Porfirio Díaz es una de las figuras más controvertidas de la historia de México, tanto, que a cien años de su muerte en París, sus restos todavía reposan en el exilio.

Mediante los métodos críticos de la historiografía contemporánea, Paul Garner examina la era porfiriana, su origen, carácter y evolución, hasta conseguir un retrato amplio y objetivo de un régimen que si bien impulsó el progreso material, el orden social y la estabilidad política, terminó por caer a causa del autoritarismo y la inflexibilidad, sobre todo de sus últimos años, así como por la torpe respuesta que dio al estallido revolucionario de 1910.

Paul Garner

Porfirio Díaz

Entre el mito y la historia

ePub r1.2

Watcher 03-10-2020

Título original: Porfirio Díaz

Paul Garner, 2001

Traducción: Luis Pérez Villanueva

revisado y corregido por el autor

Diseño de portada: José Luis Maldonado

Ilustración de portada: © Classic Vision / age fotostock

Editor digital: Watcher

ePub base r2.1

Para Daniel, Tessa y Dominic.

A la memoria de mi madre,

Jean Garner, quien murió en abril de 2009;

y de mi padre, Ronald Garner, quien murió en 2013.

PRÓLOGO

En los primeros capítulos de este grandioso programa, la sorpresa traidora de la muerte truncó la nueva labor [de Juárez] […] Fue una gran desgracia […] logró mucho, habría logrado más.

Justo Sierra, Juárez: su obra y su tiempo (1906).

Se dice que, en historia, el hubiera no existe. Sin embargo, parece que es una tentación irresistible elucubrar sobre lo que hubiera sucedido si no hubiera pasado lo que pasó. Así, en 1906, Justo Sierra, porfirista notable, deploraba la muerte del Benemérito de las Américas con una convicción que muy pocos habrían compartido cuando don Benito pasó a mejor vida en 1872. En el caso de Porfirio Díaz, quienes gustan de la contrafactual coinciden en lo inoportuno —pues no fue nada sorpresivo— de su muerte en 1915. Quienes sienten que ha sido injustamente tratado por la historia posrevolucionaria aseguran que «si don Porfirio se hubiera muerto antes» —si hubiera caído tras la gloriosa jornada del 2 de abril de 1867; si hubiera muerto en plena pax porfiriana, después de los trenes y del superávit en las finanzas públicas, pero antes de la crisis económica de 1907, de la represión en Cananea y Río Blanco, de la entrevista Díaz-Creelman y de la séptima reelección—, su legado sería profundamente distinto: sería, en la memoria de los mexicanos, un héroe y no un villano.

En México, la añoranza por el pasado que no fue, y el afán de abstraer a los personajes del contexto histórico para poder clasificarlos de manera inequívoca reflejan, según Paul Garner, una «esquizofrenia fundamental». Esta es producto, apunta, de la imbricada relación entre historia y política, y del poco eco que han tenido, fuera del mundo académico, versiones más complejas, más equilibradas y menos dramáticas del pasado. El libro de este historiador inglés tiene todo para contribuir a remediar esta situación. Su biografía de Díaz se publicó por primera vez, en inglés, en 2001, como parte de la serie Perfiles de Poder de la editorial Longman. De los 39 títulos de la serie, siete se centran en personajes no europeos y, entre estos, tres son latinoamericanos: Fidel Castro y los dos presidentes oaxaqueños que ha tenido México: Benito Juárez y Porfirio Díaz.

Estos dos hombres encarnan arquetipos dentro de la trama de la historia patria mexicana: héroe y villano; constructor de instituciones, patriota y tenaz el primero, el segundo dictador autoritario y malinchista. Sin embargo, más allá de la mitografía nacionalista, estos dos hombres desempeñaron papeles clave en un México dividido por la guerra civil y la invasión extranjera, que después se vería transformado por la consolidación de un orden constitucional —que por tanto tiempo había eludido a los artífices del México independiente— por los efectos desiguales y contradictorios de la globalización y la industrialización, y por la intensificación de la relación con el vecino del norte, al tiempo que Estados Unidos se transformaba en la primera potencia económica del mundo. Los editores de la serie evidentemente consideraron que un público amplio tenía algo que aprender de la forma en que navegaron los laberintos del poder, apuntalaron alianzas y sortearon circunstancias difíciles. En 2003, el texto, que combinaba, de manera bastante excepcional accesibilidad y solidez académica, fue publicado en español por editorial Planeta. La que el lector tiene entre manos es la versión corregida y aumentada de esa edición.

Esta es una historia que trata de lo que Porfirio Díaz hizo, y no de lo que debería haber hecho o dejado de hacer. Afortunadamente, no se aboca, como tantas biografías de difusión, a desentrañar los —a menudo mal sustentados— traumas de juventud del biografiado, sus amores y desamores, sus apetitos, pasiones y envidias. El protagonista es Porfirio Díaz, el político; el libro da cuenta de las bases, enroques y correas de transmisión de su poder, de los alcances, los límites y la evolución de su autoridad e influencia a lo largo de los más de treinta años que ocupó el centro del escenario político. Por eso este es un libro que no solo nos ayuda a entender la trayectoria de Díaz, sino el complicado siglo XIX mexicano.

El Díaz de Garner no es el militarote que domesticara Carmelita, ni un patriarca omnipresente y omnisciente, tampoco un tirano bigotón e inamovible. Discreparía incluso con mi colega y diría que no es —por lo menos no principalmente— un caudillo. El personaje que atisbamos a través de las certeras incursiones que hacer Garner en su archivo, el que fuera profesor de latín, oficial miliciano, general, hacendado, diputado, conspirador y, finalmente, varias veces presidente, no es siempre el mismo ni hace las cosas solo. Si en algo es consistente —salvo quizá al final de su administración— es en su destreza para amarrar acuerdos, alianza… y navajas. A través de la intricada red que tejió por correspondencia, y por medio del patronazgo y de intervenciones estratégicas —a veces represivas y violentas—, Díaz construyó equilibrios entre poderes locales y regionales, entre ambiciones en pugna, intereses encontrados y distintos proyectos individuales y colectivos, que le permitieron centralizar lealtades y erigirse como árbitro de una multitud de conflictos a lo largo y ancho del país. Estos fueron los fundamentos de su poder, contingentes por definición.

El análisis de Garner —sofisticado pero accesible— también nos permite ver, más allá del personaje, la importancia de las experiencias de aquellos hombres cuyos años formativos coincidieron con los de la nación, y lo determinante de las variantes regionales. Insertarse —como lo hicieron Juárez y Díaz— dentro de los grupos de poder en Oaxaca significaba haber aprendido a moverse, vincularse y negociar dentro de estructuras de poder muy complejas, marcadas por la transición del régimen colonial al independiente, por la heterogeneidad de la población, de sus actividades y de sus intereses, por la autonomía indígena, y por el dinamismo y las contradicciones que acarreó consigo la política moderna. Los institutos científicos y literarios y los batallones de las milicias cívicas o la Guardia Nacional proporcionaron nuevos espacios de sociabilidad donde se encontraban hombres de orígenes distintos, se ensayaban prácticas y discursos «democráticos», y se tejían solidaridades a menudo sorprendentemente duraderas. De manera quizá más trascendente, sirvieron de plataforma para quienes quisieron participar en un juego político que exigía organización y acción concertada, ya para sacar los votos, ya para hacer uso de la fuerza armada.

Por otra parte, el texto de Garner ofrece una visión sugerente del liberalismo. Gran parte de la historia política del México del siglo XIX coloca al liberalismo en el centro, las más de las veces como ideología cerrada —y por lo tanto ahistórica— fincada en el individualismo, la secularización y la democracia. Los historiadores erigieron al liberalismo ya en una fuerza esencial y proteica que es la que impulsaba el país hacia delante, ya en un anhelo persistente e inalcanzable que acosaba y despistaba a sus políticos. En su acercamiento a Díaz como liberal, Garner no se limita a confirmar que este no era —ya lo sospechábamos— un John Stuart Mill tropical. Tampoco pinta a don Porfirio como el traidor de los heroicos liberales del medio siglo. El liberalismo aparece como lo que fue: un elemento central —complejo, cambiante y multifacético— de la cultura política del México decimonónico, que transformó las formas en que se pensaba la política y la manera en que los hombres se relacionaban entre ellos y con el poder. Las nuevas bases de la legitimidad política engendraron también prácticas e instituciones —elecciones, cuerpos representativos— que, no por haber sido con frecuencia manipulados y corrompidos dejaban de constituir sucesos y actores políticos importantes.

Los historiadores conocen hoy mucho mejor el porfiriato que antes. Desde mediados del siglo XX, con la Historia moderna de México de Daniel Cosío Villegas, se empezó a desmantelar al régimen esencialmente despótico y explotador que la Revolución había construido en un ejercicio de legitimación. Durante las últimas décadas ha habido una verdadera explosión en los estudios sobre la época, y sobre todo los que exploran las transformaciones económicas, culturales y sociales que trajo consigo. Sin embargo, como explica Garner, las disputas que siguen generándose en torno al porfiriato reflejan sobre todo posturas morales ante el presente, desde una perspectiva en la que el pasado no es historia, pues sus vicios —aparentemente perennes— siguen encarcelando el devenir de la nación.[1] Si consideramos que la historia sirve para comprender, y para provocar la reflexión, y no para exaltar o denunciar, es de celebrarse que Crítica haya decidido reeditar este libro. Al integrar las aportaciones de la historiografía más reciente, nos ofrece una visión más compleja y más completa de los años cruciales que a don Porfirio le tocaron vivir. Se trata de una visión más matizada y más serena de su vida y su tiempo; esperamos, no obstante, que no acalle las polémicas, sino que estas descansen sobre otras bases; que sean igual de apasionadas pero más fértiles.

Erika Pani

El Colegio de México

PREFACIO DEL AUTOR

El primer borrador de mi libro anterior sobre Porfirio Díaz se escribió hace más de 15 años. Fue publicado por primera vez en inglés en 2001, y después en español en 2003. Durante ese tiempo, en los estudios publicados por historiadores profesionales tanto dentro como fuera de México, así como en otras narrativas más difundidas, se ha registrado un crecimiento en el interés académico y popular por la era de Porfirio Díaz. Al mismo tiempo, nuevas oportunidades de contemplación sobria y discusión pública surgieron a raíz de la atención actual enfocada al primer centenario de la Revolución Mexicana en 2010 y, en 2015, el centenario de su muerte en su exilio parisino, donde todavía reposan sus restos. Estas razones en sí mismas justifican nuevos reflejos sobre el tema y, por ende, un nuevo texto.

El libro se divide en capítulos que corresponden a la trayectoria de la carrera militar y política de Porfirio Díaz, con un marcado énfasis sobre su largo período en la presidencia (1876-1880, 1884-1911). El propósito principal del libro no es una biografía clásica en torno a la historia personal o de vida, sino una biografía política que entrelaza tanto la carrera política como el estilo político de Porfirio Díaz con el contexto histórico en el que se desarrollaba. La novedad principal se encuentra en la actualización de datos y la discusión de nuevas interpretaciones que han surgido en los últimos 15 años a raíz de una proliferación (por no decir una explosión) en el interés en una figura y una época clave en el desarrollo de México y en su definición como Estado-nación moderno.

Porfirio Díaz logró dominar la vida política en México a lo largo de más de tres décadas. Con esto tiene el récord, así como el dudoso honor, de ser el líder constitucional con más tiempo de servicio durante la evolución, con frecuencia dolorosa, del Estado mexicano a partir de 1821, cuando culminaron de manera formal los trescientos años de dominación colonial española (1521-1821). La importancia de la larga permanencia de Díaz en el poder solo puede entenderse en el contexto de la temprana experiencia que México tenía como un Estado independiente. En los 55 años que van de la consumación de la Independencia en 1821 a la primera vez que Porfirio Díaz asumió la presidencia en 1876, la historia política de México fue turbulenta. No sería una exageración decir que la nueva república sufrió una crisis casi permanente durante la mayor parte de este período. De hecho, considerando la magnitud de las tensiones internas y la amenaza externa que imponían las ambiciones coloniales y territoriales de los adversarios europeos (España y Francia) y de su vecino del norte, es un hecho sobresaliente que México sobreviviera como un Estado independiente.[1]

La transición del Estado colonial a la Independencia y a la formación de la nación fue, de manera inevitable, prolongada y dolorosa. Las tensiones étnicas, culturales y regionales, así como la fragmentación de la autoridad política central que acompañó el proceso de independencia (1808-1821), fueron algunos factores que impidieron el establecimiento de un Estado central fuerte. Después de 1821, la lucha por el poder entre la Ciudad de México y las provincias y los conflictos que surgieron del intento por extirpar el legado colonial (representado, sobre todo, por la Iglesia católica) dominaron la política de la primera mitad del siglo XIX.

Los inicios de la historia nacional de México estuvieron marcados por brotes de proclama y reforma constitucional, pronunciamientos militares y golpes de Estado, faccionalismo y guerra civil, y acentuados por guerras contra la invasión extranjera (de Estados Unidos en 1847-1848 y de Francia entre 1862 y 1867). La estabilidad política, medida por el cambio frecuente de gobierno y de ocupantes de la silla presidencial, fue la pérdida más obvia por este grado de turbulencia. Por ello, el contraste que representó la casi continua ocupación de Porfirio Díaz de la presidencia durante los 31 años posteriores a 1876 es considerable. El propósito principal de este libro es explicar por qué y cómo se logró.

Pero la época de Díaz es importante no solo por la longevidad del presidente, sino por el hecho de que durante este período se generaron muchas de las raíces de la identidad mexicana como una nación moderna del siglo XX: su sistema político, su estructura económica, su proyección cultural. Este sigue siendo, en cierta manera, un punto de vista polémico fuera del mundo, más bien de limitado alcance, de la historiografía mexicana profesional, puesto que por mucho tiempo, y particularmente en la versión de la historia patria revolucionaria de siglo XX, se ha argumentado que el estatus del país como un Estado-nación moderno no se definió durante la época de Díaz, sino durante la Revolución Mexicana (1910-1920) que lo derrocó. Por lo tanto, otro de los objetivos de este libro es continuar con el proceso de reevaluación del régimen que fue objeto de una persistente distorsión historiográfica y política durante la mayor parte del siglo XX. Por esta razón, el libro comienza con una evaluación de las diferentes formas por medio de las cuales, a lo largo del siglo pasado, se manipuló la imagen del régimen de Díaz, para luego examinar detalladamente sus orígenes, su carácter y su evolución.

Mi preocupación principal en este libro es hacer hincapié en la interrelación entre historia y mito en el caso de Porfirio Díaz. Intento, en primer lugar, reflexionar de manera más profunda sobre la relación entre los cambios en la escritura histórica (o «historiografía» para los profesionales) y el contexto político en que ha sido producida. Tengo la convicción que existe un vínculo importante entre las nuevas perspectivas, metodologías y objetos de estudio surgidas entre los historiadores profesionales, y la poderosa influencia que la política nacional ha ejercido sobre la escritura de la historia porfiriana. Como se investiga en el Capítulo 1, los sísmicos cambios políticos en México a través del siglo XX han hecho una contribución significativa a la apertura de nuevos espacios historiográficos que llevan a la reevaluación de las interpretaciones oficiales del pasado de un país con una muy larga y poderosa tradición de historia patria patrocinada por el Estado. El caso de Porfirio Díaz y su régimen es paradigmático. No solo se ve con claridad en las interpretaciones antes y después de la Revolución Mexicana (1910-1920), sino, con mayor sutileza, en los cambios significativos en la política nacional en la década de 1980, en las elecciones de 2000 y, más recientemente, en las conmemoraciones del primer centenario de la Revolución, en 2010. En esta interrelación íntima y compleja entre historia y política se detecta no solo una tensión, sino una esquizofrenia fundamental. Por un lado, el deseo de asumir nuevas interpretaciones surgidas de los avances en la investigación histórica y, por el otro, el instinto de preservar los mitos históricos que han dado legitimidad al sistema político durante el siglo XX.

Mi segundo propósito es indicar algunas de las áreas específicas de la escritura histórica sobre la era porfiriana que se han visto más afectadas —y aquellas que lo han sido menos— por las más recientes interpretaciones. En su conjunto, estas nuevas aportaciones en los campos de la historia económica, social, política y cultural han generado nuevas dimensiones importantes para nuestro entendimiento de las múltiples contribuciones hechas durante la era porfiriana para la construcción del Estado y de la nación, así como de la identidad nacional. Ahora hemos dejado atrás, final y afortunadamente, al menos dentro de la academia, aunque todavía no tan notablemente en la esfera pública, la «leyenda negra» de la época porfiriana como tema de estudio poco interesante o ilegítimo, y nos encaminamos hacia una evaluación que afirma que la era porfiriana constituyó un «crisol cultural» donde los temas y preocupaciones anteriormente considerados como inquietudes revolucionarias y posrevolucionarias —indigenismo, mestizaje, nacionalismo, globalización— emergieron por primera vez en la imaginación y la conciencia de la nación.[2]

A juzgar por la más reciente cosecha de publicaciones dentro y fuera de la academia, el renacimiento del interés por la era porfiriana y el deseo de explorar nuevos temas y enfoques es tan notable como saludable. Estas tendencias no solo son bien recibidas e inspiradoras, sino que sin duda están destinadas a continuar con la transformación de la historiografía de la era porfiriana en formas nuevas y estimulantes.

CAPÍTULO 1

PORFIRIO DÍAZ ANTE LA HISTORIOGRAFÍA:

PORFIRISMO, ANTIPORFIRISMO

Y NEOPORFIRISMO

La Historia es la Historia. No puede haber «historia patriótica», como no hay química patriótica, ni astronomía patriótica, ni nada científico sometido a las leyes que no sean la verdad.

FRANCISCO BULNES

El porfirismo adopta la filosofía positivista, no la engendra… El porfirismo, en efecto, es un período de inautenticidad histórica… consistía en la superposición de formas jurídicas y culturales que no solamente no expresan a nuestra realidad, sino que la asfixiaban e inmovilizaban.

OCTAVIO PAZ (El laberinto de la soledad, 1950).

… mi descripción del régimen porfiriano es demasiado rápida, calla los aciertos y logros en la esfera de la economía y la cultura superior, la atinada política internacional, la probidad de la administración pública y, en fin, omite su característica más notable: heredero del liberalismo, fue la inesperada reaparición, en tierras americanas, del «despotismo ilustrado» del siglo XVIII.

OCTAVIO PAZ

(Obras Completas. El peregrino en su patria: historia y política de México, 1986).

Pocos dictadores en la historia de América Latina son tan conocidos como Porfirio Díaz. Una de las premisas de este libro es que, hasta recientemente, pocos han sido más incomprendidos o difamados. Por lo tanto, es crucial que cualquier análisis o investigación de la vida de un personaje tan importante, aunque polémico, examine cómo la imagen de Díaz ha sido creada, denigrada y, sobre todo, apropiada a lo largo del último siglo. Es un tema de interés intrínseco a cualquier biografía política, pero es de especial interés en México, donde la mitología política ha sido tan poderosa durante las tres generaciones posteriores a la Revolución Mexicana de 1910.

Mientras que esta penetrante mitología revolucionaria ha contribuido considerablemente a la estabilidad política mexicana del siglo XX —por ejemplo, promoviendo la identidad de México como una nación mestiza y relacionando el nacionalismo posrevolucionario con el proyecto de construcción del Estado liberal del siglo XIX—, esto se ha logrado a expensas de distorsionar el análisis de la historia de México. Este capítulo sostiene que tales distorsiones son particularmente agudas en el caso del régimen de Porfirio Díaz. Sin embargo, al mismo tiempo, las interpretaciones contemporáneas (es decir, de la misma época porfiriana) no fueron menos distorsionadas. De hecho, las diferentes representaciones del régimen porfiriano pueden verse como un caso emblemático de los cambios tanto de la moda historiográfica como de la política nacional a lo largo del siglo XX. Estas interpretaciones contradictorias entre sí han dificultado la realización de un análisis equilibrado tanto del hombre como de su régimen.

La historiografía (la escritura de la historia) sobre la época porfiriana siempre ha sido un tema de controversia, y uno que ha inspirado un sinfín de mitologías, no solo por las inevitables asociaciones políticas negativas con un régimen derrocado por una revolución, sino por el simple hecho —supremamente irónico, por cierto— de que es en esta época cuando se establece por primera vez en la historia de México la consolidación de una narrativa nacional coherente y la versión de una historia patria liberal que fue evolucionando con los textos clásicos de finales de siglo XIX: Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Emilio Rabasa, por mencionar solamente los textos más conocidos. La gran ironía consiste en que a la poderosa versión posrevolucionaria de la historia patria se han incorporado partes de la versión liberal decimonónica —sobre todo de la Insurgencia (personalizada, como siempre, en las figuras de Hidalgo y Morelos) y de la Reforma (en la figura de Juárez)— pero que excluyó tajantemente por tanto tiempo a su progenitor, Porfirio Díaz, y al régimen porfiriano que dio luz a la historia patria oficial en México, y también a los mismos cultos a Hidalgo, Morelos y, sobre todo, a Juárez, el culto más perdurable hoy en día. En ese sentido, tenemos que entender que la época que conocemos como el porfiriato (una etiqueta que se pondrá adelante en tela de juicio) es, al mismo tiempo, creadora y víctima de poderosas mitologías históricas.

También es muy cierto que las versiones más satanizadas se han ido desmoronando y revisando en los últimos treinta años. Compárense, por ejemplo, los dos comentarios de Octavio Paz sobre el régimen de Díaz (uno de 1950, el otro de 1986), que sirven de epígrafe de este capítulo. Pero el compás del revisionismo historiográfico ha seguido distintos ritmos en sus distintos ámbitos —el historiográfico y el político—. Ahora en la historiografía profesional se puede afirmar que la renuencia a estudiar temas porfinanos murió hace tiempo. Como indicaron Mauricio Tenorio Trillo y Aurora Gómez Galvarriato en un análisis de la historiografía porfiriana, publicado en 2006, el porfiriato (etiqueta que no cuestionan) «ha dejado de ser un no tema».[1] Este cambio profundo en la historiografía profesional se refleja en la nueva versión de los libros de texto que ahora presentan una imagen más positiva de un porfiriato modernizador, una versión que por cierto ha influido mucho en la percepción de la nueva generación de jóvenes escolares mexicanos sobre esta época. En cambio, en la esfera pública y política, los cambios en la satanización de la figura de Díaz y su régimen han sido más lentos, y más difíciles de erradicar.[2]

Aquí convendría reflexionar brevemente sobre la evolución de la historia patria liberal desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, y sobre la construcción de discursos y mitos históricos que han impactado fuertemente sobre la escritura de la historia en México. Según el postulado del historiador estadounidese Charles Hale, la historia patria liberal en el siglo XIX estableció las bases para la construcción del nacionalismo mexicano como bloque constructor fundamental de la identidad nacional, pero que, al mismo tiempo, y de manera inevitable, logró distorsionar la historia.[3] La propuesta se fundamenta en la importancia clave para la evolución de la historia patria de dos discursos primordiales, cada uno con su cronología específica; primero, el discurso liberal desde 1867 hasta 1910 y, segundo, el discurso revolucionario a partir de 1940, que vinculó el proyecto revolucionario del siglo XX con el proyecto liberal, pero con importantes cambios que siguen vigentes.

La versión de la historia patria que emerge de estas dos épocas comparte contextos históricos muy comparables: se trata de dos épocas en las que se buscaba un consenso político e ideológico interno después de años de fuertes conflictos civiles, levantamientos sociales e intervenciones extranjeras (de la Reforma y la Intervención francesa en el caso del primero, y los conflictos revolucionarios en el segundo caso). La heroica y hasta épica lucha contra estos desafíos formó parte de la narrativa nacional del propio destino de la nación, y de las bases del discurso nacionalista. Al mismo tiempo, como todos sabemos, las luchas épicas y heroicas son campos sumamente fértiles para la construcción de mitos.

Los mitos, en breve, son muy importantes para la construcción de la identidad. Como nos recuerda Octavio Paz, en todas las sociedades humanas hay distintos calendarios, el uno histórico, y el otro, mítico. En el calendario mítico, se juntan el mito y el rito:

[…] [el] rito y [el] mito son realidades inseparables. En todo cuento mítico se descubre la presencia del rito, porque el relato no es sino la traducción en palabras de la ceremonia ritual: el mito cuenta o describe el rito. Y el rito actualiza el relato; por medio de danzas y ceremonias el mito encarna y se repite: el héroe vuelve una vez más entre los hombres y vence los demonios el tiempo que acaba renace e inicia un nuevo ciclo.[4]

Pero, al mismo tiempo, los mitos son muy nocivos para la historia. Como el crítico y filósofo francés Roland Barthes nos recuerda, la mitificación de la historia tiende a sofocar, si no es que a obliterar, el contexto histórico:

El mito no niega las cosas, por el contrario, su función es hablar acerca de ellas […] purificarlas, hacerlas inocentes, darles una justificación externa […] Elimina la complejidad de los actos humanos […] quita roda dialéctica […] establece una afortunada claridad […] el mito está constituido por una pérdida de la calidad histórica de las cosas.[5]

También nos recuerda Francisco Bulnes, ingeniero, historiador y ensayista, al mismo tiempo crítico y apologista del régimen de Porfirio Díaz, que el saldo de la combinación de mito, rito e historia es, precisamente, que la historia patria. Como indica la otra cita epigráfica de este capítulo, para Bulnes, como buen defensor del método científico, el mismo concepto de la historia patria es de por sí un error conceptual.[6]

La historiografía porfiriana puede dividirse en tres categorías principales, cada una con una cronología, un enfoque y, sobre todo, unas distorsiones particulares: el porfirismo, el antiporfirismo y el neoporfirismo. El retrato favorable de Díaz (porfirismo) domina la historiografía del período anterior a la Revolución de 1910, aunque durante y después de esta se hicieron algunas contribuciones importantes. El porfirismo pone de relieve, sobre todo, la longevidad del régimen, particularmente en contraste con sus predecesores en el México del siglo XIX, y su éxito al lograr una estabilidad y una paz políticas por un período de casi 35 años. El porfirismo también enfatiza las cualidades personales que justifican que Díaz haya monopolizado el oficio de gobernar durante más de treinta años: ínter alia, su patriotismo, su heroísmo, su dedicación, su sacrificio personal, su tenacidad y su valentía.

La portada típica de las numerosas biografías de Díaz publicadas durante los últimos años del régimen era elegida con la intención específica de mostrar la imagen del patriarca austero, pero benigno, del héroe militar, del constructor de la nación y del anciano estadista en pleno control del destino de la patria; en pocas palabras, del héroe con un clásico molde republicano. El deliberado culto a la personalidad se promovió de manera activa a lo largo de todo el régimen, especialmente después de la tercera reelección de Díaz en 1892, y vio su apoteosis en las fastuosas fiestas del centenario.[7] Con una ironía suprema, las celebraciones de 1910 representaron también la némesis del régimen. Menos de dos meses después, en noviembre de 1910, empezó la Revolución maderista que expondría la debilidad del régimen. Seis meses más tarde, Díaz renunció a la presidencia y fue obligado a un exilio del que nunca regresó.[8]

Una de las principales consecuencias de la Revolución Mexicana fue la destrucción del culto del porfirismo y su sustitución por un antiporfirismo igualmente poderoso. Sin embargo, el antiporfirismo no fue un producto exclusivo de la Revolución, aunque se expresó con mayor fuerza después de 1911, en lo que se convertiría en la interpretación estándar, ortodoxa y prorrevolucionaria. Según el antiporfirismo, el régimen de Díaz era el ejemplo máximo de la tiranía, la dictadura y la opresión, y el mismo don Porfirio era condenado por su corrupción, su autoritarismo y su traición a los intereses de la nación.

El antiporfirismo dominó la historiografía mexicana durante casi dos generaciones de la posrevolución. Sin embargo, durante las décadas de 1980 y 1990, hubo fuertes indicadores de que la imagen de Díaz y la interpretación de su régimen habían experimentado una marcada transformación. Como consecuencia, se empezaba a aflojar la satanización oficial y a interpretar la época de Díaz bajo una luz mucho más positiva.

La última y más reciente categorización historiográfica es el neoporfirismo, una interpretación más compleja que sus contrapartes porfirista y antiporfirista. Por un lado, el neoporfirismo reflejó cambios fundamentales en las prioridades políticas, tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante sus últimos períodos al frente del gobierno, como las del Partido de Acción Nacional (PAN) durante su estancia en el poder entre 2000 y 2012.

Al mismo tiempo, el neoporfirismo se nutrió plenamente de los avances historiográficos y las múltiples contribuciones de los historiadores profesionales arriba mencionados. Pero, a fondo, el neoporfirismo debía su existencia a cambios importantes en la política nacional. Estos años fueron testigos nada menos que de la reestructura radical de la política económica de México al despertar del impacto de la crisis de la deuda de la década de 1980.[9] Claramente no es coincidencia que la reevaluación positiva de la estrategia económica liberal de la era porfiriana, por ejemplo, coincidiera con la estrategia neoliberal de las últimas administraciones del PRI después de 1982. El neoliberalismo de México y Latinoamérica se caracterizó por un regreso a la apertura a la inversión extranjera, un renovado estímulo al desarrollo hacia afuera y un impulso hacia la propiedad y la iniciativa privada —características que, al aparecer, se compartían con las prioridades del gobierno porfiriano—, en claro contraste con la ortodoxia posrevolucionaria de intervención estatal, nacionalización y sustitución de importaciones.[10]

Hay una abundancia de anécdotas que evidencian el cambio en las percepciones del régimen porfiriano dentro de México durante la década de 1990. Por ejemplo, en agosto de 1992, la revista de izquierda Proceso publicó un noble y benigno retrato de Díaz en la portada, acompañado de un artículo intitulado «El regreso de Porfirio Díaz». Más impactante aún fue la decisión del presidente Salinas de Gortari, el mismo año, de otorgar a la compañía televisora Televisa el permiso para filmar parte de una telenovela sobre la vida del caudillo en Palacio Nacional. Reflejó de nuevo el cambio de actitud hacia la figura de Díaz desde el poder.

La serie, con más de den episodios a un costo estimado de 30 millones de pesos, se presentó en 1994 con el enigmático título: El vuelo del águila. Mientras recibía una respuesta crítica variada, la extensiva publicidad que recibió y generó, así como la concesión para su transmisión diaria en horario estelar fueron indicadores de una profunda revisión de los prejuicios anteriores.[11]

También, en el verano de 1992, la propuesta de una publicación de libros de texto obligatorios para primaria y secundaria generó una controversia y un debate público considerables. De manera sustancial, los nuevos textos revisaban la versión «oficial» del régimen de Díaz y no lo presentaban como un período negativo de dictadura tiránica y opresiva, sino como una época positiva y constructiva de modernización y desarrollo económicos. El polémico texto fue retirado por el secretario de Educación, Ernesto Zedillo, antes de ser elegido como presidente en 1994. Sin embargo, debe hacerse énfasis en que este acto de censura oficial no se llevó a cabo, en primer término, como consecuencia de la interpretación neoporfirista de la época de Díaz. Más que eso, se buscaba suprimir la crítica que en el nuevo libro de texto se hacía del PRI que había ganado todas las elecciones presidenciales en México desde su creación en 1946, y del Ejército, sobre todo, por su participación en la masacre de cientos de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Quizá también sea posible identificar un cambio cultural en estos años que estimuló un nuevo despertar de la curiosidad pública por Porfirio Díaz y su época. El interés público extendido durante los noventa por una figura histórica previamente demonizada en la historia patria revolucionaria fue quizás también un reflejo de la crisis política y la falta de confianza pública en la monopolización de los discursos patrióticos y las representaciones de la identidad nacional. Como resultado, el surgimiento del neoporfirismo refleja un cuestionamiento profundo sobre las interpretaciones generadas por la historia patria}[12]

A lo largo de los años noventa se notaba un sentimiento creciente de una transformación inminente y profunda en México,a lo cual contribuyeron los hechos ocurridos durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). En ese período, México vio el desafío directo planteado por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) a la retórica priista de una redistribución económica y una reforma social. Además, el país sufrió el resurgimiento de una crisis económica y una serie de asesinatos y escándalos políticos. También fue un período en el que, finalmente, se quebrantó la notable dominación electoral del PRI, con la pérdida de las elecciones presidenciales en julio de 2000. Desde hacía algún tiempo, se habían identificado estos cambios significativos. En las proféticas palabras de dos de los principales comentaristas políticos e historiadores en México, Lorenzo Meyer y Héctor Aguilar Camín, en el prefacio de su investigación sobre la historia posterior a la Revolución, intitulada A la sombra de la Revolución Mexicana, publicada en 1989: «tenemos, como muchos mexicanos, la impresión de que México avanza hacia una nueva época histórica que dice adiós a las tradiciones más caras y a los vicios más intolerables de la herencia histórica que conocemos como Revolución mexicana».[13]

Este estudio plantea que una de las tradiciones más queridas y uno de los vicios más intolerables del legado histórico de la Revolución han sido, sin duda, la denigración y la satanización del personaje que esta misma arrancó del poder. El retrato de Porfirio Díaz como un dictador brutal siguió una lógica muy clara relacionada directamente con el proceso de mitificación de la propia Revolución.[14] Desde la perspectiva del México posrevolucionario, la justificación principal de la Revolución fue la expulsión de lo que llegó a considerarse una dictadura opresiva y tiránica. Con estas circunstancias, la evaluación equilibrada de Díaz o del régimen era, en el mejor de los casos, difícil y, en el peor, imposible.

ANTIPORFIRISMO

Desde la perspectiva de la historia «oficial» antiporfirista y prorrevolucionaria, Díaz se volvió, usando la célebre frase del periodista Filomeno Mata: «El monstruo del mal, de la crueldad y de la hipocresía».[15] En el mundo exterior, Díaz fue retratado como un tirano despiadado, «el más colosal de los criminales de nuestro tiempo […] pilar central del sistema de esclavitud y autocracia», como lo definió el periodista norteamericano John Kenneth Turner en su muy leído México bárbaro, publicado en 1909.[16]

El retrato de Turner es el texto clásico del antiporfirismo: acusaba a Díaz de conspiración y traición, de inhumanidad, de brutalidad y duplicidad. De acuerdo con Turner, Díaz era «el asesino de su pueblo […] y un cobarde ruin y vil […] El presidente de México es cruel y vengativo y su país ha sufrido amargamente». Era una imagen muy distorsionada y Turner estaba preparado para usar anécdotas sin fundamento, incluso irrisorias, para lograr un efecto sensacionalista. De hecho, las distorsiones de Turner eran poco más que una caricatura. Como evidencia de su inclinación a la crueldad, Turner citaba lo que él aseguraba era un «incidente» de la infancia de Díaz: «Cuando su hermano Félix lo molestaba por alguna trivialidad, Porfirio le ponía pólvora en la nariz y le prendía fuego».[17]

Los ejemplos más virulentos del antiporfirismo en México se encuentran en los años veinte. Clásico de este período es el libro de Luis Lara Pardo, De Porfirio Díaz a Madero, publicado en 1921. De acuerdo con Lara Pardo:

Bajo los oropeles de la abundancia y la prosperidad, comenzaron a aparecer la crueldad, la intransigencia, la ambición sin límites y el egoísmo del César. Entonces pudo verse que las verdaderas características de su régimen eran dos: exterminio y prostitución […] El general Díaz creía firmemente en el exterminio como arma principal de gobierno […] Pocos gobernadores, aun entre los reyes, emperadores, faraones, sultanes y califas, han hecho más para prostituir a un pueblo que el general Díaz para degradar a los mexicanos.[18]

La penetrante influencia del antiporfirismo se encuentra también en otras partes del mundo hispánico de esta época. Tirano Banderas, la clásica novela sobre el fenómeno de la dictadura, escrita por el ensayista y dramaturgo español Ramón del Valle Inclán y publicada en 1926, tomó a Díaz como uno de los modelos para un dictador arquetípico latinoamericano del siglo XIX, un tirano cínico y despiadado caracterizado, sobre todo, por su crueldad y sadismo.[19] Otros escritores españoles del período compartían esta imagen y estaban más interesados en la demonización que en la precisión histórica. En un ensayo sobre el militarismo mexicano escrito en 1920, el novelista y ensayista Vicente Blasco Ibáñez caricaturizó la pax porfiriana que Díaz había implantado en México: «El orden que mantuvo durante treinta años fue producto de una serie de fusilamientos sin testigos y de atentados a la libertad individual. En esos treinta años mató tal vez más gente, de un modo sordo y oculto, que la que ha muerto después en todas las batallas sucesivas de la Revolución».[20]

En México, el antiporfirismo continuó ejerciendo una poderosa influencia sobre lo que se convirtió en la interpretación «ortodoxa» del régimen de Díaz. La visión ortodoxa hacía énfasis en el autoritarismo y la tiranía del régimen y aseguraba que representaba una desviación de las tradiciones liberales del México decimonónico. Todavía hubo rastros de esta ortodoxia que predominaron incluso en los análisis más eruditos y profundos que aparecieron en México después de 1940, como los estudios de los historiadores mexicanos José Valadés, Jesús Reyes Heroles y Daniel Cosío Villegas y el proyecto Historia moderna de México.[21]

José Valadés, cuyo estudio en tres tomos sobre el régimen de Díaz fue publicado entre 1941 y 1948 bajo el título de El porfirismo: Historia de un régimen, aseguraba que su intención era investigar, con una «mente abierta», la percepción predominante del régimen de Díaz como una «manifestación casi textual de la tiranía». Sin embargo, su conclusión era inequívoca:

Verdad es que en el Presidente [Díaz] hubo mucho señorío; que su palabra se hizo mando; que unió a. la perseverancia la energía; que poseyó innegables cualidades privadas; que amó intensamente a su país. Sin embargo, con esto todo, por haber construido su poderío en la inconstitucionalidad, con lo cual la república se cubrió de pesares y defectos al paso que sus bases y columnas perdieron solidez y equilibrio; sin embargo, el prestigio de Porfirio Díaz no deja de ser amargo y siniestro.[22]

Daniel Cosío Villegas, coordinador del proyecto Historia moderna de México que entre 1955 y 1972 publicó diez tomos sobre la historia de la República Restaurada (1867-1876) y la época de Díaz (1876-1911), era más circunspecto e, incluso, expresaba, si bien con reservas, admiración por las habilidades políticas de don Porfirio. Reconocía que Díaz «no era ni un ángel ni un demonio, ni tampoco una mezcla de los dos». Sin embargo, se unía al enfoque de la historiografía antiporfirista posrevolucionaria, al explicar la Revolución de 1910 en función de una reacción a la acumulación del régimen «de un grado de poder, que no podía llamarse absoluto, pero del que podía asegurarse era incontrovertible». Desde el punto de vista de Cosío Villegas, la época de Díaz (o, como él la designó, el porfiriato) debería verse, de manera fundamental, como una aberración dentro del lento desarrollo de México hacia la libertad política durante el siglo XIX. De acuerdo con Cosío Villegas, «Porfirio Díaz levanta entonces la bandera del progreso material […] pero descuidando y aun sacrificando la libertad política».[23]

El proyecto de Cosío Villegas sigue siendo la contribución más importante a nuestro entendimiento del elusivo porfiriato, pero sus textos son mucho más citados que leídos. Si bien cuestionaba la satanización de Díaz y su régimen, solo planteó un desafío de manera ambivalente a la ortodoxia historiográfica prevaleciente. La visión antiporfirista dogmática fue expresada con mayor fuerza por Jesús Reyes Heroles, quien en su investigación sobre el liberalismo mexicano, publicada entre 1957 y 1961, negaba a Díaz o a su régimen cualquier mérito dentro de la tradición liberal del siglo XIX. Para Reyes Heroles: «El porfirismo, enjuiciado en su totalidad como fenómeno que duró treinta años, no es un descendiente legítimo del liberalismo. Si cronológicamente lo sucede, históricamente lo suplanta».[24]

PORFIRISMO

Los trabajos de Valadés, de Reyes Heroles y, sobre todo, de Cosío Villegas proporcionaron perspicacias importantes y calificaron algunos de los peores excesos del antiporfirismo, pero no desafiaron ni su orientación básica ni sus conclusiones fundamentales. Por ello, existe un paralelismo obvio entre las distorsiones del antiporfirismo posrevolucionario y las del porfirismo que proporcionaron los apologistas del régimen a finales del siglo XIX.

De las páginas de las narrativas contemporáneas, escritas para consumo nacional e internacional, Díaz surge como un patriarca sabio, un patriota republicano y un hombre de Estado positivista, con títulos como el de Master of Mexico (Amo de México, en la biografía de 1911 del periodista estadounidese James Creelman) o The Master Builder of a Great Commonwealth (Fundador de una Gran República), como en la biografía publicada por el diplomático José Godoy en 1910.[25]

Las reverencias contemporáneas hechas a Díaz como patriarca y héroe nacional se encuentran con mayor claridad en una serie de hagiografías que aparecieron con mayor frecuencia entre 1900 y 1910, sobre todo en vísperas de las conmemoraciones del primer centenario de la Independencia. Quizá no sorprenda que las manifestaciones más extremas de porfirismo surgieran de la pluma de oaxaqueños, paisanos de don Porfirio. En un volumen conmemorativo para celebrar el centenario de la Independencia de México (1810-1910), compilado por Andrés Portillo como una celebración del progreso material de Oaxaca y la contribución hecha por oaxaqueños (destacando a Díaz y a Benito Juárez) al desarrollo nacional, encontramos el siguiente tributo anónimo a Díaz, como un héroe patriota y romántico:

De las playas del Sur en las ignotas y vírgenes regiones,

Albergues de panteras y leones,

Una pléyade heroica de patriotas sola con su valor, sin experiencia,

Desnuda y desarmada

Pudo emprender la épica cruzada,

Que obtuvo la segunda independencia.

¿Quién en aquella lucha de gigantes,

dio señales de arrojo y de talento,

más dignas de la pluma de Cervantes y la lira dorada de Sorrento?

