU, Joan Fages. El nombre de este figura en los documentos oficiales de la constitución de la Federación de CiU, en representación de CDC, juntamente con los de Jordi Pujol Soley, Francesc Caminal, Maria Eugènia Cuenca, Marta Ferrusola, Jordi Pujol Ferrusola, Miquel Roca Junyent, Antoni Subirà, Pere Sagarra Trias, Núria Claverol y Carles Sumarroca Coixet.

El tercer parque era propiedad de este último, fundador junto a Jordi Pujol de CDC en los años setenta, y como se ha visto benefactor de la familia Pujol y beneficiario de contratos públicos.

Sumarroca siempre ha hecho negocios a la sombra del poder y dos de sus constructoras (Teyco y Emte) están en el top ten de las privilegiadas compañías que reciben las adjudicaciones de obra pública de Cataluña. Además, Sumarroca empleó en la empresa Entorn, que había realizado el informe de impacto ambiental de su parque
precisamente, a Pere Pujol Ferrusola, el hijo del jefe de la Generalitat.

De los dos proyectos que Artur Mas añadía en su carta, el de Barbers contaba con un informe medioambiental redactado por la compañía Codema, también propiedad de Sumarroca. Y el de Tramuntana era propiedad de Joan Fages. Lo cierto es que Codema y Entorn eran las compañías reinas de los informes en el sector eólico. La pequeña firma en la que trabajaba Pere Pujol Ferrusola había realizado los pertinentes informes de un buen puñado de parques eólicos, aunque le sobrepasaba en número Codema. Cuando Pujol dejó el poder, ambas compañías se habían encargado de veinticinco de los sesenta y siete informes que habían llegado al gobierno, un 37,31 por ciento del total (normalmente, cada parque eólico contrataba a una compañía diferente para los informes).

Lucha de tronos en la plaza Sant Jaume

Durante la etapa socialista se produjo un curioso paréntesis en el que Artur Mas pasó su particular travesía del desierto, con un endeble tripartito instalado en las bisagras del poder catalán. Desde finales de 2010, cuando Artur Mas había ganado las elecciones, el Partido Popular había apoyado a los nacionalistas para que pudiesen gobernar con su exigua mayoría de sesenta y dos diputados, de un total de ciento treinta y cinco que tiene la cámara autonómica. Tras esas elecciones, se produjo una curiosa coyuntura política que diseñó una original correlación de fuerzas en el panorama político español. A finales de 2011, no obstante, en el gobierno central existía la convicción de que Convergència i Unió (CiU) podía cambiar de socio.

Por un lado, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se propuso aprovechar el apoyo de su partido a CiU para convertirse en la correa de transmisión entre el gobierno catalán y el español, en la pieza clave de toda la ingeniería administrativa. Durante un año, mantuvo una estrecha relación con Artur Mas, con el que hablaba cada semana, al tiempo que mantenía inmejorables relaciones con el presidente español, Mariano Rajoy, con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, y con varios ministros.

El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran, por su lado, había pactado con Artur Mas llevar el peso de las relaciones con el gobierno central y, además de poder asistir como oyente a las reuniones del gobierno catalán, tenía carta blanca para establecer contactos en Madrid. Duran, por si fuera poco, pudo poner como delegado de la Generalitat en la capital de España a una persona de su entera confianza: Jordi Casas. De ese modo, se convirtió en el principal rival de Alicia Sánchez-Camacho para ejercer como la correa de transmisión con el ejecutivo central.

Pero ante esas dos correas de transmisión, el núcleo duro del gobierno catalán iba a la suya. Artur Mas había concentrado a ese núcleo en Presidencia, exceptuando a Felip Puig, a quien tuvo que ceder la Consejería de Interior cuando esta estaba prácticamente adjudicada a Francesc Homs.

Puig no ocultaba que su meta era conseguir volver a ser el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, cargo que ya había ostentado en el último gobierno de Jordi Pujol. Pero las presiones empresariales a Artur Mas lo impidieron. Es más: en una cena celebrada cuando el líder nacionalista estaba todavía barajando nombres para su gabinete, un grupo de empresarios le pidió abiertamente que Felip Puig no fuese consejero de Obras Públicas. Al final, Mas decidió que nadie del núcleo duro —y especialmente nadie relacionado con la familia Pujol o de la confianza de esta— debía ocupar carteras del ámbito económico. La excusa para contentarlos fue que necesitaba personas de marcado perfil en el área política del gobierno.

Felip Puig protestó y amenazó con abandonar Convergència dando un portazo. En aquel momento, el «padre político» del núcleo soberanista hubiese podido hacer mucho daño a su partido si tomaba las de Villadiego de manera abrupta. Pero en Interior había mucho por hacer y le convencieron de que era una consejería clave, por la que circulaba mucha información y en la que se podría dar visualización a la gestión de manera muy efectiva. Eso le convenció y aceptó hacerse cargo de Interior, una consejería que en aquellos momentos estaba convulsionada, con una imagen por los suelos debido a la gestión del anterior consejero, el ecosocialista Joan Saura. Además, el abierto enfrentamiento entre los agentes y la cúpula política de la consejería añadía a la situación un plus de inestabilidad. La estrategia de Puig al llegar fue tratar de taponar esa brecha, lanzando puentes de entendimiento con la plantilla de los Mossos d’Esquadra y defendiéndolos ante las eventualidades y polémicas suscitadas, contrariamente a lo que había hecho Saura.

Su nuevo destino, no obstante, le alejó de los círculos de decisión. Y Francesc Homs se convirtió en el auténtico hombre fuerte del gobierno. Homs fue nombrado secretario general de Presidencia y portavoz del Gobierno, mientras que Germà Gordó fue nombrado secretario del Gobierno. De esta manera, Artur Mas se rodeó en su cúpula con dos hombres clave de Convergència: Homs, que era el hombre de los números del partido, el que hacía los informes económicos, el que había negociado el Estatut y el que le daba las claves para plantear reivindicaciones económicas ante Madrid; y Gordó, el tesorero, la persona que conocía las cloacas de CDC y el jurista que diseñaba la estrategia legal del partido.

A partir de ahí, se planteó una larvada guerra en el interior de Presidencia por ver quién de los dos miembros del soberanismo conseguía más poder y una mayor ascendencia sobre Artur Mas. Homs supo maniobrar a su antojo y fue ganando poco a poco la partida. Pero Felip quedó relegado. El otrora hombre más poderoso de Convergència se encontró atado de pies y manos. Quiso liderar el núcleo político del gobierno pero se encontró con la oposición del propio Artur Mas y de quienes en otro tiempo fueron sus aliados, empezando por Francesc Homs.

Esa pérdida de poder se visualizó perfectamente a su llegada a la consejería: Puig anunció a bombo y platillo que el entonces alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, sería el nuevo secretario de Seguridad, en sustitución del incombustible Joan Delort. Desde Presidencia le advirtieron que Crespo era una persona non grata para el presidente catalán y que debía replantearse su nombramiento. Lejos de hacer caso, Puig anunció públicamente el nombramiento de Crespo. El enfado en el Palau de la Generalitat fue tal que el propio Homs llamó al consejero de Interior para advertirle de que, por orden expresa de Artur Mas, Crespo no podría ser nombrado secretario de Seguridad, uno de los cargos más importantes del gobierno y el único (juntamente con el de secretario de Prisiones) que permite a su ocupante llevar escolta como si fuese un consejero.

En realidad, a manos de Artur Mas había llegado un extenso informe que no dejaba en buen lugar a Crespo, uno de los apoyos territoriales de Puig. El informe le vinculaba a él y a su hermano con la mafia rusa, de la que podrían haber estado recibiendo regalos a cambio de tratos de favor desde el Ayuntamiento de Lloret de Mar. Con ese informe en la mano, Mas le vetó para cualquier puesto gubernamental.

Hizo bien. El 26 de febrero del 2013, un auto de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmó la imputación de Crespo, a quien acusaba de recibir como regalos un viaje a Rusia en febrero del 2008, junto a su mujer y su hijo, la mejora de las condiciones económicas de un viaje oficial al mismo lugar en marzo de 2010, y un reloj Zenith por su cumpleaños, valorado en 3.000 euros. Todos estos regalos los había recibido a través de la compañía Development Diagnostic Company S. L., administrada por Andrei Petrov, el supuesto mafioso ruso asentado en Lloret de Mar que habría recibido tratos de favor por parte del gobierno municipal en la «realización de las obras de construcción y proyectos inmobiliarios». Esos favores se concretaron en la bonificación de impuestos, cambios de usos o tolerancia en la ejecución de obras. Y así, paradojas de la vida, la imposición de Presidencia acabó ahorrándole a Puig un disgusto mayor, puesto que, de haber cedido Artur Mas, el escándalo hubiese sido superior, al haber estado ocupando Crespo un importante puesto a la hora de ser imputado judicialmente.

La lucha larvada en el interior de Presidencia, no obstante, tiene otro episodio relevante: Francesc Homs pugnaba con Alicia Sánchez-Camacho y con Josep Antoni Duran Lleida por convertirse en la pieza clave de las relaciones entre Barcelona y Madrid. Su objetivo era mantener una línea abierta entre la Secretaría General de Presidencia de la Generalitat y la Vicepresidencia del Gobierno de España, laminando cualquier iniciativa de Duran o Sánchez-Camacho. Incluso laminó, con esa estrategia, a la propia Delegación de la Generalitat en Madrid. Jordi Casas acabó arrojando la toalla a mediados de 2013. Tras su dimisión, criticó abiertamente la deriva independentista del gobierno catalán, pero en privado también echaba pestes de las interferencias y el boicot que le hacían desde la Presidencia de la Generalitat. Pero lo cierto es que desde la primavera de 2012, un sector independentista de CiU y otro sector duro del PP articulado por personas vinculadas a la FAES se pusieron de acuerdo para realizar una pinza sobre las respectivas direcciones de los partidos y boicotearon descaradamente la posibilidad de que Rajoy y Mas llegasen a un acuerdo.

7. SECRETOS DE FAMILIA

Frases para olvidar

La familia Pujol Ferrusola (el matrimonio Jordi Pujol i Soley y Marta Ferrusola i Lladós y siete hijos: Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer) es una familia tradicional catalana, con la salvedad de que Jordi Pujol compartía amores, además de con su esposa, con Cataluña. Los cabezas de familia se conocieron en la católica Virtèlia, una escuela de la burguesía barcelonesa por la que pasaron, entre otros, Pasqual y Ernest Maragall, Miquel Roca, Ricardo Bofill, Lluís Bassats, Josep Maria Trias de Bes, Félix Millet y Federico Mayor Zaragoza. Se conocieron en 1951, ennoviaron en 1954 y se casaron en 1956, en la emblemática abadía de Montserrat. El clan vivió casi toda su vida para el tema económico y político. Fueron héroes en el tema político y villanos en el tema económico. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió: la faceta de villano terminó comiéndose a la de héroe. Su fallo fue que, al final, pusieron el epicentro de su felicidad en la cartera. Es lo que más cerca del corazón se lleva.

Del patriarca es sabida su detención en 1960 por lo que se conoce como «los hechos del Palau». El 19 de mayo de aquel año hubo un acto para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta Joan Maragall. El gobernador civil de Barcelona, Felipe Acedo Colunga, había prohibido días antes la interpretación del «Cant de la senyera», obra del propio Maragall, y eso soliviantó a un sector de la población. En el acto de aquel día, en presencia de cuatro ministros franquistas, un grupo de jóvenes se levantó, entonó el «Cant de la senyera» y repartió octavillas bajo el lema «Us presentem el general Franco (Os presentamos al general Franco)» y con la letra del poema.

«El general Franco quiere venir a Barcelona. Según parece, se quedará unos cuantos días. Como hemos de convivir con él, merece la pena saber quién es. Después de veintiún años de régimen franquista, esta presentación se hace necesaria. Estamos sometidos a una presión propagandística tan fuerte y tan unilateral que ya no sabemos quién es el general Franco ni qué representa su régimen». Así comenzaba el panfleto distribuido. Decía que Franco representaba la negación de la libertad en todos los órdenes: la libertad política, social, sindical, intelectual, cultural, religiosa… «La falta de libertad es absoluta. Y solo es atenuada por el estadio de libertad en que vivimos. El general Franco, el hombre que vendrá a Cataluña, ha cogido como instrumento de gobierno la corrupción. Ha favorecido la corrupción. Sabe que un país podrido es fácil de dominar, que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre prisionero. Por eso, el régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. Como se hace en ciertas profesiones indignas, el régimen procura que todos estén enfangados, todos comprometidos. El hombre que pronto vendrá a Barcelona, además de un opresor, es un corruptor», terminaba el alegato.

Jordi Pujol i Soley no estaba en el Palau de la Música aquel 19 de mayo, pero muchos de los detenidos en aquella jornada le señalaron a él como el autor del texto de protesta, por lo que fue detenido. Posteriormente, se formó un consejo de guerra que le condenó a siete años de prisión, de los que cumplió dos y medio. Junto a él, también fue condenado a tres años Francesc Pizón. El futuro presidente catalán militaba entonces en el cristianismo progresista y nacionalista, que acababa de despegar con inusitada fuerza. La organización Cristians Catalans había comenzado además una dura campaña contra Luis Martínez de Galinsoga, un cartagenero que había sido nombrado director de La Vanguardia el 1 de mayo de 1939. Galinsoga había asistido a una misa en la iglesia de San Ildefonso de Barcelona el 21 de junio de 1959. La misa transcurrió en latín, pero la homilía fue en catalán, lo que provocó su indignación: se dirigió a la sacristía y allí pronunció una frase legendaria: «Todos los catalanes son una mierda».

A partir de ese momento, círculos católicos de Cataluña comenzaron una campaña contra el periódico de la familia Godó, rompiendo ejemplares públicamente, llamando al boicot y enviando cartas de protesta a los anunciantes. La Vanguardia perdió 20.000 suscriptores, lo que provocó que el 21 de enero de 1960 se anunciase el cese de Galinsoga. El 5 de febrero, el Consejo de Ministros nombraba a Manuel Aznar como su sustituto. Esa campaña y la creciente aureola del joven Jordi Pujol i Soley como líder catalanista pesaron más tarde a la hora de ser condenado en el consejo de guerra.

Por esa época, su padre ya estaba embarcado en la construcción de Banca Catalana, nacida de la pequeña Banca Dorca. A Jordi Pujol le gustaba el mundo de las finanzas. Había estudiado la carrera de medicina pero nunca ejerció. Cambió el bisturí por la caja registradora. Pero también tenía veleidades políticas, y ellas le llevaron, en 1974, a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Alrededor de ciento veinticinco patriotas nacionalistas aprovecharon la conmemoración del 75 aniversario del FC Barcelona para tener un encuentro en Montserrat, en un acto organizado por Miquel Sellarès (que luego habría de ser el primer director de los Mossos d’Esquadra) y Miquel Esquirol. Entre los asistentes, cuya alma máter era Jordi Pujol, se encontraban personajes clave para entender la Cataluña posterior, la Cataluña política, pero también la Cataluña de los negocios, la Cataluña corrupta, la que no distinguía entre lo público y lo privado.

El encuentro de Montserrat se celebró el 15 de noviembre de 1974 y a él asistieron, entre otros, Jordi Aguilà Sancho, Xavier Bigatà Ribé, Pere Brosa Xalma, Jaume Camps Rovira, Núria Claverol Claverol, Maria Eugènia Cuenca Valero, Josep Maria Cullell Nadal, Josep Espar Ticó, Joan Fages Torras, Marta y Josep Ferrusola Lladós, Joan Granados Duran, Joaquim Pujol i Figa, Jordi Pujol Ferrusola, Miquel Roca Junyent, Jaume Rosell Sanuy, Antoni y Miquela Subirà Claus y Carles Sumarroca Coixet. Algunos de estos nombres han estado vinculados a la Administración y a la política, pero la mayoría también estuvieron vinculados a los negocios. Negocios cruzados o negocios realizados al amparo de la Administración. Algunos son incluso socios de la familia Pujol Ferrusola; otros recibieron cuantiosas ayudas económicas que les permitieron consolidarse como algunas de las fortunas más grandes de Cataluña en unas pocas décadas.

Pero ¿qué decir del Pujol pensador, del Pujol forjador de ideas? Como muchos otros, el patriarca del clan tiene sus claroscuros. Sus frases más polémicas están contenidas en el libro La inmigración, problema y esperanza de Cataluña. Contiene este opúsculo frases para olvidar.

El hombre andaluz no es un hombre coherente. Es un hombre anárquico. Es un hombre destruido (…). Es, generalmente, un hombre poco hecho, un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad (…). De entrada, constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España (…). Ya lo he dicho antes. Es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y paupérrima, es decir, su falta de mentalidad.

Era el Pujol joven, aprendiz de brujo todavía, quien había escrito estas «perlas» en 1958. En 1976, el libro fue reeditado y, un año más tarde, Pujol publicaba dos artículos disculpándose. En 1997, incluso llegó a aceptar que sentía «vergüenza» por lo que había escrito, aunque se dolía de que sus palabras podían resultar ofensivas porque no se había tenido en cuenta el resto del libro. Una reseña de la obra de 1976 estuvo colgada en la web oficial del Centro de Estudios Jordi Pujol. La ficha decía que había sido editada el 18 de noviembre de 1976 por la editorial Nova Terra y añadía un comentario: «Compilación caracterizada por el progresivo desarrollo de conceptos ya apuntados nuclearmente y que testimonian una característica típica del autor: la absoluta coherencia de su pensamiento y de su acción actuales con las grandes líneas que inspiran su política nacional catalana». En las elecciones de 2012, cuando Ciutadans intentó utilizar el contenido del libro para la campaña electoral, desapareció toda reseña al mismo.

De hecho, desde el punto de vista del nacionalismo, la tesis del libro tiene una cierta coherencia. Porque, en definitiva, la disciplina y la uniformidad son los ingredientes básicos de la doctrina nacionalista. Y esa uniformidad, con mayor o menor radicalismo, unió al clan Pujol Ferrusola con cemento armado.

La familia no tuvo nunca enfrentamientos internos, exceptuando un episodio en los años noventa que siempre se ha querido ocultar. Sobre la estrecha amistad del presidente de la Generalitat con una fémina existen diversas leyendas. Hay quien dice que era la viuda de un importante prohombre barcelonés; hay quien dice que era una empleada en el protocolo de una institución catalana que antes había pasado por la Generalitat; hay quien dice que era una secretaria, y hay quien dice que era una funcionaria que le había presentado su escudero Lluís Prenafeta tiempo atrás. Un informe de la policía española del año 2012 recoge un apunte que le pone nombre: María José Bargalló. Y Marta Ferrusola descubrió el asunto porque tenía cuenta en el mismo banco suizo que su marido. Eso es lo que dice la policía. Lo cierto es que Jordi Pujol i Soley abandonó durante unos meses el domicilio familiar y se trasladó a vivir a la residencia oficial del presidente del Gobierno en el Palau de la Generalitat, dependencias que nunca antes había utilizado. En las Navidades de aquel año, sus hijos Jordi y Josep trataron de reconciliarlos, lograron que en esas fechas tan señaladas la familia volviese a unirse y les obsequiaron con un viaje de placer para firmar la paz.

Los Pujol Ferrusola siempre han estado vinculados a la política. En la reunión fundacional de Convergència llama la atención el nombre de Jordi Pujol Ferrusola, que en aquel momento acababa de cumplir los dieciséis años. La matriarca, Marta Ferrusola, fue responsable de la sectorial de Deportes de Convergència. El primogénito, Jordi, basculó siempre entre la política y los negocios, pero en su trayectoria primaron los últimos. De hecho, solo Oriol Pujol Ferrusola, el quinto vástago, se dedicó profesionalmente a la política, como el padre. Sin embargo, toda la familia supo aprovechar la política para vivir bien. Jamás ninguno de sus miembros tuvo escrúpulo alguno en utilizar sus influencias o el nombre del todopoderoso padre para lograr sus objetivos. Y muchas veces los intereses de los distintos integrantes del clan se entrecruzaban sin obstaculizarse, más bien al contrario.

El patriarca vivió de la política para la política y dejó hacer. Amparaba los hechos de su prole sin el más leve sentido crítico. En realidad, como dicen quienes bien le conocen, lo que le gusta es gente sumisa a su alrededor, gente que le haga la pelota. Fue un gestor de fondos públicos como podría haber sido banquero. De hecho, oficialmente le sacó un mayor rendimiento a la cosa pública que al banco de su padre. Otra cosa es si ha sido o no un buen gestor. En el año 2003 dejó la Generalitat como un páramo. Y eso que era época de vacas gordas: las empresas públicas de la Generalitat habían aumentado gastos en casi 346 millones de euros respecto al año 2002. Y la pérdida acumulada de estas empresas era de 129 millones de euros. Lo dice el informe 1/2004 de la Sindicatura de Cuentas sobre las cuentas generales del año anterior.

Pero todo político tiene una parte de ideas (es decir, de ideales), otra de economía (o sea, de números) y otra de anécdotas (es decir, de humanidad). Y solo se conoce al personaje combinando estos tres ingredientes.

En sus principios como president, Pujol las vivió de todos los colores. De hecho, nadie daba relieve a una institución que apenas se conocía. No había una perspectiva histórica para hacerse una idea de la importancia del cargo. Y mucho menos algunos círculos aferrados a la idea de un Estado centralista. Hay una anécdota que ilustra la incomodidad que algunas veces provocaba Jordi Pujol. En una ocasión, a poco de haber sido nombrado presidente de la Generalitat, despidió al rey Juan Carlos en el aeropuerto y se dirigió a su domicilio. En el vestíbulo, dos policías nacionales hacían guardia permanente, sentados en un sofá, ya que las competencias de seguridad todavía no habían sido traspasadas. Los policías no se inmutaron cuando Pujol y su esposa entraron en la portería. La dama le dio un pequeño codazo a su marido y miró hacia los agentes, que parecían ajenos a todo. Pujol, acercándose al sofá les recriminó. «Escuchen, acabo de dejar en el aeropuerto al rey de España que es el jefe del Estado. Y el presidente del Gobierno no está aquí, sino en Madrid. Por tanto, yo soy la máxima autoridad del Estado en Cataluña en estos momentos. No lo olviden», les espetó

Al día siguiente, los agentes fueron relevados por falta de consideración hacia el presidente de la Generalitat.

El robo del subfusil

Con los Mossos d’Esquadra dedicados a labores de escolta, el domicilio del president, en la Ronda General Mitre, tuvo el nombre en clave de Falcó 99, mientras que su residencia de Premià de Dalt, en la comarca del Maresme, era Falcó 100. Más adelante, el domicilio comenzó a llamarse Duma. Se trata de un edificio de dos viviendas por planta y los Pujol copaban las dos de una de ellas, que habían unido. En un principio, fue habilitada una pequeña habitación dentro del domicilio para que un escolta hiciese guardia. En alguna ocasión, tras ser vencido por el sueño, amanecía tapado con una manta que depositaba Marta Ferrusola con sigilo. En ese domicilio, la familia convivía con Queri, un gos d’atura, una raza de perro pastor propia de Cataluña. Su nombre, dicen, provenía de Queralbs, el pueblo natal de Marta Ferrusola, donde pasaban muchos fines de semana y en donde le habían regalado el animal.

Con el tiempo, los mossos pusieron una mesita y un pequeño armario junto a la puerta de la vivienda que no utilizaban, en el que guardaban, por seguridad, un subfusil. En el rellano se quedaba siempre un agente las veinticuatro horas. Por los alrededores del edificio y vigilando el parking, siempre había dos o tres agentes de seguridad ciudadana de paisano.

Una noche, Pujol salió al rellano, abrió el armario y se llevó el arma a casa. A la mañana siguiente, le pidió poder ver el subfusil al agente de guardia. Cuando este comprobó que no estaba en el armario, se quedó sin respiración. La sangre se le heló en las venas. El president entró en casa y salió con ella como si tal cosa. Con su habitual sentido paternalista, le dejó caer un aviso. «Es que se había quedado usted dormido». Masculló algo más sobre las características del arma y entró de nuevo en la vivienda. La cosa no pasó a mayores.

Pujol traía a su escolta de cabeza. Normalmente, los domingos bajaba al Palau de la Generalitat a trabajar después de comer. Y arrastraba tras de sí tres coches: el suyo y dos de escolta (dos «cápsulas»), donde viajaban otros cuatro guardaespaldas. Una cápsula iba delante del oficial y otra detrás. Al despacho, llamaba muchas veces a sus colaboradores para comentar temas. No importaba que fuese lunes o domingo. Él no se guiaba por el mismo calendario que los demás ciudadanos. Iba a lo suyo.

Su esposa, Marta Ferrusola, tenía fama de mandona. Era dura, pero no descortés. Altiva a veces, pero no solía faltar al respeto. Se ha llegado a decir que en ocasiones hacía que los escoltas paseasen al perro, pero no era así. Eso forma parte de la leyenda urbana formada en torno al personaje. Al perro lo paseaba doña Marta, pero el guardaespaldas debía ir a su lado. Es más: cuando iba de compras no dejaba que nadie cargara con las bolsas. En el pueblo de Queralbs, en pleno Pirineo, donde Marta Ferrusola dispone de la casa familiar, solía ir a las tiendas y luego acarrear las bolsas por las empinadas callejuelas del pueblo.

—Hola, Marta, vaya buenos mozos que llevas hoy al lado. Pero ¿cómo es que vas tan cargada? ¿Por qué no te echan una mano, que van con las manos vacías? —le decía siempre alguna de sus vecinas, asombrada por la fortaleza de la que parecía endeble mujer subiendo las abultadas bolsas de la compra.

—Ay, hija, es que ellos están para mi seguridad, no para ser mis criados. No pueden llevar nada en las manos —respondía invariablemente la «primera dama».

En Barcelona, en cambio, la matriarca iba casi siempre al mercado del Ninot con Antonia, la asistenta que tenía la familia, que era quien al final cargaba con más bolsas de la compra. Los Pujol solían llevar ropa a lavar y planchar a una tintorería en la calle Urgell, la misma que lavaba las sábanas de la Casita Blanca, el meublé más conocido de Barcelona. La dueña de la tintorería le habló a Marta Ferrusola de su hijo, que acabó ingresando en el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, más tarde dio clases de esquí a la propia «primera dama» y a los hijos del matrimonio Pujol Ferrusola y acabó llegando a comisario general de Coordinación Territorial del cuerpo: se trata de David Piqué, un encendido nacionalista que en el año 2012, con motivo del Día de las Escuadras (o sea, la fiesta del cuerpo de la policía autonómica), pronunció un duro discurso en el que se refirió a los participantes de una reciente huelga general: «Se pueden esconder donde quieran, porque les vamos a encontrar. Ya sea en una cueva o en una cloaca, que es donde se esconden las ratas, o en una asamblea, que no representa a nadie, o detrás de una silla de una universidad». Unas incendiarias palabras que no dejaron indiferente a nadie.

Piqué es integrante de la que se conoce como Promoción Cero, los primeros veinticinco agentes que pasaron la criba en 1981 para incorporarse a los Mossos d’Esquadra, que entonces comenzaban a formarse, y fue asignado como escolta personal de Jordi Pujol durante dos años. En 1984 fue nombrado jefe del grupo especial Escamot 16 (Comando 16), los agentes que popularmente se conocían como «mortadelos», el primer intento de crear un grupo especial de Información dentro de la policía autonómica. En su trabajo de fin de máster de 2009, titulado «El Síndrome de Sherwood» (en realidad, su título completo era «El fenómeno okupa/antisistema circunscrito al distrito de Gràcia (Barcelona) como factor de riesgo para la convivencia y potencial foco de inseguridad. Políticas públicas de seguridad aplicables para evitar que se convierta en un problema de orden público o delincuencial consecuentemente de solución únicamente policial», digno homenaje a Gabriel García Márquez), dejaba clara su estrategia:

Incluso si la concentración o manifestación, que es lo que estamos hablando, no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas unos días antes para calentar el ambiente. También se pueden hacer «redadas» preventivas en los lugares donde reencuentran habitualmente personas cercanas a la ideología de los convocantes con la excusa de buscar drogas o lo que sea necesario. La «redada» estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos, si es necesario.

Piqué sería, lo mismo que un reducido puñado de mandos de la policía autonómica, la quintaesencia del nacionalismo policial: un núcleo compacto que copó los resortes del poder del cuerpo, todos sus miembros defensores acérrimos no solo de las teorías nacionalistas, sino, lo que era más importante, del pujolismo.

A todo esto, como buena detallista, a Marta Ferrusola no se le escapaba nada. Exigía que los escoltas fuesen impecables: traje, corbata bien anudada, zapatos lustrados, impolutos...

—Lo primero que te miraba eran los zapatos. Solía decir que por el calzado se conoce a una persona —dice un antiguo guardaespaldas.

Doña Marta era una mujer de armas tomar. «Los niños han de darle valor al dinero. Han de saber lo que cuesta ganarlo», solía repetir. Frase premonitoria donde las haya. Era legendaria una de sus manías, que demuestra su apego a lo material: la familia recibía gratuitamente muchos diarios y ella hacía que, periódicamente, el chofer fuese a venderlos a peso a un trapero. Evidentemente, por pequeña que fuese la cantidad de dinero obtenida, se la metía en el bolsillo. Sin embargo, en Navidad siempre surtía a los escoltas de turrón, cava o comida. Y en su nevera no faltaban nunca latas de refrescos.

Durante una etapa se consideró si destinar un grupo de escoltas fijo a Marta Ferrusola, pero al final se desechó la idea para no levantar suspicacias y los responsables policiales determinaron que los guardaespaldas que llevase la esposa del president serían elegidos por turnos de entre el grupo. De todos era conocido también que no quería mujeres en la escolta —evidentemente, ni de ella ni de su marido—, porque confesaba que se sentía más segura rodeada de hombres.

La capacidad de trabajo de Jordi Pujol no conocía límites. Sus jornadas eran de catorce a dieciséis horas diarias. Y algunos domingos, como se ha dicho, acudía también al Palau, aunque solía asistir a misa por la tarde. En una ocasión, realizó un viaje a Alemania. Fue una jornada particularmente dura, que se prolongó hasta la noche. El vuelo en el que regresaba aterrizó en El Prat pasada la medianoche. Los escoltas daban ya por finiquitada su tarea por aquel día.

—A Palau —ordenó al chofer nada más entrar en el vehículo oficial.

Y a la plaza de Sant Jaume se dirigió la comitiva del coche del jefe y las dos cápsulas. «Media hora», pensaron los escoltas. Casi a las dos de la madrugada citó al jefe de la escolta. «Por favor, llame a Falcó 99 que hoy me quedo a dormir en Palau». Cuando esto sucedía, se avisaba al guardaespaldas que hacía guardia en el rellano y que tenía llaves del domicilio. Para que Marta Ferrusola no se sobresaltase, la costumbre era dejar pegado en el espejo del baño un cartel siempre con la misma frase: «Senyora: avui el president es queda a dormir a Palau» («Señora: hoy el presidente se queda a dormir en el Palau»). Primitivo pero efectivo. La «primera dama» ya estaba acostumbrada a estos «saltos» del marido. De hecho, coloquialmente era conocida como Marta Festusola. Se trataba de una derivación de la expresión Fes-t’ho sola y cuya traducción sería háztelo sola.

Uno de los hombres de confianza de Pujol era un guardaespaldas alto y fornido llamado Toni Ruiz, pero apodado por sus compañeros Zapatones. Al president le gustaba llevarlo a todos sus actos y cuando le recriminaban algún tic nacionalista, le hacía aparecer a su lado.

—¿Nacionalista excluyente yo? Lo niego rotundamente. Fíjense que incluso mi jefe de escoltas no es ni catalán. A ver, Toni, venga aquí, cuéntele a este señor de dónde es usted —solía decir el president desconcertando a sus interlocutores.

—¡Soy de Jaén, señor president! —contestaba displicente y con cerrado acento andaluz Zapatones a la llamada del jefe.

En ocasiones, cambiaba su coche oficial por un Golf GTI que conducía Ruiz. Les seguía otro vehículo de escolta por precaución. Al llegar a la zona de Sarrià, a la altura de la calle Ganduxer, el coche de escolta recibía siempre orden de aparcar y esperar indicaciones. Pujol desaparecía durante un tiempo que oscilaba entre hora y hora y media, sin que sus escoltas supiesen nunca a qué dedicaba ese tiempo libre.

Pujol no tenía mucho apego a las cuestiones materiales. La venta de los periódicos por parte de su mujer contrastaba con la indiferencia con que recibía regalos materiales en el Palau. La compañía Seat regaló a Jordi Pujol el primer Ibiza que salió de sus talleres. Podía haberlo entregado a alguno de sus hijos, que entonces no tenían vehículo propio, pero el president lo destinó a protocolo. Y muchos de los innumerables regalos que llegaban al Palau acababan en un almacén de la Barceloneta, un local trastero que pertenecía a la empresa pública Adigsa y que no se utilizaba para otra cosa.

Sus hijos estaban bien considerados por los escoltas, a excepción del mayor, Jordi Pujol Ferrusola. En cierta ocasión, estando la familia en Queralbs, Júnior salió de fiesta con un amigo. A la hora de volver a casa, quiso poner en evidencia a los guardaespaldas e intentó colarse por la puerta trasera. Faltó el canto de un duro para que fuese tiroteado, porque la guardia se percató de que alguien intentaba colarse en el domicilio donde estaban durmiendo el presidente y su esposa.

—Oriol y Pere eran los más sencillos. Siendo muy joven, Oriol salía de juerga y luego se quedaba con los escoltas contando las aventuras de las noches y los ligues que había tenido. Fardaba mucho de los ligues, eso sí. Pero bueno, ya sabíamos que no había ligado tanto como decía. El mayor, Jordi, tenía muy asumido quién era y Josep era muy prepotente. En cambio, las dos niñas eran un primor, muy tímidas y educadas. Oleguer, por su lado, era el mimado. Era uno de los pocos que quería ponerse siempre delante y tocar todas las teclas del salpicadero, hasta el punto de que tenían que darle algún manotazo para que se estuviese quieto.

Los Pujol no siempre han sido bien tratados. El 15 de junio del 2005, en la llamada Operación Tigris, la policía arrestó al marroquí Ridoune Elourma, que trabajaba como albañil en la rehabilitación de la casa que Josep Pujol Ferrusola tiene en La Tour de Carol. En esa operación fueron detenidos un total de once presuntos terroristas islamistas. En el momento de su detención, Elourma conducía un Nissan Patrol propiedad de Marta Ferrusola, aunque la familia no tenía absolutamente nada que ver con las veleidades radicales del paleta. Simplemente, le habían dejado el coche para que pudiese desplazarse hasta la casa diariamente. El detenido, en realidad, trabajaba para la empresa de construcción que Josep Pujol había contratado con el objeto de hacer obras en su casona. La investigación policial lo había puesto en el punto de mira de la policía y cuando le echaron el guante el primer sorprendido fue Josep Pujol, su empleador. Ni el expresidente ni su hijo ni la entonces consejera de Interior, Montserrat Tura, fueron informados previamente de la operación policial, que dirigió el juez Fernando Grande-Marlaska.

Los tropiezos

Jordi Pujol no tuvo solo el gran tropiezo de Banca Catalana. En los años ochenta, cuando los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena le querían procesar por el asunto de Banca Catalana, se envolvió en la bandera catalana y apeló a la ética. La estética se le suponía. Nadie lo sabía, pero aquella bandera era la misma que cubría las cuentas corrientes de su familia en el extranjero. De todos modos, ha de reconocérsele el mérito de que fue el primer banquero, en toda Europa, que hizo salir a la gente a la calle en manifestación apoyándole.

A pesar de que no lo parezca, la trayectoria de Jordi Pujol está llena de tropiezos. Siempre ha sido un hombre y un político bajo sospecha, aunque supo neutralizar los peligros con mayor o menor fortuna. Gastó miles de millones de pesetas y decenas de millones de euros, quizás cientos de millones, para contentar a los medios de comunicación y que nadie airease trapos sucios que no le interesaban.

El último tropiezo fue, por supuesto, el reconocimiento por parte de Jordi Pujol i Soley, en julio de 2014, de que había estado mintiendo durante treinta y cuatro años. ¡Él, que tenía un plan para Cataluña! Quizá cuando la investigación judicial y policial sobre el clan termine tras años de investigación se pueda conocer con exactitud cuál era el plan secreto que Jordi Pujol tenía para Cataluña. Avanzarlo sin pruebas sería desacertado. Solo cuando alguien reconozca explícitamente la megalomanía colectiva del clan y sus aspiraciones, o se encuentren pruebas irrefutables de ello, será el momento de desvelar los secretos más íntimos de la familia.

De momento, hay otros muchos episodios oscuros en la carrera de Jordi Pujol. Episodios que hacen enrojecer de vergüenza y que, vistos a través del tamiz del tiempo y especialmente de acontecimientos posteriores, deberían servir de reflexión.

Josep Manuel Novoa, ligado a las empresas de Banca Catalana y editor de periódicos como Avui o El Correo Catalán, hace en su blog un relato estremecedor de las manipulaciones para blindar a Jordi Pujol. Cuando Jordi Pujol y su equipo dejaron caer este último diario (del que eran accionistas), tuvo que echar mano de fondos ilícitos de Casinos
de Cataluña para pagar a los trabajadores y evitar el escándalo. Casinos no
se había anunciado en el diario, pero se hicieron facturas falsas por supuestos anuncios, lo que ya había denunciado con anterioridad el director financiero de la empresa de juego, Jaime Sentís. «Me presenté en el juzgado que instruía la financiación ilegal de CDC y entregué al juez la copia original de las facturas falsas de Casinos y las matrices de los recibos emitidos», dice el empresario. Su relato es estremecedor y merece ser tenido en cuenta:

Objetivamente, mi confesión y las facturas emitidas por El Correo a Casinos y pagadas a la trastienda de CDC cerraban el círculo de lo que el juez Ramón Gomis instruía como financiación ilegal. Pues no, La Vanguardia inició lo clásico en estas situaciones: el desprestigio al amparo de una opinión: «Este tío está loco, no le hagan caso» (no es literal, pero va por esa línea). No tuve más remedio que pararle los pies al diario
del conde de Godó al documentarle que La Vanguardia estaba en nómina del
partido de Pujol y que cobraba, en secreto y bajo mano, una morterada de millones por bailarle el agua al partido de Jordi Pujol. Frenaron en seco. La instrucción judicial hizo lo propio, frenar o como poco ralentizar el procedimiento, hasta que un día se me hincharon: hice un escrito al juez Gomis en el que le informaba que la financiación ilegal que se atribuía al partido implicaba directamente a Jordi Pujol i Soley y que disponía de documentación que lo podía acreditar. El juez respondió lo que se imaginó, que no se admitían documentos fotocopiados. Cuando le respondí que no se trataban de fotocopias, sino de originales, se acabó lo que se daba: el juez Gomis no incorporó al procedimiento mis escritos, borrando la referencia a la implicación del presidente de la Generalitat de Cataluña. Durante siete años que duró la instrucción, el juez Gomis no dejó constancia de que se trataba de una financiación ilegal de CDC, sino que utilizaba, cuando se refería al partido, el eufemismo «la coalición electoral». Los retrasos, intencionados, en la instrucción tenían un objetivo: esperar la sentencia del Tribunal Supremo sobre la financiación ilegal del PSOE, que se declaró que no estaba tipificada como delito.

Pujol oficializó el «hoy no toca» para no contestar a los periodistas en sus ruedas de prensa, una postura que nadie le recriminó jamás. Ni una sola voz crítica protestó por esa dictadura informativa en que se convertían las ruedas de prensa del Palau de la Generalitat.

El imperio al desnudo

Los Pujol tienen, sobre todo, amor a los negocios. Y ese amor fue inculcado, esencialmente, por la matriarca, Marta Ferrusola. Ella era una emprendedora y siempre quiso que sus retoños lo fuesen también. Tanto amor a los negocios inculcó a sus hijos que dos de ellos, Marta y Pere, fundaron en 1987 su primera compañía: Galplant, junto a tres amigos, los hermanos Oriol, Xavier y Jordi Aguilà Vila.

El 11 de mayo de 1987, Marta y Pere Pujol Ferrusola compraron un terreno en la localidad de Vilassar de Mar y el 16 de septiembre de ese año, juntamente con Oriol Aguilà Vilà, que siempre ha estado muy vinculado a los negocios de los Pujol, creaban la empresa. Los terrenos que habían adquirido conformaban una finca en la que pensaban cultivar flores que luego serían vendidas a través de la floristería que Marta Ferrusola tenía en la calle Balmes de Barcelona o en el importante mercado comarcal. La sede de la sociedad Galplant se ubicó en la propia finca y el capital social era compartido al 50 por ciento con los hermanos Oriol, Xavier y Jordi Aguilà. Su objeto era la «explotación y cultivo de toda clase de productos agrícolas, especialmente hortícolas, para su venta». La intención era comercializar flores y plantas a través de Hidroplant, la empresa que en 1979 había creado la matriarca Marta Ferrusola. Galplant nació con 2 millones de capital social a partes iguales entre las dos familias. Poco después, fue inspeccionada por Trabajo, porque había contratado a subsaharianos (que entonces comenzaban a pulular por la comarca del Maresme, donde tenía los terrenos cultivados) sin papeles, por una denuncia que llegó a sus dependencias. Eran los años en que comenzaron a llegar a la comarca del Maresme cientos de inmigrantes que serían conocidos como «los negros del Maresme», que encontraban trabajo especialmente en el campo. Xavier Aguilà había comenzado con el negocio de las flores en 1980, introduciendo en Cataluña los primeros híbridos de clavel mediterráneo, para importar más tarde bulbos de gladiolo y de lilium de Holanda. La empresa se fue a pique en 1990, porque resultó un fracaso comercial.

Se podría decir que los miembros de la familia tienen sociedades blancas y «otras». Las blancas son aquellas en las que constan oficialmente las vinculaciones en los registros públicos de la Administración española. Las «otras» son, o bien sociedades en las que ocultan sus intereses, o bien empresas creadas en el extranjero que no figuran en las bases de datos del gobierno español. Tras las últimas regularizaciones, muchas de estas empresas fueron incorporadas a las declaraciones ante Hacienda, con el fin de intentar saldar las deudas fiscales y no incurrir en un ilícito penal que conllevase la detención y entrada en prisión.

El clan ha tenido intereses directos en un centenar de empresas, en las cuales había invertido dinero o, simplemente, ocupado cargos directivos. En este entramado, adquieren especial relevancia los hijos Jordi, Josep y Oleguer Pujol Ferrusola, aunque también la actividad de la madre, Marta Ferrusola, ha sido importante y fructífera. La práctica totalidad de las empresas a las que han estado vinculados los Pujol pueden consultarse en el apéndice 2 de este libro.

Viajeros por el mundo

Día 5 de octubre de 1999. El entonces presidente de la Generalitat pronuncia una frase famosa: «El dinero que pido es para Cataluña. Yo ya tengo a mis hijos colocados». En aquel momento, la oposición reclamaba más transparencia y que el gobierno de la Generalitat aclarase los supuestos favoritismos a familiares del president. Lo de que estaban colocados era verdad. Colocadísimos, y cobrando en muchas ocasiones del erario público.

Los hijos de Pujol fueron incorporados, en algunas ocasiones, a los viajes oficiales que realizaba su padre a lo largo de todo el mundo. Aunque en ocasiones la Generalitat salió al paso de las tímidas críticas que se hacían al nepotismo galopante, lo cierto es que en la inmensa mayoría de las ocasiones viajaban gratis total. No había entonces tarjetas black, pero como si las hubiese.

A principios de octubre de 1990, cuando Pujol estaba en su época dorada, se atrevió a incorporar a su séquito a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, en un viaje a Portugal. Iba un buen puñado de empresarios, aunque el poderoso presidente de Fomento, Alfredo Molinas, declinó la invitación del Palau, lo mismo que el presidente de la Feria de Barcelona, Enric Reyna. A los asistentes se les aconsejó que no tuviesen trato con los periodistas que cubrían el viaje. Pero el roce era inevitable. Al final, saltó la noticia de que Júnior iba en la comitiva oficial. El gobierno autonómico lo negó rotundamente en un principio. Luego, tuvo que admitir que iba en representación de «una firma consultora». Raro, raro, raro, puesto que el viaje era enfocado principalmente a los sectores de textil, alimentación y automóvil

El 2 de diciembre de 1997, el diputado de ERC Joan Ridao lanzaba al gobierno catalán dos preguntas parlamentarias a responder por escrito. «¿Cuáles son los criterios protocolarios seguidos por el presidente de la Generalitat y por cualquier otro miembro del gobierno en relación a la posibilidad de que otras personas que no ocupan responsabilidades en el gobierno o en la Administración de la Generalitat se incorporen a las delegaciones o séquitos oficiales que se desplazan al exterior? ¿Cuál es el criterio seguido en relación a las personas unidas por vínculos de parentesco o amistad? ¿Cuál es el criterio seguido, igualmente, en relación a la esposa del presidente de la Generalitat?», decía la primera interpelación.

La segunda abundaba en lo mismo. «¿Cuál es el criterio de comportamiento exigido a las personas, familiares o no, que viajan acompañando al presidente de la Generalitat o a cualquier otro miembro del gobierno al exterior? ¿Han de abstenerse, estas personas, de realizar estas actividades comerciales o mercantiles por su cuenta? ¿Han de abstenerse de realizar actividades de ocio o turismo al margen de las actividades de la agenda oficial?».

Sabía muy bien lo que decía el portavoz republicano, porque Marta Ferrusola y Marta Pujol Ferrusola se habían ido a Chile para hacer turismo. Una semana después, llegaba la comitiva oficial al país sudamericano, momento en que se añadieron a ella, y la hija del molt honorable viajó luego a Uruguay en el avión oficial, lo que levantó especulaciones de todo tipo, máxime porque también trascendió que Pere Pujol Ferrusola podía haber acompañado a su padre en ese viaje. Todos tenían ya la mosca detrás de la oreja, porque la propia Marta Ferrusola reconocía unos meses antes que un viaje oficial al que ella también había acompañado al president en febrero de 1997 a Guatemala y México tenía como intención «formalizar alguna relación comercial con empresas locales», como propietaria de una firma dedicada a la jardinería. La delgada línea entre responsabilidades públicas y negocios privados volvía a desdibujarse una vez más.

En enero de 1998, el entonces consejero de Presidencia, Xavier Trias, respondía a Joan Ridao: «Todas las personas que componen la delegación oficial tienen una responsabilidad, ya sea técnica o política». Toda selección se hacía «atendiendo el principio de profesionalidad y de lo que se considera de mayor interés para Cataluña en su conjunto y nunca se contempla la participación de nadie por motivos de amistad y parentesco. En cuanto al criterio respecto a la esposa del president, es preciso decir que su presencia es necesaria dado que en la mayoría de los actos protocolarios, todos los asistentes o las autoridades del país que se visita van acompañados de sus respectivas parejas». En otra respuesta adjunta, aseguraba que «los miembros del equipo no realizan actividades ajenas al motivo del viaje»; y en un último punto aseguraba: «De todas maneras, hay que añadir que atendiendo a que cada uno de ellos se hace cargo de sus gastos, el gobierno de la Generalitat desconoce las actividades privadas que se desarrollan por parte de este colectivo al margen de las previstas oficialmente».

Días después, Trias envió al portavoz de ERC una tercera respuesta mucho más detallada.

Diversas personas ajenas a la delegación oficial, en algún momento coincidieron con el viaje del president a Argentina, Chile y Uruguay. Es el caso del señor Ricard Fornesa, «presidente» de Aguas de Barcelona, que quiso acompañar al president en la inauguración de Aguas Argentinas, empresa filial de Aguas de Barcelona. También el señor Antoni Hostench, «presidente» de la Cámara de Comercio de Girona, que estaba en Buenos Aires aquellos mismos días en un viaje privado, coincidió con el president y le acompañó a la comida ofrecida por la Cámara de Comercio española en Buenos Aires.

Igualmente, el señor Pere Pujol coincidió con el president en Argentina. El señor Pere Pujol viajaba por cuenta de la empresa consultora en la que trabaja. Y al saber que coincidía con su padre, quiso saludarlo y aprovechó para asistir a la conferencia que el president ofreció sobre el tema «Política económica española ante la Unión Europea».

(…).

La señora Marta Pujol, hija del president de la Generalitat de Cataluña, se encontraba en Chile en un viaje de carácter privado. A pesar de ello, al saberlo el embajador español la invitó a pernoctar en la embajada los días que estuviese allí. Igualmente, dado que en el avión privado que trasladaba al president a Montevideo había una plaza disponible, se la ofrecieron para que, si quería, la pudiese ocupar y acompañar a sus padres. Respecto a su estancia en el mismo hotel que la delegación presidencial en Montevideo, los gastos que generó la señora Marta Pujol fueron liquidados por ella misma, sin tener nada que ver la Generalitat de Cataluña. Finalmente, la señora Marta Pujol asistió a la comida que ofreció el ministro de Asuntos Exteriores chileno, señor José Miguel Insulza, porque fue invitada por el señor ministro directamente.

La comitiva oficial de aquel viaje fue de trece personas, contando a Pujol, su esposa, el consejero de Industria, Antoni Subirà, y varios altos cargos de Presidencia. El coste fue de algo más de 23 millones de pesetas (unos 132.000 euros).

El «tapado» de la familia

«A partir del 96, se comienza a buscar a alguien para que haga la travesía del desierto. Es decir, se busca un líder temporal que permita que un miembro de la familia se prepare mientras tanto para asumir el poder unos años más tarde. La teoría es que Jordi Pujol lo tendría muy difícil para ganar unas nuevas elecciones y se debía preparar el sucesor. La familia ha pensado, en esos momentos, en Josep Pujol Ferrusola, pero él dice que no. Entonces, se vuelve la vista hacia Oriol, que ya estaba empezando en política pero que en aquel momento no se tenía en cuenta. Una de las causas, su juventud, con apenas treinta años». Así relata el periodo de transición una persona que vivió todos los avatares del partido durante dos décadas y que tuvo, además, un cargo relevante.

Lo que pretendía el clan era blindarse para el caso de que Pasqual Maragall ganase las siguientes elecciones autonómicas. El exalcalde no era aún el candidato oficial, pero en CiU se daba por hecho que sería el siguiente rival a la presidencia de Cataluña. Sin embargo, Jordi Pujol ganó las elecciones de 1999 contra pronóstico: obtuvo menos votos que el socialista Pascual Maragall, pero la Ley d’Hont jugó a su favor y le permitió repetir legislatura por sexta vez, aunque con el apoyo del PP. Y el proceso entró en una nueva fase. En noviembre del año 2000, en el XI Congreso de CDC, Artur Mas era entronizado como el sucesor. Le votó el 85,2 por ciento de los compromisarios. Jordi Pujol, con el 95,7 por ciento, era elegido presidente del partido. Una facción de Convergència, articulada en torno a la plataforma Catalunya i Progrés, intentó presentar un oponente y le llegó a ofrecer el puesto a Lluís Recoder, más tarde alcalde de Sant Cugat. Recoder rechazó el ofrecimiento diciendo que solo aceptaría hacerse cargo de la sucesión si Artur Mas se retiraba, puesto que tenía una amistad personal con él. Recoder fue nombrado consejero de Territorio y Sostenibilidad (el nuevo nombre de Política Territorial y Obras Públicas) en el primer gobierno de Artur Mas, en 2010.

«La familia Pujol pecó aquí de una falta de visión política. Aupó a Artur Mas para que se quemase. De hecho, todos estábamos convencidos de que el sucesor de Jordi Pujol iba a tener los días contados, porque sería muy difícil ganar otra vez a Maragall y, además, Pujol había dejado el listón muy alto. No sería fácil dejar una huella tan profunda como la de él. Pero, contra todo pronóstico, Artur Mas resistió hasta que consiguió formar gobierno. Y quien lo hizo aguantar fue una persona: David Madí. Sin Madí, Artur Mas se hubiese estrellado». Lo dice una voz autorizada que vivió el proceso interno. En los siete años de travesía del desierto, Artur Mas aprendió a hablar, a discursear y a moverse. Aprendió de Jordi Pujol y de otros. Le dieron clases para saber cómo y cuándo había de decir las cosas, y qué cosas había que decir, teniendo en cuenta el medio al que se dirigía, fuese prensa, radio o televisión. Incluso si era de Barcelona, de Cataluña o del resto de España. Y aprendió el lenguaje gestual, importantísimo para llegar al ciudadano.

En el organigrama, ya estaba Oriol Pujol situado en la pole position para sustituir al sustituto. Felip Puig volvió a la primera línea como secretario general adjunto a partir del año 2008 y Oriol Pujol le sustituyó en 2011. Puig también había dejado su escaño y la portavocía del Parlamento, y su puesto fue ocupado por… Oriol Pujol. En marzo del 2012, en el XVI Congreso de CDC, Jordi Pujol fue nombrado presidente de honor y Artur Mas ascendió a presidente del partido y Oriol pasó a ser su secretario general. El cerco estaba casi ultimado. El año anterior, Jordi Pujol había exigido a Mas movimientos para colocar a su hijo y el sucesor había transigido. Los movimientos de la familia estaban dando resultado, porque, en aquel momento, Artur Mas era aún rehén del clan Pujol.

Empresarialmente, sin embargo, la familia ya había sacado rédito de la política. Prácticamente todos los hijos, así como la matriarca, Marta Ferrusola, se habían lucrado, en mayor o menor medida, de las arcas públicas, ya fuese participando en proyectos o recibiendo directamente adjudicaciones públicas. El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, comenzó a implicarse en política en los años ochenta. No tenía cargo en Convergència, pero mandaba mucho. Organizaba reuniones, charlas o actos e incluso proponía líneas estratégicas. Cuando en 1991 estalla la crisis entre Jordi Pujol i Soley y Miquel Roca i Junyent, la familia Pujol es la más activa para ayudar a defenestrar a este último, que podía hacer sombra al patriarca. Francesc-Marc Àlvaro recuerda en su obra Ara sí que toca! que «durante la crisis Pujol-Roca de 1992-1993, Mas tomó parte en alguna reunión de las que entonces se hacían en el despacho del empresario Rafael Español —amigo de Mas—, donde participaban Jordi Pujol Ferrusola, Joan Maria Pujals, Francesc Xavier Marimon, Antoni Comas y algunos otros».

Todos los citados eran consejeros de la Generalitat. Pero lo más importante era el lugar de las reuniones: el despacho de Español, cercano a La Pedrera, era un despacho señorial. Español había llegado a la presidencia de La Seda para pacificar la compañía y con el visto bueno del presidente de la Generalitat. En realidad, en los círculos bien informados apuntaban que quien lo había elegido era Marta Ferrusola. A su favor tenía que era un buen patriota y que… era amigo de los hijos, condición indispensable para escalar puestos. Español introdujo luego en el grupo de La Seda como consejeros a Jordi Pujol Ferrusola, Artur Mas y Jordi Vilajoana, que tras oficiar como diputado y senador acabó de secretario general de la Presidencia de la Generalitat en 2012. Todos estos eran de confianza del clan, lo mismo que otros cargos del grupo empresarial, que también tenían como principal característica su amistad con Jordi Pujol Ferrusola.

Un suicidio inexplicado

En los años noventa, las andanzas de la familia ya habían despertado alguna conciencia en Barcelona.

Viernes 19 de diciembre de 1997. Juan había quedado con un periodista en la terraza de un bar en Paseo de Sant Joan, esquina con Consell de Cent. Cuando el periodista llegó, él ya estaba sentado tomando una caña. Levantó la mano como saludo.

—¿Qué te ha pasado? —inquirió el recién llegado observando el abultado yeso de su pierna derecha.

—Ahora te explico. ¿Qué tomas?

Juan era un personaje peculiar. Policía de profesión, había creado una empresa de investigación paralela en la que recibía encargos especiales. Hombre bien relacionado, durante años había realizado trabajos para las principales agencias de detectives de Barcelona. Asuntos Internos había ido tras él durante años, pero nunca le habían podido coger con las manos en la masa. De hecho, le habían abierto expediente y ahí continuaba… con su despacho abierto. A comienzos de año, él había montado un amplio bufete en la calle Valencia y desde allí operaba, mientras estaba de baja en el Cuerpo Nacional de Policía.

Buen conocedor de los bajos fondos, su principal característica era la ausencia de escrúpulos. «Cualquier trabajo se puede hacer. Y cualquier trabajo se puede hacer sin que se entere nadie. ¿Quieres pinchar un teléfono y que nadie sepa si está pinchado, ni con barridos? Es muy fácil. Lo puedo demostrar», solía decir.

Pocas semanas antes, había recibido de Francia un lote de pistolas. Había llevado al periodista a su despacho y lo introdujo en una de las salas. Volvió con un maletín que puso encima de la mesa. Lo abrió y sacó algunos bultos envueltos en paño negro. Eran armas cortas, entre ellas lo que parecía una Desert Eagle 44 Magnum plateada brillante. El «letrillas» jamás había visto una pistola semejante.

—¿De dónde has sacado estas armas?

—Se las pedí a mis amigos del otro lado de la frontera. Van a servir para mucho.

—¿Pero estás loco? ¿Qué pretendes hacer?

—Lo que hice siempre. Lo hicimos antes del GAL y lo volveremos a hacer ahora. Con los asesinos no hay nada que hablar.

—¿Y esto qué es? —preguntó cogiendo la extraña pistola de perfil de cañón triangular.

—La joya de la corona. La mejor que hay en el mercado.

—No me jodas…

Contaba Juan que el Batallón Vasco Español (BVE) y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) eran organizaciones muy modernas. Un grupo de desconocidos había realizado atentados contra terroristas de ETA durante años sin reivindicar ni uno. La mayoría de esos atentados fueron luego atribuidos a las organizaciones conocidas como las protagonistas de la guerra sucia del Estado contra la organización terrorista. «He hablado con dos colegas y se suman. Tenemos también una finca en Tarragona que nos dejan para practicar. Y hay varia gente, varios empresarios conocidos, que pondrán pasta encima de la mesa. El asesinato de Miguel Ángel Blanco no quedará impune».

Desde que el mes de julio anterior los terroristas habían asesinado al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, Juan no había dejado de moverse y de hablar con gente. En sus inicios, había estado destinado en el País Vasco y conocía bien la zona. Además, tenía buenos contactos allí y había colegas suyos que le echarían una mano extraoficialmente si hacía falta. Lo primero que encargó a uno de sus colegas que se sumaba era la confección de objetivos: un listado de personas que pasarían a ser los objetivos prioritarios. El policía metido a investigador era de la creencia de que estas acciones se debían llevar a cabo al margen de las estructuras del Estado y lejos de las cloacas. Así, nadie podría conectar al gobierno con la guerra sucia. Lo único que debía hacer papá Estado era disimular un poco y mirar hacia otro lado en determinados momentos mientras un grupo de patriotas le hacía el trabajo sucio.

