En su libro El precariado. Una nueva clase social, Guy Standing introducía el concepto de «precariado» como una clase masiva emergente a la que se le han negado derechos políticos, civiles, sociales y económicos, y caracterizada por una creciente desigualdad e inseguridad. De una naturaleza cada vez más global, el precariado se ha convertido en un fenómeno social, reivindicado por movimientos como Occupy Wall Street o el 15M. Pero esta masa no es una simple víctima, es también un agente dinámico de cambio social. El autor nos habla de la importancia de redefinir nuestro contrato social alrededor de las nociones de libertad asociacional, agencia y comunes.

Un texto indispensable, no solo porque pone al día el marco teórico desarrollado en su libro anterior, sino porque ofrece un detallado programa político para acabar con las desigualdades extremas que la globalización neoliberal ha generado. Su concepto y sus conclusiones han sido admiradas extensamente por pensadores de la talla de Noam Chomsky o Zygmunt Bauman, y por muchas destacadas figuras del activismo político. Esta carta de derechos es un regalo para aquellos que aspiran a forjar una nueva sociedad, en la que el trabajo humano tenga significado y los derechos de los trabajadores sean totalmente respetados.

Guy Standing

Precariado

Una carta de derechos

ePub r1.1

Titivillus 26.11.2020

Título original: A Precariat Charter: From Denizens to Citizens

Guy Standing, 2014

Traducción: Andrés de Francisco

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Guy Standing

Traducido por Andrés de Francisco

Prefacio

Hay un aforismo muy repetido que nos legó Heráclito hace 2.500 años: «Nadie se baña en el mismo río dos veces». Así es como me sentí al presentar El precariado, el predecesor de este libro, en numerosos lugares de todo el mundo. Aunque se presentaba el mismo libro cada vez, las presentaciones evolucionaban, a medida que determinados aspectos quedaban arrumbados y otros cobraban mayor interés. A menudo, esto se debía a las reacciones de las audiencias y a sus bien informadas preguntas.

Escribir un libro es un acto de vanidad. También lo es pensar que habrá audiencias interesadas en sus argumentos. Así que es un placer valerme de este prefacio para agradecer a todos aquellos que me han escuchado y respondido, oralmente, por carta y, sobre todo, por email. Ha sido una experiencia formativa, empañada a menudo por la tristeza y la rabia que me producía oír las historias personales de gente en el precariado.

Son los principales responsables del presente libro, que es la culminación de un largo viaje que empezó en la década de 1980 con una serie de artículos y monografías nacionales sobre el crecimiento de la flexibilidad en los mercados de trabajo en Reino Unido, Suecia, Finlandia, Países Bajos, España, Alemania, Italia y Austria, algunas escritas con, o por, colegas de la OIT o la Academia. La tesis subyacente era que el modelo neoliberal generaría mayor inseguridad económica y sociedades más fragmentadas.

La mayor parte de la década de los noventa se aprovechó para reunir datos a partir de encuestas en fábricas y a trabajadores sobre flexibilidad e inseguridad laboral. Esto trajo consigo un buen número de artículos y cuatro libros, así como un completo informe para la OIT titulado Economic Security for a Better World. En ese periodo tuve la fortuna de visitar multitud de fábricas y empresas, y de entrevistar a directivos y propietarios, a trabajadores y a sus familias, en diferentes países, ricos y pobres. Como economista, no puedo calificar de «científicas» estas entrevistas, a diferencia de las encuestas por muestreo que llevé a cabo. No obstante, descubrí que Alfred Marshall tenía razón cuando decía a los aspirantes a economistas: «¡Meteos en la fábrica!» Viendo y escuchando a la gente en el trabajo y en plena faena es como uno aprende.

Este libro no presenta muchas estadísticas. No es su propósito. Lo que pretende es incitar a que otros hurguen en las políticas y en los cambios institucionales que conducen al precariado. El debate político ha caído en un estado de confusión por doquier, con los socialdemócratas cerca del colapso. Simplemente, ya no seducen con sus viejos mensajes. Peor aún, no parecen entender por qué.

En realidad, la energía necesaria para escribir este libro salió de la ira que me producía que los políticos y los medios de comunicación mostraran tan poca empatía con el precariado y el creciente número de residentes sin derechos entre medias. Lo que ha venido ocurriendo es innecesario e inmoral. Cualquiera con la oportunidad de hablar debería estar gritando contra la inequidad y la desigualdad que los gobiernos están promoviendo sin que haya apenas oposición a sus políticas.

Dicho brevemente, este libro es un intento de formular una agenda para el precariado que pudiera ser la base de un movimiento político, una agenda que pudiera ser de utilidad a una amplia mayoría pero con la vista puesta en lo que constituye una buena sociedad. Es también, en cierta medida, un intento de responder a las reacciones contra El precariado.

Hay un tema que preocupa a los marxistas de viejo cuño: ¿es el precariado una clase? En este libro intento responder a su afirmación de que no lo es. Sin embargo, hay todavía espacio para un debate constructivo. La precariedad es más que una «condición social». Una condición social no puede actuar. Eso solo lo puede hacer un grupo social con objetivos comunes o compatibles. Una forma de expresar la idea que subyace a ambos libros es decir que el precariado es una clase en formación que debe llegar a ser lo bastante clase para sí como para encontrar la forma de abolirse a sí misma. Esto la convierte en una clase transformadora, a diferencia de otras clases existentes, que lo que quieren es reproducirse a sí mismas y salir fortalecidas.

Otro punto que merece ser subrayado es la distinción entre «trabajo en general» [work] y «trabajo asalariado» [labour]. Muchos comentarios sobre El precariado se explican porque no se entendió bien esta cuestión. Por ello se reiteran aquí las diferencias esenciales entre ambos.

Los capítulos iniciales definen los conceptos clave antes de entrar a discutir las implicaciones de la crisis económica para el precariado y por qué es necesaria una carta de derechos del precariado para dar una alternativa a la democracia utilitarista. En la segunda parte del libro se presentan 29 artículos que podrían constituir una carta de derechos. Es verdad que no agotan el tema, y que los lectores tendrán sus propias prioridades que bien podrían desear añadir. Pero cabe esperar que el conjunto aquí presentado sirva como marco para la acción.

Solo me queda agradecer a todos aquellos que han contribuido a las ideas aquí expuestas y a su redacción. Nuevamente, son tantos que lo mejor es mostrarles personalmente mi gratitud. Lo esencial es reconocer que un libro como este nunca es meramente el trabajo del autor.

Atravesamos tiempos trascendentales en medio de una transformación global en la que una nueva concepción progresista de la buena sociedad lucha por abrirse camino. Ciertamente, el río fluye. Se avecina el cambio. Quizá el grafiti que más se recuerda sea el de una pared de Madrid: «Lo peor sería volver a ser normal».

Guy Standing
Septiembre, 2013

Lista de abreviaturas

ACA Affordable Care Act (‘Obamacare) [Ley de Atención Sanitaria asequible]

CEO Chief Executive Officer [DG: Director General]

CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro

CV Currículum vitae

DLA Disability living allowance [Asignación por discapa-

cidad]

DWP Department of Work and Pensions [Departamento de Trabajo y Pensiones]

ESA Employment and Support Allowance [Subsidio de Empleo y Apoyo]

FMI Fondo Monetario Internacional

IED Inversión extranjera directa

M5S MoVimento 5 Stelle (Movimiento 5 Estrellas)

MWA Mandatory Work Activity [Actividad Obligatoria de Trabajo]

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OFT Office of Fair Trading [Servicio británico de protección del consumidor y la competencia]

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización no gubernamental

PIB Producto Interior Bruto

PIP Pago de independencia personal

SEWA Self-Employed Women’s Association of India [Asociación de Mujeres Autoempleadas de India]

SNAP Supplemental Nutrition Assistance Program [Programa de Asistencia a la Nutrición Complementaria]

SWF Sovereign Wealth Fund [Fondo Soberano de Riqueza]

TAE Tasa Anual Equivalente (APR en inglés)

UE Unión Europea

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

WCA Work capability assessment [Evaluación de la capacidad laboral]

01
Los residentes y el precariado

Por todo el mundo, cada vez más personas se están convirtiendo en meros residentes con sus derechos de ciudadanía cada vez más cercenados, a menudo sin darse cuenta de ello o sin apreciar todas sus implicaciones. Muchas se unen al precariado, una clase emergente caracterizada por la inseguridad crónica, ajena a las viejas normas laborales y separada de la clase obrera. Por primera vez en la historia, los gobiernos están restringiendo los derechos a sus propios pueblos, al tiempo que debilitan aún más los derechos de los residentes más tradicionales, los inmigrantes.

Los políticos y los partidos políticos convencionales —de derecha e izquierda, tal como éstas se entienden normalmente— se han vuelto rabiosamente utilitaristas. Aunque no debemos idealizar el pasado, lo cierto es que los partidos políticos de clase que surgieron a finales del siglo XIX y principios del XX se acercaban más al ideal de democracia deliberativa o participativa. Los grupos debatían y configuraban perspectivas de clase. Por el contrario, lo que ha surgido en la era de la globalización bien podría llamarse democracia utilitarista. Sin valores de clase o ideas sacadas de la lucha de clases como guía, los políticos y los viejos partidos políticos han recurrido a una política mercantilizada que no aspira más que a dar con la fórmula para seducir a una mayoría, a menudo designada como «la clase media».

Apenas les importa a estos políticos que sus medidas priven a una minoría de derechos y la empujen al precariado. Pueden ganar elecciones siempre que se vendan a una mayoría. Pero la minoría crece día tras día. Y se está haciendo rebelde, como testimonian los millones de personas que manifiestan su descontento en las plazas y parques de las grandes ciudades.

Los ciudadanos y los derechos

La idea de la ciudadanía se remonta a la antigua Grecia. Dio un paso adelante en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esa conmovedora proclama emancipadora que arrancaba del Renacimiento y de su pretensión de escapar a la esclavizadora «voluntad divina». Desde entonces, ciudadano era aquel que tenía derechos. Esto es lo que Tom Paine —el inglés que ayudó a forjar la Revolución Americana y su Constitución, y la Revolución Francesa— pretendió con sus ensayos, Common Sense y The Rights of Man, que dieron forma a toda una época.

Fue mérito de T. S. Marshall (1950), que escribió tras la Segunda Guerra Mundial, definir la ciudadanía en su forma moderna como «un estatus otorgado a aquellos que son miembros plenos de una comunidad». Ser un ciudadano significaba tener «un derecho absoluto a un determinado nivel de civilización solo condicionado al cumplimiento de los deberes generales de la ciudadanía». Cuando finalmente Marshall incluyó el deber de trabajar entre los «deberes de ciudadanía», con lo que este libro discrepa, reconoció la tensión entre derechos y capitalismo, observando que «en el siglo XX la ciudadanía y el sistema de clase capitalista han estado en guerra». La ciudadanía impuso modificaciones en el sistema de clase capitalista, ya que los derechos sociales «implican una invasión del contrato por el estatus, la subordinación de los precios del mercado a la justicia social, la sustitución de la libre negociación por la declaración de derechos»

Esto era más o menos correcto en la fase rearraigada de La gran transformación de Karl Polanyi ([1944] 2001), el periodo de supremacía socialdemócrata entre 1944 y la década de 1970. En la fase desarraigada subsiguiente, el contrato ha invadido al estatus, y la justicia social ha quedado subordinada a los precios del mercado.

Hay también una tensión entre los derechos humanos universales, que deberían aplicarse por igual a todo el mundo, y la idea de los derechos de ciudadanía, reservados a personas con un determinado estatus. Los derechos en la era moderna se han entendido como fundidos con la ciudadanía (Bobbio, 1990), y la ciudadanía ha acabado por definirse como pertenencia a una entidad (normalmente una nación soberana), siendo la titularidad de esos derechos una función de dicha pertenencia.

A principios del siglo XX predominaba lo que Zolberg (2000) llamó «la versión hipernacionalista de la ciudadanía», la cual llevó a la «nacionalización de los derechos» y esto a su vez llevó a lo que Hannah Arendt ([1951] 1986) entendió que conducía al totalitarismo. Los países también se beneficiaron de la migración internacional. Algunos aplicaron sistemas discriminatorios de cuotas, como hizo EE.UU. en la década de 1920 para restringir la ciudadanía mayoritariamente a los que procedían de países protestantes. La ciudadanía nacional quedó vinculada a obligaciones, especialmente a la obligación masculina de cumplir el servicio militar.

El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso un avance en el marco de los derechos, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y toda una avalancha de documentos internacionales, incluida la Convención de Naciones Unidas de 1951 relativa al Estatus de los Refugiados y los Acuerdos internacionales de 1966 sobre derechos civiles y políticos, y sobre derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, aunque reafirmaban los derechos universales, estos reflejaban el vínculo convencional entre derechos y ciudadanía nacional.

Así, la Declaración Universal (artículo 13) interpreta el derecho a la libertad de movimiento como el derecho a emigrar —a abandonar un país— pero no como un derecho a inmigrar, esto es, a entrar en un país. Esta es una buena fórmula para dejar a los migrantes sin derechos en cualquier lugar, y sin protección de leyes e instituciones nacionales. En este sentido, los juristas han visto una contradicción entre los derechos humanos y los derechos territoriales de la soberanía nacional incorporados en la Declaración Universal. De forma similar, la Convención para los Refugiados afirma un principio de no expulsión (non-refoulement) de los refugiados y de los solicitantes de asilo, pero no les garantiza la titularidad de los plenos derechos de la ciudadanía nacional.

Los derechos se entienden así como una seña de ciudadanía, pero solo los ciudadanos tienen todos los derechos establecidos en su propio país. En este sentido, la mayoría de los migrantes son meros residentes: gente con un rango más limitado de derechos que los ciudadanos. Pero ellos no son el único grupo que cae bajo esta categoría. Como veremos, algunos migrantes pueden tener más derechos que algunos nacionales. La realidad es que en la era de la globalización cada vez son más las personas que se están convirtiendo en residentes, conforme pierden derechos.

Un derecho humano es universal, y se aplica a todo el mundo. Si se le ha de negar a alguien un derecho, debe haber razones legalmente establecidas y un estricto respeto al proceso debido en su denegación. La titularidad de un derecho no depende de ningún otro condicionante comportamental o actitudinal, excepto el de la adhesión a la ley del país y al proceso debido. Es crucial subrayar estos aspectos porque este libro se apoya en la idea de que los gobiernos están dejando de respetarlos con creciente facilidad e impunidad.

Un ciudadano pleno tiene acceso a cinco tipos de derechos —civiles, políticos, culturales, sociales y económicos—, tal como se reconoce en los Acuerdos de 1966 y en los equivalentes regionales derivados de la Declaración Universal. Marshall (1950), como es sabido, dijo que los derechos civiles fueron el logro del siglo XVII, los derechos culturales el del siglo XVIII, los derechos políticos el del siglo XIX y los derechos sociales el logro del siglo XX. Si así fue, podríamos decir que el reto por delante es asegurar que los derechos económicos sean el logro propio del siglo XXI.

Sin embargo, como han subrayado Bobbio (1990) y otros, el Estado-nación no es la única forma de asociación que genera derechos. La mayoría de nosotros pertenece a asociaciones que establecen e imponen derechos individuales y grupales dentro de comunidades específicas. Un derecho es lo que se garantiza a los que se unen a un club y permanecen como buenos miembros del mismo. Esta perspectiva nos permite imaginar distintos planos de la ciudadanía y distintos planos de los derechos. Podemos así pensar, por ejemplo, en una ciudadanía ocupacional que implica que algunos tienen un derecho a practicar un conjunto de actividades con títulos designados, tales como doctor, abogado, carpintero o panadero, junto con un derecho a recibir ingresos, beneficios, estatus y derechos de representación o agencia desarrollados y legitimados dentro de la ocupación, a menudo a través de las generaciones, tal como ocurre en las profesiones legal y médica.

Un aspecto fundamental es el derecho a pertenecer a una comunidad o a un conjunto autoidentificado de comunidades. Esto es por lo que la libertad debe ser interpretada como libertad societaria, una perspectiva que se extiende desde Aristóteles a Arendt, pero que ha sido abandonada por los modernos socialdemócratas, así como por los libertarios y neoliberales, que ven la libertad en términos individualistas.

LOS PRINCIPALES TIPOS DE DERECHOS

Los derechos civiles incluyen el derecho a la vida y la libertad, a un juicio justo, al proceso debido, a la igualdad ante la ley, la representación legal, la privacidad y la libertad de expresión, y el derecho a ser tratado con igual dignidad.

Los derechos culturales son derechos de los individuos y las comunidades a acceder y participar en la cultura de su elección, incluidas la lengua y la producción artística, en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación.

Los derechos políticos incluyen el derecho a votar, participar en la vida política, presentarse a las elecciones y participar en la sociedad civil.

Los derechos sociales incluyen el derecho a un adecuado nivel de vida, a la protección social, la salud y seguridad ocupacional, a la sanidad y la educación, y a la preservación de los bienes comunales y el acceso a ellos.

Los derechos económicos incluyen el derecho a ejercer la propia ocupación, compartir los recursos económicos de los bienes comunales, disfrutar de la parte correspondiente del crecimiento económico, acceder a todas las formas de renta y negociar individual y colectivamente.

Los derechos humanos son universales, indivisibles e inalienables, lo que significa que no pueden ser conculcados excepto en situaciones específicas sujetas al proceso debido. Así, una persona condenada por un crimen en un tribunal de justicia puede perder su derecho de libertad.

El término «derechos exigibles» [claim rights] o «derechos republicanos» se usa para identificar los derechos que la sociedad debería promover positivamente. Según se explica en el capítulo 4, se deberían juzgar las medidas políticas y los cambios institucionales en función del grado en que contribuyen a la realización de derechos para los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad.

Los derechos evolucionan constantemente, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, se formuló una Carta de Derechos Humanos Emergentes, que resaltaba las exigencias distributivas y ecológicas, como parte del Foro Universal de las Culturas (Foro Social de Barcelona, 2004). Tuvo poco impacto, pero debería tenerse en cuenta.

Los residentes y los derechos restringidos

Durante la Edad Media en Inglaterra, un residente era un forastero —un «extraño»— al que el rey, o una autoridad que operaba en su nombre, concedía el derecho a establecerse y a trabajar en una ciudad en su probada ocupación. Conseguía algunos de los derechos de los ciudadanos de la ciudad, pero casi nunca todos y no necesariamente para siempre.

A medida que se desarrollaba la idea de ciudadanía, la noción de residencia se desplazó al nivel nacional. En su Law Dictionary, escrito a principios del siglo XIX, Sir Thomas Edline describía a un residente en estos términos:

Un extranjero que obtenía, ex-dominatione regis, la Carta Patente que lo convertía en un súbdito inglés; una rama superior e incomunicable de la prerrogativa real. Un residente está en una suerte de estado intermedio entre un extranjero y un súbdito por nacimiento. Puede adquirir tierras mediante compra o legado, lo que no puede hacer un extranjero. Ningún residente puede pertenecer al Consejo Privado o a cualquiera de las cámaras del Parlamento, ni ocupar cargo alguno de confianza, ya sea civil o militar, ni derecho a concesiones de tierra, etc., de la corona.

Así pues, un residente carecía normalmente de derechos políticos, pero se le concedían determinados derechos económicos así como los normales derechos civiles de los ciudadanos.

En las colonias británicas, el gobernador tenía potestad para conceder cartas de residencia a extranjeros si llegaban con cartas de recomendación del pertinente secretario de Estado británico. O podían elevar una petición al gobernador, quien podría someter sus nombres a la aprobación del secretario de Estado. Los residentes tenían que hacer el juramento de Lealtad y Supremacía, renunciando a reconocer la autoridad temporal del Papa, abjurando de toda pretensión al trono inglés de los descendientes del Pretendiente, y afirmando la Declaración contra la Transubstanciación. Si bien los católicos quedaban exentos de esta última cláusula, eran restricciones a la desviación cultural.

Se debe a Thomas Hammar (1994) la reintroducción moderna del término residente para referirse a los trabajadores inmigrantes que llegaron a Europa occidental y del norte a partir de la década de 1960 y se convirtieron en residentes de larga duración. Se les concedieron libertades negativas que incluían el acceso al mercado de trabajo, y consiguieron algunos derechos positivos a la seguridad social. Pero la residencialidad siguió siendo un concepto «a medio camino» (Oger, 2003; Walker, 2008).

Esta idea de residencialidad como estatus «a medio camino» ha supuesto históricamente un progreso para las personas implicadas. Un residente era aquel que pasaba de ser alguien de fuera a ser alguien parcialmente de dentro, con algunos derechos. Pero la residencialidad también debería verse como un retroceso. En la era de la globalización, al tiempo que la retórica de los derechos ganaba fuerza y popularidad, la realidad ha consistido en la conversión de más y más gente en residentes, a los que se niegan ciertos derechos o se les impide obtenerlos y retenerlos. Esto no solo afecta a los inmigrantes. Si aceptamos la idea de Hannah Arendt de que la ciudadanía es «el derecho a tener derechos» (Arendt [1951] 1986), hoy sería mejor pensar la ciudadanía como un continuum, donde muchas personas tienen un rango más limitado de derechos que otras, sin que se pueda establecer una dicotomía simple entre ciudadanos y no ciudadanos.

Hasta la década de 1980, la visión convencional era que con el paso del tiempo, en una sociedad democrática, la residencia y la ciudadanía terminarían coincidiendo (Brubaker, 1989). Esto no sería cierto hoy día. Muchos de los que residen en un país jamás obtendrán la ciudadanía o los derechos vinculados a ella; otros que han residido desde el nacimiento pierden derechos que supuestamente acompañan a la ciudadanía.

Muchos residentes no solo tienen derechos limitados sino que además carecen del derecho a tener derechos. Los solicitantes de asilo a los que se deniega el estatus de refugiado son un buen ejemplo; los inmigrantes que no pueden ejercer la ocupación para la que están cualificados son otro. A menudo, no disponen de los medios o de las vías procedimentales para protestar contra su condición marginal. Muchos carecen de la capacidad para reclamar o hacer valer sus derechos, o temen que el acto de afirmar un derecho positivo pudiera tener muy probablemente consecuencias retributivas o costes desastrosos. Otros no tienen ninguna vía en absoluto para conseguir derechos nominales.

Históricamente, a un residente se le concedían derechos a regañadientes, tenía que ganárselos con sus méritos, y esto dependía de la discrecionalidad del gobernante o de sus representantes. Los residentes modernos están en una posición similar. Un residente también puede verse como alguien sometido a dominación arbitraria, es decir, a una dominación de la que no se puede pedir cuentas al que la ejerce. Esto es contrario al ideal republicano de no dominación, que supone que uno solo puede estar sometido a un poder legítimo y controlable.

Hay seis maneras por las que las personas pueden convertirse en residentes. Pueden bloqueárseles las vías de obtención de derechos, mediante leyes, regulaciones o acciones no controlables de las burocracias estatales. Puede elevarse el coste del mantenimiento de los derechos. Pueden perder derechos debido a un cambio de estatus, como empleado, residente o cualquier otro. Pueden ser privados de derechos mediante el conveniente proceso legal. Pueden perder derechos de facto, sin proceso debido, aun cuando pueden no perderlos de iure, en sentido legal. Y pueden perderlos por no conformarse con normas moralistas, por tener un estilo de vida o un conjunto de valores que los pone fuera del rango de protección.

Una vía atroz a la residencialidad es la pérdida de derechos debida a la creciente criminalización. Esto se debe en parte a que los gobiernos han convertido más acciones en delitos. El Gobierno del Nuevo Laborismo en Reino Unido aprobó veintiocho nuevas leyes de justicia criminal en sus trece años de existencia, añadiendo al Código Penal el equivalente a un nuevo delito por día, muchos de ellos triviales (Birrell, 2012). La población carcelaria casi se duplicó. Y las tecnologías digitales también han incrementado el coste a largo plazo de ser criminalizado, haciendo más difícil limpiar el expediente y exponiendo a la gente a discriminación mucho tiempo después de haber cometido lo que bien pudo ser un delito menor.

En suma, la residencialidad puede surgir no solo de la inmigración, sino también de la desagregación de derechos por la que se eliminan todos o algunos de los derechos nominalmente asociados a la ciudadanía formal. El neoliberalismo que cristalizó en la era de la globalización ha generado un modelo de sociedad con pertenencia por niveles. Y lo peor de todo es que la desagregación de derechos ha ido acompañada de una reestructuración clasista de los derechos. Esta es la base sobre la cual el precariado debe armar sus demandas.

El derecho al trabajo y los «derechos laborales»

«Déjenme empezar señalando la importancia del trabajo. Como he dicho antes: el Partido Laborista —el partido del trabajo—, la clave está en el nombre.»

Ed Miliband
Líder del partido laborista del Reino Unido,
Junio, 2013.

Debemos insistir en una distinción entre «trabajo en general» [work] y «trabajo asalariado» [labour], y reconocer sus implicaciones para el «derecho al trabajo», un concepto que ha causado confusión desde la primera vez que fue formulado. Aunque es central para la ciudadanía, solo cobra sentido si todas las formas de trabajo son tratadas con el mismo respeto. El trabajo asalariado es solo un parte del trabajo.

Cada época ha tenido sus estupideces sobre lo que es trabajo y lo que no lo es. El siglo XX fue el más estúpido de todos. Como sostuve en El precariado, y en un libro anterior (Standing, 2009), deberíamos volver a las ideas de los antiguos griegos, quienes lograron una mejor conceptualización del trabajo, pese a su sistema sexista y esclavista. El trabajo productivo [labour] no lo hacían los ciudadanos; lo hacían los esclavos, los banausoi y los metecos. Trabajo [work] era lo que el ciudadano y su familia hacían en la casa; era actividad reproductiva hecha en amistad cívica, philia. El juego estaba pensado para la recuperación y el equilibrio de la vida.

El principal objetivo del ciudadano era liberar tiempo para el ocio, para la scholé, que se entendía como el tiempo y el espacio para participar en la vida de la polis (la comunidad), en el ágora, el ámbito comunitario, los espacios sociales abiertos. La scholé es una combinación de enseñanza y participación pública; era intrínsecamente política. Era también un vehículo para la educación moral, viendo y participando en las grandes tragedias teatrales, donde se aprendía la empatía.

Este ideal fue desapareciendo con el paso de los siglos, gracias a la estupidez de Adam Smith y Emmanuel Kant, entre otros, que despreciaron como improductivo a todo aquel que hiciera lo que llamamos «servicios», hasta el triunfo del laborismo y el modelo del trabajador masculino en el siglo XX. Por primera vez, todos los que hacían un trabajo no remunerado desaparecieron de las estadísticas. Como dijo Arthur Pigou en frase célebre, si él empleaba a un ama de llaves o una cocinera, la renta nacional y el empleo subían. Si se casaba con ella y seguía ella haciendo el mismo trabajo, la renta nacional y el empleo bajaban. Esta locura persiste tanto en la política como en la estadística.

En el discurso arriba citado, Miliband continuaba diciendo lo siguiente: «Nuestro partido se fundó sobre los principios del trabajo. Siempre hemos estado en contra de negar las oportunidades que provienen de no tener trabajo». Este es el problema del Partido Laborista. Solo el trabajo hecho para un jefe, bajo sumisión, en relaciones señor-siervo, según lo establece el derecho laboral, cuenta en esta visión de la sociedad.

Los diputados laboristas de la primera hornada en 1906, cuando se les preguntaba qué libro había sido más influyente en su carrera política, citaban Unto This Last ([1860] 1986) de John Ruskin. El tema de ese ensayo elegíaco era la necesidad de luchar por los valores del trabajo contra los dictados del trabajo alienado. En una interpetación actualizada, su argumento era que solo debería contar el trabajo creativo, ecológico, reproductivo, realizado en libertad. El trabajo alienado que agota los recursos debería ser combatido. Esto inspiró a William Morris, otra voz contemporánea que se alzó contra el laborismo. Habría quedado horrorizado ante la trampa laborista en que cayó Miliband al justificar la contraprestación de trabajo, el trabajo forzado para los desempleados.

Según lo explico en otro lugar (Standing, 2009, 2013a), deberíamos definir el «derecho a trabajar» como el derecho a ejercer una ocupación libremente elegida, donde la ocupación comprende una combinación de trabajo, trabajo asalariado, ocio y recuperación que corresponde a las capacidades y aspiraciones de cada uno. Aunque esto nunca llegue a realizarse, las políticas y los cambios institucionales deberían evaluarse en función del grado en que acercan a, o alejan de, ese ideal a los grupos más desfavorecidos de la comunidad.

La estructura de clases emergente

Cada época y cada sistema productivo engendran sus propios sistemas de clases. Como argumentaba en El precariado, la globalización, que comienza en la década de 1980, ha generado una estructura de clases, superimpuesta a estructuras anteriores, que comprende una élite, un salariado [salariat], los profitécnicos [proficians], un viejo núcleo de clase obrera (el proletariado), un precariado, los desempleados y un lumpen-precariado (o subclase). Un grupo de académicos ha propuesto una variante de esta clasificación, si bien difiere en aspectos significativos (Savage et al., 2013).

La «clase» puede definirse como un grupo determinado principalmente por específicas «relaciones de producción», específicas «relaciones de distribución» (fuentes de ingreso) y específicas «relaciones con el Estado». De estas relaciones surge un conciencia distintiva de lo que son reformas y políticas sociales deseables.

Si empezamos por la parte más alta del espectro de ingresos, la élite o plutocracia consiste en un minúsculo número de individuos que en realidad son superciudadanos; residen en diversos países y escapan a las obligaciones de la ciudadanía, al tiempo que contribuyen a limitar los derechos de los ciudadanos casi en cualquier lugar. No son el uno por ciento señalado por el movimiento Occupy. Son mucho menos numerosos, y ejercen un poder mayor del que la mayoría de la gente puede apreciar. Su fuerza financiera configura el discurso político, las políticas económicas y la política social. Así, los hermanos Koch en EE.UU. han gastado miles de millones financiando a candidatos republicanos al Congreso, a tanques de pensamiento republicanos y a grupos de oposición a la acción contra el cambio climático.

En Superclass (2009) y Power, Inc. (2012), David Rothkopf sostiene que el mundo lo dirige una élite global de 6.000 personas sin consideración alguna a las lealtades nacionales. Estos super-ciudadanos incluyen a las corporaciones, cuya influencia en la política estadounidense se ha visto reforzada con un fallo del Tribunal Supremo de 2010, que dictaminó que tienen los mismos derechos de expresión que los individuos y pueden gastar lo que deseen para promover sus ideas. En un estudio sobre redes corporativas, se descubrió que tan solo 147 entidades (la mayoría, grupos financieros mayoritariamente propiedad de, o dirigidos por, la élite) controlaban el 40 por ciento del valor de las multinacionales de todo el mundo; y 737 entidades controlaban el 80 por ciento (Torgovnick, 2013).

En algunos aspectos, la élite se confunde con los antinguos ciudadanos corporativos pertenecientes al salariado. Esta clase consta de los que tienen empleo a largo plazo o contratos que prometen permanencia, si responden a reglas convencionales de comportamiento y desempeño. Reciben amplios beneficios empresariales no salariales y todas las formas de seguridad laboral expuestas en el anterior libro.

El salariado ha sido el principal beneficiario de la socialdemocracia del siglo XX. Sus miembros tienen casi todos los derechos asociados con la ciudadanía nacional. En su mayoría son también ciudadanos corporativos u ocupacionales, o ambos, en el sentido de que reciben beneficios y derechos garantizados a los miembros de esas entidades tipo clubes. Lo que los sitúa en una posición distintiva de clase es que reciben la mayor parte de sus ingresos en forma de beneficios y participaciones, a menudo indirectamente mediante planes de pensiones privados o de la compañía, y que se benefician de generosas exenciones fiscales (subsidios) sobre sus gastos: vivienda, seguros, pensiones, donaciones benéficas, etc. Esto les inclina a apoyar la sociedad de mercado y el individualismo neoliberal, una orientación que se ve reforzada por su preferencia por un sistema educativo mercantilizado, privado de gran parte de su contenido ilustrado.

Junto al salariado, en términos de ingresos, están los profitécnicos, que consisten en un creciente número de personas, a menudo jóvenes, que son autoempleados móviles, reacios al empleo asalariado, y revolotean entre proyectos y títulos ocupacionales. Algunos aspiran a entrar en la plutocracia, la mayoría lleva una vida estresada, expuesta al agotamiento y la quiebra nerviosa. Pero a casi todos les gusta su cuenta bancaria.

Por debajo del salariado y los profitécnicos está, en términos de ingresos, la vieja clase obrera, el proletariado. Aquí nos sumergimos en aguas conceptuales traicioneras. El proletariado todavía existe, pero no es mayoría en ningún sitio y está menguando. Nunca fue una clase homogénea. Pero podría ser definido mediante una serie de características modales, sobre todo por sus relaciones de producción y sus relaciones de distribución. Se esperaba que la clase obrera suministrara un trabajo asalariado estable, aun si sus miembros estaban expuestos al desempleo. El término que caracterizaba a sus vidas obreras era la proletarización, la habituación a un trabajo asalariado estable a tiempo completo. Incluso sus representantes, sindicatos y partidos laboristas, predicaban una doctrina de trabajo disciplinado.

Sus relaciones de distribución suponían que sus ingresos provenían principalmente de los salarios, suplementados con bonificaciones de la empresa, resultantes del aumento en la productividad del trabajo. Fuera del centro de trabajo, los ingresos eran complementados con transferencias de los parientes y la comunidad, y la renta en especie de los servicios públicos y «los comunes». Así, el proletariado se definía por su dependencia del trabajo en masa y del salario, por la ausencia de control sobre la propiedad de los medios de producción y por la habituación a un trabajo estable que se correspondía con sus capacidades.

Desde el siglo XIX hasta la década de 1970, los representantes del proletariado —los partidos socialdemócratas y laboristas, y los sindicatos— lucharon por la desmercantilización del trabajo, haciendo del trabajo asalariado algo más «decente» y subiendo los ingresos mediante un desplazamiento desde los salarios monetarios a los beneficios empresariales y las prestaciones estatales. El contenido normal de «conciencia» era un deseo de mayor seguridad en el empleo y una mayor holgura dentro de la subordinación laboral.

Todos los partidos laboristas y comunistas, los socialdemócratas y los sindicatos, suscribían esta agenda, reclamando «más trabajo» y «pleno empleo», por lo cual se entendía trabajo a tiempo completo para todos los hombres. Además de sexista, esto despreciaba cualquier forma de trabajo que no fuera el trabajo asalariado (incluido el trabajo reproductivo en el hogar, el cuidado de otras personas, el trabajo comunitario y otro tipo de actividades elegidas por ellas mismas). También borraba del mapa una concepción de la libertad del trabajo que había figurado poderosamente en el pensamiento radical de épocas anteriores.

El precariado

Conforme esa agenda perdía fuelle, empezó a emerger un nuevo grupo, el precariado. En vez de repetir la descripción de su evolución, mejor será que anotemos sencillamente sus características distintivas. Muchas se perciben de forma negativa. Pero también hay rasgos positivos, que son los que hacen del precariado una clase peligrosa potencialmente transformadora.

Relaciones de producción distintivas

Primero, consideremos las relaciones de producción. El precariado consiste en la gente que vive de empleos inseguros entremezclados con periodos de desempleo o de retiro de la fuerza de trabajo (la mal llamada «inactividad económica») y lleva una vida de inseguridad con un acceso incierto a la vivienda y a los recursos públicos. Experimenta una constante sensación de transitoriedad.

El precariado carece de las siete formas de seguridad laboral que la vieja clase obrera luchó por obtener y que fueron internacionalmente perseguidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Huelga decir que siempre ha habido trabajadores en condiciones de inseguridad. Pero eso por sí solo no define al precariado actual. El precariado tiene relaciones de producción distintivas porque la nueva norma, no la excepción, es el trabajo incierto y volátil. Mientras la norma proletaria era la habituación al trabajo estable, el precariado se está habituando al trabajo inestable. Esto no puede superarse impulsando simplemente el crecimiento o introduciendo nuevas regulaciones.

La inestabilidad laboral es central para el capitalismo global. El capital multinacional no solo quiere un trabajo flexible e inseguro, sino que también quiere conseguirlo en cualquier parte del mundo. En una economía de mercado global, sería inútil intentar frenar la inestabilidad laboral en cualquier país por separado. No se trata de animar a la desesperación; es una invitación a plantear un enfoque alternativo.

Dicho sin rodeos, los representantes del proletariado demandan trabajo decente, en gran cantidad; el precariado desea escapar del trabajo asalariado, material y psicológicamente, porque el trabajo que realiza es instrumental y no autodefinido. Muchos miembros del precariado ni siquiera aspiran a asegurar el trabajo. Vieron a sus padres atrapados en empleos de larga duración, demasiado atemorizados como para abandonarlos, en parte porque habrían perdido las modestas bonificaciones de la empresa que dependían de los «años de servicio». Pero, en cualquier caso, esos empleos ya no se ofrecen al precariado. Las esferas de protección laboral del siglo XX —derecho laboral, regulaciones laborales, negociación colectiva, seguridad social laborista— se construyeron alrededor de la imagen de unos puestos de trabajo firmes y fijos, de unas jornadas y semanas de trabajo fijas que solo se aplican a una minoría de la sociedad terciarizada online de hoy. Mientras que la conciencia proletaria está ligada a la seguridad a largo plazo en una empresa, mina, fábrica u oficina, la conciencia del precariado está ligada a la búsqueda de la seguridad fuera del puesto de trabajo.

El precariado no es un protoproletariado, es decir, algo que se convierte en proletariado. Pero la centralidad del trabajo inestable para el capitalismo global es también la razón por la que no es una subclase, como algunos pudieran pensar. De acuerdo con Marx, el proletariado quería abolirse a sí mismo. Lo mismo podría decirse del precariado. Pero el proletariado quería de esa forma universalizar el trabajo estable. Y si tenía un interés material en el crecimiento económico y en la ficción del pleno empleo, el precariado tiene un interés en recapturar una visión progresista de la «libertad del trabajo», estableciendo así un derecho significativo al trabajo. El precariado debería ser escéptico respecto del crecimiento y ver su lado oscuro en términos de externalidades sociales, destrucción ecológica y pérdida de bienes comunales.

Relaciones de distribución distintivas

Segundo, el precariado tiene relaciones distintivas de distribución, o remuneración. En lugar de reducir su renta a los beneficios del capital, por un lado, y a los salarios, por el otro, la idea de «renta social» (Standing, 2009) intenta captar todas las formas de renta que la gente puede recibir —producción por cuenta propia, los ingresos provenientes de producir o vender en el mercado, los salarios monetarios, los beneficios empresariales no salariales, las prestaciones comunitarias, las prestaciones estatales y los ingresos procedentes de activos financieros y otros activos—.

En el temprano capitalismo industrial, era raro que los trabajadores recibieran solo salarios monetarios (McNally, 1993). Pero durante el siglo XX, la tendencia era a un alejamiento de los salarios monetarios con un crecimiento proporcional de la renta social proveniente de los beneficios empresariales y las prestaciones estatales. Lo que distingue al precariado es la tendencia opuesta, con la práctica desaparición de todas las fuentes no salariales de ingresos.

Esto es un cambio estructural. El precariado carece de acceso a las prebendas no salariales, tales como vacaciones pagadas, bajas médicas, pensiones de la empresa, etc. También carece de prestaciones estatales basadas en derechos, vinculadas a titularidades legales, siendo dependiente de prestaciones inciertas y discrecionales, cuando las tiene. Y carece del acceso a las prestaciones comunitarias, en forma de bienes comunales robustos (servicios y equipamientos públicos) y redes de apoyo familiar o local fuertes. Todo esto ha quedado en un segundo plano en el análisis del proceso laboral.

El movimiento de los cercamientos[1], precursor de la revolución industrial, creó las condiciones que propiciaron la proletarización. Con el capitalismo del siglo XX, los sistemas comunitarios de reciprocidad y solidaridad entraron en decadencia, a medida que las funciones sociales fueron asumidas por el Estado y las corporaciones. Entonces, en la era de la globalización, la mercantilización y la privatización de los servicios y prestaciones sociales completó el desmantelamiento de lo que ha sido un componente vital de la renta social a lo largo de la historia.

Otro aspecto distintivo de las relaciones de distribución del precariado es que no tiene acceso a ingresos procedentes de ganancias y arrendamientos, mientras que los grupos por encima de él han venido obteniendo rentas del capital de un modo u otro. No tiene sentido dividir a la gente en «capitalistas» y «clase obrera» unificada cuando el salariado recibe una parte amplia y creciente de sus ingresos de los beneficios del capital. Esta es una fuente de desigualdad mayor de lo que normalmente se cree, pues proporciona a los perceptores de mayor renta una porción de la renta global del capital. Ha ido de la mano del desplazamiento regresivo —de los salarios a los beneficios— en la distribución funcional de la renta.

Los intereses materiales del salariado se han ido diferenciando de los del resto de trabajadores.

Fortaleza de los derechos por clases

Derechos políticos: El precariado está relativamente desapoderado, ya que sus miembros tienen menos probabilidades de tener voto (por ejemplo, inmigrantes) o de ejercerlo (por ejemplo, jóvenes, minorías). En la medida en que el precariado siga siendo una minoría o esté dividido, los políticos tendrán pocos incentivos electorales para promover políticas en su favor.

Derechos civiles: El precariado está perdiendo el derecho al proceso debido, especialmente en las áreas de empleo y beneficios sociales.

Derechos culturales: Los gobiernos están demandando más conformidad con las normas sociales y las instituciones mayoritarias, intensificando la marginación cultural de las minorías.

Derechos económicos y sociales: El precariado está perdiendo derechos económicos y sociales, sobre todo en las esferas de las prestaciones estatales, y el derecho a ejercer una ocupación.

Relaciones distintivas con el Estado

Un tercer rasgo del precariado son sus relaciones distintivas con el Estado. El Estado no es lo mismo que el Gobierno. Consiste en las instituciones y los mecanismos que determinan cómo está ordenada la sociedad y cómo se distribuye la renta y los activos. Según argumentaré posteriormente, el precariado carece de los derechos otorgados a los ciudadanos pertenecientes al núcleo de la clase obrera y al salariado. Los miembros del precariado son meros residentes.

La palabra «precario» se toma normalmente como sinónimo de «inseguro». Pero ser precario también significa depender de la voluntad de otro. Se refiere a ser un suplicante, sin derechos, dependiente de la caridad o la benevolencia burocrática.

El precariado se enfrenta a las normas neoliberales que rigen las instituciones estatales, la retórica política convencional y la política social utilitarista, las cuales privilegian los intereses de una clase media percibida como tal, junto con la plutocracia. El Estado trata al precariado como necesario pero como un grupo que ha de ser criticado, compadecido, demonizado, sancionado o penalizado, según convenga, no como un objeto de protección social o como un grupo cuya calidad de vida deba ser mejorada.

Podría decirse que mientras los partidos políticos de la derecha cuidan de su clase media, consistente en los salariados y los profitécnicos, junto con partes de la plutocracia, los partidos socialdemócratas cuidan de su clase media, consistente en los estratos inferiores del salariado y el proletariado, junto con los miembros liberales de la élite. Ha servido al interés de ambos el ignorar o menospreciar los apuros del precariado, mientras fue una pequeña minoría. Esto cambiará.

Falta de identidad ocupacional

Un cuarto rasgo del precariado es la falta de una identidad o narrativa ocupacional que dar a su vida. Esto es una fuente de frustración, alienación, ansiedad y desesperación anómica. Reconocer esto no implica una visión romántica del pasado, puesto que a lo largo de la historia mucha gente ha tenido que sobrevivir mediante un sinnúmero de actividades impredecibles. No obstante, la confusión en las comunidades ocupacionales atraviesa toda la era de la globalización y ha creado un trauma en el precariado. Incluso aquellos que consiguen entrar en una profesión o en un taller sienten incierto su futuro, no están seguros de lo que hacen o de tener una escalera por la que ascender. Las tradiciones gremiales que guiaron la vida ocupacional durante dos milenios daban a la gente un ancla, un código ético, estatus, trayectorias de vida factibles y comunidades de acción práctica.

Dediqué gran parte de un libro anterior (Standing, 2009) a analizar la estrategia neoliberal, apenas tenida en cuenta por los comentaristas, diseñada para desmantelar las comunidades ocupacionales. Con ella, los gobiernos erosionaron la ética de la reciprocidad y la solidaridad que había sido una parte integral de la vida ocupacional. Los socialdemócratas fueron tan descuidados como el derecho político al rechazar los aspectos positivos de los gremios. En el Reino Unido, la vida gremial prácticamente ha desaparecido, y solo ha quedado la pantomima de los antiguos gremios [livery companies] de la ciudad de Londres, una excusa para que la élite se vista con divertidas togas y tenga lujosas comidas donde codearse. Pero el precariado no tiene una trayectoria ocupacional por la que definir su vida.

Falta de control sobre el tiempo

Un quinto rasgo del precariado, que nuevamente lo distingue del proletariado, es que sus miembros deben aceptar una gran cantidad de trabajo que no es trabajo remunerado. Son explotados y oprimidos mediante una contracción del tiempo diferente a la de épocas pasadas. Podemos llamar al fenómeno «tiempo terciario» para distinguirlo del «tiempo industrial» que apuntalaba al capitalismo industrial (Standing, 2013). El precariado no puede demarcar la vida en bloques de tiempo. Se espera que esté disponible para el trabajo remunerado y no remunerado en cualquier tiempo del día y la noche.

Esto queda tipificado en el creciente fenómeno del trabajo en masa [crowd-labour] y los contratos de cero horas; millones de personas (las estadísticas no nos lo dicen) son contratadas sin un horario específico de trabajo, pero están obligadas a estar disponibles durante los momentos de la actividad. De otros se espera que revoloteen entre actividades, que estén constantemente en red, que esperen, hagan cola, se reciclen, rellenen formularios, hagan un poco de esto, un poco de aquello. Todo esto es lo que pasa por la mente precarizada, un sentimiento de tener demasiado que hacer durante casi todo el tiempo. Un sentimiento corrosivo que deja a la gente fatigada, estresada, frustrada e incapacitada para la acción coherente.

La presión se extiende desde el trabajo reproductivo, con la presión de estar preparado ante cualquier espejismo del mañana, pasando por las rondas de reciclaje y actualización de currículum, hasta el trabajo de gestión financiera personal, hacer malabarismos con las deudas y romperse la cabeza para llegar a fin de mes. Darse un respiro significa arriesgarse a perder oportunidades y quedarse atrás, aunque no se sabe nunca con claridad detrás de quién. Para el precariado lo normal es tener una ratio alta de trabajo impagado/trabajo remunerado.

Alejamiento del mundo laboral

Un sexto rasgo explica por qué el precariado no debería verse solo como víctima o como vulnerable, términos que suelen darse por sentados. Los que están en el precariado tienen más probabilidades de alejarse psicológicamente del mundo laboral, entrando solo intermitente o instrumentalmente en la relación laboral y sin tener un único estatus laboral: a menudo no saben muy bien qué poner en los formularios oficiales bajo la rúbrica «ocupación». Esto les hace menos propensos a desarrollar la falsa conciencia de que los empleos que desempeñan son dignificadores.

Tienen así más probabilidades de sentirse alienados por los trabajos aburridos y mentalmente empobrecedores que se ven obligados a realizar, y de rechazarlos como una forma satisfactoria de trabajo y vida. ¡No me diga que sea un ciudadano responsable al hacer este asqueroso trabajo de reponer estanterías, servir bebidas, barrer suelos o lo que sea que me toque hoy! El distanciamiento en este sentido es potencialmente liberador. ¡Que no me digan que mi trabajo debe ser satisfactorio o una vía a la «felicidad»! Yo lo hago por dinero. Mi vida y mi desarrollo están en otro sitio.

Baja movilidad social

Un séptimo rasgo es un rasgo compartido por el precariado con gran parte del proletariado, aunque no con el salariado y los profitécnicos. Pone de relieve por qué es desaconsejable agrupar a todos los trabajadores en una única clase obrera. Ello es que el precariado tiene muy baja tasa de movilidad social. Cuanto más tiempo se queda una persona en él, menor es la probabilidad de que escape. En casi toda Europa y Norteamérica ha descendido la movilidad social, junto con la creciente desigualdad de renta, desde el comienzo de la era de la globalización (Blanden, Gregg y Machin, 2005; Sawhill, 2008; OCDE, 2010). Irónicamente, esto se ha producido durante un periodo en el que los gobiernos dicen haber estado promoviendo la meritocracia y la movilidad social.

Sobrecualificación

Un octavo rasgo es la sobrecualificación. Por primera vez en la historia, el trabajador corriente —o lo que los marxistas llaman la «fuerza de trabajo»— está sobrecualificado para el trabajo que se espera que realice. Como sociedad, todavía tenemos que ponernos de acuerdo sobre esto, pero por ahora la respuesta política no parece ser la adecuada.

En el capitalismo industrial temprano, se suponía que la mayoría de los trabajadores aprendían un oficio que se adecuaba a las habilidades ejercidas en su trabajo. Hoy, es raro que la gente utilice más de una fracción de sus capacidades o cualificaciones en un trabajo. Manda el credencialismo. Con solo tener un alto nivel de cualificaciones basta para entrar en la lotería del mercado laboral. Para muchos empleos, los candidatos deben tener o bien un padre bien conectado o cualificaciones mayores de las que se requerirían para el empleo en cuestión. Esto lleva a una epidemia de frustración de estatus y al estrés derivado del «desempleo invisible», con capacidades subempleadas. Para el precariado de hoy, no hay nada invisible en todo ello.

Incertidumbre

Un noveno rasgo es que el precariado está sujeto a una combinación peculiar de formas de inseguridad. El modelo laborista de capitalismo industrial estaba basado en la norma de una familia nuclear en la que se suponía que el varón que «traía el sueldo» ganaba un «salario de familia», suficiente para mantener a una esposa dependiente y a varios hijos. En el siglo XX, la ficticia desmercantilización del trabajo tuvo lugar mediante la construcción de beneficios empresariales y prestaciones estatales que supuestamente cubrían lo que los economistas llamamos riesgos de contingencia, los que surgen de lo que uno está haciendo. A estos se los denominaba erróneamente «derechos» laborales. Eran derechos adquiridos por determinados grupos que luchaban por asegurarlos, pero nunca fueron universales o incondicionados.

Además de ser mayormente sexista y patriarcal, como corresponde al modelo laborista, los beneficios compensatorios se construían sobre la premisa de que uno podía, en principio, calcular la probabilidad de que se produjera un riesgo (desempleo, enfermedad, embarazo, jubilación, etc.). Así, para un proletario con trabajo estable, los riesgos de contingencia podían cubrirse con la seguridad social. Los intereses de la incómoda minoría eran de menor importancia.

Sin embargo, en una economía terciaria de mercado abierto, los sistemas de seguridad social no pueden ofrecer una fuerte protección social. El precariado hace frente a la incertidumbre, a lo desconocido que se desconoce. Con la incertidumbre (cosa distinta del riesgo), una persona no puede calcular la probabilidad de un suceso adverso. Hoy hay muchas más esferas de incertidumbre, debido sobre todo a la liberalización económica y a un sistema de mercado basado en la competencia y en la escasez provocada. La probabilidad de golpes adversos e infortunios es mayor, el coste de los sucesos adversos es más elevado y la capacidad de hacerles frente y recobrarse de ellos es menor. Esto es algo más preocupante de lo que parece sugerir el término «sociedad del riesgo». Y no solo está expuesto el precariado a más esferas de incertidumbre que otros grupos; tiene también menos capacidad de recuperación, al tener menos recursos con los que manejarlas. Por ello es más severo el impacto de los sucesos adversos.

La pobreza y las trampas del precariado

Esto nos conduce al décimo rasgo del precariado, que ningún otro grupo experimenta: una combinación de trampas de la pobreza, explotación y coerción fuera del lugar de trabajo y trampas de la precariedad que suponen un tsunami de adversidad. El Estado de bienestar, en todas sus variantes, se construyó para y por el proletariado. Se basaba en la seguridad social o nacional, con los beneficios sociales ligados a las contribuciones regulares hechas por o en nombre de empleados regulares. Conforme ha ido creciendo el precariado, este modelo ha decaído. Todos los Estados de bienestar se han desplazado hacia la asistencia social basada en la comprobación de medios, focalizando las ayudas supuestamente en «los pobres». Ahora la política social está inclinada a la identificación de los pobres mediante comprobaciones de medios.

Para el precariado, esto crea severas trampas de la pobreza. Cualquiera que reciba prestaciones previa comprobación de medios y entonces coja un despreciable trabajo de bajo salario puede enfrentarse a una tasa «impositiva» marginal cercana al 100 por cien. Como moverse desde las prestaciones al trabajo asalariado cuesta tiempo y dinero, no hay ningún incentivo en absoluto para trabajar. Son millones los que afrontan en los países industriales tasas impositivas efectivas superiores al 80 por ciento, el doble de lo que el proletariado estaría supuestamente dispuesto a tolerar, y el triple de lo que se supone que pagan las corporaciones multinacionales cuando no trasvasan los beneficios a paraísos fiscales de ultramar.

Como no hay incentivos para coger trabajos mal pagados, las trampas de la pobreza han provocado de forma previsible la coerción estatal en forma de «guerra laboral», por la cual los jóvenes y otros grupos son obligados a aceptar trabajos mal pagados o a tener la «experiencia del trabajo» impagado, so pena de ser penalizados y demonizados como «gorrones», «gandules» y cosas por el estilo.

También ha habido un incremento de las trampas de la precariedad, esto es, situaciones en las que coger trabajos mal pagados puede suponer la subsiguiente merma de renta (véase el artículo 17 de la Carta). El Estado exige al precariado que haga mucho trabajo para tratar de ganarse el derecho a las prestaciones, dando numerosos pasos de acción personal, cada uno una nueva barrera que sortear, una trampa para los confiados, los nerviosos, los ignorantes, los frágiles o los de poco carácter. La vida se hace a base de hacer cola, rellenar formularios, aportar mucha documentación, pasar frecuentes entrevistas, responder a preguntas trampa, etc. El proceso se hace cada vez más duro, humillante y prolongado. Coger un trabajo mal pagado que puede acabarse en cualquier momento implica el riesgo de volver en cuestión de semanas al comienzo del proceso de solicitud de prestaciones. Ninguna persona racional aceptaría un trabajo así en tales circunstancias. No obstante, el precariado está siendo forzado a hacerlo.

Esta forma de trampa de la precariedad está muy extendida en los países del norte de Europa, incluido el Reino Unido, en los que los salarios en la parte más baja del mercado laboral y las prestaciones estatales se presionan mutuamente a la baja. En otros sitios son más comunes otras trampas de la precariedad. Estas incluyen la situación en la que coger un trabajo de bajo estatus y bajo salario reduce la probabilidad de conseguir un empleo de carrera más tarde, una trampa que se hace más profunda por la amenaza de rescisión de la prestación si se rechaza el trabajo de bajo salario. Otra trampa de la precariedad surge de la dificultad de moverse en busca de empleo. En muchos países, los jóvenes en particular no pueden alquilar un apartamento porque, sin un empleo «permanente», no son aceptados como inquilinos.

En suma, el precariado se define por diez rasgos. No todos son exclusivos de él. Pero tomados en conjunto, los elementos definen a un grupo social, y por esa razón podemos decir que el precariado es una clase-en-formación. Los críticos pueden aducir que la noción es demasiado vaga, como si ese no fuera el caso de la «clase obrera» o la «clase media». Sin embargo, quedan dos cuestiones. ¿Es el precariado un grupo único? Y ¿es la nueva clase peligrosa?

Variedades de precariado

El precariado no es homogéneo. No hay nada extraño en ello. Todas las clases han tenido sus fracciones, especialmente durante su evolución. Pero el precariado está tan dividido que podríamos describirlo como una clase en guerra consigo misma. Esto puede cambiar antes de lo que se imaginan algunos observadores.

En El precariado, el precariado se dividía en «contentos» y «descontentos», los que aceptaban su estatus con ecuanimidad y los que se sentían frustrados, enojados y desesperados. Una forma complementaria de ver lo que está ocurriendo es identificar tres variedades de precariado.

La primera consiste en la gente expulsada de las comunidades y las familias de clase obrera. Es gente que experimenta una sensación de relativa privación. Ellos, sus padres y sus abuelos, tenían puestos de clase obrera, con estatus, especialización y respeto. Al mirar atrás hacia un pasado imaginario o real, se vuelven atávicos, preguntándose por qué la vida no puede ser como fue. También están relativamente poco formados, y por ello tanto más inclinados a prestar oídos a los populistas que venden agendas neofascistas. La gente en esta parte del precariado normalmente culpa a la otra por su situación y está deseosa de castigarla mediante recortes en sus prestaciones, aun cuando ella misma recibe prestaciones o sabe que puede llegar a necesitarlas.

La segunda variedad consiste en los tradicionales residentes: inmigrantes, gitanos, minorías étnicas, solicitantes de asilo en el limbo, es decir, los que en cualquier sitio tienen los derechos menos seguros. También incluye a algunos discapacitados y a un creciente número de ex convictos. Este grupo también experimenta privación relativa al comparar la experiencia presente con la de su «casa» o con un mundo anterior que se ha perdido para ellos. La nostalgia puede producir falsas ilusiones, pero lo normal es que tengan rabia mezclada con una necesidad pragmática de sobrevivir. Esta parte del precariado puede quedar al margen de la vida política y social corriente. Van con las cabezas gachas. Esto no debería confundirse con una falta de resentimiento o de predisposición a volverse activos si aparece una visión que los energice.

Su rabia puede canalizarse hacia una voluntad de trabajar duro, y negociar ofreciendo un gran esfuerzo. No es de extrañar que los inmigrantes sean preferidos como trabajadores, o que, en numerosos países de la OCDE, la mayoría de los nuevos empleos en años recientes haya sido ocupada por inmigrantes. Eso es por lo que la primera variedad de precariado es movilizada tan fácilmente contra la segunda.

Sin embargo, hay una tercera variedad que crece rápidamente. Consiste en los bien formados, arrojados a una existencia precarizada después de que se les prometiera lo contrario, una brillante carrera de desarrollo y satisfacción personal. La mayoría está en la veintena y la treintena. Pero no están solos. Se les están uniendo muchos expulsados de una existencia salariada.

El rasgo definitorio de esta parte del precariado es otra forma de privación relativa, una sensación de frustración de estatus. No se dedican a lo que pretendieron dedicarse y tienen pocas posibilidades de llegar a hacerlo algún día. Pero debido a su educación y a que son conscientes de lo absurdo y monótono que es el trabajo que tendrán que aceptar, están en buena posición para apreciar el engaño del laborismo y la necesidad de una nueva concepción progresista. No deberíamos sorprendernos de encontrar un nuevo romanticismo juvenil, un floreciente estallido artístico, análogo a lo que ocurrió hace dos siglos (Hobsbawn [1962] 1977). Quizá el mayor desafío para esta parte del precariado es incluir a las otras variedades y compartir una visión común. No hay razón por la que eso no pueda ocurrir, al igual que los artesanos y los intelectuales obraron como educadores y dirigentes de la «clase obrera» a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero es un desafío.

En suma, podemos decir que la primera parte del precariado experimenta privación relativa de un pasado real o imaginario; la segunda, de un presente ausente, de una «casa» ausente; y la tercera, de un sentimiento de no tener futuro. Pero en los tres grupos hay bastante gente que debe encontrar una identidad común, porque el precariado debe formar una clase para sí, si es que quiere tener la fuerza suficiente para abolirse a sí mismo.

Por qué el precariado es una «clase peligrosa»

El precariado es una clase-en-formación, en el sentido de que sus miembros tienen distintivas relaciones de producción, relaciones de distribución (fuentes de ingresos) y relaciones con el Estado, pero todavía carecen de una conciencia común y una visión común de lo que hay que hacer con respecto a la precariedad. Aunque muchos entienden el precariado y lo que significa estar en él, algunos estudiosos rechazan que el concepto designe a una clase (por ejemplo Braga, 2012). Se entiende la reticencia de los marxistas a desprenderse de la dicotomía capital/trabajo, aunque a la vez que descartan la idea de una nueva clase a menudo hablan de la «clase media», un concepto mayormente no marxiano. Pero su deseo de integrar al precariado en las viejas nociones de la «clase obrera» o el «proletariado» nos impide desarrollar el vocabulario apropiado y el conjunto de imágenes necesarias para guiar el análisis de clase en el siglo XXI.

Decir que el precariado es «peligroso» es afirmar que sus intereses de clase son opuestos a los de las principales agendas políticas del siglo XX, el neoliberalismo de la «derecha» convencional y el laborismo de la socialdemocracia. No obstante, al menos en 2013, el precariado todavía no es una clase para sí; aunque las tres variedades fueran conscientes de lo que rechazan —inseguridad, empobrecimiento, endeudamiento, falta de identidad ocupacional y múltiples desigualdades— todavía no estarían de acuerdo en lo que necesitan o quieren, o quizá ni siquiera serían conscientes de ello. El precariado todavía está en la fase de «rebelde primitivo», como lo estuvieron los luditas de principios del siglo XIX u otros grupos que han surgido en las fases desarraigadas de las transformaciones.

El precariado es peligroso por otra razón relacionada con lo anterior: porque todavía está en guerra consigo mismo. Si la demagogia populista se abriera camino, la primera variedad se volvería despiadada contra la segunda, como ha venido ocurriendo en Grecia, Hungría e Italia. También es peligroso porque, como se predijo en El precariado, la combinación de ansiedad, alienación, anomia y cólera conducirá con toda probabilidad a más jornadas de disturbios y protestas. Y es peligroso porque el estrés, la inseguridad económica y la frustración pueden llevar y están llevando a patologías sociales, que incluyen el consumo de drogas, los pequeños delitos, la violencia doméstica y el suicidio.

Finalmente, el precariado es peligroso porque se le opone un Estado marcadamente divisivo. Muchos en el precariado se sienten mercantilizados, tratados como objetos obligados a trabajar para otro, penalizados por no trabajar y exhortados por los políticos a hacer más. Nadie debería sorprenderse si reaccionan de forma anómica. Pero como el precariado está distanciado emocionalmente del trabajo que se espera que haga, tiene menor inclinación a imaginar que el trabajo es el camino a la felicidad o que la creación de puestos de trabajo es señal de progreso social. El precariado pone sus esperanzas y aspiraciones en otro sitio. Muy pronto se hará eco de aquella consigna del sesenta y ocho: «Ça suffit!»[2].

02
La era de la austeridad

La ideología neoliberal que guió a los gobiernos desde 1980 en adelante desembocó en lo que ahora llamamos globalización. Se urgió a las economías, las empresas y los individuos a hacerse más «competitivos» a fin de triunfar en la economía global de mercado. Los gobiernos volvieron a regular los mercados de trabajo para hacerlos más flexibles, desmantelaron las instituciones de la solidaridad social, redujeron los mecanismos de seguridad social y económica y mercantilizaron la educación para que sirviera a los intereses de las empresas. Estos cambios expandieron el número de residentes, al tiempo que cobraba forma el precariado.

Al principio no se notó la pérdida de derechos porque una suerte de «pacto fáustico» creó la falsa sensación de auge y prosperidad. Los gobiernos disfrazaron la caída de los salarios reales —necesaria para competir con la fuerza de trabajo de las economías de mercado emergentes y producida mediante políticas de flexibilización laboral— con una mezcla de dinero fácil y subsidios laborales. Las crecientes desigualdades, y la aparición de una élite plutocrática, se vieron como corolario de la competitividad. Después de 2008, todo eso cambió.

La subsiguiente era de la austeridad ha expuesto y exacerbado las tendencias desencadenadas por la globalización que los gobiernos habían ocultado. Las desigualdades han crecido; los salarios han caído más aún; han crecido el desempleo, la pobreza y el número de los sin techo. Los gobiernos han recortado las ayudas al precariado, al tiempo que han aumentado los subsidios a los ricos. Cada vez más gente pierde derechos; cada vez son más los que se unen al precariado.

Mientras tanto, se abre paso una gran convergencia: los salarios suben en las economías emergentes mientras caen en los países industrializados, un proceso que todavía se prolongará durante años. Los países ricos se han vuelto economías rentistas que reciben crecientes ingresos en beneficios y dividendos de las operaciones e inversiones de ultramar. Esto no hace más que enriquecer a la plutocracia y la élite, con buenas migajas para el salariado y los profitécnicos. Hay una salida. Pero depende de que entendamos qué es lo que ha estado pasando.

El fin del pacto fáustico

Cuando despegó el proyecto liberal, los rasgos definitorios eran la liberalización, que significaba abrir las economías nacionales a la competencia global; la individualización, que significaba la re-regulación para frenar toda forma de institución colectiva (sobre todo los sindicatos y las asociaciones ocupacionales); la mercantilización, que significaba someter todo lo que fuera posible a las fuerzas del mercado (sobre todo mediante la privatización de servicios públicos), y la contracción fiscal, que significaba bajar los impuestos a las rentas más altas y al capital.

La globalización abrió las puertas a un mercado laboral global, que triplicó la oferta de trabajo mundial; dos mil millones de trabajadores extra estuvieron disponibles, pero habituados a trabajar por la quinta parte del salario de los países ricos. Con un capital y una tecnología de gran movilidad, la productividad empezó a elevarse rápidamente en las economías de mercado emergentes. El mantra de la «competitividad» empezó a guiar la política económica y social, ya que todos los países intentaron recortar los costes laborales.

La Escuela de Derecho y Economía de Chicago, que apuntaló lo que llegó a conocerse como el Consenso de Washington, defendía que las políticas y las regulaciones solo se justificaban si promovían el crecimiento. Pero era evidente que la liberalización conduciría globalmente a una convergencia de ingresos a largo plazo, con los salarios ligeramente al alza en los países emergentes mientras caían más rápidamente en los países ricos. Los economistas neoliberales también sabían que lo que estaban desencadenando incrementaría la desigualdad; los rendimientos del capital se elevarían mientras los salarios y los beneficios de los empleados en los países ricos estarían sometidos a una presión a la baja.

Había dos cursos de acción para los gobiernos y las agencias financieras que los guiaban. Como sus reformas automáticamente impulsaron los ingresos del sector financiero y de las multinacionales orientadas a la exportación, una opción era obligar a los beneficiarios fortuitamente bien colocados a pagar más a las arcas públicas, para beneficio de la sociedad. Al fin y al cabo, sus ingresos tan desproporcionadamente superiores no se debían a ninguna nueva brillantez colectiva sino a cambios a su favor en las reglas de juego. La desigualdad podría haberse limitado mediante un acuerdo para que las ganancias fueran compartidas por toda la sociedad.

Desgraciadamente, no se siguió ese camino. En lugar de ello, los gobiernos sellaron un pacto fáustico con sus poblaciones al tiempo que se echaban fatalmente en brazos del capital financiero. A modo de ilustración, en la década de 1960, los activos bancarios igualaban el 50 por ciento de la renta nacional de Estados Unidos; para 2008, ascendían a más de un 200 por cien. En 1982, ninguno de los cincuenta más ricos de América era un financiero; para 2012, doce de los cincuenta eran financieros o gestores de activos financieros. Sin embargo, ningún gobierno que deseara ser reelegido podía permitirse un hundimiento de los salarios. Así, a medida que se introducían cambios institucionales y en las políticas públicas para promover la flexibilidad y se estancaban los salarios reales, los gobiernos apuntalaron los ingresos del precariado emergente mediante el crédito barato, una política fiscal laxa y subsidios laborales, incluidos los créditos fiscales. Este pacto fáustico desembocó en una orgía de consumo y desahorro.

Estados Unidos fijó la pauta. Imprimió dólares libremente para cubrir los crecientes déficits por cuenta corriente y presupuestarios. Al mismo tiempo, la propensión a ahorrar subió en los mercados emergentes del sureste asiático tras la crisis asiática de 1998. Ellos acumularon muchos de aquellos dólares (y euros), lo que permitió a Estados Unidos y a Europa gastar a manos llenas. Pero eso dejó muy expuesta a la economía norteamericana. En el momento del crac de 2007-2008, Estados Unidos debía la cantidad neta de 2,5 billones de dólares a acreedores extranjeros, mientras China había acumulado activos extranjeros por un valor neto de 1,8 billones de dólares.

Por entonces ya había emergido una economía de mercado global. Se habían transformado las instituciones del mercado laboral con la flexibilidad laboral, la flexibilidad en el sistema salarial y toda una reestructuración del sistema de seguridad social (Standing, [1999], 2002). Las multinacionales se habían establecido en las economías de mercado emergentes, desplazando la inversión y el empleo y desagregándose a sí mismas en un nuevo modelo de capitalismo de accionistas. Los mercados de trabajo cambiaron drásticamente. Aunque algunos negaran que se estaba produciendo un cambio fundamental (por ejemplo Doogan, 2009), es difícil defender esta postura. La inseguridad laboral se convirtió en la norma.

La producción manufacturera y el empleo en los países de la OCDE cayeron, sobre todo en Estados Unidos (Pierce y Schott, 2012). Los empleos perdidos no deberían idealizarse como «buenos» en el sentido de ser mejores que los del sector servicios. Pero habían sido trabajos mayormente estables y a tiempo completo, con amplios beneficios no salariales, protección laboral y negociación colectiva.

La gran convergencia arrancó lentamente. Entre 1960 y 2000, alrededor de veinte países de renta baja crecieron más rápidamente que Estados Unidos y Europa occidental (Subramanian, 2011). China, con más de mil millones de personas, apareció como un gigante global. La expansión manufacturera coincidió con el crecimiento en 145 millones de su gigantesca fuerza de trabajo entre 1990 y 2008. La productividad creció anualmente en más de un 9 por ciento. La producción que en 1990 requería de cien trabajadores exigía menos de veinte en 2008, según la Organización Asiática de la Productividad. En 1999, las exportaciones chinas eran menos de un tercio de las de Estados Unidos. Para 2009, China era el mayor exportador del mundo.

La inversión fluyó hacia las economías de mercado emergentes. Las corporaciones se hicieron de naturaleza global: las ventas de las filiales extranjeras de las multinacionales se multiplicaron por seis entre 1990 y 2010, sus activos se multiplicaron por doce, sus exportaciones se cuadruplicaron y el empleo en sus filiales superó el triple, hasta alcanzar más de 68 millones de trabajadores (UNCTAD, 2011). El número de empleados de las multinacionales norteamericanas que trabajaban en las filiales extranjeras subió de un quinto en 1989 a un tercio en 2009. Estas cifras subestiman los cambios, pues no incluyen el creciente uso de subcontrataciones en el extranjero.

Los trabajadores de los países ricos tenían un problema: los salarios reales para los trabajadores de rentas medias y bajas descendieron. En los países de la OCDE en su conjunto, la parte porcentual de las rentas del trabajo cayó cinco puntos entre 1980 y 2008 (OCDE, 2012). En Estados Unidos, antes del crac, el porcentaje de la masa salarial en la renta nacional había caído desde un pico del 53 por ciento en 1970 hasta un poco más del 45 por ciento, su nivel más bajo en la historia moderna. Para el final de 2012, el porcentaje de los salarios volvió a caer hasta el 43,5 por ciento. Algunos economistas atribuyeron esto al cambio tecnológico (Brynjolfsson y McAfee, 2012), pero esto no es más que una variante de la «falacia de la porción de trabajo», un estribillo familiar desde los luditas. Aunque el cambio tecnológico jugó su papel, los principales responsables fueron los cambios institucionales y de política, junto con una debilitada capacidad de negociación de los trabajadores. La caída de los salarios estuvo asociada a la globalización, no fue inducida por las tecnologías digitales.

La tendencia era global. De acuerdo con el Banco de Desarrollo Asiático, entre mediados de la década de 1990 y mediados de la de 2000, la renta laboral como porcentaje del producto manufacturero cayó del 48 por ciento al 42 por ciento en China y del 37 por ciento al 22 por ciento en la India. Estos fueron cambios de enorme calado, y con toda seguridad eran el reflejo de las condiciones de trabajo excedentario y del poder del capital.

En otro indicador de cambio estructural, la estrecha relación positiva entre productividad y salarios se frenó en la década de 1980 y la brecha se amplió después de 2000, produciendo una curva apodada con el nombre de «las fauces de la serpiente». Esto se hizo incumpliendo un acuerdo social implícito de la era de la posguerra, por el cual los salarios reales se movían en paralelo con el crecimiento de la productividad. En una economía globalizada, el capital ya no necesitaba tener ningún compromiso.

A medida que caían los salarios y la flexibilidad laboral hacía más insegura la vida de los que vivían de su trabajo, el pacto fáustico se mantuvo mediante el crédito barato y los subsidios. Un momento decisivo llegó en 1992, cuando el Gobierno de Estados Unidos rebajó las hipotecas sobre la vivienda y facilitó el acceso a ellas. Eso supuso un beneficio político a corto plazo para el entonces presidente Bill Clinton, pero era insostenible. Para 2007, el crédito total había ascendido a 50 billones de dólares, cincuenta veces más que en 1964. La explosión de los precios de los activos fue adecuadamente descrita por un economista como «creditismo» (Duncan, 2012).

Otros países siguieron el mismo camino. En Europa, a millones de personas se les permitió adquirir una casa por encima de sus medios sostenibles. El porcentaje de familias en Inglaterra que poseían sus casas creció de un 57 por ciento en 1981 a un 71 por ciento en 2003, en un momento en que los ingresos de los grupos de rentas bajas se estaban estancando o caían. En España, se animó a los bancos a conceder hipotecas por el 100 por cien a trabajadores de rentas bajas, incluidos los inmigrantes. En Irlanda, se precipitaron a conceder hipotecas del 115 por cien en una explosión inmobiliaria que casi dobló el parque de viviendas; por doquier aparecieron casas de lujo, para pronto acabar muchas de ellas en tristes obras abandonadas a medio hacer.

Como en todos los pactos fáusticos, la orgía tuvo que terminar, lo que debidamente ocurrió en 2007-2008. Pero mientras los medios de comunicación se centraron en la codicia de los banqueros y los mercados financieros, se desvió la atención de los rasgos estructurales del sistema global de mercado y las «crisis» asociadas que habían sido alimentadas por la estrategia neoliberal.

La primera fue una crisis fiscal. Cuando el sistema financiero se colapsó, los gobiernos corrieron a «rescatar a los bancos». Fue el mayor regalo a los ricos que el mundo ha conocido nunca. Fue también una oportunidad perdida para redistribuir la renta. Los gobiernos, los bancos centrales y las agencias financieras internacionales dieron a los bancos cantidades indecentes de dinero, con lo que aumentaron la deuda pública.

La segunda fue una crisis distributiva. La desigualdad se hizo mayor que en ningún otro momento desde la década de 1920. Esto se debió al pacto fáustico, a la estrategia de debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores y a la reestructuración de la protección social. La cosa todavía empeoró cuando los gobiernos afrontaron la crisis fiscal; dieron más subsidios a los opulentos al tiempo que recortaban las prestaciones y servicios a los demás.

La tercera fue una crisis existencial. El modelo neoliberal era una cruda versión de la competición darwinista, basada en la existencia de ganadores y perdedores. Apartó a un lado valores como la compasión, la empatía y la solidaridad y predicó el individualismo, la competitividad, la meritocracia y la mercantilización. Esta ruptura ideológica, iniciada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, creó una epidemia de estrés, miedo e inseguridad entre el precariado y los que estaban próximos a él. Al mismo tiempo, el afán de «competitividad» alentó el oportunismo desbocado, el engaño y la delincuencia, especialmente entre la plutocracia. Bernie Madoff, que se las arregló para defraudar 65.000 millones de dólares, no fue más que el ejemplo más plástico de la venalidad de la plutocracia.

La cuarta, una crisis ecológica provocada por la era de la globalización. Aunque también había otras causas, la búsqueda del crecimiento económico trajo consigo la despreocupación por las externalidades que estaban exacerbando la amenaza medioambiental. Gobiernos y corporaciones solo pensaban en el corto plazo, cuatro o cinco años en el caso de la mayoría de los políticos, menos para la mayoría de los directores ejecutivos, a los que solo importaba la cuenta de resultados y sus bonificaciones. Las propuestas para frenar o para imponer costes a las actividades contaminantes quedaban frustradas por los intereses comerciales y sus políticos domesticados, con la generación de empleo a menudo citada como una prioridad más alta. La era de la austeridad intensificó las políticas que concedían subsidios y exenciones fiscales a dudosas actividades productivas, mientras prestaban atención solo de boquilla a las necesidades medioambientales.

La quinta, una «crisis de derechos» que esperaba entre bastidores. Se ha abierto un déficit democrático debido a la mercantilización de los políticos, muchos de los cuales se están sirviendo de la política como un trampolín desde el que dar el salto hacia carreras lucrativas. Esto ha venido ocurriendo en casi todos los sitios, incluido el Reino Unido. Mucha gente ha perdido la fe en la versión «posverdad» de la política electoral, pues sabe que está conformada por el dinero, especialmente de la plutocracia, que hace que la sustancia política ceda el paso a las habilidades de comunicación, las consignas y las palabras de moda. El déficit democrático se ve agravado por el aumento de la vigilancia, lo cual está recortando derechos de libertad y privacidad. El «Estado panóptico» es una amenaza a la civilidad y la igualdad. Volveremos sobre la crisis de los derechos. Pero lo primero que debemos considerar es la reacción ortodoxa al fin del pacto fáustico.

La era de la austeridad

Tal es la escala del ajuste global requerido, que el gobierno al que esperamos inspirar puede vivir en la sombra durante un largo periodo de tiempo.

Mervyn King
Gobernador del Banco de Inglaterra,
Octubre, 2012.

Tras un periodo de estímulo fiscal y monetario que siguió al crack de 2007-2008, cristalizó una nueva ortodoxia. Los gobiernos, respaldados por las agencias financieras internacionales, decidieron imponer la «austeridad» a sus poblaciones para pagar el despilfarro que ellos mismos habían provocado. Irónicamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los grupos financieros que habían promovido la agenda de la liberalización se convirtieron en los supervisores de la estrategia pensada para arreglar el desastre. Muchos de los más altos políticos que aparecerían tras el crack eran alumnos de Goldman Sachs, incluidos los primeros ministros, llamados tecnocráticos, de Italia, Grecia y España, el presidente del Banco Central Europeo y el nuevo gobernador del Banco de Inglaterra. Fue un caso de zorros puestos a cuidar del rebaño, tipificado por lo que incluso The Economist (2012) llamó «el surgimiento del complejo político-financiero».

La reducción de la deuda se convirtió en el mantra de todos los gobiernos, que después justificaban grandes recortes en el gasto público y en las condiciones de vida, con el apoyo de estudios que decían que una deuda de más del 90 por ciento del PIB reduciría el crecimiento económico (Reinhart y Rogoff, 2012). Tres años más tarde, se decubrió que los datos y la metodología utilizada en esos estudios eran dudosos (Herndon, Ash y Pollin, 2013; Pollin y Ash, 2013). Pero, para entonces, las políticas de rápida reducción de la deuda se habían consolidado. El artículo original se aceptó simplemente porque se adecuaba al paradigma ideológico. Eso puede compararse con la indiferencia ante la investigación que demuestra que reducir la desigualdad haría aumentar el crecimiento. Según lo resumen Berg y Ostry (2011), tanto en los países ricos como en los más pobres, la desigualdad estaba correlacionada con expansiones económicas más cortas y con un crecimiento menor a medio plazo.

La justificación de la austeridad fue que una deuda elevada ralentiza el crecimiento. Pero, como se ha hecho ampliamente evidente, la línea causal puede ir en sentido inverso, con un crecimiento lento como causante de una deuda mayor. Al frenar el crecimiento, recortar el gasto público puede incrementar la deuda en lugar de reducirla, creando un círculo vicioso de declive. Es más difícil reducir el déficit público durante las recesiones, cuando caen los niveles de vida y aumenta el desempleo. Algunos gastos, como las prestaciones sociales por ejemplo, suben automáticamente al tiempo que caen los ingresos fiscales. No obstante, los gobiernos han respondido a la persistente deuda con nuevos recortes en prestaciones y servicios, incluidos los bienes públicos, todo lo cual ha llevado a una mayor dependencia de las prestaciones y a una mayor presión sobre los servicios de salud.

Aunque la deuda de los países industrializados ya era sustancial antes del crack, se desbordó con la propia crisis financiera. El porcentaje medio de la deuda pública con respecto al PIB, 74 por ciento en 2007, creció en más de un tercio hasta el 101 por ciento en 2010, y siguió subiendo posteriormente en algunos de los países más duramente golpeados por la crisis. En Irlanda y Portugal, la deuda subió a más del 100 por cien de la renta nacional después del crack. En España la deuda pública, tan solo del 36 por ciento del PIB antes de la crisis, se acercó al 100 por cien para 2013. De acuerdo con el FMI, el principal culpable era la caída de los ingresos, ya que las medidas a favor de la austeridad, intensificadas con la presión externa, empujaban las rentas a la baja. El crecimiento se estancó, y sin embargo los gobiernos seguían intentando reducir la deuda con recortes de rentas a la mayoría, con promesas vacías de que el sufrimiento a corto plazo tendría su recompensa a la larga.

En Irlanda, a la que se promocionaba como una historia de éxito, un nuevo Gobierno impuso la austeridad a los trabajadores de rentas bajas, al tiempo que rebajaba los impuestos a las corporaciones hasta el 12,5 por ciento para atraer la inversión del exterior. Para 2012, la deuda de las familias excedía del 200 por cien de la renta disponible. Los niveles de vida cayeron, mientras el capital extranjero aumentaba sus beneficios. Como muy a su pesar reconocía The Economist, un defensor de la austeridad: «El déficit creciente refleja el hecho de que al pueblo irlandés le ha ido mucho peor que a la economía irlandesa» (The Economist, 2013).

También en otros lugares, las políticas después de 2008 fueron salvajemente deflacionarias. Se utilizó al ogro de la deuda para justificar planes encaminados a recortar el gasto público y a acelerar la privatización, mientras se daban ayudas a los bancos en forma de «flexibilización cuantitativa» en un esfuerzo por recapitalizar al sector financiero e inducir préstamos a la inversión. El resultado fueron más bonificaciones cuantiosas para los banqueros, mientras que los que dependían de las prestaciones estatales y los servicios sociales sufrieron más que nadie.

Los países a la cabeza de la crisis, tales como Grecia, Irlanda, Portugal y España, pagaron un precio terrible. Las familias españolas perdieron el 20 por ciento de su riqueza y las familias irlandesas, el 36 por ciento, entre 2007 y 2012. La economía griega se contrajo en un cuarto en ese periodo y se proyectaron más recortes de gasto, mientras en Portugal mayores impuestos sobre la renta y más recortes en prestaciones provocaron grandes caídas en la renta nacional y un desempleo desorbitado, con más medidas de austeridad esperando en el camino.

La crisis de la eurozona puede haber sido el factor precipitante. Pero el principal problema era el modelo neoliberal que había permitido niveles inimaginables de desigualdad desde el comienzo de la era de la globalización. Dicho llanamente, si llega mucha renta a una élite diminuta, la economía mundial se convierte en rehén de una «huelga de dinero»: la élite financiera puede retirar su dinero, del mismo modo que los trabajadores pueden retirar su trabajo en una huelga laboral, para forzar a los gobiernos a seducirles con más exenciones fiscales y subsidios. La carga de los recortes es entonces soportada por todos los demás, especialmente por aquellos más dependientes del gasto y las prestaciones sociales, el precariado.

La gran convergencia

Mientras la austeridad balbuceaba, la gran convergencia se aceleró. Los niveles medios de vida en las economías emergentes están subiendo, aunque muchos han sufrido por la austeridad (Ortiz y Cummins, 2013). A la vez que el crecimiento se detenía en los países de la OCDE, siguió boyante en la mayoría de las economías de mercado emergentes. Y la gran convergencia ha venido acompañada por un «desacoplamiento estructural». Si antes del crack los patrones cíclicos en los países de la OCDE llevaban emparejados cambios similares en las economías emergentes, ahora la mayoría de estos últimos crece aun cuando los países de la OCDE entran en recesión. Y los que más éxito han tenido son los que se han apoyado en el capital estatal.

En los países ricos el crac ralentizó el crecimiento potencial, así como el real. El FMI concluyó que el grupo de las siete mayores economías industriales crecería como mucho al 2 por ciento anual entre 2012 y 2017, comparado con el 4 por ciento en la recuperación de la recesión en la década de 1980 (1983-1988) y el 3 por ciento en la recuperación de la década de 1990 (1994-1999). A un 2 por ciento al año, y cayendo, la tasa de crecimiento potencial de la economía estadounidense ha caído a la mitad de lo que era a finales del siglo XX.

Por el contrario, aunque el Gobierno chino orquestó una desaceleración de su frenético crecimiento, en parte en respuesta a las señales de una «burbuja» de propiedad, los salarios reales y los beneficios subieron más rápidamente después del crack así como fue más pronunciada su caída en los países de la OCDE. En 2012, el PIB chino en dólares, medido en términos de paridad en el poder adquisitivo, superó al de Estados Unidos. La India tuvo dificultades, pero su economía todavía crecía a un 5 por ciento anual. La convergencia prometida por la globalización cogía velocidad.