Himnos de gloria, cánticos fervientes,

Patrióticas y justas alegrías

Declararon espejo de valientes

Al noble General Porfirio Díaz.[26]

Se encuentran ejemplos de adulación y deferencia a Díaz, el patriarca, en todo el espectro social del México porfirista, desde los habitantes de los remotos pueblos rurales hasta los miembros del gabinete y los íntimos del presidente. En la correspondencia privada de Díaz hay numerosos ejemplos de peticiones por la bondad del patriarca, expresadas con un lenguaje muy emotivo. Estas iban desde solicitudes para que Díaz fuese padrino de gran cantidad de niños, hasta cartas de los numerosos compadres exmilitares de las guerra de la Reforma y la Intervención para rogarle por pensiones y empleos, y hasta súplicas de las autoridades de los pueblos para que el patriarca interviniese en la búsqueda de alguna solución a una gran variedad de problemas locales.[27]

El lenguaje de deferencia también impregnaba el discurso de la élite política. Por ejemplo, José Yves Limantour, secretario de Hacienda de Díaz y uno de los personajes más influyentes durante las dos últimas décadas del régimen, se vio obligado a responder a un obituario poco halagador de Díaz publicado en The Times de Londres en julio de 1915. El texto original había resaltado no solo la mezcla de ignorancia y prejuicio racial y cultural que, con frecuencia, demostraban los observadores británicos de México, sino también el hecho de que, para 1915, el antiporfirismo ya se había establecido firmemente:

Porfirio Díaz compartió la suerte de varios gobernantes de América del Sur y América Central. Sobrevivió a su grandeza y murió en el exilio. Gobernó en México con un poder prácticamente despótico desde 1876 hasta su caída en 1911, y es debido a ese poder que su país vivió su primer y único período prolongado de un gobierno formalmente establecido, desde que acabara su obediencia a España. Bajo las manos republicanas, Díaz gobernó con mano de hierro, pero solo una mano así podía haber impuesto respeto por el orden público y miedo de las autoridades constitucionales, en una nación donde cuatro quintos eran de sangre indígena o mezclada y estaban desmoralizados por más de cincuenta años de anarquía, corrupción y masacre.[28]

La respuesta indignada de Limantour fue sumamente porfirista, al describir a Díaz como un patriota consumado que, por sí solo, dio «paz, orden y progreso» material a su país:

El general Díaz fue, sin duda, el creador del México moderno. Después de sesenta años de agitación que precedieron a su administración, él llevó al país a un estado de progreso que no superaba ninguno de los países de América Latina […] Bajo su guía, se creó orden a partir del caos, la prosperidad se desarrolló conscientemente en todas las clases y se formó un nuevo país. La grandeza del general Díaz [fue] como estadista, como soberano de hombres y como patriota […] El general Díaz fue un trabajador infatigable que dedicó la totalidad de su tiempo, de su sobresaliente habilidad y de su gran fuerza de carácter al bienestar de su pueblo y al desarrollo de su país. Ningún asceta se ha preocupado menos por sus propios intereses, placeres y comodidades.[29]

Las alabanzas a Díaz de parte de sus contemporáneos no solo llegaron de quienes lo apoyaban políticamente. Quizá la más improbable de las alabanzas a Díaz sea la de Francisco Madero, el hacendado de Coahuila que inició la Revolución que sacaría al viejo presidente del poder en 1910 y quien se convertiría en el primer mandatario del México revolucionario después del exilio de Díaz en 1911. En su crítica del régimen de Díaz, publicada en 1909 (La sucesión presidencial de 1910) y que, subsecuentemente, desencadenaría el movimiento antirreelecciónista y su propia candidatura a la presidencia, Madero escribió: «En lo particular, estimo al General Díaz y no puedo menos que considerar con respeto al hombre que fue de los que más se distinguieron en la defensa del suelo patrio y que después de disfrutar por más de treinta años absoluto de los poderes, haya usado de él con tanta moderación».[30]

Fuera de México, la alabanza contemporánea de Díaz surgió también de fuentes inesperadas. En 1894, José Martí, intelectual radical y líder del Partido Revolucionario Cubano en su prolongada lucha por independizarse de España, escribió para solicitar una entrevista con Díaz durante una visita a México para recaudar fondos. Independientemente de que Martí buscaba ayuda financiera y apoyo moral y político para la causa cubana y que, por lo tanto, era difícil que insultara a un potencial benefactor, Martí halagaba abiertamente a Díaz como un patriota sabio que había luchado de manera consistente por la independencia del continente americano.

Un cubano prudente […] ha venido a México, confiado en la sagacidad profunda y constructiva del General Díaz, y en su propia y absoluta discreción, a explicar en persona al pensador americano […] al hombre cauto y de fuerte corazón que padeció por la libertad del continente […] que hoy preside a México la significación y alcance de la revolución sagrada de independencia.[31]

Un aspecto poco estudiado en la historiografía porfiriana pero que daría frutos ilustrativos si se investigara es la evolución de una imagen muy positiva en el extranjero tanto de Díaz como de su régimen en la última década del siglo XIX. Un compendio de varios escritos y puntos de vista extranjeros se encuentra en un libro de Melesio Parra publicado en 1900 bajo el título de El señor General. Porfirio Díaz juzgado en el extranjero.[32] Reúne textos de periódicos de Estados Unidos, Centroamérica, América de Sur y Europa (principalmente Francia y España). Una de las contribuciones más impresionantes viene de la pluma de León (Lev) Tolstoi, novelista realista ruso decimonónico ampliamente considerado como uno de los más grandes escritores de la literatura mundial.

Allá en un lugar apartado del hemisferio occidental, se destaca la solitaria silueta de un Cromwell moderno: su espíritu, si de él eliminamos el fanatismo puritano del gran Protector, es idéntico al de este en fuerza reconstructora. Su sola existencia demuestra que el alma no tiene nacionalidad, y que al escoger la envoltura material que va a animar, no se fija en preferencias de raza. Este hecho confirma la universalidad distributiva del espíritu humano, doctrina sostenida por Pitágoras. ¿Cómo es que del caos pudo Díaz hacer surgir el orden? […] en México no había más que caos, no había más que sombras, no había más que civilización elemental; durante más de medio siglo la única luz que alumbraba las tinieblas salía de la boca de los cañones, y el bello cielo del septentrión americano aparecía teñido con resplandores de incendio.[33]

Se le reconoce a Tolstoi como anarquista, pacifista y anticlerical, y muy lejos de ser ni conservador ni apologista de dictadores autocráticos. En este contexto vale la pena leer sus comentarios acertados sobre el régimen político de Díaz:

[Díaz ha creado] un gobierno único en los anales de la historia política, el cual es en la forma una República, y en el fondo no es precisamente una dictadura: pero aun cuando participa en las dos fórmulas es en la intención de un gobierno democrático […] La democracia es el ideal de Díaz, y si camina hacia allá empleando métodos autocráticos, no es la falta de él sino de los elementos heterogéneos que constituyen el organismo nacional.

No todos los observadores extranjeros del México porfiriano fueron tan perspicaces. De entre la prosa más efusiva y extravagante en homenaje a Díaz, gran parte se produjo en el mundo anglosajón. Como comenta Robert Skidelsky: «La era victoriana fue una época de adoración al heroísmo. En un período de incertidumbre religiosa, la moral cada vez más necesitaba el apoyo de vidas ejemplares; vidas que, de manera particular, acentuasen la fuerte conexión existente entre la virtud privada y el éxito público».[34]

Sin embargo, también es claro que muchas de las narraciones estaban basadas en una combinación de ignorancia y de repetición mecánica de la autoproyección, la autopromoción y la propaganda del propio régimen en el ámbito internacional.[35]

La señora Alex Tweedie, una de aquellas múltiples e infatigables viajeras procedentes de las Islas Británicas en la época victoriana, describió a Díaz, en su biografía de 1906, simplemente como «el personaje más importante de la historia moderna», y lo comparaba con el zar de Rusia y con el Papa: «sin embargo», afirmaba en la misma página, con una comprensión no tan segura de la ciencia política o de la realidad política mexicana, que él era «un dirigente democrático». Su descripción de Díaz como un «hombre atractivo, fino y fuerte […] con ojos obscuros, profundos y penetrantes» sugiere también que ella pudo haber sido una de las tantas víctimas de lo que José Valadés describiría más adelante como la frondosidad sexual de don Porfirio.[36]

Los contemporáneos norteamericanos eran igualmente exagerados en sus alabanzas. José Godoy, el encargado mexicano de negocios en Washington, en 1909 solicitó la opinión de importantes congresistas, senadores, oficiales de las fuerzas armadas, servidores públicos y presidentes de universidades estadounidenses para una biografía que fue publicada en 1910. En el texto resultante, una mezcla alucinante de prosa recargada, fantasía inalterada e ignorancia pura, Díaz emerge como un personaje mítico, casi divino, que creó por sí solo la nación mexicana. Sus contemporáneos norteamericanos lo comparaban, de manera variada y simultánea, con Moisés, Josué, Alejandro el Grande, Julio César, Cromwell, Napoleón, Bismark, Lincoln, Washington, Grant, Gladstone, Disraeli e, incluso, con el Micado.

Las descripciones y referencias que con mayor frecuencia usaban los admiradores de Díaz en la biografía de Godoy seguían un patrón previsible. La referencia más frecuente era el marcado desarrollo de México durante la sabia administración de Díaz. Otras hacían énfasis en las cualidades de patriotismo, moralidad personal, abnegación y humildad, poniendo de relieve, sobre todo, el origen humilde de Porfirio y citando su carrera como ejemplo del paso de la pobreza a la riqueza. El congresista de California Charles Landis proporcionó la que quizá sea la expresión más evocadora de la apoteosis en la mitología porfirista de finales del siglo XIX: «Nos referimos a México y pensamos en Díaz […] Díaz es México y México es Díaz».[37]

Ciertamente, los esfuerzos concertados y orquestados para promover tanto a Díaz como al régimen bajo una luz positiva en los ámbitos nacional e internacional se derrumbaron ante los resultados de la Revolución de 1910. La hagiografía fue sustituida rápidamente por el envilecimiento y el asesinato del personaje, al tiempo que el antiporfirismo se convertía en la norma. Sin embargo, el antiporfirismo en sí mismo no fue un producto exclusivo del período pos revolucionario, y sus raíces estaban con toda claridad en el tiempo que la precedió. El ejemplo más impactante del desafío al culto del porfirismo, previo a la Revolución, es la controversia originada por la decisión de conmemorar, en 1906, el centenario del natalicio de Benito Juárez.

Si se consideran las fuertes tensiones políticasquerodearon la sexta reelección de Díaz en 1906, el intento del régimen por explotar el mito de Juárez presentándolo como el precursor de la era de Díaz estaba destinado a causar controversia.[38] El saldo historiográfico de esta controversia fue sumamente desfavorable para Díaz y lo ha seguido siendo desde entonces. Mientras que Juárez quedó firmemente identificado con el nacionalismo y la autodeterminación, con la democracia política y la libertad civil, con la ley y el Estado secular (y, más tarde, en el siglo XX, con los derechos de los indígenas y la resistencia al colonialismo), Díaz quedó asociado, con la misma firmeza, con su antítesis: dictadura y represión, abuso de la autoridad constitucional, proclericalismo y violación de la soberanía mexicana, y en el papel de archixenófilo y traidor.[39] Con el tiempo, el lodo lo ha endurecido.

NEOPORFIRISMO

La demonología de Díaz y de su régimen ha resultado ser necia y resistente durante el siglo XX, a pesar de algunos indicadores superficiales de relajación de la condena oficial. Por ejemplo, el presidente Ávila Camacho (1940-1946) permitió que Carmelita, la segunda esposa de Díaz, regresara a México. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la familia, los restos de don Porfirio siguen enterrados en París, en el cementerio de Montparnasse. Esto simboliza, sobre todo, que el Estado posrevolucionario (o bajo la tutela de gobiernos priistas o panistas) no ha podido asimilar el legado del régimen de Díaz.[40]

Sin embargo, las nuevas interpretaciones durante la década de 1990 han comenzado, finalmente, a restaurar el equilibrio entre las interpretaciones porfirista y antiporfirista. Como se dijo con anterioridad, el neoporfirismo político tiene sus raíces en la respuesta de los gobiernos a la crisis política y económica, pero, al mismo tiempo, se ha nutrido de la nueva evaluación de la época que realiza una nueva generación de historiadores (sin sugerir que esta nueva generación sea neoporfirista). Uno de los puntos más importantes de lo que hoy se clasifica como historia revisionista es el hincapié en la continuidad (en lugar de la ruptura) entre el porfiriato y la Revolución, así como el reconocimiento consecuente de la deuda que el sistema político posrevolucionario tiene con su predecesor.

Sin embargo, el revisionismo no es un fenómeno exclusivamente nuevo en la historiografía mexicana y debe mucho a las biografías de Díaz realizadas por Francisco Ruines (1921) y los oaxaqueños Ángel Taracena (1960) y Jorge Fernando Iturribarría (1967). En años recientes, se ha vuelto a plantear el caso con un vigor renovado, sobre todo con las biografías revisionistas de Enrique Krauze (1987) y Fernando Orozco Linares (1991).

El intelectual inconforme, Francisco Ruines, quien lograra ser a la vez un colaborador activo y un crítico punzante del régimen, proporcionó la siguiente evaluación del régimen de Díaz en 1921:

Digan lo que quieran los enemigos del porfirismo, la dictadura establecida suavemente fue aclamada por todas las clases sociales como un inmenso bien; la paz, siendo cosa nueva y bella en la nación, inspiró al pueblo sentimientos de gratitud y lealtad, para el caudillo que había pacificado a su patria, creyendo que esa paz sería eterna.[41]

La biografía de Ángel Taracena, publicada en 1960, también podría considerarse precursora del revisionismo: «A la juventud y al pueblo mexicano en general que […] deben conocer en toda su integridad la trayectoria de esa vida, y al condenar sus yerros, reconocer también sus aciertos, que fueron grandes y benéficos para la patria».[42]

Fernando Orozco Linares, en su biografía de 1991, resumió de manera sucinta el reto del neoporfirismo revisionista:

Desde 1930 a la fecha se ha recrudecido la campaña difamatoria contra el general Porfirio Díaz. No hay libro de historia, de civismo, de economía, etc., en los que sus autores no se den «vuelo» en ultrajar la memoria del general Díaz, faltando gravemente a la verdad y a la justicia, y esto ha cobrado nivel didáctico: miles y miles de estudiantes están en la absoluta seguridad de que Díaz es un tirano, asesino, traidor y ladrón.[43]

De la generación contemporánea de historiadores, Enrique Krauze ha sido el defensor más prominente y elocuente de una interpretación equilibrada de la figura de Díaz y su régimen. Krauze fue uno de los principales promotores del proyecto de la serie televisiva sobre la vida de Díaz, y en su biografía de 1987 criticó abiertamente las interpretaciones antiporfiristas. Sin embargo, Krauze no solo estaba interesado en la precisión histórica, pues su revisionismo tenía abiertamente rastros políticos. Era un miembro influyente del grupo asociado con la revista Vuelta (que incluía, antes de su muerte en 1998; a Octavio Paz), que se oponía a la continua dominación del PRI en la política contemporánea. Krauze observaba paralelismos significativos entre la era de Díaz y el dominio absoluto del PRI en la política mexicana. Para Krauze, la continuidad entre el porfirismo y el priismo se encontraba en que ambos mantenían una forma perniciosa de autoritarismo liberal. Sostiene que desde la Revolución, México ha experimentado solo una transición superficial de una dictadura personal a una dictadura de partido, o lo que el novelista peruano Mario Vargas Llosa, durante una visita a México en 1990 llamó «la dictadura perfecta», opinión que no solo causó controversia sino su expulsión del país.[44]

Para Krauze, el régimen porfirista y el PRI son análogos en cuanto a su «inercia política» y su «paternalismo asfixiante», que en ambos casos han sobrepasado su utilidad. Como Krauze comentó con mucha percepción y, quizá, proféticamente en 1992:

… los regímenes de la Revolución no pueden condenarlo sin condenarse a sí mismos […] lo justo sería propiciar un doble acontecimiento —la vuelta a Oaxaca del «Héroe de la Paz» y el descanso en paz del PRI—. Doble y común epitafio: sirvieron a su patria, pero corrompieron su vida cívica y la condenaron por cien años a una minoría de edad.[45]

El peligro inherente del nuevo revisionismo que se manifiesta en el reciente crecimiento del neoporfirismo es que, con la transformación de la imagen de un dictador diabólico en la de un patriarca benévolo y patriota, Díaz encontrará, de nuevo, un lugar en el panteón de los héroes nacionales. Esto representaría una oportunidad perdida. Gomo hemos visto, aquellos que se han enfrentado con el problema del mito y la historia, la mitificación tiende a sofocar, si no es que a obliterar, el contexto histórico o la «calidad histórica» (véase la cita de Barthes arriba).

En el caso de Porfirio Díaz, la restauración de esta elusiva «calidad histórica» al mito se ha retrasado mucho. No está libre de ironía el hecho de que, en 1911, el acérrimo porfirista Enrique Creel, gobernador de Chihuahua y antes embajador en Estados Unidos, escribiera a Díaz durante su exilio en París y, en un intento vano de consolar al presidente exiliado, hiciera la siguiente predicción: «Puede usted estar seguro de que el pueblo mexicano y la historia le harán cabal justicia».[46] Sin embargo, ha hecho falta mucho tiempo para que la predicción de Creel se vuelva realidad. Uno de los objetivos más importantes de este libro es extender el proceso de reevaluación histórica.

CAPÍTULO 2

LAS BASES POLÍTICAS DEL MÉXICO

PORFIRIANO: LIBERALISMO, CAUDILLISMO,

Y LA LUCHA PATRIÓTICA, 1855-1867

Nunca recomendaré a usted demasiado que ponga toda su atención y toda la protección que nos merecen los indios puesto que son la carne de cañón en que hemos apoyado nuestro esfuerzo para cambiar la situación moral y política del país.

PORFIRIO DÍAZ, 1894.

En el Capítulo 1 se planteó el argumento de que una de las distorsiones fundamentales de la historiografía antiporfirista es la tendencia a interpretar el régimen de Díaz exclusivamente a través del prisma de la Revolución de 1910 que lo arrancó del poder. De manera inevitable, esto ha resaltado los muchos defectos que el régimen tuvo en sus últimos años y, por consiguiente, ha tendido a oscurecer la importancia de sus orígenes decimonónicos. Uno de los retos fundamentales de la historiografía reciente ha sido no solo cuestionar la interpretación antiporfirista tan frecuentemente repetida, sino ver a la era porfiriana desde la perspectiva del siglo XIX, no desde la del siglo XX. Desde esta posición, tanto el análisis como las conclusiones parecen notablemente diferentes. Por lo tanto, la intención de este capítulo es explorar los antecedentes y los fundamentos del régimen. El ascenso de Díaz al poder en 1876 no puede entenderse sin considerar su participación en las luchas políticas de las décadas de 1850 y 1860.

Este capítulo examina la evolución de la carrera de Díaz anterior a 1867. Explora la inmersión inicial de Díaz en la política liberal radical en la ciudad provincial de Oaxaca después de 1849, y su muy exitosa carrera militar que comenzó durante la Revolución de Ayuda en 1854 y que floreció durante la guerra de Reforma (1858-1861) y la Intervención francesa (1862-1867). Sus carreras militar y política se desarrollaron paralelamente al pasar de ser un miembro de la guerrilla rebelde en 1854 a general de división en 1863, y de su nombramiento, en 1855, como subprefecto del distrito de Ixtlán en su nativa Oaxaca a su candidatura presidencial en 1867. En lugar de intentar una narrativa detallada (véase la cronología), el hincapié aquí estará en las bases políticas (liberalismo y caudillismo) sobre las que Díaz construyó su carrera.

Una de las premisas fundamentales de este libro es que el éxito político de Díaz y su régimen se basa en la construcción de un modus vivendi entre los componentes más importantes de la política mexicana (y latinoamericana) del siglo XIX: primero, el liberalismo y el constitucionalismo decimonónico, con todas sus contradicciones y variaciones; y segundo, las tradiciones de autoridad patriarcal y las complejas redes de patronazgo que representaba el caudillismo: es decir, el ejercicio del poder personal, autoritario y no institucional que fue (y sigue siendo) tan común en el mundo hispánico.

LIBERALISMO Y PROYECTO LIBERAL

Al entrar en el tema del liberalismo decimonónico y su relación con el sistema político de Porfirio Díaz, tropezamos de nuevo, como en el capítulo anterior, con mitos y distorsiones historiográficos significativos. Hasta se podría afirmar que una de las invenciones más exitosas del liberalismo decimonónico mexicano fue la creación de una narrativa convincente de la historia nacional o, en otras palabras, la creación de una historia patria nacional. Uno de los mitos más prominentes fue que un proyecto liberal existía desde los primeros momentos de la lucha por la independencia y, de hecho, fue una causa misma del movimiento de Independencia.

Sin embargo, existe un consenso general respecto a que el proyecto liberal encontró su inspiración en las revoluciones estadounidense y francesa y en los precedentes españoles. Su reto principal fue reemplazar el antiguo régimen de la monarquía absoluta, el privilegio corporativo y la restricción colonial con una república federal basada en instituciones representativas, elegidas por mayoría popular, que alentaran y protegieran la ciudadanía, la igualdad ante la ley y, desde mediados del siglo XIX, la secularización de la sociedad civil. El dilema esencial era cómo hacer que estas aspiraciones dieran frutos en el ámbito de una cultura política que se caracterizaba por mantener instituciones coloniales y por prácticas que, de diversas maneras, eran antiliberales y autoritarias, sin necesidad de recurrir a los mismos males que el liberalismo intentaba destruir; llámense caudillismo y dictadura.[1] Subvertido constantemente por las muchas divisiones personales, faccionales e ideológicas dentro de las filas liberales, y por la persistente necesidad de adaptar los preceptos liberales a la realidad de la práctica política, fue un equilibrio muy difícil de lograr.

En otras palabras, el proyecto liberal fue sumamente difícil de llevar a cabo en una sociedad cuyas estructuras fundamentales y cuyas prácticas culturales —en otras palabras, las herencias coloniales— ni encapsulaban ni reflejaban —o, de hecho, fueron totalmente ajenas a— los preceptos fundamentales de la filosofía liberal. La historia patria liberal no intentó subestimar a sus enemigos o sus obstáculos, de hecho los exaltó, como manera de proporcionarle a la lucha liberal contra las fuerzas del «oscurantismo» (representadas sobre todo por la Iglesia) una dimensión épica. Estos obstáculos no solo fueron imaginados o discursivos, sino reales: hostilidad ideológica por parte de sus enemigos internos y externos, una economía preponderantemente precapitalista, las fuerzas centrífugas del regionalismo, la persistencia de prácticas religiosas y culturales coloniales, una sociedad altamente estratificada, y una cultura política fundamentalmente autoritaria. Aun las narrativas liberales más optimistas y triunfalistas que se publicaron en la época porfiriana (cuando se empezó a consolidar la historia patria liberal) tuvieron que reconocer que el liberalismo en el México del siglo XIX fue una construcción sumamente frágil.

Los mitos históricos promovidos por la historia patria liberal siempre han presentado un reto para los historiadores profesionales. En conjunto, sus investigaciones han demostrado que el liberalismo decimonónico fue todo menos monolítico tanto en su ideología como en su implementación, y que fue una construcción flexible, híbrida, que contaba con distintos grupos ideológicos, entre puros, jacobinos, moderados/borlados y desarrollistas/positivistas, y una mezcla socialmente heterogénea de correligionarios que cubría un espectro amplio, desde élites urbanas hasta pueblos rurales.[2]

No cabe duda de que el período de 1855 a 1867 fue crucial en la historia moderna de México y para la historia del liberalismo mexicano. Vio la promulgación del texto sagrado del liberalismo decimonónico, la Constitución de 1857, cuyos autores identificaron como obstáculos más importantes para el progreso de México como nación moderna el mantenimiento de las instituciones coloniales corporativas y sus privilegios legales, así como las restricciones coloniales referentes a la libre circulación de la propiedad privada. Su blanco principal era la Iglesia católica, institución que representaba el legado colonial y corporativo por excelencia. La Constitución no reconocía el catolicismo como religión de Estado ni la inmunidad legal de la Iglesia; su control sobre la educación y sus extensas propiedades fueron atacadas. La respuesta hostil que provocó el conjunto de medidas liberales condujo directamente a una guerra civil después de 1858.

La victoria liberal en la guerra civil de 1858-1861 se produjo a un costo considerable. A la elección de Benito Juárez, en marzo de 1861, siguió la declaración de que la penuria del país, resultado de los costos de guerra, exigía la suspensión del pago de los intereses sobre la deuda acumulada con los tenedores de bonos de ultramar. Entonces, los gobiernos de Francia, Inglaterra y España firmaron la convención tripartita que autorizaba una expedición militar conjunta para ocupar las oficinas aduanales de México hasta la reanudación de los pagos. Inglaterra y España se retiraron cuando fue evidente que Napoleón III no solo estaba ansioso por recuperar el pago de los intereses, sino que aspiraba a convertir a México en parte del imperio colonial francés. El ejército invasor, que entró a México en junio de 1863, representaba una amenaza para la existencia misma de la República Mexicana.

Una coalición de conservadores, monarquistas y la jerarquía eclesiástica, junto con sus aliados «imperialistas» que cubrían un amplio espectro ideológico y político (incluyendo algunos liberales) se formó con el intento de restaurar lo que esperaban fuera un imperio mexicano estable bajo el mando de un príncipe europeo.[3] Se extendió la invitación al archiduque Ferdinand Maximiliano de Habsburgo, quien llegó a México con su esposa Carlota en junio de 1864. Sin embargo, el flirteo de Maximiliano con el liberalismo moderado pronto alejó el apoyo de los conservadores, al tiempo que no podía persuadir a sus oponentes republicanos en México, bajo el tenaz liderazgo de Benito Juárez, de capitular. Napoleón III, desilusionado de su fallida aventura mexicana y temeroso de posibles hostilidades con Estados Unidos tras el fin de la guerra civil estadounidense en 1865, ordenó, después de enero de 1866, una retirada por etapas de las fuerzas francesas, pero no pudo persuadir a Maximiliano de abandonar México. Bajo órdenes directas de Juárez, Maximiliano fue arrestado y ejecutado en junio de 1867.[4]

La ejecución de Maximiliano representó no solo el final de su sueño imperial y de la ambición colonial francesa, sino la derrota final del conservadurismo mexicano y el triunfo definitivo del republicanismo liberal mexicano. En pocas palabras, la derrota del imperio, en la que Díaz desempeñó un papel prominente, aseguró que el liberalismo permaneciera como ideología predominante de la vida política mexicana. Sin embargo, durante el período posterior a la República Restaurada (1867-1876) y a pesar de la ausencia de una oposición conservadora, los presidentes Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada fueron incapaces de convertir la victoria liberal en una etapa de estabilidad política sostenida. En efecto, las alas conservadora moderada y radical del movimiento liberal procedieron a abandonar sus propias reglas de conducta y recurrieron a prácticas decididamente aliberales o incluso antiliberales: manipulación electoral, imposición de candidatos y, manteniendo la tradición decimonónica, utilizaron el golpe militar o pronunciamiento.[5] Aquí hay una paradoja fundamental. Parecía que los principios liberales solo podían implementarse mediante prácticas antiliberales. Estas contradicciones estaban lejos de ser resueltas cuando Díaz subió a la presidencia por vez primera en 1876 y, ciertamente, él mismo sería culpable de adoptar dichas prácticas en busca de fines liberales. Pero no fue el primer (ni el último) presidente que gobernó México de esta manera.

ORÍGENES REGIONALES: DÍAZ Y OAXACA, 1830-1855

Porfirio Díaz fue bautizado en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830, cuando México entraba en su décimo aniversario como una entidad política independiente. Como ya lo han indicado muchos de sus biógrafos, la lecha misma era significativa, pues coincidía con lo que, hasta hoy, es el más importante de los ritos cívicos que componen el calendario político de México: la celebración de la Independencia.[6]

Este enlace umbilical entre Porfirio Díaz y el destino de México sería explotado por el régimen, para crear, en la conciencia popular, una relación entre Díaz, la consumación de la Independencia y la soberanía nacionales. Con este fin, la conmemoración anual de la Independencia fue reorganizada durante el porfiriato, incluyendo, durante su cuarto período de gobierno en 1895, el traslado de la campana original del pueblo de Dolores al Palacio Nacional. En lo sucesivo, la campana tan reverenciada se tocaba en la noche del 15 de septiembre, combinando así la celebración de Díaz con el nacimiento de la nación mexicana. No deja de ser una ironía que, considerando el desprestigio de Díaz después de 1911, hasta la fecha continúe tocándose el 15 de septiembre.[7]

La relación entre Oaxaca y la evolución del Estado mexicano en el siglo XIX no fue arbitraria. Oaxaca fue una de las «cunas» del liberalismo decimonónico mexicano y produjo los dos líderes políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX —Benito Juárez y Porfirio Díaz—, quienes dominaron la vida política de México durante más de medio siglo. La importancia de Oaxaca se remonta al período colonial tardío, cuando la región ocupaba una prominente posición en la vida económica y política del virreinato. Había sido el productor más importante de tintes de grana e índigo que tenían gran demanda en la industria textil de la Nueva España y, cada vez más, en los mercados internacionales. Al final del período colonial, los tintes naturales se habían convertido, después de la plata, en el segundo material de exportación más importante de la economía virreinal.

Posteriormente, las exportaciones de Oaxaca se diversificaron en cuero, lana, algodón y textiles; la minería también mostraba un importante nivel de desarrollo a finales del siglo XVIII, al igual que en las demás regiones del virreinato.[8] Sin embargo, después de 1800 y, sobre todo, como resultado de la dislocación económica del período independiente, la economía regional se hundió en una profunda y prolongada recesión que perduraría durante casi todo el siglo XIX, hasta la ola de inversión nacional e internacional que se presentó hacia finales de las décadas de 1880 y 1890.[9]

La creciente prosperidad del período colonial tardío de Oaxaca se reflejó en la consolidación de una élite provincial que, desde su capital, Antequera (que se convirtiera, después de la Independencia, en la ciudad de Oaxaca), controlaba la floreciente red comercial de la región. También se reflejaba en el crecimiento de la influencia y del patrimonio de la Iglesia y de las órdenes religiosas, no solo a través de la posesión de propiedades rurales y urbanas, y de las actividades comerciales (agricultura, ganadería) que realizaban en dichos lugares, sino de los servicios bancarios que ofrecían a comerciantes, mineros y hacendados, a la élite de la sociedad colonial.[10]

Estos patrones se repetían en otros lugares de la Nueva España, pero lo que era diferente en la experiencia colonial de Oaxaca era la supervivencia cultural, la fuerza política y la independencia económica de las comunidades o pueblos indígenas. El control económico y político directo que ejercían tanto la Iglesia como la élite peninsular estaba, en gran medida, limitado a la ciudad de Antequera y a los valles centrales. En 1832, se calculaba que la población indígena del estado constituía el 90% de la población total. Incluso al final del porfiriato, en 1910, aún representaba el 77% de la población del estado.[11]

Sin embargo, las comunidades indígenas de Oaxaca no concuerdan con las características que les atribuían varios liberales del siglo XIX: comunidades marginales aisladas, atrasadas y renuentes al cambio, tenaces en la defensa de la tradición. No puede hacerse una categorización tan simple, sobre todo si se considera la gran diversidad subregional del paisaje étnico, económico y físico de Oaxaca, así como las profundas diferencias en la cultura material y no material. Las evidencias del período colonial indican que las comunidades indígenas oaxaqueñas se habían adaptado a lo largo del tiempo, aunque con diversos niveles bien marcados, a las presiones legales y a las oportunidades comerciales que ofrecía la economía colonial, y que con frecuencia participaban en el sistema legal al proteger su autonomía y sus derechos territoriales.[12]

En pocas palabras, las características distintivas de Oaxaca en el período colonial tardío y a principios del siglo XIX eran, por lo tanto, una élite provincial cuya riqueza se basaba en el comercio (y no en la propiedad de haciendas); una Iglesia cuya influencia se limitaba en gran parte a la capital regional; y una diversidad de comunidades indígenas que, a lo largo del período, conservó un nivel significativo de autonomía cultural, económica y política.

La Iglesia y las comunidades indígenas compartieron destinos muy diferentes durante la lucha por la Independencia y sus consecuencias. Ambas estaban destinadas a ser el blanco de un ataque constante por los intentos liberales de erradicar el legado colonial. En la práctica, sus experiencias en Oaxaca fueron muy distintas. La Iglesia sufrió la mayor parte del asalto liberal. Ya afectada económicamente como resultado de los forzados préstamos solicitados por la corona española a finales del siglo XVIII, luchó en vano por retener tanto su función socioeconómica, como el control de sus propiedades ante el persistente ataque de los liberales contra la propiedad comunal.[13]

Por el contrario, después de la Independencia, la supervivencia política de las comunidades indígenas en Oaxaca se vio asegurada por la Constitución estatal de 1824, donde casi cada uno de los anteriores pueblos indígenas recibió el estatus de ayuntamiento constitucional, lo cual no fue el caso en otros estados de la nueva república.[14] Los pueblos indígenas de Oaxaca no solo obtuvieron un estatus legal, también lograron mantener sus tierras durante la mayor parte del siglo, a pesar de la legislación liberal sobre la privatización de toda la propiedad comunal que estuviese en manos tanto de la Iglesia como de las comunidades indígenas. Esto se debió a que los líderes liberales de Oaxaca, incluyendo algunos de los defensores más ardientes de la retórica anticorporativa (como el propio Juárez durante su período de gobernador entre 1847 y 1853), estaban conscientes de la necesidad de manejar con sensibilidad los intereses de los pueblos indígenas que representaban casi 90% de la población del estado, y que fueron los principales poseedores de la tierra estatal y los responsables de su productividad agrícola y, por ende, fueron los garantes de la hacienda pública estatal.[15]

El otro legado político importante de la lucha por la Independencia en Oaxaca fue el gran atractivo que tuvieron el federalismo y la autonomía regional entre la élite provincial, quien pugnaba por una resistencia a la imposición de la autoridad central desde la Ciudad de México. El equilibrio entre el restablecimiento de la autoridad central (centralismo) y la defensa de la soberanía estatal y la descentralización (federalismo), que había caracterizado el proceso de independencia, se convertiría en uno de los temas medulares de la política mexicana del siglo XIX. La lucha por el poder entre el centro y los estados de la federación se repetiría en muchas ocasiones a lo largo de todo el siglo, y Oaxaca siempre estaría a la cabeza del debate.[16]

En resumen, el legado colonial heredado por los líderes políticos posteriores a la Independencia en Oaxaca y en muchos otros lugares de la nueva república tenía vertientes muy distintas. La subsistencia y la producción precapitalista, la herencia cultural colonial y la autonomía indígena existieron en conjunto con el constitucionalismo liberal y la empresa capitalista. La consolidación del proyecto liberal en el tiempo posterior a la Independencia exigía un desmantelamiento hábil y cuidadoso de las estructuras coloniales, así como la creación de nuevos modelos económicos y políticos: primero, la creación de una infraestructura para apoyar el comercio y el intercambio, con la finalidad de restaurar la fragmentada economía; segundo, inculcar la ciudadanía, el concepto de nación, la participación electoral y la vigencia de la ley en una sociedad de castas afectada por una discriminación étnica y de clase; tercero, la preservación de un equilibrio precario y muy sensible entre, por un lado, el poder local, comunal, estatal y central, y, por otro lado, entre la extensión de la representación política y la práctica autoritaria.

Considerando estas tareas abrumadoras, no sorprende que, en Oaxaca, los políticos liberales posteriores a la Independencia demostraran un marcado pragmatismo. Oaxaca produjo dos generaciones de políticos talentosos y capaces, conscientes de las realidades económica, social, política y cultural de su patria chica, y que fueron capaces de aplicar su experiencia en el ámbito nacional. Fue de este ambiente provincial de donde surgieron tanto Benito Juárez como Porfirio Díaz.

LA «CONVERSIÓN» DE DÍAZ AL LIBERALISMO

Las dificultades económicas y las incertidumbres políticas que hubo en Oaxaca después de la Independencia se vieron reflejadas en las privaciones que sufrió la familia Díaz. El padre de Díaz, José Faustino Díaz, al parecer descendiente de españoles, había seguido diversas carreras, sacando ventaja de cualquier oportunidad que se presentara en un tiempo de claras dificultades económicas. Trabajó en un campo minero en el distrito de lxtlán, en la sierra norte de Oaxaca, y cultivó caña de azúcar (y estableció un pequeño molino de azúcar) en la costa del Pacífico, en el distrito de Ometepec. Aprendió, por sí solo, elementos de veterinaria, de curtido de pieles y de herrería, los cuales le fueron de utilidad al mudarse con su familia a Oaxaca, donde nació Porfirio (el sexto de siete hijos, dos de los cuales murieron durante la infancia). Además de establecer una curtiduría y una herrería, el padre de Díaz también estableció una posada llamada Mesón de la Soledad (en honor de la santa patrona de Oaxaca, la virgen de la Soledad). De tener una posición de prosperidad y seguridad relativas, la suerte de la familia declinó considerablemente cuando José murió de cólera en 1833, dejando a su esposa como único proveedor.

Cabe mencionar que existe cierta confusión en lo relativo a la identidad del padre de Díaz. En las anotaciones a la edición de 1922 de las memorias de Díaz, hay una referencia a la aseveración de Agustín Rivera en sus Anales mexicanos (1904) de que el padre de Díaz era Rafael Díaz de León, un arriero mestizo ambulante de Jalisco que realizó numerosos viajes a Oaxaca, en los que engendró algunos niños con una «india mixteca». Una mayor confusión surge con el registro del nombre del padre en el certificado de bautizo que Díaz adjuntó al borrador original del texto de sus memorias compuesto en 1892. El certificado de bautizo Indica que el padre no era José Faustino, sino José de la Cruz Díaz. Para Díaz, las ventajas de la versión oficial tuvieron, quizá, dos vertientes. La legitimidad de parentesco, un mayor porcentaje de linaje europeo y un grado de «blanqueo» que puede haber tenido mayor beneficio en el contexto de la influencia contemporánea de la noción positivista del racismo científico, que en Latinoamérica se hizo popular a través de la interpretación hecha por Herbert Spencer del darwinismo social. A finales del porfiriato se creía ampliamente, aunque hay poca evidencia de ello aparte de las fotografías contemporáneas, que en sus últimos años Porfirio no solo intentó blanquear su linaje, sino el color de su piel usando polvo facial. Sin embargo, no hay duda de sus orígenes mestizos, los cuales el mismo don Porfirio nunca intento ocultar.[17]

La madre era Petrona Mori, nativa de Yodocono, en la sierra mixteca, e hija de padre español (quien a su vez era hijo de un inmigrante de Asturias) y de Tecla Cortes, una mestiza. A pesar de la difícil situación económica que vivió la familia Díaz después de la muerte de su marido, Petrona Mori tenía ambiciones claras para sus hijos. Desde los 6 años, Porfirio asistió a una rudimentaria escuela primaria. Las carreras profesionales mas cotizadas en el México decimonónico eran el ejército, el sacerdocio y la abogacía. Nuevos prospectos de carreras comenzaban a abrirse como resultado de la creación del aparato gubernamental estatal posterior a la Independencia, con la creación de las legislaturas nacional y provincial y de una burocracia para el servicio de las instituciones del Estado. Sin embargo, el camino más favorable para una carrera política o administrativa seguían siendo las Leyes.

Quizá sorprenda que, considerando su talento para la política, la carrera que inicialmente eligió el adolescente Porfirio Díaz fue el sacerdocio. Esto se debió no solo a sus propias convicciones religiosas, sino a los contactos de su familia en la sociedad provincial. Sus padres eran católicos devotos, al grado de que, en ocasiones, según la narración de Porfirio, su padre usaba un traje monacal de los terceros de san Francisco en sus oraciones diarias. Su primo y padrino de bautizo era el sacerdote de la parroquia de Nochixtlán, José Agustín Domínguez, quien luego se convertiría en obispo de Oaxaca.

El patronazgo proporcionado por Domínguez permitió que el joven Porfirio entrara al Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca en 1843, a la edad de 13 años. A pesar de no ser un alumno sobresaliente y de que, a juzgar por su propia escritura, nunca haya aprendido una buena ortografía, Díaz completó con éxito sus estudios de latín, matemáticas, ética, filosofía y teología.[18] En 1846, a la muerte de un pariente lejano, se le ofreció una capellanía con un ingreso mensual. Al parecer su destino era una carrera en la Iglesia.

Ese mismo año, dos sucesos llevaron a Díaz a reconsiderar su profesión. El primero se presentó con el estallido final de las hostilidades entre México y Estados Unidos, las cuales venían gestándose desde la secesión de Texas en 1836, y desde que las tropas estadounidenses cruzaron la frontera en abril. Varios estudiantes del seminario ofrecieron sus servicios al gobernador de Oaxaca, Joaquín Guergué, y así, cuando formó dos batallones de la Guardia Nacional, los estudiantes se unieron al batallón Trujano. Sin embargo, el batallón no tuvo un servicio activo y los jóvenes patriotas, incluyendo al joven Díaz de 16 años de edad, debieron conformarse con los ejercicios militares ocasionales y con los deberes de guardia de rutina. A partir de entonces, el entusiasmo de Díaz por el servicio y la vida militares se convirtieron gradualmente en una pasión de por vida.[19]

El otro suceso significativo en la vida de Díaz ocurrió en 1846, y fue la invitación a dar clases privadas de latín a José Guadalupe Pérez, hijo de Marcos Pérez, quien era profesor de Derecho Público y Constitucional en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fundado en 1828, el Instituto se convirtió en el centro de entrenamiento de dos generaciones de liberales oaxaqueños. Pérez, al igual que su contemporáneo Benito Juárez, era un zapoteco de la sierra norte que había sido enviado a la capital del estado para aprender castellano y para entrar al sacerdocio, pero fue persuadido de estudiar Derecho en lugar de Teología. Rápidamente, Pérez tomó el papel de mentor del joven seminarista. En 1847 lo presentó a Juárez, quien acababa de ser nombrado gobernador del estado. El gobierno de Juárez (1847-1853) aportó un nuevo estímulo al grupo de liberales de Oaxaca, a los que el mismo Díaz estaba ansioso de pertenecer.[20]

Después Díaz tomaría, una decisión que tendría un impacto considerable en su futura carrera. En contra de los deseos de su madre y de su padrino, abandonó la capellanía y el sacerdocio y se inscribió para estudiar Derecho en el Instituto en 1849. Debido a la pérdida del ingreso que esta decisión representaba, Díaz se vio obligado a combinar sus estudios con numerosos trabajos de medio tiempo: además de sus clases privadas, como asistente en una tienda, zapatero y carpintero. También trabajó como librero, profesor sustituto en el Instituto y completó dos años de entrenamiento legal práctico en el despacho de su mentor Marcos Pérez. Aunque había aprobado los exámenes de su cuarto año de Leyes, debido a los sucesos de 1853 no pudo recibir el certificado que le permitiría practicar el Derecho.