Juan era vigilado de cerca. Había cazado la matrícula de un coche que había visto en algunas ocasiones, pero la matrícula estaba reservada. Ni siquiera él podía tener acceso a la unidad a la que estaba asignada. En una ocasión, cuando iba en moto, pudo sorprender a uno de sus vigilantes. Sabía que solo querían conocer sus movimientos. Si hubiesen querido hacerle daño, ya se lo habrían hecho. «¿Quiénes sois? ¿Por qué me seguís?». «Ya lo sabes, tío. Asuntos Internos. Hemos venido de Madrid». Le dejaron una tarjeta. Comprobó los teléfonos que figuraban en la misma. No se correspondían a ninguna de las sedes policiales de Interior. Y no podía conocer su ubicación. Había algo que no cuadraba.

En noviembre de 1997, cuando se desplazaba en su ciclomotor, un vehículo lo atropelló y se dio a la fuga. Pudo ser una coincidencia, pero, en todo caso, era un aviso. Con unas cañas encima de la mesa y una ración de olivas, Juan se inclinó sobre la mesa y bajó la voz.

—Pero no te he llamado por eso. Necesito que me eches una mano.

—Dime.

—El año pasado, me encargaron un informe sobre los Pujol. Ya tengo un avance hecho y quería que le echases un vistazo. Lo ha encargado un empresario, un tío muy gordo que dice que el hijo mayor, el Jordi, trabaja para Serhs y está moviendo dinero en Andorra. Además, me llegan informaciones de que algunos de los hijos de Pujol tienen dinero escondido allí.

—Es la primera noticia. Que tiene muchos negocios, seguro. Pero con Serhs jamás me había salido la conexión. Y lo de Andorra, pues qué quieres que te diga. Por decir, siempre dicen muchas cosas. Otra cosa es lo que luego se demuestra.

—Hay una serie de suspensiones de pagos que han dejado casi en la ruina a este empresario. Se hacen desaparecer las empresas y no pagan nada. Es una pirula de narices y está también por medio una compañía que se llama Europraxis. Es una de las que se mueve por Andorra.

—A ver, pero esa no es de Jordi Pujol, sino de su hermano Josep.

—Aparecen los dos juntos. Eso es lo que nos ha dicho el cliente: que siempre van juntos. Por eso quería conocer la relación de todos ellos. Es un tema del que ya tenemos hecho mucho trabajo y puede ser interesante trabajarlo más a partir de lo que tenemos. Bueno, míratelo y dime algo en cuanto puedas. Si lo completo, puedo tener un nuevo dossier ampliado que darle a mi cliente y tú puedes tener un reportaje de puta madre.

Le alargó un abultado sobre, que el periodista recibió con interés. «Tú has seguido temas de corrupción y conoces muchas historias. A ver si se puede complementar, porque creo que aquí hay un tema de interés general y debemos decir a la gente de qué palo van estos cabrones», añadió mientras señalaba con el índice el sobre.

El dossier era de cientos de páginas, porque incorporaba registros mercantiles, estados de cuentas de las empresas, propiedades y proveedores de Europraxis Group, Cuina Serhs y Europea de Cuinats.

Comenzaba refiriéndose a Europraxis, a la que conectaba con una empresa holandesa y contaba que por una cuenta abierta en la Banca Reig de Andorra habían pasado 4 millones de libras esterlinas, llegadas desde un banco americano, y 2 millones de francos franceses. Estas operaciones se habían realizado en 1994. El informe examinaba luego las otras dos empresas y resaltaba de Cuina Serhs que era la proveedora mayoritaria de los centros penitenciarios catalanes, «que dependen del gobierno que preside el padre de nuestro informado». Apuntaba también que la empresa facturaba a la Generalitat los menús de los reclusos. Y, cosa curiosa, aunque durante los fines de semana muchos de ellos tenían permiso, esos menús se facturaban igualmente. También se contabilizaban los reclusos en régimen abierto, que lógicamente no comían en prisión.

El dossier sacaba pobres conclusiones, a pesar de que los colaboradores de Juan lo habían trabajado a fondo, llamando a muchos proveedores y consiguiendo extractos bancarios de las cuentas de las empresas referidas, así como datos de otros organismos públicos.

Unos días más tarde, el periodista le llamó.

—Juan, tenemos que hablar. Me he mirado esto con lupa y hay cosas en las que vas errado. Y otras cosas a las que no les veo interés. Como has trabajado el tema, supongo que tendrás muchos detalles que podemos comentar. Además, no sé exactamente por qué relacionas la empresa de Josep y la que quebró de Jordi.

—Oye, pues quedamos y lo comentamos. Pero ha de ser después de Navidades, que además ya no llevaré yeso.

—De acuerdo. Si no hablamos, que pases buenas fiestas entonces.

—Igualmente. Buenas fiestas y nos vemos después.

La semana siguiente fue prácticamente inhábil en Cataluña, porque los festivos de Navidad y San Esteban caían en jueves y viernes. El 5 de enero, un inspector jefe de la policía llamó al periodista.

—Juan ha muerto —fue su lacónico mensaje.

—¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si teníamos que vernos —respondió como si ese hecho pudiese invalidar la cruda realidad.

—Apareció en una habitación que tenía en el despacho con un tiro en la cabeza. Se suicidó.

El periodista no se lo podía creer. Quedó con el inspector jefe para que le contase los detalles.

—Sé que estaba en temas delicados. Le habían atropellado y lo vigilaban. Pero no me creo que se haya suicidado. ¿Estás seguro? ¿Habéis mirado todos los detalles? ¿Con qué mano se suicidó?

—Todo está verificado. Fue un suicidio. Hablé con su mujer y me dijo que desde hace unos meses estaba muy deprimido. Salió el día de Nochebuena y, al no llegar a casa a cenar, me llamó para decírmelo. El día de Navidad por la mañana, en vista de que no aparecía, se acercó al despacho y encontró el cadáver.

—No me lo puedo creer. ¡Si hace unos días estaba haciendo planes de futuro y con una ilusión de la hostia! Además, me dio una documentación importante que aún guardo en el coche.

—Pues no hay nada raro en la muerte. Lo hemos mirado del derecho y del revés.

El inspector jefe aseguró que en el despacho no se había encontrado ningún maletín con pistolas. El arma del suicidio era la suya oficial. Pero no había ni rastro de más armas.

Cuando dejó al policía, el periodista se dirigió a la tienda de ropa de marca donde trabajaba la esposa de Juan, a quien conocía por haberla visto en varias ocasiones. «Lo siento. Me acabo de enterar. ¿Podemos quedar?». A las 20.30, quedaron en un bar de Gran Via, donde habían estado con el investigador en alguna ocasión y donde los conocían. Lo que ella le dijo era aproximadamente lo mismo que le había dicho el inspector jefe. No había notado nada extraño: ni desaparición de documentos, ni conductas inapropiadas, ni movidas raras.

—¿Había recibido amenazas?

—No.

—¿Le seguían?

—No… creo. Le habían seguido. En varias ocasiones me lo había dicho.

—¿Y el maletín?

—No sé si se lo pudo dar a alguien, a alguno de sus colegas, estos días. Ya sabes que a veces hacía cosas y lo decía luego a toro pasado.

—Me dicen que padecía una depresión.

—Ya lo conoces. Algunas veces le daba un bajón y se quedaba aplatanado.

—Pero yo había estado con él hace poco y no noté nada.

—A veces se le notaba y a veces no. Iba por días. Los últimos meses había tenido muchos altibajos, pero aún así no me esperaba lo que pasó.

El letrilla le puso encima de la mesa el abultado sobre con el dossier de los Pujol.

—Él había trabajado un tema delicado. Me vino a ver antes de Navidad y me dejó esto para que lo estudiara. Quedamos en vernos después de fiestas para comentarlo. Creo que es mejor que lo conserves tú. Yo no lo podré completar sin él, porque conocía las claves que había investigado y por qué lo hacía.

Era el primer informe conocido y de un cierto calado que se realizaba sobre el clan. En realidad, dentro de aquel sobre dormiría durante años el germen de lo que podía haber sido un escándalo sin precedentes en la historia reciente de Cataluña.

El mismo día en que Juan ofreció el dossier al periodista, le dio también varias fotos de las armas que había importado de Francia y un documento manuscrito en el que detallaba varias de las acciones antiterroristas de guerra sucia que su grupo había llevado a cabo años atrás y en el que identificaba víctimas y verdugos. El sobre con todo fue guardado debajo de la tapicería del maletero del coche. Allí estaría unos días hasta ver a qué amigo le solicitaba la custodia de los documentos… por si acaso.

Apenas unos días después, alguien entró en el garaje del periodista, abrió el vehículo y robó el sobre con las fotos de las armas y la confesión manuscrita de Juan. No tocó nada más, ni siquiera el apetitoso y caro radiocasete extraíble.

8. LA «PRIMERA DAMA»

Los vuelos de Marta Ferrusola

Marta Ferrusola es la matriarca de una familia que, en buena parte, ha carecido de la figura del padre tradicional. Jordi Pujol i Soley estaba demasiado absorto en las cosas de palacio como para disponer de tiempo suficiente para la familia. De este modo, Marta Ferrusola fue la encargada de inculcar a sus hijos los valores tradicionales que consideró convenientes. Y el tiempo que les dedicaba el patriarca tuvo que suplirse con calidad a falta de cantidad.

Pero, por carácter, el clan Pujol es más bien clan Ferrusola. La fuerte personalidad de la madre ha hecho mella en los vástagos, que heredaron desde su personalidad recia hasta la cultura empresarial. Marta repartió el tiempo entre su familia y sus negocios florales. Fue una incansable trabajadora, una hormiga que defendía su territorio con uñas y dientes. Sus líneas rojas estaban muy bien definidas: Marta Ferrusola tiene tres cosas intocables, que son la familia, Cataluña y el bolsillo.

Ramon Pedrós, jefe de comunicación de Presidencia del Gobierno de 1988 a 1998, lo recordó, cuando compareció ante la Comisión Pujol el 16 de febrero de 2015. Habló incluso de la presencia de Marta Ferrusola a veces en los despachos de la Presidencia del Gobierno catalán y la tensión que ello generaba, lo mismo que las demandas que podían efectuar algunos de sus hijos. «Jordi Pujol era un padre concesivo (…). La irrupción de los hijos con alguna demanda o con algún favor del padre, que daba la casualidad que ocupaba la Presidencia de la Generalitat…, podía venir de alguna manera gestionada o impulsada o incluso promovida por la propia Marta Ferrusola». Fue una confesión que analizó la familia y que sirvió para tachar a Pedrós de desagradecido, mentiroso e incluso traidor, aunque sería muy difícil que fuese mentiroso y traidor a la vez.

Responsable de la sectorial de Deportes de Convergència desde tiempos inmemoriales (hizo piña con su marido y su primogénito para la fundación del partido en 1974), Marta Ferrusola se atrevió a saltar en paracaídas en el aeródromo de Empuriabrava cuando ya había cumplido los cincuenta y nueve años de edad. Y en parapente, unos años antes, desde el Puig Cerverís. Fue una experiencia casi mística: habló luego de «aquel silencio, aquella sensación maravillosa de ser un pájaro».

Pero su primera aventura empresarial en solitario distó mucho de emular a Juan Salvador Gaviota y se estrelló estrepitosamente contra el suelo. Es una marca de familia. En realidad, Marta Ferrusola fundó una empresa que se llamaba Hidroplant el 16 de enero de 1979 y la cerró el 8 de abril de 1981, con considerables pérdidas. Sus dos socias eran Núria Claverol, esposa de Carles Sumarroca, uno de los benefactores de la familia y preboste del régimen, y Mercedes Vila, esposa de Alejandro Bosch, destacado exponente del sector de negocios de CDC y socio de Macià Alavedra.

Años más tarde, en 1989, Marta Ferrusola, junto a sus hijos Jordi y Marta, invertiría una importante cantidad de dinero en una sociedad llamada Jepo.

Volvía la leyenda. En Jepo aparecían viejos conocidos de la «primera dama». Los accionistas de esta sociedad eran Joaquim Brugué Torruella, Maria Eulàlia Torruella Dalmau y Maria Cristina Llacer Muñoz. Ese mismo día, Jepo cambia de nombre y pasa a llamarse Hidroplant, igual que la empresa que la matriarca había fundado y quebrado años antes.¹⁰

Más tarde la nueva Hidroplant aumenta el capital en 29.200.000 pesetas para dejarlo en 30 millones. Suscriben los tres accionistas originarios (5.000 cada uno), AGVI (7.500.000 pesetas), Marta Ferrusola Lladós (2.685.000), Jordi Pujol Ferrusola (900.000), Marta Pujol Ferrusola (900.000), MUSA (9.000.000) y Delta Ornamental (9.000.000). El consejo de administración queda formado por Delta Ornamental, Mercè Vila Rosell (vicepresidenta), Marta Ferrusola Lladós, Guillermo Portabella de Alós (presidente), AGVI, Jordi Aguilà Vilà y Xavier Faus Pascuchi. Portabella de Alós era director de desarrollo de Corporación Agbar y Faus era administrador único de MUSA. En 1992, en un consejo realizado en las oficinas de Aguas de Barcelona, renuncian Delta Ornamental y Jordi Aguilà Vilà y se sustituye Delta por Urcu, cuyo representante es Manuel Raventós Negra, el factótum de Codorniu.

La sociedad fue bien y ella se convirtió en una activa buscadora de clientes. No le dolían prendas de coger el teléfono y llamar a quien fuese ofreciendo sus servicios. ¡La «primera dama» al teléfono! A mediados de los noventa, llegó el escándalo: al finalizar la temporada 93/94, el FC Barcelona decidió cambiar la alfombra verde y encargó las obras a Ferrovial, curiosamente, la empresa que años después saldría salpicada en el escándalo del Palau por «donar» exactamente el 4 por ciento de sus contratos públicos con la Generalitat al Palau de la Música, paso previo para que el dinero llegase a la Fundación Trias Fargas, de Convergència. Pues bien, Ferrovial eligió a la empresa Hidroplant como la subcontratada para cambiar el césped del estadio.

Ese verano comenzó un calvario para el club. Los jugadores se quejaban, los socios se quejaban… hasta llegó a quejarse José Luis Núñez, presidente del Barça, aunque este en privado. Los tepes del césped saltaban a cada cabriola de los jugadores, la hierba no enraizaba y el drenaje era un auténtico fiasco. La siguiente temporada fue para olvidar. Tanto que se tuvo que replantar el césped mientras nueve socios interponían una querella en los juzgados contra Ferrovial e Hidroplant.

El 19 de octubre de 1995 Marta Ferrusola declaraba ante el juez Javier Forcada, titular del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Barcelona. Fue como testigo y todo el mundo sabe que los testigos están obligados a decir la verdad. Allí aseguró que los problemas del césped eran culpa del tiempo, por las temperaturas demasiado elevadas. Unos meses antes, echó la culpa a que no dejaron «descansar» el césped, jugando aquel mes de agosto el trofeo Gámper cuando las compañías implicadas habían aconsejado no jugar en el Camp Nou. Claro que las empresas repusieron enseguida el césped y el juez acabó archivando el caso, al no encontrar delito alguno en la actuación de las compañías.

La verdad, para los Pujol, es más subjetiva que para el resto de los mortales, o eso parece, porque también dijo la matriarca en febrero del 2015, en su comparecencia ante el Parlamento, que sus hijos iban con una mano delante y otra detrás y que los miembros de la familia «no tenemos ni un duro», cuando meses antes confesaron tener más de 3 millones de euros escondidos en Andorra. Esos comentarios no son ni más ni menos que la institucionalización de la mentira, la falsedad elevada a rango oficial.

Durante la década de los noventa, Marta Ferrusola sacó contratos públicos de debajo de las piedras. La oposición intentó, en vano, conocer el alcance de las compras que la Administración había hecho a la esposa del president, pero jamás se contestó a los requerimientos parlamentarios que se hicieron. Eso sí, en 1999 la propia Marta Ferrusola salió a la palestra para reivindicar su derecho a mantener contratos con el gobierno catalán.

A finales de esa década, contrataba regularmente con la Feria de Barcelona (proveía de plantas a varios salones), con el Puerto y con el gobierno: cobraba de Presidencia, Economía, Gobernación y Medio Ambiente. Del departamento de su marido se embolsaba anualmente 18.000 euros. ¡Y eso que ella dijo ante el Parlamento (claro que ya era el año 2015 y podía fallarle la memoria) que nunca había cobrado y que solo había enviado unas cuantas plantas para el despacho de su marido, que eran un regalo personal! Las prebendas se acabaron cuando CiU perdió el poder: el tripartito rescindió los escandalosos contratos con la mujer del jefe e Hidroplant comenzó a naufragar hasta entrar en pérdidas. En el año 2006 venderían la empresa por 600.000 euros a la danesa ISS. De toda su historia solo quedaría un apenas imperceptible acre perfume de una ristra de mentiras reiteradas por la otrora poderosa «primera dama» de Cataluña.

En 1999, sin embargo, recibió tres encargos de la empresa FCC para aportar las plantas en el World Trade Center (WTC). Los dos primeros contratos no llegaban a los 2 millones de pesetas, pero el tercero ascendió a 20.618.652 pesetas (más de 123.000 euros). Sin concurso previo. Sin trampa. Sin cartón. FCC fue la empresa que más tarde compraría por 5,3 millones de euros la participación en una otra que construiría un vertedero en Tivissa después de que su hijo Jordi Pujol Ferrusola hubiese conseguido el permiso de construcción y vendido la empresa utilizada. Y quien también le encargaría a este la mediación con Trasmediterránea para la venta del 16 por ciento del WTC. Estaba visto que las constructoras tenían una especial predilección por los miembros de la familia del presidente catalán. Y en especial el FCC, donde tenía cargo un alto directivo conocido popularmente como el contractista en cap (contratista jefe).

Su otra gran aventura empresarial también acabó mal: la compañía textil José Ferrusola, creada a comienzos de los setenta, fue absorbida por el grupo Tipel, de los Prenafeta, en 1986. Marta Ferrusola y su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, entraron en su consejo de administración y el grupo absorbente inyectó hasta 450 millones de pesetas sin poder salvarla de la quiebra.

Pero, a la par de su faceta empresarial, Marta Ferrusola cultivó la injerencia política. Era el Pepito Grillo de los nacionalistas. La que decía lo que nadie se atrevía a decir. Su fuerte carácter queda de manifiesto con una anécdota: en Queralbs, el pueblo del Pirineo donde ella había nacido y el matrimonio tenía casa de toda la vida, Jordi Pujol no era Jordi ni Pujol ni el president. Era el marit de la Marta. O sea, el marido de la Marta.

La «primera dama» ejercía de tal. Acompañaba a su marido a todos los actos que podía y presidía el Salón de la Infancia y la Juventud, además de alguna fundación, para que no se dijese. Curiosamente, cuando los convergentes dejaron de gobernar, el Salón de la Infancia pasó a estar presidido por la modelo Judith Mascó. En 2011, recién recuperado el trono de la plaza de Sant Jaume, Mascó fue desalojada de la noche a la mañana y ocupó su lugar Helena Rakosnik, esposa de Artur Mas, nuevo presidente de la Generalitat.

Católica, apostólica y catalana

Marta Ferrusola es el prototipo de mujer católica, apostólica y catalana. Prueba de ello es que el 6 de octubre de 2002 asistió a la ceremonia de canonización del fundador del Opus Dei, José María Escrivà de Balaguer, en Roma. Pero esa religiosidad, lejos de abrir su corazón, lo cerró mucho más. El maridaje de patria y religión ha creado un híbrido explosivo. En 1984 escandalizó a la sociedad catalana cuando declaró en un programa de la televisión pública que la homosexualidad «es un vicio, una tara, un defecto o la suma de todo ello». Las protestas no tardaron en llegar.

Marta Ferrusola nunca calló lo que pensaba. En 1995, en plena polémica por el césped del Camp Nou, en Catalunya Ràdio, volvía a sacar su mal genio: denunció «ataques malintencionados» a su familia al hablar de los negocios empresariales de sus hijos. Era la época en que el primogénito metía baza en demasiados asuntos públicos y las empresas ligadas a la mayoría de sus otros vástagos recibían anualmente una envidiable cosecha de contratos públicos. Para ella, todos habían iniciado sus trayectorias profesionales «limpios y sin ninguna tara». Y dejaba ir su ira hacia el dramaturgo Albert Boadella, que aquellos días estrenaba su obra Ubú President en el teatro Tívoli. Consideraba la obra de mal gusto y decía que «no tiene sentido reírse tantas horas de dos personas». Se refería a ella y a su marido, que era la pareja protagonista de la hilarante obra.

En 2001 le tocó el turno a los inmigrantes. El 20 de febrero de aquel año dio una conferencia en Caixa Girona y desató un vendaval de críticas. Arremetía contra las ayudas del gobierno que presidía su marido a la comunidad musulmana, pero no por ser musulmanes, sino porque «solo saben decir “buenos días, buenas tardes, dame de comer”». Fue a degüello. «Tienen poca cosa, pero lo único que tienen son hijos… Mi marido dice que hay que tener tres hijos, pero las ayudas solo son para esa gente que no sabe lo que es Cataluña. Solo saben decir “dame de comer”. Los pisos protegidos se los entregan a gente inmigrada que hace poco tiempo que está aquí. Mi marido está cansado de dárselos a magrebís y gente así (…). Si los catalanes no nos preocupamos de Cataluña, otros la destruirán. Todas las baterías apuntan contra Cataluña. Estamos retrocediendo no cinco, sino diecinueve o veinte años». Todo porque los inmigrantes «tienen una cultura distinta y una religión distinta y quieren que se les respete».

Unos días antes, cerca de la costa francesa había naufragado un barco con inmigrantes kurdos, que fueron auxiliados por la población costera. «Les ofrecieron comida, pero ellos dijeron: “No podemos comer eso”. No basta con acogerlos… ¡Tiene que ser con su comida! Como personas, debemos estar abiertos, pero ¡con estas imposiciones…!». Su obsesión era poner coto a las ayudas. «El problema es que las ayudas solo sirven para los inmigrantes que acaban de llegar». Pero lo peor era el inminente apocalipsis que estaba por llegar. «A lo mejor, en diez años, las iglesias románicas no sirven y sí las mezquitas».

La polvareda levantada por sus declaraciones la obligó a emitir una nota aclaratoria tres semanas más tarde. Decía: «Siempre he pedido que se explicase bien a los recién llegados cuál es el país que les recibe, que se
les facilitase la comprensión de qué es Cataluña. Y que toda nuestra sociedad actuase para hacer posible su incorporación, que todos tuviésemos claros nuestros deberes y nuestros derechos (humanos y cívicos) al respecto (…). No pretendía herir ninguna sensibilidad (…). Lo que sí ha pasado es que mi imagen y pensamiento se han asociado a la intolerancia y la xenofobia. Les aseguro que me ha disgustado mucho recibir una imagen que no se corresponde con la que yo tengo de mí misma ni con mi trayectoria personal».

Como de lo que se trataba era de hacer país, el rasgo más identitario es la lengua. Ahí entra en abierta confrontación con todo lo español. En el año 2011, ante la posibilidad apuntada por el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, de que el Barça podría promocionar Barcelona, Cataluña y España, doña Marta se mostró escandalizada. Estaba bien que promocionase Qatar, pero con España cambiaba la cosa. «Se quiere imponer la señal de España y el Barça representa a Cataluña», matizaba para terminar con el razonamiento de que sería «horroroso» que se pudiese llegar al extremo apuntado por Mesquida.

Con el idioma era intransigente al máximo. El catalán era su gran preocupación y todo lo que oliese a castellano estaba bajo sospecha. Admitía con desparpajo que se apeaba de los taxis si el conductor no le hablaba en catalán. En su conferencia de Caixa Girona terminó su intervención con una anécdota que también había dejado caer en otros foros: A veces, llevaba a sus hijos al parque y al rato volvían llorosos. «Madre, hoy no puedo jugar, porque todos los niños son castellanos», afirma que decían.

Dos días más tarde de su diatriba, sin embargo, recibió dos buenos e importantes apoyos. Primero fue el conseller en cap o consejero jefe, Artur Mas, que argumentó que los sentimientos de Ferrusola eran «compartidos por miles de personas». Luego fue el propio Jordi Pujol, quien públicamente alabó su valentía y subrayó que lo que dijo ella era lo que pensaban «la mayoría de los ciudadanos» y que no se podía dejar de lado «la opinión pública».

Fue un preclaro Josep Ramoneda quien en un artículo de opinión titulado «La tentación del populismo xenófobo» teorizó al respecto:

Todos sabemos que CiU vive una crisis de fin de etapa (…). ¿En el vértigo de la pérdida del poder estará la clave de su empeño en dar naturalidad a las declaraciones de Ferrusola? (…). Dudo que sean mayoría los que piensan como Ferrusola. Tengo mejor opinión de mis conciudadanos. Pero si fuera así, la opinión de la mayoría no justifica nada cuando es xenófoba y, por tanto, antidemocrática (…). Pujol, a quien le gusta tanto la pedagogía política, tenía una buena oportunidad de practicarla explicando por qué su mujer está profundamente equivocada.¹¹

Que Cataluña era su masía parecía fuera de toda duda. Cuando CiU fue desalojada del poder y llegó el tripartito, arrebatando la presidencia a Artur Mas por primera vez, se desesperó. «A pesar de que ganamos las elecciones, nos robaron el gobierno. Es como si entran en tu casa y llegas y te encuentras los armarios revueltos porque te han robado».

Su decepción alcanzó tamaño astronómico cuando José Montilla fue designado presidente de la Generalitat. A primeros de 2008, Justo Molinero la entrevistó para sus medios de comunicación y publicó una pequeña entrevista en la revista del Grupo Teletaxi, RTT.

—¿Usted ejercía el poder que tenía o no?

—Yo no he tenido nunca poder. Nunca influí en nada.

—¿Es una persona con opinión propia?

—Sí. Muchas veces no he estado de acuerdo con él, pero no era quién para decir nada.

—¿Le molesta que el presidente de la Generalitat sea andaluz?

—Un andaluz que tiene el nombre en castellano, sí. Mucho. Y, además, pienso que el presidente de la Generalitat ha de hablar bien el catalán.¹²

La apostilla no es gratuita, sino un torpedo en toda regla a la línea de flotación del gobierno elegido en las urnas.

Desde algunos sectores, siempre se señaló a Marta Ferrusola como la auténtica inspiradora del talibanismo dentro de Convergència. Fue la
loba de Rómulo y Remo, pero en catalán. Posiblemente sea una exageración. Sin embargo, es cierto que sus hijos formaron parte de la vanguardia del independentismo que caló en CDC, alentados y jaleados por su madre. No es ajeno a esa eclosión soberanista el clima que se vivía a finales de los años ochenta, con una Crida a la Solidaritat en pleno apogeo y copando las estructuras de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), como si aquello fuese una aventura épica, un cuento de caballería, con la salvedad de que quien dirigía el ejército era la «primera dama» y en la torre, encadenada y humillada, se hallaba Cataluña, no la princesa del cuento.

La reina del cava

Los Pujol fueron los primeros en muchas cosas. En 1981, Jordi Pujol, un entonces bisoño president, era investido primer Caballero Cofrade de Honor de Sant Sadurní d’Anoia. La cuna del cava, que incluso el malvado JR había bebido en Dallas, se rendía a los pies del pequeño mandatario. Al año siguiente, la pleitesía aumentó un grado y su hija Marta Pujol Ferrusola, veintitrés años de edad, fue nombrada primera Reina del Cava. Los Pujol acababan de inaugurar una dinastía, como las sagas épicas de cuentos de hadas.

Marta acabó su carrera de arquitectura en los ochenta. Estuvo de becaria en el Instituto Tecnológico de la Construcción y pasó por varios despachos. Obtuvo el título en 1987 y ese mismo año entró a trabajar en el Ayuntamiento de Llavaneres. En los comicios de ese año, la Unió Independent de Llavaneres había obtenido 875 votos
y cinco concejales, pero CiU consiguió 588 votos y tres concejales y
Alianza Popular (AP), 556 votos y tres concejales. Por un pacto de convergentes y populares, fue elegido alcalde Víctor Ros, de AP. Era uno de los pocos ayuntamientos catalanes gobernados por la derecha española, pero fue en el que entró la hija del presidente catalán. A partir de entonces, comenzó a compaginar ese trabajo con la comercialización de flores en Galplant, la empresa que había creado junto a su hermano Pere y los amigos Vilà, y los encargos de arquitectura que le podían llegar de particulares, de otros ayuntamientos o incluso del gobierno que presidía su padre.

En 1996, nueve años más tarde, fue llamada por los responsables del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt, gobernado con mayoría absoluta por CiU desde 1979. El 3 de abril de ese año, la comisión de gobierno acordó contratarla como arquitecta. Firmó un contrato por seis años, con posible prórroga por otros cuatro. Su horario era de nueve horas semanales y su salario, de 175.000 pesetas mensuales (algo más de 1.000 euros). Por qué se la siguió contratando durante casi veinte años más es un misterio. Cuando los diputados catalanes le preguntaron sobre el particular en febrero de 2015, su respuesta fue que era «una situación contractual que está en manos del secretario del ayuntamiento y de la intervención y nadie la ha revocado».

En esa comparecencia, el 2 de marzo de 2015, su horario había sido ampliado a quince horas y el salario era de 2.264 euros. Pero, en realidad, Marta Pujol hacía otros muchos trabajos para la Generalitat. En total, se calcula que cobró de las arcas públicas del gobierno de su padre unos 50 millones de pesetas, o sea, unos 300.000 euros.

La suerte, que nunca había abandonado a los Pujol hasta hace poco, le sonrió tempranamente: en 1988, al año siguiente de ser contratada en Llavaneres, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas la contrató para modificar las normas de la comarca de la Cerdanya. A partir de entonces, trabajó en un puñado más de proyectos… incluso un archivo en Manresa.

La reina del cava comenzó a sacar beneficio de sus apellidos muy pronto. Aquel encargo de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas fue el principio de una bonita amistad entre la arquitecta y la Administración catalana. A partir de ahí, hubo una docena más de encargos. En 1990 trabajó para el ICASS (Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales), proyectando una residencia de ancianos en Vilafranca del Penedès. En 1991 hizo un centro de residencia asistida en Barcelona. En 1992, una escuela en Lliçà d’Amunt. En 1994 la contrató el Institut Català del Sòl (Incasol) para realizar un bloque de 102 viviendas y cuatro locales comerciales en Calella. En 1995 trabajó de nuevo para este organismo, que puso en sus manos el proyecto de 72 viviendas, también en Calella. En Blanes, en 1997, también construyó viviendas.

Hubo polémica con alguna de sus obras. El primer proyecto que hizo del Archivo Comarcal del Bages fue rechazado por el Ayuntamiento de Manresa por errores de bulto en los cálculos de kilos por metro cuadrado. No hay mal que por bien no venga: eso le sirvió para que le encargasen un segundo proyecto.

No fue solo la Administración autonómica quien la contrataba. En su comparecencia del 2 de marzo de 2015 ante la Comisión Pujol del Parlamento catalán hizo su propia escenificación. De hecho, cada miembro de la familia hizo la suya, articulando siempre un discurso exculpatorio y victimista. Marta Pujol había sido interpelada por el ecosocialista Marc Vidal, que le echaba en cara que el clan había acabado por considerar normal actitudes y procedimientos —incluidos los contractuales— que, «cuando se generalizan, abres las puertas de par en par a aquellas personas que se quieren aprovechar». La arquitecta recurrió al ataque a sus ancestrales rivales:

—Todo esto viene de la campaña electoral del año 99. En el año 99, estamos en plena campaña electoral, Pasqual Maragall contra Jordi Pujol por la Presidencia de la Generalitat y es cuando salen todos estos temas. Al mismo tiempo, hay un listado de arquitectos que apoyan la petición que hace un miembro del Colegio de Arquitectos para que apoyen la candidatura de Pasqual Maragall. Si repasan esta lista de arquitectos, que los quiero mucho y que son unos grandes profesionales, repasen cuántos proyectos tienen ellos en el Ayuntamiento de Barcelona. Solo me defiendo. Se lo explico porque me ha dicho como si tratásemos el país como el patio de mi casa. No es verdad.

Blandía Marta Pujol un sobre blanco en la mano y las miradas de todos los miembros de la comisión iban del sobre a la cara de enfado de la joven y de esta al sobre. ¿Estaría a punto de descubrirse otro gran escándalo, atesorado hasta la fecha en aquel sencillo sobre? Acto seguido, la arquitecta lo guardó en una carpeta como si nada hubiera pasado.

Minutos después era la diputada de la CUP Isabel Vallet quien la interrogaba.

—¿Podría usted dar este listado de arquitectos que dice que se han beneficiado de contratos a dedo en el Ayuntamiento de Mataró o en el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Nos lo podría dar a la comisión para que pudiésemos mejorar nuestros trabajos? Porque, en el caso de mi grupo parlamentario, a nosotros no nos importa, o no vamos contra CiU solo porque sea CiU. Es decir, queremos que todas estas actividades ilícitas afloren igualmente. ¿Nos podría ceder, por tanto, ese listado que usted ha mostrado?

—No. Yo no he mostrado un listado de arquitectos con adjudicaciones a dedo ni he dicho en ningún momento la palabra «adjudicaciones a dedo». Esto lo dijo el señor diputado. Yo he dicho que toda esta gente había trabajado para estas administraciones de acuerdo con la ley…

—No, usted ha dicho…

—Yo no he dicho «a dedo».

—No. Usted ha dicho, literal… ha dicho: «¿Qué he de hacer para ponerme en la lista de los repartos?».

—Sí. De contratos.

—Reparto de contratos que, en todo caso, son las licitaciones…

—Sí…

—Que se hacen siguiendo unas determinadas normativas de contratos.

—Estoy hablando de hace tiempo, ¿eh? Y ya tiré la toalla, con el tema del Ayuntamiento de Mataró. En este caso, ya les he explicado. Me dijeron: «No, no… no hace falta que lo intentes porque no». Pues ya está, a otro sitio, buscamos trabajo en otro lugar. No tengo una lista de arquitectos ni estoy diciendo que lo han hecho a dedo; seguro que lo han hecho con los contratos vigentes y legales, ¿eh?

—Entonces, ¿qué nos pretendía decir con esta lista?

—Yo les pretendía decir, cuando se me dijo que solo recibíamos y que… como si fuese… repartíamos los trabajos, digo que las tareas se han repartido para muchos arquitectos de la misma manera y que yo soy una arquitecta más, a pesar de mis apellidos.

Del sobre nunca más se supo.

En la manga guardaba muchas cartas. La mayoría de los contratos logrados con la Administración catalana fueron adjudicados por el procedimiento negociado, directamente, sin pasar por concurso público. Solo uno de sus trabajos con la Generalitat, en el año 1997, fue conseguido mediante un procedimiento concursal. Los demás fueron adjudicados de manera espurea.

Y no eran los únicos. En 2005, el Ayuntamiento de Orrius le encargó el proyecto de construcción del Centro Cultural Manel Cusachs, una obra de casi 2,2 millones de euros. En el año 2007, fue el Ayuntamiento de Premià de Dalt, donde su padre tiene su segunda residencia, el que la contrató para el proyecto de reordenación y urbanización de una avenida, con un presupuesto de más de 230.000 euros. Y en el año 2009 fue el Ayuntamiento de Vic quien le pagó por el proyecto de «aprovechamiento de agua freática y reordenación del parque de Pascual Blanca». Todos los consistorios eran de CiU, aunque en el caso de Premià compartió legislatura con ERC.

Pero de lo que no cabía duda es de que su situación irregular en el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt se prolongó en el tiempo hasta que, en 2015, tras su comparecencia en el Parlamento, la formación Nou Sant Vicenç la denunció y la Fiscalía decidió abrir investigación sobre su contratación, al sospechar que ocupa una plaza sin haber accedido a la misma por concurso.

Marta Pujol Ferrusola se casó en octubre de 1988 con el arquitecto mexicano José María Esperalba. Fue el precedente de la «conexión mexicana» del clan. Se casaron, como Dios manda, en la iglesia de Santa María del Mar, en una ceremonia íntima, y luego celebraron el banquete en el Palacio de la Llotja. Junto a José María, crearía después Esperalba Pujol Arquitectes Sociedad Civil Privada, un estudio en Mataró, la capital de la comarca del Maresme, donde también reside el matrimonio y de la que era originaria la familia del novio antes de que emigrase al otro lado del Atlántico. De hecho, Esperalba es descendiente del primitivo indiano vuelto a la tierra de sus ancestros. Aprovechando la regularización fiscal que realizó la familia Pujol en julio del 2014, José María también presentó una complementaria ante Hacienda, aflorando 250.000 euros que no había declarado. Un desliz sin apenas importancia.

Un informe de la Udef, fechado el 11 de septiembre de 2012, detalla que Esperalba fue el arquitecto que dirigió las obras del hotel El Encanto, que Jordi Pujol Ferrusola levantó en el país norteamericano.

La Administración ha sido siempre amiga del clan. La hermana pequeña, Mireia, no obtuvo adjudicaciones ni prebendas aparentes de la Generalitat. Pero también sacó provecho de los apellidos. O a pesar de ellos.

En el año 2002 tuvo acceso a un piso de protección oficial de 127 metros cuadrados, en primera línea de mar y con una plaza de parking de 14 metros cuadrados. Mientras Marta Ferrusola se quejaba de que los pisos de protección oficial se les daban a inmigrantes desagradecidos, que encima no conocían Cataluña ni sabían hablar catalán, resulta que una de sus hijas, con cuenta millonaria secreta en Andorra, accedía a una de estas viviendas. Mireia jamás quiso aclarar ninguno de los datos que se conocen sobre esta vivienda, pero el hecho de que haya accedido a ella con un patrimonio oculto como el que tenía representa otro duro golpe ético al clan Pujol.

10 Su objeto social cambia de inmobiliaria a «jardinería exterior e interior, natural y artificial, cultivos, venta, investigación, etc.». El domicilio se fija en la calle Balmes 397. Jepo aumenta el capital en 785.000 pesetas y suscriben Joaquim Brugué (5.000), M. Eulàlia Torruella (5.000), M. Cristina Llacer (5.000), AGVI S. L. (400.000), Marta Ferrusola Lladós (305.000) y Jordi Pujol Ferrusola (80.000).

11 El País, 27 de febrero de 2001.

12 RTT, marzo de 2008.

9

JPF, ALIAS JÚNIOR, EL HIJO DEL JEFE

Digno hijo de su padre

Jordi Pujol Ferrusola es un personaje poliédrico, muy complicado, con un ego exacerbado y pasión por el lujo. Tiene maneras de nuevo rico, y con razón. Fue un hijo de familia de clase medio-alta (su madre había sido tendera o botiguera) que de repente comenzó a amasar fortunas gracias a ser «hijo de».

Los propios amigos de Jordi Pujol Ferrusola admiten su mal carácter. Un carácter duro, arisco, intratable en muchas ocasiones; chulesco las más de las veces, por encima del bien y del mal. Júnior, como le conocen muchos, es del grupo de los chulos «porque yo lo valgo», quizá consecuencia de haber tenido una vida regalada, demasiado fácil a la sombra del poder y del padre. A Júnior le tachan de «extremadamente autoritario, engreído, altivo, maleducado». Hay quien dice que el Jordi Pujol padre anuló su personalidad y él creció siempre con ese handicap. Debió de ser entonces cuando proyectó en su carácter la chulería del que todo lo puede y lo controla. Se convirtió de esta manera en la antítesis de su padre: uno vivía y laboraba en la luz; el otro, en la sombra. Uno en el ámbito público; el otro, en el ámbito privado. JPF es el paradigma del hijo del jefe.

El analista Francesc-Marc Àlvaro radiografía la esencia de Júnior de modo muy preciso: «Oriol es la imagen noble de la familia, la vocación de servicio al país, la política que se puede decir y hacer, mientras que Jordi es la mano que se esconde, aquella política de la que no se habla, el atajo oscuro y resbaladizo del poder, la conversación incómoda que el
presidente siempre corta en seco y no permite nunca que tenga lugar en su presencia».¹³ En definitiva, JPF «ha asumido a la fuerza el papel de personaje turbio oficial de la familia».¹⁴

Las relaciones con su padre han sufrido muchos altibajos. Pasaron por etapas de una gran cordialidad y otras de un mayor alejamiento. En el año 1987, cuando Júnior bautizó a su primera hija, el president desapareció del convite durante casi media hora. Se fue a conversar con Antoni Subirà, primo político suyo y portavoz parlamentario de CiU. La escapada fue muy comentada —y criticada— por los presentes. ¿Qué abuelo abandona la fiesta de su primera nieta? ¿No se supone que debería estar feliz y contento en el ágape y no escapándose con un dirigente político? ¿Es que no tenía sentimientos? Pero Jordi Pujol i Soley era así.

Durante su juventud, Júnior fue muy deportista. Practicó gimnasia, natación, waterpolo y judo, hasta que se decidió por el rugby, deporte en el que llegó a ser el capitán del equipo del FC Barcelona, con el que ganó una Copa del Rey a comienzos de los ochenta del siglo pasado. Años después, se vanagloriaba de haber comprado los silbatos con los que boicotearon al monarca en la final de la Copa del Rey de 2009, en Mestalla. ¡Cómo habrían de cambiar las cosas! El primogénito de la saga comenzó de juvenil en el Barça, con apenas catorce años. En una entrevista en el diario El País en marzo de 1983, decía: «No doy leña. Yo soy el que recibo. Actualmente, llevo más de setenta y cinco puntos de sutura solo en la cabeza a causa del rugby. Recibo mucho golpes, pero no me importa». Era presentado entonces como un joven con «noble espíritu deportivo» y como «un chico estupendo. No tiene humos ni protagonismo de ningún tipo». Era, por así decirlo, la antítesis de lo que llegó a ser y a hacer en los negocios apenas una década después.

Su compañero de rugby Sergi Loughney sería más tarde jefe de Relaciones Institucionales y de Protocolo en Presidencia de la Generalitat, antes de pasar a Casinos de Cataluña, el holding de Artur Suqué, amigo íntimo de los Pujol, y a Abertis. Loughney es el organizador de unos encuentros periódicos que celebra en el Pub Kitty’s, un restaurante/bar de copas irlandés ubicado en la zona alta de Barcelona. Allí intenta reunir siempre a políticos de diverso pelaje y a protagonistas de la vida social, política y económica de Cataluña. Es apenas una anécdota: los amigos, los que apoyan al clan, si se muestran cautos y sumisos, medrarán.

En 1983, Jordi Pujol Ferrusola fue presentado como uno de los impulsores de una iniciativa que perdura: el Banco de Alimentos, la primera institución de este género de toda España. La idea, al parecer, fue de Josep Miró i Ardèvol, entonces consejero de Agricultura y ultracatólico convencido. El banco, a semejanza de otras entidades similares que existían en Europa, se nutría de donaciones de fabricantes que no comercializaban partidas por estar próxima su fecha de caducidad o por errores en el etiquetaje, lo que no impedía el consumo de esos alimentos. Los buenos y altruistas principios de sus negocios darían un giro de 180 grados poco después. Era aún estudiante de Económicas en Bellaterra, pero ya apuntaba maneras.

Como todo hijo de vecino, el primogénito de los Pujol realizó el servicio militar. Lo hizo en Madrid a principios de los ochenta, oficiando como mensajero del subsecretario del Ministerio de Defensa, almirante Ángel Liberal, que en 1984 sería nombrado jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad). Allí conocería a otro joven que luego se revelaría fundamental, no solo en la vida de los Pujol, sino en la propia historia económica de Cataluña: Carles Vilarrubí Carrió. Francesc-Marc Àlvaro describe muy bien el inicio de su relación: «Vilarrubí fue amigo, durante mucho tiempo, de Jordi Pujol Ferrusola. Cuando el primogénito del president hacía el servicio militar en Madrid, iba cada día a visitar a Vilarrubí al despacho de Minoría Catalana (…). Más adelante, Vilarrubí mantuvo abierto un despacho profesional durante un tiempo juntamente con Felip Puig, Pere Macias y Francesc Xavier Ventura, todos ellos vinculados a CDC y a la Administración catalana. Después le vendió a Puig su parte mientras los otros tres continuaron con sus actividades de asesoría y consultoría, entre otros, al grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona».¹⁵

Escribía Xavier Horcajo un esbozo en La Gaceta del 15 de enero de 2014. Decía que «Pujol hijo y Vilarrubí formaban parte y han sido vecinos e inseparables en la urbanización Les Espiraltes, de Bolvir de la Cerdanya (Pirineos), desde los tiempos en los que fue “chico catalán” de Manuel Prado y Colón de Carvajal en Trébol (…). Vilarrubí también tuvo con Pujol relaciones dinerarias, ya que el hijo del político financió alguna de sus actividades al marido de la multimillonaria». Horcajo descubrió, en su obra La Pasta Nostra, que Vilarrubí y su entonces amigo JPF participaron en alguna edición de las Veinticuatro horas de Le Mans, en la modalidad de coches clásicos, con un Porsche Carrera 6, formando parte de la escudería Team Cat. Y también llegó a participar en el rally París-Dakar y fue nombrado secretario del Club Internacional de Grandes Viajeros del Mundo, por haber visitado treinta y siete países en dos años.

Vilarrubí recaló también en los noventa en La Seda de Barcelona, junto a Josep Piqué. Precisamente dos hombres que habían estado en el gobierno de Pujol, dos jóvenes valores a los que el president había animado a saltar a la empresa privada y a fichar por Javier de la Rosa, con la esperanza de tener controlado y vigilado al financiero y empresario modelo. Pero en La Seda también estaban un entonces casi desconocido Artur Mas y Jordi Vilajoana, dos valores de Convergència y de la confianza de la familia de Pujol. Porque nadie ajeno a la familia entraba en según qué santuarios empresariales.

Reincorporado a la vida civil tras el servicio militar, Jordi Pujol Ferrusola aparece como uno de los impulsores del Grup d’Estudis Nacionalistas (GEN), un grupúsculo de jóvenes convergentes que trataban de influir en los entonces viejos dirigentes del partido que fundara Jordi Pujol una década antes. El GEN, asegura uno de sus fundadores, fue financiado por Josep Espar Ticó, el empresario convergente propietario de la peletería La Sibèria. Su sede se ubicó encima de la tienda de pieles de la esquina de Gran Via con Rambla Catalunya. Ahí, Jordi Pujol Ferrusola se echó de novia a la hija de Joaquim Xicoy, presidente de Unió Democràtica (UDC), que más tarde llegaría a presidente del Parlamento autonómico. El GEN era un grupo de activos muchachos donde estaba como secretario general Joan Capdevila y recalaban Joan Vives, Raimon Galí, los hijos de Espar Ticó o los Triadú.

Por allí pasaron las nuevas generaciones que años después tomarían las riendas del partido y de la política catalana. Su principal característica era que congregó al más importante nido de antirroquistas de Cataluña. Su meta era neutralizar a Miquel Roca y evitar que fuese el sucesor de Jordi Pujol en la política catalana. Por sus oficinas desfilaron Joaquim Forn (que llegaría a primer teniente de alcalde y mano derecha de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona, en realidad el alcalde en la sombra), y Marc Puig, asesor de Trias en su etapa como primer edil. Los jóvenes cachorros editaban, con la inestimable ayuda de Ticó, la revista Relleu (Relevo) y hacían cada verano unas colonias típicamente nacionalistas en el monasterio de Poblet, como buenos católicos que eran. Por esas fechas, los felices ochenta, se había extendido la leyenda de que a algunos grupos de nacionalistas les fascinaba realizar prácticas paramilitares en el macizo del Montsec, donde participaba incluso un instructor veterano de la guerra del Vietnam.

En una entrevista que Josep Plajà Maset le hizo en el diario Avui y que salió publicada el 14 de agosto de 1983, Júnior definía de manera harto curiosa lo que era el GEN: «Es un grupo que intenta revitalizar la juventud de Cataluña espiritualmente y nacionalmente y acogemos a todos los jóvenes, ya sean de grupos políticos, asociaciones, esbarts, centros excursionistas… estamos abiertos a todos, pero alejados de la política. Nuestro objetivo es que todos nos lleguemos a sentir hijos de
la misma nación y que podamos reaccionar todos al mismo tiempo cuando haya una agresión a nuestra nación. Por ejemplo, en Argentina, en el momento de la agresión sobre las Malvinas y a pesar de la diversidad de la gente del país, todos reaccionaron al mismo tiempo».

Todo debía ser un gran eufemismo, porque lo que hacía el GEN era política pura, de cara a la sociedad y dentro del partido, donde los jóvenes cachorros tenían sus preferidos y sus «enemigos». Una de las acciones del GEN, por ejemplo, fue imitar a Jordi Pujol padre y su famoso manifiesto «Os presentamos al general Franco», por culpa del cual había dado con sus huesos en prisión a comienzos de los años sesenta del siglo XX. Los cachorros nacionalistas, en cambio, quisieron atacar, en 1994, a Mercedes de la Merced, un valor emergente en el PP de entonces, europarlamentaria y concejal en Madrid.¹⁶ De la Merced había concedido una entrevista al diario El País y dejaba caer algunas llamativas perlas. Entre otras cosas, la dirigente popular decía que Franco había sido una persona «que se preocupaba por las clases débiles y eso nadie se lo podrá negar. Otra cosa es que hubiese o no libertades». Las loas al dictador se completaban con otra frase de postín: «Franco puso en marcha la Seguridad Social, las pensiones, construyó un montón de viviendas para los pobres». Y a los nacionalistas los vapuleaba: «Me preocupa muchísimo que un gobierno tenga que ceder ante presiones de unos nacionalistas para mantenerse en el poder; me preocupa excesivamente que la Guardia Civil pueda llegar a depender del señor Pujol y mañana de cualquier loco que pueda asumir la presidencia de la Generalitat».

Eso fue suficiente para que el GEN se movilizase e hiciese una carta en varios idiomas que distribuyó en los buzones de todos los europarlamentarios. En la misiva se explicaba que la nueva colega «con la que usted deberá coexistir durante la próxima legislatura», escondía «bajo su apariencia cándida los restos de antiguas ideologías que, en el momento en que las considerábamos superadas, renacen por toda Europa». En un intento de llamar la atención de los representantes comunitarios, los jóvenes del GEN remarcaban que «la osadía de Mercedes, no sin ignorancia, llega más lejos: deseosa de justificar el franquismo, sitúa en el mismo plano a la Democracia Cristiana europea (su propio grupo parlamentario) y a la organización política del régimen franquista, el Movimiento Nacional». De hecho, la política había afirmado en la entrevista que «la Democracia Cristiana es un partido social, lo que podríamos definir antes como el Movimiento Nacional».

Su «desvergüenza», criticaban, llegaba al extremo de «menospreciar e insultar la inteligencia del pueblo de Cataluña y sus dirigentes elegidos democráticamente y que habían tenido un papel remarcable en la lucha por la recuperación de las libertades y la democracia». Y subrayaban que lo más grave era que sus declaraciones habían sido «justificadas y amparadas por los principales líderes de su partido». Por tanto, avisaban los nacionalistas, «no le dé su confianza».

Júnior nació con un pan y un trabajo bajo el brazo. Y el pan estaba bien surtido: quizás era un bocadillo, quizás de chorizo. En junio de 1984 terminó sus estudios y en julio de 1984 entró a trabajar en Tipel. No hay nada como tener padrinos. Y él tenía uno muy importante de apellido Prenafeta. Lo mantuvo en la empresa hasta noviembre de 1986, cuando siguió colaborando con su benefactor, pero ya desde Geset Afers. Es la época en que también comienza a trabajar en Terasaki, una compañía donde tenía mano el entonces consejero de Industria Macià Alavedra, y en Figueras o Farc, donde lo introduce Pere Esteve, otro que apuntaba maneras.

Su hiperactivismo en la política dinamizando el GEN, metiendo cuchara en el partido o participando en conciliábulos para arrinconar a quien consideraba molesto (por ejemplo, a Miquel Roca) se trasladó igualmente al mundo de los negocios. Él mismo se define como «dinamizador económico, que es el concepto que realmente me estimula». Puede que tenga razón. Hay que reconocer su rapidez de reflejos, su frenética actividad, su buen olfato y su agresivo estilo. La mejor defensa es un buen ataque y si en ese ataque se mezclan medias verdades con medias no verdades, mejor que mejor. Jordi Pujol Ferrusola es un lince para los negocios, pero nadie sabe qué habría pasado si no hubiese tenido un padre como el que tiene.

Lo cierto es que en cuanto acabó la carrera y encontró trabajo, su vida personal dio también un vuelco. Jordi Pujol Ferrusola y Marta Gironès se casaron en Barcelona el día en que el embajador soviético daba una gran fiesta en Madrid para conmemorar el 69 aniversario de la Revolución de Octubre.

Así se expresaba el eco de sociedad del diario ABC del sábado 8 de noviembre de 1986:

En la basílica de Santa María del Mar, de Barcelona, se celebró ayer el enlace matrimonial de la señorita Mercé Gironés Riera con don Jordi Pujol Ferrusola. Bendijo la unión matrimonial el párroco de Santa María del Mar, Francisco Tort, el jesuita José María Benítez, primo de la novia; José María Ballarín, párroco del santuario de Santa María de Queralbs (Berga, Barcelona), y Malaquías Zayas. Por parte de la novia fueron padrinos doña Marta Pujol, tía del novio, y doña Mariona Faixes. Actuaron como testigos, por parte del novio, don Isidor Prenafeta, don José María Serra y don Felipe Puig.

Lluís Prenafeta, primo hermano de Isidor y durante una década el todopoderoso secretario general de Presidencia, sería el padrino
de la primera hija del matrimonio, Mercè Pujol Gironès, nacida el 7 de agosto de 1987 en la Clínica Dexeus.

El primogénito del clan aterrizó pronto, como se ha dicho, en la empresa Tipel, propiedad de Isidor Prenafeta, su padrino de bodas. Al mismo tiempo, formaba parte del consejo de Geset Afers (antes llamada José Ferrusola), pero apenas tuvo trato con la estrategia de esta empresa, que comenzó a irse a pique a finales de 1986 y cerró definitivamente tras haberse «comido» más de 400 millones de pesetas de los de entonces en créditos de la propia Tipel.

Los años noventa fueron pródigos en iniciativas empresariales de Júnior, la mayoría de ellas fracasos estrepitosos. Jordi Pujol Ferrusola era tan pródigo en abrir empresas como en llevarlas a la quiebra. Tocaba todos los sectores. Era emprendedor en todo y especialista en nada. Bueno, sí: en cobrar por asesorar en negocios.

En una ocasión, un abogado defendía los intereses de un grupo de empresarios cuya intención era comprar derechos de películas y programas de las majors de Hollywood y venderlos a cadenas europeas. Buscaban un contacto potente con TV3, que era la emisora más vista en Cataluña, y que emitía tanto por TV3 como por Canal 33. El empresario Lorenzo Rosal, sabedor del negocio, les recomendó hablar con Júnior y allá fueron.

—El muchacho tiene buenos contactos, conoce a mucha gente y os podrá presentar a alguien —fue su recomendación.

Hubo un par de agrias reuniones de negocios donde Pujol Ferrusola no daba su brazo a torcer, porque quería un porcentaje de la operación sin arriesgar ni un céntimo.

—Pues si no entro en el negocio, no hay negocio —zanjó en una de las reuniones

No lo hubo. Era una operación de miles de millones de pesetas en aquella época, pero no había manera de entrar en negociación para encontrar salidas a los derechos que pensaban adquirir. Jamás hicieron la inversión, aunque inopinadamente hubo una empresa de reciente creación que se hizo con el negocio. La anécdota ilustra una forma de ser y de actuar

La obsesión de los Pujol

La familia Pujol tenía una obsesión continua: controlar la recaudación del partido. Hasta comienzos de los años noventa, la financiación de Convergència era una tarea de Miquel Roca, el eterno delfín. Después, pasó a ser responsabilidad de Joaquim Pujol i Figa, primo hermano de Jordi Pujol padre. Pujol i Figa gestionó durante unos meses la fortuna oculta de la familia en Andorra y al poco fue nombrado secretario general de Presidencia, donde sustituyó al Rasputín Lluís Prenafeta. Dejó entonces las cuentas de Andorra en manos de Jordi Pujol Ferrusola. Un alto cargo del partido en aquella época y que vivió muy de cerca esa transición lo relata escuetamente: «Tras el Congreso de Convergència de 1991, le sacan la recaudación a Roca y se consolida el poder económico del Palau. Es cuando Jordi Pujol Ferrusola empieza a trabajar en ese tema, aunque el padre le cortó las alas y le dio amplios poderes a Joaquim».

La obsesión por el dinero, dicen las leyendas, le viene de tradición a la familia. El abuelo de Jordi Pujol i Soley, Ramiro Pujol, se arruinó a
comienzos del siglo XX. Su empresa de corcho ubicada en Figueres (Girona) se fue al garete después de una crisis que llevó a los champañeros franceses a la quiebra. Ellos eran sus principales clientes. Y como la Primera Guerra Mundial les cercenó el negocio, el de los tapones de corcho también se hundió. Desde entonces, la familia siempre tuvo buen cuidado de tener un colchón financiero, por si vinieran mal dadas. No querían volver a pasar otros siete años de vacas flacas.

Jordi Pujol Ferrusola, en este sentido, fue un lince. Creaba empresas. Pero, al estilo americano, tras hundirse, empezaba con otras nuevas. Alguna saldría adelante. Su agilidad mental y las ideas que brotaban incesantemente de su imaginación le encuadraban dentro del retrato del perfecto emprendedor. Siempre estaba pensando en nuevos negocios, en oportunidades de hacer caja.

Puso en marcha Hot Line Computer el 2 de mayo de 1990, empresa en la que figuraban como accionistas Jordi Serra Vilarnau, Isabel Cantarell Taxonera, Françoise Devilleneuve, Mercè Gironés Riera, Jordi Griñán Romero, Marta Blázquez López, Manel Vaqué Boix
y Jordi Pujol Ferrusola. Este último no constaba, en un principio, como accionista, sino que el paquete de participación era tomado por su esposa. Sin embargo, aceptó ser nombrado consejero junto a Jordi Serra e Isabel Cantarell. El presidente de la compañía era Manel Vaqué. Las acciones son suscritas por Mercè Gironès. Vaqué y JPF intervienen para aceptar los cargos. El consejo queda así: Manel Vaqué (presidente), Isabel Cantarell (secretario) y vocales JPF y Jordi Serra. Este último es elegido consejero delegado. El capital es de 55 millones de pesetas y Gironès tiene 10 millones.¹⁷

Las cosas fueron mal en la compañía. Júnior podía correr el riesgo de su primer escándalo, porque no todos los días el hijo del presidente de la Generalitat monta una empresa que se va a la quiebra a las primeras de cambio. Entonces, llamó a un amigo, Alfons López Tena, notario que más tarde sería miembro del CGPJ y dirigente de CiU antes de radicalizarse y fundar Solidaritat Catalana per la Independència (SI), con la que llegaría a ser diputado en 2010. Así pues, el 26 de febrero de 1993, Vaqué y Pujol Ferrusola acuden con su notario a la reunión del consejo de administración y presentan su renuncia a los cargos. Si la empresa quebraba, ellos ya no constarían oficialmente como responsables.