Se ha hecho mucho por elevar los salarios en China y es verdad que, en un solo año, el salario mínimo subió en algunas provincias en un 30 por ciento. Pero como la productividad ha subido también muy intensamente, los costes de trabajo y producción todavía están muy por debajo de los de la OCDE, y seguirán así durante años. Hablar de que van a volver a los países de la OCDE el trabajo y la producción industrial es una vana ilusión. Antes al contrario, la inversión y la producción se desplazaron a otras economías de mercado emergentes, tales como Vietnam, Indonesia, Bangladesh, India y Camboya. Aunque la producción manufacturera y la rentabilidad repuntaron en los Estados Unidos, con la ayuda de subsidios y de menguantes salarios y beneficios para los empleados, no hubo una recuperación significativa del empleo industrial.

Ante todo, la gran convergencia implica un desplazamiento global del capital. El Banco Mundial (2013) concluía que para 2030 la mitad del stock global de capital estará en los países en desarrollo de hoy, comparado con la cifra de menos de un tercio de 2012. En comparación con el año 2000, su aportación a la inversión global se estima que se triplicará hasta alcanzar el 60 por ciento. China e India juntas cubrirán el 38 por ciento de la inversión global bruta.

El aumento de la movilidad del capital también refleja el nuevo modelo global del capitalismo de accionistas, en el que la desagregación corporativa ha ido de la mano de un giro comercial desde los bienes acabados a las tareas parciales y las partes de los bienes. Cada vez más corporaciones se integran globalmente y son capaces de ajustar la producción y el empleo a los cambios de mercado y de costes. Por ejemplo, el Dreamliner de Boeing, un avión de tamaño medio, implica a 43 proveedores repartidos por más de 135 lugares por todo el mundo; el 70 por ciento de sus componentes se producen en el extranjero. En Suecia, los teléfonos móviles Ericsson tienen 900 componentes de 60 proveedores en 40 países, que son enviados a clientes en 90 países. Un típico coche sueco es solo 50 por cien sueco.

La reestructuración global de la inversión se ha acelerado. Entre 2007 y 2011, la inversión privada en los 27 países de la Unión Europea cayó en 350.000 millones de euros, veinte veces la caída en el consumo privado, cuatro veces la caída en el PIB real. Si incluimos a Estados Unidos y a Japón, la caída en la inversión privada fue de un billón de dólares. La inversión extranjera directa (IED) en los países desarrollados cayó en 2012 a su nivel más bajo en casi diez años, mientras que por primera vez la IED en los países en desarrollo ascendió a más de la mitad del total global (UNCTAD, 2013).

La avalancha de multinacionales entrando en las economías de mercado emergentes se aceleró. Aunque muchos se quejaban del creciente sentimiento antiempresarial en Europa, su objetivo era aumentar los beneficios. Las empresas americanas llevaron la voz cantante, con Ford, General Motors, GE (General Electric), Dow Chemical, HP (Hewlett-Packard) y otras cerrando sus plantas europeas. Los siguientes fueron los servicios financieros.

Las grandes corporaciones florecen dentro de lo que ahora son miembros dinámicos de un sistema global de mercado. En términos de impacto laboral, la cumbre es la Foxconn, propiedad de Taiwán, el taller electrónico del mundo, conocida como la campeona de la producción flexible. Para 2013 empleaba a 1,4 millones de personas solo en China, una gran subida desde los 100.000 de 2003, y más del doble de los que tenía cuando estalló la conmoción global. En 2012, anunció planes para doblar su tamaño de nuevo en 2020. Como muestra de sus ambiciones globales, se ha convertido en la segunda mayor empresa exportadora de la República Checa, se está expandiendo en México, Brasil, Turquía, India e Indonesia, y en 2013 estaba montando su primera operación en Estados Unidos, en California, para fabricar Google Glass. Alibaba, una empresa china de Internet, proyecta convertirse pronto en una de las empresas más valiosas del mundo. Le siguen otras.

China se valió de la era de la austeridad para comprar tecnología de las corporaciones europeas de perfil alto, mientras sus empresas estatales lograban el control sobre las empresas privadas, a menudo privatizadas, con la ayuda de subsidios, crédito barato y exenciones fiscales. Las empresas chinas invirtieron 12,6 mil millones de dólares en Europa en 2012, un 21 por ciento más que en 2011. Las empresas manufactureras alemanas eran de nuevo un destino apetecido, mientras la Corporación de Inversiones de China adquiría participaciones minoritarias en el aeropuerto londinense de Heathrow y en la Thames Water. Cuando Portugal privatizó su industria energética, la china Three Gorges adquirió el 21 por ciento de las acciones de la mayor compañía eléctrica. Cosas así seguirán ocurriendo.

La reestructuración del empleo

También se ha acelerado la reestructuración global del empleo. Entre 2008 y 2010, las empresas estadounidenses eliminaron 2,9 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y expandieron el empleo en el exterior en 2,4 millones de puestos, mientras que las principales empresas francesas del índice CAC-40 del mercado de valores recortaron el empleo en Francia en un 4 por ciento, pero incrementaron el empleo global en un 5 por ciento. Para 2012, un quinto de la producción manufacturera japonesa se llevó a cabo fuera de Japón. Para el sector de la electrónica fue más del 30 por ciento, para el de la automoción más de la mitad. El presidente de Toyota se lamentaba: «La industria y el empleo están al borde del colapso» (The Economist, 2012). Japón se ha convertido en una economía «rentista» dependiente de los flujos de inversión extranjera, lo cual mantiene fuerte al yen, impidiendo las exportaciones.

Hay quien todavía piensa que Estados Unidos es un país industrial. Pero sus empresas principales han estado creando más trabajo fuera. Apple, entonces la mayor corporación estadounidense por valor bursátil, solo tenía 43.000 empleados en Estados Unidos en 2012. Fuera, empleaba directamente a 20.000 personas y subcontrataba otros 700.000 empleos manufactureros, la mayoría en Asia. En 2011, Steve Jobs le dijo abiertamente al presidente Obama que «esos puestos de trabajo no volverán». La deslocalización de Apple, que no empezó antes de 2004, se debió no solo a los costes laborales sino también a la disponibilidad de trabajo flexible especializado y a la capacidad de bascular rápidamente en un sentido u otro en respuesta a la demanda y al cambio tecnológico.

Para 2012, China tenía 34 millones de trabajadores de fábrica urbana que ganaban un promedio de 2 dólares la hora, mientras otros 65 millones en empresas de pueblo y aldea ganaban 64 céntimos la hora, con 675 millones de trabajadores disponibles en otros lugares. Decir que el excedente de trabajo se está agotando es un engaño. Si las autoridades chinas quisieran, podrían elevar la edad de jubilación, ahora en 60 años para los hombres y 55 para las mujeres, baja para los niveles internacionales. Se espera que el número de chinos con más de 60 años pasará de 181 millones en 2012 a 390 millones en 2035. Si se elevara la edad de jubilación solo en un año, liberaría una cantidad de trabajo adicional equivalente al total de la fuerza de trabajo de un país promedio de la Unión Europea.

Sin embargo, quizá el rasgo más sobresaliente de la reestructuración del mercado de trabajo es el continuo aumento de la emigración laboral, incluida la emigración del campo a la ciudad en las economías de mercado emergentes, lo que está inflando la oferta global de trabajo. Cuando los expertos meditan sobre el final de las condiciones del trabajo excedentario —el llamado punto de inflexión de Lewis, según su famoso artículo escrito en 1954— se fijan en las adiciones decrecientes a la población adulta. Más importante es el abandono de las actividades rurales a medida que la población fluye hacia los mercados laborales globales.

La globalización del trabajo migratorio

La gran convergencia está ligada a un cambio en el modelo migratorio, exclusivo de la transformación global. La migración es ahora global, con flujos de personas en todas las direcciones. Son cada vez más los países que tienen una alta emigración y también una alta inmigración. Y cada vez más migración es circular y cortoplacista, en vez de orientarse al establecimiento, como ocurrió con la oleada previa de movimientos de población antes de la Primera Guerra Mundial.

Desde 2008, se ha disparado la emigración de los países más golpeados por la crisis en Europa. El número de griegos y españoles que se han marchado a otros países de la Unión Europea, sobre todo Alemania, se ha duplicado entre 2007 y 2011. En 2007, 300.000 inmigrantes llegaron a España de Latinoamérica; en 2010, el número que abandonó España para irse a Latinoamérica superó la inmigración total. También los portugueses fluyeron hacia las antiguas colonias, Angola, Mozambique y Brasil. El número de portugueses viviendo en Brasil subió de 276.000 en 2010 a 330.000 en 2011. Se estima que más de 100.000 personas, muchas de ellas jóvenes graduados universitarios, dejaron Portugal en 2012, un flujo migratorio mayor que en cualquier momento desde mediados de la década de 1960. El Instituto Nacional de Estadística de Irlanda estimó en 2012 que desde 2008 habían abandonado el país 50.000 personas, y el éxodo no hacía sino aumentar.

También se aceleró la migración de personas con formación superior después de 2008. En los cinco años que siguieron al crac, un tercio de los nuevos migrantes a los países de la OCDE tenía formación universitaria. De media, los inmigrantes en los países ricos tienen más formación que los nativos y la brecha se está ampliando, lo que queda reflejado en los flujos en Norteamérica y Europa del Este. En Canadá, más de la mitad de los inmigrantes tiene formación universitaria; la proporción es de más del 40 por ciento en el Reino Unido e Irlanda, y cerca del 30 por ciento en la OCDE en su conjunto.

Un creciente número de gente migra dentro de corporaciones multinacionales y agencias multilaterales. Muchos están en el salariado, pero hay también más movimiento de profitécnicos como asesores, contratistas a corto plazo y autónomos. Y la movilidad estudiantil ha aumentado como parte de la mercantilización global de la educación. No solo han subido los números, sino que la movilidad se ha hecho global, con los estudiantes yendo a más países y con menor demanda sobre Estados Unidos como destino.

También se ha producido una feminización de la migración, con más mujeres que hombres marchándose, normalmente en busca de trabajo. La proporción de mujeres migrantes con formación superior es mayor que la de los hombres. Los migrantes tienen una tasa de fertilidad mayor y la tasa de fertilidad de los ciudadanos en los países ricos ha caído por debajo de la tasa natural de reproducción. Así, ha aumentado la proporción de hijos cuyos padres son migrantes.

Una gran parte de la inmigración está indocumentada, lo cual está transformando los mercados laborales en muchos países ricos. De los 232 millones de migrantes estimados en el mundo, unos 30 millones pueden estar indocumentados. Casi un tercio de los inmigrantes en Estados Unidos se piensa que son «ilegales». Los inmigrantes perdieron en masa sus puestos de trabajo durante la recesión posterior a 2008, pero la mayoría no quedó reflejada en las estadísticas de desempleo o en las solicitudes de prestaciones. Simplemente se deslizaron hacia la economía sumergida. Las estrictas medidas de seguridad fronteriza disuaden a los ilegales de marcharse por miedo a no poder volver.

Hay también más refugiados y solicitantes de asilo que nunca. El trato hacia ellos se ha vuelto más punitivo y excluyente, a menudo diseñado para disuadirlos de venir a ese país en particular. Y hay un inminente y desastroso desarrollo de una creciente «migración medioambiental» debida al calentamiento global y a las tendencias ecológicas implicadas.

Un nuevo fenómeno es la migración de trabajo sin migración de trabajadores. Los centros de atención telefónica pueden resultar una fase transitoria de una tendencia más amplia que implica a las telecomunicaciones y al extraordinario crecimiento del «trabajo en masa» [crowd-work]. La vieja imagen es la de la gente moviéndose en busca de oportunidades económicas. Pero la migración de trabajo sin migración de trabajadores plantea un desafío al análisis económico, a las estadísticas laborales, a la política fiscal y a la política de protección social.

Otra nueva tendencia migratoria consiste en los europeos de mayor edad que se instalan en residencias para la tercera edad en países de renta baja. Esto es ya común en Alemania, y se atribuye al aumento de los costes asistenciales así como al aumento de la edad. En lugar de que personas del este de Europa o de Asia vayan a Alemania para cuidar de los mayores, las familias están mandando a sus mayores a esos países. El cuidado de la tercera edad es rentable. Y aunque la ley de la UE actualmente prohíbe a aseguradoras estatales firmar contratos con casas extranjeras, hay una creciente presión para cambiar eso. La migración de la tercera edad, por la jubilación o por los cuidados, crecerá.

Mientras tanto, la migración interna ha crecido en las economías de mercado emergentes, sobre todo en China, al tiempo que cae en Estados Unidos, posiblemente porque la información y el transporte barato han permitido a muchos buscar trabajo sin trasladarse (Kaplan y Schulhofer-Wohl, 2012).

Los países ricos como economías «rentistas»

Horrorizados ante la austeridad, muchos economistas socialdemócratas han pedido una respuesta keynesiana (aumentar el gasto). Pero los países de la OCDE no están en un mundo keynesiano. Se están convirtiendo en economías «rentistas», que atraen el capital extranjero con subsidios y exenciones fiscales y obtienen más ingresos por la repatriación de beneficios y dividendos de las multinacionales, beneficiándose así del crecimiento de las ventas y la inversión en el extranjero.

En 2012, los márgenes de beneficios en Estados Unidos fueron mayores que en ningún momento de los 65 años anteriores; los beneficios corporativos como porcentaje de la renta nacional alcanzaron el 13,6 por ciento. Sin embargo, esto no produjo un aumento de la inversión doméstica o el empleo. No solo no volvieron los empleos a tiempo completo a su nivel anterior a la recesión, sino que los salarios siguieron por debajo del nivel inicial de las recesiones previas. La proporción extranjera de los beneficios era un tercio del total, más del doble de la proporción de 2000.

Estados Unidos intentó incrementar las exportaciones manufactureras. Pero crear empleos en la manufactura por esta vía se está haciendo cada vez más difícil. De acuerdo con la Oficina de la Competencia y el Análisis Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, cada mil millones de dólares de las exportaciones manufactureras generaba 14.000 empleos en 1993, pero solo 5.350 en 2012. La mayor parte del descenso se debió al crecimiento de la productividad. Aunque los trabajadores en la industria exportadora ganan casi un 20 por ciento más que sus pares, las exportaciones de bienes solo supusieron 7,3 millones de puestos de trabajo en 2012, y la evidencia de años anteriores sugiere que casi la mitad de ellos puede que se ubiquen en los servicios más que en la manufactura. Mejorar la competitividad en las exportaciones no producirá más que un modesto cambio.

Por lo que respecta al Reino Unido, el presentador de la BBC Evan Davis sintetizó su futuro diciendo que sería «el mayordomo de los superricos globales», al servicio de los plutócratas que nos visitan y dependiendo de la City de Londres para derivar ingresos de los servicios financieros. Por el contrario, Peter Marsh (2012), editor y productor del Financial Times, escribió un libro lleno de optimismo en el que decía que los países industriales ricos no perderán su producción porque una «quinta revolución industrial» los rescatará. Al margen de lo que eso pueda significar, no hay razón para pensar que se recuperará en esos países la producción o los puestos de trabajo industrial.

La tendencia a convertirse en economías rentistas modificará la respuesta del precariado. Pero a medida que la gran convergencia se afianza y los países de la OCDE se adaptan a su nuevo estatus, la devastación producida por la austeridad no hará seguramente más que empeorar.

03
Crece el precariado

Puede que la estrategia de la austeridad haya tenido un modesto éxito durante un tiempo si se la juzga solo por su mera contribución a preservar la estructura económica de la desigualdad. Pero los que han visto sus vidas devastadas no deberían ni olvidar ni perdonar. Este capítulo traza algunas de las consecuencias de la expansión del precariado y del hecho de que cada vez más gente haya sido empujada a la condición de residente de un tipo u otro.

La pobreza y los sin techo

La pobreza y la inseguridad económica crecieron con fuerza en la era de la austeridad. En la Unión Europea, después de bajar a principios de la década de 2000, el número de personas en riesgo de pobreza creció hasta los 120 millones en 2011, un cuarto de la población, aunque esto se redujo al 17 por ciento con las transferencias sociales. «En riesgo» estaban los que ganaban menos del 60 por ciento del salario medio disponible (la línea de pobreza), más los que tenían trabajos de menos del 20 por ciento de la jornada laboral normal, y aquellos en situación de «privación material severa», entendida como la incapacidad para costearse cuatro o más de nueve cosas consideradas indispensables (tales como renta, vacaciones de una semana al año, un coche, una lavadora y una comida nutricionalmente adecuada cada dos días). El número de personas consideradas en situación de «privación severa» creció en un 5 por ciento entre 2009 y 2001, hasta los casi 42 millones.

Más de un cuarto de todos los niños estaba en familias en riesgo de pobreza. Según deja claro un informe de la UNICEF (Ortiz, Daniels y Engilbertsdóttir, 2012), la pobreza infantil está principalmente ligada a la distribución de la renta, y condena a mucha gente a una vida de inseguridad social y económica por la vía del bajo rendimiento escolar, la mala salud y una expectativa de vida más baja.

En Gran Bretaña, un estudio interuniversitario (Gordon et al., 2013) descubrió que en 2012 una tercera parte de las familias carecía de al menos tres necesidades básicas, en comparación con el 14 por ciento en 1983. Las necesidades básicas incluían la calefacción en las casas, una saludable alimentación y un calzado adecuado. El Instituto de Estudios Fiscales informó de que el número de niños en la pobreza en el Reino Unido subiría de 2,3 millones en 2011 a 3,4 millones para 2020, afectando a casi uno de cada cuatro niños. Y la mayoría de los niños pobres está ahora en familias donde los adultos trabajan, un patrón que se reproduce en la mayoría de los países de la OCDE. En Nueva Zelanda, dos de cada cinco niños pobres viven en hogares con al menos un adulto con un trabajo a tiempo completo.

En Estados Unidos, en 2012, más de 46 millones de personas estaban oficialmente por debajo de la línea de pobreza, más que en cualquier momento desde principios de la década de 1960. De acuerdo con UNICEF, casi un cuarto de los niños americanos vivía en la pobreza, considerando pobre al hogar con la mitad de ingresos de la media: un porcentaje mayor que en cualquier otro de los 29 países clasificados como ricos, excepto Rumanía (Oficina de Investigación de UNICEF, 2013). La Pew Charitable Trusts estimó que casi un tercio de los americanos que como adolescentes en 1979 estaban en lo que los americanos llaman «la clase media» (entre los percentiles 30.º y 70.º de la distribución de la renta) se habían deslizado como adultos hacia niveles más bajos de estatus para mediados de la década de 2000.

En toda América y Europa, la creciente pobreza fue de la mano de una vivienda más precaria. En el Reino Unido, donde la propiedad ha sido la norma más deseada, el porcentaje de familias con casa en propiedad cayó desde más del 70 por ciento antes del crac al 64 por ciento en 2009-2010, y se prevé que caiga por debajo del 60 por ciento para 2025. Se estima que, en 2012, 1,6 millones de personas de entre veinte y cuarenta años de edad vivían con sus padres porque no podían mantener el alquiler o comprar una casa, de acuerdo con Shelter, una organización de ayuda a los sin techo. Para los menores de 45 años, la propiedad de casa propia en 2012 era menor que en 1960.

Para 2013, una de cada doce familias en el Reino Unido estaba en una lista de espera de vivienda social, los sin techo habían aumentado en un cuarto en dos años y los alquileres privados habían subido un 37 por ciento desde 2007. Casi medio millón más de personas con trabajo se habían vuelto dependientes de ayudas a la vivienda, incapaces de pagar el alquiler.

Por toda Europa, los bancos ejecutaban la hipoteca a los propietarios incapaces de pagar siquiera el interés de sus créditos hipotecarios. En España, los bancos habían inflado los precios de la propiedad mediante la concesión temeraria de préstamos, pero aun después de recibir más de 40.000 millones de euros en ayudas estatales, siguieron con un programa agresivo de desahucios. Para 2013 los tribunales españoles habían dictado un cuarto de millón de órdenes de expulsión desde 2008 y ochenta familias al día seguían siendo desalojadas de sus casas. Una oleada de suicidios de personas que estaban a punto de ser desahuciadas llevó incluso a una huelga de cerrajeros, tan avergonzados de lo que les estaban obligando a hacer que rehusaban aceptar estos trabajos de los bancos. Grupos de activistas formaron barricadas humanas enfrente de las casas para impedir los desalojos. El precariado se estaba moviendo.

Mientras aumentaba el número de personas sin hogar, también lo hacía el número de casas vacías o inutilizadas. En España, para 2011, unos 3,5 millones de casas —el 14 por ciento— estaban vacías, y esto pasaba en casi todas las ciudades. En el Reino Unido, en 2013, el número de casas vacías era de más de 700.000. Más de un tercio de todas las casas en Grecia están vacías. El sistema estaba en ruinas. Por doquier, el derecho social a una vivienda digna estaba en retirada.

La desigualdad desatada

Durante dos décadas, los políticos apenas protestaron por la creciente desigualdad y muchos pensaban que a los votantes no les interesaba una agenda redistributiva o eran hostiles a ella. Cuando Raghuram Rajan, un antiguo economista jefe del FMI, reiteró lo que otros muchos habían mostrado, Martin Wolf, del Financial Times, comentó: «Sí, el profesor Rajan observa que “de cada dólar de crecimiento real de la renta generado entre 1976 y 2007, 58 céntimos fueron al 1 por ciento más rico de las familias”. Esto es realmente sorprendente» (Wolf, 2010). Era sorprendente solo si uno había ignorado lo que se sabía con certeza desde hacía mucho tiempo.

En la era de la austeridad, los bancos centrales nominalmente independientes empeoraron la desigualdad, sobre todo al rebajar los tipos de interés a las corporaciones y al comprar la deuda corporativa. También los gobiernos siguieron tomando medidas que incrementaban la desigualdad.

En Estados Unidos, los beneficios pronto repuntaron. Para 2013, llegaban al porcentaje más alto de la renta nacional desde 1950, mientras que la proporción que fue a los empleados era la más baja desde 1966. Se aceleraba el trasvase de renta del trabajo al capital. Los bancos más fuertes anunciaron que era una edad de oro para los beneficios. Era una edad oscura para las rentas personales, las cuales habían estado cayendo desde 1980. En las corporaciones más importantes (S&P 500), la paga promedio de los altos ejecutivos era 204 veces los salarios promedio de los empleados, una subida notable desde las 170 veces en 2009, las 120 veces en 2000 y las meras 42 veces en 1980.

En los cinco años posteriores al crac, el 1 por ciento superior de los perceptores de renta acaparaba el 93 por ciento de las ganancias de renta en Estados Unidos (Saez, 2012) mientras que su proporción de la renta nacional en 2012, del 19 por ciento, era la más alta desde 1928. Incluso el FMI se sintió obligado a quejarse: «Cuando un puñado de yates se convierten en transatlánticos mientras el resto siguen siendo humildes canoas, algo va francamente mal» (Berg y Ostry 2011b).

En el Reino Unido, mientras el Gobierno decía que todos debían compartir los recortes en los niveles de vida, la desigualdad aumentó todavía más. Entre 2008 y 2012, las mil personas más ricas aumentaron su riqueza en 155.000 millones de libras, una cantidad más que suficiente para pagar el déficit público de 119.000 millones de libras. El número de salarios por encima del millón de libras al año casi se dobló, hasta 18.000, entre 2010 y 2012, comparado con los 4.000 de 2000, y hubo más gente que cobró entre 500.000 libras y un millón. El Boston Consulting Group estimó que había mil familias británicas con activos financieros netos de más de 100 millones de libras, sin contar las propiedades. En 2013, los que ganaban más de un millón de libras recibieron una bajada de impuestos de 42.000 libras al año, mucho más que la renta total de cualquiera en el precariado. Y la Resolution Foundation, un tanque de pensamiento, señaló que entre 2012 y 2020 todas las ganancias derivadas del crecimiento económico irían a los grupos de rentas superiores.

Mientras tanto, se supo que diecinueve multinacionales de propiedad estadounidense pagaban en el Reino Unido una tasa impositiva efectiva del 3 por ciento sobre los beneficios, en comparación con la tasa impositiva corporativa del 26 por ciento. La competencia entre países por rebajar los impuestos está convirtiendo las exenciones fiscales en un juego muy fácil. Y aunque el Gobierno británico aumentó el control sobre el fraude de los pobres con respecto a las prestaciones sociales, recortó el número de inspectores de Hacienda, con lo que facilitó a los ricos la evasión y la elusión fiscal.

Mientras la mayoría de los países de la OCDE se estancaban, los mercados de valores gozaban de excelente salud. Las que salieron ganando fueron las rentas del capital. En 2012, el valor promedio de las acciones creció en un 25 por ciento. Las pagas y las primas de los financieros volvieron a dispararse, aun cuando la rentabilidad renovada solo había sido posible gracias a los rescates financieros de los gobiernos. Habiendo estado altas durante toda la crisis, las primas de Wall Street en 2012 ascendieron a un total de 20.000 millones de dólares. Los beneficios de la industria financiera de Estados Unidos se triplicaron en un año hasta los 24.000 millones de dólares, mientras disminuían los puestos de trabajo. En 2012, según Forbes, los directores de los cuarenta principales fondos de inversión del mundo ganaron 16,7 mil millones de dólares. Un antiguo agente de inversión de Goldman Sachs, David Trepper, recibió 2.200 millones de dólares.

Según crecía la desigualdad, la plutocracia se aprovechó de tan laxa regulación y mostró un gran desprecio por la ley. Los bancos iban a la cabeza. Por ejemplo, se descubrió que dos bancos británicos que tuvieron que ser rescatados por el «contribuyente» habían actuado de forma temeraria. Sus directivos siguieron pagándose alegremente a sí mismos cantidades gigantescas de dinero. Al final de 2012, después de pillar a Barclays amañando los tipos de interés, lo que provocó la dimisión de su presidente, resultó que 600 de sus empleados habían ganado más de un millón de libras ese año. En 2011, Barclays tenía 238 empleados cobrando un promedio de 1,2 millones de libras, mientras que El Royal Bank of Scotland, el otro delincuente, tenía 386 empleados ganando un promedio de 820.000 libras.

En suma, a la plutocracia y la élite se les permitía operar bajo reglas diferentes de las de los demás, alimentadas por políticos ansiosos por recibir algo de su generosidad e influencia. Es un sistema corrupto. Un suceso captó su venalidad. En agosto de 2013, Carl Icahn, un plutócrata, tuiteó que tenía un montón de acciones de Apple y creía que la compañía estaba infravalorada. En pocas horas, había hecho 50 millones de libras. No está mal por 20 segundos de tuiteó. ¿Por qué debería el precariado respetar un sistema así?

La deuda y el precariado

La austeridad ha exacerbado la deuda personal creada en la era del pacto fáustico, amenazando al precariado con una inseguridad permanente. Al tiempo que la estrategia de reducción de la deuda pública se centraba en ayudar a los bancos y las corporaciones, subía la deuda privada de las personas en un contexto de salarios decrecientes y bajadas impositivas a los ricos y al capital.

En el Reino Unido, la deuda de las familias creció desde un 57 por ciento del PIB en 1987 hasta el 109 por ciento al comienzo de la recesión en 2008, y todavía seguía cerca del 100 por cien en 2012. Las cifras del Banco de Inglaterra publicadas en diciembre de 2012 mostraban que 3,6 millones de familias —el 14 por ciento del total— estaban gastando más de un cuarto de su renta en devolver su deuda, incluidas las hipotecas. En torno a 1,4 millones de familias estaban en situación especial con sus bancos. El 10 por ciento más pobre gastó de media un 47 por ciento de su renta en la devolución de deudas. Y esto ocurría en un momento en que los tipos de interés estaban cercanos a cero.

El Estado está creando una sociedad de mendigos reduciendo las prestaciones sociales y dejando que la beneficencia cubra el vacío. El número de personas en el Reino Unido forzadas a depender de la caridad de los bancos de alimentos creció desde 41.000 en 2010 hasta más de medio millón en 2013. Y eso no era más que una pequeña parte del número de los necesitados: había en ese momento 13 millones de personas viviendo por debajo del «umbral de la pobreza».

Una de las consecuencias de todo ello es el florecimiento de la industria de los «créditos rápidos». Estos préstamos son una de las vías por las que se está empujando al precariado a una mayor inseguridad. Wonga, la principal empresa de créditos rápidos en el Reino Unido, dice en su página web que es «muy, muy selectiva» y que solo presta a clientes de bajo riesgo. Sin embargo, en 2011 canceló 76,8 millones de libras porque numerosos préstamos se hicieron «irrecuperables», lo que equivalía al 41 por ciento del ingreso anual de Wonga. En ese año concedió préstamos a corto plazo por valor de 2,46 millones de libras a un tipo de interés anual «representativo» del 4,214 por ciento. En 2013, Wonga aparecía como patrocinadora en las camisetas del Newcastle United Footbal Club.

En Estados Unidos, la industria de los créditos rápidos también está floreciendo. Las empresas online operan incluso en Estados donde esos préstamos están prohibidos. Los bancos han permitido a las empresas prestamistas retirar el dinero de las cuentas de sus clientes sin su aprobación o siquiera su conocimiento. Los directores de los bancos expresaron su horror cuando esto salió a la luz. Deben de haber estado dormidos.

Las personas de menor renta fueron inducidas a gastar más de la cuenta en la era del pacto fáustico y luego fueron castigadas con la desposesión y la perspectiva de una deuda interminable. Los que habían sido prudentes y habían ahorrado también fueron golpeados mediante unos tipos de interés bajos. Al intentar impulsar el crecimiento, la Reserva Federal estadounidense redujo los tipos de interés hasta casi cero en 2008, prometiendo mantenerlos así mientras el desempleo siguiera alto. La rentabilidad del dinero de los pequeños ahorradores cayó un 30 por ciento entre 2008 y 2012. Los que ahorraban pensando en la seguridad futura reaccionaron reduciendo su propensión a gastar. Raghuram Rajan dijo que esto equivalía a «expropiar a los ahorradores responsables en beneficio de los bancos irresponsables» (The Economist, 2012). Lejos de impulsar el crecimiento, los negocios eran reacios a pedir préstamos mientras las familias recortaban sus gastos.

En el Reino Unido, los intereses más bajos redistribuyeron rentas de los pensionistas —que habían saldado sus hipotecas pero recibían menos por sus ahorros— al salariado que se beneficiaba de tipos de interés bajos para sus hipotecas. Los tipos de interés bajos también hicieron subir las acciones, en manos sobre todo de los ricos. La política monetaria era regresiva.

La deuda, que se ha convertido en una propiedad estructural de las economías de mercado, está vinculada a su creciente carácter de economías rentistas. Se han vuelto «plutonomías», una mezcla de «plutocracia» y «economía», que no es un nombre inventado por algún radical sino por estrategas del Citigroup, una multinacional de las finanzas. Toda vez que un sistema económico está dominado por una plutocracia y una élite, el ingreso rentista procedente del endeudamiento del precariado se añade a su riqueza. El Citigroup no lo expresó en esos términos. Pero los intereses económicos del salariado y la élite son potenciados por esa deuda. La renta procedente de los intereses de los créditos rápidos y la deuda de los estudiantes pasa por instituciones financieras cuyos beneficios generan participaciones, primas y dividendos. El ingreso no procede del trabajo o la inversión. Es una renta.

Podría decirse que los prestamistas dan un servicio. Pero se benefician de una deuda generada por cambios estructurales y un sistema de bienestar más mezquino. Cuando un gobierno recorta las prestaciones, incrementa la desigualdad directa e indirectamente al empujar al precariado a que se endeude más, reduciendo su renta social. En suma, la economía rentista es parasitaria.

La acelerada mercantilización de la educación

La era de la austeridad conoció una aceleración de lo que le había venido ocurriendo a la educación durante años. La educación dejó de ser un derecho; se convirtió en un servicio que puede comprarse y venderse. El concepto de la escuela de Chicago —el de «capital social»— cristalizó en la década de 1970. Pero a medida que la educación se convertía en una industria global, se hacía más clara la pérdida del derecho a la educación.

La educación siempre ha tenido un carácter dialéctico, donde la escolarización implicaba disciplinar y preparar a la gente para determinados roles, y la educación implicaba la liberación de la mente. En el modelo neoliberal, triunfó la agenda funcionalista para las masas.

Cada aspecto de la educación se ha mercantilizado, se ha sometido a las fuerzas del mercado y ha sido inspirado por la búsqueda de beneficios. Los recortes en educación pública de la era de la austeridad no hicieron sino acelerar la tendencia. La evolución a largo plazo es clara. Incluso en las economías de mercado emergentes, los colegios privados han ido ganando terreno junto con las clases privadas. En India, más de un cuarto de los estudiantes asiste ahora a colegios privados. En las ciudades la proporción es mucho mayor. La escolarización privada se está extendiendo en China también, en parte propiciada por su política migratoria, que ha creado un inmenso precariado consistente en millones de trabajadores sin el hukou, el permiso de residencia exigido para que los niños puedan ir a colegios públicos.

El alto rendimiento se ha convertido en un gran negocio, que se vende como una ventaja competitiva que tienen los niños por asistir a los mejores colegios, las mejores universidades y lograr los mejores empleos. En Japón, un creciente porcentaje de niños, incluidos los preescolares, asiste a colegios de alto rendimiento, conocidos como juku. Cerca de dos tercios de los estudiantes de enseñanza media van a ellos, con un coste para sus padres de miles de dólares al año. El alto rendimiento también se ha extendido en Corea del Sur, donde la educación supone casi el 12 por ciento de todo el gasto de consumo.

Adicionalmente, hay un distanciamiento ideológico de la escuela pública por parte de los grupos de rentas más altas, con la ayuda de los subsidios estatales. En Estados Unidos, menos de 15.000 niños fueron educados en casa en 1975, pero para 2012 había alrededor de 2 millones, el mismo número de los que asistían a escuelas semiautónomas [charter schools]. La mayoría era de familias cristianas; la principal motivación era religiosa, seguida del rechazo del entorno escolar. Pero sea cual fuere la razón por la que se saca a los niños de los colegios públicos, lo cierto es que el ethos público de la educación está en peligro.

La comercialización de la educación se manifiesta sobre todo en el crecimiento de las multinacionales que ofrecen servicios escolares, al tiempo que presionan agresivamente para conseguir subvenciones públicas y oportunidades para desplazar a una escuela pública en retirada. El Estado neoliberal se ha dado prisa en colaborar. El nuevo laborismo mostró el camino en el Reino Unido, estableciendo las llamadas escuelas académicas, dando la bienvenida a empresas comerciales suecas y animando a los colegios públicos a formar alianzas con compañías privadas.

La industria de la educación está siendo impulsada por un creciente número de estudiantes. El número global de estudiantes creció desde 50 millones en 1980 hasta 170 millones en 2009. Las economías de mercado emergentes están multiplicando el número de individuos formados a un ritmo que pronto dejará pequeño el de los países ricos y están enviando cantidades ingentes de personas al mercado educativo internacional. Es notable el número de chinos con una educación superior. En 2002, se graduó un millón y medio; en 2012 lo hicieron 7 millones.

En la batalla librada para convertir estas cifras en beneficios, la industria educativa se ha transformado en un agresivo ámbito de competición que ha desviado recursos de la educación hacia la fijación de marcas comerciales, la venta, las campañas publicitarias y la presión sobe los gobiernos. Las universidades públicas no se quedan atrás. El «credencialismo» se abre paso a medida que se van necesitando más y más cualificaciones para conseguir un trabajo. La educación para conseguir empleo es cada vez más una clara inversión en capital humano. La multiplicación de pruebas y niveles de estudio, y el estrés provocado tanto en los profesores como en los alumnos, contribuye a conformar una mente precarizada (Standing, 2011). Los estudiantes pronto se percatan de que lo que se les pide es que estén callados y aprendan las cosas de memoria si quieren jugar en un sistema diseñado como trámite. Y cuando acaben su formación, se les invita a reparar los inconvenientes.

La era de la austeridad también ha fortalecido otras tendencias peligrosas. La industria educativa ha alimentado a la economía rentista. Si la escolarización secundaria e incluso primaria ha incrementado el endeudamiento de muchas familias, la formación terciaria casi se lo ha garantizado a la mayoría. Cada vez más gente sale del colegio, el instituto y la universidad con una enorme carga de deuda. La deuda estudiantil ha explotado casi por doquier.

En los quince años anteriores a 2012, la deuda estudiantil en Estados Unidos casi se triplicó hasta alcanzar los mil millones de dólares, según la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB[3]). Entre 1980 y 2012, el coste ajustado a la inflación de una educación universitaria de cuatro años (incluidas las tasas, el alojamiento y la comida) creció en más de un 130 por ciento tanto para las universidades públicas como privadas, mientras que la mediana de la renta familiar solo creció un 11 por ciento. Una de cada diez familias con deuda estudiantil debía más de 62.000 dólares en 2010, mientras que la CFPB estimó que el 10 por ciento de los recientes graduados de grados de cuatro años tenía que hacer frente a pagos por todos los préstamos educativos que suponían más de un cuarto de sus ingresos. No es de extrañar que se haya disparado la tasa de impagos desde el crac. Muchos han terminado la universidad lastrados con una deuda solo para descubrir que los empleos que consiguen son precarios y mal pagados, y tienen que hacer frente a incumplimientos de pago mientras engrosan las listas de morosos. La precariedad alimenta a la precariedad.

En Italia, en 2012, solo el 60 por ciento de los adolescentes con títulos de bachiller entró en una universidad italiana, la tasa más baja en treinta años. Muchos jóvenes pensaron que era mejor ponerse a trabajr sin tener un título universitario, dado el coste y el presumible endeudamiento. Las universidades no hacían sino perder estudiantes. Italia tiene una tasa de abandono del 45 por ciento. En Francia, es del 48 por ciento solo en el primer año, y solo un 38 por ciento termina su carrera.

Desde el crac de 2007-2008, los estudiantes se enfrentan a un cruel dilema. Se ha reducido la probabilidad de conseguir un trabajo con perspectivas de carrera para cualquier nivel de formación. Esto hace que algunos opten por todavía más formación y capacitación, y se endeuden aún más, para intentar hacerse más «competitivos» (McGettigan, 2013). Otros optan por abandonar la educación por completo a medida que retrocede el umbral del posible éxito. Qué camino se elija no depende simplemente (o en absoluto), de la capacidad sino de otros factores como el deseo de asumir riesgos, la capacidad de mantener una deuda y el acceso a oportunidades alternativas. Tener una familia salariada que te respalde es casi vital.

Hay intereses comerciales esperando a aprovecharse de cualquiera de las opciones. Para la primera de ellas, están esperando los prestamistas a interés elevado. Para la segunda, ya hay toda una industria predicando un moderno filisteísmo: que la vida consiste en hacer dinero, para lo cual no se necesita una formación extra. En Estados Unidos, se anima a la «generación del milenio» a verse a sí misma como emprendedora y pragmática, con libros como el de Michael Ellsberg, La educación de los millonarios: todo lo que no aprenderá en la Universidad sobre cómo tener éxito (2012). Están también las actividades «antiacadémicas» de Peter Thiel, el multimillonario cofundador de PayPal, quien en 2010 fundó el programa de becas Thiel que otorga 100.000 dólares a estudiantes menores de veinte que dejan la universidad y establecen empresas comerciales. El movimiento antiacadémico también incluye los «campos hackadémicos», es decir, actividades informales de bajo coste que supuestamente preparan a la gente para conseguir empleos tecnológicos. Esto con toda seguridad no es sino reflejo de un sistema que está bajo presión.

Al mismo tiempo, los profesores están siendo arrojados en masa al precariado. Cada vez hay más que no tienen contrato seguro, privados de autonomía en lo que enseñan, sin canales de movilidad, con la sensación de que sus compañeros no tienen el control de los currículos o la práctica educativa, y con el sentimiento de no pertenecer a una comunidad de solidaridad y empatía. Son como suplicantes. Los gobiernos se esmeran en evaluarlos, fijan tablas de clasificación e inventan objetivos, sanciones y otros procedimientos infantilizadores. Estresados y desilusionados, trabajando en condiciones de aguda incertidumbre e inseguridad, los profesores son incapaces de cumplir la gran función de impartir valores y desarrollar la individualidad. Es la desprofesionalización.

Todo esto lo facilita el creciente control estatal de la propia educación. La educación crítica, no conformista e innovadora, está bajo amenaza. Muchos gobiernos, como el del Reino Unido, están aumentando el control sobre los currículos para incorporar valores mercantilizadores, hasta el punto de decirles a las escuelas lo que deben y no deben enseñar. También están aumentando el control sobre el contenido de la investigación universitaria y sobre la orientación de la investigación, sobre todo construyendo y legitimando una clasificación de las instituciones, dirigiendo el dinero adonde creen que hay «aprecio por el dinero» y evaluando a las instituciones por la cantidad de dinero comercial que atraen.

La frustración de estatus se está haciendo pandémica. Muchos egresados de la universidad no pueden dedicarse a aquello para lo que se han formado. Para 2012, casi la mitad de los universitarios estadounidenses con trabajo ocupaba puestos que no requerían título universitario. En Europa, la situación es similar. Solo el 77 por ciento de los graduados universitarios italianos encuentran trabajo en un año; menos del promedio de la UE, que es del 82 por ciento, y muchos de esos trabajos están por debajo del nivel de su formación académica. Los polacos con formación universitaria aceptan trabajos mal pagados e inestables solo para conseguir otra línea en su currículum vitae (Kozek, 2012). En el Reino unido, más de un tercio de los nuevos graduados con empleo en 2012 ocupaban puestos «no profesionales» para los que no era necesario ningún título de grado, mientras que el 6 por ciento, casi el doble que en 2007, estaba en «ocupaciones elementales» tales como limpieza, barrido de calles, trabajos manuales no cualificados, servicios de comedor en colegios, y carga y descarga en los hospitales. La frustración de estatus es global. En Corea del Sur en 2012, el Instituto de Investigación Económica de Samsung estimó que el 42 por ciento de los 500.000 graduados universitarios estaban sin trabajo o sobrecualificados para el cargo que ocupaban. Creyendo que un título universitario era un billete de movilidad social, el porcentaje de bachilleres que entraron en la universidad subió hasta el 84 por ciento en 2008, el más alto del mundo, aunque desde entonces ha caído un poco. Compárese esto con el 36 por ciento de Alemania, el 48 por ciento de Japón y el 64 por ciento de Estados Unidos. Además, muchos padres coreanos financian la educación de sus hijos asumiendo crecientes deudas. Esto representa una parte importante de la deuda de las familias, que alcanzó un promedio del 164 por ciento de la renta disponible en 2011, más del 138 por ciento del promedio estadounidense antes del crac. Y el valor salarial añadido del título universitario ha caído en Corea hasta el punto de que el McKinsey Global Institute calcula que las remuneraciones de toda una vida ya no justifican los costes de un título universitario.

En resumen, la mercantilización de la educación combinada con la crisis posterior a 2008 ha generado un sistema disfuncional, con un creciente precariado sin saber cuál es su papel, con más familias consumidas por deudas a largo plazo, más ex estudiantes que se enfrentan a una vida cargada de deudas, y sin esperanza de conseguir una ocupación acorde con su carrera. Es una situación que demanda un cambio radical.

Los resultados de los mercados de trabajo

Francia tiene un problema de desempleo; la solución es un mayor crecimiento, y la solución a un mayor crecimiento es la competitividad.

Pascal Lamy
Director general de la Organización
Mundial del Comercio, marzo, 2013

Esta formulación simplista de un socialdemócrata es la típica respuesta al caos de los mercados de trabajo en la era de la austeridad. El resultado ha sido el crecimiento del precariado, en paralelo a cómo los gobiernos se apresuraban a erosionar la protección laboral existente, recortar las prestaciones por desempleo, incrementar la comprobación de medios, reforzar la condicionalidad de las prestaciones y liberalizar más puestos de trabajo.

Los empleos temporales o informales se han convertido en la norma de los nuevos empleos en todos los países de la OCDE. Han proliferado los empleos con fecha de caducidad que ofrecen a sus ocupantes temporales pocas razones para querer conservarlos. Aunque el verdadero tamaño del precariado sigue siendo una incógnita, en muchos países se puede estimar el número de situaciones laborales contingentes o inseguras. En Polonia, por poner un solo ejemplo, el 27 por ciento de todos los trabajadores adultos —y el 65 por ciento de los menores de treinta años— estaba en el sector de los «trabajos basura» en 2011 (Kozek, 2012). Una parte creciente del precariado consiste en los llamados autoempleados. En Australia, los «contratistas independientes» constituían el 10 por ciento de la fuerza de trabajo en 2012, cuando el porcentaje de trabajadores en empleos temporales era aproximadamente del 40 por ciento. Un informe sobre inseguridad laboral en Nueva Zelanda estimó que al menos el 30 por ciento de la fuerza de trabajo estaba afectada por ella (New Zeland Council of Trade Unions[4], 2013).

De acuerdo con el Government Accountability Office (GAO)[5] de Estados Unidos, 42,6 millones de trabajadores contingentes —trabajadores contratados, trabajadores temporales, contratistas autoempleados y empleados a tiempo parcial— supusieron más del 30 por ciento de la fuerza total de trabajo en 2005, y la proporción ha subido desde el crac. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos sugiere que un tercio de las empresas falsea los hechos rutinariamente, clasificando a los empleados regulares como contratistas independientes para evitar pagarles beneficios.

La flexibilización laboral ha generado fenómenos extraños. Estos incluyen a los becarios sin paga que trabajan gratis, a los empleados con contratos de cero horas que no tienen trabajo ni ingreso, a los temporales permanentes que permanecen en el mismo empleo durante años, a los contratistas independientes que dependen de un único empleador, a los contratistas dependientes que son trabajadores asalariados disfrazados, al trabajo en masa realizado a través de Internet por ingentes cantidades de individuos aislados y otras cosas por el estilo.

Muchos de estos contratos no son más que medios para bajar los salarios, evitar pagar beneficios o eludir las regulaciones. Gran parte del creciente empleo a tiempo parcial supone una paga a tiempo parcial por un trabajo que se prolonga por encima del tiempo parcial, sin los correspondientes beneficios y sin seguridad laboral. En muchos países, los contratos temporales se reenganchan en nuevos contratos temporales, mientras muchos que están realmente empleados se disfrazan como «contratistas independientes». En 2012, de acuerdo con la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), la mayor federación italiana de sindicatos, había 46 tipos de contrato laboral en Italia, que proponía reducir a cinco; solo el 18 por ciento de los nuevos trabajos ofrecía contratos permanentes. En 2010, el 40 por ciento de los empleados de menos de 45 no tenía contratos permanentes de trabajo y solo una parte decreciente se estaba moviendo hacia contratos permanentes. En Polonia y España solo un cuarto de todos los empleados tiene contratos permanentes, y en Portugal la cifra es algo más de un quinto. En Japón, en su día el hogar del «asalariado», el 38 por ciento de todos los trabajadores era clasificado por las estadísticas oficiales como trabajadores flexibles o no regulares en 2012.

La locura de los becarios

De repente, los becarios se han convertido en un fenómeno global. Ross Perlin (2011) estimó que había entre uno y dos millones de becarios en prácticas en Estados Unidos. En Europa posiblemente haya muchos más, con unos 600.000 becarios empleados cada año solo en Alemania, según el Instituto para la Investigación del Empleo. Sin embargo, a diferencia de la creencia popular, China lleva la delantera. Pun y Chan (2013) estiman que China tiene entre 7 y más de 10 millones de estudiantes en prácticas. Pese a la regulación promovida por una ley de 2007 que requiere que los empresarios les paguen, ni siquiera se aplica el salario mínimo. No tienen seguridad social ni pueden afiliarse a sindicatos, tienen que hacer largas jornadas de trabajo durante seis o siete días por semana y no pueden tener subidas salariales mientras tengan contratos de becarios.

El Gobierno chino fomenta los puestos de becario. Por ejemplo, el Departamento de Educación coopera con la Foxconn para asegurarle su «cuota de trabajo estudiantil». Los profesores son enviados a que cosupervisen a los estudiantes en prácticas, y reciben dos cheques de paga, uno por su día de trabajo y otro por la función de supervisión desempeñada en la fábrica. La Foxconn aplica el programa de becarios más grande del mundo, lo que supone el 15 por ciento de toda su fuerza de trabajo, aproximadamente unos 150.000 trabajadores durante el pico de producción de 2010. Su sistema de producción permite rápidos trasvases de producción entre fábricas, conviertiendo a los becarios en una reserva de trabajo flexible.

El trabajo de becario es una forma explotada de trabajo flexible fácilmente disponible, utilizado para desplazar a otros trabajadores que hacen un trabajo similar. Tiene que estar contemplado en una carta de derechos del precariado.

Los contratos de cero horas

En El precariado calificábamos de «sarcasmo» los contratos de cero horas («a disposición» o «pendientes del teléfono»). En la era de la austeridad, se han hecho omnipresentes y gozan de un más amplio reconocimiento. De acuerdo con el sindicato UNISON, el número de estos contratos, que obliga a las empresas a pagar salarios solo por las horas que se pide a los empleados que hagan, normalmente con poca antelación, se cuadruplicó en el Reino Unido entre 2005 y 2012. Para 2013, se informaba de que más de un cuarto de las empresas del Reino Unido los usaban para al menos algunos de sus empleados, mientras que otra encuesta sugería que estaban más extendidos aún en el sector del voluntariado y en el sector público que en el privado. En 2013, se utilizaron en el Reino Unido en más de la mitad de todas las universidades; los hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) emplearon a más de 100.000 trabajadores con contratos de cero horas, un salto de un cuarto en dos años; y la mayoría de los cuidadores —más de 300.000 según cifras oficiales— tenía contratos de esa clase.

Casi con toda seguridad se han subestimado las cifras y el crecimiento (Pennycook, Cory y Alakeson, 2013). El Instituto Nacional de Estadística revisó al alza su estimación del número de personas con contratos de cero horas hasta la cantidad de un cuarto de millón, pero admitía que esto no reflejaba bien la situación porque muchos trabajadores no eran conscientes de que sus contratos eran de ese tipo. El Chartered Institute of Personnel and Development elevó el número en cuestión a cerca del millón o el 3-4 por ciento de todos los empleados. El sindicato Unite dijo que la cifra podía elevarse hasta incluso los 5 millones y medio. Las empresas que en el Reino Unido utilizaban contratos de cero horas en 2013 incluían a McDonald’s (nueve de cada diez empleados de McDonald’s tenían contratos así), el minorista Sports Direct, Amazon, la cadena de pubs JD Wetherspoon, la cadena de cines Cineworld y el palacio de Buckingham.

Aunque la mayoría de los trabajadores con esos contratos de cero horas reciben salarios bajos, en el mejor de los casos, la tendencia se ha extendido a la escala profesional o profitécnica. El director ejecutivo de Adecco, la mayor empresa de contracción laboral del Reino Unido, dijo que los servicios profesionales y financieros estaban utilizando contratos de cero horas para ser más «ágiles y competitivos» (Kuchler, 2013).

Los contratos de cero horas han sido particularmente ingratos para el cuidado domiciliario remunerado, una parte vulnerable del precariado. En el Reino Unido, muchos reciben menos del salario mínimo por las horas que dedican porque solo se les paga por los «minutos de cuidado» reales con el cliente y no por el tiempo que gastan en desplazamiento hasta el lugar donde se requiere el cuidado: trabajo para trabajar. Casi tres cuartos de todos los cuidadores asalariados afrontan ahora esta situación, cuando en 2008 eran solo un tercio.

Los contratos de cero horas son una forma de disfrazar el desempleo. Así, no debería haber sido una gran sorpresa que, a raíz de la conmoción que supusieron las revelaciones públicas sobre su extensión en el Reino Unido, el Gobierno se limitara a poner lentamente en marcha una investigación de perfil bajo.

Las agencias de trabajo y los agentes

Esto nos lleva a lo que probablemente sea la mayor tendencia a largo plazo, el creciente protagonismo de las agencias de empleo, lo que permite a las corporaciones y a las agencias gubernamentales subcontratar su función como oferentes de empleo. Muchos de los contratados a través de las agencias de empleo tienen de hecho contratos de cero horas. Como muchas agencias se confunden con los agentes de trabajo a la antigua usanza o con subcontratistas de trabajo que funcionan como bandas de trabajo, la parte moderna de la industria subestima su tamaño y crecimiento. No obstante, la Confederación Internacional de Agencias Privadas de Empleo (CIETT) estimó que el ingreso global por ventas de la industria creció de 83.000 millones de euros en 1996 a 259.000 millones en 2011, mientras el número de trabajadores por agencia se dobló con creces hasta alcanzar los 46 millones.

Las agencias de empleo seguirán expandiéndose. Las más grandes son los principales operadores globales que, con Adecco, Manpower, Randstad y unas pocas más a la cabeza, colocan a cientos de miles de trabajadores temporales cada día en todo el mundo. Un efecto es que muchos trabajadores nunca están seguros de quién les emplea. Las agencias están estableciendo pautas de formación y cualificación y se jactan de estar dando a la gente seguridad y carreras profesionales. Pero es poco probable que esto beneficie a la mayoría. El crecimiento de las agencias de empleo es también una razón más para mostrarse escéptico respecto de las estadísticas de trabajo convencionales.

Trabajo en masa

Muchos millones de personas en todo el mundo están ahora haciendo «trabajo en masa» [crowd-work], una forma de trabajo sin parangón en la historia laboral. El trabajo en masa está transformando y globalizando el mercado de trabajo de maneras que no tienen precedente. La industria de la externalización en masa [crowd-sourcing] estimó que más de 6 millones de personas estaban haciendo trabajo en masa en 2011, comparado con el millón trecientos mil de 2009, y el número iba camino de doblarse en 2012. De acuerdo con crowdsourcing.org, casi la mitad de estos trabajadores tiene un título universitario y casi un cuarto tenía un título de máster, con cerca del 40 por ciento radicado en Norteamérica y otro 35 por ciento en la región del Pacífico asiático, sobre todo India y las Filipinas.

El trabajo en masa es trabajo por Internet en el que «oferentes» designados publican ofertas de empleo disponible para lo que representa una fuerza de trabajo global disponible veinticuatro horas al día bajo demanda. Los oferentes, que no son empleadores sino modernos agentes de trabajo, son nombrados por las empresas que coordinan el trabajo en masa desde plataformas de trabajo a destajo online. Armadas con un ordenador o un smartphone, las personas pueden hacer su oferta online por las tareas anunciadas por los oferentes, que nombran las tareas, su precio máximo y la fecha límite para su cumplimiento. Los licitadores que tienen éxito acometen lo que se llama una «hit» (human intelligence task[6]). Es trabajo a destajo, de una clase que produce un sudor extremo. Es la zona final del precariado, en donde los trabajadores son suplicantes sin derechos ni seguridad.

Aunque hay excepciones, el trabajo se divide en pequeñas tareas estrechamente definidas, lo que da un sentido moderno a la división del trabajo en la fabricación de alfileres que explicó Adam Smith. La remuneración es muy baja y responde a la extrema flexibilidad de los trabajadores que operan desde casa. Un investigador lo ha descrito como «un sistema sin interlocutor» (Hodson, 2013). Los oferentes pueden decidir a quién dar los contratos y pueden decidir a continuación si aceptan o rechazan las tareas realizadas. Las tareas rechazadas no se pagan. Es un fenómeno que transformará las regulaciones de trabajo e influirá en la reforma de la protección social de manera profunda.

El trabajo abierto en masa ha generado grandes beneficios a las pataformas de trabajo a destajo online tales como el Turco Mecánico de Amazon, CrowdFlower, CloudCrowd, oDesk y eLance. Un creciente número de empresas está externalizando tareas de esta forma. IBM ha anunciado que va a recortar su plantilla en nómina regular en un tercio y va a externalizarse masivamente en una «comunidad líquida». Alguien perteneciente a este sector conjeturaba que para 2020 un tercio de la fuerza de trabajo global podría estar alquilada online (Vanham, 2012).

El Turco Mecánico implicó a más de medio millón de trabajadores online en 2012, cerca del 70 por ciento de los cuales eran mujeres, en más de cien países, aunque la mitad estaba en Estados Unidos y el 40 por ciento en la India. El supuesto líder del mercado, oDesk, estimó que para 2012 había contratado 18 millones de horas en las Filipinas, cerca de 14 millones en la India y varios millones más en Estados Unidos, Bangladesh y otros lugares. Medio millón de filipinos estaba registrado en su página web para freelancers, más de los que estaban empleados en el creciente negocio de la industria de la externalización en masa del país. En total, oDesk tenía a 2,4 millones de freelancers registrados y más de 480.000 compañías clientes; eLance decía tener clientes en 180 países y freelancers registrados en 155 de ellos, con 226.000 solo en la India.

Los gobiernos en las economías de mercado emergentes han venido promocionando el teletrabajo en masa. Bangladesh, por ejemplo, ha proporcionado subvenciones y ha declarado que los ingresos online están libres de impuestos. Aunque el crecimiento es global, Europa va a la zaga quizá porque los pagos han sido extremadamente bajos. Pero no cabe duda de que eso cambiará con la era de la austeridad.

Carreras flexibles

Otro aspecto del precariado es la pérdida de trayectorias de carrera. Está en lo alto de la escala. Una encuesta realizada por el Instituto Trendence de Berlín en 2013 descubrió que entre los graduados de empresariales, casi los menos empleables, la mayoría expresaba su preocupación por tener una carrera, el 92 por ciento en Grecia, el 89 por ciento en España, el 88 por ciento en Italia, el 66 por ciento en el Reino Unido, el 54 por ciento en Francia y el 42 por ciento en Alemania.

Un factor ha sido la deslocalización, ya que las profesiones de rango medio están siendo transferidas ampliamente. Se ha multiplicado el número de ocupaciones que son transferibles o negociables, lo cual ha acentuado la incertidumbre ocupacional y ha creado perturbaciones en las oportunidades de carrera y en la movilidad social. Entre los ejemplos de ello están las tareas altamente remuneradas en contabilidad, análisis financiero y programación informática. Esto tiende a fragmentar las profesiones y genera una élite y un salariado en los países ricos junto con un precariado que se ocupa de los «clientes», mientras se exportan los rangos profesionales medios.

La deslocalización ha sido facilitada por la re-regulación ocupacional que eliminó el control gremial de los canales de movilidad, la esencia de la liberalización ocupacional. Alan Blinder hizo una distinción entre servicios personales e impersonales, y afirmaba que solo los últimos son transferibles. The Economist dio algunos ejemplos: «Un abogado mercantil o un radiólogo son vulnerables a la deslocalización; un abogado de divorcios o un médico de familia no». Pero estos últimos también están sujetos a la estandarización de tareas. No hay límite a la deslocalización o la fragmentación.

Gerentes interinos

En el apogeo del capitalismo industrial, el gerente era el poder en la corporación. En el emergente modelo de accionistas, donde domina el capital financiero, los propios gerentes están expuestos a la flexibilidad y la inseguridad. El tiempo promedio que un ejecutivo mantiene su puesto ha caído considerablemente. Y ha crecido el cuerpo de gerentes interinos consistente en personas, a menudo antiguos miembros del salariado, que se alquilan a sí mismas a empresas o departamentos gubernamentales durante breves periodos de tiempo para hacer un trabajo particular de gestión y, a continuación, se van.

El hecho mismo de que existan gerentes interinos testimonia el cambio en curso del capitalismo global. Los principales textos de economía concebían al gerente como una figura central en el capitalismo nacional del siglo XX. Ahora las funciones de dirección se están transfiriendo y están sujetas a una división del trabajo tal que no es exagerado decir que la estructura de clases se reproduce dentro de la propia gerencia, con su élite, sus profitécnicos, su salariado y su precariado. La élite cobra enormes sumas por cada día de trabajo y tiene más empleos de los que puede manejar; a los profitécnicos de rango medio les va bastante bien, pero tienen empleos irregulares; y los que están al borde del precariado, con empleos de corta duración, luchan por permanecer en el negocio.

Este proceso comporta múltiples riesgos. Los que vienen a reestructurar empresas normalmente cobran por un trabajo que se espera quede completado en tres o seis meses. No tienen que soportar las consecuencias personales, ya sea dentro de la empresa o en la comunidad más amplia. Por tanto, pueden ser despiadados, algo que quedó bien reflejado en la película Up in the Air, protagonizada por George Clooney. A los gerentes interinos se les presiona para que sean implacables, pues normalmente se les requiere en una empresa para introducir cambios impopulares y para despedir a muchos que ha sido trabajadores leales.

Desempleo y subempleo

En 2013, había más de 26 millones de desempleados registrados en la Unión Europea, incluidos los cerca de 6 millones de jóvenes, un cuarto de los cuales tenía menos de 25 años. Las cifras en todo el mundo eran muchas veces esa cantidad, aunque los estadísticos laborales deberían admitir que no se sabe cuántos. En Europa y en otros lugares, una gran proporción ya ha agotado las prestaciones por desempleo o nunca las ha recibido. Durante mucho tiempo denominado un derecho social, las prestaciones por desempleo se le han denegado a la mayoría de los desempleados.

Cinco años después de la gran recesión en los Estados Unidos, la tasa de desempleo todavía estaba por encima del 7 por ciento, el peor registro de todas las recesiones desde la gran depresión. La tasa de desempleo juvenil (por debajo de los 25 años) era del 16 por ciento. Según un estudio (Shierholz, Sabadish y Finio, 2013), los bachilleres menores de 25 años tenían una tasa de desempleo del 30 por ciento y una tasa de subempleo —incluidos los desanimados que dejaban de buscar trabajo y los empleados por menos horas de las deseadas— del 51 por ciento. Las tasas para los graduados universitarios eran del 9 y el 18 por ciento respectivamente. El número de «desconectados» o ninis (ni estudian ni trabajan) también ha crecido intensamente.

Para 2013, la tasa de desempleo juvenil estaba por encima del 50 por ciento en España y Grecia y en más del 40 por ciento en Italia. En el Reino Unido, Italia, Noruega y Nueva Zelanda la tasa era tres veces la de los adultos en edad productiva; en Suecia era más de cuatro veces mayor. Y en muchos países, el desempleo ha golpeado a los jóvenes con formación universitaria casi tan duramente como a los otros, desmintiendo la vieja idea de que la «educación» es la vía para evitar el desempleo. El desempleo juvenil también deja «cicatrices», en el sentido de que aumenta la probabilidad del desempleo futuro y reduce los ingresos de toda una vida en nada más y menos que el 20 por ciento en comparación con los pares que encuentran trabajo rápidamente (Morsy, 2012). Esto es una trampa de la precariedad, un ciclo de desempleo y empleos de corta duración.

No obstante, un atributo del mercado laboral post-2008 es que la mayor atonía se muestra en el subempleo más que en el desempleo. Esto se debe principalmente a las relaciones laborales flexibles que permiten a los empleadores convertir de un golpe a empleados a tiempo completo en trabajadores a tiempo parcial, someter a más gente a contratos de cero horas o darles permisos, y alquilar a trabajadores disfrazados de aprendices o becarios. El término «subempleo» se lleva usando desde hace tiempo en los países en desarrollo, donde el desempleo es una medida poco fiable de la infrautilización de trabajo. Ahora, dado que la mayoría de los empleos se reducen a servicios y debido a las relaciones laborales flexibles, son más los trabajadores en los países industrializados que quedan registrados como empleados en vez de desempleados, aun cuando hacen (y ganan) muy poco o apenas nada en sus trabajos.

Hace unos años, ideé una medida de la atonía laboral (labour slack) que combinaba distintas medidas de subempleo: trabajo a tiempo parcial, voluntario o involuntario; trabajos de corta duración y despidos; empleos en los que no se hace ninguna hora de trabajo (por ejemplo, empleos con contratos de cero horas); desempleados desanimados que están disponibles para trabajar pero que no buscan trabajo activamente; y el desempleo registrado (Standing, [1999], 2002). La medida se aplicó a tantos países de la UE como hubiera con datos adecuados en la Encuesta de Fuerza de Trabajo de Eurostat. Los resultados muestran que la atonía laboral es mucho mayor que la tasa de desempleo, y que la divergencia por lo general se ha ampliado (véase la figura 2 para el Reino Unido).

Blanchflower y Bell (2013) adoptaron otro enfoque para el Reino Unido, añadiendo a los desempleados los que trabajaban menos horas de las que querían. Esto también puso de manifiesto que el subempleo crecía en relación con el desempleo. Otro indicador para el Reino Unido era el número de personas con empleos dependientes de créditos fiscales, que creció en más de la mitad entre 2003 y 2012, hasta los 3,3 millones, de acuerdo con la Fundación Joseph Rowntree.

FIGURA 2: Desempleo (D) y atonía laboral (AL), todos los adultos, Reino Unido, 2000-2012.

Fuente: datos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo de Eurostat. Metodología disponible en http://www.guystanding.com/files/documents/Labour_Slack_Estimates.pdf.

Para 2012, el 61 por ciento de los niños en familias de rentas bajas tenía al menos un padre con un empleo así, la proporción más alta registrada. Algo muy similar estaba ocurriendo por toda Europa. En Italia en 2011, la CGIL estimó que 8 millones de personas estaban desempleadas, o trabajaban involuntariamente a tiempo parcial o eran temporalmente despedidas aplicando el programa de la cassa integrazione, viviendo con un promedio de 600-700 euros al mes.

El subempleo visible viene acompañado de subempleo invisible: el que la gente haga trabajos por debajo de sus capacidades o habilidades, un rasgo del precariado. En Italia, las mayores pérdidas de empleo después de 2008 tuvieron lugar en ocupaciones técnicas, científicas y especializadas. En Estados Unidos, para 2013 una proporción excepcionalmente alta de jóvenes graduados estaba en trabajos que no requerían titulación universitaria. Incluso en 2000, cuando el mercado de trabajo estaba muy apretado, con una tasa de desempleo del 4 por ciento, el 40 por ciento de los graduados universitarios empleados de menos de 25 años estaba en trabajos que no requerían el grado. Para 2007, ya eran un 47 por ciento; para 2012, un 52 por ciento. En 2013, según otra encuesta, el 41 por ciento de los americanos que se habían graduado en la universidad en los dos años anteriores estaba en trabajos que no requerían el grado.

A medida que los empleos de nivel bajo los ocupan cada vez más aquellos con cualificaciones altas, la gente con menos formación se ve doblemente estrujada. En las décadas de 1960 y 1970, los egresados del instituto podían obtener empleos en fábricas y esperar alguna movilidad ascendente. En gran medida, esos empleos han desaparecido, y para empleos de baja cualificación en los servicios ahora se entra en competencia con gente que tiene el bachiller e incluso un grado universitario.

Por doquier han brotado síntomas mórbidos. En 2012, el caos del mercado de trabajo cobró dimensiones tragicómicas en Alameda, España, donde se estableció una lotería para conseguir humildes trabajos en el servicio público. Los desempleados solicitaban trabajos de limpiadores y cada mes se seleccionaba a ocho al azar para conseguir los empleos públicos. Además, se seleccionó a cuatro hombres para trabajos en la construcción, mientras que doscientos hombres y mujeres compitieron por tres puestos de barrenderos. Los quince elegidos sobrevivieron con unos 650 € al mes, pero los otros 5.000 desempleados tuvieron que conformarse con nada.

El desplome salarial

Durante la era del pacto fáustico, una creciente proporción de los empleados en los países industrializados recibía salarios que los sumían en la pobreza o lo habrían hecho de no ser por la ayuda estatal, principalmente en forma de créditos fiscales y prestaciones concretas tales como los cupones de alimentos del SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program)[7] y los bonos de vivienda en los Estados Unidos (Ehrenreich, 2001). Después del crac, esto quedó mucho más al descubierto. Los empleos ya no sacaban de la pobreza a una grande y creciente proporción de la población en los países de la OCDE.

En 2011, 10,4 millones de americanos entraron en las estadísticas como trabajadores pobres, definidos como aquellos que trabajan al menos 27 semanas al año pero con una renta todavía por debajo de la línea de pobreza. Esto reflejó ampliamente un declive de los salarios por horas. Después de estancarse durante dos décadas, el salario medio por hora cayó entre 2007 y 2011 para el 70 por ciento de los trabajadores americanos en la parte más baja de la escala, con la caída más pronunciada en el quintil más bajo. Tal como mostró el State of Working America 2012 (Mishel et al., 2012), la primera década de este siglo no conoció ningún crecimiento de la renta, la riqueza o los salarios para la mayoría de los americanos.

La formación académica ya no servía de protección. Entre 2000 y 2012, los salarios reales cayeron un 12,7 por ciento para los bachilleres de Estados Unidos y un 8,5 por ciento para los graduados universitarios, acentuándose la caída a largo plazo. También perdieron los beneficios de empresa. La proporción de los bachilleres con seguro médico cayó desde el 23,5 al 7,1 por ciento; para los graduados universitarios cayó del 60,1 al 31,1 por ciento. La cobertura de pensiones cayó respectivamente desde el 9,7 hasta el 5,9 por ciento y desde el 41,5 hasta el 27,2 por ciento (Shierholz et al., 2013).

El estancamiento de los salarios tuvo lugar en casi todos los países industrializados. En los años que siguieron a la crisis, los salarios reales cayeron en el Reino Unido más que en cualquier otro momento de su historia, más que en la Gran Depresión. Es poco probable que haya una revitalización sustantiva. La Resolution Foundation pronosticó en 2012 que los salarios reales no volverían a su nivel de 2000 hasta al menos 2017. El trabajador medio ganaba en términos reales 4.000 libras menos en 2012 que en 2009. Y, debido a los mercados de trabajo flexibles, la peor parte de la inseguridad salarial se la han llevado los que tienen trabajos de baja renta o que entran y salen de ellos. De los 11 millones de pobres en el Reino unido, más de la mitad tenía empleo. Esto tiene enormes implicaciones para una contraestrategia progresista.

El declive secular de los salarios en los países de la OCDE ha coincidido con el declive de su participación en la renta nacional. La UNCTAD (2012) estimó que la participación salarial estaba globalmente en 2008 en su nivel más bajo desde la II Guerra Mundial, mientras que el desempleo estaba en su nivel más alto. El problema se ve agravado porque la erosión de los salarios reduce la demanda agregada de bienes y servicios, lo que empuja hacia arriba al desempleo y presiona más a la baja a los salarios.

Como los salarios son más flexibles, caen más en las recesiones de lo que solían. Eso ayuda poco a elevar la demanda de trabajo, puesto que los trabajadores con rentas decrecientes o más inseguras gastan menos y eso hace que las empresas desplacen su foco de actividades a donde crece la demanda. La UNCTAD reconoció el dilema. Pero hay un problema con su pronóstico (que los gobiernos deberían resistirse al mantra de los «mercados laborales flexibles» y que los salarios nominales deberían subir al mismo ritmo que la productividad media): en un sistema económico abierto, eso requeriría políticas internacionalmente coordinadas inimaginables en un sistema basado en la búsqueda de la competitividad nacional.

No hay razón para creer que volverá la relación paralela entre salarios y productividad. De acuerdo con el State of Working America 2012 (Mishel et al., 2012), la productividad creció más del 80 por ciento entre 1973 y 2011, pero los salarios medios crecieron menos del 11 por ciento. En Alemania, la productividad creció en un cuarto en las dos décadas posteriores a 1991, mientras que los salarios reales se estancaron. En Japón, ocurrió otro tanto. Incluso en la Polonia de rápido crecimiento, los salarios se estancaron mientras crecía la productividad. La OIT informaba en 2012 de que la productividad laboral en los países desarrollados creció dos veces más rápido que los salarios entre 1999 y 2011. Se trata de una tendencia global y no hay razón para pensar que se invertirá. Nace de la debilitada posición negociadora de los trabajadores.

Otra tendencia es el crecimiento de los diferenciales de sueldos y salarios. Hay distintas explicaciones que compiten entre sí (el comercio, la tecnología, la negociación, la flexibilidad, etc.), pero el hecho es que los diferenciales se han disparado. En las tres décadas pasadas, la paga de un director ejecutivo en Estados Unidos subió un 725 por ciento comparado con el 6 por ciento del empleado medio, y la paga de un director ejecutivo era 210 veces mayor que el salario medio en 2011, mientras que en 1978 era 26,5 veces mayor (Mishel y Sabadish, 2012). La cosa era similar, aunque tal vez menos extrema, en casi todos los países del mundo industrializado, incluido el Reino Unido, Canadá, Australia y Alemania.

En suma, los salarios en el límite inferior de los mercados de trabajo han caído considerablemente y los diferenciales han crecido. En ese contexto, extraña que la Comisión Europea se uniera al coro que demandaba que, en interés de la competitividad internacional, los recortes salariales franceses negociados a principios de 2013 deberían tener su reflejo en España, donde decía que los salarios nominales deberían recortarse en un 10 por ciento adicional. Los recortes salariales «arruinavecinos» son con seguridad la respuesta errónea a la pregunta errónea.

Estratificación de los beneficios no salariales

Una clave para entender la reestructuración de la renta social es la erosión de las formas no salariales de remuneración, que han proporcionado cierta seguridad laboral y han ayudado a la desmercantilización del trabajo. Mientras el salariado ha seguido obteniendo beneficios no salariales, los que se sitúan más abajo en el espectro de rentas han ido perdiéndolos, una tendencia que ha contribuido a definir al precariado.

Ningún otro sitio refleja lo que ha ocurrido más crudamente que Detroit, paradigma del sueño americano, bastión de su fortaleza industrial, patria de Henry Ford y emblema del ciudadano industrial. Cuando la globalización desindustrializó lugares como Detroit, la destrucción de empleo supuso que una parte creciente de los costes laborales se cargó los «costes heredados», los beneficios de los ex empleados. En sus buenos tiempos, la ciudad creció a la sombra de la industria automovilística y construyó un sector público con pensiones y seguros médicos acordes con la industria. Pero los ingresos públicos de la ciudad fueron cayendo según se hundía la industria, se estancaba el valor de la propiedad y los residentes más acomodados huían a los suburbios.

Cuando estalló la crisis, la administración Obama rescató a la industria del automóvil con 80.000 millones de dólares en subsidios. Eso no paró lo que le estaba ocurriendo a la renta social de los trabajadores. A la reestructuración del sistema de remuneración y contratación de los empleados de la industria automovilística, con salarios dos tercios por debajo y pérdida de beneficios, le acompañaron durísimos recortes en los servicios públicos. Cuando la ciudad se declaró finalmente en bancarrota en julio de 2013, su director de Emergencias dijo que pretendía recortar el servicio de salud y las pensiones de jubilación con cargo al presupuesto para los trabajadores de la ciudad, lo que daría cuenta de la mitad de los 18.000 millones de dólares de deuda a largo plazo de Detroit, al tiempo que se reducirían todavía más los ya pobres servicios públicos. Tanto los trabajadores industriales como los públicos perdieron la mayoría de sus beneficios no salariales: el declive de los salarios no era más que una parte del colapso de la renta social.

Lo que ocurrió en Detroit se repite en las viejas áreas industriales de muchos países. Para 2011, solo un tercio de los trabajadores del sector privado en el Reino Unido tenía un plan de pensiones patrocinado por la empresa. Solo un 10 por ciento de los empleados del sector privado tenía un plan de pensiones de beneficio definido (relativamente seguro), muy por debajo del 30 por ciento de 2001. Menos de la mitad de todos los trabajadores del sector privado tenían reconocida una pensión aparte de la exigua pensión pública. Los bajos tipos de interés también aumentaron los déficits en los planes de pensiones de las empresas al rebajar los rendimientos de los bonos, lo que aceleró el declive de las pensiones ocupacionales. Para 2012, los planes de pensiones de beneficio definido en Estados Unidos tenían un déficit de 169.000 millones de dólares y no podían satisfacer más que el 72 por ciento de las futuras obligaciones. El salariado también se enfrenta a un futuro incierto.

Los cambios legislativos están facilitando que las empresas recorten sus prestaciones. Bajo la estadounidense Affordable Care Act (ACA)[8] de 2010 (la «Obamacare»), los nuevos empleados que realicen un promedio menor de 30 horas a la semana pierden el derecho automático a prestaciones sanitarias. Walmart, una de las empresas más grandes de Estados Unidos y defensora de la ley, rápidamente sometió a todos sus empleados a tiempo parcial del año anterior a una «comprobación anual del derecho a la prestación», hizo que muchos trabajaran pocas horas y contrató a más trabajdores a tiempo parcial. Los beneficios no salariales se perdieron, el subempleo aumentó.

Otros han seguido el mismo camino, tanto en el sector público como en el privado. La Universidad pública de Youngstown, en Virginia, limitó las horas de los empleados a tiempo parcial no sindicados a menos de 24 horas a la semana. Buen ejemplo de cómo se erosionan los derechos civiles, sociales y económicos, los trabajadores a tiempo parcial tenían que firmar un impreso reconociendo que la empresa les había informado de que no eran empleados públicos —aun cuando trabajaban en una universidad pública— con lo que perdían el derecho al plan de pensiones públicas de Virgina. Y como muchos, cuales nómadas académicos, habían cogido múltiples tareas docentes, ahora se considera al estado de Virginia el empleador en todos los campus universitarios públicos, de tal modo que el profesorado no puede combinar empleos en campus separados si con ello se supera el límite de tiempo parcial de 29 horas a la semana.

La ACA también ha favorecido el desplazamiento de costes al precariado. Algunas empresas están permitiendo a sus trabajadores trabajar más de 29 horas por semana, pero solo si pagan mayores cotizaciones por el seguro médico o aceptan sistemas de copago. Muchas empresas han suspendido los beneficios médicos. En 2013, la Oficina de Presupuestos del Congreso elevó su estimación del número de trabajadores que perdían los seguros médicos sufragados por la empresa de 4 a 7 millones. La renta social se recortó. Los contribuyentes también están soportando una parte mayor de la factura del sistema de salud, lo que supone que están subsidiando a las corporaciones. La ACA expande los derechos de asistencia sanitaria para gente necesitada (Medicaid) a cualquiera cuya renta llegue hasta un tercio por encima de la línea de pobreza a nivel federal. Así, una empresa donde predominan los bajos salarios como Walmart puede reducir sus costes laborales mientras sube el gasto público, lo cual distorsiona la política fiscal al aumentar la presión para compensar recortando en otras partidas de gasto.

Mientras el precariado ha perdido beneficios no salariales, el salariado los ha ganado, aumentando la distancia económica y psicológica entre ellos. En Estados Unidos, el salariado se ha beneficiado cada vez más de la renta variable, que depende más de las ganancias de la empresa que de sus sueldos o salarios. Un tercio de los trabajadores americanos obtienen parte de su renta de las acciones. Alrededor de la mitad de la población norteamericana tiene un interés financiero en las acciones de Apple, ya que tienen inversiones en índices generales y en fondos de inversión. Entre 2005 y 2011, el valor de la acción de Apple se multiplicó casi por diez, y en el año fiscal 2011 los empleados y los directores de la compañía recibieron acciones por valor de 2.000 millones de dólares y ejercieron sus opciones sobre acciones por valor de 1.400 millones de dólares. Una tendencia ligada a lo anterior es que muchas empresas se han convertido en negocios poseídos por los trabajadores. Alrededor de una décima parte de los trabajadores posee parcialmente la empresa en la que trabajan, y el número se eleva. Sería tan equivocado clasificar a esos trabajadores entre el proletariado como llamarlos «capitalistas».

Puede que otros países no hayan llegado tan lejos, pero la tendencia a recibir más de fuentes no salariales es la misma. Vale para Alemania, donde los empleados regulares han venido ganando más de las acciones que de los salarios. Conforme esta tendencia se haga más pronunciada, el salariado se irá distanciando del precariado que queda por debajo de él.

La fragmentación de las prestaciones públicas

Los costes laborales reflejan una combinación de costes salariales y no salariales. En la medida en que las empresas pueden reducir esos costes, pueden hacerse más competitivas y aumentar sus ganancias. Para los trabajadores, la seguridad de la renta depende de los salarios, los beneficios sociales de la empresa y las prestaciones públicas. Estos son los componentes esenciales de la renta social. El precariado ha perdido en todos los aspectos.

China ha estado reconstruyendo la renta social de su fuerza de trabajo. Para 2012, 326 millones de residentes rurales se han acogido a un plan público de pensiones, uniéndose a otros 300 millones de trabajadores urbanos. Esto libró a las empresas de tener que cotizar por las pensiones, con lo que se redujeron los costes laborales en un periodo de crecimiento de los salarios. Otras economías de mercado emergentes, tales como Indonesia, también han cargado sobre el Estado parte de la renta social, contribuyendo así a mantener bajos los costes laborales.

Mientras tanto, en los países de la OCDE, los gobiernos han respondido a la globalización recortando las prestaciones sociales y dificultando el acceso a ellas. Esto ha incrementado la desigualdad, ya que el recorte de prestaciones afecta sobre todo a los grupos de rentas bajas y las prestaciones comprenden una parte más importante de su renta social. Es célebre que en 2011 el alcalde de Newark se dispuso a vivir de los cupones semanales de alimentos del programa SNAP. No lo consiguió. No obstante, más de 47 millones de norteamericanos, muchos con empleo, tienen que depender de ellos. Mientras tanto, millones han perdido sus derechos sociales al ser puestos en condiciones de trabajo flexible. Así, en Japón, el gran desplazamiento de la fuerza de trabajo a la condición de temporal ha venido asociado al descenso de la proporción de los desempleados con derecho a prestaciones por desempleo.

Todos los países de la OCDE están experimentando tendencias similares. Para apreciar el alcance de la tragedia deberíamos recordar lo que ha desatado la búsqueda de la flexibilidad. Si el trabajo se vuelve más inseguro, son menos los trabajadores que pueden hacer contribuciones regulares a la seguridad social. Sin contribuciones, no pueden obtener prestaciones sociales en tiempos de necesidad. Los derechos sociales se pierden. Esto es lo que ha ocurrido. En el Reino Unido, un comité encargado de revisar el sistema impositivo expuso a finales de 2011 que la seguridad social había perdido su objetivo.

En respuesta al colapso de la seguridad social, los gobiernos en los países de la OCDE han tenido que recaudar vía impuestos más dinero para pagar las prestaciones. También han tenido que utilizar alternativas a los registros contributivos para determinar derechos de acceso a la prestación, lo que ha acentuado el cambio hacia un modelo de comprobación de medios. Cuando la asistencia social era una forma residual de protección social, la comprobación de medios se basaba en las necesidades de subsistencia y en medidas como el porcentaje del salario medio. Pero a medida que los salarios declinaron y a medida que la renta salarial del precariado se hizo más volátil y difícil de calcular a largo plazo, los beneficios asistenciales basados en la subsistencia tendieron a subir como porcentaje de los ingresos. Así, haciendo un uso retorcido de las palabras, los políticos justificaron los recortes en las prestaciones diciendo que querían «hacer que trabajar mereciera la pena». Las prestaciones públicas cayeron junto con los salarios.

En 2013, justificando los recortes sociales a los trabajadores en activo, el secretario de Estado de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, Iain Duncan, dijo:

La población trabajadora en todo el país se ha estado apretando el cinturón tras años de contención salarial mientras veía al mismo tiempo cómo subían las prestaciones. Eso no es justo. El Estado de bienestar bajo el laborismo atrapó realmente a miles de familias en la dependencia ya que no tenía sentido renunciar a la certeza de un subsidio público para volver a trabajar.

Pero los subsidios no habían subido. Y los salarios reales habían caído. Los beneficios y la renta del salariado habían subido en términos reales. Ahí nadie se apretaba el cinturón. En cuanto a que los subsidios eran «ciertos», una mayoría de los desempleados no estaba recibiendo ningún subsidio por desempleo en absoluto.

Sin embargo, los nuevos recortes en prestaciones públicas golpearon a los perceptores de rentas medias tanto como a los que pertenecían al precariado o estaban por debajo de él. La Children’s Society calculó que los recorte planeados en las prestaciones reduccirían las rentas de 40.000 soldados, 300.000 enfermeras, 150.000 maestros de primaria y guardería, 510.000 cajeros, 44.000 electricistas y más de un millón de secretarios y administrativos. Si bien el Gobierno decía que los recortes iban dirigidos a los «gorrones» y «gandules», lo cierto es que se establecieron para dañar a mucha gente que trabajaba duro por bajos salarios.

Los créditos fiscales, un rasgo propio de la era de la globalización, han planteado un problema particular en la era de la austeridad. Su coste fiscal aumenta a medida que se intensifica la presión a la baja en el mercado laboral. Gran parte del sistema de bienestar, lejos de subsidiar la «ociosidad», se ha orientado a «hacer que merezca la pena trabajar» en un sentido más directo. En un gran abanico de prestaciones, recortar sus costes significa reducir la renta asociada al trabajo. En el Reino Unido, la presión sobre el precariado se ha intensificado porque el Gobierno se ha comprometido a proteger las pensiones públicas, que suponen más de la mitad del gasto social. Comprometerse a recortar las prestaciones sociales en general ha supuesto meter más presión a los trabajadores, lo que incluye los recortes en los créditos fiscales.

En suma, la renta social se ha reestructurado al tiempo que los salarios cada vez son más insuficientes para escapar de la inseguridad económica. Para el precariado, la renta del trabajo no dará para llevar una vida digna. La renta salarial tendrá que ser suplementada con prestaciones estatales, privadas o comunitarias. Pero, por el momento, las prestaciones públicas y comunitarias esenciales se están eliminando. Esto no cambiará hasta que el precariado se decida a actuar para cambiarlo.