Al golpe de Estado de 1853 que llevaría al general Santa Anna al poder por decimoprimera y última ocasión, le siguió de cerca la suspensión de la Constitución de 1824 y el arresto y exilio de liberales prominentes. En Oaxaca, el comandante militar Ignacio Martínez Pinillos tomó el poder en acuerdo con los líderes de la rebelión por la autonomía regional en Tehuantepec, y se declaró a favor de Santa Anna. Marcos Pérez fue hecho prisionero en el convento de Santo Domingo y Benito Juárez fue exiliado a Nueva Orleáns. Debido a su lealtad a Pérez, Díaz estaba asociado firmemente con la facción liberal radical, lo cual lo llevó automáticamente a tener conflictos con las autoridades estatales santannistas. Los sucesos de 1854 lo confirmarían en el papel de liberal radical y rebelde.

El relato de Díaz de su conversión al liberalismo debe considerarse como una narrativa no confiable, o incluso, como lo hizo notar de manera mordaz Francisco Bulnes, un trabajo de ficción histórica.[21] Ciertamente, sus memorias proporcionan una versión seca de los inicios de su carrera, con un énfasis particular en la preparación para una vida de abnegación, sacrificio personal, deber patriótico y, sobre todo, servicio público. Sin embargo, por su propio relato, da la impresión de que ciertos factores influyeron en su «conversión» al liberalismo. Estaba claramente frustrado por la rigidez de la educación en el seminario; en contraste, le pareció muy atractiva la camaradería de los liberales de Oaxaca. Así lo declaró: «Me sedujo el trato abierto y franco de estos personajes, cosa que no había yo visto en el seminario […] [con los liberales] se trataba a los jóvenes como amigos, como hombres que tenían derechos».[22]

En el relato de Díaz hay una clara renuencia a explicar su afinidad ideológica con los principios del liberalismo político. El desagrado que sentía por los debates políticos públicos y la manera como los evitaba se convertirían en una característica de la política porfiriana.[23] También hay anécdotas que evidencian un profundo desprecio por el debate intelectual (o profundísimo, como supuestamente lo llamaba Díaz) y por los intelectuales en general. Se dice que cuando se veía obligado a escuchar un debate, respondía con la observación «Ese gallo quiere maís [sic]», insinuando que la mejor manera de tratar con los intelectuales era darles una sinecura y un ingreso estable para mantenerlos callados y bajo control.[24]

A pesar de considerar desagradable el debate político, estaba claramente inspirado por la asociación de Pérez, Benito Juárez y el grupo radical liberal (rojo) de Oaxaca con la masonería. En México, al igual que en el resto de América Latina y de la Europa católica, la masonería desempeñó un papel muy importante en la vida política del siglo XIX. En un principio establecidas por los criollos en las colonias hispanoamericanas en la década de 1790, las logias masónicas eran organizaciones voluntarias, aunque clandestinas, que defendían los ideales racionales de la Ilustración, las ideas democráticas, el servicio público y el patriotismo. En la práctica, la masonería ejercía un fuerte atractivo en los republicanos liberales que buscaban retar a las instituciones y las creencias asociadas con el colonialismo, el privilegio y el antiguo régimen. Como resultado, las logias masónicas se convirtieron en centros de conspiración y debate políticos, y es bien conocido su papel durante la lucha por la Independencia y los tiempos posteriores, a lo largo de toda Hispanoamérica. Los libertadores más importantes de las Américas —Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins, José de San Martín y muchos otros— eran masones.[25]

En el México posterior a la Independencia, la masonería estuvo asociada con el faccionalismo y la competencia entre los masones más conservadores y eurófilos del rito escocés y los más liberales y radicales del rito yorkino. Para mediados del siglo XIX, la logia más fuerte fue el Rito Nacional Mexicano. Las logias masónicas siguieron funcionando como centros importantes para la diseminación de ideas políticas y de resistencia específica al régimen de Santa Anna y al imperio de Maximiliano (es interesante señalar que ambos eran masones). Muchos de los liberales decimonónicos importantes (Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, Manuel Romero Rubio) eran masones.[26]

Los enlaces personales de Díaz con la masonería eran importantes. Había participado activamente en la fundación de logias en Oaxaca. Al igual que Juárez, alcanzó el grado más alto de la masonería, el 33°. Fue elegido Gran Maestro del Rito Nacional Mexicano (1883) y, más tarde, en 1890, fue electo Gran Maestro de la Gran Dieta Simbólica de los Estados Unidos Mexicanos. En 1895, sin embargo, renunció a los cargos masónicos, declarando que las múltiples ocupaciones presidenciales que tenía le impedían cumplir con sus compromisos dentro de la orden.[27] Como lo demuestra su correspondencia privada, una vez que obtuvo el poder en 1876, Díaz recibió de sus compañeros masones, sobre todo de Estados Unidos, peticiones frecuentes para impulsar los intereses de su negocio en México, las cuales cumplió de buena gana.

En la política mexicana del siglo XIX, la masonería aportó un enlace crucial entre la política liberal y la construcción de redes políticas o facciones que giraban en torno al liderazgo de individuos particulares. Los politólogos han identificado estas redes o grupos informales personalistas, o sea las camarillas, como una de las características principales de la cultura política mexicana del siglo XX. Su importancia para el siglo XIX ha sido reconocida en menor grado, pero no era menos crucial.

Roderic Ai Camp, al explicar la importancia de las camarillas para la política mexicana del siglo XX, posterior a la Revolución, las define como un grupo de individuos «que tienen intereses políticos en común y que confían los unos en los otros para aumentar sus oportunidades dentro del liderazgo político». También explica que el líder de la camarilla usa su propia carrera como un medio para impulsar la carrera de otros miembros del grupo, y que cuando el líder sube un peldaño más alto en la escala política, «coloca a los miembros de su grupo […] en otros puestos influyentes, ya sea dentro o fuera de su agencia […] mientras más alto suba, más puestos puede ocupar». Además, Ai Camp hace la importante aclaración de que la membresía de las camarillas era Incierta, con cambios de lealtad frecuentes, lo cual refleja el éxito del liderazgo al obtener puestos políticos. El liderazgo político mexicano, concluye, debería entenderse como una estructura jerárquica y traslapada de camarillas relacionadas entre sí.[28]

Las camarillas fueron cruciales para la vida política del siglo XIX en México y para la evolución de la carrera política en el caso particular de Díaz. El grupo liberal con el que se le asoció en Oaxaca, a principios de la década de 1850, puede considerarse como una camarilla de liberales radicales —también conocidos como rojos o jacobinos— bajo el liderazgo de Marcos Pérez. Otro miembro prominente era el abogado Justo Benítez, cuya carrera resalta la importancia fundamental de la organización de camarillas, no solo para el destino de las carreras individuales, sino también para el funcionamiento de la política mexicana decimonónica. Benítez fue contemporáneo de Díaz en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y, posteriormente, un socio muy cercano durante la guerra de Reforma y de la Intervención francesa, así como en la República Restaurada. A lo largo de estos años, actuó como confidente, secretario y agente de Díaz. Benítez fue su agente, en 1865, para una campaña vital a Washington en la que buscaba armas y fondos, y estuvo encargado de explicar a los partidarios liberales de Estados Unidos que Díaz había escapado de ser capturado y que la causa liberal seguía con mucha vida. De acuerdo con el relato del propio Porfirio, el éxito de la tarea que desempeñó Benítez fue fundamental para la campaña militar en Oaxaca en 1866 y para el triunfo definitivo de las fuerzas patrióticas al año siguiente.

Las relaciones políticas y personales entre Díaz y Benítez se mantuvieron fuertes a través de los críticos años de la República Restaurada. Benítez siguió siendo un leal partidario y consejero tanto en la rebelión de La Noria (1871) como en la de Tuxtepec (1876), y fue recompensado con el puesto de secretario de Hacienda en el primer gabinete porfiriano en 1876. Sin embargo, las aspiraciones presidenciales de Benítez lo convirtieron en un posible rival poderoso, de modo que Díaz buscó acabar con la influencia de Benítez. apoyando la candidatura de Manuel González en las elecciones de 1880.[29]

Como ya se ha señalado, la construcción de camarillas exigía la manipulación de lealtades personales y políticas en redes informales y flexibles asociadas con el liderazgo de un individuo en particular. El mayor beneficio que recibía el miembro de una camarilla era un patronazgo obtenido a cambio de su lealtad y apoyo, el cual, en la práctica, implicaba un cargo político o un puesto en el gobierno cuando el líder tenía éxito al asumir la presidencia. La importancia de las redes personales basadas en la jerarquía, la deferencia y la distribución del patronazgo hace que la relación entre la política de camarillas y la práctica del caudillismo sea muy aparente. Ambas constituyen aspectos de la práctica política mexicana que se alejan mucho de los principios del liberalismo constitucional. Pertenecen a las tradiciones jerárquicas, personalistas y autoritarias de la cultura política mexicana, que son igualmente importantes para el análisis de las raíces de la autoridad política del siglo XIX en México y para la carrera de Porfirio Díaz.

LA TRADICIÓN AUTORITARIA: CAUDILLISMO Y MILITARISMO

La tradición del caudillo tiene raíces profundas en América Latina. Aunque sus orígenes culturales, económicos y sociales, así como sus características esenciales (una combinación de compadrazgo, clientelismo y personalismo) se encuentran en las sociedades tanto precolonial, como colonial, la elevación del caudillo a una prominencia y poder políticos durante la primera mitad del siglo posterior a la independencia en Latinoamérica fue la consecuencia directa de la fragmentación gradual y del colapso del gobierno colonial después de 1810 y de la imposibilidad de encontrar un medio alternativo para reconstruir el Estado.

John Lynch describe al caudillo como una combinación de «guerrero, patriota, jefe regional y patrón», un individuo caracterizado por una autoridad personal fuerte y «carismática», perspicacia y astucia política y, en muchos casos, una base territorial (o terrateniente o comercial) en una región específica. Los caudillos no tenían una ideología política coherente, pero Lynch los ve como una fuerza mayormente conservadora que buscaba preservar la estructura social de la América española anterior a la independencia.[30] Los caudillos eran el producto de una sociedad colonial y rural cuyas instituciones habían sido colocadas bajo una tensión excesiva desde el período colonial tardío. Por consiguiente, buscaban oportunidades para proteger sus intereses haciendo uso de todos los medios que tuviesen a mano. En un período de inestabilidad aguda, esto implicaba no solo la manipulación de las tradiciones culturales hispánicas de patriarcado y de patronazgo, sino que también incluía, por lo regular, la coerción, la violencia y la intimidación.

Hubo varios indicadores de la profunda ausencia de legitimidad política en los nuevos estados de la América independiente, ejemplificados con mayor claridad por la recurrente crisis constitucional. En todo el mundo hispano, como resultado del precedente establecido por la Constitución de Cádiz en 1812, se reconocía que la forma del Estado y las estructuras políticas que lo gobernaban debían determinarse mediante una constitución escrita. El problema central sería encontrar un consenso relativo a la ideología y al contenido. ¿Los nuevos estados debían ser monárquicos o republicanos, centralistas o federalistas? ¿Debían imitar el modelo europeo o el norteamericano, o debían conformarse, según lo sugerido por Simón Bolívar, a la experiencia y realidad de la América española y, por lo tanto, dar la debida consideración a las tradiciones políticas hispánicas de centralismo, autoritarismo y poder hereditario?

Era claro que el debate constitucional no podía estar separado de las realidades políticas de la Hispanoamérica independiente: en esencia, la ausencia de una autoridad central, la fragmentación y la descentralización del poder y, en muchos casos, un militarismo predominante. En estas circunstancias resultó muy elusivo el logro de un consenso político, de una estabilidad y una legitimidad. La debilidad inherente del Estado posterior al Imperio dejó un legado profundo de ruptura, de conflictos faccionales, guerra civil y golpes militares. Como resultado, en la etapa inicial de la independencia, el caudillo cubrió el vacío político y el caudillismo y el militarismo surgieron como las formas predominantes de autoridad política a lo largo del continente.

Aunque la propuesta de Lynch respecto de que el primer período de la historia nacional en Hispanoamérica fue militarista, su análisis funciona mejor para los casos de Argentina y Venezuela (y sus caudillos militares Juan Manuel de Rosas y José Antonio Páez). En México, aunque la lucha independentista y la fragilidad de la nueva república después de 1824 aseguraron al ejército un predominio en la política mexicana, no se impuso el militarismo. Por un lado, el ejército realista distaba de ser profesional, no solo por estar formado por las milicias provinciales criollas que con la consumación de la Independencia en 1821, con el pronunciamiento del Plan de Iguala de Agustín de Iturbide, inició la práctica de premiar con ascensos a los que a él se adhirieron. El mecanismo se mantuvo durante varias décadas, imposibilitando la profesionalización del ejército.[31]

Por otra parte, el Ejército Realista absorbió un buen número de insurgentes que, con el fracaso del Imperio, dominaron la primera etapa de la República federal hasta el golpe de 1830. De esa manera, el ejército distó de ser monolítico y sus divisiones políticas impidieron que cuajara un verdadero militarismo. Como veremos más adelante, el triunfo de los liberales en las guerras de Reforma liquidó al ejército (que en gran parte se había alineado con los conservadores), y el nuevo ejército se construyó con base en la Guardia Nacional, que constituía la plataforma fundamental de la carrera política de Porfirio Díaz.

Sin embargo, los militares habrían de tener una importancia fundamental para la política mexicana del siglo XIX. Los generales (no solo el notorio Antonio López de Santa Anna, sino Mariano Paredes, José Joaquín Herrera, Nicolás Bravo y Mariano Arista) dominaron la presidencia —aunque no los gobiernos— durante más de una generación, hasta el ascenso de Benito Juárez y del Partido Liberal después de 1855.[32]

Aunque, indudablemente, es correcto hacer notar la predominancia de las prácticas caudillistas y militares en la primera fase del México independiente, no debe menospreciarse la importancia y la resonancia del debate político civil. No obstante que en los libros de historia general siempre se hace referencia al período republicano inicial como «la era de Santa Anna» y, por consiguiente, se le considera una época en la que imperaron la autocracia, el caudillismo y la dictadura, es importante recordar que México había adoptado la forma de gobierno republicana en 1824 con base en un reconocimiento de la soberanía popular y en la necesidad de Instituciones representativas. Ningún presidente militar, ni siquiera Santa Anna (hasta su último período entre 1853 y 1855), intentó gobernar sin una forma de asamblea electa o representativa.[33]

En consecuencia, a partir del inicio del período independiente, y a lo largo de los años de la inestabilidad política, se llevaron a cabo elecciones regulares en los ámbitos local, estatal y nacional, apoyadas (en lo estatal y lo nacional) por el surgimiento de clubes políticos y periódicos que impulsaban la candidatura de miembros prominentes o aspirantes de esta élite. Esto no significa que siempre se condujeran las prácticas electorales de una manera abierta, y menos de forma democrática. Es claro que este no es el caso. Sin embargo, a pesar de la división arbitraria de los distritos electorales, de la imposición de candidatos y la presencia del fraude, la tradición de las políticas electorales y representativas era ya una característica bien establecida de la cultura política mexicana antes de que Díaz ocupara el poder.[34]

¿Hasta qué punto las raíces de la carrera política de Díaz se encuentran en el caudillismo y el militarismo? ¿Era él un defensor del Estado pretoriano? Es claro que él no tenía el trasfondo social ni los recursos económicos de propiedad o de hacienda que le permitirían alcanzar el nivel del caudillo clásico. Sin embargo, en otros aspectos las conexiones eran evidentes; Díaz cobró fama y notoriedad nacional gracias a sus logros militares como un héroe patriota, y su imagen de salvador providencial de la soberanía nacional en la lucha contra la Intervención francesa fue un punto fundamental para su atractivo en 1867, cuando se postuló por primera vez para las elecciones presidenciales. También adopto las tradiciones del caudillismo en su manipulación del patriarcado y del patronazgo en la creación de camarillas y de una amplia red de lealtades y deferencias personales que serían vitales para el posterior acceso a la presidencia en 1876.[35]

Durante las campañas militares del período de 1858 a 1867, Díaz fue capaz de construir una base política importante dentro de la Guardia Nacional. Como resultado, pudo rodearse de un círculo siempre creciente de compañeros oficiales, subordinados y admiradores que apoyarían sus campañas políticas entre 1867 y 1876. También es evidente que en 1871 y 1876 intentó obtener y obtuvo el poder mediante un pronunciamiento militar que incluyó la colusión de los comandantes de las principales zonas militares. El Plan de La Noria de noviembre de 1871 tuvo el apoyo de una serie de rebeliones regionales hechas por los generales Treviño (Nuevo León), Trinidad, de la Cadena (Zacatecas), Manuel González (Tamaulipas), Luis Mier y Terán (Veracruz), Juan Crisóstomo Bonilla y Juan Nepomuceno Méndez (Puebla), así como la de su hermano Félix, gobernador de Oaxaca desde 1867. En 1876, como veremos adelante, la participación de los comandantes militares también sería vital para el éxito del Plan de Tuxtepec.

Pero la carrera política inicial de Díaz no puede ni debe ser interpretada como un capítulo más en la historia del militarismo o el caudillismo de Hispanoamérica en el siglo XIX. La base de apoyo que tenía antes de 1876 se extendió mucho más allá de su base militar. Después de 1867, Díaz se convirtió en la cabeza del liberalismo popular y radical (rojo) en oposición a los abusos de la Constitución de 1857 que cometían los presidentes Benito Juárez y Sebastian Lerdo de Tejada. Por lo tanto, las convicciones liberales de Díaz lo distinguían del caudillo arquetípico, cuya neutralidad y promiscuidad ideológicas disimulaban el hecho de que, en su mayor parte, eran aliados, agentes o subordinados de intereses predominantemente conservadores.

LA ENTRADA EN LA POLÍTICA: LA REVOLUCIÓN DE AYUTLA, 1854

El compromiso de Díaz con la ideología liberal quedó demostrado durante su primera incursión en la política regional de Oaxaca en 1854. El contexto nacional era una oposición generalizada en todo el país bajo la bandera de la Revolución de Ayutla, que desafiaba las aspiraciones dictatoriales de Santa Anna, quien había retomado el poder en 1853. Estas fuerzas irregulares, que Iban desde los insurgentes republicanos, como Juan Álvarez (la cabeza nominal del movimiento de Ayutla) en Guerrero; caudillos regionales autónomos, como Santiago Vidaurri en Nuevo León y Coahuila; liberales moderados, como Ignacio Comonfort; intelectuales liberales radicales (Melchor Ocampo y Guillermo Prieto); oficiales militares enemistados y conservadores disidentes (como Antonio de Haro y Tamariz) pedían reformas Constitucionales, el final del gobierno autocrático y el regreso a la vigencia de la ley.

Después de la persecución inicial y de la circulación de las órdenes de arresto a los enemigos más importantes (que en Oaxaca incluían al antes gobernador Benito Juárez y al mentor político de Díaz, Marcos Pérez), el régimen de Santa Anna recurrió a un plebiscito nacional en diciembre de 1854. En Oaxaca, a pesar de la pretensión oficial de que el sufragio era una expresión libre de la voluntad popular, la votación se llevó a cabo en la plaza central de la ciudad bajo la atenta mirada del gobernador y del comandante militar del estado, el general Ignacio Martínez y Pinillos. Después del término de sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes, Díaz había sido nombrado instructor temporal de Derecho Natural en la misma institución. De acuerdo con el relato del propio Díaz, cuando se anunció públicamente que el profesorado del Instituto apoyaba de manera unánime la permanencia de Santa Anna en el poder, solicitó una abstención, pero, a raíz de una acusación pública de que él no había registrado su voto por miedo, él respondió declarando abiertamente su apoyo al líder de la rebelión de Ayutla, el general Juan Alvarez. Se expidió una orden de arresto en su contra y se vio obligado a huir de la ciudad y encontrar refugio en la sierra norte de Oaxaca, para empezar la vida de guerrillero rebelde.[36]

COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL 1855-1867

El triunfo de la Revolución de Ayutla y el derrocamiento de Santa Anna en 1855 dieron un impulso definitivo a la carrera de Díaz, con sus aspectos militar y político desarrollándose a la par. Como él mismo reconoció, una parte importante de sus tareas y responsabilidades militares iniciales le exigían el uso de habilidades políticas: «Cuando mandaba yo compañías de soldados, hubo tiempo en que durante seis meses no recibí ni instrucciones ni ayuda de mi gobierno por lo que me vi obligado a pensar por mí y a convertirme en gobierno».[37]

Su carrera, al igual que sus responsabilidades, evolucionó a paso acelerado. En 1855, a la edad de 24 años, fue nombrado,por el gobernador Ignacio Martínez, subprefecto del distrito de Ixtlán en la sierra norte de Oaxaca. Al año siguiente, el gobernador Benito Juárez le otorgó su primer rango militar formal como capitán de infantería en la Guardia Nacional de Oaxaca. Después de que el presidente Ignacio Comonfort promulgara la Constitución liberal de 1857 y de que la hostil reacción conservadora se manifestara en el Plan de Tacubaya en 1857, Díaz participó en la derrota de las fuerzas conservadoras al mando de José María Salado en la batalla de Ixtapa (agosto), donde fue herido y sufrió, poco tiempo después, de una peritonitis aguda. A partir del estallido de la guerra de Reforma en 1858, Díaz participó en el sitio y la toma de la ciudad de Oaxaca que mantenía el general conservador José María Cobos. En abril de 1859, aceptó el nombramiento de comandante y gobernador militar del Departamento de Tehuantepec, después de que dos candidatos lo rechazaron debido a que los escasos recursos que se otorgaban a un comandante nuevo, en una región notoriamente hostil y conflictiva, no sumaban más de 160 hombres y apenas 100 rifles.

Su nombramiento en Tehuantepec, donde permaneció por dos años, enseñó a Díaz lecciones importantes sobre el arte de la administración política y el realpolitik. Esta fue una tarea particularmente difícil si se considera la división política y étnica entre las comunidades locales de zapotecos, chontales, zoques y mixes, y las fuertes rivalidades comerciales que existían entre los dos centros urbanos más importantes de la región, Juchitán y Tehuantepec. Además, en el Istmo de Tehuantepec tenían la tradición de la firme defensa de la autonomía regional e independencia fiscal ante los gobiernos nacional y estatal y ante los forasteros (tanto mexicanos como extranjeros) que habían intentado, desde el período colonial tardío, explotar los recursos naturales de sal y ganado que había en la región. Por lo tanto, la tarea fundamental de Díaz —establecer y representar los intereses de un Estado central frágil en una región que se mostraba profundamente hostil ante la intervención externa— era muy difícil.[38]

La compleja situación local en el Istmo de Tehuantepec era aún más complicada por la geopolítica de la región. Las ventajas topográficas del Istmo para la construcción de canales o vías ferroviarias (siendo, en su mayor parte, una zona tropical plana) y el reconocimiento dentro de Estados Unidos de la necesidad de un cruce viable que uniría el Atlántico con el Pacífico mantenían, de manera inevitable, la atención nacional e internacional en la región.[39]

Como lo había descubierto Benito Juárez cuando era gobernador de Oaxaca en 1847, el Istmo había presentado una resistencia constante ante la sutil manipulación política que ejercía la capital del estado y la intervención militar directa para suprimir las demandas locales relativas a la separación del Istmo del estado de Oaxaca. El conflicto se volvió rebelión en 1847 y fue necesario el despacho de la Guardia Nacional en 1850 y la intervención personal del gobernador Juárez en 1851. Ninguna de estas medidas dio solución al conflicto. Con la restauración de Santa Anna en el ámbito nacional en 1853, los rebeldes de Tehuantepec fueron recompensados por el gobernador santannista de Oaxaca, el general Martínez Pinillos, con la creación de un territorio federal del Istmo de Tehuantepec, pero esto estaba lejos de poner fin al conflicto constitucional o político de la región. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, el Istmo volvió a unirse de manera formal al estado de Oaxaca en 1857.[40] De esta manera, en abril de 1857, Díaz heredó una situación política particularmente difícil e inestable.

Las memorias de Díaz admiten una ignorancia inicial del contexto político de su nombramiento. Al respecto, recuerda: «Le manifesté [a su jefe] que sin embargo de estos serios peligros, aceptaba el mando que me ofrecía, y que haría cuanto estuviera en mi poder para sostener allí la autoridad y la honra del gobierno. A pesar de todo, poco me imaginaba yo entonces de lo difícil de la situación que aceptaba».[41]

Pero la solución que aportó para mantener la paz en la región demostró su talento pragmático. De acuerdo con su propio relato, primero buscó establecer una reputación de rigidez y crueldad amenazando con ejecutar a todos los prisioneros. Luego, aplicó la técnica de «divide y vencerás». La mayor amenaza a la paz de la región era la alianza de Juchitán y Tehuantepec en contra del anticlericalismo de las Leyes de Reforma, en particular aquellas relativas al matrimonio y el registro civil que promulgó Juárez en Veracruz en 1859. Díaz buscó fomentar dificultades entre las dos comunidades y revivir las hostilidades que durante mucho tiempo habían existido, al hacer correr, entre los tehuanos, el rumor de que había abastecido de armas a los juchitecos. Cuando las inevitables hostilidades estallaron durante la fiesta local para celebrar el Año Nuevo en Tehuantepec, Díaz aprovechó para atacar a los tehuanos atrayendo, según él, a más de 2 000 nuevos reclutas juchitecos para sus debilitadas fuerzas.

En vez de mostrarse antagonista, buscó también acomodar lo que más tarde llamaría el fanatismo religioso de los istmeños, permitiendo, por ejemplo, que el cuerpo de un dignatario juchiteco fuese embalsamado de acuerdo con las prácticas culturales locales. También le costó mucho trabajo convencer a los juchitecos de que las Leyes de Reforma no constituían una amenaza a la Iglesia, lo cual hizo, irónicamente, mediante los buenos oficios del sacerdote dominico local de habla zapoteca, Mauricio López.

Una visita a Tehuantepec en 1859 realizada por el ingeniero francés Charles Étienne Brasseur para evaluar la viabilidad comercial de un ferrocarril que atravesara el Istmo, ofrece un intrigante retrato de Díaz como comandante militar:

Zapoteca puro, ofrecía el tipo indígena más hermoso que hasta ahora he visto en todos mis viajes […] Alto, bien hecho, de una notable distinción; su rostro de una gran nobleza, agradable bronceado, me parecía revelar los rasgos más perfectos de la antigua aristocracia mexicana […] La buena opinión que tuve de él, a primera vista […] sería desear que las provincias de México fueran administradas por hombres de su carácter.[42]

A pesar del hecho de que Díaz era mestizo, Brasseur lo describió como un descendiente directo de Cosijopi, el príncipe zapoteco de Tehuantepec en los tiempos de la conquista española. Haciendo a un lado sus inexactitudes históricas, la descripción de Brasseur hace ver dos aspectos importantes de la autoridad política de Díaz. Primero, sus cualidades «naturales» de liderazgo y, segundo, el nivel de su identificación personal con el linaje indígena y su empatia con las preocupaciones y aspiraciones de las comunidades indígenas de México.

En el transcurso de su carrera militar, Díaz demostró con frecuencia su afinidad natural con el papel de caudillo, patriarca y patrón, al moldearse una reputación de generosidad y valentía (y también de crueldad), y al desarrollar una relación personal cercana con los oficiales y los hombres que estaban bajo su mando. Por ejemplo, se esforzó, al estilo caudillista, en asegurar el bienestar físico y material de sus hombres. Se aseguró de que los salarios de sus tropas se pagasen antes que los de los oficiales y que las provisiones esenciales fuesen una prioridad, sobre todo, por ejemplo, la distribución del pulque.[43] También afirma que durante la campaña de la sierra mixteca en Oaxaca en 1865 y a principios de 1866, a pesar de que los recursos fuesen tan escasos que sus oficiales no pudieran recibir su paga, él continuó pagando el jornal de sus soldados.

Con frecuencia, las atenciones para con sus hombres iban más allá del deber normal de un oficial. En una ocasión, se pidió a Díaz que usara su habilidad como carpintero para amputar la pierna de uno de sus soldados, luego de que el médico local se desmayara ante una tarea tan desagradable.[44] Este cultivo de la confianza, la lealtad y la deferencia entre las tropas a su cargo tenía el respaldo de una memoria prodigiosa para los nombres, los detalles personales y las conexiones familiares; una habilidad que, más adelante, encontraría un buen uso político.

Díaz también mostraba cierta preferencia por las tácticas de guerrilla, lo cual le permitía explotar su talento para la improvisación, la astucia, y el engaño; talentos que también serían de utilidad política durante su futura carrera.[45] Sin embargo, era. un creyente fervoroso de la necesidad de la disciplina militar; en 1866 declaró: «Demasiado conocida es mi opinión en materia de ordenanza; aplicóla siempre con rigor».[46] También cultivó, de manera deliberada, una reputación de crueldad, tanto entre los miembros de sus tropas, como entre las de su enemigo. Era riguroso con los desertores, pero sobre todo con los prisioneros. Parecía seguir, con cierto disfrute, la directiva de 1862 de que los mexicanos al servicio de Maximiliano deberían ser ejecutados.

Su política no respondía a una sed personal de sangre, sino que reflejaba un cálculo deliberado, incluso frío, de los efectos psicológicos que el terror y el miedo ejercían en sus enemigos y sus partidarios. Díaz comentó en 1866, durante la campaña para retomar la ciudad de Oaxaca, que «esa circunstancia me inspiró la idea de adoptar en mi correspondencia y algunas veces en mi conducta, un tono amenazador e inexorable para todos los traidores [palabra que usaba constantemente para describir a los mexicanos que apoyaban a Maximiliano] y que me dio muy buenos resultados».[47]

Más adelante justificó esta medida con el siguiente análisis de la naturaleza humana, el cual proporciona una visión de su conducta en la vida, no solo militar, sino política: «Desgraciadamente el corazón humano se guía del miedo más que de otros sentimientos, y cuando era preciso influir eficazmente en el ánimo del enemigo para desmoralizarlo, se hacían indispensables actos ejemplares de rigor y energía, aun cuando después tuvieran que lamentarse»/[48]

El relato del propio Díaz da también una idea del apoyo popular que era capaz de generar entre los habitantes indígenas del México del sur y del centro por la causa liberal y patriótica. Asegura haber respetado las tradiciones y costumbres locales indígenas al negarse a obligar a las comunidades a proporcionar fondos y provisiones para la campaña y, de ser posible, reducir los impuestos.[49] Afirmaba que, cuando los recursos eran escasos, como ocurría con frecuencia, se negaba incluso a tomar préstamos forzados de los pueblos. Escribió: «No quiero extorsionar, es contra mi carácter y educación».[50]

Cuando era jefe político de Ixtlán en 1855, se enfrentó al recelo de los habitantes de la sierra norte de Oaxaca para el reclutamiento en las unidades de la Guardia Nacional que estaba organizando. Díaz se vio obligado a negociar con las comunidades locales los términos y las condiciones del servicio. A los que aceptaron reclutarse, les ofreció la impunidad ante el encarcelamiento por ofensas menores y, como incentivo adicional, les otorgó acceso exclusivo al club de gimnasia que él, quien durante toda su vida fue un fanático de la buena condición física, había organizado.[51]

En retrospectiva, la experiencia de Porfirio Díaz como comandante de la Guardia Nacional, durante los últimos años de la década de 1850 y en la década de 1860, no solo fue una parte crucial para su educación política, sino que también ayuda a explicar las razones del apoyo que recibió después de 1867. Como lo indican las investigaciones recientes, la Guardia Nacional se convirtió en una agencia que filtraba la ideología y los valores del liberalismo hacia las comunidades del centro y del sur de México, desde la Revolución de Ayutla hasta la guerra de Reforma y de la Intervención francesa. Algunos de los principios fundamentales del liberalismo —el gobierno local representativo y la autonomía municipal, la abolición del diezmo y de los cargos obligatorios y la defensa cívica basada en una Guardia Nacional reclutada localmente— recibieron una respuesta popular entusiasta en el sur y el centro del país.’[52]

De acuerdo con Marcelo Carmagnani, la formación de las unidades de la Guardia Nacional en las décadas de 1850 y 1860 se hizo con la intención de crear una milicia local que no solo «mantuviera la paz» en las áreas de inestabilidad rural (de las que había muchas), sino que asegurara la dominación del poder «hispano-mestizo»; en otras palabras, controlar las tendencias indígenas a la insurrección. Como resultado, la organización de la Guardia Nacional sirvió solo para fortalecer, no para socavar, el universo ideológico y social que separaba a la burguesía criolla liberal de los pueblos indígenas.[53]

Por contraste, Guy Thomson plantea que, en el contexto de un Estado central débil, las unidades de la Guardia Nacional eran capaces de actuar para garantizar y proteger la autonomía de los pueblos. Además, el énfasis que se ponía en los derechos de los soldados y en la elección popular de los comandantes locales extendió el alcance de la soberanía popular.[54]

La experiencia del propio Díaz como comandante de la Guardia Nacional en Oaxaca en la década de 1850 sugiere que, en aquel período, ambos tipos de unidad de Guardia Nacional podían existir y que, de hecho, existieron. El tipo de organización militar y su impacto en la sociedad local dependían claramente de los contextos regional y subregional y de las circunstancias locales. La unidad que organizó en 1855, siendo jefe político de Ixtlán en la sierra norte, una región con una fuerte tradición de propiedad comunal, elección de funcionarios municipales y un sistema de cargos recíprocos, se asemeja más al modelo de Thomson. Pero la organización militar de los juchitecos que Díaz llevó a cabo siendo comandante militar de Tehuantepec entre 1858 y 1859 parece tener más en común con el modelo de Carmagnani, pues en el Istmo la autoridad estatal era fundamentalmente débil y la necesidad de controlar las tendencias insurreccionales era proporcionalmente mayor.

Por consiguiente, las investigaciones que se han realizado sobre la naturaleza de las movilizaciones populares que tuvieron lugar durante las campañas militares entre 1855 y 1867 han planteado preguntas importantes relativas a las fuentes de apoyo a la causa liberal en el México rural. La evidencia sugiere que el liberalismo de mediados del siglo XIX ya no podía entenderse, según propone la historiografía más tradicional, como un proceso de modernización de «arriba para abajo» apoyado solo por una élite liberal, ni como un proyecto que, de manera fundamental, había fallado en la eliminación de los vestigios del pasado colonial. En su lugar, ahora tenemos una imagen mucho más sutil de un proceso interactivo en el que las comunidades rurales podían identificar algunas ventajas claras en algunas de las reformas que defendía el liberalismo, así como rechazar otras; de este modo evolucionaba lo que Florencia Mallon llama un «discurso contrahegemónico» mediante el cual se podía negociar con las élites regionales y con las autoridades políticas locales a cambio de una movilización y un apoyo para la causa liberal.[55]

Esto ayuda a explicar el apoyo crucial que Díaz recibió en el centro y sur del país para sus campañas políticas posteriores a 1867. No puede haber duda de que Díaz estaba consciente de la contribución fundamental que representaban los habitantes indígenas para la victoria de la causa liberal. Sabía que los triunfos liberales ocurridos entre 1855 y 1867, así como su ocupación de la presidencia en 1876 no habrían sido posibles sin las movilizaciones ni la participación activa de los pueblos. Al mismo tiempo, estaba consciente de las contradicciones que la construcción del Estado, la centralización política y la modernización económica representaban para los intereses de las comunidades indígenas. En 1894, Díaz escribió al gobernador de Puebla, Mucio Martínez, recordando los años de la Reforma, claramente comprensivo del sufrimiento indígena a manos de los agentes de la modernización:

Nunca recomendaré a usted demasiado que ponga toda su atención y toda la protección que nos merecen los indios puesto que son la carne de cañón en que hemos apoyado nuestro esfuerzo para cambiar la situación moral y política del país. Con ello, hemos llegado a una plausible victoria que pacíficamente nos están convirtiendo en derrota las ambiciones de especuladores a quienes la nación no debe ni un suspiro.[56]

Sin embargo, al mismo tiempo, Díaz compartía la visión de la mayoría de los liberales mexicanos decimonónicos de que las creencias y las prácticas culturales tradicionales de los indígenas eran ejemplos de fanatismo y de que la máxima necesidad para las comunidades indígenas era la educación científica.[57] Como sostiene Enrique Krauze, su experiencia en el Istmo muy bien puede haberlo puesto en contacto con sus raíces étnicas, pero Porfirio llegó a la conclusión de que sus aliados juchitecos eran fanáticos y, fundamentalmente, motivo de desconfianza:

Debo advenir que, no obstante el carácter eminentemente belicoso de los juchitecos, constituyen un gran peligro para el jefe que los manda si no los conoce bien, porque antes de todo combate y de salir de su pueblo, si hay que ir a pelear lejos, se embriagan tan exageradamente que cometen todo género de desórdenes, se hieren y matan en gran número.[58]

Como resultado tanto de la experiencia como de la convicción, Díaz compartió la visión de los liberales de la élite urbana sobre cómo las prácticas y estructuras económicas, sociales, políticas y culturales del México rural constituían un obstáculo para el progreso material y social, para el desarrollo económico y para la ciudadanía, y la misión fundamental era liberarlos de la ignorancia.[59] De esta manera, queda claro que las afiliaciones de Díaz estaban del lado del progreso, convencido de que a largo plazo sería para el beneficio de los pueblos. Sin embargo, entendió las causas de la resistencia comunitaria y siempre estuvo preparado para negociar y convencer, en lugar de forzar.

El relato seco y sobrio que Díaz hace en sus memorias referente a su carrera militar tiene, con toda claridad, la intención de impresionar al lector con sus cualidades de liderazgo, sabiduría, disciplina, sacrificio y heroísmo. Debe leérsele con extremo cuidado. También debe tomarse en cuenta el contexto de su composición, treinta años después (en 1892), como parte de una estrategia para crear un culto a su personalidad frente a la campaña política para su tercera reelección. De acuerdo con la visión muy crítica de Francisco Bulnes, las Memorias de Díaz deben leerse de la misma manera que los clásicos de la ficción romántica del siglo XIX, y las compara con Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Para Bulnes, Díaz fue culpable de satisfacer una «glotonería de gloria, en busca de su ambición […] seguro de que era posible engañar al mundo, particularmente a México, con las mentiras más descaradas». Orras fuentes sugieren que las memorias presentan una versión incompleta de los hechos.[60]

El relato del propio Díaz es incluso menos comunicativo en cuanto a los detalles de su carrera política inicial. Después del restablecimiento de Juárez en la presidencia en junio de 1861 y siguiendo órdenes de desmovilización de todas las unidades de la Guardia Nacional de todos los estados, Díaz «descubrió», a su regreso a Oaxaca en junio de 1861, que había sido «electo» diputado del distrito de Ocotlán en el Segundo Congreso Nacional. Su relato implica que él ni había solicitado ni había hecho campaña para obtener este puesto y que, de acuerdo con las prácticas electorales habituales de la República Restaurada, él no había sido electo, sino designado.

Sin embargo, su participación en el Congreso fue poco duradera, pues, con la noticia de que los conservadores atacarían la Ciudad de México ese mismo mes, Díaz presentó su discurso inaugural (y el único) en el Congreso solicitando el permiso, como soldado que era, para no desperdiciar sus habilidades en debates políticos, sino usarlas combatiendo al enemigo. Muchos biógrafos han sugerido, de acuerdo con su postura porfirista o antiporfirista, que esto era un claro indicador de su disgusto, o ineptitud, para el debate político.[61] Durante los siguientes seis meses, su carrera estuvo enfocada, necesariamente, a los asuntos militares, culminando con el más famoso de sus éxitos militares: la recuperación de Oaxaca (en las batallas de Miahuatlán y La Carbonera), Puebla y la Ciudad de México en 1866 y 1867.

Las memorias terminan abruptamente en 1867, con la derrota y ejecución de Maximiliano y la restauración de la República bajo la presidencia de Juárez. Díaz afirma que, una vez realizado su deber patriótico al liberar a México del yugo de la dominación extranjera, él estaba dispuesto a retirarse a la vida privada y a su hacienda en su ciudad natal de Oaxaca para explotar los frutos de su honesta labor. Así, cuando el Congreso estatal de Oaxaca lo nombró Benemérito de Oaxaca y le otorgó la hacienda La Noria, cercana a la capital del estado, declaró que se embarcaba felizmente en una nueva carrera como empresario y hombre de familia. Sin embargo, aquí sus memorias llegan al punto más deliberadamente falso. La participación de Díaz en la política liberal radical, el éxito de su carrera militar, su estatus de héroe patriótico nacional, su experiencia política en las áreas que estaban bajo su jurisdicción militar y, por último, aunque no menos importante, sus ambiciones personales, implicaban que era inevitable que se involucrara aún más en la política nacional.

CAPÍTULO 3

EL LARGO CAMINO A LA PRESIDENCIA:

1867-1876

Ningún soldado de honra y patriota debe sostener a un gobierno que quebranta el pacto celebrado con el pueblo que se llama Constitución.

PORFIRIO DÍAZ, 1876.

De la carrera de Díaz a partir de 1854 se deduce que era, de corazón, un ser no solo intensamente político sino muy ambicioso. Su inmersión en la política liberal radical de Oaxaca, su comandancia militar de Tehuantepec y, sobre todo, su período como comandante del Ejército de Oriente entre 1863 y 1867 le proporcionaron una experiencia política vital y un verdadero poder, considerando que, en el área a su cargo, se vio obligado a cumplir no solo funciones militares, sino políticas, administrativas, y judiciales.

También se había establecido como portavoz del ala radical del Partido Liberal (a quienes se llamaban puros o jacobinos), como defensor de la Constitución de 1857 y como paladín de los derechos locales y municipales. Durante sus largas campañas, había creado alianzas en todo el amplio espectro de la sociedad mexicana, de acuerdo con las tradiciones caudillistas de la cultura política decimonónica. Había desarrollado una extensa red de contactos dentro de las unidades de la Guardia Nacional y había hecho numerosos nombramientos militares y políticos (comandantes militares y jefes políticos) en el área de su jurisdicción. Un gran número de estos mantendría su lealtad al jefe durante los años turbulentos de la República Restaurada. Por lo tanto, también estaba identificado con la defensa de los intereses militares, afectados profundamente al término de la guerra debido a la inminente desmovilización y la reducción de las fuerzas activas de alrededor de 60 000 a unos 20 000.