El 19 de abril de 1993 el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Barcelona dictaba un auto admitiendo la quiebra voluntaria de Hot Line Computer en las diligencias 0250/93. El magistrado, sin embargo, se huele la evasiva de los socios listillos y decreta el «arresto domiciliario de Manel Vaqué Boix, Isabel Cantarell Taxonera, Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Serra Vilarnau, de la que podrá excusarse si presta fianza en metálico de 100.000 pesetas en su conjunto, es decir, 25.000 pesetas cada uno». Los efectos de la quiebra se retrotraen al
7 de abril de 1992.

Esa aventura fue el primer gran batacazo. Los autos 0250/93 determinaban que la compañía tenía un activo de 47.420.328 pesetas y un pasivo de 75.370.391 pesetas (el comisario elevó luego esa cifra hasta 76.167.82 pesetas a acreedores privados y 2.876.936 pesetas a organismos públicos). El 23 de julio de 1993 Vaqué y Pujol depositaron su fianza y el 22 de febrero de 1994 se levantó el arresto domiciliario.

Con Hitech General Consulting ocurrió algo similar. La sociedad fue fundada el 3 de abril de 1990 y en ella participaban su amigo Salvador Heras (que con el tiempo sería coordinador general del Instituto de Logística Iberoamericano, ente que operaba desde el puerto de Barcelona y a través del que harían múltiples negocios), José Oriol San Nicolás, Joaquín María Fábregas, los abogados Jaime Guerra Balich y Antonio Viader y la francesa Emilie Segura. En 1991 aterriza en la compañía Alberto Cerdans. Detrás de la breve vida de Hitech General Consulting existe una historia peculiar, un nuevo desastre del primogénito de los Pujol, que comenzaba a hacerse notar, negativamente, por donde pasaba: la compañía terminó con un reguero de deudas y en quiebra, tras ser denunciada por el empresario Francisco Arumí. A Júnior se le aceptó la dimisión como administrador en la junta general de accionistas de 4 de junio de 1993. Y cuando un agente judicial se presentó en la sede social para proceder al embargo de los bienes, Hitech había desaparecido. Jordi Pujol, además, había vendido su parte de la empresa, por el simbólico precio de una peseta, a Alberto Cerdans, que desde entonces se especializaría en la compra de empresas en quiebra para vender sus activos y cerrarlas, sin pagar a trabajadores ni a acreedores.¹⁸

En 1989 Pujol Ferrusola funda Catexpress, una empresa dedicada al transporte en toda su amplitud y a la importación, exportación, manipulación, compra y venta de productos alimentarios o destinados a la alimentación, tanto humana como animal. Domiciliada en Paseo de Colom 2, sus socios eran Jean-Henri-Hugues Brial, Roger-Sebastien Baux, Pierre Grancier, Jordi Pujol Ferrusola, Eduardo Ortiz de Viñaspre Núñez y Joan Manuel Cortada Bover, este último en representación de Cofetrans. Júnior tenía el 10 por ciento del capital social y fue nombrado secretario. El 10 de julio de 1991, Cortada, Jordi Pujol y Ortiz de Viñaspre presentan su dimisión «por razones de carácter personal que les impiden continuar desarrollando su actividad». Las empresas por donde pasaba Júnior parecían estar condenadas al fracaso.

El nombre de Júnior empezaba entonces a ser citado a menudo en todos los cenáculos para referirse a los misteriosos lazos que unían política y negocios. El hijo del jefe comenzaba a ser el ejemplo de la incardinación del mundo del dinero y del trapicheo en la res publica.

En febrero de 1993 un juez ordenó el embargo de la sede de una de las compañías del holding Grup de Consellers Financers (GCF), por haber comprado una finca a un empresario de Sitges y no haberla pagado. En enero de 1995 el empresario graba una reveladora conversación en su casona de Sitges. Su interlocutor era el director general de GCF, un holding con fuertes conexiones políticas (de CiU) y que en ese año comenzó a desatender sus obligaciones con los acreedores, dejando de pagar las letras que había firmado. Al frente del holding estaba Joan García Maltas, un hombre de paja que pasaba casi a diario por la planta donde tenía su despacho el entonces consejero de Economía, Macià Alavedra, en la Rambla de Catalunya, para pedir una solución al tema.

—¿Tú has oído hablar algo más? —inquiría el empresario a su interlocutor.

—Nada más. Chapado. Oculto. Y jamás se supo el tema de Grup. El tema del hijo de Jordi Pujol… todas esas sociedades… tapado. Esto va así, ¿sí o no? —razonaba el director general.

—Pero en realidad, yo no sé quién llamó al presidente del Banco Vitoria, si fue Pujol o el primo.

—No, fue el primo. Y el primo es tercer grado en varios negocios más.

—¿Con el Banco Vitoria?

—No. Tercer grado: socio.

—¿Y Macià Alavedra, que tú lo veías por ahí mucho?

—Lo mismo. Macià más. Él es el cerebro.

—Para mí, los cerebros son Vicenç Oller y la Victoria.¹⁹

—Pero en primera línea, Macià.

Hablaban de la composición de la cúpula directiva de GCF, que había fichado a altos cargos de Convergència y que gestionaba varias inversiones de los dirigentes de este partido. El empresario estaba enfrentado a dos de los máximos directivos del holding porque le habían dado pagarés sin fondos de 400 millones de pesetas por unos terrenos en Sitges. Los dos hombres charlaban sentados en sendos sofás en la planta baja del impresionante chalé en primera línea de la playa. Grandes cristaleras hacían acogedora la estancia y la dotaban de una luminosidad espectacular. Bebían whisky en vasos bajos y anchos. Una inocente agenda de tapas negras descansa sobre la mesita baja que hay entre los sofás. En realidad, esconde un micrófono oculto, que emite una señal. En la calle, un joven es el encargado de cambiar la cinta magnetofónica que va grabando la conversación. El aparato receptor está instalado en la motocicleta junto a la que está el joven.

—Estos no se van a salir con la suya, hombre. Les voy a meter mano, pero ya. Y voy a desoír a todo el mundo y voy a ir por la mía —insistía el anfitrión con un deje de enfado.

—Es que si saliesen todas las listas, el listado de la gente que ha invertido ahí en Grup… ¡Que son todos convergentes!

—¿Y se lo han jodido también, el dinero?

—¿Que si se lo han jodido? Claro que se lo han jodido —el director general apuró un trago largo.

—¿Les han jodido el dinero a sus contratados? —el gesto de incredulidad del empresario era evidente.

—A los convergentes se lo han jodido y ninguno reclama. ¿Pero esto qué es?

—¿Y por qué?

—Aquí es donde yo no entiendo nada, entonces.

—¿Cómo es posible, tú?

—O sea, el Francesc Gordo,²⁰ la familia de Marsillach… ¡Que han metido dinero! Pero reconocido. Y no lo reclama nadie —se sorprendía el director general.

—Bueno, perdona, pero estos han metido dinero y se lo han llevado ellos mismos.

—No, no, se lo ha llevado el partido. Se lo ha llevado el partido. A mí que me digan que el señor Cloté… ese se ha liquidado 215 de Convergència.

—De la estafa de Grup, ¿tú cuánto dinero crees que se ha llevado el partido?

—¿El partido? Quinientos.

—Setecientos millones.

—¿En mi tiempo? —contesta el director general aludiendo al periodo en que él ocupó dicho cargo.

—Quinientos-setecientos millones desde que tú estabas aquí,
sí.

—Pues mira, no sé. Contando que ellos llevaban tres años más, pues a lo mejor unos dos mil millones.

—¿De cuánto ha sido la estafa, más o menos?

—Más de cinco mil.

—¿Cinco o seis mil?

—Sí. Ahora, el resto, ¿no sabes dónde está?

—¿Dónde está?

—Andorra. O sea, si tú vas cada fin de semana a Andorra, o tienes un piso o tienes una querida o tienes algo, ¿no? Tú te acuerdas que yo te decía «oye, esta gente va a Andorra cada semana, será por algo». Tienen algo allí, porque el Gordo no esquía.²¹

—¿Tú cuándo supiste que la finca no la querían pagar? —pregunta, al fin el empresario, refiriéndose a la venta que realizó a GCF.

—En septiembre.

—¿Antes no?

—No. Además, te lo he dicho siempre.

—Pero tú, sin embargo, sabías antes de firmar la finca que habían hecho una operación los de Grup con Banesto.

—No. En septiembre yo me entero de que han hecho una operación con Banesto.

El elenco de convergentes ligados a este holding era de altura. La esposa del presidente, Victoria Ribatallada, había tenido cargo en el partido, lo mismo que Francesc Gordo, accionista de GCF y responsable de finanzas de CDC. Allí estaba también Pere Lobo Gil, hermano del director del Diario Oficial de la Generalitat, o Jordi Griera, socio, en GFE Associats, de Pere Esteve, que ya velaba armas para convertirse en secretario general de Convergència. Figuraba asimismo Jordi Espona, que llegaría a ser tesorero de la Fundació Barcelona, la fundación convergente por excelencia de Convergència a nivel local (en la que aterrizó incluso Carme Alcoriza, secretaria de Jordi Pujol i Soley). GCF presentó suspensión de pagos en febrero de 1993, reconociendo unas deudas de 3.500 millones de pesetas (algo más de 21 millones de euros).

Era una época en la que había estallado ya la gran crisis de los años noventa, hasta entonces amortiguada por la euforia de los Juegos Olímpicos de 1992. Y el primogénito de los Pujol no fue ajeno al reguero de procedimientos. Hizo su ascensión a los cielos y su descenso a los infiernos. En septiembre de 1989 Jordi Pujol Ferrusola entra como consejero de Intradex Golf S. A., para impulsar un campo de golf, junto a Juan Ignacio Esteve Pla y Lluís Basiana Obradors. El consejero delegado será José María Montserrat Alberti. En julio de 1990 se amplía capital y acuden a él Ricardo Domingo Miró, Josep Maria Montserrat Alberti, Ignacio Esteve Pla, Jordi Pujol Ferrusola, Lluís Basiana Obradors y Josep Cases Trilla. El 5 de abril de 1991 se cesa al consejo y se nombra administrador: Maria del Carmen Grau Vendrell. Uno de sus socios, Basiana, era responsable técnico del Área de Urbanismo de Manresa y allí recibió multitud de denuncias por los turbios negocios que se traía entre manos. Ocupando ese cargo, era al mismo tiempo copropietario de la empresa Catubsa. Concesionaria de las obras de canalización de Gas Natural en esta localidad, la mayor en el Prepirineo catalán. Basiana acabó siendo cesado tras un escándalo de considerables dimensiones y de que incluso los colegios profesionales le acusasen de favorecer a su despacho privado en las concesiones públicas que pasaban por sus manos en el ayuntamiento, el consejo comarcal del Bages y la mancomunidad del Vertedero Comarcal. CiU bajó tres concejales en las elecciones del 1995 y perdió la alcaldía por primera vez: el socialista Jordi Valls, aunque tenía un edil menos que CiU, pudo formar gobierno y mantenerse en el poder hasta que en 2006 fue nombrado consejero de Trabajo e Industria.

El currículum empresarial de Jordi Pujol Ferrusola es mucho más amplio. Cuando su padrino de bodas, Isidor Prenafeta, compró la empresa materna José Ferrusola S. A., incorporó como consejeros a Marta Ferrusola y a Jordi Pujol Ferrusola. Todo el entorno convergente (o, más bien, pujolista) mimaba a la familia. Empresarios, políticos, socios o conocidos, todos parecían sentir devoción por Jordi Pujol, con una actitud de sumisión que trasladaban a su clan. Por algo eran el clan del régimen.

El 20 de noviembre de 1989, Jordi Pujol Ferrusola aparece de repente como presidente del consejo de administración de Jepo S. A., que pasaría a llamarse Hidroplant, como la fallida empresa de su madre.

Jordi Pujol Ferrusola también fue incorporado al consejo de administración de Catalana de Polímeros. Y más tarde facturó a La Seda por asesoramiento, circunstancia que siempre se ha querido mantener en secreto. La química le pagó a Ascot Inversiones, la empresa que utilizaba junto a Jordi Puig, un total de 5.800.000 pesetas por «asesorar en el diseño y la ampliación de capital de 4.527 millones de pesetas». Su amigo Rafael Español, presidente de La Seda gracias al apoyo de la familia, le colocó como consejero de Hispano Química. Era un consejo de postín: Español, Pujol Ferrusola, Bartolomé Parera y el exministro de Industria socialista Joan Majó. Júnior cesó en abril del 2000 «por razones estrictamente personales», aunque no se oficializó su salida hasta el 31 de diciembre de ese año.

En 1994 entra en la sociedad Natural Stone Marketing Center, del gallego José Manuel Gómez Salgado. Esta empresa se hizo con la concesión, en 1991, del alicatado de suelos del aeropuerto de El Prat. El arquitecto había sido Ricardo Bofill y la versión más extendida era que fue el propio arquitecto quien recomendó la empresa, porque había realizado buenos trabajos.

Pero aquella vez patinó. De hecho, oficialmente se decía que el aeropuerto estaba siendo alicatado con mármol de las canteras gallegas de Pontevedra. Falso. Venía de canteras de Alicante, donde se trabajaba día y noche para poder surtir al aeropuerto. Lo malo es que las piezas eran de un grosor un poco inferior al que debían y comenzaron a romperse y a desprenderse. Se tapó el escándalo con dinero. De allí a un año, se cambió todo el suelo de la terminal, previo pago de 100 millones de pesetas, una barbaridad en aquel momento. Y ahí se acabó aquella aventura empresarial. Las leyendas urbanas dicen que fue el primer gran fiasco de Jordi Pujol Ferrusola, pero es falso. Júnior llegó a ese grupo empresarial a mediados de 1994, por lo que nada tenía que ver con el mármol del aeropuerto. Pero ya se sabe que, a veces, una mentira mil veces repetida acaba por convertirse, aparentemente, en verdad. En 1995, Pujol Ferrusola se queda la empresa y nombra administradora a su esposa, Mercè Gironès, cambiándole el nombre por el de Iniciatives, Marketing i Inversions (Imisa). A través de ella, comenzará a trabajar los mercados exteriores y a asesorar a los empresarios amigos en oportunidades de negocios, en África y América esencialmente.

Los testaferros

Haría falta un examen minucioso para comprender el origen de la fortuna de Jordi Pujol Ferrusola. Por ejemplo, un palacete en la zona más cara de Barcelona, que fue escriturado oficialmente en diciembre del 2012, ya era de su propiedad años antes. Eso es lo que sospecha la policía, que retrotrae su compra hasta el año 2005, aunque no se asentó la operación en ningún registro e incluso el catastro se libraba a nombre de su antiguo propietario, José Luis Perelló, hijo de Francisco Perelló, que había sido presidente del RCD Espanyol entre 1993 y 1997.

El rastro de los inicios de la fortuna de la familia, sin contar la supuesta herencia del abuelo Florenci, se pierde en la noche de los tiempos. Es el misterio más bien guardado del clan. Pero las inversiones copiosas comienzan a realizarse a partir de mediados de la década de los noventa. A nivel local, los dos socios, Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godes, comenzaron a invertir en varios sectores.

En el otro lado del Atlántico, el primogénito del clan Pujol comenzó a operar en 1996. En México tomó como hombre de referencia a José de Alba, alias Chepo, una celebridad asidua de la prensa del corazón y dueño del club Balvanera de Querétaro, que combina club de golf, pistas de tenis, campo de polo, hospital veterinario y una cuadra de seiscientos caballos purasangre.

De Alba fue su primer gran testaferro al otro lado del Atlántico. Fue el hombre de paja que Júnior utilizó para invertir en una sociedad panameña dedicada a la cría de camarones, pero que le sirvió más adelante para penetrar en otras compañías. José de Alba era el hombre que le daba cobertura en Ipromar Ocean, sociedad creada el 8 de noviembre de 1996 ante la notaria Noemí Moreno por la abogada Judith Gadeloff (cuya principal misión era crear sociedades) y la ejecutiva Mavis Jessica Hernández. Como presidente de la compañía, se puso a Juan José Baro Puyo, un oscuro empresario que un par de años antes se había visto mezclado en un turbio asunto de contrabando de tabaco: junto a otros empresarios y un agente encubierto de los servicios de inteligencia españoles, tramaron hacerse con el tabaco requisado en España para exportarlo ilegalmente a la URSS.

Pero en Ipromar Ocean aterrizaron Jordi Pujol Ferrusola, José Herrero (socio suyo en Ibadesa y sobrino de López del Hierro), Santiago Ballesté y Jordi Suc, que se hicieron con el 47,5 por ciento de acciones bajo mano. Oficialmente, José de Alba tenía el 50 por ciento, pero en realidad un contrato privado reducía su participación al 2,5 por ciento de la sociedad. Ello les permitía acometer inversiones opacas en toda Centroamérica e incluso en Norteamérica.

En México, Jordi Pujol Ferrusola también consiguió otro contacto de altura que le habría de abrir muchas puertas: Raymundo Gómez Flores, un hombre del PRI, luego senador por este partido, reyezuelo de la provincia de Guadalajara y uno de los empresarios de más peso del país, que encabeza uno de los pocos holdings familiares mexicanos. Gómez Flores es de los que afirman que el principal instrumento para el éxito de las empresas es la familia. Se juntaban, pues, dos concepciones singulares de la forma de hacer negocios en familia. Claro que el mexicano piensa que los negocios son totalmente contrarios a la política y el catalán difuminaba la línea entre ambos llegando al extremo de fusionar ambos conceptos. Sin embargo, no hay que fiarse de las apariencias: Gómez Flores amasó la fortuna gracias a los contactos políticos y a las privatizaciones del gobierno del PRI mientras fue presidente Carlos Salinas de Gortari. Jordi Pujol Ferrusola comenzó a fortalecer sus negocios mientras fue presidente de Cataluña Jordi Pujol i Soley.

La privilegiada conexión política de Gómez Flores llevó a Júnior a trabar con él una especial relación, hasta el punto de que, en un principio, comenzó a canalizar muchos de los negocios que quería emprender a través de este empresario. Uno de sus proyectos estrella era que Aguas de Barcelona pudiese optar a una concesión oficial en Jalisco y llegó a organizar una reunión del gobernador de Jalisco con directivos de la compañía catalana.

En su agenda anotó, asimismo, otro nombre de relumbrón: el del empresario y presidente del Guadalajara AC Salvador Martínez Garza. De una conversación con este salió la idea de que el portero del club guadalajareño Oswaldo Javier fichase por el Barça. Eran los primeros años de este siglo cuando Jordi Pujol Ferrusola habló con Ramón Palou, entonces en la junta directiva del club azulgrana, para calibrar tal posibilidad. Fue Palou quien se lo propuso a Josep Maria Minguella, pero finalmente la operación no prosperó.

En el año 2000 Jordi Pujol consiguió todavía otro testaferro en el país: Fermín Serrano. Un convenio firmado el 17 de noviembre del 2000 decía: «Este convenio se deriva de que el señor Jordi Pujol no quiere aparecer como accionista de Home Empowerment Network Inc, y, por tanto, se hace este acuerdo entre amigos». Júnior traspasaba 250.005 dólares a Serrano «única y exclusivamente para la compra de 21 acciones de Home Empowerment Networks Inc al precio de 11.905 dólares por acción». Entre las condiciones firmadas se especificaba que el mexicano «está de acuerdo en vender dichas acciones en el momento, a la persona y al precio que el señor Jordi Pujol indique», que el interesado y responsable de la venta es el catalán, que «en caso de haber una ganancia en el valor de las acciones, entregará el monto total de la venta de las mismas al señor Jordi Pujol», que Serrano no tendrá responsabilidad alguna si las acciones pierden valor y que ambos están de acuerdo en que «la entrega de los 250.005 dólares no es un préstamo y por ningún motivo podrá ser considerado como tal».

No eran los únicos testaferros. El camino de todo dinamizador económico está jalonado por hombres de esa naturaleza. Hombres que prestan su nombre para salvaguardar los intereses de otros. En Andorra se les llama prestanoms (nombre con el que se conoce a los fiduciarios en Andorra). Y en ese país Jordi Pujol Ferrusola tiene muy buenos amigos. Uno de ellos es Francesc Robert. Ambos solían ir a esquiar y a hacer montañismo juntos, y tienen intereses en la USAP, el ya citado club de rugby de Perpignan que controla y ayuda el hijo del expresident. No hay que olvidar que Júnior había sido capitán del equipo del Barça. Pero luego, tienen otra afinidad: la política. Robert es un «pancatalanista» convencido y eso significa un plus añadido para Jordi Pujol Ferrusola, firme partidario de los Països Catalans. Dios los cría y ellos se juntan.

Francesc Robert y Pujol Ferrusola no solo coincidieron en sus intereses en La Seda y en la compra de la USAP, sino que intentaron construir la mayor pista de esquí cubierta de Europa. Era una operación pilotada por Herbert Rainford Towning, el testaferro de Júnior en Londres, que costaría unos 400 millones de euros y que se articularía en torno a la compañía Bantridge Holdings Limited, la misma que le enviaba dinero a sus sociedades. Junto a ella, participaban Brantridge Establishment y Brantridge Estates, que compraron un porcentaje de Onslow Great Blackenham Limited, la promotora del complejo SnOasis. Este complejo, ubicado en la localidad británica de Great Blakenham, en el condado de Suffolk, 135 kilómetros al noreste de Londres, habría de tener un hotel, un centro de convenciones y una pista de patinaje, además de la pista de esquí, pero fue paralizado por las autoridades británicas.²² En ese complejo aparecía Francesc Robert, exdirector de la Radio Televisión de Andorra, como propietario del 12,5 por ciento de la sociedad Onslow Ditchling Ltd., una de las participantes. Esta compañía estaba participada en un 37,5 por ciento por… Brantridge Estates, una de las tapaderas de Júnior.

En el pequeño paraíso pirenaico aparece también otro nombre estrechamente vinculado a la familia Pujol: el rumor más extendido era que un miembro de la Guardia Civil podía haber actuado de testaferro del clan e incluso se había mirado hacia el coronel Matas, pero esa pista era falsa. El verdadero testaferro que Pujol Ferrusola tenía en Andorra era Enric Dolça, que estuvo vinculado una década al comú de Ordino. Al parecer, Dolça provenía del Cuerpo Nacional de Policía. Pero supo hacer fortuna y acabó siendo un potentado, con negocios en depuradoras de agua y explotación de pistas de esquí. «Se casó con una andorrana y tiene también negocios de empresas de vigilancia e inmobiliarias. Incluso participó en la creación de un laboratorio de talla de diamantes en el Balcó d’Ordino en los años noventa. En esa época, mantenía una fluida relación profesional con Tita Cervera», detalla uno de sus clientes, al que ayudó en la compra de dos apartamentos.

Ese cliente recuerda que en aquella época, el hijo del entonces president se vanagloriaba en público de que tenía intereses en un museo de iconos rusos. En su comparecencia en 2015 ante el Parlamento catalán reconoció que era íntimo amigo de Toni Zorzano, propietario de varios museos en el Principado, dos de ellos relacionados con Rusia: uno era el Museo de la Miniatura; el otro, el de iconos. Zorzano había sido jugador de rugby, como Júnior, pero en el Andorra, y se habían conocido en el terreno de juego.

El comienzo del fin

El 9 de abril del 2013 el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictaba un auto que iba a significar una inflexión en la vida de los Pujol. La Agencia Tributaria había levantado la liebre y estaba investigando al primogénito de la saga, a quien le había detectado cuentas en paraísos fiscales sin que las hubiese declarado. Ruz ordenaba entonces investigar varias empresas sospechosas: Inter Rosario Port Services S. A., Iniciatives Marketing Center S. A., Iberoamericana de Business and Marketing
S. A., Project Marketing Cat S. L. y Active Translation S. A.

Las investigaciones habían determinado que entre el 30 de marzo de 2004 y el 28 de noviembre de 2012 Jordi Pujol Ferrusola había realizado a través de esas sociedades un total de «ciento dieciocho movimientos de tráfico de divisas por importe total de 32.407.658 euros, efectuados a través de las entidades BBVA, Banco Mediolanum y Crédit Suisse AG, con salida o destino, según los casos, de los siguientes países: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón». La explicación que dio el avispado Júnior fue que en realidad solo eran 8 millones de euros que tenía depositados en una oficina del BBVA de Barcelona y que había sido el banco, sin su conocimiento, quien habría invertido en productos radicados en paraísos fiscales.

Después de la confesión de Jordi Pujol, se precipitan los acontecimientos y Ruz envía a finales de julio del 2014 una comisión rogatoria a Andorra. En una ampliación de esa comisión fechada el 14 de agosto, el magistrado de la Audiencia Nacional detalla varias operaciones sospechosas que expone ante las autoridades del país vecino.

Una de las operaciones tiene como protagonista a la compañía Active Translation, que vendió la participación que tenía en la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys por 5,3 millones de euros, lo que significó una «fuerte revalorización». Ello fue debido, parece ser, a que tras comprar esa empresa, logró que el gobierno que presidía su padre le adjudicase la autorización para el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de residuos en el municipio de Tivissa. Se trataría, en tal caso, de una operación con clarísimos tintes de corrupción, cristalizados bajo una pátina de tráfico de influencias.

Otra operación era de Project Marketing Cat, que había extendido facturas millonarias a Copisa sin aparente contraprestación. En total, enumeraba facturas a ese grupo por 5,3 millones de euros. Y Copisa tenía «múltiples adjudicaciones en Cataluña». Para colmo, detalla cómo Copisa le compró a su esposa Mercè Gironès dos fincas en Palamós por 4,8 millones cuando cuatro años antes las había adquirido por 217.000 euros. Sacaba a relucir otro cobro de 600.000 euros a Isolux, «sociedad constructora propiedad de Luis Delso, adquirente de los derechos del fideicomiso en México de Iniciatives, que dejó más de 15 millones de euros en las arcas de esta sociedad de Jordi Pujol Ferrusola. El grupo Isolux tiene ingentes intereses económicos en España, muchos de ellos inexorablemente vinculados con la Administración Pública». Se refería a Iniciatives, Marketing i Inversions (Imisa), una de las sociedades que Júnior utilizaba para intermediar en operaciones en el exterior. Es con la que eleva a la plenitud su oficio de «dinamizador económico».

Pero en esa dinamización algo fallaba. «Las compañías atribuibles a Jordi Pujol gozan de características uniformes en su mayor parte. Son empresas instrumentalizadas para la ostentación de bienes patrimoniales, en muchas ocasiones participaciones de sociedades de terceros países. En España no generan valor añadido real alguno, limitándose a ejercer esa titularidad, declarando incluso pérdidas sociales recurrentes, evitando declaraciones impositivas (…). Casi la totalidad de la facturación realizada a sociedades españolas por el grupo societario conexo con Jordi Pujol, fundamentalmente Imisa, Project Marketing y Active Translation, es valorada como sospechosa y pudiera no ajustarse a la realidad».²³

Los sospechosos habituales

El 12 de junio de 2014, el Grupo 24 de la Udef, dedicado a investigar el blanqueo de dinero y la corrupción política, realiza dos informes para el juez Pablo Ruz que detallan la relación de Jordi Pujol Ferrusola y sus empresas con sociedades que trabajaron habitualmente con el gobierno catalán y que, por consiguiente, cobraron fuertes sumas de dinero público al mismo tiempo que pagaban a Júnior por supuestas asesorías.

La primera empresa investigada fue Emte, de la familia Sumarroca, que pagó un pastón a Project Marketing Cat.²⁴ Supuestamente, este dinero correspondía a la «prestación de servicios de consultoría por parte de Jordi Pujol Ferrusola relativos a la prospección y eventual implantación en México de la sociedad Emte o de algunas de sus filiales en el ámbito de los sistemas de información y tecnología». La policía interrogó al director general de Emte, que no pudo aportar documento alguno sobre el tema. Subraya el texto que, además, Júnior «ni siquiera parece experto en esta materia».

Lo único que sacaron en claro es que los Pujol elaboraron una sofisticada ingeniería financiera según la cual Emte no pagaba directamente a las empresas de la familia, sino a dos sociedades denominadas Management Consulting y Cientific Management, tras las que se parapetaba Jaume Ferrer, miembro de la junta del FC Barcelona en la época de Joan Laporta. Ferrer también estaba vinculado a la sociedad MT Tahat, controlada por Josep Pujol Ferrusola. La labor de Jaume Ferrer era conceder opciones de compra de empresas de los Sumarroca a los Pujol y hacer de canal de transmisión de dinero. Incidía el informe en intentar averiguar «esas relaciones económicas, dado que parecía existir una clara refacturación, que en la práctica supondría que parte de los capitales, en vez de transitar directamente de Emte S. A. a las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola, incorporaban un escalón intermedio, pasando por Trade Management Consulting y Cientific Management, compañías que sin encontrar explicación aparente posterior, se los enviaban a Jordi Pujol».²⁵

La segunda empresa investigada era el grupo Copisa, de la familia Cornadó. Dos empresas de Jordi Pujol Ferrusola (Project Marketing Cat e Iniciatives Marketing i Inversions) facturaban a las empresas de este holding.26 Entre 2005 y 2008, Jordi Pujol Ferrusola cobra de este grupo más de 3,2 millones de euros por intermediar en compraventas. «La aportación de valor a las diversas operaciones económicas por parte de Jordi Pujol Ferrusola se circunscribe únicamente a dar información sobre posibles negocios, limitándose aquel a ejecutar una gestión personalista limitada a simples llamadas telefónicas en las que les informaba sobre posibilidades concretas, no necesitando por ello trabajador alguno ni sede social». Era, por tanto, dinero caído del cielo. Los investigadores recelan de estos cobros, ya que no se aportó documento «en el que de forma fehaciente se dejara constancia de trabajo alguno real, como pudieran ser correos electrónicos, justificaciones de la experiencia profesional de Jordi Pujol Ferrusola en cada una de las materias, gastos, informes de avance, etcétera». Por si fuera poco, cuando la policía llamó a declarar a los directivos, se contradijeron. En las facturas se especificaba que el hijo del president asesoraba, negociaba y realizaba tareas de intermediación, pero los altos cargos de Copisa afirmaban que solo se limitaba a informarles de que había una oportunidad de negocio y eran ellos quienes movían todo.

La actividad y sapiencia de Júnior dejó boquiabiertos a los investigadores que le seguían los pasos, hasta el punto de reflejar en el informe que «la simple observación de las diferentes facturas arroja como conclusión inherente que Jordi Pujol Ferrusola sería un experto de diferentes materias: la intermediación inmobiliaria en distintos lugares de la geografía española, Madrid, Hospitalet, Terrassa y Albacete, el negocio de las refinerías petrolíferas, el desarrollo de plantas fotovoltaicas, la actuación como bróker especialista en compraventas de participaciones mercantiles, tanto nacionales como internacionales, y que tienen un amplio abanico de objetos sociales, como la construcción o la explotación de un residencial con club de golf». La conclusión era fácil: las facturas eran falsas y Pujol Ferrusola habría estado cobrando por alguna razón oscura. Además, en ninguna de las operaciones en las que supuestamente había participado fue reconocida su presencia en las reuniones. Debía de ser el invitado fantasma, porque nadie reconoció haber negociado ni en una sola ocasión con Júnior cualquiera de las operaciones por las que cobró millones de euros

El informe enviado a Ruz relataba detalladamente una operación digna del mejor guión de los hermanos Marx. Copisa controlaba una sociedad llamada Promociones Club de Campo y Golf de Ronda. Jordi Pujol Ferrusola factura más de 1,1 millones de euros por intermediar y hacer que las obras de urbanización del terreno de esta sociedad sean adjudicadas a Copisa. En el momento de la firma del contrato, actúa como representante de Promociones Club de Campo y Golf José Cornadó, que adjudica a su empresa las citadas obras. Era el absurdo. «Así pues, como corolario irrefutable a enunciar a tenor de lo comentado es que José Cornadó Mateu paga a Jordi Pujol Ferrusola para que negocie
con José Cornadó Mateu la ejecución de unas obras, por la nada despreciable cifra de 1.116.891,33 euros».

No era la única sorpresa: a continuación, Cornadó, que ya era socio en un 20 por ciento de Promociones Club de Campo y Golf, quiso comprar el 80 por ciento de la sociedad y para negociar esa compra contrató a Jordi Pujol Ferrusola, que extendió una factura ocho meses más tarde. «En este caso concreto —relataba la policía—, José Cornadó habría remunerado a Jordi Pujol Ferrusola para que intermediara en la compra de una sociedad de Alicante en la que ya estaba como socio y consejero delegado. Se desconoce qué tipo de información preferente pudo aportar Jordi Pujol Ferrusola que no supiera el propio accionista». El vendedor de las acciones jamás había visto a Júnior ni había hablado con él.

Unos empresarios de Hospitalet que también habían vendido una finca a Copisa recibieron poco después de la operación la visita de Ramón Gironès, suegro de Jordi Pujol Ferrusola, exigiéndoles el 3 por ciento de la venta como comisión por intermediar en la misma. Jamás le habían visto. La operación se había cerrado en más de 30 millones de euros. Los vendedores, de la empresa Focio, no tenían ni idea de cómo podía haber intervenido Gironès o algún otro intermediario en la operación. Además, Júnior ya había cobrado a los compradores más de 226.000 euros por su intermediación. Desde Copisa, en cambio, les dijeron que sí había habido intermediarios. A partir de ahí, negociaron y acabaron cediendo y pagando un 1 por ciento, o sea, 300.000 euros. Lo cierto es que los dueños de Focio habían visto cómo las fincas que tenían en Hospitalet les fueron declaradas inundables y luego les precintaron un parking para camiones y recibieron el consejo de vender a Copisa para no tener más problemas.

Más irreal parece una operación en Palamós: Mercè Gironès, exesposa de Júnior, compró dos fincas en diciembre del 2002 por 217.000 euros. En julio del 2006, las vendió a una empresa del grupo Copisa por más de 4,8 millones de euros. Un auto del juez Ruz se refiere a esta operación señalando que el valor catastral conjunto de las dos fincas era de 902 euros hasta que en el año 2010 fueron recalificadas y pasaron a tener una valoración catastral de 139.000 euros.

El empresario Gustavo Buesa es otro de los que se pusieron bajo la lupa de la Udef. De hecho, su nombre había aparecido relacionado con negocios que beneficiaban a la familia Puig. Pero también tuvo negocios con Pujol Ferrusola y su familia política. En 2002, la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys solicitó una licencia de residuos. En ese momento, ya estaba acordada la entrada de Jordi Pujol Ferrusola como socio a través de la sociedad Active Translation. A finales de ese año, Generalitat y Ayuntamiento de Tivissa dieron luz verde al proyecto, en el que había que invertir 10 millones de euros. En 2004, la sociedad Active Translation vendió sus acciones en la compañía Gestió i Recuperació de Terrenys por casi 5,3 millones de euros e inmediatamente FCC Medio Ambiente compró el cien por cien de la sociedad. Curiosamente, en FCC tenía cargo relevante Jordi Riera, gran amigo de Jordi Pujol Ferrusola y a quien en los círculos de la construcción se conocía con el apodo de contractista en cap (contratista jefe), apelativo que lo dice todo.

En realidad, los investigadores sostenían en el texto que esa operación «había sido diseñada de antemano para introducir de forma ficticia a Jordi Pujol Ferrusola, asegurarse por medio de su persona la obtención de las habilitaciones públicas pertinentes y, con ello, el buen fin de la operación, interponiendo además sociedades y personas a modo de capas de cebolla en aras a evitar que una simple observación de la misma denotara la presencia de este». Algo debía de haber, porque las empresas de Júnior facturaron a las sociedades que intervinieron en la operación más de 300.000 euros. Una de las facturas, emitida por Iniciatives Marketing i Inversions, por más de 243.000 euros, tenía fecha de febrero de 2010 y su concepto era «el asesoramiento y estudio del proyecto del centro de tratamiento de residuos situado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, asistencia en el país, búsqueda de emplazamientos en Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y DF, búsqueda de potenciales socios locales y de asistencia técnica local, con desplazamiento a México». Jamás se pudo comprobar ninguna de estas actividades, por lo que la policía concluye que «estas cantidades pudieran revestirse de compensaciones a Jordi Pujol Ferrusola, debido a que el resto de socios continúan lucrándose, como consecuencia de los resultados extraordinarios que devenga todos los años Gestió i Recuperació de Terrenys».

En el año 2007 el hijo del expresident facturó más de 1,5 millones de euros por intermediar en la compra de los solares ubicados en la plaza de Europa de Hospitalet, zona que se urbanizó a partir de esas fechas. Era una operación de 90 millones de euros que acometieron FCC y Copisa. La explicación oficial es que al disponer de un solar en la zona, la Unión Temporal de Empresas (UTE) de esas dos compañías había ganado un contrato, pero las contradicciones entre todos los intervinientes eran tan notorias que la policía concluye que lo que se hizo fue intermediar con el consejero de Obras Públicas para que se adjudicasen las obras en el año 2002. El consejero era entonces Felip Puig, hermano del socio de despacho de Jordi Pujol Ferrusola y compañero de clase de este. Amigos desde que tenían cinco años, según propia confesión de Júnior. «Los beneficiados con la adjudicación, las sociedades FCC y Grupo Copisa, de forma indirecta han derivado millonarios caudales al patrimonio personal de Jordi Pujol Ferrusola en los últimos años, merced a diversas operaciones detalladamente descritas en informes policiales». Se trataría, así, de «pagos diferidos en el tiempo», similares a los que se hacían en el Palau de la Música hacia Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Jordi Pujol Ferrusola hacía negocios en España y en México indistintamente. La Audiencia se puso tras sus negocios al otro lado del Atlántico al encontrar facturas a Isolux por 1,3 millones de euros, relacionadas con negocios en México, y otros 600.000 euros en Gabón. En estos casos, sin embargo, había bastante documentación como para sustentar la realidad de proyectos. De hecho, en el año 2000 Pujol Ferrusola firma un contrato con Isolux y, aunque ya existen facturas desde aquella fecha, en realidad ni Júnior ni el presidente de Isolux, Luis Delso, pudieron aportar alguno de los informes realizados en México. Además, se sospecha que pudieran ser falsos, debido a la relación cercana que se desprende de los correos electrónicos que se intercambiaban ambos. Siguiendo el hilo de las inversiones en México de Isolux, la policía se encontró a un antiguo conocido: Julio Bonis, exconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias e implicado en varios casos de corrupción. Su nombre apareció en una inversión de 6,5 millones de dólares en el Proyecto Azul Cortés, en la Baja California, donde participaban tanto Jordi Pujol Ferrusola como Isolux. Eso es lo que dice el informe policial. Bonis contestó a la policía en 2014, vía correo electrónico, que tenía su residencia legal en el país norteamericano y que no le era posible desplazarse a España, pero se desligaba de la compañía que había invertido los millones de dólares aunque él figuraba como apoderado de la misma. Entre pillos andaba el juego.

Las cartas del cabreo

Jordi Pujol Ferrusola ha sido y sigue siendo un nacionalista de pro. Estuvo a favor de la campaña Freedom for Catalonia, puesta en marcha con el apoyo de las Juventudes de Convergència y la Crida a la Solidaritat antes de los Juegos Olímpicos de 1992. A su novia Victoria Álvarez, ya bien entrado el siglo XXI, le regaló pegatinas con el CAT de Cataluña para poner en las matrículas de los coches y tapar la E de España. «No las pierdas, que me han costado un pastón», le advirtió.

Su radicalismo y su falta de educación quedaron perfectamente retratados durante una comida en el restaurante Rojo y Negro, ubicado en plena Diagonal de Barcelona. Al camarero, un boliviano residente en Barcelona desde hacía dos años, le abroncó por no saber hablar catalán. La anécdota la cuenta Victoria Álvarez. «¿No vas a clase para aprender la lengua de esta tierra?», amonestó al empleado del restaurante, tras saber que llevaba dos años residiendo en Cataluña. Tras el «no» del camarero, le contestó con un desprecio absoluto: «Lo que tienes que hacer es volverte a tu puto país de mierda».

De sus años de activista político le ha quedado la obsesión por lo catalán. Cataluña, Cataluña, Cataluña. Y por el catalán, su idioma. No habla castellano ni en la intimidad; al menos, si no le es absolutamente imprescindible. Porque una carta suya remitida en cierta ocasión a Eduardo Euba, agregado comercial de la embajada española en Ankara, se expresaba en un correcto español, aunque con algunas faltas de ortografía: «Distinguido señor Euba: Mi nombre es Jordi Pujol Ferrusola. Soy socio y dirijo una empresa que se dedica al comercio exterior gestionando créditos Fad, créditos comprador, etcétera, y sobre todo, a algunas inversiones españolas en el extranjero», comenzaba la misiva. Luego, le demandaba asesoramiento legal para una inversión minera en Turquía y le pedía una reunión en el país de Medio Oriente, a donde pensaba desplazarse a las pocas semanas.

Por esas fechas, Jordi Pujol Ferrusola ya no manda en el partido, pero ejerce de hooligan. Es obsesivo. Tiene ataques de cólera. En cierta ocasión, durante uno de sus frecuentes viajes a Andorra, se alojó en el hotel Plaza, un cinco estrellas propiedad del banquero Ramón Cierco, que luego integraría la junta del Barça llamado por Sandro Rosell. A Júnior le sentó mal que no tuviese folletos en catalán. Y por eso escribió luego una carta a Cierco. «Hacía tiempo que no iba —le decía—, pero por la presión de mi hermano Josep, conocido y amigo suyo, volví. Siento decirle que fue la última vez. Usted pretende tener un hotel de gran categoría en el centro de la ciudad. ¿Realmente cree que tiene un hotel de gran categoría en el centro de Andorra la Vella? ¿Cree que los materiales con que están hechas las habitaciones son de gran categoría?». Se quejaba el enfadado muchacho de la moqueta, las cortinas, la insonorización. «¿Usted cree que el espacio bidet-servicio es suficiente? (¡¡Usted no usa el bidet!!)».

Arremetía a continuación contra el empresario: «¿Usted cree que la recepción a través de la pantalla de televisión ha de ser en castellano?». Subrayaba y ponía en negrita la palabra castellano. «¿Ustedes no pueden conocer el origen de sus clientes? Somos españoles, venimos de Cataluña, ¿el respeto para usted es el castellano o el catalán hacia nosotros?».Y reiteraba luego: «¿Cómo es posible que la propaganda-tríptico de la habitación solo esté escrita en castellano? ¿Qué posición le da usted al catalán en Andorra, es el idioma oficial? Usted es andorrano. ¿Usted está dispuesto a respectar el catalán en Andorra?».

En definitiva, una carta para olvidar. Porque, además, su rencor no se limitaba al hotelero. Envió una copia de la carta a Marc Aleix Tuga, presidente de la Unión Hotelera de Andorra. «Le adjunto copia de la carta enviada al señor Cierco, del hotel Plaza de Andorra la Vella. Es para su información, porque creo que es importante para la Unión Hotelera y para su País saber que es impresentable que un hotel como este diga que tiene la categoría que tiene», escribía el cabreado nacionalista.

En otra ocasión, durante una carrera automovilística en el circuito de Montmeló, le cayeron ascuas de fuegos artificiales en su Audi A8, que había dejado estacionado en el parking superior. «Le agradecería que se pusiese en contacto conmigo y pudiésemos hablar, ya que supongo que el circuito tiene seguro para estos casos». Y adjuntaba sus «coordenadas». La carta de protesta iba dirigida a Ramon Maltas, director de operaciones del circuito, con copia a Fidel Sust, director general del mismo.

En otra carta a un periodista, tras un artículo de este sobre el Museo Egipcio de Barcelona, se quejaba del trato afable dado al propietario de este, el hotelero Jordi Clos. «¿Alguien sabe cómo ha conseguido Jordi Clos las piezas del museo? Por casualidad, pude investigar de dónde habían salido algunas de las piezas que hay en el museo… Cuando vas a Nueva York y visitas “los claustros”, al norte de Manhattan, puedes disfrutar de magníficas piezas del románico llevadas de Europa (Italia, Francia, Cataluña, España…), piezas que el señor Rockefeller compró. Entre otras, hay un trozo, creo que la mitad, del claustro románico de Cuixà. ¡Es bonito! ¿Es suficiente decir que gracias a la expoliación, la pieza (griego, románico, gótico, egipcio) está conservada o mejorada? Como dicen muchos, el señor Clos ha expoliado. Pero disfruta de todas las adulaciones: Ayuntamiento, prensa, Generalitat, empresarios, pelotilleros de profesión, ahora están a la moda, ser un esnob es “proteger” estas actuaciones».

La leyenda le atribuye también una monumental bronca a Juan Antonio Samaranch porque había permitido que fuesen los Juegos Olímpicos a Pekín en 2008, una dictadura que, a su entender, no debería albergar jamás un evento de estas características.

Nadie se libraba de su ira ni de su prepotencia. «Te adjunto copia de los documentos enviado a David, siempre me comentas que lo hacéis todo también en catalán para las personas que así lo quieren. Como puedes comprobar, no es el caso de los documentos adjuntos. Te agradecería que a partir de ahora me lo envíes todo también en catalán», decía en una misiva a Carles Tusquets, presidente de Fibanc y amigo personal suyo, con quien acostumbraba a rodar en bicicleta.

A Yolanda Muxi, directora de la Joyería Cartier, le espetó: «Estamos muy agradecidos por su invitación, pero a partir de ahora les pediríamos que lo envíen todo también en catalán. Si eso no es posible, les rogamos que nos borren de su mailing». Sus cartas de protesta por este motivo son numerosas. Empresas, tiendas, instituciones diversas… nadie escapaba a su ira si no le hacían llegar las comunicaciones en catalán. Es un detalle que explica a la perfección su obsesión por el catalán y por lo que este idioma representa, que no deja de ser una réplica perfecta de las obsesiones de su madre.

Cómo explotar a la Administración

El día 23 de febrero de 2015 Jordi Pujol Ferrusola compareció ante la Comisión de Investigación sobre el Fraude y Evasión Fiscales y las Prácticas de Corrupción Política del Parlamento catalán. Esa comisión, conocida popularmente como Comisión Pujol, había sido creada meses antes a raíz de la confesión de Jordi Pujol padre de que su familia tenía cuentas en el extranjero. A pesar de la oposición de los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU), todos los demás partidos políticos con representación parlamentaria exigieron la apertura de una comisión de investigación. La familia Pujol Ferrusola convirtió la comisión en poco menos que un espectáculo. De hecho, había una clara intención de desnaturalizar el órgano parlamentario y desacreditarlo e incluso el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, cuarenta y ocho horas después de esa comparecencia, manifestó ante un nutrido foro empresarial que a la política había que pedirle buenas prácticas y «un poco menos de reality show». La prepotencia y soberbia de la madre y algunos de los hijos quedaron meridianamente de manifiesto a lo largo de las comparecencias. Su desprecio hacia los representantes políticos fue constante. Sus mentiras, también.

Lo más destacable de la jornada del 23-F fue la declaración de cuatro horas y media de Jordi Pujol Ferrusola. Llegó a la sala como una estrella de Hollywood y se comportó como tal a lo largo de su comparecencia. Parecía un histriónico anfitrión en vez de un acusado de corrupción. Hacía pocos días, la juez Beatriz Balfagón, del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, había decidido imputarlo por haber gestionado la fortuna familiar en Andorra. Eso era lo que habían declarado sus padres y sus hermanos el día 27 de enero y no quedaba más remedio que añadir a la lista de imputados el nombre del primogénito, lo que también había pedido la acusación popular personificada en el sindicato Manos Limpias.

Durante su comparecencia parlamentaria del 23 de febrero, aseguró a los diputados que jamás había tenido nada que ver con la Administración de la Generalitat. ¿Por qué?: «El riesgo no era para mí, que evidentemente sí que lo era (sic): era para mi padre, y yo no tengo ningún derecho a reventar el legado de mi padre». Así, de esta enrevesada manera, se lo espetó a la diputada Isabel Vallet, miembro de la comisión en representación de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Al socialista Jordi Terrades le aseguró que solo había trabajado con empresas que recibían adjudicaciones del gobierno de la Generalitat que presidía su padre «a partir del año 2003-2004, que es cuando el señor president Pujol ya no era presidente de la Generalitat». Y al representante del PP, Santi Rodríguez, le repitió por enésima vez: «Nunca, en ninguna de mis empresas hice nada que estuviese relacionado con la Administración a nivel de concursos, adjudicaciones o de temas públicos» y más tarde apostillaba: «Yo no juego nunca con la Administración Pública. ¿Por qué? Porque, primero, se sabe todo; seguro que si es verdad es fácilmente demostrable, cosa que, de momento, no se ha podido demostrar en nada».

Craso error. El diario El Confidencial desveló días después su aventura empresarial con Ambulancias San Patricio: había comprado una empresa, negoció la adjudicación del transporte sanitario en tres comarcas (Tarragonès, Conca de Barberà y Alt Camp) y la vendió posteriormente con suculentas plusvalías. Había un ligero aroma a tráfico de influencias en esta operación.

La compra de la compañía se había efectuado el 15 de diciembre de 1999. En esa fecha, adquirió el 52 por ciento de las acciones de Ambulancias San Patricio, junto a su socio Jordi Puig Godes. Iban a medias, el 26 por ciento de la empresa para cada uno. Desembolsaron ambos 52 millones de las antiguas pesetas (312.000 euros). El 32 por ciento quedaba en manos de Alberto Portuondo y el 16 por ciento era para Santiago Ballesté. Este último era un socio que ideológicamente se situaba en las antípodas de Júnior. Intervino en varios de los negocios (incluidas inversiones en México) de Jordi Pujol Ferrusola y de 1989 a 1993 había sido diputado del PP en el Congreso de los Diputados. En las municipales de 2011, ocupó el último lugar de la lista del PP, de manera simbólica.

Todos ellos se hicieron, pues, con ASP a finales de 1999. Y el 23 de mayo del año siguiente, o sea, seis meses más tarde, recibían una adjudicación de la Generalitat para hacerse cargo del transporte sanitario en las comarcas de Tarragonès, Alt Camp y Conca de Barberà. Antes, se habían asegurado de eliminar competencia: en una cláusula del contrato hicieron especificar que «la parte vendedora se compromete a no concurrir en competencia con la parte compradora y su razón Ambulancias San S. L., directa o indirectamente, con cualquier razón social y/o jurídica, o directa o indirectamente con su persona física (Patricio Martínez y Dominica Sánchez), durante los próximos cinco años posteriores a la firma del presente contrato».

La adjudicación de la Administración era por un año renovable cada ejercicio, hasta cinco, por lo que los antiguos dueños, que conocían el negocio, ya no serían un estorbo. Menos competencia, al fin y al cabo. Pero no iban a esperar tanto: a finales del 2001 comenzaron a enviar cartas a empresarios amigos con un memorándum para vender su parte de la empresa, aunque esta se había convertido en un negocio excelente: en el 2000, facturó 215 millones de pesetas (algo más de 1,3 millones de euros) y obtuvo unos beneficios antes de impuestos de algo más de 11 millones de pesetas (66.000 euros). Pero en el 2001 la facturación se había casi doblado, llegando a 411,5 millones de pesetas (casi 2,5 millones de euros) y los beneficios estaban desbocados: 307.000 euros.

Los dos socios sondearon a Pedro Rodríguez Inciarte, de Saarema, y a Vicente Beneyto, de Eysa, para que comprasen la compañía. Les recordaban en sendas misivas que en el último trimestre de 2000 y el primero de 2001 «se han negociado los nuevos conciertos para el año 2001 entre la Administración y las empresas adjudicatarias (entre ellas ASP), fruto de las dificultades que el sector como tal está atravesando y de la lógica adaptación al nuevo sistema de gestión del servicio de transporte sanitario, aprobado el pasado mes de mayo del 2000». Los Jordis aseguraban a los empresarios que «las negociaciones han priorizado la gestión de ASP y creemos que el esfuerzo ha valido la pena, por cuanto las relaciones con la Administración gozan de buenas referencias respecto al servicio referido y por la creciente actividad contratada en los últimos tres meses, muestra de la confianza probada que el Servei Català de la Salut ha depositado en ASP». Ofrecían, en resumen, la compra de su porcentaje de acciones o la compra de las acciones más la sede donde se ubicaba, en el polígono Riu Clar de Tarragona, que pertenecía a Cobalsa, una compañía propiedad de Santiago Ballesté (el nombre estaba formado por las primeras letras de sus apellidos y su nombre, al revés). «Sería importante definir el porcentaje de la posible compra de ASP, que estaría desde el 1 por ciento hasta el 52 por ciento, que es el paquete de acciones disponible para su venta. Te agradecería la máxima confidencialidad en el uso y distribución del dossier adjunto», terminaba la carta que firmaba Jordi Puig.

El memorándum cantaba las excelencias de la compañía y enumeraba los «motivos más importantes para invertir». Entre ellos, la «rentabilidad de la operación. Si bien no existe un plan a cinco años, solo con las previsiones para el año 2001 y 2002, se deduce que una toma de participación a un valor de 300 millones por la sociedad puede suponer una generación importante de plusvalías a inversiones que entran en un horizonte de 2/3 años». Y también la situación de la compañía, con «contratos firmados, expectativas de negocio y salud financiera», la posible fusión con Ambulancias Reus para ocupar el cien por cien del territorio de Tarragona. «Esta empresa ya ha mostrado su interés de forma reiterada». Y, por otro lado: un «mercado potencial de privados y mutuas que todavía no se ha podido abordar en profundidad».

Lógico. Lo que habían hecho los avispados negociantes era asegurarse los contratos con la Generalitat, donde tenían mano. Porque el 72,6 por ciento de la facturación provenía de las arcas públicas. Un negocio supeditado, pues, a los designios de los responsables políticos, pero que todavía podía exprimirse hasta el año 2005. Los socios cifraron el valor de la sociedad en 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros), y lo que les correspondería de su paquete accionarial llegaba a los 156 millones de pesetas (936.000 euros). En resumen: en año y medio habían triplicado su inversión.

Todo ello a pesar de que Jordi Pujol Ferrusola insistía constantemente en que jamás había hecho negocios con la Administración que manejaba su padre. Pero la misma se interponía tozudamente en su camino. Uno de sus socios, Salvador Heras, fue nombrado coordinador general del Instituto de Logística Iberoamericano (ILI), un organismo creado dentro del puerto de Barcelona con la participación de algunas empresas privadas de logística y transportes y, esencialmente, entes que dependían del gobierno: los puertos de Barcelona y Tarragona, Ferrocarriles de la Generalitat, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y los Centros Logísticos de Cataluña (Cimalsa). Heras, desde su puesto clave en una oficina del WTC de Barcelona, controlaba todo lo que se movía por el mundo y daba cuenta a Jordi Pujol Ferrusola inmediatamente.

A finales de enero del año 2001, Heras le comunicaba que estaba preparando un viaje oficial del conseller en cap, Artur Mas, y del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, a México. De hecho, había informado a los altos cargos del gobierno de las gestiones sobre los viajes y sobre los temas que se negociarían, pero acto seguido enviaba una copia de los correos a Jordi Pujol Ferrusola. En una de esas comunicaciones, Heras le detallaba el tema de «República Dominicana: parece que el ILI ya tiene prácticamente el contrato de Riesgos Laborales en la mano y que el próximo día 28-29 parece que tendremos el contrato, que será de unos 5 millones de euros para unos cuatro años. Además, el otro día nos reunimos con Josep P. F. y el director de su empresa de turismo para colaborar conjuntamente en otras acciones previstas y les hemos puesto a su disposición nuestra oficina del ILI por si la necesitan como lugar de referencia de trabajo». Era ya la utilización de las estructuras de la Administración de una manera descarada. Josep P. F. era Josep Pujol Ferrusola. Unos días más tarde, le volvía a informar a Júnior de que su organismo estaba preparando con la compañía Tourisme & Leisure (propiedad de Josep Pujol) «un proyecto en Dominicana y estudiarán otro que les pasará el ILI para un tema de cruceros».

No era la primera vez que los intereses de Josep y de Jordi Pujol se cruzaban. El propio Júnior había participado un poco antes en la construcción del mercado central de Santo Domingo y también había querido crear una empresa en Madrid bajo la denominación Innovative Solutions, en la que incluiría como accionistas a su hermano y a Santiago Ballesté.

Los contactos con Heras eran constantes. Su hombre en el puerto le tenía al corriente de las oportunidades de negocio que podía haber: desde la venta de Puerto Rosario, en Argentina, hasta posibles inversiones en Uruguay. Incluso de los temas de Cataluña, el hijo de Pujol recibía puntual información: sobre la privatización de puertos deportivos, la búsqueda de acuerdos del Instituto Cartográfico en Montevideo o la exportación del modelo del Servicio Catalán de Empleo. «Necesito hablar urgentemente contigo porque tengo deberes para ti», le llegó a comunicar en cierta ocasión Heras a Pujol.

En otra, le explicaba: «Referente a la planta de ciclo combinado de FECSA-Endesa en el Puerto, ya hablé con el director de la empresa concesionaria, el señor Fenollosa, y estaba muy correcto, imagino que después de tu toque, y hemos quedado que dentro de unos quince-veinte días nos veremos para firmar el acuerdo». Se iba conformando un círculo vicioso entre el hijo del president, el coordinador general del ILI y el consejero Felip Puig, que era íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola y de quien dependían algunas decisiones del puerto. Júnior le había prometido a su socio que le hablaría de él al consejero de Obras Públicas y, aunque la esposa de Heras trabajaba en la consejería cerca de Puig, le pedía a su amigo que intercediese por él: «Recordarte que, cuando puedas, comentes con Felip quién soy y qué hago, en el puerto y en otros sitios, ya que pasaré una semana entera con él en México y me interesa de cara a los demás que me valore». En otro momento, le llegó a pedir un favor muy personal, la modificación de su contrato con el puerto: «Recuerda mirar si es posible modificar el contrato del puerto o buscar otra manera contractual para dar más seguridad de futuro», le rogaba en una comunicación. La sombra de Jordi Pujol Ferrusola era muy alargada.