Reflexiones finales

El pacto fáustico pospuso el declive de los salarios y la renta social, que es parte de la gran convergencia. La era de la austeridad lo ha acelerado, mediante recortes «arruinavecinos» en salarios y prestaciones, acompañados de bajadas impositivas y de más subsidios al capital. No habrá recuperación de los niveles de vida y de la seguridad económica hasta que no se conciba una nueva estrategia progresista para redistribuir la renta y los principales activos de la sociedad moderna.

La segunda década del siglo XXI es la partida final del experimento neoliberal. La plutocracia —y la élite que la alimenta— está cayendo en una criminalidad arrogante y en la manipulación política. Al salariado le ha ido bien, pero muchos de ellos ven que tienen que dedicar más recursos a ayudar a sus hijos adultos y a sus nietos. Hacia abajo, el precariado se extiende. A medida que crezcan él y la subclase, los gobiernos tratarán de controlar sus anómicas protestas al tiempo que los penalizarán.

Hay dos cosas claras. Un nivel creciente de empleo no significa necesariamente menos pobreza, como incluso Alemania ha descubierto, con su creciente número de «trabajadores pobres» (Seils, 2013). Y no es probable que los salarios medios suban en los países de la OCDE. Desde luego no subirán para el precariado. Los que dicen que el empleo es la forma de salir de la inseguridad económica están desafiando la lógica de la globalización, o están siendo ingenuos o deshonestos. Los salarios del precariado seguirán cayendo.

La situación social es cada vez más fea. Eso debería borrar cualquier atisbo de confianza residual en que pueda sostenerse el proyecto neoliberal. Entre las señales de aviso está el aumento de las protestas sociales, incluidos los disturbios. Habría que estar atentos a las políticas populistas. La parte atávica del precariado ha sido atraída hacia las agendas neofascistas en países como Grecia y Hungría. Y la extrema derecha ha atraído a otros hacia la derecha. Se está creando un amargo estado de división. Se están generando más residentes y se está demonizando a más gente cada vez: los inmigrantes, los solicitantes de prestaciones, los discapacitados, las minorías, los jóvenes. La lista crece sin parar. Necesitamos una contraestrategia orientada a las necesidades, las aspiraciones y las inseguridades del precariado. ¿Qué está impidiendo que surja?

04
Cómo combatir el consenso utilitarista

Hay dos grandes tradiciones de pensamiento en política social, que pueden denominarse respectivamente utilitarista (o de mayorías) y progresista (o igualitaria). En la era de la globalización triunfó la utilitarista; casi todos los abanderados de la tradición progresista desertaron y se pasaron a los neoliberales, dejando un vacío en la «izquierda», posiblemente por primera vez en la historia.

En este capítulo reflexionaremos brevemente sobre los valores que han dado forma a la retórica y la agenda utilitarista, y los compararemos con los que han guiado durante siglos a la tradición progresista. Elijo un enfoque polémico para dar más contraste al debate, reconociendo que hay zonas grises en el espectro de opinión. La mayoría de los ejemplos se extrae del Reino Unido, que es donde quizá ha llegado más lejos la agenda utilitarista. Pero la deriva es global.

El modelo neoliberal que ha guiado a los políticos, a los asesores políticos y a los principales académicos y comentadores es sencillo. Cree en una economía competitiva de mercado, regulada para asegurar que operen las fuerzas del mercado, con las debidas recompensas para los más aptos, los más competitivos. De ello se sigue que debe haber ganadores y perdedores. Estos últimos deben estar convencidos de que perder es culpa suya, por no ser lo suficientemente competitivos.

El modelo económico ha promovido la mercantilización de la política y un «adelgazamiento» de la democracia. En lugar de estar basados en la clase y de guiarse por valores, los partidos políticos se han convertido en vehículos para la competición con vínculos muy superficiales con las viejas tradiciones. Esto ha fomentado un crudo utilitarismo: la búsqueda de la felicidad de la mayoría. Y si los gobiernos se centran en satisfacer a la mayoría con prestaciones, recortes de impuestos y subsidios, habrá una minoría que saldrá perjudicada. Fortalecer los derechos de ciudadanos privilegiados convierte a los demás en meros residentes y empuja a otros muchos a un inseguro precariado. Estos es aproximadamente lo que ha ocurrido.

La micropolítica de las reformas regresivas

Una de las artes oscuras de la política es cambiar las estructuras para hacer que la gente piense lo que los políticos quieren que piense. En el Reino Unido, Margaret Thatcher y sus asesores hicieron eso explícitamente al diseñar una micropolítica de la privatización: primero, asfixiar los servicios públicos dejándolos sin fondos, impidiéndoles funcionar adecuadamente; luego, airear la insatisfacción pública; luego, indicar que los servicios privados son mejores; luego, privatizar servicios de acuerdo con las «necesidades» de la gente, en interés manifiesto de la eficiencia y el desempeño.

Los gobiernos han refinado esa técnica. La última variante lleva el encantador nombre de «paternalismo libertario», que se inspira en ideas de Jeremy Bentham, el padre fundador del utilitarismo a finales del siglo XVIII. La esencia del paternalismo libertario es que se debe dirigir a la gente para que «tome la decisión correcta». Esta perspectiva tiene influencias de Nudge, un libro de dos norteamericanos, Richard Thaler y Cass Sunstein (2008), que utilizaron un lenguaje benthamita sin atribución. Tampoco mencionaron el panóptico de Bentham, un mecanismo de vigilancia que lo ve todo, inicialmente diseñado para las prisiones, y que pretendía identificar a aquellos que «no tomaban la decisión correcta» para poder así castigarlos. Después fue designado Sunstein por el presidente Obama como regulador jefe, con despacho en la Casa Blanca, mientras que Thaler se convirtió en consejero del recientemente elegido primer ministro, David Cameron. Cameron rápidamente constituyó un equipo de expertos en comportamiento en Downing Street, conocido como la Unidad Nudge.

Las técnicas para alterar las opiniones y dirigir el comportamiento han sido fortalecidas todavía más por el control de la plutocracia de los principales medios de comunicación, permitiéndoles afirmar mentiras con impunidad y reforzar prejuicios, utilizando el moderno mecanismo de las encuestas para mostrar que el prejuicio juega en el bando «público». Es una era de medios de comunicación y política «posverdad».

El giro religioso de la política social

Desde la década de 1980, la reforma de la protección social en el Reino Unido y los Estados Unidos ha sido guiada por la religión y las finanzas. En el Reino Unido, las figuras que la han conformado han sido Tony Blair (un converso al catolicismo), Gordon Brown (un hombre con convicciones cristianas), Frank Field (ídem), Iain Duncan Smith (un católico practicante) y un antiguo banquero, David Freud, ennoblecido por el Nuevo Laborismo por sus servicios a la política social, quien se fue con David Cameron cuando vio de qué lado soplaba el viento político y llegó a ministro para la Reforma del Sistema de Bienestar. La asesora especial de Duncan Smith, Philippa Stroud, pertenece a una iglesia evangélica que predica que las mujeres son inferiores a los hombres.

El giro religioso ha sido guiado por el catolicismo, inspirado en la encíclica del papa León XIII, Rerum Novarum de 1891, que afirma que los pobres tienen el deber de trabajar. El teólogo favorito de Tony Blair, Hans Küng, consideraba que la ociosidad era un pecado. Duncan Smith, el ministro de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, ha dicho que es un «pecado» no aceptar un empleo. Justo después de tomar posesión del cargo hizo una extraña afirmación: «El trabajo realmente ayuda a la gente a ser libre», reminiscente de las palabras grabadas en nuestra memoria colectiva y blasonadas en una de las puertas del infierno en la tierra, la entrada de Auschwitz. Sin duda, la alusión no era intencionada. Pero su observación refleja la ingenuidad que supone igualar trabajo en general a trabajo asalariado e imaginar que los empleos liberan. Debería explicar en qué sentido recoger la basura o limpiar grafitis a cambio de salarios de miseria (las actividades que señaló como trabajo obligatorio) fomenta la libertad.

Los católicos ven a los «pobres» como «caídos», gente que tiene que ser levantada por medio de la caridad y la benevolencia de la Iglesia y el Estado. La doctrina concuerda bien con una sociedad estratificada, con su imagen de «órdenes naturales». El sentimiento que mueve al conservador religioso es la pena. Y, como señaló David Hume, la pena es similar al desprecio. Los perdedores son fracasados que merecen ayuda en la medida en que muestran gratitud y se esfuerzan de verdad. Si no siguen nuestra guía, debería persuadírseles de que se enmienden y, si no lo hacen, deberían ser obligados a ello o castigados. El paso de un pensamiento al otro está bien señalizado.

Por el contrario, un progresista arranca de un sentimiento de compasión. Ese podría ser yo si yo hubiera tomado un par de malas decisiones o hubiera sufrido un accidente. Ese hombre o esa mujer deberían tener la misma seguridad que cualesquiera otros. Solo entonces pueden hacer algo de sí mismos. Pero yo no sé lo que quieren. Eso debería ser problema suyo. Yo no tengo derecho a obligarles a hacer una cosa o la otra. Esta es la postura del progresista.

La política social basada en la fe conduce a valoraciones basadas en la fe. En 2013, Duncan Smith expuso su «creencia» de que poner un tope a la cantidad de prestaciones que podía recibir una familia cualquiera había hecho que la gente encontrara un empleo. Sin embargo, no aportó evidencia alguna que apoyara dicha creencia.

La moralina consiste en culpar a las víctimas como responsables de su desempleo o su pobreza. Por regla general, eso no es verdad. La tasa de desempleo está determinada por las fuerzas y las políticas económicas. Los gobiernos dirigen deliberadamente la economía con laxitud. Los neoliberales sostienen que hay una tasa natural de desempleo que las instituciones y las políticas macroeconómicas pueden alterar. Si se empuja al desempleo por debajo de su tasa natural, se acelera la inflación. Así, el desempleo debe existir, subiendo en las recesiones o periodos de reestructuración. Todos los economistas reputados aceptan alguna versión de este análisis. Y en la era de la austeridad resulta risible oír que el desempleo es culpa del desempleado.

No obstante, siguen haciéndose juicios de valor. Los pobres no somos nosotros. Son merecedores de ayuda o no lo son, o incluso son transgresores. Estos últimos no solo no se merecen nuestra ayuda por norma sino que también son delincuentes. Esto es consistente con la americanización de la política social, donde no se considera al pobre como un hermano o una hermana sino como objeto de reforma, de tratamiento, de readaptación o de terapia.

En el Reino Unido, los dos grandes partidos buscaron en Estados Unidos el modelo para su política de bienestar y, en el caso de los conservadores, contrataron a dos paternalistas americanos como asesores a las pocas semanas de llegar al poder. Uno, Lawrence Mead, un cristiano evangélico, ha dicho que Jesús no dio un trato preferente a los pobres, ha llamado a los teólogos «legisladores sociales no reconocidos» y ha escrito que los desempleados deben ser inducidos a «culparse a sí mismos». En 2010, expresó una agradable sorpresa por el hecho de que su consejo fuera tan bien recibido en Downing Street. El otro era Thaler, que se convirtió en asesor de la Unidad Nudge, cuya tarea, de acuerdo con el viceprimer ministro Nick Clegg, era hacer que la gente tomara mejores decisiones. Esto haría enfurecerse a John Stuart Mill en su tumba.

Con el giro religioso y los paternalistas, la política social se ha vuelto algo moralista, dirigiendo a la gente a comportarse en la forma que los diseñadores políticos consideran que es buena para ellos y para la sociedad. Pero si a uno le dicen lo que tiene que hacer, uno no puede ser moral. El filósofo T. H. Green expresó muy bien este principio liberal clásico en 1879 (1986):

Como la verdadera función del gobierno es mantener unas condiciones de vida en las que sea posible la moralidad, y como la moralidad consiste en la realización desinteresada de deberes autoimpuestos, el «gobierno paternal» pone todo su empeño en impedirlo al estrechar el espacio para la autoimposición de deberes y para el juego de los motivos desinteresados.

Aparte de la religión, la política social ha sido dictada por el utilitarismo, para el que la búsqueda de la felicidad de la mayoría permite una actitud diferente hacia la minoría «persistentemente equivocada». Otro que influyó en la política social del laborismo fue Richard Layard, también ennoblecido por el empeño mostrado y declarado admirador de Bentham. Layard ayudó a diseñar los diversos New Deals del laborismo y se convirtió en su «zar de la felicidad y la terapia», haciendo que el Gobierno obligara a los jóvenes a trabajar y proporcionara terapia cognitivo-conductual a los desempleados. El Gobierno del Nuevo Laborismo también introdujo el fisgoneo en las casas de los solicitantes de prestaciones, disfrazándolo de mecanismo de «ayuda» al desempleado.

La división de la sociedad en «ellos» y «nosotros»

Según crecían las relaciones laborales más flexibles se abandonaban los modelos de solidaridad social construidos en el siglo XX. La deconstrucción del Estado de bienestar era parte de la estrategia, pues no encajaba en el proceso de trabajo flexible abierto que se estaba poniendo en marcha.

Aunque variaba de un país a otro, el Estado de bienestar consistía en una mezcla de derechos sociales universales basados en la ciudadanía, un sistema contributivo de seguridad social o nacional, y una asistencia social basada en la comprobación de medios para los grupos sociales marginados. Se basaba en principios de solidaridad. Aunque sexista y laborista (pues vinculaba los derechos sociales a la realización de trabajo), proporcionó un marco que limitaba las desigualdades y legitimaba la reciprocidad, sobre un fondo de derechos básicos. Pero desde la década de 1980 en adelante, este marco fue desmantelado tanto por los gobiernos neoliberales como por los socialdemócratas. Al inclinarse en favor de la comprobación de medios, abandonaron la solidaridad como base de la protección social. Se dejó de lado el respeto por el universalismo, los derechos para todos. Los valores de la compasión, la empatía y la reciprocidad fueron sustituidos por la pena, el desprecio y el individualismo.

Este cambio estaba en la esencia del infame grito de guerra de Margaret Thatcher, según el cual no había «una cosa llamada sociedad». También influyó en la tercera vía del Nuevo Laborismo, con su idea tan atractiva en su sencillez de que no hay «derechos sin obligaciones», y en la insistencia del primer ministro conservador David Cameron en que nadie tiene el derecho de recibir «algo a cambio de nada». Por supuesto, esto ignora el hecho de que los herederos de riqueza reciben mucho a cambio de nada.

La agenda progresista del siglo XX se proponía extender los derechos universales, pero no como resultado del privilegio, de las contribuciones o de obligaciones previas, sino como deber propio en tanto que seres humanos. Pero los caminos elegidos por los socialdemócratas terminaron por incurrir en contradicciones: ligaron los derechos a las viejas nociones de la clase obrera e ignoraron al precariado.

La política social llegó a estar dominada por la «focalización» en «los pobres», una categoría amorfa que asumía el carácter de una subespecie. El argumento de que las prestaciones deberían ir solo a los pobres venía seguido inevitablemente por la distinción entre los «merecedores» y los «no merecedores» de ellas. Esto supuso que los políticos tuvieron que establecer reglas de autorización y desautorización. Y a continuación tuvieron que establecer más reglas para penalizar a los que supuestamente violaban las reglas de autorización. Y como en todo momento es necesario hacer juicios arbitrarios, el sistema genera inequidad.

Hay también una contradicción entre garantizar a todo el mundo el derecho a subsistir y el derecho a una vida digna, y creer que los necesitados de ayuda deberían conformarse con las normas de comportamiento fijadas por el Estado. Irónicamente, los que decían creer en la necesidad de reducir el papel del Estado fueron los que terminaron demandando más regulación estatal de los que necesitan ayuda.

El cambio hacia la comprobación de medios y la «focalización» creó trampas de la pobreza, esto es, situaciones en las que muchos se arriesgaban a perder las prestaciones que excedían del sueldo que podían ganar con los empleos disponibles de bajo salario. Las trampas de la pobreza reclaman más reglas de desautorización y castigos para combatir el inevitable azar moral —decidir no aceptar un empleo mal pagado— y el inevitable azar inmoral —ocultar pequeños incrementos de renta para no perder prestaciones—. Se construye así un edificio de decisiones arbitrarias y juicios moralistas, creando una barrera de creciente complejidad a la plena ciudadanía.

Los políticos convencionales han planteado el problema en términos de la contraposición entre un «nosotros que trabaja duro» y un «ellos», es decir, un montón de vagos que dependen del Estado e inmerecidamente viven de las prestaciones que les pagamos «nosotros» o de forasteros que intentan robarnos «nuestros empleos». Muchos de los que predican este dualismo puede que lo hagan cínicamente, diciéndose quizá que es necesario para evitar ser desbordados por otros que no solo lo creen sino que arrastrarían a la opinión pública más a la derecha. Pocos políticos han tenido el coraje político y la moralidad para desafiar el utilitarismo radicalizado.

El utilitarismo moderno tiene diversas modalidades, pero todas ellas parecen justificar acciones que favorecen a una mayoría contra una minoría, incluso hasta el punto de racionalizar alguna forma de castigo colectivo, más allá del imperio de la ley. Consideremos algunos ejemplos tópicos.

«Nuestra cultura» y los «valores liberales»

El caso más descarado es cuando se juega la carta cultural. En 2011, al calor de una intervención en la que la canciller alemana, Angela Merkel, condenaba el «multiculturalismo», el secretario general del Consejo Europeo, Thorbjørn Jagland, dijo: «El multiculturalismo permite que se desarrollen sociedades paralelas dentro de los Estados. Esto debe pararse. También es evidente que algunas sociedades paralelas han desarrollado ideas radicales que son peligrosas. El terrorismo no puede aceptarse» (Hollinger, 2011). Dijo que el multiculturalismo planteaba una amenaza a la seguridad.

Además de ganarse la aprobación de Merkel, Jagland también estaba en sintonía con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien dijo que alentar a las culturas diversas a vivir juntas había dañado la identidad nacional. ¿Qué significa dañar la identidad nacional? Una sociedad contiene múltiples identidades. Uno podría decir que dejar que los antiguos alumnos de Eton o los financieros dirijan un país daña su identidad. No están apenas en ninguna mayoría. Pero obsérvese cómo Jagland pasa del multiculturalismo a las «sociedades paralelas» y al «terrorismo» como si lo primero fuera causa de lo tercero.

En vez de apoyar un sistema que combata los actos individuales de violencia, hay una amenaza velada de castigo colectivo a las minorías que supuestamente tienen culturas separadas. El enemigo son las «culturas» particulares. Es relevante que poco después Sarkozy expulsara de Francia a miles de gitanos, aunque no habían violado ninguna ley y mucho menos habían incurrido en actos de terrorismo. Inconscientemente, la persona que representaba al organismo que defiende a la Convención Europea de Derechos Humanos había contribuido a condenar a residentes políticos y culturales.

El segundo ejemplo no es menos amenazador. En el Reino Unido, en los primeros días de su gobierno, Cameron defendió un «nuevo liberalismo muscular», un término que sugería de todo menos gentileza. Sostuvo que deberían denegarse las prestaciones a aquellos que no mostraran los valores liberales británicos, con lo que combinaba chovinismo y un siniestro utilitarismo con un desprecio por los valores liberales y el proceso debido. ¿Quién decide cuáles son y cuáles no son los «valores liberales» y quién decide si alguien los promueve? A menos que se le impute a alguien un delito que esté tipificado en el código legal y sea hallado culpable en un procedimiento respetuoso con el proceso debido, es antiliberal arrebatar derechos, y mucho más si se trata de grupos, pues ello supone un castigo colectivo.

Inmigrantes, «ilegales, sucios, extraños, terroristas»

En años recientes, por todo el mundo, el grupo más señalado para su demonización han sido los «inmigrantes», un término cargado de connotaciones. En el Reino Unido, como en muchos otros países, la principal narrativa ha sido el intento de retirar prestaciones, aunque hacerlo haya sido dificultado por la liberalización de los mercados laborales (incluido el libre movimiento dentro de la Unión Europea) y por el cambio desde un modelo de seguridad social a otro de comprobación de medios basado en las «necesidades».

Un estudio tras otro muestra que los inmigrantes juegan un papel productivo en la sociedad y contribuyen más a la renta nacional de lo que «cuestan» en servicios públicos y prestaciones sociales. Tienden a trabajar duro y aceptan empleos que otros no quieren, incluidos algunos en servicios sociales vitales. A menudo tienen un nivel más alto de formación que los nativos y tienden a ser más innovadores. Con todo, están demonizados como intrusos que «se quedan con nuestros trabajos», que «viven de las prestaciones que pagamos nosotros» y que «amenazan nuestra cultura». Son un objetivo fácil para los utilitaristas que están en la cima de una pendiente muy resbaladiza. La retórica de la «identidad nacional» y el «liberalismo muscular» que pretende denegar derechos a aquellos que no comparten los «valores liberales» se desliza fácilmente hacia una versión más oscura del utilitarismo, que justifica que se penalice a todos los inconformistas que disgustan al establishment político.

En 2013, el Gobierno británico intensificó los controles sobre el terreno en busca de inmigrantes ilegales, enviando escuadrones de funcionarios de inmigración y policía con chalecos a prueba de arma blanca a estaciones de tren en hora punta que se llevaban a la gente para interrogarla. Entonces, en lo que se describió como un modelo piloto que podría extenderse a nivel nacional, el Ministerio de Interior envió furgonetas a las zonas de fuerte mezcla étnica del norte de Londres con todo un despliegue de esposas y un mensaje: «¿Ilegal en el Reino Unido? Vete a casa o afronta el arresto». Los liberales se quedaron sorprendidos, pero seguramente ello estaba incluido en la acción, para darle una publicidad adicional. El experimento de las furgonetas se abandonó luego por inefectivo. Pero fue un ejemplo de democracia restringida, utilitarismo y de la nueva técnica política de «abrir brecha» asociada a Lynton Crosby, el estratega electoral de los conservadores: apelar a un grupo que tradicionalmente apoyaba a los laboristas, blancos con baja formación del viejo núcleo de la clase obrera, que forman la primera variedad del precariado. Tristemente, las encuestas de opinión mostraban que el 47 por ciento apoyaba la campaña mientras que se oponía a ella un 41 por ciento. Vendrán otras acciones similares de este tipo, a menos que aumente el número de gente que adopte una posición basada en valores más que en poses oportunistas.

El precariado terminaba citando la famosa y escalofriante admonición atribuida al pastor Martin Niemöller ante el alza de los nazis en la Alemania de los años treinta, al efecto de que si nadie defiende a ninguna minoría y las abandonamos una tras otra, no quedará nadie que nos defienda cuando nos toque el turno a nosotros. La focalización en los «inmigrantes ilegales» —«indocumentados» o «sin papeles»— recuerda mucho a esa época oscura. Los arrestados eran residentes a los que se negaban los derechos del ciudadano. Debemos resistir.

Los luchadores frente a los gandules

El utilitarismo ha dado una retórica a la política dominante para justificar la retirada de derechos sociales al precariado. De esta forma, los receptores de prestaciones son caracterizados como «ellos»: «gorrones», «dependientes del bienestar social», «ociosos» o «gente que no hace lo correcto». En cuanto tales, deben quedar privados de los derechos propios del ciudadano, porque no cumplen con sus «obligaciones».

En un discurso en junio de 2012, David Cameron ofreció una lista de diecisiete ideas para una reforma del sistema de bienestar, diseñada —decía— para ahorrar 10.000 millones de libras del presupuesto social. Los medios de comunicación citaron «fuentes de Downing Street» que decían que el discurso era «un primer paso para ir preparando a la opinión pública para futuras reformas». Cameron empezó reiterando una distinción dualista entre «los que trabajan duro y hacen lo correcto» y los que viven de las prestaciones. No mencionó que la mayoría —el 60 por ciento— de las personas que reciben ayudas públicas tienen empleo y que presumiblemente trabajan duro para sobrevivir con bajos salarios.

Afirmó que las prestaciones habían animado a la gente a tener hijos y a no trabajar. «Si eres una madre soltera que vive fuera de Londres, si tienes cuatro hijos y tienes una casa de alquiler subvencionado, entonces puedes reclamar del Estado casi 25.000 libras al año. Eso es más que la renta media de un trabajador agrícola y de una puericultora juntos.» Cameron no pedía que los empresarios subieran los bajos salarios de los trabajadores del campo y de las puericultoras. Antes al contrario, se inventó una mujer de paja a la que condenar, yuxtaponiendo la imagen con la de dos tipos de trabajador muy queridos.

El discurso se diseñó para justificar los recortes en las prestaciones y presionar a la gente para que aceptara trabajos mal pagados. El entonces portavoz laborista, Liam Byrne, criticó el discurso solo en el sentido de que recortar los créditos fiscales era la manera equivocada de lograr el objetivo de Cameron, y añadía que estaba de acuerdo en que «había que fomentar el trabajo». El discurso no trataba de la cuestión de los incentivos; trataba de los recortes en las prestaciones y de cómo obligar a la gente a trabajar.

La manipulación de la opinión pública, con la ayuda de unos dóciles medios de comunicación, para que piense que la mayoría de los receptores de ayudas son vagos y dependientes del Estado ha tenido éxito. De acuerdo con la encuesta británica de actitudes sociales realizada por el Centro Nacional de Investigación Social, hay una mayoría que cree que casi todos los desempleados podrían encontrar un trabajo «si realmente se lo propusieran» y dice que las prestaciones por desempleo son «demasiado elevadas y desincentivan el trabajo». Cuando el ministro de Hacienda anunció más recortes sociales a finales de 2012, una encuesta mostró que el 52 por ciento pensaba que los recortes eran razonables. Como observó The Economist (2012):

En un discurso pronunciado en la conferencia de octubre del Partido Conservador, el ministro dibujó un cuadro amable de un ficticio trabajador esforzado de cuello azul, que se levanta temprano para ir a trabajar solo para ver las cortinas corridas de su vecino que «se queda durmiendo y vive de los subsidios». Por desagradable que pueda sonar, es un camino probablemente tan bueno como cualquier otro por el que ir recortando el presupuesto social en tiempos de crisis económica.

La imagen era un reflejo muy distorsionado de la realidad, y apelaba al prejuicio para justificar el recorte de las prestaciones. ¿Cómo puede la deshonestidad ser un «buen camino»?

Los jóvenes, «perezosos y no contribuyentes»

El utilitarismo moderno ha visto la demonización de los jóvenes y la erosión de sus derechos. En ese discurso de 2012, Cameron dibujó una imagen de unos jóvenes que se benefician de alquileres subvencionados:

Para literalmente millones de jóvenes, el paso a la independencia supone varios años viviendo en su habitación de la infancia mientras ahorran para emanciparse; mientras que para muchos otros consiste en acercarse al ayuntamiento donde pueden conseguir un subsidio de vivienda a los dieciocho o diecinueve años, aun cuando no busquen trabajo activamente.

Para terminar con esta «cultura de la autorización», dijo que el subsidio de vivienda debería denegársele a cualquiera menor de veinticinco años, que por lo demás no debería estar autorizado a percibir ningún subsidio hasta no haber pagado impuestos.

La realidad es que hay millones de jóvenes que no pueden «ahorrar para emanciparse» porque están en el precariado, con empleos intermitentes y prestaciones interrumpidas. Muchos no pueden vivir con los padres, incluidos los que tienen su propia familia. Negarles el subsidio también empeoraría la trampa de la pobreza, pues los jóvenes no podrían permitirse salir en busca de empleos mal pagados. De hecho, sufren el mayor desempleo y la existencia más precaria. En 1990 los jóvenes tenían un 50 por ciento más de posibilidades que los demás de estar desempleados; para 2013 tenían tres veces más posibilidades.

Entonces Cameron anunció normas más duras para los jóvenes sin empleo, indicando que en algunos países a los solicitantes de prestaciones se les obligaba a hacer algún trabajo a cambio de la prestación en los seis primeros meses tras la pérdida del empleo. Para no ser menos, el Ministerio de Trabajo anunció que introduciría una «garantía obligatoria de empleo» que exigiría que todos los jóvenes desempleados durante más de doce meses aceptaran trabajos mal pagados. Así, los jóvenes en el precariado estaban siendo tratados como residentes a los que se denegaban los derechos del ciudadano.

El discurso de Cameron coincidió con un estudio de la Fundación Intergeneracional que mostraba que los niveles de vida de los jóvenes se habían venido deteriorando desde 2008, y que la brecha intergeneracional era un 28 por ciento más amplia que una década antes debido al mayor desempleo, al incremento en los costes de la vivienda, al estancamiento de los salarios y a la subida de las tasas universitarias. Las políticas propuestas incrementarían la desigualdad intergeneracional, al tiempo que la retórica de Cameron creaba una falsa imagen de la pereza de la juventud.

Los discapacitados, «fingidos»

Los discapacitados son otro objetivo. La mayoría de nosotros tiene algún tipo de discapacidad, o la tendrá. Pero en una sociedad basada en la competitividad y la flexibilidad, los impedimentos se convierten en un factor de estratificación y estigmatización. Las desventajas se acumulan. En la era de la austeridad, los políticos y los comentaristas han creado una nueva caricatura, los «discapacitados que no merecen subsidios».

En su discurso de 2012, tras menospreciar a la juventud, Cameron arremetió contra los discapacitados. Refiriéndose a la asignación por discapacidad (DLA)[9], dijo: «No es justo que nadie pueda recibir más de 130 libras de DLA a la semana simplemente por rellenar un trozo de papel. Pero, por otro lado, no es justo que los que tienen una discapacidad severa sufran la pesadilla de tener que rellenar solicitudes de 38 páginas». Esta es la lógica que se utilizaba para descubrir a las brujas viendo si su silla se hundía o flotaba en el agua. El «trozo de papel» es esa solicitud de 38 páginas. ¿Cómo es que es sencilla para el impostor y una pesadilla para los demás? De hecho, 131,50 libras eran lo máximo que uno podía conseguir siendo «prácticamente incapaz de andar» y necesitando atención o supervisión día y noche, si recibía los dos componentes —de atención y movilidad— de la DLA. En 2005, los últimos datos hasta el momento, solo se concedió a 36.000 personas la ayuda más alta por ambos componentes, menos de la quinta parte de todos los que tenían una DLA adjudicada y menos de la décima parte de todos los solicitantes de DLA.

Cameron dijo que era consciente de que había solicitantes de subsidios por incapacidad que eran aptos para trabajar, sugiriendo que esto era algo extendido y que sería necesario hacer que los que gozan de subsidios por enfermedad se esfuercen más por mejorar su salud, con lo que sugería que la gente quiere estar enferma. En ese estilo utilitarista que desprecia la verdad, el primer ministro estaba sugiriendo, sin evidencia alguna, que había muchos solicitantes que no se merecían la ayuda, avivando la hostilidad hacia los discapacitados. El «delito de odio» a los discapacitados se ha doblado desde el comienzo de la crisis financiera y los discapacitados se han visto crecientemente sometidos a insultos y atropellos.

Las pruebas de «aptitud para el trabajo» introducidas por el gobierno laborista se han endurecido más aún y han dado como resultado que haya más gente discapacitada que ha perdido sus derechos sociales, pese a la evidencia de que los métodos de evaluación son injustos y nada fiables. El castigo colectivo ha producido una pérdida de derechos civiles y sociales.

«Las reinas del bienestar que viven en mansiones»

Otra minoría imaginaria sobre la que se ha puesto el foco consiste en la gente que vive en viviendas sociales subvencionadas, descrita como gente desempleada que no quiere «trabajar», que solicita subsidios de vivienda para ocupar casas espaciosas, con habitaciones de sobra y lujos que el trabajador medio no puede permitirse. Aunque el número de personas que encaja en esta caricatura es despreciable, la imagen ayudó a legitimar la fijación de un tope en el subsidio que las familias podían demandar, al margen de sus necesidades, y un recorte en el subsidio de vivienda para aquellos que supuestamente tienen «habitaciones de sobra»: es el «impuesto de habitación».

En su discurso de 2012, Cameron propuso que los ayuntamientos dieran prioridad en las listas de espera de vivienda social a aquellos «con trabajo» en lugar de los que estaban más necesitados. El líder laborista hizo la misma propuesta poco después. Se golpeará con más dureza al precariado, el grupo con el mayor riesgo de desempleo. Este movimiento denegará un derecho social a los que ya tienen denegados sus derechos económicos. De hecho, solo uno de cada ocho beneficiarios de subsidios de vivienda estaba desempleado. Se necesitaban mayores subsidios, ya que la escasez de viviendas ha hecho subir los alquileres, que se han incrementado más que los salarios. El plan de Cameron de vincular los subsidios de vivienda a los salarios y no a los precios será un duro golpe para el precariado. Los salarios están bajando, los costes de la vivienda están subiendo, así que ¡recortemos los subsidios! Es injusto.

Los okupas como enemigos públicos

En la sociedad desigual del Estado neoliberal, la falta de techo se ha convertido en un lugar común, y su extensión se aprecia solo parcialmente por el número de gente que duerme al raso, bajo las marquesinas de las paradas de autobús, en estaciones de tren, en parques, hostales especiales, etc. Muchos mendigan un lugar entre amigos y familiares. Muchos se van de okupas. En algunos países como Italia, la okupación se ha convertido en una reacción masiva por parte del precariado. En Roma, mil personas, muchas de ellas inmigrantes del sur del país, algunos de África y Latinoamérica, tomaron unos barracones en desuso del ejército y convirtieron las habitaciones en apartamentos improvisados. Tal fue la popularidad que alcanzó esta acción entre el precariado de Roma en general que el alcalde decidió dejarlos en paz.

Sin embargo, el Estado entiende que la okupación irrestricta alimenta la desobediencia civil y el abandono del respeto por la propiedad privada y pública. Así, en lugar de afrontar las causas del fenómeno okupa, la mayoría de los gobiernos ataca a los okupas y penaliza a las víctimas. En el Reino Unido, ahora es un delito penal ocupar una casa abandonada. Sin embargo, a menudo las personas sin hogar no tienen otra opción real. Los albergues registrados están saturados y muchos van a tener que cerrar por falta de subvenciones. Una sentencia judicial ha empeorado la cosa al dictaminar que los que utilicen los albergues nocturnos no pueden solicitar subsidios de vivienda. Los consejos locales, especialmente los ricos, han presionado al Gobierno para que reforme la Ley de Vivienda de 1986 y tengan así más facilidades para rechazar las solicitudes de vivienda de los jóvenes sin techo y para eliminar el derecho de apelación contra las denegaciones.

En mayo de 2013, la policía irrumpió en un edificio en desuso en Ilford, un suburbio de Londres, para desalojar a un grupo que dormía allí, confiscándoles los sacos de dormir y la comida, que les habían donado organizaciones benéficas y particulares. El inspector jefe a cargo dijo: «El público confía en la policía para reducir el impacto negativo de los que duermen en la calle» (Fogg, 2013). Así, los okupas no son miembros del público; son residentes en todos los sentidos.

Los «Philpotts»

A principios de 2013, un tipo odioso, Mick Philpott, que había tenido 16 hijos con tres mujeres, fue condenado a muerte tras prender fuego intencionadamente a su vivienda de protección pública, matando a seis de sus hijos. En la cobertura que se hizo de este sorprendente crimen, los medios de comunicación se aferraron al hecho de que Philpott estaba desempleado y recibía subsidios. El ministro de Hacienda lo aprovechó para decir que los asesinatos planteaban cuestiones sobre el sistema de bienestar. El primer ministro mostró su acuerdo. El mensaje era que los subsidios habían permitido que Philpott llevara una vida depravada, lo que mostraba que los subsidios era depravantes y que requerían reformas del sistema de bienestar. The Economist (2013) describió el crimen como «un crimen sintomático» que influiría en la opinión pública y en las medidas políticas.

A. N. Wilson, una prominente figura literaria, escribió en el Mail on Sunday, un periódico popular, que Philpott encarnaba lo que iba mal en el sistema de bienestar (Wilson, 2013). Dijo que el caso «destapó el sombrío y a menudo grotesco mundo de los parásitos del Estado de bienestar, de los que no hay docenas ni cientos, sino decenas de miles en nuestro país», con lo que sugería que este caso único era típico de los que viven de los subsidios. No aportó evidencia alguna. Simplemente afirmó que el sistema animaba a Philpott a vivir en un trío con su esposa y otra mujer, a maximizar los subsidios por hijo y otros subsidios. En apoyo de las reformas del Gobierno, Wilson añadió:

El Gobierno sostiene tranquilamente que lo inmoral es dejar que familias como la de Michael Philpott languidezcan durante generaciones a base de vivir de los subsidios. De hecho, Philpott nunca siquiera intentó buscar un empleo. Los niños debían su existencia al deseo de Philpott de ordeñar al sistema de bienestar.

Al parecer, Philpott había estado en el Ejército británico. Estando en él, fue acusado de intento de asesinato, años antes de que empezara a recibir subsidios. ¿Por qué Wilson no atribuyó su comportamiento violento al hecho de haber estado en el Ejército? Antes al contrario, con una prosa claramente pensada para inflamar las emociones, Wilson continuó: «Esos seis niños, convertidos en ceniza por nada, eran de algún modo los niños de esos seres humanos benevolentes que, hace unos cuantos años, crearon nuestro sistema de prestaciones públicas».

Wilson entonces atribuyó los disturbios de Londres de 2011 a la «perversión de nuestro sistema de bienestar»:

Nos hemos convertido en un país donde la moralidad ordinaria —el sencillo concepto de que uno no coge lo que no es suyo— no parece funcionar para una buena parte de la sociedad. Muchos de los saqueadores tenían empleo a tiempo completo, muchos eran adultos, pero aún tenían la moralidad de Philpott: se les había programado para creer que tenían derecho a «algo a cambio de nada». Lo que mostró el caso Philpott fue la generalización del mal causado por la dependencia de los subsidios.

Lo que Wilson no quería contemplar era la posibilidad de que los disturbios surgieran de una sociedad basada en la mercantilización y en una desigualdad sin precedentes que estaba generando grandes tensiones, alienación anómica y frustración de estatus. Esos disturbios fueron provocados por la policía, que disparó a un joven en circunstancias turbias que todavía, más de dos años después, esperan una aclaración.

Moralizar sobre el mal de los subsidios es lo que terminan haciendo los que aceptan la desigualdad, en gran parte debida a los privilegios heredados. Wilson, como Cameron y Osborne, creció en el seno del privilegio, con todos los beneficios que se derivan de la opulencia y el alto estatus. Iain Duncan Smith, el ministro que Wilson proponía para llevar a cabo las reformas del Estado de bienestar, vivía en una propiedad de 1.500 acres heredada por su mujer —«algo a cambio de nada»—, que recibió más de un millón y medio de euros en subsidios agrícolas de la Unión Europea a lo largo de una década, a cambio de lo cual no había hecho nada. Wilson no dijo que estos enormes subsidios no ganados habían producido una «generalización del mal».

Artículos como el suyo, avivados por comentarios ocasionales de políticos veteranos, crean caricaturas que ayudan a construir una distopía utilitarista. La historia de Philpott fue de hecho una parábola de la época, pero no la que Wilson pretendía.

Los mayores, «su próximo turno»

Los mayores se han convertido en una parte vociferante de la mayoría utilitarista. En Gran Bretaña, como en otros países, los pensionistas de la tercera edad fueron el único grupo protegido en la era de la austeridad y fueron excluidos de los planes de Cameron en su discurso de junio de 2012. Nuevamente, esto fue política utilitarista, pues los mayores son una parte creciente de la población, tienen una propensión a votar por encima de la media y muestran mayor inclinación a votar a los conservadores. Sin embargo, los pensionistas, particularmente los que experimentan inseguridad económica, deberían estar alerta. Las propuestas que están en el aire implican someter a comprobación de medios determinadas prestaciones que reciben, tales como bonos de transporte gratuito. Uno puede anticipar lo que está por venir atendiendo a las imágenes de pensionistas merecedores y no merecedores.

Los huelguistas como «gandules»

En junio de 2012, el Gobierno del Reino Unido encontró otra minoría a la que apuntar y propuso recortar derechos a la prestación a los trabajadores con bajos salarios que fueran a la huelga. En aplicación de las normas que resultan de la Ley de Asistencia Nacional de 1948, los trabajadores en huelga siguen recibiendo el subsidio de vivienda y los créditos fiscales del trabajo durante un máximo de diez días, así como créditos fiscales extra si pierden la paga. Pero Duncan Smith dijo que con el modelo planeado de crédito universal (que consolida diversos subsidios en un solo pago), estos derechos desaparecerían. En justificación de la medida, el ministro dijo:

Es totalmente erróneo que el actual sistema de subsidios compense a los trabajadores y ponga un tope a su ingreso cuando van a la huelga. Esto es injusto para el contribuyente y crea incentivos perversos. La huelga es una elección, y en el futuro los solicitantes de prestaciones tendrán que pagar un precio por esa elección que, como en el caso del crédito universal, ya no pagaremos nosotros (Peev, 2012).

El argumento presume que alguien en huelga va a la huelga voluntariamente y sin una causa justa. La medida restringe el derecho a la huelga, que tanto trabajo costó conseguir, privando a los trabajadores de sus derechos sociales. Más de un millón de trabajadores en el Reino Unido fueron a la huelga en 2011, la mayoría trabajadores mal pagados del sector público, tales como enfermeras, profesores ayudantes, limpiadores y trabajadores del transporte. Muchos estaban en el precariado. Serán penalizados doblemente por las nuevas reglas, con pérdidas tanto de prestaciones como de salarios. Es un utilitarismo de clase.

Una tarjeta utilitarista de control

En suma, la tendencia de la política utilitarista es la de crear minorías, convertirlas en candidatas a la rescisión de derechos y transformarlas en residentes con la aprobación de una mayoría de ciudadanos. A cada minoría se la describe como «no merecedora». En el Estado neoliberal, estas minorías se solapan de manera acusada con el precariado.

El Estado se está haciendo más dirigista y punitivo hacia esas minorías, proponiendo formas de castigo colectivo justificadas con caricaturas. En 2013, el Gobierno del Reino Unido propuso que las madres con niños de tres años tenían que preparar un currículum para buscar trabajo o de lo contrario perderían prestaciones; el líder laborista dijo lo mismo, y añadió que bajo un gobierno laborista se exigiría que los padres «sin trabajo» con niños en preescolar pasaran «entrevistas regulares en la Oficina de Empleo, tomaran cursos de formación y descubrieran qué oportunidades existen» para estar preparados si eran requeridos para «volver al trabajo» cuando el niño más pequeño cumpliera los cinco (Miliband, 2013). Duncan Smith es conocido por haber propuesto la retirada de la ayuda infantil a los niños a partir del segundo año de vida. ¿Por qué tiene la gente que estar sujeta a semejantes dictados paternalistas? Invaden la libertad.

Los utilitaristas neoliberales son paternalistas moralistas, que quieren recortar las prestaciones a las minorías para que la mayoría pueda pagar menos impuestos. Esto es por lo que trazan un dualismo entre «contribuyentes» y «solicitantes», aun cuando los contribuyentes son los principales beneficiarios de las prestaciones.

El instinto progresista

¿Cuál es la alternativa al utilitarismo? Los progresistas parten de la premisa de que las desigualdades son acentuadas por las fuerzas del mercado, la competencia y la explotación, que son moralmente inaceptables y que pueden reducirse. Al ver la sociedad en términos de clase, y no solo como un agregado de individuos, creen que las políticas públicas deben respetar los principios de la compasión y la empatía.

La compasión es un sentimiento de preocupación por los otros que despierta un deseo de aliviar su sufrimiento. Inspira altruismo. La compasión requiere de la empatía, la capacidad de imaginarse a uno mismo «en la piel del otro». En lugar de dividir a la gente en «ellos» y «nosotros», una imaginación empática reconoce a todos como merecedores de apoyo y dignidad, apreciando que también nosotros podríamos estar en la posición de los desfavorecidos. También permite al otro ser diferente: Karl Polanyi ([1944] 2001) dio en el clavo cuando dijo: «El socialismo es el derecho a ser no conformista». Quería decir que las instituciones deberían preservar el espacio para ser diferentes. Obligar a todo el mundo a ser «normal» es un anatema.

La celebración de la empatía conecta con una tradición que se remonta a Aristóteles, fue rescatada para la modernidad por Hannah Arendt, y dice que realizamos la libertad en asociación, porque solo actuando de forma concertada podemos descubrir lo que significa la plena libertad. Esto es la libertad republicana. La empatía y la compasión significan que, aun cuando quizá no entendamos o no nos gusten vuestras ideas y acciones, no tenemos derecho a condenaros o castigaros a menos que hagáis daño a terceros. Incluso entonces, un progresista debería aceptar que los castigos están justificados solo si se descubre que se ha violado una ley democráticamente aprobada mediante un procedimiento que respeta el proceso debido.

La diferencia entre un utilitarista y un progresista puede ponerse de relieve en el papel que juega la empatía en las actitudes frente al desempleo. Un neoliberal entiende que el desempleo es culpa de la persona, algo «voluntario», o se debe a que la persona es poco competitiva o no lo suficientemente «empleable». Hay un fuerte tono moralista. Un progresista ve el desempleo principalmente como el resultado de las disfunciones del mercado, los errores del gobierno, el mantenimiento deliberado de la atonía laboral para controlar la inflación y los incentivos equivocados. En estas circunstancias, el afortunado les debe un derecho a prestaciones compensatorias a aquellos que son lo bastante desafortunados como para ser los desempleados.

El papel de la empatía en ese razonamiento es claro. La empatía es lo que separa a los utilitaristas de los progresistas. Hay quien cree que la historia está marcada por la expansión de la empatía, de la familia a la tribu y a la nación (Rifkin, 2009). Pero ampliar simplemente el círculo de contactos no refuerza la empatía. Puede diluirla. En realidad, una más amplia sociedad de mercado penaliza la empatía a favor del egoísmo y el oportunismo competitivo. La empatía social se debilita debido a las desigualdades y la estratificación social: son pocos a los que les resulta fácil imaginarse en la posición de los otros. Diversos estudios de psicología (por ejemplo Kraus, Côté y Kelter, 2010) han descubierto que los ricos tienen menos empatía y compasión que los demás. Y si hay poca movilidad social, la gente tiende a racionalizar su falta de empatía. En la medida en que la élite, el salariado y los trabajadores del núcleo no están expuestos a las inseguridades del precariado, tendrán poca empatía hacia él. Así que serán fácilmente persuadidos para que apoyen medidas que golpeen al precariado.

En un ejemplo mayúsculo de falta de empatía, Lord Freud, ministro británico para la Reforma del Sistema de Bienestar y antiguo banquero, dijo que la razón por la que cada vez hay más gente que recurre a los bancos de alimentos era la oportunidad de conseguir comida gratis, pues la mayor oferta de «un bien gratuito» creaba su propia demanda. La realidad es que mucha gente desesperada, en el lado equivocado de los cambios en las normas asistenciales, pasaría hambre sin las raciones de comida que proporcionan los bancos de alimentos. Sugerir que simplemente van detrás de un «plato gratis» muestra una extraordinaria insensibilidad ante la privación, lo que es mucho peor viniendo de alguien que supervisa la reforma del sistema de bienestar.

La pérdida de empatía social en la distopía neoliberal se ha visto reforzada también por otros cambios. La escuela se ha hecho más funcionalista y se ha entregado a la preparación «capital humano» para el empleo a expensas de las disciplinas liberadoras de educación moral. Entrar en contacto con la gran literatura realista universal, por ejemplo, instila empatía y desarrolla la capacidad de entender las complejidades de la condición humana. Los antiguos griegos dedicaban mucho tiempo al teatro, que era parte de la schole y ayudaba a reproducir la empatía. El modelo neoliberal rechaza semejante uso del tiempo, que no aporta nada al crecimiento o la competitividad.

La empatía también se ha erosionado por culpa del cambio hacia la comprobación de medios, la disminución del universalismo y la privatización de servicios sociales públicos. Los que triunfan económicamente consiguen mejores servicios que el precariado y los de su entorno. Un verdadero sector público se rige por un ethos de universalismo y empatía. Todos son iguales y llegan como ciudadanos. Los servicios privatizados se convierten en vehículos de la desigualdad. Los que pagan, demandan y esperan un trato mejor y más rápido que los rebajados a meros suplicantes.

Quizá el factor más ignorado en la erosión de la empatía haya sido el desmantelamiento de los gremios ocupacionales (Standing, 2009). Eran vehículos para la transferencia intergeneracional de códigos de ética, de conducta y de reciprocidad. Por deficientes que sean en cuanto instituciones captadoras de rentas, proporcionaban un marco laboral en el que se reproducían la ética y la reciprocidad. Al desmantelarlos, los gobiernos mataron la principal fuente de empatía social.

Aunque el desafío progresista es revitalizar la empatía, también es ese el caso de otro valor progresista: la solidaridad social. Necesitamos instituciones con las que defender nuestro bien común. La solidaridad solo puede sostenerse mediante grandes y pequeños «pelotones», reconociendo que cada interés debe estar representado en ellos. En el modelo neoliberal, esos organismos negociadores son rechazados por considerar que distorsionan el mercado. Los plutócratas, la élite y el salariado no los necesitan; pueden contratar abogados y contables.

El otro pacto fáustico de los socialdemócratas

En la década de 1990, los socialdemócratas hicieron su propio pacto fáustico. Para ganar credibilidad con su versión de «la clase media» y sus potenciales partidarios, abandonaron los principios de solidaridad con la brevemente popular tercera vía y optaron por la flexibilidad del mercado laboral y las políticas focales de bienestar basadas en la comprobación de medios, con un mundo laboral endurecido en los márgenes. Esto quedó encarnado en la promesa del presidente norteamericano, Bill Clinton, de «acabar con el Estado de bienestar tal como lo conocemos». Otros siguieron sus pasos.

Al hacerlo, entregaron el espacio tradicionalmente ocupado por los progresistas, pues la comprobación de medios precisa de la distinción entre los pobres merecedores y los no merecedores. El pobre se convirtió de nuevo en una categoría social, y se puso el acento en reducir su número. Los principios de compasión, empatía y solidaridad fueron abandonados y los socialdemócratas ayudaron a legitimar un cambio de perspectiva en el modo de mirar la sociedad. Ninguno de los grandes partidos se mantuvo fiel a los valores progresistas.

En el Reino Unido, este pacto fáustico acabó con las elecciones generales de 2010, época en que la mayoría de los partidarios del laborismo había llegado a creer en la dicotomía entre merecedores y no merecedores. Estaban convencidos de que el partido laborista no había hecho lo suficiente para impedir que los no merecedores recibieran prestaciones mientras se les denegaban a ellos mismos. En 2013, la Fundación Joseph Rowntree descubrió que ya ni siquiera los partidarios del laborismo creían que la injusticia social era la principal causa de la pobreza: solo un 27 por ciento lo creía frente al 41 por ciento de 1986. Al contrario, el 27 por ciento de los partidarios del laborismo decía que la vagancia y la falta de fuerza de voluntad eran las causas principales, comparado con el 13 por ciento que dijo eso en 1986.

Al laborismo le salió el tiro por la culata. Pero siguió adelante e intentó presentar una estrategia tan dura como la del Gobierno. En un momento en el que las reformas estaban empeorando la pobreza, el entonces portavoz laborista de trabajo y pensiones, Liam Byrne, dijo que los recortes en prestaciones eran un impuesto de los «luchadores» y que el Partido Laborista atacaría «el gran mal de la dependencia de las prestaciones». En ese caso, ¿por qué no se centró en los subsidios que van a la élite y al salariado? Si los socialdemócratas entran en el juego de los prejuicios, contribuyen a legitimarlos. En lugar de desafiar esos prejuicios e intentar apartar a la gente de ellos, el partido laborista ha intentado ganar popularidad alineándose con lo que cree que es la opinión mayoritaria. Por querer evitar la crítica de la derecha, traicionó la herencia progresista. El progresismo siempre se ha arriesgado a una impopularidad a corto plazo por desafiar las formas establecidas de pensar.

Principios de justicia social

En la agenda progresista reina la confusión. Se necesita un contramovimiento para la transformación global. En la segunda mitad de este libro se proponen más elementos. Sin embargo, podemos preparar el terreno sugiriendo cinco principios de justicia (desarrollados en Standing, 2009) por los que debería juzgarse cualquier propuesta.

El primero es el principio de diferencia en seguridad. Se deriva de la obra seminal de John Rawls (1971), un liberal progresista. Dicho sucintamente, una política o cambio institucional es socialmente justo solo si mejora la seguridad de los grupos más inseguros de la sociedad. Numerosas medidas utilitaristas violan este principio. La seguridad básica debería ser un derecho humano.

El segundo es el principio de la prueba de paternalismo. Una política o cambio institucional es socialmente justo solo si no impone controles a determinados grupos que no impone a la mayoría de los grupos libres de la sociedad. El paternalismo es un resultado generalizado del neoliberalismo y el utilitarismo. Los neoliberales dicen creer en el libre mercado desregulado. Pero han dedicado una enorme cantidad de esfuerzo a construir un marco regulador más estricto para dirigir el comportamiento de los que están en el precariado y su entorno. A menos que se apliquen las mismas reglas tanto a los ricos ociosos como a los pobres ociosos, obligatoriamente suspenderán la prueba de paternalismo. A menos que se nos permita a todos perseguir nuestra idea de la libertad sin la dirección del Estado, el principio será ignorado.

El tercero es el principio de los derechos y no de caridad. Una política o cambio institucional es socialmente justo solo si fortalece los derechos y no aumenta el poder discrecional y no controlable de los que tratan con los ciudadanos. La caridad es bienvenida, pero debe ser marginal. Dar a los burócratas y sus agentes un poder discrecional, permitirles una dominación que es incontrolada y arbitraria, es un paso claramente regresivo que socava la libertad, de los grupos vulnerables mucho más que de los demás. Las políticas que requieren que la gente muestre deferencia y una humildad agradecida son ofensivas. El cuarto es el principio del trabajo digno. Una política o cambio institucional es socialmente justo solo si promueve la capacidad de buscar trabajo que sea dignificador y satisfactorio en otros sentidos. Esto exige el respeto por todos los tipos de trabajo, no solo por el trabajo remunerado en actividades subordinadas.

El quinto es el principio de contención ecológica. Esto es fundamental hoy. Una política o cambio institucional son socialmente justos solo si no impones externalidades ecológicamente dañinas. Por ejemplo, un programa de creación de empleo que dé como resultado más contaminación o degradación medioambiental es inaceptable. Los empleos son instrumentales, no un fin en sí mismos. Por supuesto, hay equilibrios. Pero el respeto por el principio exige que se busquen constantemente alternativas a las actividades que ponen en riesgo el medio ambiente de hoy y de mañana, y la sostenibilidad de las especies.

¿Dónde nos llevan estos cinco principios? Deberían llevarnos a pedir que la protección social sea reformulada desde una perspectiva progresista en la que las inseguridades del precariado tengan prioridad. Podríamos llamar a esto una estrategia de «empatía social». Y los elementos del manifiesto del precariado expuesto más abajo deberían ser evaluados con los cinco principios en mente.

Reflexiones finales

El utilitarismo podría conducir a algo parecido al neofascismo, con un control autoritario sobre las minorías. La era de la austeridad ha creado una tormenta perfecta de efectos adversos: estancamiento económico, inseguridad crónica, desigualdad creciente y una política mercantilizada de dudosa moralidad. El modo utilitarista de pensar establece dicotomías. Cuando un primer ministro divide a la gente en los que «hacen lo correcto» y los que no, quiere decir que los que no hacen lo correcto no deberían tener los derechos otorgados a los que sí. Para traducir eso a políticas concretas, hay que definir, medir y controlar reglas. En cuanto se abre esa puerta, las regulaciones dirigistas y el control estatal crecen. El resultado es una pérdida de libertad para el precariado.

A los desempleados se les dice que tienen que buscar trabajo todos los días y estar a disposición permanentemente. Deben estar preparados para mudarse de casa e ir adonde no tienen amigos, parientes o un sistema de apoyo. Deben renunciar a la vivienda social si tienen una habitación vacía sin uso habitual. Esto no es libertad. Esto es el Gran Estado moralista y coercitivo.

Una interpretación de lo que está pasando es que la «sociedad» se está contrayendo, en el sentido de que está cayendo la proporción de gente con plenos derechos de ciudadanía. Pero una de las lecciones de la historia es que, conforme crecen los grupos de extraños, también crece la percepción de ilegitimidad de las estructuras que los hacen extraños. En algún punto, el edificio se hace inmanejable, pues es demasiada la gente a la que se hace daño. No debe perderse la oportunidad que brinda ese momento para un cambio radical en una dirección progresista.

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Por una Carta del precariado

Ningún partido político convencional ha recogido verdaderamente el guante del precariado. En las elecciones generales italianas de febrero de 2013, se dejó a un movimiento populista, ostensiblemente antipolítico, que tirara de ese hilo y dibujara un escenario para el desmantelamiento transformador del establishment político del siglo XX. Saliendo de la nada, consiguió más de un cuarto del voto popular y 163 representantes electos en un parlamento sin mayoría.

El ruido discordante del Movimiento 5 Estrellas (MoVimento 5 Stelle, M5S), liderado por Beppe Grillo, un cómico, puso de manifiesto que estaba todavía en su infancia un nuevo utopismo progresista. Era no obstante un momento significativo; fue casi una genialidad política unir al primer y al tercer grupo del precariado (los procedentes del núcleo de la clase obrera y los jóvenes universitarios) en torno a una agenda incoherente basada en el mero rechazo de la vieja política de centro izquierda y de centro derecha. Señaló la fragilidad de esos bastiones del privilegio.

De lo que carecía el M5S es de un conjunto de políticas que pudieran satisfacer las necesidades y aspiraciones del precariado. Dichas políticas deben basarse en una visión factible de la buena sociedad. Para ayudar a identificarlas, podemos proponer una carta de demandas que reconozca las inseguridades y privaciones del precariado y que ofrezca una reinterpretación de la gran trinidad de libertad, fraternidad e igualdad.

Una carta unificadora

La idea de una carta del pueblo tiene una rica historia, y se remonta al Cilindro de Ciro de 539 a. C., por el cual el rey persa liberó a los esclavos, autorizó la libertad de religión y estableció la igualdad racial. Fue la primera carta de derechos humanos. De las que la sucedieron, la más pertinente es la Carta Magna de 1215 firmada por el rey Juan de Inglaterra bajo la presión de sus barones junto al río Támesis en Runnymede.

La Carta Magna era notable por su detallismo —63 compromisos enumerados— y por el hecho de que era un mecanismo constitucional de clase que reflejaba el avance social y económico de una clase en ascenso, cuyos intereses estaban constreñidos por la estructura social generada 150 años atrás por los normandos. Es menos conocido que la Carta Magna fue seguida en 1217 por una Carta de los Bosques, un toque de rebato para la preservación de los bienes comunales y la reproducción del medio ambiente mediante la afirmación de derechos del hombre común. Hoy merece ser celebrada por los ecologistas y el precariado. Fue un gesto hacia la clase trabajadora de la época.

El siguiente salto adelante fue la Declaración de Derechos inglesa de 1688-1689, que de nuevo puede interpretarse en términos de clase, pues reflejaba el avance de la aristocracia terrateniente (protestante) y de la burguesía emergente a su servicio. La Declaración eventualmente fue la inspiración de la Declaración de Independencia americana, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

El modelo de la Carta quedó muy arraigado. Puede trazarse una línea desde la Carta Magna, pasando por la Declaración de Derechos, hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 y la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. Estas dos últimas pueden interpretarse en parte como defensas de la legitimidad del proletariado y el laborismo triunfante en la época, como queda reflejado en el artículo 23 de la Declaración de 1948 sobre el empleo y el «derecho a trabajar».

En los siglos comprendidos entre la Carta Magna y la Declaración de Naciones Unidas, la marea de los derechos avanzó gracias a otras declaraciones. En Inglaterra, la continuación más relevante de la Declaración de Derechos fue la agitación social en la década de 1830 precipitada por los cartistas y la Carta del Pueblo, con sus seis puntos, todos políticos, formulados en 1838 por radicales de clase obrera. Los puntos eran: sufragio universal masculino, distritos electorales de igual tamaño, voto secreto, eliminación de las cualificaciones de propiedad para los miembros del Parlamento, remuneración de los diputados y elecciones anuales al Parlamento. Cinco de los seis puntos (excepción hecha de las elecciones anuales) se dan hoy por sentados, pero en la década posterior a su formulación fueron encarcelados, deportados o ejecutados los principales proponentes de la Carta.

El movimiento cartista fue liderado por artesanos y obreros varones, y articulado por radicales filosóficos. Aunque no era un movimiento para toda la clase obrera, sí fue una lucha contra los intereses de la clase dominante a favor de los intereses de clase emergentes. Y la Carta ayudó a dar coherencia a un batiburrillo de demandas de un variopinto número de grupos. Como recordaba John Bates, un activista del momento:

Había asociaciones [radicales] en todo el país, pero había mucha falta de cohesión. Uno quería el voto, otro el sufragio masculino, y así sucesivamente. Los radicales carecían de unidad de propósito y de método, y apenas había esperanza de que pudiera conseguirse algo. Sin embargo, cuando se redactó la Carta del Pueblo […] que definía con claridad las demandas urgentes de la clase obrera, sentimos que teníamos un vínculo real de unión; y así transformamos nuestra asociación radical en centros locales cartistas (citado en Thompson, 1984).

Así pues, alcanzar el punto en el que se formuló una Carta común llevó un tiempo considerable. Aunque los cartistas fueron suprimidos entonces, sus ideas echaron raíces para no desaparecer nunca. Entre sus subversivas demandas había una de distribución de la tierra. También desarrollaron la herramienta de las huelgas localizadas y entre sus principios más radicales y perdurables estaba la demanda de «igualdad ante la ley».

El suceso que más relevancia tiene para los desarrollos contemporáneos fue un encuentro masivo en Manchester en abril de 1848, convocado para establecer una Convención cartista, el cual provocó disturbios en las calles y, como era predecible, fue descrito por las autoridades como actividad de la turbamulta y violentamente suprimido. Pero los cartistas prepararon el terreno para un futuro avance. Eran una alianza laxa de intereses de clase emergentes, afirmaban derechos y expresaban sus inseguridades e injusticias. Pronto sus demandas se convirtieron en nuevas normas. Ahora denigramos a sus represores.

Frente a la crisis de la transformación global

Quizá esos sucesos históricos tengan su equivalente en el siglo XXI. Un contramovimiento está tomando cuerpo. Y no hay que ser futurólogo para apreciar que las reacciones de los gobiernos y las reacciones internacionales a la crisis múltiple que siguió al crack de 2007-2008 eran, y son, insostenibles a medio plazo.

El mayor temor ha sido que el establishment político fuera tambaleándose de una borrachera de austeridad a otra y que, tras años de políticas económicas y sociales divisivas se produjera una deriva autoritaria dirigida coercitivamente contra los grupos más vulnerables de la sociedad. Entre 2008 y 2013, eso es lo que pasó. No es hiperbólico hablar de un Estado neoliberal consistente en instituciones y políticas encaminadas y favorables a la liberalización económica, y ejecutadas por todos los partidos políticos principales. Pero después de 2008, el poder ejercido por los intereses dominantes era un poder negativo que causó más miseria a las minorías, al precariado y a los residentes, pero incapaz de ofrecer una visión atractiva de lo que iba a resultar de todo ello. Quedaba en el aire una vaga promesa de «crecimiento» renovado y más «empleo» ante una población cada vez más escéptica.

No obstante, está surgiendo una alternativa progresista. El reto es encontrar la manera de articularla y diseñar una estrategia para realizarla. La palabra «revolución» está demasiado contaminada por la historia para describir lo que se requiere. La palabra «reforma» está demasiado contaminada por el uso neoliberal que se le ha dado y es demasiado débil. Lo que capta la esencia es el concepto de «transformación», asociado a la gran transformación de Karl Polanyi, esto es, un contramovimiento para volver a arraigar el sistema económico en la sociedad, con nuevos mecanismos de regulación, protección social y redistribución.

Tras las convulsiones de 2007 y 2008, quedó claro que los partidos políticos que se decían de «izquierda» estaban huérfanos de ideas. La mayoría era culpable de haber hecho tanto como cualquiera de la «derecha» por crear el desastre económico y la penuria del precariado. Otros han implosionado tras el final del socialismo autocrático de Estado. Y se había dejado de considerar a los partidos políticos como vehículos de cambio estructural. En su mayoría se habían mercantilizado, apuntalados por plutócratas y otros ricos donantes, por la generosidad de las corporaciones, los cheques de los famosos, las comidas para recaudar fondos, o las menguantes contribuciones de sindicatos atávicos que trataban de resucitar el laborismo.

Nadie entendió que una crisis de la magnitud de la implosión financiera de 2008 era una oportunidad para una transformación del paisaje político y económico, basada en tres principios fundamentales de acción política.

La clase emergente como vanguardia

«La derrota es la batalla que no se libra… Las batallas perdidas son batallas no luchadas.»

Alexis Tsipras
Mayo, 2012

El primer principio es que, aunque toda transformación exitosa resulta de la lucha por una mayor libertad y por la igualdad, cada paso adelante en esa dirección se define por las necesidades, inseguridades y aspiraciones de la clase emergente. A principios del siglo XX, ese era el proletariado. A principios del siglo XXI, debe ser el precariado. Y así como la lucha de la clase obrera contra el capitalismo industrial fue dirigida por los obreros relativamente bien preparados y por los que tenían acceso a las formas más modernas de comunicación de la época, diseminando ideas mediante panfletos y participando en la educación de los trabajadores, así también puede anticiparse que —si se llega a dar un paso adelante— será definido por la parte preparada y conectada del precariado, capaz de explotar el potencial de las comunicaciones electrónicas.

No es ninguna sorpresa comprobar que muchos de los que participaron en el movimiento Ocupar Wall Street en 2011 tenían títulos universitarios (Milkman, Luce y Lewis, 2013). Conforme se alargaba la ocupación, la composición fue cambiando a medida que se acercaba más gente procedente del lumpenprecariado y algunas con enfermedades sociales en busca de sopa, sándwiches, ayuda médica y un poco de simpatía. Pero el impulso y la energía vinieron de la parte más formada del precariado, no de sus partes más aturdidas y atávicas.

Nuevas formas de acción colectiva

El segundo principio es que, para dar un nuevo paso adelante, se requieren nuevas formas de acción colectiva. Históricamente, la forma que más progreso genera o tiene mayor efecto —para bien o para mal— no se conoce de antemano. Por ejemplo, una lección aprendida solo después de que hubieran surgido los Estados de bienestar fue que las políticas de la clase obrera se definían y configuraban mediante la lucha y no se tenían claras de antemano (Przeworski, 1985).

Los primeros sindicatos no eran como los batallones que llegaron a predominar a mediados del siglo XIX. Los gremios de artesanos evolucionaron hasta convertirse en sindicatos de artesanos y fueron dirigidos y conformados por artesanos y trabajadores especializados, no por proletarios. Debían sus estructuras a las tradiciones gremiales. Los sindicatos industriales posteriores se enfrentaron a los sindicatos gremiales tanto como a los empresarios y capitalistas. Describir el «movimiento sindical» como una fuerza unida es ignorar la historia. De hecho, puede decirse que los sindicatos del siglo XX en su mayoría se amoldaron a las necesidades del capitalismo industrial y no pretendían derribarlo.

Ahora todo lo que podemos predecir con confianza es que las nuevas formas de acción colectiva serán diferentes a las que predominaron en el pasado. Eso no significa que debamos rechazar o ignorar lo logrado por el viejo modelo. Eran creaciones de su tiempo, lugar, de su estructura económica y de sus posibilidades; y la sociedad moderna les debe mucho.

Hoy está tomando cuerpo una revolución asociativa, en la que fracasan los viejos sindicatos, que confluyen en organismos más generales o intentan reinventarse, a veces incorporando a organismos no sindicales. Mientras tanto, la acción colectiva en las calles y plazas está desmembrada o es lo que podría llamarse la acción de «rebeldes primitivos». A los manifestantes les ha unido más aquello contra lo que protestaban que lo que querían en su lugar.

La denuncia por el movimiento Occupy del imaginario del 1 por ciento más rico entusiasmó a la opinión pública. Pero no abordó el problema de la fragmentación de clase ni proporcionó una estrategia política. Esto no es una crítica. Es sencillamente reconocer que los mecanismos de protesta cristalizan por fases, empezando con la apreciación colectiva de un sistema de desigualdad e inseguridad crónica.

Esta fase se ha consumado con los disturbios en los arrabales de París y en las ciudades de Suecia, el surgimiento de los desfiles del EuroMayDay y luego la primavera árabe, el movimiento Occupy, los disturbios en las ciudades inglesas en agosto de 2011 (que tuvieron antecedentes menos difundidos) y la protesta del M12M (12 de marzo de 2011) en Portugal, con 300.000 personas manifestándose en contra de la «precariedad». En Grecia, surgió el movimiento den plirono (no pagues), cuando la gente se negó a pagar las facturas por los servicios públicos o los impuestos, y este fue seguido por los aganaktismenoi (los resentidos), que demandaban mayor control democrático pero carecían de una agenda unificada. El Reino Unido tuvo su movimiento Uncut, que demandaba que el Gobierno diera marcha atrás en los recortes de gasto en los servicios sociales. En España surgió el movimiento 15M o de los indignados. Y en Italia apareció el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), que tal vez haya iniciado la segunda fase. Turquía vio la movilización en Estambul, a la que siguieron protestas espontáneas por todo Brasil. Muchos otros países presenciaron manifestaciones similares a menor escala. Por doquier el estado de ánimo era de indignación, frustración y asco.

A menudo estas protestas estaban motivadas en parte por una nostalgia que llegaba hasta el punto de la idealización, y en parte por una mezcla de sentimentalismo, ira e impotencia que llevaba a los manifestantes a arremeter contra los símbolos de la opresión y la privación. Nadie debería burlarse de los rebeldes primitivos de nuestra época. El establishment no pierde ocasión de demonizarlos y de manipular la opinión de «clase media» citando ejemplos de excesos. Pero es una energía que con toda seguridad estaba forjando una fuerza social.

Las protestas de masas son esenciales, pero raramente estratégicas. Pueden incluso disipar las energías sociales y políticas, del mismo modo que levantar la tapa de una olla con agua hirviendo reduce la presión. A raíz del 2008, muchas protestas tuvieron este efecto de dejar salir el vapor, sobre todo las organizadas por las viejas estructuras que intentaban mantener su relevancia. Pero las protestas colectivas permiten a la multitud formar alianzas y cristalizar ideas que posteriormente pueden convertirse en acción estratégica.

En los agitados sucesos de 2011, los rebeldes primitivos empezaron a reconocerse entre sí como compañeros potenciales de una fuerza progresista. Un logro vital fue hacer que los distintos movimientos unieran sus intereses, ya fueran orientados a la protección medioambiental, a los discapacitados, los inmigrantes y refugiados, los desempleados, los sin techo, los becarios, los derechos de las mujeres, los derechos de LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) u otras cuestiones sociales. En su mayoría, apenas tienen relación con el movimiento que empujó a la gente a la acción colectiva en la era de la gran transformación. El centro de trabajo ya no es considerado central para la vida y la sociedad, como lo fue para los laboristas que construyeron los Estados de bienestar centrados en el padre-sostén de familia.

Los sindicatos tienen dificultad en adaptarse a esta nueva realidad, aunque algunos lo han intentado con algún éxito. Justa o injustamente, ahora se tiene la impresión de que los sindicatos representan los intereses de sus miembros más antiguos, la mayoría de los cuales se afiliaron de jóvenes, y que intentan preservar durante el mayor tiempo posible las garantías laborales conquistadas para sus miembros. Los convenios colectivos que preservan la seguridad laboral no tendrán seguramente mucho interés para el precariado. Los que han caído en él tienen poca esperanza de conseguir esas garantías y los beneficios no salariales logrados por el proletariado y el salariado. Algunos en el precariado ni siquiera los pretenden. Es poco probable que les impresionen las voces sindicales que reclaman su «extensión» al precariado.

Otra contradicción surge del hecho de que los sindicatos siempre han promovido los valores del trabajo asalariado sobre los valores del trabajo en general. Históricamente, puede considerárseles responsables de afianzar los valores del trabajo asalariado. Siempre pidieron que hubiera más gente «empleada», estuvieron entre los que más vehementemente se opusieron a una renta básica y nunca lucharon por transformar las estadísticas de empleo en estadísticas de trabajo en general. En el siglo XX, la demanda de «pleno empleo» de los sindicatos sencillamente significaba que el mayor número de gente posible debería estar colocada en trabajos subordinados. Esto puede ser injusto para con tantos sindicalistas individuales que trabajaron incansablemente por mejorar la vida de los «trabajadores». Pero es así como cobró forma el laborismo. Hoy día, es improbable que los sindicatos superen ese legado mediante un mero cambio de retórica y la sustitución de los jefes sindicales de viejo cuño.

El año 2011 fue probablemente el momento en que la fase del rebelde primitivo llegó a su cénit. Globalmente, el periodo subsiguiente puede llegar a verse como el momento de calma antes de la tormenta, un periodo de oscuridad en el que el viento se aplaca momentáneamente. Las energías se volvieron hacia otro sitio, a menudo hacia la pura supervivencia ante una austeridad recrudecida. No obstante, los sentimientos rebeldes tomaron cuerpo en la política populista que llevó al éxito electoral del M5S en Italia y que hizo que las espaldas de los socialdemócratas por doquier sufrieran un escalofrío de incomprensión. ¿Por qué no habían sacado provecho ellos de la reacción contra la globalización y la austeridad?

Las razones estaban claras. Durante dos décadas, los partidos laboristas habían aceptado de manera oportunista la lógica del modelo económico neoliberal. Con tanto entusiasmo como la derecha política, aceptaron el pacto fáustico. Trataron de alinearse con protestas ocasionales, pero rara vez tomaron la iniciativa o propusieron un enfoque alternativo. Italia ofrece dos buenos ejemplos de su falta de liderazgo: la ocupación del Cinema Palazzo, un teatro en el distrito de San Lorenzo en Roma, en defensa de las artes, y el movimiento de los beni comuni (bienes comunes), que llevó al referéndum de junio de 2011 que revocó de forma rotunda la privatización del agua que había sido aprobada por el Parlamento unos meses antes (Mattei, 2013). Esas luchas tuvieron lugar fuera de la política convencional. Eran un presagio de la tormenta que se avecina.

Los movimientos de protesta, más que los días de protesta encarnados en las manifestaciones del EuroMayDay de unos años atrás, han desplazado la acción de los partidos y de los sindicatos. A menudo se producen, pese a la eliminación de libertades republicanas clásicas. Un ejemplo es OUR Walmart (Organización Unida para el Respeto en Walmart), en la que los empleados del gigante de la distribución a los que se prohibía afiliarse a los sindicatos se organizaron, no obstante, para protestar por los bajos salarios, la falta de beneficios médicos asequibles, los horarios de trabajo impredecibles y la negativa a reconocer al sindicato. Más tarde, los trabajadores de comida rápida organizaron protestas fuera de sus centros de trabajo. Estos movimientos sociales se saltan las barreras a la acción colectiva construidas por el Estado para intentar limitar las acciones a favor de la solidaridad social.

Tres luchas entrecruzadas

El tercer gran principio progresista que surge en un periodo de transformación potencial es que cada paso adelante hacia una sociedad más emancipada e igualitaria remite a tres luchas entrecruzadas. Esto no significa que tendrán lugar ni que tendrán éxito. Pero, si no se producen, no puede haber una gran transformación.

La lucha por el reconocimiento

La primera lucha es por el reconocimiento. Este se logra principalmente mediante la acción colectiva o las protestas que articulan una identidad, en las calles, en los cafés y bares, en los lugares de trabajo, en los nuevos medios de comunicación de masas y en el debate político. Se trata de reconocerse uno mismo en los otros, de sentir una necesidad común de superar la inseguridad de la identidad que caracteriza a una clase en formación. Se trata de reconocer la existencia de un grupo social distintivo y sentir que uno puede ser parte de él, sin vergüenza y con cierto orgullo.

Algo parecido ocurrió durante el siglo XIX. En las primeras décadas, «tener empleo» era motivo de vergüenza y estigma. Conforme tomó cuerpo el proletariado, a medida que crecía el número de trabajadores a tiempo completo, sin tierra ni propiedad, cada vez eran más los que se identificaban entre sí. Y llegaron a sentir orgullo y dignidad en su común circunstancia. Tenía que surgir una nueva «subjetividad» por la cual se dieran cuenta de que estaban en una posición estructural en el sistema socioeconómico y que tenían el deber de apoyar a los que estaban en una posición similar. De ahí también la apreciación de la necesidad de respetar los principios de reciprocidad y solidaridad, de que luchar por la dignidad de los otros era luchar por la propia.

En momentos así, la clase emergente tiene que forjar una identidad social distintiva, para crear la base de la acción colectiva. Esto incluye la creación vernácula de un nuevo discurso subversivo que altere las imágenes y el lenguaje político para poner de relieve las tensiones y los desafíos. También requiere la aceptación de que la vieja vanguardia progresista de oposición a las estructuras de desigualdad e inequidad ya no puede desempeñar ese papel, y en algunos respectos se ha convertido en un obstáculo reaccionario para la lucha renovada contra la creciente desigualdad y la erosión de libertades o derechos adquiridos.

Aquí es donde estaba el precariado tras el crac de 2007-2008. Las manifestaciones anteriores del EuroMayDay habían preparado el camino. Pero tener conciencia de llevar una vida precaria no se tradujo fácilmente en el reconocimiento de una identidad común. Eso requirió que las historias de los desafíos comunes cuajaran en una narrativa común. El espejo se hizo más grande a medida que la gente vio que los otros asentían en señal de reconocimiento. La nueva identidad fue surgiendo a partir de las muestras de descontento a pequeña escala. En 2009, el autodesignado colectivo «Investiga y Destruye» de la Universidad de California, en Santa Cruz, editó un «comunicado desde un futuro ausente» que captó parte de la emergente realidad:

«Trabaja duro, juega duro» ha sido el lema obsesivo de toda una generación durante su formación…, ¿para qué? —dibujando corazones en la espuma del capuccino. Trabajamos y pedimos prestado para trabajar y pedir prestado. Y los empleos por los que trabajamos son los empleos que ya tenemos. Lo que compra nuestra matrícula prestada es el privilegio de hacer pagos mensuales durante el resto de nuestras vidas.

Aunque algo autocompasivo, eran indicios de una desilusión que debe desarrollarse si ha de cristalizar el reconocimiento del lugar de la clase emergente.

La lucha dio un gran paso adelante durante las convulsiones de 2011. En todas ellas, sobre todo quizá en el movimiento de los indignados en España y en movimientos paralelos en otros sitios, una conciencia agudizada simbolizó el surgimiento del precariado como fuerza social. La gente en todo el mundo podía identificarse con él, viendo la energía de muchos otros miles. ¡Existimos! ¡No soy solo yo! Y podemos hablar con orgullo de nuestra pertenencia al precariado, sin sentir vergüenza, lástima de nosotros mismos o responsabilidad personal por el fracaso, por más que los políticos utilitaristas nos digan lo contrario. ¡Estamos aquí, no nos vamos! Las circunstancias, las instituciones y los procesos crean nuestra realidad. Pero estamos preparados y dispuestos a luchar por los derechos, especialmente por el derecho a desarrollar nuestras capacidades. Había un doble sentido no intencionado en el nombre del movimiento Occupy, porque no trataba solo de ocupar espacios sino también de forjar una identidad ocupacional.

Estos no son sentimientos que surjan de repente o que puedan ser comprendidos plenamente, ni siquiera por los que están en la vanguardia. Pero a lo largo de 2011 más y más gente parecía entender al precariado y su relación con él. Esto se tradujo en presentaciones de comentaristas y en blogs y debates públicos. El desarrollo del reconocimiento personal como miembro de un grupo en crecimiento es una fase vital para superar los rasgos desfavorables que ayudan a definirlo.

Ese reconocimiento también exige que uno se dé cuenta de que las viejas etiquetas sociales son anacrónicas. Así, la gente con un grado universitario encuentra difícil identificarse con el proletariado o incluso con la «clase trabajadora». Parece aún más extraño que lo haga si sus ingresos ocasionales proceden de fuentes distintas de las del trabajo asalariado estable. Es igualmente extraño que la gente se diga de «clase media» —en el sentido americano o europeo— cuando no tienen ni propiedad ni empleo asalariado.

El reconocimiento conquistado da paso a sentimientos colectivos. Los sindicatos obreros reaccionaron confusamente ante el precariado, intentando demostrar que estaban abordando las inseguridades laborales y reclamando empleos más seguros con salarios decentes. En parte, esto no tuvo relevancia porque no fueron capaces de reconocer que la facción radical del precariado no se está revolcando en la autocompasión, sino que está desafiando las viejas normas. Rechaza el laborismo como modelo, y la idea de que todo lo que quiere es su «integración social» en el proletariado. En una declaración maravillosamente subversiva de voluntad de acción, de autorreconocimiento, esto quedó resumido en un grafiti de una pared de Madrid: «Lo peor sería volver a ser normal». La parte progresista del precariado puede querer abolir su actual condición, pero es una clase transformadora, no una clase anclada en un pasado imaginario o real.

La lucha por la representación

«Nuestros sueños no cogen en vuestras urnas.»

Los indignados
[grafiti]

La siguiente lucha es por la representación. Los sucesos de 2011 hicieron poco al respecto y las políticas y los cambios institucionales en la era de la austeridad debilitaron lo poco que había. Representación significa que el precariado debe tener una voz independiente, distintiva y efectiva en cada institución del Estado, especialmente dentro de todas las instituciones con la que sus miembros tienen que tratar. El precariado necesita formas de representación que atiendan sus intereses, inseguridades y aspiraciones. En el proceso, seguramente seguirá rechazando a los partidos políticos convencionales y a los políticos profesionales, pues no puede verse representado en la política mercantilizada. La palabra «corrupción» es una versión en forma de consigna de esta idea. Pero lo que se rechaza es la corrosión neoliberal de la política.

El mensaje del utilitarismo moderno es que los políticos y los partidos deben ser más competitivos que los otros, y la competitividad debe lograrse reempaquetando y vendiendo con frases, palabras e imágenes más efectivas, probadas mediante grupos focales, publicidad inteligente, buena puesta en escena, embellecimiento físico y cosas por el estilo. El precariado, hasta ahora desmembrado, puede que no represente ninguna mayoría en dicha política utilitarista. Pero, gradualmente, el establishment político se enfrenta al incómodo hecho de que, mientras las facciones en su seno compiten por alguna mayoría percibida como tal, con lo que fraccionan dicha mayoría, el precariado ha estado creciendo hasta el punto en el que coincide con componentes sueltos de esa clase media. Esto quedó al descubierto en las elecciones celebradas en toda Europa en 2012 y 2013, de manera más espectacular en Italia.

Fuera del ámbito político, la representación debe ser significativa, obligando a rendir cuentas a todos los que toman decisiones y asegurando el proceso debido a todos los niveles en todo momento. Los que está en el precariado son suplicantes que tienen que implorar un trato justo o prestaciones a burócratas o agencias opacas que actúan en nombre del Estado. La representación es la única forma de superar este estatus de suplicantes y de poder restaurar y revitalizar derechos. Así, hay que restringir el poder discrecional de las agencias asistenciales, que se han convertido en instituciones para «reformar» el comportamiento, las actitudes o las capacidades de sus «clientes». Esto no puede ocurrir a menos que los que están en el bando receptor tengan una voz dentro. No basta con tener fuera «perros guardianes» o defensores del pueblo a los que se encomiende con grandes mandatos que cuiden del «interés público». Estas son figuras valiosas y deben ser fortalecidas. Pero nada puede sustituir a la voz (véase el artículo 5). Solo si el precariado forma parte de la gobernanza de las agencias sociales y económicas, podrán estar adecuadamente representados sus intereses.

Fortalecer y reinventar la democracia es esencial para relegitimar la marcha hacia delante. En la lucha por la representación, deben democratizarse todas las esferas de decisión política. Uno de los retos será evitar la trampa utilitarista.

La lucha por la redistribución

La tercera lucha es por la redistribución. Toda transformación gira en torno a la redistribución de activos o recursos cruciales de la época a favor de la clase que emerge en masa. En la sociedad feudal, la lucha se libraba básicamente por la tierra y el agua. En la era del capitalismo industrial, se libraba por los medios de producción y los beneficios de la producción industrial. El proletariado quería poseer las fábricas y las minas. En el caso del precariado, esa forma de socialismo tiene poco atractivo. Al precariado le preocupan las desigualdades que impiden su liberación, relacionadas con los cinco bienes fundamentales de la terciarizada sociedad de mercado de hoy.

El primero es la propia seguridad. La plutocracia, la élite, el salariado e incluso el viejo núcleo de la clase obrera tienen diversas fuentes de seguridad; el precariado y el lumpemprecariado no tienen más que incertidumbres y azar crónicos en su camino.