Igualmente importante, si no es que más, fue el hecho de que adquirió el prestigio de un héroe nacional respetado y popular, alabado en la prensa nacional como el Héroe del 2 de Abril, defensor más sobresaliente y exitoso de la integridad y la soberanía de la nación frente a la agresión extranjera. Un factor que se descuida con frecuencia es que, en 1867, disfrutaba de una muy favorable cobertura en la prensa.[1] No solo se le alababa por ser el único comandante mexicano que había derrotado al ejército francés, sino por sus cualidades personales y administrativas, es decir, su probidad financiera, su disciplina militar, su rectitud moral y la ausencia de escándalos públicos o privados. Fue motivo de alabanza en la prensa nacional al anunciar su falta de ambición personal por su decisión de «retirarse de la vida pública» para consagrarse al negocio y a la familia en su hacienda de La Noria, así como por su renuncia a la comisión de 1867 (aunque era muy probable que si él no lo hacía el presidente Juárez lo habría destituido). En resumen, se le consideraba la encarnación de uno de los héroes clásicos de la república romana, Cincinato, el pacífico labrador de la paz, «arrancado de su arado para asumir la dictadura y derrotar a los enemigos de la República, para luego regresar a sus cultivos».[2]

Si 1867 representó una nueva fase en la carrera política de Díaz, también lo hizo en su vida personal. En marzo de 1867 se casó con su sobrina Delfina Ortega, de 20 años, hija de su hermana Manuela.[3] Su primer hijo nació en 1868, pero murió dos años después. La tragedia continuó marcando la vida de la familia Díaz-Ortega, pues sus tres primeros hijos murieron durante la infancia. Porfirio Germán, el primogénito, y Camilo, nacido en 1869, murieron en 1870; Luz, nacida en 1871, murió en 1872.

Solo el cuarto, Deodato Lucas Porfirio, conocido como Porfirito, (1873), y la quinta, Luz Aurora Victoria (1875), sobrevivieron la infancia. Victoria Francisca (quien sería el séptimo de sus hijos) nació muerta y Delfina murió poco después, en abril de 1880, como resultado de complicaciones originadas durante el parto. Es probable que esta trágica historia familiar sea el resultado de la consanguinidad. Díaz demostró su estoicismo característico frente a estas tragedias, aunque reveló sus sentimientos reales en una carta de 1870 escrita a su «querido compadre y amigo» y futuro presidente, Manuel González, después de la muerte de sus dos primeros hijos: «Usted sabe lo que es perder un hijo; pero no tiene idea de lo que es perder dos de una vez o más, creo propiamente hablando, perder todos los que tiene uno, es lo mismo que perder el amor a la vida, al trabajo y a todo lo que ya no tiene objeto viendo perdidos los hijos».[4]

A pesar de las tragedias de su vida personal, era casi inevitable que se convirtiera en futuro candidato a la presidencia debido a las circunstancias políticas prevalecientes. Esto fue más claro aún al desarrollarse profundas divisiones en las filas del Partido Liberal a raíz de la conclusión de la exitosa campaña militar contra Maximiliano en 1867. Estos amargos conflictos políticos fueron característicos de todo el período de la República Restaurada (1867-1876), pues las diferentes facciones del partido —los partidarios de Benito Juárez (juaristas), de Sebastián Lerdo de Tejada (ierdistas), de Porfirio Díaz (porfiristas) y de José María Iglesias (iglesistas)— luchaban por ganar las riendas del poder. Este intenso conflicto faccional se ha interpretado, con frecuencia, con base en las diferencias de personalidad o de ambición individual y, en parte, con base en la ideología (puro contra moderado o conservador-liberal). Sin embargo, en los círculos políticos y periodísticos se percibía claramente que los candidatos hablaban por electorados muy diferentes. Como lo explicaba Ignacio Ramírez, uno de los intelectuales liberales más destacados (y porfirista confeso), los juaristas eran los que tenían el cargo político y los burócratas de la República Restaurada, que buscaban mantener el poder; los lerdistas eran hombres «ricos e inteligentes» (la élite económica y política), que buscaban preservar el orden y el statu quo; mientras que los porfiristas eran «radicales y progresistas» y constituían el partido «del pueblo».[5]

El primer cisma serio entre las filas del Partido Liberal se había presentado en 1865 como resultado de la oposición interna al decreto del presidente Juárez, en noviembre, de extender su período de gobierno hasta que pudieran llevarse a cabo elecciones. El desafío a este «acto anticonstitucional» llegó de parte del general Jesús González Ortega, presidente de la Suprema Corte desde 1863. Debido a que el presidente de la Suprema Corte era el próximo en la línea de sucesión a la presidencia misma, el cargo se convirtió en el origen de una actividad política significativa durante la República Restaurada. No solo González Ortega, sino también Lerdo e Iglesias lanzarían su candidatura a la presidencia desde su ejercicio en 1872 y 1876, como ya lo había hecho el mismo Juárez en 1858. En todo caso, Juárez se mostró más hábil que González Ortega, quien fue arrestado al regresar de un exilio voluntario en diciembre de 1866, a raíz de un decreto que hacía arrestar a todo el personal de gobierno o militar que hubiese dejado el país durante la Intervención, Fue liberado con la condición de retirarse de la actividad pública.[6]

El reto de González Ortega fue neutralizado de manera rápida y efectiva. Díaz, con su precaución característica y deseando claramente no verse comprometido, se negó a hacer comentarios directos relativos a la extensión del período de Juárez; se limitó a indicar que había cumplido con las indicaciones gubernamentales de publicar el polémico decreto en el área de su jurisdicción. Sin embargo, apenas podía ocultar su oposición. Escribió enigmáticamente a Matías Romero: «He hecho publicar los últimos decretos del gobierno. El primero, sobre la prórroga del período constitucional del presidente, ha sido recibido con satisfacción. Nada había dicho a usted de esto, porque mi conducta no interrumpida consiste en obedecer o retirarme cuando no me agrada la marcha de la política».[7]

La controversia hizo resaltar lo que se convertiría en el desafío fundamental porfirista a las administraciones de Juárez y de Lerdo entre 1867 y 1876: que los regímenes correspondientes eran culpables de abusar de la Constitución de 1857 al intentar crear una dictadura perpetua mediante la manipulación del proceso electoral y la centralización del poder político para, así, socavar la soberanía de los estados dentro de la República Federal. En pocas palabras, Juárez y Lerdo eran culpables de un «centralismo ejecutivo» y de un despotismo personalista.

El segundo y más profundo conflicto interno en el campo liberal fue el resultado de la convocatoria a las elecciones populares de agosto de 1867. En ella, Juárez intentaba introducir reformas constitucionales (incluyendo la creación de una segunda cámara, o Senado, y la introducción del veto presidencial), pero también buscaba evitar el procedimiento constitucional con el que podían realizarse dichas enmiendas. Mediante un plebiscito se pedía a los electores que aprobaran el principio de que el Congreso tendría el poder de ratificar las enmiendas sin previa aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.[8]

El respaldo de Juárez para una reforma constitucional produjo acusaciones, primero del ala radical (pura o roja) del partido, sobre sus aspiraciones «presidencialistas» o dictatoriales, y sirvió para agrandar las divisiones que durante mucho tiempo se habían estado formando en el Partido Liberal. El grado de oposición a la convocatoria dio un mayor ímpetu y un mayor sabor a las elecciones presidenciales de octubre de 1867, pues el ala radical realizaba entonces una campaña activa en favor de la candidatura de Porfirio Díaz y en contra de Juárez. De hecho, sin el crecimiento de la oposición a Juárez en el verano de 1867, es cuestionable que Díaz se hubiera presentado como candidato.

LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE 1867

La candidatura presidencial de Díaz en 1867 buscaba sacar provecho político a raíz de sus éxitos militares, de su defensa de la soberanía mexicana y de la Constitución de 1857 y de su implacable oposición a los conservadores, a quienes llamaba «traidores». En 1864, el general conservador José Uraga, su antiguo camarada de armas, había invitado a Díaz a unirse a la causa imperial. En su respuesta, Díaz adoptó el discurso de la lucha patriótica y sostuvo que unirse a Maximiliano constituía «la destrucción del hermoso pabellón, emblema de las libertades e Independencia de México: la misma República libre y soberana que heredamos de nuestros padres».[9]

Lo que impulsó la candidatura de Díaz en 1867 no fue tanto un reflejo de las diferencias personales con Juárez, ni siquiera del choque entre los defensores del gobierno civil (civilismo) y los del gobierno militar (militarismo), como lo fue la articulación de una seria preocupación del ala radical que se había manifestado con respecto a la convocatoria.[10] Esta quedó expresada claramente en la protesta vocal de la mayoría de los periódicos liberales que se publicaron en la Ciudad de México después de 1867, muchos de los cuales habían sido, hasta entonces, partidarios incondicionales de Juárez. La protesta fue tan fuerte que Juárez se vio obligado a capitular en lo referente a las reformas propuestas, particularmente sobre el procedimiento de ratificación de las enmiendas constitucionales.[11]

Es importante señalar que una gran cantidad de periódicos no solo se limitó a expresar su oposición a la convocatoria, sino que, de manera simultánea, comenzó a apoyar la candidatura de Díaz. Los editoriales favorables en los periódicos de Manuel María Zamacona, El Globo; de Ignacio Altamirano, Correo de México; y de Ireneo Paz, El Padre Cobos, indicaban que Díaz ya gozaba del apoyo de los líderes intelectuales liberales más importantes de la época. De esta manera, estaba listo el terreno para que una facción, incluso un partido antijuarista, llamado Partido Constitucionalista o Progresista, surgiera con una plataforma coherente y que eligiera a Díaz como su candidato.

La reacción del propio Díaz ante las crecientes declaraciones públicas de apoyo era reservada y cautelosa. De acuerdo con las costumbres de las campañas electorales del siglo XIX, no dio discursos políticos o de campaña (como tampoco lo hicieron sus oponentes) y se negó a comprometerse. Parece haber seguido muy de cerca el consejo de su amigo político más cercano, Justo Benítez, como lo había hecho desde su temprana asociación con la camarilla liberal radical de Oaxaca en la década de 1850. Benítez «imploró» a Díaz:

Ahora sobre esto te suplico que tomes por sistema un carácter reservado, completamente reservado, y que todo el que te hable en ese sentido, procures contestar que el país tiene derecho de confiar sus destinos a quien mejor le convenga. Pero sobre todo, mejor que entres en discusión es callar; que en boca cerrada no entran moscas.[12]

Sin embargo, el creciente impulso de la campaña electoral hacia finales de 1867 no era suficiente para asegurar la victoria de Díaz. El prestigio de Juárez, por no decir su popularidad, en combinación con una hábil manipulación electoral, hizo ganar la elección al presidente en turno. Por ejemplo, de acuerdo con Ballard Perry, Juárez había sustituido a los gobernadores inconformes de los estados clave (especialmente Guanajuato y Puebla), y los nuevos nombramientos, a su vez, habían reemplazado a los jefes políticos para asegurar que los votantes de los colegios electorales de distrito otorgaran un sufragio favorable. El resultado del Colegio Electoral era previsible: Juárez obtuvo 7,422 votos, Díaz 2,709. Y en la elección para la presidencia de la Suprema Corte, realizada de manera simultánea, Sebastián Lerdo obtuvo 3,874 votos y Díaz 2,841.[13]

Comprensiblemente, la reacción de Díaz ante el fracaso en su primer intento de conquistar la presidencia fue de decepción y frustración. Escribió a Miguel Castro, gobernador provisional de Oaxaca, socio íntimo y amigo cercano a Juárez:

[…] pues aunque manifiesta que es voluntad del Estado [la victoria de Juárez], ya sabemos lo que vale la voluntad de los pueblos, ante la de los gobernantes, y que haya hecho postular al hombre que antes del 14 de agosto [se refiere a la convocatoria] era nuestra bandera, nuestro orgullo, y el fundamento de nuestras esperanzas; pero que con su procedimiento de esa fecha si bien no ha demostrado nuestra gratitud y nuestra amistad, ha demostrado que no es tal hombre en cuyas manos debemos poner el porvenir de la nación; que conozco bien la opinión de toda la República y no creo que saldrá electo.[14]

La afirmación de Díaz de hablar por «la opinión de toda la República» demuestra no solo su base política amplia y su retórica patriótica, sino su determinación de regresar a la política cuando se presentase la oportunidad. A corto plazo, regresó a Oaxaca y a su hacienda La Noria que le había sido otorgada por la legislatura estatal como recompensa por sus servicios al Estado y a la nación. Se convirtió en granjero y empresario, cultivó caña de azúcar y demostró su compromiso con el progreso material y económico al ayudar a establecer el primer enlace telegráfico entre Oaxaca y la Ciudad de México. Al mismo tiempo, estableció una fábrica de armas y municiones en La Noria para satisfacer una pasión de toda la vida, pero también como preparación para posibles eventualidades. Como después comentaría Francisco Bulnes, con su ironía característica, la maquinaria instalada en la fábrica «debía dedicarse y se dedicó, al cultivo de la caña de azúcar; y tal vez para aumentar el grado sacarino del jugo estableció una fundición de cañones rayados dirigida por él mismo».[15]

Por lo tanto, sería erróneo afirmar que sus ambiciones políticas habían disminuido, pues en Oaxaca tenía la base política ideal para llevar a cabo su siguiente intento hacia la presidencia en 1871. En la recomposición de su alianza política, tuvo un amigo valioso, aunque en ocasiones inconsistente y terco: su hermano Félix (conocido con el apodo de El Chato), quien había ganado la gubernatura de Oaxaca en noviembre de 1867.

LOS HERMANOS DÍAZ EN OAXACA, 1867-1871

Porfirio Díaz había hecho una contribución importante a la carrera política de su hermano al nombrarlo comandante militar de Oaxaca en la primavera de 1867, cuando aquel todavía era comandante del Ejército de Oriente. Sin embargo, para la victoria de los hermanos Díaz en Oaxaca fue necesaria la neutralización efectiva del fuerte apoyo que gozaba Juárez entre los liberales moderados (conocidos como borlados) en la capital del estado y, sobre todo, en su baluarte minera de la sierra norte, lugar de su nacimiento. Ahí, los tenientes fieles a Juárez, Miguel Castro, Fidencio Hernández y Francisco Meixueiro, mantenían una poderosa influencia, respaldada por las unidades locales de la Guardia Nacional. También fue necesario aliviar la distancia entre Porfirio y el Chato, debido al rechazo de este para aceptar el consejo de su hermano mayor respecto de que un acercamiento a los juaristas comprometería su libertad de acción.

La relación entre los dos hermanos mejoró durante 1868 y su control sobre la política del estado se extendió mediante nombramientos (particularmente los de jefes políticos) y la reconstrucción de las unidades de la Guardia Nacional en el estado.[16] El éxito de esta estrategia se confirmó con las elecciones para el Congreso del estado en noviembre de 1869, las cuales aumentaron el número de partidarios de los Díaz. Como resultado, pudieron plantear un desafío al intento de Juárez y sus agentes en Oaxaca de ejercer influencia en las próximas elecciones para gobernador en junio de 1871, en las que el Chato fue reelecto sin oposición. Los resultados simultáneos de los distritos electorales de Oaxaca para los candidatos a la presidencia confirmaron la hegemonía de los hermanos Díaz en el estado; no se registró ni un voto para Juárez o para Lerdo.[17]

Sin embargo, a pesar de estas cifras de votación, era claro que ciertas áreas clave de Oaxaca, en particular la sierra norte y el Istmo de Tehuantepec, seguían estando más allá del control de los hermanos Díaz. De acuerdo con las memorias de Porfirio, Fidencío Hernández había apoyado, de manera inicial, la causa, pero había desertado para ser recompensado por Juárez con el ascenso a general brigadier. La falta de apoyo en la sierra norte habría de tener repercusiones importantes en el éxito de la rebelión en contra de Juárez que planeaban los hermanos, y sería crucial, tiempo después, para la toma definitiva del poder en 1876.[18]

Las maquinaciones políticas en Oaxaca entre 1867 y 1871 demostraron que, en efecto, Díaz no se había retirado de la actividad política. De hecho, su actividad creció a medida que el régimen de Juárez empezó a verse cada vez mas asolado por rebeliones regionales y por insurrecciones agrarias y campesinas a lo largo de toda la zona del centro y del oeste de México durante 1868 y 1869. Aunque, a pesar de las frecuentes invitaciones, se había negado públicamente a encabezar alguna de estas revueltas en contra de Juárez, es claro que había decidido, mucho antes de las elecciones presidenciales de julio de 1871, que un levantamiento armado en contra del gobierno no solo estaba justificado sino que, además, era la manifestación de su destino político.

LA REBELIÓN DE LA NORIA, 1871-1872

La fracasada rebelión de La Noria se ha interpretado, con frecuencia, ya como la manifestación de la abrumadora ambición personal de Díaz, ya como un triunfo para Juárez y para el imperio de la ley. Sin embargo, es mejor entenderla en el contexto del fracaso general del proyecto liberal de la República Restaurada, de la profundización del cisma faccional dentro del Partido Liberal y el creciente uso de prácticas no constitucionales por parte de los principales contendientes políticos (Juárez, Lerdo y el mismo Díaz) para conseguir el poder.[19]

El profundo cisma dentro de las filas liberales y la creciente insatisfacción hacia el gobierno de Juárez se hicieron cada vez más evidentes en el transcurso de 1869 y 1870. Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte y juarista leal desde inicios de la década de 1860, había cultivado progresivamente un importante grupo de partidarios dentro del Congreso Nacional y en los gobiernos de los estados clave (particularmente en los de Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos y Jalisco), En cuanto fue claro que Juárez buscaría la reelección en 1871, Lerdo renunció al gabinete en enero del mismo año para preparar su campaña, Al mismo tiempo, los partidarios de Díaz en el Congreso, dirigidos por Justo Benítez, continuaron con la promoción del general (y de la causa de la insurrección) mediante negociaciones intensas.[20]

Díaz no aceptó de manera formal que su nombre se presentara como candidato sino hasta enero de 1871. Su manifiesto, publicado el mismo mes en el periódico El Mensajero, resaltaba su programa político y las bases para su desafío a Juárez y a la postura política que había adoptado desde 1867. Prometía respetar la Constitución de 1857, asegurando elecciones libres y la soberanía de los estados dentro de la federación, además de combatir la corrupción y el derroche burocrático, así como, irónicamente, la intervención militar en la política. Una vez más, de acuerdo con la práctica política tradicional del siglo XIX, el candidato no tuvo mayor participación en la campana, la cual se realizó a través de la prensa.[21]

El resultado de la elección mostró que ninguno de los candidatos había ganado por una mayoría absoluta; los votos del Colegio Electoral quedaron como sigue: Juárez 5,837; Díaz 3,555; Lerdo 2,874. En consecuencia, se decidiría en octubre, después de la inauguración del Congreso Nacional. Sin embargo, las maniobras políticas que tuvieron lugar en el verano de 1871 no lograron consolidar la débil alianza entre lerdistas y porfiristas que había funcionado de manera esporádica durante el congreso previo, y Juárez fue declarado reelecto de manera oficial en octubre.

El 8 de noviembre de 1871, Porfirio Díaz lanzó el Plan de La Noria, publicado por el gobierno del estado de Oaxaca que estaba bajo el control de su hermano Félix. El gobernador Díaz se declaró parte de la rebelión contra el gobierno de Juárez bajo el estandarte de «la Constitución de 57 y la libertad electoral» y con el eslogan de «menos gobierno y más libertad».[22] A pesar de los llamados a una aplicación rigurosa de la Constitución y de la afirmación de defender las prácticas electorales, existe una evidencia clara de que Díaz había estado planeando una insurrección armada desde meses antes de las elecciones de julio de 1871. Desde noviembre de 1870, en su correspondencia con sus aliados militares y políticos más cercanos, hay referencias apenas veladas de la necesidad de un levantamiento armado, así como frecuentes referencias a los rumores en la prensa durante el verano de 1871. Al lanzamiento del Plan en noviembre le precedió una serie de levantamientos regionales dirigidos por los generales Treviño (Nuevo León), Trinidad de la Cadena (Zacatecas), Manuel González (Durango), que habían ocupado la atención de las fuerzas federales en el norte, lo cual permitió a Díaz combinar las fuerzas de Oaxaca y Puebla en un asalto a la capital.[23]

La campaña militar de Díaz fue un fracaso singular, a pesar de haber realizado un llamado para el apoyo del ejército regular al que en el Plan de La Noria él describía como «envilecido y oprimido», descuidado y pisoteado por el gobierno. Ignacio Mejía, ministro de Defensa y leal a Juárez, quien estaba al corriente del carácter y del alcance del plan porfirista, así como de los limitados recursos de los que disponía, organizó una eficaz estrategia militar para derrotar a los rebeldes. En los encuentros militares decisivos, los generales Ignacio Alatorre y Sostenes Rocha derrotaron a las fuerzas rebeldes de Puebla (en San Mateo Xindihui en diciembre de 1871) y de Zacatecas (en La Bufa en marzo de 1872). Es importante notar que la rebelión de Díaz no fue capaz de atraer el apoyo adecuado, ni siquiera en Oaxaca, en particular en la región crucial de la sierra norte, donde los caciques locales Fidencio Hernández y Francisco Meixueiro permanecieron leales a Juárez.

Un aspecto curioso de la rebelión que nunca ha sido explicado en su totalidad es que Díaz no estuvo presente en ninguno de los encuentros militares, y hay poca evidencia de que, durante la rebelión, haya ejercido un liderazgo militar o político visible. Después de enero de 1872, estuvo, en gran medida, fuera de alcance junto con sus aliados, buscando refugio en Chihuahua, a lo largo de la frontera en Texas y California y, posteriormente, en la región noroeste de México (Tepic), en un vano intento de conseguir el apoyo de uno de los caudillos regionales de México más intransigentes del siglo XIX, Manuel Lozada. La explicación más lógica de su ausencia sería el deseo de generar un mayor apoyo para la campana y de evitar ser capturado. También destaca el hecho de que la función primaria de Díaz en la rebelión era la de símbolo de una coalición suelta, heterogénea y, básicamente, descoordinada.

La conclusión definitiva de la rebelión de La Noria no llegó como consecuencia de la derrota militar o de un liderazgo sin coordinación, sino como consecuencia de la muerte repentina de Benito Juárez en julio de 1872, lo cual eliminó la principal razón de ser de la rebelión. Al día siguiente (19 de julio), Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte, fue nombrado presidente interino y, una semana después, organizó elecciones y ofreció, simultáneamente, la amnistía a los rebeldes porfiristas. Desmoralizados, con una carencia de coordinación y sin una justificación política para continuar con la insurrección, la mayoría de los comandantes de Díaz aceptaron los términos de la amnistía. Díaz se mantuvo evasivo hasta la aceptación final de la derrota en octubre de 1872. La fortuna política que lo había acompañado hasta entonces se vio mermada ese mes con la elección casi unánime de Lerdo como presidente constitucional.[24]

LA CAMPAÑA CONTRA LERDO, 1872-1876

Desde el inicio de la presidencia, fue claro que Lerdo de Tejada continuaría con la misma estrategia política que Juárez había mantenido desde 1867; defender la supremacía del poder civil, mantener el imperio de la ley pero, al mismo tiempo, introducir reformas constitucionales que mejorasen las funciones del ejecutivo, aumentando la autoridad del gobierno central vis a vis la autoridad de los estados y la del presidente en relación con el Congreso. Esta estrategia legalista y moderada estaba destinada a tener oposición, al igual que la tuvo Juárez después de 1867, de parte de la tradición liberal radical que apoyaba la «pureza» de la Constitución de 1857, la preservación de la soberanía popular y la autonomía municipal. Puesto que Díaz había actuado como símbolo de la causa liberal radical desde 1867, y aún contaba con un amplio apoyo popular fuera de los confines de la política formal, seguía siendo el principal adversario de Lerdo.

Sin embargo, como consecuencia del desastre de La Noria, Díaz había perdido un apoyo vital tanto dentro del Congreso como entre los gobernadores estatales, de quienes la mayoría habían sido nombrados o estaban asociados con Juárez o con Lerdo. La tarea durante los cuatro años siguientes sería reconstruir la coalición de oposición, pero, a diferencia de la fallida estrategia de 1867 o la de 1871, en las que Díaz, inicialmente, buscó el poder mediante el proceso electoral, la táctica elegida después de 1872 sería la de la rebelión militar. El hecho de que haya decidido defender la inviolabilidad de la Constitución con un golpe militar hace resaltar una de las paradojas centrales de la política liberal del siglo XIX en México; es decir, la búsqueda de instituciones representativas mediante medios antiliberales. Sin embargo, en lo referente al abuso de la práctica constitucional, sobre todo en la manipulación de la ventaja electoral, sería difícil afirmar que, antes de 1888, Díaz fuese más culpable que Juárez o Lerdo.[25]

El gobierno de Lerdo entre 1872 y 1876 creó controversia en varios campos; la creación de una segunda cámara o Senado (una de las propuestas de Juárez en la convocatoria de 1867) encontró oposición en el Congreso, y la forzada incorporación de las Leyes de Reforma atrajo las acusaciones de anticlericalismo y estimuló las rebeliones populares cristeras en el noroeste en 1874 y 1875. El gobierno de Lerdo se enfrentó también a una serie de levantamientos regionales (por ejemplo, del caudillo Manuel Lozada en Tepic y la rebelión yaqui al mando de José María Leyva Cajeme en Sonora). Lerdo se enfrentó también al Gran Círculo de Obreros de México en una serie de huelgas textiles y mineras, así como a intereses comerciales ante la negación de una concesión para un ferrocarril que, por primera vez, uniría directamente México con Estados Unidos. Lerdo prefería mantener la separación territorial entre México y Estados Unidos, pues implicaba una amenaza a la soberanía nacional. Con frecuencia se le cita insistiendo en mantener «entre la fuerza y la debilidad, el desierto».

Por encima de todo, fue la abierta intervención de Lerdo en la conducta de la política en los estados lo que dio un enfoque legítimo a las acusaciones que planteaba la oposición acerca del uso del autoritarismo y las prácticas anticonstitucionales. Una de las causas célebres que suscitó el antagonismo de la oposición porfirista fue la conducta de la administración lerdista en el estado de Nuevo León, donde las tropas federales establecidas en Monterrey (bajo las órdenes del general Carlos Fuero) forzaron a un «estado de sitio» y evitaron la elección del simpatizante porfirista, Francisco González Doria. Lerdo fue acusado también, no sin cierta justificación, de interferir en la política interna de Jalisco, donde los lerdistas se enfrentaron con Ignacio Luis Vallarta y Jesús Camarena, antes juaristas, y envió las tropas federales al mando del general lerdista José Ceballos, para supervisar las polémicas elecciones de 1875. La situación continuaba sin solución al momento en que estalló la rebelión de Tuxtepec en 1876, y fue claro que Díaz tenía apoyo en ambos estados.[26]

Una de las intervenciones y uno de los abusos a la soberanía estatal más importantes que cometió Lerdo durante su cargo, que tendría un impacto considerable en el resultado de la rebelión de Tuxtepec, fue en el estado natal de Díaz, Oaxaca. Aquí, los conflictos de la política interna se centraron en el enfrentamiento entre los partidarios de Miguel Castro, a quien Juárez había nombrado gobernador interino después del fracaso de la rebelión de La Noria en diciembre de 1871, y los del lerdista José Esperón. Las elecciones para gobernador de 1874 habían producido una legislatura local dividida y acusaciones sobre la usurpación del poder legislativo por parte de Castro. Con el tiempo, el caso llegó al Congreso Nacional, donde se votó a favor de Esperón y se envió a tropas federales, bajo el mando del general lerdista Ignacio Alatorre, con órdenes de destituir a Castro y de imponer a Esperón. Lejos de lograr la paz en el estado, los acontecimientos en Oaxaca sirvieron para alienar a los partidarios de Castro, sobre todo a los caciques juaristas de la sierra norte, los que se unieron a Díaz (quien antes había sido su enemigo jurado en la rebelión de La Noria en 1871) en una alianza en contra de Lerdo. Como resultado, los sucesos locales en Oaxaca aseguraron que Díaz tuviese una base sólida en su estado natal desde donde construir, desde el sur, la campaña de Tuxtepec.[27]

Francisco Bulnes, partidario de Lerdo entre 1872 y 1876, propone la interesante hipótesis de que los hechos de Oaxaca se precipitaron por una serie de manipulaciones del secretario de Defensa, el general Ignacio Mejía, oaxaqueño y leal a Juárez, quien a la muerte de don Benito en 1872, se convirtió abiertamente en líder de la facción juarista. Aparentemente ofendido por los esfuerzos de los lerdistas en el Congreso para promover la candidatura de Manuel Romero Rubio (en lugar de la suya) como sucesor de Lerdo en las siguientes elecciones de 1876, Mejía se vengó de los lerdistas dando una evidente ventaja militar a sus partidarios en Oaxaca (Castro, Meixueiro y Hernández) en oposición al gobernador lerdista Esperón. Bulnes afirma que el apoyo deliberadamente inadecuado de Mejía tanto a la guarnición federal en Oaxaca como a la campaña subsecuente para apoyar a Esperón garantizó no solo el éxito de la rebelión en contra de Esperón en enero de 1876, sino la supervivencia del estado como un bastión del antilerdismo. De acuerdo con Bulnes, la traición a Lerdo por parte de Mejía y el apoyo indirecto que esto aportó a la campaña de Díaz fueron la razón principal de la victoria de la rebelión de Tuxtepec.[28]

La maniobra política más polémica de Lerdo, misma que favoreció directamente la oposición porfirista, fue su decisión de buscar una reelección en 1876. Aunque la justificación era mantener la estabilidad, se produjo lo contrario. Como quedó demostrado en varias ocasiones a lo largo de la República Restaurada, el antirreeleccionismo se había convertido en uno de los temas centrales y más polémicos de la política mexicana del siglo XIX. Había formado una plataforma fundamental en la oposición a Juárez en 1865, 1867 y 1871, y seguiría siendo uno de los temas más discutidos para la oposición a Díaz a lo largo del porfiriato.[29] En 1876, con la ironía que tendría en el contexto de las futuras reelecciones de Díaz, se convirtió en la principal razón de ser de la rebelión de Tuxtepec.

LA CAMPAÑA DE TUXTEPEC, 1876

Ha habido mucha especulación acerca de los motivos que tuvo Díaz para encabezar una segunda rebelión militar después de que la primera fuera un fracaso tan rotundo. Por lo general se asume que lo motivaba principalmente la ambición personal. Los críticos de Díaz señalan que la rebelión de Tuxtepec, a diferencia de la de La Noria, no podía estar justificada como una respuesta a un fraude electoral, pues el plan original se había lanzado en enero de 1876, seis meses antes de las elecciones presidenciales que estaban programadas para julio. Mientras que no puede negarse la ambición personal, es importante no menospreciar el grado de oposición política y popular contra Lerdo que Díaz había capitalizado para 1876. También es importante hacer hincapié en que la causa porfirista estaba asociada con el antirreeleccionismo desde antes de la rebelión de La Noria.[30]

Es claro que en 1876 Díaz había preparado su campaña con mucho mayor cuidado que en 1871; precisamente por la derrota de La Noria, él y sus aliados en toda la República dedicaron una atención considerable a la evolución de una estrategia política y militar. Incluso antes del lanzamiento del Plan de Tuxtepec, Díaz dejó su hogar en la hacienda La Candelaria, en Tlacotalpan, Veracruz, para irse a Estados Unidos y establecer una base de operaciones en Brownsville, Texas, en diciembre de 1875.[31]

Las preparaciones políticas fueron tan importantes como lo fue la estrategia militar. La invitación para unirse a la rebelión se extendió a todos los gobernadores y a todos los comandantes militares regionales. El mensaje político de esta invitación era explícito: Lerdo había violado uno de los principios fundamentales del liberalismo del siglo XIX —la inviolabilidad de la Constitución del 57— y, por lo tanto, merecía ser destituido. Es representativa la invitación de Díaz al general José Guillermo Carbó, compañero de armas tanto en la guerra de Reforma como en la de la Intervención francesa, en un intento de convencerlo de los méritos de la causa de Tuxtepec. Esta invitación exonera a Díaz de la acusación de que solo estaba comprometido marginalmente con la causa del liberalismo radical:

Como caballero y hombre de patriotismo […] hermano y compañero de la segunda guerra de Independencia […] en la mano de usted está la pronta y sólida organización del naciente gobierno […] soy incapaz de aconsejar a nadie nada que no sea noble y digno. Recuerda usted que del señor Juárez me separé resueltamente en política a pesar de los vínculos de amistad estrecha que nos unían, solo porque yo juzgaba herida la Constitución con la convocatoria de 1867. Y ese paso del señor Juárez estaba muy distante de semejarse a los delitos políticos que ha cometido el señor Lerdo contra la Constitución. El gobierno ha perdido su título de legalidad […] un país no puede nunca llamarse verdaderamente constituido mientras sus hijos, y entre ellos principalmente los que mandan sus tropas, no resuelven a no seguir al gobierno sino por el sendero de la ley y cuando es el portaestandarte de sus libertades. Ningún soldado de honra y patriota debe sostener a un gobierno que quebranta el pacto celebrado con el pueblo que se llama Constitución.[32]

Sin embargo, la estrategia tuvo solo un éxito limitado entre los comandantes militares y los gobernadores estatales, pues la mayoría de estos fueron nombrados por Lerdo. Como era de esperarse, la respuesta fue mucho mayor entre los opositores políticos de la administración de Lerdo. Como un mayor incentivo para rebelarse, a aquellos que apoyaran el Plan de Tuxtepec («reformado» en Palo Blanco, Tamaulipas, en marzo de 1876) se les reconocerían sus puestos, sus títulos y sus honores militares, con la promesa adicional de un futuro cargo político.[33]

Desde el inicio, la campaña militar tuvo un solo objetivo fundamental: la creación de múltiples centros de rebelión mediante la actividad guerrillera, la cual no solo daría la impresión de un extendido apoyo nacional y popular, sino que mantendría al gobierno ocupado y así evitaría una campaña organizada para destruir las fuerzas rebeldes.[34] Después de los primeros meses de campaña, se adaptó la estrategia para establecer dos concentraciones principales de fuerzas rebeldes, la primera en el noreste y la segunda en el sudeste (con base en Oaxaca y Puebla), bajo el mando de uno de los caciques más importantes de la sierra de Puebla, Juan N. Méndez. El mismo Díaz condujo la campaña en el noreste hasta la «derrota» en Icamole (Nuevo León) en mayo, después de la cual este se hizo cargo de la campaña en el sudeste y Manuel González tomó la del noreste.[35]

La campaña militar no siempre se desarrolló sin contratiempos o apegada al plan, y sufrió de una falta de recursos, sobre todo de fondos para pagar las armas y el equipo. La campaña del norte no logró generar un apoyo generalizado. Aquí, el contingente más grande de las tropas del gobierno, bajo el mando del general Mariano Escobedo, mantuvo las actividades rebeldes en jaque. En este sentido se le ha considerado un fracaso, pero Ballard Perry sugiere que, al atraer la atención del gobierno de Lerdo hacia el norte, permitió que la campaña del sudeste floreciera. Fue la convergencia de las fuerzas rebeldes del sudeste con las del noreste lo que logró la victoria militar decisiva en Tecoac, Puebla, en noviembre de 1876.

Hay otro elemento crucial para la victoria de la rebelión de Tuxtepec: el hecho de que, a partir de su reelección en julio de 1876, Lerdo se enfrentó no solo a una insurrección porfirista cada vez más fuerte, sino a una segunda revuelta «legalista» conducida por José María Iglesias, quien desafió la legitimidad de las elecciones. Como presidente de la Suprema Corte desde 1873, Iglesias se vio involucrado en conflictos constitucionales con el gobierno de Lerdo desde mucho antes de 1876, con base en el derecho de la Suprema Corte a neutralizar las decisiones de los colegios electorales en los estados.

En 1876, el enfrentamiento entre Lerdo e Iglesias provocó una crisis en las elecciones presidenciales. Iglesias aseguraba que la reelección de Lerdo era fraudulenta e ilegal, pues en algunos de los casos las elecciones habían sido manipuladas y en otros, canceladas. Asegurando, no por primera vez en la historia de México en el siglo XIX, que su posición constitucional como presidente de la Suprema Corte justificaba su ascenso a la presidencia, Iglesias lanzó su revuelta desde Salamanca, Guanajuato, en octubre de 1876. Sin embargo, solo pudo lograr un nivel limitado de apoyo, a pesar del ofrecimiento de lealtad de los principales oficiales del Ejército Federal, por ejemplo de los generales Felipe Berriozábal, Sostenes Rocha e Ignacio Alatorre.[36]

Sin embargo, de manera fundamental, el reto de Iglesias fue eclipsado profunda y decisivamente por la victoria militar de la rebelión tuxtepecana en Tecoac, Puebla, el 16 de noviembre de 1876, donde el mismo Díaz dirigió la derrota de las tropas federales bajo el mando de Alatorre. En medio de la confusión resultante en toda la República en cuanto al ejercicio de la autoridad política central, y exacerbada por la huida de Lerdo de la capital, algunos gobernadores y comandantes militares regionales (en Michoacán, Coahuila, Durango, Sonora, Colima y Morelos) «reconocieron» oficialmente a Iglesias y a su «gobierno de la legalidad». Otros estaban claramente confundidos y procedieron a reconocer a Iglesias como presidente interino y a Díaz como general en jefe del Ejército.[37] En realidad, la fuerza del iglesismo implicaba que sería necesario sostener negociaciones entre los dos campos rebeldes para poder definir el resultado final.[38]

En estas negociaciones, que se conocieron con el nombre de la Convención de Acatlán, Díaz ofreció a Iglesias la función de «presidente provisional» siempre y cuando los futuros puestos del gabinete estuviesen divididos por igual entre porfiristas e iglesistas y que Díaz ocupase el ramo de Defensa. Iglesias se negó a aceptar estas condiciones arguyendo que su desafío a Lerdo estaba basado en el hecho de que ningún miembro del gobierno interino se convertiría en candidato oficial, y puesto que, indudablemente, Díaz sería candidato en alguna de las elecciones posteriores, no debería formar parte del gabinete. La razón real por la que Iglesias la rechazó, al parecer era que el poder estaría con quien tuviese el control del Ejército después de la derrota de Lerdo.[39]

Después del fracaso de estas negociaciones, Díaz dio el paso decisivo: el 23 de noviembre ocupó la Ciudad de México a la cabeza del que se hizo llamar el Ejército Constitucionalista. Una semana después asumió, por decreto, el poder ejecutivo y nombró a su aliado de la sierra de Puebla, el general Juan N. Méndez, presidente provisional para poder seguir al frente de la campaña militar contra los restos de la resistencia iglesista. Un último encuentro entre Díaz e Iglesias tuvo lugar en diciembre, en la hacienda de La Capilla cerca de la ciudad de Querétaro, pero el alcance de la victoria porfirista hizo que cualquier concesión al iglesismo resultase innecesaria. A medida que las tropas de Díaz avanzaban de manera triunfal por Querétaro y luego por Celaya y Guadalajara, creció el número de deserciones. Con el tiempo, al igual que Lerdo, que se había exiliado a Estados Unidos (en Nueva York), Iglesias buscó refugio en San Francisco.

El triunfo de la rebelión de Tuxtepec dio a Porfirio Díaz la presidencia que ambicionaba desde 1867. No se logró solo como el reflejo de una búsqueda tenaz de la ambición personal, sino como el resultado de un apoyo popular importante en las regiones centro y sur de México y de una preparación militar y política cuidadosa. Aquellos que habían apoyado el Plan de Tuxtepec representaban una coalición ecléctica donde se incluían antiguos conservadores y partidarios de Maximiliano que se oponían a Lerdo. Sin embargo, el triunfo de la campaña de Tuxtepec debe verse principalmente como la culminación de un desafío liberal radical y popular a los abusos constitucionales cometidos por Juárez y Lerdo desde 1867, con el apoyo de las unidades de la Guardia Nacional de Puebla, Oaxaca y Veracruz que buscaban enmendar la renuencia de Lerdo de implementar las garantías constitucionales de sufragio efectivo y autonomía municipal. En otras palabras, la rebelión de Tuxtepec tenía una base genuinamente popular. La oportunidad que proporcionó la rebelión paralela de José María Iglesias fue crucial para el éxito, pero en sus negociaciones con Iglesias y la posterior neutralización de la amenaza que el iglesismo significaba para su autoridad, Díaz demostró una habilidad política notable. Estas mismas habilidades serían necesarias en los años subsiguientes a fin de consolidar su autoridad política nacional, misma que aún era extremadamente precaria en 1876.

CAPÍTULO 4

LIBERALISMO PRAGMÁTICO:

1876-1884

En Estados Unidos la democracia funciona porque, una vez que un presidente es electo, todos lo apoyan. En México, todos se suman, de inmediato, para quitarlo.

PORFIRIO DÍAZ

La supervivencia política del régimen de Díaz después de la Revolución de Tuxtepec en 1876 estaba lejos de ser inevitable o sin contratiempos. La primera administración de Díaz parecía estar destinada a compartir la experiencia, incluso el destino, de todos los gobiernos previos del siglo XIX, afectada por la persistencia de los conflictos internos y por las hostilidades internacionales que habían sido características de la mayor parte de la historia del México independiente. Para 1876, después de casi una década de gobierno liberal durante la República Restaurada desde 1867, el país carecía aún de las necesidades básicas para lograr la estabilidad política: fronteras claramente definidas o seguras, relaciones estables con los vecinos del mismo hemisferio (tanto Estados Unidos como Guatemala) o con Europa. La inestabilidad financiera y fiscal, acrecentada por el problema persistente del endeudamiento externo, seguía siendo un obstáculo importante para el desarrollo económico.