Heras le puso en bandeja a su amigo y socio una operación de intermediación de venta del hotel Vela de Barcelona. «Tema Vela y edificio en venta, ya lo comentamos, comienzan los movimientos en el mercado y Xavi C. tiene algún grupo inversor y gestor que quiere participar, se ha de conseguir, si es posible, la exclusividad. Mira qué puedes hacer. Él está quieto», le alertó. Xavi C. era entonces director en Barcelona y socio internacional de una asesora inmobiliaria norteamericana de las más importantes.

La relación, no obstante, daba más frutos: Salvador Heras le comunicó que trabajaba para la empresa Auseba y pidió a Pujol Ferrusola que le organizase una reunión con «el responsable de la AOC, el señor Marsal, o bien con el señor Toni Vives», para «presentarles la empresa y ponerse a disposición». La AOC es la Administració Oberta de Catalunya (Administración Abierta de Cataluña), un consorcio público que depende de la Generalitat, y Vives era entonces secretario general del conseller en cap, es decir, de Artur Mas.

Heras enumeraba los clientes de la compañía y detallaba textualmente en su misiva: «Bien, lo que piden es si es posible darles una buena entrada para el proyecto que se está desarrollando de la Administración Abierta de Cataluña, que depende directamente del conseller en cap y concretamente su secretario general, el señor Antoni Vives, es el responsable y que ha nombrado como director general al señor Marsal. Parece que el proyecto es muy importante, unos 25.000 millones de pesetas [150 millones de euros], saldrán diferentes paquetes y ellos querrían tener opciones a participar». El 8 de febrero le recordaba de nuevo el tema: «El señor Marsal (…) hoy por la mañana ha recibido al gerente de Auseba y por fin se lo ha tomado seriamente y ha dicho que hay mucho trabajo por hacer y que hablará con Devis, que es la empresa que tiene la exclusiva, para ponerlos en contacto y con Toni Vives para informarle. Te ruego, si puedes, que hagas presión con Toni Vives».

Tres semanas más tarde, el 26 de febrero, Heras le comunicaba a Jordi Pujol Ferrusola que Auseba ya tenía una adjudicación: «El proyecto de Universitats Públiques Catalanes y el Cesca, por importe de 44.625 euros». Curiosamente, la adjudicación fue realizada mediante una resolución firmada con fecha 8 de febrero, el mismo día en que el responsable de la AOC recibía al recomendado gerente de Auseba. El objeto del contrato firmado con la Generalitat por la empresa era «elaborar la metodología a seguir en las universidades públicas catalanas y en el CESCA para implementar las medidas de seguridad necesarias de la LOPD».

Jordi Pujol Ferrusola se veía a finales de mes con Toni Vives y Heras le pedía que le recordase a este quiénes eran los de Auseba y que su gerente «ha solicitado una reunión con Toni para seguir insistiendo en la posible colaboración. Sé que tiene muy buena relación profesional y de amistad con el señor Ortuño. Ya me dirás qué han de hacer». El 13 de noviembre de 2003, cuando CiU estaba a punto de perder el poder por primera vez, la compañía se vio beneficiada de nuevo con un trozo de la adjudicación de los «servicios de mantenimiento del programario y digitalización y grabación de documentos y datos».

Lo más curioso de todo es que Jordi Pujol Ferrusola recibía casi todos los meses una transferencia de más de 3.500 euros de la compañía Nous Associats, que coincidía con el despacho profesional de Salvador Heras. Si eso era un sueldo, ese mes, desde luego, se lo había ganado.

Uno de los clientes habituales de Pujol Ferrusola, Furnot, fue uno de los beneficiados del topo en el puerto. Júnior le cobraba decenas de millones de pesetas al año por proponerle negocios que podía acometer con un pequeño conglomerado de compañías del sector de la construcción, como Piedras del Pirineo o Torras i Bages 79-81. Uno de sus directivos, Antoni Guinovart, recibió los parabienes de Salvador Heras, que le introdujo en el selecto círculo de la cúpula portuaria. A partir del 2002, Heras se puso al servicio de Guinovart para ofrecerle su asesoramiento tanto en temas nacionales como internacionales, pactando con él una remuneración a cambio del ofrecimiento de datos. Heras llegó a hablar con sus superiores para que contasen con el empresario en los proyectos de la ZAL de Barcelona, la de Tarragona, cinco plataformas logísticas en China y en el proyecto de hacer otra ZAL en el puerto de Veracruz (México). En cartera quedaba también la participación en un corredor «bioceánico» en Guatemala (que supondría la rehabilitación de dos puertos, la construcción de una línea ferroviaria de 550 kilómetros y la habilitación de dos zonas logísticas). Le llegó a ofrecer incluso una nave en la Zona Franca de Barcelona, de la que tenía la exclusiva de intermediación. Su precio era de 1.050 millones de pesetas (6,3 millones de euros).

La turbia aventura argentina

Según las informaciones recopiladas por la policía, Jordi Pujol Ferrusola pudo haber invertido en Puerto Rosario (Argentina) unos
12 millones de euros, y Lluís Badia, el director del puerto de Tarragona, consiguió «30 millones de euros» para invertir en la operación. Eso fue lo que escuchó Victoria Álvarez, entonces novia de Jordi Pujol Ferrusola. Más tarde se lo confesaría a la policía y al juez. Gustavo Shanahan era un financiero argentino conectado con la alta sociedad de aquel país, que se había convertido en socio de Jordi Pujol Ferrusola antes de que este iniciase la aventura de la ampliación del puerto fluvial de Rosario, al norte de la Argentina. Sobre los movimientos que detectaba el gobierno en Puerto Rosario, Salvador Heras iba informando a su socio puntualmente.

Un informe sobre esta operación detalla que en octubre de 2002, el Enapro (ente público estatal para la privatización de actividades portuarias) dio la concesión de Rosario a Terminal Puerto Rosario S. A. (TPR) por un periodo de treinta años, siendo nombrado presidente de la concesionaria Guillermo Salazar Boero. «TPR fue el único postor en el proceso licitación. Sus socios eran la compañía argentina Pro Puerto Rosario S. A. y las catalanas Inter Rosario Port Services S. A. e Interlogística Portuaria S. A.».

Shanahan había trazado en El Mundo una precisa radiografía del clan Pujol: «Esta familia es como los Perón, los dueños de todo», fue su demoledora conclusión. Un paralelismo cargado de intención que daba a entender la omnipresencia de la familia en todos los aspectos de la vida catalana. El financiero argentino había tenido tiempo de vivir y sentir el poder de los Pujol, puesto que su relación con Júnior databa de antes de la operación de Puerto Rosario, justamente en el último año de mandato de Jordi Pujol. «Yo representaba a capitales rosarinos muy importantes, conocí a Jordi Pujol Jr. y pensé que sería interesante asociarse con un grupo tan poderoso y tener una pata en Europa, porque nosotros vivimos en el culo del mundo. Cuando lo conocí, él estaba ya en Puerto de Rosario con los operadores del puerto de Tarragona, pero sin figurar», reconoció a El Mundo.

El diario argentino El Litoral desvelaba en septiembre del año 2013 más andanzas de Júnior por tierras argentinas, los otros negocios, que completan un inquietante y turbio perfil de «tiburón» de Jordi Pujol Ferrusola:

Por medio de tres sociedades, como Rosaricasinos, Carey Turismo y Villa Hermosa, Pujol y Shanahan, se asociaron en 2005 con el grupo Peralada, cuya cabeza visible es Artur Suqué Puig, un empresario que según recordó el diario español estuvo acusado en los noventa de traspasar 6 millones de euros a Convergencia (el partido autonomista que domina la familia Pujol) con facturas truchas [falsas].

Durante la gestión de Jorge Obeid se adjudicaron los casinos de Santa Fe y Melincué a un consorcio encabezado por Inverama, del grupo Peralada, de la familia Suqué, y otras firmas locales, como Boldt S. A., Rosaricasino, Turismo Carey y Villa Hermosa. Las últimas tres empresas tenían vinculación cercana con Shanahan y Pujol Ferrusola.

El Litoral publicó el 14 de enero de 2006 declaraciones del propio Suqué que delineaba un perfil armonioso de la empresa. El grupo tiene una tradición generacional en diferentes sectores industriales, agroalimentarios y turísticos en España. La aventura empresarial se inició con la fábrica de automóviles La Hispano-Suiza, tradición industrial de la que nació Inverama-Grupo Peralada.

El grupo catalán y argentino pretendía quedarse también con el casino de Rosario, pero no lograron imponerse en la licitación a Casino Rosario S. A., cuyo principal accionista tenía mayor capacidad de lobby: el empresario kirchnerista Cristóbal López. El proyecto del complejo de juegos en Rosario incluía la construcción de un hotel. La idea tentadora de este grupo era que el predio del complejo se edificara en la zona que hoy se conoce como Puerto Norte. Allí tenían previsto levantar un hotel cinco estrellas. Por aquellos tiempos Shanahan salía a anunciar que podría instalarse la cadena Sheraton. El lugar que había elegido con su socio Pujol Ferrusola era una zona que pertenecía a la empresa Servicios Portuarios, que opera actualmente la terminal granelera. Pero después cambiaron de lugar.

El proyecto ambicioso quedó reducido a simples recortes de diarios amarillentos. Porque en el medio se desató un conflicto entre los socios, que terminó en la Justicia. Y el casino de Rosario fue adjudicado a Cristóbal López.

En los mails que revela Shanahan ahora, se interpreta que el financista rosarino y su socio catalán «quedaron afuera» del manejo de los dos casinos de Melincué y Santa Fe, que obtuvo el grupo encabezado por Inverama. «Que tenga en cuenta (Suqué, que controla Inverama) que gracias a nosotros y a esta inversión está en Melincué, donde nos dejó afuera, y en Santa Fe donde también nos dejó afuera», le escribió el 8 de noviembre de 2006 Pujol a Shanahan.

Lo cierto es que, en Argentina, había varias posibilidades de negocio. Ya no era solo el Puerto del Rosario en sí, sino toda la Zona de Actividad Logística, un radio de unos 30 kilómetros que se podía dinamizar. Y ahí es donde entraba la posibilidad de que Casinos de Cataluña se sintiese atraído. Pero no. Gustavo Shanahan, por su parte, le reclamaba que cumpliese sus compromisos y que pagase deudas. Pero Jordi le daba largas. El argentino contó al diario El Mundo en septiembre del 2013 que Jordi Pujol había invertido dinero negro proveniente
de paraísos fiscales y aportaba varios mails. Uno de ellos, fechado el 20 de
diciembre de 2005, era remitido por Júnior: «Apreciado Gustavo; esta mañana se han enviado 1.252.609,60 euros, que corresponden al cambio de hoy a 1.500.000 dólares, a la dirección que me pasaste. Te llegará desde Suiza. Estate alerta». Otro correo, enviado el 6 de julio del 2006, decía: «Apreciado Gustavo, ¿pero a Andorra te interesa ir o no? Desde Barcelona ida y vuelta son cinco horas en coche más lo que dure la reunión. Lo que tú decidas». Años después, Jordi Pujol Ferrusola admitiría que entró en Puerto Rosario en el año 2007. ¿A qué se debían, entonces, las remesas de dinero que envía a su socio argentino un par de años antes?

Con el paso del tiempo, el cerco sobre los Pujol llegaría a hacer mella en el altivo primogénito del clan. Después de que la Audiencia emitiese el primer auto en abril de 2013, en el que pedía datos sobre las cuatro principales empresas a través de las que este operaba, el estrés se hizo patente en su conducta. En la primavera de ese año, Shanahan le solicitaba ayuda urgente con un préstamo. El 7 de junio de 2013, Júnior le contestaba: «Estimado Gustavo, sabes cuál es mi situación en este momento, perseguido y atacado por la prensa, con inspecciones de Hacienda abiertas sobre mi persona y mis empresas. Siento mucho decirte que en este momento no puedo ayudarte, no puedo realizar movimientos de divisas. No sé cuándo se cerrarán las inspecciones, no sé cuándo terminará el acoso, persecución. Aunque quiera, no puedo ayudarte. Lo siento mucho, amigo, deseo realmente que lo puedas solucionar. Un abrazo. Jordi». Un par de semanas más tarde, el argentino reiteraba su súplica. «He de explicarte mi situación telefónicamente, no quiero escribir. Muy complicado», le dijo Pujol. Y cuando Shanahan le pidió un número de teléfono para comunicarse, le respondió: «Perdona, estoy regresando de Mx [México]. Muuuy mal. Muy mal en Mx y en Spain, me quieren matar. Bien, mañana llego y te paso número para hablar. Perdón, no tenía cabeza para más».

El 11 de octubre de 2013, el juzgado Civil y Comercial número 5 de Rosario oficializó la quiebra de Shanahan, solicitada por el agente de bolsa Daniel Nassini por una deuda de solo 25.000 dólares.

Ese Shanahan era el mismo que unos años antes, cuando los negocios de Puerto del Rosario todavía iban bien, le traía de cabeza. Tanto que la exnovia de Jordi Pujol, Victoria Álvarez, contó al fiscal, delante del juez, que lo que pretendían era «hacer una serie de reformas y luego venderlo y sacar una plusvalía de treinta y pico millones de euros aproximadamente (…). No, no, es que este hombre acaba mal en todos los negocios. Todos los negocios y con todos los socios ha terminado a hostias, pero a hostia limpia, literal, literal, y con muchas amenazas y muchas historias. Y de este tío precisamente me dijo: “Estoy hablando con la gente a ver si se lo puede cargar”. Porque, me dijo, “si lo mato estaré mucho más tranquilo”. Yo pensé que era la típica broma. Dije. “Pues mátalo, ja, ja, ¿sabes?” Y respondió que no, “es que estoy hablando con los míos y nadie se quiere arriesgar a ir a Argentina a matarlo”. Palabras textuales. Yo ahí me quedé blanca, verde y de todos los colores».

La horma del zapato de los Pujol

Jordi Pujol Ferrusola tuvo muy mala suerte. Se echó de novia a Victoria Álvarez, una mujer con la cabeza bien amueblada, inteligente y empresaria con posibles, que no necesitaba ser una mantenida. Por eso pudo volar siempre sola. No necesitaba ni el intelecto de Júnior ni su cuenta corriente. Mantuvo una relación de casi cuatro años con él y cortó.

—Pues tienes un problema: yo no quiero cortar contigo —le avisó él, dispuesto a no dejar escapar a la mujer

Comenzó un calvario. Cuando su hijo cumplió los dieciocho años, se sentaron a hablar.

—Pero mamá, ¿tú eres la que me dice siempre que hay que ser sincera y leal? ¿No me estás educando en unos valores? Ahora tienes un problema y has de hacerle frente, no girarle la cara. Tú, que eres la que tanto me decías… ¡y entre todos nos vais a dejar un país de mierda! —le espetó el chaval.

—Cuidado, hijo, esto puede ser muy duro. Esto va a traer consecuencias. Lo pasaremos muy mal y hablarán muy mal de tu madre. Dirán incluso que soy una fulana…

—No lo entiendo. ¿Por qué van a decir que eres una fulana?

—Porque sí. Cuando una mujer se gana bien la vida y llega a un nivel y luego tiene unas relaciones y pone en la opinión pública determinadas cosas… siempre se ve como la mala de la película. Habrá ataques desde todos los lados.

—Pero bueno. Tú no puedes seguir así. Pero te aviso que ya tengo dieciocho años y que puedo ir yo a la policía y denunciar. O vas tú o voy yo.

Dos años más tarde, Victoria rememoraba el diálogo con su hijo. «Tuve que sentarme, mirarlo a los ojos y coger el toro por los cuernos. Tenía que tomar una decisión, porque no podía dejarle a él la responsabilidad de sacar todo a la luz, porque lo que estaba diciendo era la pura verdad, lo que yo le había inculcado. Y me decidí a denunciar. Hablé con él, hablé con mi familia, hablé incluso con mi exmarido. Tuve el apoyo total de todos. Y decidí que las corrupciones se han de saber de una vez».

Fue una decisión trascendental. Una decisión que posiblemente haya cambiado el curso de los acontecimientos históricos del país, porque comenzó un efecto dominó imparable. Si Victoria se hubiese paseado por los platós de televisión sacando rendimiento económico de su relación, muy posiblemente la cosa no hubiese pasado a mayores. Pero sus apariciones públicas, enmarcadas en una atmósfera de normalidad, sin contradicciones y sin exageraciones, le confirieron una pátina de credibilidad, acrecentada cuando comenzaron a aparecer, no ya indicios, sino pruebas sólidas e irrefutables de que lo que decía era absolutamente cierto. Los Pujol habían dado con una personalidad más fuerte e íntegra que la suya. Con la horma de su zapato.

Para que comenzasen a aparecer las primeras pruebas tuvo que pasar tiempo. En el ínterin, Jordi Pujol Ferrusola intentaba acercamientos periódicos a la que había sido su novia, que ya no quería saber nada de él. «Una noche, yo cenaba con unas amigas en la calle Ganduxer. Al salir, nos paramos a hablar un rato en la acera. Él pasaba en su moto y me vio. Me esperó un poco más arriba, en un semáforo. “Quiero hablar contigo”, me dijo. “Pero ¿qué tenemos que hablar?”. Insistió. Cuando le interesaba mucho una cosa, se ponía muy pesado y le concedí que hablase. Me dijo que todavía tenía muchas cosas que hacer y que España se le había acabado. Yo alucinaba. Fue cuando me dijo si me iba a vivir con él a Nueva Zelanda. Al día siguiente se casaba su hija, eran las 4.30 de la madrugada y estaba todavía contándome cosas».

En otoño de 2012, Jorge Moragas, jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le envía un SMS a Victoria. Los dos eran amigos desde el colegio y no habían perdido la comunicación. «Si dieses una entrevista y lo contases todo salvarías a España y yo te haría un monumento». Moragas era entonces conocedor de los problemas que la pareja había tenido y ella le había explicado un cierto acoso por parte del Pujol. Es la época en que se filtra el supuesto informe de la Udef, en plena campaña electoral catalana.

A finales de noviembre, dos policías de Madrid se reúnen con Victoria en el hotel Princesa Sofía de Barcelona. Llevan el encargo de saber qué puede contar y de ofrecerle garantías de que será defendida de cualquier amenaza. Le proponen ir a Via Laietana, donde está la sede de la Jefatura de Policía de Barcelona, pero ella se niega. Luego, en enero de 2013, le confesaría al juez que «Felip Puig es el íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola y ahí se pone un pie y se entera hasta el apuntador y ante esto, yo, oiga, soy una persona muy normal, no quiero… todo esto me viene muy grande (…). Si piso esa comisaría de Barcelona, en el minuto cero, Jordi Pujol Ferrusola lo sabe. El contacto entre estos dos es constante». Se refería al contacto entre Puig, que acababa de cambiar la Consejería de Interior por la de Empresa y Empleo, y Júnior.

Así pues, el 13 de diciembre de 2012, Victoria acepta ir a Madrid para ratificar ante la Udyco (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) todo lo que sabía. «Lo que me pediste», comunica por SMS a Moragas al acabar su comparecencia en la Audiencia, dándole cuenta de su iniciativa. «¡Uauuu! Yo te haré un monumento a tu cuerpo», contesta el jefe de gabinete.

El 17 de enero de 2013 Victoria Álvarez se plantaba ante el juez Ruz para realizar una larga declaración oficial. A primera hora de la mañana, recibía un mensaje de su amigo Jorge Moragas. Pasado el mediodía, Moragas vuelve a enviarle un mensaje. «Si tienes miedo y no tienes pruebas, retírate, porque esto no va a ser fácil. Tu relación con ese señor es compleja. Eres adulta y buena persona. Haz lo que te diga tu abogado. Cuida tu credibilidad y no impliques a nadie que no haya hecho nada, ese es mi consejo. Abrazo». Ella continúa ante el juez y él envía otro a las 13.15 horas. «¿Qué tal ha ido?». A media tarde, Victoria le contesta. «No te preocupes. Yo, ante todo, soy noble. Ni una implicación a nadie. Estaba el abogado de Jordi y me ha hecho llorar, pero Ruz le ha parado tres veces». A continuación recapacita y le envía una nueva comunicación: «Fiscal y juez conmigo. El otro, un hp». Y a última hora de la tarde, Moragas la anima. «Eres una bestia parda y noble, claro que sí. Todos mis respetos. Siento lo de las lágrimas. Si necesitas algo, dímelo. Besos y mucho abrazo».

Los dos amigos llevan sus comunicaciones con suma discreción. Habían acordado verse en Barcelona durante aquellas Navidades, pero abortan el encuentro porque ella se siente vigilada. Le siguen los pasos. En los círculos de la investigación privada se rumorea incluso que una detective es la encargada de controlar las veinticuatro horas a Victoria Álvarez, por orden de otro despacho de detectives que, a su vez, seguía directrices de círculos cercanos a los Pujol. Se trataría de una operación compartida en la que deberían intervenir diferentes bufetes de investigadores para dificultar la identificación de los sabuesos.

Su declaración ante Ruz, realizada el 17 de enero de 2013, fue decisiva para iniciar una investigación en toda regla. Por primera vez, la policía española tenía un testigo de calidad e indicios muy directos y verosímiles sobre las actuaciones del clan Pujol. Nunca hasta ese momento habían tenido tantas pruebas e información de una fuente de primera mano. Victoria se sincera y le dice al magistrado que se decide a hablar «primero, porque esto no es Barcelona, ni Cataluña, con lo cual me quedo más tranquila. Porque veo que se está empezando a investigar cosas que merecen la pena que estén saliendo de una vez. Y porque sé que no estoy sola en esto. Mi hijo cumple dieciocho años y después de todo lo que había visto, si no iba él a declarar… él se iba a la policía a denunciar a este tío. Digo: “Para, para, para”. “Ya tengo dieciocho años. Todo lo que nos ha hecho este tío y todo lo que hemos visto lo voy a denunciar, mamá, ya puedo hacerlo”». Eran, aseguraba, los malos tratos, un acoso incesante durante los últimos meses.

Victoria había conocido a Jordi Pujol Ferrusola en febrero de 2006 en un avión. Se miraron, se gustaron y quedaron para salir. Ahí comenzaron una historia de amor que comenzó de color rosa y acabó de color morado. Durante esa relación, contó, se desplazó en coche con él a Andorra en una decena de ocasiones.

—¿Me puede describir qué sabía usted de esos viajes a Andorra? —le preguntó el juez Ruz.

—Lo que me decía es que tenía trabajo, que incluso tenía un museo ahí y tenía socios en varias cosas, hasta un día, en el 2008, que en uno de estos viajes, abriendo para sacar las maletas del coche y subir al AVE, se abre una especie de mochila y había muchísimo dinero.

(…).

—¿Dónde ubica usted esto? ¿En un hotel?

—No, en la estación. En el parking, en el AVE de Lleida. Hay un parking detrás y ahí dejábamos las maletas y las cogíamos para subir al AVE y fue en ese momento.

—¿Dijo usted en su declaración que eran billetes de 500 euros?

—Billetes de 200 también había, pero principalmente de 500.

—¿Supo usted cuántos? ¿Qué tamaño tenía la bolsa? ¿Por qué dijo que eran muchos?

—Eran muchos porque eran como dos tochos así de billetes. Primero, de billetes de 200.

—¿Estaban empaquetados o estaban sueltos?

—Con unas gomas puestas. Supe la cantidad que era y todo lo que era porque luego oí una conversación.

—¿Luego en qué momento?

—En Madrid, en el coche y en Madrid. Perdón, en el AVE y en Madrid.

—¿Y quién tenía esa conversación?

—La estaba teniendo Jordi Pujol Ferrusola con su exmujer.

—¿Y de qué hablaban?¿Lo pudo escuchar?

—Pues que había ido todo muy bien y de qué intereses habían sacado eso.

—¿Eso?

—Sí. Habló que habían sacado cuatrocientos mil y pico de euros de intereses este año y que estaban muy contentos (…). Estábamos en el andén, además recuerdo perfectamente que era en el andén del AVE,

(…).

—¿Le preguntó por el origen de ese dinero?

—En ese momento, no. En ese momento, no le pregunté el origen de nada.

—¿Y en algún momento?

—Sí, a la vuelta de ese viaje fue cuando realmente se lo dije. Digo que, perdone, pero se lo dije así, bajando del coche. Le dije: «Eres un auténtico hijo de puta, digo, si tú te dedicas a hacer estas cosas, creo que me tendrías que avisar si vamos a subir y mover dinero o lo que sea. Me tendrías que avisar y yo decidir si quiero ir o no. Porque aquí te pasa cualquier cosa y yo estoy al lado. O sea, no me hagas más estas cosas». Desde entonces, no quise volver a subir a Andorra con él.

—¿Pero a usted le pareció ilegal este proceder, lo de que llevara tanto dinero?

—Fue a buscar dinero a Andorra, evidentemente.

—¿Y no lo denunció usted, no pensó en denunciarlo, no se asesoró para así denunciar?

—He ido asesorándome. Con este abogado he ido preguntándole cosas. En Barcelona, es imposible hacer esto. En Cataluña es imposible.

Victoria no escatimó detalles al referirse a que cuando subían a Andorra, Júnior llevaba dos teléfonos móviles a través de los que hablaba continuamente y conforme pasaba el tiempo se iba poniendo histérico. «Y en ese momento, que nadie le diga nada»…

Con el primogénito del clan Ferrusola también viajó a Londres en septiembre de 2006. Él quería comprarse un coche de carreras, puesto que promocionaba la escudería Teamcat. Pero acabaron en un despacho en el 128 de Moon Street. Era la oficina de Herbert Brandford Towning. «Herbert es un señor de origen hindú, unos setenta y pico años y ahí me presenta a otra persona, Rupert Galliart». En realidad, es Rupert Galliers-Pratt, el extravagante aristócrata británico. En ese viaje, le ofrecen realizar alguna operación con empresas de telecomunicaciones, que es en lo que ella trabaja y, cuando responde que hablaría con sus socios para ver la viabilidad, le apostillan: «No te preocupes. Las empresas las abrimos en Liechtenstein desde aquí». Una de las compañías con las que pretendían operar, además, era Vístula Communications Service, lo que ya barruntaba negros nubarrones para el negocio. Victoria no lo veía claro. Al día siguiente, la pareja se desplaza a la fábrica de Lotus para ver el bólido. Y es entonces cuando llama Marta Ferrusola. Jordi pone el manos libres, porque va conduciendo:

—Le dice… bueno, lo digo en castellano, ¿eh? Mejor que en catalán. Dice: «Hola, ¿ya están en Londres? Bueno, pues que sepas que está el dinero: los 400.000 ya están preparados. ¿Vale?». Yo, esto, no sé a qué se refiere…

—Lo que oye usted, «los 400.000 ya están preparados».

—«Ya están preparados y están donde tienen que estar» o «están preparados donde deben estar», la frase exacta no me acuerdo, que hace mucho tiempo de esto (…). Luego, me explicó al cabo de un tiempo que el Herbert este se dedica al blanqueo de dinero en las Islas del Canal.

—¿Cuándo se lo explicó?

—Pues me lo explica un día que me llama a mí un amigo que quería también blanquear… Oye, ¿cómo se blanquea una factura? ¡Yo qué sé cómo se blanquea una factura! Y Jordi me dice. «¿Quieres que te explique cómo se blanquea el dinero con las facturas?». Y me explicó: «Mira, tú haces una factura en un país extraño de una mercancía que luego no llega pero tú has facturado». Bueno, me empezó a explicar… dice… bueno, esto es a lo que nos dedicamos con Herbert.

Victoria detalló también que su entonces novio había construido en México el hotel El Encanto y que había puesto en marcha varios proyectos más, entre ellos el de telecomunicaciones con las tarjetas Billetel, «unas tarjetas prepago para que la gente de Estados Unidos pasara dinero a México por vía telefónica». Esa era la información que ya constaba en los informes policiales de la Udef de hacía un par de meses. Y dedicó un recuerdo a la operación de compra de Puerto Rosario, en Argentina, donde dijo que Jordi Pujol Ferrusola había invertido 40 millones de euros.

De la inauguración del hotel El Encanto en noviembre de 2010 quedó un extenso reportaje gráfico en las revistas de sociedad mexicanas. El establecimiento está enclavado en un terreno de más de 13.000 metros cuadrados y cuenta con 44 apartamentos, de los que la mitad son bungalós.

Apenas dos meses más tarde, los días 4 y 12 de marzo de 2013, Victoria Álvarez declaró ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). Les dio permiso para clonar sus teléfonos móviles y su ordenador. «Por si acaso. Por si a alguien se le ocurre hacerlos desaparecer», dijo la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Tenía razón. Meses más tarde, alguien entró en su vivienda y le robó el portátil. Todos los documentos importantes, no obstante, estaban a salvo.

«En la Audiencia Nacional expuse unas suposiciones que ahora he podido confirmar», dijo a sus interlocutores. Aunque se dijo que la OAC retuvo las pruebas que tenía y su declaración, esa versión no es del todo correcta. El 18 del mismo mes de marzo, la oficina emitía una resolución de finalización de diligencias, suspensión de actuaciones y remisión a la Fiscalía de las mismas. A principios de abril, dos miembros de la OAC se desplazaron a Madrid y entregaron a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, los informes y todo el expediente. Gran parte de lo que Victoria Álvarez había dicho a los responsables de este organismo ya lo había manifestado en su declaración del 17 de enero del 2013 ante el juez Pablo Ruz, aunque había algunos extremos nuevos.

En su informe final, la OAC decía que «en términos generales, la mayoría de los extremos expuestos por la compareciente han quedado indiciariamente corroborados». Pero advertía que «sin perjuicio de la valoración que proceda oportunamente, la versión de la compareciente no resulta homogénea en el tiempo, además de que los extremos verosímiles que afloran a modo de corroboración periférica son datos e informaciones, como se acaba de indicar, ya difundidos o accesibles en distintas fuentes abiertas: asimismo, podrían concurrir motivos espurios en la declaración de la compareciente».

Esta sorprendente conclusión era una clara concesión a CiU. En algunos círculos se afirmaba abiertamente que una copia de todo el expediente había sido enviada también a un alto dirigente de Convergència, con cargo oficial en el gobierno. Desde la OAC lo negaron, pero en la mesa de ese dirigente había una copia de todo. ¿Quién la había enviado? Se manejaron dos nombres de la reducida cúpula de Antifraude. Lo cierto, no obstante, era que el pleito que pudiera tener Álvarez con Pujol Ferrusola no salpicaba en absoluto a CDC.

Los hechos que denunciaba tenían cuatro vertientes, según el informe entregado a la Fiscalía:

1. La evasión de importantes sumas de capitales en desplazamientos a Andorra, Madrid o Londres, hechos que reveló en su día a raíz de unos seguimientos a que fuera sometida.

2. Una ingente inversión para la adquisición en 2006 y la reciente venta en 2012 del Puerto de Rosario (Argentina), operación esta —junto a otras de naturaleza inmobiliaria llevadas igualmente a cabo en el extranjero— a través de las que el señor Pujol Ferrusola «blanquearía» dinero de su propiedad reinvirtiéndolo en ampliaciones de capital de mercantiles españolas.

3. Otra importante inversión para la construcción del Hotel Encanto en Acapulco (México).

4. La existencia de una comunicación electrónica por red social remitida a la compareciente, por error, por el hermano del señor Pujol Ferrusola y cuyo contenido estima sospechoso.

Detallaban los informes la operación de compra de Puerto Rosario, donde había serios indicios de blanqueo de capitales y recomendaban oír en declaración a Zulma Dinelli, Guillermo Salazar y Mercè Gironès, que había pasado a ser administradora de la empresa explotadora. Dinelli había trabajado en el ente público Enapro y Salazar era el accionista mayoritario de la sociedad que gestionaba el Puerto. La OAC se refería también a la operación de Casinos, es decir, a la posibilidad de que igualmente hubiese blanqueo en el desarrollo del entorno del Puerto, donde debían ir restaurantes, hoteles, casinos y salas de fiestas.

La guinda de la operación, sin embargo, fue que tras la venta de las acciones a finales de 2012, Jordi Pujol Ferrusola y su esposa mueven enseguida el dinero que reciben de los compradores. Mercè Gironès crea el 13 de diciembre de ese año la sociedad Irigem 2012, con un capital social de 7.653.125 euros. Irigem se dedica a la «compraventa, administración y explotación de valores con cotización o sin ella en mercados secundarios oficiales» y a ser sociedad holding de tenencia de paquetes accionariales de otras compañías, además de poder desarrollar actividades inmobiliarias y de la realización de estudios económicos o asesoramiento financiero. La sede se ubicó en el palacete de la calle Moneders de Barcelona, o sea, la casa que habían comprado a José Luis Perelló. Jordi, por su parte, inyectó en su empresa Active Translation a mediados de diciembre una ampliación de capital de casi 7,7 millones de euros. En total, pues, el matrimonio había movido en menos de una semana 15,3 millones de euros, lo que levantaba más que sospechas de blanqueo de dinero.

Bailando con millones

Pero el baile de millones de euros era normal en can Pujol. Lo malo eran las explicaciones dadas por Júnior, que no convencían a nadie. Tenía a gala decir, por ejemplo, que la mayoría de los contratos que había realizado con grandes compañías (la mayoría con adjudicaciones oficiales de los gobiernos presididos por su padre) eran de carácter verbal. Así lo dijo ante el juez y ante el Parlamento catalán. Y sus mayores cotizantes lo aseveraron en sus declaraciones ante la Audiencia Nacional.

El 22 de octubre de 2014, el juez Pablo Ruz dicta un auto en el que formalmente imputa a once empresarios que contrataban con la Administración de la Generalitat y al mismo tiempo habían pagado importantes cantidades a las empresas de Jordi Pujol Ferrusola. Estos empresarios eran Xavier Tauler, Xavier Corominas, Carlos Sumarroca Claverol, Carlos Sumarroca Coixet, Alejandro Guerrero, Gustavo Buesa, Josep Mayola, Luis Delso, Ramón Gironès Riera (cuñado de Júnior) y sus suegros Ramón Gironès Pagès y Mercè Riera. La acusación era presunto blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Un informe de la Udef fechado en el mes de junio certificaba que diecisiete empresas habían pagado más de 8 millones de euros a Júnior en un periodo de cuatro años. Solo el grupo Copisa, uno de los mayores contratistas de la Generalitat, le había pagado casi 3,6 millones de euros.

Los agentes que habían confeccionado el informe se habían desplazado durante meses hasta Barcelona, mientras citaban a decenas de empresarios en hoteles. El hotel Colón y el Palace (donde llegaron a ocupar una planta) fueron los principales escenarios de esta investigación policial y de la peculiar manera de llevarla a cabo. Era una técnica que pretendía primar la discreción. Siempre podía pasar más desapercibido un empresario que visitaba un hotel que un empresario que entraba en unas dependencias policiales. Y lo cierto es que la técnica dio resultado.

En la primera semana de noviembre de 2014 el juez Pablo Ruz comenzó a tomar declaraciones a directivos de las empresas que pagaron minutas millonarias a Jordi Pujol Ferrusola durante años. El 12 de noviembre toma declaración en la Audiencia Nacional a los once nuevos imputados. Para el día 13, fueron citados dieciocho empresarios más como testigos. Y el 14 de noviembre tuvieron que acudir nueve testigos más. En total, pues, fueron citados veintisiete testigos para aclarar el papel de Jordi Pujol Ferrusola durante las últimas décadas.

Abundaron las respuestas de que no lo conocían. Era normal. Su técnica era relacionarse solo con los propietarios o con los máximos directivos. Era un exclusivo club el que tenía acceso a Júnior. Resulta que decía cobrar por intermediar en operaciones de compraventa de terrenos, pero los vendedores jamás le habían visto la cara ni habían hablado con él: solo habían tratado con los compradores. Así lo declaró, por ejemplo, Juan Luis Ripollès, que participó en la operación de urbanización de Los Merinos, en Ronda (Málaga). Júnior cobró 1,1 millones de euros, pero nadie sabe por qué. «Juro y prometo que ese señor jamás apareció en ningún sitio», dijo Ripollès ante el juez Ruz.

El propio director general de Copisa (la mayor cotizante de JPF), Xavier Tauler, íntimo de Júnior y apodado El Seco en los ambientes empresariales, no supo decir con exactitud las operaciones en que intermedió. Lo único que hacía el hijo de Pujol era ponerse a su disposición para hacer negocio y cobrar. Ya lo dijo Júnior en su comparecencia parlamentaria: trabajaba a riesgo. Detectaba posible negocio, alertaba, daba su impresión y, si salía bien, cobraba. Si salía mal, pasaba página. En Copisa, Jordi se entendía directamente con el propietario, Josep Cornadó, o con Tauler. En Emte, con Carles Sumarroca; y en Isolux, con Luis Delso. También contrataba con el gerundense Gustavo Buesa, de GBI Serveis, a quien asesoraba para introducirse en México. Todos ellos eran amigos personales y le contrataban verbalmente. Una anacrónica manera de hacer negocios: era el estilo del XIX traspasado al XXI.

Para la policía, lo que había hecho Júnior era cobrar comisiones de los principales contratistas de obras de la Generalitat. Por los despachos policiales comenzaron a circular algunos de estos empresarios. El Seco Tauler admitió que, desde 2004, a través de las compañías Imisa y Project Marketing Cat, le pagaba a su amigo comisiones que iban del 1 al 3 por ciento por cada operación que hacía. ¿Y cuál era el papel de Jordi Pujol Ferrusola? «Prestar información y asesoramiento». Orlando de Porrata-Doria, representante de Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (es decir, del mismo grupo que Tauler) le pagaba entre el 1 y el 4 por ciento por «aportar información de posibles negocios», aunque «solo se le pagaba si llegaba a buen término la operación». José Luis Prada, representante de otras compañías de este grupo, redundó en lo mismo. «Cuando se veía que era viable una operación, había un proceso de discusión del porcentaje con él y, en función de la operación, los porcentajes oscilaban de un 0,6 a un 3 por ciento», dejaron plasmado en un informe los agentes de la Udef.

Guillermo Lorenzo, representante de Emte, adujo que «Carles Sumarroca y Marcelino Oreja pudieron tomar la iniciativa de contactar con Jordi Pujol o para realizar negocios y hay un contrato firmado entre este y Carles Sumarroca». Dijo el ejecutivo a la policía que, ciertamente, Júnior ayudó a Emte a instalarse en México. Precisamente, Emte había fichado a Oreja por sus excelentes relaciones en aquel país, pero Pujol Ferrusola no estaba dispuesto a perder su parcela de negocio allende los mares y determinó tratar el tema directamente con el dueño de la compañía para que el nombramiento de Oreja no le afectase. Lo dijo el 23 de febrero del 2015 ante la comisión de investigación parlamentaria ante la que declaró:

Ayudé a Emte a introducirse en México porque yo ya estaba desde 1996. Y me hacen un contrato en 2008. No es de palabra, es un contrato que se liquida en el 2009. ¿Y por qué un contrato cuando tenía tanta amistad con esta gente, cuando con otros no hacía contrato? Porque simplemente, aquí hay un elemento: un responsable de internacional que ellos contratan. Se llama Marcelino Oreja, había sido el hombre de Aldeasa, el hombre de los dutty frees, que conocía a muchísima gente en el mundo. Por eso lo contratan, para que les abra puertas e introducirse en el mundo. Este señor, hoy es el consejero delegado de Enagás y fue también responsable de Feve (…). Entonces, como el señor Oreja conocía a mucha gente en México, le dije a Sumarroca: «Escucha, intenta protegerme, porque no quiero tener un problema con Oreja. ¿Por qué? Porque él conoce a mucha gente en México y no quiero que me pisen las esferas». Entonces, hicimos un contrato que se liquidó al año siguiente.

Al margen de las relaciones con sus sospechosos habituales, Júnior era consciente de que debía moverse con rapidez si no quería que le fuesen congelados todos los fondos. En julio de 2014, tras la confesión de su padre, la Fiscalía pidió enviar una comisión rogatoria a Andorra para detectar e incautar los fondos que Jordi Pujol Ferrusola pudiera tener en el principado pirenaico. La confesión del patriarca afectaba a Marta Ferrusola y a sus hijos Marta, Pere y Mireia. Pero era posible que Jordi también tuviese implicaciones, por lo que había que minimizar riesgos. Al día siguiente, un auto de 23 páginas del juez Ruz acordaba remitir la comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Andorra para conocer todos los movimientos que pudieran tener Júnior, su exesposa, Mercè Gironés, o cualquiera de sus empresas Project Marketing Cat, Imisa, Inter Rosario Port Services, Active Translation, Iberoamericana de Business and Marketing e Irigem 2012.

En la comisión rogatoria se detallaban operaciones de Pujol Ferrusola y sus empresas, así como operaciones concretas con facturas millonarias. Ahí aparece el nombre de Francesc Robert, un íntimo amigo andorrano de Júnior. La vinculación entre ambos era una factura de 48.712,20 euros de Imisa a la sociedad Ostapris Investments, una inmobiliaria controlada por la inglesa Mablethorpe Limited, cuyo administrador era Robert. Este es un íntimo de la familia. Por si fuera poco, según recoge el escrito enviado al país vecino, «habría estado un tiempo al frente de la sociedad conocida como La Seda de Barcelona, mercantil que ha aparecido en varios sumarios judiciales por haberse desarrollado prácticas de corrupción en su seno, representando a unos accionistas próximos al banco andorrano Andbanc». Era otra muestra más de la endogámica sociedad de los negocios catalanes.

Jordi Pujol sabía que le seguían los pasos y estaba cada día más nervioso. Año y medio encima de sus cuentas y sociedades era peligroso y por eso tenía que moverse con rapidez, así que el 4 de agosto de 2014, Jordi Pujol Ferrusola envía desde una cuenta de la Banca Privada de Andorra 2.435.000 euros a una cuenta mexicana a nombre de la empresa Anzuelos Soluciones.

El juez toma declaración al matrimonio Pujol-Gironès a mediados de septiembre, pero ambos niegan tener dinero fuera. En octubre, la Audiencia descubre el envío millonario de fondos a México en el mes de agosto. Saltan las alarmas. ¿Está Jordi Pujol Ferrusola escondiendo su fortuna para evitar la incautación? Ruz dicta un nuevo auto, con fecha 22 de ese mes, ampliando la comisión rogatoria a Andorra y enviando otras a México, Liechtenstein y Gran Bretaña. Es el mismo auto donde imputa a los once empresarios amigos y cita a declarar a veintisiete más. Y pide, por fin, el bloqueo de fondos que el avispado «dinamizador económico» pudiera tener en el principado de los Pirineos.

Lo importante, no obstante, era que por primera vez se iba a investigar la trama de los Pujol que afectaba a Liechtenstein. Hasta ese momento, se había apuntado a que era el patriarca quien podría haber escondido activos en el pequeño principado centroeuropeo. El 14 de octubre, la Dirección General de la Policía envió una comunicación al Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, que investigaba el tema de las cuentas de Andorra, en el que decía que «a través de Interpol-Vaduz, se recibió comunicación electrónica en la que se nos hace saber de la existencia de un procedimiento penal abierto por la “Princely Court of Justice” con número 14 UR.2014.405, por sospechas de blanqueo de dinero contra el que identifica como Jordi Pujol, de nacionalidad española y nacido el 9-6-1930. Se nos confirma posteriormente que se trataría de Jordi Pujol Soley». Desde Vaduz, el juez Michael Jehle pedía antecedentes penales y la policía alertaba a la juez Beatriz Balfagón de ese procedimiento y le pedía «si no tiene inconveniente en poner en conocimiento la referencia de sus diligencias previas a la autoridad judicial de Liechtenstein a través de Interpol-Vaduz».

En diciembre se archivó la investigación porque no se encontraron pruebas de que el expresident tuviera cuentas en aquel país. ¿Por qué, pues, se había iniciado el procedimiento? En realidad, alguien había alertado a las autoridades del principado de que Jordi Pujol podía haber escondido allí dinero proveniente de corrupción. Y ese alguien permanecerá en el anonimato al haberse archivado el caso, aunque algunas instancias oficiales del Gobierno de España no son ajenas a ello.

Tras el archivo de la investigación contra Jordi Pujol i Soley, solo quedaba la pista de Jordi Pujol Ferrusola. Y esa sí existe. Júnior, a través de Herbert Rainford Towning, había diseñado una intrincada red internacional de empresas. En Londres, el testaferro puso a disposición de su cliente catalán la sociedad Brandtridge Holdings, controlada por Brandtridge Establishment, con sede en Liechtenstein. Y en Estados Unidos operaba Brantridge State.

El 20 de octubre, la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, pone el dedo en la llaga. Descubre que la empresa Imisa de Júnior recibió más de 253.000 euros de Brantridge Holdings, mientras que la compañía Project Marketing Cat percibió 750.000 euros en varias remesas. Dos de ellas, por valor de unos 450.000 euros, provenían de Brantridge Establishment y las otras dos de la compañía londinense. «Se tiene conocimiento que Brantridge Establishment es una sociedad de Liechtenstein que fue creada en el año 2005 y disuelta en marzo de 2014, datos que corroboran otros contenidos de este procedimiento (…) y su disolución lo ha sido tras iniciarse el presente procedimiento, incoado por auto de 28 de diciembre de 2012», escribía la fiscal. A partir de ahí, el tema de Liechtenstein entró en vía muerta y los Pujol dejaron, oficialmente, de operar con instrumentos radicados en el pequeño principado centroeuropeo.

Joyas sobre ruedas

Una de las peculiaridades de Jordi Pujol Ferrusola es su pasión por los coches de lujo. Se ha hablado y escrito mucho sobre ellos y él ha contribuido a aumentar esa leyenda. La pasión le viene de siempre. A mediados de los noventa, comenzó la colección. Cuando compareció ante la comisión de investigación conocida como Comisión Pujol, del Parlamento catalán, el día 23 de febrero de 2015, llevaba preparada su intervención. Sabía que le preguntarían por la elitista lista de coches de lujo que atesora y esperaba sorprender y entretener a los oyentes. Había preparado una intervención de maestro, de cómplice. Al final, todos acabarían aceptando como normal una colección de coches de lujo. Otros coleccionan latas de cerveza. ¿Qué diferencia hay?

Así, comenzó a desgranar los vehículos que tenía:

Un Lotus Elan del 65.

Un Mercedes Pagoda 230.

Un Porsche 356.

Un Lamborghini Miura.

Un Seat 600.

Un Ferrari F40.

Un Jaguar E.

Un Porsche Targa del 67.

Un Ferrari 328.

Un Lamborghini Diavolo.

Un Mercedes MacLaren.

Un Ferrari Testarosa.

Una moto Sherpa.

Una moto MK 2.

Una moto Ossa Mick Andrews.

Una Suzuki Scooter.

Un Nissan Navara pick-up.

La mayoría de estos vehículos fueron comprados de segunda mano y algunos en muy mal estado, aunque otros todavía circulan por Barcelona. De hecho, muy pocas semanas antes de la confesión de su padre, fue fotografiado y filmado en vídeo en su flamante Lamborghini rojo en la zona alta de Barcelona, acompañado de una amiga. Júnior tomaba unas cañas en la terraza de un bar de la calle Tarragona mientras su espectacular vehículo estaba aparcado en doble fila a pocos metros de él. Además, ha gastado muchos miles de euros en poner a punto a los vehículos de su flotilla.

En 1997 se hizo con varios de estos vehículos: el Lotus Elan del 65, el Mercedes Pagoda 230 y el Porsche 356. El Mercedes, afirmó, «estaba en un estado deplorable» y lo compró a un desguace. El Porsche se encontraba «en una casa medio abandonada, pero con un propietario con el que contacté, al lado del circuito del Jarama. Lo tenía en el jardín y los perros estaban por dentro, campaban, hacían lo que querían. Nos lo llevamos, lo arreglamos… tenía matrícula americana y le pusimos una matrícula de aquí. Esto hace perder valor a un coche, porque es una matrícula nueva. Un coche de estos lo que tiene de bueno es que tenga la matrícula original desde el primer día y, por tanto, si es un coche español es mucho menos interesante que el que sea un coche alemán o francés traído aquí y al que le has de cambiar la matrícula». Ese mismo año se hizo en Francia con el Lamborghini Miura. «Cuando yo lo compré valía muy poco dinero, porque no era valorado. Es un coche muy complicado de conducir, de reparar, etc. Hoy vale bastante». El 600, comprado en 1999, lo quiso convertir en un Abath, pero no pudo. Y ni siquiera puede ponerse en marcha. «No le hice ni un kilómetro». Paralelamente, adquirió el F40, su primer Ferrari. «En aquellos momentos, el F40 era un coche que había caído mucho porque se fabricaron muchos. Se hicieron dos series y eso hizo que cayese el precio. Es el primer Ferrari que es turbo y en todos los Ferrari lo que se quiere es que el motor sea de combustión sin turbo. Entonces, este es un coche que, si bien es de diseño, muy bonito, es incómodo de conducir y muy duro. Es un coche que bajó mucho y provocaba muchos accidentes, por
lo que la gente se lo quitaba de encima». Disimulaba. Quería evitar decir que le había costado una fortuna para cualquier mortal: 40 millones de pesetas del momento. O sea, un piso en la zona alta de Barcelona.

Para conseguir esa colección, no obstante, también aprovechaba que había gente con problemas económicos y se hacía con las joyas sobre ruedas a precios muy competitivos. «Sabe mal, pero te lo venden porque necesitan el dinero. Este es un mercado muy pequeño, como el del tío que se dedica a cuadros. Y si encima se dedica a un tipo de cuadros determinado, todavía es más pequeño. O si se dedica a libros clásicos viejos».

En el año 2000, Júnior se hizo con un Jaguar E totalmente deshecho. «Peor que el Mercedes». Lo compró «a un conocido que había hecho carreras y lo había roto. A mí me gustaba mucho el coche y él se lo quería quitar de encima». En 2008, se hizo con un Porsche Targa del 67, un Ferrari 328 y un Diavolo. «Este fue, realmente, adquirido a una persona que estaba muy, muy, muy apurada, matrícula de Barcelona, original de Barcelona… me lo quedé. Y luego, ya dentro de la tempestad en que estoy metido, porque la vida sigue, me compré un Mercedes Benz, el McLaren famoso. Esto no es clásico. Es un coche que, evidentemente, de primera mano cuesta 600.000 euros, pero yo lo compré muy, muy, muy, muy barato, porque la persona estaba derrapando. Lo compré en el 2012 y en el 2012 derrapaba muchísima gente». Al año siguiente, en 2013, se hizo con el Testarossa, «también de otra persona en una situación muy, muy, muy complicada. A mí no me hacía ninguna ilusión, lo he de decir, pero por una cierta amistad…».

Se dejó cosas en el tintero. En su garaje había atesorado un Lotus Seven, al que le puso motor de arranque, un Jaguar MK2, al que le rehízo la transmisión y le tuvo que cambiar los neumáticos, un Porsche 911 del 73 con matrícula de Tenerife y un Mercedes 220S Ponton con matrícula de Madrid. Al Lotus Elan le había tenido que reparar la culata, poner batería, frenos y amortiguadores, entre otras cosas. Al Miura, por su parte, había tenido que ponerle una culata y un radiador nuevos. Al Pagoda, neumáticos nuevos, bomba de gasolina, culata, tapizado, pintado y cromado. Y al Porsche 356 le puso tubo de escape, cajas de calefacción y neumáticos. Con todas las reparaciones, mano de obra y coste de los vehículos, el precio total de la flota no baja en ningún caso de los 600.000 euros (precio de coste, aunque el real de doce de estos automóviles fue fijado posteriormente por Hacienda en más de 1,5 millones de euros), aunque algunos de ellos los haya comprado verdaderamente tirados de precio. Algunas estimaciones, sin embargo, elevan esta cifra a un millón tirando por lo bajo, puesto que los últimos vehículos comprados (y en especial el McLaren) son muy cotizados en el mercado. Solo el F40 le costó 40 millones de las antiguas pesetas el 17 de marzo de 1999. Y los neumáticos Pirelli Pzero que le puso tuvieron un coste de 262.300 pesetas en agosto de ese mismo año (en total, casi 250.000 euros); el coste del Miura alcanzó más de 17 millones de pesetas (más de 100.000 euros); el del McLaren fue de 90.000 euros; el del Pagoda se situó en torno a los 8 millones de pesetas (unos 50.000 euros); el del Ferrari 328, en unos 35.000 euros; el del Porsche 356, casi 30.000 euros; el Diavolo, unos 25.000 euros (la empresa que lo tenía, Centre de Instalacions S. A., había pagado por él 126.000 euros); el del Testarossa, 22.500 euros; el del Lotus Elan, más de 20.000 euros; el del MK2, otros 10.000 euros; el del Abarth, unos 10.000 euros… y así sucesivamente.

El 29 de julio del 2014 el juez Ruz había solicitado toda la información existente sobre algunos de estos vehículos, pero en su auto se refería a once coches, entre ellos dos Porsche 911. Todos ellos descansaron un tiempo en una nave industrial propiedad de Copisa, en la localidad
de Olesa de Montserrat. Luego, los trasladó a la localidad de Teià, cerca de
Barcelona. Pero siguieron siendo joyas sobre ruedas.

13 Francesc-Marc Àlvaro, op. cit., p. 174.

14 Ibid., p. 166.

15 Francesc-Marc Àlvaro, op. cit., p. 255.

16 Mercedes de la Merced falleció en Madrid el 5 de mayo de 2013, víctima de un cáncer.

17 El objeto social era: «a) La comercialización de ordenadores y software de aplicaciones, sus accesorios y complementos, así como la instalación, reparación y conservación de los mismos. Igualmente, la sociedad podrá impartir cursos de formación y perfeccionamiento de software de aplicación. b) La comercialización de máquinas de escribir, calcular, multicopistas, fax, cajas registradoras y similares, sus accesorios y complementos, así como su reparación, adaptación, conservación y limpieza. c) La comercialización de aparatos de música, telefonía, radiotelefonía, televisión, cinematografía, fotografía, dictáfonos, tocadiscos, similares y derivados, así como la comercialización de sus accesorios y complementos y su reparación, adaptación, conservación y limpieza. d) La comercialización de papel de todas clases y objetos de escritorio.
e) Y, en general, la comercialización de todo tipo de equipos para oficina».

18 Alberto Cerdans Rufas fue detenido en 2002, tras una espectacular persecución en coche, por un macrofraude de más de 300 millones de euros a empresas españolas. Entre las empresas que compró figuran la aseguradora Merrion (la principal empresa a través de la que operaba), Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), Grupo Adisa, Bodegas Darien, Nature Pack Minas Río Tinto y grupo Cadarso, entre otras.

19 Vicenç Oller, exconsejero de Industria, era asesor del presidente de GCF. Victoria Ribatallada era secretaria del consejo de administración y esposa del presidente del holding, Joan García Maltes.

20 Francesc Gordo era el encargado de las finanzas de Convergència (partido que él había contribuido a fundar) y fue implicado en el Caso Casinos, o sea, en el desvío de fondos de Casinos de Cataluña para la financiación de CDC. Además, había estado al lado de Jordi Pujol en Banca Catalana desde 1967.

21 El Gordo era un mote que ponían a Macià Alavedra, consejero de Economía.

22 ABC, 20 de octubre de 2014.

23 En el escrito del juez se afirma que «casi todos los recursos son propios, facilitados por empresas del mismo grupo o por el socio. Incluso en ocasiones no llegan a desembolsar el capital social suscrito, abundando en que no participan en el tráfico mercantil normal. Las sociedades funcionan bajo el principio de unidad de caja entre sí y con las posiciones financieras del socio, confundiendo visiblemente sus patrimonios, existiendo recurrentes participaciones cruzadas al ser socias unas de las otras».

24 Los Sumarroca pagaron 154.048 euros a la empresa de Jordi Pujol Ferrusola solo entre 2008 y 2009, según los informes policiales sobre el particular.

25 Emte pagó casi 450.000 euros a las dos empresas de Ferrer entre 2004 y 2005: Cientific Management cobró 278.400 euros y Trade Management Consulting, 127.368 euros en un año y dos facturas más de 21.228 euros cada una en otro ejercicio.

26 Estas empresas eran Copisa, Comapa, Novensauro Inmobles, Semper Office y New Piave Seis.

10. EL PRÍNCIPE CAÍDO

Los Siete Magníficos

Septiembre de 2011. El presidente catalán, Artur Mas, recibía en su despacho una noticia preocupante: la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, en Galicia, llevaba una investigación sobre corrupción a la que había dado el nombre de Operación Campeón y había descubierto alguna ramificación catalana de la trama del empresario gallego Jorge Dorribo. El fiscal Javier Rey, en un escrito al juzgado, señalaba que de los movimientos de Dorribo se deducía que podía haber un «posible tráfico de influencias en la concesión sanitaria catalana, en cuya trama se llevó a la identificación como connivente de Oriol Pujol Ferrusola». Pero a Mas le contaron más: le dijeron que quien salía salpicado era Oriol, su esposa y posiblemente dos de sus hermanos. La reunión había sido propuesta por uno de sus hombres de confianza, ya fuera de la política, pero que seguía manteniendo con él un estrecho contacto y, en ocasiones, le continuaba haciendo favores.

Era un tema delicado. Dorribo ya había implicado al exministro socialista José Blanco en el tema y a importantes políticos tanto del PP como del BNG. Incluso había salpicado al propio presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Había sed de justicia y era el momento propicio para poner el ventilador. Al parecer, Dorribo había hablado en varias ocasiones con Sergio Pastor, un empresario que había sido consejero delegado de Applus y que en aquel momento llevaba las riendas de Scalextric. Pastor, a su vez, era socio de Sergi Alsina, íntimo amigo de Oriol Pujol, con quien compartió aula en el IESE en sus tiempos de estudiante. Y, para colmo, Anna Vidal Maragall, esposa de Oriol, trabajaba para Alta Partners, la empresa con la que ambos estaban trabajando en aquellos momentos. Pastor se comunicó con Dorribo porque este tenía una empresa, Laboratorios Asociados Nupel, con cuenta en Andorra y le podía ser útil. El mecanismo era sencillo: comprar medicamentos caducados en Cataluña, llevarlos a Andorra, actualizarlos y venderlos en el continente africano.

Paralelamente, Pastor le allanaba el camino para que el gallego también tuviese una parcela de negocio en las estaciones de ITV, ya que esperaban poder anular las concesiones que había y realizar un nuevo concurso a medida para lucrarse personalmente. De ahí que Alsina y Pastor contasen con Oriol Pujol como contacto político para imponer su ley.