El segundo bien fundamental es el control del tiempo. De nuevo, los grupos superiores tienen abundantes medios para ganar tiempo para sí mismos, incluida la posibilidad de aprender a manejar todas las complejidades de la vida moderna. El precariado no tiene más que demandas crecientes sobre su tiempo, y padece una mente precarizada al tener que revolotear entre actividades que devoran tiempo pero con escasa utilidad. Se necesita una política del tiempo.

El tercer bien fundamental es el acceso a, y el control de, un espacio de calidad, lo que se comprende bajo el término general de bienes comunales o «comunes». El ataque neoliberal a los espacios y servicios públicos ha agotado los comunes, de los que el precariado depende más que ningún otro grupo.

Un cuarto bien fundamental es la educación. Aquí también el precariado se ha visto perjudicado por su coste creciente y por la mercantilización de la escuela, que ha debilitado la educación moral y el ethos vital de la empatía.

Un quinto bien fundamental, el capital financiero, es crucial para una distribución progresista. Ha sido la acumulación de las ganancias financieras procedentes de la globalización en las manos de la plutocracia, la élite y el salariado la que ha impulsado el crecimiento extraordinario de la desigualdad de renta y riqueza.

Estos son los bienes que deberían ser centrales en una Carta del precariado.

El Movimiento Cinco Estrellas de Italia: una interpretación

En Italia, la explosión populista de 2013 surgió tras el Gobierno nominalmente tecnocrático de Mario Monti, en cuyo mandato el desempleo creció hasta el 11 por ciento, el desempleo juvenil alcanzó el 37 por ciento y el número de pobres se incrementó en un millón hasta los 9 millones, en una población de 60 millones. El socialdemócrata Partido Democrático había dado su consentimiento a lo que el Gobierno de Monti estaba haciendo, al igual que lo habían hecho los ex comunistas. Ninguno ofrecía una alternativa realista. En este vacío, se le brindó una oportunidad al Movimiento Cinco Estrellas (M5S). Este apeló a la joven «generación de los 1.000 euros», aquellos en el precariado cuyas oportunidades de empleo ofrecían, en el mejor de los casos, salarios indecentes. En las elecciones, los 163 senadores y parlamentarios del M5S procedían en su mayoría del precariado. Su edad media era 37,20 años menos que el resto del Parlamento.

Cabe la duda de si el M5S estaba unido en torno a algo más que el rechazo de unas agendas políticas caducas. Contenía en su seno la naturaleza peligrosa del precariado. Deberíamos esperar que dichos movimientos cumplan al menos la labor esencial de quitar de en medio el laborismo estéril. Tristemente, no supuso ninguna amenaza para el neoliberalismo; su populismo económico tenía un fuerte tinte neofascista.

El M5S tenía la intención de dirigirse a diversas partes del precariado. Presentaron una posición ecologista, reclamando medidas para reducir las emisiones de efecto invernadero. Quisieron ponerle fin a los megaproyectos de prestigio tales como un puente de la península a Sicilia y el tren de alta velocidad Turín-Lyon, y demandaron multas para el transporte privado motorizado en las ciudades y mejores medios para los ciclistas y el transporte público. De esta forma hizo suya la lucha por los bienes comunales.

Sin embargo, sus políticas económicas eran incoherentes. Los críticos de la izquierda los atacaban con dureza por ser «de derechas» y por su asalto a los trabajadores y al «Estado de bienestar» (Wells y Schwarz, 2013). Podría describírseles como neofascistas más que como convencionalmente de derechas. Favorecían una Administración estatal más débil unida a la libertad del capital. Pero también ofrecían al precariado lo que más anhela, seguridad básica, con la promesa de una renta básica. Esto debilitaba a los socialdemócratas, que seguían ligados al laborismo, respaldados por su soporte institucional, el sindicato CGIL.

El M5S demandaba recortes drásticos de empleo en el sector público, más allá de lo que había pedido la derecha tecnocrática, y la privatización del ferrocarril. Quería vaciar el gobierno local, aboliendo los pequeños organismos provinciales. De esta forma, su posición contra las burocracias públicas era neoliberal. El diagnóstico era válido por cuanto que la burocracia se había beneficiado de las viejas estructuras, y estaba colonizada por los viejos partidos políticos. Demasiados socialdemócratas habían sido incapaces de reconocer la corrupción del Estado. Italia es notoria por su sistema nepotista de adjudicación de puestos, sobre todo en los servicios públicos.

Sin embargo, el pronóstico no era nada atractivo. Una agenda progresista habría demandado la democratización de las estructuras estatales, a fin de proporcionar los servicios públicos que necesita el precariado. En lugar de ello, el M5S quería la privatización. También quería universidades más integradas con las empresas, sacando de nuevo a relucir sus instintos neoliberales. Los progresistas querrían revertir el proceso de mercantilización de la educación y el creciente apartheid educativo, con un sistema de universidades de élite para aquellos con contactos y otro que prepara a las personas para servir a las necesidades de las corporaciones.

Una respuesta progresista a la crisis de transformación debe basarse en las tensiones y los objetivos de clase. En su lugar, Grillo recurrió a un planteamiento dualista. Tras las elecciones generales, dijo que Italia estaba dividida en el bloque A, que parecía coincidir aproximadamente con el precariado, y el bloque B, un variopinto atajo de convenientes granujas, formado por los que respaldaban el statu quo, en su mayoría empleados públicos (o sea, todo el mundo excepto los partidarios del M5S), evasores de impuestos y políticos profesionales. Era populismo pueril.

Grillo decía que había «un conflicto generacional en el que la cuestión es la edad, no la clase». Viniendo de un cómico de 64 años, eso era bastante divertido. Condenaba a los pensionistas y a los funcionarios. «Cada mes», escribió, «el Estado debe pagar 19 millones de pensiones y 4 millones de salarios públicos. Esta carga ya no es sostenible» (citado en Wells y Schwarz, 2013). De nuevo, esto es retórica populista. ¿Habría que quitarles las prestaciones a nuestros frágiles mayores? ¿Habría que negar el salario a policías, enfermeras y doctores, a bomberos y barrenderos? Grillo defendía una estrategia populista para recortar más que para reestructurar el sistema de protección social. Esto es poco probable que interese al precariado, una vez que se percate de lo que está en juego.

Sin embargo, el M5S también pedía una renta básica incondicional de 1.000 euros al mes. Algunos críticos dijeron que la intención era reemplazar las pensiones existentes y los salarios públicos. Fuera o no esta la intención de Grillo, el M5S ayudó a legitimar la idea de una renta básica, que debe formar parte de la estrategia progresista renovada que arranca de la desaparición del modelo socialdemócrata. En consecuencia, los igualitaristas de Italia no podrían decir que es políticamente irrealista.

Finalmente, la posición de Grillo era personalmente contradictoria, pues era parte de la plutocracia italiana, con una renta en 2005 de más de 4 millones de euros. El cofundador del M5S era el rico Gianroberto Casaleggio, un empresario IT, con apoyo de Enrico Sassoon, presidente de la Cámara Americana de Comercio en Italia. Los partidarios del movimiento incluían al multimillonario empresario de la siderurgia Francesco Biasion, quien dijo que votó a Grillo porque «hoy las compañías están en las garras de la burocracia y los sindicatos».

El M5S es una forma de populismo que nace del sentimiento de estar bajo asedio. No es democrático: Grillo y Casaleggio dirigen el movimiento como una empresa privada, como demuestran Wells y Schwarz (2013). Sin embargo, los críticos progresistas no deben perder de vista dos aspectos del éxito del M5S. Era probablemente la única forma de trastocar las viejas estructuras políticas. Aquí viene a cuento el famoso aforismo de Antonio Gramsci de que lo viejo se muere pero lo nuevo no acaba de nacer. Y contribuyó a impulsar la transformación, pasando de la lucha por el reconocimiento, ganada en 2011, a un primer estallido de representación, aun cuando no era la forma de representación que los progresistas desearían. Está plagado de peligrosas connotaciones que pueden llevar a una escisión entre movimientos fascistas e igualitaristas.

Grillo dijo antes de las elecciones: «Italia le ha vuelto la espalda a su clase política y su lugar lo está ocupando un nuevo lenguaje de comunidad, identidad y honestidad» (Kington, 2012). En un mitin, soltó una sarta de insultos al establishment político: «¡Se acabó! ¡Rendíos! ¡Estáis rodeados!». Sus entusiastas agitaban una pancarta que decía: «Queremos salir de la oscuridad». Quizá una retórica extremista era la única forma de sacudirse los estériles reductos de la política del siglo XX.

Otros países esperan un momento similar. Pero se trata de la fase de rebeldes primitivos de la transformación global. Grillo no tiene nada en común con Roosevelt o Attlee, o con Gösta Rehn y Rudolf Meidner, que fueron los que forjaron el modelo sueco de socialdemocracia. Pero, en una escala menor, tiene su hueco en el panteón de figuras que han promovido el cambio político. Es posible que pronto salga de escena, pero para entonces puede que ya esté hecho su trabajo de perturbación. Se necesitarán varios años para una clarificación a este respecto. La convulsión italiana, no obstante, tuvo un resultado predecible que les vino bien. Los socialdemócratas formaron un Gobierno de coalición en alianza con el partido de la derecha, dirigido entonces por un Silvio Berlusconi condenado en diversas causas.

Y ahora…

El movimiento de protesta global no se parece al movimiento comunista, que declaraba que el mundo tenía que ser transformado de acuerdo con su doctrina. Aquí no hablamos de una revolución ideológica. Este movimiento lo guía un deseo auténtico de conseguir lo que se necesita. Desde este punto de vista, la presente generación no pide que desaparezcan los gobiernos sino que cambien la forma de abordar las necesidades de la gente.

Stéphane Hessel,
Autor de Indignez-Vous!, 2012

Hessel captó el estado de ánimo en 2010, cuando desahogó su furia contra el legado de su generación: una larga lucha contra la tiranía, la conculcación de derechos humanos y la desigualdad. Murió en febrero de 2013, a la edad de 95 años. Pero su panfleto de 32 páginas, Indignez-Vous! (2010, traducido al inglés como Time for Outrage) fue inspirador del movimiento Occupy, el de los indignados y muchos otros. Fue una llamada a la acción. Es tarea de otros llevar eso adelante, en formas y lugares que no podemos predecir plenamente.

Al pensar en una Carta del precariado, deberíamos atenernos a diversas líneas maestras. Las prioridades variarán según los países y a lo largo del tiempo, según se desarrollen los debates. Lo que sigue se centra en cuestiones que afectan directamente al precariado y no trata así, por ejemplo, de las medidas para combatir la evasión y las exenciones fiscales por parte de la plutocracia. El precariado puede apoyar estas medidas, pero deberíamos centrarnos en las cuestiones que tengan relevancia para su vida y sus aspiraciones.

Lo que debe hacer una Carta es aprovechar la ira y la desilusión que provocan las viejas agendas políticas. El filósofo polaco Jaroslaw Makowski, reflexionando sobre El precariado y sus cuatro aes, y sobre cómo la anomia, la ansiedad y la alineación alimentan la ira[10], expuso el problema muy bien:

La cuestión que afrontamos hoy es esta: ¿cómo podemos forjar el coraje a partir de esta furia? Ante todo, no olvidemos que el coraje en el pensamiento deriva del coraje en la visión. Por lo tanto, digámoslo abiertamente: «No tengamos miedo de nuestro odio». Tenemos derecho a él, siendo nuestra situación la que es. Solo hay una condición: la ira, la rebelión y, finalmente, el odio no deben dirigirse contra los propios (Makowski, 2012).

Luego citó el libro de Claus Leggewie, Mut statt Wut [Coraje en vez de ira], que arguye que un gran cambio requiere de «imaginación constructiva e iniciativa» y de lo que el filósofo checo Jan Patočka llamó la «solidaridad de los perplejos». Eso es precisamente lo que se necesita.

En lo que sigue, se proponen determinadas políticas y cambios institucionales que corresponden a la necesidad de revitalizar la gran trinidad de libertad, fraternidad e igualdad desde la perspectiva del precariado. La gran cuestión es: ¿dónde está la voluntad de acción que le dé fuerza?

Artículo 1: Redefinir el trabajo como actividad productiva y reproductiva

Deberían reconocerse y valorarse todas las formas de trabajo, no solo el trabajo remunerado. Buena parte del trabajo valioso, como es el cuidado de los familiares y el trabajo voluntario, es impago y no cuenta. Lo mismo ocurre con muchas tareas laborales que se supone que tiene que hacer la gente en su propio tiempo. Mientras tanto, las políticas laboristas pretenden maximizar el número de empleos, al margen de lo insustancial, degradante o antiecológico que sean.

El trabajo debe ser rescatado del trabajo remunerado. Debemos dejar de convertir en fetiches los empleos y el crecimiento económico, tal como se miden convencionalmente. Esto es crucial para el desarrollo de una estrategia progresista.

No es válido decir que todo el trabajo remunerado es productivo y que todo el no remunerado no lo es. Por ejemplo, se ha estimado que el administrativo medio gasta dieciséis horas a la semana en reuniones, de las que cuatro son una «pérdida de tiempo». Pero solo porque se realizan en un centro de trabajo y son remuneradas, esas cuatro horas son consideradas como trabajo. Por el contrario, se consideraría que alguien que charla con otro en un lugar público no está trabajando y podría ser acusado de ocioso. La distinción muestra que, convencionalmente, el trabajo se mide no por lo que hacemos sino por si lo que hacemos está remunerado, sea o no productivo. No hay justificación para decir que todo el mundo tiene el deber de trabajar o que perder el tiempo en esas reuniones en el centro de trabajo es hacer «lo correcto» o ser «responsable».

Es altamente prioritario que se legitime un concepto más amplio de trabajo. Es un avance reconocer el trabajo de cuidado no remunerado como trabajo. Pero eso no debería desviarnos de la tarea de demandar que todas las formas de trabajo sean reconocidas como trabajo. Consideremos algunas formas que normalmente no cuentan.

En el Reino Unido y en otros lugares, el Estado ha promovido el crecimiento de las instituciones benéficas para cubrir el vacío que deja un Estado de bienestar disminuido. La enorme desigualdad también ha favorecido una filantropía discrecional, que ha permitido a las instituciones benéficas expandir sus actividades gracias a las donaciones. Las penurias que acompañan a la austeridad, y la menguante ayuda ofrecida por los gobiernos a los necesitados, han animado a mucha gente del salariado a dedicarle tiempo a trabajos de caridad. Los gobiernos están externalizando servicios en una mezcla de empresas comerciales y organizaciones voluntarias sin ánimo de lucro. Así, crece la cantidad de trabajo voluntario. A diferencia de sus contrapartidas remuneradas, los voluntarios no remunerados no cuentan como trabajadores. Sin embargo, ese trabajo voluntario tiene de hecho un impacto en el mercado laboral. Permite que el Estado reduzca los puestos de trabajo en los servicios públicos y mete presión a la baja en la paga y las condiciones de los que hacen un trabajo asalariado similar.

Luego está lo que podríamos llamar trabajo-para-trabajar, un trabajo ligado a empleos pero que no es remunerado ni reconocido estadísticamente o en la política social. Este incluye las horas impagadas fuera de horario, un creciente fenómeno que afecta sobre todo al precariado. La gente está haciendo más trabajo lejos de los lugares formales de trabajo, completando tareas que no se pueden hacer dentro del horario pagado. Y están realizando trabajo para intentar mantenerse «competitivos» y actualizados, haciendo redes, aprendiendo nuevas habilidades, pasando por largos procesos de solicitud de empleo y cosas así.

El trabajo-para-trabajar también incluye las actividades que el Estado exige que haga la gente si quiere solicitar prestaciones, lo que incluye rellenar largos formularios, presentar informes periódicos, asistir a reuniones y sesiones de formación obligatorias. Si se obliga a la gente a realizar estas actividades, haciéndole gastar su tiempo, ¿por qué no se las llama trabajo? La gente no elige hacerlas. Así que no puede llamárselas ocio o juego o inactividad económica. Por lo que concierne al precariado, esas faenas no deseadas son trabajo.

Luego está el trabajo-para-la-ciudadanía. El Estado moderno impone duras exigencias al tiempo de sus ciudadanos, obligándoles a rellenar formularios fiscales, a examinar documentos legales, solicitar servicios (más formularios) y así sucesivamente. Estas actividades no son ocio. Deberían reconocerse como trabajo y entonces ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el uso del tiempo y el alcance de las obligaciones de la gente.

Artículo 2: Reforma de las estadísticas laborales

Las estadísticas laborales deberían ser reformadas para que tuvieran en cuenta todas las formas de trabajo. Deberían reflejar las realidades del trabajo, a fin de que pudieran diseñarse políticas que respeten los valores no laboristas y ecológicos.

Desarrolladas en las décadas de 1930 y 1940 para las economías industriales, las estadísticas laborales oficiales convencionales son engañosas. Según indicábamos en el capítulo 3, subestiman la atonía laboral en un mercado laboral flexible. Sobreestiman el empleo y, en una era en que se recortan prestaciones y se intenta empujar a todos los desempleados posibles hacia la «experiencia laboral» no remunerada, subestiman el desempleo. Sin embargo, la principal crítica es que no nos muestran el alcance del trabajo que la gente hace y tiene que hacer. Por ejemplo, las estadísticas oficiales deberían medir la cantidad de trabajo que el Estado exige a los individuos para ser ciudadanos plenos. Las estadísticas públicas regulares deberían reflejar todo el registro del trabajo que hace la gente.

Un objetivo indirecto de la reforma debería consistir en relacionar el «trabajo en general» con el derecho a la prestación pública de la misma forma que el «trabajo remunerado». Los socialdemócratas quieren la vuelta a la seguridad social contributiva. Esto plantea un viejo dilema: si alguien deja de trabajar debido a una enfermedad o a la maternidad, ¿eso debería contar como un periodo en el que se cotiza? La respuesta habitual es que sí debería. Pero ¿qué otra cosa debería contar en ese sentido? Si una persona entra en el desempleo sin culpa suya alguna (por hacer fácil el ejemplo), ¿debería entenderse que el periodo subsiguiente de búsqueda de empleo está cubierto por las cotizaciones? ¿Y qué pasa con el que deja de trabajar para cuidar de un pariente débil o enfermo? Podemos ir añadiendo casos similares y no acabar. En última instancia, la elección de actividades cubiertas por los esquemas contributivos es arbitraria e injusta. Unas estadísticas que midieran todas las formas de trabajo pondrían esto en evidencia.

También es especialmente importante para el precariado que las estadísticas oficiales revelen si el trabajo que se está realizando alcanza para la subsistencia. Muchos empleos existen solo porque están subvencionados. En 2012, el Gobierno del Reino Unido propuso a debate un «indicador multidimensional» de la pobreza infantil que desviaría la atención de la renta hacia una medida estadística alternativa. Un elemento a incluir era el «desempleo familiar». Tener a uno de los padres con empleo suponía automáticamente la reducción de la pobreza infantil. Pero muchos padres tienen trabajos que no reportan una renta familiar. Dependiendo del peso dado al hecho de tener un trabajo, el indicador podría definir a los niños como libres de la pobreza solo porque uno de los padres tiene trabajo, al margen de cuánto se le pague. También se dijo que la consulta pública tendría eco en la opinión pública, abriendo la puerta para que el indicador fuera moldeado por las percepciones negativas creadas por las historias llenas de prejuicios que cuentan los medios sobre familias irresponsables. Las estadísticas laborales no deberían utilizarse de esa forma.

Medir la atonía laboral

En el capítulo cuatro decíamos que en un mercado laboral flexible la tasa oficial de desempleo es una medida deficiente y distorsionada de la infrautilización de trabajo. También será un mal proxy de ello, pues no hay razón para pensar que la ratio de la atonía laboral sobre el desempleo será constante, cíclicamente o a lo largo del tiempo.

En algunos países, los diseñadores de políticas estaban desconcertados por el hecho de que, en la recesión que siguió a 2008, el empleo se mantuvo mientras la producción se desplomó. Esto significaba que la productividad caía y los costes laborales unitarios subían. Pero quizá lo que cayó fue «el contenido de empleo del empleo». Había más gente clasificada como empleada a tiempo completo que de hecho hacía muy poco trabajo productivo. La principal respuesta de los empleadores fue rebajar los salarios y reducir las horas remuneradas. Los contratos de cero horas se extendieron y hubo más gente nominalmente empleada que en realidad estaba desempleada.

Paradigmas estadísticos

En cada transformación, se quiebra un paradigma estadístico y aparecen presiones para reemplazarlo por otro capaz de reflejar las realidades actuales y dar respuestas a cuestiones que los legisladores y los analistas están planteando.

En los censos del siglo XIX, se clasificaba a la gente según su ocupación habitual, proporcionando datos que no podían mostrar el alcance del desempleo. En la década de 1930, tras mucha experimentación, eso fue reemplazado por lo que llegó a conocerse como el enfoque de la fuerza de trabajo, por el que los adultos eran definidos arbitrariamente como económicamente activos o inactivos. Esto ofreció una medida del desempleo abierto, al precio de perder información sobre la ocupación de la gente a cambio de la información sobre su empleo actual.

En la transformación global, se necesita un nuevo paradigma estadístico, un marco conceptual del trabajo y la ocupación que pudiera identificar los patrones de trabajo de las personas, sus habilidades ocupacionales, su renta social y sus patrones de movilidad social. Es el momento de librarse de las imágenes deformadas ofrecidas por las estadísticas laborales.

Artículo 3: Convertir los procesos de contratación en breves encuentros

Se deberían introducir incentivos para desalentar el uso de procedimientos de contratación prolongados y complejos que imponen altos costes al precariado en términos de dinero, tiempo y estrés. El proceso de solicitud de empleo debería ser considerado como trabajo. Las aplicaciones telemáticas para los solicitantes deberían respetar determinados códigos éticos, lo que incluye el uso de información personal y las referencias aportadas.

Una actividad que cada vez le lleva más tiempo al precariado es la búsqueda y las solicitudes de empleo. En un mercado laboral flexible, la rotación en el empleo es elevada y las condiciones de trabajo excedentario hacen que sea un mercado de compradores. Muchos filtros automáticos excluyen a solicitantes cualificados antes de que un ser humano entre en escena, se necesita mucho tiempo y desgaste mental para pasar los filtros que aseguran una entrevista. Ese es solo el primer estadio. Para los empleos que exigen título universitario, ahora es común que los solicitantes tengan que pasar por muchas rondas de entrevistas y pruebas que llevan mucho tiempo y son estresantes y costosas. Incluso para empleos que requieren capacidades normales o limitadas, los empleadores están recurriendo a prácticas de contratación prolongadas que apenas añaden nada nuevo a la selección de individuos para cubrir vacantes.

Un ejemplo extremo de solicitud telemática citado por Peter Capellli, autor de Why Good People Can’t Get Jobs (2012), lo aportaba una empresa que recibió 25.000 solicitudes para un empleo estándar de ingeniería, todos los cuales fueron rechazados como no cualificados. En otro caso, se le dijo a un solicitante que cumplía todos los requisitos excepto que el nombre de su anterior empleo, un nombre singular para el potencial empleador, no coincidía con el puesto vacante (Wessel, 2102).

La selección de personal se ha convertido en una gran industria, que se nutre de las agencias de contratación y los «cazatalentos», con baterías de pruebas, evaluaciones, entrevistas, exámenes obligatorios de rasgos comportamentales y estatus psicométrico, y todo un surtido de ejercicios prácticos. Las empresas están utilizando procedimientos de selección por niveles, que incluyen la externalización del proceso en compañías especializadas en evaluación de «talentos» y el uso de consultorías de «recursos humanos» con un interés especial en maximizar su cuota de mercado. Una empresa norteamericana que ayuda a multiplicar los aros por los que pasar es el Chemitry Group, una «consultoría de talentos» que ha diseñado un juego online mediante el que analizar las credenciales y la agudeza de los candidatos. Hay empresas similares en el Reino Unido, entre las que está SHL.

Para los solicitantes, el tiempo implicado en las solicitudes de empleo no hace sino crecer, pero para los empleadores puede que esté reduciéndose, pues en lugar de andar cribando formularios de solicitud y entrevistando a numerosos candidatos, no tienen más que entrevistar a un pequeño número que ya han superado con éxito los diferentes niveles de pruebas. Un experto en selección de personal dijo a la BBC: «Las entrevistas cara a cara, al llevar tanto tiempo y ser costosas para ambas partes, se irán reservando cada vez más para las fases finales de la contratación» (Millar, 2012). Para los solicitantes ocurre lo contrario. Por cada entrevista que consiguen, bien pueden hacer 20 o más solicitudes de empleo, exigiendo cada cual amplia documentación y numerosas pruebas. Para conseguir un primer empleo, el número de solicitudes puede ser mucho mayor. De acuerdo con el Trendence Institute, en 2013 los nuevos graduados en el Reino Unido, Alemania, Italia y Francia enviaron o esperaban enviar más de 30 solicitudes antes de conseguir un empleo; en Grecia la cifra era de 64 y en España de 69.

Así, se espera que millones de individuos en el precariado superen un tortuoso proceso, en su mayoría sin ganancia alguna y con un alto coste. Las empresas dan por supuesto el tiempo de los solicitantes. Algunas dirán, quizá con razón, que contratar a gente cualificada es caro e importante, debido al coste potencial de cometer errores. Pero para la mayoría es probablemente pequeña la diferencia que supone un proceso complejo. Por lo que parece, incluso con procedimientos sofisticados de selección, las grandes corporaciones todavía cometen errores: por ejemplo, en aproximadamente un tercio de las nuevas contrataciones de gestores en Estados Unidos (Fernández-Aráoz, Groysberg y Nohria, 2009).

La respuesta es igualar los costes de las dos partes, el empleador final y el solicitante del empleo. El proceso de solicitud debería ser considerado como trabajo. Las compañías que insisten en aplicar prácticas de selección con muchas rondas deberían aceptar pagar por el tiempo del solicitante y los costes suplementarios de cada ronda posterior a la primera. Hacer que los solicitantes asuman el coste de la primera ronda disuadirá a los solicitantes frívolos. Podría objetarse que pagar a los solicitantes por el tiempo en las rondas subsiguientes todavía animaría a algunos a postularse sin tener la intención de aceptar el empleo si se les termina ofreciendo. Si se les paga, los que necesitan ingresos desesperadamente podrían verlo como un modo de conseguir algo de dinero. Pero es un riesgo que merece la pena asumir, pues presionaría a las empresas para que el proceso consumiera menos tiempo y fuera más directo.

Se presta mucha atención a los currículos personales, o CV, y con seguridad el precariado los ve como una maldición. Estar sin un CV actualizado y en formato correcto que sacar del ordenador a la primera de cambio se ha convertido en un pecado. Está ahí esperando su uso, silenciosamente burlándose de nuestras pretensiones y nuestro pasado. Hay versiones cortas, versiones largas y versiones completas. Hay especialistas que enseñan a hacer un CV, lo que incluye saber usar las palabras clave correctas («apasionado» es una de las favoritas) que pueden lograr que los solicitantes superen la fase telemática automática.

Es legítimo jugar a un juego tonto. Sin embargo, el desafío es reducir los costes de solicitud y búsqueda de empleo. Algunos gobiernos han introducido una nueva condición para los solicitantes de prestaciones, a saber: que deben preparar CV. Esto es injusto, paternalista e insultante. También se está pidiendo a los beneficiarios de prestaciones que guarden un registro de sus búsquedas de empleo, que deben enseñar a los servicios de empleo. Esto también es insultante y estigmatizador. Además, una solicitud que supone un proceso de selección en varias rondas puede resultar en una doble penalización para los receptores de prestaciones; pueden afrontar todos los costes de solicitud de un empleo, con una probabilidad de éxito que puede ser muy baja, y adicionalmente pueden verse amenazados con perder la prestación por no buscar activamente otros empleos en el periodo cubierto por las múltiples rondas.

También sería de ayuda que se diera a los solicitantes de empleo una estimación de la probabilidad de ser seleccionados tras la primera ronda. Tendrían entonces algo de información que les ayudaría de decidir si siguen gastando el tiempo en lo que podría ser un proceso desmoralizador. Tener a la gente aguardando con falsas esperanzas no es una buena manera de dirigir una sociedad.

Finalmente, el software que se crea para procesar solicitudes de empleo debería estar sujeto a reglas éticas. Estas deberían incluir garantías de que la información sobre los solicitantes no será divulgada a terceras personas, y que las referencias que contienen material potencialmente difamatorio deberían transmitírselas a los candidatos para que tuvieran la oportunidad de refutar las observaciones. Aunque esto no debería aplicarse a las opiniones sobre las capacidades de la persona o su personalidad, debería ponerse en conocimiento del interesado si incumbe a determinados actos, tales como un delito o una fechoría. La evidencia anecdótica sugiere que las referencias no siempre cumplen criterios de justicia u objetividad en este respecto.

En suma, dada la flexibilidad, la rotación en el empleo y la importancia de los procedimientos eficientes para acertar con el empleo, el precariado necesita códigos éticos de conducta y procedimientos que no impongan costes insoportables.

Artículo 4: Regular el trabajo flexible

Las formas flexibles de trabajo remunerado deberían estar reguladas, sobre todo por mecanismos de voz. El precariado no debería en principio rechazar el trabajo flexible, pero sí debería rechazar la pérdida de derechos y otras consecuencias en un sistema que carece de las formas apropiadas de protección y regulación social.

La flexibilidad del mercado laboral ha producido una desconcertante variedad de contratos laborales y más trabajo indirecto; las terceras partes han entrado en escena, notablemente las agencias de empleo, algunas de las cuales se han convertido en gigantescas multinacionales. Una palabra de moda entre los abogados laboralistas es «triangulación». Las agencias de trabajo temporal son los modernos agentes laborales. Lo nuevo es su alcance global, su tamaño y el uso sofisticado de tecnología electrónica. Con la flexibilidad numérica y funcional, en combinación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, se ha producido toda una proliferación de tipos de relaciones laborales, que ha traído consigo nuevos desafíos e inseguridades.

En apoyo de las demandas de una regulación basada en la voz y de fuentes compensatorias de seguridad, podemos subrayar las relaciones laborales que están creciendo a nivel global: becarios en prácticas, contratos de cero horas, agencias de empleo como intermediadoras, «trabajo en masa» («trabajo remunerado en masa») y formas de trabajo-para-trabajar impagado que se incorporan al proceso de trabajo flexible emergente.

Las prácticas

Para la mayoría de los que las hacen, las prácticas son una forma de introducirse en una vida de precariedad, aunque para una pequeña minoría pueden ser un paso previo al empleo estable. No todo es malo en ellas. Pero en general son una de las formas más explotadoras de trabajo flexible, particularmente cuando no son remuneradas y son una artimaña para conculcar derechos sociales. Deberían estar internacionalmente reguladas por una Convención de la OIT. Aunque eso no haría más que establecer un patrón de decencia.

Un informe de Dissent (Schwartz, 2013) señalaba que una habilidad clave de los becarios en prácticas es no armar revuelo. Deben aprender a ser dóciles, aceptar que deben ser manejables, flexibles y serviles. En un blog se aconsejaba «ser un camaleón» y «usar la constante apología» como técnicas para caer en gracia. Las prácticas son un método moderno para habituar a los trabajadores a la incertidumbre y al trabajo inestable. Para lograr la aprobación, los becarios deben aceptar casi cualquier tarea, como si fuera una prueba de idoneidad. El mantra debe ser: «Muchas gracias por esta oportunidad». Esto es la «feminización» (sic) del trabajo: muestra flexibilidad, sumisión y gratitud.

Las prácticas se han convertido en un medio de obtener trabajo barato y disponible, casi siempre para realizar tareas de bajo nivel. Las empresas se benefician directamente de este trabajo y de los efectos de desplazamiento y sustitución. Al asumir tareas rutinarias, los becarios pueden liberar a los empleados mejor pagados para que se concentren en actividades de alta productividad. A menudo, los becarios desplazan a empleados en el nivel más bajo de cualificación o eliminan la necesidad de contratarlos. Y aunque es difícil medir los efectos de las prácticas sobre los salarios y los beneficios del precariado en general, deben de ser negativos, ya que las empresas adquieren trabajo de bajo salario que debilita la posición negociadora de otros que hacen ese trabajo.

Las prácticas también se usan como una forma moderna de aprendizaje para crear una fuerza de trabajo de bajo nivel y bajo salario que no recibe beneficios de la empresa ni tiene derechos a las prestaciones estatales regulares. El nombre de becarios no describe bien su situación. En realidad son una suerte de aprendices. Lo mismo puede decirse del trabajo impagado, que se ofrece dejando caer que podría conducir a trabajo remunerado o tener beneficios indirectos tales como una coautoría para los periodistas en prácticas (Kendzior, 2013).

Los becarios también se han convertido en un mecanismo de estratificación que impide la movilidad social. De hecho, las prácticas son como boletos de lotería pagados por los propios becarios (o más a menudo por sus padres). Para una pequeña minoría, el boleto resulta ser ganador, con una oferta para después de un empleo de mayor duración. Pero la mayoría compra un boleto de poco valor, que incluso puede ser negativo si la gente acepta ilusamente empleos que son un callejón sin salida, imaginando que ofrecen una trayectoria de carrera. Adicionalmente, ser capaz de comprar un boleto de lotería no es aleatorio. La mayoría de los padres que pueden apoyar económicamente a sus hijos con unas prácticas pertenecen al salariado o la élite. Probablemente también tendrán «contactos» con empresas y organizaciones que ofrecen prácticas. Muy pocos pertenecientes a una familia del precariado serán capaces de conseguir unas prácticas, aun suponiendo que pueden mantenerse a sí mismos, y todavía menos conseguirán una que ofrezca una gran probabilidad de conducir a algún sitio.

Las prácticas perpetúan así una nueva forma de dependencia. Mientras los políticos muestran su desprecio por la supuesta dependencia de las prestaciones, se han mantenido callados ante la dependencia parental, quizá porque ellos o sus amigos tienen hijos a los que intentan dirigir hacia el salariado a través de las prácticas.

El precariado debe combatir las prácticas teniéndolas por lo que son para la mayoría. Siempre se citarán excepciones. Pero hasta que no haya la suficiente gente que aprecie la necesidad de aplicar la prueba del «velo de ignorancia» (no saber dónde estaría uno en la distribución de los resultados), no surgirá una oposición creíble.

El uso extensivo de becarios por Foxconn y otras empresas en las economías de mercado emergentes, señalado en el capítulo 3, puede darle ventaja al precariado global. La Foxconn está ligada a la plutocracia americana; el 40 por ciento de sus ingresos procede de Apple. Así, al igual que se ha presionado a las multinacionales para que respeten las condiciones de trabajo y eviten el trabajo infantil en sus cadenas de suministro, se debería exigir a todas las empresas que eviten contratos con proveedores que hacen un mal uso de los becarios.

Los propios becarios se están movilizando, con grupos tales como Intern Aware en el Reino unido, Génération Précaire en Francia y La Repubblica degli Stagisti en Italia. Mientras se construye la oposición colectiva, es necesario una acción de rehabilitación, en la línea de la Carta Europea de 2012 para las prácticas y el aprendizaje de calidad.

Primero, los becarios deberían estar pagados, aun cuando hacen el trabajo como parte de su grado universitario. Algunas reclamaciones de pago se han llevado con éxito a los tribunales en Estados Unidos, basándose en el hecho de que los becarios hacen un trabajo productivo. En el Reino Unido, el fisco está investigando a algunas compañías que emplean a becarios no remunerados y ya ha actuado contra unas cuantas que al parecer están infringiendo la ley del salario mínimo.

Segundo, las prácticas deberían ser breves y no prorrogables. Esto limitaría los efectos de desplazamiento y sustitución, ya que sería más difícil que los empleadores utilizaran becarios como sustitutos baratos de empleados regulares.

Tercero, nadie debería poder comprar posiciones de becario, y mucho menos pujar por ellas en subasta. En 2013, una beca en prácticas (inicialmente anunciada como una beca de Naciones Unidas, pero luego cambiada para dejar claro que era de una ONG vinculada a Naciones Unidas) se subastó por más de 20.000 dólares. La web de la subasta online, CharityBuzz, ofrece otras becas en venta en su página. La venta de prácticas debería estar prohibida por discriminatoria.

Finalmente, los becarios deberían estar informados de sus derechos y garantías al ser contratados, con una descripción por escrito de las tareas que deben realizar, y la asignación de un supervisor designado (no un «jefe»). En suma, la relación debería ser transparente y estar fijada de antemano.

Contratos de cero horas

Cada vez más personas están atrapadas en contratos de cero horas. En su día un rasgo de tan solo unos pocos sectores, ahora son omnipresentes. Aunque han ampliado el espectro profesional, como consecuencia de la privatización de servicios sociales y la subcontratación de servicios públicos por proveedores comerciales, en su mayor parte han golpeado a las personas mal pagadas y financieramente estresadas, a menudo jóvenes o inmigrantes. Es sintomático del carácter de clase del mercado laboral en el Reino Unido que aproximadamente 100.000 becarios hayan recibido mucha más atención pública que un millón de cuidadores directos, en su mayoría con contratos de cero horas, cuya situación es mucho peor.

Una característica del llamado contrato de trabajo estándar es la «mutualidad de la obligación»: el trabajador se presenta a trabajar y a cambio recibe una remuneración. Cada parte obtiene una seguridad acordada. Esto brilla por su ausencia en los contratos de cero horas, aunque el Tribunal de Empleo del Reino Unido ha establecido que si un empleador acuerda hacer disponible un trabajo siempre que sea posible y si un trabajador acuerda estar disponible en todo momento, hay una obligación mutua que da «derechos» al empleado. Esto debería estar clarificado por la ley.

Hay varias razones que explican el crecimiento de los contratos de cero horas. Para los empleadores, ofrecen cobertura para las fluctuaciones en la demanda y la flexibilidad incrementada; también permiten a los empleadores pasar a los trabajadores el riesgo de los costes laborales y evitar las obligaciones no salariales debidas a los «empleados». Algunas empresas han pretendido llamar «trabajadores» o contratistas independientes de servicios a la gente con contratos de cero horas, en vez de «empleados», para evitar la necesidad de proporcionar beneficios tales como la baja médica o por maternidad, o notificar el despido o respetar las reglas de despido improcedente.

Los contratos de cero horas producen un mínimo desarrollo ocupacional e intensifican la incertidumbre. La cantidad de «trabajo» relativo al trabajo remunerado a menudo es considerable, e incluye los tiempos de espera en que uno es incapaz de hacer otro trabajo. En su mayoría, esos contratos obligan a estar en permanente disponibilidad, sin poder viajar en busca de otros empleos o asistir a cursos de formación, o incluso ganar la «experiencia laboral» que los políticos dicen que es tan deseable. Las personas con esos contratos están sujetas a una inercia inducida, un impedimento a la movilidad social, y en la mayoría de los casos a un trabajo degradante. En algunos casos, se obliga a la gente a comprar su propio uniforme y equipo, incluso con la placa de la empresa, solo para estar disponible. El empleador no tiene ninguna presión para formar a los trabajadores o para hacer un buen uso de ellos y, como con cualquier otra mercancía, no tiene que inquietarse por la ineficiencia laboral. Y los contratos de cero horas pueden crear una forma de «trampa del desempleo», ya que tener contrato impide que los trabajadores hagan otro trabajo remunerado.

El trabajador está nominalmente empleado pero desempleado en realidad, en una zona crepuscular en la que ni gana ni recibe beneficios. Desgraciadamente, el crecimiento de esta modalidad le viene bien a los gobiernos, pues tener a mucha gente con esos contratos maquilla las estadísticas de desempleo. El Gobierno del Reino Unido ha promovido el crecimiento de los contratos de cero horas a través de su sistema de comisión de contratos, por el que se han concedido contratos paraguas a empresas privadas sin acordar por anticipado ninguna cantidad específica de servicio a realizar. Esto ha hecho que las empresas copien esos contratos, haciendo arreglos similares con los trabajadores. El Gobierno podría estipular, si quisiera, que no pueden usarse los contratos de cero horas o que solo pueden usarse con moderación. O podría hacer que su uso fuera un factor a tener en cuenta a la hora de adjudicar contratos.

El uso extendido de contratos de cero horas recuerda a lo que ocurrió tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, cuando se mantuvo a millones de trabajadores en sus puestos sin paga o beneficios. Algunos economistas extranjeros decían que las bajas cifras oficiales de desempleo del momento significaban que el mercado laboral era flexible. La realidad fue que millones de personas con una «baja no remunerada» murieron prematuramente, de hambre, suicidándose o por causa de enfermedades sociales (Standing, 1996). El uso de contratos de cero horas en países como el Reino Unido y EE.UU. no está en la misma liga. Pero es un rasgo de las inseguras entrañas de una sociedad en la que el precariado se abre camino. Al negar derechos sociales y económicos, los contratos de cero horas convierten cada vez a más gente en meros residentes.

La conculcación de beneficios no salariales reduce la renta social. Además, los salarios son más bajos que en otras formas de contrato, y los contratos de cero horas son más comunes en empresas que pagan bajos salarios en general. También están asociados a la falta de voz colectiva y con la inseguridad en el empleo y el trabajo (que expliqué en El precariado). Y como los contratos de cero horas a menudo son desempleo disfrazado, su expansión significa que si la economía remonta, el desempleo no bajará tanto como en el pasado.

Prohibir dichos contratos no funcionaría, y puede ser indeseable, ya que puede haber gente que prefiera situaciones altamente flexibles. Pero requieren una regulación. El presupuesto debe ser que, en su mayor parte, surgen de una relación desigual de poder en el mercado laboral. Eso significa que es necesario elevar los costes de usar contratos de cero horas a los empleadores y abordar el problema de las formas de inseguridad que llevan a la gente a aceptarlos, de los beneficios estatales principalmente inadecuados e insuficientes, y de la falta de fuentes alternativas de protección.

Como medida provisional, a nadie que esté desempleado debería pedírsele que acepte un empleo con un contrato de cero horas, o en realidad con cualquier contrato que pudiera significar grandes fluctuaciones de semana a semana en la cantidad de trabajo e ingresos. Muchos países exigen a las personas que solicitan la prestación por desempleo («asignación del buscador de empleo» en el Reino Unido) que acepten las ofertas de empleo, pero sería injusto imponer sanciones por rechazar un contrato de cero horas con todas sus incertidumbres. Por razones similares, los contratos de cero horas deberían permitir que la gente dejara su empleo sin perder el derecho a prestaciones. Sería ridículo describir el acto de dejar un empleo así como un acto voluntario o de libre «elección».

La regulación de los contratos de cero horas debería hacerse con la intención de lograr un justo equilibrio de intereses, ahora fuertemente inclinado a favor de los empresarios. Esto podría hacerse de varias maneras. Primero, podría exigirse a las empresas que ofrezcan contratos de cero horas que pagaran una prima en compensación por los inconvenientes y la inseguridad, algo que ya se ha hecho en Alemania. Se podría llamar a eso una «prima de disponibilidad», que podría variar en función del grado de flexitiempo en el contrato, siendo mayor cuantas menos horas garantizadas y viceversa.

Segundo, a los empleados en disponibilidad debería notificárseles con un mínimo de antelación —digamos, 24 horas— que van a ser llamados, y debería estar penalizado que se llamara a alguien con menos tiempo de antelación o discriminar a las empresas según reduzcan ese tiempo. Algunas personas con contratos de cero horas pueden recibir aviso de trabajo disponible con solo dos horas de antelación, con lo que les es imposible planificar el día o atender a los hijos. Y algunas empresas utilizan su fondo de contratos de cero horas como reserva de trabajo, para infundir un miedo disciplinario a los demás y lo utilizan como mecanismo para asignar trabajo a los que trabajen más duro, con una serie de favoritos a los que se adjudica más trabajo o mejores turnos.

Tercero, a los que tienen contratos de cero horas debería pagárseles al menos el salario mínimo por todas las horas de trabajo, convenientemente calculadas para que incluyan el tiempo de desplazamiento cuando forma parte del empleo. En el Reino Unido, la mayoría de los cuidadores a domicilio, que visitan a la gente en su casa, tienen contratos de cero horas con empresas privadas y en su mayoría no se les paga el tiempo de desplazamiento entre visitas. Un estudio de 2011 estimaba que si se tomaran en cuenta el desplazamiento y otras horas no remuneradas de trabajo, se estaría pagando menos del salario mínimo a más de 150.000 cuidadores (Hussein, 2011).

La reforma debería ir más lejos. Las empresas están desarrollando instrumentos para cerrar los poros de la jornada laboral, que golpean con particular dureza a los trabajadores con contratos de cero horas. A los cuidadores se les controla electrónicamente con instrumentos de rastreo para asegurar que están donde supuestamente tienen que estar y durante el tiempo por el que serán pagados. Si una cuidadora está menos tiempo del estipulado, puede que no reciba ningún salario en absoluto. Una cuidadora contó muy bien cómo les aprietan las tuercas:

Para una visita de 30 minutos tienes que estar allí al menos 23 minutos y llegar en los siete minutos del tiempo programado. Incluso si acabas pronto y llegas tarde a la siguiente cita, no puedes irte. No se te pagará. Es el Gran Hermano, excepto en que no es un chiste. El dueño sabe lo que estás haciendo. Lo que no está en tu bolsa de pago está en la suya. Hay 200 mujeres así aquí. Si sacas el tema, de repente verás recortado tu número de horas. Una chica bajó a ocho horas por semana cuando preguntó por ello (Ramesh, 2013).

Exigir que las empresas paguen por todo el tiempo de trabajo, incluido el tiempo de desplazamiento y espera, contribuiría a poner freno a esas tácticas de vigilancia. El cuidado es una relación personal, y el tiempo dedicado a él debería oscilar libre de los dictados comerciales.

Una medida política que ha ganado popularidad es que los ayuntamientos ofrezcan contratos de cuidadores solo a empresas que paguen el llamado «salario vital». Esto podría hacer que, por vergüenza, algunas empresas pagaran más. Pero no impediría que usaran contratos de cero horas o pagaran solo por el «tiempo en el puesto de trabajo».

Cuarto, los contratos de cero horas deberían ser plenamente transparentes. El trabajador debería ser informado por escrito de lo que está en juego al firmar el contrato. Quinto, debería ponerse freno a la posibilidad de que las empresas sustituyan los contratos de los empleados existentes por contratos de cero horas, una práctica que ha sido observada. El objetivo de la regulación debería ser dar a los trabajadores la misma flexibilidad que a los empresarios, darles libertad para hacer otros tipos de trabajo remunerado (y de trabajo en general) mientras esperan, libertad para rechazar el trabajo que se les ofrece sin sufrir sanciones, y con notificaciones del trabajo requerido con la suficiente antelación para poder ajustar la propia programación.

Intermediación laboral y agencias de empleo

En su mayoría, la gente empleada a través de agencias de empleo tiene de hecho contratos a largo plazo de cero horas. Puede ser contratada por horas, días o por más tiempo. A menudo no tiene ni idea por anticipado, y podría pasarse meses sin trabajo. Prohibidas tiempo atrás o severamente restringidas en muchos países, las agencias privadas de empleo se han convertido en importantes intermediarios laborales y en grandes proveedores de trabajo temporal. Como empresas comerciales, naturalmente servirán primero a sus propios intereses tratando de maximizar los beneficios. Pero, como intermediarios laborales, seguramente asignarán los costes a las respectivas partes, en función de su poder de negociación y con la vista puesta en los beneficios y los costes para la propia agencia.

Alguien con una capacidad poco común debería beneficiarse de un intermediario, puesto que debería crear una subasta implícita por su talento. También le merecerá la pena al talentoso usar un intermediario y pagar una tarifa elevada. Por el contrario, el precariado está en su mayoría en un mercado de compradores. Un intermediario puede ser útil, puesto que debería ser eficiente a la hora de identificar oportunidades. Pero un agente intermediario también podrá cobrar un alto precio al precariado, por la misma razón. En realidad, los intermediarios tenderán a volverse monopsonios locales, únicos compradores de servicios de trabajo. Esto es un fallo de mercado que debería encontrar una respuesta reguladora de cualquier gobierno concernido por la equidad.

Algunos activistas y sindicatos han presionado para que se prohíban los «agentes laborales». Esto podría tener sentido si los agentes no desempeñaran ninguna función económica o social valiosa. Pero, por más hostil que uno pueda sentirse hacia las tendencias explotadoras y opresivas asociadas a los agentes laborales a lo largo de los tiempos, en realidad cumplen potencialmente funciones para los trabajadores, así como para los empleadores o «demandantes de trabajo». Buscar empleos consume tiempo, es costoso, ineficiente y a menudo degradante. Durante la mayor parte del siglo XX, la hostilidad hacia los agentes de trabajo dio como resultado que el Estado se hiciera cargo del ajuste del mercado de trabajo mediante agencias públicas de empleo. Al margen de lo que sintamos sobre la erosión de ese sistema, lo más realista es pensar que no volverá.

Sin embargo, es vital para confrontar las limitaciones de la comercialización de la función de intermediación laboral. Estas limitaciones incluyen la imposición de costes de contratación a los buscadores de empleo inseguros, la discriminación caprichosa en la selección, la discriminación de perfil y estadística (selección basada en indicadores arbitrarios como la edad o la duración del periodo de desempleo). Sobre todo, como se dice en el artículo 5, debería revisarse la estructura de la gobernanza de este servicio público esencial.

Trabajo en masa

Como se señaló en el capítulo 3, hay una nueva forma de trabajo —que ahora involucra a muchos millones de personas en todo el mundo y crece rápidamente— que no tiene parangón en la historia. Se la conoce con el engañoso nombre de «trabajo en masa». El trabajo en masa es el tipo de trabajo flexible que mayor regulación necesita, porque se alimenta de las vulnerabilidades a distancia. Los contratos son para tareas desmenuzadas. Un trabajador en Boston que se queja de un impago puede entrar en la lista negra y ser excluido de los próximos contratos adjudicados a trabajadores en masa en Dhaka. Con todo, el trabajo en masa es el más difícil de cubrir con regulaciones protectoras. Los gobiernos —y los sindicatos— todavía tienen que meterle mano a eso.

Debería haber propiamente contratos firmados y cofirmados antes de emprender la tarea. Se necesitan códigos internacionales de buenas prácticas. Debería haber un requisito legal por el cual cualquier «oferente» que rechace el trabajo de un trabajador en masa debería proporcionar una justificación por escrito, que en principio el trabajador podría rebatir. Y se necesita un proceso debido como en cualquiera de las transacciones del precariado con empresarios o con el Estado. Sin embargo, a largo plazo, el único modo de superar la extrema explotación que implica el trabajo en masa es mediante la combinación de voz colectiva y seguridad económica básica. Los miembros desesperadamente inseguros del precariado no pueden resistir cada uno por su cuenta.

Gerentes interinos

Dado que los propios gerentes están siendo sometidos a la flexibilidad y cada vez más son gerentes interinos contratados, según describimos en el capítulo 3, la diferenciación de clase dentro de la profesión emergente abre la puerta a prácticas oportunistas y poco éticas. Dadas las externalidades sociales de sus actividades, que necesariamente afectan a la vida de los trabajadores a los que juzgan, hay necesidad de un código de reglas éticas que asegure que se respetarán los intereses de todas las partes, no solo los de los accionistas o los de la compañía que los nombra. Idealmente, dicho código debería ser desarrollado por un organismo que represente a los gerentes interinos, pero debe rendir cuentas y ser transparente.

***

En suma, todas las formas de flexibilidad, incluido el trabajo informal, los temporales, los «temporales permanentes», el trabajo en espera, el trabajo en masa y los gerentes interinos, hacen más inseguro el trabajo en general y el trabajo remunerado. Hay medidas que podrían reducir esa inseguridad y hacer que las relaciones laborales fueran menos estresantes. Sin embargo, la vulnerabilidad ante el abuso y la explotación persistirá, a menos que haya una reestructuración profunda de la protección social y a menos que haya una revitalización más coherente de la fraternidad y la libertad asociativa. Sin voz colectiva o voluntad de acción, ¿es realista pensar que se desvanecerán las inseguridades y las tensiones del moderno trabajo flexible? Es de temer que los neoliberales y los utilitaristas no quieran que eso ocurra.

Artículo 5: Promover la libertad asociativa

El precariado necesita una voz independiente que le confiera capacidad de acción, la capacidad de defender y promover sus intereses, individual y colectivamente. Esto requiere mecanismos institucionales basados en la idea de la «libertad republicana», según la cual solo mediante la libertad asociativa podemos identificar y defender nuestros intereses efectivamente. Los sindicatos obreros pueden jugar un papel, pero más importantes para la mayoría del precariado serán la comunidad y las asociaciones ocupacionales.

Para superar sus inseguridades y su estatus de suplicantes, el precariado necesita una voz independiente. Aquí uso la cursiva en honor de Albert Hirschman, cuyo célebre libro (1971) comparaba las opciones de la voz y la salida (así como la de la lealtad). En la mayoría de las transacciones económicas, ante la decepción, las principales opciones son la salida de la relación o la acción para pedir o demandar un cambio.

La Escuela neoliberal de Chicago enfatizaba la salida como principio del mercado. Hirschman se dio cuenta de que la existencia de las opciones de salida no harían más que afianzar el statu quo y permitir la persistente opresión de los débiles o vulnerables. El triunfo del neoliberalismo permitió que el Estado hiciera cada vez más dolorosa la salida, como cuando se deja un empleo, que ahora resulta en la pérdida de derechos a la prestación por desempleo. Y los gobiernos han debilitado los mecanismos de voz mediante una regulación más dura sobre lo que pueden hacer los sindicatos y los grupos de la sociedad civil.

El precariado necesita tanto la voz individual como la colectiva, siendo la segunda esencial para la primera. Se requieren mecanismos institucionales para la «agencia», esto es, la capacidad de actuar sin miedo a la represalia o a la excesiva disipación de energía o pérdida de tiempo. Los inseguros, y aquellos categorizados como anormales o inconformistas, y que están abocados a perder derechos, deben tener la capacidad de alzar la voz, para hacer que sus intereses estén representados y puedan negociar con intereses más poderosos en la sociedad.

El precariado está lejos de donde necesita estar en todos estos aspectos. El reto es construir asociaciones que puedan negociar con diversos intereses, incluidos algunos irrelevantes para el proletariado. Al pensar en lo que esto implica, deberíamos recordar la esencia de la libertad republicana, originalmente desarrollada por Aristóteles y refinada por Hannah Arendt (1958), que consiste en que la libertad puede mantenerse solo a través de la acción colectiva, actuando conjuntamente. Se diferencia de la concepción liberal de la libertad, que la entiende en sentido individualista o en el sentido de las libertades enfatizadas por Isaiah Berlin, como libertad negativa (ausencia de constricciones) y libertad positiva (la oportunidad de perseguir los propios intereses).

La concepción republicana dice que solo podemos defender nuestros intereses mediante la libertad asociativa. En realidad, solo nos hacemos plenamente conscientes de cuáles son nuestros intereses a través de la acción colectiva. No podemos ver claramente lo que queremos o necesitamos en ausencia de una implicación real. Y la libertad solo es real si tenemos la capacidad de actuar colectivamente. Los suplicantes no tienen libertad. Esta perspectiva es ajena al paradigma neoliberal.

En el modelo neoliberal, no se le supone capacidad de agencia al precariado. Sus miembros carecen estructuralmente de libertad, son tratados por el Estado como individuos que han de ser evaluados, reformados, sancionados, empujados, convertidos en más «empleables», adiestrados, reciclados, enseñados a ser «más responsables socialmente», y así sucesivamente. Sin voz colectiva para resistir, el Estado puede convertir a cada vez más gente del precariado en meros residentes, sin derechos, en suplicantes de beneficios condicionales ante los que se espera estén agradecidos. A pesar de —o revelado por— las protestas de 2011, el precariado ha existido como un colectivo sin voz, que en el mejor de los casos despierta la pena por sus inseguridades y ausencia de identidad ocupacional, o es criticado por andar a trompicones y por sus supuestas deficiencias. Los días de cólera no pueden sustituir a la voz institucionalizada.

Para llenar este vacío se necesitan diversos tipos de asociación, no solo uno. Para la libertad republicana, la sociedad siempre ha requerido de una serie de organismos «congregacionales» en los que pueden forjarse contranarrativas. Históricamente, estos han incluido a las iglesias, los sindicatos y los partidos políticos.

Para el precariado, los sindicatos obreros no pueden jugar fácilmente un papel central, pues se alinean propiamente con los valores del trabajo asalariado y defienden los intereses de sus miembros. Esto no quiere decir que la sociedad ya no los necesite. Son necesarios para poner el foco en las cuestiones del centro de trabajo, para negociar con los empresarios y con el Estado en beneficio de los empleados. Pero el precariado debe ser capaz de representarse a sí mismo y de negociar con representantes del mundo del trabajo, así como con otros intereses.

El precariado necesita una síntesis de los gremios ocupacionales y de los sindicatos de artesanos y obreros. Necesita asociaciones que puedan capacitarlos para convertirse en algo más parecido a los profitécnicos, más capaces de trabajar con un proyecto en mente y más capaces de construir sobre competencias seguras en la forma que deseen, para construir una vida ocupacional con seguridad básica. Uno de los objetivos debería ser reducir la sensación generalizada de incertidumbre.

Si pudiéramos aceptar la idea radical de que la esencia del precariado es el desapego por el trabajo en un sentido positivo —como no habituación al trabajo subordinado estable—, entonces podríamos imaginar el tipo de organización de voz que se necesita. Los precarios en su mayoría sueñan en lo que desean hacer por vía del trabajo en general y del trabajo remunerado. Simplemente no pueden hacer realidad ninguno de esos sueños y carecen de las instituciones para hacerlo. El carácter radicalmente transformador de la «sociedad civil» fue secuestrado por los instintos mercantilizadores del neoliberalismo. Fueron demasiados los que tomaron el chelín de plata y crearon órganos empresariales captadores de rentas que dependen de una diversificada y vulnerable sociedad.

Las asociaciones de intereses comunes, basadas en principios de reciprocidad, empatía y solidaridad, podrían cambiar eso, permitiendo que los precarios trabajaran en lo que les entusiasma, que fueran creativos y reproductivos en el sentido de reproducir la vida y sus varias comunidades: familia, vecindario local, comunidades artísticas, deportivas, musicales, etc. Todas estas actividades incorporan trabajo, aun cuando no sea trabajo remunerado.

El precariado puede aceptar empleos y trabajos asalariados como algo instrumental (para ganar un ingreso), no como lo que define o da sentido a la vida. Eso es algo que les cuesta entender a los laboristas. Ellos piensan el precariado como un colectivo privado de trabajo asalariado que quiere seguridad laboral. Puede que esto se aplique a algunos, pero no a la parte progresista. El deseo de trabajar, en el sentido más amplio, está en la condición humana; el deseo de trabajar para otro es algo más artificioso.

Los gremios

Durante cientos de años en gran parte del mundo, los gremios profesionales y artesanales fijaron las condiciones de la práctica ocupacional para sus miembros y sus miembros potenciales, para carpinteros y albañiles, y para tejedores y tintoreros tanto como para abogados y doctores (Standing, 2009). Fijaron los términos y las condiciones bajo las que sus miembros tendrían que trabajar y mantener una relación laboral. Establecieron y ejecutaron códigos éticos y principios de protección social. Se opusieron al oportunismo de mercado. Tenían inconvenientes, tales como la captación de rentas y el «abuelismo» (dar ingresos y estatus indebidos a los miembros antiguos). Pero dieron una estructura a las vidas de trabajo y a las comunidades que las rodeaban.

Desde la década de 1980, el ataque neoliberal y socialdemócrata a los gremios fue implacable, y su desmantelamiento no mereció la oposición de los sindicatos obreros. Se necesita una nueva versión de los gremios que pueda extender el derecho a ejercer, al tiempo que proporciona protección social para sus miembros y ofrece buenas perspectivas a los que deseen desarrollar una vida ocupacional.

¿Surgirán dichas asociaciones sin estímulos externos y pese a las restricciones existentes? Como la naturaleza aborrece el vacío, probablemente irán naciendo sin ayuda del Estado. Pero serían más vibrantes si el Estado, mediante acciones de los gobiernos y las agencias supranacionales, las promoviera y creara el espacio para que pudieran prosperar. Puede que ello exija una legislación especial, como la seminal Ley del Estatus del Artista de 1992 en Canadá, que eliminó la normativa de la ley laboral que impedía las asociaciones de los artistas independientes.

La regulación estatal de las prácticas ocupacionales ha impedido los esfuerzos por revitalizar las tradiciones gremiales mediante las autorizaciones otorgadas por consejos y agencias gubernamentales (véase el artículo 7). Las nuevas asociaciones deben recuperar el territorio normalmente ocupado por los reguladores que otorgan autorizaciones.

El ocaso de los sindicatos obreros

La desaparición de los sindicatos obreros es algo lamentable. Fueron una fuerza de progreso. Luego, atrapados en su propia historia, se volvieron defensivos. Toda vez que una institución quiere ante todo reproducir su ayer, está condenada. Los sindicatos deben ser reestructurados, renombrados y relegitimados, antes de que se desvanezcan sin remisión.

En 2012, la afiliación sindical en EE.UU. cayó al 11,3 por ciento (y a solo un 6,6 por ciento en el sector privado), su nivel más bajo desde hace casi cien años. En el conjunto de la OCDE, la sindicalización de los trabajadores asalariados era solo del 17,3 por ciento en 2011. En los países más expuestos a la globalización —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón— el número de afiliados en sindicatos era en 2011 solo la mitad de lo que había sido en 1980.

El objetivo neoliberal de castrar la voz colectiva se ha conseguido ampliamente. Para lograrlo, se utilizó la regulación, en ningún sitio más que en los veinticuatro Estados de EE.UU. que impusieron el «derecho a trabajar», y prohibían que los sindicatos pidieran a los trabajadores en las plantas sindicadas que pagaran la cuota sindical. El presidente Barack Obama describió las leyes del «derecho a trabajar» como leyes que fortalecían «el derecho a trabajar por menos dinero», pero no hizo nada para combatirlas.

Cada país que sigue el Consenso de Washington ha sido presionado para debilitar a los sindicatos y hacer retroceder las seguridades laborales. A medida que se extendía la flexibilidad laboral, la estrategia laborista defensiva de los sindicatos obreros se convirtió en motivo de desconfianza para el precariado. Los sindicatos dieron voz a sus miembros en los empleos estables y en el salariado del sector público. Si bien es comprensible, significó que para gran parte del precariado no había contrapartida en la negociación colectiva.

Los sindicatos tienen cuatro posibles posiciones en la representación de los trabajadores no regulares (Heery, 2009): pueden excluir por completo a los trabajadores atípicos, subordinar sus intereses a los de los empleados típicos, incluir sus intereses en una agenda global, o implicarse activamente en la defensa de sus intereses. Aunque ha habido cierta tendencia hacia la cuarta posición, algunos sindicatos nacionales, como los de España, han mostrado poco interés en organizar al precariado.

Una dificultad radica en la cambiante ratio costes-beneficios de la afiliación. Con un monto menor de empleados que cotizan, las cuotas sindicales deben subir para cubrir los costes fijos y las crecientes demandas de servicios. Por ejemplo, un empleado apto para unirse al Teamsters Union de EE.UU. que gana 12 dólares por hora tiene que pagar 360 dólares de cuota anual al sindicato. Eso es mucho dinero, particularmente para alguien que entra y sale de empleos inseguros, sin saber si estará en la misma industria el próximo año.

En una economía ideal en la que todos los intereses se promovieran con los mismos incentivos y el mismo apoyo, los sindicatos serían subvencionados por el Estado con lo mismo —ni más ni menos— que las corporaciones y el capital financiero. Como no lo son, están en desventaja a la hora de negociar y de representar los intereses de los trabajadores. Se ha erosionado incluso el derecho a la huelga. Por ejemplo, como se señaló en el capítulo 4, el Gobierno del Reino Unido propone retirar los créditos fiscales a los empleados que vayan a la huelga. No existe una amenaza comparable con respecto a las subvenciones a las empresas. Las subvenciones están justificadas si las externalidades impiden que ocurra algo socialmente beneficioso. Igualar el poder de negociación entre las partes debe ser socialmente beneficioso, una cuestión de equidad, así como de igualdad.

La otra cara de la ratio coste-beneficio también va en contra de los sindicatos. Los órganos de voz logran legitimidad porque se comprometen a fortalecer o hacer valer «derechos». Los sindicatos obreros ofrecían mejorar salarios, beneficios y condiciones laborales a los empleados. Rara vez fueron más allá de ese grupo y no podían hacerlo eficazmente porque estaban institucionalmente orientados a defender a sus miembros.

En toda la era del pacto fáustico, los sindicatos hicieron concesiones a los empresarios en sus negociaciones. Terminaron debilitados. En el Reino Unido, por ejemplo, entre 1995 y 2012, la prima salarial conseguida por los trabajadores sindicados cayó del 26 al 18 por ciento. A partir de la década de 1980, hubo caídas similares en las primas salariales del sindicato en Alemania y en EE.UU., atribuidas a la inversión extranjera directa y a la subcontratación.

Elevar los costes indirectos, rebajar las primas salariales y la eventualidad son causas y efectos del declive de los sindicatos, tanto como lo es su marginalización política. Y el precariado y otros grupos rehúsan pagar las cuotas sindicales que ayudan a financiar a los partidos políticos laboristas.

El precariado debe organizarse fuera y junto a ellos. Hay señales prometedoras de que es lo que está empezando a ocurrir. En EE.UU., ha habido un intento de revitalizar el histórico Industrial Workers of the World (IWW). Conocido como «los Wobblies» a principios del siglo XX, el IWW pretendió «organizar a los trabajadores, no el empleo». Su variante moderna la están dirigiendo los «defensores de los derechos de los trabajadores» que trabajan en empleos precarios y se inscriben como compañeros de trabajo, no para conseguir la certificación del Gobierno como sindicato o el reconocimiento del empresario, sino para organizar sentadas, salidas y otras acciones esporádicas, reuniéndose a menudo en un espacio público para tomar decisiones. Las manifestaciones y las acciones para elevar los salarios de los trabajadores de los restaurantes de comida rápida, que en 2013 se extendieron por las ciudades de EE.UU., las dirigieron trabajadores y grupos comunitarios, no los sindicatos.

En otros lugares, se han unido nuevos órganos asociativos a las agendas laboristas. Estos incluyen el Centro del Trabajo de Atenas, que se ha opuesto a la austeridad y a la asociación entre la Federación Helénica de Empresas y la Confederación General de Trabajadores Griegos, porque los sindicatos establecidos no supieron defender los bienes sociales. El Centro del Trabajo de Atenas pretende luchar por el precariado griego. Pero en Grecia, como en otros lugares, hay varios modelos de representación que compiten por la supremacía y la relevancia.

Donde los sindicatos fracasaron: España

Así como los gremios quedaron atrapados en su propia historia cuando floreció el capitalismo industrial, así también los sindicatos obreros han luchado con su historia laborista, y por lo común no han logrado tocar la conciencia del precariado. Lo que ha ocurrido en España es una muestra bastante trágica de ello.

El mercado laboral en España fue configurado por las leyes laborales de Franco de 1938, que a su vez se inspiraron en la Carta del Lavoro de Mussolini de 1927. Las leyes de Franco ofrecieron a los empleados leales seguridad en el empleo y derechos de negociación colectiva, a fin de promover la armonía social en ausencia de democracia. Era una forma pervertida de laborismo. Pero cuando acabó el régimen de Franco, la izquierda política se opuso a los cambios, dando lugar al crecimiento de un mercado de trabajo paralelo fuera del ámbito de las protecciones laborales.

En la medida en que los sindicatos defendieron el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y lucharon por preservar los derechos ligados al trabajo, privilegiaron a una parte decreciente de la fuerza de trabajo. En 1984, acordaron permitir más contratos temporales. Pero, al ceñirse tan rígidamente a la negociación colectiva centralizada y sectorial, dieron a los empresarios más incentivos para evitar los acuerdos sindicales contratando más trabajadores con contratos temporales o de corta duración. Excluido de la mesa de negociación, el precariado fue incapaz de atraer a los socialdemócratas a una acción más ilustrada.

Al poco tiempo, como ocurrió en otros sitios, los sindicatos españoles cometieron un error histórico al resistirse a la flexibilización de las relaciones laborales que trajo consigo la globalización. Deberían haber aceptado las prácticas de trabajo flexible a cambio de una seguridad económica básica como derecho para todos. Los sindicatos y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fueron incapaces de moverse en esa dirección cuando tuvieron el poder de hacerlo en la década de 1990.

En lugar de ello, optaron por las concesiones en la negociación, dando alas a empresarios y Gobierno en un esfuerzo desesperado por salvar empleos. En 1997, aceptaron condiciones de despido menos rigurosas en los contratos permanentes. Pero se mantuvo el dualismo. Entre 1985 y 1993, el 73 por ciento de todos los nuevos contratos eran temporales y la transición a contratos permanentes era mínima. Menos de uno de cada diez de los que tenían un contrato temporal cambió a contratos regulares. El precariado se amplió gracias al aumento de los contratos temporales en el sector público, que subió del 8 por ciento del empleo público en 1987 al 25 por ciento en 2005.

Los sindicatos españoles abordaron el tema del precariado como un problema político —intentando limitar el número de temporales, oponiéndose a las agencias de empleo privadas, haciendo que los temporales fueran más como empleados regulares— en lugar de reorientar las tácticas de negociación u organización o desarrollar servicios adecuados para el precariado. Dieron prioridad a la lucha por el empleo estable. Esto fue una defensa del laborismo. No se hizo ningún esfuerzo por armonizar las condiciones de trabajo de los empleados típicos y los temporales. Los sindicatos simplemente defendieron los contratos permanentes para una fuerza de trabajo envejecida.

Otras reacciones cobraron fuerza. Aunque las protestas juveniles del movimiento del 15M (los indignados) puedan ser acciones de rebeldes primitivos, son pasos necesarios en el camino de un contramovimiento. A principios de 2012, los indignados organizaron lo que llamaron una huelga «invisible» del precariado que incluía a los estudiantes, los temporales, los no remunerados, los inmigrantes y la tercera edad. Fue parte de una lucha contra los recortes del Estado en las condiciones de vida del precariado. Y dando ejemplo al resto de Europa estaban los yayoflautas (un derivado de perroflautas), esto es, pensionistas y abuelos que ocupaban bancos para protestar contra los rescates bancarios, que llenaban autobuses para protestar contra las subidas de precios y se plantaban en los departamentos del servicio de salud para protestar contra los recortes en sanidad. ¿Alguna vez habían adquirido los mayores tal protagonismo en una lucha social?

La postura de los sindicatos también dio lugar a que surgieran asociaciones juveniles independientes, tales como la Associació de Joves de Gracia (Asociación de Jóvenes de Gràcia) en Barcelona, que ofrece servicios a trabajadores individuales. Esto es un ejemplo del tipo de representación que necesita el precariado. Sin embargo, los viejos sindicatos han resistido a sus intentos de negociar con los empresarios o representar a sus miembros. Esto debe cambiar o los organismos colectivos se autodestruirán. Los organismos ocupacionales construidos sobre bases sindicales —negociación con el Estado, así como con los empresarios y otras ocupaciones— son una parte esencial de la solución. Pero deben basarse en los valores del trabajo en general, no del trabajo asalariado.

En 2012, el Gobierno español se propuso frenar el poder de negociación de los sindicatos y debilitar la seguridad laboral. Los sindicatos organizaron una huelga general, sacando a la calle a cientos de miles de manifestantes. Pero no consiguieron ofrecer una visión del trabajo y la seguridad que fuera más allá de un anhelo atávico de un pasado laborista. Intuitivamente, el precariado entendió la contradicción. Aunque se movilizaban contra el neoliberalismo y a la vez contra los sindicatos, los indignados no estaban atrapados por el pasado. Miraban al futuro, aunque con incertidumbre.

Donde los sindicatos están fracasando: Suecia

A Suecia se la ha considerado como el nirvana de la socialdemocracia. Los sindicatos siguen siendo numéricamente fuertes, dando cuenta de los dos tercios de la fuerza de trabajo en 2011, igual que en 1970, aunque por debajo del pico de más del 80 por ciento en la década de 1990. Pero esto refleja dos factores especiales: que todavía administran el seguro de desempleo y que se han inclinado al viento de la globalización haciéndose más gerencialistas, favoreciendo el libre comercio y aceptando los recortes de plantilla de las empresas sin apenas protestar.

El principal sindicato en expansión, Unionen, ha reforzado al salariado permitiendo a sus miembros ganar en protección y en prestaciones, mercantilizando sus servicios a través de anuncios en televisión. Ofrece seguros y cursos de formación a sus afiliados. Y se mantiene al margen de la política partidaria. Las organizaciones empresariales lo aprueban porque, como dijo un representante, Unionen «está con sus miembros, no se interpone entre ellos y sus empleadores» (The Economist, 2013). Esto plantea la cuestión de si Unionen es en realidad un sindicato, puesto que la intención de los sindicatos es interponerse entre los empleadores y los empleados. Y es intrínsecamente regresivo, ya que perjudica al precariado consiguiendo privilegios para los miembros de cuello blanco del salariado, que están en una buena posición financiera para pagar por un servicio colectivo.

Estos órganos son por doquier un presagio del futuro. Unionen ha hecho concesiones a los empresarios, que incluyen la introducción de un «banco de tiempo» de horas no trabajadas que pueden ser devueltas cuando la demanda repunte. Otros sindicatos han intentado hacerse indispensables convirtiéndose en agentes de una productividad incrementada. Y la LO (Confederación Sueca de Sindicatos), la federación del trabajo de cuello blanco y bastión de la negociación laboral de confrontación, ayuda al Gobierno y a los empresarios a sacar puestos de formación para jóvenes desempleados, en los que se pagan salarios más bajos. La mezcla de funciones, sin embargo, puede acarrear una pérdida de autonomía e identidad como representantes de los trabajadores, con sindicatos que se consideran parte de la gestión más que agentes para la reducción de las desigualdades.

Asociación para dar servicios al precariado

Aunque los sindicatos obreros intentan pilotar entre el capital y el trabajo, hay un nuevo tipo de organización de voz que es de hecho una variante de un viejo tipo protoindustrial, a saber: un órgano que propociona servicios y prestaciones a los trabajadores que no son empleados estables. El objetivo es cubrir el hueco dejado por la erosión de las prestaciones empresariales, tales como pensiones y seguros médicos, y por la fragmentación de las prestaciones estatales. Un ejemplo es el Sindicato de Freelancers con base en Nueva York, que proporciona planes de seguros, un sistema de clasificación de clientes, y ofertas de descuentos y oportunidades para entrar en redes. Para 2012, tenía 200.000 miembros.

Aunque valiosos, estos órganos tienen varios riesgos. Pueden ser marginados por la competencia comercial que atraiga a los miembros con un perfil de menos riesgo, subiendo la prima a los restantes. Y sus innovadores y dirigentes pueden ser tentados por ofertas más altas para que deserten. Un riesgo aledaño es que los dirigentes pueden volverse demasiado empresariales y acabar sirviendo al mismo sistema que perjudica a sus miembros.

Sara Horowitz, fundadora del Sindicato de Freelancers, se ha convertido en una empresaria del freelance, ha recibido una subvención «Genius» de la Fundación MacArthur y ha publicado un libro con el seductor título The Freelancer’s Bible (2012). Ella ve el ascenso del freelance: libertad de los trabajos autoritarios, autonomía para establecer tu propio calendario, libertad para hacer alianzas con gente de la misma mentalidad (redes horizontales con amigos) y para compartir recursos y externalizar trabajo en los tiempos de abundancia. También ve la oportunidad comercial ofrecida por el tercio de los adultos americanos que son freelancers, definidos en sentido muy amplio, y por la pérdida de prestaciones empresariales para otros. Así, el Sindicato de Freelancers es un modelo de adaptación, no un cambio estructural para redistribuir la renta y el poder de negociación a favor del precariado. Parece más bien algo que se convierte en una empresa comercial.

Voz de negociación para el precariado

Están apareciendo otros cuasisindicatos, algunos en sitios improbables. Uno de los desafíos es que la negociación colectiva a favor del precariado debe hacerse en su mayoría indirectamente. Puede hacerse con el Gobierno, para establecer códigos de conducta o condiciones mínimas que los contratos de empleo deben respetar. O bien puede implicar la creación de una organización paraguas para determinadas relaciones laborales, como ha ocurrido con las agencias de empleo temporal. La situación se complica por las relaciones «triangulares» que involucran a contratistas y subcontratistas.

Por todo el mundo, nuevos órganos de voz están intentando hacer frente al desafío. La libertad asociativa está surgiendo a través de los «centros de trabajadores», las «cooperativas de trabajadores domésticos», los «grupos de conductores de taxi» y cosas por el estilo. Pueden ser debilitados, ya que no controlan los puertos de entrada. Individuos desesperados trabajarán por menos de lo que ellos piden. Sin embargo, las estructuras de incentivos y las prácticas ocupacionales podrían limitar esa tendencia.

En Jamaica, un sindicato de trabajadores domésticos no negocia con empresarios individuales, sino que ha venido negociando sobre pautas generales con la Federación de Empresarios de Jamaica, una forma de negociación centralizada. Estas negociaciones incluyen la demanda de que los «empleadores» paguen salarios completos y a tiempo, y den a los domésticos un día libre a la semana. El sindicato se concentra en la educación, la defensa, la movilización y la formación de género, incluso en el trabajo telefónico, y en la investigación y la recolección de datos. En 2011, se aprobó una Convención de la OIT (C189) sobre trabajo doméstico. Para septiembre de 2013, solo nueve países la habían ratificado (Jamaica no estaba incluida). Un sindicato como el jamaicano no puede esperar mucho de la C189, pero ha utilizado la Convención para intensificar la presión moral sobre los empresarios y el Gobierno a fin de mejorar las condiciones de trabajo.

Quizá el órgano más elaborado de este tipo sea la SEWA, la Asociación de Mujeres Autoempleadas de India (Self-Employed Women’s Association of India). Con casi dos millones de miembros, combina: la negociación a favor de los grupos ocupacionales, con células para los diferentes tipos de trabajo precario; los servicios financieros a través de su banco y sus actividades de microcrédito; la negociación con empresas, intermediarios y el Estado; y la presión en todos los niveles del Gobierno. Da una alta prioridad a la educación, poniendo el acento en las competencias necesarias para la supervivencia y la comprensión de la sociedad. La lucha es constante y dura. No obstante, la SEWA ha logrado muchas cosas, quizá sobre todo dando dignidad y orgullo a mujeres muy pobres, y ha obligado a los partidos políticos, sindicatos, prestamistas, burocracias locales y otros grupos de la sociedad civil a dar mayor prioridad a sus preocupaciones. En 2010, se embarcó en un experimento de renta básica, tal como se discute en el artículo 25. Es un órgano clásico del precariado.

La voz como interconexión

Voz no significa aprender a venderse a uno mismo. Debería significar forjar la capacidad de superar las fuerzas mercantilizadoras. Los medios de comunicación social y la interconexión por Internet tienen el potencial de movilizar a la gente para eventos de masas. Sin embargo, son un modo pasivo y reactivo de articular las opiniones. Todavía tienen que demostrar su fuerza como un sistema progresista de voz, si bien están surgiendo como una forma valiosa de oponerse a las reformas iliberales y regresivas, como es el caso de la red 38 Grados. En otros lugares, y ello es preocupante, la interconexión por red está siendo acechada por agendas mercantilizadoras. Volveremos sobre esto en el artículo 23 al hablar de educación.

Voz, mutualismo y precariado

En junio de 2013, el Partido Laborista del Reino Unido anunció que apoyaría el cambio hacia las prestaciones contributivas. Uno de sus diputados más destacados, Frank Field, dijo que era esencial mutualizar los fondos contributivos para evitar que los políticos «metan la mano en ellos». Presumiblemente, un fondo mutualizado debería estar dirigido por los «interesados». Pero si los políticos electos no son representantes de los interesados, ¿quiénes lo son? El riesgo es que sea excluido el precariado. El fondo sería para el salariado y para los proletarios de viejo cuño. Solo si la voz del precariado está en la gobernanza, fijando y ejecutando las reglas, podría haber alguna esperanza de que el resultado fuera progresivo.

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En suma, con los sindicatos en transición, cuando no en decadencia, están pugnando por salir a la luz nuevos mecanismos de voz. Todos los que están en el precariado o que piensan que pueden estar deberían unirse y ayudar a formar los nuevos órganos. Sin ellos, se mantendrá su estatus de suplicantes y crecerán las desigualdades.

Al construir alternativas, las estructuras de gobernanza deben reflejar los principios de justicia presentados en el capítulo 4. A menos que la inseguridad de los más inseguros sea mejorada por sus acciones, y mejorada más que la de otros, estos órganos carecerán de legitimidad en un sentido progresista. A menos que fortalezcan los derechos y reduzcan el alcance de la benevolencia discrecional, serán reemplazados. Y a menos que respeten el trabajo reproductivo, fracasarán a la hora de promover el trabajo digno y las prioridades ecológicas. En última instancia, su tarea es la de abolir el precariado. Pero para eso queda mucho camino por recorrer.

Artículos 6-10: Reconstruir las Comunidades ocupacionales

El desmantelamiento de los gremios ocupacionales, comenzado por los neoliberales y continuado por los socialdemócratas, debe ser superado mediante la reconstrucción de comunidades ocupacionales. El precariado se beneficiaría de la reforma de la concesión de licencias ocupacionales. Deberían reducirse y su gobernanza debería ser revisada, de modo que el precariado tuviera voz en el seno de los consejos que regulan las prácticas ocupacionales. Y se debe promover activamente la negociación colaborativa.

Durante cientos de años, los gremios artesanales y profesionales conviertieron las ocupaciones en comunidades, con criterios de calidad del trabajo, códigos éticos, mecanismos de protección social y sistemas de educación y promoción. Sus deficiencias radican en sus fortalezas. Fácilmente se convirtieron en bastiones de comunidades cerradas de privilegio y captación de rentas, en las que las élites tomaron el poder y se mantuvieron en él. Sin embargo, dieron seguridad y orgullo a sus miembros.

Los neoliberales subrayaron su lado negativo y rechazaron su lado positivo, orientado a la solidaridad social y la resistencia a las fuerzas del mercado. Los gobiernos bajo su influencia procedieron a retirar los poderes gremiales y construyeron sistemas estrictos de autorización, diseñados para servir a los intereses de los consumidores y del mercado más que a los trabajadores de esas comunidades. Como resultado, se ha transferido el poder a los intereses comerciales y a las burocracias administrativas.

Han sido estas burocracias las que han supervisado el desbaratamiento de los modos internos de movilidad social y de promoción. En el proceso, han introducido sistemas de fragmentación de clase, de tal modo que numerosas ocupaciones, incluidas las grandes profesiones como la enseñanza, el derecho, la contabilidad, la ingeniería, la medicina y la arquitectura, han sido reestructuradas con élites, salariados, profitécnicos, trabajadores estables y un precariado, con toda una proliferación de títulos de auxiliares, adjuntos y asistentes que simbolizan la inferioridad y una movilidad atrofiada. Han crecido las desigualdades intraocupacionales, al igual que lo han hecho las desigualdades interocupacionales, con beneficios y privilegios para las élites y los salariados, y bajos e inseguros salarios para el precariado.

Se necesitan diversas reformas.

Artículo 6: Establecer un sistema internacional de acreditación ocupacional

El derecho a ejercer el propio oficio y usar las propias cualificaciones es un valioso derecho económico. Hoy es probablemente más débil que en cualquier otra época de la historia. No hay ningún organismo internacional encargado de la regulación ocupacional. La OIT siempre ha sido laborista, y no ha permitido a los órganos ocupacionales ser parte de su gobernanza. Ninguna de sus 189 Convenciones ha abordado la cuestión de la regulación ocupacional. El Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio han tratado el tema de la autorización ocupacional sin el mandato ni el conocimiento experto para ello.

Debería establecerse un órgano internacional con la específica función de establecer criterios generales para las ocupaciones y armonizar las cualificaciones y los sistemas de acreditación, de modo que la gente pueda ejercer más fácilmente en países donde no obtuvieron sus titulaciones. Incluso dentro de la Unión Europea, cuyos Estados miembros se supone que reconocen las titulaciones de los demás, el reconocimiento fue automático solo para siete de las más de ochocientas profesiones identificadas por la Comisión Europea, y el resto requería la conformidad con reglas locales a menudo complejas (The Economist, 2012).

Artículo 7: Limitar las autorizaciones

Había buenas razones para reformar los gremios, los cuales tendían a conceder rentas monopolistas a las élites de las profesiones y los oficios. Pero la regulación estatal en interés de los consumidores y el comercio ha acelerado la desprofesionalización y ha contribuido a crear una estructura de clases dentro y a través de las comunidades ocupacionales relacionadas, que se parece a la estructura de clases de la globalización.

La autorización administrativa impide que la gente ejerza determinadas ocupaciones, bien porque no tienen las titulaciones oficialmente aprobadas, bien debido a algo que hayan hecho o dejado de hacer. Esto provoca que no se tome en serio el proceso debido y que adopten decisiones arbitrarias los que tienen el control sobre materias tales como la aceptación de titulaciones, o las suspensiones y excomuniones de profesionales individuales. Los que están consolidados dentro, en la élite o el salariado de la ocupación, pueden promover sus intereses e imponer condiciones a los demás, empujándolos hacia el precariado. Un ejemplo es la imposición de una condición de «haber ejercido recientemente», como ha ocurrido con las enfermeras.