Indudablemente la conciencia nacional y el nacionalismo se habían nutrido entre el minoritario sector letrado de la sociedad durante la lucha contra la Intervención francesa, y las Leyes de Reforma habían tenido un impacto decisivo (aunque muy poco uniforme) en la reestructuración de la sociedad rural y en la extensión de una conciencia política republicana. Pero había poca evidencia de un amplio sentido coherente de identidad nacional, de integración social o económica, o de un profundo desarrollo social, material o político. Sobre todo, a pesar de (o para algunos observadores contemporáneos debido a ella) la adopción de la Constitución de 1857, el país carecía de un gobierno legítimo y de instituciones estables, y la construcción tanto del Estado como de la nación estaba aún por consolidarse. En breve, para 1876, mientras que el Estado liberal se había embarcado en su precaria existencia, había poca evidencia de una nación, menos aún de una base sólida para una estabilidad política arraigada. A pesar del triunfo del liberalismo en 1867, el proyecto liberal en México —el establecimiento de instituciones representativas, la secularización de la sociedad civil y el fortalecimiento del «mercado libre» en una economía poscolonial— se erguía aún sobre cimientos frágiles. Es dentro de este contexto como debe entenderse el carácter del régimen de Díaz y como deben evaluarse sus logros.

Antes de que pudiera lograrse cualquiera de estos objetivos, era vital establecer, primero y más importante, un período de paz interna. Esta fue la tarea central y más importante de la primera administración de Díaz y siguió siendo una prioridad a lo largo de todo el régimen. Sus apologistas contemporáneos (y la subsecuente historiografía porfirista) consideraban el establecimiento de la pax porfiriana como uno de los logros principales, y fue la justificación de mayor peso para las sucesivas reelecciones posteriores a 1884. Sin embargo, a pesar de estas confiadas aserciones con respecto al establecimiento definitivo de la paz, no deja de ser claro que, a lo largo de la existencia del régimen, la paz política distaba de ser total. El régimen se veía afectado continuamente por turbulencias que variaban desde las rebeliones regionales hasta la agitación política contra la reelección.

Además, la autoridad suprema que Díaz reclamaba y de la que, según sus enemigos, abusaba, en realidad era mucho menos suprema de lo que aparentaba. En el mosaico de la política mexicana, tanto nacional como estatal, el logro y el mantenimiento del poder era un proceso de negociaciones y renegociaciones constantes. En consecuencia, ni la historiografía porfirista, que alaba a Díaz como un hombre de destino sobrenatural, ni la antiporfirista, que lo caricaturiza como un tirano brutal, captura la esencia de la política porfiriana.

Ciertamente, antes de la segunda reelección de Díaz en 1888, había poca evidencia de una paz política. Sin embargo, las estrategias para su establecimiento se adoptaron desde 1876. Se incluían la represión, la coerción, la intimidación y, en al menos un caso notorio ocurrido en Veracruz en 1879, el asesinato de los oponentes políticos. Pero, al mismo tiempo, estas prácticas autoritarias convivían, y de hecho eran menos importantes que la mediación, la manipulación y la conciliación; en otras palabras, la política del pragmatismo y la realpolitik. Durante más de una década y debido a la inexperiencia política de Díaz y la mayoría de sus seguidores tuxtepecanos, así como de la escasez de recursos disponibles para el gobierno en 1876, la implementación de múltiples estrategias resultó ser un proceso difícil y provisorio.

LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA PORFIRIANA

Es conveniente destacar algunos temas, preocupaciones y estrategias fundamentales de la práctica política porfiriana que fueron cruciales para la supervivencia y la consolidación del régimen después de 1876. Primero, la distinción entre práctica e ideología y, desde su inicio, la aplicación del pragmatismo como uno de los distintivos del régimen. Segundo, la importancia del patronazgo para la construcción de lazos de lealtad personal y deferencia ante la autoridad suprema del presidente, lo cual alimentó todo el sistema porfiriano. Tercero, el estricto cumplimiento de las prácticas constitucionales, especialmente en lo relativo a la conducta electoral, tanto en el ámbito estatal como el nacional. Cuarto, el mantenimiento de un delicado equilibrio entre la autoridad central y la estatal, quizás el problema político más inextricable en México durante el siglo XIX, el cual se vio con mayor claridad en la relación de Díaz con los gobernadores. Por último, la adopción de la fuerza, la intimidación y otras prácticas autoritarias, como herramientas necesarias para mantener la paz.

IDEOLOGÍA Y PRÁCTICA

Desde los primeros días del régimen, a pesar de la defensa del liberalismo puro en las campañas políticas de Díaz desde 1867, el sistema político porfiriano estuvo basado en una administración pragmática, más que en principios constitucionales. Sin embargo, durante su primera administración, Díaz mostró un claro compromiso con los principios liberales puros, tal y como estaban consagrados en el Plan de Tuxtepec: primero, la prohibición de la reelección consecutiva en el cargo político; segundo, un compromiso con la reforma electoral que garantizaba una representación y una participación políticas mayores en el proceso electoral y, tercero, un compromiso con el principio tuxtepecano de protección de la soberanía y la autonomía locales mediante la celebración de elecciones directas en los municipios y los distritos (así como elecciones directas para los jefes políticos regionales). Al cumplir con estos compromisos, Díaz reflejó de manera clara sus propias afiliaciones y antecedentes políticos como estandarte del liberalismo popular o radical.

Díaz llegó al poder en una época en la que en México se desarrollaba un debate ideológico intenso. A partir de la derrota del conservadurismo en 1867, la hegemonía del liberalismo radical de mediados del siglo XIX se veía cada vez más amenazada y, a la larga, transformada por el desarrollo de un liberalismo conservador o «desarrollista» que demostraba en sí mismo la creciente influencia de la doctrina del positivismo. El positivismo mexicano adoptó las teorías de Heno de Saint-Simon y de Auguste Comte, que habían gozado de una considerable aceptación en Europa después de la década de 1820, particularmente en Francia y España. La ideología positivista o científica (razón por la que a sus adherentes en México se les llamó, después de 1893, Científicos) defendía la aplicación del método científico no solo para el análisis de las condiciones sociales, económicas y políticas, sino para la formulación de políticas que podrían remediar las deficiencias y, de este modo, asegurar el progreso material y científico. En términos políticos, el positivismo era un desafío para el idealismo excesivo o «metafísico» del liberalismo doctrinario y su hincapié en la soberanía popular; en lugar de eso, defendía la reforma constitucional y el fortalecimiento de un gobierno central que evitaría caer en la anarquía y la revolución.[1]

Durante el transcurso de la vida del régimen, el positivismo ejercería una fuerte influencia en la high politics del régimen de Díaz, particularmente en la camarilla de los científicos dirigidos por José Yves Limantour, después de su nombramiento como secretario de Hacienda en 1893. La influencia del positivismo fuera del gabinete, o fuera de la Ciudad de México, sigue siendo tema de discusión y resalta uno de los problemas centrales para entender la dinámica en la política nacional y local, de la cual todavía se sabe relativamente poco.[2] Sin embargo, no cabe duda que, de manera progresiva, fue decisiva la influencia de los Científicos en Díaz y en la elaboración del liberalismo patriarcal o de élite.[3]

La postura personal de Díaz en el debate ideológico entre el liberalismo doctrinario puro y el liberalismo conservador o «desarrollista» es difícil de precisar y, en cierto modo, es una tarea inútil. Su estilo político hacía énfasis en la reticencia y la cautela, y su preferencia fue siempre la acción política y no el debate ideológico. Además, su desprecio por lo que él llamaba profundismo o análisis intelectual era notorio. Tenía un cerebro político agudo y una antena política muy sensible, pero no era un ideólogo, mucho menos un intelectual. Sin embargo, aprobó personalmente el subsidio gubernamental a La Libertad, publicado diariamente entre 1878 y 1884, que fue el principal vehículo de expresión y exploración de las ideas positivistas durante los primeros años del régimen.

La aprobación de Díaz del liberalismo conservador o patriarcal, al igual que su adherencia al liberalismo puro en la década de 1850, estaba basada fundamentalmente en el pragmatismo. De este modo siempre adaptaba y subordinaba los principios ideológicos a las necesidades de la administración. Díaz nunca cuestionó la validez de los objetivos fundamentales del liberalismo constitucional mexicano —la creación de un Estado soberano secular y federal con instituciones políticas representativas donde la ciudadanía y la igualdad ante la ley estuviesen protegidas por el imperio de la ley—, sino que la prioridad del régimen fue siempre la de mantener la paz política. Esto implicaba, por ejemplo, que en el campo de la práctica política el resultado de las elecciones fuera demasiado importante como para dejarlo a la suerte. Por lo tanto, en la práctica porfiriana se veía una marcada manipulación electoral.

De igual manera se adaptó el positivismo con fines pragmáticos. La antipatía del positivismo ante la política «metafísica» del liberalismo doctrinario y la soberanía popular y, en contraste, la promoción de un gobierno central fuerte reflejaba perfectamente la preferencia de Díaz por la autoridad y el orden. El argumento positivista de que los métodos de la indagación científica deberían aplicarse a los fines prácticos del desarrollo económico, la regeneración social y la unidad política, se ajustaba perfectamente a su creencia en el progreso material y social. Por lo tanto, el énfasis que ponían los defensores del proyecto científico en «el orden y el progreso» se convertiría en una descripción totalmente apropiada de las preocupaciones centrales del régimen de Díaz.

El pragmatismo porfiriano fue producto de su tiempo y de sus dobles antecedentes liberales y antiliberales. Estaba basado en un sistema personalista que buscaba preservar y extender los lazos de lealtad personal y de deferencia colectiva hacia la autoridad suprema del presidente. Se alimentó del patronazgo y se mantuvo mediante un amplio espectro de estrategias que iban desde la adulación, la duplicidad, los llamados a la lealtad, el patriotismo y el avance personal, hasta el uso abierto de amenazas y la intimidación. En todos los niveles, la práctica porfiriana hacía hincapié en la negociación, la conciliación y los arreglos, en lugar del enfrentamiento, mucho menos en las tácticas represivas asociadas de manera tradicional con la dictadura autoritaria. El principio era evitar conflictos; muchas de las notas autógrafas de Díaz en su correspondencia privada indican la necesidad de cuidado y la recomendación de que «deben evitarse conflictos […] [y se debe] adquirir datos seguros para evitar que una lamentable equivocación cause prejuicios».[4]

Esta estrategia necesariamente exigía un flujo constante de información desde la amplia red de corresponsales tanto de fuentes militares como civiles. Esto permitió a Díaz no solo estar al corriente de los hechos, sino estar al tanto de los intereses y puntos de vista conflictivos de los interesados en cualquier disputa, lo cual le permitía fungir como mediador, negociador o árbitro. Este conocimiento era mucho más útil al momento de evitar disidencias o rebeliones potenciales que el despliegue de fuerzas. Con la información detallada a su disposición, Díaz pudo observar la impopularidad de sus oponentes y de los posibles rebeldes y ofrecer sus servicios como mediador. Pudo calmar los temores de sus corresponsales más ansiosos con una frase que bien podría funcionar como un lema para su estilo personal de gobernar: «Estamos sobre aviso, y así se evita lo único malo que se pudiera temer: la sorpresa».[5]

PERSONALISMO Y PATRONAZGO

La política porfiriana era intensamente personalista. El contacto personal, ya fuera por correspondencia o en audiencias privadas, era el medio principal de comunicación entre Díaz, sus acólitos y camarillas, y sus subordinados, así como con sus rivales y enemigos.[6] Auxiliado hábilmente por sus secretarios privados, Díaz era un corresponsal prolífico y siempre circunspecto, con una habilidad prodigiosa para recordar nombres, detalles personales y conexiones familiares. Uno de sus biógrafos asegura que podía nombrar de memoria todo el cuerpo de oficiales del Ejército de Oriente, así como todos los miembros del Congreso y del Senado.[7] Esto le permitía terminar su correspondencia con una combinación de exhortación patriótica y saludo fraternal o paternal para la familia y los amigos, lo cual, además de reflejar una convención social, era crucial para mantener lealtades y amistades.

Como lo demuestra la abundante evidencia de su correspondencia privada, como corresponsal era más pasivo que activo, siempre cuidadoso de responder a la vasta mayoría de sus misivas con tacto y cortesía, haciendo un despliegue de habilidades interpersonales a las que era muy adepto. Incluso la negación de peticiones —lo cual ocurría con frecuencia— se hacía de una manera que intentaba seducir al corresponsal con la posibilidad de una futura satisfacción. Una respuesta negativa típica era: «No he olvidado la recomendación de usted para mí tan estimable […] Ysi no le resuelvo desde luego nada […] es porque son tantos los compromisos que hay contraídos que no sé cómo será posible cumplirlos concillando todos los intereses».[8]

La aparente intimidad personal con una amplia gama de corresponsales a lo largo de todo el espectro de las clases sociales también es engañosa, pues el ejercicio de las habilidades personales se enfocaba principalmente al cultivo de la deferencia. La deferencia automática o no cuestionada a la autoridad superior y suprema, ya sea hacia el tlatoani, el monarca o, de acuerdo con la tradición republicana del siglo XIX, al presidente o al jefe del ejecutivo, siempre ha sido rasgo fundamental de la cultura política mexicana (e incluso hispánica). Como se sugería en el Capítulo 2, la deferencia era una de las características distintivas del caudillismo latinoamericano. Como Díaz sabía muy bien, el cultivo exitoso de la deferencia facilitaba el ejercicio de la autoridad política, pues la palabra del caudillo, presidente, monarca, tlatoani era ley. Como acostumbraban confirmar sus partidarios más leales: «Sabe, señor, que la menor indicación suya es una orden para mí».[9]

Las expresiones de deferencia personal más extrema, que con frecuencia lindaban en la adulación, provenían de sus antiguos compañeros de armas, por lo regular en el aniversario de sus hazañas militares más renombradas (5 de mayo de 1862, la derrota de las tropas francesas en la Batalla de Puebla; 18 de octubre de 1866, la victoria sobre las tropas francesas en La Carbonera en Oaxaca; y 2 de abril de 1867, la liberación de Puebla). En la copiosa correspondencia de aquellos que servían bajo las órdenes de Díaz en la Guardia Nacional, casi siempre se le llamaba «mi compadre» o «nuestro caudillo», «el estandarte de la paz que brilla» y la personificación de «la gloria de México».[10]

Este lenguaje de deferencia y adulación usado para conmemorar los logros militares de Díaz no se restringía a sus subordinados. Uno de los ejemplos más ilustrativos es el caso del general Manuel González, quien inicialmente había peleado contra Díaz y contra la causa liberal durante la guerra de Reforma (1858-1861), pero que, con el tiempo, se convertiría en su aliado íntimo y compadre durante las campañas contra la Intervención francesa (1862-1867). La alianza personal y política entre Díaz y González se había extendido de manera notable en la campaña de Tuxtepec de 1875 y 1876, cuando González lo acompañó durante los preparativos en Brownsville, Texas y, posteriormente, como resultado de la decisiva intervención de González en la Batalla de Tecoac, misma que aseguró la victoria de la campaña. La fuerza de la alianza personal quedaría demostrada en 1880, cuando González fue favorecido por Díaz para sucederlo en la presidencia después de su primer período de gobierno.

González le escribía regularmente a su compadre en el aniversario de sus mayores hazañas. La correspondencia empezó con el primer aniversario de la batalla de La Garbonera (31 octubre de 1866) y continuó incluso después de que González terminara su período como presidente en 1884. En la primera carta de 1867, dirigida al «ilustre caudillo del [Ejército de] Oriente», González escribió: «Hoy, después de doce meses, al recordar estas fechas imperecederas, el más humilde de los soldados de Oriente busca a su General en Jefe, y lo felicita por sus glorias, que son las glorias más queridas de la Patria».[11]

La respuesta de Díaz a una carta muy similar de González, cerca de veinte años después, en 1885, en esta ocasión conmemorando la Batalla de Puebla (2 de abril de 1867), muestra que seguía siendo el blanco de la adulación y la deferencia de su antiguo compañero de armas, quien ahora era también un expresidente de México. La respuesta muestra a Díaz como un maestro tanto del discurso patriótico como del arte de la adulación:

La benevolencia del amigo halaga; pero la estimación del patriota enorgullece. En sus felicitaciones veo todo: el recuerdo del amigo y la apreciación del valiente soldado de la República que despreciando la muerte y burlando el peligro atravesaba herido por las calles de Puebla en medio del entusiasmo conmovedor de nuestras tropas que en estos momentos daban gloria a nuestra patria y patria a nuestros hijos.[12]

La adulación era un arma importante en el arsenal personalista de Díaz, pero se ejercía siempre con mucha discreción. Un indicador temprano de su credencia de que tanto la discreción como la adulación eran herramientas esenciales para la gestión del oficio político queda ilustrado en un consejo que dio a su hermano Félix después de su elección como gobernador de Oaxaca en 1867. Hacía hincapié, sobre todo, en la necesidad de sacar ventaja de los opositores sin dirigir la atención hacia sus errores. Criticaba las quejas abiertas y, en ocasiones excesivas, de su hermano:

[…] no me gusta que en tus cartas te expreses con libertad acerca de ciertas personas; un hombre en tu posición debe ser amigo de todos y enemigo de nadie por chico que sea. No quiero decirte que llames hábil al tonto ni digno al que se evanese [sic], pero no les digas los defectos, el cilencio [sic] no compromete a nada ni a nadie agrava, óyeme y tú disfrutarás los resultados.[13]

La primacía de las redes personales en la conducta de la política quedó marcada, en 1881, en una carta a Francisco Uriarte, antiguo compañero de armas y aliado en Oaxaca: «Aunque un individuo sea cadáver, no por eso debemos ser indiferentes al auxilio que nos presta: pues cuando se trata de engrandecer un partido debe admitirse toda ayuda aunque sea con el convencimiento de su poca eficacia».[14]

A largo plazo, sobre todo cuando surgían dificultades políticas, el cultivo de lealtades personales, aunque exigiese una energía considerable para sostenerlas, resultaría de gran utilidad en el ejercicio de la autoridad y en el logro del más importante de los objetivos políticos a largo plazo, la paz, o en otras palabras, la ausencia de conflictos. A Carlos Pacheco, cercano aliado y tuxtepecano, que acababa de subir a la gubernatura de Chihuahua (en 1884), le aconsejaba seguir su ejemplo:

Me he impuesto la obligación que ya se constituye esclavitud de ocuparme diariamente en hablar a los amigos y recomendarles juicio, prudencia, y calma, invocando para conseguirlo sus protestas de adhesión a mi persona y su patriotismo, a fin de que cese toda hostilidad y vengan a la reconciliación, único camino por el cual es posible la marcha fácil, expedita y buena que debe seguir el País.[15]

Por lo tanto, el estilo político de Díaz tenía una sutil combinación, por un lado, de compromiso, negociación y adulación, y, por el otro, el cultivo de la lealtad y la deferencia. El mantenimiento y la extensión de una red leal de contactos personales requerían una prodigiosa energía. Al mismo tiempo, Díaz cultivaba, de manera diligente, la imagen de un personaje supremo y deliberadamente enigmático, indiferente al favoritismo personal y apartado del faccionalismo político. El escritor y novelista Federico Gamboa proporciona un intrigante retrato de las enigmáticas cualidades del caudillo. Según Gamboa, Díaz «era serio siempre, siempre en su papel, sin sonrisa, sin inclinaciones de su cuerpo alto y fuerte; su rostro, que nunca lo traiciona, en el que nadie puede descubrir cuándo está contento y cuándo disgustado, perfectamente enigmático».[16]

Solo en pocas ocasiones Díaz permitía que su enigmática máscara se deslizara y revelara una visión escéptica, incluso cínica de sus compatriotas. Francisco Bulnes aseguró que una vez en 1884, antes de que tomara el cargo de presidente por segunda vez, escuchó a Díaz discutir las verdaderas características y motivaciones de sus compatriotas. La anécdota es significativa, pues resalta las bases sobre las que Díaz buscaba manipular a los individuos y sus carreras:

Los mexicanos están contentos con comer desordenadamente antojitos, levantarse tarde, ser empleados públicos con padrinos de influencia, asistir a su trabajo sin puntualidad, enfermarse con frecuencia y obtener licencias con goce de sueldo, no faltar a las corridas de toros, divertirse sin cesar, tener la decoración de las instituciones mejor que las instituciones sin decoración, casarse muy jóvenes y tener hijos a pasto, gastar más de lo que ganan y endrogarse con los usureros para hacer posadas y fiestas onomásticas. Los padres de familia que tienen muchos hijos son los más fieles servidores de gobierno por su miedo a la miseria; a eso es a lo que le tienen miedo los mexicanos de las clases directivas: a la miseria, no a la opresión, no al servilismo, no a la tiranía; a la falta de pan, de casa y de vestido, y a la dura necesidad de no comer o sacrificar su pereza.[17]

Bulnes argüía que Díaz, habiendo estudiado el país «microscópicamente» durante sus extensivas campañas militares, entendía que la solución para los problemas políticos de México se encontraba en satisfacer el anhelo de seguridad y la satisfacción económica de los individuos y en satisfacer un deseo colectivo e innato de autoridad patriarcal, y no en la realización de una ideología o de ideales abstractos. De acuerdo con Bulnes, Díaz entendía que en México «el problema de la paz era un problema del hambre; el problema de la justicia, una cuestión de mano de hierro; el problema de la libertad, una jaula con alpiste».[18] En otras palabras, según Bulnes, Díaz entendía que, para la mayoría de sus compatriotas, la paz y la seguridad eran siempre más importantes que la libertad o la democracia.

Hay evidencias de la deliberada manipulación que ejercía Díaz sobre los individuos, enemigos y amigos por igual. La estrategia se justificaba con las necesidades del gobierno y de la realpolitik. Como explicaba, de modo maquiavélico, al gobernador Martín González de Oaxaca, para preservar el orden político, era necesario ser valiente:

[…] hasta algunos amigos con quienes ya tenía compromiso solemne y directo he tenido la necesidad de abandonarlos a última hora […] los que manejamos asuntos públicos sí debemos tener coraje, y las cuestiones de carácter personal deben sernos extrañas, pues al mandatario que no sabe levantarse solo, el vulgo generalmente lo desconoce.[19]

El mantenimiento de una red personalista requería no solo una comprensión de la psique mexicana y de su manipulación Consciente con fines políticos, sino la distribución de recompensas tangibles y recíprocas. El principal lubricante del sistema personalista era el patronazgo a la disposición del caudillo. Los poderes de patronazgo de Díaz se incrementaron considerablemente después de su llegada a la presidencia en 1876, y aún más con la expansión de la burocracia estatal y, sobre todo, con el rápido influjo del capital extranjero y de los consecuentes beneficios que se recibirían al actuar como intermediarios para los intereses empresariales de ultramar, como se mostrará en el Capítulo 6.

En la distribución del patronazgo, Díaz fue cuidadoso al recompensar a los numerosos individuos que habían luchado con él o que lo habían apoyado durante las muchas campañas militares entre las décadas de 1850 y de 1870. Él mismo se mostró siempre dispuesto a responder a las peticiones que le hacían los veteranos de dichas campañas para obtener pensiones militares, puestos en la creciente burocracia gubernamental, ya fuesen para ellos o para sus descendientes. Por ejemplo, usó su influencia para obtener una entrada al Colegio Militar o dar concesiones para estudiar en la Escuela Nacional de Agricultura.[20] En 1881, otorgó una sinecura para el hijo de uno de sus antiguos maestros en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca.[21]

El mismo uso del patronazgo se aplicó a las familias de sus aliados y partidarios políticos de tiempo atrás. Es notable que Díaz mantuviera esta red hasta el último momento del régimen, y que estos contactos se mantuviesen a lo largo no solo de una, sino de dos o hasta tres generaciones. Por ejemplo, en febrero de 1911, solo tres meses antes de su forzada renuncia, encontró un puesto burocrático menor para el bisnieto de su antiguo mentor político, el abogado oaxaqueño Marcos Pérez, quien le había dado su primer nombramiento como subprefecto en el distrito de Ixtlán en Oaxaca, en 1855.[22]

Las redes personales también necesitaban nuevos reclutas. Un ejemplo de la manera como se expandió esta amplia red de lealtades personales durante el régimen es la respuesta que dio Díaz a un joven operador de telégrafos de Oaxaca que le pedía que le enviara un manual sobre telegrafía, a fin de poder estudiar para su examen profesional. Díaz respondió que le enviaba el libro con el gobernador, junto con una exhortación a que el joven aprovechara al máximo la oportunidad que se le otorgaba para estudiar. La respuesta que recibió el caudillo indicaba que este pequeño gesto le garantizaría toda una vida de lealtad personal: «Este favor inmerecido lo conservo en mi corazón. Le he pedido a usted como se le pide a un padre, creyendo que esto no le molestaría, pues me acuerdo del cariño que profesó usted a mi padre, quien siempre me dijo que era usted un hombre de corazón. Mi gratitud sabrá buscar la oportunidad».[23]

Por lo tanto, la red de lealtades personales estaba bien establecida antes de 1876 y se extendió mucho más durante el transcurso del régimen. Como lo muestra el último ejemplo, el patronazgo no solo estaba distribuido entre los individuos poderosos o potencialmente peligrosos tomados de una limitada élite social, sino en todo el espectro social. Se extendía a comunidades enteras, sobre todo en el caso de numerosos pueblos de su Oaxaca natal, donde el caudillo intervenía frecuentemente de manera personal para asegurar la provisión de las escuelas y los maestros del pueblo, o de instrumentos musicales para la banda municipal local.[24]

PRÁCTICAS ELECTORALES

El personalismo y el patronazgo eran los lubricantes esenciales de la política porfiriana. Paradójicamente, se utilizaban de manera abierta para apoyar un elemento central de la política del régimen: la estricta adherencia a las prácticas constitucionales y, de manera específica, al mantenimiento de la piedra angular del sistema político liberal, es decir, la realización de elecciones regulares para los aspirantes a cargos políticos.

El patronazgo se usaba ampliamente para la selección de los cargos no electos dentro del sistema porfiriano. Esto se aplicaba, en un extremo del espectro, a la selección de los ministros del gabinete y, en el otro extremo, a los nombramientos en la creciente burocracia estatal y nacional; secretarios a nivel de ministerio, a nivel estatal y jefes políticos, los representantes regionales de la autoridad ejecutiva a lo largo de la República, quienes, en la mayoría de los casos, eran nombrados por los gobernadores estatales, previa consulta con el presidente.[25] Por ejemplo, el nombramiento de los ministros del primer gabinete de Díaz en 1876 demuestra con claridad la importancia del patronazgo al recompensar la lealtad política de aquellos que apoyaron la campaña de Tuxtepec, respondiendo al código de conducta de la política de camarillas.[26]

Igual de omnipresente era el patronazgo en la selección de candidatos para los puestos de elección. Es conveniente subrayar aquí que la historia turbulenta de la participación electoral, así como las formas «modernas» de representación política en México en el siglo XIX se remontan al modelo provisto por la Constitución de Cádiz en 1812, A pesar de los abusos y las imperfecciones regulares y evidentes del proceso electoral durante el siglo XIX, estos no deben desviar nuestra atención de la importancia fundamental que tuvieron para el proyecto liberal.[27] De hecho, es en el campo de la práctica electoral donde se destacan con mayor claridad las contradicciones entre la cultura política personalista de caudillismo y de pirámide, y la cultura democrática y legal de liberalismo y de ciudadanía. Para entender el funcionamiento de la política porfiriana es indispensable comprender estas contradicciones.[28]

El régimen de Díaz siempre estuvo comprometido con la realización de elecciones regulares, conforme a las prácticas establecidas en la Constitución de 1857. La importancia del apego al constitucionalismo se había mostrado también con la reforma constitucional de 1877 que impidió la reelección consecutiva del ejecutivo. Al mismo tiempo, como ya se ha indicado, el resultado de las elecciones era tan importante, por todo lo que implicaba, que no podía dejarse a la suerte. En consecuencia, a lo largo del «porfiriato», se vigilaba de cerca la supervisión y la selección de los candidatos. Esto se aplicaba no solo en las elecciones para gobernadores estatales, los diputados y los senadores, sino en las realizadas para diputados en las legislaturas estatales, así como para los magistrados en los ámbitos estatal y nacional.

El nombramiento de candidatos exigía el imprimatur directo o indirecto del ejecutivo, y funcionaba como un medio de creación, consolidación y renovación de la red clientelista. Sin embargo, distaba mucho de ser un sistema rígido o inflexible, pues las limitaciones de la autoridad presidencial, sobre todo durante la era tuxtepecana anterior a 1884, eran muy evidentes, particularmente para el mismo Díaz. Era inevitable que esto implicara que el ejercicio de la autoridad presidencial en lo relacionado con el nombramiento de los candidatos estuviese siempre sujeto a negociaciones con los gobernadores estatales y dependía de las circunstancias particulares de cada estado.

En la administración de las elecciones, Díaz, al igual que sus predecesores liberales, Lerdo y Juárez, se preocupaba principalmente por el control y, en esto, demostró una combinación pragmática de tácticas y estrategias en la búsqueda de sus objetivos políticos. Aunque, ciertamente, hubo ocasiones en las que se desplegó la intervención directa o la amenaza de hacerlo, la preferencia absoluta y la práctica electoral común fue siempre la negociación y el arreglo.

Había indicadores de que el régimen tuxtepecano podía representar una nueva era de competencia política abierta y de elecciones libres, conservando los compromisos planteados en el Plan. En diciembre de 1876, el presidente interino Juan N. Méndez presentó la convocatoria para las elecciones presidenciales y anunció que «la libertad del sufragio, que ha sido también una de las aspiraciones de la Revolución [de Tuxtepec], será de hoy en adelante una verdadera práctica […] el gobierno […] cuidará con empeño que no se ejerza presión alguna sobre el voto público».[29]

En la práctica, parece que estos compromisos oficiales en muchos casos no pasaron de la retórica. La evidencia disponible indica que, al igual que lo habían hecho sus predecesores Juárez y Lerdo, Díaz y su camarilla tuxtepecana usaron su influencia en una manera no constitucional para la selección y el nombramiento de candidatos después de 1876. Así, al mismo tiempo que Méndez publicaba la convocatoria para unas elecciones abiertas, el ministro de Hacienda, Justo Benítez, el personaje más influyente del primer gabinete de Díaz, daba recomendaciones directas y abiertas a los simpatizantes porfiristas en cuanto a la conveniencia de ciertos candidatos; tal es el caso del nombramiento de Ignacio Vallarta como presidente de la Suprema Corte. El mismo Díaz, a pesar de la disciplinada discreción de sus años posteriores, estaba mucho más abierto, durante su primera administración, a hacer recomendaciones directas para el cargo político. Por ejemplo, en febrero de 1877, propuso a Manuel González lo siguiente: «José María Martínez Negrete me parece muy a propósito para el gobierno de Michoacán, y mereceré de usted que propague y proteja su candidatura».[30]

También en los primeros días del régimen, Díaz estaba igualmente dispuesto a dar su consejo en cuanto a los criterios para la selección de los candidatos convenientes para el cargo político. Es significativo que Díaz no insistiera en que la lealtad personal absoluta o servil fuera el único criterio de selección. En 1881, escribió sin un toque de ironía, que «los candidatos deberían ser más o menos amigos [suyos]». Sin embargo, hacía hincapié en que eso no significaba que debieran depender de alguna facción, sino que deberían ser independientes, respaldados por elementos propios y, sobre todo, no deberían estar sujetos a «influencias extrañas» y, por ende, abiertos a la manipulación de los enemigos políticos.[31]

Las investigaciones acerca de las prácticas electorales durante los primeros años del régimen son recientes, aunque muy prometedoras.[32] Al aparecer, una vez nominado, el proceso electoral era, en gran medida, una mera formalidad. Sin embargo, es claro que las prácticas variaban considerablemente de un estado a otro y de una región a otra. En algunos casos, el nombramiento personal de Díaz de un candidato era suficiente para asegurar el resultado. Mostrando un ejemplo del caudillismo en acción, el jefe político de Tlaxiaco, en la sierra mixteca de Oaxaca, escribió a Díaz en 1877 para agradecerle por el hecho de que «llevando al cabo [sic] el credo político de Tuxtepec, el pueblo ha hecho uso de su soberanía que por tanto tiempo se le había usurpado», pero al mismo tiempo, y aparentemente sin un sentido de ironía, anunciaba que la selección de Díaz del candidato para gobernador había sido aceptada de manera unánime en su distrito electoral solo «porque usted ha fijado sus miradas en él, y como usted no procura más que por el bien de los pueblos, no hemos vacilado en elegirlo». El hecho de que el candidato en cuestión no fuese de la sierra mixteca, sino un zapoteco de la rival sierra norte y, por lo tanto, además de carecer de una base política local en la mixteca, fuese visto con sospecha general, solo permite hacer hincapié en el grado de la autoridad caudillista de la que gozaba Díaz en su nativa Oaxaca.[33]

Por ende, en la primera etapa del régimen de Díaz también se adoptó la tradición de la interferencia del gobierno central en la selección y el nombramiento de candidatos, la que fue también una característica de las administraciones liberales de Juárez y Lerdo. Sin embargo, hay evidencia de que durante los primeros años del régimen, Díaz estaba consciente de su papel como portaestandarte de la restauración de la representación política en las municipalidades y en los estados, bajo la bandera del Plan de Tuxtepec. El compromiso tuxtepecano con la autonomía municipal condujo al establecimiento de una comisión especial para la independencia de la municipalidad, la cual, en 1878, recomendó que «todos los empleados locales en las municipalidades deberían ser electos de manera popular».[34] La recomendación fue complementada por una restauración paralela, en 1876, de las elecciones directas de los jefes políticos que habían sido introducidas en 1861 para luego ser abandonadas. Sin embargo, es claro que, desde su introducción en los inicios del período independiente, siempre había habido diferentes métodos de selección de jefes políticos. Como concluye Romana Falcón, en realidad, la era de Díaz no fue tan diferente y, en la mayoría de los casos, los jefes políticos siguieron siendo nombrados y destituidos de su cargo por los gobernadores estatales de quienes dependían directamente. En otras palabras, puede verse que el compromiso inicial del régimen para llevar a cabo elecciones en el ámbito municipal en 1878 fue más infringido que instrumentado; en resumen, no se realizó.[35]

Ciertamente, durante los primeros años de su administración, hubo claras discrepancias e inconsistencias entre la teoría y la práctica. Una respuesta «oficial» muy repetida por Díaz a aquellos que sugerían el nombramiento de ciertos individuos para los puestos elegidos era «el gobierno de mi cargo está decidido a guardar absoluta abstención ya se trate de cualquier estado […] concretándose solamente a garantizar las manifestaciones de la opinión pública».[36]

Dada la clara evidencia de la intervención directa en las elecciones durante la era tuxtepecana, su respuesta era, en el mejor de los casos, imprecisa, y en el peor, engañosa, y así no describía la verdadera dinámica de la práctica electoral.

LA LUCHA ENTRE LA AUTORIDAD CENTRAL Y ESTATAL

El equilibrio de poder entre el gobierno central y los estados dentro de la federación era, como ya se indicó en el Capítulo 2, una de las fuentes de conflicto político más importantes en el siglo XIX en México. Es difícil hacer generalizaciones con respecto al proceso en el México porfiriano, pues la diferencia de circunstancias prevalecientes en cada estado coincidía con las diferentes relaciones personales y políticas que Díaz mantenía con cada uno de los gobernadores. No obstante, los cambios en la relación entre el centro y el estado son cruciales para el entendimiento de la práctica política de la era porfiriana.

En gran medida, estos cambios reflejan la cambiante naturaleza del régimen en sí. La relativa debilidad de la administración de Díaz durante la etapa tuxtepecana, su defensa de la soberanía estatal y la consecuente autonomía de que gozaban los gobernadores implicaban que el proceso para mantener su precaria autoridad política en las regiones exigiera un alto grado de tacto y de negociación. Sin embargo, después de la primera reelección de Díaz en 1884, descrita en el Capítulo 5, en la práctica, aunque no en términos constitucionales, la autonomía de los gobernadores estatales fue reducida de manera gradual, pero progresiva.

Hay dos puntos en los que debe hacerse hincapié. Primero, que la autonomía de los gobernadores distaba de ser completamente subordinada, incluso durante el apogeo de la autoridad del régimen después de 1884. Y, segundo, que había frecuentes tensiones, que se hicieron particularmente agudas después de aquel año, entre la preservación de la autonomía local y los tentáculos, que no cesaban de expandirse, del Estado central. Por ejemplo, el prolongado y delicado proceso de asegurar las enmiendas constitucionales que resultaron en la reelección indefinida del presidente, de los gobernadores y los representantes de las legislaturas nacional y estatal, provocó, en 1891 y 1892, una ola de protestas antirreeleccionistas en varios estados.

Durante los primeros años, de conformidad con los antecedentes de liberalismo puro del régimen, Díaz se preocupaba por evitar acusaciones de intervencionismo o de abuso de la soberanía estatal. Por lo tanto, era particularmente circunspecto cuando había que tratar con gobernadores, pues estaba obligado a proporcionarles bastante discreción y poder sobre la gestión de la política estatal. Sentía libertad de expresar tanto críticas como consejos pero, como lo explicara al gobernador de Puebla, Rosendo Márquez, en 1885: «En todo caso, usted es responsable de la situación, y tendrá sus motivos para haber procedido de la manera en que lo hizo: en tal virtud, reciba mis observaciones nada más como conversación o confidencias de carácter exclusivamente amistoso».[37]

Si surgían conflictos relativos a las elecciones para gobernador, el instinto de Díaz era, como lo hizo ver a uno de sus aliados políticos más cercanos, el general Bernardo Reyes, en el contexto de las elecciones en Coahuila en 1885, encontrar un tercer candidato intermedio que fuese aceptable para ambas facciones, «para la paz y bienestar del estado, cuya tranquilidad a todo trance debe conservarse». Según explicó, esto no era solo pragmatismo, sino una cuestión de principios: «De ningún modo debe hacerse coartar en manera alguna ni menos impedir la libertad de los ciudadanos para ejercer en el terreno legal sus derechos constitucionales… antes que todo debe hacerse respetar la voluntad del Estado».[38]

Es evidente que las diferencias regionales, así como las complejidades y las idiosincrasias de la política local necesitaban, inevitablemente, la adopción de diferentes estrategias para la implementación de la autoridad central. Se ha identificado con frecuencia la tendencia en las relaciones estatales-federales durante la era de Díaz como un proceso progresivo de centralización política.[39] Sin embargo, el panorama completo solo se entenderá mediante la investigación detallada de la práctica política en el ámbito municipal y regional, y es muy probable que debiera calificarse la imagen de un proceso inexorable de centralización forzada. De hecho, nunca se intentó reformar constitucionalmente el principio liberal de la soberanía estatal. Los estudios recientes han cuestionado debidamente la tendencia en la historiografía antiporfirista de desacreditar las elecciones porfirianas, e indican su importancia en la modificación del peso de los liderazgos locales, la redistribución del poder entre facciones rivales, y el mantenimiento de equilibrio en las relaciones entre el poder federal y los estados; o, en resumen, sirvieron las elecciones, como comentó Díaz a Bernardo Reyes en 1889, para «medir fuerzas», para tomar la temperatura de las fuerzas políticas locales.[40] Se ha sugerido, incluso, que durante la década de 1890 la autoridad de los gobernadores estatales no solo se mantenía, sino que aumentaba con el nombramiento y la selección de los representantes para el Congreso y el Senado.[41]

Sin embargo, el proceso de consolidación política del poder ejecutivo era innegable. Un ejemplo temprano fue la erosión sistemática y progresiva de la base de poder de los caciques de la sierra de Puebla (Juan Francisco Lucas, Juan C. Bonilla y Juan N. Méndez) a finales de los setenta y principios de los ochenta. La evidencia de Puebla demuestra la capacidad de Díaz para la manipulación sin piedad en la búsqueda de sus objetivos, así como la ausencia total de sentimentalismo hacia sus antiguos aliados tuxtepecanos. Estos caciques poblanos sirvieron a la causa liberal en numerosas ocasiones durante las campañas militares de la Reforma y la Intervención francesa y, de manera más notable, como un bastión del apoyo político y militar para las aspiraciones políticas de Díaz durante las rebeliones de La Noria y Tuxtepec.

Su lealtad fue recompensada con las gubernaturas sucesivas de Puebla en 1876 (en el caso de Bonilla) y 1880 (en el caso de Méndez). Como indicador de la cercana relación personal y política con Díaz, Méndez incluso sirvió brevemente como presidente provisional después de la victoria de la campaña de Tuxtepec en 1876, mientras que Díaz continuaba con la campaña militar para suprimir el desafío que planteaba José María Iglesias.

Sin embargo, después de 1876, Díaz fue cada vez más renuente a tolerar la independencia política de la sierra de Puebla y menos aún la existencia de una Guardia Nacional que fuese la base de la autoridad de los caciques de la sierra. Mediante una clásica combinación porfirista de conciliación, negociación y despliegue estratégico de tropas, la dominación que tenían de la política de Puebla quedó mermada con la elección del general Rosendo Márquez en 1884 y terminó de manera efectiva con su reelección en 1888.[42]

PRÁCTICAS AUTORITARIAS

Como lo muestra el destino de los caciques de la sierra de Puebla, a pesar del hincapié que hasta ahora se ha hecho en la preferencia de Díaz por la conciliación y la negociación, las prácticas autoritarias eran un componente clave del arsenal político del régimen. Eran estrategias que se emplearon de manera consistente durante las campañas militares entre 1855 y 1867.[43] Una vez en el poder, y sobre todo durante los primeros años del régimen, Díaz recurrió con frecuencia al despliegue táctico de la intervención militar directa para evitar cualquier desafío armado a la autoridad estatal o nacional. Más aún, estaba totalmente preparado para sancionar el uso de la ejecución sumaria y arbitraria. Siempre que hubiera una rebelión, sin importar cual fuera la petición de justicia, por pequeño que fuese el bando rebelde, los insurrectos debían ser castigados «severamente» (un eufemismo para la ejecución) para poner el ejemplo. En 1881 explicó que el trabajo fundamental de las autoridades era «aprehender a los que se hayan levantado, por mucho que el plan que proclaman este fundido justamente […] [y] castigar con la mayor severidad […] pues sin duda la benignidad empleada con ellos sería más tarde de fatales consecuencias, y los alentaría a nuevos y constantes intentos».[44]

El contexto político inestable que siguió a la llegada de Díaz al poder en 1876, sobre todo a la luz de los persistentes rumores de las rebeliones y los levantamientos regionales, implicaba que la fuerza se usaría con mayor frecuencia para el logro de la paz durante su primer período de gobierno y que los recursos dispuestos para mantener el orden seguirían representando una elevada proporción del gasto público.