Los dos empresarios catalanes necesitaban un socio potente. Pastor incluso había hablado con los alemanes de Tüv Rheinland para poder asociarse y formar un grupo potente con el que copar una parte importante del pastel de las inspecciones técnicas de vehículos. Al final, desecharon la idea de los alemanes y trataron de que entrase en el negocio un empresario convergente: Xavier Pujol, propietario de Ficosa. También participaría el entonces presidente de Sony, Pedro Navarrete, con su esposa, María Jesús Muro.

Eran los Siete Magníficos: Oriol Pujol, Anna Vidal, Sergi Alsina, Sergio Pastor, Xavier Pujol, Pedro Navarrete y Chus Muro. Los elegidos del Príncipe, ya que este era el mote con que se conocía a Oriol, como heredero del «rey» Jordi Pujol. Hay quien dice que Oriol se sentía desplazado de sus hermanos al ver los boyantes negocios que todos habían emprendido y que quería demostrar que él también tenía su parcela de poder y negocios. Habladurías. Nunca pudo determinarse que tuviera ambiciones en este sentido, aunque era conocido su amor al dinero.

En 1993, cuando todavía no había cumplido los veintisiete años, fue fichado por su padre como cargo de confianza. Había estudiado veterinaria, pero lo suyo era la política. A la sombra de la poderosa influencia de Jordi Pujol, Oriol medró y se hizo un hueco en la elite política. Fue mérito de su padre, evidentemente, pero luego se lo ganó a pulso. Nadie le puede discutir sus méritos. Eso sí: cayó de pie en la Administración, como jefe del Gabinete Técnico de Presidencia. En 1996, ascendió a director general de Relaciones Interdepartamentales y en 1998 se hizo cargo de la Dirección General de Relaciones con el Parlamento, todo sin salir de Presidencia. En 1999 concurrió en las listas municipales de Barcelona y salió elegido concejal, para retornar al gobierno un año más tarde como secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, que presidía Antoni Subirà, primo político de su padre. Elegido diputado en 2003, a partir de ese momento se situó en el pequeño círculo de los elegidos. Pasó de ser el hijo del jefe a ser el Príncipe. Y a partir de entonces fue copando los cargos que Felip Puig, el mentor, el amigo de la familia, iba dejando libres: portavoz parlamentario en 2007 y secretario general adjunto del partido en 2011 y, finalmente, secretario general en 2012, donde sustituyó al propio Artur Mas, que pasó a ocupar la presidencia de Convergència. El relevo de Mas, pues, estaba listo, aunque ralentizado conforme a la previsión que se había hecho la familia.

A grandes rasgos, a Mas le hicieron saber aquel mes de septiembre de 2011 que Oriol tenía intereses en una empresa que se llamaba Alta Partners, de su íntimo amigo Sergi Alsina y para la que trabajaba su esposa, Anna Vidal Maragall. Y, además, había cobrado por asesorar en las deslocalizaciones de tres grandes multinacionales: Yamaha, Sharp y Sony. El escándalo podía ser monumental, porque Oriol Pujol, como presidente del grupo parlamentario de CiU, cobraba oficialmente para evitar las deslocalizaciones. Y si tenía intereses en Alta Partners y su esposa recibía «millones» (esa fue la cifra que le dieron) por deslocalizar, la polémica estaba servida. Adiós a la ética política. Había, además, indicios de cuentas corrientes fuera de España, concretamente en Andorra, aunque este extremo jamás salió reflejado en el sumario.

Esa fue la información que llegó a Artur Mas aquel mes de septiembre. El president se subía por las paredes conforme sus interlocutores iban avanzando datos concretos de las investigaciones y volvía a cernirse sobre su cabeza la sombra del Caso Lear, que nueve años antes le había causado un sinfín de quebraderos de cabeza: en la deslocalización de la multinacional Lear, en Cervera, la empresa que asesoró la fuga hacia otro país fue Europraxis, propiedad de Josep Pujol Ferrusola. El secretario de Industria era entonces Oriol Pujol Ferrusola. Todo un pasteleo más de la familia, que cobraba de todas las bandas. Los fantasmas de aquel caso, pues, retornaban, pero esta vez con más ironía, puesto que era un solo hijo de los Pujol el que posiblemente cobrara por deslocalizar y por no deslocalizar. Y ya no era solo una empresa, como una década antes, sino que ahora eran tres multinacionales las que negociaban su salida de Cataluña. Se barruntaba un escándalo sin precedentes.

Oriol ya no era aquel vivaracho rapaz que se quedaba de palique con los guardaespaldas por las noches para contarles sus batallas de ligón. Ahora era un señor diputado y presidente del grupo parlamentario de CiU, además de secretario general de Convergència. Sus rivales de escaño le apodaban Curro Jiménez por sus patillas. Curiosa paradoja. Curro era un personaje de ficción, un bandolero andaluz que robaba a los ricos y repartía entre los pobres aunque su figura estaba basada en la vida real de Andrés López, el Barquero de Cantillana. Y ahora Oriol parecía caminar en sentido contrario: tramaba una sangría a los pobres para hacer ricos a sus amigos. Y, si no lo hacía, lo parecía.

Lo cierto es que en ese momento comenzaba el calvario del Príncipe de CiU. El 4 de abril de 2012, llegaría a la Fiscalía un revelador anónimo. «Señor Fiscal: Yamaha España anunció el cierre de su fábrica y el despido de 400 trabajadores a principios del 2011», comenzaba. El escrito aportaba datos muy concretos: «Según ha manifestado repetidas veces el propio director general de Yamaha, José Escribese, Yamaha contrató a Sergi Alsina, en julio de 2011, en contra de la opinión de todos sus asesores, para que busque un socio industrial que desarrolle alguna actividad en la fábrica de Yamaha y contrate a los trabajadores que Yamaha quería despedir. Según manifiesta el mismo Escribese, el encargo a Alsina se hace porque Oriol Pujol prácticamente les obliga. Pujol llamó personalmente a los responsables de Yamaha España en Europa, con sede en Ámsterdam, para convencerles de la necesidad de contratar a Alsina. Antes de hacer esta llamada personal, presionó a otras personas en Barcelona para que se hiciera el encargo a Alsina».

¡El segundo de Convergència y líder parlamentario de CiU mojándose por un negocio y presionando a una multinacional para contratar a un asesor determinado! Era una pista más a añadir a las que ya tenía la policía, un hilo del que tirar en lo que parecía ser un turbio asunto de tráfico de influencias. El escrito daba también datos concretos: «Alsina no consiguió absolutamente nada importante para Yamaha, pero cobró una minuta de 5,5 millones de euros. ¿Por qué?». En realidad, por seis meses de trabajo, Alta Partners había facturado, según los documentos judiciales, 4.238.334,62 euros. Se habían embolsado más de 700.000 euros mensuales por limitarse a seguir las directrices de Oriol Pujol. «Alsina les dirá que consiguió lo encargado porque la empresa Transportes Sesé se ha comprometido a contratar a todos los trabajadores con todos los derechos adquiridos. Pero esto es falso. El señor Sesé no tiene ninguna actividad a desarrollar. Se dijo que iba a hacer piezas para Seat, pero luego no lo tenía seguro. Al final, como no tenía nada para Seat, la propia Yamaha le va a encargar piezas para que contrate a los mismos trabajadores que ha despedido», manifestaba el anónimo enviado a la Fiscalía.

Yamaha despidió a casi toda la plantilla. Ofrecía quince días por año trabajado como indemnización y, de repente, cambió su postura y pagó ciento diez días por año trabajado. A partir de ahí, todo fue como una seda con la Administración.

En Sony, Alsina consiguió que Ficosa asumiese la factoría y cobró 3.717.000 euros por las gestiones. Anna Vidal, esposa de Oriol Pujol, cobró oficialmente 260.000 euros por asesorar a Alta Partners, la compañía de Alsina. Este, por su parte, reconoció que se embolsó personalmente 940.000 euros por la operación, aproximadamente un tercio del total que cobró Alta Partners por asesorar a Sony. ¿A quién se pagó el resto? Hay sospechas de que Alsina, Pastor y Pujol iban a partes iguales, aunque no existe constancia documental de ello. La jueza, en su segundo y último auto de imputación, subrayaba la intervención de Oriol «durante el desarrollo de la operación en beneficio de Sergi Alsina y suyo propio, contactando, al menos, con el director de la Agencia Tributaria Catalana a fin de obtener beneficios fiscales para la operación».

Artur Mas llamó a Oriol, pero este le negó la mayor, asegurándole que él no tenía intereses en Alta Partners y que se había limitado a cumplir con sus obligaciones, intentando hasta el último momento que no hubiese deslocalizaciones y que sus iniciativas en el Parlamento daban fe de ello. Las explicaciones calmaron un poco los ánimos, pero no convencieron a nadie.

La preocupación en el gobierno autonómico era triple: por un lado, algunos sectores de Convergència se molestaron por lo que consideraban trato de favor y tráfico de influencias al ayudar a amigos de Oriol Pujol. En segundo lugar, por las sospechosas contrataciones de las multinacionales. ¿Por qué todas escogían a la empresa del amigo de Oriol Pujol y en la que trabajaba la esposa de este? Y, en tercer lugar, por la propia naturaleza de los encargos recibidos, que se contradecían con lo que CiU predicaba desde el gobierno y el Parlamento.

Alta Partners era una empresa que ya estaba enchufada en la Administración. Ya se habían encargado sus promotores de que así fuera. En realidad, gestionaba Invernova, un fondo de capital riesgo que contaba con el respaldo de la Generalitat. Y gestionaba también otro fondo de capital riesgo donde participaban el Instituto Catalán de Finanzas (ICF, o sea, el «banco» público de la Generalitat), el Banco Sabadell, la Asociación Catalana de Ingenieros de Telecomunicaciones y el Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. Precisamente, Sergio Pastor estaba moviendo los hilos para que CiU apostase por él para presidir este último organismo. En resumidas cuentas, lo que tenían montado era un supuesto chiringuito político-financiero en el que cada uno de sus integrantes tenían asignadas determinadas misiones y responsabilidades, que se iban a ir conociendo en los meses posteriores con más detalle.

Lo que estaban montando el grupo de los Siete Magníficos era una auténtica fábrica de generar dinero: de momento, la empresa de Alsina, Alta Partners, se dedicaba a asesorar deslocalizaciones de multinacionales y ya se encargaba Oriol Pujol de presionar para que así fuese. Pero el gran chorro de ingresos estaba por llegar: supuestamente pretendían forzar un nuevo concurso de ITV para quedarse con un lote de estaciones; luego, adjudicar a su empresa el permiso para realizar certificaciones industriales; más adelante, aprobar una ley que obligase a pasar una revisión energética a todos los domicilios catalanes a 50 euros por revisión; evidentemente, la concesión para realizar estas inspecciones iría a parar a su compañía. Y, por último, recibir un reguero de dinero público en forma de subvenciones para sus planes. Presuntamente, también planeaban presionar políticamente para copar los puestos de responsabilidad de las grandes empresas catalanas. Era, pues, un negocio multibanda, una compleja operación en la que era imprescindible la connivencia del poder político para apoyar sus planes legislativamente.

En marzo de 2012 llegó el gran mazazo: aquel día fueron detenidos Sergi Alsina, Sergio Pastor, Josep Tous (el hombre que Oriol Pujol había puesto en la Generalitat para controlar todo el proceso de anulación del mapa de las ITV y la convocatoria de un nuevo concurso), el empresario Ricard Puignou y hasta el subdirector general de Seguridad Industrial, Isidre Masalles, de quien dependía ese área. Masalles fue, años después, desimputado. Sin embargo, había sido puesto allí para facilitar sus planes y para ello tuvieron que destituir a su antecesor, Albert Roig, que estaba considerado filosocialista y era un estorbo.

Era marzo de 2011 cuando habían tramado ya los cambios que les debían allanar el camino. Josep Tous y Sergi Alsina hablan sin saber que los teléfonos están intervenidos por orden judicial.

—¿Y este Isidre Masalles, tú crees que es... cómo lo dices...? —pregunta Sergi Alsina.

—Obediente —contesta Josep Tous.

—¿Creerá, creerá?

—Creerá. Creerá por una cosa: este chico había sido jefe de un gabinete. Este era de Convergència nuestra. Se cambió el gobierno y se cambió de camiseta... —le tranquiliza Tous.

—Se fue a Esquerra, ¿no? ¿Dónde se fue este?

—Sí, se fue a Esquerra. Y ha sido director de servicios durante ocho años... durante estos siete años. Claro, ahora mandamos nosotros y ahora Oriol lo llamará y dirá, «hostia, Isidre, te damos una nueva oportunidad», ¿me entiendes?

—Bien.

—Y entonces, él creerá, él creerá. Isidre creerá. Además, yo estaba en el mismo departamento... —sigue explicando Josep Tous.

—¿Tú lo conocías bien a este?

—Sí, nos conocemos bien, no un poco bien. Durante cuatro años, estuvimos en el mismo departamento (...) que él se haya cambiado la camiseta... esto es una debilidad humana, porque este hombre tiene que llevar la comida a casa, ¿no? Es un tío... pero ahora que será el subdirector, como es virgen, como es totalmente nuevo, yo lo cogeré y... escucha... le explicaré bien, bien... y entonces, esto irá por este camino. Yo no quiero cambiar el plan estratégico, el plan territorial. No lo quiero porque ya lo tiene Germà Gordó y ya lo tiene Colet...

Gordó era entonces secretario del Gobierno de Catalunya y Enric Colet era el secretario general de Empresa y Empleo, un hombre de la total confianza de Gordó, puesto como segundo del departamento para vigilar de cerca al conseller, el independiente Francesc Xavier Mena.

A partir de ahí, tanto el gobierno como CiU intentaron desligar a Oriol Pujol del asunto, pero cada mes que pasaba se iban conociendo datos nuevos de la presunta implicación del hijo del expresidente en toda la trama de corrupción, y no era solo el negocio de las ITV: la nueva Ley de las ITV, el nuevo impuesto energético que les reportaría 50 euros por cada domicilio… Un Potosí en el corazón de Barcelona. ¿Y quién pasaría esa inspección? Una empresa formada por Alsina, Pastor y Navarrete. Los informes policiales y judiciales apuntaron a que una parte de las acciones a nombre de Alsina en esa nueva empresa eran, en realidad, de Oriol Pujol: tanto la escritura de la compañía como todos los trámites no fueron realizados por los abogados que normalmente utilizaba el grupo, sino por un letrado amigo y de la total confianza de Oriol Pujol, Modest Llopis.

Oriol Pujol amparaba y protegía al grupo. Y supuestamente estaba al tanto de los negocios de su esposa asesorando en las deslocalizaciones, mientras él vigilaba de cerca el tema de las ITV y de las certificaciones. Los informes realizados para el juez detallan cómo el grupo creó la sociedad Upprime Energy Services (UES). El 70 por ciento de la empresa, oficialmente, estaría en manos de Ficosa, y el resto sería para los otros socios. Aquí es donde se atribuye a Oriol Pujol la propiedad de un paquete, que escondería a la luz pública. En una conversación de Pastor con María Jesús Muro, el primero le dice a la esposa de Navarrete que Alsina le había llamado para pedirle el NIF de Molkolan, «para solicitar el nombre de la
empresa que tendremos conjuntamente con Zumosol». Molkolan era
la compañía a través de la que Pastor participaba en UES. El propio Pedro Navarrete, presidente de Sony, se interesó telefónicamente por saber si ya se había constituido la sociedad con el «accionariado acordado», entre el cual nombra a Zumosol.

Los Sergis, es decir, Pastor y Alsina, fueron los que le pusieron a Oriol el apodo de Zumosol, por lo fuerte que se sentía políticamente, reflejo de lo que podía hacer y deshacer en la arena política y, consecuentemente, por el manto protector que extendía sobre ellos. Parece que todos esperaban llenar sus cuentas corrientes con el negocio de las ITV, las certificaciones energéticas y las deslocalizaciones. En las fugas de las tres
multinacionales que en solo unos meses abandonaron Cataluña, la compañía Alta Partners se embolsó en honorarios más de 10 millones de euros. Oriol Pujol era consciente del dinero contante y sonante que se estaba embolsando su esposa. «Sergi, mañana me tendrías que decir a dónde factura Anna las cuatro facturas del trabajo hecho en noviembre y diciembre. La puedes llamar tú, por favor, y lo aclaráis. Gracias», escribía en SMS a Alsina el 21 de diciembre del 2010. Al día siguiente, el amigo llamó a Anna Vidal y tuvieron una conversación trascendental: Anna le comentó que había girado todas las facturas a Alta Partners, pero que su marido, Oriol, le había comentado que creía que no era así y le pidió a Alsina el concepto general de la factura. Quedaron en que facturaría por «análisis, horas de reunión, conversaciones telefónicas y preparación de reuniones». En febrero del 2011, volvió a enviar dos facturas, pero Alsina le reclamó urgentemente una de 5.000 euros. También esperaba dos nuevas facturas para mediados y finales de ese mes. Ella le comentó si podía hacer facturas por importe no exacto, es decir, «por ejemplo, una de 4.500 euros y otra de 5.300 euros», a lo que el empresario le subrayó que era más fácil hacer importes exactos «porque tiene que haber un contrato y si no son importes exactos quiere decir que cada mes ha hecho cosas diferentes y habría que justificar trabajos diferentes y entonces es más difícil de justificar». Ello dio pie al Servicio de Vigilancia Aduanera, que fue la unidad encargada de las intervenciones, a concluir que las facturas «pueden no deberse a los conceptos por los que fueron extendidas».

El restaurante maldito

El 12 de julio del 2011, el restaurante La Camarga de Barcelona acogía una importante reunión: compartían mesa Oriol Pujol, Sergi Alsina y Sergio Pastor. Un mes antes, el 9 de junio, Oriol se había sentado a cenar en el mismo lugar con Sergi Alsina y con Xavier Pujol, de Ficosa. Allí, según se desprende de las comunicaciones posteriores, acordaron crear la empresa pantalla que habría de tener las certificaciones y optar a las ITV. El día 15 de junio, Alsina enviaba un revelador SMS al dueño de Ficosa: «Nosotros ya hemos empezado a constituir una sociedad conjunta con Sergi Pastor, que será la que participará en Newco. Sería bueno firmar el MOU (Memorandum of Understanding) para que Sergi pueda comunicar formalmente a Scalextric. Respecto a tu conflicto interno, hablamos después Oriol y yo. Si crees que hay cualquier cosa en la que te podamos ayudar él o yo nos lo dices. Un abrazo».

En apenas un mes, La Camarga había acogido dos reuniones cruciales del secretario general de Convergència, que, sin él saberlo, estaban siendo controladas por la policía. El lugar parece estar maldito para el clan Pujol. Allí se confesó la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, alias Júnior, con la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, en una conversación cuya divulgación provocó uno de los mayores escándalos político-económicos de los últimos años. Y allí cazaron al Príncipe con sus supuestos socios de negocios turbios. Un lugar, pues, para olvidar.

«Se constata que a las 17.00 horas Oriol Pujol abandona dicho restaurante en su motocicleta. Posteriormente, a las 17.10 horas efectúa la salida del lugar Sergi Pastor y, finalmente, abandona el lugar Sergi Alsina a las 17.12 horas», decía el atestado policial. Ninguno sabía que sus movimientos estaban siendo seguidos milimétricamente bajo supervisión judicial. Diez minutos más tarde, Pastor llamó a su amiga María Jesús Muro para explicarle con pelos y señales lo hablado durante el ágape. Y le anunció una cena de las parejas que intervenían en el negocio para finales de mes. Esa cena se celebraría el 27 de julio en el domicilio particular de Sergi Alsina y a ella acudirían Oriol Pujol, Sergio Pastor y Xavier Pujol, de Ficosa, todos acompañados de sus respectivas esposas. Eran los supuestos socios de lo que sería el negocio del siglo. Era la primera gran cumbre de los Siete Magníficos.

En su subjetiva percepción del encuentro de La Camarga, Pastor aseguró a Muro que Oriol le había reconocido que le debía «una muy gorda. Porque a él le abandonó todo el mundo. Yo, a su mujer, la tuve colocada, pero no lo supo nadie, en Applus. Cuando ellos perdieron el poder y les retiraron todo, el único que le quiso colocar a la mujer fui yo y además no se supo nunca», confesó. Se refería a cuando él ocupaba el cargo de consejero delegado de la compañía de certificaciones y CiU perdió la Generalitat en las elecciones de finales de 2003. Claro que Pastor alardeaba en otra ocasión de que iba a ser nombrado consejero de Idiada, empresa pública de investigación en el campo de la automoción, por recomendación de Oriol Pujol.²⁷ Y más: en una conversación telefónica se atrevió a chulear: «Hay una ITV con el nombre de Sergio. Hay una ITV marcada, es decir, una concesión o autorización, como le quieras llamar, con mi nombre y con quien vaya yo, ¿me entiendes?». Su detención rompió el cántaro de la lechera que llevaba sobre su cabeza, lleno de proyectos, de estaciones de ITV y de fuentes de dinero.

Con quien tenía amistad Oriol, en cambio, era con Alsina, al que llamaba periódicamente y a quien enviaba mensajes. Ambos eran también vecinos de segunda residencia: tenían sendos chalés en la localidad de Urús, comprados al alimón y encargados a Máxima Grupo Inmobiliario en 2008. El constructor los dejó plantados y vendió los terrenos a la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, que fue la que finalmente realizó las construcciones. La policía investiga si el político pudo utilizar en esta operación dinero negro. En la misma urbanización, dispone de otro chalé el matrimonio formado por Pedro Navarrete y María Jesús Muro, del grupo de los Siete Magníficos.

Que Alsina tenía ascendencia sobre Pujol parece indudable. El 20 de junio de 2011, el empresario le envía un mensaje a su amigo el político: «Oriol, Renta Corporación consiguió un acuerdo de refinanciación con los bancos hace unas semanas. Ahora están negociando con ICF, propietario del inmueble, una reducción de la superficie que ocupan y del importe del alquiler (otros inquilinos como Fornesa ya lo han conseguido). Renta es una de las pocas cotizadas catalanas que nos quedan. ¿Te puedes interesar? Si puedes hacer alguna cosa, me lo dices, si puede ser antes del miércoles, que veré a Lluís en la junta. Gracias. Sergi». Al día siguiente, le insiste: «Oriol, ¿has podido hacer alguna cosa para el tema de Renta con ICF? Por otro lado, Xavier y Pedro me llaman para preguntarme el nombre del sustituto de Ciriaco (conexión entre president y empresas). Dicen que es un empresario de unos sesenta años». No es una petición cualquiera, ya que lo que le pedía era un contacto directo con el entorno más cercano al presidente de la Generalitat, Artur Mas; se trataba de controlar de cerca a ese círculo. Seis minutos después, Oriol Pujol le responde: «No he podido. Vicenç Mauri... un buen amigo mío». Alsina le transmite el nombre a su recientemente estrenado socio Xavier Pujol, propietario de Ficosa, pero unos días después, el propio Alsina le da a Xavier Pujol un mensaje de Oriol: que no hable con Mauri, sino que utilice a Joan Sureda, director general de Industria, a Oriol Pujol y a Sergi Alsina. O incluso puede hablar con Ramón Bonastre (director general de Relaciones Laborales), «que Oriol Pujol tiene muy buen relación con él». Las relaciones de Oriol fuera de la Administración, pues, eran canalizadas por Sergi Alsina.

Pero el control efectivo sobre los negocios dentro de la Generalitat se hacía a través de Josep Tous, que había sido compañero de clase de Oriol y un buen día apareció por la Consejería de Empresa y Empleo de la
mano del secretario general de Convergència, con la orden de «arreglar el tema de las ITV». Un empresario que conoce el sector explica la situación a su modo: «El reparto de las concesiones que había hecho el tripartito fue nefasto. El último consejero del caso, Josep Huguet, lo hizo todo rematadamente mal. Applus se había quedado con el 60 por ciento del mercado. Había que abrir ese mercado».

Tous fue colocado también como segundo de la Diputación de Barcelona, cobrando un sueldo de 106.000 euros anuales. El 19 de febrero de 2012, el propio Oriol le enviaba un escueto SMS: «Josep, te aviso que quizá propongo tu nombre para la Diputación de BCN. Coordinador general, el segundo de a bordo debajo del presidente Esteve». Dicho y hecho. De la Generalitat, Tous cobraba otros 72.000 euros anuales, a 6.000 euros por mes, pero aquí a través de tres empresas interpuestas que presuntamente falsificaban facturas, de lo que quedó constancia en las intervenciones telefónicas intervenidas: Columna Consultors, Ieconsumo Observatorio del Consumo y Suplesa. Más tarde, ideó un sistema de facturas entrecruzadas entre sus compañías con el objetivo de minorar los beneficios y pagar menos Impuesto de Sociedades. Esas facturas fueron calificadas por los investigadores como «creadas a su instancia y reflejan operaciones inexistentes». Pero ahí no se acababa todo: Sergi Alsina le pagaba 2.360 euros mensuales para que trabajase a favor de sus intereses. En otras palabras: era un chollo ser amigo de Oriol Pujol. La confianza de este en Tous era total, no ya solo porque era el responsable de la sectorial de Empresa en CDC, sino porque ya había trabajado años antes con él y le había hecho encargos cuando Oriol ocupaba el cargo de secretario de Industria. El 31 de julio del 2011, Josep Tous habla telefónicamente con Sergio Pastor y le da una noticia: ya está decidido que él será nombrado en exclusiva como el intermediario en el conflicto de las ITV. Y le recalca a Pastor: «Solo lo sabe Oriol Pujol». Como que era este quien se lo había notificado el mismo día.

El mejor negocio del mundo

El 19 de abril de 2011, el empresario Sergi Pastor llamó a Josep Tous, el hombre de Oriol Pujol en el gobierno para controlar los negocios en el área de Industria.

—Estoy moviendo el tema de los organismos de control... las ITV y el tema de otra cosa que ya te anuncio que sería una inspección de eficiencia energética, este es el tema que queremos focalizar. O sea, querríamos inventar la obligatoriedad de una inspección de eficiencia energética —dice Sergio Pastor.

—Vale (...). Pero escucha, si no vamos con cuidado, se lo quedarán... se lo quedarán los organismos de control que ya están reconocidos —responde Tous.

—Bueno... esto es lo que tenemos que hacer... a ver cómo lo arreglamos. Esto es lo que tendremos que arreglar porque ya veremos cómo lo hacemos (...). El partido que está en el gobierno puede hacer una cosa muy buena y de la que de rebote nosotros podemos aprovecharnos. ¿Y cuál es? O sea, dentro de las medidas que tienen sentido, el tema de la eficiencia energética es un tema clave. Es decir, si nosotros consiguiéramos estudiar lo que se puede ahorrar vía inspección de los hogares, esto está cifrado en unos volúmenes bestiales. O sea, más de doscientos y pico mil millones de euros por año, ¿vale? (...). Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Pues con un programa de inspección obligatoria de los hogares, no de los edificios, no de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Muy bien, esto todo no está regulado y se puede regular, porque, primero, hay precedentes de programas que se hacen en todo el mundo y esto es evidente que lleva a un incremento de la productividad y del PIB del país, porque todo lo que te ahorras en energía es ahorro directo de consumo de petróleo... —agrega el empresario.

—Esto... escucha, ¿esto con quién lo has hablado del gobierno? ¿Hay alguien que le ha dicho que sí, que está dispuesto a entrar en esto? —tercia el hombre de Pujol.

—Sí —afirma Pastor.

(…).

—Sí, la idea es bonita, ¿pero quién paga esto, el consumidor final? —pregunta Tous.

—El consumidor final. Pero tenemos dos vías que podríamos hacer. Guárdatelo en secreto, ¿eh?, porque si no me fastidias a mí —le advierte Sergio Pastor.

—Sergi, Sergi, no sufras.

—Qué te diría yo... el Impuesto de Bienes Inmuebles, por ejemplo... o la renta de la parte catalana. Si tú haces la inspección y es positiva, tú tienes que todo lo que te has gastado más la inspección, más el doble, te lo descuentas de la renta —le explica el empresario.

—Vale.

—O del IBI.

—Ahora lo veo. Ya está, ya está. Ahora ya me has dado una solución... —exclama el hombre de Oriol.

—Ah, no, no, si yo lo tengo todo pensado...

—Porque yo no lo veía defendible (...). Si quieres, lo haces pasar tú como propuesta de algo o, si quieres, lo hacemos como propuesta de partido.

Acuerdan ahí utilizar los mecanismos de CiU para sus propios intereses, petición que luego le hacen a Oriol mediante la fórmula de introducir enmiendas en las leyes ómnibus que se estaban tramitando en aquel momento.

Hacienda elaboró a posteriori un informe en el que desvelaba que bajo el nombre de Proyecto A2 había una operación para «obtener la adjudicación (presuntamente fraudulenta) de una ITV e iniciar la realización de Escos (Energy Service Companies). Inicialmente en el ámbito industrial y público y, posteriormente, en el ámbito particular (residencial), aprovechando la infraestructura y experiencia de empresas relacionadas con dichos ámbitos». Un segundo informe de Hacienda añadía que el grupo quería aprovechar la infraestructura y experiencia de empresas relacionadas con dichos ámbitos, en concreto Ficosa, «y mediante la creación, con financiación obtenida a través de subvenciones públicas, de nuevas sociedades, participadas por algunos de los investigados, con las que participar en el concurso que el nuevo gobierno catalán sacará en los próximos meses de nuevas licencias para operar en el mercado del servicio de inspección técnica de vehículos, con la intención de romper el oligopolio de Applus (principal operador de ITV en Cataluña, que debió reducir su peso por motivos de competencia) y RVSA ITV, en concreto dos lotes de tres ITV cada uno». No les faltaba razón: Pastor ya había pasteleado subvenciones públicas de
180.000 euros para formar a los trabajadores de Sony en el negocio de las
certificaciones. Las negociaciones fueron llevadas directamente con la presidenta del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN), Maite Masià, una de las personas que estaba «alineada», es decir, que era proclive a allanar el camino de los negocios del grupito. Según las escuchas, Oriol Pujol fue informado detalladamente de todos los pasos que se dieron.

Los socios ya se habían imaginado el cuento de la lechera y el propio Pastor se veía como presidente de la Federación de Entidades de Certificación de España. Y no solo eso, sino que había ideado toda una estrategia política y empresarial para forzar cambios en las cúpulas de grandes compañías y poner a su frente a personas de la total confianza de CiU. El primero en caer debía ser Jordi Mercader, presidente de Agbar, exalto cargo en los gobiernos de Felipe González y presidente a su vez de la papelera Miquel y Costas & Miquel. «El presidente lo pone Convergència, pero por cojones, ¿eh?», reclamaba Pastor a Tous, que le respondía: «Sí, esta es una batalla que tenemos en el partido». Dos meses más tarde, Mercader abandonaba la presidencia de Agbar.

No deja de resultar interesante la meta del grupo de amigos. Inmediatamente después, Pastor habló con María Jesús Muro, esposa de Pedro Navarrete, el presidente de Sony.

—Lo más complicado de todo es vender y entonces yo creo que sí, que es verdad, que tener un producto novedoso, que tener algo diferente y todo es fantástico. Pero al final, hay que venderlo —decía Muro.

—Sí, señor.

—Al final hay que venderlo. Y lo fundamental es tener la prescripción, claro. ¿Por qué funciona lo de la eficiencia energética? Pues porque habrá una ley que obligará a todo el mundo a comprarlo, es que no te quedan más narices —terciaba la esposa de Navarrete.

—Sí, señor, es así —reiteraba Sergio Pastor.

—Porque tienes la venta garantizada. ¿Dónde está la gracia? Pues que la venta la tienes garantizada, que es una máquina de hacer dinero, luego... —insistía Muro, en su monólogo imparable.

—Sí, señor.

—Puede ser más eficiente, puedes ahorrar más... puedes, pero al final, al final, la venta la tienes garantizada.

—Sí, señor, es así.

(...).

—Lo que esté en un sector regulado es un chollo —admitía al final Chus Muro.

De todo ello, Oriol Pujol estaba perfectamente enterado y al tanto. Y conocía los detalles.

—Oriol, ¿cómo te ves de fuerzas para poner en la ley ómnibus un límite del 40 por ciento de dominio en el mercado de las ITV?

Era un mensaje de texto de Alsina a su amigo político del 26 de octubre de 2011. La intención era restarle poder a Applus —que copaba el 60 por ciento del mercado— en el mismo texto de la norma legal.

—Hombre… complicadillo. Recuerda que no hace falta una ley. Con el actual límite del 50 por ciento es un máximo. Se puede hacer menos vía decreto, Oriol —contestó el líder de CiU en el Parlamento.

Dos días más tarde, el 28 de octubre, Josep Tous, el hombre de Oriol, habla con Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, para darle órdenes: «He hablado con el Oriol y el Oriol me dijo… hombre, yo le he dicho que lo ponga en la ley ómnibus, pero me dice que es más propio del decreto que no en la ley, una enmienda a la ley… entonces, el decreto creo que sigue poniendo hasta el 50 por ciento y nosotros hemos de poner hasta el 40 por ciento».

Clan contra clan

El Caso ITV puso al descubierto una soterrada lucha de clanes de los negocios dentro de Convergència. El intento de captar a Xavier Pujol, de Ficosa, por parte de Sergio Pastor y Sergi Alsina, no es baladí: lo que pensaban era hacerse un hueco ante el empuje que tenían otros clanes tradicionalmente mimados por la familia Pujol. Su principal rival en aquel momento era Joaquim Coello, que había presidido el Puerto de Barcelona en época de Pujol. Coello se había convertido en el factótum de Applus y era un estorbo para sus planes.

«Ellos interpretan que yo estoy con el Sumarroca y todos estos. Yo les he dicho, miren, escuchen, ustedes supongan lo que quieran, yo no les diré con quién», explicaba Pastor a mediados de 2011. Su meta era clara y simple: «Por ejemplo, que nos reciba alguno de importancia, de dentro del partido, ¿me entiendes? Decir, mire, el señor Pastor cuenta con nuestra confianza más absoluta porque es un hombre que creó un proyecto fabuloso para Cataluña», comentaba a Sergi Alsina. La respuesta fue muy directa: «Yo creo que la mejor opción será el propio Oriol. Que él, como secretario general de CDC y responsable del grupo parlamentario, y que te conoce, pueda decir que de la etapa en Industria, y que ha ido siguiendo el proyecto, y que por tanto yo creo que sería la persona…».

Se refería Pastor a Carles Sumarroca, el empresario más mimado por el régimen pujolista y a quien no se le escapaba jamás un buen negocio. De todos era sabido el apoyo de la familia Pujol a Sumarroca. Por tanto, se imponía entrar en el círculo del clan para medrar a su sombra. La intención de los Siete Magníficos era cortar la influencia de Coello en la Administración y poner en marcha los grandes negocios que planeaban. Pastor no dejaba de atacar a su rival en cuanto podía: «El Coello, imagínate, un tío como él, que debería estar apagado, está medrando. Y está activo. Y pese a todo sigue metiendo baza, cuando lo tendrían que haber eliminado». Hasta llegó a admitir en otra ocasión que «si echan a Coello, la satisfacción sería total».

Al grupo le olió a cuerno quemado que, en un momento determinado, Artur Mas recibiese en secreto a Coello. La información les llegó por boca de Oriol Pujol. Porque, para más inri, al directivo de Applus lo acompañaba Adolf Todó, director general de Caixa de Catalunya, un peso pesado en la economía. Coello, no obstante, también tenía muy buenas relaciones tanto con el director general de Industria, Joan Sureda, como con el director general de Energía, Josep Canós. «Yo sé que Canós hizo negocios con Coello cuando era presidente del Puerto. Porque, claro, el operador logístico con una operativa logística brutal en el Puerto era Canós… era el director general de Abertis y su principal fuente era el Puerto. Y en ese momento, Coello era el presidente. Y es más: el que me quería abrir las puertas de relacionarme con Coello para temas de Applus era Canós. Es que yo me acuerdo de todo», explicaba en cierta ocasión Sergio Pastor.

La oposición al grupo de Coello era mayor, porque Rafael Suñol, antiguo accionista de Alta Partners, se había pasado ahora al otro bando. Pastor admitía que el grupo de Coello, con Suñol, «tienen una cuenta pendiente con Sergi Alsina y quisieron joder a Pedro Navarrete en Sony». La oposición de Pastor a ese grupo era tal que Xavier Pujol dudaba de incorporarle al consejo de Ficosa por si los otros, de los que no tenía malas referencias, tomaban represalias contra él.

Ante ello, los implicados en la trama lo tenían muy claro: su meta era «hacer lobby», copar poder político y poder económico y tejer una red indestructible de intereses. Claro que esos intereses, tal y como se habían concebido, eran bastardos. Sergio Pastor estaba dispuesto a dejar por el camino no solo a rivales, sino a los propios prohombres de Convergència. Quería el poder absoluto, quería los parabienes de la cúpula y a cambio ofrecía ser el perfecto lacayo. Su intención pasaba por crear un exclusivo grupo de presión que realizase cenas privadas con doce o quince comensales en un palacete del barrio de lujo de Barcelona, Pedralbes. Allí se cerrarían negocios y se tramarían operaciones de alto nivel. Esperaba que «la gente» suplicase «ser invitada a nuestra cena». Se trataría de un selecto club controlado por el grupo de amigos, con Oriol Pujol a la cabeza, que pretendería convertirse en el gobierno económico en la sombra,
el que decidiese los negocios que se iban a hacer o que aumentase su poder con el control de instituciones clave. Pero no dejaba de ser otro cuento más de la lechera cuyos detalles discutían entre los socios.

El 28 de junio del 2011, Pastor llama a Alsina, porque ya habían hablado de un tema prioritario: el «asalto» al Colegio de Ingenieros Industriales. Alsina le comenta que ya ha hablado con Oriol Pujol de la necesidad de cambios en la cúpula del colegio y que no veía con malos ojos un cambio en la presidencia. Pastor era de la teoría de que Joan Torres (socialista, vicepresidente de la entidad) se estaba «comiendo» a Joan Vallbé (convergente, presidente del colegio) y eso había que pararlo: había que ponerle a él para pararle los pies. Lo tenía todo planeado: «El que mueve todo es Joan Torres, porque Vallbé es un cero a la izquierda (...) entonces yo, directamente por la cara, cojo y le digo a Joan Torres: “Joan, me han llamado entre los notables. Yo... eso significa que voy a estar en la junta directiva” (...). El tema yo ya lo he hablado con Convergència (...). Porque el colegio es un elemento de crítica por todo. Es decir, en cualquier programa que hagas, energéticos, de líneas eléctricas... o tienes al colegio de tu lado o puedes tener muchos problemas. Es decir, si el colegio te dice lo de las líneas de alta tensión, o sea, por transporte aéreo es una barbaridad, tienes un problema para tu plan eléctrico. Y así con un tema nuclear. Y con muchísimas cosas... tienes muchísimos problemas».

Cierto es que Pastor logró ser nombrado consejero del organismo público Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (Idiada). Sus intenciones ocultas eran que Ficosa lo comprase y que este pasase a ser la división de ingenierías de Ficosa, quedándose con las ITV y barriendo del mapa a Applus mediante la creación de una especie de «Applus 2». «Yo no quiero que me fichen. Yo lo que quiero es que tengamos una cosa nuestra, porque si no, no lo hacemos bien. Yo quiero algo que a todos, llegado un momento, nos sirva de palanca o de protección», confesaba el empresario a Josep Tous. Y Alsina, por su parte, convencía a Xavier Pujol de que mantuviese el proyecto en secreto y, especialmente, que no lo supiese el director general de Industria, Joan Sureda.

A mediados del 2011, los Sergis y Xavier Pujol se reúnen con Sureda, pero no le dicen nada de sus intenciones. Después de la reunión, Alsina llamó a Oriol para informarle de cómo había ido, aunque en cuarenta minutos no habían tenido tiempo de entrar en muchos detalles. Alsina se quejaba de que el director general no estaba en sintonía. «Bueno, ya le pondremos», le prometió Oriol Pujol. Este también le ordenó que estuviese presente en una reunión que Pastor había solicitado con el director general de Energía, Josep Canós. «Has de estar tú, claro. Llega un momento que también… ¿entiendes? El interlocutor también quiero que seas tú, ¿entiendes? Claro, tú le dices: “Sergi, es que Oriol me ha pedido que yo esté”… Y a partir de aquí disparo», asegura el Príncipe a su amigo.

De la intervención de las conversaciones telefónicas se desprende cómo funcionaba Oriol Pujol Ferrusola: daba órdenes a Sergi Alsina y este solo tenía que obedecer y llevar a buen puerto las instrucciones de su amigo. Cuando Xavier Pujol se mostraba remiso a montar la compañía que había de quedarse con los trabajadores excedentes de las multinacionales deslocalizadas (y que luego tendrían la concesión de los informes energéticos en domicilios), Oriol apretaba las tuercas a Alsina. «El Oriol se lo ha dicho bien claro a Alsina; el resultado. El resultado quiero verlo en el papel. Bueno, es que hay más: le ha soltado una
el Oriol… dice, además: “Es que no es la primera vez que deja de pagar el
Xavier Pujol” (…). Lo bueno es que el Oriol le ha pegado una buena bronca. ¿Y sabes lo que le ha dicho a Sergi? Le dice: “Mira, Sergi, que el Xavier Pujol es un rata. Que es un rata. Y te digo una cosa: que ni tú ni yo ni Sergi Pastor somos sus empleados. Él no es el amo de todos, que este se cree el dueño”». Así explicaba por teléfono Sergi Pastor las órdenes de Oriol, sin saber que estaba siendo escuchado por el Servicio de Vigilancia Aduanera.

El propio Alsina llegó a confesar a su socio Pastor que «Oriol me ha dicho que lo diga clarísimamente, que a Xavier Pujol le diga aquí están metidos los Sergis y cuando están metidos los Sergis estoy metido yo. Pero a las claras. O sea, que no se tapa de nada Oriol». También le comenta el reparto accionarial de la compañía de certificación energética: «El 50 por ciento de la compañía para Oriol y nosotros». Y unos días después, hablando con Pedro Navarrete, le advertía que «en algún momento habrá que decirle a Xavi Pujol que también entra Pedro, porque al parecer, ahora Xavi Pujol piensa que solo están Sergi Pastor, Sergi Alsina y Oriol».

El clan de Alsina intentó por todos los medios neutralizar tanto al director general de Industria, Joan Sureda, como al director general de Energía, Josep Canós. Ninguno de ellos veía con claridad los tejemanejes que quería realizar Josep Tous en el asunto de las ITV. Pastor se llegó a quejar a su socio de lo poco que había presionado Oriol. Pero queda un hilo suelto en toda la historia: la información que Artur Mas había recibido en su despacho el 11 de septiembre del 2011 hacía referencia a que podían salir salpicados dos hermanos de Oriol. Sin embargo, en el sumario no consta referencia a nadie más de la familia… a excepción de una breve: un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera de septiembre del 2011 relata:

La necesidad de la ayuda política de Sureda y Canós trasciende el 10 de mayo del 2011 cuando Sergi Pastor recibe una llamada de Sergi Alsina, quien le dice que ha hablado con Xavier Pujol y que las conclusiones son las siguientes: que Xavi Pujol está muy interesado en el proyecto pero que tienen que conseguir que Sureda esté más alineado con ellos y que, según Xavi Pujol, lo más fácil sería que Canós hablase con Sureda y lo entusiasme con el proyecto. Sergi Alsina comenta que también hablarán con Sureda por arriba (refiriéndose presuntamente a Oriol Pujol), información que se corrobora el 12 de mayo. Sergio Pastor dice «en un momento determinado, hacemos un programa de autorizaciones administrativas y nosotros tendríamos autorizaciones administrativas». Pastor dice que en un momento va a pedir que el hermano de Zumosol llame a Canós.

¿Quién es el hermano de Oriol que tiene ascendencia sobre el director general de Energía?

El candidato escondido

Convergència i Unió hizo la campaña electoral de 2012 con miedo. Con mucho miedo. Cierto que en medio de la campaña se hizo público el informe fantasma que aludía a cuentas secretas en Suiza de Jordi Pujol y de Artur Mas. Pero los convergentes tenían otro problema encima de la mesa: el Caso ITV. La información que llegaba sobre la implicación de Oriol Pujol en el asunto era preocupante y la formación decidió esconderle durante la campaña electoral, porque en aquellos momentos era el eslabón más débil que tenían. Incluso más que el Caso Palau, por el que estaba imputado el extesorero Daniel Osàcar.

Oriol solo participó en dos mítines durante aquella campaña: en Tarragona, a poco de comenzar la misma, y en Vilanova i la Geltrú, cuando faltaban cuatro días para los comicios. Era el secretario general del principal partido catalán e iba de número tres en la lista, tras Artur Mas y Joana Ortega, pero figuraba el último a la hora de confeccionar el elenco de los oradores. Ni siquiera participó en el mitin de final de campaña o en los mítines finales en las grandes demarcaciones.

En las anteriores elecciones, sin ser todavía secretario general, era una de las salsas de los actos electorales y un protagonista de primera magnitud. Oriol Pujol, un hombre con una grandísima capacidad de trabajo y trato afable, solía definirse como «independentista, pero sin prisas. No importa que sea mañana, pasado mañana o dentro de veinte años. No tenemos prisa. Lo importante es hacerlo bien».

Oriol, nacido en 1966, fue el único en seguir la senda política del padre Jordi, que lo metió directamente como director general de Asuntos Interdepartamentales en la Consejería de Presidencia, pilotada por Xavier Trias, una persona de la confianza de la familia. Dejó el gobierno para ser concejal por Barcelona y volvió enseguida como secretario de Industria a la Generalitat. Era consejero del ramo Antoni Subirà, primo político de su padre al estar casado con Teresa Comas Pujol. Oriol conservó el puesto en la última remodelación que concentró Trabajo, Industria, Comercio y Turismo bajo el manto de Antoni Fernández Teixidó.

En los círculos soberanistas, se temió que el escándalo de las ITV, en un primer momento, pudiera ser un montaje para desprestigiar al nacionalismo. De hecho, siempre que había alguna información negativa, se achacaba a un montaje antinacionalista del «opresor» Estado español. Pero la cosa no venía teledirigida desde los estamentos políticos, sino desde los judiciales. Además, en el momento en que se airea el asunto, CiU y PP son socios de gobierno en Cataluña: los populares han permitido a Artur Mas gobernar con comodidad y le han facilitado el camino para aprobar sus leyes ómnibus, o sea, los proyectos estrella de la legislatura. Nada hacía suponer una súbita ruptura, a pesar de que el núcleo duro de Convergència insistía en un proyecto de concierto fiscal para robar terreno electoral a Esquerra. Ese núcleo era el que tenía con la mosca detrás de la oreja al gobierno central. Y fue precisamente por su empuje y su radicalización en la primavera de 2012, en la que apoyan la creación de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuando comienzan a indagar los pecados económicos de los dirigentes nacionalistas catalanes.

La gran preocupación de Mas era que Oriol pudiese ser imputado en plena campaña electoral, lo que le habría dejado noqueado. El partido hizo acercamientos a Fiscalía y al estamento judicial para conocer si podría haber novedades sobre el caso, pero las respuestas que recibieron fueron tranquilizadoras. En Cataluña hay pocos jueces estrella que quieran robarle protagonismo a una campaña electoral, fue la contestación aproximada que recibieron los emisarios.

La preocupación también era por el lado de los negocios. El 21 de julio del 2011, Pastor comentaba con María Jesús Muro, incorporada al grupo junto a su esposo, Pedro Navarrete, que había abroncado
a Alsina por la exposición política que este tenía. «¿No quedamos
en que interesaba que tenías que estar en la sombra? ¿No te das cuenta que la gente te ve en el Majestic, te ve en todas partes…? O sea... que lo van a relacionar y acabaremos teniendo un problema de narices». El Majestic es el hotel que CiU convierte en su sede electoral el día de los comicios. Por allí desfilan los altos directivos de la coalición nacionalista y los simpatizantes para apoyar a la cúpula. Es un desfile para ver y dejarse ver. Los que van son los incondicionales, los que están próximos al poder, los que cuidan las relaciones o los que esperan sacar alguna tajada y necesitan dejar constancia de su amor al partido. Y Alsina se dejaba ver entusiásticamente en primera fila. Se hacía notar y se exponía demasiado.

En otra comunicación, el empresario confiesa: «Me preocupa mucho el tema de Zumosol y de Sergi, de que hagan algo que les lleve a cometer un error gravísimo porque… eh… claro, yo, el tema de Zumosol… mira, yo he estado ayer con un alumno mío navegando, con José Carlos Fernández. Y yo, obviamente, no le dije nada, pero José Carlos… O sea, ha estado en la operación en la que Oriol estaba metido sacando dinero de un sitio, ¿me entiendes? Y en este tema hay que ir con mucho cuidado, porque la gente lo casca todo. La gente es listísima».

Dos días antes, Pastor se pavoneaba ante su amiga de que cuando había colocado a la esposa de Oriol Pujol en Applus lo había hecho de manera discreta y que ahora, con el político, intentaba hacer lo mismo, según un informe policial: «Ser muy discreto, y por eso no le escribe, ni le llama, salvo que haya una necesidad, para que la gente no les relacionase».

Sergio Pastor pasó de tener excelentes contactos en Convergència a ser poco menos que un proscrito. Tras estallar el escándalo, su abogado, Xavier Melero, le hizo salir en El Periódico de Catalunya en una surrealista entrevista en que exculpaba del todo a Oriol Pujol y arrogándose la culpa de que casi todo lo que había salido era invención suya. Como si durante años todo lo que había hablado por teléfono hubiesen sido fantasías de una mente calenturienta, historias inventadas de pe a pa, delirios enfermizos. Obviaba las pruebas que habían dejado por el camino, las llamadas telefónicas, las reuniones, los SMS, los documentos... Además, da que pensar que Pastor compartiese abogado con Oriol Pujol y que fuese precisamente el empresario el que entonase un mea culpa para librar de sospechas al todavía secretario general de Convergència. Todo semejaba una burda manipulación.

Lo más curioso era que las confirmaciones de que Oriol Pujol estaba detrás de todo las había realizado especialmente Sergi Pastor en repetidas comunicaciones telefónicas con sus amigos. El 10 de mayo del 2011, reconocía que el negocio de las ITV había surgido de Oriol, «que le dice a Xavi Pujol que le ayude a montar algo para sacar algo de dinero».

Que el hijo de Pujol estaba muy interesado está fuera de toda duda. Para llevar adelante sus proyectos, no solo presionó a los altos cargos de la Consejería de Empresa y Empleo, sino que se comprometió a hablar con Lluís Franco, director de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y con el mismo Artur Mas, quien se debería entrevistar con el mandamás de Yamaha llegado de Japón porque al grupo de los Siete Magníficos le interesaba ese encuentro. Para ello, acuerda con Alsina un calendario que pueda hacer posible la reunión del empresario con el president.

—Lo de Hamano, de los japoneses, esperamos que todo siga como está previsto, la reunión de Hamano con el president, ¿has podido...? —le recuerda su amigo Sergi Alsina.

—Me la has de confirmar. Dieciséis o diecisiete, ¿no? —responde Oriol.

—Dieciséis.

—¿Dieciséis, seguro, al final?

—Bueno, se podría quedar hasta el diecisiete al mediodía. Este viene el domingo por la noche. La idea es hacerlo el dieciséis o diecisiete. Aquí se adaptará. Entre el lunes y el martes, se adaptará.

—Vale, pero, a ver... yo puedo darle a entender que ya es para darle el ok.

—Tú le puedes dar a entender porque este hombre viene a firmar —le apunta el empresario.

—Muy bien.

—Sí, sí, estamos aún...

—Dieciséis o diecisiete. Venga, lo hago ahora mismo, que de aquí a un momento entro en el pleno [se encontraba en el Parlamento catalán] y vuelvo a estar con él —apura el político sin dejar respirar a su interlocutor.

—Venga, gracias, Oriol —se despide Alsina.

Se trataba de visualizar el poder, de proyectar la imagen de que el gobierno estaba dando luz verde a los movimientos que estaban realizando y que implicaban la «necesaria» intermediación de Alta Partners para aminorar los efectos de la huida de la multinacional. Incluso se había pensado en una rueda de prensa en la que Artur Mas apareciese con el máximo ejecutivo de Yamaha. Si para dar a entender que el gobierno se movía había que movilizar al mismísimo president, se haría, igual que había movilizado a Lluís Franco. El 5 de enero del 2011, Oriol enviaba un SMS a su amigo Alsina: «Sergi, he hablado con Manuel Lao hijo. También he hablado con Mas y podría ser que llame a alguno de los dos Lao», le decía. En aquel momento, buscaban un empresario con posibles para hacerse cargo de la factoría de Sharp, otra que se largaba. El 17 del mismo mes, Oriol le informa que el jefe del Gobierno ya «ha hablado con Manel», o sea, con Lao, aunque no especificaba si padre o hijo. Pujol encargó a Alsina concretamente que preparase una reunión de Artur Mas con los directivos de la multinacional. «Esto lo organizas todo a través tuyo y verán también… ¡el poder!», le anima.

En febrero de 2012, es Alsina quien le pide una reunión con el director de la Agencia Tributaria Catalana para tener un encuentro con los asesores del grupo Sesé, el que quería quedarse con la fábrica de Yamaha. Su intención era poder obtener para ese grupo el mismo trato fiscal que se le había dado a Sony y Sharp. «La otra vez fue el president quien habló con él y nos recibió muy rápido. Ahora también es urgente», le comunicaba el empresario a Oriol mediante un SMS. Se evidenciaba una vez más la utilización de las influencias públicas para mover los hilos a conveniencia y para que los políticos de turno se plegasen a sus intereses. Ambos hablan de que Artur Mas fue informado al momento y con todo lujo de detalles de los procesos de deslocalizaciones, lo cual no deja de entrar dentro de la normalidad, y que era Oriol Pujol quien le aconsejaba lo que tenía que hacer. Claro que lo que pilló por sorpresa al president fue conocer los otros intereses ocultos que tenían los demás protagonistas.

Quedaban más sorpresas. Un informe policial de diciembre de 2013 recoge la copia de unos correos del empresario Enrique Marugán a su socio Pedro Olabarría, fechados en mayo del año 2008, cuando todavía estaba en el poder el tripartito presidido por José Montilla. Ambos empresarios, a su vez, son socios de Ricard Puignou en una compañía que ya tenía estaciones pero que aspira a más: Certio. El mail era muy claro: «Oriol Pujol se ha entrevistado con Puignou Jr. Resumen: Van a presentar enmiendas a la Ley de Seguridad Industrial, exigiendo que se aplique a los noventa días la nueva cuota de mercado. Soy [Antoni Soy, secretario de Industria en aquel momento] les ha llamado para consensuar la ley. Le dice a Puignou que si no escinden es porque Coello teme un competidor gerenciado por Puignou. Harán campaña mediática y, aunque no mandan ¡¡piden 30.000 euros!!». En otras palabras: aun en la oposición, los convergentes estaban intentando sacar dinero de debajo de las piedras. Y todo para introducir enmiendas en un proyecto de ley que la propia CiU no podía garantizar, porque no tenía mayoría suficiente para aprobar las enmiendas.

En febrero de 2013 la Fiscalía pidió la imputación de Oriol, basándose en un voluminoso informe de 400 páginas que recogía todas las evidencias sobre la conducta del político: le acusaban de tráfico de influencias y soborno. Solo unos días antes había hecho público un comunicado en el que aseguraba que las informaciones sobre su implicación «no es un hecho casual, sino que tiene como objetivo parar o malograr aquello que gente como yo representamos y deseamos para Cataluña».

Era un último intento de envolverse en la bandera, pero en esta ocasión la enseña no tenía suficiente tela. Decía ahora que no dejaría sus cargos porque eso significaría reconocer implícitamente que era culpable. En ese momento, el entorno de Artur Mas daba ya a Oriol Pujol por amortizado. Había que dejarle caer y pasar página o arrastraría a la cúpula convergente consigo.

La puntilla llegó un mes más tarde, el 19 de marzo de 2013, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le imputó por soborno a él junto a Sergi Alsina, Ricard Puignou y Anna Vidal, su esposa. Fue entonces cuando le obligaron a abandonar la primera línea política: para mitigar los efectos del escándalo, anunció que abandonaba temporalmente los cargos de secretario general de CDC y de presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlamento catalán, aunque conservaba su escaño de diputado. Le sustituirían en el partido Josep Rull y Lluís Corominas, mientras que en el Parlamento sería su mano derecha, Jordi Turull, quien asumiría sus funciones para unificar la presidencia del grupo y la portavocía.

El tribunal recogía en su auto que «gracias a su peso político, tanto como secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y, sobre todo, como presidente de su grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña, y con el objetivo de obtener un beneficio económico para él y/o para sus amigos y colaboradores, llevó a cabo presuntamente las operaciones antes descritas con el fin de obtener la adjudicación de un lote de ITV, vulnerando el derecho a la libre concurrencia pública, de tal manera que con su actuación coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política al resto de implicados en este affaire». En concreto, le acusaba de urdir una trama societaria en la que el político «coordinaba y daba instrucciones a todos de forma periódica». Y remataba con los intereses que podría tener Oriol en la trama. Al constituirse Upprime, la empresa que habría de llevarse todas las concesiones, nombró como director general de la misma a Sergio Pastor, «amigo del señor Oriol Pujol y a quien presuntamente le debía un favor personal. Dicha sociedad se fundó con la participación de Ficosa Internacional en un 70 por ciento y en un 30 por ciento de Coriander, propiedad de Sergio Pastor, cuyo 50 por ciento había de ser transmitido a Sergi Alsina, habiendo indicios de que este lo compartiría con el señor Oriol Pujol Ferrusola».

El 18 de diciembre de 2014, la juez Silvia López Mejía, titular del Juzgado de Instrucción número 9, adonde había vuelto el expediente de Oriol tras salir del Tribunal Superior debido a que ya no estaba aforado, resuelve imputar por segunda vez a Pujol, Vidal, Alsina y Puignou por los delitos de cohecho, falsificación en documento mercantil y contra la Administración Pública, al tiempo que reclama la transcripción de once conversaciones telefónicas entre Pujol y Alsina.

En su auto, la magistrada era meridianamente clara: para llevar a cabo sus trabajos de intermediación, Sergi Alsina «contrataba aparentemente los servicios de Anna Vidal Maragall en concepto de asesoría, pero los servicios que realmente se pagaban eran los prestados por Oriol Pujol Ferrusola, quien utilizaba sus múltiples influencias políticas en beneficio propio, de su esposa y de su amigo, de tal modo que Sergi Alsina contaba con un indudable apoyo político en el Parlamento y en el gobierno de la Generalitat que le facilitaban su labor profesional, a cambio de retribuciones económicas ingresadas en las cuentas bancarias de Anna Vidal por una labor de asesoramiento ficticia». La magistrada calculaba que entre 2008 y 2012, la esposa del político facturó a Alsina casi 1,5 millones de euros, pero luego detectaba servicios «aparentemente contratados y no prestados», en varios años, que ascendían a 499.060 euros, «de tal modo que estas facturas simularon la existencia de una relación contractual entre Sergi Alsina y Anna Vidal con la finalidad de retribuir la colaboración prestada por Oriol Pujol».