En EE.UU., casi una tercera parte de los trabajadores precisa autorizaciones para ejercer su ocupación, mientras que en la década de 1950 solo las precisaba uno de cada veinte. Las ocupaciones que exigen autorización en algunos Estados de EE.UU. incluyen a floristas, trabajadores de mantenimiento, luchadores, guías turísticos, vendedores de helados, pirotécnicos, vendedores de libros de segunda mano y diseñadores de interiores. A modo de comparación, la proporción de trabajadores estadounidenses que pertenecen a un sindicato obrero era solo del 11 por ciento en 2012. En el Reino Unido, el 13 por ciento de los trabajadores requieren autorización, el doble de la proporción de finales de la década de 1990.

La autorización se justifica si hay externalidades potenciales, como cuando una mala práctica pudiera tener repercusiones para la salud o la seguridad. Pero para la mayoría de las ocupaciones es innecesria y está diseñada para potenciar los ingresos de los autorizados mediante las restricciones de entrada, o para forzar los precios al alza, o para permitir que las empresas fijen criterios de los que pueden sacar provecho. Para muchas ocupaciones, la autorización debería convertirse en una acreditación voluntaria. De esta forma, si uno quiere arriesgarse a comprar los servicios de un pintor o un fontanero sin acreditación, por ejemplo, eso sería una libre elección suya.

Artículo 8: Mutualizar la regulación ocupacional

Las ocupaciones no deberían estar reguladas por consejos integrados enteramente por expertos de dentro, porque eso conduce a riesgos morales e inmorales (Summers, 2007). Tampoco esos consejos deberían estar compuestos solo por gente ajena a la ocupación. Los gobiernos han tendido a favorecer consejos dirigidos por gente ajena para proteger a los consumidores y los intereses comerciales. Es probable que esto provoque el desinterés por los problemas que afectan a los estratos más bajos de la ocupación.

En los consejos ocupacionales deberían estar representados todos los intereses. La regulación ocupacional está ligada a la necesidad de voz del precariado. Por ejemplo, privatizar los servicios públicos permite a una élite dentro de las profesiones alcanzar ventajas posicionales. El Gobierno del Reino Unido creó comisiones clínicas en el Servicio Nacional de Salud (NHS)[11] que pueden adjudicar contratos a proveedores privados. Los miembros de la comisión pueden ellos mismos pujar por los contratos o hacerlo a través de empresas en las que tienen algún interés. Esto es gobernanza de élites, corrupción autorizada y un efecto de la regulación estatal en benefico de los intereses de las élites. Aunque los miembros de los consejos deben estar ausentes en las discusiones de los contratos de los que pudieran beneficiarse, están en una posición ventajosa para sacar una puja favorable. Además, los colegas en los consejos deben seguir trabajando juntos después de tomar esas decisiones, lo que hace probable que se hagan favores mutuamente. Debería haber una norma al efecto de que ningún miembro de un consejo pueda entrar en la puja. Y el precariado, no solo la élite de la profesión, debería estar representado independientemente en esos consejos y ser capaz de nombrar a sus propios representantes. Sin gobernanza democrática, los riesgos inmorales prevalecerán con demasiada frecuencia.

Muchos jóvenes no pueden conseguir derechos económicos básicos debido a que la gobernanza ocupacional está dominada por las élites y el salariado. Por ejemplo, en Italia, los jóvenes abogados deben ejercer en un bufete de abogados autorizado durante dos años antes de poder obtener la autorización. En ese periodo, un bufete de abogados puede decidir si les paga o no. Muchos trabajan sin cobrar, viviendo en casa de los padres, disfrazando su empleo y sus largas jornadas de trabajo. Uno dijo al Nordic Labour Journal:

No mencionen mi nombre, y no me saquen fotos. Si el Colegio de Abogados se hace eco de esto jamás obtendré mi autorización. Este es un sistema construido a base de recomendaciones, así que es importante hacer un buen trabajo y estar dispuesto a servir. Sé de varias personas que sacaron buenas notas en los exámenes escritos pero no lograron su autorización porque alguien se retrasó en aprobarla, y los responsables dicen que hicieron mal los exámenes orales. De nada sirve irse al extranjero. Hay gente con buenas notas de Harvard y otras universidades célebres que no pueden conseguir autorización para ejercer el Derecho en Italia. El Colegio de Abogados está corrupto (Kvam, 2010).

Estas situaciones se producen porque hay grupos inseguros con poca antigüedad que están excluidos de la estructura de gobernanza. Esto debería cambiarse. Si hay una asociación o un consejo con funciones de gobernanza sobre una profesión u oficio, debería exigirse legalmente que todos los niveles de la ocupación, incluso los que tienen contratos temporales y en prácticas, deberían estar representados en los consejos. Idealmente, deberían tener una representación igual a su parte en la ocupación.

Artículo 9: Promover la negociación colaborativa

En los sistemas de trabajo flexible, especialmente en los servicios, una parte de la negociación más vital debería hacerse entre las diferentes ocupaciones. Dicha negociación debería estar formalizada y debería incentivarse que las asociaciones ocupacionales alcanzaran acuerdos en la negociación con asociaciones complementarias (por ejemplo, las asociaciones de doctores podrían negociar con las asociaciones de enfermeras y personal paramédico y auxiliar). Se firman demasiados acuerdos ocupacionales sin que estén implicados los grupos más vulnerables dentro de las ocupaciones o dentro de un rango más amplio de familias ocupacionales relacionadas. Esto ha contribuido a la estratificación de las ocupaciones, con grupos más pronuniados del precariado a los que se niega el acceso a suplementos salariales, primas, prestaciones o avenidas de movilidad.

Artículo 10: Promover la protección social ocupacional

A lo largo de la historia, las ocupaciones, sobre todos las grandes profesiones, han manejado sus propios sistemas de protección social para los miembros presentes y pasados. En la era laborista, fueron desmantelados o convertidos en arreglos muy convenientes para las élites y los salariados con mucho tiempo de ejercicio en la profesión. Ahora que el Estado ha convertido la protección social en algo más residual, basado en la comprobación de medios y en estrictas condiciones de acceso, es vital que se regenere un sistema multinivel de protección social, un sistema en el que la protección social ocupacional pudiera jugar un papel subsidiario pero importante. Esto sería también un útil suplemento de la renta básica universal (véase el artículo 25). Para hacerlo, deberían fortalecerse los fondos ocupacionales y hacerse internamente más democráticos, de nuevo estando la parte precarizada de la ocupación plenamente representada para asegurar que el sistema le proporcione alguna protección, y que no sea otra nueva fuente de desigualdad en la renta social.

Artículos 11-15: Parar la política clasista de inmigración

En la medida de lo posible, los inmigrantes deberían tener los mismos derechos que cualquier otra persona. Debería pararse la demonización de los inmigrantes. Debería reducirse el sesgo de clase de la política de inmigración. Se debería poner freno y penalizar a los regímenes exportadores de trabajo.

Vivimos en un mundo migratorio. En 2013, 232 millones de personas, el 3,2 por ciento de la población global, vivían fuera de su país de origen, en comparación con los 154 millones de 1990. Muchos de nosotros seremos inmigrantes en algún momento o tendremos familiares o amigos que los sean. Así que la mayoría tiene un interés en asegurar que la política de inmigración satisfaga los cinco principios de justicia expuestos más arriba y supere la prueba del «velo de ignorancia». Un país que aplique medidas inequitativas contra los inmigrantes puede encontrarse con que otros países hagan lo propio contra sus ciudadanos. Tristemente, los políticos utilitaristas han intensificado la condición de residentes de los inmigrantes.

Los inmigrantes constituyen un alto porcentaje del precariado global. Descritos de forma variada como villanos (que causan inseguridad a los demás), como víctimas (perseguidas por la gente y los gobiernos locales) y como héroes (que envían dinero y bienes a sus empobrecidas familias y vuelven con destrezas y un dinero que invertir), son la infantería ligera del capitalismo global (Standing, 2011).

Al reconocer los aspectos migratorios del sistema de mercado global, es preciso guardar un sentido de la proporción. En la mayoría de países, los residentes nacidos fuera son una minoría significativa pero todavía pequeña. El promedio de 2011 para los países de la OCDE fue de alrededor de un 13 por ciento. Y una gran parte de los inmigrantes en la población está correlacionada con el éxito económico, no con el bajo crecimiento y el alto desempleo (Boubtane, Coulibaly y Rault, 2013; Burke, 2013). Decir que la inmigración está ligada a un alto desempleo es una afirmación simplemente basada en el prejuicio. Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos, países donde los políticos populistas ha avivado el sentimiento contra los inmigrantes, tienen una proporción de residentes extranjeros por debajo del promedio. Y un creciente número de países ricos necesita inmigrantes. En Italia, por ejemplo, las mujeres tienen una media de 1,4 niños, razón por la cual la población ha estado cayendo y avejentándose durante décadas. Sin inmigrantes, su economía se habría colapasado.

Con todo, ha tenido éxito la retórica y la imaginería contra los inmigrantes. De acuerdo con las encuestas TouGov de 2012, el 80 por ciento de los adultos del Reino Unido respaldaba que el Gobierno pusiera un tope a la inmigración; cerca del 70 por ciento quería una inmigración neta igual a cero. Debería recordárseles que hay más británicos viviendo o trabajando en otros países que inmigrantes extranjeros en el Reino Unido. Y, puesto que muchos son estudiantes que se marchan al terminar sus estudios, el 70 por ciento de los inmigrantes se queda menos de cinco años (Goodhart, 2013).

El crecimiento de la inmigración está asociado al hecho de que cada vez hay más gente sin derechos por doquier. Algunos los pierden en su propio país, pero no los ganan allí donde residen o trabajan. Esto incluso afecta a los que trabajan en su propio país para empresas extranjeras, ya que puede que no tengan los derechos sociales de los trabajadores del país de la empresa, al tiempo que carecen de los de los trabajadores del propio país. Y carecen de agencia o voz a la hora de tratar con sus empleadores y con el Estado.

La Carta del precariado debe abordar los aspectos más cruciales de la inmigración, empezando por una esfera que es una amenaza a largo plazo para el precariado mundial.

Artículo 11: Contener a los regímenes exportadores de trabajo

Los regímenes exportadores de trabajo son un nuevo fenómeno consustancial con el proceso global de trabajo. Algunos países les han permitido desarrollarse. El caso clásico es Filipinas, que lleva tiempo organizando o facilitando la exportación de trabajadores, sobre todo las criadas filipinas, muchas de ellas atrapadas en trabajos esclavos engañadas por intermediarios laborales. Pero China, Vietnam y algunos otros países han estado haciendo algo bastante diferente, a saber, trasportar a miles de trabajadores en masse a trabajar en proyectos por todo el mundo (Standing, 2011).

La práctica de organizar la exportación masiva de trabajo está ligada al trabajo recluso y al trabajo semiesclavo. Debería persuadirse a los gobiernos de que desistieran, y los países donde esto ocurre deberían proscribir a las empresas que transportan trabajadores de esta manera. Hasta ahora, son demasiados los países que han autorizado proyectos que atraen capital extranjero, aun sabiendo que el trabajo en masa que traen es trabajo esclavo. Esta práctica abre una brecha en el mercado laboral y hace que se abaraten los salarios y empeoren las condiciones laborales de los trabajadores locales, especialmente en los peldaños más bajos del mercado laboral.

Artículo 12: Dejar de convertir a los inmigrantes en residentes

En la medida en que existan naciones, habrá diferencias en la ciudadanía nacional y en los requisitos de residencia. Esto no justifica que se trate a la gente más desigualmente en el sentido de los cinco tipos de derechos. Debe invertirse la tendencia a reducir los derechos de los inmigrantes.

Al tiempo que los inmigrantes suelen carecer de derechos específicos que se supone existen para los ciudadanos, también afrontan una situación de doble peligro y denegación del proceso debido. Así, con respecto a los derechos civiles, los inmigrantes a menudo son tratados como «culpables hasta que no se demuestre su inocencia», sometidos a un trato discrecional y discriminatorio, e incapaces de demandar un proceso debido ante las instituciones judiciales. Entre las barreras que se están alzando en el Reino Unido y Australia está la denegación de ayuda legal para impugnar decisiones sobre inmigración. En EE.UU., se descartó en 1996 el derecho a reclamar ante los tribunales la ciudadanía estadounidense y los servicios de inmigración. Los inmigrantes también están a menudo expuestos a prolongados periodos de «retrasos legales». Los peores casos afectan a los solicitantes de asilo en el mundo, muchos de los cuales esperan años en el limbo, aguardando a que se determine su estatus.

Los inmigrantes a menudo carecen de derechos económicos, sobre todo al serles denegado el derecho a ejercer su ocupación. Carecen de derechos culturales, lo que incluye restricciones a la práctica religiosa y a la pertenencia a comunidades ocupacionales. Están perdiendo derechos sociales, a medida que los gobiernos introducen cambios discriminatorios en las prestaciones y los servicios sociales. Y carecen de derechos políticos: rara vez tienen el derecho de votar o el derecho de postularse a un cargo político. La falta de derechos políticos facilita que los gobiernos retiren otros derechos, ganando así popularidad entre los ciudadanos locales con poco riesgo electoral. Que los inmigrantes consigan derechos políticos debería tener una alta prioridad.

La demonización de los inmigrantes, señalada en el capítulo 4, se ha basado en los dobles raseros y en una imaginería distorsionada. Una de las causas de la demonización es que la inmigración tiende a estar altamente concentrada, también en las ciudades capitales donde están asimismo concentradas las clases políticas y los medios de comunicación. Ello facilita que la inmigración y otros problemas superficalmente relacionados se describan como problemas mayores de lo que son en realidad. Por ejemplo, la inmigración a Londres se ha disparado. En 2012, más de un tercio de los londinenses había nacido en el extranjero, comparado con el 18 por ciento de 1987. Pero la inmigración en Londres es mucho mayor que en el resto del Reino Unido. Dos quintos de todos los inmigrantes viven en Londres; en el resto del país solo el 8 por ciento de la población es extranjera.

La focalización en Londres da a la inmigración una imagen distorsionada. La ciudad es un imán, ayudada por su historia, la lengua inglesa, la tradición de liberalismo político, el acceso a escuelas privadas, y la «zona horaria». El sector de los servicios financieros está mayormente compuesto por inmigrantes. Londres es la sexta ciudad «francesa» más grande, con 400.000 franceses residentes.

Se podrían pintar cuadros similares de Nueva York y otras ciudades capitales. El reto consiste en mezclar y armonizar culturas. Tristemente, algunas políticas sociales actuales están intensificando las tendencias hacia la creación de guetos. Son preocupantes las consecuencias que puede tener el incremento del número de residentes sin derechos.

Conforme los inmigrantes pierden derechos, hay ciertos grupos que se hacen particularmente vulnerables a la demonización. En Europa, está muy extendida la persecución de los gitanos. En 2012, el nuevo Gobierno socialista francés ordenó redadas de madrugada en los campamentos gitanos de las afueras de ciudades francesas tales como Lille, Lyon, Marsella y París. Muchos gitanos fueron deportados. El ministro del Interior dijo que los campamentos eran insalubres y peligrosos. Cuando Nicolas Sarkozy era presidente, la izquierda protestó contra este tipo de acciones, pero luego hizo lo mismo. En 2011, miles de gitanos recibieron aide du retour (ayuda para retornar), por una cantidad de 300 euros por persona de media. Esto apenas cambió nada porque era un incentivo para volver a entrar en Francia. La población gitana ha permanecido estable, por debajo de los 20.000. Pero sus derechos civiles se han debilitado.

En Suecia, los gitanos fueron expulsados simplemente por mendigar, aunque la mendicidad en sí no está prohibida. En otros sitios, cada vez más países están introduciendo leyes que prohíben el vagabundeo y la mendicidad, o penalizan el comportamiento asociado a la falta de hogar, como dormir, beber o lavarse en lugares públicos.

Los inmigrantes están perdiendo derechos civiles debido a los cambios que está habiendo en el trato legal. En el Reino Unido, el anterior Gobierno laborista hizo más estrictas las normas sobre prisioneros nacionales extranjeros (FNPs)[12], automatizando la deportación para cualquier adulto sentenciado a pena de cárcel de un año o más. La organización Fianza para los Detenidos de Inmigración estima que un cuarto de los clientes suyos que hacen frente a una deportación llegaron al Reino Unido siendo niños y no conocen ningún otro país. Hasta 2013, los FNP podían obtener ayuda legal para apelar contra las deportaciones, y un tercio de las apelaciones tenía éxito. Pero, desde abril de 2013, a los FNPs se les ha denegado la ayuda legal. Pocos tienen los recursos para llevar sus propios casos o para contratar abogados.

Los solicitantes de asilo son los peor parados. En el Reino Unido, están bajo la jurisdicción de la UK Border Authority (UKBA)[13], que ha sido criticada por sus largos retrasos en la tramitación de los expedientes de asilo, que dejan a la gente en un limbo legal durante años y años. Mientras tanto, se ha subcontratado la responsabilidad de darles casa a tres compañías multinacionales —G4S, Serco y Clearel— que también proporcionan servicios de inmigración, detención y «retirada» (deportación) a la UKBA. Estas compañías son conocidas por su torpeza. Una mujer fue desalojada el día en que estaba previsto que diera a luz. Esto lo sabía el subcontratista, quien dijo estar siguiendo órdenes del contratista (G4S), que a su vez dijo que los desalojos requieren la previa aprobación de la UKBA. La UKBA se excusó diciendo que no conocía los casos concretos. Nuevamente, no se respeta el proceso debido. Los contratistas tienen poder sobre los solicitantes de asilo y no rinden cuentas.

El control es sofocante y coercitivo. Si alguien se ausenta de su hostal durante más de catorce noches en un periodo de seis meses, se supone que ya no tiene necesidad de apoyo y se le retiran las prestaciones. Los solicitantes de asilo no tienen dinero ni espacio en el que vivir decentemente, ni amistades, ni derecho a trabajar por un salario, ni vida civil.

La política disuasoria significa la criminalización de más solicitantes de asilo cada vez. Las empresas de seguridad privada hacen pingües beneficios con los contratos para dirigir los centros de retirada de inmigrantes, donde los detenidos tienen menos derechos que la gente retenida en las prisiones ordinarias. Y los escoltas de seguridad privada logran contratos para hacer cumplir la política de deportación.

Otro grupo que ha sido reducido a la condición de residente sin derechos es el ejército de los cien millones de inmigrantes del servicio doméstico en todo el mundo. Los salarios no se pagan, el abuso físico y sexual es común y queda impune, se exigen largas jornadas de trabajo, se ignoran las leyes de salario mínimo, y así sucesivamente. Son residentes en peligro, a menudo sin derecho alguno. En 2011, 92 años después de su fundación y tras largos años de tortuosa negociación entre las organizaciones empresariales, los sindicatos y los gobiernos, la OIT adoptó una Convención sobre el Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos. Tan solo anima a los gobiernos y empleadores a limitar las horas de trabajo en el servicio doméstico y a garantizar un día libre a la semana, un salario mínimo y la protección frente a empleadores violentos: todo ello, derechos civiles básicos. Pero algunos órganos empresariales, incluida la Confederación de la Industria Británica, votó en contra. Peor aún, el Gobierno británico se abstuvo diciendo que regular las horas de trabajo doméstico, la salud y la seguridad sería demasiado «oneroso» para los empleadores y los gobiernos. No obstante, las convenciones de la OIT, aun teniendo fuerza moral, solo obligan a los países cuyos gobiernos las ratifican. El gesto del Reino Unido era ideológico.

Los estudiantes extranjeros son otro grupo cuyo estatus de residentes sin derechos está creciendo. En el Reino Unido surgió una contradicción entre el compromiso de reducir la inmigración y el deseo de usar el sistema de educación superior para mejorar el comercio exterior. Una de las propuestas fue declarar a los estudiantes «visitantes temporales», no inmigrantes. Pero, conforme avanza la globalización de la educación, debería también aumentar la armonización de derechos.

Finalmente, la inmigración interna ha generado también más residentes. En 2012 había más de 250 millones de trabajadores inmigrantes dentro de China. De estos, 160 millones no tenían derechos en las áreas urbanas donde estaban empleados porque carecían del hukou, el documento de registro de familia necesario para obtener el derecho de residencia. Sin un hukou, no tienen derecho al servicio de salud o a otras prestaciones disponibles para los residentes legales, ni pueden enviar a sus hijos a las escuelas locales. Así, muchos dejan a sus hijos detrás, toda una violación del derecho humano a estar con su familia.

Artículo 13: Parar la política clasista de inmigración

Un aspecto poco apreciado de la globalización es la intensificación del sesgo de clase de la política de inmigración, que da prioridad y trato preferencial a la gente con dinero. La inmigración se ha convertido más explícitamente en una parte de la política comercial. La gente es bienvenida o rechazada dependiendo de si parecen ofrecer o no buenas perspectivas comerciales. Esto es regresivo y utilitarista. No tiene justificación ética.

La política clasista se extiende luego al turismo. Los gobiernos han venido intensificando los controles sobre los visitantes que pudieran quedarse más de la cuenta. Entrar en muchos países se ha vuelto algo más difícil y desagradable. Australia exige que los avalistas locales dejen un depósito de hasta 15.000 dólares australianos (9.000 libras) como garantía de que los visitantes familiares de países de «alto riesgo» se marcharán de vuelta. Esto es castigo colectivo. También es parte de una política de inmigración clasista.

El Reino Unido ha aumentado las tarifas para la solicitud de visados, cobrando el doble por los visados para estancias breves de estudiantes y elevando el coste de las solicitudes de permiso de residencia indefinida en nombre de un familiar dependiente (normalmente, un frágil padre anciano) a más de 2.000 libras. Mientras tanto, los posibles inversores y los empresarios pagan menos tasas. El ministro de Inmigración dijo que la estructura de tasas estaba diseñada para «seguir atrayendo a aquellos negocios, inmigrantes y visitantes que más benefician al Reino Unido».

La residencia permitida en muchos países se determina ahora según criterios de clase. Diversos países de la Unión Europea, incluidos España, Portugal, Grecia e Irlanda, conceden visado de residencia a ciudadanos ajenos a la Unión Europea (y así el derecho a vivir y viajar dentro de la Unión Europea) si invierten o compran propiedades por la suma de 500.000 euros o más. Aparte de elevar el coste de las solicitudes, el Reino Unido ha ajustado sus ya restrictivas normas sobre reunificación familiar, que daban cuenta del 18 por ciento de los inmigrantes de fuera de la Unión Europea en 2010. Hasta 2012, alguien que quisiera traerse a la esposa para establecerse en el país tenía que probar ingresos de más de 5.500 libras aparte de los gastos de vivienda. Esto ahora se ha elevado a 18.600 libras, y más si la pareja tiene hijos. El Observatorio de la Inmigración de la Universidad de Oxford estimó que el 47 por ciento de los británicos con empleo no pasaría la prueba para traerse a un miembro de su familia, ni el 58 por ciento de los de edad entre 20 y 30 años o el 61 por ciento de las mujeres. El sesgo de clase es claro. Es probable también que este cambio fuera rechazado en los tribunales por infringir el artículo 8 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, que versa sobre el derecho a tener una vida familiar.

Varios países están facilitando la inmigración de los «emprendedores». El programa chileno Start-Up Chile, introducido en 2010, da a los extranjeros subvenciones start-up de 40.000 dólares, sin recibir acciones a cambio. Esto ha traído consigo una afluencia de empresas a lo que ha dado en llamarse el Chilecon Valley. Canadá lanzó un visado start-up en 2013, disponible para cualquier extanjero con 75.000 dólares canadienses que invertir en un nuevo negocio. Estados Unidos también ofrece visados especiales a los inversores, pero solo para la élite, pues deben garantizar una inversión inicial de un millón de dólares, o la mitad de esa cantidad si la inversión se hace en una zona deprimida. La cuota anual de 10.000 visados rara vez se cumple. Gran Bretaña ofrece visado a gente con ideas comerciales prometedoras que atraigan 50.000 libras de capital riesgo que las respalde. Singapur exige 40.000 dólares. Nueva Zelanda no exige una cantidad concreta, pero concede la residencia permanente tras dos años si el negocio es «beneficioso para Nueva Zelanda».

Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido utilizan sistemas de puntos para dar prioridad a los inmigrantes cualificados, incrementando así la desigualdad de oportunidades. Otros países, tales como EE.UU., tienen visados especiales para trabajadores especializados. China ofrece casa gratis a los repatriados cualificados y dinero efectivo para comprar mobiliario.

El Gobierno de coalición del Reino Unido llegó al poder prometiendo reducir la inmigración en «decenas de miles» al año. Pero como los inmigrantes proceden en su mayoría de otros países de la UE y tienen derecho a entrar libremente, el Gobierno se vio obligado a centrarse en los estudiantes no comunitarios, una fuente importante de financiación universitaria. Intentó limitar su «derecho a trabajar» al graduarse, restringiendo sus derechos económicos. Esto era particularmente injusto para los estudiantes más pobres, que se enfrentaban a costes de estudio de 11.800 libras de media al año. Muchos querían quedarse simplemente para ganar lo suficiente como para saldar sus deudas. Dado el efecto negativo en el número de estudiantes, el Gobierno se apresuró a cambiar de rumbo, no por razones de principio sino por razones comerciales. Tras desistir con los estudiantes, se puso a restringir los derechos económicos y sociales de los inmigrantes que ya estaban en el país.

La política de inmigración interna también puede ser clasista y regresiva. Nuevamente China va a la cabeza, con sus regulaciones clasistas de la inmigración. Cuando se decidieron a conceder permisos hukou selectivamente, algunas ciudades tales como Guangzhou y Shenzhen ahora dan puntos a los solicitantes por invertir y poseer propiedad en la ciudad.

El sesgo clasista de la política de inmigración ofende el principio de derechos y no de caridad, y el principio de diferencia en seguridad. De carácter utilitarista, es racionalizado como parte de la política comercial. Pero ni es ético ni consistente con un sistema global de mercado. ¿Por qué deberían darse a las élites subvenciones y derechos que se niegan a otros?

Empatizar, no demonizar

En 2013, el nuevo papa Francisco visitó la isla italiana de Lampedusa, el lugar de desembarco de decenas de miles de inmigrantes que se arriesgan a cruzar un peligroso mar desde Túnez y Libia. Otros tantos miles, hacinados en endebles embarcaciones, han muerto en el mar. Dos años antes, Silvio Berlusconi, entonces primer ministro italiano, fue a Lampedusa y jugó la carta populista diciendo que expulsaría a los inmigrantes (y construiría una casa de vacaciones en la isla). El papa habló de empatía, por el contrario, y llamó a los inmigrantes «hermanos y hermanas nuestros que intentan escapar de situaciones difíciles y encontrar algo de serenidad y paz», y alabó a la guardia costera por salvar vidas: «Ofrecisteis un ejemplo de solidaridad» (Squires, 2013). [En respuesta, un miembro de la línea dura de la Liga Norte, contraria a la inmigración, dijo: «Me sentiría feliz si se hundiera uno de los barcos».]

Los isleños habían reaccionado ante la penuria de los inmigrantes con generosidad y tolerancia, reservando sus protestas contra las autoridades. Dieron su bienvenida al Papa con una pancarta que decía: «Bienvenido entre los ultimi», una palabra que implica tanto los más lejanos como los más pobres. Los lampedusanos habían mostrado empatía; entendieron el sufrimiento de los inmigrantes.

Acabar con la farsa de las pruebas de ciudadanía

La ciudadanía necesita ritos de paso. Hacerse ciudadano significa conseguir los mismos derechos que los otros. El camino hacia ese estatus debería ser transparente y justo; cualquier prueba o serie de procedimientos debería ser tal que el ciudadano existente medio, normal, debería aprobar con seguridad. En realidad, las pruebas de ciudadanía son cada vez más una discriminatoria carrera de obstáculos. En los EE.UU., una encuesta de la Xavier University sugería que más de un tercio de los americanos suspendería una prueba de naturalización en su país (Kuper, 2012). El equivalente alemán plantea cuestiones constitucionales que pocos alemanes podrían responder, a menos que hubieran estudiado Derecho en la universidad. El Reino Unido exige que la gente lo sepa todo sobre la Carta Magna, y en 2012 consideraba añadir preguntas sobre Robert Browning, un gran poeta ahora poco leído. La prueba francesa pregunta sobre Brigitte Bardot, aunque sus días de gloria hayan pasado hace tiempo. En los Países Bajos, los aspirantes a ciudadanos deben ver una integratiefilm que muestra una boda gay y a mujeres con el pecho desnudo, inspirando al Partido del Pueblo danés, de extrema derecha, para que proponga mujeres en topless en el equivalente danés.

Artículo 14: Tratar a los inmigrantes como iguales en el mercado laboral

Aunque los inmigrantes en algunos países tienen tasas de desempleo por encima de la media, han venido logrando un porcentaje creciente del empleo. Un comentarista del Reino Unido dijo que la única diferencia entre el Partido Conservador y el Laborista era que el primero echaba la culpa a las altas prestaciones de hacer que los británicos no estén dispuestos a aceptar empleos mal pagados, mientras que el Partido Laborista pensaba que los empleos «desagradables, embrutecedores y de corta duración» inducían a las empresas a preferir a los inmigrantes.

En 2012, Ed Miliband, el líder laborista, propuso que debería exigirse a las empresas que emplearan a más del 25 por ciento de inmigrantes que informaran al Jobcentre Plus local, como forma de presionar a las compañías para recortar el número de empleados inmigrantes. Miliband también dijo que debería prohibirse a las agencias de empleo que favorecieran a los extranjeros. Era parte del esfuerzo por dar al Partido Laborista una nueva imagen como partido del nacionalismo, a fin de atraerse al núcleo de la clase obrera y al salariado. El anterior ministro del Interior laborista añadió que debería impedirse a las agencias de contratación que solo suministraran trabajadores de países concretos.

¿Por qué debería ser esto ilegal? Siempre que la contratación respete la legislación contra la discriminación, es asunto de la empresa que demanda trabajadores decidir si acepta a los trabajadores suministrados. ¿Qué principio es respetado al prohibir a las agencias que suministren chefs chinos a los restaurantes chinos? Sin duda que los legisladores harían excepciones. Pero aquí se pone de relieve un problema con la política utilitarista. Se amontonan las decisiones injustas. ¿Penalizaría el Partido Laborista a las agencias que solo suministraran trabajadores británicos? Pronto habría subvenciones por suministrar trabajadores locales, y sanciones por suministrar extranjeros.

Finalmente, la igualdad en los mercados de trabajo exige la revisión de las autorizaciones ocupacionales, que dan a los gobiernos los medios para controlar y reconfigurar la inmigración, puesto que pueden rechazar algunas cualificaciones y reconocer otras. Como se subrayó en el artículo 7, debe cambiar la política de autorizaciones ocupacionales para que los inmigrantes tengan iguales derechos económicos.

Artículo 15: Parar la discriminación en las prestaciones

En la era de la austeridad, los gobiernos han ido socavando los derechos sociales de los inmigrantes, particularmente de los que no pueden votar. Una estrategia progresista debe oponerse a esto y hacer del trato igual una cuestión de principios. Si una prestación o derecho a un servicio se recorta para un grupo, pronto será recortado para otros.

El Gobierno español ha marcado el rumbo en punto a erosionar los derechos sociales de los inmigrantes. Bajo el Real Decreto-ley de Sanidad de 2012, los inmigrantes «ilegales» perdieron el derecho a la sanidad pública, excepto en casos de emergencia, embarazo o nacimiento. Los que sufren enfermedades crónicas, sin una tarjeta sanitaria española, deben pagar precios elevados por las medicinas y los tratamientos. En 2013, el Gobierno británico hizo un movimiento similar y anunció un sistema de registro y seguimiento para que el Servicio Nacional de Salud (NHS) pueda comprobar el estatus de los inmigrantes. Los inmigrantes de fuera de la UE con visados de menos de cinco años tendrán que pagar por adelantado un impuesto de 200 libras para tener el derecho a tratamiento gratuito del NHS, además de tener que pagar visados más caros, mientras que los visitantes en estancias breves de fuera de la UE tendrán que pagar la mayoría de los tratamientos, incluida la atención en urgencias. ¿Qué pasaría si todos los países aplicaran restricciones e impusieran costes más elevados a los inmigrantes? Más que un mundo de movilidad, las barreras de costes podrían convertir a millones de personas en residentes más débiles. Estos cambios son regresivos y penalizan a los inmigrantes de bajos ingresos. Los ricos pagarán una sanidad privada en cualquier caso.

El Partido Laborista británico también ha pedido que se revise el acceso de los inmigrantes a las prestaciones y las normas de «conexión local» para entrar en las listas de espera para una vivienda social, con lo que se reducirían aún más los derechos sociales de los inmigrantes. Con todo, aunque 370.000 nacionales extranjeros están reclamando prestaciones, las reclaman proporcionalmente menos inmigrantes que británicos. Cuando estuvo en el Gobierno, el Nuevo Partido Laborista ofreció a los inmigrantes desempleados billetes de ida a sus países de origen, utilizando una empresa de servicios contra el crimen. España, Japón y Dinamarca ofrecen a los inmigrantes dinero en efectivo para volver a sus países. En 2011, violando acuerdos de la UE, el Partido Liberal holandés anunció planes para deportar a los europeos del Este que hubieran estado desempleados durante más de tres meses y para exigirles haber estado en Holanda durante más de cinco años antes de poder reclamar prestaciones por desempleo. Dichas leyes avivarán con toda seguridad los sentimientos contra los inmigrantes.

Evitar el apartheid social

Un resultado de la política social utilitarista es que se empuja a los que padecen privación hacia los guetos donde se acumulan las desventajas. La política social focalizada y punitiva intensifica este proceso, convirtiendo a los inmigrantes en fáciles chivos expiatorios. Ello ha afectado a países en los que no se esperaba tal cosa. Suecia ha permitido que sus inmigrantes y refugiados se hacinen en guetos urbanos donde se concentra el desempleo. En Rosengård, Malmö, en su día modelo del programa de construcción de vivienda de los socialdemócratas, solo tiene trabajo el 38 por ciento de los residentes. La inseguridad crónica y la penuria produjeron disturbios y la quema de cabañas y coches, una reacción anómica ante la desesperación.

En toda Suecia, solo la mitad de los inmigrantes no europeos tiene empleo, comparado con el 84 por ciento de los nativos; los inmigrantes comprenden casi la mitad del desempleo, un cuarto de todos los presos y la mitad de los que cumplen condena de más de cinco años. En suma, las políticas suecas han creado un apartheid social y están surgiendo tensiones. Los guetos, no los inmigrantes, son los que provocan disfunciones sociales. Francia con sus banlieues y el Reino Unido con sus nuevas políticas asistenciales y de vivienda se están moviendo en la misma dirección.

***

Un contramovimiento progresista para superar la demonización de los inmigrantes y la política clasista de inmigración debe basarse en valores y en el respeto por los principios de justicia. Una de las prioridades debe ser apoyar y construir organizaciones de voz inmigrante. Pionero en esto es la Building and Wood Workers’ International (BWI)[14] de Malasia, que ha desarrollado un pasaporte de derechos de los trabajadores inmigrantes y ha abierto una línea SMS de ayuda para permitir que los inmigrantes soliciten asesoramiento.

Artículo 16: Asegurar el proceso debido para todos

El proceso debido es un derecho humano fundamental, reconocido a lo largo de los milenios. Es necesario para proteger a los ciudadanos del poder arbitrario del Estado o sus representantes y asegurar que puedan ser protegidos y validados otros derechos. El derecho al proceso debido, tal como está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, exige que los ciudadanos tengan acceso a juzgados, tribunales y demás instituciones independientes que resuelven disputas de acuerdo con procedimientos justos, y que se les garanticen remedios efectivos si sus derechos son violados.

«El sujeto que es verdaderamente leal al presidente del tribunal, ni aconsejará ni se someterá a medidas arbitrarias.»

Junius
1812

El acceso a la justicia siempre ha sido una cuestión de clase. Pero una característica de la hegemonía neoliberal ha sido la limitación deliberada del acceso a la justicia y al proceso debido para el precariado, en los procedimientos legales, en el mercado de trabajo y en el sistema asistencial.

A nadie debería exigírsele, ni esperar de él, que se sometiera a decisiones arbitrarias tomadas por burócratas que no rinden cuentas. Es el poder discrecional dado a los funcionarios que tratan con el precariado el que es tan exasperante, tan infantilizador y tan estresante. Es la mayor fuente de pequeñas injusticias del Estado moderno, mayor que cualquier otro aspecto del mismo. Y es una fuente de desigualdad.

Recuérdese el párrafo con el que T. H. Marshall abre su celebrado ensayo sobre Ciudadanía y clase social (1950), refiriéndose a lo que llamó el primer elemento de la ciudadanía:

El elemento civil está compuesto de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, libertad de expresión y de credo, el derecho a poseer propiedad y a concluir contratos válidos, y el derecho a la justicia. El último es de un orden diferente a los demás, porque es el derecho a defender y afirmar todos los derechos propios en condiciones de igualdad con los demás y mediante el debido proceso legal.

El proceso debido significa que nadie debería ver sus derechos suspendidos o confiscados, o arrebatados por otros medios, sin un proceso legal que fuera el mismo para todos. Desgraciadamente, incluso cuando es propuesto como un principio constitucional de igualdad, puede abusarse de facto de este robusto principio: podría decirse que un grupo como el precariado tiene nominalmente los mismos derechos que los demás —y los mismos derechos de defenderlos— pero en la práctica se les niegan porque el proceso es demasiado complejo, demasiado opaco, demasiado costoso o demasiado estigmatizador para que sea factible.

El proceso debido tiene una gloriosa historia. El principio judicial según el cual una persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad se remonta a los tiempos antiguos. La Carta Magna de 1215 afirmaba que todo hombre libre tenía el derecho a ser juzgado por sus pares —sus iguales— y que ni siquiera el soberano estaba por encima de la ley. La afirmación del derecho al proceso debido estaba en el corazón de ese gran documento. El factor unificador por detrás de la insurrección que llevó a la Carta Magna había sido la dificultad de obtener una reparación por los abusos de poder del rey y los abusos de los oficiales reales, esto es, el Gobierno. Ochocientos años después, todavía resuena la cláusula 20 de la Carta Magna:

Por una ofensa trivial, un hombre libre será multado solo en proporción al grado de su ofensa, y lo mismo por una ofensa seria, pero no tan duramente como para privarlo de sus medios de vida… Ninguna de estas multas será impuesta excepto por la evaluación bajo juramento de hombres reputados del vecindario.

Testigos y evaluaciones bajo juramento, ninguna condena sin el proceso debido y nada desproporcionado; todo esto fue reforzado ulteriormente con nuevas cláusulas, con el «nosotros» referido al rey:

38. Ningún alguacil pondrá en lo futuro en juicio a ningún hombre bajo su acusación singular, sin que se aporten testigos fidedignos para probarlas.

39. Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión o desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; y no dispondremos de él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país.

40. A nadie venderemos, a nadie negaremos ni retardaremos el derecho o la justicia.

Léase la cláusula 38 en el sentido de que ningún funcionario o burócrata debería poder declarar a alguien culpable de algo sin testigo o prueba más allá de toda duda razonable. Léase la cláusula 39 en el sentido de que nadie debería ser declarado culpable de algo sin un proceso legal ante iguales y por referencia a leyes específicas. Léase la cláusula 40 en el sentido de que nadie debería padecer retraso en la administración de justicia, en consonancia con el principio honrado desde antaño de que «justicia retrasada es justicia negada». Tristemente, los gobiernos se han saltado todas esas cláusulas en el periodo en el que el precariado se ha convertido en una fuerza global.

Winston Churchill describió la Carta de Libertades —la Carta Magna— como «la carta de todo hombre que se respete a sí mismo en cualquier tiempo y en cualquier país». Sus herederos políticos deberían volver a ella. Sobre el proceso debido, las cosas fueron más lejos en la Declaración de Derechos inglesa de 1688-1689 —y su equivalente escocesa, la Claim of Right Act— que pasó a ser parte de la Constitución informal del Reino Unido, cuando declaró que todas «concesiones y promesas de multas y confiscaciones» eran nulas o inválidas sin condena previa.

Este compromiso de respetar el proceso debido fue luego recogido en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de Derechos, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos y su progenie. Algo fundamental en todos esos grandes documentos constitucionales era el principio de que debe haber un proceso legal antes de que pueda sancionarse a individuos o grupos. Esto debe incluir un procedimiento predeterminado legitimado, por medio del cual una persona acusada debe conocer los cargos primero, tener entonces los recursos necesarios para rebatirlos, y luego que sean personas independientes quienes decidan sobre su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, el respeto por el proceso debido se ha ido erosionando sistemáticamente, con prácticamente impunidad total. Esto no es solo una preocupación de país rico. Un estudio de Martín Whyte (2010) mostró que los granjeros de China estaban muy enfadados por las «injusticias procedimentales» y la falta de cauces legales para obtener reparación.

El incumplimiento del proceso debido puede deberse a medidas que impiden que la gente obtenga derechos, medidas para suspender sus derechos, medidas para debilitar el acceso a dichos derechos, o medidas para negar derechos a aquellos que previamente los tenían. Las políticas y las prácticas institucionales también tienen que respetar el principio de derechos y no de caridad, y el de la prueba del paternalismo, ambos expuestos en el capítulo 4. El primero afirma que una práctica es injusta si refuerza la autoridad no controlada de los funcionarios del Gobierno, o de sus sucedáneos privatizados, debilitando con ello los derechos de los destinatarios. El segundo afirma que aplicar controles a determinados grupos que no se aplican a los más libres de la sociedad también es algo injusto. Cuando las prácticas reales parezcan ir en contra de esos principios, debería haber una norma absoluta en el sentido de que al menos respeten el proceso debido.

En la era neoliberal, la erosión del proceso debido se ha producido por partes, con pequeños cambios que a menudo pasan inadvertidos en el momento, pero que se van acumulando hasta formar un edificio de decisiones y acciones que nadie controla. Muchas de esas acciones también golpean a otros grupos. Pero importan más al precariado, y solo este grupo tendrá la masa crítica de gente afectada como para constituir una fuerza social de cambio.

El proceso debido es relevante para las cinco formas de derechos sin excepción. La falta de ayuda legal niega a la gente el derecho civil a un juicio justo. La conculcación de derechos sociales se ha vuelto tan extensa que la mayoría de las prestaciones han dejado de ser un derecho en absoluto. Las prestaciones pueden ser suspendidas sin un proceso debido y la gente puede ser criminalizada por tratar de evitar las trampas de la precariedad. La extensión de las autorizaciones ocupacionales y la proliferación de las pruebas y criterios asociados pueden impedir que la gente ejerza la ocupación para la que está preparada, negándole un derecho económico. El respeto por el proceso debido en esta esfera es ahora la excepción más que la regla.

Los derechos políticos se van perdiendo o debilitando cada vez más sin el proceso debido. Por ejemplo, hoy se consideran criminales muchos más actos de lo que solía ser el caso, y en algunos países, incluidos el Reino Unido y la India, los prisioneros pierden también el derecho de sufragio. En algunas partes de Estados Unidos pierden el derecho de sufragio para siempre, incluso después de haber cumplido su pena en la cárcel. Esto afecta a los grupos de rentas bajas más que a los miembros del salariado y a los trabajadores estables, y en esa medida inclina el proceso político en una dirección conservadora. De facto también, ser criminalizado por una condena incluso de un delito menor puede tener efectos adversos duraderos; por ejemplo, eliminando toda posibilidad de hacer carrera política u ocupar un cargo público.

El proceso debido en los procedimientos legales

Es un principio fundamental de cualquier sistema de justicia que todos deberían tener una oportunidad igual y buena de defenderse contra cualquier cargo o de obtener reparación por cualquier violación de sus derechos legales. Conseguir representación legal es caro. Así, en los países industrializados el Estado de bienestar ha proporcionado tradicionalmente ayuda legal subvencionada para las personas de rentas bajas. El proyecto neoliberal no ha visto con buenos ojos esta subvención en concreto: va dirigida a los más inseguros.

En realidad, la desigualdad ante la ley se ha intensificado. En el Reino Unido, el Gobierno de coalición ha hecho más exigente la comprobación de medios para recibir ayuda legal en los casos civiles, incluidos los casos que afectan al empleo y a la ley de familia, y con pocas excepciones, la ayuda legal se ha retirado totalmente a la gente con problemas de vivienda, de prestaciones, de deudas y de inmigración.

Bajo las propuestas del Gobierno publicadas en 2013, a quienes se enfrentaran a cargos criminales se les retiraría el derecho a elegir su propio abogado y se recortarían los honorarios de los asistentes legales. los servicios de ayuda legal se sacarían a concurso público. Además, una planificada reducción desproporcionada de las tasas para los acusados que se declaran inocentes y optan por un juicio con jurado crearía un incentivo financiero para que los abogados adjudicados presionaran a sus clientes para declararse culpables aun cuando no lo fueran. Así, se pondría a más gente inocente en riesgo de sufrir una injusticia.

Las razones que daba el ministro de Justicia del Reino Unido, Chris Grayling, revelaban el sesgo utilitarista y la falta de respeto por sus conciudadanos y residentes:

No creo que la mayoría de la gente que se encuentra en nuestro sistema de justicia criminal sea gran experta en cuestiones legales. Sabemos que la gente en nuestras prisiones y que viene a nuestros tribunales a menudo procede de los entornos más difíciles y cuestionados (Bowcott, 2013).

Decía que «ellos» no eran competentes para tomar decisiones por sí mismos, y no podían consultar a alguien de su confianza en busca de consejo legal. El ministro revelaba una falta de compasión y empatía.

Las protestas de la profesión legal forzaron posteriormente al ministro a dar un giro en la cuestión de la libre elección de abogado, pero la oposición política fue silenciada, ya que el anterior Gobierno laborista también era responsable del desmantelamiento del sistema de ayuda legal. Como resultado de las reformas previstas, habrá unos servicios de baja calidad y mal pagados para el precariado, proporcionados por un precariado jurídico de asistentes legales. No es de extrañar que entre los que pretendían licitar por la ayuda legal criminal estuviera una empresa de transporte por carretera, una empresa de seguridad privada, y Tesco, la cadena de supermercados. Las reformas reflejan un nuevo avance en el proceso de mercantilización de los servicios legales, comenzado por el Gobierno laborista con su Ley de Servicios Legales, apodada la «ley Tesco» porque permite que se ofrezcan servicios legales en los supermercados. El menoscabo del proceso debido se acelera junto con la desprofesionalización de una de las grandes profesiones.

El Reino Unido no es el único país que deja al precariado sin el proceso debido. El recorte de la ayuda legal a los grupos desfavorecidos es una tendencia global del Estado utilitarista neoliberal. Como señaló en mayo de 2012 el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, dando rienda suelta a la sensación de alarma:

La ayuda legal es tanto un derecho en sí mismo como una precondición esencial para el ejercicio y disfrute de diversos derechos humanos […]. Los beneficiarios de la ayuda legal incluyen a cualquier persona que entre en contacto con la ley y no tenga los medios para pagarse un abogado […]. Es de la máxima importancia que los sistemas de ayuda legal sean autónomos, independientes, efectivos, sostenibles y fácilmente disponibles a fin de asegurar que sirvan a los intereses de los que necesitan apoyo financiero para tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad con los demás (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013).

El proceso debido en las políticas del mercado de trabajo

Durante el siglo XX, una serie de medidas legislativas incrementaron la seguridad laboral, dando a los empleados los llamados derechos laborales, notablemente la seguridad en el empleo. La agenda neoliberal de la flexibilidad ha hecho retroceder las leyes e instituciones que daban dicha seguridad. Muchas de estas reformas han ampliado el alcance de las decisiones arbitrarias que perjudican a los más vulnerables, privándoles de su derecho al proceso debido.

Por ejemplo, el respeto por los contratos de trabajo significa que un empleado «permanente» no debería ser despedido sin causa justificada y solo después de que se hayan seguido determinados procedimientos acordados. Cualquiera que crea que su contrato de trabajo se ha rescindido de forma injusta debería tener una oportunidad factible, a tiempo y asequible de impugnar la acción. Si una de las partes puede pagarse el dilatado proceso y la otra no puede, o tendría que afrontar un mayor riesgo de costes insostenibles, esto va claramente en contra del principio de diferencia en seguridad.

Sin embargo, el Gobierno británico introdujo en 2013 una legislación que exigía que los empleados que denunciaban un despido improcedente pagaran tasas por llevar su caso a los tribunales, lo cual había sido hasta entonces un servicio gratuito. El pretendido argumento era que disuadiría las denuncias frívolas que malgastan recursos públicos escasos y cuestan a los empresarios tiempo y dinero. Pero no hay duda de que los objetivos principales eran fortalecer la posición negociadora de los empresarios frente a los empleados y reducir el gasto público. Sean cuales fueren las razones, lo cierto es que se debilitó un preciado derecho civil; tanto más, dado el previo aumento de uno a dos años en el tiempo que hay que estar empleado por una empresa antes de poder denunciar en cualquier sentido un despido improcedente.

El proceso debido en las prestaciones públicas

El precariado es el colectivo más expuesto a que se le niegue el proceso debido al intentar obtener y retener el acceso a prestaciones públicas. En muchos países, los gobiernos lo han puesto cada vez más difícil, con sanciones más severas por desviaciones menores de normas arbitrarias. Debido a ello, han convertido el sistema de protección social en un proceso estresante, humillante y estigmatizador. Y no son solo los suplicantes los que se ven afectados. Los que ponen en marcha los procedimientos a menudo son víctimas en su rutina diaria, tratando con el precariado y siendo parte ellos mismos de él.

Muchos gobiernos, incluidos los gobiernos socialdemócratas nominalmente progresistas, han exigido a los desempleados y otros grupos que se comporten de una determinada manera si quieren tener el derecho a las prestaciones públicas. Lawrence Mead, que fue llamado para asesorar al Gobierno de coalición del Reino Unido, ha dicho abiertamente que uno de los motivos ha sido hacer del desempleo una experiencia desagradable que los individuos no desearían prolongar o repetir (Mead, 1986). Se ha ido descartando paso a paso la idea tradicional de las «prestaciones del seguro de desempleo». Se han echado por la borda los elementos de solidaridad y compasión.

En el Reino Unido, el hecho de cambiar el nombre de la prestación de desempleo por el de «asignación para los que buscan empleo» indicaba hasta qué punto un derecho social se estaba convirtiendo en un instrumento de la caridad pública. Con un seguro, uno paga por cubrir un riesgo, y recibe un pago si el riesgo acontece. No tiene que dar noticia semanal o diariamente a una oficina de seguros, o demostrar constantemente que ha hecho esto o aquello sin que tenga ninguna relevancia para el percance en cuestión. Pero cuando los políticos cambian el nombre por el de una asignación, hacen que ya no signifique un derecho sino un objeto de discrecionalidad burocrática. Al hacerlo, se erosiona el respeto por el proceso debido.

Un elemento es la exigencia de que los desempleados no solo deben buscar empleo constantemente (al margen de que haya empleos factibles que ofrecer), sino también probar que lo hacen de forma que satisfaga a los burócratas, aun cuando serían más efectivos otros métodos; por ejemplo, a través de las redes comunitarias. En Australia, el Reino Unido y otros países, los beneficiarios de prestaciones asistenciales deben guardar un diario de dónde han buscado trabajo y deben tener el diario listo para inspección regular. Tienen que pasar las entrevistas solicitadas por los centros de trabajo, en cualquier momento. No acudir puede conllevar la terminación de la prestación.

En el Reino Unido se introdujeron sanciones aún más duras contra los beneficiarios de la prestación por desempleo. Bajo las nuevas normas, no buscar trabajo con la suficiente intensidad acarrea la pérdida de la prestación durante un mes por la primera «falta», durante tres meses por la segunda. Una sanción de mayor nivel para quien rechace un trabajo o supuestamente haya dejado uno sin una buena razón es de tres meses para la primera «falta», de seis meses para la segunda y de tres años a partir de ahí. ¿Quién decide, y con qué criterios? Será una agencia designada por el Gobierno con un mandato, explícito o implícito, de hallar la forma de reducir el número de personas que reciben la prestación.

El Comité Asesor de la Seguridad Social, un órgano oficial responsable de vigilar las reformas asistenciales, mostraba su preocupación por que unas sanciones tan severas pudieran hacer que «los beneficiarios se volvieran hacia la economía sumergida, el crimen o la prostitución» y «no incentivaran el acceso al empleo y perjudicaran casi con toda seguridad a los niños en las familias donde la renta se reduce severamente durante un periodo prolongado» (Social Security Advisory Committee, 2012). Se citó una investigación americana como evidencia de que

La condicionalidad severa puede hacer que determinadas familias terminen desconectándose de la sociedad: ni trabajan ni reciben ayuda pública. Dado que el Gobierno se centra en ayudar a las familias con niños en sus primeros años de vida, los encuestados insistían en que se utilizara con extremo cuidado este nivel de sanción (p. 96).

El comité no ponía en cuestión la legitimidad del castigo, aun cuando señalaba que quienes están en el extremo de los beneficiarios pudieran estar desorganizados o haber perdido confianza o capacidades. Estas sanciones tienden a imponérseles a los más vulnerables, con lo que se intensifica su vulnerabilidad. Y obligar a la gente a aceptar trabajos que ni quieren ni se sienten capacitados para realizar puede dar como resultado una depresión más profunda y una incapacidad ulterior. Respondiendo al informe del comité, un portavoz del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) dijo:

Con el crédito universal, todos los buscadores de empleo firman un compromiso personal de solicitante y reciben ayuda y apoyo individual de tal forma que pueden buscar y aceptar trabajo, tal como se les exige que hagan ahora. Esperamos que la mayoría de solicitantes asuman ese compromiso, y solo serán sancionados aquellos que no se comprometan con nosotros o no acepten las reglas del juego (Boffey, 2012).

Esto supone una nueva violación de los derechos civiles y sociales. Sin duda, dichos compromisos serán onerosos y se impondrán a la gente en un momento desesperado de su vida. Y ya no hay ayuda legal gratuita para impugnar esos compromisos o esas sanciones.

A principios de 2013, recibí un correo electrónico de alguien que estaba desempleado. Reproduzco con su permiso parte de lo que decía:

Soy parte de un mercado laboral académico flexibilizado. Solicité la asignación para buscadores de empleo en enero y he tenido cuatro reuniones para lograr que arrancara la solicitud y mantener la asignación […]. Se me hace patente la completa desmoralización de los que trabajan en la Oficina de Empleo y de los que asisten a ella […]. Mi «asesor» está encadenado a una burocracia que nos deshumaniza a él y a mí. Se sienta frente a mí rellenando campos en un ordenador. No tiene interés o incentivo para verme como una persona […].

La semana pasada me informó de que en tres meses se me pediría que asistiera a un taller de dos días sobre cómo usar Twitter, LinkedIn y Facebook para buscar empleo. Me quedé boquiabierto. ¿Dos días? Hoy le expliqué que estoy considerando reciclarme. Me dijo: «¿no tienes suficientes cualificaciones?». Me pidió mi cuaderno de buscador de empleo en el que debo anotar todos los pasos que doy para buscar trabajo. Había escrito tres. Incluso después de explicar todo lo que estoy haciendo para encontrar empleo y mejorar mi CV, dijo: «Necesitas seis cosas». Entonces concertó mi próxima cita. Es dentro de dos semanas. Estaré de visita con mis dos hijos pequeños en casa de los abuelos. Me dijo que no se me permite viajar mientras esté recibiendo una asignación para buscadores de empleo. Pregunté por qué. Su respuesta fue: «No está permitido».

Este correo electrónico expresa con toda crudeza cómo el sistema que han creado los políticos es un sistema de suplicantes. También muestra hasta qué punto están deshumanizadas ambas partes al ser obligadas a adaptarse a una molesta inseguridad, degradando tanto su humanidad como su condición de ciudadanos.

Si, conforme debiéramos, vemos el desempleo como un contratiempo que no es culpa de los individuos, lo lógico es que quisiéramos hacer la experiencia del desempleo lo menos dolorosa posible, sin estigmatizar ni humillar. Lo lógico es que quisiéramos proporcionar una prestación que permitiera una digna supervivencia, y suministrar servicios que la gente pudiera utilizar o no de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. Debería cambiarse la tendencia que nos aleja de esa perspectiva.

La presión sobre el comportamiento (nudging) socava el proceso debido

El uso del nudging se ha hecho algo esencial para el Estado utilitarista. Amenaza también al proceso debido. Así, en 2012, el DWP británico puso a prueba un modelo que exigía que el desempleado completara un detallado cuestionario diseñado por el equipo de expertos en comportamiento («la unidad Nudge») del Gobierno, que se basaba en otro más largo ideado por el Instituto VIA del Carácter, radicado en Ohio. El cuestionario atrajo la atención pública porque al menos una persona —una de dos madres solteras con bajo nivel de alfabetización— fue amenazada con la pérdida de sus prestaciones como buscadora de empleo a menos que completara la prueba online en menos de tres días. Entre las preguntas que ella y otras personas tenían que contestar había una que pedía responder con puntuación a la afirmación: «Yo no he creado nada bello en el último año».

De inmediato, el VIA dijo que la Unidad Nudge había utilizado una deficiente versión abreviada de su cuestionario, de la que el DWP había dicho a los buscadores de empleo que estaba «científicamente probado que encontraba las fortalezas de la gente», una afirmación dudosa incluso en la mejor de las circunstancias. Pero es irrelevante que el cuestionario fuera «científicamente» pobre. Era la falta de proceso debido lo que era indecoroso.

¿Dónde está la ley que autoriza la retirada de prestaciones a una mujer desempleada si no completa un cuestionario impertinente sobre sus fortalezas y debilidades? ¿Qué razonamiento moral da a los burócratas este poder discrecional sobre la gente que lucha contra la indignidad del desempleo en un entorno hostil? Aquellos en circunstancias personales difíciles, avergonzados por el fracaso, desesperados por obtener los ingresos que les permitan sobrevivir, no deberían estar expuestos a más humillaciones por un trato semejante. Esas prácticas surgen de una perspectiva utilitarista y moralista.

El servicio comunitario como castigo social

Un aspecto diferente de las prestaciones sociales concierne al trato a las personas condenadas por pequeños delitos. Siguiendo el ejemplo de Alemania, en 1973 Gran Bretaña introdujo las órdenes de servicio a la comunidad como alternativa a las penas de prisión, al principio como una prueba piloto. Desde entonces, la práctica se ha adoptado en casi toda Europa, Australasia, EE.UU. y partes de Asia. El servicio a la comunidad se concibió como un castigo leve para el condenado por un delito menor, con el objetivo de rehabilitarlo. Se hicieron estudios que demostraban que, en comparación con las condenas a prisión, reducía la probabilidad de reincidencia.

Al principio, las órdenes de servicio a la comunidad eran determinadas por los tribunales. Requerían que la persona estuviera acusada de un delito, juzgada ante autoridades correctamente constituidas, y condenada por un tribunal con poderes legítimos para tomar esa decisión. Cuando un burócrata local o una compañía comercial toman esa decisión en estos días, no se respeta ninguna de esas condiciones. Como lamentaba el primer asistente de la condicional que ejecutaba una orden de servicio a la comunidad en el Reino Unido, el sesgo utilitarista de los modernos legisladores ha convertido el servicio a la comunidad en un castigo de la comunidad, en un reembolso a la comunidad y en una nueva zona de trabajo impagado, que alimenta un resentimiento a flor de piel entre los castigados (Harding, 2013).

El estigma asociado a la política moralista recuerda los excesos del siglo XIX. «Los infractores de hoy llevan tabardos fluorescentes sobre sus ropas para indicar que son infractores, fácilmente reconocibles por los miembros del público», decía John Harding, ese pionero entristecido del servicio a la comunidad. Y el «servicio» se ha privatizado, siendo subcontratado por una empresa con ánimo de lucro (Serco), a la que se le ha dado el poder discrecional de dirigir de la forma que ella decida a los condenados, sin estar sujeta a ningún proceso legal.

En 2013, el Gobierno del Reino Unido privatizó en concurso público la mitad de sus servicios de libertad condicional. También se introdujo una medida para asegurar que todas las órdenes de servicio a la comunidad tuvieran un elemento punitivo. Al dar poderes discrecionales a empresas privadas con ánimo de lucro en la administración de justicia, el Estado priva a los ciudadanos de sus derechos civiles.

El proceso debido en las protestas sociales

El derecho a protestar es otra área donde se está burlando el proceso debido, a fin de permitir al Estado que penalice al precariado. Tras los disturbios de agosto de 2011, el primer ministro británico justificó la preparación de un plan para intervenir más en la vida familiar, diciendo que «tenemos que ser menos sensibles a la acusación de que esto es interferir o hacer de niñeras». A continuación recomendaba desalojar a la gente de la vivienda social, mientras el secretario de Estado de Trabajo y Pensiones defendía el recorte de las prestaciones a los que participaran en una actividad antisocial.

El lugar adecuado para decidir sobre castigos son los tribunales, en la medida en que estén constituidos de tal forma que sean imparciales. Este no fue evidentemente el caso tras los disturbios. Las sentencias eran absurdamente desproporcionadas con relación a la gravedad de los delitos supuestamente cometidos —por ejemplo, seis meses de cárcel por robar una botella de agua de 3 libras y media— y la justicia sumaria era administrada por tribunales apresuradamente reunidos que recordaban el vergonzoso trato dado a los manifestantes en los siglos XVIII y XIX.

No es solo en Gran Bretaña donde están creciendo estas tendencias, por ahora sin apenas oposición. En España, el Gobierno ha tomado medidas para hacer a los sindicatos responsables del daño que puedan causar las protestas públicas, como si los sindicatos fueran una policía social. No se aplica ningún proceso legal para determinar la culpabilidad en dichas circunstancias. Y un informe de la Red Internacional de Organizaciones sobre Libertades Civiles (2013) documenta cómo las democracias en todo el mundo se están moviendo en la dirección de suprimir por la fuerza incluso las protestas pacíficas y/o criminalizar el disenso, con ejemplos tomados de Reino Unido, EE.UU., Canadá, Israel, Egipto, Argentina, Sudáfrica, Kenia y Hungría.

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El abuso generalizado y creciente en la negación del proceso debido es uno de los desafíos más importantes para el precariado. Una forma de hacer que se respete más el proceso debido sería imponer penas equivalentes a las agencias privadas con ánimo de lucro o a los funcionarios públicos que sacan beneficio de los suplicantes, si se prueba que lo hicieron de forma impropia. Deberían ser penalizados en la misma medida en que ellos penalizan a los suplicantes.

¿Recurrir a los tribunales ayudaría al precariado a conseguir el proceso debido? La mayoría de los análisis sugiere que los tribunales de justicia favorecen a los ricos. Pero hay tres tipos de caso judicial, todos los cuales son necesarios para fortalecer el derecho igualitario al proceso debido (Brinks y Gauri, 2012). Los casos de «regulación» fuerzan a los gobiernos a cambiar las normas para mejorar el acceso a un derecho básico. Este tipo de casos ofrecen gran esperanza al precariado, simplemente porque los beneficios son universales. Los casos de «obligación» cambian el comportamiento de aquellos que están obligados a proporcionar un servicio basado en derechos. Un ejemplo es el de un juez que enuncia los derechos a la información que tienen los pacientes en el tratamiento médico. Los casos de «provisión» demandan algún nuevo bien o servicio para que los suplicantes puedan realizar un derecho. El valor de los casos de provisión depende del alcance que tenga la sentencia.

Al final, el respeto por el proceso debido es vital si queremos impedir la erosión de facto que han sufrido todas las formas de derechos y frenar la tendencia a convertir en residentes a muchas personas sin que se den cuenta de ello. Utilizar medios legales para defender el proceso debido es solo una forma de revertir la tendencia. Lo más importante es demandar la acción política.

Artículo 17: Eliminar las trampas de la pobreza y las trampas de la precariedad

Deberían eliminarse las trampas de la pobreza y las trampas de la precariedad, ausentes las cuales debería permitirse a la gente adaptar su comportamiento de forma natural sin pena ni sanción. Los penalizados con trampas de la pobreza vinculadas al funcionamiento del sistema de asistencia social deberían ser compensados.

Los gobiernos han creado desincentivos al trabajo para los que están en el precariado, y a continuación los tildan de vagos y «gorrones». Redujeron los tipos impositivos medios y marginales para los grupos de rentas medias y altas, diciendo que esos grupos necesitaban incentivos para trabajar, ahorrar, invertir y para «quedarse en el país». Mientras tanto, las prestaciones sociales se convertían predominantemente en un sistema de comprobación de medios. Esto llevó inevitablemente a una plétora de pruebas de comportamiento (así como pruebas de comprobación de medios) para determinar la elegibilidad porque, en el proceso, el precariado se enfrentaba a tipos impositivos marginales del 80 por ciento, 90 por ciento o incluso más, eliminando el incentivo al trabajo considerado tan importante para otros.

Estando en la oposición, Ian Duncan Smith, que se convirtió en ministro británico encargado de la reforma del sistema asistencial después de 2010, realizó un informe que concluía que era «racional» que la gente no cogiera trabajos en estas circunstancias. Una vez en el Gobierno, no tardó en condenarlos e introdujo sanciones por no aceptarlos. La gente está siendo castigada por ser racional.

El Reino Unido no es el único en pasarse a esta nuevo planteamiento. Lo que está ocurriendo puede verse como una combinación de trampas de la pobreza y trampas de la precariedad. El precariado sufre de ambas en un grado extraordinario. Deberían abolirse, junto con el abuso que padece la gente atrapada en ellas simplemente por intentar funcionar en situaciones disfuncionales.

Trampas de la pobreza

En el cénit de la era del Estado de bienestar, antes de que la globalización tomara vuelo, el pilar de todos los sistemas europeos de seguridad social era la seguridad social o nacional, las llamadas variantes de Bismarck y Beveridge. Todo trabajador con empleo supuestamente contribuía, o se pagaban contribuciones por él, a un fondo del que se pagaban las prestaciones a quienes experimentaban lo que Beveridge llamó en la década de 1940 la «interrupción o pérdida de poder adquisitivo».

En estos sistemas, los que tenían un bajo riesgo de sufrir resultados adversos (desempleo, enfermedad, accidentes, etc.) subvencionaban a los que se enfrentaban a altos riesgos. Esa era la esencia del principio contributivo, y la razón por la que esos sistemas eran llamados solidarios. Aunque nunca muy progresivos en punto a reducir la desigualdad, funcionaban razonablemente bien siempre que contribuyera una mayoría de gente, o se estuvieran beneficiando de las contribuciones pagadas por o para el miembro que sostenía a la familia. Para su legitimidad, necesitaban un amplio consenso social en el que la mayoría sintiera que podía necesitar ayuda del sistema en algún momento.

Una vez que se hicieron más flexibles los mercados de trabajo, cada vez menos personas conseguían el derecho a prestaciones completas debido a los vacíos en su registro contributivo. Y en cuanto los del salariado se percataron de que tenían menos probabilidad de necesitar ayuda, y de que sus ingresos les permitían la opción de salirse del sistema, los mecanismos de la seguridad social empezaron a tener problemas.

Así empezó el camino hacia la comprobación de medios, para evitar la cual, por estigmatizadora e ineficiente, se había creado el sistema de seguridad nacional. Las comprobaciones de medios se basan en la sencilla idea de que las prestaciones deberían focalizarse en los que sufren necesidad financiera, «los pobres». Aunque eso suena razonable a los oídos de la persona común, la focalización produce situaciones incómodas. Aparte de la dificultad de medir la pobreza e identificar a los pobres, ¿cómo se enfrenta el sistema a una persona que «elige» ser pobre? Y la comprobación de medios crea una trampa de la pobreza. Supongamos que una persona desempleada recibe 100 libras a la semana en concepto de prestaciones por desempleo y vivienda. Acepta entonces un trabajo a tiempo parcial mal pagado de 100 libras a la semana. Si como consecuencia pierde sus prestaciones, la ganancia neta es cero. Estaría trabajando a cambio de nada.

Los gobiernos han intentado responder poniendo límite a las prestaciones e introduciendo las llamadas prestaciones «vinculada al trabajo». Pero no han logrado superar la trampa de la pobreza. En 2010 en el Reino Unido, mucha gente se enfrentaba a tipos de retención de ingresos de más del 80 por ciento; y el Gobierno decía que su proyecto de «crédito universal» (prestaciones agrupadas) reduciría el tipo medio de retención al 65 por ciento. En Alemania, el tipo medio de retención de ingresos para la gente que pasaba de prestaciones a empleos era de más del 80 por ciento, al igual que en Dinamarca y en varios otros países (Gautie y Schmitt, 2010). En los EE.UU. algunas familias de renta baja pueden sufrir un tipo impositivo marginal del 95 por ciento (Kearney et al., 2013).

Una de las razones por las que la trampa de la pobreza se ha extendido tanto es que los salarios del precariado han estado cayendo, y lo han hecho a un ritmo mayor desde 2008. Si los salarios caen, y las prestaciones se mantienen igual, la trampa de la pobreza se hace más profunda y el incentivo para aceptar trabajos de bajo salario es todavía más débil.

Muchas personas también se encuentran en una trampa «de paga neutra» en la que el ingreso del trabajo no cubre los costes de llevarlo a cabo, puesto que no solo pierden prestaciones sino que además deben pagar por el cuidado de los hijos, el transporte, la equipación adecuada, etc. De los 40.000 padres que solicitaron ayuda en 2011 de la CCCS (Consumer Credit Counselling Service, ahora renombrada StepChange Debt Charity), una ONG británica que asesora a los deudores, los que ganaban menos de 10.000 libras sufrían un déficit presupuestario mensual de 54 libras. A los que ganaban entre 10.000 y 20.000 libras no les quedaban más que 16 libras después de pagar los gastos corrientes de la vida. Muchos de los que caen en la trampa de la paga neutra, sobre todo las mujeres, no obstante siguieron en sus trabajos con la esperanza de que les condujeran finalmente a algo mejor, al tiempo que temían que dejarlos sería demasiado arriesgado.

La reconstrucción del mercado de trabajo y los sistemas de prestaciones han conculcado derechos económicos a millones de mujeres, en el sentido de que no compensa aceptar los trabajos disponibles y no compensa dejarlos. Una madre soltera con dos niños dijo a The Observer que como contable a tiempo parcial su renta mensual neta era de 920 libras, mientras el gasto en guardería era de 1.400 libras, de las cuales podía reclamar el 70 por ciento de la primera hija y el 80 por ciento de la segunda en créditos fiscales. Dijo estoicamente:

Estaría mejor si solicitara prestaciones, ya que tendría pagados los gastos de vivienda. Pero no haré eso. Aun cuando apenas gano nada, mi trabajo da a nuestras vidas una estructura, y mis hijas se benefician de la interacción social en la guardería. Vamos tirando, pero si la nevera se estropea no tengo dinero para comprar una nueva (O’Connell, 2012).

En ausencia de incentivos monetarios para aceptar empleos de bajo salario, los gobiernos están forzando a la gente a que los acepte. Y han racionalizado los ulteriores recortes en las prestaciones y las condiciones más restrictivas para tener derecho a ellas, diciendo que «hacen que trabajar compense». Arguyen que quienes reciben prestaciones no deberían recibir más que quienes tienen empleo. Esto abre la puerta a un círculo vicioso de reducción de ingresos y prestaciones.

Las trampas de la pobreza crean riesgos morales e inmorales. En ambos casos, deberíamos preguntarnos si es justo culpar a las personas que intentan escapar de una trampa que ellas no han generado. Los riesgos morales surgen allí donde las estructuras de incentivos y las barreras institucionales desmotivan a la gente para hacer lo que de otro modo les interesaría hacer. Si no hay incentivo financiero para aceptar trabajos de bajo salario, no es cuestión de culpar a la gente por no buscarlos o aceptarlos. Para muchos, el riesgo moral se traduce en pérdida de celo y energía a la hora de buscar trabajo, pues el coste de buscarlo en términos de dinero, tiempo y autoestima rápidamente superará la probable ganancia de ingresos, especialmente allí donde el desempleo es alto y los puestos vacantes son pocos y distantes entre sí.

Hay otro riesgo moral que surge de una variante de la trampa de la pobreza, una trampa de los ahorros. La gente se encuentra con que, tras años de prudente ahorro, pierde su empleo o ve reducidos sus ingresos. Las normas de comprobación de medios les niegan el derecho a diversas prestaciones solo porque sus ahorros los sitúan por encima del umbral de pobreza burocráticamente establecido. Tienen que ver cómo sus ahorros se van esfumando hasta ser mínimos o marchitarse, antes de poder recibir prestaciones. ¿Para qué ahorrar si hay un alto riesgo de estar en esa situación?

Un buen ejemplo de riesgo moral lo ofrece el caso de una mujer británica que perdió su empleo como científico forense. Sus ahorros eran inicialmente demasiado altos para tener derecho a prestación. Dijo a The Guardian: «No pude solicitarla hasta haber bajado al mínimo de 5.000 libras. Entonces, me llevó seis meses conseguir algún dinero, momento en el que mis ahorros habían quedado en unas pocas libras» (Robinson-Tillet y Menon, 2013). Solo encontraba trabajos a tiempo parcial cobrando muy poco, y añadía: «No hay posibilidad de trabajar a tiempo completo e, incluso si pudiera, perdería mi subsidio de vivienda. Con tan bajo salario no podría ni pagar el alquiler». Pidió ayuda a su sindicato, Prospect, que le proporcionó algo de formación y le dio cuatro días de trabajo pagado como aprendiz. El resultado fue que perdió su subsidio de buscadora de empleo (prestación por desempleo) ¡porque estaba empleada!

Considérese ahora lo que deberían llamarse riesgos inmorales. Alguien que se enfrenta a una retención de ingresos del 80 por ciento probablemente desearía dejar sin declarar parte de su ingreso extra. Inevitablemente, muchos entran en la economía sumergida, ocultando actividades generadoras de ingresos. La plutocracia hace trampa, así que ¿por qué no yo? La economía moral de la sociedad se degrada. Si la ley es un asco, ¿por qué respetarla? A los gobiernos solo les queda intentar que, por el contrario, la gente tema a la ley.

El correspondiente riesgo inmoral con respecto a la trampa de los ahorros es ocultar los ahorros o disiparlos de maneras que uno no desearía en otras circunstancias. Mucha gente tendrá la tentación de ocultar los ahorros con la intención de preservar cierta seguridad. Sin embargo, corren el riesgo de ser criminalizados. Para prevenir que la gente tome ese curso racional de acción, los gobiernos han establecido normas más estrictas y han utilizado recursos públicos para perseguir a los que «hacen trampa con las prestaciones». Las posturas moralistas reemplazan a la política equitativa y racional.

Las trampas de la precariedad

La situación es aún peor de lo que podría sugerir el análisis de las trampas de la pobreza. El mercado de trabajo flexible y el sistema de asistencia social se combinan para producir una serie de trampas de la precariedad. Quizá la trampa de la precariedad más común sea la siguiente: una persona pierde un empleo informal de bajo salario y tiene que solicitar prestaciones. Puede que transcurran semanas o incluso meses antes de que se le reconozca el derecho a las prestaciones, tiempo durante el cual debe hacer cola, rellenar complicados formularios, responder a preguntas indiscretas sobre su vida y finanzas domésticas, y volver de nuevo porque no ha traído los documentos apropiados la primera vez o rellenado los formularios correctamente. Para cuando empieza a recibir la prestación, quizá haya tenido que tirar de ahorros, o haber agotado la ayuda de los amigos o familiares, o haber perdido su piso o contraído una deuda con un elevado tipo de interés.

Entonces un funcionario en la Oficina de Empleo, o un equivalente privatizado, le dice que hay una oportunidad de empleo al otro lado de la ciudad. Es un trabajo de corta duración, en el que cobrará el salario mínimo, sin beneficios sociales. Esa persona se enfrenta a una trampa de la pobreza, ya que solo ganará alrededor del 20 por ciento más que con su escasa y bien ganada prestación por desempleo. Y hay gastos de transporte que tomar en consideración, y los gastos extra por «trabajar», como mejores ropas, un nuevo par de zapatos, etc. También hay una alta probabilidad de que pierda el empleo en pocas semanas. Entonces se enfrentaría a la perspectiva de tener que empezar todo el proceso de solicitud de nuevo. Esta vez tendría que probar que no perdió el empleo por su propia culpa o lo dejó «voluntariamente», lo que supondría que quedaría descalificada por completo para la percepción de subsidios. No conoce todas las normas. Tiene miedo. Sería irracional que una mujer aceptara ese empleo de bajo salario. Se arriesgaría a empobrecerse. Sin embargo, si declina, será tildada de ociosa gorrona.

Otra trampa de la pobreza surge de un fenómeno moderno ligado al modo en que los mercados de trabajo flexible funcionan en la práctica. La gente desempleada con habilidades y cualificaciones está siendo presionada para que acepte empleos de bajo nivel, aun cuando hay una poderosa evidencia estadística y anecdótica que muestra que esto puede reducir la probabilidad de obtener posteriormente un empleo que requiera esas cualificaciones y su puesta en práctica. Aceptar un empleo de bajo nivel y corta duración puede reducir significativamente los ingresos esperados a lo largo de la vida.

Los trabajos temporales casi nunca son puntos de inflexión hacia trabajos «permanentes». Se trata de una tendencia global. En Australia, por ejemplo, hay estudios que demuestran que los empleos eventuales no conducen por lo general a empleos permanentes (Burgess y Campbell, 1998; Mitchell y Welters, 2008). Los empleos eventuales encierran a los trabajadores en un ciclo de empleos eventuales. Un estudio más reciente descubrió que, mientras los hombres salían algo mejor parados aceptando empleos eventuales en lugar de seguir desempleados, a las mujeres les salía a cuenta seguir desempleadas si querían aumentar la probabilidad de conseguir un empleo estable más tarde (Buddelmeyer y Wooden, 2011).

Nuevos estudios en otros países también han mostrado que solo una minoría de trabajos eventuales se convierte en empleos regulares más tarde (Gauttie y Schmitt, 2010). Y la educación solo tiene un valor limitado en punto a ayudar a que la gente escape de los empleos eventuales, lo que sugiere que el consejo convencional de profundizar en formación está equivocado toda vez que se ha entrado en el precariado, un descubrimiento este reproducido también en Japón (Inui, Higuchi y Hiratsuka, 2013). Además, aceptar un empleo eventual en los años de edad productiva convierte la edad en una carga mayor, a medida que declina la probabilidad de transición, lo que atrapa a la gente en trabajos eventuales. En Italia, hay numerosos informes que testifican el potencial coste a largo plazo de aceptar el trabajo incorrecto por su conveniencia a corto plazo (por ejemplo, Fumagalli y Morini, 2012; Fumagalli, 2013).

Considérense estas dos cartas enviadas a la sección de «Dinero» de The Guardian (20 de abril de 2013):

Carta 1: Parte [del coste humano de la recesión] es que las prestaciones son muy bajas y las complicaciones y la humillación de obtenerlas muy altas. Es más fácil renunciar y arreglárselas como uno pueda con los pedazos de trabajo de bajo salario. Recientemente me apunté al paro. Tenía 20 años de trabajo a mis espaldas y ninguna prestación solicitada. Inmediatamente, fui tratado como un parásito y acosado por jóvenes «asesores» que no sabían nada de mi línea de trabajo o de la mejor manera de conseguir un empleo en mi campo.

Para los que tienen una sólida historia laboral debería haber un breve periodo —antes de que la Oficina de Empleo Plus empiece con sus tácticas de mano dura— que les permitiera intentar conseguir un empleo en su campo. De lo contrario, sus habilidades podrían perderse para siempre para la economía.

Carta 2: Despedido en diciembre después de 25 años en el sector público, me registré en el paro por primera vez en mi vida para recibir 71 libras a la semana de JSA [subsidio de buscador de empleo][15]. No recibí ni ayuda ni consejo útil alguno para encontrar trabajo, solo interrogatorios quincenales sobre mis actividades de buscador de empleo y amenazas de cómo mi paga sería interrumpida si no aceptaba lo que ellos consideraban apropiado. Tras 10 semanas, tuve suerte de conseguir un empleo de 20 horas por semana como recepcionista en una clínica veterinaria por 7 libras la hora. Como no tengo hijos, no recibí la ayuda estatal adicional: mis gastos, incluidos la hipoteca y los servicios, son casi de 1.000 libras al mes. Afortunadamente, tengo algún dinero ahorrado pero me pregunto qué ocurrirá cuando se me acabe. Cuanto más tiempo lleve fuera de mi campo de especialización, más difícil será volver a él, y mis cualificaciones y experiencia se desperdiciarán.

Otra trampa de la pobreza está ligada a la fluctuación de ingresos típica del precariado. Una mujer había pedido un préstamo hipotecario adicional de 15.000 libras sobre su casa en 2006, cuando tenía un empleo relativamente bien pagado, con lo que su deuda había crecido hasta 24.000 libras para principios de 2013. Ella dijo:

Mi hipoteca es de 252 libras al mes y pago 223 libras por el préstamo. En el mejor de los casos, solo gano 775 libras al mes, y como mis horas de trabajo fluctúan, no puedo reclamar créditos fiscales cuando caen por debajo de las 30 horas semanales.

Había vendido el coche, recortado el gasto en comida y no alcanzaba para comprar un ordenador. Como el régimen de crédito fiscal se estaba haciendo más mezquino, su apretada situación estaba abocada a empeorar.

Se está formando una nueva trampa de la precariedad. En el Reino Unido, la Child Support Agency (CSA)[16] ha sido liquidada y sustituida por el Child Maintenance Service[17]. La CSA cogía el dinero directamente de la cuenta del padre ausente si el padre no pasaba la pensión. Había 1,2 millones de padres o madres que recibían dinero a través de la CSA. Pero desde 2014 deben pagar 20 libras por solicitar el dinero si no es pagado por el padre ausente. Cada parte tendrá que pagar si hay disputa sobre el pago o las cargas de la manutención, un servicio que antes era gratuito. En muchos casos, un padre podrá evitar el pago trabajando en la economía sumergida y declarando que no tiene dinero. Esto es lo que produce el mercado de trabajo flexible. Así, en aras de ahorrar dinero público e imponer un impuesto a los solicitantes (20 libras), y poniendo difícil que lleguen los pagos, se ha creado una nueva forma de endeudamiento.

Otro tipo de trampa de la precariedad afecta a los exreclusos. En el Reino Unido, alguien que sale de prisión puede recibir 46 libras para gastos hasta que pueda solicitar prestaciones públicas o empezar a ganarse la vida. Pero debe solicitar trabajo en la Oficina de Empleo. Muchos no tienen número de la seguridad nacional (seguridad social), o lo han perdido, lo que acarrea un largo proceso de papeleo. Un exconvicto, porque no tenía número de la Seguridad Nacional, añadía amargamente: «Y sin eso, no hay cuenta bancaria, ni lugar en la miríada de bases de datos de los que se compone una existencia moderna, yo no existo, excepto en un ordenador nacional de la policía» (Gunn, 2012). Este es un caso de doble riesgo en el que uno es castigado dos veces por el mismo delito. ¿Una oportunidad para la reincidencia?

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La existencia de trampas de la pobreza y la precariedad ha sido utilizada por los políticos como excusa para la coerción. La coerción es la única forma de superar los desincentivos para aceptar trabajos eventuales de bajo salario. Las trampas de la pobreza no desaparecerán en la medida en que persistan los bajos salarios y la comprobación de medios. La tan promocionada reforma del Estado del bienestar del Reino Unido no eliminará las trampas de la pobreza. El crédito universal, combinado con el aumento de la cantidad que puede ganar una persona sin pagar impuestos, significará que, por cada libra de ingreso extra, las prestaciones se recortarán en 65 peniques. El incremento de 1.000 libras en la desgravación fiscal personal en 2013 dará 200 libras al año a cada contribuyente de tipo básico, excepto a los que perciben un crédito universal, que ganarán solo 70 libras.

Las trampas de la pobreza y la precariedad deben ser eliminadas. Hasta que lo sean, nadie debería ser penalizado por actuar racionalmente en las circunstancias que afronta. Si, digamos, el 30 por ciento es el tipo normal de impuesto sobre la renta, nadie debería ser penalizado por rechazar un trabajo que implique un tipo impositivo efectivo por encima de eso. El mismo principio debería aplicarse a todas las formas de trampa de la precariedad, y tiene que revisarse el proceso de solicitud de prestaciones. Adicionalmente, se deberían imponer multas a las agencias por los retrasos indebidos a la hora de procesar las solicitudes. Con ese dinero debería compensarse a los solicitantes.

Artículo 18: Prender fuego a las pruebas de evaluación para optar a prestaciones

Los gobiernos deberían restringir el uso de pruebas de evaluación al mínimo necesario y deberían someter cualquier prueba a una evaluación independiente para calibrar su objetividad antes de ser aplicadas y utilizadas para determinar el derecho a prestaciones o servicios. A más largo plazo, deberían ir siendo eliminadas conforme retrocede la condicionalidad.