Las primeras amenazas serias a la supervivencia del nuevo régimen fueron los desafíos armados del general Mariano Escobedo y las actividades del núcleo de conspiradores lerdistas exiliados en Nueva York durante 1877 y 1878. Aunque la amenaza militar fue eliminada de manera efectiva en marzo de 1878 con la derrota de Escobedo en Matamoros, el clima de incertidumbre que inducía la rebelión militar, junto con el abandono progresivo del programa político del Plan de Tuxtepec, creó un terreno fértil para el resurgimiento de las protestas. El clima general de inestabilidad política se reflejó también en un torrente de bandolerismo que ocasionó diversos comentarios en la prensa y, en 1879, incitó al ministro de Gobernación a hacer una petición al Congreso para la suspensión de las garantías individuales presentadas en la Constitución. El Congreso rechazó la petición pero, como publicó en febrero de 1880 el Monitor Republicano, que siempre fue muy crítico con esta administración: «El desencadenamiento del bandidaje ha adquirido proporciones monstruosas; la alarma se ha difundido en la sociedad entera, y casi no hay día que no consigne la crónica nuevos atentados contra las personas y la propiedad de los ciudadanos».[45]

El régimen respondió con mano dura, pero actuó con un doble propósito que no solo erradicó el problema, sino que también inculcó una reputación de implacabilidad que para Díaz había resultado muy efectiva en las campañas militares durante las décadas de 1850 y 1860. Como consecuencia, en 1878 y 1879, los periódicos reportaron varios casos de la aplicación de la ley fuga, en la que se «disparaba a los prisioneros cuando intentaban escapar». La política tuvo el efecto deseado, pero la estrategia regresaría para desprestigiar al régimen y se convertiría en un arma para atacar su reputación durante los últimos años de su mandato.

El incidente más notorio de la represión durante la primera administración de Díaz se conoce como «la masacre de Veracruz», que tuvo lugar en junio de 1879. Es importante reiterar el contexto de incertidumbre e inestabilidad en el que tuvo lugar el incidente. El régimen no estaba alterado solo por la persistencia de la oposición política, sino por la combinación de una baja de ingresos aduanales, un aumento del bandolerismo y contrabando que amenazaba con una escasez financiera seria, y la falta de pago de salarios públicos, incluyendo los del Ejército; todo esto, ponía en peligro la supervivencia misma del régimen.

La respuesta inmediata fue el incremento de los castigos por el delito de contrabando, así como intensificar la vigilancia de la actividad opositora.[46] El agente encargado de la implementación de esta nueva y rígida política en el puerto de Veracruz fue el gobernador Luis Mier y Terán, tuxtepecano y oaxaqueño leal a Díaz.[47] La tensión en la ciudad creció de manera considerable en junio de 1879, cuando unos contrabandistas del puerto de Alvarado tomaron, con la ayuda de algunos miembros de la tripulación, el cañonero Libertad y escaparon hacia el golfo de México. La respuesta, inmediata y mal considerada, fue encerrar a los simpatizantes lerdistas y llevar a cabo la ejecución sumaria de nueve prisioneros en el fuerte de San Juan de Ulúa.[48]

La mayoría de los relatos sugieren que Díaz, al escuchar la noticia de la captura y del motín del Libertad, envió un telegrama en el que instruía a Mier y Terán: «Mátalos en caliente». Sin embargo, el telegrama con esta precisa instrucción nunca ha salido a la luz. Las exhaustivas investigaciones de Alberto María Carreño, publicadas en 1958, indican que hubo un telegrama de Díaz en el que ordenaba al gobernador «fusilar a todos los oficiales y a uno de cada diez miembros de la tripulación», pero dejó en claro que se refería solo a los que estaban abiertamente implicados en la conspiración; sin embargo, las víctimas de Mier y Teran incluyeron solo a dos de los conspiradores. Es claro que su acción sobrepasó las instrucciones.[49] Posteriormente, Díaz buscó alejarse del exceso cometido por Mier y Terán, pero se abstuvo de plantear cualquier crítica directa del gobernador. Mier y Terán fue obligado a renunciar a la gubernatura de Veracruz en 1880, para luego ser juzgado (y absuelto) por el Congreso Nacional.

Curiosamente, la ejecución sumaria de los oponentes políticos en Veracruz atrajo solo una limitada discusión en la prensa en 1879. De hecho, José Valadés arguye persuasivamente que la «masacre de Veracruz» no cobró importancia sino hasta los últimos años del régimen, cuando las prácticas autoritarias y la represión abierta surgieron de nuevo como un reflejo de su agitación interna. De acuerdo con Valadés, el incidente de Veracruz surgió, en otras palabras, de la «enconada y fantástica literatura política de los últimos años del régimen porfirista».[50]

A corto plazo, este suceso pareció hacer poco por la promoción de la paz interna. En 1879, hubo otros dos pronunciamientos menores (el del general Manuel Márquez de León en Sinaloa y el del general Jesús Ramírez en Baja California) y una rebelión más seria en Tepic (la del general Miguel Negrete), que amenazaron la supervivencia del régimen y requirieron un despliegue de fuerza.[51] La subsecuente campaña militar durante los primeros meses de 1880 tuvo éxito en la restauración de la autoridad de Díaz en el norte del país. Cierto es que la decisión de entregar el mando de la campaña al general Manuel González fue providencial para la promoción de su futura candidatura a la presidencia al año siguiente.

LAS ELECCIONES DE 1880

El año de 1879 vio una considerable movilización política en la preparación del acontecimiento político más importante de la primera administración de Díaz: las elecciones presidenciales de 1880. Aunque la no reelección había sido una de las bases principales del programa tuxtepecano, y aunque la enmienda constitucional que prohibía la reelección presidencial había sido promulgada en mayo de 1877, hubo mucha especulación sobre si Díaz regresaría a la práctica caudillista tradicional y se presentaría como candidato. Esta especulación se alimentó de la reticencia calculada y característica de Díaz y su afirmación de que no quería predisponer el resultado del proceso electoral.

La legislatura estatal de Morelos había propuesto de manera pública la reelección de Díaz en 1879, lo cual implicaba una enmienda constitucional; en privado, la idea fue propuesta ampliamente. Por ejemplo, el gobernador de Oaxaca, Francisco Mexiueiro, escribió a Díaz en octubre de aquel año para sugerirle que el presidente debería continuar con el cargo. La respuesta reflejó las incertidumbres políticas del momento, pero indicaba que Díaz estaba determinado a apegarse a los principios tuxtepecanos y que no tenía intención alguna de buscar una reelección. Contestó a Mexiueiro:

He sabido que usted se inclina mucho por la prórroga del período para salvar las graves dificultades que se presentan de arreglar de una manera pacífica la transmisión del poder al dar cumplimiento al nuevo principio constitucional de no reelección en el próximo cuatrienio presidencial. Yo estimo infinita la honra que al pensar de esa manera se dispensa a mi persona: pero el medio no está en las precepciones de la Constitución, y aun cuando pudiera fundarse en graves motivos, e invocarse en su favor alguna excusa plausible o dársele un apoyo constitucional, jamas lo aceptaría tratándose de mi persona. En este concepto es preciso buscar otra combinación que dé un resultado satisfactorio para el afianzamiento de la paz y el arraigo de las instituciones.[52]

Para, finales de 1879, no faltaban aspirantes para suceder a Díaz. Esta situación reflejaba las profundas divisiones que habían surgido en el campo tuxtepecano después de 1876. Irónicamente, como gustarían de señalar los apologistas del régimen, el faccionalismo político parecía haber sido estimulado de manera activa por el compromiso con el principio de la «no reelección», a medida que la movilización política entre los sucesores potenciales se hacía más intensa. Después de una gran especulación en la prensa, surgieron los nombres de Ignacio Vallarta, Vicente Riva Palacio, los generales Trinidad García de la Cadena y Gerónimo Treviño como posibles candidatos.

Sin embargo, para principios de 1880 habían surgido dos más fuertes: el candidato «civil», Justo Benítez, personaje clave del movimiento tuxtepecano y consejero político cercano a Díaz desde la década de 1850, y el candidato «militar», el general Manuel González, otro compadre de Díaz. Benítez hizo su campaña bajo la bandera del Partido Liberal Constitucionalista, prometiendo mantener y proteger las provisiones de la Constitución de 1857, mientras que el programa de González hacía hincapié en una plataforma totalmente distinta, es decir, en una reforma fiscal y económica, un progreso material («el trabajo debe ser el evangelio del pueblo») y, como era de esperarse en un exsecretario de Defensa, una reforma y modernización de las fuerzas armadas.[53]

Aunque en sus pronunciamientos oficiales Díaz se negó a dar su bendición a cualquiera de los candidatos, era bien sabido su apoyo a González quien, por ejemplo, le escribió al presidente, en abril de 1880, para agradecerle por «la bondad que me tuvo en mejorar mi situación».[54] Las elecciones (en las primarias de junio se seleccionó a los electores, quienes luego emitieron su voto en un sufragio secundario realizado en julio) se llevaron a cabo pacíficamente a pesar de los temores difundidos de «disturbios revolucionarios». Cuando se contaron los votos del Colegio Electoral, González (con 11 528 votos) resultó vencedor sobre Benítez (con 1 368 votos). Sin embargo, había indicios de prácticas electorales fraudulentas. En Sonora, por ejemplo, el comandante militar José G. Carbó entregó las papeletas de los electores directamente a González, pidiéndole que se asegurara de que llegasen a su destino con «medios seguros». Cuando se contaron los votos, los 224 resultaron a favor de González.[55]

En la memoria que Díaz presentó a finales de noviembre de 1880, un día antes de entregar el poder a su sucesor, aseguraba que su mayor logro en este primer período de gobierno había sido el establecimiento de la paz nacional. Afirmó que «la paz es un hecho en toda la República y ha sido así durante los últimos cuatro años». Llegó a asegurar que el principio de no reelección era «la esencia y el triunfo» de la Revolución de Tuxtepec y que la enmienda constitucional, promulgada de manera simbólica el 5 de mayo (1877) a fin de que coincidiera con el aniversario de la Batalla de Puebla, era un principio sagrado al que él honraba al dejar el poder. También articuló otro principio que sería asociado para siempre con su régimen: «poca política y mucha administración», una preferencia por la administración y el buen gobierno, por encima del faccionalismo político y de los conflictos ideológicos. Como lo explicaría el mismo Díaz: «Desde hace tiempo, se ha aceptado que la satisfacción de las necesidades más apremiantes del país se encuentra en la administración y no en la política».[56]

A pesar del tono de autofelicitación que hay en la memoria, el que pronto sería el expresidente admitía con franqueza: «Los principales actos de mi administración más bien son la medida de lo que falta por hacer, que de lo que está hecho».[57] En pocas palabras, los objetivos centrales del proyecto liberal —el establecimiento de instituciones representativas, la promoción del desarrollo material y social o, como propone José Valadés, la creación de un Estado y el surgimiento de una nación— habían sido planteados, pero solo en principio. Sería el trabajo de su sucesor, al menos de modo temporal, continuar con el proceso.

LA PRESIDENCIA DE MANUEL GONZÁLEZ, 1880-1884

Muchos historiadores del México decimonónico consideran que Manuel González era un títere de Porfirio Díaz, no solo porque eran compadres, sino porque su candidatura claramente fue apoyada y respaldada por el expresidente. Como lo indica su correspondencia, la lealtad de González hacia Díaz era genuina y profunda. La implicación ha sido siempre que González era un candidato «seguro», un mero cero a la izquierda o testaferro, que no solo representaría una continuidad del régimen de Díaz, sino que estaría más que dispuesto a devolver el poder a su compadre al final de su mandato. Por lo tanto, la presidencia de González se considera con mayor frecuencia como un interregno, un paréntesis entre el primero y el segundo mandato de Porfirio. La percepción de la colusión parece confirmarse cuando González nombró a Díaz ministro de Fomento en su primer gabinete y con la elección simultánea de Díaz para la presidencia de la Suprema Corte, la cual, de acuerdo con la Constitución de 1857, implicaba la sucesión presidencial.[58]

Un examen más de cerca tanto de la candidatura como de la presidencia de González sugiere una revisión de esta interpretación. Aunque la candidatura de González ciertamente estaba favorecida por Díaz por las razones antes mencionadas, lo que determinó su surgimiento como candidato fuerte fueron las turbulentas circunstancias políticas de 1879 y 1880. La persistencia de las divisiones políticas internas y la evidencia de la conspiración sugieren que el candidato más apropiado sería aquel que tuviese el mayor apoyo del Ejército; y la exitosa campaña militar de González en el noreste en 1879 y 1880 había confirmado que gozaba de dicho apoyo.

Una vez en el poder, González promovió las mismas estrategias que se identificarían con el régimen de Díaz; es decir, reconciliación política nacional, consolidación política y el fortalecimiento del Ejecutivo, reconocimiento diplomático externo, el desarrollo de proyectos de infraestructura y la estimulación de la inversión extranjera. Pero González no era solo un imitador de Díaz. De hecho, debería atribuírsele una autonomía, una innovación y un dinamismo en estos campos mayores que los que se le han reconocido.[59]

En el ámbito interno, González pudo demostrar su independencia al nombrar a los candidatos para los cargos políticos, al menos en una ocasión, al desafiar las recomendaciones de su mentor.[60] Continuó con el proceso de extender el poder ejecutivo de la presidencia al intervenir de manera abierta en la política regional de los estados para solucionar disturbios, por ejemplo en Jalisco, Durango y Zacatecas. En su búsqueda de la reforma del Ejército, logró reducir el gasto militar e iniciar un proceso de profesionalización que su predecesor había eludido. En el campo de las relaciones internacionales, la administración de González logró un progreso notable en la negociación de tratados con Washington para controlar los crecientes problemas de contrabando, bandolerismo y ataques por parte de grupos indígenas que reflejaban el creciente comercio e intercambio fronterizos. También defendió los intereses nacionales en las disputas por la frontera con Guatemala, resistiendo tanto las exigencias territoriales de esta como los intentos de Estados Unidos por intervenir.

De acuerdo con su biógrafo, Don Coerver, a González también debe atribuírsele la construcción de fundamentos sólidos para la extensión de los lazos económicos entre México y Estados Unidos, que se acelerarían con rapidez después de 1884.[61] Es significativo que el primer enlace de ferrocarril entre México y Estados Unidos (el Ferrocarril Central Mexicano, de la Ciudad de México a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez) se inaugurara en 1884 bajo la administración de González, un símbolo claro de la «fiebre ferrocarrilera» que caracterizaría los mandatos posteriores de Díaz.[62]

La mayor innovación de la presidencia de González fue, indudablemente, la búsqueda vigorosa de una política económica que liberase las restricciones de desarrollo capitalista en México mediante la reestructuración de los derechos de propiedad y de la reglamentación del comercio, desarrollando así una infraestructura de transporte, de obras públicas y de servicios bancarios y, sobre todo, haciendo que México fuese atractivo para la inversión del capital extranjero y la explotación de recursos minerales y agrícolas. De hecho, fue durante la presidencia de González cuando se sentaron las bases para el proyecto de desarrollo nacional que está tan estrechamente asociado con la época porfiriana. El rápido y frenético entusiasmo de esta administración con respecto al desarrollo del ferrocarril y a la inversión extranjera era conspicuo. Las ganancias que se hicieron de la privatización de la tierra y de las concesiones de ferrocarril sin duda eran un incentivo más. Hay evidencias de que tanto los ministros del gobierno, como los especuladores y los concesionarios sacaban sustanciales beneficios personales. Ciertamente, el mismo González recibía ganancias, por ejemplo, de derechos del traspaso de bienes y las ventas de tierras que derivaron de su adquisición de la concesión para el Ferrocarril Mexicano del Este que debería cruzar las extensas propiedades que poseía en Tamaulipas.[63]

Las acusaciones de corrupción y favoritismo por parte del gobierno gonzalista se incrementaron al final de su mandato y encontraron una expresión fértil en la prensa nacional a medida que el régimen se vio cada vez más criticado por su débil administración económica, el incremento notable en el peso de la deuda externa y su impotencia general frente a la crisis financiera (y bancarrota gubernamental) de 1883 y 1884. A medida que la inversión extranjera y los ingresos del gobierno bajaron, en 1884, quedó expuesto el costoso programa de subsidio estatal de la administración de González, y sus reformas financieras, tales como la acuñación de monedas de níquel, originaron manifestaciones públicas y disturbios populares en la Ciudad de México.

El mismo Díaz mantuvo al inicio una función discreta en el gobierno de González. Después de seis meses como ministro de Fomento, se involucró profundamente en las elecciones para la gubernatura de Oaxaca. Cuando quedó asegurada su elección, después de un breve período en el cargo, pidió una licencia a la legislatura estatal para una ausencia temporal. En 1883, volvió a pedir una licencia para poder representar a México en la Exposición de Nueva Orleáns. La creciente crítica pública de González tuvo consecuencias claramente benéficas para el regreso de Díaz a la presidencia en 1884. A pesar de negarse a hacer declaraciones publicas sobre el asunto, Díaz no mantuvo en secreto su deseo de buscar la reelección. La campaña de reelección había comenzado en 1883, con secciones de la prensa porfirista que aseguraban, de manera exagerada, que la reelección de Díaz representaría el regreso del «salvador de la nación».[64]

Daniel Cosío Villegas atribuye la reelección de Díaz en 1884 a dos factores fundamentales. Primero, la ausencia de candidatos alternativos. Si González hubiese albergado aspiraciones reeleccionistas, su creciente impopularidad, alimentada por los ataques en la prensa, habría debilitado considerablemente sus posibilidades. Según Coerver, el mismo González se había puesto fuera de la jugada y, ya desde 1882, expresó su creencia de que «la elección del general Díaz sería conveniente, pues no veo a otro hombre que posea las mismas virtudes, no solo para mantener la paz en la República, sino también para apoyar sus instituciones».[65]

En cambio, las investigaciones más recientes indican que los partidarios de González, apoyados por una campaña de prensa nutrida, promovieron intensamente su candidatura en los meses anteriores a los comicios, y que, a pesar de que oficialmente Díaz fuera el único candidato, hubo una campaña electoral intensiva en un contexto de gran efervescencia política.[66]

Segundo, es evidente que la campaña para reelegir a Díaz comenzó formalmente desde nueve meses antes de las elecciones primarias de junio de 1884, apoyado con una campaña periodística igualmente intensiva, con hasta 99 periódicos en favor de la candidatura del expresidente a lo largo de la República, junto con el establecimiento simultáneo de clubes políticos, según la tradición de la práctica electoral del siglo XIX. La prensa católica y, por lo visto, algunos periódicos liberales independientes intentaron descalificar y desacreditar el proceso electoral resaltando los peligros de la reelección.[67] No obstante, no sorprendió que la comísión electoral del Congreso Nacional, a cargo del escrutinio y la valoración de los votos de los colegios electorales de toda la República, anunciara en septiembre de 1884 que Díaz había sido electo con 85% de los votos.[68]

Muchos de los mecanismos y de las prácticas adoptadas durante su primer período de gobierno —el cultivo de la deferencia, el amplio uso del patronazgo, la preferencia por la negociación y la aplicación de la manipulación y la coerción— se mantuvieron constantes a lo largo del régimen. De la misma manera en que Juárez y Lerdo se habían esforzado en hacer desde 1867, el primer gobierno de Díaz continuó con su intento por acomodar la gallina del liberalismo constitucional en el corral ajeno de la tradición y la práctica personalistas y caudillistas. Sin embargo, después de la primera reelección de Díaz en 1884, hubo un notable cambio en la práctica política relacionada con la consolidación de una autoridad personal incuestionable. Al buscar mantener la paz, los principios centrales del liberalismo decimonónico, incluyendo el principio sagrado de la no reelección, quedaron cada vez más marginados, aunque nunca abandonados por completo. Como resultado, en lugar de intentar mantener el equilibrio pragmático entre las raíces constitucionalistas del régimen y las tradiciones autoritarias, la administración porfirista posterior a 1884 se comprometió cada vez más con una forma de liberalismo patriarcal, a fin de mantener un período de paz política que perduraría durante los siguientes veinte años.

CAPÍTULO 5

LA CONSOLIDACIÓN DEL PODER:

LIBERALISMO PATRIARCAL: 1884-1911

Poca política, mucha administración.

IGNACIO VALLARTA

La primera reelección de Díaz a la presidencia en 1884 marcó una vertiente importante en la evolución política del régimen. Como anticipo de lo que estaba por venir, la elección no tuvo competencia, con Díaz como el único candidato. A partir de entonces, es posible identificar un doble proceso de consolidación y transformación del régimen. Mientras que muchos de los mecanismos y tácticas del pragmatismo liberal porfirista siguieron vigentes, en un intento por arreglar y controlar las divisiones faccionales, la autoridad personal y patriarcal del presidente, en la cumbre de la jerarquía de poder, se consolidó gradualmente y se hizo cada vez más indiscutible.

De acuerdo con la adherencia al constitucionalismo liberal, el proceso de consolidación estaba legitimado mediante dos enmiendas a la Constitución de 1857. La primera, de 1887, permitía la reelección consecutiva y, por ende, permitió la segunda reelección de Díaz al año siguiente. La segunda, de 1890, de mayor controversia política, eliminaba todas las restricciones para la futura reelección y permitió la tercera reelección de Díaz en 1892, además de dar soporte legal a la cuarta, quinta, sexta y séptima en 1896, 1900, 1906 y 1910. Pero aunque el liberalismo constitucional seguía proporcionando un marco legal, en la práctica su contenido fue ignorado progresivamente. Como lo hizo ver José Valadés hace muchos años, se carecía cada vez más de una doctrina coherente que no fuera la subordinación a la voluntad del patriarca, De esta manera, el régimen podía ser, al mismo tiempo y sin contradicción, tanto liberal como conservador, tanto proextranjero como nacionalista, tanto secular como confesional. El requisito esencial era que cada facción o grupo de interés, sin importar la ideología, debía estar preparado para reconocer y someterse a la autoridad del presidente.[1]

En consecuencia, la autoridad de don Porfirio se hizo cada vez más incuestionable y «necesaria» (en palabras de Daniel Cosío Villegas, Díaz se convirtió en El Necesario). Se volvió el patriarca de la nación y el custodio y árbitro de las reglas de conducta de la vida política mexicana. Esto implicaba no solo la afirmación de la autoridad personal sobre las instituciones que regían la conducta de la política (el gabinete, las dos cámaras del Congreso, los gobernadores estatales, las legislaturas estatales, los jefes políticos), sino también sobre las instituciones que habían desempeñado un papel decisivo en el siglo XIX, sobre todo, el Ejército, la Iglesia y la prensa. La evolución de un culto de personalidad alrededor de la figura de don Porfirio era una parte integral de este acrecentamiento gradual de poder.

Sin embargo, aunque el régimen mostraba tendencias cada vez más centralizadoras y autoritarias, hubo limitaciones importantes de la autoridad presidencial, tanto constitucionales como políticas. En otras palabras, el control político del que gozaba Díaz nunca fue tan absoluto como lo aseguran sus críticos, pues el proceso de consolidación de la suprema autoridad del presidente siempre enfrentó cuestionamientos, desafíos y resistencia en todos los niveles. Por lo tanto, el faccionalismo y la disidencia fueron una característica inherente de la época. En el ámbito nacional, en el ámbito de la «alta» política, los liberales radicales o puros (a quienes la prensa contemporánea también llamaba jacobinos), quienes buscaban mantener tanto la Constitución de 1857 como el principio tuxtepecano de la no reelección, se enfrentaron a los liberales moderados y, cada vez más, a la creciente influencia de los liberales conservadores o desarrollistas, quienes después de 1893 fueron llamados Científicos. Los científicos apoyaban el régimen a pesar de tener sus reservas en cuanto al fortalecimiento de la autoridad presidencial que estaba implícito en la reelección sucesiva.

En el ámbito regional, la celebración de las elecciones proporcionó una plataforma para las actividades antirreeleccionistas y para otros grupos de oposición, y funcionó como barómetro político para evaluar la estima del régimen. Esto sería particularmente claro en las elecciones de 1892, cuando la polémica desaparición de todas las restricciones a la reelección originó una ola de protestas antirreeleccionistas en varios estados (particularmente en los del norte, como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León), que coincidía con una crisis económica y hacendaría —la caída del precio de la plata y una combinación de sequías e inundaciones en distintos puntos del país—.[2] Al mismo tiempo, el régimen se enfrentó constantemente a estallidos de protestas populares en las áreas rurales, mayormente entre 1891 y 1893, pero en algunos casos —como el de los mayas en Yucatán y el de los yaquis en Sonora— fue la constante a lo largo de rodo el régimen.[3]

Por ello, es claro que debe hacerse una revisión seria de las afirmaciones que hacen los apologistas del régimen, al presentarlo como una paz política imperturbable o pax porfiriana. El alcance de los conflictos y las pautas de la práctica política local de este período han comenzado a entenderse en años recientes, y ha empezado a aparecer un mayor número de estudios regionales (o microhistóricos) que revelan con mayor claridad la sorprendente heterogeneidad del México porfiriano, así como el limitado alcance de la autoridad central.[4] Dado el número manifiesto de conflictos tanto faccionales como regionales, lo que es muy notable es el éxito del régimen porfiriano al mantener la autoridad central y al controlar y disolver las divisiones internas. Es en este sentido como se debe entender el alcance de la pax porfiriana. Es importante reiterar el hecho de que el grado de estabilidad política que logró el gobierno de Díaz entre 1884 y 1906 no tuvo paralelos dentro de la historia del México decimonónico.

LA PRÁCTICA POLÍTICA POSTERIOR A 1884

Dos temas centrales surgen en la conducción de la política porfirista posterior a 1884. El primero es la gradual modificación del manejo de la política de camarillas. La lealtad de Díaz a la camarilla tuxtepecana se transformó, de forma gradual después de 1884, en el manejo de camarillas competidoras al hacerlas pelear entre sí y al asegurarse que cada una reconociera la autoridad del presidente en su función de árbitro. El segundo tema, que se traslapa, es la subordinación progresiva de todos los actores políticos (desde los miembros del gabinete hasta los jefes políticos regionales) ante la autoridad patriarcal del caudillo. Esto representaba un autoritarismo disimulado dentro del marco del constitucionalismo liberal. Quizá sea mejor describirlo como una forma de liberalismo patriarcal.

El ejercicio de esta forma de liberalismo patriarcal fue el meollo del proceso de consolidación política en México después de 1884, pero, al mismo tiempo, condujo a lo que Cosío Villegas describe como la «petrificación» de la política, así como a la preferencia por la administración de la política en lugar de una práctica abierta o democrática del debate político y de la competencia electoral. Esto ha dado lugar a la tan citada y apropiada máxima, articulada originalmente por Ignacio Vallarta (presidente de la Suprema Corte en el primer gobierno de Díaz) y después utilizada para describir el carácter de la política porfirista: «Poca política, mucha administración».[5]

Como ya se indicó en el Capítulo 2, la política de camarillas, que frecuentemente había sido desplegada en las luchas entre juaristas, lerdistas y porfiristas durante la República Restaurada, desempeñó un papel vital para el desarrollo de las lealtades políticas entre los tuxtepecanos que contribuyeron a la obtención del cargo presidencial en 1876. En consecuencia, durante su primera administración, Díaz seleccionó para el gabinete, para el gobierno de los estados y para la función vital de los comandantes militares regionales de entre las filas de los aliados tuxtepecanos, quienes estaban ligados a él por lazos de compadrazgo, de masonería y de una experiencia militar o política compartida. Los miembros más prominentes de este grupo incluyeron a Justo Benítez, a Protasio Tagle, Luis Mier y Terán (todos oaxaqueños y masones) Carlos Pacheco y Manuel González.

Por el contrario, los nombramientos hechos después de su primera reelección en 1884 mostraban una marcada preferencia por la representación de facciones diferentes. En el nuevo gabinete, por ejemplo, Ignacio Mariscal, exministro mexicano en Londres, entonces designado secretario de Relaciones Exteriores, había sido lerdista antes de 1876; Matías Romero, antes juarista, fue Confirmado como ministro mexicano en Washington; Manuel Dublán, el nuevo secretario de Hacienda, había sido ministro en el gabinete del emperador Maximiliano. Un mayor indicador del cambio de dirección administrativa posterior a 1884 fue la designación del joven abogado positivista, Joaquín Baranda, para la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, puesto que también había colaborado con la administración de Manuel González. Quizá sea ilustrativo del carácter prevaleciente del reajuste de camarilla el hecho de que el único representante tuxtepecano en el nuevo gabinete fuera Carlos Pacheco, exgobernador de Chihuahua que fue nombrado secretario de Fomento.[6] A la vez que estos nombramientos representaban el espíritu de reconciliación del régimen de Díaz posterior a 1884, también deben entenderse como parte de una estrategia creciente para obtener un mayor control sobre el manejo de camarillas.

El personaje más influyente del nuevo gabinete fue Manuel Romero Rubio, secretario de Gobernación y antiguo lerdista. De manera significativa, desde 1881 Romero también era el suegro de Díaz, por el matrimonio de este con Carmen Romero Rubio.[7] Este segundo matrimonio siempre ha sido interpretado como otro ejemplo del espíritu de reconciliación, pues no solo representaba la unificación de lerdistas y porfiristas, sino también del régimen liberal de Díaz con la Iglesia católica. Esto se debió a que Doña Carmen, o Carmelita, como se le conocía popularmente, era famosa por su devoción. Más significativo aún es el hecho de que la boda haya sido oficiada por el arzobispo Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, quien había sido un oponente acérrimo del anticlericalismo liberal y un apologista de la causa conservadora e imperial. Con menor frecuencia se comenta el hecho de que la pareja se conoció en la residencia del ministro de Estados Unidos en México, John Foster, después de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países en 1878. Ciertamente, el mismo Foster consideraba este hecho como simbólico de las considerables mejoras en las relaciones entre México y Estados Unidos que se desarrollaban bajo la administración de Díaz.[8] Doña Carmen también tiene fama de instructora de su marido en la etiqueta de la sociedad «refinada», al darle una mayor formalidad a su forma de vestir, de hablar y a sus modales en la mesa; así como al alejarlo de sus hábitos de gritar e incluso, al parecer, de escupir. Más adelante Bulnes describiría la transformación personal de Díaz después de su matrimonio con Carmelita como un proceso de «aristocratización del César».[9]

El principal objetivo político de Díaz era establecerse como mediador y árbitro entre las facciones o camarillas rivales. Para garantizar que la estrategia tuviera éxito, el patronazgo se extendió para controlar o, por lo menos, supervisar el proceso de nombramientos políticos para los puestos electos y no electos en todos los niveles, y de este modo manejar tanto el corazón del proceso político como la trayectoria de las carreras individuales. Manuel Romero Rubio desempeñó una función vital en esto hasta su muerte en 1895. A partir de entonces, el papel de consejero principal lo tomó el secretario de Hacienda, José Yves Limantour. Los pilares centrales de la estrategia fueron, primero, la racionalización de las prácticas electorales y, segundo, la eliminación de las restricciones para la reelección, no solo del presidente, sino de todos los puestos electos (y no electos).

ELECCIONES Y REELECCIONES

En su análisis de la práctica política porfirista, Cosío Villegas proporciona una amplia evidencia del grado de manipulación electoral que había durante el apogeo del régimen de Díaz. En el caso de la elección de los diputados para el Congreso Nacional, cuando el período de elección se acercaba, Díaz, previa consulta con Romero Rubio o, posteriormente, con Limantour, negociaba con el gobernador los nombres de los candidatos que debían ser «electos» como diputados para representar al estado en el Congreso Nacional. Entonces el gobernador comunicaba la lista a los jefes políticos de los distritos electorales quienes, a su vez, transmitían los nombres a los presidentes municipales. Una vez que las elecciones habían tenido lugar, el proceso de notificación se repetía a la inversa. La etapa final era la publicación de los resultados en el Diario Oficial de debates de la Cámara de Diputados. Mientras que el proceso no era, de ninguna manera, idéntico en todos los casos, las pautas y el vocabulario adoptados para su implementación (citando, sin omisión, que las elecciones habían sido realizadas con una «estricta sujeción a los principios constitucionales») eran notablemente similares en toda la República.[10]

Esta estandarización, o lo que François-Xavier Guerra describió como la «burocratización» del proceso electoral, quedó mejor ejemplificada con la segunda parte de la estrategia: la reelección sucesiva de los cargos, lo que aseguraba una continuidad y eliminaba la posibilidad de una competencia electoral y, de este modo, de posibles conflictos políticos.[11] Dada la adherencia del régimen al constitucionalismo, la reelección solo podía legitimarse mediante una enmienda constitucional. Díaz estaba ansioso por evitar acusaciones de manipulación electoral y se aseguró que la iniciativa no emanara de la presidencia, sino de las legislaturas estatales, y solo ratificada, posteriormente, por el Congreso Nacional.

El principio de la reelección quedó establecido con el otorgamiento de la extensión de un solo período adicional de gobierno, aprobado en 1887, a partir de una iniciativa originada en la legislatura estatal de Puebla. Esto permitió que Díaz fuese reelecto en 1888 para un tercer período de cuatro años. El premio máximo de reelección permanente y sin restricciones no se logró sino hasta 1890, a partir de una propuesta emitida originalmente por la legislatura estatal de Guerrero. En ambos casos, el proceso de cambio constitucional fue lento y estuvo sujeto a una gran cantidad de comentarios, críticas y especulaciones en la prensa independiente. Sin embargo, cuando se hizo la votación en el Congreso, fueron aprobadas por una aplastante mayoría.[12]

Como lo señaló Jan Bazant, la efectividad del proceso de consolidación política en el régimen de Díaz es algo que debe atribuirse, en parte, al paso lento de su implementación. Arguye que la acumulación creciente de poder de Díaz contrasta con la apresurada acumulación de poder hecha por aquellos que han sido envilecidos, junto con Díaz, como los principales villanos de la historia de México durante el siglo XIX; es decir, Agustín de Iturbide y Antonio López de Santa Anna. Ambos habían buscado encumbrarse en su posición de autoridad suprema (emperador en el caso de Iturbide, dictador perpetuo en el caso de Santa Anna) después de períodos de poder mucho más cortos.[13]

Además, Díaz se distinguió de sus predecesores por su distanciamiento calculado y deliberado, así como por su renuencia pública a aceptar, menos aún a promover, su propia candidatura. En su discurso ante los miembros del Club Político Morelos, organizado en la Ciudad de México para hacer campaña en su polémica reelección de 1892, hizo hincapié tanto en su estudiada humildad, como en su adherencia a la legalidad constitucional:

Yo no espero señores ni mucho menos me permitiría pretender que el voto de mis conciudadanos me honrará una vez más con su mayoría. Me siento bastante satisfecho de haber cumplido su soberano mandato durante dos períodos constitucionales consecutivos. Pero nunca dejaría de obedecer el que me impusiera otro legalmente.[14]

La efectividad de la estrategia también puede medirse mediante las sucesivas reelecciones, así como por la creciente longevidad en el poder que tuvieron los ministros del gabinete, los diputados, los senadores y los gobernadores estatales después de 1892. El ejemplo más claro es la reelección sucesiva de los representantes en el Congreso Nacional (tanto diputados como senadores). Por ejemplo, en las elecciones para el Congreso de 1896, no fueron reelectos solo 35 de un total de 258 diputados que habían ocupado su sitio en 1892. Se ha estimado también que 86% de los diputados electos en 1910 habían ocupado su puesto al menos desde 1902.[15] Hubo también casos de individuos electos para más de un puesto, por ejemplo, el caso de Genaro Raigosa, quien en 1892 fue electo diputado por el Estado de México y senador suplente por dos estados distintos, Colima y Chihuahua. También hubo casos de diputados electos repetidamente para períodos sucesivos en el cargo, como Francisco Bulnes, quien fuera reelecto no menos de 15 veces entre 1880 y 1910.

El hecho de que Bulnes haya sido presuntamente electo para representar el territorio federal de Baja California que, al parecer, nunca en su vida visitó, ilustra otra característica de la política electoral porfirista, es decir, el oportunismo (carpetbagging), en el que los individuos eran «electos» para representar áreas en las que no tenían una base política independiente y donde, como consecuencia, no eran más que nombrados, electos con base en el patronazgo. Otra de las tácticas preferidas de Díaz era hacer uso de sus socios cercanos provenientes de su estado natal Oaxaca, como personas designadas de confianza que se encargarían de mantener su lealtad. Por ejemplo, en 1896, del total de 227 diputados en el Congreso, no menos de 62 eran oriundos de Oaxaca.

La combinación de la reelección permanente de los candidatos cada vez más envejecidos y la progresiva emasculación de la función del Congreso tras la concentración de poder en manos del ejecutivo llevó a Cosío Villegas a concluir mordazmente que el Congreso, durante el régimen de Díaz, llegó a parecerse más a una gerontocracia, a «un museo de historia natural», que a un parlamento representativo o democráticamente electo. Bulnes aseguraba, a pesar de ser uno de sus miembros, que la mayoría de sus compañeros diputados y senadores eran «títeres sin cerebro».[16] En el caso de los gobernadores estatales, la incidencia de la reelección es muy reveladora. Después de la enmienda constitucional de 1892, una cantidad significativa y siempre creciente de gobernadores ocupó sus puestos de manera más o menos permanente hasta que fueron removidos del cargo, ya por su propia muerte, ya por el impacto del movimiento antirreeleccionista de 1909, ya por la Revolución de 1910. Por ejemplo, Joaquín Obregón González fue gobernador de Guanajuato durante 17 años, entre 1892 y 1909; Abraham Bandala fue gobernador de Tabasco por 15 años, de 1895 a 1910; Teodoro Dehesa, de Veracruz, durante 18 años, entre 1892 y 1910; Mucio P. Martínez, de Puebla, durante 17 años, de 1893 a 1910, y Francisco Cañedo fue gobernador de Sinaloa por 17 años, de 1892 hasta su muerte en 1909.[17]

Sin embargo, la reinstalación permanente en el cargo político representaba peligros potenciales para el régimen. Al eliminar la ficción de la competencia en la realización de las elecciones nacionales y estatales, el régimen se preocupó cada vez más por la generación de pruebas tangibles de aprobación popular de lo que se convirtió en un ritual político de elecciones sin competencia, que cada vez tenía menos sentido y de cuyo resultado no había la menor duda. A medida que la autoridad personal de Díaz se hacía más indiscutible, se volvió cada vez más más necesario buscar medios de aprobación y legitimación alternativos.

Como resultado, hubo una tendencia notable a prestar una mayor atención a lo que hoy se reconocen como estrategias de movilización política modernas. Algunas de las estrategias adoptadas —la formación de clubes políticos para apoyar a candidatos específicos, tanto del ámbito nacional como del estatal, y la publicación de periódicos especiales de edición limitada para apoyar las campañas— habían sido características de la política electoral en México posterior a la Reforma. Después de 1890, el régimen dio a estas prácticas un nuevo impulso y una mejor organización.[18]

Otras estrategias adoptadas por el régimen después de 1888 eran nuevas, tales como la organización de reuniones públicas y de convenciones nacionales donde se redactarían manifiestos y planes de acción; el apoyo a candidatos de parte de intereses comerciales privados; la publicación de propaganda electoral e incluso el intento de medir la opinión publica mediante un referéndum o plebiscito. En 1892, por ejemplo, la candidatura de Díaz recibió el apoyo público de una organización no política, la Confederación Comercial, Manufacturera y Ganadera de la República Mexicana.

El régimen experimentó también con nuevas formas de propaganda política. Por ejemplo, la Convención Central Reeleccionista, que hizo campaña para la cuarta reelección de Díaz en 1896, produjo 18 500 folletos, cada uno con un retrato de Díaz, sin duda para recordar a los electores de cada uno de los 227 distritos electorales de toda la República de qué candidato a reelección se trataba (en caso de que un recordatorio fuese necesario). Antes de las elecciones presidenciales de 1900, el Círculo Nacional Porfirista organizó un plebiscito en el que se hicieron 350 000 papeletas que se distribuyeron entre todos los gobernadores estatales. Mientras que la realización del plebiscito exponía, sin dejar lugar a dudas, el tipo de manipulación común a la gran mayoría de las elecciones realizadas durante el México porfiriano, y mientras que los resultados no sorprendieron a nadie al reflejar un apoyo absoluto al presidente en funciones, esto era una innovación significativa en la política electoral mexicana.[19]

Aunque sea posible sostener que la reelección sucesiva para el cargo político representaba un proceso de consolidación y centralización, es importante no olvidar sus limitaciones ni exagerar su alcance o su homogeneidad. Por ejemplo, aunque manipulada y apoyada por Díaz, la repetida reelección de los gobernadores estatales no necesariamente implicaba que siempre fuera capaz de manejar la política local a su antojo.

DÍAZ Y LOS GOBERNADORES

Debido a la importancia central que representaban para el sistema político, al ser los mediadores entre el poder nacional y estatal, los criterios para la selección de los gobernadores eran un campo al que Díaz dedicaba una debida atención. En su elección de los candidatos, Díaz debía actuar con extrema sensibilidad para juzgar la configuración particular de las circunstancias locales. A raíz de la debilidad del Estado central, los preceptos constitucionales en torno a la soberanía estatal, y la base de poder variable de las facciones locales, la circunspección, la información exacta y el buen juicio eran vitales para evitar posibles amenazas a la autoridad presidencial. En primer lugar, los gobernadores eran seleccionados, particularmente en los primeros años del régimen, de entre los líderes regionales cuya autoridad derivaba de una base de poder local y que, en consecuencia, fuesen recompensados por haberse unido a la coalición de Díaz en Tuxteptec.