Cuando se llega a esta conclusión, el político se encuentra ya lejos de la Convergència que le había visto medrar profesionalmente. Hasta primeros de 2014, la defensa del partido fue férrea. A partir de entonces, su estrella comenzó a menguar y los que antes le arropaban empezaron a huir de él y a criticarle a sus espaldas. El 14 de julio de 2014, el mismo día que su madre y algunos de sus hermanos pagaban religiosamente a Hacienda los impuestos relativos al dinero que habían escondido en Andorra, Oriol hacía público un dolorido comunicado. Hacía mención expresa al proceso político de Cataluña, pero omitía cualquier referencia a la situación familiar:

La provisionalidad en que vive Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), fruto de la delegación de funciones de la secretaría general en el momento en que supe que me habían imputado en el mes de marzo de 2013, se ha resuelto satisfactoriamente durante estos últimos dieciséis meses, tanto en el ámbito parlamentario como en el del partido. Tanto para mantener la necesaria estabilidad parlamentaria, y el apoyo al gobierno, como por la gestión del partido, su coordinación institucional y para hacer frente a las diferentes contiendas electorales que vendrán.

Otra cosa es cómo afrontaremos este segundo semestre del año: el
9 de noviembre, la organización y la participación en el 11 de septiembre y, más adelante, las elecciones municipales el próximo mes de mayo… Soy consciente de que vienen meses en los que nos hará falta mucha fortaleza interior, mucha cohesión, mucha convicción para continuar toda la tarea emprendida, especialmente en el proceso nacional y en la capacidad y voluntad de hacer efectivo el derecho a decidir de los catalanes. Y es en el marco de este reto en que anuncio las medidas que tomo:

Resolver sólidamente y de manera permanente, con la voluntad de acabar con la interinidad, la delegación de funciones de la secretaría general de CDC, de manera que los máximos órganos de dirección del partido y su Consejo Nacional puedan acordar la nueva estructura y responsabilidad sin alterar, en ningún caso, el planteamiento estratégico e ideológico que ya decidimos colectivamente en el congreso de Reus.

Renunciar a mi acta de diputado en el Parlamento de Cataluña porque también desde esta institución haya el máximo esfuerzo y energía concentrados en que el proceso salga bien.

Siempre había mencionado la importancia de la reversibilidad en mis decisiones. Decía que cualquier decisión podría ser reversible, y estas no lo son. No lo son porque la provisionalidad en que ahora estamos instalados, a pesar de haber sido una buena solución temporal, no será lo suficientemente fuerte para dar soluciones y respuestas a los próximos y decisivos meses. Una provisionalidad que, en contra de mis deseos, ha sido y podría seguir siendo demasiado larga.

Tomo estas decisiones ahora, para que el próximo periodo de sesiones en el Parlamento, y también el próximo curso político del partido, empiecen con el orden, liderazgo y personas que Convergència necesita para poder dar la máxima garantía de que el proceso saldrá bien.

Abandono todo para no perjudicar nada.

Oriol Pujol

Barcelona, 14 de julio de 2014

El Príncipe, definitivamente, había caído.

27 Cosa que efectivamente sucedió y que fue plasmada en informes policiales como un trato de favor del político hacia su supuesto socio empresario.

11. LA SAGA

Oleguer: haciendo país

Mientras Jordi Pujol ejercía de guía espiritual de Cataluña y llamaba a fer país (hacer país), el benjamín de su familia, Oleguer Pujol Ferrusola, volaba fuera del nido paterno. Tan fuera que fue a poner sus huevos lejos de la patria catalana, en un paraíso fiscal. Con apenas veinticinco primaveras, Oleguer, que había pasado un fuerte «sarampión» independentista, «hacía país» en la Isla de Man. Su primera inversión conocida en un paraíso fiscal fue el 4 de marzo de 1997, en una oficina que el Barclays Bank tiene en la Isla de Man, en una cuenta en la que tres lustros más tarde aún conservaba un remanente de casi 19.000 euros. Oleguer comprendió enseguida que es más importante fer calaix que fer país (hacer buen negocio que hacer país).

Oleguer Pujol pasa por ser el más activo del clan en cuanto a negocios se refiere. En realidad, siempre fue el más activo, pero supo moverse en la sombra. Nació en 1972 y es el benjamín de la familia. De adolescente, ya sentía pasión por el activismo político y participaba frenéticamente en cualquier acontecimiento independentista bajo la supervisión de sus hermanos mayores, todos correligionarios de la causa separatista. Participó en la campaña Freedom for Catalonia que impulsaban la Crida a la Solidaritat y la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), la rama juvenil de Convergència, aunque nunca llegó a militar formalmente en la JNC. Con solo diecisiete años, en septiembre de 1989, participó en la sonora pitada al rey Juan Carlos durante la inauguración del Estadio Olímpico de Montjuïc, que iba acoger también el Campeonato del Mundo de Atletismo.

Oleguer estudió económicas en Esade entre 1990 y 1995. De 1994 a 1995 cursó un máster en Thunderbird School of Global Management de Phoenix (Estados Unidos). Luego, se puso a trabajar en Londres, en el departamento de fusiones y adquisiciones de Morgan Stanley. En febrero de 2001 funda Drago Capital en compañía de Luis Iglesias, a quien había conocido durante su estancia en la capital británica, más tarde yerno del popular Eduardo Zaplana. Luis, nieto de Luis Rodríguez-Viña, que fuera director general del Banco Ibérico, estudió en el elitista colegio Eton, en Gran Bretaña. Se casó en primeras nupcias con una rica pakistaní y luego, en 2013, con María Zaplana Barceló, hija del expresidente de la Generalitat valenciana y exministro de Trabajo con José María Aznar. María se convirtió, tras ganar Mariano Rajoy las elecciones generales de 2011, en asesora de la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, a su vez esposa de Vicente Martínez-Pujalte. Todo, pues, queda dentro de la gran familia popular. Si Jordi Pujol Ferrusola tenía importantes y solventes contactos y amigos íntimos dentro de la estructura del PP, Oleguer, otro independentista confeso, no se quedaba atrás.

El 11 de enero de 2014 el exfiscal jefe de Cataluña y exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo realizaba una denuncia con datos relevantes sobre Jordi Pujol Ferrusola, su esposa, Mercè Gironés Riera, y Oleguer Pujol Ferrusola. Villarejo quería que se investigara por qué Oleguer acudía a la disolución de la sociedad San Fernando Resort Bahía
S. L. como mandatario verbal de otras dos sociedades: Hard-Woor Mil S. L.
y Somisal S. L., «cuyos socios y objeto social se desconocen».

Esa denuncia fue incorporada luego a la querella interpuesta por Podemos el 2 de septiembre de 2014, que cuenta con el asesoramiento del exfiscal. El texto volvía a recoger que «en los últimos meses, se ha sabido que una empresa de Oleguer Pujol Ferrusola, por ejemplo, recibió 8 millones desde las Islas Vírgenes para comprar un hotel en Canarias». La querella fue admitida a trámite el 1 de octubre. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por presunto blanqueo de dinero y fraude fiscal. No era la única operación sospechosa, porque también había recibido 2.000 millones de euros para la compra de más de 2.000 oficinas del Banco Santander, todo ello desde paraísos fiscales. Era un baile vertiginoso de millones de euros que se escapaba a cualquier raciocinio.

El escrito de Podemos fue la mecha que incendió el polvorín. El
24 de octubre, Oleguer Pujol fue detenido durante unas horas, mientras se registraba su domicilio en la parte alta de Barcelona y oficinas en esta ciudad, Madrid, Valencia y Melilla, en una investigación judicial que llegaría a afectar a veintiséis personas y a una cuarentena de sociedades.

Oleguer tiene fama en los círculos empresariales de buen gestor y de saber hacer negocios. Pero ha tenido un enorme problema: los fondos que mueve son oscuros, demasiado oscuros. Y siempre provienen de paraísos fiscales, lo que produce la extraña sensación de que no todo lo que reluce es oro.

Un informe de Deloitte especifica que el Grupo Drago opera desde el año 2000 y tiene una cartera mediante la que gestiona más de 1.300 propiedades inmobiliarias en España y Portugal. Las inversiones gestionadas por Drago Capital, la matriz, se canalizan a través de diversas sociedades, como Longshore, Jasmund Spain, Step Negocios, Ursus Alfa, Incola Ciudad, GI Investments, Accommodus Servicios 21
y New Positively 21. El grupo controla también Mare Nostrum Capital Managers Ltd., una sociedad constituida en Guernsey en el año 2006, dedicada a «la gestión de las inversiones efectuadas por la sociedad Drago Real State Partners Ltd.». Y otra empresa, Estrategia de Capital Europeo (ECE), creada en España el año 2007, se dedica a «la gestión de las inversiones efectuadas por la sociedad Samos Servicios y Gestiones SLU». Se trata de la primera capa de una ingeniería financiera que cercena cualquier intento de llegar al propietario final del dinero invertido, porque una empresa lleva a otra en paraísos fiscales, y esta a una tercera. Un empresario normal, con negocios normales, nunca echaría mano de una ingeniería como la descrita.

En las sociedades mencionadas, Oleguer Pujol realizó aportaciones en efectivo de 1.187.951 euros, lo que representa «un 0,22 por ciento del importe total de las aportaciones de fondos analizadas durante nuestro trabajo (sin incluir la financiación de entidades financieras) y un 0,04 por ciento del importe total de las inversiones realizadas por las sociedades». Eso decía el informe de Deloitte, hecho a medida para exculpar al benjamín de los Pujol.

¿Cómo mueve su dinero Oleguer Pujol? Sencillo. A través de una estructura en forma de racimo. Tenía una sociedad denominada Orchard Capital. A través de ella, compró el 46,8 por ciento de Jasmund Spain, el 25 por ciento de Accommodus Servicios 21 y el 25 por ciento de Step Negocios. También es el dueño al 50 por ciento de la sociedad Aegle International Ltd., que dispone de un 5,91 por ciento de Drago Real Estate Partners Ltd. (Guernsey). A nombre particular suyo, Oleguer también tiene otro 0,32 por ciento del capital de esta última. El 31 de enero del 2015 se extinguió la sociedad de Guernsey, Drago Real Estate Partners, donde el miembro del clan Pujol mantenía 537.498 euros.

Lo cierto, no obstante, es que desde comienzos del siglo XXI el pequeño de los Pujol controla las inversiones que realiza el fondo Drago Capital, un conglomerado de intereses que suele mover cantidades ingentes de dinero por paraísos fiscales, sean las Islas del Canal, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo o Panamá.

Drago Capital es la sociedad que Oleguer Pujol hacía servir en su perfil de Linkedin, de la que decía ser socio director. Creada el 4 de julio de 2001, su objeto principal era la «gestión de inversiones inmobiliarias, en concreto de las sociedades Longshore y Ursus Alfa». No obstante, también gestiona inversiones de otras empresas del grupo. Por ejemplo, entre el 11 de agosto de 2010 y el 2 de junio de 2014, adquirió inmuebles adjudicados a General Electric y a Cajamar para su posterior venta a través de Ampuria Capital. Drago hizo servir la compañía Step Negocios para comprar, el 7 de marzo de 2011, ocho sucursales de Bankia, una en Oviedo y siete en Madrid, por 25,8 millones de euros. El mismo día, se los alquiló a Bankia por veinticinco años. Este modo de operar se repetiría en varias ocasiones: las empresas de Oleguer compran edificios pero con la condición de que los vendedores los alquilen, al menos, por un periodo de veinticinco años, con lo que se asegura una renta a largo plazo.

La empresa Longshore S. L. repitió la técnica de Drago Capital. Esta sociedad comienza sus operaciones el 31 de marzo de 2008, teniendo como socio único a la compañía Lexxel Servicios Empresariales S. L. y un capital social de 3.010 euros. Un mes más tarde, se convierte en socio único la compañía Drago Mediterranean Holdings Corporatief y es nombrado administrador único Oleguer Pujol, que se convierte en presidente y consejero delegado el 20 de octubre del mismo año. El 10 de noviembre amplía capital en 6.496.990 euros para situar este en los 6,5 millones de euros. En ocho meses, pues, la sociedad pasaba a estar bajo el control total de Oleguer y con un capital millonario.

Pero esa sociedad se creó con un objetivo muy concreto: realizar una operación inmobiliaria en España. Así, el 29 de julio del 2008, Longshore adquirió a Prisa División Inmobiliaria tres edificios, uno en Barcelona y dos en Madrid. El precio total, IVA incluido, fue de 348 millones de euros.²⁸

Longshore pasó a estar participada por Drago Real Estate Partners y el fondo de pensiones canadiense PSP y comenzó a explotar en régimen de sale & lease-back los edificios que albergaban las redacciones de Prisa en Madrid y Barcelona, con un contrato hasta el año 2033. En Madrid, el de los estudios centrales de la Cadena SER fue revendido a Amancio Ortega por unos 400 millones de euros. La plusvalía, pues, fue suculenta.

Pero la operación le reportó más dolores de cabeza. Tras comprar los edificios de Prisa, Longshore firmó un contrato con Drago Capital para que esta gestionase su patrimonio. Y ahí cargó las tintas cobrando unas comisiones abusivas (Drago era exclusivamente suya, mientras que Longshore era compartida con otros accionistas), según sus socios de Longshore, entre ellos The Royan Bank of Scotland, que acabó abandonando la sociedad en 2012 con un sonoro portazo.

Hacienda comenzó a investigar a Oleguer Pujol el 12 de diciembre del 2013. Un año después, envió una comunicación al titular del Juzgado Central número 1, Santiago Pedraz, en la que le advertía de que realizaba diligencias de investigación y comprobación de las operaciones del benjamín de los Pujol. A esas alturas, Pedraz ya había tomado en consideración las acusaciones que se hacían desde Podemos e incluso los servicios de inteligencia se habían preocupado por sus andanzas y habían elaborado un detallado informe sobre algunas de sus operaciones.

Los grandes pecados de Oleguer Pujol fueron siete operaciones bajo sospecha que hicieron saltar las alarmas. La primera era la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros, más 317 millones de IVA. La operación se articuló a través de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, cuya mayoría de capital estaba en manos de Pearl Group. Esta sociedad se creó el 2 de octubre de 2007 y el 23 de noviembre realizaba esa operación. Como en otras similares, automáticamente, la entidad bancaria alquiló las oficinas por veinticinco años.

Tiempo después, el Centro Nacional de Inteligencia realizó gestiones para conocer el origen de los fondos con los que se cerró la compra de oficinas y realizó un informe reservado. Ese interés se debió a la sospecha de que la familia Pujol quería aflorar el dinero pero necesitaba un pretexto. Oleguer consultó con el Banco Santander la posibilidad de algún negocio y los hombres de Botín no se lo pensaron dos veces: tenían el producto perfecto. Sin embargo, les parecieron sospechosas dos cuestiones: primero, que la sociedad que realizaba la operación se creara solo unas semanas antes de la venta. Y segundo, que el dinero aportado provenía de paraísos fiscales. Inmediatamente, dio parte al Banco de España para curarse en salud y así fue como comenzó una discreta investigación.

Viaje a Ítaca (Guernsey)

En Canarias, el pequeño de los Pujol realizó también una operación sospechosa: la compra del hotel Costa Canaria, un establecimiento ubicado en la Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). El hotel fue comprado por la sociedad Servifonia Plus, que pertenecía a Drago Mediterranean Holding, con sede en Holanda. Esta misma sociedad tenía las empresas Bahoruco Park y Arquillo Resorts, que gestionan dos complejos de apartamentos turísticos en Canarias. Bahoruco tiene 64 apartamentos y catorce dúplex y Arquillo, setenta y seis estudios. Para comprar el hotel, Servifonia recibió casi 8,3 millones de euros que le prestaba la sociedad Pavane, propiedad de Luis Iglesias. Pero los fondos llegaron a través de Eldersfield Investments Ltd., tras la cual estaba míster Marc Jonas, un canadiense socio de Pujol e Iglesias. El dinero provenía de Luxemburgo, por lo que las operaciones levantaron sospechas de posible blanqueo de dinero.

En Melilla, el pequeño de los Pujol hizo también negocios enrevesados. El Ministerio de Defensa había cedido unos terrenos de 56.000 metros cuadrados a la ciudad para la construcción de viviendas de protección oficial. Tras venderse a una empresa privada, los terrenos acabaron en manos de Tres Forcas Capital, una sociedad propiedad de Drago Mediterranean, o sea, de Oleguer Pujol, que pagó 15,6 millones de euros. La operación se realiza con una tupida ingeniería financiera: la principal condición inicial era que pudiera construirse en los terrenos un centro comercial (al año siguiente, se renunció a este requisito). Según la policía, es entonces cuando se producen movimientos sospechosos de dinero, puesto que Oleguer Pujol «consigue lo que parece ser una operación de blanqueo de capitales por vía de la compra de acciones por importe de casi 2 millones de euros a través de una sociedad llamada Gestadeneco S. L., más otros 2,3 millones por vía de una ampliación de capital en Tres Forcas Capital. Asimismo, mueve una cantidad de más de 2,3 millones de euros de Holanda (Drago Mediterranean) a Luxemburgo (Pavane Investments S. A.) a través de la venta de las acciones que esta posee de Tres Forcas». O sea: Oleguer compra su parte del negocio a su socio Luis Iglesias, que se desmarca de la construcción de las viviendas. Y todo se realiza con movimientos de dinero cuyo origen se desconoce en paraísos fiscales. Ese dinero llega luego a las cuentas en España y así es como juez y fiscales se ponen a investigar.

Hay operaciones en Madrid y Mallorca también bajo sospecha, que engrosaron la lista del juez Pedraz. Pero lo verdaderamente imponente es el volumen de capital que el joven Oleguer llegó a mover en los últimos años. Al margen de los más de 2.000 millones de la compra de las oficinas del Santander. En su edición del 25 de septiembre del 2014, el diario El Mundo, citando un informe del Sepblac, señalaba que a través de Samos «ha movido 367.661.030 euros en destinos como Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido y Alemania. A través de Longshore, incardinada, al igual que Samos, en el denominado Grupo Drago, ha realizado operaciones por valor de 100.293.736 euros. Con otras entidades, como Bahoruco Park, Tres Forcas Capital, Jasmund Spain o Ursus Alfa, ha movido 89 millones más».

Oleguer dejó sus cargos de vicepresidente y consejero en Samos en 2013, después de conocer que estaba siendo investigado. Sus socios forzaron también que dejase sus cargos en Drago en abril de ese año, cuando sabían que ya Hacienda le estaba siguiendo el rastro y que podía saltar el escándalo en cualquier momento. La empresa Drago Capital hizo público un comunicado el día 24 de octubre, mientras sus oficinas estaban siendo registradas por la policía. Decía que había remitido a la Fiscalía Anticorrupción el 16 de septiembre y a la Audiencia Nacional el 17 de octubre de 2014 el informe pericial de Deloitte, que exculpaba a Oleguer Pujol y con el cual «está absolutamente contrastada la procedencia de los fondos que Drago Capital gestiona y la identidad de sus beneficiarios. Más del 80 por ciento del capital proviene de financiación bancaria, y el resto, de inversores institucionales, entre los que figuran reconocidos fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de inversión de Reino Unido, Estados Unidos o Canadá y que exigen rigurosas auditorías de las sociedades. Los fondos han sido debidamente declarados tanto al Banco de España como a la Dirección General de Transacciones Exteriores. Respecto a la presencia de sociedades de Luxemburgo, Países Bajos o Guernsey, el informe de Deloitte en su resumen ejecutivo concluye que se trata de una operativa habitual y “que entra dentro de la práctica mercantil común en este tipo de operaciones con inversores extranjeros”».

Oleguer siempre fue remiso con Hacienda. En el 2012, se acogió a la amnistía fiscal que promovió el ministro Cristóbal Montoro y afloró unos 3 millones de euros. En 2012, casi duplicó su patrimonio, pasando de 4.930.180 euros a 9.079.112 euros, según su declaración de la renta, lo que justifica por revalorización de activos. Pero se le olvidaron algunas cosas, como las inversiones que tenía en BPA de Andorra. Así, en julio del 2014, presentó una liquidación complementaria de la renta del ejercicio 2009 y pagó al fisco 321.907 euros, ya que declaró un beneficio no justificado de 748.538 euros.²⁹

El 27 de enero de 2015, el diario El País publicaba una «confesión» exculpatoria de Oleguer Pujol, el hombre que años antes le había comprado la sede y que en el momento de la entrevista le tenía arrendadas las oficinas y, por tanto, le cobraba religiosamente el alquiler mensual. Decía en la entrevista: «Siento la imperiosa necesidad de contar que yo no tengo 3.000 millones de euros, ni 500, ni tampoco 89. No es justo». Y destapaba algunas de sus cartas: «La persecución de mis apellidos es clara. Se cuestiona mi actividad profesional por ese motivo. Y la persecución está relacionada con el proceso político en Cataluña».

¡De nuevo el victimismo! ¡De nuevo el envolverse en la bandera! Pero era todo una justificación de cara a la galería. Una mentira más. Un nuevo montaje de la familia, acostumbrada, hasta ese momento, a navegar sin oleaje por el mar de los negocios. El 30 de abril de 2013, presentaba ante Hacienda la declaración modelo 720, es decir, la «Declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero». Y los números eran escalofriantes: su patrimonio en el extranjero llegaba a la friolera de 93,5 millones de euros. Solo en Drago Real State Partners, con domicilio en Peter Port (Guernsey), escondía 80,9 millones de euros en patrimonio. Eso es lo que decía su declaración ante Hacienda. Eran fondos que había establecido en las Islas del Canal el 4 de octubre del 2006.

No eran los únicos fondos que escondía: atesoraba más de 2,5 millones en ING Bank de Curaçao; y 2,1 millones de euros en el
35 por ciento de la sociedad Mare Nostrum Capital Managers Limited de Guernsey, invertidos el 27 de septiembre de 2006; y más de 1,3 millones de euros en The Royal Bank of Scotland Ltd. de la misma isla; y casi 1,8 millones en la sociedad SD Color BH Limited de Bahamas, a donde llegó en el año 2008. Los tentáculos del benjamín se extienden por Panamá (donde invirtió en tres sociedades en el año 2007), las Islas del Canal (Isla de Man y Guernsey), Holanda, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas y Curaçao. Y algunas de sus sociedades tienen nombres tan curiosos como The Itaca Investment Trust (7 New Street de St. Peter Port, en Guernsey), una de las accionistas de Drago Real Estate Partners (aportó directamente 338.559 euros en la compra de acciones de esta entre 2006 y 2013).

Nada que ver con la Ítaca de Artur Mas, la tierra prometida por el presidente catalán a sus acólitos. La Ítaca de Oleguer es más prosaica: además de las acciones de Drago, es también propietaria del cien por cien de Aegle International, otra sociedad offshore domiciliada en Tórtola que desembolsó otros 200.000 euros en la compra de acciones de Drago. Aegle tiene el 11,82 por ciento del total de fondos de Drago Real Estate Partners.

Para mover su dinero en el Caribe, Oleguer utilizaba las compañías Isla Quesito Headquarters Corporation, Isla Quesito Real State, SDColor BH Ltd., y Molamol Headquarters Corporation, todas ellas con sede en Nassau (Bahamas). En Panamá opera con Molamol, Sociedad Desarrolladora Color S. A. y Development S. A. Una despampanante manera de «hacer país».

Josep: el dandi

Josep Pujol Ferrusola es el hijo dandi, el culto, el que estaba llamado a tener un peso específico dentro de la familia, aunque él siempre quiso ir por libre y dedicarse a sus negocios. Hay una cosa cierta: ha sido quizás el miembro más activo, empresarialmente hablando, de la familia, aunque se hayan visto mucho más los movimientos de Jordi
y de Oleguer. Josep, en cambio, siempre supo esconderse en la trastienda de los negocios. Muchas de las iniciativas emprendidas por Jordi tenían, sin que nadie lo supiese, el apoyo económico de Josep, que invertía en negocios seguros.

Josep entró como socio en una compañía formada en Madrid, Innovative Solutions, en la que también participaban, en el año 2000, la sociedad Iniciatives Marketing i Inversions, en la que eran socios Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godes, y dos personas más: Josep Pujol Ferrusola y Santiago Ballesté Coflent, tradicional socio en algunos negocios de Júnior. Durante su trayectoria, Josep estuvo trabajando en el Crédit Suisse España, pero entró a formar parte de la cúpula directiva de
compañías como Labiernag, Laboratorios Favea, Mercados y Gestión
de Valores, BMB Documental, Inversiones Promorim, Promomed, Agrupació Mutua del Comerç i de la Indústria o Projectes Barcelona.

Curiosamente, esta última compañía, creada el 4 de julio de 1985 y dedicada a la realización de todo tipo de estudios y trabajos relacionados con la arquitectura, la delineación, el diseño y la decoración, acabó siendo administrada desde el 22 de noviembre de 1991 por Jordi Pujol Ferrusola. Pero no era su hermano. El Jordi Pujol Ferrusola de esta sociedad era un agente de la propiedad inmobiliaria que también vivía, casualidades de la vida, en la Ronda General Mitre, como la familia del presidente de la Generalitat. De edad similar a la de Josep, el Júnior ful se quejaba oficialmente de que la coincidencia de nombre y apellidos le perjudicaba en su carrera, pero luego sacaba tajada en negocios diversos. Acabó creando empresas relacionadas con arte que falsamente se atribuyen al hijo homónimo del presidente del Gobierno catalán.

Pero en abril de 1992 la sociedad cambia de objetivo social y pasa a tener como dedicación exclusiva «la adquisición o promoción de fincas urbanas para su explotación en régimen de arrendamiento». En ese momento, también son nombrados como administradores solidarios, por un periodo de diez años, Jordi Pujol Ferrusola (el ful) y Josep Pujol Ferrusola, el dandi, el hijo del president.

En 1998 se sentó en el consejo de administración de Distrex Ibérica (que luego cambió su nombre por el de Laboratorios Favea) junto a José Torres Ibáñez y Salvador Torrents, uno de los ejecutivos que pasó por las cúpulas de Prodesfarma o AC Hoteles, y Santiago Oller Daurella, uno de los accionistas de referencia de Laboratorios Almirall. Torres y Oller compartían cargos e intereses en el holding de Antonio Vila Casas.

Pero lo cierto es que la trayectoria de Josep se ha vinculado casi exclusivamente a la sociedad Europraxis, una asesoría mimada por el gobierno catalán y vendida por 45 millones de euros a Indra en el año 2002. La operación de venta fue polémica. En plena negociación, Indra fue beneficiada por un contrato de 13,8 millones de euros del gobierno para modernizar su gestión tributaria. Y a punto de terminar la compra, con otro de 3,43 millones para mejorar la regulación del tráfico. A ellos hay que sumar otro contrato de la Autoridad Metropolitana del Transporte por 4,78 millones y un cuarto con el Puerto de Barcelona, para la formación de la sociedad Estibarna. En un año, tras hacerse con Europraxis, triplicó su facturación.³⁰

A Josep le correspondió la sexta parte de los casi 45 millones y tuvo que negociar con Hacienda el pago de impuestos. En 1999, Europraxis intervino en la mayor privatización que acometió hasta ese momento la Generalitat: se trataba de asesorar a France Telecom, que al final se hizo con el 65 por ciento de Catalana de Comunicaciones (Al-Pi), la empresa pública que se vendía. La firma gala pagó 49,38 millones de euros por su paquete accionarial y Europraxis recibió 360.000 euros por los servicios prestados.

En el año 2002, la compañía de Josep fue escogida para asesorar en el cierre de la multinacional Lear, que anunciaba su deslocalización de Cervera, dejando a la comarca como un páramo laboral tras el despido de ochocientos trabajadores. Por parte de la Generalitat, el negociador para supuestamente evitar la deslocalización era Oriol Pujol Ferrusola. El tema, pues, se quedaba, prácticamente, en una negociación entre hermanos, aunque en realidad las negociaciones fueron más complejas. Si a ello se le añade que el consejero del ramo era primo del presidente Pujol, se conforma una estampa típicamente nepotista en la estructura gubernamental e industrial.

Las sospechosas maniobras de Europraxis provocaron una investigación de la Sindicatura de Cuentas, que elaboró el informe 21/2004 sobre las contrataciones efectuadas por el gobierno catalán de 1996 a 2002 con las empresas Europraxis Consulting Holding, Europraxis Consulting, Cosmopraxis e Indra. Con esta última, los contratos ascendieron a 15,7 millones de euros en el periodo mencionado. Con Europraxis, sorpresivamente, no se encontraron vinculaciones. El informe descubrió, no obstante, que otra empresa del grupo Europraxis, Green-Tal, había recibido casi 30.000 euros del Instituto Catalán de Energía (ICAEN). Pero este expediente no hizo sino aumentar las sospechas de corrupción. La fiscalización se dividió en seis apartados y se responsabilizó de cada una de las partes a un síndico. A mediados de 2003, todos habían acabado su trabajo excepto el convergente Xavier Vela, curiosamente amigo personal de Jordi Pujol. El informe estuvo paralizado por esta cuestión durante varios meses y solo se finalizó bien entrado el año 2004.

Dos años después, en 2006, trascendió, sin embargo, que el Instituto Catalán de la Salud (ICS) había destruido doce expedientes de contratación con empresas de Josep Pujol Ferrusola. Y se supo también que los ayuntamientos a los que se había pedido documentación, en su gran mayoría convergentes, se negaron a facilitar a la Sindicatura de Cuentas datos sobre si habían contratado con Indra o Europraxis. Esta negativa levantó un cierto revuelo político, hasta el punto de que el síndico mayor pidió al Parlamento catalán arbitrar alguna medida para obligar a las administraciones a entregar la documentación que pide el organismo fiscalizador.

Por las mismas fechas, el nombre de Josep Pujol salió a relucir en otras dos investigaciones: por haber cobrado comisiones de la compañía Media Park y por haber cobrado de la Mutua L’Aliança, al frente de la cual el gobierno había puesto a Ramón Carranza. Este llegó a admitir públicamente que la intervención que la Generalitat hizo de esta institución sirvió para enriquecer a empresarios afines a CiU y citó entre los beneficiados a Josep Pujol Ferrusola. Efectivamente: Europraxis se embolsó de la clínica, cuando esta se hallaba bajo medidas cautelares del gobierno de Pujol y en bancarrota técnica, un total de 109.669,93 euros por asesoramiento.

El hijo del president tenía más intereses. Su larga mano iba más allá de Europraxis, su firma Tourisme & Leisure dejó también agrios recuerdos en la Administración autonómica. Y ahí le ayudó de nuevo el primo político de su padre, Antoni Subirà, consejero de Industria.

Tourisme & Leisure se vio salpicada en el denominado «Caso Turismo»: el Consorcio de Turismo de Cataluña, que estaba bajo sospecha de desvío de dinero, había encargado tres estudios a esta empresa por los que pagó casi 125.000 euros en 1995. Esa misma empresa se vio envuelta en otra polémica al cobrar dos veces por un mismo trabajo, un informe encargado por el Consejo General de Arán. Todo era un tremendo negocio.

En 2001, de nuevo Subirà encargó desde el departamento de Industria otros tres informes a esta sociedad, por un monto de 126.212 euros (21 millones de pesetas), encargos que intentó ocultar luego en sus respuestas parlamentarias, cuando fue interpelado por los partidos de la oposición. Si verdaderamente hubo oscurantismo político durante la etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, el caso más paradigmático fue el de las adjudicaciones a las empresas de su hijo Josep, el negociante. Dos de los informes encargados por Subirà evaluaban las posibilidades económicas de un proyecto de la empresa Giturística S. A., que pidió un crédito al Instituto Catalán de Finanzas. La Secretaría General de Industria, entonces regentada por Oriol Pujol, avaló un crédito del ICF por 1,5 millones de euros, basándose en los informes de la empresa de su hermano. Curiosamente, este crédito se concedió al día siguiente de que Giturística obtuviese la licencia de Industria para operar como central de reservas y sin tener todavía activos materiales. Un récord de efectividad que expandía el tufo de la corrupción, luego apresuradamente tapada en el Parlamento con la ayuda del PP, entonces socio político.³¹

El otro estudio llevaba por título «Manual técnico de destinos deportivos en Cataluña». El director general de Turismo, Xavier Civit —otro amigo de los hijos del clan—, ocultó al Parlamento este último encargo, que había costado más de 114.000 euros. Más tarde, cuando se le exigieron explicaciones oficiales, tuvo la osadía de decir que a él le habían reclamado los estudios encargados… no los manuales. Así pues, no los había entregado. Un ejemplo más del cinismo que caracterizó a la Administración en manos de la familia Pujol. Pero queda claro el círculo vicioso: un Pujol (Jordi) preside el gobierno; otro Pujol (Oriol) es secretario general de Industria; otro Pujol (Josep) recibe encargos públicos; y el primo de los Pujol (Antoni Subirà) es el consejero de Industria bajo cuyo manto se hacen las operaciones.

A comienzos de la primera década del 2000, con la polémica sobre los supuestos negocios que estaban realizando los hijos del presidente de la Generalitat, Josep salió a la palestra y publicó una «carta abierta» en la prensa. «Nunca tuve una vena artística, ni me sentí atraído por la farmacia o la biología. Tampoco tenía un negocio familiar por el que luchar y escogí estudiar ciencias empresariales en Esade. Después, perfeccioné mis conocimientos durante dos años más en la Universidad de Nueva York, donde me licencié en el año 1989 con un posgrado en administración de empresas. Desde entonces, no he parado de trabajar». Era enero de 2002 y se ufanaba de que Europraxis daba trabajo entonces a más de doscientos cincuenta profesionales y tenía oficinas en seis países de América y Europa: «El año pasado, su facturación superó los 6.000 millones de pesetas, incluyendo el negocio aportado por Tourisme & Leisure».

Hacía exactamente tres meses que la multinacional Indra había ejecutado la compra de Europraxis por casi 45 millones de euros. Los expertos aseguraban que no valía más de 9 millones. Pero lo cierto es que en los siguientes meses y años comenzaron a lloverle los contratos con el gobierno catalán.

Josep Pujol Ferrusola, no obstante, aseguraba que los contratos con la Generalitat solo suponían para su empresa el 0,25 por ciento del total y decía algo mucho más grave: que las contrataciones con el gobierno de su padre «siempre han sido a través de concursos públicos, donde se demuestra que la propuesta no solo se justifica técnicamente, sino que es competitiva en cuanto a modo». Ni que decir tiene que sus pretendidos concursos eran, en realidad, contrataciones directas, lo que se llama procedimiento negociado, para el cual no se convoca concurso alguno, sino que se piden solo tres presupuestos y se elige el que más convenga… o sea, el que interesa al contratador.

Por ello, solicitaba una ley, si se decidía así, para evitar que los familiares de altos cargos de la Administración pudiesen tener contratos con esta. «Eso sí que sería una ley, pero entonces alguien debería indemnizar, obviamente de forma económica, a todo este colectivo afectado por las actividades políticas de su pariente por el perjuicio que les crea». Todo, para concluir: «Por favor, seamos serios. Yo sé que esta batalla no tiene realmente nada que ver conmigo ni con mis hermanos. Nosotros somos solo un arma cómoda para destrozar a un adversario político, que en este caso es mi padre y las ideas que él defiende».³² Claro que lo decía el avispado que tenía una cuenta secreta millonaria en Andorra, que se estaba beneficiando de contratos a dedo desde la Administración, que acababa de vender su compañía por un precio exagerado y al que acababan de ofrecer «gratis total» todas las sedes del Instituto de Logística Iberoamericano (ILI) para hacer negocios desde las mismas. Un botón más de muestra del modo de gestionar Cataluña por parte de un clan.

El amigo americano

Josep vivió un episodio cuanto menos singular. Íntimo amigo de Juan Manuel John Rosillo, el factótum de Kepro, la multinacional que construyó el centro comercial Diagonal Mar, pasó su luna de miel en un rancho que este tenía en Texas, Estados Unidos. Durante una temporada, Rosillo fue incluso más importante, empresarialmente hablando, que Javier de la Rosa, el empresario del régimen pujolista, al tiempo que se había labrado fama de ser el mayor comprador del mundo de cuadros de Doris Malfeito, la esposa de Macià Alavedra, entonces consejero de Economía. Los cuadros de Malfeito eran tasados, como mínimo, en un millón de las antiguas pesetas, ya que, de ese modo, tenían derecho a entrar en la consideración de obras de arte, según la legislación vigente.

Rosillo se fugó a Panamá en el año 2002, acosado por los escándalos en Barcelona: había contratado a Juan F. B., un deficiente mental (uno de los abogados de Rosillo le conocía porque habitualmente le daba limosna), para ponerlo de tapadera en compraventa de terrenos en Pueblo Nuevo. Luego, le compró un traje, un Rolex y lo soltó en Venezuela. Meses después, desharrapado, el testaferro vio un letrero y entró en la oficina: era una sucursal del Banco Exterior de España, donde le atendieron y lo llevaron a la embajada, descubriéndose todo el pastel. Al muchacho solo le llamó la atención el nombre España del letrero y entró a pedir ayuda. Así fue como se descubrió el pastel.

Rosillo también fue juzgado y condenado por fraude fiscal y homicidio culposo después de atropellar a un joven en la Costa Brava cuando conducía ebrio.

El polémico empresario apareció muerto de un infarto el 21 de octubre del 2007 en el hotel Embassador, en el barrio Bellavista de Panamá City. El personal del hotel encontró su cadáver en la habitación 207, mientras su Chevrolet pick-up estaba aparcado en la puerta del establecimiento. Su abuelo había fundado en 1905 la compañía de seguros La Equitativa, desaparecida durante los noventa, y había sido uno de los mayores apoyos que había tenido Emilio Botín sénior para levantar su imperio bancario. Los Rosillo habían llegado a tener el 10 por ciento del Banco Santander. Juan Manuel nació en México DF y se crio en Texas, donde compartió colegio con Jeff Bush, luego gobernador de Florida y hermano del presidente de los Estados Unidos.

En 1988, John llegó a Barcelona dispuesto a comerse el mundo y a hacer negocio con la compraventa de terrenos. Fundó Kepro y creó el complejo de Diagonal Mar, el mayor centro comercial de Europa en su momento, en el que pensaba invertir la estratosférica cifra de 10.000 millones de las antiguas pesetas (unos 60 millones de euros). Compró terrenos pagando en negro y creó sociedades pantalla como Profimar, al frente de la que puso al disminuido psíquico que luego envió a Caracas. Su estrategia consistía en que los propietarios vendían terrenos a Profimar por un precio bajo en escritura y esta los revendía luego a Kepro a precio real, mucho más elevado. Luego, no pagaba impuestos y Hacienda debía buscar a los testaferros de esa compañía mientras Kepro aducía que sí que había abonado a Profimar el IVA correspondiente. El fraude fiscal se cifró en más de 8 millones de euros. El Tribunal Supremo condenó luego a Rosillo a seis años y medio de cárcel por tres delitos de fraude y le impuso una multa de 731 millones de pesetas, que nunca abonó. Sus socios, condenados a las mismas penas, no pisaron la cárcel.

El 29 de septiembre del 2003 fue detenido en Panamá, pero no pudo ser extraditado porque el país centroamericano no tiene tratado de extradición con España por fraude fiscal. Sin embargo, fue detenido de nuevo el 29 de marzo del 2005, al haber sido hallado culpable de homicidio culposo de un joven. Pasó ocho meses en la prisión El Renacer, donde perdió 21 kilos de peso y se hacía llevar la comida de un restaurante ajeno al centro, al mismo tiempo que pagaba protección a otros presos.

John Rosillo, que alardeaba de haber comprado a media Barcelona con dinero negro, se llevó a Panamá a Josep Pujol a finales de los noventa y lo paseó en helicóptero para que viese terrenos en los que podía invertir. El anfitrión de ambos era Nicolás Barletta, presidente de la Autoridad de la Región Interoceánica, el organismo que gestiona la zona del Canal de Panamá. Lo malo es que allí coincidieron con John Lee Anderson, un periodista estadounidense que luego contó su extraño encuentro con los «dos importantes inversores españoles» en un artículo en el The New Yorker con fecha 29 de noviembre de 1999. Escribía el eminente periodista:

Uno de los españoles, el señor Rosillo, era un hombre obeso impetuoso, con una llamativa chaqueta dorada. El otro, el señor Pujol, era bajo y nervioso y vestía ropa con colores más apagados. Barletta les estaba dando tratamiento de vip, el cual incluía un helicóptero alquilado para ver las propiedades disponibles. Los españoles estaban visiblemente incomodados por mi presencia y Barletta hizo que nuestro encuentro fuera breve. Más tarde, me explicó que el señor Rosillo era un hombre de negocios español-norteamericano increíblemente rico, un financiero internacional muy interesado por invertir en Panamá (…). El señor Pujol, una «figura mayor» en el negocio español de la construcción, a menudo trabajaba con el señor Rosillo en «proyectos internacionales a gran escala» (…). Pronto descubrí por qué los dos españoles, catalanes en verdad, habían estado nerviosos cuando yo estuve junto a ellos. Resultó que el señor Pujol era Josep Pujol, uno de los varios hijos de Jordi Pujol, el presidente de la región autónoma de Cataluña, un kingmaker [se podría traducir por figura de relieve] en la política española. El gran amigo y socio del señor Pujol, el señor Rosillo, no era otro que Juan (John) Manuel Rosillo, que estaba libre bajo fianza y esperando a ser sentenciado por estafa, por un fraude de impuestos multimillonario cometido hacía varios años en España. Al poco de nuestro encuentro en Panamá, Rosillo fue sentenciado a seis años y medio de prisión por un juez de Barcelona, pero apeló.

Kepro acabó presentando suspensión de pagos en 1997 y el centro comercial Diagonal Mar fue terminado por Hines, y Rosillo, antes de huir a Panamá, se fue a vivir a un barco de su propiedad, porque su esposa le echó literalmente de su casa.

Según algunos informes policiales, los Sumarroca beneficiaron a Josep Pujol Ferrusola al transferirle activos muy superiores a los que supuestamente debían a través de la empresa MT Tahat. El patrimonio de esta compañía era impresionante: tres pisos en la calle Canalejas, otro en la plaza Herenni, otro en la calle Alberes, una casa en la calle Alcolea, un local de 116 metros cuadrados en la calle Massens, nueve locales en la calle Pujades, un local en Torrent de l’Olla, dos viviendas en la calle Pierre Vilar de Girona y tres apartamentos en la Avenida Gloreal de Manacor.

MT Tahat fue creada el 30 de julio de 1997 como inmobiliaria. Sus primeros administradores fueron José Luis Gros y Jorge Carlos Esparza. En el año 2000, se nombra administrador a Jaume Ferrer Graupera, que poco después es fichado por Joan Laporta para formar parte de su junta directiva, donde acabaría siendo tesorero y vicepresidente. De Jaume Ferrer, un empresario al que su propio suegro había acusado de competencia desleal, se dijo siempre que era un testaferro de Josep Pujol Ferrusola. En realidad, había sido accionista de Europraxis Group y ya bien entrado el siglo XXI vendió su porcentaje del 16 por ciento en esta sociedad con unas importantes plusvalías. Con Ferrer dominando el timón, MT Tahat amplía su objeto social en 2003 para dedicarse también a «la adquisición, tenencia, disfrute, venta o gravamen de acciones y participaciones en empresas, así como la administración, dirección y
gestión del conjunto de las actividades empresariales de las empresas participadas».

En 2005, MT Tahat como tal se cuela en el consejo de administración de la compañía Business Improvement, una sociedad de inversión que, un lustro más tarde, aterrizó en el consejo de Nauta, la empresa de inversión de Ferrán Soriano. Ferrer dejó de ser administrador de MT Tahat en junio del 2010 y lo sustituyó Luis Vergés, un viejo socio de Josep Pujol en Promomed. Desde junio de 2010, se nombró apoderado de la empresa a Francisco José Vinaches, apoderado igualmente de varias empresas controladas por Josep Colls Alsius, suegro de Josep Antoni Duran Lleida. En octubre de 2014 fue designada como administradora única de MT Tahat Laura Pujol, hija de Josep Pujol Ferrusola. La cuarta generación comienza a ocupar puestos en el organigrama.

Los informes policiales apuntan a que el hijo del expresidente de la Generalitat recibió de los Sumarroca una empresa que pagó a muy bajo precio y que es la que tiene en propiedad la casona de La Tour de Carol, en el sur de Francia. Solo esa casona está valorada en 2 millones de euros. Según publicó el diario ABC, sin embargo, «el 20 de diciembre de 2004, cuando se cumplía un año exacto de la salida de Jordi Pujol del gobierno de la Generalitat, su hijo Josep suscribió 281.300 acciones de la sociedad patrimonial MT Tahat por las que pagaría 1,7 millones de euros. El registro mercantil demuestra que al cierre de 2012, último balance disponible, la sociedad, domiciliada en la calle Diputación de Barcelona, acumulaba una importante cifra de activos: 7,5 millones de euros. Entre el patrimonio de MT Tahat transferido a Josep Pujol está la casa de 2.000 metros cuadrados y la finca de la que disfruta en la Cerdaña francesa».³³ El diario añadía que, como sociedad patrimonial, la compañía posee participaciones en otras mercantiles, «entre ellas una radicada en Suiza, Heritage Finance Trust. La participación de Tahat no es directa, sino a través de otra sociedad interpuesta, denominada CLM Dos».

Sobre Josep Pujol Ferrusola penderá siempre una extraña aventura ocurrida en el año 2011 en Argentina, donde fue detenido en la frontera con Chile. La información recogida por el Equipo Nizkor despeja cualquier duda:

El sospechoso paso de la frontera se produjo el 5 de noviembre de 2011. Aquel día, Josep Pujol Ferrusola cruzó el límite entre ambos países sudamericanos a bordo de una furgoneta Toyota pick-up con matrícula IFD-170 por el paso de Jama, un punto en los Andes a más de 4.000 metros de altitud que enlaza la provincia chilena de Antofagasta con la argentina de Jujuy. Fueron, precisamente, los agentes de la Gendarmería Nacional de este último país los que sospecharon del vehículo y su ocupante (no consta si iba acompañado), por lo que procedieron a interceptarlo. Durante el registro, los agentes localizaron en el interior una importante cantidad de billetes cuya suma exacta no ha trascendido. Pese a lo irregular del «equipaje», los policías dejaron continuar su camino a la furgoneta y a su ocupante, no sin antes tomar nota tanto de la identidad de los mismos como de la matrícula del vehículo para iniciar sus propias pesquisas.

La posterior consulta de la base de datos de automóviles arrojó a la Gendarmería argentina los primeros datos llamativos. La furgoneta figuraba a nombre de una empresa dedicada a la ganadería bovina y al cultivo de soja, trigo y girasol llamada Agropecuaria Andorrana S. A. y que anteriormente se había denominado Pyrenees Sudamérica S. A. Su sede estaba en la cercana provincia de Salta, célebre en España porque en la misma está enclavado el latifundio de limones relacionado con Luis Bárcenas. Como presidente de la sociedad figuraba un prestigioso abogado argentino, Carlos Alberto López Sanabria, poseedor también de la Compañía Industrial Cervecera S. A. y Ganadera del Valle de Anta S. A., así como de un bufete situado en el número 821 de la calle Santiago del Estero de la capital de esta provincia argentina. Los agentes también pudieron comprobar que ese mismo domicilio figuraba como sede social de Agropecuaria Andorrana, pero también de otras empresas, entre ellas dos constituidas en junio de 2008 y dedicadas a realizar inversiones inmobiliarias: Puerto Madero I S. A. y Puerto Madero II S. A. La denominación de ambas hace referencia a la célebre zona de Buenos Aires en la que diversas informaciones sitúan intereses económicos de otro miembro del clan, Jordi Pujol Ferrusola.

Las autoridades argentinas también pudieron recomponer la estancia de Josep Pujol Ferrusola gracias a los registros de entrada y salida en el país. Así, la policía de este país detectó su llegada al aeropuerto de Buenos Aires el 28 de octubre de aquel año a bordo del vuelo de Aerolíneas Argentinas AR-1161. Dos días después, sin embargo, abandonaba el país por carretera rumbo a Bolivia. Para ello, utilizó el puesto terrestre de La Quiaza-Villazón. A partir de ese momento, las autoridades argentinas perdieron su rastro, hasta que seis días después, el 5 de noviembre, fue detectado de nuevo entrando en el país, aunque en este caso procedente de Chile. Es el cruce de frontera en el que se le detectó a bordo de la furgoneta con dinero en efectivo. Un día después, Josep Pujol Ferrusola abandonaba el país a través del aeropuerto de Buenos Aires rumbo a España a bordo del vuelo AR-1160. En total, diez días de estancia.³⁴

Pere, el ecologista

Pere Pujol Ferrusola es el hermano varón más moderado. Alejado de la política como profesión, su nombre salió en multitud de ocasiones ligado a ella gracias a los contratos que los sucesivos gobiernos de su padre o que otras administraciones en manos de CiU hacían a la empresa en que trabajaba. De nuevo, el patrón Pujol aflora en este miembro y en sus relaciones con la Administración.

Pere Pujol, al acabar la carrera, entró a trabajar en la empresa Eco-lògica, propiedad de un ingeniero agrónomo y especializada en consultoría de gestión de residuos. Allí estuvo desde febrero de 1991 hasta mayo de 1993, cuando pasa a trabajar para la compañía Entorn, creada en esa fecha. Durante esa etapa, Eco-lògica facturó al consejo comarcal diversos trabajos que al final no se habían realizado. El escándalo acabó con el propietario de la compañía, Armand Gutiérrez, y el exgerente del Consejo Comarcal del Priorat, Enric d’Anguera, condenados a cuatro y cinco años de prisión respectivamente (al empresario se le redujo en un año la condena) por malversación de caudales públicos y falsificación. Las condenas, así como una indemnización de 190.000 euros, fueron ratificadas por el Tribunal Supremo en el año 2003.

A pesar de que Pere trabajaba en la empresa, el escándalo jamás salpicó a la familia Pujol; sin embargo, ha quedado grabada en la memoria colectiva del Priorat su asociación con el clan Pujol. No deja de ser extraño, por otra parte, que en su comparecencia parlamentaria en 2015, Pere recordara que él había hecho un proyecto en esa comarca, a la que se desplazó con el director técnico de la empresa. «Recuerdo que estuvimos allí con el coche, dos o tres días paseando por el país, muy bonito, tomamos fotos, tomamos medidas, tomamos análisis de agua, de suelo… e hicimos los proyectos de clausura de los vertederos. Recuerden que en aquella época, los vertederos de Cataluña estaban… todo eran comarcas con vertederos incontrolados, lo deben de recordar».

Aunque popularmente se le ha achacado la propiedad de la compañía Entorn, lo cierto es que fue solo un empleado hasta que en 2007 terminó con un paquete de acciones en los bolsillos.

Esta compañía fue creada el 4 de junio de 1993 por Pier Carlos Luis Berglund, Alberto Sumarroca Claverol y Joan Tasias Valls, este último obrando en representación de la Compañía de Estudios y Servicios para el Medio Ambiente (Codema), también propiedad de los Sumarroca. La compañía fue creada para dedicarse a la prestación de servicios de ingeniería, estudios y consultoría en el campo del medio ambiente, la producción y la industria agroalimentaria, aunque también daba servicios para el desarrollo, adquisición y venta de tecnologías y equipos en los sectores de medio ambiente, agrario, forestal e industrial. El mismo día, Tasias extendió un documento notarial en el que daba amplios poderes, como director de la compañía, a Pere Pujol Ferrusola. Desde entonces, continuó ininterrumpidamente en el mimo cargo. ¿Una nueva concesión de los Sumarroca a la familia?

Lo cierto es que Entorn nació con un pan debajo del brazo. O, mejor dicho, con un reguero de encargos oficiales. Para ello, y a la espera de que la propia Administración de la Generalitat le pudiera adjudicar otras cosas, se echó mano de los consejos comarcales, que eran unos órganos creados por Jordi Pujol para contrarrestar el poder municipal de la izquierda. Como la mayoría de los ayuntamientos estaban en manos del PSC, interpuso una estructura más a modo de cuña entre los ayuntamientos y las diputaciones, en su mayoría también en manos socialistas. De este modo, el Estado en Cataluña dispone de la administración local o municipal, del consejo comarcal, de la estructura provincial que le ofrece la diputación, de la administración autonómica y de la administración del Estado. En total, seis niveles de administración que al final acaban pagando todos los ciudadanos. Los consejos comarcales manejan una cifra escalofriante: en 2012, repartían la friolera de 600 millones de euros, que se escurrían entre proyectos diversos, pero que también servían para pagar la estructura, dietas e informes encargados a los amigos.

En su primer año de existencia, Entorn realizó el censo ganadero de las comarcas de Osona, en la Cataluña profunda, Conca de Barberà, Urgell y Les Garrigues. Se embolsó por ello 38,5 millones de pesetas (unos 232.000 euros). Pero a ello hay que añadir el censo industrial de las comarcas del Gironès, Alt Camp y Maresme. O sea, otros 35,5 millones (unos 210.000 euros). El mayor de los contratos fue el de Osona, cuyo consejo comarcal presidía Jacint Codina, diputado de CiU. Le dio a la compañía del hijo del jefe nada menos que 28 millones de pesetas. Convergència trató de esconder todas las adjudicaciones, pero al final tuvo que dar explicaciones, aun ocultando más de la mitad de los contratos. Un responsable del partido salió reconociendo al final que en tres comarcas era la oferta más barata, en otra las ofertas más baratas eran «temerarias» y en una quinta no ganó Pere Pujol. Nada más. ¿Y en cuál había «ofertas temerarias»? En Les Garrigues, la de Entorn era la más cara. Pero la empresa había contratado a la hija del vicepresidente del consejo comarcal y máximo dirigente convergente en la comarca, Antoni Gorgues. De ese modo, se embolsó los 5,2 millones de pesetas (31.200 euros) de la adjudicación.

Todo ello ocurría en el año 1994 y las cifras que hoy pueden parecer ridículas eran, entonces, estratosféricas. En ese ejercicio, le encargaron también un informe «a la carta» para justificar una planta embotelladora de agua mineral en el Montseny. Había que argumentar que no existía déficit de agua en el subsuelo para poder extraer 56.000 metros cúbicos anuales del manantial y ponerlos en el mercado. No problem.

En ese año, el entonces consejero de Medio Ambiente le dio la bienvenida encargándole un estudio sobre el Plan de Protección de Espacios de Interés Natural (PEIN) por 3 millones de pesetas (18.000 euros). No fue el único departamento. Tanto Agricultura como Política Territorial y Obras Públicas también le echaron una mano. En Agricultura era consejero Francesc Xavier Marimón, uno de los protegidos de la familia, al que luego su hermano Jordi le ofrecería ser delegado de la Generalitat en Madrid. Le encargó un estudio sobre el impacto ambiental de los caminos desde Vilalba dels Arcs hasta la ermita de Berrús y desde Bot a Caseres. Desde Obras Públicas, Josep Maria Cullell (que poco después dimitió por un escándalo del que, al final, salió absuelto) le encargó el estudio del impacto ambiental sobre el proyecto de variante de Valldan a Berga, en la carretera C-149.

Durante los gloriosos noventa, Entorn fue recibiendo importantes encargos de las empresas públicas Gisa (que controlaba toda la obra pública) y Regsa (que controlaba todo el área del regadío). A mediados de la década comenzó a recibir también dinero del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN). Entorn participó, gracias a este organismo, en al menos tres programas financiados por la Unión Europea dentro del ámbito de la biomasa, valoración energética de los residuos sólidos urbanos y los impactos medioambientales del consumo de la energía. Recibió del ICAEN casi 6 millones de pesetas (unos 35.000 euros), que se habrían de sumar a más de 7 millones de la Consejería de Medio Ambiente. La empresa de Pere Pujol facturó cientos de miles de euros a la Administración. Hasta tal punto era importante el volumen de facturación pública que a finales de los noventa sus principales clientes eran Generación de Energía (la compañía de energía eólica donde tenían intereses Sumarroca y Joan Fages, otro convergente de pro), la Autoridad Portuaria de Barcelona y Ferrovial, la empresa luego implicada en el escándalo del Palau, donde está acusada de pagar una mordida del 4 por ciento de la obra pública que le encargaban, como donación a Convergència.

La lista de los encargos sospechosos era enorme. En algunos círculos comenzaba también a circular el rumor de que los informes a medida de esta compañía podían solucionar muchos problemas; pero, como suele ser habitual en estos casos, había más de leyenda que de verdad en los rumores. Sí es cierto, por ejemplo, que Entorn fue la empresa que realizó el estudio de impacto ambiental del campo de golf de Vilanera, después de que un primer estudio lo desaconsejase. El gobierno también le encargó el del canal Xerta-La Sènia, lo que supuso el inicio de las obras del trasvase del Ebro, camufladas como mejoras para el regadío. Pero uno de los más importantes fue el informe para la apertura del canal Segarra-Garrigues, la mayor obra civil de Europa en su momento, desautorizado por la Consejería de Medio Ambiente.

Entre 2000 y 2001 las empresas públicas Gisa y Regsa encargaron a Entorn tres informes por casi 200.000 euros. Al año siguiente, la Consejería de Medio Ambiente adjudicó a dedo otro informe de más de 170.000 euros a una Unión Temporal de Empresas formada por Tecnoambiente y Entorn.

A comienzos del siglo XXI, la proliferación de parques eólicos fue un campo abonado para los intereses de Entorn, que vio crecer su cifra de negocio como la espuma. Ya se ha explicado anteriormente cómo se realizó el desbloqueo de varios parques eólicos porque la Consejería de Medio Ambiente tenía informes ambientales negativos sobre el impacto de los mismos. Oriol Pujol Ferrusola, recién ascendido a secretario general de Industria, ordenó nuevos informes (algunos a la empresa de su hermano) para justificar la concesión de las licencias. La luz verde llegó en un tiempo récord de semanas.

Pero, en esa época, Entorn comenzó también a recibir otros encargos, como el estudio de impacto ambiental del alargamiento de la línea 4 del Metro de Barcelona. Eran los estertores del pujolismo y, por si acaso, CiU iba atando compromisos empresariales: adjudicó deprisa y corriendo la línea 9 del Metro y la Ciudad de la Justicia (con un dimensionamiento tal que el tripartito tuvo que reducir el techo construido) y otras obras de envergadura.