La comprobación de medios, la condicionalidad y las prestaciones selectivas requieren pruebas de evaluación personalizadas, que son invariablemente indiscretas e inquisitivas. Pero se desvían de su propósito explícito y se convierten en instrumentos de control, dirección y castigo. El Estado conductista y de vigilancia cada vez utiliza más pruebas elaboradas para supervisar, cribar y controlar a la gente, obligándola a adaptarse a reglas implícitas en las pruebas que se le exige hacer y pasar.

El que más tiene que perder de la extensión sin freno de este modo de regulación es el precariado. Esa plétora de pruebas debe acabar. Suponen una vulneración de la libertad y son un dispositivo divisivo regresivo, con objetivos que incluyen la humillación y la habituación a ser deferente con la autoridad. Muchas de estas pruebas vulneran los principios de justicia planteados más arriba, hacen más insegura a la gente que se somete a ellas, aplican controles paternalistas a la gente menos libre de la sociedad y conculcan derechos, al tiempo que confieren a los burócratas más poder discrecional.

Parte de la presión la soportan los que tienen que poner las pruebas, quienes a menudo son parte ellos mismos del precariado y, en su inseguridad, prefieren equivocarse en favor de lo que quiere el Gobierno más que en favor de aquellos a quienes supuestamente sirven. Algunos resisten y actúan como burócratas «callejeros», que en silencio intentan usar su discrecionalidad a favor de los solicitantes (Grant, 2013). Pero sus supervisores utilizan cada vez más técnicas de panóptico para impedir que eso ocurra, marcando objetivos acompañados de amenazas, que apuntan a sus contratos laborales.

La justificación oficial para evaluar a los solicitantes de prestaciones públicas es que los «contribuyentes» deben ser protegidos del «fraude» y que los «parásitos» deben volverse «independientes». No obstante, las estadísticas oficiales muestran que el fraude es mínimo. Una razón más preocupante de la existencia de pruebas es que hacen que sea más desagradable solicitar prestaciones y seguir recibiéndolas.

Pruebas para los buscadores de empleo

Consideremos las pruebas para recibir la asignación del buscador de empleo (prestación por desempleo) en el Reino Unido, recordando que los solicitantes en su mayoría ya estarán humillados, estresados, financieramente preocupados y avergonzados. Estar desempleado y pedir ayuda no es un estatus que se elija. Como parte del proceso, puede exigírsele al solicitante que suministre y pruebe la exactitud de todo tipo de información privada, incluyendo los certificados académicos, formación vocacional, historia laboral, aspiraciones de futuros empleos, descripción de habilidades que pudieran ser relevantes para un empleo, capacidades relativas al trabajo, cuidado de niños y otros cuidados a cargo, trabajo remunerado y no remunerado que se realiza en el momento. Si la información solo se utilizara para asistir al solicitante para la obtención de un empleo, esas preguntas indiscretas serían comprensibles. Pero ese no es su principal propósito; su principal propósito es encontrar una razón para no conceder la prestación o para identificar un nuevo trabajo que el solicitante debe hacer para recibirla. Ha habido delatores que revelaron que al personal de la Oficina de Empleo se le fijaban objetivos para imponer sanciones, mientras el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) reconocía que se estaban tomando medidas contra las oficinas de empleo que no sancionaran a suficientes personas.

El procedimiento corriente empieza con un conjunto de preguntas online, que exige el acceso a Internet. Ya no se aceptan llamadas telefónicas. Tras la prueba online, los solicitantes de la asignación del buscador de empleo (JSA) deben fijar una primera cita con la Oficina de Empleo Plus, que se supone evalúa la validez de la solicitud. Se fija otra cita para establecer lo que hacía el solicitante antes de presentar la solicitud y para preguntar cómo se le puede «ayudar» a él o a ella a conseguir un trabajo.

En esta fase, a los solicitantes en su mayoría se les pide que redacten un «acuerdo» de buscador de empleo, un contrato que el suplicante está obligado a firmar con el Estado. En derecho, los contratos firmados bajo coacción pueden ser considerados nulos e inválidos. Pero para la mayoría de los solicitantes el coste de no firmar —retirada de prestaciones— es demasiado grande. Aunque algunas de hecho se retiran, no podemos presumir que ello se deba a que las demandas fueran «fraudulentas». Muchos de nosotros rehusaríamos firmar un contrato que nos obliga a hacer un montón de actividades indeseadas que serían potencialmente interminables e insatisfactorias. Pero aquí no para el proceso. El solicitante debe tener citas regulares con un «asesor personal» en la Oficina de Empleo Plus o en las oficinas del Programa de Trabajo, dependiendo de las evaluaciones previas. Y el asesor puede obligar al solicitante a acudir a otras citas y a hacer determinadas actividades, según considere.

Los desempleados en el Reino Unido solían tener derechos sociales; ahora son meros residentes. No es que las pruebas sirvan a algún propósito útil. El Programa de Trabajo, que se basa en esas evaluaciones, tiene un pésimo historial. Lanzado en junio de 2011 y con un coste estimado de tres a cinco mil millones de libras, sus tempranos resultados mostraron que los proveedores privados no tenían más éxito encontrando trabajos para los desempleados de larga duración de lo que tendrían si el programa no existiera. Es un despilfarro del «dinero de los contribuyentes».

Las pruebas de necesidades de las familias

Debido a que las prestaciones basadas en comprobaciones de medios en el Reino Unido toman en cuenta la renta familiar, debe comprobarse el estatus de las personas. Así, el Estado exige que los suplicantes demuestren que no están en pareja. Deben mostrar que tienen su propia cuenta bancaria y que la sospechosa «otra persona» también tiene una cuenta bancaria independiente. Lo mismo ocurre con las facturas de los servicios, el pago del impuesto municipal y los contratos de arrendamiento. Si dos personas viven bajo el mismo techo, ¿comparten habitación? ¿Comparten despensa, arreglos de cocina y salidas a comprar? Cuando salen socialmente, ¿se presentan como solteros o como pareja?

No hay criterios fijos. Los burócratas, a los que se encarga que intenten reducir costes asistenciales probando que existe convivencia en pareja, crean todo un cuerpo de evidencia empírica. Pero mucha gente comparte casa por pura necesidad de reducir gastos. Muchas ex parejas permanecen en el hogar común porque no pueden mudarse a un alojamiento separado. Se enfrentan entonces a una nueva humillación y privación. Esto afecta a los créditos fiscales y a todas las prestaciones de la Oficina de Empleo Plus, incluyendo el JSA y el subsidio de empleo y apoyo (ESA)[18] para los discapacitados.

Al contestar preguntas indiscretas, algunas personas dan respuestas erróneas, quizá por confusión, a veces por miedo. La mayoría de nosotros, en circunstancias semejantes, sabiendo que nuestra supervivencia financiera depende de que pasemos las pruebas, estaríamos nerviosos, por muy «inocentes» que fuéramos.

En el Reino Unido, las solicitudes del subsidio de vivienda se han movido en la misma dirección. Se pide a los solicitantes que rellenen cuestionarios online para ser autorizados, con lo que se penaliza a aquellos sin acceso a Internet o alejados de una biblioteca pública. En 2013, el proceso de evaluación de la solicitud de vivienda se vio agravado por la vengativa medida del «impuesto del dormitorio», que descuenta del subsidio por cada dormitorio que se considere excede de las necesidades (lo que incluye dormitorios separados para dos niños del mismo sexo y habitaciones ocupadas por un cuidador ocasional). Para solicitar el subsidio de vivienda y la reducción del impuesto municipal, los solicitantes deben probar que están pagando el alquiler. Eso está bien si hay un contrato de arrendamiento escrito y un libro del alquiler actualizado. Pero en los estratos bajos de todas las sociedades esas condiciones no se cumplen. Algunos caseros no las proporcionan, otros rehúsan aun cuando se les pidan, y otros no dan ni recibos.

Después están las pruebas para obtener el crédito fiscal para los hijos. Para algunos puede ser difícil, incluidos los inmigrantes, probar que los hijos son suyos. Un solicitante puede simplemente recibir una escueta carta diciendo que Her Majesty’s Revenue and Customs[19] no acepta la evidencia proporcionada, sea ello un pasaporte, un certificado de nacimiento o cualquier otra cosa. Puede haber errores, pero no hay proceso debido (artículo 16). Indudablemente, hay crimen organizado en esta área, falsificando datos y traficando con mujeres y niños. Pero el castigo colectivo es injusto.

Pruebas de discapacidad

Toda una serie indignante de pruebas atormenta a la gente con discapacidad. La prueba de «evaluación de capacidad laboral» impuesta a los solicitantes del ESA y del pago de independencia personal (PIP) lo analizamos más adelante en el artículo 19. Implica un cuestionario médico computerizado con casillas para marcar que se le lee al solicitante, a veces acompañado de un breve examen físico, dirigido por un asesor de una división de la compañía multinacional Atos, que ha sido contratada por el DWP para realizar la prueba. La puntuación en esta prueba supuestamente indica si una persona es o no «apta para trabajar», y por consiguiente sujeta a sanciones en el subsidio si no está trabajando o si se considera que no está buscando empleo con la suficiente asiduidad.

La prueba se repite tan a menudo como quiera la Oficina de Empleo Plus, cada pocos meses. Las humillaciones iniciales son seguidas de «entrevistas enfocadas al trabajo» con el responsable del Programa de Trabajo. Aunque algunos pueden eludir estas entrevistas si son colocados en el llamado grupo de apoyo, más tarde habrá una nueva prueba de capacidad laboral, con más entrevistas enfocadas al trabajo. Esto se prolongará durante seis meses. Las personas discapacitadas se convierten en meros residentes, perdiendo derechos y siendo reducidos a suplicantes.

La indignidad queda expresada en las pancartas que los manifestantes llevan en sus sillas de ruedas, diciendo: «No somos robots. Los ordenadores de Atos deciden nuestro futuro en 15 minutos». Inevitablemente, estas pruebas implican muchos errores del tipo I (clasificar a alguien como apto para trabajar cuando no lo es) y pocos del tipo II (clasificar a alguien como no apto cuando lo es). Como empresa que quiere obtener beneficios, Atos preferirá cometer errores del tipo I. Una agencia pública o cualquier otra que de verdad defendiera los intereses de los solicitantes establecerían procedimientos que funcionaran de manera inversa.

Una empresa comercial trabaja según los términos de su contrato. Si, como es el caso, Atos cobra de acuerdo con el número de gente a la que pasa las pruebas, querrá maximizar ese número y por lo tanto hará pruebas lo más rápidas posible, sin importar los errores. Pero si su factura se redujera de acuerdo con el número de errores del tipo I identificados por un organismo independiente, Atos tendería a hacer más errores del tipo II y menos del tipo I. Además, hasta que no se atendiera la apelación contra el rechazo del subsidio, la gente debería seguir recibiendo el subsidio, o alguna cantidad provisional si está previsto que el proceso lleve algún tiempo. Eso por lo menos devolvería la presión a las agencias gubernamentales para que hicieran que tanto el proceso inicial como las apelaciones fueran eficientes y equitativos. Sin embargo, el Gobierno probablemente solo alteraría la naturaleza de estos contratos si hubiera una fuerte protesta y presión social. Eso debe llegar.

En 2013, un tribunal dictaminó que el DWP no había hecho los ajustes razonables para asegurar que las personas con problemas de salud mental fueran tratadas justamente, lo que había provocado que muchas perdieran sus subsidios. Con la característica insolencia del poder, el DWP dijo inmediatamente que apelaría mientras seguía con las pruebas. La revisión judicial se refirió al caso de dos individuos a los que se les exigió hacer la prueba, y eran incapaces de entenderla o explicar su condición. Paul Jenikins, director general de Rethink Mental Illness[20], resumió muy bien la situación:

Los jueces han confirmado de forma independiente lo que nuestros miembros vienen diciendo desde hace años, a saber, que el sistema discrimina en contra de algunas de las personas más enfermas y vulnerables de nuestra sociedad, las mismas personas a las que supuestamente debe ayudar. El proceso de evaluación de la capacidad laboral es profundamente injusto con la gente con una enfermedad mental: es como pedirle a alguien en silla de ruedas que vaya andando al centro de evaluación.

Pruebas para pensionistas

En otro ejemplo de cómo los inmigrantes se vuelven residentes al quitarles derechos sociales, en 2013 el Gobierno del Reino Unido anunció un plan para denegar a los pensionistas que viven en el extranjero el derecho a la ayuda para gastos de calefacción en invierno, por valor de 100-300 libras al año, después de que el Tribunal Europeo de Justicia dictaminara que los expatriados —unos 440.000— tenían derecho a ella. La justificación tradicional para tales ayudas, que son parte de las prestaciones de la Seguridad Nacional, era que los receptores habían pagado contribuciones e impuestos británicos durante décadas. Ahora el Gobierno ha introducido una «prueba de temperatura». La gente que vive en Chipre, Francia, Gibraltar, Grecia, Malta, Portugal y España, donde las temperaturas medias en invierno son más altas que en la parte más cálida del Reino Unido, perderá la ayuda para gastos de calefacción. Al parecer, la medición de la temperatura invernal «media» en Francia incluye sus departamentos tropicales ultramarinos en el océano Índico y el Caribe, lo que explica por qué Francia está clasificada como país «cálido» e Italia no. Esto es absurdo.

Pruebas de cualificación para la beneficencia

En el Reino Unido y en otros países ha aparecido un nuevo ámbito de interrogación, el de la beneficencia financiada con fondos públicos. Las ayudas de la beneficiencia han reemplazado a los préstamos anticrisis y las ayudas para el cuidado comunitario que anteriormente ayudaban a la gente en las situaciones de emergencia. Las autoridades locales ahora no tienen financiación específica del Gobierno central para ayudar en estas circunstancias; el gasto es totalmente discrecional, en un tiempo en el que los presupuestos locales han sido drásticamente recortados.

Para recibir ayudas, los solicitantes deben ser interrogados por Citizens Advice u otras organizaciones benéficas sobre las razones de la emergencia. ¿Qué subsidios reciben? ¿Por qué no se las arreglan? ¿Tienen otras fuentes de dinero? A continuación pueden recibir cupones de comida y para la factura de luz y agua, todo ello coronado con una pequeña cantidad, si es necesario, para muebles de segunda mano y electrodomésticos. Cuando piden los bienes, son de nuevo preguntados por las agencias de voluntariado que administran los servicios, para asegurarse de que realmente están necesitados. Si la empresa que suministra el mobiliario decide que el solicitante no lo necesita, se lo lleva. Se trata solo de racionar y de evitar el fraude, así que la gente corriente, una vez más, se enfrenta a un trato inquisitorial diseñado para lidiar con villanos.

***

El «régimen probatorio» debería inquietar a todo el mundo, ya que una prueba para un grupo puede fácilmente conducir a pruebas para los demás, conforme el Estado va de una minoría señalada a otra. Los gobiernos y sus agencias privatizadas deberían reducir el número de pruebas que se exige que haga el precariado. Deberían limitarse a un mínimo. No deberían exigirse pruebas o hacerse preguntas a menos que sean necesarias para hacer juicios objetivos, y a menos que estén consensuadas por consejos independientes en los que estén representadas las personas sometidas a las pruebas. Debería exigirse a cada prueba que satisfaga el principio del «velo de ignorancia» y sortear así la trampa utilitarista. A menos que uno mismo esté dispuesto a hacer la prueba en las mismas circunstancias, con toda seguridad debería estar contra ella.

Una política provisional sería compensar financieramente a los que necesitan hacer la miríada de pruebas ideadas para determinar el derecho a la prestación o el servicio. Después de todo, hacer las pruebas es oneroso, particularmente si se está estresado o se tiene una discapacidad. Y el Estado, o su agencia privada, ponen la prueba en su propio beneficio, no en el de la persona a la que se exige que la haga. Si la agencia tuviera que compensar a quien hace la prueba por el tiempo implicado, tendría un incentivo para hacer la prueba lo más simple y lo menos exigente posible. Eso sería más justo que tratar el tiempo de los solicitantes y la posición del suplicante como si no fueran importantes.

El Estado está construyendo un régimen evaluador dirigido con mentalidad utilitarista, con una condicionalidad aplicada al precariado que no se aplica al salariado y la élite. No solo debería compensarse a los sometidos a pruebas por la humillación y el tiempo gastado. También deberían imponerse sanciones a los que aplican pruebas si se demuestra que su método probatorio es erróneo o punitivo. Si hay sanciones para el precariado, ciertamente debería haber sanciones para los especuladores. No basta con que Atos u otra agencia digan que está refinando sus pruebas cuando sale a la luz que han errado en muchas ocasiones. Siempre que se cometan errores, debería haber una sanción financiera y compensarse a los que han sido injustamente evaluados, no solo con ayudas retroactivas, sino también por el estrés y el desasosiego.

Además de la justicia social, está también la cuestión fiscal. El régimen evaluador es caro, y un análisis coste-beneficio mostraría probablemente que lo que cuesta hacerlo funcionar no compensa en absoluto el ahorro conseguido descartando a los pocos que no deberían recibir prestaciones. El sistema se está haciendo más rígido e inclinado a penalizar a los menos capaces de soportar el sufrimiento. Si los funcionarios estuvieran de verdad motivados por la empatía y la compasión, no querrían insistir en dichas pruebas y se sentirían avergonzados de imponer sanciones que deben causar una privación extrema. Las sanciones pueden llevar al endeudamiento, la pérdida de la casa, el alcoholismo, la enfermedad social, el crimen y la prostitución. Los costes sociales a largo plazo son mayores que los ahorros derivados de identificar a unos cuantos personajes dudosos.

El edificio de las pruebas y las evaluaciones desmiente cualquier afirmación en el sentido de que los gobiernos están comprometidos con un mercado de trabajo desregulado y con la reducción de la burocracia. Lo que se está dando es una menor regulación para la élite y más para el precariado. Prendamos fuego a todo eso.

Artículo 19: Dejar de demonizar a los discapacitados

Los derechos sociales y económicos de los discapacitados deben ser fortalecidos. Las prestaciones deberían estar relacionadas con sus necesidades, no con sus supuestas capacidades laborales. Las agencias que cometen errores del tipo I (negando prestaciones a los que deberían recibirlas) deberían pagar la correspondiente compensación, no solo devolver retroactivamente la prestación.

Las personas con discapacidad constituyen una parte sustancial del precariado y son tratadas crecientemente como residentes más que como ciudadanos. De hecho, «el discapacitado» es una categoría peculiarmente moderna, o una categoría que se ha redefinido en la era neoliberal. Eso va de la mano de la insistencia en la competitividad y la «supervivencia de los más fuertes», medida según las capacidades comerciales y de lucha de cada uno. Ha habido una reinterpretación moralista, con la diferenciación basada menos en las necesidades médicas o físicas que en sutilezas inquisitivas sobre la «capacidad laboral» del individuo. Los gobiernos se han vuelto más sentenciosos y han ampliado la definición de «capacidad laboral», haciendo que las pruebas sean más «meticulosas», intimidantes, humillantes y estigmatizadoras.

Aquí nos concentramos en los cambios de política en Gran Bretaña. Pero la tendencia hacia la condicionalidad y la inserción laboral es global. Por ejemplo, en Estados Unidos el seguro de incapacidad de la seguridad social concede subsidios y, transcurridos dos años, acceso a la sanidad pública (Medicare). Pero exige que los beneficiarios hayan trabajado asalariadamente durante al menos cinco de los diez años anteriores. El Tribunal Supremo restringió la definición de lo que contaba como incapacidad laboral, negando así subsidios a mucha gente que hasta entonces tenía derechos por discapacidad.

La política sobre discapacidad también ha sido sometida a manipulación lingüística, con la intención de trasladar la imaginería del campo de los derechos al de las demandas moralistas. Así, el Gobierno británico abolió el término «prestación» y lo sustituyó por el de «asignación»; entonces la «asignación por discapacidad» se convirtió en el «pago de independencia personal» (PIP). El derecho no se basa en la condición de la persona, sino en cómo se supone que le afecta la discapacidad, lo que permite al legislador ajustar las condiciones y reducir la elegibilidad.

Los discapacitados como víctimas del utilitarismo

Durante dos décadas, los principales partidos políticos en el Reino Unido han adoptado una posición ideológica similar hacia las personas discapacitadas. El Gobierno del nuevo laborismo fijó un plan de diez años para rebajar un millón de los 2,8 millones de personas que recibían subsidios por discapacidad, argumentando que había que empujar a más personas hacia el mundo del trabajo. Sustituyó el «justificante de baja por enfermedad» por el «justificante de aptitud», integrando a los médicos de familia (doctores) en el aparato de política social. El secretario de Estado de Sanidad dijo: «Sabemos que estar trabajando puede ser bueno para su salud» (Asociación ME, 2009), una burda simplificación que ejemplifica el prejuicio laborista.

El Gobierno de coalición ha puesto la meta aún más lejos, ajustando las condiciones, imponiendo evaluaciones más complejas y privatizando el proceso, al tiempo que ha dado incentivos a los contratistas privados para limitar los derechos de acceso. Peor aún, como se señaló en el capítulo 4, ha creado una atmósfera en la que el público se ha vuelto desconfiado respecto a los discapacitados. La pérdida de derechos sociales conllevó la pérdida del derecho cultural a pertenecer a una comunidad integrada.

El discapacitado ha perdido derechos económicos mediante la extensión de las autorizaciones y las desautorizaciones ocupacionales, el cierre de lugares de trabajo especializado y las relaciones de trabajo flexible, que ofrecen pocos incentivos a las empresas para que den facilidades adecuadas a los empleados discapacitados, y hacen que los discapacitados pierdan puntos en las listas de prioridad de empleo de las empresas. Sucesivos gobiernos cerraron fábricas Remploy que empleaban a personas discapacitadas, y en 2012 se anunciaron planes para cerrar la mitad de las 54 que quedaban. El Gobierno dijo que daban pérdidas, pero habían dado trabajo y dignidad, a menudo con un propósito de rehabilitación.

Los derechos sociales se han degradado. Durante años, las personas tenían derecho a una asignación de movilidad de mayor nivel —que cubría el coste de usar un coche adaptado— si no podían andar 50 metros sin ayuda. En 2013, para tener derecho a un nivel más alto de movilidad como parte del nuevo PIP (pago de independencia personal), se decidió acortar la distancia a 20 metros. El motivo era restringir el derecho. ¿Dónde quedaba la empatía y la compasión? Se estimó que, como resultado, más de 50.000 personas perderían sus prestaciones de movilidad de alto nivel, lo que de hecho las aislaría en casa. Y, una vez acortada a 20 metros, ¿qué impediría a tan celosos reformadores acortarla a 10? Al margen de la magnitud concreta, la norma crea una trampa de la precariedad especial reservada a los discapacitados. A partir de ahí, una persona con una discapacidad física tendrá un interés financiero en no esforzarse en andar.

Por poner otro ejemplo, en 2012 el Gobierno disolvió el Fondo para la Vida Independiente, que daba apoyo a 19.000 personas con discapacidad severa para ayudarles a vivir independientemente. Se pudo clausurar sin protesta pública porque afectaba a una minoría silenciosa. ¿Con qué justificación se retiraron las ayudas para cubrir el coste de mantener las adaptaciones de casas, tales como ascensores de escalera, montacargas para levantar a las personas de la cama, sistemas de llamadas de guardia y otros equipamientos para permitirles vivir independientemente? Ya no se harán reparaciones; se sucederán las caídas y las heridas. Y no será por cuestiones de costes: el gasto anual del fondo para todos los discapacitados necesitados de ayuda fue menor que una o dos primas de banqueros. Solo podría atribuirse a una cruda y utilitarista racionalización darwinista. ¡Estas personas no cuentan política o económicamente!

Supuestamente, el principal propósito —típicamente utilitarista, al apelar a una mayoría visible de «familias que trabajan duro»— ha sido el de controlar el gasto del «dinero de los contribuyentes». Para lograr el milagro, se ha establecido una compleja serie de procedimientos, que pretenden diferenciar entre los discapacitados que merecen y los que no merecen ayuda, cosa que ha costado mucho dinero de los contribuyentes. La propia estimación del fraude que hace el Gobierno es menor que el valor de los contratos concedidos a la empresa privada encargada de identificar a los gorrones, es decir, a aquellos que cometen la temeridad de decir que están discapacitados cuando no lo están. Todo el «ahorro» se ha hecho a costa de los discapacitados, haciendo más miserable y difícil la vida de personas de por sí ya desfavorecidas y vulnerables.

Debería combatirse con más fuerza el nuevo retrato del discapacitado. De lo contrario, aquellos con impedimentos seguirán perdiendo derechos sociales, económicos y culturales, serán empujados a una condición de mayor vulnerabilidad como residentes, y serán relegados a los estratos más bajos del precariado.

Pruebas de evaluación para la percepción de prestaciones

El artículo 18 considera las pruebas de evaluación en general. Hay dos tipos de evaluación para reclamar prestaciones por discapacidad, uno médico-físico y el otro de condicionalidad laboral. El segundo es más objetable. Un enfoque basado en los derechos compensaría a los discapacitados por su mala suerte, permitiéndoles llevar una vida más digna. Pueden aspirar a hacer mucho más. Pero la condicionalidad de la prestación castiga, estigmatiza y está inevitablemente sujeta a errores que pueden conducir a que las personas sean erróneamente privadas de apoyo esencial. Es mucho mejor cometer errores del tipo II —compensar a una persona con discapacidad porque erróneamente se la consideró incapaz de trabajar— que errores del tipo II —dejar de compensar a alguien con discapacidad porque erróneamente se le consideró «apto para trabajar».

Para agravar la injusticia, en 2013 el Gobierno británico subió a más del doble la multa para las personas enfermas y discapacitadas categorizadas como «aptas para trabajar» que no tomaron parte, o rechazaron tomar parte, en actividades de trabajo. Perderán 71 libras a la semana —el 70 por ciento de su asignación semanal de empleo y apoyo (ESA)— frente a las 28,15 libras que perdían anteriormente. La política de sanciones la ejecutan burócratas y no respeta el proceso debido. Con todo, al arrebatar un derecho a alguien por el que todos deberíamos sentir compasión y empatía, se ha ignorado ese principio básico de justicia.

Debería animarse a los discapacitados a desempeñar un papel lo más activo posible en la sociedad. Pero con la imposición de condiciones no se anima a nadie. Y no deberíamos permitir que los utilitaristas pretendan que esto es lo que intentan hacer imponiendo la condicionalidad. Costaría menos tener simplemente una evaluación médica, y equivocarse por exceso de generosidad en vez de multiplicar las sanciones y las denegaciones de derechos y dignidad.

La injusticia de la austeridad

En lo tocante a los discapacitados, las políticas que se emprendieron en la era de la austeridad echaron por la borda los principios de justicia. Casi por definición están entre las personas más inseguras en la sociedad y perdieron más que nadie. En el Reino Unido, las prestaciones sociales sufrieron un recorte general. El sistema asistencial se ha hecho tan complejo que los discapacitados dependen de toda una serie de prestaciones, cada una con normas diferentes. Sufren recortes en todas ellas. Demos, un tanque de pensamiento, estimó que 3,7 millones de personas discapacitadas perderían un total de 28.000 millones de libras para 2018, y más de 200.000 sufrirían recortes en tres o más prestaciones simultáneamente. Con esto se conseguirá que haya más discapacitados endeudados y dependientes de la beneficencia, particularmente en la medida en que los servicios de ayuda están siendo recortados y los ayuntamientos están introduciendo cobros o copagos más altos por sus servicios de ayuda. Esto supone una profunda erosión de la renta social de las personas con discapacidad.

El Gobierno también ha hecho más restrictivas las normas que autorizan la percepción de prestaciones. Así, es más difícil conseguir la ESA que la asignación por discapacidad a la que sustituyó. Solo los enfermos que no tienen esposa o cuya esposa está desempleada pasarán la prueba para recibir pagos en dinero. Alguien casado con un trabajador con bajo salario no puede recibir prestación. Y las personas que solicitan la ESA ahora están sometidas a estresantes pruebas de «aptitud laboral» diseñadas para reducir el número de beneficiarios de prestaciones.

En todas estas reformas, se ha ignorado el principio de los derechos y no de caridad. Discrecionalmente los burócratas pueden negarles prestaciones a los discapacitados, sin proceso debido. Y pueden ser reclasificados como aptos para trabajar y obligados a participar en un plan de contraprestación laboral, el Programa de Trabajo, aunque el programa parezca no haber tenido efecto alguno en la probabilidad de que encuentren empleo.

La privatización de los servicios sociales

El Gobierno británico ha dado a empresas con ánimo de lucro el poder discrecional de determinar si alguien debería o no estar autorizado a recibir la prestación estatal. A un coste público gigantesco, el Gobierno ha privatizado de hecho la condicionalidad.

En su celo privatizador de servicios, el Gobierno del nuevo laborismo subcontrató los exámenes médicos de los solicitantes de prestaciones por incapacidad a una compañía francesa de tecnologías de la información, Atos Origin. Esta declaró rápidamente que tres cuartos de los solicitantes eran en realidad aptos para el trabajo. Una enorme cantidad de gente perdió prestaciones gracias a las evaluaciones de Atos. La mayoría no pudo pagarse una apelación; muchos estaban demasiado enfermos o incapacitados para hacerlo. Pero en algunas zonas hubo abogados que voluntariamente hicieron suyas las apelaciones, con un porcentaje de éxito de alrededor del 80 por ciento. Atos y el Gobierno habían negado a muchos discapacitados las prestaciones a las que tenían derecho.

Pese a su funesto registro, Atos ha seguido siendo el contratista preferido del Gobierno. Ahora se le pagan 110 millones de libras al año por dirigir las pruebas de «evaluación de la capacidad laboral» (WCA)[21] para determinar la elegibilidad para la ESA, el nuevo subsidio de enfermedad y discapacidad. A quienes suspenden la prueba se les dice que en su lugar soliciten la asignación del buscador de empleo (que requiere que demuestren que están buscando trabajo y es un proceso que lleva semanas). Pueden apelar, pero eso puede llevar meses. Algunos se han suicidado cuando se les denegó la ESA. Otros han estado tan enfermos que han muerto antes de que pudiera resolverse su apelación.

Atos examina a unos 11.000 solicitantes por semana. Entre octubre de 2008, cuando se iniciaron las pruebas WCA, y febrero de 2012, el Departamento de Trabajo y Pensiones tomó más de 1.360.000 decisiones sobre solicitudes de la nueva ESA que procedía de una WCA, y encontró que 794.000 personas eran «aptas para trabajar». En 2012-2013, hubo 465.000 apelaciones contra decisiones de la ESA y el porcentaje de éxito fue de alrededor del 39 por ciento. De las apelaciones con éxito, el 60 por ciento habían dado cero puntos en la prueba de Atos, es decir, habían sido considerados plenamente aptos. Mientras tanto, el coste para el contribuyente de la actuación de los tribunales de apelación subió a 66 millones en 2012-2013. Pero, desde abril de 2013, ya se acabó la ayuda legal para los solicitantes de asignaciones asistenciales. Esto golpeará de forma particularmente dura a los discapacitados. Supone un nuevo golpe a sus derechos civiles y sociales.

Los diputados laboristas dijeron que estaban a favor de los objetivos, pero no de su puesta en marcha. Deberían haber criticado los objetivos. No era sincero decir, como hizo uno, que las pruebas tenían la intención de «ayudar a más personas a volver al trabajo». El objetivo principal era recortar el gasto; un objetivo secundario era obligar a más gente a buscar empleo. Lo que está mal es el paso de facilitar y alentar a persuadir y obligar. Ofrecer un servicio de sesiones de «actividad relacionada con el trabajo» no es lo mismo que pedir a la gente que asista a ellas so pena de perder prestaciones.

De forma perversa, Atos penaliza a quienes hacen un esfuerzo por superar impedimentos o a quienes estoicamente dicen que pueden hacer cosas que en la mayoría de los días no pueden hacer. Por ejemplo, la prueba de Atos pregunta, «¿Compra o cocina por sí mismo?». Una respuesta afirmativa reduciría la probabilidad de obtener una ESA. Pero la respuesta afirmativa podría significar que tienes que comprar y cocinar porque no hay nadie que te ayude, o que resueltamente lo haces aunque ello te deje exhausto.

Atos cobra por cada evaluación, pero no pierde nada si sus decisiones son revocadas en apelación. Esto es una licencia para obtener beneficios a expensas de los discapacitados. La compañía puede cometer errores con impunidad, sabiendo que el Gobierno pagará la factura. Mientras tanto, Atos toma el dinero del Gobierno para obligar a las personas con impedimentos a buscar empleos de bajo salario con miedo e inseguridad.

En 2012, el Gobierno concedió a Atos Healthcare otro contrato por valor de más de 400 millones de libras para evaluar la elegibilidad para el llamado pago de independencia personal (PIP) que sustituyó a la asignación por discapacidad (DLA) a partir de 2013. La DLA asignaba hasta 130 libras por semana para ayudar a las personas a cuidar de sí mismas, sobre todo en lo tocante a movilidad, mientras que el PIP supuestamente es para «ayudar a la gente a reincorporarse al trabajo». El objetivo explícito del Gobierno es recortar el gasto del PIP (y, por implicación, el número de los que reciben la prestación) en un 20 por ciento entre 2013 y 2016. Previamente, se había incrementado en un 30 por ciento el número de solicitudes de DLA entre 2002 y 2011, hasta los 3,2 millones.

Richard Hawkes, director general de una organización benéfica para los discapacitados, Scope, reaccionó con exasperación:

El Gobierno y Atos […] se han visto sometidos a una profunda crítica sobre cómo se está aplicando esta evaluación a las personas discapacitadas. Sin embargo, de aquí a menos de un año, las personas discapacitadas podrían tener que someterse en el mismo mes a dos evaluaciones con enormes lagunas para obtener el apoyo financiero esencial que necesitan para vivir su vida (Ramesh, 2012).

A raíz de las quejas sobre las pruebas de Atos, se hicieron algunas mejoras. Creció considerablemente el número de nuevos solicitantes que recibían la ESA. Pero la metodología todavía era injusta. Paul Farmer, el director de Mind, dijo de ella que tenía «grandes lagunas» por no reconocer adecuadamente el impacto de la salud mental sobre la capacidad para trabajar. Como dijo a The Guardian:

El sistema se basa en el supuesto de que hay que obligar a los solicitantes a volver a trabajar, en vez de ayudarlos en sus propios términos; y en que los que no están lo suficientemente bien como para reintegrarse al trabajo son percibidos de algún modo como parásitos. Estas actitudes solo sirven para perjudicar aún más la salud mental de los individuos e incrementar el tiempo transcurrido hasta que puedan estar listos para volver a trabajar (Gentleman, 2012).

En 2012, Citizens Advice gestionó más de 450.000 problemas con la ESA, un 54 por ciento más que en 2011, lo que indicaba que las deficiencias eran crónicas. Los discapacitados seguirán sufriendo errores del tipo I. Esto podría y debería ser corregido.

***

Las contraprestaciones deberían estar claras. A cualquier empresa contratada por el Gobierno para dar servicios a los discapacitados debería exigírsele tener un triple compromiso, primero con los discapacitados, luego con el Gobierno y después con la sociedad, pues a todos nos interesa cómo se trata a los discapacitados. Nosotros podríamos ser los próximos. Si la empresa no ofrece servicios a sus verdaderos clientes —los discapacitados—, debería ser penalizada. Esa es la naturaleza de los contratos que se firman en el mercado. Si la empresa utiliza pruebas que resultan erróneas —catalogando equivocadamente a alguien como «apto para trabajar»— no solo debería haber cláusulas de penalización en el contrato sino que debería exigírsele a la empresa que compensara directamente a la persona discapacitada. Esa compensación debería ser sustancialmente mayor que el valor de la pérdida de la prestación.

Para los utilitaristas, los discapacitados son una minoría, así que es probable que haya poca contestación pública —y unos cuantos votos perdidos— ante los recortes en las prestaciones y los servicios sociales dedicados a ellos. En la era de la austeridad, las prestaciones para los discapacitados se han recortado más que otras, mientras se han bajado los impuestos a las rentas medias y altas y se han incrementado los subsidios. Esta combinación de políticas viola totalmente el principio de diferencia en seguridad, el de los derechos y no de caridad, y el de la prueba de paternalismo. Hay que restablecer los derechos de los discapacitados.

Artículo 20: ¡Erradicar ya la Contraprestación de trabajo!

La contraprestación de trabajo —el trabajo obligatorio como condición para la percepción de prestaciones— castiga al precariado y debería ser erradicado. Es injusto, aumenta la desigualdad, incrementa la inseguridad social y económica, cuesta más de lo que ahorra en términos de gasto público, socava el derecho al trabajo, estigmatiza en el momento y mucho después, es política y socialmente divisivo, y empeora el mercado de trabajo y la situación económica de los demás. La contraprestación de trabajo privatizada es un fraude improductivo.

La contraprestación de trabajo significa esencialmente que se obliga a las personas a realizar un trabajo elegido por el Estado como condición para recibir prestaciones del Estado. También puede significar que se exige a los beneficiarios que hagan actividades relacionadas con el trabajo —buscar empleo, preparación de CV, cursos de formación— si no quieren perder la prestación. A menudo, se disfraza como «garantía de empleo».

La contraprestación de trabajo en sus diversas modalidades tiene una larga y desagradable historia. Puede remontarse a la ley de pobres inglesa de 1536, que se aplicaba a los «vagabundos robustos», y a la francesa Ordonnance de Moulins de 1556. Pero su precedente más infame era la Enmienda de 1834 a la ley de pobres inglesa, por la cual la asistencia se ceñía a los que supuestamente eran los pobres desesperados que la «merecían». Bajo estas leyes, cualquiera que pidiera ayuda tenía que aceptar trabajar en un asilo dirigido por la parroquia, que de acuerdo con los inspectores de la ley de pobres tenía que ser «el más duro capataz y el peor pagador». El trabajo tenía que ser peor que el realizado por trabajadores independientes para no competir con ellos. Para hacerlo aún más desagradable, en parte porque los asilos para pobres estaban saturados de gente, las autoridades también aplicaban una «prueba de trabajo al aire libre» para disuadir a los potenciales solicitantes.

Las medidas de 1834 se modificaron con la ley de trabajadores desempleados de 1905[22], por la cual los hombres desempleados eran dirigidos hacia el trabajo. Winston Churchill estaba entre los que estaban a favor de obligar a los pobres a estar «bajo control», según lo expresaba él mismo, en razón de que no debería permitírseles estar «ociosos». Por supuesto, nunca se dijo nada sobre los ricos ociosos.

Por qué la contraprestación de trabajo se hizo política dominante

Durante gran parte del siglo XX, la práctica de obligar a la gente a trabajar se dejó en la trastienda, aunque siguió siendo parte de la ideología de la democracia cristiana, la socialdemocracia y el comunismo. Todos hacían hincapié, por diferentes razones, en que los pobres tenían el «deber de trabajar». Los primeros laboristas eran característicamente iliberales. Beatrice Webb defendía que se enviara a los desempleados de larga duración a campos de detención.

Sin embargo, el resurgimiento de la contraprestación de trabajo como política dominante era una consecuencia predecible de la estrategia neoliberal en la era de la globalización (Standing, 1990). Como la flexibilidad del mercado laboral redujo los salarios y erosionó las formas no salariales de remuneración para el precariado, las prestaciones públicas tendieron a subir como porcentaje de los salarios, lo que implicó una tasa creciente de sustitución de ingresos.

Según se muestra en el artículo 17, con el paso a la comprobación de medios, el incentivo del precariado para trabajar cayó casi a cero. En respuesta, presionados por agencias tales como el FMI y al OCDE, los gobiernos redujeron las prestaciones y las hicieron más difíciles de obtener y retener. Con eufemismos que habrían de convertirse en refranes comunes, los recortes fueron racionalizados diciendo que «hacían que trabajar compensara» con prestaciones «menos generosas». Pero los salarios siguieron cayendo. Así, con la misma lógica, las prestaciones tenían que recortarse más aún y hacerse todavía más difíciles de obtener. El resultado fueron trampas de la pobreza más profundas y un laberinto de trampas de la precariedad. Para los diseñadores de políticas con esta mentalidad, la única opción que quedaba era obligar a los desempleados y al precariado a trabajar a cambio de salarios muy bajos o incluso sin salario. El trabajo forzado era el final del camino del modelo neoliberal.

No obstante, tenía que haber una racionalización que legitimara el hecho de forzar a la gente a hacer algo contra su voluntad. Dicha racionalización se encontraba en la tradición cuasireligiosa o moralista de pensamiento político que enfatiza los deberes sociales y asume la estructura de clases tal cual es. Los pobres tienen el deber de trabajar para justificar que los ricos les proporcionen un sustento, de beneficencia. La Unión Soviética era la más religiosa, al poner en su Constitución la idea de que a quien no trabaje no se le permitirá comer. Pero la tradición católica y otras tradiciones religiosas apenas han sido menos sentenciosas.

El consenso utilitarista

Al cabo de tres décadas de reinterpretación del desempleo, hay consenso entre los socialdemócratas y los neoliberales a favor de la contraprestación de trabajo. Esto quedó bien reflejado en 1996 con la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajar del presidente Bill Clinton, que se basaba en las reformas del sistema asistencial que hicieron los republicanos en Wisconsin. Clinton dijo que quería «acabar con el sistema de bienestar tal como lo conocemos». Así, los beneficiarios de la asistencia social, en caso de ser cabezas de familia monoparental, estaban obligados a aceptar empleos de bajo salario al cabo de dos años, y nadie podía recibir ayuda asistencial durante más de cinco años a lo largo de la vida.

En el Reino Unido, el nuevo laborismo también se pasó a la contraprestación de trabajo. Y David Cameron, al convertirse en el líder conservador, expresó su admiración por el modelo de Wisconsin. En 2007, dijo en la conferencia del Partido Conservador: «Le diremos a la gente que si se te ofrece un empleo y es un empleo justo que puedes hacer, y lo rechazas, no deberías tener ninguna prestación asistencial».

Después de 2010, el Gobierno de coalición dio un paso más, con medidas de «experiencia laboral» obligatoria y con más circunstancias en las que los receptores de prestaciones pueden estar obligados a aceptar empleos. El planeado modelo de crédito universal agrupa la mayoría de las prestaciones en un solo pago, e impone exigencias más duras a los buscadores de empleo y sanciones de hasta tres años si no satisfacen las demandas de la Oficina de Empleo. En 2012, Boris Johnson, alcalde de Londres, anunció que utilizaría el dinero del Fondo Social Europeo para obligar a la gente de entre 18 y 24 años a hacer 13 semanas de trabajo no remunerado.

Lejos de contradecirle, el Partido Laborista ha pedido una «garantía de empleos obligatorios» que obligaría a los jóvenes desempleados durante un año o más, y a los desempleados de larga duración sin trabajo durante más de dos años, a aceptar un empleo con salario mínimo subvencionado por el Estado durante seis meses si no quieren perder las prestaciones. El entonces secretario en la sombra de Trabajo y Pensiones, Liam Byrne, escribió:

El Partido Laborista aseguraría que ningún adulto podrá vivir del subsidio de desempleo durante más de dos años y ninguna persona joven durante más de un año. Se les ofrecerá un empleo real con formación real, perspectivas reales y responsabilidad real […]. La gente tendrá que aprovechar esta oportunidad o perder la prestación (Byrne, 2013).

Ed Ballas, el ministro de Economía en la sombra, añadía:

Un enfoque nacional de la reforma del sistema de bienestar significa que el Gobierno tiene la responsabilidad de ayudar a las personas a reincorporarse al trabajo y de ayudar a las que no pueden hacerlo. Pero a los que pueden trabajar debe exigírseles que acepten empleos o que de lo contrario pierdan su prestación, sin peros que valgan (Balls, 2013).

Mientras los políticos han competido entre sí por ver quién es más «duro», cada vez más gente sufre la realidad del trabajo forzado o la amenaza del mismo. Desde que se introdujeron normas más estrictas en 2012, casi medio millón de desempleados ha sufrido sanciones por incumplir las condiciones de la prestación (lo que incluye no asistir a las citas de la Oficina de Empleo) o ha renunciado a sus solicitudes. A muchos desempleados se les ha metido en colocaciones de cuatro semanas sin cobrar bajo el modelo de actividad obligatoria de trabajo (MWA)[23].

La contraprestación de trabajo se ha extendido a los discapacitados, y ha hecho que sean más los clasificados como aptos para trabajar. A algunos, puestos en el grupo de actividades relacionadas con el trabajo, se les puede exigir ahora que hagan trabajo no remunerado como «experiencia», o sufran un recorte de hasta el 70 por ciento de sus prestaciones. La incertidumbre hace a la gente temerosa. Un hombre con parálisis cerebral, metido en la actividad relacionada con el trabajo, dijo:

Podían llamarme el lunes y decir: «Vamos a ver, tiene que hacer esto, esto y esto». Y si no lo hago, pueden sancionarme y eso me atemoriza […]. Me pone tan nervioso, que me pone físicamente enfermo (Malik, 2012).

Este es el tipo de sociedad que se está creando, basada en el miedo. Irónicamente, el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) ha descubierto que la MWA no tuvo efecto alguno en las oportunidades que tenía la gente de encontrar empleo. Así, meter a ese hombre y a miles como él en la MWA es una pérdida de tiempo y de «dinero del contribuyente». Es una política que no se basa en la economía sino en el dogma.

El siguiente grupo al que se apunta son los que están en empleos a tiempo parcial de bajo salario, o con contratos de cero horas, amenazados con la pérdida de prestaciones y créditos fiscales si no pueden probar que están buscando más horas de trabajo. Ya en 2013, el Gobierno puso más difícil la solicitud de créditos fiscales elevando el umbral de horas de trabajo (por debajo del cual no pueden reclamarse) de 16 a 24 horas a la semana para parejas con hijos. A medida que se aprietan las tuercas de la contraprestación de trabajo, surge la pregunta: ¿quién será el próximo? El salariado y la élite pueden encogerse de hombros con indiferencia, pero deberían reflexionar sobre la ética de lo que está pasando.

Así pues, consideremos la lógica de la contraprestación de trabajo. Quien la apoye, debería suscribir una o más de las siguientes ideas:

¿El deber de trabajar?

Los defensores de la contraprestación de trabajo suelen decir que todo el mundo tiene el deber de «trabajar» y que quien recibe prestaciones debe armonizar sus derechos con sus responsabilidades. Añaden palabras como «reciprocidad». Si hay un deber tal, debería ciertamente aplicarse a todos los que reciben prestaciones del Estado y debería ser un derecho igual, con los mismos costes impuestos sobre todos los obligados a hacerlo. Los que más utilizan la infraestructura y los servicios son la élite y el salariado. Por ello, deberían tener un mayor deber de corresponder. Pero el Estado no les exige que hagan el tipo de trabajo que impone al precariado.

A menos que sea un deber generalizado hacer trabajo social, ¿hay un deber absoluto de trabajar? ¿Por qué debería obligarse a nadie a trabajar para una empresa con ánimo de lucro por poco o ningún salario? Esto, o bien aumentaría sus beneficios, acrecentando así la renta de los ricos, o bien daría como resultado un trabajo de ningún valor económico. Si no tiene valor, entonces no puede haber ciertamente deber alguno de hacerlo. Si tiene valor, entonces la empresa debería pagar el precio de mercado.

Afirmar que la gente tiene el deber de trabajar implica que tiene la obligación de dedicar su tiempo a servir a los intereses de otro. No es la sociedad la que se beneficia si uno trabaja en una cadena de supermercados, por poca o ninguna paga; el beneficio va a los accionistas del supermercado. La afirmación también implica que una persona de renta baja tiene el deber de trabajar en una posición servil, bajo leyes laborales convencionales conocidas como regulaciones «señor-siervo». Esto es una distorsión de la idea de deber. Es pura sofistería.

Mientras tanto, hay otras formas de trabajo, para uno mismo, la familia o los amigos, que no cuentan en el cálculo económico del Estado. Toda vez que el trabajo para una empresa con ánimo de lucro se acepta como un deber del ciudadano desempleado, se llega a la conclusión de que, si fracasa en el mercado de trabajo, tiene el deber de trabajar por nada. Esta es una forma alienante y regresiva de concebir la sociedad. El trabajo puede ser necesario, para el crecimiento económico o por cualquier otra razón. Pero no debería ser un deber.

Trabajar bajo coacción

Decir que hay un deber de trabajar no es lo mismo que decir que debería haber coacción. Pero los defensores de la contraprestación de trabajo en su mayoría dan ese paso. Así, Liam Byrne justificaba su apoyo a la contraprestación de trabajo señalando que algunas de los iconos del Partido Laborista habían defendido la coacción:

Si uno recupera el informe de los Webb, lo que proponían era colonias de detención para la gente que rehusara trabajar […]. En toda nuestra historia, ha habido una insistencia en la responsabilidad de trabajar si uno puede. El trabajo no debería ser diferente ahora. Siempre hemos sido el partido del derecho al trabajo, pero también hemos sido siempre el partido de la responsabilidad de trabajar (Boffey y Urquhart, 2013).

Sin embargo, la coacción es divisiva y socava el compromiso con el trabajo, forzando a la gente a hacer un trabajo que no desea hacer y puede que no tenga interés en hacer. La coacción también crea una sociedad amoral, pues elimina la libertad de ser moral, de elegir «la realización desinteresada de deberes autoimpuestos». Y, por supuesto, no se les impone a los ociosos ricos, ni a los amigos y parientes de los políticos opulentos que se las imponen a otros.

Dependencia estatal intergeneracional

Otra afirmación es que «los pobres» están atrapados en una transmisión intergeneracional de pobreza y dependencia estatal, y que pasar una temporada en la contraprestación de trabajo rompería esa conexión. Pero no hay evidencia alguna de que se haya extendido la dependencia intergeneracional. Shildrick y sus colegas (2012) trataron de encontrar familias con dos generaciones «sin trabajo» en las zonas del país donde deberían existir, si es que existen. Encontraron que menos del 1 por ciento respondía a esa descripción. Y los esfuerzos oficiales por encontrar dichas familias no han logrado identificar ninguna magnitud significativa. Pero, aun si hubiera casos así, eso no puede justificar un castigo colectivo por medio de la contraprestación de trabajo.

Integración social

Otra idea es que la contraprestación de trabajo ayudaría a la integración social, en razón de que las personas desempleadas están socialmente marginadas o «excluidas». Sin embargo, los empleos propuestos por el modelo de las contraprestaciones han sido humillantes en su mayoría, a menudo de forma deliberada, ya que el objetivo principal era inducir a la gente a abandonar el sistema asistencial. Como se mencionó más arriba, un estudio del DWP británico mostró que la MWA no tenía efecto alguno sobre las oportunidades de la gente para obtener posteriormente un empleo, mientras que un informe anterior del DWP concluía que «hay poca evidencia de que la contraprestación de trabajo incremente la probabilidad de encontrar trabajo» (Crisp y Fletcher, 2008). En resumen, ser colocado en un trabajo embotador que estigmatiza y agota no es una manera moral de fomentar la integración social.

Romper el hábito de «estar sin trabajar»

Una idea común es que hay gran cantidad de gente que lleva desempleada o dependiente de la prestación tanto tiempo que ha perdido el hábito de trabajar. Esta táctica de demonización ha sido expuesta por muchos investigadores, que han encontrado a muy poca gente así. Pero también deberíamos preguntarnos cómo es que una temporada haciendo trabajo forzado en condiciones nada atractivas podría conseguir algo, si acaso, por producir un hábito o un compromiso de trabajo. Parece al menos tan probable que consiga lo contrario.

Desarrollar las capacidades

Los defensores afirman que los periodos de contraprestación de trabajo aumentan las capacidades. Por ejemplo, según informes sobre el pobre tratamiento dado a las personas desempleadas a las que se exigió hacer tareas de seguridad no remuneradas durante las celebraciones en 2012 del Jubileo de Diamante de la reina, un portavoz del Gobierno dijo: «El programa de trabajo pretende dar a las personas que han estado a menudo lejos de un puesto de trabajo durante bastante tiempo la oportunidad de desarrollar las capacidades necesarias para encontrar un empleo que sea sostenible» (Watt, Mulholland y Malik, 2012). Barrer calles o llenar estanterías apenas desarrolla ninguna capacidad. De hecho, hacer que alguien con cualificación realice un trabajo no especializado durante meses podría discapacitarlo.

Ahorrar dinero público

Otra idea es que meter a los desempleados en la contraprestación de trabajo reduce el gasto asistencial. Los que han estudiado estos programas han encontrado lo contrario. Los programas de contraprestación de trabajo son costosos. Por lo general incorporan subsidios pagados a los empleadores, altos costes administrativos y poco resultado o renta imponible. En 2013, Liam Byrne dijo: «La mejor manera de ahorrar dinero es hacer que la gente vuelva al trabajo» (Byrne, 2013). Eso no es cierto, como él bien sabía, ya que la mayoría de la gente que dependía de las prestaciones estaba puesta «a trabajar». Participar en la contraprestación de trabajo implicaría la continuación o el aumento de las prestaciones, tales como los créditos fiscales. La contraprestación se suma al gasto social, de una forma que no proporciona ni protección social ni seguridad.

La contraprestación de trabajo y los «empleos reales»

Cuando en 2010 se anunciaron los planes de contraprestación de trabajo del Gobierno de coalición, la respuesta del Partido Laborista fue decir que favorecía el sistema de «bienestar condicional» pero, a diferencia del Gobierno, ofrecería «empleos reales» con «sanciones reales» si no se aceptaba la oferta (Wintour, 2010). Al tratar de dificultar que los otros pudieran decir que el Partido Laborista favorece la ociosidad, el partido renunció a los fundamentos éticos.

Si los empleos de la contraprestación de trabajo fueran empleos reales, sería de esperar que tuvieran valor económico. Entonces, con toda seguridad la economía de mercado los generaría. Los empleos reales pagan salarios reales. Si necesitan una subvención, es que o no valen mucho o el Estado está pagando por sustituir a un trabajador por otro. En realidad, los políticos y sus asesores saben que los empleos de la contraprestación en su mayoría son trabajos mal pagados, de baja productividad e inseguros. De hecho, el Gobierno especificó la retirada de basura y la limpieza de grafitis.

Si la gente no quiere aceptar empleos inseguros mal pagados, algo debería hacerse para mejorar la naturaleza de esos empleos y los salarios ofrecidos, no forzar a la gente a aceptarlos. Esto nos retrotrae al razonamiento de Adam Smith, padre de la economía moderna, quien creyó que los salarios se ajustarían para compensar por lo desagradable de los trabajos. Nunca ha funcionado así. Pero un progresista debería querer avanzar en esa dirección. Dejemos que el mercado actúe como se supone actúa un mercado.

Dejemos que haya trabajo (la actividad) mercantilizado allí donde los salarios se ajustan para equilibrar oferta y demanda. Pero vayamos en la dirección de desmercantilizar a las personas como trabajadores, proporcionándoles la suficiente seguridad económica como para que puedan rechazar los empleos que estiman indignos, peligrosos o perjudiciales para su propio desarrollo. Deberíamos partir del supuesto de que querer trabajar, querer mejorarnos a nosotros mismos, está en la condición humana. Si unos cuantos individuos quieren desperdiciar su vida, tal vez deseemos animarlos a que piensen de forma distinta, pero no con sanciones. Intentar identificar a los que «no lo merecen» es arbitrario y les arrebata la dignidad a todos los afectados.

La idea de que la contraprestación de trabajo queda justificada siempre que se coloque a los desempleados en «empleos reales» se enfrenta al problema de definir dichos empleos de forma que pudieran ser defendidos ética o económicamente. Supongamos que un «empleo real» se define como un empleo en el que se cobra el salario mínimo, dada su productividad. Colocar a los desempleados en dichos empleos presionaría a la baja los salarios y las condiciones laborales de los demás, arrastrándolos a la pobreza. ¿Sobre qué principio ético se justificaría esto? O supongamos que los empleos fueran de tal clase que los demás no quisieran hacerlos, por ser sucios, peligrosos, estigmatizadores o indignos. Tendrían el efecto contrario del que los defensores de la contraprestación de trabajo dicen querer.

Por qué debería el precariado oponerse a la contraprestación de trabajo

Los empleos en los programas de contraprestación de trabajo se hacen bajo coacción, por desesperación. Los progresistas no pueden aguantar esto. Los igualitaristas deberían querer que el mercado de trabajo funcione de tal forma que los salarios en los empleos desagradables subieran hasta que la oferta de trabajo apareciera libremente. Esto beneficiaría sobre todo al precariado, razón por la que debería oponerse a la contraprestación de trabajo.

Los principios de justicia

Retomando los principios de justicia del capítulo 4, la contraprestación de trabajo atenta contra el principio de la prueba de paternalismo, ya que impone controles al precariado que no se imponen a los más libres de la sociedad. De hecho, impone una explotación que normalmente nadie más soportaría en la sociedad. Por ejemplo, en 2011, refinando el Nuevo Acuerdo Flexible del nuevo laborismo, el Gobierno de coalición introdujo el trabajo obligatorio de hasta 30 horas a la semana extendido a más de 28 días, durante los cuales las personas tenían que hacer trabajos «en beneficio de la comunidad» a cambio de la asignación del buscador de empleo. Si rehusaban hacer el trabajo cobrando a razón de 2,50 libras la hora, o no lograban terminarlo, su prestación se interrumpía durante un mínimo de tres meses, y durante seis meses si se repetía la «transgresión» (sic). Ningún otro grupo, excepto los convictos en la cárcel, trabajaría normalmente por menos del salario mínimo nacional. Eso era socialmente injusto.

La contraprestación de trabajo atenta contra el principio de diferencia en seguridad, puesto que incrementa la inseguridad de las personas de por sí ya muy inseguras. Y atenta contra el principio de los derechos y no de caridad, puesto que elimina un derecho social honrado desde hace tiempo, mientras confiere un poder discrecional a los burócratas y a sus sucedáneos privatizados que maximizan beneficios. Y ciertamente atenta contra el principio del trabajo digno, puesto que el trabajo realizado sin libertad va contra la dignidad y casi nunca lleva a ningún sitio en el sentido del desarrollo personal.

La contraprestación de trabajo afecta a la búsqueda de empleo

La coacción para que se acepten empleos de corta duración debe afectar al proceso de búsqueda de empleo. Una economía de mercado necesita algo de desempleo. Pero debe permitirse a la gente que se tome su tiempo para buscar empleos que podrían ser capaces de mantener, mientras que se debe permitir a las empresas que se tomen su tiempo para seleccionar a los buscadores de empleo. Si los buscadores de empleo son colocados en programas de contraprestación de trabajo, no pueden dedicar ese tiempo a buscar empleo. De hecho, por esta razón, se ha demostrado que los programas de contraprestación de trabajo reducen la probabilidad de encontrar un futuro empleo (Gregg, 2009). Se ha sugerido que bajo el crédito universal propuesto, la gente sería capaz de aceptar microempleos al tiempo que seguiría buscando empleo hasta completar una semana de 35 horas de trabajo y búsqueda. Sin embargo, en la medida en que la búsqueda de empleo queda interrumpida, el mercado de trabajo se hace más ineficiente.

La contraprestación de trabajo reduce la renta salarial a lo largo de la vida

Lejos de aumentar la probabilidad de obtener y mantener empleos con proyección de carrera, el periodo pasado en el programa de contraprestación de trabajo puede reducir la renta salarial a largo plazo, al imponer a la gente una historia de empleos temporales de bajo nivel que no cuadran con sus cualificaciones o experiencia (por ejemplo, Collins, 2008). Si ello es así, entonces es injusto empujar a la gente a situaciones que van contra sus intereses a largo plazo. Y esto vale lo mismo si creen que es así, sea o no sea cierto. En un contexto en el que los empleos y las actividades anteriores tienen mucho peso sobre las opciones futuras, debería permitirse a los individuos decidir por sí mismos lo que más les conviene. Si el Estado se ocupa de decir a la gente lo que debe hacer, debería compensarla si resulta que se ha equivocado.

La contraprestación de trabajo hunde los salarios

La contraprestación de trabajo debe tener un efecto depresivo sobre los salarios en general, aunque su magnitud dependerá del nivel de salarios pagado por la contraprestación y del tipo y extensión de los empleos de la contraprestación de trabajo. Obligar a algunas personas a aceptar empleos de menor salario que el que podrían haber realizado de otro modo, anima a los empresarios a bajar los salarios en general.

Aunque el Partido Laborista del Reino Unido defiende un «salario vital nacional» por encima del salario mínimo, propone obligar a los desempleados de larga duración a aceptar por el salario mínimo empleos financiados por el Estado. Quizá el objetivo no sea competir con los «trabajos reales». La posición es contradictoria, y presionará a la baja los salarios de los que hacen trabajos similares.

Si los políticos quieren «salarios vitales», deberían fortalecer la posición negociadora de los desempleados, no debilitarla mediante la contraprestación de trabajo. Solo si se fortalece la capacidad de negociación de los trabajadores, los emprearios sufrirán una presión efectiva para pagar un salario vital, o decidirán no emplear a alguien porque no se necesita el empleo, porque la productividad potencial es tan baja. La realidad es que a la mentalidad utilitarista no le interesa el precariado.

La contraprestación de trabajo tiene efectos de sustitución injustos

Si los empleos tuvieran sentido y fueran productivos, la contraprestación de trabajo sería injusta para los empleos existentes y para los empleados de corta duración porque habría efectos de desplazamiento, con empleados subvencionados que desplazan a empleados existentes o a otros que podrían haber sido contratados. Tesco cooperó con las oficinas de empleo para proporcionar 3.000 puestos no remunerados de cuatro semanas en 2011. Poundland también anunció que cogería a beneficiarios de prestaciones sin cobrar, diciendo que esto «no sustituye nuestra actividad de reclutamiento sino que se añade al número de colegas que tenemos trabajando con nosotros». Asda y Homebase también tenían muchas ganas de utilizar dicho trabajo no remunerado. Nadie podría dudar realmente de que se estaban produciendo efectos de sustitución.

La contraprestación como poder del Estado

El consenso utilitarista sobre la contraprestación quedó totalmente al descubierto tras el desafío legal de un graduado en Geología obligado a hacer un trabajo no remunerado en una empresa rentable, Pounland, y de un joven que perdió su asignación del buscador de empleo por rehusar hacer 30 horas a la semana sin cobrar durante seis meses en el mal llamado Programa de Acción para la Comunidad. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Apelación dictaminaron que el Gobierno había actuado ilegalmente, porque la ley relevante no estipulaba cuándo y cómo podía tomarse esa decisión. Ian Duncan Smith, el ministro, dijo que el dictamen era una «basura», y afirmó que «hay un grupo de gente ahí fuera que piensa que es demasiado buena para este tipo de cosas […], gente que cree que tiene el derecho de recibir prestaciones y no hacer nada a cambio: esos tiempos se han acabado» (Malik, 2013). Esto es sorprendente viniendo de alguien que ha recibido muchas subvenciones en su vida sin haber hecho nada a cambio, incluido (a través de una propiedad agraria familiar) más de un millón de libras en subvenciones de la Unión Europea.

En respuesta al dictamen del tribunal, el Gobierno cambió la ley en dos días mediante una legislación «de emergencia», una táctica supuestamente usada solo para emergencias nacionales. Esto hizo que la negativa a hacer trabajo no remunerado sea un delito sancionable retrospectivamente, yendo en contra del mismo fundamento de la ley. Tristemente, el Partido Laborista se abstuvo, y a los miembros del gabinete en la sombra se les dijo que si votaban en contra de la legislación, serían obligados a dimitir. Este episodio vergonzoso muestra cuán arraigada había llegado a estar la agenda de la contraprestación de trabajo.

La contraprestación de trabajo como estafa de la asistencia-para-trabajar

La contraprestación de trabajo en el Reino Unido ha permitido que empresas privadas, como A4e e Ingeus, hicieran grandes beneficios con los contratos gubernamentales por colocar a la gente en empleos de bajo salario, y se ha vuelto más controvertida por los vínculos entre los políticos y los que ganan el dinero. Otra organización «benéfica», Tomorrow’s People, dirigida por un par del Partido Conservador, suministró buscadores de empleo como trabajadores no remunerados para las celebraciones del Jubileo de Diamantes bajo el programa de trabajo del Gobierno, un caso que salió a la luz cuando dejaron tirados en medio de la noche en Londres a los trabajadores implicados y estos tuvieron que dormir como pudieron debajo del Puente de Londres.

Las empresas dedicadas a la asistencia-para-trabajar (así) han cobrado 13.500 libras por cada persona colocada en un empleo de larga duración y la mitad de esa cantidad si le encontraron un empleo de corta duración. El incentivo para «escoger a voluntad» significa que hay probablemente una discriminación contra minorías vulnerables. De forma reveladora, la Asociación de Servicios Relativos al Empleo, el propio órgano sindical de la industria de la asistencia-para-trabajar, expresó su preocupación por que, de los remitidos por estas compañías, cada vez más eran personas con discapacidad que habían «suspendido» la prueba para la nueva asignación de empleo y apoyo.

Los proveedores del Programa de Trabajo tienen conferidos grandes poderes discrecionales para colocar a la gente en «puestos de trabajo» y tienen permiso para decidir qué es lo que cuenta como «beneficio para la comunidad». EL DWP permite colocaciones en empresas privadas si los empleos se consideran beneficiosos para las comunidades locales, pero ha rehusado publicar información sobre las colocaciones privadas. Dos de las empresas más grandes contratadas para administrar la MWA también se negaron a comentar la información de que estaban forzando a los desempleados a trabajar para compañías privadas.

***

El precariado, y cualquiera que piense que él, o sus parientes y amigos, podrían encontrarse en el precariado, tienen un interés en combatir la contraprestación de trabajo. Excepto en las emergencias nacionales, es inaceptable obligar a la gente a hacer un trabajo, remunerado o no. Debemos oponernos resueltamente a ella, venga con el pretexto que venga, como por ejemplo que rompería los hábitos de «estar sin trabajo» o que fortalecería el «derecho a trabajar».

Un experimentado empleado de Citizens Advice resumió la situación bastante bien (comunicación privada, 2013):

Los límites de lo aceptable ee están moviendo en la dirección del trabajo forzado. Hemos estado aquí antes: rompiendo piedras a cambio de comida durante la hambruna irlandesa y en programas similares en la Inglaterra de los siglos XVI y XVII, con la única diferencia de que la tecnología hace que pueda vigilarse la actividad de la gente y que la tabla de salvación de la economía sumergida se vaya hundiendo cada vez más. Un colega me decía que considera que el aumento de la prostitución se debe a que es un medio de supervivencia. No sé qué es lo que nos podría sacar (a la sociedad, signifique esto lo que signifique) de la apatía para protestar contra lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos.

La contraprestación de trabajo es una forma extrema de regulación laboral. No promueve el crecimiento y distorsiona los mercados de trabajo (por estas razones, los libertarios y los economistas neoliberales deberían ser intelectualmente coherentes y oponerse a ella). En última instancia, la contraprestación de trabajo arrebata derechos y convierte a las personas en residentes en su propia sociedad. Es una política moralista que debería ser apasionadamente combatida por todo liberal y todo progresista. Si hacerlo pone en riesgo el éxito político, que así sea. Los valores cuentan.

Artículo 21: Regular los créditos rápidos y los préstamos a estudiantes

Los créditos rápidos deberían ser regulados hasta el punto de hacerlos residuales y raros, mientras las subvenciones públicas a la educación deberían reducir el papel y la carga de los préstamos a estudiantes.

«Queda el resto del mes cuando se me ha acabado el sueldo.»

Los indignados
[grafiti]

Créditos rápidos

La industria del crédito rápido es hija del dominio del capital financiero y del crecimiento del precariado. Es un dispositivo rentista de grandes proporciones, que los gobiernos de la austeridad han permitido que florezca con impunidad. El Gobierno es responsable del fenómeno de los créditos rápidos, con su efecto devastador sobre la vida de millones de personas arrastradas a su circuito en muchos países de Europa, Norteamérica, Asia y el Caribe. Esa es la incómoda verdad. Los gobiernos han desviado la atención hacia los abusos, tales como la falta de control de la solvencia debido a la naturaleza competitiva del negocio, y los personajes indeseables de la industria. Pero las causas radicales son la flexibilidad laboral y la estructura de clases que han fomentado los gobiernos.

Créditos para contingencias a corto plazo siempre han existido, sobre todo los que facilitan mezquinos prestamistas en las partes más pobres de los pueblos y ciudades. Pero la combinación de salarios a la baja, ingresos fluctuantes y menores prestaciones previa comprobación de medios, ha creado el terreno para una industria rentista de préstamos a corto plazo. Son las tripas del neoliberalismo.

Con los salarios reales en descenso, el precariado vive permanentemente al filo de una deuda insostenible. Cualquier retraso en el cobro del salario o el subsidio, o las deducciones anticipadas de los ingresos o las prestaciones, o incluso un pequeño aumento del gasto corriente, pueden hundir a alguien en un ciclo de endeudamiento del que no pueda escapar. Como respuesta, el mercado ha generado una entidad parasitaria, una empresa que presta a los que están en deuda y a los que son incapaces de pagar sus facturas. Se aprovecha de la inseguridad. Por algo el Gobierno británico adoptó en 2013 la pequeña medida de hacer que los nuevos desempleados tuvieran que esperar siete días antes de poder reclamar la prestación por desempleo, castigados como por prescripción a una «semana Wonga», así llamada en honor a la compañía líder de los créditos rápidos.

El interés se carga diariamente en esos créditos, que pueden obtenerse rápidamente, con pocas preguntas de por medio. Si el crédito no se devuelve a tiempo, se refinancia, tras lo cual el coste se acelera. Por ejemplo, un crédito de 200 libras de Wonga cuesta 235 libras a los quince días, pero a los 60 días la deuda habrá aumentado a 327 libras. A mediados de 2013, el TAE de Wonga (tasa anual equivalente) estuvo en el 5.853 por ciento. Una empresa rival, The Money Shop, cargaba un TAE de más del 20.000 por ciento. Esto se convierte en esclavitud por deudas.

En inglés, estos créditos se llaman «créditos del día de paga»[24], lo que es un eufemismo para expresar la idea de que la industria está dando créditos flexibles rápidos para cubrir a la gente hasta el día en que se cobra la nómina. En realidad, los créditos a menudo son para tapar un parche, cubrir un gasto imprevisto o un ingreso inadecuado de un empleo, y se usan para pagar cosas esenciales como la comida, los gastos de luz y agua o el alquiler. Reflejan la estructura económica y refuerzan e intensifican las desigualdades por ella generadas. Se necesitan mejores regulaciones. Pero no se pueden combatir efectivamente los créditos rápidos sin una estrategia progresista para superar las causas económicas de su crecimiento.

En el Reino Unido, en 2012, más de un millón de personas cada mes estaba utilizando créditos rápidos y la industria estaba prestando más de dos mil millones de libras anualmente, más del doble de su nivel en el momento del crac. La deuda de los créditos rápidos creció en un 300 por ciento entre 2010 y 2012, de acuerdo con una agencia de asesoramiento sobre deudas, StepChange Debt Charity. El número de personas que buscan asesoramiento sobre dificultades con los créditos rápidos se ha disparado. StepChange ayudó a 31.000 personas en la primera mitad de 2013, a casi tantas como en todo 2012. Más de un quinto tenía cinco o más créditos rápidos pendientes. Citizens Advice informó de que una persona había pensado en suicidarse tras ser contactada veinte veces al día por su prestamista, que también se puso en contacto con su empresa. Otros vieron sus cuentas vaciadas por los prestamistas, con la ayuda de los bancos.

Una investigación de la Oficina del Comercio Justo (OFT)[25] confirmó que los prestamistas de créditos rápidos estaban usando métodos de mano dura para recuperar el dinero, más que gastando en controles previos para asegurarse de que los prestatarios estuvieran en posición de pagar su deuda. Se daban créditos a gente con debilidad mental, y a menores. Aprovechándose de la vulnerabilidad de la gente, los prestamistas utilizaban a las autoridades de pago continuado (CPA)[26] que les dan un poder indefinido para retirar el dinero de las tarjetas de crédito o débito de los prestatarios. La OFT publicó directrices diciendo a los prestamistas que no deberían utilizar las CPA sin el informado consentimiento del prestatario, que deberían averiguar por qué una persona no pagaba, y que no deberían retirar dinero si la persona no tenía fondos suficientes. Pero el Gobierno y los reguladores se mantuvieron al margen.

Las compañías de créditos rápidos están integradas en el edificio del capital financiero. Wonga, que se ha extendido a Canadá, Polonia y Sudáfrica, está respaldada por empresas de capital riesgo con vínculos en Goldman Sachs, la Bain Capital de Mitt Romney y los conservadores en el Gobierno (Collison, 2013), así como por otros inversores, incluso por organizaciones benéficas. En un caso notorio, Wellcome Trust, una organización benéfica dedicada a la investigación de la salud, invirtió en fondos de Wonga; cuatro meses más tarde, la persona clave que negoció el acuerdo en nombre de la organización benéfica se pasó a trabajar con Wonga.

La industria ha florecido en Estados Unidos. En 1990, había menos de 200 establecimientos que daban créditos rápidos; en 2013 había más de 23.000. La concesión de créditos rápidos se había convertido para entonces en una industria de 50.000 millones de dólares, a menudo cargando tipos de interés sobre los créditos que superaban el 500 por cien anual. De acuerdo con Pew Charitable Trusts, 12 millones de americanos obtienen créditos rápidos cada año, a un promedio de 375 dólares, en su mayor parte para hacer frente a gastos corrientes. La mayoría es incapaz de devolverlos con prontitud e incurre en deudas mayores. Pew calculó que el prestatario típico terminaba pagando más del doble del crédito original, sobre todo por los cargos del banco.

Los bancos estadounidenses han jugado un dudoso papel en el crecimiento de los créditos rápidos. Algunos han prestado dinero a las compañías de crédito rápido; otros se han metido directamente en el negocio, a través de los «adelantos directos de depósito». Bancos señeros como JP Morgan Chase, el Bank of America y Wells Fargo han facilitado las cuentas de sus clientes para la recuperación de créditos e intereses, incluso en Estados donde están prohibidos los créditos rápidos. Más de un cuarto de los consumidores de créditos rápidos dijeron en una encuesta de Pew que los créditos eran los causantes de que sus cuentas tuvieran descubiertos y se fueran acumulando unos cargos bancarios considerables.

En 2012, el Nuevo Proyecto Económico provocó una demanda federal contra JP Morgan Chase en nombre de dos prestatarios en Nueva York que decían tener que pagar miles de dólares en cargos bancarios, además de los intereses y las «penalizaciones» impuestos por el prestamista. Nueva York prohíbe los créditos rápidos «usurarios». Cosa extraña, el presidente ejecutivo de JP Morgan describió la implicación de su banco como terrible, asegurando que no sabía nada de ello. Finalmente, JP Morgan aceptó el acuerdo del tribunal por el que se comprometía a respetar las peticiones del cliente de que se pararan las deducciones de sus cuentas y a vigilar y dar parte de las prácticas abusivas de recaudación.

Los créditos rápidos también son parte de la historia de las trampas de la precariedad. Las personas desesperadas obtienen créditos fáciles, pero están sujetas a prácticas abusivas de recaudación, que les obligan a vender bienes o a asumir nuevas deudas. La industria de los créditos rápidos saca beneficio por el hecho de que sus clientes no paguen a tiempo, lo que alienta a la industria a prestar a sabiendas más dinero del que los prestatarios pueden afrontar. En los Estados Unidos, el cliente medio de créditos fáciles saca once créditos al año, a menudo para pagar deudas anteriores. La OFT (2013) descubrió que casi un tercio de los créditos en 2011-2012 se habían acumulado, ascendiendo a casi la mitad de los ingresos de los prestatarios.

Después de que la OFT amenazó a cincuenta compañías de crédito rápido con la retirada de sus licencias a menos que actuaran con limpieza, catorce decidieron dejar totalmente de dar créditos rápidos y otras introdujeron cambios para adecuarse a las directrices de la OFT. Sin embargo, aunque el Gobierno planeó dar a la nueva Autoridad de la Conducta Financiera (FCA)[27] el poder de poner tope a los cargos de los créditos a partir de 2014, la industria de los créditos rápidos debería ser regulada de forma mucho más rigurosa, con exigencias establecidas por ley de verificar la factibilidad de la devolución, con topes en el TAE, con la publicación de los costes y de los tipos de interés a largo plazo, con el requerimiento de remitir a los prestatarios en dificultad a los asesores de deuda, con la prohibición de la acumulación automática de créditos, y con sanciones sustanciales por el abuso de las empresas. Debería prohibirse a los bancos que se implicaran, directa o indirectamente invirtiendo en compañías de créditos rápidos.

Deberían estimularse las asociaciones de crédito como fuente alternativa para los créditos pequeños. Pero tampoco se puede esperar demasiado de ellas. Exigen a sus miembros que tengan un «vínculo común», a menudo relacionado con el empleo o una comunidad local, y que tengan ahorros antes de ser considerados para un crédito. Los tipos de interés son modestos, pero la mayoría de las asociaciones de crédito están infracapitalizadas y no pueden asumir mucha deuda mala. De hecho, el único propósito del «vínculo común» es crear una institución basada en la confianza y la mutualidad. Muchos en el precariado no reunirán las condiciones para entrar en una asociación de crédito: o serán incapaces de ahorrar o no pasarán los controles crediticios.

El problema real es la creciente necesidad de créditos a corto plazo. A menos que se aborde, millones de personas se arriesgarán a verse arrastradas desde el precariado a una subclase lumpenizada, de gente sin techo, suicida y perdida para la sociedad. Aunque hay medios de resistencia anárquicos, brillantemente resumidos en The Debt Resistors’ Operations Manual[28] (Brooklyn Rail, 2012), pueden terminar criminalizando a más víctimas. Eliminar las causas es el único camino prometedor.

Préstamos para estudiantes

Estar en el filo de una deuda que se hace insostenible en cualquier momento es casi la norma para el precariado con formación académica. Cada vez más gente que va a la Escuela Superior o a la Universidad termina con una deuda crónica que puede describirse sin faltar a la verdad como esclavitud por deudas. Tienen una baja probabilidad de poder devolver sus deudas, lo que reduce sus posibilidades de conseguir casa, casarse o tener una relación estable a largo plazo. Una década después de acabar la universidad, un graduado estadounidense describía su deuda estudiantil como «si llevara una gran mochila llena de ladrillos» (Johannsen, 2013).

No es hiperbólico decir que la situación es semifeudal. La persona es explotada tanto en el mercado laboral como a través del mecanismo de la deuda; la deuda reduce la capacidad de negociar buenos salarios o de levantarse para reivindicar derechos sociales o económicos. Romper ese círculo de vulnerabilidad es un desafío para el siglo XXI.

La situación en Estados Unidos es extrema. Los estudiantes, o sus familias, pagan ahora casi la mitad del coste de la educación superior, una proporción que se ha más que doblado entre 1987 y 2013. La desinversión pública ha significado que los estudiantes pagan más mientras que las instituciones educativas reciben menos con lo que educarlos. En 2004, el Gobierno privatizó Sallie Mae (ahora la corporación SLM), el principal proveedor de préstamos estudiantiles con garantía federal, transfiriendo un negocio rentable casi libre de riesgo al sector privado. Desde entonces, se han multiplicado los préstamos estudiantiles privados concedidos por Sallie Mae y otros, lo que ha expandido el carácter rentista de la economía. Los prestamistas han empaquetado estos préstamos estudiantiles privados para crear un mercado de títulos respaldados por los activos de los préstamos estudiantiles (SLAPS)[29], por un valor de 400.000 millones de dólares a principios de 2013. Los inversores ven los SLAPS como activos de bajo riesgo que proporcionan un flujo estable de ingresos de los millones de estudiantes con deudas por pagar casi de por vida. No obstante, ya hay evidencia de la caída en las devoluciones y del crecimiento de los impagos.

La deuda estudiantil superaba a la deuda de las tarjetas de crédito en 2010 y pasó del techo del billón de dólares en mayo de 2012. Siete millones de los más de 50 millones de estadounidenses con deuda tienen impagos. Solo se devuelve la mitad de la deuda federal de préstamos estudiantiles, con casi un tercio de los préstamos en situación de prórroga, espera o impago. Se avecina una burbuja aterradora. Pero la corporación SLM gastó varios millones de dólares en presionar al Congreso para asegurarse de que no se hiciera ningún esfuerzo político para regular el negocio.

Emulando a Estados Unidos, el Gobierno de coalición británico, habiendo subido las tasas de matrícula, está considerando propuestas para elevar el tope de los tipos de interés y promover así la venta de la cartera crediticia de los estudiantes a inversores privados. En otros países, también la industria de los préstamos estudiantiles es un dispositivo rentista que está colocando a millones de jóvenes en situación de deuda crónica. En palabras de Noam Chomsky:

Los estudiantes que contraen grandes deudas al entrar en el sistema universitario seguramente no pensarán en cambiar la sociedad. Cuando se atrapa a la gente en un sistema de deudas, no tiene tiempo para pensar. Los aumentos en las tasas de matrícula son una «técnica disciplinaria», y para cuando los estudiantes se gradúan, no solo están cargados de deudas, sino que también han interiorizado la «cultura disciplinaria». Esto los convierte en componentes eficientes de la economía de consumo (Weil, 2013).

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En resumen, un movimiento progresista debe apoderarse del control público de las empresas de préstamo estudiantil y de créditos rápidos. Hagamos que se mutualicen, con órganos estudiantiles en los consejos de cualquier institución que dé préstamos a los estudiantes. La verdadera necesidad es volver a un sistema educativo financiado públicamente, en el que las tasas estén moderadas por copagos públicos que sean mucho mayores y más universales de lo que han sido en tiempos recientes.

A mediados de 2013, el arzobispo de Canterbury lanzó una asociación crediticia con base en la iglesia para «competir» con Wonga y sacarla del negocio. Lógicamente atrajo el aplauso popular. Pero estos esfuerzos son respuestas parciales que dejan intactas las razones del crecimiento de los préstamos a corto plazo. Lo que se necesita realmente es marginar los créditos rápidos aumentando la seguridad económica por los medios propuestos en los artículos 25 y 26. Sin eso, las respuestas parciales serán inútiles.

Artículo 22: Instituir un derecho al conocimiento y al asesoramiento financiero

Todo el mundo debería tener el derecho a un asesoramiento financiero a su alcance y tener la oportunidad real de adquirir conocimiento financiero.

El conocimiento financiero es vital para funcionar en la economía de mercado actual. El precariado carece de los medios para pagarse el acceso a dicho conocimiento, y ello incrementa su inseguridad y desigualdad económica. La élite, el salariado y los profitécnicos pueden permitirse pagar a un experto, lo que hace del conocimiento financiero un vehículo para la desigualdad de ingresos. Solo universalizando el derecho al asesoramiento y el conocimiento financiero pueden cumplirse los requisitos de equidad e igualdad. El acceso a un asesoramiento financiero público debería ser un derecho social del siglo XXI.

Hoy, las familias corrientes en su mayoría tienen que gastar mucho tiempo en gestión financiera: rellenar formularios de la declaración de la renta y de prestaciones sociales, tomar decisiones sobre ahorros, hipotecas, inversiones, pensiones y seguros, administrar las deudas, elegir la compañía eléctrica, de teléfono e Internet entre una apabullante variedad de paquetes, y manejar temas legales tales como testamentos, autenticaciones, poderes notariales, acuerdos de divorcio, etc. Una manera sensible de entender el trabajo sería considerar todo esto como trabajo. Sin embargo, pasa sin ser reconocido ni medido.

El Código Fiscal del Reino Unido tiene más de 11.500 páginas; el Código Fiscal de Estados Unidos es aún más largo —74.000 páginas— y se ha triplicado en tamaño a lo largo de la última década. Un estudio estimó que los estadounidenses gastaban 7,6 mil millones de horas y 140.000 millones de dólares al año haciendo la declaración de la renta, y cuatro de cada cinco usaban software diseñado por empresas privadas o pagaban a un profesional de la gestión tributaria (The Economist, 2013). Contables bien pagados por los ricos pueden minimizar lo que tienen que pagar sus clientes usando diversos medios legales para eludir impuestos, y algunos otros que rayan en lo ilegal. Los que están en el precariado —quienes pese a sus bajos ingresos pueden tener que resolver complejas cuestiones financieras, ya que no tienen remuneraciones ni salarios regulares— no pueden pagar un asesoramiento equivalente. Esta es una de las desigualdades de la desigualdad.

El multimillonario inversor, Warren Buffet, tenía asesores que se aseguraron de que pagara un tipo impositivo menor que su secretaria, tal como él mismo admitió libremente. Los asesores del anterior candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney, consiguieron que pagara menos del 13 por ciento por sus multimillonarios ingresos. Mientras tanto, los que están en el precariado pagarán probablemente más de lo que deberían por sus magros ingresos.

Debería haber un derecho económico al libre asesoramiento y conocimiento público en cuestiones de gestión financiera. Y debe ser más que un mero derecho simbólico. Las organizaciones como Citizens Advice en el Reino Unido deberían tener la financiación adecuada para que pudieran proporcionar ese asesoramiento a todos. Todo el mundo debería tener acceso a la educación financiera; en este sentido, es bueno que el Gobierno británico lo haya introducido como asignatura en el currículum de la escuela secundaria. Y el tiempo necesario para aprender gestión financiera y aplicarla debería contar como trabajo.