Tal era el caso de Gerónimo Treviño, cuya lealtad a Díaz en 1871 y 1876 fue vital para asegurar el control de los estados de la frontera (Coahuila, Chihuahua y Nuevo León) durante la campaña de Tuxtepec. Al principio, Díaz se vio comprometido a dar a Treviño una libertad considerable para mantener tanto su cacicazgo como la autoridad del gobierno central en estos estados clave, haciéndose de la vista gorda ante la acumulación de su riqueza personal a raíz de su control del comercio en la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, la independencia de los caciques regionales fue un claro obstáculo para el establecimiento de la autoridad presidencial, de modo que la supresión del cacicazgo de Treviño se convirtió en una prioridad durante la segunda administración de Díaz. Hicieron falta dos años, de 1885 a 1887, con el leal apoyo de Bernardo Reyes, para que Díaz lo lograra. La «victoria» quedó simbolizada por la elección de un candidato «neutral» (Lázaro Garza Ayala) como gobernador de Nuevo León en 1887.[20]

El segundo grupo de donde se seleccionaban los gobernadores era el formado por aquellos cuya autoridad y presencia en sus estados natales quedaban confirmadas por el apoyo y el patronazgo de Díaz. Esta larga lista incluía, por ejemplo, a Francisco Cañedo de Sinaloa, gobernador desde 1892 y hasta la Revolución de 1910, ya Carlos Diez Gutiérrez, gobernador de San Luis Potosí desde 1889 hasta su muerte en 1898.[21] Un tercer grupo consistía en aquellos cuyos servicios militares y políticos eran recompensados con la designación de una gubernatura; este grupo incluía a Luis Mier y Terán, cuya lealtad fue recompensada con el gobierno de Veracruz (1876-1879) y, subsecuentemente, el de su natal Oaxaca (1883-1888).

Un cuarto grupo consistía en aquellos individuos leales, confiables y experimentados (Guerra los llama «los hombres del presidente») a quienes Díaz utilizaba como candidatos «intermedios» independientes para solucionar las disputas electorales que surgían en ciertos estados ente facciones opuestas. Tal es el caso de Rosendo Márquez en Puebla, nombrado gobernador en 1884, para solucionar los conflictos y rivalidades antiguas entre la montaña y la llanura. Otro ejemplo es el caso de Lauro Carrillo, oriundo de Sonora, quien fue nombrado gobernador de Chihuahua (1892-1897) para mediar y, por ultimo, neutralizar los conflictos locales entre la poderosa familia Terrazas y los partidarios de Carlos Pacheco, antiguo aliado tuxtepecano del presidente.[22]

Algunos gobernadores manifestaban abiertamente un grado de deferencia, devoción y subordinación al presidente que rayaba en la adulación. En su jurisdicción, la autoridad de Díaz se interpretaba como si fuera ley divina. Por ejemplo, uno de los servidores y compadres de Oaxaca más leales de Díaz, Albino Zertuche, fue «electo» gobernador de su estado natal en 1888. La explicación que hacía Zertuche de su elección mostraba no solo el grado de deferencia, sino también revelaba, involuntariamente, el tipo de autoridad que el caudillo era capaz de ejercer: «El general Díaz fue muy amable al nombrarme candidato oficial para el gobierno del estado [de Oaxaca] y él, a su vez, me eligió de manera unánime».[23]

El gobernador Mucio Martínez de Puebla (1893-1910), con una expresión similar de deferencia extrema, en una ocasión imploraba al presidente: «Puede creer que todo lo hecho […] no ha reconocido otro móvil que mi afán inquebrantable y decidido empeño en servir a usted».[24]

Paralelamente otros gobernadores, no menos leales al presidente, al parecer podían conservar cierto grado de autonomía en el gobierno de sus estados respectivos, con base en un firme control de la política local y en su compromiso con la modernización porfirista. Quizás un ejemplo típico sea el caso del gobernador Próspero Cahuantzi del estado de Tlaxcala. Cahuantzi, nativo de Tlaxcala, era tuxtepecano, leal y antiguo subordinado de Díaz durante la guerra de la Intervención. Fue electo para gobernador por primera vez en 1885. Como resultado de sus habilidades administrativas y del mantenimiento de un nivel importante de independencia de la élite terrateniente del estado, Cahuantzi pudo mantener un equilibrio delicado, pero precario, entre los intereses y las aspiraciones de los hacendados y los caciques rurales en la implementación del proyecto porfirista de orden político y progreso material.

Como recompensa por mantener un nivel importante, aunque nunca absoluto, de paz política dentro del estado, Cahuantzi obtuvo la aprobación de Díaz para otras seis reelecciones sucesivas en el gobierno. El apoyo público y abierto de Díaz hacia Cahuantzi durante la campaña para promover su sexta reelección en 1908 fue un ejemplo clásico del discurso político porfirista, que combinaba un respeto por la soberanía constitucional del estado, pero, al mismo tiempo, indicaba claramente la importancia del apoyo personal del presidente dentro del sistema: «Mientras la voluntad de la mayoría del pueblo tlaxcalteca no se oponga a la reelección del candidato [Cahuantzi] propuesto por los señores agricultores e industriales de Tlaxcala, estaré con ellos en sus propósitos».[25]

Quizás el caso que mejor sirva para ejemplificar las limitaciones de la autoridad presidencial sea la relación con Bernardo Reyes. Nacido en 1850, veinte años menor que Díaz y uno de los miembros más jóvenes del círculo porfirista, Reyes era miembro de una de las familias políticas más prominentes de Jalisco. Su padre había sido capitán de la Guardia Nacional y jefe político, sus primos eran Pedro Ogazón (gobernador de Jalisco y secretario de Defensa durante la presidencia de Juárez y también durante la de Díaz en 1876-1877) e Ignacio Vallarta (otro exgobernador de Jalisco, ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte).[26]

La prominencia temprana de Reyes se debió a su exitosa carrera militar. Voluntario a los 14 años en 1864, se mantuvo leal a Juárez durante la rebelión en La Noria, pero cambió su lealtad a Díaz en 1876. Como comandante militar de la zona, se hizo «procónsul» de Díaz en los estados del norte (San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa y Baja California), durante las campañas militares contra los apaches, los yaquis y los cacicazgos de los generales Naranjo y Treviño, quienes fueron obstáculos importantes para la consolidación del poder de Díaz en la región. Como recompensa por sus servicios, y en reconocimiento de sus habilidades políticas y administrativas, Reyes fue electo gobernador de Nuevo León en 1885.[27]

Sin embargo, aunque Reyes era intensamente leal al presidente, Díaz siempre fue circunspecto en su trato con él, pues su base de poder en el norte de México y el apoyo que tenía dentro del Ejército lo hacían uno de los dos personajes políticos más importantes del porfiriato tardío (al lado del secretario de Hacienda, Limantour). Al mismo tiempo, la prominencia y popularidad de Reyes lo convertían en un posible rival. En su correspondencia con Reyes, Díaz obraba con mucha circunspección y reconocía claramente las limitaciones de su propia autoridad, así como la autonomía de este en la región que tenía bajo su jurisdicción. Por ejemplo, en 1890, Reyes solicitó una aclaración de los rumores sobre un cambio en la política gubernamental, a lo cual Díaz respondió:

Si de un cambio de política en esa zona se hubiera tratado, habría llamado a usted para que juntos lo confeccionáramos, porque, aunque en lo general y en política que me permito llamar federal, tengo los datos y autoridad bastante para proceder yo solo, me expondría mucho y evidentemente cometería muchos errores si en cuanto a política local que es la más espinosa, me hubiera juzgado competente […] ni usted ni yo somos infalibles.[28]

Por lo tanto, hubo limitaciones importantes en el ejercicio de la autoridad central durante el período de consolidación posterior a 1884. No obstante, al tiempo que Díaz siempre sospechaba de sus rivales potenciales, siempre estaba preparado para aprovechar sus talentos en la búsqueda de sus objetivos. Por consiguiente, sacó una ventaja plena de los talentos administrativos y las habilidades militares de Reyes para neutralizar otra de las amenazas potenciales a su autoridad: la militar.

EL EJÉRCITO

El ejército desempeñó un papel central en la política mexicana del siglo XIX. Frente a las amenazas internas y externas a la nueva república después de la Independencia en 1821, la necesidad de mantener los gastos de un ejército regular había endeudado y, como consecuencia, minado la autoridad de los gobiernos sucesivos entre 1821 y 1855. Por ejemplo, en la década de 1820, se ha calculado que el gasto militar constituía casi tres cuartas partes del ingreso nacional. No sorprende que, con estas circunstancias, los oficiales militares hayan dominado la presidencia durante más de una generación, hasta la toma de poder de Benito Juárez y el gobierno civil en la década de 1850. Sin que se haya creado un militarismo profundo en México (como se vio en los casos de Argentina y Venezuela), la misma debilidad del Estado y la fragmentación de la autoridad central habían permitido que los comandantes militares regionales crearan alianzas políticas locales que habían sido la fuente de los muy frecuentes y ubicuos pronunciamientos que se lanzaron contra los gobiernos federales y estatales.[29]

El ejército en el México decimonónico también se vio severamente afectado por divisiones internas. Los oficiales de la corporación profesional tendían a apoyar el centralismo y la protección del privilegio corporativo. En general, defendían un gobierno fuerte y el mantenimiento de un estatus privilegiado del personal militar con fileros coloniales. Esto hizo que los oficiales conservadores fueran aliados naturales de los esfuerzos del clero por resistir la secularización y la erradicación de las instituciones coloniales. Esto explica también la adopción del grito de batalla antiliberal de «religión y fueros» que caracterizó muchos de los pronunciamientos del siglo XIX. Por el contrario, los liberales buscaban la supresión del fuero militar, así como desafiar las tendencias centralistas mediante la creación de milicias disponibles localmente para defender los intereses estatales y regionales. La Constitución de 1857 representó la cristalización del ataque a los privilegios corporativos y a la centralización política, al tiempo que estimulaba una respuesta hostil previsible de los oficiales de la corporación profesional.

La subsecuente década de lucha interna y destructiva entre 1857 y 1867 dio un golpe serio al estatus y a la estructura de la antigua corporación profesional, y dio un impulso correspondiente a la milicia local y a las unidades de la Guardia Nacional que fueron decisivas para la victoria de la causa liberal. Pero la fragilidad persistente del Estado y del gobierno civil no permitió la erradicación de la autonomía de los comandantes militares regionales o la propensión a los pronunciamientos militares.

La carrera militar y la experiencia del propio Díaz lo hicieron sumamente consciente de la posible ruptura de la paz política que implicaba la autonomía militar. En su búsqueda de una consolidación política civil, buscaba eliminar esta poderosa amenaza a la supervivencia de su régimen. Se adoptaron dos estrategias centrales: primero, la desmovilización de la Guardia Nacional que, con una nómina de 70 000 tropas en 1876, sobrepasaba en número a la corporación profesional en una porción de tres a uno; y, segundo, la profesionalización del ejército, así como una reducción importante de oficiales y tropas en servicio activo.

Como se ha indicado en tos capítulos anteriores, el servicio de Díaz en la Guardia Nacional fue una fuente importante de su poder, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de los comandantes militares que lo habían apoyado en la campaña de Tuxtepec habían sido, al igual que él, comandantes de la Guardia Nacional. Sin embargo, era también la misma institución que había funcionado como la fuente principal para el mantenimiento de los cacicazgos regionales en todo el país durante las turbulentas décadas de 1860 y 1870. Por ende, era la institución que Díaz ahora estaba dispuesto a reformar. La estrategia que se adoptó entre 1879 y 1893 consistió en una disolución gradual y selectiva de las unidades de la Guardia Nacional, o en una transferencia de los milicianos al ejército profesional, ya fuese para las unidades permanentes o las auxiliares.[30] Inevitablemente, era un proceso complejo y lento que requería tacto y sensibilidad. En algunas regiones, la medida provocó una seria resistencia, puesto que no solo amenazaba la supervivencia de la autonomía local, sino también privaba a todos los milicianos de su derecho a privilegios (como estar exentos del pago de impuestos).

En el caso de la sierra norte de Puebla, por ejemplo, Guy Thomson ha demostrado que las negociaciones entre Díaz, el gobernador Rosendo Márquez y el cacique local Juan Francisco Lucas fueron tomadas con mucha precaución para no provocar una posible rebelión serrana. La autonomía que fue producto del control local de la Guardia Nacional había sido la base del apoyo popular en la región para la causa liberal y el soporte principal del poder de Lucas. La forzada desmovilización de los veteranos de la Guardia Nacional en la región, en 1888, destruyó efectivamente el cacicazgo de Lucas y, de este modo, demostró la importancia de la desmovilización de la Guardia Nacional en el proceso de consolidación y centralización política que practicó Díaz después de 1884.[31]

La segunda estrategia que siguió el régimen fue la profesionalización del ejército regular, con la intención de inculcar un esprit de corps profesional entre los oficiales del ejército que los disuadiría de intervenir en la política nacional. Esta fue una estrategia que se adoptó a lo largo de toda América Latina durante el siglo XIX.[32]

En el caso de México, la profesionalización había sido considerada desde el establecimiento del Colegio Militar en 1841, pero, como lo afirma Alicia Hernández Chávez, se vio obstaculizada por una serie de factores. Primero, la combinación de conflictos civiles persistentes y la bancarrota del gobierno durante los primeros años posteriores a la Independencia en los que se propugnó en contra de soluciones a largo plazo. Segundo, las luchas de las décadas de 1850 y 1860 no solo acabaron con los recursos disponibles para el Estado, sino que también aislaron a México de las principales fuentes de tecnología armamentista, así como de crédito, en particular después de la ruptura diplomática con Francia y Gran Bretaña, posterior a 1867. Tercero, una vez que se reanudaron las relaciones diplomáticas (con Francia en 1880 y con Gran Bretaña en 1884), los gobiernos tanto de Díaz como de González prefirieron dirigir la inversión extranjera hacia el desarrollo infraestructural y económico más que al reabastecimiento militar.[33]

Aunque el Colegio Militar volvió a abrir en 1869 para el entrenamiento profesional de los oficiales del ejército regular, la profesionalización no comenzó de manera formal hasta la década de 1880. Conforme al espíritu de reconciliación de facciones que caracterizó al régimen de Díaz, se nombró director, en 1880, al general Sóstenes Rocha, antiguo adversario de Díaz que había abatido la rebelión de La Noria en 1871. Rocha fue responsable de una revisión cuidadosa de la educación y el entrenamiento de los oficiales, además de una reestructuración y formalización de las bases de la promoción, que entonces se obtenía mediante la presentación de exámenes y no por la antigüedad.

Al mismo tiempo, las oportunidades de empleo para los nuevos oficiales calificados se redujeron a causa de una dramática disminución del cuerpo de oficiales, hasta en un 70% en el caso de los oficiales de las fuerzas auxiliares entre el rango de coronel y el de general. El decremento fue más severo en el sector auxiliar, que constituía dos terceras partes del cuerpo total, pero la reducción afectó también a los oficiales profesionales o permanentes.[34]

Una segunda ola de reestructuración, modernización y profesionalización de las fuerzas armadas ocurrió después del nombramiento de Bernardo Reyes como secretario de la Defensa en 1900. A Reyes se le atribuye el mejoramiento de armamento y provisiones, así como el suministro de un nuevo código de conducta militar, pero su aportación más importante fue la organización de una Segunda Reserva Civil, un ejército voluntario de 20 000 ciudadanos patrióticos (incluyendo a muchos futuros revolucionarios como Francisco I. Madero) a quienes se podía recurrir para defender la patria en tiempos de guerra. Los paralelos con la Guardia Nacional en tiempos de las Guerras de la Reforma y los posibles riesgos de una movilización civil bajo el control de un ministro de Defensa carismático y popular eran muy claros para Díaz, de modo que actuó con rapidez. En 1902, Reyes fue destituido del Ministerio de Defensa y la Segunda Reserva fue disuelta.

Los resultados de la profesionalización fueron decididamente mixtos. En términos políticos, la reducción de oficiales y su profesionalización afectaron su participación directa en la política y su nombramiento a puestos políticos. En 1889, por ejemplo, solo ocho estados tenían gobernadores civiles, los 21 gobernadores restantes eran generales (incluyendo los del Distrito Federal y el territorio federal de Baja California). Por el contrario, para 1903, la cifra se había invertido, con solo ocho estados en manos de gobernadores con rango militar. Además, Díaz siempre fue cuidadoso con las designaciones de comandantes para las diez zonas militares de la República, a fin de evitar la posibilidad de una colusión o conspiración entre los jefes militares regionales y los gobernadores estatales. Y, por último, como señala Cosío Villegas, la consolidación de la paz política en la República era en sí misma un poderoso factor disuasivo para la intervención militar.[35]

Pero el debilitamiento político del cuerpo de oficiales también se reflejó en la reducción de la efectividad militar del ejército federal. Entre 1880 y 1910, el ejército se vio reducido en más de un 25%, con un decremento de los oficiales veteranos de casi 50%. Además, los nuevos profesionales del Colegio Militar seguían enfrentándose al favoritismo al hacer nombramientos importantes a los acólitos leales del presidente. Con la desaparición de la Guardia Nacional y la disolución de la Segunda Reserva en 1902, había poco apoyo para un ejército cada vez menos efectivo y más desmoralizado.

Incluso la efectividad del apoyo paramilitar que ofrecían los Rurales (Fuerza Policial Rural) en el control del descontento rural, parece haber sido estrictamente limitada. De hecho, la reputación de los Rurales por su eficiencia, efectividad y brutalidad, tanto en las descripciones de la época como en la imagen popular, fue muy exagerada. A lo largo del porfiriato, los Rurales constaban de solo ocho cuerpos de doscientos hombres cada uno, o sea, un total de 1 600 hombres, concentrados en los estados alrededor de la capital. En opinión de Alicia Hernández Chávez, actuaban principalmente como una fuente de información sobre las actividades disidentes locales y no eran capaces de enfrentarse a cualquier rebelión seria, mucho menos resistirla. Paul Vanderwood estima un total mayor de 2 500, pero hace hincapié en su falta de equipo y entrenamiento, así como en su incompetencia general. Para Vanderwood, la reputación que tenían en la época para causar miedo y alarma en los corazones de los habitantes rurales de México, así como para inspirar tanta prosa grandilocuente en los visitantes extranjeros, era más importante que su efectividad como una fuerza policiaca.[36]

En resumen, el grado de desmoralización de las tropas y del cuerpo de oficiales en el ejército federal, que ya no podía contar con el apoyo de las unidades de la disuelta Guardia Nacional o de la Segunda Reserva, se hizo evidente cuando el régimen se enfrentó a una serie de insurrecciones locales durante la primera fase de la Revolución en 1910 y 1911. Sin embargo, desde la perspectiva del régimen, el control de Díaz sobre el Ejército era amplio, y él resultó ser el más efectivo de todos los presidentes de México en el siglo XIX para socavar la cultura del pronunciamiento militar y para evitar la intervención de la milicia en la política. No obstante, gozó de un éxito más ambivalente en la subordinación de otra de las instituciones más importantes del México del siglo XIX: la Iglesia.

LA IGLESIA

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado siempre han sido fundamentales en la evolución de la vida política mexicana. A pesar del hecho de que el México independiente era esencialmente una república católica, el conflicto Iglesia-Estado se mantuvo como el meollo de todos los trastornos políticos importantes a los que se enfrentó el país como una nación independiente después de 1821. La Iglesia mexicana, con sus diez diócesis, sus más de mil parroquias, trescientos conventos y monasterios y alrededor de setecientos sacerdotes, había salido herida y azotada de la lucha por la Independencia. Su capital y sus propiedades estaban bajo amenaza de confiscación y privatización y su monopolio de influencia social y cultural, así como el monopolio sobre la moral pública y privada se enfrentaba al desafío liberal de la secularización y la tolerancia religiosa. Aunque la Constitución de 1824 reconocía el catolicismo como la religión oficial del Estado (y rechazaba la tolerancia religiosa), y había mantenido los fueros de la Iglesia, su estatus económico, social y educativo era cada vez más el blanco de los ataques liberales y masónicos al legado colonial de poder y privilegio corporativos.

La Revolución de Ayutla en 1854 significó una encrucijada en las relaciones Iglesia-Estado al permitir que el liberalismo mexicano impusiera, finalmente, una constitución liberal en un país en su inmensa mayoría católico. El conjunto de reformas promulgadas (particularmente la Ley Juárez y la Ley Lerdo) abolieron la autonomía y la inmunidad legal de la Iglesia y forzaron la venia de sus propiedades. La Constitución de 1857 incorporó estas medidas e incluyó más para refrenar la influencia de la Iglesia en la educación y para evitar la elección del clero en el Congreso. La reacción hostil de los obispos y del clero mexicano (y del Vaticano) originó una guerra civil, que hizo más radical aún el ataque liberal a la Iglesia. Los decretos de 1859 y 1860 nacionalizaron formalmente las propiedades de la Iglesia, suprimieron las órdenes religiosas, secularizaron el sistema educativo, establecieron el registro civil de los nacimientos, los matrimonios y los fallecimientos, y establecieron la libertad de credo.

Sin embargo, la instrumentación del programa liberal anticlerical fue un proceso mucho más complejo y prolongado, y para cuando Díaz tomó el poder, en 1876, aún distaba mucho de terminarse. A pesar del «triunfo» del liberalismo y de la restauración de la República en 1867, había una considerable resistencia cultural y política a la secularización, no solo de parte de los conservadores y los católicos, sino también de entre las filas del Partido Liberal donde el ala moderada rechazaba el entusiasmo radical de los puros. Aparte de las diferencias ideológicas, la realidad de la descentralización política implicó también que hubiera una marcada variación regional en la implementación de las Leyes de Reforma, con la interpretación de la secularización en manos de los funcionarios estatales, cada uno con sus propios prejuicios, lealtades y afiliaciones.

El tema volvió a surgir durante la presidencia de Lerdo de Tejada (1872-1876). La incorporación formal de las Leyes de Reforma a la Constitución en 1873 había provocado una oposición difusa dentro de la Iglesia, inquietud y rebelión populares, especialmente en el Bajío. Por lo tanto, la cuestión Iglesia-Estado tenía aún vigencia cuando Díaz llegó al poder en 1876 y continuó provocando controversia y conflictos políticos. El objetivo del régimen fue, como en el caso del Ejército, subordinar la Iglesia a la autoridad política de Díaz. Esto exigía un delicado equilibrio entre el mantenimiento de los preceptos básicos de las Leyes de Reforma, al tiempo que, en la práctica, se hacía de la vista gorda ante múltiples violaciones tanto al espíritu como al texto de la Constitución.

Como se indicó en el Capítulo 2, las raíces políticas de Díaz se encontraban en la masonería y el liberalismo radical. Al igual que su predecesor, Benito Juárez, que su compadre y sucesor en la presidencia, Manuel González, y que la generación de liberales afiliados a las logias masónicas durante la Reforma y la República Restaurada, compartía una antipatía hacia el poder de la Iglesia mexicana y apoyaba activamente la política de secularización de las instituciones sociales y políticas.[37] Dentro del espectro de la política liberal, Díaz había surgido después de 1867 como defensor de las políticas radicales o jacobinas. Las políticas seguidas durante los años tuxtepecanos reflejaron estas afiliaciones.

En uno de sus primeros actos, el gobierno de Díaz ordenó, en noviembre de 1876, que todas las propiedades que estuviesen en manos de corporaciones, incluyendo las propiedades de la Iglesia (es decir, todas las propiedades que hubiesen escapado a las provisiones de la Ley Lerdo de 1856) debían ser entregadas a las autoridades municipales, junto con los beneficios de cualquier venta, los cuales serían repartidos por igual en actividades educativas y caritativas. Otras medidas confirmaron que el régimen en su primera etapa apoyaba el liberalismo radical: la libertad de credo, el matrimonio como un contrato civil y la confirmación de la prohibición de la adquisición de propiedades por parte de la Iglesia.[38]

El radicalismo de esta legislación inicial fue, a la vez, engañoso y efímero. Se apartaba de las creencias personales de Díaz y de su estrategia preferida de reconciliación. Díaz no mantuvo en secreto ni su propia fe, ni su oposición al conflicto religioso que había conducido a lo que él describió, en 1880, en referencia a la guerra de Reforma, como «aquellas escenas turbulentas de los tiempos anteriores». De este modo pudo separar sus creencias privadas de sus obligaciones públicas, para defender la práctica del catolicismo en el ámbito privado, pero apoyar las Leyes de Reforma en el terreno público. De este modo buscaba atraer a los conservadores católicos y, al mismo tiempo, tranquilizar a los liberales anticlericales. Como lo explicó a su «distinguido y fiel» amigo, el arzobispo de Oaxaca, Eulogio Gillow: «Como Porfirio Díaz en lo particular y como jefe de familia, soy católico, apostólico y romano; como jefe de Estado, no profeso ninguna religión, porque la ley no me lo permite».[39]

El objetivo principal, que tuvo prioridad sobre todas las demás consideraciones personales, religiosas o ideológicas, fue el establecimiento de una paz política y la consolidación de la autoridad personal de Díaz. Siempre y cuando la Iglesia aceptara su autoridad, Díaz estaba preparado para ser conciliador y para no instrumentar la ley al pie de la letra. Al arzobispo Gillow dio una explicación de la esencia de su política de reconciliación: «afianzada la paz en la República y establecida la independencia entre el Estado y la Iglesia, ha cesado ya todo motivo de precaución u hostilidad contra la iglesia católica, mientras ella se limite a los objetos de su ministerio sin tratar de ingerirse […] en asuntos políticos».[40]

Sin embargo, hubo ocasiones en las que Díaz, frente a la evidencia de un abuso de las Leyes de Reforma, permitía que el lenguaje de la diplomacia delicada fuera dejado de lado y que sus afiliaciones liberales y masónicas, y quizá su proclividad anticlerical, salieran a la luz. En 1889, por ejemplo, con una combinación de sarcasmo y exasperación, escribió al gobernador de Yucatán, el general Guillermo Palomino, dándole instrucciones para vigilar de cerca al obispo de Yucatán, quien había instruido a los sacerdotes locales que amenazaran con la excomunión a aquellos yucatecos que no pagaran el diezmo a la Iglesia. Aconsejaba al gobernador que, de ser necesario, usara la ley pero, si lo consideraba apropiado, hiciera uso de métodos alternativos para reducir la tensión. También aprovechó la oportunidad para mofarse de los habitantes de Yucatán, famosos por sus frentes amplias y angulares:

Tengo noticias de que el obispo de Yucatán, que no obstante ser persona ilustrada y muy apreciable bajo otros aspectos, es siempre obispo […], y en cuanto se dé el primer caso [de rompimiento de la ley], procure castigarlos con las penas que las leyes comunes imponen a los trastornadores de la tranquilidad pública: se entiende siempre que considere usted que las conductas del obispo y de los curas pueden alarmar a las conciencias yucatecas; pero si las encuentra usted anchas como son sus frentes […] entonces será mejor despreciar los fueros eclesiásticos dejándoles amplio campo para que esgrimiendo sus armas hasta el abuso acaben de embotar sus filos, y ayudándolos con la prensa amiga que tratará esas estimaciones bajo el aspecto bufo y caricaturesco.[41]

Para el éxito de la política de reconciliación, fue decisiva la relación que Díaz cultivó con los principales representantes de la jerarquía eclesiástica, en particular su cercana relación con Eulogio Gillow, cuyo nombramiento como arzobispo de Oaxaca en 1891 había sido apoyado personalmente por el presidente. Hijo de un comerciante de Liverpool, Inglaterra, que había hecho fortuna y que, mediante su matrimonio había adquirido extensas propiedades en el estado de Puebla, y de una madre aristocrática española (la Marquesa de Selva Nevada), Gillow había sido educado en el Colegio Jesuíta de Stonyhurst en Inglaterra y, posteriormente, en Roma, donde había entrado al servicio personal del papa Pío IX. Gillow había regresado a México en la década de 1870 para desarrollar sus intereses comerciales y agrícolas, y había conocido a Díaz en 1877 en una exposición en Puebla para promover la inversión extranjera en México.

A Gillow se le atribuye el haber actuado como intermediario entre Díaz y la cabeza de la Iglesia mexicana, el arzobispo Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, quien había sido un crítico vehemente del liberalismo y de la Reforma. Labastida había sido presidente de la Junta de Notables que había invitado a Maximiliano a México en 1863 y, subsecuentemente, del Consejo de Regencia. Había sido exiliado a raíz de la restauración de la República en 1867, pero regresó a México, por invitación de Benito Juárez, en 1871. De acuerdo con las memorias de Gillow, la reconciliación entre el presidente Díaz y el arzobispo Labastida, como representantes del Estado y de la Iglesia respectivamente, se reflejó en el matrimonio de Díaz con Carmen Romero Rubio en 1881. Gillow actuó como intermediario al persuadir a Labastida para oficiar la ceremonia. Como otro símbolo de la reconciliación, Díaz acudió al funeral de Labastida en 1891.[42]

Gillow era un defensor activo del movimiento renovador de la fe católica en el México porfiriano, además de partidario de la modernización agrícola. Como hacendado modernizador estaba activo en la Sociedad Mexicana de Agricultura, construyendo una planta hidroeléctrica, instalando líneas de telégrafo y teléfono e importando los últimos avances en maquinaria agrícola. Como arzobispo de Oaxaca construyó y restauró iglesias, construyó escuelas y asilos y se construyó una suntuosa residencia en la ciudad de Oaxaca. Gillow también alcanzó una inmortalidad literaria cuando el escritor inglés D.H. Lawrence lo eligió como modelo para el personaje del obispo Severn en la novela La serpiente emplumada, publicada en 1926.[43]

Mientras que el cultivo de las relaciones personales con miembros de la jerarquía eclesiástica era importante para mantener la política de reconciliación, es vital hacer hincapié en que el proyecto fue exitoso también porque reflejaba un proceso de reforma interna que la Iglesia mexicana había seguido desde 1867. Esto se vio tanto en un retiro progresivo ante los conflictos en la esfera política doméstica como en una mayor concentración en la resistencia pasiva interna y en la reorganización institucional.[44]

Como parte del proceso de reconsideración y una reorientación nuevas, Manuel Ceballos Ramírez ha identificado el establecimiento de lazos mucho más firmes entre la Iglesia mexicana y el Vaticano, especialmente durante el pontificado de León XIII (1878-1903). La encíclica del papa en 1891, Rerum Novarum, destacaba una forma de «catolicismo social», en el que exhortaba a los devotos a hacer una campaña contra los vicios sociales (corrupción, alcoholismo, prostitución) identificados como las consecuencias de la secularización liberal y del capitalismo industrial. A raíz de la preocupación por los asuntos sociales, en México se establecieron más de cuarenta organizaciones laborales católicas entre 1874 y 1902, culminando con la institucionalización de organizaciones diversas en la Unión Católica Obrera en 1908.[45]

Como lo ha resaltado Karl Schmitt, hay abundantes indicios de cambios de profundo alcance en las actitudes de parte de la jerarquía eclesiástica durante la época porfiriana, sin las que la reconciliación no se hubiera logrado. La postura de la Iglesia ante el juramento a la Constitución, por ejemplo, pasó de una condena absoluta a un permiso sin reservas. Por lo regular, los católicos consentían la prohibición del régimen respecto a la posesión eclesiástica de propiedades. La vehemente oposición a la ley liberal sobre el registro civil de los matrimonios se transformó, en la práctica, en un arreglo, al permitir que la ceremonia civil tuviese lugar después del servicio religioso.

Indudablemente, se mantuvieron áreas de conflicto, sobre todo en cuanto a la creación de un sistema educativo secular y la prohibición de la educación religiosa en las escuelas estatales. Pero aun aquí, las prohibiciones originales impuestas por la jerarquía eclesiástica a los padres para que no enviaran a sus hijos a las escuelas del Estado se relajaron en la práctica, siempre y cuando la instrucción católica pudiese mantenerse en privado. El intento de imponer restricciones en el uso de la vestimenta clerical y en el toque de las campanas de la iglesia en las ceremonias religiosas públicas condujo, en algunos casos, a conflictos con las autoridades locales.[46] La inquietud popular ocasional se vio impulsada por editoriales exagerados, tanto en la prensa católica como en la liberal, que nunca cesaron de amonestarse.[47]

Sin embargo, la cooperación de la jerarquía de la Iglesia católica con la estrategia general de reconciliación se indicó claramente con las recomendaciones del Quinto Consejo Provincial de Obispos Mexicanos de 1896 en el que, sin renunciar a la doctrina católica, se pedía a todos los miembros de la Iglesia «que exhortaran y promovieran la obediencia a las autoridades civiles» y prohibía, bajo cualquier circunstancia, la participación en asuntos políticos:

Aunque sea deplorable la absoluta separación que en nuestros días existe entre la Iglesia y el Estado, sin embargo los eclesiásticos se portarán respetuosamente con las autoridades civiles, y sin perjuicio de los derechos de la verdad y de la justicia, y salvas las prescripciones de la iglesia, les darán auxilio oportuno siempre que se lo pidieren.[48]

Un mayor indicador de la reconciliación entre la Iglesia y el Estado fue el nombramiento de Nicolás Averardi como emisario del Vaticano en México en 1896. Su llegada desencadenó acalorados intercambios entre las prensas católica y liberal con respecto a la inminencia de un concordato entre el Estado mexicano y el Vaticano. El régimen de Díaz lo negó con firmeza, explicando la aceptación de su nombramiento en términos del compromiso gubernamental ante la libertad de credo y con la condición de que el propósito de esta misión fuese «estricta y simplemente eclesiástica».

El régimen también mostró su sensibilidad al culto popular de la virgen de Guadalupe, un símbolo importante no solo de la religiosidad, sino de la identidad mexicana, proporcionando una guardia de honor para la coronación oficial de la imagen de la Virgen, el 12 de octubre de 1895.[49] De este modo, el régimen de Díaz podía ofrecer una aceptación oficial al culto y, en general, a las demostraciones públicas de religiosidad, al tiempo que hacía hincapié en su preocupación primaria: la preservación del orden y la subordinación de la Iglesia ante la autoridad civil en general y ante la autoridad personal de Díaz en particular.

Uno de los temas más discutidos y más polémicos en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, particularmente en el ámbito local y popular, era la cuestión de la tolerancia religiosa y el apoyo del gobierno y de las autoridades locales ante la proliferación de las organizaciones religiosas protestantes y no católicas. El estímulo que daban los masones y los liberales para tales organizaciones surgía de una doble preocupación: por un lado, acabar con el monopolio religioso de la Iglesia católica y, por el otro, ganar la confianza de los inversionistas estadounidenses estimulando así el flujo de capital extranjero, uno de los objetivos económicos centrales del régimen. Como consecuencia, mientras que el régimen buscaba de forma simultánea tranquilizar tanto a los liberales anticlericales, a la jerarquía eclesiástica y al conjunto de católicos practicantes, Díaz, al igual que sus predecesores, Juárez y Lerdo, buscaba de manera activa propiciar la expansión de las comunidades protestantes y de otras iglesias (como los mormones), en su mayoría de Estados Unidos, que querían extender sus actividades misioneras en México después de la década de 1870.

Ciertamente, Díaz dio su aprobación personal a la estrategia. Incluso desató controversia, particularmente de la prensa católica, al asistir a la inauguración de una iglesia protestante en 1885. También otorgó audiencias privadas a los representantes de diversas denominaciones protestantes, al igual que aquellas de otras iglesias de Estados Unidos, y alentó sus programas misioneros y de colonización. En el caso de la Iglesia mormona, por ejemplo, uno de los «apóstoles» enviados para resucitar la misión mexicana en 1901, John Henry Smith, describió la forma en que el presidente lo recibió con los brazos abiertos. De manera subsecuente, Smith describió a Díaz como el «mayor benefactor de los mormones […] No hay hombre más heroico en la verde tierra de Dios […] que el hombre que está a la cabeza del gobierno de México».[50]

De acuerdo con Jean-Pierre Bastían, para 1892, al momento de mayor expansión de las sociedades protestantes en México, había aproximadamente 469 congregaciones, con la cifra de más de 100 000 miembros, incluyendo trabajadores textiles y ferroviarios, maestros de escuela y rancheros. Se concentraban en los principales centros urbanos y en las zonas donde la transformación económica era más profunda, especialmente en los centros urbanos que eran producto del desarrollo del ferrocarril o de la minería (por ejemplo, en San Luis Potosí, Zacatecas y en la Sierra Madre Occidental). Irónicamente, a la luz del fomento que daba el régimen a sus actividades, las congregaciones protestantes se convertirían en un foco importante de oposición política a Díaz después de 1900. Criticaban la conciliación del gobierno con la Iglesia católica, su represión de las organizaciones laborales y su falta de sustento de los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo relativo a la legitimidad de las elecciones. Muchos pastores protestantes se unieron a las filas del Partido Liberal Mexicano y después desempeñaron un papel prominente en la Revolución de 1910.[51]

A pesar de los peligros inherentes a la búsqueda de una doble estrategia de reconciliación católica y proselitismo protestante, esta contribuyó, indudablemente, a la consolidación del régimen interior a 1900. Sin embargo, no puede afirmarse que el conflicto entre la Iglesia y el Estado se haya resuelto durante el porfiriato. Había aún muchas inconsistencias y negligencias de parte del gobierno nacional y de las autoridades locales en la aplicación de las Leyes de Reforma. Había también muchos casos de desafíos clericales, tanto sutiles como abiertos, a la autoridad civil. Hay también múltiples indicios de que la retórica de confrontación de la era de la Reforma continuaba emergiendo en las prensas católica y liberal.

Por el contrario, hubo ejemplos regionales de íntima colaboración entre los gobernadores estatales porfiristas y los miembros de la jerarquía eclesiástica en una promoción activa de programas de modernización social y económica. Así fue, aparentemente, el caso de la Alianza Progresista entre el gobernador científico, Olegario Molina (1902-1910) y el obispo Martín Tritshler de Yucatán, quienes buscaron, en conjunto, la combinación de la modernización económica positivista con el catolicismo social, a través de un programa de colaboración para mejorar la infraestructura mediante la construcción de ferrocarriles, escuelas e iglesias.[52] Según los estudios más recientes, es claro que se buscaba por los dos lados un diálogo entre el Estado liberal y la Iglesia, no solo a escala nacional, sino regional y local, que facilitaba una relación mucho menos antagónica que la que había existido anteriormente.[53]

En resumen, las prioridades de la Iglesia católica durante el «porfiriato» cambiaron progresivamente pasando de un conflicto político abierto hacia una reforma social e institucional. A su vez, el régimen pudo hacer concesiones menores y, sobre todo, relajar la aplicación de la ley sin conceder en cuanto al principio liberal y sin hacer enmiendas a la Constitución, Más importante aún en lo que respecta al régimen, la Iglesia se resignó ante la aceptación de la autoridad legal del Estado y ante la autoridad personal de Porfirio Díaz.

LA PRENSA

El control y la censura de la prensa, no solo vehículo principal del debate político en el México porfiriano, sino protagonista en las prácticas electorales porfirianas, formaron una parte importante de la estrategia de consolidación del poder durante el régimen de Díaz. Sin embargo, la manera en que el régimen se relacionó con la prensa constituye otro ejemplo de las sutilezas y complejidades que lo caracterizaron; es decir, una combinación de autoritarismo, conciliación, manipulación y concesión. Afortunadamente, a raíz de las investigaciones recientes, tenemos evidencia de la influencia política que ejercía la prensa porfiriana que constituye un reto al énfasis exclusivo de la historiografía «tradicional» antiporfirista sobre la censura de los periódicos y la represión de los periodistas.[54]

El examen más detallado de la prensa en los tiempos de Díaz lo constituyen los dos volúmenes de la Historia moderna de México de Cosío Villegas acerca de la vida política en la era porfiriana. Su fuente principal es, por lo general, la prensa misma. Pone mucho énfasis en ilustrar el autoritarismo del régimen, destacando el creciente desprecio a la prensa y el recurso de la censura, el encarcelamiento de periodistas, incluso, en raras ocasiones, su asesinato o misteriosa desaparición. Sin embargo, reconoce tácitamente que la censura y la eliminación de voces disidentes —prácticas que ahora son comúnmente asociadas con los regímenes dictatoriales de América Latina de la última parte del siglo XX— nunca fueron parte de la estrategia de Díaz. La prensa independiente de oposición fue silenciada, pero nunca, al parecer, por mucho tiempo. Las voces disidentes se escuchaban con frecuencia y se siguieron publicando periódicos de oposición. Pero, al mismo tiempo, los editores y los periodistas eran perseguidos y encarcelados con notable regularidad; tanto, que un periodista sugirió, al parecer, el establecimiento de un club exclusivo de periodistas encarcelados en la prisión de Belén en la Ciudad de México.[55]

Contrario a lo que podría esperarse bajo un régimen con tintes autoritarios, la cantidad de periódicos publicados durante la era porfiriana no disminuyó, sino que se incrementó. Cosío Villegas indica que durante la administración de Lerdo (1872-1876) había nueve periódicos principales en circulación, de los cuales siete eran de oposición y solo dos estaban a favor del gobierno. A partir de la primera reelección de Díaz en 1884, seguía habiendo seis periódicos de oposición, pero muchas más publicaciones a favor; al parecer, un total de 24 periódicos de circulación diaria en toda la República, de los cuales 17 se publicaban en la Ciudad de México. El número de publicaciones especiales u ocasionales en circulación —particularmente aquellas que se hacían para apoyar una candidatura política y que desaparecerían después de las elecciones—, ascendió a 227 en 1888, lo cual llevó a Cosío Villegas a describir el período como el «zenit del periodismo mexicano». Para 1889, la cantidad total de publicaciones había alcanzado los 385 y, para 1898, los 531.

Sin embargo, la circulación de los diarios con mayor influencia siguió siendo pequeña. El principal periódico a favor del gobierno, que recibía un subsidio importante pero no revelado, era El Partido Liberal, que comenzó en 1885 y que tuvo una circulación no mayor a los 1 000 ejemplares durante la década de 1880. Esto era muy inferior a la circulación del principal diario independiente, El Monitor Republicano (estimado en 7 000) y los periódicos católicos El Tiempo (4 000), El Nacional (3 000) y La Voz de México (2 500).