En la última legislatura de Jordi Pujol, que terminó en 2003, la oposición reclamó una comisión de investigación sobre los contratos a empresas de los vástagos del clan Pujol, pero las propuestas nunca prosperaron: CiU, que no tenía mayoría absoluta, contaba con el apoyo del PP en el Parlamento catalán.

28 18.729.360 euros le costó la sede de Prisa en la calle Caspe de la capital catalana. Respecto al edificio del grupo editorial de Gran Via de Madrid, el precio pagado fue de 245.549.960 euros; y la sede de la calle Miguel Yuste alcanzó los 83.720.680 euros.

29 El 18 de septiembre del 2014, Hacienda le comunicó que debía comprobar su declaración de bienes y derechos en el extranjero durante 2012 y 2013.

30 El País, 2 de marzo de 2002. Según este diario, Indra cerró la compra de Europraxis el 5 de abril de 2001. Pagó 44,476 millones de euros por el cien por cien de Europraxis. La operación culminó el 31 de diciembre de 2001. Pujol y sus cinco socios se comprometieron a continuar como ejecutivos durante, al menos, cuatro años.

31 El crédito se había concedido en octubre de 2001 para poner en marcha el portal Eoland.com. Tras obtenerlo, fichó a Marcel Forns, director del Consorci de Turisme de Catalunya, que era quien había contratado a Tourisme & Leisure con cargo a los fondos de la Generalitat. En abril de 2003, el proveedor de Internet corta el suministro del portal Eoland por impago. Tampoco abona los plazos del crédito oficial. El gobierno vetó a ICV los documentos de los expedientes, en los cuales se decía que la concesión del crédito era una «operación de alto riesgo» y «no aporta garantías suficientes». En julio del 2003, el Patronato de Turismo, participado por la Diputación de Girona, ha de asumir la gestión de Eoland. Dinero público de nuevo para tapar el agujero.

32 La Vanguardia, 22 de abril de 2002.

33 ABC, 4 de agosto de 2014.

34 http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/pujol13.html.

12. LOS PUIG

Al acecho

Si de Manuel Fraga se decía que tenía el Estado en la cabeza, de Felip Puig se podría decir lo mismo. Pero es el Estado catalán. Puig es un ideólogo, un estratega y un político de raza. De casta le viene al galgo, con un abuelo de la Lliga Catalana de Cambó y otro de ERC. Su bautismo nacionalista, pues, le viene de cuna. Han querido segarle la hierba desde dentro y desde fuera del partido y jamás pudieron con él. Durante mucho tiempo, fue el hombre fuerte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC): portavoz parlamentario de CiU, secretario de Organización del partido y secretario general adjunto. Felip Puig es una de las mentes más racionales del nacionalismo catalán. Meticuloso hasta la saciedad, no solo tiene un gran bagaje cultural, sino que es reconocido como un gran estratega incluso por sus enemigos. Es un hombre hábil y escurridizo, un negociador con talento y un fajador nato. Compañero de colegio de Jordi Pujol Ferrusola (en el Costa i Llovera forjaron una amistad que se ha mantenido inalterable), fue luego el pastor del rebaño independentista de CDC. Era el faro que iluminaba el camino del sector más radical del partido, el que desalojó a la vieja guardia agrupada en torno a Miquel Roca i Junyent.

Felip controló los resortes de todo el partido hasta hace relativamente pocos años, cuando comenzó a discrepar, en privado, de algunos de aquellos que antes se agrupaban en torno a él. Era el pinyol, es decir, el hueso. Le admiraban, le seguían y, lo que era más importante, le obedecían. Allí estaban, entre otros, Oriol Pujol Ferrusola, David Madí, Francesc Homs, Germà Gordó, Marc Puig, Antoni Vives, Damià Calvet, Jaume Ciurana, incluso Joaquim Forn… Era el grupo conocido como «los talibanes», aunque no estaba estructurado como tal. A finales de la primera década del siglo XXI, aquel pinyol que se había forjado en los noventa ya había saltado por los aires. Sus integrantes ni siquiera se dirigían el saludo y se lanzaban acerbas críticas entre ellos.

Puig se distanció voluntariamente del núcleo del poder, para dejar su sitio a Oriol Pujol. En parte, por amistad. En parte, porque no le quedaba más remedio. Jordi Pujol padre había hablado con Artur Mas y le había exigido más protagonismo para su hijo. Primero, había de forjarse una imagen en el Parlamento. Debía visualizarse más. Tenía que proyectar imagen. Así que Felip Puig abandonó las tareas parlamentarias y se dedicó al partido, dejando a Oriol Pujol como portavoz en el Parlamento. Pero su fuerte personalidad neutralizaba todo lo demás. Periodísticamente, Felip Puig era el hombre que siempre daba un titular. Sabía utilizar las palabras para lanzarlas como certeros dardos que siempre daban en la diana. Así que no quedó más remedio que desalojar de nuevo a quien le hacía sombra. Con Felip Puig en la cúpula, Oriol jamás podría aspirar a suceder a Artur Mas. En enero de 2011, es nombrado secretario general adjunto y la estrella de Puig comienza a debilitarse. Le habían arrancado los colmillos.

Sus desencuentros con Artur Mas ya eran demasiado evidentes en esas fechas, aunque venían de antes, entre otras cosas porque Artur Mas no se fiaba de nadie. Francesc-Marc Àlvaro explica que «Puig, que ocupó la consejería de Interior en el primer gobierno Mas —rodeado de diversas polémicas— y pasó a la consejería de Empresa y Empleo en el gabinete formado a finales de 2012, mantuvo siempre una relación complicada con el actual líder de CiU. Por un lado, hay una enorme desconfianza entre ambos, factor que ha ido a más en la medida en que Puig se mostró crítico con algunas decisiones del equipo presidencial y ciertas maneras de llevar el proceso soberanista. Por otra, es notorio que Puig tuvo aspiraciones en lo referente al liderazgo de CiU que no fueron satisfechas por Mas a la hora de repartir juego. El último episodio en este sentido se produjo el verano de 2013, cuando el consejero de Empresa y Empleo dirigió una carta a Mas en la que se ofrecía como vicepresidente del Gobierno y proponía un nuevo organigrama en el que hubiese dos vicepresidencias, una para Unió —que ya ostenta Joana Ortega— y una para Convergència, que sería la suya. Puig también pidió a Mas la secretaría general del partido, para dinamizar la estructura y vincularla de manera más eficiente y ágil al gobierno, un objetivo que él pensaba poder alcanzar dada su experiencia orgánica. El presidente guardó aquella misiva en el cajón y Puig se centró en su trabajo como titular de una cartera clave a la hora de impulsar la recuperación económica».³⁵

Efectivamente, la jugada era doble: el otrora hombre fuerte de CDC consideraba que ERC estaba ganando la partida a CiU y eclipsaba la acción de gobierno, por lo que era urgente poner en el área política a un peso pesado que marcase perfil y pusiese firmes a los hombres de Oriol Junqueras, el republicano que había cogido las riendas de Esquerra. Por otro lado, consideraba que con Oriol Pujol imputado, el partido iba a la deriva, descabezado, como una gallina corriendo sin cabeza. Era imperioso que se pusiese remedio a esa situación y se volviesen a engrasar los engranajes de Convergència. Lo lógico era que Oriol Pujol se retirase discretamente y se eligiese un nuevo secretario general que guiase a la formación y que recuperase el terreno que se iba perdiendo día a día frente a ERC, que se estaba llevando todo el voto soberanista en detrimento de CiU. Puig estaba dispuesto a simultanear ambos cargos para volver a situar a Convergència en el mapa político, pero se encontró con una rotunda negativa de Artur Mas, influenciado por su círculo más cercano, que veía con recelo el «golpe de mano» que Felip quería dar. Si llegaba a hacerse de nuevo con las riendas del partido, más de uno del círculo íntimo del president iba a pagarlo muy caro. El propio Mas desconfiaba de la operación, porque ese podía ser el primer paso para proceder a su relevo. Demasiado peligroso y, por tanto, inoportuno.

El president ya conocía los intrincados vericuetos que seguía Felip Puig para tejer añagazas sobre sus adversarios. Era un cazador nato que no daba puntada sin hilo. Para empezar, lo que le había pedido tras ganar las elecciones era volver como titular de la consejería donde ya había estado durante el último gobierno de Jordi Pujol, o sea, Política Territorial y Obras Públicas, luego llamada Territorio y Sostenibilidad. Pero muchas presiones políticas y empresariales hicieron a Mas decidir que esa cartera no fuese a parar a sus manos. «Pues la presidencia del Puerto», fue la alternativa. Tampoco. Mas había confesado en privado a sus más estrechos colaboradores que iba a ser muy cuidadoso en la adjudicación de responsabilidades. No lo pregonó, pero entre esos cuidados estaba el que ninguna cartera económica fuese a parar a manos de alguien relacionado directamente con la familia Pujol. Y Felip Puig era íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola y uno de sus hermanos era incluso socio de Júnior. Quedaba pues, invalidado para el cargo. Con el Puerto, pasaba lo mismo: era un lugar demasiado vistoso económicamente como para tenerlo en manos de alguien a quien podría salpicar una polémica.

Felip amenazó con abandonar airadamente el partido dando un portazo. En su mano, además, guardaba muchas bazas, tanto relativas a la financiación de Convergència como el control de algunos resortes territoriales que podrían dinamitar la formación y lastrarla justamente cuando acababan de recuperar el poder. Le convencieron con la cartera de Interior. La consejería había quedado destrozada, minada con luchas internas, sin conexión entre los miles de agentes de los Mossos d’Esquadra y la cúpula política, que había arrasado la imagen del cuerpo. El secretario general del departamento, Joan Boada, no se hablaba con el secretario de Seguridad, Joan Delort. En alguna ocasión había dejado de asistir a una reunión por no encontrárselo. Era una consejería donde había muchos desperfectos que arreglar, pero que si funcionaba era una plataforma para lanzar la imagen. Y, además, por ella pasaba información confidencial. Podía ser un lugar clave para controlar absolutamente toda la información sensible.

Al final aceptó el encargo. Pero había condiciones. Artur Mas supo de esas condiciones por la prensa: Felip quería como secretario de Seguridad a Xavier Crespo, alcalde de Lloret de Mar. Mas le dijo que no. Delort era intocable. Felip redactó un edicto en el que lo cesaba y, para no tener que prescindir de él, firmó otro edicto nombrándole asesor. O sea, cargo de confianza, un puesto de libre disposición. En el Palau de la Generalitat saltaron las alarmas. Artur Mas tenía encima de la mesa un abultado dossier que relacionaba a Crespo y a su hermano con la mafia rusa y no podía arriesgarse a que el secretario de Seguridad del gobierno se viese envuelto en un escándalo semejante.

De hecho, Mas tenía en sus manos también el informe 29/2005IP de la Sindicatura de Cuentas, que detallaba gravísimas irregularidades en la sociedad Centres Mèdics Selva Maresme S. L.. Esta compañía contrató los servicios de Crespo y su esposa, Guadalupe Oliva y, por si fuera poco, les compró su cartera de clientes por casi 80.000 euros. Lo que había pasado es que la compañía pública que gestionaba los hospitales de Blanes y Calella había efectuado pagos millonarios irregulares a esa empresa, beneficiando a un grupo de médicos entre los que se encontraba el matrimonio citado. Ambos cobraron cientos de miles de euros y el exalcalde llegó a pagar con fondos públicos sus cuotas del Colegio de Médicos, de la Agrupación de Ciencias Médicas de Girona y de socio protector del Club de Hockey Lloret. El informe de la Sindicatura nunca fue entregado al Parlamento, pero llegó también a la mesa de Mas.

Crespo creyó en el anuncio de Felip y el 4 de enero dirigió una carta a los trabajadores del Ayuntamiento de Lloret anunciándoles la buena nueva:

Os comunico que el muy honorable señor Artur Mas, presidente de la Generalitat, y el honorable señor Felip Puig, consejero, han querido que pase a formar parte de la Consejería de Interior ocupando la Secretaría de Seguridad. Por este motivo, en las próximas semanas dejaré el cargo de alcalde de Lloret de Mar que he venido ocupando desde el 2003.

Ha sido una etapa de mi vida de la que me llevo muy buenos recuerdos, vuestra implicación como trabajadores y trabajadoras, la representación de los diferentes grupos políticos y también una gran experiencia que, a partir de ahora, podré aplicar en este nuevo cargo que asumo con mucha ilusión y ganas de trabajar para todos los catalanes y catalanas.

Tanto uno como otro erraron el cálculo, porque Mas no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Crespo no llegó a ocupar la plaza de secretario de Seguridad, aunque ejerció de diputado en el Parlamento y se le nombró vicepresidente de la Comisión de Empresa y Empleo.

Mas hizo bien. Ese mismo año 2011, la Fiscalía presentó una querella contra Crespo por su supuesta implicación en un caso de corrupción con la mafia rusa, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó la acusación por falta de pruebas consistentes. Sin embargo, el 25 de enero de 2013 la Guardia Civil ponía en marcha la Operación Clotilde y todo se desencadenó. Ese día, detuvo a Andrei Petrov, gran amigo de Crespo, acusado de blanquear más de 56 millones de euros en solo dos años. Josep Valls, mano derecha de Crespo y primer teniente de alcalde de Lloret, fue detenido el 29 de enero. El TSJC, por fin, en una escueta providencia fechada el 26 de febrero, imputaba al ya exalcalde. Petrov le había regalado un reloj Zenith
—valorado en 3.000 euros— y le había pagado viajes a Rusia a él y a su familia. Además, había patrocinado el Club de Fútbol Lloret y el Club de Hockey de la localidad, aquel del que pagaba la cuota el dinero público distraído de los hospitales comarcales. Entre 2007 y 2010, el ruso pagó a los dos clubes 270.000 euros. A cambio, Crespo, en una decisión sin precedentes, le había perdonado la mitad de los impuestos que debía pagar por la construcción de un centro comercial y le facilitaba todos los trámites municipales que necesitase.

Petrov se hacía acompañar siempre por dos ucranianos que años atrás se habían alistado en la Legión Extranjera francesa. Ellos eran también los encargados de llevar el dinero físicamente a Andorra, donde lo ingresaban en el BPA, el banco que acabaría siendo intervenido en marzo de 2015, entre otras razones, por aceptar sobornos de Petrov para esconder su dinero. En una de esas cuentas escondía 40 millones de euros y en otra, 2,6 millones. Durante uno de los viajes pagados a Rusia, Petrov llevó al alcalde de Lloret a presencia de Viktor Karnaikin, considerado uno de los máximos jefes mafiosos rusos y su jefe directo.

Con todo, Puig había salido ganando. Para forzar un pulso con Artur Mas, había anunciado públicamente incluso el nombramiento de Crespo, hasta que recibió una llamada de Presidencia y decidió dejar vacante la Secretaría de Seguridad. Se evitó el escándalo que hubiese supuesto la imputación de Crespo siendo secretario de Seguridad. Hubiese sido como poner el zorro a guardar a las gallinas.

Pero en el organigrama interno del gobierno, Puig salió perdiendo por goleada, porque su empecinamiento y su apuesta fallida le dejaron en entredicho y reforzaron la posición del entonces secretario general de Presidencia, Francesc Homs, su principal rival dentro del gabinete.

A partir de entonces, desde su puesto de consejero de Interior, Puig comenzó a controlar todo. Una de las tareas más delicadas fue tender un puente entre el servicio de Información de los Mossos d’Esquadra y el Centro de Seguridad de la Información (CESICAT).

Los maletines espía

El primer informe conocido de la Udef sobre el caso catalán, fechado el 10 de septiembre de 2012, señala que Jordi Pujol i Soley había convocado una reunión de la cúpula convergente para analizar la situación, los procedimientos contra sus hijos y la repercusión que pudieran tener diferentes sumarios abiertos como el del Caso Palau o el Caso ITV. En la reunión estuvo presente, según ese documento, Felip Puig, a quien «le fue asignada la tarea de labores de inteligencia y que tanteara las necesidades de los que iban a intervenir, en especial del juez competente Josep Pijoan [que llevaba el Caso Palau], surgiendo como forma de sentirse realizado que le gustaría una fundación para reinsertar a los desclasados socialmente (Ires). A partir de ese momento, al parecer, se le ha inyectado a esta fundación fondos de la Generalitat».

Fue este el polémico informe en el que relatan una supuesta anécdota en la que una bolsa que llevaban a casa del consejero se rompió y aparecieron billetes de 500 euros. El tema se zanjó poco después con la excusa de que era dinero del partido que tenía que custodiar. Señala también ese informe que utilizaba como testaferros a José María Penín (pariente lejano suyo, imputado en el llamado «Caso Adigsa» o «Caso del 3 por ciento») y a Ángel Izquierdo.

«Estas mismas fuentes señalan que su obsesión con el dinero es tal que incluso se ha asociado con subasteros, que se quedan con las casas embargadas en los juzgados y que tiene uno al que habitualmente le da dinero en efectivo para que lo use en las subastas y luego se repartan el beneficio». El subastero aludido era Jorge Cuxart, a quien una expareja denunció en un juzgado de La Bisbal de l’Empordà. La mujer relató ante el juez que su exesposo era «socio de Puig y que por ello tiene miedo y se siente amenazada y adjunta una relación de dinero que el tal Cuxart ha recibido en metálico de varias personas, entre ellas el socio Puig». Por último, alude a que entre las propiedades que tiene existe una casa que figura a nombre de una empresa denominada Alba, pero de la que Puig es propietario al 50 por ciento.

Cuxart controlaba una quincena de empresas y había intervenido en grandes operaciones financieras de Cataluña. Un informe confidencial sobre él redactado con posterioridad, en el que figuran varias fotos privadas y tomas aéreas de las viviendas familiares, pone los pelos de punta. Su suegro —el de su segunda compañera— había adoptado a unos diez africanos a los que asignaba cargos de responsabilidad en determinadas empresas. Y el hermano de su suegro estaba vinculado a la Agencia de Meteorología para la que fue designado Oriol Puig Godes, director en 2011, tras la victoria de Artur Mas en las elecciones autonómicas.

En junio de 2011 la principal sociedad de Cuxart, Infocobro, presentaba concurso voluntario de acreedores. En aquel momento, tenía un agujero de casi 15 millones de euros provenientes de concesión de créditos a terceros de difícil recuperación, aunque algunos de esos créditos ya se encontraban parcialmente impagados en el momento de su adquisición.

Cuxart era todo un personaje: en el año 2006 se hizo, en subasta, con las joyas de Ramón Ullastre, uno de los secuestradores de Maria Àngels Feliu, farmacéutica de Olot, en los años noventa. Los beneficios de la posterior venta de las joyas los donó a la ONG Fotógrafos por la Paz. En 2009, decidió invertir en la mítica compañía OSSA. La intención, según los que habían seguido de cerca la operación, era relanzar la compañía como una firma de bandera catalana. Y en esa operación contaba con el apoyo político de Felip Puig. Posteriormente absorbió varios créditos dudosos de Petromiralles, una compañía petrolífera catalana que poco después se fue a pique con una deuda al fisco de más de 100 millones de euros.

Los administradores concursales, tras una verificación de todas las operaciones realizadas por Cuxart desde Infocobro, descubren que en la contabilidad oficial había escondido algunas de ellas. Las más curiosas eran dos préstamos a Oriol Puig Godes. El primero, fechado el 8 de junio de 2009, era de 650.000 euros. El 16 de junio de 2011 Cuxart reconocía en un documento que el crédito había sido devuelto en la cantidad de 679.590,66 euros, aunque no se había registrado en las cuentas de Infocobro. Había otro crédito de 209.300 euros a Oriol Puig y a su empresa Múrgula Investments que fue llevado al juzgado, pero Infocobro desistió más tarde de la demanda y la causa fue archivada el 12 de julio de 2011. Ese importe, no obstante, fue cobrado en mano por Cuxart, según especificaban los administradores concursales.

El 22 de febrero de 2013 el juez le imponía una fianza de un millón de euros, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de territorio español y la obligación de presentarse en el juzgado cada quince días.

Otro informe del 12 de octubre, elaborado por la Unidad de Inteligencia, hila más fino. En las filas de Convergència, explica, «Puig se encargaría de las labores de inteligencia, de blindar las posibles filtraciones y/o fugas de información, así como la adquisición de tecnología agresiva, como la compra de dos equipos Verint de interceptación de comunicaciones, que operativamente y en la actualidad se encuentran instalados en vehículos (furgonetas camufladas), adscritos a los mortadelos en la sede tecnológica de los Mossos del Polígono de Sabadell». Los mortadelos, como ya se ha dicho, son los agentes de los servicios de información que realizan misiones especiales.

Este nuevo informe detallaba que Felip Puig disponía «de varias propiedades inmobiliarias a nombre de terceros y cuentas bancarias en varios paraísos fiscales (Andorra y Suiza principalmente), así como un terreno ya recalificado mediante un proyecto urbanístico, actualmente en suspenso», para el que había utilizado como testaferros a un hermano suyo y a los dos amigos antes mencionados.

Pero la verdadera naturaleza del trabajo de Puig se pone de manifiesto con otras iniciativas, en las que parecía revelarse como el Markus Wolf de Cataluña: «Su nivel de osadía ha llegado hasta el extremo de colocar desde hace varios meses en una plaza del parking enfrente de la casa de la presidenta del PP, ubicada frente al Banco Pastor, una furgoneta de Flaix TV, del Grupo Godó, bajo la cobertura de que dicha plaza está asignada por el ayuntamiento». Los investigadores erraban en su informe, porque la emisora citada, que efectivamente dispone de una plaza privilegiada de aparcamiento a nivel de calle en una zona donde no hay aparcamientos, no es del Grupo Godó, sino de Miquel Calzada, más conocido como Mikimoto, nombrado comisario de los fastos del Tricentenario de la caída de Barcelona. Mikimoto no cobra nada por ser el comisario de conmemoración, pero sus emisoras —musicales— reciben como premio 300.000 euros al año de las arcas públicas. Uno más de los derroches del gobierno catalán hacia quienes apuestan por el independentismo y hacen causa pública de esa opción.

Los agentes de la Unidad de Inteligencia iban más allá y denunciaban que la seguridad de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, «está asignada a un equipo de cuatro mossos escogidos de marcada tendencia nacionalista, que tienen la instrucción expresa de comunicar cualquier movimiento de la protegida al propio Puig. Tratamiento similar tiene respecto al ministro del Interior cada vez que viaja a Barcelona, siendo detectada en su casa una de las furgonetas». ¿Espiaba Felip Puig a Jorge Fernández Díaz cuando este viajaba a Barcelona? Según la policía española, sí. Otra cosa es la dificultad técnica para hacerlo aunque dispusiese de los maletines Verint.

Estos artefactos habían sido comprados poco antes a una empresa israelí con base en Suiza y habían costado, al parecer, 320.000 euros. Para probarlos, dos mandos de la policía autonómica de Cataluña se desplazaron a un lujoso hotel de Barcelona donde los vendedores pensaban realizar una demostración. A pesar de que necesitan un certificado de uso final firmado por las más altas instancias del Estado, los maletines que se compraron en Barcelona soslayaron ese trámite al ser adquiridos por un cuerpo policial, pero en calidad de periodo de prueba. Su efectividad reside en que en un radio considerable de distancia pueden monitorizar todos los móviles y grabar las conversaciones que convenga. Dispositivos similares son utilizados exclusivamente por los servicios de inteligencia de toda Europa, aunque no habían sido vendidos nunca a cuerpos normales de policía.

Los agentes, en su informe, hacían también otra apreciación importante: «Felip Puig cuenta como aliado esencial para fortalecer su poder, amén de aumentar sus negocios, a su hermano Jordi, socio y persona de total confianza de Jordi Pujol Ferrusola, con quien comparte negocios, sociedades e incluso oficinas». El informe de octubre de 2012 apunta también a que Puig utilizaba como «espía» dentro del Ministerio del Interior a un exjefe superior de Policía de Barcelona, que le pasaría información privilegiada. «Le está informando de la operativa, medios con que se cuenta, así como de cualquier actividad de dispositivos y/o equipos que procedan de Madrid». Ese exjefe superior, decía el informe, inició un acercamiento «con el actual jefe de seguridad del Grupo Planeta, toda vez que su presidente, José Manuel Lara, ha mostrado un total rechazo al independentismo». Se suponía que ese acercamiento debía servir para controlar a Lara.

En un apartado donde se apuntaban «otras líneas de investigación», los agentes de la Unidad de Inteligencia volvían a referirse a Puig y pedían verificar «si a través de Société Générale de París y de Banco Pastor de París ha movido dinero de los Pujol a través de Intertrust, fondos de Singapur con estructura en Ginebra. Ya en su momento, Arturo Fasana se refirió a la cuenta Canónica de HSBC, vinculada a dirigentes de CDC. Ello lo haría a través de su cuñada». O sea, a través de la pareja de su hermano Jordi Puig, Masha Petek.

Los informes de Martorell

Cuando CiU ya daba por sentado que iba a ganar las elecciones de 2010 y a recuperar el poder, algunos dirigentes del partido comenzaron a mover hilos para materializar lo que denominaban Proyecto Intelcat. Se trataba de crear una especie de célula de inteligencia en Presidencia del Gobierno para crear unos servicios de información similares al CNI español. De hecho, la ley prohíbe la creación de un organismo similar, pero estaban dispuestos a hacerlo de manera que no lo pareciese oficialmente.

La llegada de Felip Puig a Interior frustró otros planes que Mas había diseñado a medida: llevar al exdirector de los Mossos en tiempos de Pujol, Xavier Martorell, a esa consejería. Se daba la circunstancia de que Puig abominaba de Martorell porque se rumoreaba que este había encargado varios informes confidenciales sobre él y su familia, por lo que vetó su entrada en Interior.

Xavier Martorell estaba entonces de director de seguridad del FC Barcelona.³⁶ Por sus manos habían pasado muchos informes que encargaba a la agencia Método 3 y que pagaba el club que presidía Joan Laporta. Se había investigado a periodistas, a amigos del presidente culé y, sobre todo, a políticos. El informe sobre el exvicepresidente Ferran Soriano, cuando este ya estaba al frente de la aerolínea Spanair, era de 156 páginas, pero 140 de ellas eran una copia del contrato de venta de su empresa Cluster a la multinacional Diamond. De Sandro Rosell había hasta cuatro dosieres, tanto de sus actividades en España como en Brasil. Sobre el presidente de la Generalitat José Montilla se hizo un informe de 54 páginas y sobre el diputado socialista Xavier Sabaté otro de 39 páginas; sobre ERC y su Fundación, otro de 18 páginas; y sobre las posibilidades que tendría Laporta como candidato de la formación Reagrupament, un dossier de 27 páginas.

Lo interesante, sin embargo, eran varios informes sobre la familia Puig. El primero estaba centrado en el hermano mayor, Felip, y llevaba por título «Proyecto FP», es decir, Proyecto Felip Puig. Al comienzo advertía que era un preinforme «tal y como indica nuestra propuesta de fecha de 29 de febrero de 2008». Y luego añadía: «Se debería realizar la segunda fase, dado que existen muchas vías de investigación abiertas». Las conclusiones no tenían desperdicio:

1. Se debería REALIZAR la SEGUNDA FASE dado que existen muchas vías de investigación abiertas.

2. Existen relaciones con empresas que tienen relaciones con la Administración que se debe investigar.

3. El patrimonio de Jordi y Oriol Puig es inmenso (siempre a través de patrimoniales) y por tanto DEBE seguirse con la investigación.

En él, aporta los datos personales, propiedades y detalles del crédito hipotecario que estaba pagando. A nombre de Felip solo constaba en los archivos oficiales su vivienda habitual, comprada por 450.759,20 euros, para lo que obtuvo un crédito de 450.000 euros. Las cuotas mensuales que pagaba eran de 1.340 euros, a través de una cuenta con un saldo de 1.500 euros. Pero tenía otra cuenta en la que realizaba «ingresos en metálico». El informe aducía que «solo tiene pendientes de pago 200.000 euros, por lo que ha amortizado más de lo normal». También incorporaba los historiales laborales de sus hermanos, las propiedades de los mismos y las empresas que utilizaban. En sucesivas ampliaciones, iban añadiendo documentos de registros públicos de las compañías de todos los hermanos.

Una posterior ampliación detallaba que la sociedad patrimonial de Felip aún no había presentado el documento 347 a Hacienda (el que incluye los proveedores y clientes) y resaltaba una frase: «Se recomienda investigar este punto en el mes de septiembre y ahí se detectarán todos los ingresos de FPG». O sea, de Felip Puig Godes. En aquellos momentos, aseguraban los detectives, «la cuenta referida en el informe [es decir, la personal, a través de la que abonaba la hipoteca] sigue manteniendo ingresos en metálico y acaba de empezar a recibir traspasos económicos desde la sociedad FPG Enginyeria. Tiene agrupada la deuda hipotecaria de 550.000 euros, de la que ha amortizado 218.000 euros». Tres meses más tarde, los detectives vuelven a hurgar en sus cuentas y amplían su informe inicial añadiendo que el político recibió 13.920 euros de la sociedad Ascot Inversiones, la que controla su hermano Jordi, y otros 10.440 euros de CDC.

El más voluminoso, sin embargo, se realizó a posteriori y detallaba su trayectoria: licenciado en ingeniería de caminos por la UPC, cursó la especialización de transportes, urbanismo y agua. También es diplomado en administración de empresas por la Politécnica de Madrid. «Inició su carrera política como concejal en el Ayuntamiento de Parets de 1987 a 1996. Milita en CDC desde 1976. Posteriormente ha sido director general y secretario general del Departamento de Bienestar Social, consejero de Medio Ambiente entre los años 1999-2001 y de Política Territorial y Obras Públicas desde noviembre de 2001 hasta diciembre de 2003». Tras dejar el gobierno, fue nombrado portavoz de CiU en el Parlamento catalán, cargo en el que fue sustituido por Oriol Pujol en noviembre de 2007, al tiempo que pasaba a ocupar la secretaría general adjunta de Convergència. «Como anécdota, decir que participó en 2007 en el concurso de fotografía del “Magazine” de La Vanguardia con una fotografía de la isla de Santorini, Grecia», rezaba el dossier.

Destacaba el informe que había participado en la elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña y a continuación enumeraba las noticias negativas, centradas en el escándalo del 3 por ciento, ya que los hechos que se denunciaban ocurrieron mientras él era consejero de Obras Públicas y el principal acusado, José María Penín, era pariente suyo. «Otro punto negativo acerca de Felip Puig, y explotado por la oposición en su momento, fue que destinó a publicidad dieciséis veces más de lo presupuestado en 2003, el año en que CiU perdió el poder. Parece que hubo una desviación de fondos a través de publicidad con facturas hinchadas», decía antes de enumerar todas las propiedades suyas y las empresas de sus hermanos.

A ese informe inicial, de una treintena de páginas, le fue añadido posteriormente un anexo de folio y medio con datos muy precisos sobre el que consideraban su hombre de confianza en la Costa Brava, Ramón Ramos, exalcalde de Blanes, de quien relataban su vida laboral y algunas de sus particularidades, como las compras de artículos de lujo que hacía. Con posterioridad, también se añadieron algunos folios con información confidencial. Ese añadido, no obstante, se realizó ya fuera de la agencia de detectives que había realizado el primer informe. Y ahí es donde le vinculaban a supuestas comisiones, relacionándole con altos cargos concretos de algunas constructoras. Apuntaba ese anexo que su hermano estaba enviando dinero a México a través de una sociedad denominada Iberoamericana de Business and Marketing (Imisa), lo cual era cierto, aunque en esta empresa compartía intereses con Jordi Pujol Ferrusola.

El nuevo informe subrayaba que Puig era asesor de Casinos de Cataluña con un salario de infarto, circunstancia que el político siempre negó. Incluso narraba que «casi nunca paga con tarjeta sus excesos gastronómicos en el Celler de Can Roca (suele ir los jueves) u otros, sino que lo hace en efectivo y muchas veces con billetes de 500 euros». Era, evidentemente, una exageración. Puig no había ido más que una o dos veces al selecto restaurante de los hermanos Roca y, además, cuando salía, siempre pagaba con tarjeta de crédito. Entre otras cosas, porque el partido se lo permitía.

Los enemigos internos que tenía en Convergència habían aportado información confidencial suculenta. En Salou (Tarragona), le acusaban de haber promovido una moción de censura contra el equipo municipal de gobierno, formado por CiU y PSC, además de los independientes de RDS (Renovación Democrática de Salou). Lo que pretendía, decían sus detractores, era desbloquear un proyecto de construcción de un centro comercial y de oficinas que había sido rechazado por el consistorio. El promotor era un socio de Jordi Puig en otros negocios. «A espaldas del comité local de CDC, Felip Puig promovió y firmó la citada moción, que devolvió la vara de mando de la alcaldía al partido independiente FUPS, con el apoyo del PP. Lo justificó por estrategia política: quería absorber en un futuro a FUPS y sus votantes. Para la moción, se sirvió del voto de uno de los tres concejales de CiU que había en el ayuntamiento, Marc Montagut, que ahora ostenta la cartera de Urbanismo».

El informe era particularmente crítico. «En cada provincia catalana, el señor Felip Puig tiene a sus recaudadores (normalmente en cargos públicos) para que vigilen sus intereses privados y de partido». Aseguraba el texto que había dado órdenes al grupo de CiU en el Congreso para aprobar una subvención pública al Festival de Peralada (que organiza Artur Suqué, el factótum de Casinos) y terminaba señalando que tenía dos oficinas «recaudatorias», una en la calle Ganduxer (que era donde tenían despacho Jordi Pujol Ferrusola y Jordi Puig Godes) y otra en la calle Copérnico. En esta calle tienen su sede varias empresas de su hermano Oriol Puig, aunque Felip guarda celosamente el domicilio de un pool propio de empresas en la calle Laforja. El último párrafo volvía a poner el dedo en la llaga: decía que Felip y Júnior se habían metido a fondo en un negocio de basuras en México, donde compartían intereses con un amigo de la infancia: Gustavo Buesa. Y ahí no iban desencaminados, puesto que fue uno de los extremos que más tarde afloraron y que ordenó investigar el juez Pablo Ruz.

Entre las conclusiones que detallaba el dossier, pedía cruzar datos de facturaciones de varios supuestos testaferros «para poder probar pagos irregulares» a determinadas sociedades, como las de Buesa. El informe sobre los Puig con los nuevos datos sensibles fue enviado al aún juez Baltasar Garzón, que había abierto la caja de Pandora con la Operación Pretoria.

El difícil oficio de espiar

A punto de acabar el otoño y comenzar el invierno de 2010, Xavier Martorell reunió a un grupo de amigos, entre los que había mandos de los Mossos d’Esquadra, algún policía y jefes de seguridad de grandes corporaciones. Era una cena de despedida. «Me voy a montar el KGB de la Generalitat», exclamó en un ardoroso brindis, cuando el alcohol comenzaba a calentar los espíritus de los presentes. Ya tenía en el bolsillo el nombramiento como director general. Iría a Presidencia, al lado de su amigo y mentor Germà Gordó, secretario del Gobierno, y cerca también del presidente. Su misión oficial era llevar la Dirección General de Análisis y Prospectiva, una herramienta que podría parecer inocua. Pero los análisis que quería hacer iban mucho más allá de sesudos informes científicos.

Para empezar, puso sobre la mesa que para realizar su tarea había que contratar a un equipo que trabajaría externamente. Sería un equipo de su total confianza y el núcleo central debería estar formado por un puñado de elegidos de la agencia Método 3. A él se añadirían un par de detectives y, posiblemente, un par de periodistas. Era una operación descabellada. Los que estaban alrededor de Martorell alucinaban con las pretensiones del otrora jefe de los Mossos. Lo que saldría de allí sería un contrapoder al servicio de información de la propia policía autonómica. Además, la introducción de Método 3 despertaba recelos en la propia estructura del gobierno. Artur Mas fue avisado conscientemente de que si se llevaba a cabo esa operación tendría sobre la mesa un escándalo de proporciones gigantescas, además de que haría el ridículo más espantoso. Aprovechando los recortes presupuestarios, se restringió al máximo la labor de Martorell y no pudo contratar a nadie para realizar sus cacareados informes.

Puig seguía con interés las cabriolas de su acérrimo enemigo en Presidencia. Lo que quería él era pasar desapercibido. Observaba desde lejos el devenir del gobierno, agazapado a la espera de un traspié que le permitiese alcanzar la pole position. Contaba con una baza en la manga: tenía a su policía, su servicio de información y, además, tenía un pie dentro del CESICAT, el Centro de Seguridad de la Información.

El CESICAT era un organismo clave, ya que controlaba los sistemas informáticos. Con su infraestructura, podía ser utilizado como una herramienta de valor incalculable. Se estableció un protocolo de actuación y el servicio de información de los Mossos d’Esquadra destinó a dos agentes como enlaces con ese organismo, que comenzó a controlar muy de cerca a los activistas sociales, especialmente a los líderes antisistema que manejaban a los violentos grupos okupa de Barcelona. Unos meses antes, CESICAT y Mossos d’Esquadra habían realizado férreos seguimientos a los activistas y los informes elaborados por el CESICAT fueron filtrados convenientemente por Anonymus, provocando una tormenta política. Para entonces, no tenían todavía la aplicación Cerberus en marcha, pero se seguía de cerca la actividad de los descontentos. Esta aplicación se podía implantar en un móvil para monitorizarlo a distancia sin que su dueño lo supiese. De ese modo, se podía convertir el teléfono en un micrófono de ambiente o en una cámara de vídeo. También daba acceso a todas las comunicaciones de su propietario y podía servir para entrar en sus cuentas de correo o en sus carpetas. Ese tipo de aplicaciones se pretendía introducir en los móviles de determinados agentes de la policía autonómica que ejercían labores de infiltración, pero no se descartaba que pudiesen ser insertadas en los teléfonos de activistas detenidos.

El 24 de febrero de 2012, el Grupo de Información envía un mail al director de los Mossos, Manel Prat, adjuntándole un listado de cuentas de Twitter a controlar. Entre ellas, hay algunas de determinados activistas sociales implicados en movimientos como el 15-M, la huelga de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y actividades de protesta durante el Congreso de GSM. Prat reenvió el listado a Carles Flamerich, director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, destacando en negrita las cuentas «preferentes» a vigilar.

La obsesión de Puig era el control. Cuando se publica la noticia de que la policía autonómica pretendió introducir un dispositivo espía dentro de los teléfonos móviles de los agentes que se podía activar a distancia para convertirlos en micrófonos y cámaras de vídeo, Felip Puig lo negó vehementemente.³⁷ Algunos mandos de la policía devolvieron los móviles que les habían asignado porque no querían ser espiados hasta cuando se encontrasen en la más absoluta intimidad. Y Puig se vanaglorió incluso de no conocer el programa Cerberus, que era el que se había intentado aplicar. Una ignorancia imperdonable en un conseller. El programa había costado al erario público más de 30.000 euros y el consejero tenía la desfachatez de negarlo todo.

Un informe interno del gobierno detallaba las características del dispositivo: la aplicación estaría oculta y no podría eliminarse, su instalación habría de ser en un tiempo reducido, podría localizar los dispositivos en cualquier momento, activar el micrófono y la cámara remotamente y permitiría navegar por las carpetas. También habría de ser «indetectable para el usuario (ni iconos ni procesos)», habría de estar «instalada en la ROM del dispositivo (rootkit)», que «no desaparezca al resetear», habría de ocultar sus iconos de actividad, tener un consumo razonable de batería y «en caso de cobertura de datos, que la posición se envíe por SMS a un número determinado».

La cosa no se quedaba ahí: había la posibilidad de introducir esos dispositivos en los móviles de los detenidos. Por algo se trataba de un sistema oculto y sin activación de iconos. «Todas las conexiones, procesos y ficheros utilizados por el “modo espía” se ocultarían a nivel de kernel», decían los documentos oficiales. La plataforma de gestión, además, debía ser no rastreable, habría de tener «plataforma de gestión con interfaz web, facilidad de selección de uno o varios terminales a monitorizar», debía permitir la visualización en un mapa, permitir la navegación remota por el sistema de ficheros de la terminal, la «descarga de grabaciones a un repositorio en momento de inactividad del terminal o la posibilidad de hacerlo en tiempo real», el control remoto del teléfono «para configurar los parámetros», el borrado seguro del aparato, la «monitorización de la actividad del terminal», es decir, la posibilidad de oír la llamada efectuada o de intervenir el WhatsApp y el «control del terminal vía SMS en caso de no tener acceso a Internet».

Pero no fue lo único que Felip Puig negó vehementemente. Unos días después, se hacía público un informe sobre la Agencia Nacional de Seguridad Catalana, lo que comúnmente se conocía como CNI catalán.³⁸ Era ilegal y Puig se asustó. Volvió a negar todo. Pero en los documentos se especificaba cómo montar esa agencia que llegaría a tener trescientos seis agentes y un presupuesto de 28 millones de euros. Su núcleo sería el propio CESICAT y se le había buscado hasta sede: en un moderno edificio cercano al centro comercial de La Maquinista. Uno de los informes recomendaba entrar en contacto con los servicios de inteligencia de Israel para la creación de la agencia.

Ante las pruebas que se apilaban sobre la mesa, Puig solo atinó a repetir incesantemente que todo eran fabulaciones. No existía espionaje a activistas. No existía CNI catalán, no existía programa Cerberus…

El 4 de diciembre de 2013, Albert Rivera, presidente de Ciutadans, da a conocer públicamente uno de los documentos sobre la Agencia Nacional de Seguridad, el CNI catalán. En su cajón todavía guardaba otros tres o cuatro, pero quería solo asomar la patita. Artur Mas se queda lívido. A partir de ahí, los acontecimientos se precipitan. Felip Puig había insistido en que todo eran inventos y que no pasaría nada. Ese día, Presidencia del Gobierno mueve ficha. Tiene conocimiento de que existen documentos digitales que han sido pasados a un perito y que tienen huella digital. Apuntan al director del CESICAT, Tomás Roy, y a varios empleados de ese organismo. Todos los documentos son internos del gobierno. «Nada es verdad. Los documentos los ha confeccionado un asesor que tuvo Flamerich y que los ha pasado al periodista. Pero son suyos, no del gobierno», explica Puig a Presidencia. Pero Puig erraba: el asesor a que se refería jamás había trabajado ese tema ni tenía conocimiento de los papeles del CNI catalán, elaborados meses antes de su estancia en el organismo oficial.

En la cúpula del gobierno sabían que esa iba a ser la respuesta de Puig. Conocían toda la cadena de eventualidades que les habían llevado a una incómoda posición. Desde Presidencia, advierten al consejero que ha puesto en riesgo la credibilidad del president y que a partir de entonces diga toda la verdad del asunto. En la cúpula están asustados por el alcance que pudiera tener el escándalo, máxime teniendo en cuenta que la oposición ya reclamaba la comparecencia de Artur Mas para dar explicaciones, mientras el consejero del ramo se escondía tras una infantil negativa.

Por negar, Puig había negado incluso que los dos primeros documentos se redactaron en castellano y se encargaron a la empresa Solium.³⁹ El gobierno pagó 21.240 euros. ¡Y había sido el propio CESICAT quien lo había pagado! Los documentos salían reproducidos en la prensa y ya se comenzaba a hablar de la TIA catalana, una agencia digna de las mejores viñetas de Mortadelo y Filemón, los espías más desastrosos y famosos de la ficción hispana. Se detallaba incluso que las diferentes versiones que luego se hicieron de lo que había de ser el CNI catalán se confeccionaron entre diciembre de 2011 y abril de 2012. ¡Y Puig seguía negando conocimiento!

La presión de Presidencia sobre el consejero aumentó grados. Se iba a oficializar ya la petición de comparecencia de Mas cuando, por fin, Puig cedió a esas presiones y el 12 de diciembre anunció que solicitaba la comparecencia voluntaria ante el Parlamento para explicar todo el tema.

Compareció el 24 de enero de 2014. No quería admitir nada, pero, con la boca pequeña, lo admitió todo. Los papeles eran auténticos. El programa espía de los teléfonos existía y, en unas semanas, se había empapado de lo que era la aplicación Cerberus. Para no reconocer sus mentiras, siguió afirmando que el gobierno no había encargado los informes sobre el CNI catalán —a él le habían reportado algunas versiones—, pero deja abierta la pregunta del millón: ¿El gobierno de la Generalitat paga informes que no encarga? Su disculpa fue que «alguien» de dentro del CESICAT, sin saberlo sus superiores, había elaborado los informes, aunque con el fallo de que llevaban el membrete del CESICAT. Y otro alguien que ya no estaba en el gobierno los había filtrado. Este último parecía referirse a Carles Flamerich, a quien finalmente había cesado en noviembre de 2012 por diferencias irreconciliables: Flamerich tenía más hilo directo con Presidencia que con el consejero del que dependía y eso no lo podía soportar un ego tan elevado como el de Puig. Pero en realidad Flamerich ni siquiera tenía copia de los documentos. La alargada sombra de Mortadelo y Filemón se extendía de nuevo sobre el consejero.

Cuando se conocieron los documentos, Felip Puig era ya consejero de Empresa y Empleo, pero al llegar a este puesto había reclamado para sí el control del CESICAT, que pasó de la órbita de Gobernación al suyo. Por tanto, seguía teniendo el control sobre los mecanismos de espionaje a pesar de haber dejado Interior.

Durante su etapa al frente de los Mossos, Puig ejerció su cargo como si fuese el amo y señor de todo. El 5 de abril de 2012 el consejero recibía un correo electrónico de un amigo suyo que trabajaba para el Grupo Parlamentario Catalán. Le remitía el link de una web con el nombre de felippuig.com. «Supongo que lo debéis saber, pero te lo quería decir por si acaso, que alguien ha activado el dominio, dirigido hacia el diccionario con la definición de infamia. Te lo digo porque si clicas lo verás».

Puig envió inmediatamente otro correo a Carles Flamerich, director general de Seguridad de la Información. «¿Te ocupas, Carles?», era el escueto mensaje. La orden era clara: había que neutralizar ese peligro. El director general redirige el mensaje a uno de sus asesores. «¿Lo puedes petar?», decía. No hizo falta. Un organismo oficial dirigió una comunicación al administrador de la web y este decidió inutilizarla.

El 3 de septiembre de 2012 Puig cita a Flamerich para las 13.00 horas. Le advierte que se trata de un tema personal, porque había un anuncio de sexo que corría por la red que daba el teléfono de casa de una de sus hijas, que no dejaba de recibir llamadas. «¿Lo puedes rastrear?», le dijo, adjuntándole el número. El director general envía el mail a los pocos minutos a Tomás Roy, director del CESICAT, con el lema «muy urgente». Y Roy rebota la comunicación a uno de sus asesores. «Te lo comento cuando nos veamos». En realidad, todo se había debido a un error involuntario del número de teléfono que aparecía en el anuncio de Internet.

El 18 de mayo de 2012 el director de los Mossos d’Esquadra, Manel Prat, envía una comunicación a Carles Flamerich. «Carles, ¿hay alguna novedad sobre la IP de estos anónimos. Es una gestión que hago a petición de Presidencia. Gracias». Resulta que Humbert Ferrer, director general de Corma, era gran amigo de Artur Mas. Tenía problemas en su empresa y comenzaban a correr unos anónimos por Internet que denunciaban algunas irregularidades en la compañía, desde acoso laboral hasta una supuesta contabilidad B que habría sido denunciada ante Hacienda. A finales de enero, Mas presidió la primera reunión del Consejo de Cooperativas, del que formaba parte Humbert Ferrer, que aprovechó para consultarle su problema. Poco después, Prat recibió la orden de averiguar de dónde partían los anónimos y quién estaba detrás del correo desde el que se hacían circular. El objetivo debía ser neutralizar los ataques al amigo del president. Inmediatamente, Flamerich lo envió a uno de sus asesores. «¿Me lo puedes mirar urgente, por favor?». Pero había un problema: el conocimiento público de quién está detrás de una IP, si el propietario no lo desea, solo se puede hacer con una orden judicial, lo mismo que ocurre con la titularidad de un teléfono.

A finales de febrero del 2012, CiU pidió en el Congreso de los Diputados que los Mossos d’Esquadra pudiesen acceder a determinadas bases de datos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil e Interpol, como las del DNI, Embarcaciones, Armas, Tirce (para poder consultar vehículos mediante la introducción del DNI de cualquier ciudadano), Adextra (bases policiales de extranjeros que incluyen fotografía y datos de filiación) o Meinas (para comprobar si una persona ha sido identificada por huellas dactilares en otras zonas del país). Querían también acceso a las comunicaciones que llegaban de Europol y a la oficina Sirene, de localización de fugitivos. La petición fue denegada. En abril, el tema fue debatido en las Cortes y de nuevo se rechazó.

Así las cosas, había que intentar algo por las bravas. El 1 de junio de ese año, el intendente Miquel Justo pidió ayuda a los responsables del CESICAT. «Tal y como os comenté ayer, estas son las bases de datos en las que estamos interesados», decía el intendente en el mail que envió. El comisario de Información, Manel Castellví, también recibió un discreto correo en el que se relacionaban las bases de datos en que estaban interesados los Mossos. Su envío, además, adjuntaba un documento que llevaba por título «Registro central de personas aseguradas», que contenía un total de treinta y cuatro bases de datos a las que la policía autonómica quería acceder. Estaban el DNI, Tirce, Seguridad Social, ATC, Registro Civil, Intervención de Armas, INE, Unespa, Catastro, SCT, Cámaras de Comercio o Extranjería. Si había alguna posibilidad de tener los protocolos necesarios para acceder a esa información confidencial, no iban a ser Felip Puig o los suyos quienes desistieran. En esos momentos, además, estaba llevando a cabo los seguimientos personalizados de los activistas sociales y confeccionando informes personales de algunos de ellos.

Por esa época, el servicio de Información de los Mossos reunió a una decena de sargentos y les encargó los seguimientos y las operaciones más delicadas. Eran auténticos pata negra, de los veteranos. Acababan de nacer los nuevos mortadelos, los que se ocuparían de los casos que no existían. Fue el germen de la UCRO, una unidad secreta que ni siquiera figuraba en el organigrama del cuerpo y cuyas siglas se correspondían con las de Unidad Central de Recursos Operativos. Sus oficinas estaban vedadas al resto de agentes. Allí solo entraba la señora de la limpieza y siempre bajo estricta vigilancia. Uno de esos agentes llegó a entrevistarse con miembros de la dirección del PSC para ofrecerse como contacto en los Mossos y pasar información. Era una añagaza. Lo que intentaban era una maniobra de infiltración a alto nivel. El sargento Miquel Bertrán fue nombrado jefe de la unidad, que dependía directamente del comisario Manel Castellví y de su segundo, Miquel Justo. La sala donde se reunían estaba presidida por una bandera estelada, o sea independentista. «¡El escándalo que se montaría si alguien filtrase una foto de la sala de reuniones con la estelada!», llegó a comentar uno de los sargentos del grupo. Le dieron la razón y la enseña fue trasladada al despacho del jefe de la unidad. «Si pasa algo, esa bandera no tenía intencionalidad política. Es solo un trofeo y fue requisada en una manifestación. Nos la quedamos como recuerdo», dijeron sus superiores a los miembros de la unidad. El perfil de todos los sargentos era el de nacionalistas puros. En los Mossos hay una frase que resume muchas cosas. Cuando se pregunta por alguien a la cúpula, si la contestación es «es de fiar» quiere decir que reúne el requisito fundamental que se ha tenido en cuenta a la hora de repartir cargos de responsabilidad: es nacionalista convencido y acérrimo. En la UCRO, todos eran «de fiar». De ahí que sus principales cometidos estuviesen relacionados con infiltraciones en organizaciones diversas y, especialmente, en los movimientos antisistema y de okupas. Uno de sus agentes, Fran Galera, que tenía antenas puestas dentro de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y que ofició de enlace con el CESICAT en los seguimientos a activistas sociales del 15-M, llegó a ser denunciado ante Fiscalía junto a Miquel Bertrán, su jefe de unidad.

Durante la época de Puig como consejero de Interior, en la primavera de 2012, el CESICAT también redactó informes sobre miembros del gobierno, sus relaciones y los círculos de intereses en que se movían. Dos de esos miembros eran Germà Gordó, secretario del Gobierno, y Francesc Xavier Mena, entonces consejero de Empresa y Empleo, a quien sustituiría a los pocos meses el propio Puig. Otro de los informes era sobre Enric Colet, secretario general de la consejería, hombre de la confianza de Gordó y a quien Puig destituiría cuando llegó a su nuevo cargo. El informe de este último incluía detalles y fotografías de su casa y alertaba de las sospechas de un crédito de 316.000 euros que obtuvo tras su entrada en la Generalitat, a finales del 2010. Colet era uno de los que se oponían a las intenciones de los miembros de la trama de las ITV, donde acabaría implicado Oriol Pujol.

David Madí, en otros tiempos mano derecha de Artur Mas, pero ya fuera de la política, era otro de los espiados. Madí, en realidad, aún tenía mucha ascendencia sobre el president, pero en esos momentos se dedicaba a sus negocios como alto directivo de Deloitte y de Endesa. Xavier Martorell, la competencia de Puig en la creación del CNI catalán, era otro de los hombres investigados. Resaltaba el informe que era administrador mancomunado de ITPS Consultores de Seguridad, «que no presentó sus cuentas en el registro mercantil desde su creación en octubre del 2006». En la misma situación estaba una empresa de su esposa, asesora jurídica en la Consejería de Salud. Había luego varios empresarios, como Joan Albert Arqués, Joan de la Encarnación, Jordi Escalé (que acababa de ser nombrado director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CTTI) y Joan Lluís Quer, el hombre de confianza de Artur Mas para la obra pública. Luego, había un reguero de empresas a investigar.

Las pesquisas se hicieron con sumo sigilo, pero una copia de las conclusiones terminó, de manera anónima, en los ordenadores de Francesc Homs y del propio Artur Mas. Alguien se lo había enviado para que supiesen que estaban siendo investigados desde el propio gobierno. El envío a la cúpula del gobierno se realizó a finales de 2012, cuando estaba a punto de formarse nuevo gabinete. Uno de los principales asesores de seguridad que fueron consultados sobre el particular calibró la situación. «Bien, no sabemos si esto es una advertencia, una amenaza para decir “ojo, sabemos lo que hacéis y os tenemos controlados” o qué coño es. Y solo puede venir de un lado. Yo esperaría a ver cuál es el siguiente movimiento. En realidad, lo que expone es un mapa de influencias. Lo grave es la investigación sobre determinados cargos del gobierno. Pero si esto es una maniobra de Puig y se empeña en seguir por ese camino, yo te diría que habría que “cortarle la cabeza” inmediatamente», explicó el experto a un alto cargo del gobierno en un señorial despacho de la capital catalana después de haber estudiado con calma la información que se había hecho llegar. El controvertido consejero de Interior, no obstante, parecía ajeno a esta nueva maniobra que evidenciaba una cruenta batalla dentro del gobierno catalán.

Con toda esta historia, Felip Puig había aprendido, al menos, que espiar es un oficio muy difícil.

En el plano empresarial, la trayectoria de Puig es mucho más oscura. El 26 de diciembre de 2005, día de San Esteban, festivo en Cataluña, unos ladrones entraron en la sede de Adigsa y se llevaron los discos duros de ocho ordenadores, correspondientes a la cúpula del organismo. En esos ordenadores, aunque fueron «limpiados» a conciencia cuando CiU dejó el poder en manos del tripartito, podía haber quedado rastro de las actividades que los antiguos directivos habían realizado durante las décadas anteriores. Pero más valía prevenir que curar y había que asegurarse de que determinada información no viese nunca la luz. Adigsa había sido uno de los puntos clave por los que había pasado Felip Puig, que antes de ser conseller de la Generalitat había sido consejero delegado y presidente de esa compañía. El «escándalo del 3 por ciento» también se conoce como el «caso Adigsa», ya que el supuesto porcentaje de «mordida» de las adjudicaciones en construcción se pagaba a través de la empresa pública.

En diciembre de ese año, el que fuera jefe de Seguridad de CDC, Ricard Murga, presentó en el juzgado de guardia de Barcelona una querella criminal contra Puig, que entonces era portavoz parlamentario de CiU por haberle tratado de «desequilibrado mental». El exjefe de Seguridad del partido había trabajado también para Adigsa, la empresa que controlaba la vivienda pública de Cataluña. Durante esa etapa, decía —y así lo había expuesto en la querella—, recibía muchas veces la orden de ingresar dinero en efectivo en una cuenta de CDC abierta en una oficina de La Caixa de la calle Diputación, cercana a la sede de Adigsa, y parte del dinero en otra cuenta personal de Felip, en la misma sucursal. Puig era entonces director general de Adigsa y más tarde habría de llegar a la cúpula de la Consejería de Obras Públicas, de la cual dependía este organismo. Murga aseguraba que el dinero era fruto de las comisiones ilegales que se hacía pagar a los constructores, por lo que Puig contraatacó luego con otra querella por calumnias e injurias. Convergència incluso negó que hubiese tenido responsabilidad alguna en al área de seguridad y presentó otra querella.

Pero Murga tenía muchas cosas que decir. Aseguraba que vio personalmente cómo los constructores entregaban las mordidas de entre un 15 y un 25 por ciento del presupuesto. Y comenzaba a dar nombres: en la comarca del Baix Llobregat, el recaudador era Gaspar Major; en el Vallès Oriental, Jordi Turull, empleado de Adigsa y hombre de la confianza de Puig. Turull llegaría a ser presidente y portavoz del grupo parlamentario de CiU años después. Hasta 1995, el reducido círculo de empresarios adjudicatarios de obras en viviendas públicas podría haber pagado varios cientos de millones de pesetas.

A partir de 1995, el sistema se modificó y entró en escena José María Penín, primo lejano de Felip Puig, que operaba como si tuviese mando en Adigsa. En marzo de 2005, el constructor Juan Antonio Salguero denunció que a él le cobraban el 20 por ciento de la adjudicación. Nada del 3 por ciento que Pasqual Maragall le había echado en cara a Artur Mas en el propio Parlamento. Salguero había trabajado
en dieciocho obras para Adigsa y pagó a Penín más de 108.000 euros. Y eso solo en la recta final de la era Pujol.