En su mayoría, la gente tiene poco conocimiento fiable de los procedimientos y las normas financieras. Puede que temamos violar la ley inadvertidamente, por no conocer todas las normas y regulaciones. Puede que cometamos errores, que pueden costarnos dinero y así reducir nuestra renta neta, o peor aún, ocultar algo sin querer y arriesgarnos a ser sancionados o incluso denunciados. Algunos pueden hacer trampa, y racionalizarlo diciendo que han perdido algo en alguna parte del sistema.

Todas estas situaciones causan estrés y todas ellas son más serias para el precariado. Incluso si la pérdida de ingresos es pequeña, podría ser una parte sustancial del ingreso total para el precariado, lo que agudiza su inseguridad económica. Las demandas de devolución del sobrepago de los créditos fiscales en el Reino Unido, por ejemplo, debido a las horas fluctuantes de trabajo e ingreso de la persona, pueden meterla en dificultades financieras.

En otro ejemplo, las organizaciones benéficas del Reino Unido han ayudado a que la gente apelara con éxito contra demandas de cientos de libras de impuestos atrasados de las autoridades fiscales, pero puede que simplemente paguen sin verificar si la demanda es correcta. Una organización benéfica, Tax Help for Older People[30] (taxvol.org.uk), dice tener un porcentaje de éxito del 97 por ciento en las apelaciones contra dichas demandas. Pero en su mayoría la gente no consigue o no puede conseguir asesoramiento gratuito y asumir que tiene que pagar a un asesor fiscal profesional, algo inalcanzable para los recursos de los que tienen ingresos irregulares, y aun para muchos cuyos ingresos corrientes los sitúan fuera de la franja de pobreza.

Historiales de crédito

Una parte necesaria del conocimiento financiero de alguien es la capacidad de acceder y corregir los historiales en poder de las agencias de referencia de crédito y otras. No debería permitirse a ninguna compañía que registrara a alguien como persona de alto riesgo crediticio sin que fuera informada y se le diera la correspondiente oportunidad de rectificar la causa o de impugnar la acción. Debería sancionarse a toda compañía a la que se descubriera habiendo rebajado la clasificación crediticia de alguien sin su conocimiento, y la persona afectada debería ser compensada. No ha de bastar con un tirón de orejas y una disculpa. Mientras no se impongan costes a las compañías, seguirán jugando a lo seguro arriesgando más errores del tipo I (negar por error buenas clasificaciones crediticias) que errores del tipo II (dar buenas clasificaciones crediticias cuando puede haber razones para la reserva). En un momento en que cuenta tanto la «puntuación crediticia» a la hora de pedir una hipoteca y otros préstamos, y con toda una industria de agencias de referencia de crédito, esto es cada vez más importante.

Asesoramiento online sobre impuestos y deudas

Muchos países están empezando a proporcionar a los ciudadanos que pagan impuestos asesoramiento financiero, normalmente online. Esto es deseable y equitativo, siempre y cuando se garantice la confidencialidad y el acceso a Internet.

En el Reino Unido, la National Debtline es una línea telefónica gratuita de ayuda, que forma parte de la Money Advice Trust, creada en 1991 para proporcionar asesoramiento financiero independiente. Con el respaldo de fundaciones, bancos, departamentos gubernamentales, organizaciones benéficas y corporaciones, ha ayudado a muchas personas desesperadas, pero la demanda supera con creces los recursos disponibles. Casi la mitad de las 234.000 llamadas a la Debtline en 2012 eran de personas con empleo. Citizens Advice también está desbordada. Pero incluso si estas organizaciones tuvieran los recursos adecuados, no podrían funcionar óptimamente a menos que la ciudadanía tuviera formación en gestión financiera básica y tuviera el tiempo y las facilidades para sopesar opciones y riesgos.

En Italia, donde cerca del cuarto de la actividad económica está en la economía sumergida, las autoridades fiscales pueden calcular el impuesto sobre la renta a partir de la información que dejan al descubierto los hábitos de consumo de los individuos. A partir de ahí es el contribuyente el que tiene que demostrar que la carga impositiva resultante es incorrecta. En 2012, la Agencia delle Entrante (agencia de recaudación de impuestos) introdujo Redditest, un programa online que permite a la gente calcular los ingresos que tienen que declarar para ser creíbles y no levantar así las sospechas de las autoridades. ¡Puede que sea esta la primera vez que un gobierno ha ofrecido asistencia para eludir impuestos! Sin embargo, seguramente el precariado se aproveche menos de ella. Un tercio de los italianos, en su mayoría pobres o ancianos, no usa ordenador.

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Algunos gobiernos se han visto arrastrados hacia la vía paternalista libertaria y usan incentivos financieros y barreras selectivas para empujar a la gente a tomar «la decisión correcta». Este enfoque global es peligroso y contrario a la libertad real. La vía alternativa y civilizadora es proporcionar más educación financiera universal, mayor acceso a asesoramiento financiero experto y mayores garantías de confidencialidad financiera. Estas no son cuestiones menores.

Artículo 23: Desmercantilizar la educación

La industria de la educación debe ser regulada y restringida, a fin de restablecer el control público de la educación y el ejercicio de la enseñanza. Todos los aspectos de la educación han sido mercantilizados, en detrimento del precariado. Hay que revertir la mercantilización, poniendo los valores de la Ilustración en el corazón del sistema educativo.

«Pero la formación universitaria es el gran medio habitual para lograr un gran fin, aunque común; aspira a elevar el tono intelectual de la sociedad […]. Es la educación la que da a un hombre una idea clara y consciente de sus propios juicios y opciones, la verdad para desarrollarlos, la elocuencia para expresarlos y la fuerza para defenderlos.»

Cardinal Newman
La idea de universidad, [1852] 1907

Según insistíamos en el capítulo 3, se está sacrificando el derecho exigible a la educación real y se está saqueando al precariado mediante la comercialización de la educación. Todos los aspectos se han mercantilizado: las instituciones, los grados y certificados, los estudiantes, profesores y académicos. Todos se han visto sometidos a las presiones del mercado, a medida que se ha desarrollado el capitalismo educacional.

Se supone que la educación proporciona un camino hacia la sabiduría y estimula la curiosidad, los valores éticos y la creatividad. En lugar de ello, a medida que crece globalmente la población universitaria, cada vez hay más gente para la que la educación no sirve más que como preparación para conseguir un empleo y competir por él. La educación es un bien público. Y está bajo amenaza. Deben recuperarse los valores ilustrados y devolverlos al corazón de la educación, dando más cabida al saludable inconformismo y al aprendizaje de la ética, la empatía y la moralidad.

Desmercantilizar los sistemas educativos

La educación ha sido comercializada en la era de la globalización. La maximización de beneficios se ha convertido en la fuerza motora, junto con la preparación de los jóvenes para conseguir empleo. Esto ha llevado a la financiarización y al dominio creciente de empresas comerciales que han construido una «industria de la educación» global.

Aunque haciendo la observación liberal convencional en el sentido de que la educación no debería ser privilegio de los ricos, un conocido periodista añadía: «Por supuesto que los graduados deberían pagar las tasas de su educación en los treinta años de su vida laboral subsiguiente […]. Por supuesto que las universidades deberían hacer más por alimentar los negocios con la savia del conocimiento científico y tecnológico» (Hutton, 2013). ¿Pero por qué habrían de predominar esos criterios? La sociedad también necesita filósofos, poetas, arqueólogos e historiadores, por razones sociales y culturales, pero estas y otras muchas ocupaciones (incluido el periodismo) normalmente ya no están tan remuneradas como para soportar las enormes deudas que los estudiantes británicos y estadounidenses ahora están obligados a contraer. No todo el mundo puede conseguir (o quiere) un empleo en la City de Londres o en Wall Street. Las universidades deben reafirmar su misión ilustrada (Collini, 2012). La educación debería preparar a la gente para ser ciudadanos, no trabajadores. Si la formación solo tiene en cuenta los costes y beneficios financieros, entonces los propósitos más amplios de la educación quedarán relegados y marginados.

Las universidades se han convertido en una industria global que envía representantes por todo el mundo para reclutar a estudiantes que pagan matrículas y vender cursos bien presentados, con folletos brillantes, campus satélites en China y otros sitios, y centros de intercambio académico. Pese a la inquietud, la mayoría de los académicos ha entrado por el aro. Se recluta a «superestrellas» académicas y se las utiliza para generar beneficios para sus universidades. Han abandonado la vieja comunidad de profesionalismo, la estructura gremial que reproducía la ética y las formas de comportamiento definidas por la Ilustración.

Se está acelerando la globalización de la educación como educación «de escuela», con las universidades de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países compitiendo por vender sus marcas. Esto supone un menosprecio de las tradiciones orales y fraternales asociadas a los grandes centros de formación. Ir a Cambridge no es lo mismo que ir, digamos, a Manchester u Oxford. Cada una tiene algo especial, destilado por su historia, un equilibrio de materias, una forma de enseñanza, y así sucesivamente. La venta global de las universidades se guía por consideraciones comerciales, no culturales o emancipadoras (por ejemplo, Seldon, 2013). Y va unida a la convicción de que la enseñanza online y las universidades con menos profesores dominarán el futuro. Si lo hacen, irá desapareciendo la decisiva facilidad para debatir, discutir y reflexionar.

Los currículos estandarizados van por delante. Los cursos online terminarán sirviendo para reforzar paradigmas, no para desafiarlos. No deberíamos desear que las universidades de Cambridge, Harvard, la Sorbona, Nueva Delhi o Ciudad del Cabo se conviertan en «marcas globales». Deberían ser centros para el pensamiento crítico creativo, y los que tengan la suerte de estar en ellos deberían oponerse a su conversión en rentables centros globales.

La mercantilización se ha extendido a la escuela secundaria y primaria, así como a las escuelas de especialización. Suecia va a la cabeza de la privatización de la escuela, permitiendo la competición con los colegios del Estado y proporcionando vales para comprar plazas en colegios «libres» (comerciales). Más de un tercio de los colegios de secundaria superior y un sexto de los colegios de la elemental están dirigidos por agencias privadas, muchas de ellas propiedad de empresas de capital riesgo. Pese a las mejorías en los logros de los colegios públicos, Suecia ha caído en años recientes en los rankings de rendimiento educacional del informe PISA de la OCDE (Programa para la Evaluación Internacional del Estudiante)[31], sobre todo en ciencias. Ha seguido adelante, reorientando los colegios hacia la preparación para el trabajo y la empleabilidad, siguiendo las directrices de las organizaciones empresariales (Lundahl et al., 2010). En 2013, una de sus compañías educativas estrella, JB Education, propiedad de un grupo de capital riesgo, cerró, dejando a los estudiantes en la cuneta, pero la más grande, AcadeMedia, también propiedad de un grupo de capital riesgo, siguió expandiéndose.

Por el contrario, Finlandia, basada en un sistema estatal, ha superado sistemáticamente a otros países de Europa y Norteamérica, de acuerdo con las puntuaciones corrientes del informe PISA, y ha aumentado la distancia con respecto a Suecia. Finlandia ha resistido la mercantilización, gastando proporcionalmente menos que otros países, incluido Estados Unidos, y permitiendo la experimentación creativa a sus profesores y colegios locales. Según han testificado los evaluadores, la clave ha estado en dar confianza a los profesionales, los profesores, y no prescribirles currículos nacionales o tablas de clasificación de rendimiento. Los profesores son libres para diseñar sus currículos y desarrollar sus propios exámenes para los alumnos. El sistema se ha mantenido sin apenas cambios desde principios de 1970.

También hay autorregulación ocupacional. La enseñanza en Finlandia se ha preservado como una profesión, aunque no bien pagada, y no se ha mercantilizado hasta el punto de producir división de clases, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares, donde la profesión refleja cada vez más la estructura de clases de élite, salariado y precariado, con poca movilidad interna.

Es vital que la mercantilización dé marcha atrás. Un sistema educativo público convenientemente financiado, abierto a todo el mundo y utilizado por todos los grupos de renta, es esencial para cualquier buena sociedad. La mercantilización también erosiona el deseo de la educación por sí misma, sobre todo la búsqueda del conocimiento, la cultura y la moralidad que los antiguos griegos llamaban paideia. ¡No tenemos tiempo! ¡Eso no es rentable! Lo mismo pasa con la mercantilización de los profesores. Las autoridades están revisando los sistemas de remuneración para «recompensar» la productividad. En Estados Unidos, los Estados y los distritos están empujando a los profesores a un sistema de paga por méritos, frente a la oposición de los sindicatos de profesores. El objetivo es incentivar el rendimiento, pero ello dará como resultado más estrés, más competitividad entre profesores y administradores, y una enseñanza más dirigida a la superación de pruebas. Otros países se han movido en la misma dirección. Esto dará al traste con el valor del proceso educativo propiamente dicho.

Desmercantilizar las credenciales y reducir el credencialismo

Los estudiantes van a la universidad o la escuela superior en busca de una educación. En su mayoría se dan cuenta de que, en lugar de ello, han comprado un billete de lotería. A menos que sean muy insensatos, o corran el riesgo de elegir «opciones» duras y desafiantes, pronto se dan cuenta también de que pueden ganar el billete de lotería con poco esfuerzo, siempre que se atengan al curso. Las instituciones educativas tienen en su mayoría una razón comercial para maximizar la «tasa de éxito» de sus estudiantes.

Así, tanto los estudiantes como las instituciones tienen interés en pervertir el sistema. Pero, para el precariado, la farsa es una estafa. Los estudiantes y sus familias pagan cada vez más por un potencial billete de lotería, y contraen una deuda cada vez mayor que podría acompañarles durante décadas. Y el billete de lotería cada vez vale menos, puesto que cada vez es mayor el número de personas que compran un billete y las posibilidades de que les toque, en el sentido de conseguir un empleo de alta remuneración, cada vez son menores. No hay fácil solución. Sin embargo, es esencial recuperar la idea de que la educación es un derecho social, un fin en sí misma. El contenido, la gobernanza y los objetivos deben ser rescatados de las fuerzas del mercado.

Hacer campaña serviría de ayuda: restarle importancia al credencialismo, al uso de diplomas como mecanismo de selección cuando no tienen relevancia directa. El capital siempre quiere trabajadores «más» cualificados. Y los modelos de planificación de recursos humanos siempre predicen escasez, por muy rápido que crezca el número de personas formadas. El Mckinsey Global Institute estimó que para 2030 la fuerza de trabajo global será de 3.500 millones; que para 2020 habría 38-40 millones menos trabajadores con educación terciaria de los que «necesitarían» los empleadores; que habría una escasez de 45 millones de trabajadores con educación secundaria en los países en desarrollo; y que habría un excedente de más de 90 millones de trabajadores no cualificados (definidos como los que carecen de educación universitaria en las economías avanzadas o educación secundaria en los países en desarrollo). Concluía que, previsiblemente, las economías avanzadas necesitaban doblar el crecimiento de los jóvenes con formación universitaria, y desplazarse más hacia los campos de la ingeniería y la ciencia. Esto es consecuencia de interpretar la demanda como necesidad. Los modelos de recursos humanos deberían tomarse con cautela. Gran parte de lo que pasa por necesidad es puro credencialismo.

Desmercantilizar a los profesores y los académicos

Las ocupaciones en la educación se están convirtiendo en un espejo de la estructura de clases global, con una élite, un salariado, sus profitécnicos, un núcleo de trabajadores estables y un creciente precariado. Los ganadores son la élite —estrellas académicas con menciones, premios y consultoría— y el salariado con plaza y beneficios no salariales, tales como pensiones, largas vacaciones pagadas y cosas por el estilo, junto con los profitécnicos, esto es, especialistas que van de un sitio a otro vendiendo sus cursos.

Mientras tanto, cada vez más gente se encuentra en el precariado. En muchos países se han establecido nuevas categorías auxiliares, a menudo fomentadas por los gobiernos y los intereses comerciales que trabajan a su lado. Ha habido un enorme crecimiento de los «profesores adjuntos», a menudo en compás de espera, sin saber dónde y cuándo darán clase hasta el último momento. En las universidades australianas, más del 85 por ciento del personal docente es eventual. En Estados Unidos, la mitad de las facultades en las universidades públicas se compone de adjuntos, y en los centros de formación superior la proporción es de más del 80 por ciento. El sindicato de Univesidades y Escuelas Superiores del Reino Unido dice que el sector de la educación superior es ahora el segundo con más eventuales después de la industria de los hospitales, con más de un tercio de la fuerza de trabajo académica regular con contratos temporales, sin contar los más de 80.000 eventuales que hacen trabajos de docencia por horas. Muchos adjuntos cobran poco más del salario mínimo, muy por debajo de los salarios de los profesores y académicos titulares que hacen esencialmente el mismo trabajo.

Otra táctica de mercantilización es la «clasificación» (el ranking) y la «calificación» (el rating) de los profesores, lo que refuerza la idea de que la educación es un mercado, y los estudiantes «consumidores» de un producto. Esto se lleva aún más lejos con la promoción de cursos online (MOOC: cursos masivos abiertos online)[32] y conferencias impartidas por estrellas académicas, tales como el profesor de Harvard Michael Sandel, que compiten entre sí en un mercado global, vendiendo por doquier productos estandarizados y una filosofía de obediencia a la norma.

La educación como proceso liberador debe recrear una comunidad basada en la ética. La élite y el salariado dentro del sistema deben unirse al precariado educacional para reducir sus inseguridades y frenar la creciente diferenciación de clase. Aunque la élite puede aumentar su flujo de renta preservando su categoría de privilegiados de dentro, también sufrirá con la erosión de la integridad y el ethos educacional si continúa la estratificación.

Una antigua verdad es que la sabiduría convencional de hoy es el prejuicio repudiado de mañana. Los cursos online para millones de personas son una amenaza para el espíritu de investigación y no conformismo. Clayton Christensen, de la Business School de Harvard, afirma que la universidad tradicional ha pasado a la historia, y observa que Harvard ya no da el curso de iniciación a la contabilidad, porque los estudiantes prefieren un curso online de otra universidad (Friedman, 2013). Lo que queda son universidades de élite dirigidas por profesores de élite para gente de élite, junto con universidades estandarizadas de profesores que ganan un sueldo para el precariado. Hay que resistirse a un futuro así.

Desmercantilizar la investigación académica

Los gobiernos están manipulando la investigación, inclinándola hacia fines comerciales e ideológicos mediante la financiación impuesta y los métodos de evaluación, sobre todo asignando fondos a las universidades basadas en los sistemas de clasificación orientados al «valor en términos de dinero» y al «impacto». Esta es una tendencia global. Con la zanahoria del dinero frente a ellos, los académicos y las universidades han respondido con un dócil consentimiento. En el Reino Unido, el Marco de Excelencia Investigadora (REF)[33] de 2014 asignará recursos y grados a las universidades de acuerdo con el impacto percibido de su investigación. Cómo se mide el «impacto» es algo que deciden los burócratas, muchos nombrados por el establishment político dominante, que de forma predecible da mucha importancia a la investigación considerada útil para el Gobierno y las instituciones dominantes. La investigación y el pensamiento crítico o no conformista será juzgado como de poco o nulo impacto, y por consiguiente sufrirá la marginación. Lo más probable es que terminen entendiendo que la vía a la seguridad y las oportunidades de promoción del salariado es mostrar que tienen impacto, y modificarán su perspectiva crítica.

Así, la investigacón orientada a ayudar a los jóvenes en las comunidades deprimidas tiene un peso mínimo en la evaluación del impacto, mientras que la investigación en temas que afectan a las grandes corporaciones o a los departamentos del Gobierno cuenta muchísimo. Además, es fácil que los que financian, que pueden ser corporaciones o departamentos del Gobierno, supriman los descubrimientos de la investigación que no les gusten, y se aseguren de que no son citados en los informes oficiales. Determinando a qué investigación se le da publicidad, los que financian influyen en el impacto medido y por consiguiente en la dirección del trabajo. Esto reproduce y refuerza las posiciones de los poderosos, la élite y la ortodoxia, que nombrarán a sus propios acólitos en los consejos y comités que hacen las evaluaciones. A cambio, los administradores, obsesionados con la implantación de un modelo empresarial y con maximizar los ingresos de la universidad, penalizarán a los investigadores con ningún «impacto» percibido o previsible, y sus nombramientos y promociones se harán de acuerdo con ello.

Enseñar empatía, no oportunismo

Ciertas profesiones, sobre todo la medicina, insisten en que para llegar a ser miembro de la profesión una persona debe hacer cursos de ética. Dado que hay cada vez más servicios que implican cuestiones de confianza e integridad, que bien pueden compadecerse mal con la maximización de los ingresos, a todo el mundo debería dársele una educación ética. En un mundo comercializado, la educación ética se ve como carente de importancia porque no ayuda a «fomentar la competitividad». Una consecuencia de ello es que los grandes valores de la compasión y la empatía están en peligro de quedar marginados, con lo que la gente se queda fácilmente expuesta a las posiciones de políticos oportunistas, sus asesores y los medios de comunicación. Debe haber una campaña para superar el modelo empresarial. Toda escuela pública o privada debería tener cursos de educación moral.

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Debe hacerse campaña para desmercantilizar la educación y recuperar sus propósitos principales. Son demasiadas las personas que dentro o alrededor de los sistemas educativos de todo el mundo están cediendo a las presiones mercantilizadoras, pese a sus valores e intelectos. En lugar de ello, deberían ridiculizar las pretensiones comerciales de la estandarización y de las pruebas de evaluación de impacto, oponerse a la automercantilización, y mostrar solidaridad con los profesores adjuntos, los docentes auxiliares y los colegas precarizados. Esta campaña debe ser dirigida por las élites de la esfera de la educación. Son los que menos tienen que perder y pueden asumir riesgos desde posiciones de autoridad y seguridad. Sin embargo, también deberían intentar democratizar las instituciones educativas, lo que incluye a las instituciones financiadoras, en particular garantizando que el precariado tiene voz.

En un sistema global de mercado, no puede conseguirse una desmercantilización total de la educación. Pero para el futuro de la educación como una parte liberadora de la vida, debe haber fuertes instituciones que mantengan a raya a los demonios comerciales. En 2013, Michelle Bachelet, ex presidenta chilena, candidata a la presidencia por segunda vez por el Partido Social Demócrata, anunció que acabaría con el negocio privado en la educación a todos los niveles. Es una pena que no lo hiciera cuando era presidenta. Sin embargo, tuvo que responder a la presión concertada de los estudiantes en continuas manifestaciones a gran escala. Fue un triunfo de ellos.

Artículo 24: Prendamos fuego a los subsidios

Los subsidios son regresivos, redistribuyen la renta desde los grupos de renta baja a los grupos e intereses de rentas elevadas. Distorsionan los mercados. Y son una fuente de ineficiencia económica. El precariado, que es el que menos se beneficia de los subsidios, debería hacer campaña para poner fin a los subsidios de todo tipo, incluida la mayoría de las exenciones fiscales.

Los subsidios que dan los gobiernos a corporaciones, familias e intereses especiales ascienden a más del 5 por ciento del presupuesto global. Si se redistribuyeran en forma de dinero para los individuos, la pobreza de rentas podría quedar barrida. No ocurrirá. Pero esto no justifica que se acepte el Estado de los subsidios, que ha crecido como corolario de la globalización. Es regresivo, redistribuye la renta hacia los grupos e intereses de alta renta; distorsiona los mercados y contribuye a la ineficiencia económica. Los subsidios pueden adoptar la forma de pagos directos, exenciones fiscales o provisión de bienes y servicios por debajo del coste. Pueden ser promovidos como incentivos para ciertos tipos de comportamiento, o pueden estar condicionados a que los receptores realicen determinados actos.

El precariado es discriminado por el sistema, y es el que más ganaría si se revisara. Podría empezar exponiendo la hipocresía de los políticos que recortan prestaciones al precariado en razón de su «dependencia del Estado» al tiempo que reciben subvenciones que no son menos «dependientes del Estado».

La política de competición «arruinavecinos»

Los subsidios son parte de la política de competición global. En 2011, Dilma Rousseff, la nueva presidenta de Brasil, fue a Taiwán a ofrecer a Foxconn exenciones fiscales, préstamos subvencionados y un acceso especial mediante tarifas rebajadas para las partes importadas si montaba los productos Apple en Brasil. La oferta funcionó. Algún otro país saldría perdiendo. Pero al proporcionar al capital subsidios «arruinavecinos», ella solo hacía lo que empezaron a hacer los países ricos cuando se liberalizaron en la década de 1980. Los gobiernos han usado los subsidios para tratar de hacer más competitivo a su país o región de cara a la inversión extranjera.

Dentro de los grandes países, los gobiernos locales han usado los subsidios para atraer empresas de otras partes del país. De acuerdo con la base de datos compilada por The New York Times, en 2012 los cincuenta Estados estadounidenses proporcionaron 80.000 millones de dólares en incentivos a las corporaciones para reubicarse o expandirse en sus Estados, principalmente a través de exenciones fiscales. Ya que muchas de las empresas se habrían expandido o reubicado en cualquier sitio, esto suponía un regalo de la «gente pequeña» que paga impuestos. En Texas, 48 compañías, incluida General Motors, recibieron en total más de 100 millones de dólares entre 2007 y 2012. En 2011, para intentar reducir su déficit presupuestario, el Estado rebajó drásticamente 31.000 millones del gasto público, lo que incluía enormes reducciones en el presupuesto de educación. Así, para medir el impacto regresivo de los subsidios, debería tenerse en cuenta no solo la transferencia financiera a las empresas implicadas, sino también los efectos en los recortes de gasto público. No hay evidencia que demuestre que los subsidios fomenten el crecimiento o los niveles generales de vida. Si Texas proporciona subsidios para atraer empresas, otros Estados harán lo mismo. Y poco puede hacerse para que la empresa se mude de nuevo tan pronto como le resulte conveniente. El sistema es un cómodo arreglo para transferir renta de los trabajadores y los ciudadanos a las corporaciones y los receptores de rentas del capital.

Otra forma de subsidio se esconde bajo el término de «flexibilización cuantitativa», que describe la respuesta a la crisis de los grandes bancos, principalmente el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal estadounidense, consistente en bombear dinero en la economía comprando bonos del Estado. En lugar de ayudar a dar el «empujón inicial» al crecimiento económico, los billones de dólares creados por los bancos centrales simplemente han ayudado a los bancos en apuros a recapitalizarse, en otros casos a aumentar sus beneficios y en todos ellos a llenar los bolsillos de los banqueros. La flexibilización cuantitativa es un subsidio a los bancos. Les ha permitido tomar prestado de los bancos centrales a tipos de interés mínimos y, mediante compra de bonos, prestar ese dinero a los gobiernos a tipos de interés más altos. El dinero barato cubrió el agujero en las finanzas bancarias causado por la fuga de capital de las economías de Europa golpeadas por la crisis. De acuerdo con el Citigroup, 100.000 millones de dólares abandonaron España en 2011 y 160.000 millones de dólares abandonaron Italia, a medida que los extranjeros retiraban sus depósitos bancarios o vendían sus bonos. Y los tipos de interés cercanos a cero ayudaron a potenciar los mercados de valores y permitieron que los inversores ricos pagaran menos por sus activos generadores de dinero. Esto es dependencia del Estado. Más aún, estos gigantescos subsidios vinieron sin exigir a los prestatarios ningún requisito de comportamiento responsable o que informaran regularmente para rendir cuentas de lo que hacían, en agudo contraste con el modo en que los gobiernos tratan al precariado. ¿Por qué los gobiernos hacen regalos a la élite mientras exige menos «dependencia» a los demás?

Bienestar corporativo

Los gobiernos de los países ricos han competido a la baja en cuanto a los tipos impositivos de las corporaciones, y así resulta que el capital paga muchos menos impuestos que el trabajo. Y los tipos efectivos se rebajan aún más mediante subsidios, tales como el patent box[34] en el Reino Unido y la innovatiebox (caja de innovación) en los Países Bajos, que conceden desgravaciones fiscales a la propiedad intelectual. Por doquiera se mire, uno encuentra subsidios al capital. Nunca el capital ha exhibido semejante dependencia del Estado. Nunca antes se han postrado tanto los gobiernos ante el capital.

En 2012, metido a fondo en la austeridad, Portugal rebajó los impuestos a las corporaciones mientras su población luchaba en medio de la inseguridad económica. Por todo el mundo hay una carrera «arruinavecinos» por ver quién baja más los impuestos a las corporaciones. El ministro del Hacienda del Reino Unido, David Gauke, expuso el tema sin rodeos, diciendo: «Debemos reconocer que estamos en una carrera global» (Houlder, 2013). Es un problema de acción colectiva, pero también refleja una colaboración dentro de la «plutonomía»: las corporaciones y la plutocracia financian a los partidos políticos y a los políticos, que entran en los consejos de administración de las compañías tras su paso por la política.

Mientras los utilitaristas claman contra el precariado por ser dependiente del Estado, las corporaciones no dejan de demandar más subsidios. Justo antes de cerrar el presupuesto británico de marzo de 2013, se invitó a los agentes financieros y a los hombres de negocios a escribir sus propuestas en The Observer (Goodley, 2013). Un socio de Deloitte pidió «impuestos más bajos», sobre todo el impuesto corporativo, aun cuando el tipo impositivo de las corporaciones en el Reino Unido ya era uno de los más bajos del mundo. El director ejecutivo de Greene King, una cadena de cervecerías y pubs, pidió una «exención de las cuotas de la seguridad social para empleadores y empleados en todos los nuevos empleos creados durante tres años», y decía que ello «no le costaría un penique al erario público, ahorraría gasto por desempleo y metería a los jóvenes adultos en el hábito del trabajo». Sin embargo, un subsidio siempre es un coste; ese enfoque también provocaría efectos de peso muerto y de sustitución. El presidente de Linn Products, que fabrica reproductores digitales de música de alta gama, dio la bienvenida a «modelos de crédito fiscal R&D», otro subsidio, y quería recortes fiscales a las corporaciones y unas vacaciones de las cuotas a la seguridad social para los nuevos contratados. Mientras tanto, se le prestaba una columna a un agente financiero para que pudiera pedir «exenciones fiscales para las compañías que construyen fábricas aquí» y la retirada de las «contribuciones a la seguridad social de los empresarios para que sea más atractivo contratar trabajadores» (Wolf, 2013). Parece que el capitalismo en los países de la OCDE no puede existir sin subsidios. El sistema de bienestar corporativo es dependiente del Estado. Es regresivo, distorsiona los mercados y alienta la ineficiencia.

Subsidios personales

Suzanne Mettler, en The Submerged State (2011[35]), recuerda una encuesta de 2008 en la que más de la mitad de los estadounidenses negaba haber usado jamás un programa del Gobierno. Pero cuando se les mostraba una lista de veintiún programas existentes, incluidos los préstamos estudiantiles y las desgravaciones fiscales por los pagos de los intereses de las hipotecas de sus casas, resultó que el 94 por ciento de los que habían contestado negativamente se había beneficiado de ellos.

La mayoría de estos «subsidios personales» eran altamente regresivos. Casi el 70 por ciento de las deducciones de los intereses de las hipotecas fue a parar a los que ganaban más de 100.000 dólares, y lo mismo pasó con más de la mitad de las deducciones por prestaciones de jubilación pagadas por el empresario. Solo el 16 por ciento de los trabajadores en el quintil más bajo de renta tuvo seguro médico patrocinado por el empresario (fiscalmente deducible) en comparación con el 85 por ciento de los que estaban en el quintil superior. En total, el subsidio medio para los que ganaban entre 200.000 y 500.000 dólares era tres veces superior al de los que ganaban entre 10.000 y 20.000 dólares.

Estados Unidos «gasta» un billón doscientos mil dólares al año en estas y otras exenciones fiscales, tales como desgravaciones por donaciones benéficas, que en su mayoría benefician a los grupos de rentas altas con acceso a buenos contables. El precariado es el que menos gana. Y como la mayoría de los subsidios personales van a la élite y el salariado, los políticos raramente los incluyen cuando demandan recortes en las prestaciones. Pero aumentan la desigualdad. También distorsionan los mercados, puesto que reducen los costes de ciertos tipos de gasto en relación con otros.

Por ejemplo, un subsidio que ayuda a los estratos superiores del salariado es la desgravación fiscal por las contribuciones a las pensiones. A partir de 2013, los ricos en el Reino Unido pueden meter hasta 50.000 libras al año en su fondo de pensiones, ahorrando un 40 por ciento (el máximo tipo impositivo) por cada libra colocada de esa manera. Aunque ponerle tope a las desgravaciones fiscales supondría un considerable aumento de ingresos, especialmente en Estados Unidos, eso debilitaría la resolución de acabar con ellos como dependencia del Estado. Un progresista querría ver la plena mercantilización del trabajo, cambiando las formas de remuneración no salariales y menos gravables por salarios monetarios.

Las garantías públicas de préstamos también son un subsidio. El programa Help to Buy del Gobierno británico garantiza hasta el 15 por ciento de las hipotecas sobre propiedades de hasta 600.000 libras, lo que representa 130.000 millones de libras del préstamo hipotecario. Esto es un regalo a las clases de rentas medias, mientras el precariado queda excluido por no estar en posición de comprar una propiedad. Incluso el gobernador saliente del Banco de Inglaterra, Sir Mervyn King, criticó el programa, comentando: «No queremos lo que hay en Estados Unidos, que es un mercado hipotecario garantizado por el Estado, y ellos están buscando desesperadamente una salida a esa situación» (Wearden, 2013). Si los jóvenes miembros del salariado no pueden permitirse comprar una casa porque hay escasez, debería hacerse un plan para crear más casas a bajo coste. Los subsidios son la respuesta incorrecta.

Subsidios demográficamente regresivos

Muchas personas en el precariado están «solteras». Las medidas políticas deberían tratarlas como ciudadanos iguales. La «soltería» se ha disparado. El Euromonitor Internacional predice que globalmente habrá 48 millones adicionales de residencias con inquilino único para 2020, un salto del 20 por ciento desde 2012. En Suecia, para 2020 casi la mitad de los hogares contendrá a una sola persona. La mitad de los adultos estadounidenses no están casados, lo que está bastante por encima del 22 por ciento de 1950. Casi el 15 por ciento vive solo, y entonces lo hacía el 4 por ciento. Entre las explicaciones del crecimiento de la soltería está la encarcelación de los hombres, la longevidad de viudos y viudas, y el cambio de actitudes con respecto al matrimonio y la crianza de los niños. Las mujeres en particular ya no ven el matrimonio como garantía de seguridad financiera.

Los legisladores han descuidado a los solteros, cuyos derechos sociales se han restringido. Desde las exenciones fiscales a los regímenes de vacaciones, las parejas y los cónyuges disfrutan de prestaciones de las que no disfrutan los solteros (DePaulo, 2007). Esto incluye los subsidios. En Estados Unidos, la Iniciativa de Matrimonio Saludable[36] es un programa de subsidios para animar a los padres no casados a casarse, a un coste anual de 150 millones de dólares. ¿Por qué los solteros han de ser meros residentes sociales? ¿Por qué hay que subsidiar a las parejas? Si estar en pareja es tan saludable, ¿por qué añadir privilegios?

Subsidios laborales y créditos fiscales

Los subsidios laborales son pagos a los empresarios o a los trabajadores, pensados para incentivar el empleo o hacer subir los salarios hasta un nivel aceptable o de subsistencia. Para los empresarios, los más usados son los subsidios de empleo marginal que pagan a las empresas que contratan empleados adicionales, normalmente de un grupo focal designado como puede ser la juventud.

Los gobiernos han recurrido ampliamente a dichos subsidios, a menudo bajo el nombre de «políticas activas de empleo». El grupo focal puede salir claramente beneficiado. Pero hay invariablemente grandes efectos de peso muerto —dando subsidios a empresas que de todos modos iban a contratar a gente— y grandes efectos de sustitución —contratando a alguien con subsidio y desplazando a la vez a cualquier otro por no tener subsidio. El principal beneficiario es la empresa.

Los subsidios laborales son una licencia para la ineficiencia. Si una empresa solo paga una fracción del salario, la productividad solo tiene que ser igual a ese coste reducido. No hay presión para elevar la productividad. También hay riesgos morales, tales como retener a alguien que realmente no se necesita, lo que es inconsistente con el trabajo digno. Y habrá probablemente «elementos de nepotismo», contratando a amigos y conocidos como trabajadores en la sombra porque traen un subsidio con ellos.

En 2013, el nuevo Gobierno italiano introdujo exenciones fiscales para los empresarios que contrataran a jóvenes por debajo de los treinta con contratos permanentes. Esto no servirá de mucho, al igual que el programa «bandera» de contrato juvenil del Reino Unido no sirvió para nada. Se descubrió que las empresas a las que se daba un elevado subsidio (2.275 libras) por contratar a jóvenes desempleados los echaban una vez transcurrido el periodo mínimo de seis meses y a continuación contrataban a otros sobre la misma base. El objetivo explícito era crear empleos «permanentes», pero no se recabó información sobre si los empleos eran permanentes o temporales. El Gobierno admitió a mediados de 2013 que había «algunos datos que sugerían que los incentivos salariales no siempre se estaban usando como se pretendía» (Mason, 2013). Esto no debería sorprender a nadie. Los subsidios laborales permiten que los políticos hagan discursos positivos, pero son invariablemente una pérdida de dinero.

Los créditos fiscales tienen efectos similares. Siendo la reforma más grande del mercado laboral y de la seguridad social de la era de la globalización, son una licencia para pagar salarios más bajos. Su creciente uso está correlacionado con el declive de los salarios reales en el registro de ingresos del precariado. Una forma en que los créditos fiscales rebajan los salarios es debilitando el incentivo para que los trabajadores de bajo salario se afilien a sindicatos y a otros órganos que luchan por salarios más altos y mayores prestaciones. Es difícil comprobar empíricamente esta tesis, ya que la sindicalización ha caído al mismo tiempo que ha crecido el uso de los créditos fiscales. Pero hay fuertes razones para pensar que los créditos fiscales permiten a los trabajadores mal pagados aguantar esos bajos salarios.

La evidencia en contra de los créditos fiscales y los subsidios laborales no disuade a los políticos de seguir utilizándolos. En 2013, el Partido Laborista propuso un nuevo subsidio para los empresarios si pagaban el salario vital. En un discurso señalado como definitorio de la posición del partido, Ed Miliband dijo:

Por cada hombre o mujer joven que haya estado sin trabajo durante más de un año, diríamos a cada empresario del país que pagaremos los salarios equivalentes a 25 horas por semana, con al menos el salario mínimo (Miliband, 2013).

Esto supondría una transferencia a las empresas privadas, lo que sería regresivo. Tendría todos los efectos negativos clásicos —peso muerto, desplazamiento, ineficiencia laboral— y con toda seguridad tendría un efecto mínimo sobre el desempleo total, aunque generaría más subempleo.

La dependendia del Estado de Duncan Smith

Ian Duncan Smith, secretario de Estado británico de Trabajo y Pensiones, ha dirigido una robusta campaña contra las prestaciones para los pobres y el precariado, diciendo que está decidido a reducir la dependencia del Estado y acabar con la cultura del «algo a cambio de nada». Mientras tanto, su propia dependencia del Estado eclipsa a la de cualquiera de sus objetivos. Un fideicomiso dirigido por su familia ha recibido más de un millón de libras en subsidios agrarios en la pasada década, además de las diversas exenciones fiscales que reciben los granjeros, cortesía de una finca de 1.500 acres heredada por su mujer. La política agraria común de la UE es regresiva, ya que los principales beneficiarios son los grandes terratenientes. Mientras el Gobierno británico limitaba las prestaciones para los pobres, diciendo que nadie debería recibir más en prestaciones que el salario medio, vetó un plan de la Comisión Europea para limitar la cantidad de dinero que va a parar a los ricos en forma de subsidios agrarios.

Organizaciones benéficas y subsidios

A medida que se desmoronan los Estados de bienestar, crece el papel de la caridad y la filantropía. Las donaciones de los ricos a las organizaciones benéficas en el Reino Unido y los Estados Unidos se benefician de generosas exenciones fiscales. Cuando el Gobierno británico trató de abolir las desgravaciones fiscales por donaciones, las organizaciones benéficas se quejaron y el plan se abandonó. En Estados Unidos, el presidente Obama intentó limitar lo que podía desgravarse del impuesto sobre la renta. Esta propuesta también quedó en nada.

La caridad es discrecional; puede intensificar la desigualdad y acelerar la privatización. Pero si la caridad es un acto altruista voluntario, el Estado debería ser neutral. No hay razón ética o económica para dar subsidios a los ricos filántropos más que a los que luchan a diario en el precariado o en su entorno. ¡Semejantes desgravaciones fiscales y subsidios desvían el dinero de usos que podrían reducir la necesidad de la caridad!

La evasión fiscal como subsidio implícito

Durante años, ha sido de dominio público que las grandes corporaciones, y la plutocracia y la élite, han evadido impuestos a gran escala. Esto reflejaba en parte las leyes más laxas de gobiernos deseosos de atraerlas a sus países. Al tiempo que los gobiernos reducían las prestaciones del Estado y hacían más difícil que la gente las recibiera, poniendo como excusa el fraude en las prestaciones y a los aprovechados, la evasión fiscal escapaba a todo control, aun cuando suponía una cantidad inmensamente superior del ingreso perdido que cualquier engaño en las prestaciones. La Comisión Europea estima que la marcha de los beneficios corporativos a países con poca presión fiscal cuesta a los gobiernos decenas de miles de millones de dólares al año. Solo cuando unas pocas multinacionales de perfil alto —entre ellas Apple, Starbucks, Google, Amazon y Dell— quedaron expuestas por usar dispositivos de evasión fiscal a una escala masiva, pagando pocos impuestos o ninguno por los miles de millones de dólares ganados, prestaron los políticos atención al asunto. El hecho de que ellos mismos y sus principales donantes se beneficiaban de la evasión fiscal puede ayudar a explicar su reticencia.

Los subsidios y las «pequeñas» empresas

En 2013, el Gobierno británico extendió su programa Funding for Lending[37], por el que se concedían subsidios a los bancos para animarlos a que prestaran más a las pequeñas empresas. Se dice habitualmente que las pequeñas empresas son más dinámicas y generan más empleo que las grandes empresas, por lo que deberían ser animadas con subsidios. Aunque regresivo, esto podría estar justificado si la afirmación fuera cierta. Sin embargo, no lo es. Cuando The Economist (2012) examinó la evidencia, observó: «El sesgo hacia las pequeñas empresas es costoso. La productividad de las empresas europeas con menos de 20 trabajadores es de media poco más de la mitad de la de las empresas con 250 trabajadores o más». Las grandes empresas también tienden a pagar salarios más altos.

El vínculo entre la pequeña empresa y la creación de empleo surge principalmente de las empresas de nueva creación, que por definición crean empleo que no existía antes. Pero muchas empresas nuevas fracasan y muchas pequeñas empresas se quedan siendo pequeñas. The Economist concluía: «Las pequeñas empresas maduras a menudo destruyen empleo, al igual que las pequeñas empresas de nueva creación que no sobreviven». La serie de subsidios que se dan a las pequeñas empresas es parte de un sistema regresivo y distorsionador.

Los neoliberales deberían oponerse a los subsidios como forma de dependencia del Estado. Sin embargo, su política utilitarista engendra una posición hipócrita, puesto que muchos subsidios van a parar a los votantes medianos. El precariado debe ayudarles a recuperar un poco de respeto por la consistencia intelectual, denunciando todos los subsidios y convirtiéndose a sí mismo en una molestia al hacerlo.

La regulación internacional sería de ayuda. La Organización Mundial del Comercio (OMC) está pensada para frenar los subsidios que distorsionan el comercio. Aunque no puede intervenir en el uso de subsidios dentro de los países, se han hecho propuestas para crear un equivalente doméstico del sistema de solución de diferencias de la OMC, como una forma de detener la competición de subsidios domésticos mediante el reembolso o las deducciones de impuestos, o las subvenciones en efectivo, los préstamos o las garantías de préstamo. Como medida provisional, debería exigirse a las empresas que devolvieran los subsidios si al final reniegan de la obligación implícita o explícita contraída al recibirlos.

Un subsidio es una prestación del Estado. Si los políticos dicen que desean acabar con la cultura del «algo a cambio de nada», y piden a los desempleados y al precariado que hagan cosas degradantes que consumen tiempo si no quieren perder las prestaciones, deberían aplicarse las mismas normas a todos los que reciben subsidios. Si los empresarios reciben un subsidio por contratar más trabajadores, debería exigírseles que asistieran a entrevistas regulares para demostrar que están utilizando sabiamente el trabajo e intentan aumentar la productividad. Si, como por el contrario es el caso, se presume que operan en interés propio, con el apoyo de incentivos que los motivan, ¿por qué no aplicar el mismo razonamiento cuando les toca a los desempleados o al precariado?

Por lo que respecta a la evasión fiscal, el precariado debería movilizarse para boicotear los bienes y servicios de los peores infractores y de los países conocidos por ser los que más agresivamente utilizan esas tácticas. Debería promover una red internacional de comunicación sobre dichas prácticas, y fomentar la construcción de índices de subsidios corporativos y de competición nacional en subsidios. Y debería votar por aquellos políticos y partidos que se comprometan a hacer reformas legislativas para reducir y eliminar los subsidios corporativos.

Artículo 25: Avanzar hacia una renta básica universal

Los gobiernos deberían ir tomando medidas para instituir una renta básica como derecho de ciudadanía. En una economía global de mercado, la incertidumbre y la desigualdad no harán más que empeorar, a menos que se introduzcan nuevas medidas. Es vital que se revise el sistema de protección social.

El precariado solo puede enfrentarse al futuro con optimismo si el Estado se mueve en la dirección del pago de una renta básica garantizada, una cantidad mensual suficiente para proporcionar a cada residente legal una seguridad básica. Sin un derecho exigible así, seguirán creciendo la inseguridad, el endeudamiento y la desigualdad.

Los progresistas y los libertarios deben entender que el contexto ha cambiado. Cada tipo de economía tiene un modo distintivo de distribución de la renta. Bajo el capitalismo industrial, los dos modos principales eran los salarios y los beneficios; los gobiernos mediaban en la lucha por mejorar la participación en la renta total con regulaciones, impuestos y subsidios. Pero en un sistema globalizado los salarios han perdido peso, mientras que los ingresos por arrendamientos y el capital financiero son elevados y crecientes. Necesitamos revisar nuestra imaginación económica. Para que los trabajadores y el precariado tengan una renta adecuada, es simplemente esencial algo así como una renta básica.

Veamos el argumento paso a paso, considerando la base racional para ir en esa dirección, las críticas y las ventajas potenciales. La seguridad económica debe estar en el núcleo de las reivindicaciones de una Carta del precariado. Los socialdemócratas no han hecho nada por frenar el crecimiento de la inseguridad, no han hecho sino ofrecer la comprobación de medios, la condicionalidad comportamental y la contraprestación de trabajo. Cualquier progresista debería querer una sociedad en la que todos tengan una seguridad básica, independientemente de la edad, el género, la raza, el estatus marital, el estado laboral, la incapacidad o cualquier otra cosa. Esto es tan fundamental como para cuestionar las credenciales progresistas de todo el que lo rechace.

Definir una renta básica

La propuesta dice que todo individuo en sociedad debería tener el derecho a una renta básica. Esto debería definirse con cuidado. Primero, el término «básica» tiene un significado doble y complementario. La cantidad debería ser básica —suficiente para sobrevivir con ella pero no lo bastante grande como para dar una seguridad total—; eso induce a la negligencia, una razón por la que oponerse a las grandes riquezas. Y la renta debería entenderse como básica en el sentido de que, sin ella, no pueden ejercerse otros derechos. No puede haber un derecho significativo a la educación o un derecho al trabajo sin una seguridad básica. Una renta básica también es un derecho exigible o republicano, en el sentido de que las políticas deberían ser juzgadas por el grado en que se orientan a su realización.

Algunos sostienen que la cantidad pagada debería ser la renta media (van Parijs, 1995). Aunque esto puede ser un objetivo a largo plazo, no es lo que proponemos aquí. La cantidad debería ser suficiente para cubrir las necesidades materiales básicas, al tiempo que facilitaría la búsqueda de otras metas que mejoran la vida. Por esa razón, el nivel debería estar vinculado a la renta mediana, para no congelar así a una minoría en la pobreza.

Segundo, debe pagarse individualmente, probablemente con una cantidad menor para los niños. No debería pagarse en función de un hogar o una familia. Estas son lo que los economistas llaman unidades endógenas que varían de forma bastante acusada. Es paternalista y moralista, no moral, establecer las prestaciones de acuerdo con el tipo de hogar, de algún indicador de «matrimonio» o del grado de permanencia de una relación. Eso ha llevado a cometer errores del tipo I (como se señaló en el artículo 18) y al uso de mecanismos administrativos que son arbitrarios e innecesariamente indiscretos y costosos.

Tercero, debe pagarse en efectivo, no en vales o en bienes subvencionados. Las prestaciones en especie limitan la libertad de elección y son paternalistas. También debería ser un pago regular y predecible, probablemente pagado mensualmente. Cuarto, debería ser proporcionado incondicionalmente, sin reglas de comportamiento. En otras palabras, debería ser un derecho de ciudadanía o de residencia legal, sujeto a alguna norma pragmática sobre inmigración que será discutida después. Quinto, debe ser universal, siendo la transferencia recuperada a través de los impuestos a los ricos. Esto es más eficiente que la comprobación de medios, por las razones expuestas anteriormente, sobre todo con respecto a las trampas de la pobreza.

Algunos distinguen entre renta básica «parcial» y «plena», normalmente al considerar los métodos prácticos de conversión de las prestaciones existentes. No entraremos en ese debate, y simplemente diremos que moverse en la dirección de una renta básica es algo que podría conseguirse convirtiendo las selectivas transferencias existentes en subsidios incondicionales y a continuación extendiéndolos a otros grupos, o podría construirse a partir de un subsidio muy modesto. Pero es crucial que su núcleo fuera subiendo con el crecimiento económico.

La justificación ética

Una razón moral para una renta básica es que la riqueza de cualquiera en sociedad es mucho más el resultado de los afanes de nuestros antepasados que de cualquier cosa que hagamos nosotros mismos. Pero no sabemos de quién eran los antepasados que hicieron mayores o menores contribuciones. Y no sabemos de quién eran los antepasados que sufrieron injustamente y por ello no pudieron legar riqueza a sus descendientes. Así, por detrás de un «velo de ignorancia» sobre dónde estaríamos en la distribución de los resultados, deberíamos desear que se igualaran las ventajas transmitidas a todos nosotros.

Una renta básica podría verse como un dividendo social derivado de las inversiones y el trabajo duro de nuestros antepasados. Aunque él no lo expresó de esta manera, Thomas Paine, campeón de los derechos del hombre y un valiente participante en la Revolución francesa y en la Guerra de Independencia americana, tenía esencialmente esta visión en su panfleto Agrarian Justice ([1797] 2005).

En 2013, me invitaron a presentar El precariado en Middlesbrough, cuna de la revolución industrial en el siglo XIX, que en pocos años pasó de ser una aldea anodina a ser un centro de la economía y del Imperio británico (Heggie, 2013). Fue el emplazamiento de las primeras siderurgias, luego diversificadas en la industria del acero y de los productos químicos. En el centro de la ciudad se encuentran esculturas de las figuras que construyeron las industrias, y las placas que conmemoran a alguna personalidad o lugar recuerdan al visitante el pasado orgullo. El puente Sydney Harbour de Australia y el puente Golden Gate de San Francisco se construyeron en o cerca de Middlesbrough, como gran parte del sistema ferroviario de la India. En una puerta se lee este blasón: «Nacida del hierro, hecha de acero».

Ahora, el viejo Ayuntamiento de Middlesbrough se encuentra abandonado en una colina, rodeado de tierra baldía y malas hierbas. En las fincas en ruina estudiadas por Tracy Shildrick y sus colegas (2012), muchas de las casas están tapiadas, con bloques de hormigón donde una vez hubo ventanas, y la maleza creciendo entre las grietas. Con todo, todavía hay 140.000 personas que siguen viviendo en la ciudad. Sufren la crueldad de la historia. La riqueza de la que gozan los habitantes del sur de Inglaterra y de otras partes opulentas del país fue en parte generada por las gentes de Middlesbrough. ¿Por qué debería la gente que vive en estos lugares bien dotados tener vidas tanto más confortables y seguras que los descendientes de los que construyeron la riqueza y el poder del país? Pensar en Middlesbrough, y no es un caso en absoluto aislado, debería recordarnos el argumento de Paine en 1797. Una renta básica puede verse como una transferencia a la gente en situación parecida a la de Middlebrough, de los más ricos que se benefician de la riqueza creada por aquellos siderúrgicos y sus sucesores.

Hay otras razones éticas para apoyar una renta básica. Es la única medida que satisfaría el principio de diferencia en seguridad, por cuanto que mejoraría la seguridad económica y social de los grupos más inseguros de la sociedad. Ninguna otra forma de protección social tendría esa deseable propiedad. También satisfaría el principio de la prueba de paternalismo, por cuanto que no impondría ningún control a ningún grupo específico, y en ese sentido fomentaría la libertad personal, lo que deberían desear libertarios y progresistas por igual. Y satisfaría el principio de los derechos y no de caridad, al eliminar la discrecionalidad burocrática para decidir quién es merecedor y quién no, y qué comportamientos merecen despertar pena y cuáles merecen sanción.

La renta básica también satisfaría los principios del trabajo digno y de contención ecológica. Permitiría a la gente elegir de forma más racional qué trabajo desearía hacer y qué trabajo asalariado estaría preparada para aceptar a cambio de dinero. Y al alterar el equilibrio entre trabajo productivo y reproductivo, como cuidar de otras personas o cultivar vegetales, ayudaría a reorientar el trabajo desde las actividades que consumen recursos a las actividades que reproducen recursos.

La justificación económica

La justificación económica de la renta básica surge de la propia globalización, en la que las relaciones de trabajo flexible han ido acompañadas del desmantelamiento de instituciones y mecanismos de solidaridad social y protección social. Sin embargo, no hay marcha atrás. Los sistemas de seguridad social podrían funcionar razonablemente si la mayoría de la gente fuera capaz de contribuir a un fondo de la seguridad y si la gente tuviera aproximadamente la misma probabilidad de ser golpeada por un suceso adverso. Pero esas condiciones han sido destruidas por el desarrollo económico y político. El individualismo y la flexibilidad han hecho que los resultados sean cada vez más desiguales, mientras la movilidad social ha descendido, tanto hacia arriba como hacia abajo. Aquellos que entran y salen del mercado de trabajo no pueden aportar contribuciones regulares o suficientes, ni pueden los que tienen y dejan de tener empleos en el precariado.

En un mercado de trabajo flexible y global, cada vez habrá más trabajadores que cobren salarios inciertos e inadecuados para proporcionar un nivel de vida digno, por muy duramente que trabajen. Completar los bajos salarios con créditos fiscales es caro, distorsionador, ineficiente e inequitativo, además de moralista en sus condicionalidades selectivas. Una renta básica no sería distorsionadora, ya que sería universal y permitiría la negociación y la libertad de elección.

Desde una perspectiva macroeconómica, la seguridad social jugó en su día un papel de estabilizador automático, puesto que el gasto en prestaciones aumentaba durante las recesiones, estimulando el consumo y así devolviendo la economía a la senda del crecimiento. Por el contrario, el régimen de austeridad, al recortar prestaciones en una recesión, es procíclico.

Un sistema de renta básica también podría ser anticíclico, si se diseñara en tres niveles. El primero sería una cantidad fija, determinada por la necesidad financiera de subsistencia y ajustada solo a los cambios en la renta nacional per cápita. El segundo podría ser un subsidio económico estabilizador, que crecería en las recesiones y caería en los periodos de auge. Un tercer nivel podría basarse en los costes adicionales de las necesidades extra de aquellos que tienen una discapacidad física o mental, compensándolos como corresponde a un ciudadano.

Las críticas

Las críticas a la renta básica han venido de la izquierda y la derecha convencionales. Aunque han sido refutadas numerosas veces, persisten, lo que da testimonio del poder de un paradigma. Veamos las principales por turno. En primer lugar, está la afirmación de que una renta básica no es viable económicamente. Pero los cálculos a vuela pluma, multiplicando alguna cantidad considerada como renta básica por el tamaño de la población, es pobre economía. La cuestión aquí es desplazar el gasto hacia una renta básica sustrayéndolo de subsidios, exenciones fiscales y prestaciones basadas en comprobaciones de medios. Una renta básica también produciría más ingresos fiscales, ya que haría entrar más trabajo en el sistema tributario procedente de la economía sumergida, y tendría beneficiosos efectos sobre el ahorro de costes en salud y educación.

En 2012, Sir Mervyn King, por entonces gobernador del Banco de Inglaterra, expresó su oposición a las llamadas «caídas de dinero desde el helicóptero», esto es, dar dinero directamente a la gente (King, 2012). No obstante, el banco bajo su liderazgo dio efectivamente lo mismo en forma de «flexibilización cuantitativa», excepto que los beneficios iban a parar a los inversores ricos. Según un cálculo, los 370.000 millones de libras de flexibilización cuantitativa entre 2009 y 2012 podrían haber financiado un efectivo inesperado de 6.000 libras para cada hombre, mujer y niño en Gran Bretaña. Los dos billones equivalentes en Estados Unidos tenían un valor de 6.500 dólares por persona (Kaletsky, 2012). El dinero puede liberarse; es factible y ya se ha hecho. Sin embargo, los fondos para la renta básica provendrían en su mayoría de los subsidios regresivos y de desviar parte de las ganancias del capital financiero, tal como se explica en el artículo 26.

Una segunda objeción es que la renta básica es utópica; nunca se ha introducido, así que debe ser mala. Albert Hirschman (1991) señaló que una nueva gran idea es atacada inicialmente por razón de su futilidad (no funcionará), su perversidad (tendrá consecuencias negativas no intencionadas) y por el riesgo que supone (pondría en peligro otros fines). Los críticos dijeron lo mismo sobre las prestaciones por desempleo y luego sobre las prestaciones a las familias. El sentido común solo prevalece cuando el viejo paradigma se quiebra y no puede ofrecer respuestas a los desafíos del momento. Entonces aprendemos a respetar a esa gran «amplia iglesia» de los que hicieron propuestas a lo largo de la historia, tales como Tomás Moro, William Morris, Bertrand Russell y los premios Nobel de Economía James Meade, Jan Tinbergen y James Tobin. La lista está llena de nombres distinguidos.

Una tercera crítica es que una renta básica sería inflacionaria porque estimularía la demanda agregada, elevando los precios y creando expectativas inflacionarias. Esto es incorrecto, puesto que la renta básica sería introducida por fases, sustituyendo a otros gastos. En una era deflacionaria, como en Japón durante las tres pasadas décadas y en Europa desde 2008, una demanda agregada incrementada estimularía la oferta de bienes y servicios, limitando la presión sobre los precios. También habría un efecto positivo con el giro en la demanda agregada a favor de bienes y servicios básicos producidos dentro de las economías locales. Los programas piloto de renta básica en África e India sugieren que la elasticidad de la oferta de bienes y servicios locales tiende a ser alta, de modo que el efecto bien puede ser una menor presión inflacionaria.

En cuarto lugar, se dice que una renta básica reduciría la presión para perseguir el pleno empleo. Hay varias respuestas a esto. ¿Qué presión? ¿Acaso poner a tanta gente como sea posible en trabajos mal pagados, consumidores de recursos, es un valioso objetivo de una sociedad civilizada? ¿No hay mejores actividades para nuestro tiempo, tales como el trabajo elegido libremente y el ocio creativo?

La quinta objeción es probablemente la más común, a saber, que una renta básica proporcionada de forma incondicional e independientemente del estatus laboral reduciría la oferta de trabajo y promovería la indolencia. Se trata de una objeción común en los países influidos por una «ética del trabajo» luterana, tales como Finlandia (Ikkala, 2012). Es un insulto a la condición humana; la inmensa mayoría no estaría contenta con una mera renta básica. También hay evidencia, aportada por estudios psicológicos, encuestas de opinión y programas de transferencias de dinero y experimentales de renta básica en diversos países, incluidos Canadá y Brasil, que refutan esa objeción. El verdadero desincentivo al trabajo son las prestaciones basadas en la comprobación de medios, ya que las trampas de la pobreza y la precariedad hacen que sea irracional dejar las prestaciones por un trabajo de bajo salario.

En cuanto derecho, una renta básica evitaría la trampa de la pobreza. Cualquier ingreso ganado por encima de la renta básica tributaría al tipo regular o al tipo cualquiera que se fijara para las rentas de los trabajos de baja remuneración. Al reducir el tipo impositivo marginal comparado con las prestaciones basadas en la comprobación de medios, una renta básica actuaría como incentivo al trabajo. Según lo expresa Clive Lord (2012):

La RC [renta de ciudadanía] dice a los «gorrones»: «Estamos cansados de intentar forzarte a trabajar. Simplemente toma el dinero. Pero, por cierto, habrá una diferencia. Ahora estarás mejor si aceptas un empleo en lugar de estar peor».

Una sexta objeción es que la renta básica fomentaría la inmigración. Como con cualquier otra prestación, esto justifica la aplicación de normas pragmáticas. Una inteligente sería restringir el derecho hasta que la gente hubiera estado legalmente en el país durante dos años, a menos de que hubiera un acuerdo mutuo entre los países de origen y de residencia legal.

En séptimo lugar, los críticos dicen que la renta básica traería consigo salarios más bajos, porque los empresarios argumentarían que los trabajadores ya tienen su subsistencia cubierta. Pero eso es precisamente lo que hacen los créditos fiscales; también facilitan que los trabajadores acepten salarios más bajos, sabiendo que estos estarán limitados por el Estado. Una renta básica fortalecería la posición negociadora de los trabajadores para resistirse a las peores formas de explotación, especialmente si creyeran que el empresario puede pagar más. Son las prestaciones condicionales basadas en la comprobación de medios las que contribuyen a que los salarios bajen.

Una octava objeción dice que una renta básica socavaría la base solidaria del Estado de bienestar. Este es un viejo argumento de los socialdemócratas, sobre todo en Alemania (Liebermann, 2012). Era una solidaridad bastante limitada, y el caballo se ha escapado. Una base universalista sentaría las bases para una nueva forma más amplia de solidaridad.

En noveno lugar, se dice que una renta básica estaría politizada, tentando a los gobiernos a elevar la cuantía antes de las elecciones generales. La forma de abordar este problema es estableciendo un comité independiente de la renta básica, análogo a los comités de los bancos centrales, con el mandato de fijar el nivel y la tasa de cambio según la disponibilidad de fondos, el crecimiento económico real y la necesidad financiera.

En suma, las objeciones pueden ser contestadas. La verdadera crítica normalmente no se explicita: a los gobernantes y sus seguidores no les gusta la idea de que la gente tenga plena libertad. Les gusta hablar de combatir la desigualdad y la inseguridad más que emprender acciones efectivas para reducirlas.

Los sindicatos y la renta básica

Tradicionalmente, los sindicatos eran los que más vehementemente se oponían a la renta básica. Defendían la redistribución radical de la renta y sin embargo eran obstinadamente laboristas al pensar que solo los que están trabajando deberían recibir una renta. El moderno joven afiliado a un sindicato puede que piense de forma diferente. En una escuela internacional de verano a sindicalistas en 2012, pregunté por qué los sindicatos se oponían a la renta básica. Un italiano se atrevió a decir que ello daría a los trabajadores más control y que entonces no querrían afiliarse a un sindicato. Según él mismo reconoció, eso no dice mucho a favor de los sindicatos, que deberían atraer a sus miembros mediante la lucha por los derechos laborales y la redistribución.

Contrariamente a lo que algunos comentaristas parecen creer, sin embargo, tener una seguridad básica hace más probable la acción social colectiva, no menos. Es un hilo conductor de este libro que la solidaridad social, sacrificada en la era de la globalización, debe ser revitalizada. Una renta básica no lograría eso por sí sola, pero es vital para su reconstrucción.

Las ventajas

Los psicólogos han mostrado que las personas con seguridad básica de renta están más inclinadas a ser altruistas y generosas para con los menos afortunados (Frohlich y Oppenheimer, 1993). También han mostrado que son más productivas en su trabajo remunerado y en el trabajo en general, y son más tolerantes con los extraños y los que de otro modo podrían ser vistos como una amenaza competitiva. Estas son virtudes ahora bajo presión. Pero se complementan con otras ventajas.

El efecto de liquidez

La liquidez importa. La vida del precariado por lo general implica una combinación de renta baja e incierta, que alimenta el endedudamiento, de crisis que requieren un crédito rápido y de incapacidad para planificar y construir una vida. Una inyección regular asegurada de liquidez financiera puede proporcionar un mínimo de control. Este fue uno de los sorprendentes descubrimientos de una serie de programas piloto de renta básica dirigidos por mí mismo y los colegas de la SEWA[38] en diversas aldeas indias en 2011-2013 (Standing, 2013c). Los modestos pagos regulares permitieron que los aldeanos redujeran sus deudas e hicieran ahorros para protegerse contra los riesgos y golpes habituales de la vida. Lo que importa es la predictibilidad. Los modelos universales proporcionan a cada individuo más predictibilidad que los modelos focales y condicionales.

Efectos de comunidad

El efecto de liquidez contribuye a producir beneficiosos efectos de comunidad, a menudo ignorados en las evaluaciones de las prestaciones. Las transferencias incondicionales y universales en efectivo permiten que familias y vecinos pongan en común fondos para hacer mejoras en la comunidad y para ayudar a aquellos golpeados por alguna desgracia. Si una persona en una comunidad recibe una prestación, puede que la cosa pase desapercibida o que levante la envidia, la crítica o algo peor. Cuando todos los miembros de la comunidad reciben la misma prestación, esto crea no solo oportunidades de puesta en común para fines sociales o económicos, sino también un clima de persuasión moral. Esto pudo verse en un programa piloto en Namibia. Si un niño no va al colegio, los vecinos sienten que legítimamente pueden preguntar por qué no va.

Sin embargo, el principal efecto de comunidad es su potencial transformador. Para diferentes personas, se eliminan diferentes limitaciones. Esto es lo que ocurrió en esas aldeas indias (Standing, 2013c). Una comunidad con seguridad básica de renta se vuelve más vibrante, más confiada, más inclinada a invertir y a mejorar el entorno local.

Si las prestaciones condicionales se hacen a la medida de grupos selectos, puede que haya un mayor impacto a corto plazo en el comportamiento condicional específico, como buscar trabajo o escolarizarse. Pero la evidencia extraída de ensayos aleatorios de control y otras experiencias piloto muestra que los efectos positivos a más largo plazo son mayores en los modelos universales incondicionales, porque permiten a los individuos y las familias abordar las limitaciones que afrontan ellos mismos. Por ejemplo, si alguien que sufre de depresión es obligado a buscar trabajo cada día, esto puede hacer que durante un tiempo haya más búsqueda de empleo, y considerarse un éxito. Pero puede empeorar la depresión. Una renta básica incondicional reduciría la ansiedad y permitiría que la persona mejorara tomándose su tiempo, lo que posteriormente posibilitaría una búsqueda de empleo más efectiva (y voluntaria). Los burócratas que imponen condiciones no pueden arrogarse un conocimiento mejor que el del individuo concernido.

Efectos de comunidad positivos se observaron en las experiencias piloto de una renta mínima incondicional garantizada realizadas en Canadá a finales de la década de 1970 (Forget, Peden y Stroble, 2013). Los efectos eran sorprendentemente grandes en educación y sanidad. Cuando algunos adolescentes decidían permanecer en el colegio, otros decidían que eso era algo deseable. Eso no era una condición; era un efecto de comunidad. Efectos similares de demostración ocurrieron con la sanidad y la actividad económica. No había necesidad de imponer condiciones.

Hacer eficientes y equitativos los mercados de trabajo

Las transacciones en el mercado de trabajo dependen del poder de negociación. Con un desempleo y una atonía laboral elevados, donde el soporte salarial es incierto, la posición negociadora de los que buscan trabajo es débil. Están expuestos a la explotación. Esto contribuye a la ineficiencia laboral. Los empresarios pueden pagar salarios bajos y hacer beneficios con bastante facilidad, en lugar de intentar asegurarse de que el trabajo se use adecuadamente. Y los trabajadores estarán lo bastante desesperados como para aceptar el primer empleo que se les presente solo para conseguir dinero, mientras buscan algo mejor. Habrá poca eficiencia en la asignación de recursos. Y habrá mucha rotación laboral o muchas reacciones negativas en los centros de trabajo.

Una renta básica facilitaría la búsqueda eficiente de trabajo, al permitir que los trabajadores fueran más selectivos y deliberativos, y al meter más presión a los empresarios en cuanto al uso eficiente del trabajo. Sería más probable que la insatisfacción llevara a la salida. Y una renta básica permitiría que funcionaran los incentivos, puesto que no habría la trampa de la pobreza desanimando la entrada en empleos de bajo salario.

Habría otra ventaja en los mercados terciarios de trabajo. Aunque los salarios mínimos pueden sostener los salarios en mercados de trabajo flexibles, no lo hacen de forma muy efectiva, más allá de que establecen un criterio moral. Los defensores del salario mínimo también deberían reconocer los riesgos morales, en el sentido de que haya trabajos que no se realicen porque algún empresario potencial crea que no valen el salario mínimo. Así, habría trabajo deseado que no se hace. Los riesgos inmorales incluyen la práctica subrepticia de insistir en que el trabajador haga el trabajo «en negro» o haga más horas de trabajo de las que se le pagan por hacer.

Una renta básica permitiría hacer tratos más sensatos. Supongamos que queremos construir un cobertizo. No puedes pagar el salario mínimo, pero te gustaría que te hicieran el trabajo si pudieras pagar, digamos, la mitad. El hijo de un vecino podría querer hacer el trabajo. En una economía sensata, podría haber trato. Trazar líneas arbitrarias entre lo que es legal y lo que no lo es tiene poco sentido.

Una renta básica también podría mejorar la eficiencia dinámica. El poder de negociación incrementado de los trabajadores metería presión a las empresas para que hicieran más productivos y atractivos los trabajos, dándoles un «sesgo de trabajo humanizado» (Wright, 2010). Esto es ciertamente lo que deberíamos pretender.

La perspectiva del precariado

La renta básica haría frente a las inseguridades y necesidades de las tres variedades del precariado. Los trabajadores manuales han perdido derechos adquiridos, y saldrían ganando. A los inmigrantes se les niegan los derechos de ciudadanía; una renta básica fortalecería su sentido de ciudadanía. Y la parte progresiva del precariado ganaría no solo una sensación de seguridad sino también más libertad para trabajar en general, para trabajar por cuenta ajena y para el «ocio», todo ello de forma constructiva y reconstructiva.

Dar el paso desde la comprobación de medios y las pruebas de comportamiento hacia una renta básica tendría dos nuevos efectos positivos para el precariado. Eliminaría la trampa de la pobreza, puesto que nadie perdería su renta al empezar a ganar dinero trabajando; y su salario solo tributaría el tipo normal del impuesto sobre la renta. Y disminuiría las trampas de la precariedad, puesto que la persona recibiría la renta básica independientemente de cualquier transición del mercado de trabajo. Eso provocaría una movilidad laboral más positiva.

Superar la vigilancia moralista

Una renta básica sería un modesto avance hacia la libertad en un tiempo de creciente uso de la condicionalidad moralista, el paternalismo libertario, la estrecha supervisión del comportamiento personal, la vigilancia y la «datavigilancia». Atenuaría la incertidumbre económica gracias a la constante restricción de la condicionalidad. Y reduciría la necesidad de la más indiscreta de las preguntas: ¿por qué eres pobre? Lionel Stoleru señaló que una renta básica está «basada en la necesidad de ayudar a los que son pobres, sin tratar de establecer quién tiene la culpa de que lo sean; no hace distinción entre los pobres “merecedores” y los “no merecedores”» (citado en Rimbert, 2013). Michel Foucault dijo algo similar en una conferencia de 1979 (Rimbert, 2013): «Después de todo, no nos interesa, y está bien que no nos interese, por qué la gente ha caído por debajo del nivel en el que puede tomar parte en el juego social». Reconoció que una renta básica sería menos burocrática y disciplinaria que un sistema de pleno empleo, y consideró al Estado de bienestar como una forma de estigmatizar y marginar a los grupos.

Abordar las desigualdades

El precariado está en el extremo equivocado de la desigualdad de rentas. También sufre la desigualdad en todos los otros activos cruciales que conforman las oportunidades de vida: la propia seguridad, el control sobre el tiempo, el acceso al espacio de calidad, la educación en el sentido liberador del término, el conocimiento financiero y el capital financiero. Una renta básica sería una forma efectiva de reducir la desigualdad de rentas, ya que al ser igual y universal obviamente supone un mayor porcentaje de renta para alguien con ingresos bajos. También reduciría la desigualdad en seguridad, y permitiría que el precariado tuviera más recursos y más libertad para buscar una formación en un sentido no mercantilizado. Una renta básica también podría ayudar a abordar el problema del acceso desigual al conocimiento financiero (artículo 22), especialmente si los políticos y los receptores ven la renta básica como algo que permite a la gente comprar el asesoramiento o pasar tiempo aprendiendo a gestionar cuestiones financieras. Por lo que hace al capital financiero, volveremos sobre ello en el artículo 26.

La liberación de tiempo y el derecho a trabajar

En una economía industrial, los trabajadores están explotados sobre todo en el centro de trabajo, así que tiene sentido limitar la explotación con regulaciones sobre las horas de trabajo, las horas extra y las tasas de remuneración de las horas extra. En una sociedad terciarizada, con la conectividad «siempre encendida», el trabajo en general y el trabajo asalariado se hacen casi en cualquier sitio. Poner límites reguladores sobre las horas de trabajo tendrá poco efecto, como ha descubierto Francia.

La cuestión principal es el control sobre el tiempo. El precariado es el que menos control tiene sobre ese activo clave. Se espera que trabaje siempre que se le requiera, y que haga mucho trabajo-para-trabajar y otras formas de trabajo que se le imponen: de ahí el estrés y la inseguridad ligadas al empleo (por ejemplo, Gallie et al., 2013). Una renta básica daría a la gente más control sobre su tiempo, y la capacitaría para negociar por un ritmo de trabajo más digno. El estrés debido a la pérdida de control sobre el tiempo está ligado al estrés debido a la pérdida del espacio público. Una renta básica reafirmaría suavemente cierto control tanto del tiempo como del espacio. Sería pare de una nueva política del tiempo (Standing, 2013b).

Superar la incertidumbre

La incertidumbre es la pesadilla de nuestro tiempo. Es la forma más amenazante de inseguridad para el precariado. La incertidumbre puede ser tan grande que provoque inercia. Los riesgos de cualquier curso de acción parecen prohibitivos. Las personas se percatan de que su situación es frágil y de que, si sobreviene cualquier adversidad, podrían arruinarse. En pocas palabras, les falta capacidad de recuperación.

Tras evaluar la probabilidad de sucesos raros, a los que apoda «cisnes negros», Nassim Taleb (2012) ha desarrollado la idea de la «antifragilidad». Cree que es un error tratar de evitar los golpes adversos con demasiado ahínco. Un sistema eficiente necesita de una volatilidad moderada, y eso ayuda a preparar a la gente para que haga frente a los golpes. El principio puede aplicarse a la elección de carrera. Si una persona tiene un empleo seguro en una gran empresa, él o ella desarrolla un sentido de dependencia, de tal manera que la pérdida repentina de ese empleo puede ser un golpe serio; por el contrario, los que están en puestos con ingresos y demanda más variables son menos vulnerables a los golpes adversos. En otras palabras, una inseguridad moderada prepara a la gente para recibir golpes y la capacita para sacar ventaja de lo inesperado. Pero la palabra clave es «moderada».

Una renta básica proporcionaría un parachoques contra la incertidumbre y los golpes adversos. Como tal, podría dar más coraje y confianza a las personas para asumir riesgos como emprendedores, a la hora de acometer acciones que potencialmente desarrollan la vida. Si sabes que no vas a quedarte en la calle si fracasas, es más probable que te arriesgues a aprender nuevas cosas o a dejar un empleo sin alma para buscar tu propia suerte como un artesano independiente.

La renta básica frente a las dotaciones de capital

Entre los que creen que todo el mundo debería tener la misma seguridad básica, ha habido un debate sobre si sería mejor proporcionar dotaciones de capital o modestas cantidades regulares. Podrían tenerse ambas. Pero los argumentos difieren para cada opción. El ejemplo relevante de más éxito es el Dividendo Permanente de Alaska, discutido en el artículo 26. Es un híbrido de renta básica y dotación de capital, puesto que paga un dividendo anual a cada ciudadano residente de Alaska derivado del Fondo Permanente establecido en 1976.

Algunos han propuesto grandes dotaciones, bien anualmente o bien al alcanzar la edad de veintiún años (Ackerman y Alstott, 1999). En 2013, un antiguo asesor del Gobierno del nuevo laborismo recomendaba que:

En lugar de malgastar el interés público en los bancos rescatados con un regalo de acciones […], los fondos deberían usarse para pagar la deuda del país y financiar al mismo tiempo una dotación de capital para los ciudadanos a la edad de dieciocho años: una versión más audaz del fondo fiduciario infantil. Una dotación universal de capital ayudaría a sustentar un programa ampliado de vivienda social basado en un patrimonio compartido de capital (Diamond, 2013).

Las dotaciones de capital ofrecen vías de seguridad, pero adolecen de un inconveniente primordial. Alimentan la debilidad de la voluntad, la tentación de derrochar en cosas grandes o de asumir grandes riesgos. Las opciones de riesgo (tales como invertir en valores especulativos) podrían hacer ricas a algunas personas, pero empobrecerán a muchos. Entonces ¿qué haría el Estado? La pérdida podría haberse debido a un desafortunado calendario en la recepción de la dotación de capital, o a la mala inversión de alguna otra persona. Sería mejor darle a todo el mundo una modesta cantidad regularmente.

Repensar el principio de distribución

La renta básica no debería discutirse sin considerar las deseables propiedades de un sistema global de protección social, que debería basarse en la compasión, la solidaridad y la empatía más que en la pretensión de controlar y penalizar a los más desfavorecidos. Una renta básica debería verse como el suelo de un sistema multi-nivel orientado a las realidades del siglo XXI.

En 2013, el Partido Laborista respondió a los recortes en bienestar anunciando que resucitaría el principio de contribución. Acusando al Gobierno de hacer políticas de «divide e impera», el portavoz laborista, Liam Byrne (2013), pareció querer llevar al Reino Unido más cerca del sistema de bienestar continental, donde —como en Francia— el Estado recompensa a los de dentro, perjudicando al precariado y a la subclase, y erosionando la solidaridad entre el salariado y el precariado. Dijo que el Partido Laborista recompensaría a la gente que pagara contribuciones y que animaría a los consejos locales a dar vivienda social a los que las hubieran pagado.

Esto es particularmente divisivo. ¿Por qué tienen que aceptar más recortes en los niveles de vida aquellos ya devastados por políticas económicas irresponsables? El laborismo introduciría su propia versión del «divide e impera», al recompensar a los que tienen rentas del trabajo, negando la vivienda social a los que no. Muchas personas en el precariado no habrán tenido oportunidad de contribuir, porque son demasiado jóvenes o han estado desempleados o fuera del mercado de trabajo. Basarse en un sistema contributivo solo sería «justo» si todos tuvieran empleo a tiempo completo y ganaran unos salarios «decentes». Pero no es el caso ni lo será.

La renta básica superaría la «trampa de la socialdemocracia». El núcleo de la socialdemocracia era la desmercantilización del trabajo, desplazando la remuneración laboral desde los salarios a las prestaciones no salariales que dan seguridad pagadas por las empresas o el Estado. A medida que el salario bajó como porcentaje de la renta social, cayó la motivación para trabajar eficientemente, ya que la renta dependía poco de que uno trabajara duro o no. E impedía la movilidad, puesto que las prestaciones dependían de que uno mantuviera el empleo.

Conforme se extendió la flexibilidad laboral, el precariado perdió las prestaciones no salariales y contributivas. Se volvieron regresivas, siendo retenidas principalmente por el salariado, e intensificaron la «desigualdad en seguridad». La trampa de la socialdemocracia empeoró con la transferencia al Gobierno de la responsabilidad de la seguridad laboral, lo cual erosionó la necesidad de prestaciones comunitarias. Las redes vecinales, institucionales y familiares de solidaridad se desvanecieron porque no se las consideraba necesarias en un Estado de bienestar. Cuando el Estado volvió a remercantilizar el trabajo, estas redes se necesitaron de nuevo pero ya no existían. Como consecuencia, las inseguridades tuvieron efectos más devastadores.

Sería una locura que los socialdemócratas trataran de restaurar las prestaciones contributivas como respuesta a la inseguridad económica. Las prestaciones irían a parar al salariado y la clase obrera del núcleo, en detrimento del precariado. No sería un sistema justo, reemplazando el «algo a cambio de nada» por el «algo a cambio de algo». El precariado podría trabajar tan duro como el salariado, pero estaría en situación de desventaja por su bajo estatus, su inseguridad y la volatilidad de sus ingresos. Antes bien, las prestaciones basadas en las contribuciones deberían ser parte de un sistema de protección social multinivel, que complementara la renta básica, con principios de mutualismo incorporados a los fondos de seguros para garantizar que el precariado no fuera penalizado.

En pocas palabras, el Estado puede dejar que se enconen las desigualdades y las inseguridades o bien puede escapar de la trampa laborista proporcionando como derecho universal la seguridad básica perdida. Debería proponerse desmercantilizar a las personas (la «fuerza de trabajo») en vez del trabajo. Como argumenté en El precariado, por razones de eficiencia y equidad, el trabajo asalariado debería ser plenamente mercantilizado.

Campañas por un salario vital

Las campañas por un salario vital se han hecho populares desde 2008, sobre todo en Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Dichas campañas merecen apoyo, pero no debería esperarse demasiado de ellas. Las empresas que aceptan pagar salarios decentes podrían estar incluso en situación de desventaja si otras que no lo hacen venden más barato. Los salarios vitales deberían ser pagados por todos los que licitan por contratos del Estado. Pero esto podría dar como resultado que las grandes empresas fueran favorecidas frente a las pequeñas, o las empresas consolidadas frente a las nuevas. Algunas empresas podrían simplemente ser incapaces de pagar una cantidad mayor. El Partido Laborista británico anunció que apoyaría un salario vital, solo para proponer poco después que debería exigirse a los desempleados de larga duración que aceptaran empleos con el salario mínimo, lo que no haría sino presionar a la baja a los salarios en general.

Un salario vital es algo deseable, pero no es una alternativa a la renta básica. Una renta básica fortalecería la posición negociadora del precariado, la mayoría de cuyos miembros no está en sectores o empresas que pagan o es probable que paguen salarios vitales, o bien trabajan demasiadas pocas horas para alcanzar el salario mínimo. Además, promovería el cambio desde el trabajo asalariado al trabajo reproductivo de diversa índole.

***

Los políticos han tenido miedo a la idea de que todo el mundo debería tener el derecho a la seguridad económica básica. Incluso los que creen en él han racionalizado el hecho de guardar silencio por miedo a ser tachados de «irrealistas» y «utópicos», o a ser impopulares entre los moralistas y la «clase media». Ahora bien, con el abismo por delante, es la hora del coraje político y ético.

Los políticos pueden descubrir que se mueven en la dirección de la opinión pública. El precariado apoya ir en la dirección de una renta básica. Ahora existen redes de renta básica en muchos países, bajo el paraguas de una red internacional, BIEN (Basin Income European Network). En abril de 2013, se entregó en el Parlamento italiano una petición firmada por más de 50.000 personas. Los partidos verdes europeos la han incluido en sus manifiestos. En el momento en que escribo, se están recabando firmas para una iniciativa ciudadana europea (ICE) para pedir a la Comisión Europea que estudie la factibilidad de la renta básica y que dirija experiencias piloto. La barrera del millón de firmas es demasiado alta, pero la red institucional se ha fortalecido. Los grupos del precariado deberían persistir en su exigencia de que las autoridades locales o los gobiernos realicen experiencias piloto en áreas seleccionadas. Solo un movimento del precariado puede cambiar la mentalidad utilitarista del establishment político.

Artículo 26: Participar en el capital a través de fondos soberanos de riqueza

Debe construirse un nuevo sistema de distribución tal que todos los que contribuyen a la sociedad puedan participar en la riqueza financiera y en los dividendos sociales de los recursos naturales y la innovación tecnológica. Los fondos nacionales de capital pueden conseguir estos objetivos realistas.

«Cada individuo que viene al mundo nace con legítimas pretensiones a un cierto tipo de propiedad, o su equivalente.»

Thomas Paine
Agrarian Justice, 1797

Paine se refería a los recursos naturales, la tierra en particular. Nosotros deberíamos ir más lejos. Debe haber una redistribución progresiva de los beneficios y las rentas obtenidos por pequeñas élites a las que se ha dado el control de los recursos minerales, de los avances tecnológicos a los que ha contribuido una larga serie de generaciones, y de las ganancias inseperadas debidas a los cambiantes términos del comercio y la fortuna. La solución pasa por la creación de fondos soberanos de riqueza democráticos (SWF)[39]. Estos ya existen en forma embrionaria. Para 2013, más de sesenta países tenían un SWF de alguna clase. Hasta ahora han sido vehículos en su mayoría para el enriquecimiento de la élite. Pero alguos se han usado para reducir la inseguridad y la desigualdad económicas

La mayor fuente de desigualdad a escala global es el cambio en la distribución funcional de la renta. El porcentaje de la renta nacional y global que va al capital está subiendo mientras cae el porcentaje que va a las rentas del trabajo. El precariado tiene razones para oponerse a lo que está ocurriendo y para apoyar medidas que den la vuelta a la tendencia. El desarrollo de SWF podría ser el vehículo más prometedor, ética, social y económicamente, para hacer frente a la verdadera tragedia de los comunes y al creciente carácter rentista de los países ricos en el sistema global de mercado.

¿Qué hay detrás de la desigualdad de capital?

Había dos razones principales para el desplazmiento desde las rentas del trabajo a las rentas del capital en la era de la globalización. La primera era el cambio en la ratio del trabajo respecto al capital, como resultado de que la oferta global de trabajo se triplicó mientras el stock de capital solo creció suavemente. Esto debilitó el poder de negociación de los que percibían rentas salariales, algo en lo que abundaron las medidas neoliberales pensadas para contener la negociación colectiva y a los sindicatos. La segunda era la serie de revoluciones tecnológicas en este periodo, sobre todo en las tecnologías de la información y la comunicación. No es necesario cometer la falacia de la «porción de trabajo» —que solo hay una cierta cantidad de «trabajo» con el que contar y que las nuevas tecnologías están reduciendo esa cantidad— para apreciar que el cambio tecnológico puede inclinar la distribución de la renta desde los que trabajan a los que reciben ingresos rentistas de la innovación tecnológica (y las patentes que se les conceden).

Además, las habilidades y el control sobre el trabajo y la actividad laboral pueden verse reducidos por el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, los robots están asumiendo funciones en muchas formas de producción. Los luditas se rebelaron contras las máquinas que sustituían trabajo manual. Ahora los laboristas quieren detener las incursiones en las esferas del trabajo intelectual para atajar el «desempleo tecnológico». Esto se debe a que los empleos se han convertido en fetiches.

No hay nada malo en que las máquinas hagan tareas que han hecho los humanos en el pasado si las pueden hacer tan bien o mejor. Usar robots para realizar tareas fabriles y funciones de servicio es algo aceptable si significa que los humanos tienen más tiempo y renta para hacer lo que les gustaría hacer con su vida. Los robots aumentan la productividad y la renta generadas por la producción. Pero en la economía globalizada de mercado, el desarrollo tecnológico hace que cada vez vaya más renta a los que poseen capital, no a los trabajadores. El derecho político lo justifica como algo necesario para estimular la innovación y el riesgo empresarial. Pero aunque esto puede tener algún sentido en el nivel micro, en el nivel macroeconómico o societal es preocupante.

En lugar de ello, debemos encontrar formas de compartir las rentas del capital. Algunos proponen créditos fiscales; otros prefieren incentivos para que los individuos compren acciones (por ejemplo, Smith, 2013). Sin embargo, lo segundo es problemático. Muchas empresas estadounidenses están dejando de cotizar en bolsa y haciéndose privadas. Algunos proponen incentivos para animar a las grandes empresas a que salgan a bolsa, e incrementar así las posibilidades de compra de acciones. Pero eso no sería más que un nuevo subsidio al capital, y no resolvería el problema del riesgo de inversión. Mientras la élite y el salariado pueden soportar el coste de una caída en los precios de las acciones, el precariado no puede.

Una respuesta clásica es colectivizar el riesgo, creando un fondo común para gastarlo en acciones. Hay diversas variantes. Una es la del Gobierno, o una agencia que actúe en su nombre, que compre una cartera de acciones para los individuos. Esto tendría la ventaja de que permitiría que los individuos se beneficiaran del conocimiento experto que atesoraría el órgano que realiza la inversión. Pero los dejaría expuestos al riesgo, sin la responsabilidad de haber tomado las decisiones. Sería paternalista, sin proporcionar seguridad económica.

La cartera sería un seguro contra el riesgo de perder seguridad en las rentas provenientes del trabajo. Pero sufriría el efecto de la debilidad de la voluntad. Alguien al que se le da una cartera de capital financiero seguramente tendrá el derecho a venderla para obtener ganancias de capital. Podría empezar a derrochar en una vida desenfrenada, terminando más pobre de lo que era al comienzo. Eso no preocuparía a los neoliberales porque no les preocupa la desigualdad de resultados. A otros podría preocuparles, ya que esos resultados podrían darse a través del comportamiento racional, y porque esa pérdida de renta dejaría a la gente expuesta a la inseguridad de rentas y a la pobreza.

Así pues, hay desafíos interrelacionados. ¿Cómo puede redistribuirse la renta del capital a fin de reducir la desigualdad, sin distorsionar los legítimos mecanismos de mercado que promueven la inversión y la asignación eficiente de recursos? ¿Cómo puede colectivizarse la renta del capital y superar al mismo tiempo el problema de la debilidad de la voluntad? La respuesta es alguna forma de SWF colectivo o nacional.

Una salvedad

Los fondos de capital existentes, incluidos los fondos de pensiones ocupacionales, son poderosas fuerzas en el capitalismo global. Los SWF son un género específico. Hay necesidad de regular los fondos privados de capital o de democratizarlos. No es eso lo que proponemos aquí. En realidad, los fondos que existen por legítimas razones sociales deberían estar protegidos de su posible captura política. El Gobierno británico pretende canalizar 20.000 millones de libras de los fondos privados de pensiones para financiar la inversión en infraestructuras, a fin de rebajar la presión para elevar los impuestos. Esto es inconsistente con el principio de un fondo privado de seguros, que se vende a los ahorradores con la expectativa de que sus expertos invertirán en cosas rentables. Los fondos de pensiones tienen un deber fiduciario de invertir en beneficio de sus contribuyentes, no en el del público general o del Gobierno. Al igual que los fondos privados de capital deben estar protegidos contra su captura y distorsión política, los SWF deben estarlo más aún.

Cómo operan los fondos soberanos de capital

La idea de un SWF es que parte de los beneficios de la producción basada en recursos tributa y paga a un fondo, que se usa para determinados tipos de inversión. Estos fondos se han convertido en la mayor fuente de inversión de capital en el modelo globalizado de capitalismo; los tres mayores fondos de capital estatal chino se han convertido en los propietarios de corporaciones de nombre familiar en Europa y otros lugares. La mayoría de los SWF están controlados por la plutocracia y la élite global, y en su mayoría han incrementado la desigualdad de rentas y el capitalismo monopolista, reforzando privilegios y fortaleciendo su poder de mercado. Son prácticamente mecanismos de extracción de rentas libres de riesgo. De forma embrionaria, sin embargo, estos fondos podrían transformarse en fondos basados en recursos públicos que podrían pagar un dividendo social a todos los miembros de la sociedad y financiar así un sistema de renta básica. El fondo permanente de Alaska ha señalado el camino, y otro país, Irán, sorprendentemente, ha sentado un precedente aún más fuerte (Tabatabai, 2012).

Debería señalarse que cualquier recurso puede entenderse como propiedad inalienable del pueblo. Los romanos dividían la propiedad en propiedad común (res communes), propiedad estatal (res publicae) y propiedad privada (res privatae), y la Carta Magna incluía el aire, el agua corriente, las pesquerías, los bosques, el mar y las costas como riqueza común. Entonces y ahora, mediante el derecho común, los recursos naturales se mantienen en común para beneficio de todos los ciudadanos. Puede decirse con evidente justificación que los ciudadanos deberían beneficiarse de las tres formas de propiedad.

Los recursos de propiedad pública pueden incluir no solo a los recursos naturales, tales como la energía y los minerales, sino a algo tan poco natural como las finanzas (Flomenhoft, 2012). Cualquier ingreso rentista derivado de un privilegio concedido por el Estado debería considerarse como potencial ingreso público para el fondo, ya que es el pueblo, a través de su Gobierno, quien permite que los intereses privados ganen lo que en realidad son «ganancias imprevistas», o rentas. Así, los explotadores de recursos naturales ganan rentas y rendimientos mayores que el ingreso mínimo requerido para atraer el trabajo, el capital y el conocimiento experto para extraerlos. Y con los precios de las mercancías al alza, los ingresos rentistas han crecido. Un impuesto sobre esos ingresos, como un gravamen a la minería, es una forma de aumentar la recaudación sin disminuir la motivación para producir.

Otra fuente de recaudación para un fondo nacional de capital es un impuesto a las ganancias inesperadas. Si un país tiene mercancías que suben de precio en términos reales en los mercados de exportación debido a los efectos del cambio en los términos comerciales, entonces parte del ingreso extra debería ir a parar al fondo soberano de capital. Las ganancias libres de riesgo también deberían ser consideradas como rentas monopolistas. Por ejemplo, los bancos protegidos por ser «demasiado grandes para caer» han recibido gigantescos subsidios y la promesa de recibir más si es necesario. La ciudadanía se merece parte de sus beneficios, puesto que es la ciudadanía la que provee de seguridad de ingresos a bancos y banqueros. Parte de las primas de los banqueros deberían fluir hacia el SWF, junto con un porcentaje de las ganancias netas de los bancos. Cualquier entidad comercial donde el Estado garantiza los riesgos debería tener que pagar al fondo, como una cuestión de equidad y de política progresista.

Los fondos de cobertura (hedge funds) son otra fuente potencial de recaudación. Han crecido prodigiosamente —gestionando más de 2,2 billones de dólares en activos en 2012, se han multiplicado por cuatro desde 2000— aun cuando han suministrado una rentabilidad por debajo de la tasa de inflación y han enriquecido a sus inversores menos que a sí mismos. Luego está la «tasa Tobin» sobre las transacciones financieras. Once Estados miembros de la Unión Europea están planeando introducir una tasa sobre la compraventa de valores, con lo que estiman que recaudarían entre 30.000 y 35.000 millones de euros anualmente. En Estados Unidos, una tasa sobre las transacciones financieras de solo 3 céntimos por cada 100 dólares cambiados, recaudaría 352.000 millones de dólares en diez años, de acuerdo con el Comité Conjunto del Congreso sobre Tributación. El plan presupuestado eximiría a la primera venta de acciones y todas las ofertas de bonos, por lo que el coste de la obtención de capital no se vería afectado. Los críticos dicen que semejante tasa sería difícil de imponer, pero así son la mayoría de los impuestos, lo que no los hace ilegítimos. La tasa podría ayudar a controlar las burbujas y el comercio desenfrenado, y a reducir las oscilaciones de las inversiones a corto plazo.

En resumen, puede crearse un sistema integrado para canalizar los ingresos basados en el consumo de recursos hacia un fondo que beneficiaría a toda la comunidad. Los recursos del pueblo deberían ser preservados para el pueblo y arrendados solo aquellos preparados para pagar una renta sostenible.

El fondo permanente de Alaska

Comenzado de forma modesta, el fondo permanente de Alaska se ha convertido en un modelo de sentido común. Fue establecido en 1976 por el último Jay Hammond, un gobernador republicano liberal, quien lo introdujo tras un referéndum. Tiene tres elementos —un ingreso fiscal basado en el uso de recursos (el 25 por ciento de las regalías petroleras del Gobierno estatal), un fondo de ahorro para hacer inversiones, que también actúa como fondo de estabilización, y un dividendo del fondo permanente, un dividendo social anual determinado por los rendimientos de las inversiones del fondo. Este se paga al final de cada año a cada residente legal de Alaska (Widerquist y Howard, 2012, 2012).

El dividendo se calcula como el 52,5 por ciento del promedio de la inversión nominal del fondo durante los cinco años anteriores dividido por el número de receptores elegibles: todos los que han vivido en el Estado durante al menos cinco años. Se trata de un fondo de ahorro en el que el principal se acumula, y donde solo una parte de los ingresos de las inversiones se da como derecho de ciudadanía. Es conocido como un fondo del tipo pájaro-en-mano, pensado para que se beneficien tanto las generaciones futuras como las presentes.

El modelo de Alaska ha funcionado bien durante cuatro décadas. Es popular entre la ciudadanía; ha distribuido cerca de 1.400 dólares cada año a cada alaskeño; y Alaska ha pasado de ser un Estado pobre y desigual a ser el Estado con la menor pobreza y desigualdad. En 2013, el gobernador de Oregón propuso un modelo similar en su Estado, donde el principal recurso natural es la madera. No hay razón para pensar que no funcionaría en cualquier otro sitio donde haya recursos naturales. El principal obstáculo es que lo capture la élite con la ayuda de políticos cobardes que sirven a las corporaciones.

El modelo de Alaska lanza retos, siendo el principal el de la gobernanza. El fondo debe ser independiente del Gobierno, de tal modo que las inversiones y los niveles de pago no estén dictados por los ciclos electorales. Idealmente, estas cosas deberían ser decididas a través de un sistema de democracia paralelo, en el que estuvieran representados todos los intereses en la gobernanza del fondo y las decisiones sobre inversión se orientaran a la reproducción y preservación de los recursos y el medio ambiente. Otro reto es el de mantener la viabilidad a largo plazo del fondo, al tiempo que se distribuyen dividendos de forma equitativa y sostenible. Esto plantea un dilema democrático, ya que la generación presente, sobre todo los miembros más viejos de la sociedad, querrían maximizar los rendimientos a corto plazo, mientras que la juventud preferirá asegurarse de que los dividendos sean continuos y vayan creciendo en el futuro. Así, la gobernanza debería dar voz a diversas generaciones.

Hoy, sería un suicidio político para cualquiera proponer que se acabara con el dividendo del fondo permanente de Alaska (Goldsmith, 2012). Incluso Sarah Palin, en su último año como gobernadora de Alaska, usó el presupuesto estatal para añadir 1.200 dólares al dividendo de 2.069 dólares pagado ese año a los habitantes elegibles. El fondo de Alaska es verdaderamente transformador.

El petróleo del mar del Norte, el fondo noruego y el error histórico británico

Noruega ha sido clasificada como el país más feliz de acuerdo con un índice de prosperidad calculado por el Instituto Lagatum. Se hizo rico gracias al petróleo del mar del Norte en la década de 1970, pero para superar el riesgo de la «enfermedad holandesa» (un aumento en la tasa de cambio debido a los ingresos del petróleo), estableció un fondo soberano de riqueza que ahora vale más de 460.000 millones de libras. Cuando sobrevino el crac global, Noruega estaba inmunizada por su fondo. A nivel nacional, los salarios subieron cerca de dos tercios entre 2000 y 2012, mientras que el promedio de horas de trabajo por semana ha caído a solo un poco por encima de las 27 horas, en comparación con las 39 de Grecia, por ejemplo. De acuerdo con la OCDE, los noruegos califican su nivel de satisfacción vital mejor que casi cualquier otro país. El fondo de riqueza se ha usado para mejorar la seguridad social y otros derechos sociales.

El contraste con el Reino Unido es agudo. El Gobierno de Thatcher cometió el imperdonable error de vender los pozos petrolíferos del mar del Norte británico a compañías prospectivas en un momento en el que las reservas de petróleo todavía se desconocían. Hubo propuestas alternativas progresistas, pero estas propuestas se dejaron de lado. Las ganacias fluyeron hacia una élite y después al capital extranjero, mientras las ganacias inesperadas de la privatización se usaron para cubrir los costes sociales de la desindustrialización y el desempleo masivo. Posteriormente, un fondo de capital público chino compró una gran participación rentable en el negocio del petróleo escocés. ¡La privatización terminó en propiedad estatal extranjera!

Gordon Brown, siendo primer ministro, cometió un error similar después de 2008. El Gobierno debería haber tenido el control público permanente de los bancos rescatados, lo que habría proporcionado la base para un fondo de riqueza de capital financiero y permitido que el público británico recibiera dividendos de la industria bancaria una vez que se reestablecieran los beneficios.

El modelo neoliberal socava los derechos políticos, al tiempo que construye un sistema global de mercado. La privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales crea el hueco por el que entra el capital estatal extranjero. Así como la privatización del petróleo del mar del Norte terminó permitiendo que el capital estatal chino se apoderase de recursos naturales británicos, así la privatización del puerto griego del Pireo, bajo la presión de las agencias financieras internacionales y «la troika» de la Unión Europea, ha convertido el puerto en una base de operaciones para la compañía naviera de propiedad estatal china, un moderno caballo de Troya. De este modo, el Estado está apalancando una parte global del capitalismo, debilitando el control democrático nacional de la economía y los recursos. Esto socava los derechos políticos y reduce la gobernanza democrática.

¿Un fondo para el fracking de gas de esquisto?

El fracking («fracturación hidráulica») se ha convertido en una fiebre del oro a lo salvaje Oeste. La técnica, que implica liberar crudo o gas de la roca de esquistos inyectando agua a alta presión y productos químicos bajo tierra, se describe como algo que puede rescatar a los países de la dependencia del carbón y del petróleo importado. En Estados Unidos está disparándose un fracking prácticamente desregulado, que da como resultado el expolio de tierras, el agotamiento y contaminación de los recursos de agua, y otros costes medioambientales a medida que las perforadoras van de un emplazamiento a otro. Aunque de boquilla habla de la necesidad de regulación, el Reino Unido se ha movido en una dirección similar.

El fracking supone una amenaza ecológica a las comunidades que hasta ahora se han considerado inmunes a dichas amenazas. Esto presenta una oportunidad para movilizar la oposición desde una amplia alianza de grupos sociales. La élite y el capital financiero pueden engatusar con el incentivo de la energía barata y un más rápido crecimiento económico, pero puede que esto resulte poco convincente si su pueblo, sus bienes comunales y su bosque son emplazamientos para perforar y destruir. Una encuesta de opinión en 2013 mostró que el 44 por ciento de los británicos estaba a favor del fracking, pero la proporción caía significativamente cuando se preguntaba si la persona apoyaría las perforaciones en su comunidad. El principio del «velo de ignorancia» estaba funcionando.

El gas de esquisto pertenece al pueblo. Es parte de los bienes comunales. Dárselo a los intereses privados equivale a una expropiación. El ministro de Hacienda ha prometido generosas exenciones fiscales a las compañías de fracking, así como sobornos financieros a los consejos locales para que acepten el fracking en su territorio. Una política más equitativa sería establecer un fondo de capital del gas de esquisto siguiendo el modelo del fondo permanente de Alaska. Podría usarse para pagar dividendos sociales o contribuir a un fondo nacional para una renta básica para todos.

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Los grandes fondos de capital son parte del paisaje del capitalismo global. En su mayoría han caído en manos de la plutonomía, lo que refleja el poder de la élite, además de llenarle ampliamente los bolsillos. Cuando los neoliberales declaran que la desigualdad es necesaria, y mantienen la idea de que se «filtrarán» los beneficios del crecimiento, lo que hay que responder es que la manera de profundizar en seguridad económica y reducir la desigualdad de renta está en los fondos soberanos de riqueza democráticamente gobernados, junto con dotaciones de rentas básicas. Hay una alternativa.

Artículo 27: Revitalizar los comunes

Los comunes físicos, sociales y la información común deben ser protegidos y reavivados. Ello le importa más al precariado que a ningún otro grupo o interés.

Históricamente, lo que se conoce con el nombre genérico de «los comunes» ha sido importante para las clases trabajadoras de cada momento. La Carta de los Bosques de 1927, que tenía su origen en la Carta Magna, trataba principalmente de afirmar el derecho a la tierra, el agua y otros recursos esenciales para mentener el bienestar de los campesinos, los pequeños propietarios y otros grupos en una sociedad predominantemente rural. Al proteger los comunes del poder externo, ponía un límite a la privatización.

Los debates modernos se han visto influidos por una perspectiva conocida como «la tragedia de los comunes» (Hardin, 1968), la idea según la cual una tierra abierta al uso de todos acabaría mermada y agotada. Es una idea oportuna para los neoliberales, pues se utilizó para decir que se malgastarían los recursos que no fueran propiedad de empresas privadas o de individuos. Algunos han puesto en duda esta perspectiva, diciendo que solo es aplicable a los espacios que todos pueden explotar individualmente. Otros, en especial Elinor Ostrom (1990), han señalado que, dejada a su libre albedrío, la gente en las pequeñas comunidades se adapta y preserva los comunes, reproduciendo su entorno mediante la cooperación, las relaciones de confianza y los «gestores de usuarios».

Hoy, el modelo neoliberal trae como resultado la erosión sistemática de los comunes y del espacio público de calidad, en detrimento del precariado. Hay que acabar con esto. El espacio de calidad es uno de los activos fundamentales en torno a los cuales debe librarse la lucha redistributiva. Cada vez su distribución es más desigualitaria. Esto quedó ilustrado mediante el absurdo cuando, en mazo de 2013, el Emir de Qatar compró seis islas griegas, aprovechándose del sufrimiento de una gran sociedad bajo un régimen de austeridad. Mientras la plutocracia gana más espacio de calidad, el precariado se hacina en espacios de menor calidad, y esta decrece día a día. Como continúa el hacinamiento, la rabia también crece.

Los comunes en la renta social

Los comunes, o el espacio público de calidad en general, comprenden parte de la renta social. Siempre han proporcionado una fuente de seguridad económica, para recoger madera o agua, y una fuente de carne y pescado, fruta y verdura. También han cumplido funciones sociales y políticas, proporcionando el ágora o el «lugar de reunión» en las ciudades-Estado griegas, y lugares de encuentro para los ciudadanos hasta los tiempos modernos.

La tragedia de los comunes no radica principalmente en que fueran sobreutilizados, sino en que se volvieron propensos a la comercialización; el movimiento de cercamientos no fue sino el ejemplo más notorio de ese proceso. El Estado ha sido instrumental en la destrucción de los comunes, retirando esa fuente informal vital de renta social. Si recordamos que la renta social consiste en todos los tipos de renta que la persona pueda recibir, cuanto más descendemos en la escala de clase, mayor es la contribución relativa de los comunes. Disminuir los comunes incrementa así la desigualdad de la renta social y reduce la renta del precariado y de los que están por debajo de él.

La paradoja de Lauderdale

La amenaza a los comunes y el espacio público puede interpretarse en los términos de la «paradoja de Lauderdale», formulada por el conde de Lauderdale en 1804. Figuraba en la economía clásica, pero ha dejado de estar de moda. Lauderdale sostenía que, en un sistema capitalista, la riqueza pública decrece a medida que crecen las riquezas privadas: «La riqueza pública puede ser definida con precisión como la consistente en todo lo que el hombre desea, como útil o agradable para él» (citado en Foster y McChesney, 2011). Pero las riquezas privadas requieren «un grado de escasez», de modo que las riquezas privadas pueden crecer si la escasez es artificial. Eso es lo que tiende a hacer el capitalismo, bien mediante prácticas monopolísticas, mediante patentes, mediante el agotamiento de recursos escasos, o bien mediante estrategias que limitan la reproducción de esos recursos. Las economías pueden «crecer» más rápido si los recursos se usan hasta el límite y así suben los precios. Pero el coste de esto es una riqueza pública disminuida.

Una buena ilustración de la paradoja de Lauderdale es la conversión de zonas verdes en centros comerciales. Fue esta posibilidad la que provocó las impresionantes manifestaciones de Estambul en 2013. El centro comercial es un símbolo del capitalismo financiero, que designa una zona planeada para provocar más consumo del que la gente puede permitirse, o incluso contemplar o querer. Inicialmente, los centros comerciales parecían proporcionar un espacio cuasipúblico en el que la gente se socializaba a la vez que consumía. Pero un insaciable mercantilismo pronto reveló su verdadera función: ser un medio luminoso para el enriquecimiento privado. Como bien entendieron aquellos manifestantes turcos (Göle, 2013), un centro comercial en el parque Gezi significaba la confiscación de los comunes por parte del capital privado. La paradoja de Lauderdale era evidente.

La adjudicación de huertos como metáfora

La tradicional institución de la adjudicación de huertos —o el huerto de la comunidad, como se conoce en Estados Unidos; o el «huerto de la victoria», como se llamaba en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial— debería ser una metáfora de los comunes. Los huertos adjudicados han existido en muchos países y culturas, incluidos Alemania (donde se denominan Schrebergärten), Italia (donde florecieron en la Segunda Guerra Mundial, de ahí su nombre orti di guerra), los Países Bajos, Dinamarca, Noruega (donde la gente puede esperar hasta veinte años por uno) y Suecia.

La adjudicación de huertos siempre ha sido una parte de la renta social de sus titulares, siendo una fuente de protección social informal. Esto quedó plasmado gráficamente a raíz de la desintegración de la Unión Soviética. Rusia y Ucrania sufrían un periodo terrible de hundimiento de la renta nacional e hiperinflación. En Rusia, la expectativa de vida también se desplomó, con una expectativa de vida masculina que cayó de 64 a 58 años. Pero en Ucrania, el país más pobre, la expectativa de vida cayó solo un poco, desde un punto de partida similar. Lo que distinguía a Ucrania era que, antes de la desintegración de la Unión Soviética, las autoridades habían adjudicado a todos los residentes urbanos una pequeña parcela para cultivar vegetales, principalmente patatas. Estos huertos salvaron muchas vidas, aun cuando el trabajo que se hacía en ellos no se reconociera como actividad productiva.

Las adjudicaciones de huertos combinan diversas funciones e imágenes socioeconómicas, encajando en la producción la dimensión civilizadora del trabajo de ocio, o del ocio trabajador. En muchos países, fueron en su día un equivalente al aire libre del bistró —el «parlamento del pueblo» de Balzac—, donde florecía la convivencia. En el siglo XX, los huertos fueron colonizados por familias burguesas y pequeñoburguesas, decididas a hacer escapadas de fin de semana lejos del bullicio urbano. En ningún otro sitio se puso esto más de moda que en Alemania y, como dachas, en Rusia y Ucrania. En años recientes, los huertos han caído sobre todo en manos de pensionistas. Pero su dimensión progresista no debería despreciarse. Ni debería subestimarse su papel económico y cultural, en la medida en que ayudan a reproducir un sentido de comunidad y son baluartes contra la mercantilización. También han cumplido un papel político, permitiendo a familias y amigos discutir sobre política, facilitando la conversación reflexiva, no perturbada por las presiones comerciales o las exigencias del jefe.

Para el precariado, las adjudicaciones pueden ser el presagio de una lucha por la revitalización de los comunes. Ofrecen una visión simbólica de los elementos deseables de una vida buena, incluidos no solo los beneficios nutricionales sino también la afirmación del valor del trabajo reproductivo por encima de los dictados del trabajo asalariado. El precariado debe encontrar formas de combatir dos tendencias amenazadoras: la disminución de la tierra asignada para huertos y la marginalización del trabajo hecho en ellos. Esto último es una parte crucial de la campaña para legitimar todas las formas de trabajo que no son trabajo asalariado. El trabajo en los huertos, por la razón que sea, es trabajo real que crea un pequeño espacio en el que se desarrolla una actividad tan productiva y valiosa como poner latas y cajas en las estanterías de un supermercado.

Aunque las adjudicaciones de terrenos se originaron en las áreas rurales y prosperaron alrededor de las ciudades pequeñas en el siglo XVIII, el movimiento de adjudicaciones empezó con la industrialización y el surgimiento de las áreas metropolitanas. En el Reino Unido, la demanda de huertos se disparó a comienzos del siglo XX, lo que trajo consigo la Small Holdings and Allotments Act[40] de 1908, partes de la cual todavía están en vigor. La demanda de parcelas siempre ha superado a la oferta de tierra, lo que en parte se explica por el hecho de que el principio de la propiedad pública fue preservado para mantener bajo el precio, y respetar la idea de que los huertos eran parte de los comunes.

En el Reino Unido y otros sitios, la responsabilidad de proporcionar y adjudicar huertos fue delegada a los ayuntamientos. Desde 1908, la cantidad de tierra puesta a diposición ha fluctuado de forma drástica. Para 1913, había 600.000 huertos en Inglaterra y Gales. En la Primera Guerra Mundial, se requisó más tierra para huertos a fin de incrementar el suministro de alimentos, de tal modo que en 1918 había alrededor de 1.500.000. Gran parte de la tierra se devolvió a sus antiguos propietarios después de 1918. Pero su proliferación durante la guerra ha enseñado que la tierra para uso común podía movilizarse rápidamente, que podía darse a la gente trabajadora para su uso productivo y que era así una respuesta apropiada ante las crisis nacionales.

El número de huertos disminuyó en la década de 1920, antes de que los tiempos de dificultad económica provocaran un nuevo renacimiento. En 1926, los cuáqueros (Sociedad de Amigos) lanzaron un programa en Gales del Sur llamado Adjudicación de Huertos para los Desempleados para proporcionar alimento y trabajo (Acton, 2011). La cosa tuvo éxito y se extendió por toda Gran Bretaña, con el apoyo inicial del Gobierno, ansioso por evitar el descontento social. Los huertos volvieron a crecer rápidamente durante la Segunda Guerra Mundial, para luego ir disminuyendo gradualmente, sobre todo debido a la reducción de la oferta de tierra.

El huerto implica un trabajo para la reproducción. Promueve el respeto por la tierra, por la naturaleza, por una vida equilibrada. Pero en el paradigma neoliberal actual, si uno trabaja en su huerto en lugar de hacerlo en el mercado de trabajo, se arriesga a ser llamado «gandul» o «gorrón», porque no está buscando empleo o está en un puesto de trabajo convencional. Los huertos ofrecen un lugar de retiro, un lugar para soltar el estrés. Rezuman una sensación de seguridad y nos ligan a las generaciones pasadas. Transmiten un sentido de ciudadanía, y ofrecen una deseable combinación de derechos culturales, sociales y económicos, gracias a la conexión con la tierra y al derecho económico de producir para la familia, los amigos y la comunidad. Puede haber una prohibición de vender comercialmente el producto, como en el Reino Unido, pero el intercambio informal y el trueque nunca han ido mal. La horticultura transmite un orgullo y un estatus derivado del trabajo reproductivo.

Modos de ataque a los comunes

El Estado neoliberal ha utilizado cuatro métodos principales para ir reduciendo los comunes. La vía primordial ha sido la privatización, racionalizada en términos de eficiencia, crecimiento y austeridad. Vender la tierra comunal y convertirla en terreno para vivienda u otros planes de urbanización no es más que la forma más visible de privatización.

Un segundo medio de ataque a los comunes es el cierre de servicios públicos, incluidos los parques, las piscinas y las bibliotecas. La ciudad de Manchester tenía tan pocos fondos públicos que cerró todos sus aseos públicos excepto uno. Cuando el Gobierno central golpeó a las administraciones locales con salvajes recortes presupuestarios, a muchos no les quedó más remedio que recortar el gasto no estructural.

Un ejemplo fue la decisión que tomó el distrito londinense de Tower Hamlets de vender una gran escultura de Henry Moore, que él vendió al anterior Consejo del Condado de Londres muy por debajo de su precio de mercado, sobreentendiendo que se colocaría en el este de Londres, una zona deprimida de la ciudad. Titulada Draped Seated Woman[41] y apodada Old Flo, se colocó inicialmente en medio de un barrio de viviendas de protección oficial de Tower Hamlets, muy del gusto de Moore. Venderlo traiciona su legado. En palabras de un crítico de la venta:

Colocada entre bloques de pisos, era un raro momento de calidad, un signo de que alguien se preocupaba […], en la medida en que estaba allí creaba la posibilidad de que alguien se inspirara, se intrigara, o fuera provocado para ver el mundo de una manera diferente (Moore, 2012).

Old Flo luego fue trasladada a un parque de esculturas por seguridad, pero sigue siendo propiedad de Tower Hamlets. El alcalde dijo que la venta era necesaria, ya que el Ayuntamiento no podía soportar el coste de asegurarla. Una protesta pública y una cuestión de propiedad detuvieron la venta. Pero el vandalismo del Estado era claro. La decisión de Tower Hamlets tenía como antecedente la venta de 35 cuadros por parte del Consejo de Bolton. La austeridad se utilizaba para reducir la riqueza pública e incrementar las riquezas privadas.

Un tercer ataque a los comunes es la destrucción o la limitación de las capacidades reproductivas de los espacios públicos: menos limpieza, menos supervisión de la seguridad pública, menos reparación de las instalaciones públicas, menos inversión en equipamiento y servicios. Se funde con la micropolítica de la privatización (véase el capítulo 4), erosionando el aprecio público por estos espacios e instalaciones hasta que queda poca gente con el ánimo para oponerse a su venta o clausura.

Una cuarta forma de ataque es la pérdida de control público responsable sobre las externalidades generadas por la producción para el mercado. Esto incluye la erosión de la capacidad pública de limitar la contaminación y la destrucción de especies y ecosistemas. Si se privatiza un pedazo de los comunes —un bien público—, el deber de cuidarlo se debilita, porque el usuario ya no participa en la propiedad del espacio y sabe que el propietario puede cambiar su uso a voluntad. La privatización debilita el sentido público de la responsabilidad social.

La relación de confianza y riqueza común es sustituida por oportunismo e individualismo. Tirar basura en el paraíso urbano de un promotor inmobiliario seguramente provocará menos quejas del ciudadano que si se tirara en los comunes.

Austeridad, laborismo y disminución de los comunes

La combinación de la austeridad y la primacía dada a la creación de empleo creó una lógica utilitarista para la disminución de los comunes. Sin embargo, desde el principio, el proyecto neoliberal ha incluido el desmantelamiento estratégico de los comunes. La decisión de Margaret Thatcher en la década de 1980 de vender los terrenos que las escuelas públicas utilizaban para juego y deporte fue algo simbólico, un acto de vandalismo de Estado.

La desindustrialización y la Gran Convergencia han tenido su impacto. En 2009, un antiguo miembro de la Asamblea Nacional de Gales recordaba cómo el traslado de la fábrica de Burberry a China, después de llevar sesenta años en el valle de Rhondda, condujo a una espiral de decadencia:

También hemos perdido nuestro hospital, hemos perdido nuestra estación de ambulancias; teníamos una escuela infantil, una excelente escuela infantil, que ha desaparecido. Hemos perdido nuestro centro de reciclaje y ahora vamos a perder nuestra piscina. Nuestro teatro local está amenazado. Sobre todo, hay menos jóvenes por aquí, especialmente niños (Engel, 2009).

Otras muchas áreas han sufrido un destino similar. Pero es la destrucción sin sentido de los comunes en la era de la austeridad la que marca un cambio cualitativo en la política estatal. Un doloroso ejemplo tuvo lugar en España, en un contexto en el que era bien sabido que las empresas contructoras habían estado entregando dinero a mansalva al Partido Popular en el Gobierno. En 2012, cerca de la ciudad costera de Tarifa, se hicieron planes para construir un gigantesco complejo turístico en una de las últimas zonas de playa vírgenes del sur de España, un hábitat de especies protegidas raras. El Ayuntamiento dijo que el proyecto era necesario para generar empleo. Los grupos ecologistas y conservacionistas protestaron porque se iba a destruir un glorioso pedazo de España. En pocas horas surgió en Twitter un movimiento llamado Salvemos Valdevaqueros, que terminó generando una campaña apoyada por los indignados, así como por Greenpeace, Ecologistas en Acción y otros grupos conservacionistas. Como era previsible, el Partido Socialista en la oposición votó con el Partido Popular en el Gobierno a favor del proyecto. Los críticos sañalaron que el país tenía un millón de casas vacías. Pero había que destruir otro trozo de España, a fin de generar empleos de corta duración y beneficios para las empresas constructoras. Esto fue el símbolo de un último espasmo del laborismo. Pronto habrá bastante gente que llegará a darse cuenta de que los empleos de corta duración son la respuesta incorrecta a la pregunta incorrecta.

En el Reino Unido, los huertos están amenazados porque los ayuntamientos están considerando vender la tierra para su desarrollo comercial, y utilizan racionalizaciones ya gastadas sobre crecimiento y creación de empleo. La agenda neoliberal progresa con sigilo. El Gobierno mira con buenos ojos a los promotores inmobiliarios que ofrecen donaciones que van a parar a los cofres de sus partidos y posibles puestos futuros en los consejos de administración. Y miran con oportunismo a las áreas de huertos que podrían hacerse «productivas» y crear empleo.

Considérese el área de huertos Farm Terrace en Watford, cerca de Londres, establecida en 1896 en tierras conocidas por la fertilidad del suelo, y que en 2013 contaba con 60 unidades de trabajo ignoradas por el Hospital General de Watford (Harris, 2013). El Consejo, en connivencia con un promotor corporativo, elaboraró un plan para vender la tierra al promotor para construir un «campus sanitario» y una «incubadora de empresas y locales comerciales», lo que incluía un hotel, un restaurante y cafeterías. En poco tiempo, el plan fue aprobado por el ministro «de Comunidades» del Gobierno. Se les dijo a los titulares de los huertos que se les darían parcelas alternativas dos millas más allá, en lo que todo el mundo sabía que era un suelo menos fértil. Se hizo añicos un derecho económico consagrado por la tradición. Un titular de un huerto que había trabajado en su parcela durante cinco años lo expresó muy bien:

Emocionalmente, ha sido muy duro. La cosa es: ¿cómo se podría recrear algo así? Y estoy preocupado por el efecto perjudicial que deshacerse de estos huertos tendrá sobre la salud de la gente. Para muchos de nosotros, esto es trabajo físico; pero también está la liberación emocional que consigues.

Similares usurpaciones han tenido lugar en otros sitios. La National Society of Allotment and Leisure Gardeners[42] informó a principios de 2013 de que estaba teniendo noticias de nuevas amenazas a huertos cada día y de que tres cuartos de los titulares de huertos estaban preocupados por que pudieran venderse sus parcelas.

El Gobierno cree que el crecimiento no debería tener ningún impedimento. Está incluso permitiendo urbanizar en Londres cerca de lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, para consternación de la UNESCO y los conservacionistas. La línea del horizonte es parte de los comunes. Pertenece a todos nosotros.

El presupuesto británico de 2013, ostensiblemente pensado para fomentar el crecimiento y generar empleo, lanzó un programa de 3.500 millones de libras en préstamos sin interés para compradores de nuevas casas construidas en zonas verdes (por ejemplo, parte de los comunes), al tiempo que relajaba las normas de planificación para construir en ellas. Era un subsidio regresivo, que se daba a la gente que no se encontraba entre la más insegura, y respondía a una intensa presión por parte de los promotores comerciales, que eran los que más sacarían. Al estimular la construcción de viviendas, dando hipotecas gratis y facilitando la contrucción en zona «verde», el debate se planteó en términos del aumento de la oferta de vivienda, dando prioridad al empleo y al crecimiento por delante de otras consideraciones. Pero fueron los comunes las víctimas de las medidas, que enriquecieron a las empresas constructoras y a los inversores en propiedades.

El beneficio privado, el crecimiento y el empleo siempre triunfan en el utilitarismo neoliberal. Los comunes no tienen «valor» en el escenario del crecimiento. Un representante de un grupo conservacionista en Escocia escribió una carta conmovedora a The Guardian (2013):

Se preguntarán en qué piensa el Parque Nacional de Cairngorms cuando permite el desarrollo urbanístico a tan gran escala que se ha aprobado que un pequeño municipio, Kingussie, doble su tamaño; otra pequeña ciudad, Aviemore, se ampliará con un nuevo municipio adyacente de 1.500 viviendas, que estará en medio del más precioso paisaje de nuestra isla, hogar del águila pescadora, del gato salvaje, de la ardilla roja y de muchas otras especies protegidas de fauna y flora; y también se han aprobado nuevos desarrollos urbanísticos en otras dos pequeñas aldeas. Vivienda asequible, ¿para quién? El empleo en la zona se reduce en su mayoría a trabajo mal pagado, temporal, estacional y a tiempo parcial en los hoteles. Las casas solo son «asequibles como segundas viviendas»; ahora para más gente que disfruta del «subsidio por segunda vivienda».

La austeridad ha sido la excusa para socavar los comunes sociales, así como los físicos. Al Consejo de las Artes del Reino Unido, que canaliza fondos para actuaciones artísticas, grupos de teatro y galerías, se le recortó el presupuesto en casi un tercio. Los que se oponían a los recortes insistían en la importancia comercial de su trabajo, sobre todo porque generaban ingresos por turismo. Pero la pérdida de derechos culturales continuó. El cierre de teatros regionales y galerías de arte privó al precariado del acceso a la cultura y de participar en su reproducción. Mientras tanto, se han cerrado cientos de bibliotecas, o están camino de cerrarse o han quedado reducidas a estanterías vacías. Pero las bibliotecas no son solo lugares donde se prestan libros. También son un pedazo vital de los comunes sociales, donde el precariado puede encontrar algo de respeto y solaz.

Los comunes y los principios de justicia

La existencia de espacios públicos, parques, bibliotecas, huertos y otras áreas de participación en común tiene efectos positivos en la economía, la sociedad y los valores de la gente. Es de esperar, por lo tanto, que su erosión tenga los correspondientes efectos negativos.

La erosión atenta contra el principio de diferencia en seguridad, porque es el precariado y los otros grupos de baja renta los que más uso hacen de los comunes. Los comunes son una válvula de escape y forman una parte mayor de su renta social. También ponen freno a los controles sobre las personas, por lo que perderlos va en contra del principio de la prueba de paternalismo. Y la erosión de los comunes atenta contra el principio de los derechos y no de caridad, ya que el uso de la propiedad pública es un derecho común no dependiente de la discrecionalidad burocrática. Los comunes son nuestros, colectivamente.

Por lo que hace al principio de trabajo digno, los comunes sirven para recordar la importancia del valor de uso frente al valor de cambio, del trabajo libre frente al trabajo asalariado. Decir que trabajar por un salario en una granja propiedad de un agronegocio es trabajo productivo y que no lo es producir vegetales en un huerto, no tiene sentido, y lo que esconde es pura ideología.

Por encima de todo, la erosión de los comunes atenta contra el principio de contención ecológica, pues reduce la reproducción de un medio ambiente que puede ser compartido, no solo entre clases sino también entre la humanidad y la naturaleza, y las especies que han compartido los comunes a lo largo de la historia.

***

El precariado no es pasivo ante la disminución de los comunes. De hecho, la lucha por la calidad del espacio público está resultando un medio formidable por el que el precariado está pasando de ser una clase en formación a una clase para sí. Es el único grupo en el sistema global de mercado con una necesidad urgente de revitalizar los comunes. Esto es lo que está haciendo, a menudo mostrando coraje, normalmente reflejando la fase de «rebelde primitivo» de su evolución.

La élite y la plutocracia tienen sus islas bendecidas por el sol, sus retiros de montaña y sus numerosas casas. El salariado tiene sus jardines, sus barrios arbolados y sus segundas viviendas. La vieja clase obrera se aferra a su situación, viendo cómo los barrios de viviendas sociales son abandonos a su suerte y se desmoronan hasta que sus mejores trozos se aburguesan y se convierten en propiedad privada. Por el contrario, el precariado vive para y en los comunes, y siente dolor por la disminución de los espacios públicos. No tiene otro sitio donde ir. Eso es por lo que está liderando la lucha, ya sea en São Paulo, Nueva York, Estambul, Yakarta o Madrid.

En Estambul, en mayo de 2013, los planes para convertir el icónico parque Gezi en un centro comercial, vendiéndolo a promotores inmobiliarios, provocaron una ocupación masiva y protestas pidiendo que se mantuviera como espacio público. La brutal respuesta policial acentuó el conflicto entre la sociedad y el Estado. Los ocupantes del parque y de los alrededores de la plaza Taksim se concentraron espontáneamente. Eran rebeldes primitivos, que sabían contra lo que protestaban, pero que no eran todavía una fuerza política. El primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, los tildó de çapulcu (chusma), calificativo que hicieron suyo los manifestantes como símbolo de orgullo, poniendo la palabra en sus tiendas (las casas de la çapulcu), en sus pancartas e incluso en las galletas. Una mujer dijo a un periódico: «Vine porque el parque debería mantenerse para los niños. Vine para defender a los débiles» (Beaumont, 2013).

Poco después, los brasileños salieron a la calle a protestar contra la locura de los «acontecimientos», esto es, contra el uso de recursos públicos por parte del Estado para llevar a cabo actividades orientadas al beneficio en la preparación del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. Aunque las protestas fueron desencadenadas por la subida del transporte público, y por eso recibieron el nombre de «revolución de los 20 céntimos», la disminución de los comunes era una de sus principales preocupaciones, pues los despilfarradores estadios y servicios esquilmaban los espacios públicos.

De forma más mundana, el precariado debe participar en la lucha por la preservación de los huertos. Ningún área de huertas debería venderse sin el consentimiento de los titulares y no debería permitirse ningún soborno en forma de pagos compensatorios, pues se trata de un bien público legado por generaciones pasadas y mantenido para las siguientes. Se debe trazar una línea de lucha. Y esos principios deben aplicarse a los otros tipos de comunes.

Hay un último punto político para la reflexión. En el Reino Unido, el Partido Verde parece atraer un apoyo desproporcionadamene grande de la parte progresista del precariado, los bien formados pero con bajos ingresos (Mortimer, 2013). La lucha por los comunes tiene resonancia política. Así debe ser.

Artículo 28: Revitalizar la democracia deliberativa

La democracia deliberativa es la única manera de superar la mercantilización de la política y el adelgazamiento de la democracia, y de asegurar que se dé prioridad a las aspiraciones e inseguridades del precariado sobe las tendencias utilitaristas.

Es vital promover la democracia deliberativa, la forma de democracia que incorpora el debate público sobre las políticas, para combatir la amenaza combinada del adelgazamiento de la democracia, la mercantilización de la política, la política «posverdad», la política como ocupación trampolín, y el consenso utilitarista.

El neoliberalismo ha conseguido la mercantilización de la política, del mismo modo que mercantiliza cada aspecto de la vida. Los políticos dependen del respaldo financiero, principalmente de la plutocracia, la élite y las instituciones financieras. Utilizan clichés e imágenes simplistas para manipular a suficiente gente durante el tiempo suficiente como para ganar elecciones. A esto se añade el oscuro arte de la «política de abrir brecha» (que apela a los prejuicios de parte de los seguidores de otro partido), practicada por los asesores de relaciones públicas que se alquilan a los políticos y a los partidos políticos, quienes a su vez buscan una imagen de sí mismos que agrade a la plutocracia y la élite.

La política posverdad desplegada en los medios de comunicación se suma a la mezcla letal. Se alimenta del analfabetismo político, es reforzada por la mercantilización de la educación en la que la búsqueda de «capital humano» expulsa a la ética, la educación moral y la filosofía. La falta de respeto por el proceso político conduce al adelgazamiento de la democracia: cada vez menos gente se siente atraída por la política de partido, menos gente se afilia a los partidos políticos, menos se moviliza por ellos y menos vota. Los llamados «tanques de pensamiento» son el caldo de cultivo y el campo de entrenamiento de los políticos aspirantes, que a menudo ven que el paso por la política puede ser un punto de inflexión para lograr lucrativos puestos en la empresa privada.

Se debe dar marcha atrás en este camino hacia la democracia de farsantes. La alternativa no es optar por salirse y rebajar el compromiso con la política electoral. Es demandar la construcción de mecanismos de contrapeso para revitalizar los derechos políticos. La democracia deliberativa implica la recuperación de la idea de schole de la antigua Grecia, la participación pública en el debate político. Hay experimentos que muestran que la democracia deliberativa aumenta la disposición al altruismo y al principio del «suelo social» consagrado en la renta básica (por ejemplo, Frohlich y Oppenheimer, 1993). También podría combatir la tendencia hacia la política posverdad, en la que los políticos y sus secuaces pueden hacer afirmaciones engañosas y manipular los hechos impunemente, exponiendo ante la gente todos los puntos de vista (e información fáctica veraz). Es el proceso deliberativo lo que es vital.

La democracia adelgazada

Para ser sana y legítima, la democracia requiere una amplia participación del electorado. Ha habido un insano declive en el abanico de instituciones sometidas a control democrático y en la participación de adultos en los partidos políticos, las elecciones y el debate. En la elección presidencial estadounidense de 2012, solo votó poco más de la mitad del electorado, y solo algo más de la mitad de los que votaron lo hicieron por Obama. Con más de tres millones de «malhechores» y otros cuantos a los que se les deniega el voto, menos del 30 por cien del eletorado votó por Obama. Igualmente en Alemania, solo un tercio del electorado votó por la canciller Angela Merker en las elecciones generales de septiembre de 2013; otro tercio se quedó en casa. En el Reino Unido, un informe de Auditoría Democrática[43] concluía que la democracia estaba en una «declive terminal». El adelgazamiento de la democracia es una crisis global.

Una razón por la que el precariado debería volver a conectar con la política electoral es que, cuanto más profunda sea la democracia, más probable es que predominen las cuestiones distributivas y ecológicas. Una democracia efectiva puede ralentizar el crecimiento económico, pues los objetivos sociales cobran más importancia. Esto es lo que se encontró en una investigación sobre la reforma de los gobiernos locales chinos (Martinez-Bravo et al., 2011). Una democracia adelgazada hace que se ponga un acento excesivo en el crecimiento, porque ganan las élites. ¿Qué les importa a ellas la desaparición de los comunes? Revitalizar la democracia deliberativa podría restablecer un equilibrio favorable a los objetivos sociales y medioambientales.

Mercantilización y corrupción de la política

No es ninguna novedad que la plutocracia y el capital financiero multinacional han comprado la política. Los políticos de éxito dependen de ellos, a todos los niveles. En las elecciones generales británicas de 2010, la City de Londres suminitró más de la mitad de la financiación del Partido Conservador. En su campaña para la reelección presidencial, Obama fue parcialmente financiado por contribuciones de Goldman Sachs, que también financió a algunos de sus oponentes. Muchas corporaciones hacen lo mismo, cubriendo sus apuestas para asegurarse de que el eventual ganador esté en deuda con ellos. Con la mercantilización de la política, sobre todo en Estados Unidos, se ha dado más derechos de ciudadanía a las corporaciones que al pueblo. El precariado es el más amenazado, aunque cualquiera que se diga demócrata debería oponerse a lo que está ocurriendo. Son demasiados los que proclaman sus credenciales democráticas y permanecen en silencio. La esencia de los derechos es el universalismo, basado en el principio de que todos tenemos los mismos derechos.

Los derechos políticos exigen que cada ciudadano tenga igual voz en el espacio público, a la hora de influir en la opinión pública y de tomar decisiones políticas. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Sin embargo, a las corporaciones —representantes arquetípicos de la élite— se les permite y anima, mediante desgravaciones fiscales por las donaciones y mediante el acceso privilegiado a los legisladores, que dediquen considerables cantidades de dinero a sus causas políticas, sus políticos y sus ideologías preferidas. Tienen un peso inmensamente mayor en el proceso político que cualquiera, excepto los invididuos más ricos.

Como el capital está cada vez más concentrado, el número de ciudadanos corporativos con capacidad de inclinar las decisiones políticas a su favor se ha reducido a una fracción del proverbial 1 por ciento. Los mercados en que el ganador se lo lleva todo terminan en una forma plutocrática de democracia mercantilizada; de ello da fe el grupo de presión corporativo B20, creado para persuadir a los gobiernos de que sean todavía más amables con el mundo empresarial de lo que lo han sido.

La única forma de darle la vuelta a esto es mediante la acción civil y exigiendo que no se permita a las corporaciones fianciar a partidos políticos o a políticos individuales. No es difícil argumentarlo moralmente. Una Carta del precariado debe pedir el fin de dichas prácticas. Es más improbable que esta demanda provenga de los partidos políticos existentes, pues están enredados en la cultura de la financiación corporativa.

Debe frenarse el cabildeo. La industria de los grupos de presión en Estados Unidos gastó 3.500 millones de dólares en 2009 solo para influir en el Gobierno Federal, y la mitad de los senadores retirados está ahora en las empresas que cabildean. David Cameron, estando en la oposición, avisó de la «relación demasiado íntima entre política, gobierno, negocio y dinero» y dijo que no tardaría en producirse un escándalo por el «secreto cabildeo corporativo»:

Todos sabemos cómo funciona. Las comidas, la hospitalidad, la palabra susurrada en el oído, los ex ministros y ex asesores que se ofrecen a ayudar a la gran empresa a encontrar el mejor modo de salirse con la suya (Sparrow, 2010).

Sin embargo, él no hizo nada por impedirlo. Durante su mandato, el cotesorero del Partido Conservador fue obligado a dimitir después de ser filmado secretamente facilitando el acceso a Cameron a cambio de grandes donaciones para el partido. En los últimos días del anterior Gobierno laborista, tres ministros del anterior Gabinete también fueron filmados ofreciendo servicios a cambio de dinero.

Muchos entran en política como paso previo hacia la élite. Al dejar el poder, varios ex ministros laboristas tardaron poco en convertirse en directores de empresas. En 2012, Mervyn Davies, ex ministro de Negocios, se convirtió en presidente de Chime Communications, una empresa de relaciones públicas; Lord Myners se hizo director de MegaFon, una empresa de telecomunicaciones rusa; y el anterior secretario de negocios, Lord Mandelson, fue nombrado presidente de Lazard Ltd, un banco de inversión.

El precariado no puede confiar en un partido cuyos líderes sirven de forma tan flagrante a los intereses del capital financiero. Una forma de controlar esto es mediante la construcción de mecanismos que den a cada uno la oportunidad de presionar a los políticos para que respeten la voz pública.

Combatir la «encuestitis»

Las encuestas de opinión se han convertido en herramientas peligrosamente influyentes en política. Desplazan a la democracia deliberativa, ya que dirigen la retórica política y legitiman los prejuicios. Y las preguntas, y por tanto las respuestas, a menudo están sesgadas, y lo están deliberadamente o debido a las visiones prejuiciadas de los que las hacen o de los que pagan para que se hagan.

Veamos un tema sensible para el precariado. Una encuesta de ICM para The Guardian en 2013 mostraba que casi la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 años rechazaba la afirmación de que las personas desempleadas que recibían prestaciones eran en su mayoría «más desafortunadas que vagas». En conjunto, un tercio de los votantes pensaba que los desempleados en su mayoría eran vagos. Sin embargo, no hay evidencia alguna que respalde semejante visión. La opinión pública ha sido manipulada por las afirmaciones posverdaderas de políticos y medios de comunicación ávidos de justificar las políticas sociales condicionales.

De acuerdo con otras encuestas, para 2013 más de la mitad de los britránicos creía que las prestaciones por desempleo eran demasiado altas, comparadas con el tercio que dijo lo mismo en la década de 1980. Sin embargo, el valor real de las prestaciones por desempleo cayó enormemente durante ese periodo. Se debería preguntar a los encuestados cuánto pensaban que recibía de media la persona desempleada. Solo después de decírseles la cantidad exacta, debería habérseles preguntado si la cantidad era demasiado baja, demadiado alta o aproximadamente correcta.

Una mejora sería insistir en que tanto las preguntas como las respuestas se presentaran en los principales medios de comunicación. Sin embargo, eso no sería suficiente. Las visiones públicas son manipuladas tanto por lo que no se pregunta como por lo que se pregunta. Las encuestas de opinión registradas deberían basarse en alguna forma de mutualismo. Debería haber un consejo regulador, en el que estuviera representada una pluralidad de grupos políticos y sociales, includo el precariado, para supervisar que las encuestas respeten los códigos éticos y los criterios profesionales del muestreo y el diseño de cuestionarios. Aunque no debería prohibirse ninguna encuesta, las que quisieran tener legitimidad y ser tomadas en serio por los medios de comunicación deberían acreditar su organización en ese consejo.

Las encuestas de opinión se usan para reforzar las posiciones de los políticos, para ganar popularidad. Primero, las corporaciones y la plutocracia se aseguran, mediante donaciones y el cabildeo, de que los políticos y los partidos políticos promuevan sus intereses. Luego se aseguran de que estas visiones sean proyectadas en los medios que controlan, moldeando a la opinión pública. Esa opinión es a continuación reflejada en las encuestas que parecen validar las políticas que defienden los políticos. Las encuestas completan el círculo a favor del poder manipulativo. Ese círculo debe romperse.

Subsidios para la deliberación

En El precariado propuse que la renta básica estuviera vinculada a una obligación moral, no legal: el compromiso de votar en las elecciones nacionales y de participar al menos una vez al año en las asambleas del municipio o la aldea convocadas para permitir que la gente interrogue a los representantes de los principales partidos.

Como condición para recibir la renta básica (artículo 25), o el dividendo social de los fondos de capital (artículo 26), debería haber un compromiso de registrar el voto, algo que se haría online al registrarse para recibir la renta básica. Eso ayudaría a cambiar la tendencia hacia una democracia adelgazada en la que en las elecciones generales votan menos de los dos tercios del electorado potencial, a menudo porque no están registrados para votar. Esto es importante para los progresistas, ya que quienes están en el precariado —«los pobres», los inmigrantes, los jóvenes y las personas con discapacidad— son los menos inclinados a registrarse (y así a votar).

La propuesta procede de un modelo muy viejo. En la Grecia antigua, Pericles estableció que todos los ciudadanos recibieran un subsidio, una suerte de renta básica, a cambio de su participación en la vida política, por ir al ágora, al centro público, a escuchar y hablar en las asambleas en las que se decidía qué medidas políticas tomar. La participación no era una condición para recibir el subsidio ya que, estando la educación moral engranada en la sociedad, no había necesidad de condicionalidad. Era un pago por una presunta participación. La persuasión moral basta para generar responsabilidad social. Así es como debería ser en el siglo XXI.

Además, conforme propusieron Ackerman y Ayre (2002) y Johnson (2012), a cada residente legal debería entregársele una tarjeta, cargada con una modesta cantidad, que podría gastarse solo en las campañas electorales nacionales. Cada persona podría elegir a qué partido dar su dinero, lo cual haría aumentar la implicación política. Ayudaría a compensar el poder de la plutocracia de comprar políticos y partidos, y daría un empujón moral para participar en el proceso político.

Días de deliberación

La idea de la deliberación se basa en una rica experiencia histórica y en la reciente evidencia experimental que demuestran que el proceso de deliberación genera resultados más maduros, más altruistas y más progresistas. Se basa en la antigua ekklesia griega, la asamblea de todos los ciudadanos libres. Las modernas «asambleas» del movimiento Occupy tienen ahí sus raíces. Ackerman y Fishkin (2005) han propuesto en Estados Unidos un día de vacación nacional dos semanas antes de unas elecciones presidenciales para permitir que todos los potenciales electores participen en eventos públicos para examinar las cuestiones en juego. En toda democracia enérgica debería institucionalizarse un «Día de la Deliberación».

No puede divorciarse de la creciente actividad política online, que tan importante ha sido en el movimiento de las plazas en todo el mundo. Las actividades online tienen sus límites, y parecen mejor indicadas para reaccionar ante sucesos más que para lanzar iniciativas progresistas. Hay necesidad de una mayor implicación fuera de la pantalla del ordenador, y que las energías no se agoten en las meras peticiones. Firmar peticiones online por una buena causa es demasiado fácil y, aunque las peticiones pueden ser buenas veletas, pueden quedar pronto absorbidas por el sistema político y manipuladas por la élite corporativa. La deliberación en la arena pública sería más robusta.

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El precariado es quien más tiene que ganar de una democracia más deliberativa. Es un camino de vuelta a una política más de clase que mercantilizada, y es una manera de combatir el consenso utilitarista. Adelgazar la democracia quiere decir que el votante modal se hace más viejo y más conservador, a medida que los progresistas y los escépticos se desilusionan y se desconectan. Aunque hay buenas razones para la desafección, juega a favor de los neoliberales. Las visiones minoritarias se convierten en votos mayoritarios. Fortalecer la democracia es un imperativo progresista. En suma, la democracia deliberativa deber ser reinventada para el siglo XXI. La voz del precariado debe fortalecerse, si queremos recuperar una política progresista.

Artículo 29: Remarginalizar a las organizaciones benéficas

El papel de la caridad debería reducirse a una función residual, proporcionando complementariamente consuelo, empatía y recuperación del entorno. No debería ser un sustituto de la política pública basada en derechos.

«La caridad no es un sustituto de la justicia retenida.»

San Agustín

El Estado neoliberal ha reducido la provisión pública de servicios, y ha facilitado así las bajadas de impuestos y los subsidios para intereses selectos, a lo que ha ayudado apelar a la buena voluntad de la gente para llenar el vacío a base de caridad. Es vital que el papel de la caridad en la sociedad vuelva a ser marginal. Se está usando para encubrir políticas regresivas, imponiendo presiones injustas a los donantes y a los suplicantes. La artificial centralidad de la caridad está ligada al giro religioso de la política social. Desde una perspectiva ecuménica y progresista, eso debe acabar. La caridad debería ser algo marginal y ser apreciada precisamente por eso.

La caridad desplaza los derechos, da un poder discrecional a los potenciales «donantes» y es moralista. No ayuda el que en inglés la palabra (charity) sea ambigua. Cuando la Biblia habla de que la caridad es el más grande de los sentimientos, está hablando claramente de «amor». Pero la caridad ha acabado por significar un benevolente dar y perdonar. La caridad está asociada a la pena, y la pena es similar al desprecio. Y ser receptor de caridad es ser un suplicante, un mendigo, un fracaso en la sociedad. Recibir o pedir caridad es una experiencia degradante.

Con la construcción de los Estados de bienestar, la caridad parecía quedar relegada a un papel marginal. Esto fue de la mano de la extensión de los derechos. Pero la deconstrucción neoliberal de los derechos le ha devuelto un creciente espacio a la caridad y a su variante plutocrática, la filantropía. Las organizaciones benéficas se promueven como el medio de reemplazar las funciones realizadas por el sector público, permitiendo que los gobiernos sigan ahondando en los recortes en los servicios públicos al proporcionar un paliativo contra la penuria intolerable. Sin el sector de la caridad, el Estado neoliberal saldría mal parado.

Las organizaciones benéficas también están reproduciendo la estructura de clases global. Hay plutócratas y élites en el negocio de la beneficencia, hay ejecutivos bien pagados del salariado que gestionan imperios de beneficencia, hay profitécnicos saltando de una organización benéfica a otra como asesores, hay un núcleo de empleados pagados pobremente, y hay numerosos trabajadores de la beneficencia que están ellos mismos en el precariado, un día proporcionando servicios de beneficencia, otro esperando a recibirlos.

Es irónico que mientras el Estado neoliberal carga cada vez más el peso en las organizaciones benéficas para hacer frente a las crecientes inseguridades y desigualdades que provocan sus políticas, muchas organizaciones benéficas están con la soga al cuello. En 2013, la Fundación de Ayuda a la Beneficencia del Reino Unido estimó que una de cada seis organizaciones benéficas estaba cerca del colapso debido a la disminución de las donaciones o al vertiginoso aumento de la demanda de ayuda.

Las oficinas de empleo del Reino Unido, supuestamente un arma en defensa de los derechos sociales, están enviando a sus «clientes» buscadores de empleo a los comedores sociales y a otras organizaciones benéficas para cubrir los retrasos a la hora de procesar las necesidades asistenciales, en lugar de lograr avances. Esto es reflejo en parte de los recortes en personal, en parte del uso incrementado de complejas pruebas de evaluación, y en parte es deliberado. Un experimentado trabajador de Citizens Advice escribió al autor:

Para las agencias de voluntariado, ¿es mejor ser parte de ello e intentar hacer lo que podemos, o rechazar la financiación del Ayuntamiento y cerrar? Yo detesto los paquetes de alimentos y los vales de agua y luz. Es ultrajante que sean necesarios, y de todas las respuestas a la pobreza, deben de estar entre los más inadecuados y humillantes. Alivian el hambre durante unos días. Eso es todo.

El crecimiento de la beneficencia está relacionado con la creciente condicionalidad y el paternalismo de la política social. Y siempre lo acompaña el tono moralista del pensamiento convencional. Por ejemplo, en enero de 2013, Demos, un tanque de pensamiento en un principio ligado al nuevo laborismo, publicó un informe en el que favorecía el paso de las prestaciones en dinero a las tarjetas de prepago que «potencialmente permitirían ejercer algún control sobre cómo se gasta en prestaciones». El informe, patrocinado por MasterCard, concluía: «Al margen del futuro de las tarjetas de prepago, es claro que permiten un pensamiento más creativo e innovador respecto de cómo se relaciona la gente con el Gobierno y los servicios públicos locales y nacionales». Esto es un paternalismo cercano a la ingeniería social.

Poco después, el Gobierno abolió el fondo social dependiente del Gobierno central, que daba pequeños préstamos y subsidios a personas desesperadas por causa de situaciones críticas como una caldera rota o falta de comida, y pasó la responsabilidad de la ayuda de emergencia a los consejos locales, al mismo tiempo que recortaba el total disponible. La mayoría de los 150 consejos de Inglaterra planeó reemplazar las ayudas y préstamos en efectivo por vales puntuales que podían usarse solo para ciertas cosas, tales como alimentos o pañales, en forma de tarjetas de supermercado de prepago. Algunos pensaron en dar paquetes de alimentos a través de la beneficencia o sufragar a los bancos de alimentos. El Ayuntamiento de Birmingham, que emitió unas tarjetas que solo podían usarse en los supermercados Asda, dijo que había decidido no pagar en efectivo a fin de «introducir un elemento de control mediante el uso de tarjetas de pago». Otro Ayuntamiento, el de Bristol, dijo que las tarjetas no deberían usarse para comprar cigarrillos, alcohol o entretenimiento» y que si «se hace un mal uso de ellas entonces tendrá que devolverse lo gastado». Los burócratas no tardarán en controlar los recibos del supermercado para asegurarse de que solo se gasta en las cosas permitidas. Aun si no lo hacen, los vales y las tarjetas de prepago son una restricción de la libertad. Son condescendientes, infantilizadores y estigmatizadores, y hacen que los ciudadanos (o los residentes) sean incapaces de tomar decisiones racionales. Y los costes administrativos son grandes, por lo general el 20 por ciento del total asignado.

Además de socavar la libertad, los vales debilitan la solidaridad social. Parte del significado de sociedad (grande o pequeña) está en que los que sufren un infortunio reciben asistencia del Estado. Esto está en la base del principio contributivo de la seguridad social: subsidiar entre todos a los que corren un mayor riesgo de privación y sufren un infortunio. Si se elimina ese principio, no se podrá demandar legítimamente un comportamiento altruista «socialmente responsable» de los que caen víctimas de la volatilidad y la incertidumbre de un sistema abierto de mercado.

Debido a que los vales son estigmatizadores, muchos de los que necesitan ayuda no la solicitarán en esos términos (error del tipo I), lo que le viene bien a un Gobierno con objetivos moralistas decidido a recortar el gasto social público. De hecho, algunos paternalistas libertarios arguyen que la estigmatización es un paso necesario para desenganchar a la gente de la dependencia del Estado. En Estados Unidos, solo tres cuartos de los que cumplen las condiciones para los sellos de comida los solicitan.

El cambio a los vales debilita la capacidad para funcionar en una economía de mercado. En realidad, aumentan la dependencia, afectan a la capacidad de tomar decisiones racionales y socavan la responsabilidad personal. Algunos Estados estadounidenses prohíben que la gente use sellos de comida para comprar bebidas gaseosas (sodas), debido a que podrían causar obesidad. Los vales no son un modo de afirmar la igualdad ante la ley. En palabras de Zoe Williams (2013), «Cuando se relega a la gente a un mundo sin dinero, se crea una auténtica subclase: un grupo cuya privacidad y autonomía valen menos que las de los demás, que son apátridas en un mundo hecho de tiendas».

El Estado está poniendo el sistema social al servicio del paternalismo filantrópico, con la coerción y la denegación apenas ocultas. Las autoridades locales han introducido normas para asignar derechos, y algunas han añadido condicionalidades, que incluyen la exigencia de que los beneficiarios se comprometan por escrito a atenerse a los «comportamientos y acciones esperados». El paternalismo es parte de esta tendencia utilitarista, que desafía el principio de los derechos y no de caridad y el de la prueba de paternalismo.

Como otros tantos elementos del modelo paternalista libertario, la acción política incrementa los riesgos morales. La gente desesperada a la que se le niega el dinero en efectivo para cubrir sus necesidades en momentos de crisis puede tratar de conseguir el dinero de maneras arriesgadas o delictivas. Otros pueden recurrir a los tiburones de los créditos rápidos.

Los paternalistas deberían ser coherentes. Los que recomiendan esas políticas deberían convertir la paga de sus hijos en porciones extra de verduras que, como sabe la mayoría de los padres, son «buenas para la salud». ¿Por qué no hacen eso? Es porque la paga da libertad, y ayuda a que los jóvenes aprendan a manejar el dinero de forma responsable. Por el contrario, el precariado tiene que ser infantilizado. ¡No son como nuestros hijos!

En respuesta, el precariado debe movilizarse contra los que perpetúan dicho paternalismo, nombrándolos, avergonzándolos y votando contra ellos. Y los que se dedican a la beneficencia también deberían protestar, pues su bondad está siendo explotada, no siendo su «trabajo» más que trabajo impagado. Las organizaciones benéficas deben jugar su papel. Deberían organizarse no solo para que sus actividades estuvieran más integradas y fueran más eficientes y transparentes, sino también para hacer lo más duro para ellas, a saber, pedir que vuelvan a ser marginales. El crecimiento del Estado de beneficencia es una razón para defender una renta básica como derecho. Esta muestra un camino por el que dar la vuelta a la tendencia hacia una sociedad de mendigos. Saber que tu conciudadano tiene los mismos derechos que tú nos humaniza a todos nosotros.

06
Hay futuro

«Alzaos cual leones tras un profundo sueño,
Y en número invencible
Arrojad a la tierra vuestras cadenas,
Caídas sobre vosotros mientras dormíais, como el rocío.
Vosotros sois muchos; ellos son pocos.»

Shelley
«La máscara de la anarquía», 1819

El precariado ha dejado atrás la fase en la que era una masa abatida de gente vencida que experimenta inseguridad y privación, con actos ocasionales de rebeldes primitivos que suben los ánimos. Ha superado el periodo de reconocimiento. Los números se multiplican, así que por más que lo intenten, los establishments no pueden negar la existencia del precariado o de lo que representa. Una nueva política progresista aparecerá a medida que los nuevos integrantes hagan crecer el precariado hasta convertirlo en algo casi mayoritario, al menos entre los miembros activos de la sociedad.

Cuando los partidos políticos convencionales reduzcan el número de trabajadores en los servicios sociales, la vía paternalista libertaria a la condicionalidad colapsará en la ineficiencia, la inequidad y las contradicciones. Habrá una escalada de costes, proliferarán los errores del tipo I, y numerosos ciudadanos perderán sus derechos sin justificación. La moral de los funcionarios públicos se quebrará. Proliferarán los delatores, y se volverán más audaces al hallarse comprometidos éticamente, obligados como están a sostener un sistema iliberal que podría volverse contra ellos, o contra sus familiares o amigos. La resistencia desde dentro podría ser tan poderosa como la resistencia opuesta por el precariado y sus aliados. Cuanto antes, mejor.

El azote de la incertidumbre

Para entender adecuadamente el dilema del precariado, o los tiempos en los que vivimos, debemos entender el azote de la incertidumbre. El modelo neoliberal genera una incertidumbre crónica. Para el precariado, la incertidumbre es permanente: ¿De donde vendrá el próximo golpe? ¿Necesitaré asistencia o algún crédito? ¿Qué pasará si pierdo el empleo o caigo enfermo? ¿Seré capaz de obtener las prestaciones que me permitan sobrevivir? ¿Perderé mi casa? El precariado también debe contar con el constante endurecimiento del régimen de prestaciones, sin la oposición de los que son pagados para que se opongan.

El carácter múltiple de la incertidumbre es lo que une a los suplicantes. Deben agachar la cabeza y apretar los dientes en su humillación estructurada. Pero, de vez en cuando, una pequeña presión extra los despabila, individual o colectivamente. Las muecas silenciosas dan paso las quejas abiertas, y estas dan paso a la toma de conciencia de que su situación es insoportable. Esta es una condición global. Los agricultores indios que afrontan la incertidumbre de precios se suicidan en un número horriblemente grande. En el mundo industrializado se han disparado los suicidios desde el comienzo de la austeridad (Stuckler y Basu, 2013). No es la familia ni las casas lo que lleva a la gente a estos extremos; es la falta de sociedad, negada por la distopía neoliberal. Cuando Margaret Thatcher —descrita por David Cameron como la «más grande primera ministra en tiempo de paz» del país— dijo que no había «una cosa llamada sociedad», lo que quería decir es que para un neoliberal «no debería haber una cosa llamada sociedad». Es la destrucción de las comunidades de apoyo, y el desprecio a la ética, los rituales y las reciprocidades que conforman las comunidades ocupacionales, sociales y culturales, lo que carcome al modelo neoliberal. El resultado es la incertidumbre crónica, sin que haya una estrategia para superarla.

La importancia de las alianzas

A la hora de forjar un programa político para el precariado, será esencial construir alianzas interclasistas a favor de objetivos concretos. En algunos casos, las alianzas deberían ser relativamente fáciles. Así, los profitécnicos y gran parte del salariado deberían querer que se desmercantilizara la educación (artículo 23). Todas las clases deberían estar dispuestas a luchar por el reestablecimiento del proceso debido, por temor a que pudieran ser las siguientes a las que se deniega ese antiguo derecho civil. Los profitécnicos verán cómo los actuales conceptos y estadísticas oficiales sobre actividad laboral y sobre trabajo asalariado distorsionan su realidad tanto como la del precariado. Y el salariado verá lo estúpidos y caros que se han vuelto los mecanismos de reclutamiento de hoy.

El núcleo de la vieja clase obrera tiene dificultades para apoyar un derecho a una renta básica, pues considera que su interés a corto plazo reside en la defensa del viejo sistema de seguridad social. Pero ese sistema se está desmoronando rápidamente, mientras los salarios siguen desplomándose. En realidad, donde quizá surja una alianza interclasista sea en torno a la pobreza de rentas. Aquí el obstáculo al progreso es el sesgo laborista de la socialdemocracia. De forma característica, en la celebración en 2013 del decimoquinto aniversario de la marcha de los derechos civiles sobre Washington y el dicurso del «He tenido un sueño» de Martín Luther King, los laboristas americanos aprovecharon la ocasión para pedir un aumento del salario mínimo. En realidad, King (1967: capítulo 5) defendió convincentemente una renta básica para todos:

Ahora estoy convencido de que el enfoque más sencillo resultará ser el más efectivo: la solución de la pobreza es abolirla directamente mediante una medida ahora ampliamente discutida: la renta garantizada […]. Tendrán que idearse nuevas formas de trabajo que potencien el bien social para aquellos para quienes no están disponibles los empleos tradicionales […]. Habrá un montón de cambios psicológicos positivos que resultarán de una seguridad económica generalizada. La dignidad del individuo florecerá cuando las decisiones que afectan a su vida estén en sus propias manos, cuando tenga la seguridad de que sus ingresos son estables y ciertos, y cuando sepa que tiene los medios para su autodesarrollo.

No podría decirse mucho mejor.

De residentes suplicantes a ciudadanos portadores de derechos

La política social moralista debe ser atacada implacablemente. Sobre esto debería haber una alianza entre los libertarios, incluidos los liberales clásicos, y los progresistas. No debería apoyarse el paternalismo ni su inevitable inclinación a la coerción. La política social moralista deber ser sustituida por una política basada en derechos. Con esta última hay una presunción de inocencia, a menos que se alcance otra conclusión mediante el proceso debido. Con la política moralista hay una tendencia a presumir la culpabilidad hasta que la persona demuestre su inocencia, una tendencia a creer que si alguien está pasando por dificultades es por su propia culpa, o por su vagancia o sus deficiencias personales. Se exige a la gente que pruebe que lo merece antes de concederle nada.

Si un hombre en una barca se precipitara contra las rocas y cayera al agua, no preguntaríamos si fue por su culpa antes de rescatarlo, o lo lanzaríamos al agua de nuevo si descubriéramos que había sido descuidado. Tampoco le pediríamos que probara nada antes de darle comida y ropa. Nos moveríamos por sentimientos morales y por el reconocimiento de que todo el mundo tiene el derecho a vivir y a ser tratado con dignidad. La política social ya no procede sobre esa base: demanda la prueba de comportamiento apropiado antes de conceder la ayuda.

La política ha experimentado la pérdida de la virtud a medida que se ha vuelto más moralista para con los desafortunados de la sociedad. El neoliberalismo legitima la codicia, y los que promueven esa ideología se comportan de acuerdo a ello, engañando en los gastos, aceptando sobornos, escondiendo el dinero en paraísos fiscales…, la lista continúa. Un ministro a cargo de la reforma del sistema de bienestar se beneficia de enormes subsidios agrícolas que su gobierno no quiere frenar. Mientras tanto, predica contra la «dependencia del Estado» e impone condicionalidades aún más estrictas a los desesperados suplicantes.

La política moralista va unida al paternalismo, que se hace más duro conforme sus defensores se vuelven más mesiánicos. Cada vez es mayor el número de personas que se ven afectadas por el abandono del proceso debido y el aumento de las preguntas impertinentes y entrometidas, y de la coacción, en el sistema asistencial y en otros lugares. Más tarde o más temprano, una parte suficiente del salariado y los profitécnicos sentirán que las violaciones de la libertad están peligrosamente cerca de ellos y de sus familiares y amigos. Rechazarán a los ideólogos y a los moralistas. Deben hacerlo.

Recuperar el lenguaje del progreso

En la era posterior a 1945, el lenguaje del discurso político favorecía los derechos y el igualitarismo. Entonces los neoliberales se apoderaron del lenguaje, ideando imágenes que encajaban con su ideología. Así, por ejemplo, «bienestar» cambió de ser una palabra positiva a ser el emblema del fracaso y de la «dependencia del Estado». Las prestaciones por discapacidad se han convertido en «asignaciones», lo que convierte un término que sugiere derechos en otro que sugiere un pago condicional discrecional. A los desempleados se les llama «clientes» y a los que tratan con ellos «asesores», cuando lo que está ocurriendo es que se está diciendo a los desempleados lo que tienen que hacer, so pena de ser sancionados. Se abusa deliberadamente del lenguaje. Y a los socialdemócratas les faltó tiempo para adaptarse, contribuyendo al léxico de los términos antiprogresistas.

Con todo, una característica de la era de la austeridad y de la extensión del precariado ha sido la irónica invención de palabras y frases subversivas, con jerga de crisis que satiriza a los políticos y los banqueros. Ha ayudado a limpiar el aire. Ahora es momento de ir más allá, de crear un lenguaje de imágenes positivas.

Resucitar el futuro

Algunas voces sombrías han dicho que el futuro murió en la década de 1970, y que desde entonces el mundo fue condenado a un consumismo eterno basado en el crecimiento continuo. A esos Jeremías podríamos decirles que solo podrá emerger plenamente una visión ecológica de la buena sociedad cuando se ponga en evidencia que la distopía neoliberal del crecimiento permanente es insostenible y socialmente divisiva. El «fin del futuro» parece repetirse en cada fase decadente de las épocas, antes de que comience la próxima transformación. Así pasó en la Baja Edad Media, antes del Renacimiento; se repitió a finales del siglo XVIII, antes del surgimiento del romanticismo; y ocurrió a finales del siglo XIX, antes del surgimiento del socialismo. Ahora está naciendo un futuro a partir de los fracasos del proyecto neoliberal.

El futuro debe tener una base de certidumbre. Aquí encontrará la unidad el precariado. Para la primera variedad de precariado, que sale de las comunidades de la vieja clase obrera, la inseguridad crónica ha alimentado la pérdida de ciudadanía, la pérdida de derechos adquiridos. El Estado de bienestar se construyó sobre su base. Ahora miran hacia atrás y escuchan las sirenas del populismo. Una renta básica como derecho restauraría una sensación de seguridad y el sentimiento de que son ciudadanos, demostrando que el Estado se cuida de ellos, cosa de la que ahora dudan.

Para la segunda variedad, en su mayoría los inmigrantes y las minorías saben que son residentes, y no sienten que pertenecen plenamente a ninguna comunidad. Aunque son un gran contingente, muchos sienten que no tienen ni presente ni futuro. Para ellos, aun si tuvieran que esperar, una renta básica les permitiría afirmarse como miembros de la sociedad, con un derecho económico que sería la base de la ciudadanía, y promovería la implicación en el ágora y en la vida de la polis.

Para la tercera variedad, la vanguardia del precariado, el espíritu prometeico de los jóvenes con formación universitaria alienta el deseo de combinar el trabajo con el ocio de la schole, lo que significa un constante aprendizaje y una constante participación en la vida pública. Por lo general, también son residentes sin derechos en el Estado. Entienden la amenaza que plantea la mercantilización, y son las víctimas de la mercantilización educacional en particular, con un costoso billete de lotería en la mano que vale poco y la promesa de una «carrera» que son incapaces de construir.

Lo que hace progresiva a esta parte del precariado es que está desligada del laborismo. Sus miembros pueden ver el valor del trabajo como actividad y de la schole. Para ellos, una renta básica no solo sería una fuente de seguridad sino que también sería liberadora, en tanto que les permitiría conseguir el otro activo fundamental de una sociedad terciarizada: más control del tiempo, más calidad de espacio, una educación no mercantilizada y una participación en el capital financiero.

La esencia de una Carta del precariado es la afirmación de que deben juntarse muchos elementos dispersos; que ninguna medida aislada es la panacea o una varita mágica. Lo que debe reconstruirse es un ethos basado en los grandes valores de la compasión y la empatía. Nadie debería arriesgarse a despertar al cabo de los años pensando que no tiene el derecho moral de quejarse porque no hizo nada cuando tenía la energía y no le gustaban las realidades sin futuro que le rodeaban. El cambio solo puede venir si actuamos, no simplemente si nos quejamos.

El triunfo solo acontecerá cuando el precariado se haya abolido a sí mismo. Entonces la sociedad podría basarse en la búsqueda general de una vida de ocupación, trabajo en general y ocio. Es demasiado pronto para decir si habrá futuro después de eso. Lo que toca hacer ahora es acelerar la llegada del siguiente.

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Notas

[1] Enclosure: cierre de los terrenos comunales por los terratenientes ingleses, sobre todo a partir de los siglos XVIII y XIX. (N. del E.) <<

[2] «¡Ya basta!». (N. del E.) <<

[3] Oficina de Protección Financiera del Consumidor. (N. del T.) <<

[4] Consejo de los Sindicatos de Nueva Zelanda. <<

[5] Una suerte de Tribunal de Cuentas. (N. del T.) <<

[6] Una tarea de inteligencia humana. (N. del T.) <<

[7] Programa de asistencia a la nutrición complementaria. (N. del T.) <<

[8] Ley de Atención Sanitaria Asequible. (N. del T.) <<

[9] DLA: Disability Linving Allowance. (N. del T.) <<

[10] La cuatro aes en El precariado eran: anomie (anomia), anxiety (ansiedad), alienation (alineación) y anger (ira). (N. del T.) <<

[11] National Health Service. (N. del T.) <<

[12] Foreign National Prisoners. (N. del T.). <<

[13] La Autoridad de Frontera del Reino Unido. (N. del T.) <<

[14] La Internacional de los Trabajadores de la Construcción y la Madera. (N. del T.) <<

[15] JSA: Jobseeker’s Allowance. (N. del T.) <<

[16] Agencia de Apoyo a la Infancia. (N. del T.) <<

[17] Servicio de Manutención de la Infancia. (N. del T.) <<

[18] ESA: Employment and Support Allowance. (N. del T.) <<

[19] Departamento no ministerial del Gobierno británico encargado de recolectar impuestos y del pago de determinadas ayudas públicas. (N. del T.) <<

[20] Repensar la Enfermedad Mental. (N. del T.) <<

[21] WCA: Work Capability Assessment. (N. del T.) <<

[22] Unemployed Workmen Act. (N. del T.) <<

[23] MWA: Mandatory Work Activity. (N. del T.) <<

[24] Payday loans. (N. del T.) <<

[25] OFT: Office of Fair Trade. (N. del T.) <<

[26] CPA: Continuous Payment Authority. (N. del T.) <<

[27] FCA: Financial Conduct Authority. (N. del T.) <<

[28] Manual de operaciones de los deudores resistentes. (N. del T.) <<

[29] SLABS: student loan asset-backed securities. (N. del T.) <<

[30] Ayuda Fiscal para Personas Mayores. <<

[31] PISA: Programme for International Student Assessment. (N. del T.) <<

[32] MOOC: Massive Open Online Courses. (N. del T.) <<

[33] REF: Research Excellence Framework. (N. del T.) <<

[34] Es un programa de incentivos fiscales que premian la innovación. (N. del T.) <<

[35] El Estado sumergido. (N. del T.) <<

[36] Healthy Marriage Initiative. (N. del T.) <<

[37] Provisión de Fondos para Prestar. (N. del T.) <<

[38] SEWA: Self-Employed Women’s Association of India: Asociación de Mujeres Autoempleadas de la India. (N. del T.) <<

[39] SWF: Sovereing Wealth Funds. (N. del T.) <<

[40] Ley de Pequeñas Propiedades y Huertos. (N. del T.) <<

[41] Mujer Sentada Cubierta. (N. del T.) <<

[42] Sociedad Nacional de Huertos y Hortelanos en Tiempo de Ocio. (N. del T.) <<

[43] Democratic Audit. (N. del T.) <<