Puig echaba balones fuera y negaba cualquier cercanía a Penín. Una osada afirmación desmentida posteriormente con la filtración de una fotografía del equipo de fútbol sala donde ambos jugaban semanalmente. Penín estuvo una época en paradero desconocido, pero al final declaró ante la Fiscalía. Admitió que la cúpula de Adigsa, que entonces encabezaba Ferran Falcó (acabó siendo diputado y cabeza de lista de CiU a la alcaldía de Badalona), había ideado una personalísima fórmula para adjudicar los expedientes de obras de los pisos oficiales, fórmula que no se sostenía legalmente pero que se aplicaba a rajatabla. Y añadió algo más importante: «Muchos pisos que rehabilitaban venían de una inmobiliaria del señor Pujol Ferrusola, sobre todo en la zona de Girona y la localidad de Salt».⁴⁰

Un tiempo después, en 2009, en un bar cercano a la plaza Virrei Amat, Murga saboreaba una Coca-Cola mientras picaba unas aceitunas y rememoraba el asunto. Tenía querellas cruzadas con Felip Puig y estaba dispuesto a aguantar el pulso. El 5 de febrero de ese año, el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona sobreseyó la acusación contra él por calumnias. «Yo era de la confianza de Felip. Él me daba el dinero y yo lo ingresaba en la oficina 1142 de La Caixa. Pero una parte iba para el partido y otra para él. Lo normal es que llevase dos o tres millones de pesetas. Hay un informe reservado de los Mossos sobre las “mordidas”. Hablaba de finales de los ochenta y los primeros años noventa, lo que significaba que eran unas cantidades importantes. Como para comprarse un buen piso en el Eixample de Barcelona, al precio que estaban entonces los inmuebles.

Durante el año 2009, a Murga le habían llegado mensajes para hacer las paces, retirar las querellas cruzadas y aquí paz y después gloria. A finales de septiembre, el exjefe de seguridad de CDC tuvo una reunión en el despacho del abogado de Puig. Unos días más tarde, enviaba un revelador mail: «He tenido y estoy teniendo muchos problemas por este tema, amenazas y agresiones físicas, etc., y desgraciadamente no puedo olvidar que tengo mujer y tres niñas que lo son todo para mí». Su esposa acababa de someterse a una delicada operación quirúrgica. Las amenazas recibidas hicieron mella en Murga y el antiguo colaborador de Puig aprovechó para desaparecer del mapa y trasladarse al norte de España, de donde era originaria su esposa.

Los verdaderos intereses de Felip Puig, no obstante, se llevaban desde una oficina en la calle Laforja, en la que el coche oficial le dejaba en ocasiones. ¿Qué había en esa calle como para que Puig la visitase periódicamente? Pues nada más y nada menos que un pequeño pool de empresas que controlaba un íntimo amigo suyo, con quien había hecho el servicio militar y con quien se había asociado posteriormente.

De hecho, Felip Puig ya había estado trabajando en una de esas empresas en los años ochenta: se trata de VVM Veveema, compañía que fundaron Carles Vilarrubí, Pere Macias y Francesc Ventura. El nombre de la compañía, de hecho, corresponde a las iniciales de los tres apellidos. «En VVM, Vilarrubí se encargó de la gestión económica y Francesc Ventura (exdirector general de Vivienda y expresidente de la ATM) se especializó en urbanismo. El tercer socio, Pere Macias, ingeniero de caminos de profesión y actual número dos de CiU en el Congreso, centró su aportación en el territorio. Más tarde, Macias fue alcalde de Olot, consejero de Política Territorial y senador. El primer empleado que tuvo esta empresa se llamaba Felip Puig, el actual consejero de Empresa de la Generalitat, que entonces era alumno de Macias en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña», relata Josep Maria Cortés.⁴¹ Años después, sería nombrado administrador su compañero de mili Jorge San Millán. Este constituyó también una empresa en Mataró bajo la denominación Invertim i 3000 S. L., pero en el mismo domicilio le constaba otra con el elocuente nombre de Estudis i Projectes d’Urbanisme i Obres Públiques S. L..

Puig fue rescatado de VVM en 1988 por el consejero Antoni Comas para hacerlo director general de Bienestar Social. En 1992 sería nombrado presidente de Adigsa. Puig se llevaría como consejero de Adigsa a Ventura y luego lo catapultaría a director general de Arquitectura y Vivienda, consejero de Ferrocarriles de la Generalitat, consejero de la Autoridad Portuaria de Barcelona y como director general, primero, y presidente después de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM). El 1 de enero del 2007, Ventura crearía otra empresa llamada Efeveema Gabinet d’Estudis d’Urbanisme.

La empresa bandera de Felip Puig, sin embargo, es FPG Enginyeria Estrategies Gestió i Desenvolupament S. L., una sociedad unipersonal creada el 15 de septiembre de 2007, con sede en su domicilio particular y dedicada a la realización de estudios y al asesoramiento.

Además de su excelente relación y amistad con Jordi Pujol Ferrusola, plasmada en un capítulo anterior, lo cierto es que toda la familia de Felip siempre ha estado muy ligada a la Administración. Dos exmujeres trabajan para la Generalitat: Vicenta Llanas (en Adigsa) y Josepa Ninou, en el Centre de Promoció de Cultura Popular. Su hermano Oriol es el director del Servicio Meteorológico de Cataluña y la esposa de este, Núria Olivella, fue contratada en 2012 para los servicios jurídicos del gobierno. Este nombramiento provocó dos denuncias: una de CCOO y otra de un abogado que se había sentido excluido del puesto de trabajo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Barcelona declaró posteriormente nulo ese nombramiento. La sentencia especificaba que para ocupar el puesto de trabajo en litigio era preciso proceder del Cuerpo Superior de funcionarios. «Y para la plaza fue nombrada una funcionaria autonómica perteneciente al cuerpo de auxiliares de la Generalitat (grupo D) y que, al parecer, es cuñada del consejero de Interior». Este era el cargo que ejercía entonces Felip Puig. Por tanto, añadía el texto, la plaza fue otorgada a una funcionaria «sin capacidad para ocupar el puesto
de trabajo ofertado». El auto concluía que revocaba el nombramiento de
Olivella al «no ser conforme a derecho por vulnerar el artículo 23.2 de la Constitución Española».

Querella en el Caribe

El que ha padecido más avatares, no obstante, es el benjamín de la saga. A Jordi Puig Godes se le complicaron las cosas en los últimos años por sus rocambolescas aventuras financieras. Tras sus aventuras empresariales con Jordi Pujol Ferrusola, el hermano del otrora hombre fuerte de CDC continuó camino en solitario durante unos años. En febrero del 2010, inició un negocio en República Dominicana. Un empresario argentino, Alfredo Seefeld, conocía a Pablo Piñero, propietario del grupo Bahía Príncipe, y este tenía unos terrenos en los que construir un parque temático de 16.000 metros cuadrados en lo que era el complejo hotelero mayor de la zona. La compañía hotelera tenía una ocupación prácticamente del cien por cien y garantizaba unas entradas al parque temático de 5.000 visitantes por semana. A cambio, pedía el 15 por ciento de la facturación bruta de este durante los dos primeros años y el 50 por ciento durante los cinco años siguientes. Seefeld tenía el terreno y tenía la idea, pero le faltaba un socio inversor. En aquellos momentos, trabaja en tierras dominicanas un español, Juan Antonio Salguero. Su nombre se había dado a conocer por ser el empresario que denunció en Fiscalía las mordidas del 3 por ciento, o sea, la comisión que CiU cobraba por las adjudicaciones de obra pública. En su caso, esas comisiones habían llegado hasta el 20 por ciento. Le habían soplado más de 108.000 euros, que había dado en mano a José María Penín, el pariente de Felip Puig que se hacía pasar por responsable o apoderado de la empresa pública Adigsa, adscrita precisamente a la Consejería de Obras Públicas durante los últimos gobiernos de Jordi Pujol.

Salguero llegó a un acuerdo con Seefeld: se ocuparía de una parte de las obras del parque temático a cambio del 10 por ciento de su explotación. Llamó a José Luis Pardell, un intermediario catalán de compraventa de fincas, y este se acordó de un amigo suyo que trabajaba en la construcción, Miguel Ángel Parejo, de Ferrovial, y de Jordi Puig, que se desplazó a Santo Domingo para ver el terreno.

Todo fue a pedir de boca. A finales de agosto, Jordi Puig enviaba un correo electrónico a los directivos de Bahía Príncipe y a Seefeld. Se presentaba como «socio inversor del Proyecto Parque Temático». Decía en el correo: «Les escribo con motivo de confirmar mi llegada a República Dominicana el día 3 de septiembre del 2010. Lamentablemente, me he visto forzado a dilatar este compromiso por un problema de agenda, disculpándome de antemano. El señor Seefeld ha hecho reserva para dos personas para el día sábado 28 de agosto de 2010. Les agradecería me cambiaran si fuera posible la fecha de reserva para el viernes 2 de septiembre de 2010. Estoy al tanto de los tiempos con respecto a la apertura del parque temático y creo que está dentro de nuestras posibilidades poder llegar a la apertura para la temporada alta 2010/2011, lo que sería beneficioso para ambas partes». En sus mails, Puig se refería a José Luis Pardell como «nuestro hombre en Dominicana».

El hermano de Felip garantizó la ejecución de la obra del parque en tres meses y comunicó a la dirección de Grupo Bahía que él pasaba a ser el socio director e incluso hizo entrevistas de trabajo a futuros empleados. Sus socios, por otra parte, se abandonaron en sus brazos, ya que sabían que era hermano de un importante político. Un par de años más tarde, cuando Seefeld le puso una querella por estafa, relataba que en Santo Domingo fue «tratado como un rey en Bahía Príncipe y el señor Seefeld lo sentó a cenar invitado por el director de Melià, debido a que le pidió entrevistas en Hoteles Riu y demás grupos». Los nuevos socios comenzaron incluso a pensar en un segundo parque temático siguiendo la estela del Bahía Príncipe. «Todo era fantástico y rentable, las condiciones de Alfredo eran contrastadas una por una por el inversionista, al punto de tomar las riendas de la situación después de formalizar la sociedad verbalmente y con un apretón de manos entre las partes. De ahí, el imputado entrega al director del hotel los datos de la sociedad y escudándose en el problema de no tener número de identificación fiscal de la empresa para firmar en ese momento con Alfredo, pero solicitándole una vez más que confiara en su palabra y tranquilizándolos en el tema de los plazos de ejecución de la obra, cosa que preocupaba mucho al hotel, más si tenemos en cuenta que estuvo dos meses retrasando su viaje, justo hasta las elecciones en España y coincidiendo con el nombramiento de su hermano en un cargo de libre disposición de fondos reservados».

Así de cruda al relatar los hechos era la querella, admitida a trámite en Santo Domingo. Puig fue imputado por ello. Fue el sueño de una noche de verano. Seefeld lo acompañó, junto con su familia, hasta el aeropuerto y lo despidió con afecto. Ahí se acabó todo. «Nunca más se presentó Jordi Puig en el país. Nunca mandó el dinero del replanteo, ni ningún otro dinero, sabedor de que, pasados los plazos dados por el hotel, se cerrarían las puertas del mismo y pondría fin al sueño empresarial. De ahí el descrédito del querellante fue tal que el hotel rescindió el contrato. La humillación en los hoteles del citado proyecto fue pública. Dos años de falsas promesas a la basura. Alfredo Seefeld había iniciado la campaña de publicidad, marketing, contratación de personal, uniformes para el personal, etc. Todo tuvo que ser cancelado, en algunos casos con deudas. La situación fue tal que el hombre de Jordi Puig en Dominicana se intentó suicidar ante las deudas contraídas por confiar en el proyecto y en las promesas y engaños hechos por el imputado Jordi Puig».

El argentino le envió correo tras correo detallándole los pasos que iba dando y los costes que iba soportando y que debían ser sufragados por el socio inversor. Puig pospuso un segundo viaje a República Dominicana hasta en cinco ocasiones, «permitiendo que el querellante, Alfredo Seefeld, hiciese el ridículo ante el contratante Grupo Bahía, con constantes reservas de alojamiento que nunca se cumplían, ya que realizaba la petición de habitaciones al propio director del complejo, quien realizaba la mejor reserva posible teniendo en cuenta que se trataba del socio capitalista. Cada vez que reservaba las habitaciones, el bisoño de Seefeld las pagaba de su bolsillo, mientras Puig seguía haciendo de las suyas en la Madre Patria (sic)».

Lo malo es que, ante la disposición a ir a República Dominicana, el argentino confió y rechazó las propuestas de otros inversionistas interesados. «Siendo hermano de quien era, pensamos que sería una persona seria», se dolieron como excusa justificativa de tanta soberana paciencia.

En la querella, dictada desde una profunda decepción, Seefeld alertaba: «En la especie hay un elemento importante que a las autoridades judiciales del Ministerio Público como órgano de la Procuradoría General de la República [equivalente a la Fiscalía General del Estado de España] tenga interés en determinar, y es el de la relación del imputado con un señor de Andorra con compañía en Panamá, en donde las cuentas y las transferencias no están del todo claro; de igual forma, el imputado Jordi Puig es hermano del político español Felipe Puig, representante del partido CiU, cuya sede se encuentra embargada por la Fiscalía española (sic) ante una posible financiación ilegal del partido». Efectivamente, en aquellos momentos, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) había puesto su sede como aval de una fianza por responsabilidad civil de 3,2 millones de euros en el denominado Caso Palau. Pero no había sido la fiscalía la causante de ello, ya que una resolución sobre un depósito o aval dependen directamente del juez.

El argentino acusaba a Puig de estafa porque «Jordi Puig se valió de falsas empresas, falsas calidades y promesas para que el señor Alfredo Seefeld no solo le diera una participación y el control total de la compañía, sino que también erogó sumas de dinero en dólares siempre bajo la promesa del nombrado Jordi Puig de que iba a aportar el capital necesario tanto para realizar el proyecto como para reembolsar los gastos hechos por el señor Seefeld. Este engaño, además, se sostiene con la confirmación del señor Miguel Ángel Parejo vía mail diciendo que él mismo se estaba ocupando de la transferencia de los fondos a una empresa panameña confirmada por el señor Puig».

El socio argentino le reclamaba así una indemnización de 7 millones de euros «como justa reparación de los daños materiales y perjuicios morales ocasionados por el hecho penal que se le imputa al autor de los hechos». Era una historia digna del mejor guión cinematográfico que pudiera llevar a la gran pantalla Martín Seefeld, hermano del querellante
y actor de renombre en Argentina, donde protagonizó celebradas series y
películas, entre ellas Mi cuñado (con Luis Brandoni y Ricardo Darín) o las series Los simuladores y El elegido. Mientras tanto, el avispado socio capitalista fue orillando las citaciones judiciales durante años desde su refugio barcelonés.

La telaraña

En el año 2014 Jordi Puig volvió a salir a la palestra, pero esta vez con un tema más truculento. En el mes de septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés, imputó a Jordi y a Oriol Puig por un presunto caso de blanqueo de capitales, tras detectarse la llegada a España de determinadas partidas dinerarias sospechosas. El dinero había llegado en diciembre de 2013. Jordi Puig administraba una inmobiliaria llamada Working Succesfuly e intentó enviar casi medio millón de euros a esta desde Gibraltar y Holanda.

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Dinero del Banco de España (Sepblac) tomó cartas en el asunto y elaboró un informe, que envió al juzgado. El magistrado requirió a la Udef otro informe. Los agentes determinaron que el 4 de diciembre de 2013 Catalunya Banc detectó la llegada de una partida de casi 250.000 euros a la cuenta de la inmobiliaria. El dinero procedía del Crédit Suisse de Gibraltar, por lo que la operación era sospechosa, así que la entidad dio parte de la transferencia al mismo tiempo que la rechazaba. Durante ese mes, Puig intentó hacer efectivos otros importes hasta en cuatro ocasiones, siempre desde paraísos fiscales, por lo que las operaciones fueron sistemáticamente rechazadas.

Los casi 250.000 euros que no entraron en su cuenta, sin embargo, sí se abonaron en la cuenta que tenía la compañía Viniteca, de Oriol Puig, que luego transfirió a su hermano Jordi unos 75.000 euros. Working Succesfully recibió también otra partida de 80.000 euros, al parecer correspondiente a la comisión por la venta de un hotel en Murcia. El remitente de los fondos era un fondo canadiense llamado Absolut Return Fund Trust. Jordi intentó justificar el dinero recibido de su hermano como correspondiente a la realización de un informe sobre la ayuda de un fondo de inversión para relanzar el negocio vinícola. No hubo ni venta de hotel ni informe. Lo que esperaba el avispado inversor era un cuarto de millón para comprar una vivienda en Vilanova i la Geltrú. La vivienda era de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), el «banco malo», y si se hacía con ella, le era relativamente fácil ponerla en el mercado, puesto que casi tenía comprador.

No era la única operación sospechosa. A mediados del mismo mes de diciembre, Jordi se presentó en el banco con su compañera, Masha Petek, para avisar de que llegaría una transferencia de un millón de euros, enviada desde Rusia por un ciudadano llamado Vladimir Dimitri. Ese dinero habría de servir para financiar la apertura de tiendas en varios barrios de Barcelona. En esta ocasión, la transferencia debía realizarse a través de la compañía West Turnpike, creada el 19 de septiembre de 2011 por una especialista en montar empresas y comprada luego por Masha y Ajda Petek y dedicada a la promoción inmobiliaria. Esta sociedad ya había puesto en marcha un negocio de comidas preparadas en el centro de Barcelona, que luego cerró.

Jordi Puig se ha multiplicado los últimos años. Aunque aparece en más de cincuenta empresas, a su nombre solo encontraron un apartamento de 38 metros cuadrados en la localidad de Sant Antoni de Calonge, comprado en 1999 con una hipoteca de Cajamadrid de 88.108 euros, mientras que su vivienda en el centro de Barcelona está a nombre de una de sus sociedades patrimoniales. Ascot Real Estate es también la propietaria de una casa de 382 metros cuadrados en la exclusiva localidad de Sant Cugat del Vallès, sobre la que pendía una hipoteca de 1.340.000 euros.

Oriol Puig, en cambio, ha sido menos pródigo en aventuras empresariales. Hasta su entrada en el gobierno de la Generalitat como director del Servicio Meteorológico, desempeñaba cargos en Laracan Fomento, Moixarra Investments, Holder Europa y Aeria Inversiones Aeronáuticas. A esta última concurrió en representación de otra compañía suya, Capsigrany Investments, y en ella se asoció con Enric Ticó Buxadós, que fue director general de Puertos durante ocho años (siendo Felip Puig consejero de Obras Públicas) y desde 2011 presidente de Ferrocarriles de la Generalitat, la empresa pública catalana que explota las redes ferroviarias. La esposa de Ticó, Núria Burguera, fue nombrada directora de comunicación del Puerto de Barcelona tras tomar el poder Artur Mas.

Oriol tenía en propiedad un inmueble de 225 metros cuadrados en la céntrica calle Balmes, comprado en 2005 con una hipoteca del Santander de 650.000 euros. También tiene una tienda en el barrio de
Horta, de 54 metros cuadrados, con jardín. Pero esconde a través
de una red de empresas un patrimonio que sobrepasa los 13 millones de
euros.

Su sociedad Murgula Investments es dueña de una vivienda unifamiliar en Igualada, comprada por 2,7 millones de euros en 2007. Otra compañía suya, Les Cases de Calaf S. L., tiene un dúplex en esta localidad del interior, comprado con una hipoteca de Caixa Manresa de 680.000 euros. Y más: la sociedad Puig de Canals al Club S. L. dispone de veintinueve propiedades, de las cuales trece son pisos que tienen precios que oscilan entre 120.000 y 150.000 euros en Amposta (Tarragona). Su otra sociedad, Moixarra Investments, es propietaria también de diecinueve viviendas en Torroella de Montgrí, en el corazón de la Costa Brava, que compró con una hipoteca de Caixa Penedès de 1.720.000 euros. Laracan Fomento es su firma patrimonial, a nombre de la cual dispone de una casa de 200 metros cuadrados en Torroella de
Montgrí, más tres locales. El valor conjunto de estas propiedades se aproxima al millón de euros. Y Holder Europa tiene un terreno de 26.395 metros cuadrados en Viabrea, comprado con una hipoteca de 5 millones de euros de Caixa Girona.

Catalunya is not different

Un experimentado abogado saborea un escocés en un céntrico local de Barcelona. Las puertas de madera le dan un aspecto noble. El interior es más funcional, aunque conserva la seriedad de los detalles en roble. «La historia de los Puig no ha hecho más que empezar», dice dando un sorbo al vaso de corte ancho. Añade al whisky un cubito de hielo, a pesar de considerarlo un crimen. «Lo rebaja un poco», excusa el pecado, que le reprendería con dureza su amigo escocés, el que le enseñó a beber el agua de vida.

Hacía unos días, se había conocido que François de Seroux, un inversor francés, había acusado a Felip Puig ante la policía de pedirle una comisión del 5 por ciento de una inversión que quería realizar en el Puerto de Barcelona. El francés era uno de los empresarios que habían acudido a un hotel de Barcelona para explicar a los agentes de la Udef desplazados desde Madrid sus tribulaciones. Según parece, lo que tenía era un proyecto para remodelar el Imax del Port Vell de Barcelona, operación que luego se desechó. Seroux dijo que se vio dos veces en 2013 con Felip Puig, que le insinuó que la operación conllevaba unos gastos. El consejero detalló que, efectivamente, se vio en su despacho oficial con el inversor, pero una sola vez y en compañía de otro alto cargo de la Generalitat. En esa conversación jamás se habló de gastos ni de comisiones ni de nada parecido. Más tarde, Seroux afirmó que sus declaraciones fueron malinterpretadas por la policía. Es más: según las filtraciones realizadas, recibió la visita de algunos detectives de la polémica agencia Método 3 para presionarle a pagar. En realidad, lo que había hecho él había sido encargar, un tiempo atrás, diversas investigaciones a Método 3 y no había pagado los trabajos. Debía 50.000 euros, por lo que le fueron reclamados, tanto personalmente como por burofax. El acusador pasaba, así, a convertirse en simple moroso y su historia de la presión de Felip Puig se desinchaba a velocidad meteórica. Cada día que pasaba, y conforme se iban conociendo nuevos detalles del francés, la historia de la pretendida «mordida» de Puig parecía más un cuento chino que una historia real.

—Felip se ha granjeado muchos enemigos. Pero su hermano Jordi muchos más. Ha dejado a todo dios en la estacada, y eso, tarde o temprano, se paga. Hasta ahora, se ha escondido a la sombra de su hermano mayor, pero Felip también está a punto de caer —razona el letrado.

—¿Lo dices por el francés que le acusa ahora de pedirle el 5 por ciento?

—Bueno, eso es un caso extraño. François de Seroux había sido un testaferro de los Jordis. Le conozco bien. Había estado metido en temas feos en Francia y África. En Barcelona recibió la visita de un matón cuando tenía la oficina en Diagonal, por la que pagaba 2.000 euros mensuales de alquiler. Ha tenido procedimientos en Francia y Suiza, pero aquí estaba limpio, que yo sepa. Lo raro es que ahora se destape acusando directamente a Felip de pedirle dinero. Lo que tenía era un proyecto de remodelación del Imax, en el Puerto. Luego, hace un año, hubo una operación fallida de inversión en Panamá. Se trataba de construir un gran puerto, que al final no se llegó a hacer. Parece que ahí es donde podrían intervenir los Jordis. Pero eso es solo una parte de las historias que circulan. Parece que está metido en asuntos mucho más turbios y quiere cambiar cromos, cantando La Traviata para librarse de otros sumarios. A Felip le podrán acusar de muchas cosas, pero no es imbécil. No se le ocurriría pedir comisiones a un señor y menos siendo conseller de la Generalitat. Nadie que le conozca se lo cree, aunque pueda tener «muertos» en su armario.

—¿Pero hay otras historias?

—Existe una grabación de una reunión en la que un empresario habla de Felip, del que dice que es muy amigo. En la grabación se habla de un monumental fraude de esa compañía. El tema es de hace solo unos meses.

—¿Quién realizó la grabación?

—El mismo empresario. Es de la zona de Gerona. El tema ha llegado ya a la policía y hay una declaración de uno de los socios de la empresa ante el CNP. Se ha aportado la grabación en la que se explica cómo se ha cometido un fraude de 9 millones de euros. El nombre de Felip sale en la grabación, porque el empresario cuenta que le explicó todo y que Puig le aconsejó sobre el tema.

—¿Pero se está investigando por parte de algún grupo en concreto?

—La policía lo lleva muy en secreto. Supongo que quieren atarlo todo bien antes de actuar.

—¿Y desde cuándo tienen esa investigación en marcha?

—Desde hace unos meses.

—O sea, que lo del francés no tiene ni pies ni cabeza…

—No. Seroux era, en realidad, un testaferro de Jordi Puig. Era uno de los tíos que utilizaba para hacer algún negocio. Pero no tenía nada que ver con Felip. Sin embargo, Jordi sí puede salir mal de otro asunto que se está cociendo.

—¿Cómo otro asunto?

—Le tienen preparada otra. Parece que hay algún exsocio suyo que le quiere denunciar por estafa. De ese asunto puede saltar un escándalo de narices porque a través de ese tema se descubriría una recalificación de terrenos cerca de Barcelona.

—¿Quieres decir que los Puig están ahora también en el punto de mira de las investigaciones?

—Bueno, de hecho nunca se les ha perdido de vista. También son una pieza de caza mayor.

—¿Quieres decir que el proceso que se ha puesto en marcha ya no hay quien lo pare?

—Es muy difícil. No hay marcha atrás. Solo un pacto político de altura lo puede parar. Esta vez sí puede ser cierto que perro come perro.

Al salir al frío de la noche, unas tímidas gotas de lluvia recuerdan
que todavía es invierno. El suelo parece húmedo y da la sensación de que
flota en el ambiente el smog londinense. El paisaje nocturno es un fiel reflejo del panorama político. Es preocupante el extraño maridaje tejido durante décadas entre negocios y política. El letrado pasa el brazo por la espalda de su acompañante y acercándose a su oreja, le susurra:

—No te preocupes. Catalonia is not different.

35 Francesc-Marc Àlvaro, op. cit., pp. 446 y 447.

36 Cuando Sandro Rosell ganó las elecciones a la presidencia del Barça en 2010, había puesto en la picota a Martorell. Quería deshacerse de él. Recibió una llamada de la cúpula de CiU pidiéndole que lo aguantase hasta las elecciones autonómicas de ese otoño, porque los nacionalistas ganarían de calle y se lo llevarían al gobierno. Rosell accedió y mantuvo a Martorell. En cuanto Mas fue elegido presidente, pasó a ocupar la Dirección General de Análisis y Prospectiva, encuadrado en Presidencia del Gobierno, ya que Puig no lo quería en Interior.

37 El Confidencial, 19 de noviembre de 2013.

38 Ibid., 22 de noviembre de 2013.

39 Ibid., 9 de diciembre de 2013.

40 Así se recogía en un artículo del diario El Mundo, 15 de febrero de 2006.

41 Josep Maria Cortés, Los yuppies de Pujol llegan a la cima, Bresca, Tarragona, 2014, pp. 89-90.

Apéndice 1. Quién es quién

Alavedra i Moner, Macià. Nacido en 1934. Es viudo. Nieto del poeta Joan Alavedra, pasó parte de su niñez exiliado en Francia. En los años cincuenta comenzó a militar en organizaciones antifranquistas y en 1975 fue uno de los fundadores de Esquerra Democràtica de Catalunya (ERC), junto a Ramon Trias Fargas, formación que más tarde se integraría en Convergència. En 1982 fue nombrado portavoz parlamentario de CiU y luego consejero de Gobernación. En 1987 fue designado consejero de Industria, cargo que ejerció hasta 1989, fecha en la que asume la cartera de Economía y Finanzas, en la que se mantuvo hasta 1997, cuando fue sustituido por Artur Mas. Durante los noventa, tuvo que pilotar varias crisis de los gobiernos de Pujol: intentar ocultar la quiebra del holding Grup de Consellers Financers, que salpicaba a la cúpula de CDC; lidiar con el polémico Javier de la Rosa, que en un momento determinado quería defenestrar al propio Jordi Pujol; solventar la crisis tras la detención de Jordi Planasdemunt, exconsejero de Economía y entonces presidente del ICF, el banco público de la Generalitat, detenido por emitir pagarés falsos; o mediar ante el no menos polémico juez Lluís Pascual Estevill, empeñado en encarcelar a la flor y nata del empresariado catalán para cobrar luego mordidas millonarias a cambio de decretar su libertad provisional. Alavedra, al que en algunos círculos empresariales y políticos se le apodaba El Gordo, fue detenido en 2009 junto a Lluís Prenafeta en el marco de la Operación Pretoria, en la que está acusado también de presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales, por ocultar más de seis millones de euros en paraísos fiscales. El fiscal le pide casi siete años de prisión.

Álvarez, María Victoria. Empresaria. Durante cuatro años, entre 2006 y 2010, aproximadamente, fue novia de Jordi Pujol Ferrusola. Sus declaraciones a la policía y al juez proporcionaron pistas sólidas y datos muy concretos sobre el entramado exterior de la familia Pujol. Sin sus datos, hubiese sido muy difícil llegar a desentrañar toda la telaraña empresarial en el exterior que el clan había tejido. Tras sus declaraciones, se siguieron las pistas proporcionadas y se encontraron no solo evidencias, sino pruebas tangibles de negocios de los Pujol que ahora están siendo investigados, tanto en Europa como en América. Entre otras cosas, desveló los nombres de testaferros en Andorra, Londres, Argentina y México.

De Alba, José. Alias Chepo, es un personaje de la alta sociedad mexicana que se convirtió en el primer testaferro de los Pujol en el país azteca, haciendo de pantalla para esconder la verdadera titularidad de algunas empresas.

De la Rosa, Javier. Nacido en 1947. Financiero. Antiguo factotum del grupo KIO, en los años noventa fue detenido, encarcelado y condenado por apropiación indebida. Jordi Pujol i Soley le había llegado a calificar de empresario ejemplar. En los últimos años, filtró a la policía española datos concretos sobre supuestas cuentas corrientes de los Pujol, Artur Mas y varias personalidades más. Aseguró que él financió a CiU, durante los años ochenta y noventa, con unos 4.500 millones de pesetas (unos 27 millones de euros) —que él entregaba al presidente Jordi Pujol en mano en su propio despacho oficial del Palau de la Generalitat— y desveló, entre otras cosas, los encuentros de Artur Mas con Felip Massot en Formentera.

Dolça, Enric. Andorrano amigo de Jordi Pujol Ferrusola, a quien ayudó a mantener intereses en el principado vecino en la década de los noventa, cuando era imprescindible tener un prestanoms para esconder dinero o propiedades allí.

Duró, Pierre. Andorrano y testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, que aprovechó sus excelentes contactos con el gobierno de Gabón para hacer negocios en África.

Fernández Norniella, José María. Amigo de Jordi Pujol Ferrusola. Presidente del Consejo Superior de Cámaras durante los primeros años del siglo XXI. Era el hombre que conectaba los intereses del primogénito de los Pujol con el gobierno que presidía José María Aznar. Júnior se servía de él para obtener favores de la Administración central.

Ferrusola i Lladós, Marta. Nacida el 28 de junio de 1935. Casada con Jordi Pujol i Soley el 4 de junio de 1956. Ha sido la matriarca del clan, cabeza visible durante años de la compañía Hidroplant y responsable de Deportes de CDC, al mismo tiempo que presidenta del Salón de la Infancia y la Juventud de la Feria de Barcelona mientras su marido fue presidente de la Generalitat. Ocultaba una cuenta en Andorra con más de 838.000 euros hasta julio de 2014. El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona la imputó por fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Gómez Flores, Raymundo. Prohombre mexicano que se convirtió en aliado de Jordi Pujol Ferrusola en la provincia de Guadalajara.

Madí Cendrós, David. Nacido en 1971, fue hasta 2010 responsable de Comunicación de CDC. Casado con Sandra Buenvarón. Desde muy joven, con apenas treinta años de edad, Madí formó parte del grupo de talibanes de Convergència, que coparon las estructuras de la Generalitat en los años noventa. Madí fue el principal soporte que tuvo Artur Mas durante su travesía del desierto. En el año 2003 tuvo que dimitir tras el escándalo desatado al descubrirse que había manipulado encuestas públicas siendo secretario de Comunicación de la Generalitat. En 2010 abrió su propia consultoría. Ha seguido en estrecho contacto con Artur Mas y fichó como asesor de Deloitte y como presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña. Varios informes policiales le señalan como un hombre muy cercano a Artur Mas y una pieza clave en la estrategia de este.

Mas, Artur. Nacido en 1956. Casado con Helena Rakosnik. Presidente de la Generalitat desde diciembre de 2010. Su padre consiguió que entrase en la Generalitat de Cataluña en los años ochenta, donde enseguida fue nombrado jefe del Servicio de Ferias. Luego, fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona mientras trabajaba para el holding Tipel, de los Prenafeta. En 1995 fue nombrado consejero de Política Territorial y Obras Públicas. En 1997 sustituyó a Macià Alavedra como consejero de Economía. En el año 2000, se cambió el nombre de Arturo por el de Artur, catalanizándolo, y al año siguiente, fue designado conseller en cap (consejero jefe) por Jordi Pujol. Algunos informes oficiales de la policía española aseguran que presuntamente mantiene cuentas corrientes en paraísos fiscales, algunas ya abiertas por su padre, Arturo Mas Barnet, y que utiliza testaferros para ocultar la verdadera propiedad de esas cuentas. En su carrera política, fue apoyado por la familia Pujol y mantuvo una íntima amistad con Jordi Pujol Ferrusola, aunque tras la confesión de Jordi Pujol i Soley ha querido marcar distancias. Cuando era conseller en cap, consultaba la mayor parte de sus decisiones de cierto calado al primogénito de la familia.

Massot, Felip. Empresario. Propietario de Vertix. Algunos informes policiales le señalan como un hombre de la entera confianza de Artur Mas y como la persona que presuntamente le oculta el dinero en algún paraíso fiscal. Esos informes oficiales aseguran que ambos veranean en Baleares y celebran discretas reuniones a bordo del yate del empresario en aguas de Formentera.

Prenafeta Garrusta, Lluís. Nacido en 1939. Casado con Lluïsa Mas. De 1980 a 1990, fue secretario general de Presidencia de la Generalitat. Apodado Rasputín, tuvo que dimitir después de que la Fiscalía anunciase una investigación por una supuesta incompatibilidad de cargos. Fue el principal apoyo que tuvo Jordi Pujol, quien le pidió ayuda en muchas ocasiones. En los años ochenta, su familia compró la empresa José Ferrusola S. A. (vinculada a Marta Ferrusola) para intentar salvarla. En su holding familiar de Tipel, dio trabajo a Jordi Pujol Ferrusola y a Artur Mas. En el año 2009 Pujol le encargó desactivar un chantaje que pendía sobre la cabeza de Jordi Pujol Ferrusola y su socio Jordi Puig Godes. En el mismo 2009, fue detenido en el marco de la Operación Pretoria, junto a Macià Alavedra y al exdiputado socialista Luis García, alias Luigi. Según la acusación, había escondido supuestamente al fisco casi 15 millones de euros, que tenía en paraísos fiscales. Está pendiente de juicio, acusado de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, por los que se le piden siete años de prisión. Su esposa está acusada solo de blanqueo y se le piden tres años y seis meses de prisión.

Prenafeta Pastor, Isidor. Empresario. Primo de Lluís Prenafeta y propietario del grupo peletero Tipel. Padrino de boda de Jordi Pujol Ferrusola, empleó a este y a Artur Mas en su holding.

Puig Godes, Felip. Nacido en 1958. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y diplomado en administración de empresas. En julio de 2008, se casó con su actual compañera, Marta Puig-Ventura. Fue
la novia la que lo hizo público a través de Facebook al día siguiente de la
clausura del Congreso de CDC. Con anterioridad, estuvo casado con Vicenta Llanas y Josepa Ninou, ambas trabajadoras de la Generalitat. Estudió en el colegio Costa i Llovera, donde se hizo amigo de Jordi Pujol Ferrusola. Fue concejal en Parets del Vallès y más tarde fue fichado como director general de Bienestar Social, de donde dio el salto a presidente de Adigsa, la empresa que se ocupaba de la vivienda pública de Cataluña, en los noventa, para pasar luego a consejero de Medio Ambiente (de 1999 a 2001) y a consejero de Política Territorial y Obras Públicas (de 2001 a 2003). Políticamente, fue secretario de Organización de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), portavoz parlamentario, secretario general adjunto y secretario general del partido. Los lugares que él iba dejando eran ocupados, sistemáticamente, por Oriol Pujol Ferrusola, a quien la familia aspiraba a situar en la cúspide de CDC. Está considerado el más firme exponente del sector soberanista convergente y el jefe del núcleo duro, conocido como el pinyol (hueso), que agrupaba a los talibanes de Convergència. Cuando Artur Mas llegó a presidente, Felip fue nombrado consejero de Interior y, tras las elecciones de noviembre del 2012, pasó a ocupar el cargo de consejero de Empresa y Empleo.

Puig Godes, Jordi. Nacido en enero de 1963. Separado de Margarita Ruz, actualmente tiene como compañera a Masha Petek. En su casa tiene domiciliadas varias de las empresas con las que opera, esencialmente cobrando supuestas comisiones por asesoramientos. Es el que ha movido el dinero de la familia Puig en diferentes fondos durante las últimas décadas. Trabajó para el Ayuntamiento de Barcelona, el Comité Olímpico Barcelona 92, el grupo Torras Hostench y luego, en los noventa, pasó a asociarse con Jordi Pujol Ferrusola. A mediados de la pasada década, se distanció de él. Está acusado de presunta estafa en República Dominicana. Es investigado también por un juez de Barcelona por varias transferencias que llegaron a sus cuentas provenientes de paraísos fiscales en diciembre de 2013.

Puig Godes, Oriol. Nacido en abril de 1960. Casado con Núria Olivella Busquets. Desde 1983, trabajó para la Generalitat de Cataluña en diferentes departamentos como cargo de confianza. Con la llegada del tripartito, abandonó la Administración, a la que retornó como director general del Servicio Meteorológico de Cataluña cuando CiU recuperó el poder en el año 2010.

Pujol Ferrusola, Jordi. Nacido en 1958. Es el primogénito del expresidente de la Generalitat. En algunos círculos, se le conoce como Júnior. Cursó estudios en el colegio Costa i Llovera. Estuvo ligado a las juventudes de CDC y durante las últimas dos décadas ha estado vinculado a decenas de empresas. Se casó en 1986 con Mercè Gironès, de la que está separado. Gironès es hija de un dirigente de CDC y mantiene negocios comunes con su ex. Durante los últimos años en el poder de Jordi Pujol, era quien manejaba los hilos de un gobierno en la sombra que utilizaba como leales puntales en el gabinete oficial a Artur Mas y a Felip Puig, Según una denuncia de su exnovia Victoria Álvarez, Jordi mantenía supuestamente cuentas en paraísos fiscales y pasaba grandes sumas de dinero en efectivo de España a Andorra o viceversa. El juez Pablo Ruz le imputó junto a Mercè Gironès por presunto blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública en 2013. Un informe de Hacienda detectó que, entre 2004 y 2012, realizó 118 movimientos de cuentas entre tres bancos para enviar 32,4 millones de euros a diferentes paraísos fiscales. Júnior adujo que esos movimientos los había realizado su banco sin que él lo supiera. En diciembre de 2014, el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona también lo imputó por haber gestionado el dinero oculto de los miembros de la familia en Andorra.

Pujol Ferrusola, Josep. Nacido en 1963. Casado con Laura Vilà, hija de una acaudalada familia barcelonesa, amante del senderismo y del yoga. Josep estudió empresariales en Esade y en la Universidad de Nueva York. En los años noventa, fundó con varios amigos la consultora Europraxis, que en el 2002 vendió a Indra. Esta empresa la compró por 45 millones de euros, una cantidad muy por encima de su precio real, según algunos. Josep, que realizó muchos negocios a la sombra del poder, también era un asiduo en las aventuras empresariales de su hermano Jordi. Las numerosas adjudicaciones de informes y encargos del gobierno catalán a su empresa y la desaparición de varios expedientes de esas adjudicaciones —que así no pudieron ser examinados por el Parlamento catalán— alimentaron la leyenda negra del favoritismo. Un informe de la Sindicatura de Cuentas encargado en el año 2002 dictaminaba que la Administración troceaba contratos que luego daba a Europraxis, para evitar tener que convocar concurso (puesto que si un contrato excede de un determinado volumen es obligatoria dicha convocatoria). Josep es el único miembro de la familia que no está imputado en algún proceso judicial.

Pujol Ferrusola, Marta. Nacida en 1959. Arquitecta de profesión y casada con el también arquitecto mexicano José María Esperalba, con quien tiene un despacho de arquitectura en Mataró. A raíz del caso Pujol, se descubrió que Marta Pujol ocupaba una plaza de funcionario técnico superior en el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt desde 1996, sin que se hubiese convocado concurso alguno, con un salario de 2.264,17 euros mensuales y una jornada de 9 horas semanales. También realizó once proyectos para la Administración que presidía su padre, de los que la gran mayoría de ellos fueron adjudicados sin concurso previo. Hasta julio de 2014, ocultaba en Andorra más de 530.000 euros. El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona la imputó por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Pujol Ferrusola, Mireia. Nacida en 1969. Es la sexta de los vástagos del matrimonio Pujol Ferrusola. Ocultaba en Andorra más
de un millón de euros hasta julio del año pasado. A pesar de ello, logró un piso de protección oficial casi en primera línea de mar. El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona la imputó por supuesto delito fiscal y blanqueo de capitales.

Pujol Ferrusola, Oleguer. Nacido en 1972. Se casó en septiembre de 2007 con Sonia Soms, con quien tiene dos hijos, en la localidad de San Francisco Javier, en Formentera. Sonia estudió bellas artes en Nueva York y tiene una empresa de interiorismo. Sonia Soms fue denunciada por la Fiscalía Anticorrupción en la causa abierta por el juez Santiago Pedraz, aunque el magistrado no la imputó. En octubre de 2014 la policía registró el domicilio del matrimonio, en la zona alta de Barcelona. Oleguer está imputado por presunto delito fiscal y blanqueo en varias operaciones inmobiliarias.

Pujol Ferrusola, Oriol. Nacido en 1966. Casado con Anna Vidal Maragall. Desde muy joven, trabajó en la Administración, primero como jefe del gabinete técnico (en 1993, cuando aún no había cumplido los veintisiete años de edad) y luego como director general en el Departamento de Presidencia, cerca de su padre. De 1999 a 2000 fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y ese año fue ascendido a secretario general de Industria. Posteriormente, fue portavoz del grupo parlamentario de CiU y presidente del mismo. Paralelamente, ocupó los cargos de secretario general adjunto y de secretario general de CDC. En marzo de 2012, su nombre se vinculó a la presunta concesión irregular de estaciones de ITV. El 18 de marzo de 2013 fue imputado por presunto tráfico de influencias. Entonces, dejó en suspenso sus cargos de secretario general de CDC y de presidente del grupo parlamentario. El 14 de julio de 2014, cuando la familia decide legalizar sus cuentas en Andorra, anuncia el abandono de su carrera política y deja sus cargos y su escaño. Posteriormente, el 18 de diciembre de 2014, retornada la causa del TSJC, el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona le imputa junto a su esposa, Anna Vidal, y a su amigo el empresario Sergi Alsina, un supuesto delito continuado contra la Administración Pública en su modalidad de cohecho y un delito continuado de falsificación en documento mercantil.

Pujol Ferrusola, Pere. Nacido en 1965. Trabaja en la empresa Entorn desde mediados de los noventa. Esta compañía, que obtuvo numerosos y polémicos contratos de la Generalitat de Cataluña, estaba en la órbita del grupo Emte, propiedad de Carles Sumarroca, viejo amigo de la familia y cuya esposa era socia de Marta Ferrusola en Hidroplant. Hasta julio de 2014, ocultaba en Andorra más de 701.000 euros. Pere está imputado por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales.

Pujol i Soley, Jordi. Nacido el 9 de junio de 1930. Casado con Marta Ferrusola. Médico de profesión, jamás ejerció la medicina. Fue presidente de Banca Catalana. En 1973 fundó Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Desde 1980 hasta 2003 fue presidente de la Generalitat de Cataluña. El 25 de julio de 2014 emitió un comunicado admitiendo que su familia había escondido un presunto legado dinerario en cuentas secretas de bancos de Andorra. El 29 de julio de ese año, renunciaba a su sueldo vitalicio y al despacho oficial que le correspondía como expresidente de la Generalitat. Imputado por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona por supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Rainford Towning, Herbert. Testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, con sede en Londres. Le montó la estructura exterior del holding Brandtridge.

Robert, Francesc. Socio y amigo de Jordi Pujol Ferrusola, residente en Andorra. Ambos participaron en varios negocios conjuntos, incluido el control del equipo de rugby USAP de Perpignan. Robert recaló también como directivo de La Seda, empresa presidida por Rafael Español, un hombre de la familia Pujol.

Serrano, Fermín. Testaferro de Jordi Pujol Ferrusola en México. A través de él acometió una inversión de más de 250.000 dólares en la compañía Home Empowerment Networks.

Sumarroca Claverol, Carles. Ha sido el heredero natural de las relaciones de la familia. Amigo íntimo de Jordi Pujol Ferrusola. Fue elegido vicepresidente de Comsa-Emte (resultado de la fusión de esas dos empresas) y también es vicepresidente segundo del patronato de la Fundación Enciclopedia Catalana. También fue imputado por el juez Ruz en el mismo auto que su padre, por lo que semanas más tarde abandonaba la vicepresidencia de Comsa-Emte. Imputado por blanqueo de capitales y falsificación en documento mercantil desde el 22 de octubre de 2014

Sumarroca Coixet, Carles. Padre del anterior. Nacido en diciembre de 1933 en el seno de una familia del campo catalán, que fue deportada a Aragón durante la Guerra Civil. En los años sesenta comenzó a militar en organizaciones antifranquistas, donde trabó amistad con Jordi Pujol i Soley. En 1974 fue uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Junto a Pujol también participó en Banca Catalana y en la compra del diario El Correo Catalán. De 1977 a 1985, fue presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (Pimec), una de las patronales de la comunidad, aunque también era consejero de Fomento del Trabajo, la gran patronal. Presidió el grupo Emte, en el cual se encuadraron también importantes empresas como Teyco, Codema, Entorn o General Lab. Su esposa, Núria Claverol, fue socia de Marta Ferrusola en la compañía Hidroplant. En su bodega (Bodega Sumarroca, una de las más importantes empresas vitivinícolas de Cataluña), según algunos informes judiciales, se celebran importantes reuniones de algunos miembros de la cúpula de Convergència. Sus empresas recibieron miles de millones de euros en adjudicaciones oficiales, materializadas siempre en sectores emergentes y con adjudicaciones en muchos casos harto dudosas: obra pública, energías alternativas y análisis clínicos. El juez Pablo Ruz lo imputó en diciembre de 2014 por haber pagado presuntamente grandes sumas a Jordi Pujol Ferrusola, de las que se investiga si se corresponden a servicios prestados o eran meras comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas. Imputado por presunto blanqueo de capitales y falsificación en documento mercantil desde el 22 de octubre de 2014.

Tauler, Xavier. Director general del grupo Copisa. Apodado El Seco, es amigo íntimo de Jordi Pujol Ferrusola. El grupo Copisa pagó millones de euros a Júnior a cambio de supuesto asesoramiento. No existe ni un solo contrato que justifique esos pagos, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional. Tauler está imputado por el juez Pablo Ruz para determinar en concepto de qué se pagaron cantidades millonarias. Junto a Tauler, el 22 de octubre de 2014 fueron imputados por supuesto blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil los empresarios Xavier Corominas Riera, Carles Sumarroca padre e hijo, Alejandro Guerrero Kandler, Gustavo Buesa Ibáñez, Josep Mayola Comadira, Luis Delso Heras, Mercè Gironès Riuera (esposa de Jordi Pujol Ferrusola), Ramon Gironès Pagès (exsuegro de Jordi Pujol Ferrusola) y Ramon Gironès Riera (excuñado de Jordi Pujol Ferrusola).

Apéndice 2. Las empresas de cada cual

Los Pujol han controlado un buen puñado de empresas y han mantenido intereses en un centenar de ellas. Los más activos del clan han sido tres de los hijos de la familia: Jordi, Oleguer y Josep Pujol Ferrusola. No obstante, se ha intentado ocultar sus intereses en muchas ocasiones mediante la interposición de sociedades pantalla que dificultan el seguimiento de su rastro.

Jordi Pujol Ferrusola ha estado ligado directamente a una treintena larga de sociedades, como consejero, administrador, apoderado o inversionista:

Hispano Química S. A.

Project Marketing Cat S. L.

Iniciatives Marketing i Inversions S. A.

Inter Rosario Port Services S. A.

Iberoamericana de Business and Marketing S. A.

Active Translation S. A.

Catexpress S. A.

FARC S. A.

Hot Line Computer S. A.

Hitech General Consulting S. L.

Hidroplant S. A.

Ambulancias San Patricio S. A.

Innovative Solutions S. L.

Digital River S. L.

Geset Afers S. A.

Intradex Golf S. L.

Ibacafe Cat S. L.

Nou Cent Habitatges S. L.

Globus Barcelona S. L.

Petrocat S. A.

Elecnor S. A.

Demo S. A.

TAISC S. A.

Ininvest S. A.

Prointer S. A.

Torrent y Coto S. A.

Algodonera San Antonio S. A.

Laboratorios Serés S. A.

COGE España S. A.

Radiotrónica S. A.

Crena S. A.

Tabacos Nicarao S. A.

Deschiss USA Corp

Ipromar Ocean

Home Empowerment Network Inc

La lista secreta de Jordi Pujol a lo largo de su trayectoria es mucho más extensa. El hijo mayor de Pujol se dedicó a comprar paquetes accionariales de empresas y a venderlos posteriormente. Con muchas compañías llegaba a acuerdos puntuales para promociones inmobiliarias concretas y aportaban mutuamente la cantidad pactada, deshaciendo la sociedad posteriormente. Al margen, se le conocen también actividades a través de Brantridge Holdings, Brantridge Establishment y Brantridge State, las compañías que le montó su testaferro londinense Herbert Towning.

Oleguer Pujol Ferrusola, el benjamín, extendió sus tentáculos por una quincena de sociedades:

Bridger Spain S. L.

Orchard Capital S. L.

Inmoclick Online S. A.

Incola Ciudad S. L.

New Positively 21 S. L.

Uro Property Holdings Socimi S. A.

Tasibérica S. A.

San Fernando Resort Bahía Sur S. L.

Servifonia Plus S. L.

Optimus Subastas on Line S. A.

Arquillo Resort S. L.

Bahoruco Park S. L.

Tres Forcas Capital S. L.

Samos Servicios y Gestiones S. L.

Longshore S. L.

Drago Capital S. L.

Jasmund Spain S. L.

Trisola Servicios y Gestiones S. L.

Step Negocios S. L.

Gestadeneco S. L.

Ursus Alfa S. L.

Oleguer Pujol mantiene alrededor de veinticinco empresas más diseminadas por paraísos fiscales de medio mundo. Ha comprado paquetes accionariales de compañías como ING Bank de Curaçao por más de
2,5 millones de euros. O alrededor de 20.000 euros de Barclays en la Isla de Man. También participó con varios paquetes accionariales en Guernsey, en The Royal Bank of Scotland (RBS), que suman más de 1,5 millones de euros. El pequeño del clan tiene distintos paquetes de acciones en Lisboa del Banco Popular y del Banco Comercial Portugués. Pero el grueso está en otras compañías: Drago Real Estate Partners Ltd. (80,9 millones de euros), Drago Mediterranean Holdings Cooperatief, Mare Nostrum Capital Managers Ltd., RBS International Limited, ING Bank BV, SDColor BH Ltd., Isla Quesito Headquarters Corporation, BMD Toussaintkade BV, RBTT Netbank, Zante International Ltd., The Itaca Investment Trust, Aegle International Ltd., Barclays Private Client International Ltd., Molamol Headquarters Corporation, Isla Quesito Real Estate Development S. A., Sociedad Desarrolladora Color S. A. y Molamol S. A..

Josep Pujol Ferrusola tiene también una larga lista de empresas donde ha tenido cargos oficiales:

Europraxis Consulting Holding S. L.

Europraxis Consulting S. A.

Compraxis S. L.

Tourisme & Leisure S. L.

Europraxis Atlante S. L.

Distrex Ibérica S. A.

Crédit Suisse España S. A.

Labiernag S. L.

Projectes Barcelona S. A.

Laboratorios Favea S. A.

Mercados y Gestión de Valores Agencia de Valores S. A.

Agrupació Mutua del Comerç i de la Indústria

BMB Gestión Documental S. L.

Inversiones Promocrim S. L.

Promomed Residencial Mediterráneo S. A.

Innovative Investment S. A.

En la actualidad, Josep es también apoderado de Indra Business Consulting y de Indra Sistemas, la empresa que le compró por 45 millones de euros el holding de Europraxis hace casi década y media.

Pere Pujol Ferrusola, en cambio, solo tuvo intereses en la consultora Entorn Enginyeria i Serveis S. L., aunque también había trabajado parta Eco-lògica S. A., y Mireia Pujol Ferrusola en Fisioart. La matriarca, Marta Ferrusola, mantuvo cargos en Hidroplant y en Geset Afers.

En total, pues, los miembros de la familia Pujol han tenido cargos en, al menos, setenta compañías, número que con una investigación más a fondo se queda excesivamente corto, puesto que el número total de empresas en las que invirtieron dinero o a través de las que operaron en las últimas décadas roza el centenar. Y algunas de esas compañías trabajan exclusivamente en paraísos fiscales.

Con los Puig, el dinamismo empresarial se mantiene en niveles similares a los más activos del clan Pujol. Jordi Puig, el benjamín de esta familia, ha sido siempre el dinamizador de la saga de un modo similar a lo que lo es Jordi Pujol Ferrusola, de quien fue socio durante años. Jordi Puig se encargó de controlar las inversiones tanto de su hermano Oriol Puig como de su madre. En total, aparece en una cincuentena de empresas.

Ibacafe S. A.

Ibacafe CAT S. L.

Co Ge Iberia S. L.

Cultius Marins del Delta de l’Ebre S. A.

Nou Palau Balear S. L.

Forum Valor S. L.

Life Promomed Vic S. L.

Iniciatives Marketing i Inversions S. A.

Iniciativas Davins S. A.

Construcciones Cour 89 S. A.

Construcciones Cour 2000 S. L.

Promociones Pinetons S. L.

Laracan Fomento S. L.

Working Succesfully S. L.

Residencial el Vergel S. L.

Rubicón Henar S. L.

2006 Sant Feliu Promocions S. L.

Nou Esparraguera 2002 S. L.

Edificio Atarazanas S. L.

Colón 11 S. L.

Diseño Espacio y Ambiente S. A.

Cantabola S. L.

Ses Cases de C’an Pentinat S. L.

Marina de Moncofar S. L.

Novoleds S. L.

Exor S. L.

Proconspa XXI S. L.

Valmiter S. L.

Proyectos Inmobiliarios Tandem 3 S. L.

Pibernat 2002 S. L.

Lacerclisor S. L.

Lacerascot S. L.

Urbanización Oasis S. L.

Pibernat 2002 S. L.

Burdeos 7 S. L.

Indi Projects S. L.

Diner Hotels S. L.

Projectes i Inversions del Terra S. L.

Ascot Group Invest 2007 S. A.

Ascot Bonavista S. L.

Ascot Cerdanyola S. L.

Ascot Inversions S. L.

Ascot Marina Prat S. L.

Ascot Olimpics S. L.

Ascot Montserrat S. L.

Ascot Real Estate S. L.

Ascot Inversión Extranjera S. L.

Nou Cents Habitatges S. L.

Pratca Ascot 2007 S. L.

Grup Pratca Gefael Ascot Asociados S. L.

Ibadesa Cat S. L.

Torrent y Coto S. L.

Propiedades Verticales Madrileñas S. L.

Offsab 2003 S. L.

Life Palau Balear S. L.

Iberoamericana de Business and Marketing S. A. (Ibisa)

También fue apoderado de Societat Catalana de Petrolis (Petrocat), una empresa pública, en la década de los noventa. A comienzos de siglo, movía fondos propios y familiares en renta variable, canalizándolos a través de su compañía Ascot Inversions. Asimismo, gestionó una inversión de 90 millones de pesetas de Jordi Pujol Ferrusola en 1999 poniendo el dinero en el fondo Prudential.

Juntamente con Jordi Pujol Ferrusola, mantuvo intereses económicos en un nutrido grupo de empresas. Las compañías comunes a ambas familias eran las siguientes:

Deschiss USA Corp

Tabacos Nicarao S. A.

Ambulancias San Patricio S. L.

Iniciatives Marketing i Inversions S. L.

Iberoamericana de Business and Marketing S. A.

Ibacafe CAT S. L.

Co Ge Iberia S. L.

Nou Cents S. L.

Globus Barcelona S. L.

Elecnor S. A.

Demo S. A.

Taisc S. L.

Prointer S. A.

Torrent y Coto S. A.

Radiotrónica S. A.

Laboratorios Serés S. A.

Ininvest S. A.

Algodonera San Antonio S. A.

Innovative Investment S. L.

Oriol Puig, por su parte ha tenido responsabilidades en las compañías siguientes:

Holder Europa S. L.

Viniteca de Barcelona S. L.

Murgula Investmentes S. L.

Les Cases de Calaf S. L.

Puig de Canals al cub S. L.

Moixarra Investments S. L.

Laracan Fomento S. L.

Capsigrany Investments S. L.

Aeria Inversiones Aeronáuticas S. L.

Felip Puig era el propietario único de la compañía FPG Enginyeria, Estratègies, Gestió i Desenvolupament S. L., creada el 25 de septiembre de 2007 y con sede en su domicilio particular. A través de esta compañía, cobraba una parte del salario que le pagaba Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). También estuvo vinculado a la compañía VVM Veveema S. L., de la que aparentemente se desvinculó cuando pasó a trabajar para la Administración.

Como cargo público, su nombramiento llevaba aparejado, en muchas ocasiones, la obligación de formar parte del consejo de administración de determinadas empresas públicas. En este sentido, llegó a simultanear un total de 41 cargos a la vez entre el 2001 y el 2003. A finales del 2009, cuando se hizo público que Anna Hernández, esposa del entonces presidente de la Generalitat, José Montilla, tenía 11 cargos en empresas, fue uno de los que puso el grito en el cielo, olvidando que años antes él había acumulado cuatro veces más cargos. De hecho, la inmensa mayoría de esos cargos no son remunerados, sino que entran dentro del salario como alto cargo del Gobierno, la Diputación o el Ayuntamiento de la persona que los ocupa y solo algunos permiten a quien los ocupa cobrar dietas por reuniones.

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