Cosío Villegas indica que las raíces de la censura porfirista a la prensa se remontan a la enmienda hecha al Artículo 7 de la Constitución de 1857, que fue aprobada en el Congreso durante la presidencia de Manuel González en 1883. En esencia, el Artículo 7 era una declaración del derecho a la libertad de expresión y, en particular, una garantía a la absoluta «libertad de imprenta, que no tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública». Cualquier contravención a la libertad de prensa (los llamados delitos de prensa), incluyendo las acusaciones por calumnia o difamación de persona en contra de funcionarios públicos, sería juzgada en dos tribunales separados (jurados populares). La enmienda que se promulgó en 1883 no buscaba modificar la declaración de los derechos de libertad de expresión, sino transferir los procesos por infracciones de prensa de los tribunales populares a los tribunales comunes, cuyos jueces eran nombrados por el secretario de Justicia y, por lo tanto, más abiertos directamente a la interferencia política.[56]

Cosío Villegas cita innumerables ejemplos de los frecuentes y repetidos arrestos y encarcelamientos (por lo regular por períodos de entre tres y seis meses) de directores y periodistas de la prensa independiente, posteriores a 1884. Hubo incluso casos sin explicación de asesinatos de periodistas (como el director del periódico liberal de provincia El Explorador, Luis González, en 1885). Sin embargo, el asesinato distaba de ser frecuente y, ciertamente, nunca formó parte de la estrategia general de control de prensa. De hecho, la ausencia de una estrategia coherente o coordinada es evidente, y Cosío Villegas exonera al mismo Díaz de cualquier complicidad personal, sugiriendo que «si bien Porfirio toleraba las persecuciones [de la prensa], no las iniciaba ni menos las dirigía». Para Cosío Villegas la culpa era, principalmente, de las autoridades judiciales locales.[57]

Sin embargo, sería erróneo afirmar que la opinión del presidente sobre la conducta propia de la prensa era insignificante para la determinación de las políticas de gobierno. En los pronunciamientos oficiales, Díaz hacía hincapié en que su gobierno era un defensor sincero de la libertad de prensa, pero que también estaba obligado, «aunque fuese a disgusto», a aplicar la ley. Como siempre, Díaz se mantuvo cauto y circunspecto, con frecuencia se escondía tras las limitaciones constitucionales y oficiales de la autoridad del presidente asegurando que el Ejecutivo no podía interferir en el funcionamiento del poder judicial. Pero también es evidente que defendía una combinación característica de adulación, persuasión e intimidación en sus relaciones con la prensa.

Los pronunciamientos públicos de Díaz buscaban, frecuentemente, adular (es famosa una ocasión en la que elogia a la prensa llamándola «el cerebro de la República»), pero también recurría al lenguaje de la retórica patriótica para recordar a los periodistas su responsabilidad de «defender, de buena fe, lo que es bueno para la patria, lo que, consecuentemente, es de indiscutible importancia para el gobierno». Por el contrario, sus declaraciones privadas eran más francas. A Carlos Diez Gutiérrez, gobernador de San Luis Potosí (durante 14 años entre 1884 hasta su muerte en 1898), quien había escrito para quejarse por los editoriales del periódico local El Estandarte, recomendaba el uso de una sutil pero persistente persecución de los periodistas críticos:

Mi opinión, que amistosamente le emito, es que daría mejores resultados que algunos de los agraviados lo acusen, y aunque sean dos o tres meses de prisión la pena que se les imponga, como esos escritores no se pueden callar durante su encierro, se les puede seguir acusando y anexándoles penas hasta endrogados en dos o tres años. La tarea es molesta y le llega a cansar a usted; pero también es seguro que no será antes que al procesado.[58]

El destino que tuvo el más crítico de los periódicos liberales de la Ciudad de México, El Diario del Hogar, publicado por primera vez en 1881, y su director, Filomeno Mata, uno de los periodistas de oposición más conocidos de la época, sirve como un indicador del tratamiento que daba el régimen a la disidencia política. Mata había sido tuxtepecano leal y seguía representando la visión del liberalismo puro o jacobino, sobre todo en su consistente oposición a la reelección. Había apoyado la primera reelección de Díaz en 1884, puesto que había sido legitimada por el interregno de Manuel González, pero criticó abiertamente la segunda reelección de 1888, y como resultado fue encarcelado por primera vez en 1889. Es importante subrayar que Mata se negó a culpar a Díaz, a quien alababa por «todos los sacrificios que ha hecho para lograr la libertad de prensa», pero a cambio atacó a lo que él llamaba el «caprichoso, obstinado y siniestro partido de [aquellos que defendían] la reelección».

Mata se convirtió en el crítico más abierto de la reelección permanente, particularmente durante los debates que precedieron la enmienda constitucional de 1890. No solo instó a Díaz a renunciar a su candidatura, sino que, además, publicó un poema satírico que lo ridiculizaba como Don Perpetuo, una caricatura que causó impacto en la imaginación popular, y que evidentemente molestó al presidente. Como consecuencia, Cosío Villegas estima que El Diario del Hogar estuvo sujeto a un promedio de cuatro persecuciones al año entre 1895 y 1890, y que Mata mismo pasó un total de 47 días en prisión tan solo en 1890. Fue encarcelado de nuevo en 1891 y 1892 y las persecuciones no terminaron a pesar de que renunció al cargo de director en 1892. En 1899, Mata continuó publicando editoriales que exigían una votación libre y haciendo acusaciones abiertas del fraude electoral que él personalmente había presenciado. En 1900 demostró su resistencia aún vigente a la reelección permanente al negarse a permitir que El Diario del Hogar contribuyera con la publicación de un número conmemorativo en homenaje a la quinta reelección de Díaz en 1900.

En 1901, Mata fue sujeto a más persecuciones por permitir que en su imprenta se editara el que se convertiría en el periódico antirreeleccionista más famoso, Regeneración. Esto culminó con el cierre obligado de su negocio en junio de 1901. En 1907, Mata reanudó la edición de El Diario del Hogar y, una vez más, las autoridades judiciales confiscaron su imprenta. No es una sorpresa que Mata, considerando su compromiso de toda la vida con el liberalismo radical, se uniera a la creciente campaña antirreeleccionista como secretario (junto con Félix Palavicini y el joven José Vasconcelos) del Centro Antirreeleccionista que se estableció en junio de 1909 (cuyo presidente era Emilio Vázquez y su vicepresidente Francisco Madero). Lo más sorprendente, y más difícil de explicar, es el hecho de que Mata siguiera mostrando deferencia a Díaz, a pesar de esta letanía de persecuciones frecuentes y arbitrarias por un período de más de veinte años. En 1911, instó lastimeramente al presidente a decirle: «Si mi labor periodística no es útil para el progreso del país, sírvase usted decírmelo, pues deseo contribuir en mi pequeña esfera a los nobles ideales que usted tan acertadamente lleva a cabo».[59]

Estos hechos se prestan a la especulación; a pesar de la creciente crítica por los antirreeleccionistas en contra del régimen en una cantidad cada vez mayor de periódicos de oposición después de 1904, la autoridad personal del presidente se mantenía fuerte y el nivel de deferencia y de apoyo popular personal era aún considerablemente elevado. Quizás esto se deba, en una medida no muy pequeña, al éxito de la campaña para crear un culto a la personalidad al que la prensa porfirista contribuyó de manera importante.

EL CULTO A LA PERSONALIDAD

Como ya se ha indicado, el cultivo de la deferencia ante la figura patriarcal de Porfirio Díaz fue un objetivo fundamental y una de las características más distintivas del régimen. También fue un componente esencial de una estrategia deliberada para establecer a Díaz como la fuente indiscutida (e indiscutible) de legitimidad y autoridad políticas. Durante la vida del régimen, el cultivo de la deferencia se dirigió cada vez más a una campaña oficial para forjar un culto a la personalidad alrededor de la figura de Díaz, a fin de agregar su nombre al panteón de los héroes patrióticos republicanos y de identificarlo con el destino de la nación.

Uno de los objetivos fundamentales del proyecto liberal del siglo XIX era entrelazar los discursos liberales de patriotismo republicano con una ceremonia cívica y promover la noción de ciudadanía para, de este modo, impregnar la conciencia de todos los «mexicanos». En el ámbito nacional, la evidencia de la construcción del Estado y la nación se acumuló en una escala creciente a lo largo de la era porfiriana. Esta se encontraría en la preocupación del régimen con respecto al progreso nacional y científico mediante la búsqueda de un amplio rango de actividades e iniciativas en la industria, el saneamiento, la higiene pública, la salud mental e, incluso, el culto a la bicicleta y la eficiencia del servicio postal.[60]

La adopción de estos proyectos dio a México una respetabilidad internacional y lo identificó firmemente con la cultura cosmopolita e industrial del mundo capitalista occidental del siglo XIX. Ayudaron a establecer una imagen positiva (y positivista) de una nación moderna, progresista, fuerte y soberana con un futuro positivo como un centro importante de crecimiento industrial y como un eje del comercio internacional. Díaz se convirtió cada vez más en el patrón y el guía de una nación que había surgido de unos fundamentos inciertos en 1876 para, finalmente, conquistar a los demonios de la historia de México posteriores a la Independencia; es decir, la inestabilidad, el estancamiento político, el retroceso cultural y una profunda ausencia de cohesión o integración social, o de una identidad nacional.

Al construir la nación, el régimen de Díaz no solo se involucró en numerosos proyectos de trabajos cívicos y públicos, sino también en escribir la historia de la patria mediante la creación de monumentos nacionales, así como la invención de la ceremonia cívica y el ritual patriótico.[61] La culminación del proceso sería la serie de actividades que el régimen planeaba para conmemorar el centenario de la Independencia de México en 1910. En medio de las celebraciones, aunque específicamente (y significativamente) él se negaba a permitir que se erigiera cualquier monumento o estatua personal, estaba la figura de Porfirio Díaz, cuya carrera se proyectaba como el reflejo del doloroso desarrollo de la nación desde 1855: de ser un radical mestizo juvenil y vigoroso, luego su participación en la Revolución de Ayuda, pasando por el clásico y dinámico hé roe republicano de la guerra de Reforma y la Intervención francesa, hasta ser el criollo patriótico modelo, el patriarca de la nación.[62]

Mucho antes de su llegada a la presidencia, hubo indicadores de que Porfirio Díaz estaba al tanto de la importancia política del ritual patriótico. Después de la caída de la Ciudad de México ante las fuerzas liberales en julio de 1867, Díaz no solo supervisó la fabricación de una bandera nacional enorme que ondearía simbólicamente sobre Palacio Nacional, sino que también se aseguró que su inauguración se retrasara hasta que el presidente Juárez pudiera presidir personalmente la ceremonia pública, restableciendo así tanto la autoridad política de Juárez como la de la República liberal.[63]

Después de 1876, la conmemoración de los éxitos militares de Díaz se incorporó rápidamente al calendario público del ritual cívico y fue una contribución significativa para el desarrollo del culto a la personalidad. Por lo tanto, la celebración pública de la participación de Díaz en las victorias militares más famosas de la República (5 de mayo de 1862 y 2 de abril de 1867) no solo las estableció como hitos de la evolución del Estado republicano liberal, sino que también le fueron útiles para situarse como un clásico constructor republicano de la nación, miembro del panteón de los héroes liberales que contribuyeron a la creación de la patria.

Daniel Cosío Villegas identificó los primeros movimientos de un culto a la personalidad en la segunda administración de Díaz (1884-1888), como el reflejo de la necesidad de preparar la nación para una reelección inmediata. Como resultado, en 1886, se estableció una organización llamada Sociedad de Amigos del Presidente, con la intención expresa de «considerar, discutir y organizar las celebraciones apropiadas para el cumpleaños del general Díaz». Después de que el gobierno español le otorgara la Cruz al Mérito Militar en 1888, el Partido Liberal, que se convertiría en el principal vehículo de propaganda oficial a favor de Díaz, describió la figura del presidente no solo como jefe de Estado, sino como «la encarnación de la nación mexicana». Posteriormente, en el Círculo Nacional Porfirista, la organización establecida para promover las repetidas candidaturas de Díaz enarboló este lema a tal extremo que se hicieron paralelos (y metáforas mixtas) entre la apariencia física del presidente y las características geográficas de la nación: «El general Díaz, con la cabeza cubierta de nieve, como el volcán Popocatépetl que se yergue de manera prominente en nuestro altiplano central […] es el faro de nuestra organización».[64]

Otro ejemplo del culto en evolución fue la inauguración, en agosto de 1887, de la estatua de Cuauhtémoc (Cuauhtemotzin), símbolo de la resistencia azteca ante la invasión española que todavía se ubica en el Paseo de la Reforma, en el corazón de la Ciudad de México. En su discurso inaugural, el arqueólogo y dramaturgo, Alfredo Chavero, comparó la resistencia de Cuauhtémoc ante la invasión europea con la liberación de la Ciudad de México por las fuerzas patrióticas bajo el mando de Díaz en 1867:

Señor presidente; Hace más de tres siglos y medio que tanto el gran Cuauhtemotzin como la ciudad cayeron en manos de Hernando Cortés, capitán del emperador austríaco Carlos V, y han pasado veinte años desde que usted recuperó la ciudad de manos de uno de los descendientes del mismo Carlos V (el Príncipe Khevenhüller), después de una lucha sangrienta. ¡Usted ha vengado a Cuauhtémoc! ¡Es su derecho inaugurar la estatua![65]

A partir de la segunda reelección, el culto a la personalidad continuó promoviéndose en diferentes ámbitos, sobre todo en el contexto de los preparativos de las elecciones de 1892. La Junta Central Porfirista se estableció en 1891, seguida de organizaciones «voluntarias» como el Círculo de Amigos del General Díaz, que organizaban procesiones anuales de estudiantes, trabajadores y funcionarios en el aniversario de la Batalla de Puebla (5 de mayo). Hubo peticiones en todas las legislaturas para otorgar a Díaz el título de benemérito o de «ciudadano distinguido», y el estado de Morelos inició, en 1890, la práctica de ordenar que un retrato del presidente estuviese colgado en todas las oficinas públicas del Estado; práctica que se ha repetido desde entonces.

El culto alcanzó la cima en las décadas de 1890 y 1900, cuando se festejaba a Díaz con alabanzas cada vez más abundantes y se le otorgaba una cantidad siempre mayor de grados honorarios (como el de doctor honorario en Derecho de la Universidad de Pennsylvania), así como diversas medallas y honores en varios países (como la Gran Cruz de las órdenes de Carlos III e Isabel la Católica de España, de la Order of the Bath del Reino Unido, y la Legión d’Honneur de Francia).[66] Como se indicó en el Capítulo 2, a partir de la campaña sostenida por el Círculo de Amigos del Presidente, la celebración anual de su cumpleaños (15 de septiembre) se combinó, a partir de 1895, con las celebraciones que marcan la Independencia de México. A partir de entonces, Díaz estaba obligado a recibir a una larga fila de admiradores desde la tarde del 15 de septiembre hasta que daba el grito a las 11 de la noche, conmemorando así el grito de Independencia que dio Miguel Hidalgo en 1810; de este modo, se estableció un vínculo permanente entre la vida personal de Díaz y el destino de la nación.

¿PAX PORFIRIANA?

El impacto colectivo de las diversas estrategias y manipulaciones adoptadas por Díaz y sus apologistas en la política interna posterior a 1884 produjo dos décadas de paz política sin precedentes. Esto siempre fue el mantra de los apologistas del régimen, y constituía su principal razón de ser en sus últimos años y, ciertamente, no fue un logro insignificante en comparación con el grado de turbulencia política que experimentó México a partir de 1821. Incluso aquellos historiadores que han criticado el régimen por su serie de abusos de las normas constitucionales y por su creciente autoritarismo han reconocido sus logros al evitar revoluciones y pronunciamientos militares. Cosío Villegas, por ejemplo, uno de los críticos más persistentes, asegura a regañadientes que, hasta los últimos años del «porfiriato», «no puede caber duda de que el curso central de la vida mexicana se desenvolvía tranquila y confiadamente».[67]

Sin embargo, la descripción del régimen de Díaz como un refugio para la pax porfiriana se tiene que matizar. Como parte del proceso de consolidación política, se enfrentó a muchos desafíos serios. Primero, el de los cacicazgos regionales que resistían la autoridad central (por ejemplo, los de Gerónimo Treviño en Nuevo León y de García de la Cadena en Zacatecas, los cuales preocuparon seriamente al gobierno durante 1884 y 1885). Segundo, las voces disidentes, en los ámbitos nacional y regional, que desafiaron el principio de reelección permanente. Entre estos se incluían aquellos que especulaban sobre la conveniencia de Manuel González o de Manuel Romero Rubio para reemplazar a Díaz en 1888; más significativo aún, aquellos que apoyaron los esfuerzos de la Unión Liberal en un intento infructuoso para poner limitaciones a la autoridad del Ejecutivo antes del establecimiento de la reelección permanente en 1892; otros que favorecieron la rebelión frustrada de Catarino Garza en la frontera de Sonora y Arizona en 1891; o aquellos que, en la Ciudad de México, sostuvieron la candidatura inconformista del escritor y astrólogo Nicolás Zúñiga y Miranda en las elecciones de 1896 y de 1900.[68] Díaz sobrevivió también a un atentado serio durante las celebraciones de la Independencia en septiembre de 1897.

La tercera fuente de resistencia a la pax porfiriana llegó de aquellas comunidades que se habían opuesto de manera sistemática a la intrusión de un Estado central, pero cuya forma de vida, seguridad y autonomía se veían bajo amenaza por el impacto regional del proceso porfirista de modernización económica. Las rebeliones populares se desarrollaron, de manera notable, en las comunidades rurales de Guerrero, Yucatán, Sonora y Chihuahua, especialmente entre 1891 y 1893, contribuyendo de este modo a las incertidumbres políticas que rodearon la tercera reelección de Díaz. Aunque pueden ser interpretadas como una combinación de rebeliones «tradicionales» de los pueblos y comunidades locales contra los abusos de las autoridades locales, hacendados o caciques, también reflejaban nuevos agravios como la usurpación de tierras y la imposición de impuestos adicionales.[69]

A pesar de su importancia, se mantuvieron como rebeliones localizadas, sin un liderazgo nacional coordinado, y fueron suprimidas con relativa facilidad, en algunos casos con violencia, en otros mediante negociación y amnistía, dependiendo de la configuración de las circunstancias locales. Medios de represión mucho menos sutiles se adoptaron para la supresión de las persistentes rebeliones indígenas de los mayas de Yucatán y los yaquis en Sonora, que ya existían desde antes del porfiriato. En el caso notorio de los yaquis, la política del régimen fluctuó entre las campañas militares (1886), la negociación de tratados (1897) y el impulso de la modernización de la agricultura con la privatización de más de medio millón de acres en el valle Yaqui (1894). Sin embargo, la persistencia de la guerrilla yaqui condujo a fin de cuentas a una política draconiana que, después de 1902, impusieron los gobiernos central y estatal, de deportación obligatoria de comunidades enteras hacia las haciendas de henequén en Yucatán.[70]

Quizás la rebelión más importante del período, que tuvo serias repercusiones políticas para el régimen, ocurrió en el pueblo de Tomóchic, en el oeste de Chihuahua en 1891. Los habitantes se rebelaron contra el jefe político local y la amenaza de leva, pero el levantamiento adquirió matices religiosos, pues los habitantes eran seguidores del culto espiritista de santa Teresa de Cabora. La inspiración religiosa ayudó a los rebeldes a someter las fuerzas federales a una humillante derrota causando quinientas bajas antes de ser brutalmente masacrados. El clamor público subsecuente fue intenso y duradero y Tomóchic se convirtió en un símbolo importante de rebelión popular durante la Revolución de 1910.[71]

A pesar de las múltiples y a veces serias rupturas de la pax porfiriana, la disidencia política y el descontento popular estuvieron en su mayor parte contenidos antes de 1906. Las tácticas y estrategias empleadas para el control de la disidencia variaban desde el uso excesivo y arbitrario de la fuerza (el cual caracterizó la supresión de los mayas y los yaquis, así como la rebelión de Tomóchic), hasta el uso de la caricatura y el ridículo (como en el caso del celo religioso del obispo de Yucatán en 1890). Sin embargo, la disidencia y la disonancia nunca fueron eliminadas y las instancias de una represión más abierta conllevaron consecuencias más duraderas que perseguirían al régimen durante su última década en el poder y expondrían la frágil base sobre la que, esencialmente, yacía el control político.

CAPÍTULO 6

POLÍTICA EXTERIOR

Y RELACIONES INTERNACIONALES:

1876-1911

Pobre México: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.

PORFIRIO DÍAZ (ATRIB.)

Dio a su patria derrotero,

y viril la engrandeció;

pero el gran hombre murió

por su amor al extranjero.

REFRÁN POPULAR MEXICANO, 1908.

Son pocas las áreas de la historiografía porfiriana que han requerido una mayor revisión que las de las relaciones exteriores y la política exterior. La historiografía antiporfirista ha afirmado que, con su esfuerzo por obtener el reconocimiento internacional y, sobre todo, por asegurar la inversión extranjera que su política económica necesitaba para impulsar el desarrollo, el régimen de Díaz traicionó los intereses de la nación, abriendo los brazos a los rapaces empresarios extranjeros que explotaron los recursos del país. Se alega que, en el proceso, el supuesto entreguismo porfiriano abusó seriamente de la soberanía política y económica de México.

Aplicando una lógica similar, si se considera a los gobiernos revolucionarios que siguieron al colapso del régimen de Díaz en 1911 como promotores del nacionalismo y restauradores del compromiso de protección de la soberanía nacional, entonces, por contraste, el gobierno de Díaz debe de haber representado lo opuesto; es decir, el descuido voluntario, o peor aún, la entrega de la soberanía, con la concesión de múltiples favores a empresarios extranjeros y solo abandono, represión y sufrimiento para la población nativa de México. Como resultado, se hizo lugar común describir al México de Díaz como la «madre de los extranjeros, madrastra de los mexicanos».

La historiografía reciente ha restaurado una visión más balanceada y matizada, que entiende la política exterior desde la perspectiva del siglo XIX y no a través del prisma de la Revolución.[1] La política exterior porfiriana solo puede entenderse, primero, desde el punto de vista de la herencia de las dolorosas experiencias que México había padecido desde su Independencia y, segundo, en relación con los objetivos políticos de todos los gobiernos liberales de México posteriores a 1855.

Durante los primeros cincuenta años de su existencia como una nación independiente, hubo muchas amenazas externas serias a la soberanía mexicana. La represalia poscolonial (de España en 1829) y la ambición neocolonial (de Estados Unidos en 1847-1848 y de Francia entre 1862 y 1867) habían puesto a cimbrar la supervivencia de México como nación independiente, y habían hecho que todos los gobiernos del siglo XIX estuviesen muy conscientes de las amenazas externas a la autodeterminación nacional. Al mismo tiempo, estas habían desempeñado un papel importante en la organización de la resistencia popular en pro de la patria y, en consecuencia, en el desarrollo lento, y sobre todo discursivo de un sentido de identidad y conciencia nacionales.

Por lo tanto, la política liberal posterior a 1855 unió el reconocimiento diplomático y el desarrollo de enlaces económicos con la floreciente economía del Atlántico Norte, con la consolidación de un frágil Estado nacional y con el proyecto de construcción de la nación. Por ello, los liberales de la Reforma y de la era porfiriana se enfrentaron a la difícil tarea de defender la soberanía al tiempo que abrían las fronteras nacionales para el capital, la inversión y la colonización extranjeras. Para ellos, estos objetivos eran más complementarios que contradictorios, pero no dejaron de ser arriesgados.

Las repercusiones de esta estrategia en la política interna durante la época de Díaz eran claras: la búsqueda de una paz política indiscutible («el orden») se convirtió en una prioridad absoluta; y la creación de un ambiente legislativo e institucional que condujese a una actividad empresarial y que fuese atractivo sobre todo a los inversionistas y a los inmigrantes extranjeros era un requisito necesario para el desarrollo nacional («el progreso»). Es necesario hacer dos observaciones iniciales más: primero, que su precario y frágil equilibrio de intereses se mantuvo con éxito durante la mayor parte del régimen; y, segundo, que la diplomacia internacional y la inversión extranjera hicieron una contribución importante para la estabilidad política de la época de Díaz. Sin embargo, la situación cambió de manera significativa después de 1898.

LOS PARÁMETROS DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Inevitablemente, el régimen de Díaz debió adaptar su política exterior en respuesta a las cambiantes circunstancias internas y externas. Es posible identificar tres periodos que, en general, corresponden al marco cronológico que ya se ha identificado en los capítulos precedentes sobre el gobierno porfiriano. En la fase tuxtepecana (1876-1884), la política exterior se concentró en asegurar la supervivencia del régimen, sobre todo a la luz de las hostilidades iniciales con los Estados Unidos. Las tensiones fueron elevadas y estorbaron al reconocimiento diplomático en Washington del gobierno de Díaz hasta 1878. A pesar de la inclinación inicial de don Porfirio por adoptar una retórica xenófoba de nacionalismo jacobino, en su primera fase continuó, en gran medida, con la política de las administraciones de Juárez y de Lerdo, absteniéndose de restablecer las relaciones diplomáticas con las potencias europeas suspendidas desde 1867, o la búsqueda de relaciones más cercanas con las repúblicas hermanas de América Latina, favoreciendo la búsqueda de una «relación especial» con Estados Unidos.[2]

De manera simultánea, el régimen comenzó a atender los principales obstáculos para el restablecimiento de las relaciones con las potencias europeas. Eran, primero, el persistente incumplimiento en el pago de la deuda y, segundo, la ausencia de reformas fiscales y reglamentarias que atrajeran la inversión extranjera. Durante la presidencia, en particular, de Manuel González, se intensificaron las negociaciones con los tenedores de bonos europeos de deuda mexicana y se inició un programa legislativo contra lo que, en esencia, eran restricciones coloniales sobre los derechos del subsuelo para otorgar concesiones mineras y facilitar la adquisición de la propiedad por extranjeros.

Durante la fase de consolidación del régimen que siguió a la primera reelección de Díaz en 1884, se mantuvo la orientación diplomática hacia Estados Unidos, bajo la dirección de Matías Romero, que había vuelto a ser nombrado ministro plenipotenciario en Washington en 1882. Romero siempre había sido un partidario entusiasta e infatigable de los lazos estrechos entre México y Estados Unidos, y había demostrado ser un defensor capaz y exitoso de la causa del gobierno de Juárez como ministro mexicano en Washington en un período difícil y delicado entre 1863 y 1868.[3]

Al mismo tiempo, el régimen comenzó a intentar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con los adversarios europeos de México: Gran Bretaña, Francia y España. Se buscó, en parte, para estimular fuentes adicionales de inversión ultramarina, pero también para asegurar que el capital europeo funcionara como contrapeso de la excesiva dependencia del capital estadounidense. El miedo constante que, durante las décadas de 1890 y 1900, expresaban los miembros de la élite política porfirista era el mismo miedo articulado por los conservadores mexicanos a lo largo del siglo XIX: que México estaba en peligro de ser tragado por el monstruoso Calibán de Estados Unidos, que devoraba la patria en nombre del imperialismo materialista protestante anglosajón.

La estrategia a favor de Europa encontró un poderoso defensor en Ignacio Mariscal, quien había sido secretario de Justicia durante las administraciones de Juárez (1868-1869) y de Díaz (1879-1880) y secretario de Relaciones Exteriores con Manuel González (1880-1884). Díaz volvió a nombrar a Mariscal a la Secretaria de Relaciones Exteriores en 1885, puesto que conservaría hasta su muerte en 1910. Mariscal se mantuvo profundamente receloso de la amenaza a los intereses mexicanos que representaban los estrechos lazos con Estados Unidos y, por lo tanto, actuó, dentro del círculo de Díaz, como contrapeso a los entusiasmos de Romero en favor del vecino del norte.

Por lo tanto, la estrategia central del régimen de Díaz durante el período 1884-1898 fue mantener un delicado equilibrio entre la protección y el fortalecimiento de la soberanía mexicana en el terreno internacional y el fomento de la inversión, la colonización y el comercio extranjeros para explotar los abundantes recursos naturales del país. A pesar de ciertos conflictos, que más adelante se describen con mayor detalle, fue una política que se desarrolló con éxito. De hecho, el régimen de Díaz pudo montar un desafío relativamente efectivo ante las crecientes señales que, en este período, daba Estados Unidos de una intervención económica, estratégica y política más intensiva en el Caribe y la América Central.

Por ejemplo, México, en unión con otros delegados de América Latina en el primer Congreso Panamericano realizado en Washington en 1889, pudo rechazar una propuesta de Estados Unidos para una unión hemisférica de aduanas que habría dado al comercio estadounidense y a su inversión en Latinoamérica una ventaja significativa sobre sus competidores europeos.[4] Y el gobierno mexicano, en defensa de lo que llegó a conocerse como «la doctrina Díaz», rechazó abiertamente la suposición de la política exterior estadounidense de la década de 1890, de que el coloso del norte debería ser el único guardián y defensor del continente americano contra la intrusión europea. El régimen de Díaz argüyó que, en su lugar, todas las naciones de América Latina debían compartir una responsabilidad colectiva en la defensa hemisférica de la soberanía.

Sin embargo, el delicado equilibrio de intereses mantenido por el gobierno de Díaz empezó a perderse de manera progresiva después de 1898 debido a tres razones principales. Primero, como ya se ha indicado, la creciente ambición estratégica, comercial y diplomática que tenía Estados Unidos en el Caribe y América Central (como quedó demostrado en las intervenciones en Cuba, en 1898, y en Panamá después de 1903) hizo que el intento por conciliar los intereses estadounidenses y la protección de la soberanía mexicana y latinoamericana fuese cada vez más difícil de lograr. Segundo, el rápido influjo del capital de ultramar hacia México en las décadas de 1880 y 1890 estimuló los miedos palpables del régimen ante una pérdida de la soberanía económica y ante el control extranjero (particularmente estadounidense) de los sectores clave de la economía nacional. Tercero, la muerte, en 1898, de Matías Romero, quien irónicamente había sido nombrado, ese mismo año, primer embajador de México en Estados Unidos —México fue el primer país de América Latina en lograr ese estatus— privó al régimen de una voz proestadounidense y de las habilidades de un mediador experimentado, justo en el momento en que las relaciones entre los dos países se adentraban en una fase difícil.

Como resultado, sobre todo a raíz de los acontecimientos en Cuba después de 1898, el régimen porfiriano fue cada vez menos capaz de mantener un desafío efectivo ante la ambición de Estados Unidos de incrementar su presencia estratégica, comercial y económica en América Central y el Caribe. El espacio de maniobra y el equilibrio que se había mantenido durante tanto tiempo se debilitaban seriamente. Fundamentalmente, el régimen resultó ser incapaz para hacer concordar las contradicciones de su política exterior o de reconciliar la expresión de los miedos privados antela agresión estadounidense con las declaraciones públicas de una cooperación cordial. Después de 1907, el régimen se vio arrapado por el temor de irritar a los inversionistas norteamericanos, especialmente como consecuencia de la crisis económica y financiera de ese año. Durante los últimos meses del régimen, las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y México alcanzaron su punto más bajo desde 1877 y la élite política porfirista no pudo convencer ni a la creciente ola de oposición ni a los críticos dentro de sus propias filas de que estaba protegiendo los intereses nacionales. En resumen, los defectos de la política exterior reflejaron y contribuyeron a las fallas políticas en el ámbito doméstico.

DÍAZ Y LA POLÍTICA EXTERIOR

La contribución personal de Porfirio Díaz al manejo de la política exterior fue importante. Su discurso diplomático oficial fue siempre discreto y hacía hincapié en la cordialidad y la necesidad del diálogo. En privado, seguía albergando recelos antiimperialistas, en particular ante Estados Unidos. Fundamentalmente, se esforzó por reconciliar los intereses del nacionalismo mexicano y la protección de la soberanía con una predisposición positiva para mejorar las comunicaciones, el comercio y las relaciones diplomáticas internacionales.

Durante los primeros años de su presidencia, continuó promoviendo la retórica del nacionalismo radical jacobino, asociando el liberalismo con el patriotismo y la defensa de los intereses nacionales, y resistiendo la «venta del país a la nación vecina». Como lo había declarado en el Plan de Tuxtepec (reformado) en 1876: «No merecemos el nombre de ciudadanos mexicanos, ni siquiera el de hombres, los que sigamos consintiendo en que estén al frente de la administración los que así roban nuestro porvenir y nos venden al extranjero».[5]

Sin embargo, la retórica pública oficial de Díaz se atenuaba por su pragmatismo y por la realpolitik, así como por sus estrechas relaciones personales con diplomáticos y empresarios extranjeros y con los inversionistas de ultramar. Incluso antes de subir al poder, por ejemplo, durante los preparativos para la Revolución de Tuxtepec en Brownsville, Texas, a principios de 1876, recibió armas, provisiones, tropas y fondos de parte de comerciantes y terratenientes del sur de Texas, a cambio de la promesa de adoptar «medidas enérgicas» para evitar futuras incursiones de mexicanos en Texas y de promover las comunicaciones y el comercio entre México y esta región.[6]

Podemos afirmar que el tratamiento favorable de los empresarios de ultramar y de los inversionistas extranjeros se convirtió en un elemento fundamental del carácter y la práctica del régimen de Díaz. Sin duda, los empresarios extranjeros formaron, dentro de la estructura política, una poderosa y significativa camarilla porfirista. Y el papel de Díaz y sus aliados y funcionarios como intermediarios entre los empresarios extranjeros y las élites locales fue otro ejemplo del modo en que el patronazgo se utilizaba para inculcar la lealtad a Díaz y a su gobierno.

Dicho esto, han surgido importantes diferencias de opinión en torno a la relación entre los empresarios extranjeros y la élite política porfiriana. Algunos historiadores han caracterizado y criticado en este tipo de relación la supuesta falta de instituciones reguladoras formales como parte de un sistema de capitalismo tributario o un sistema de crony capitalism (capitalismo de amigos), una red de contratos gubernamentales reservados exclusivamente para grupos privilegiados dentro de la élite política, entre ellos los empresarios extranjeros.[7] Otros han querido dar énfasis al desarrollo de la presencia y eficacia del Estado en la época porfiriana en la estabilización de las finanzas públicas (sobre todo la renegociación de la deuda pública y el mejoramiento en la recaudación fiscal notoriamente débil durante todo el siglo XIX), lo que permitió el desarrollo de un proyecto coherente de inversión estatal en proyectos de infraestructura (ferrocarriles, puertos, etc.) como parte de un proyecto amplio de construcción del Estado y la nación.[8]

Las acusaciones en contra del régimen porfiriano que con frecuencia asesta la historiografía antiporfirista implican que, mediante tratos cercanos con los empresarios estadounidenses y europeos, Porfirio Díaz traicionaba los intereses nacionales. Sin embargo, la estrategia se acoplaba claramente a uno de los objetivos centrales de su administración, que compartía con los regímenes liberales previos de Juárez y Lerdo: la promoción del desarrollo económico que solo podía lograrse al atraer capital extranjero y, por lo tanto, al proteger los intereses de los inversionistas. Para el gobierno de Díaz, la promoción de los intereses nacionales solo podía impulsarse extendiendo los lazos con los inversionistas de ultramar. Al mismo tiempo, la influencia de los extranjeros interesados en la explotación de los recursos de México tuvo un efecto positivo al menguar las hostilidades diplomáticas y al contribuir a la reanudación de las relaciones diplomáticas.

Por ejemplo, las voces de apoyo (y con intereses propios) de los inversionistas estadounidenses resultaron efectivas al ejercer presión en Washington para modificar la postura agresiva que había demostrado hacia el primer gobierno de Díaz al demorar el reconocimiento diplomático hasta mayo de 1878. La presión de los intereses comerciales británicos ayudó también a terminar con el impasse diplomático entre Gran Bretaña y México que había durado desde 1867 hasta 1884.[9]

En 1883, durante una gira de dos meses por Estados Unidos que realizó en calidad de comisionado general de la delegación mexicana en la Exposición Mundial de Nueva Orleans que tendría lugar en 1884, Díaz tuvo oportunidad de consolidar y extender su relación personal con empresarios destacados de aquel país. La Exposición de Nueva Orleans fue la primera participación importante de México en la gran cantidad de ferias internacionales que se realizaron en Europa y América a finales del siglo XIX (Filadelfia en 1876, Buenos Aires en 1883, Berlín en 1883, París en 1899 y 1900, San Luis Missouri en 1904).[10] La aceptación de Díaz a la comisión fue un claro indicador de su compromiso con la promoción de la imagen de México como una nación moderna y progresista, ansiosa por diversificar sus lazos internacionales para explotar todo su potencial económico.[11]

El viaje estaba inspirado también por motivos personales. Díaz se había casado recientemente con Carmen Romero Rubio y, por ello, el viaje era, por inusual que así fuera, una luna de miel. También había aceptado la invitación del general Gerónimo Treviño para ser padrino de su hijo. El hecho de que la esposa de Treviño fuese la hija del general Edward Ord, comandante de las tropas estadounidenses en Texas y adversario de Treviño durante los enfrentamientos de la frontera en 1877 (ver más adelante), implicaba que, para algunos, el matrimonio y el bautizo se interpretaban como el nacimiento de una nueva era en las relaciones entre Estados Unidos y México.[12]

Acompañado por su esposa y su colega íntimo, el monseñor anglófono Eulogio Gillow, Díaz visitó también San Luis, Chicago, Washington, Boston y Nueva York. Por medio de Matías Romero y su esposa de origen estadounidense, Díaz fue presentado con individuos poderosos, como el magnate ferrocarrilero Jay Gould, y el expresidente Ulysses S. Grant. De hecho, Díaz, Grant y Gould ya eran socios, junto con Romero, Ignacio Mariscal y varios empresarios y políticos de Oaxaca (Miguel Castro, Fidencio Hernández y Francisco Meixueiro), en la malaventurada Compañía de Ferrocarriles del Sur de México, que fue creada en 1880 para unir las ciudades de Puebla y Oaxaca.[13]

En sus palabras de despedida en Nueva York, Díaz dio un ejemplo característico de su discurso diplomático. Ensalzó el desarrollo material, intelectual y espiritual de Estados Unidos, haciendo hincapié en el progreso hecho en la educación (tanto en escuelas como en universidades), la prensa, la tolerancia religiosa y la provisión de asistencia social. Concluyó con una retórica republicana y (aparentemente) antieuropea: «Le deseo prosperidad y salud al gran pueblo americano […] su país ha alcanzado el primer lugar entre las naciones […] y, por medio del esplendor de su civilización basado en la paz, eclipsará el falso destello de imperios antiguos sustentados en la guerra».[14]

Otro ejemplo del discurso diplomático porfirista fue el que ofreció Díaz en la ceremonia para enmarcar la llegada, en 1897, del general Powell Clayton, el primer embajador de Estados Unidos en México. Fue significativo que la ceremonia conmemorara también el 50 aniversario de los Niños Héroes. El embajador Clayton hizo un simbólico gesto de solidaridad colocando una guirnalda en la tumba de los cadetes que murieron al combatir al invasor yanqui. El presidente Díaz respondió: «Grande es la admiración que su país inspira entre los mexicanos, quienes lo hemos tomado como modelo para nuestras instituciones políticas y que estamos intentando imitarlo en la explotación de nuestros recursos naturales».[15]

Sin embargo, las expresiones públicas de empatia y cooperación republicanas y el cultivo de las relaciones personales con importantes empresarios y políticos de Estados Unidos se contrastan con la ambivalencia, los temores y las sospechas más privadas de Díaz con respecto a la amenaza de Estados Unidos a la soberanía mexicana. Hay evidencias en su correspondencia privada en las que es posible detectar rasgos de su nacionalismo jacobino. Por ejemplo, en 1890, escribió a Carlos Rivas, senador de Tamaulipas, para asegurar a los ciudadanos de ese estado que, a pesar de los estímulos ofrecidos a las compañías estadounidenses, el gobierno seguiría salvaguardando sus intereses y los de la nación. Los residentes estaban temerosos de que las tierras públicas se vendieran a los norteamericanos: «Puede asegurar a los Tamaulipecos que el gobierno no prefiere a los gringos y que les hace alguna concesión que solicitan cuando después de mucho tiempo de vigentes las leyes no hay mexicanos que manifiestan deseo de aprovecharse de los beneficios que ellas conceden».[16]

En privado, Díaz también era cauteloso en lo referente a la amenaza a la soberanía económica de México mediante una dependencia excesiva del capital estadounidense. En 1889, por ejemplo, recomendó a Ramón Corral, empresario y gobernador de Sonora (y vicepresidente después de 1906), quien buscaba fondos para su más reciente empresa: «Yo le estimaría a usted que prefiriera el capital europeo para interpolarlo con el norteamericano, que ya hay mucho en el país».[17]

La doble estrategia de Díaz de balancear los intereses estadounidenses y europeos sirvió bien al régimen hasta el final de la década de 1890. Después de 1898 se volvió cada vez más difícil de sostener.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS

Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos durante el porfiriato fueron más tensas de lo que en general se ha supuesto. Hubo tensiones particularmente en el período 1876-1878 y se deterioraron, aún más, después de los acontecimientos en Cuba en 1898. Sin embargo, si se les compara con las relaciones entre los dos países a lo largo de la primera mitad del siglo, constituyen una clara mejoría.

El México independiente sufrió amargamente a raíz de las ambiciones territoriales de su vecino del norte. La incorporación de la provincia de Texas a Estados Unidos en 1845 fue seguida de la derrota de México en la guerra de 1846-1847 que culminó con la devastadora pérdida de la mitad del territorio, de acuerdo con los términos del tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848. La adquisición de la antigua provincia mexicana de California también fortaleció la presión para que México concediera los derechos territoriales o de tránsito a través del Istmo de Tehuantepec, como uno de los tres sitios propuestos para un canal interoceánico o para un ferrocarril (los otros eran Nicaragua y Panamá, donde finalmente se construyó el canal en 1914). En 1853, el gobierno de Estados Unidos adquirió La Mesilla (la parte norte de Sonora y Chihuahua) a cambio de 10 millones de dólares como parte de la compra Gadsden.[18]

México también había debido soportar, en la década de 1850, numerosas expediciones filibusteras estadounidenses. William Walker había intentado «conquistar» Baja California y Sonora en 1853 y Sam Houston había tramado un complot frustrado para establecer un protectorado en el norte de México en 1859.[19] Las relaciones entre México y Estados Unidos mejoraron en gran medida durante la Reforma, como resultado del apoyo otorgado a Juárez durante la lucha liberal en contra de los conservadores mexicanos y de los invasores franceses entre 1859 y 1867. Sin embargo, la turbulenta historia de las relaciones entre los dos países dejó, para todos los gobiernos mexicanos subsecuentes, incluyendo el de Porfirio Díaz, una herencia profunda de desconfianza ante las intenciones de Estados Unidos.

La búsqueda de lazos diplomáticos, comerciales y políticos más estrechos con el vecino predador del norte se enfrentó a muchas dificultades después de 1867. Los continuos temas eran: el bandolerismo en la frontera; los ataques de las bandas indígenas en Chihuahua y Coahuila a las propiedades a lo largo de la frontera estadounidense; los ataques apaches a las propiedades en Sonora; los préstamos forzosos exigidos a los ciudadanos estadounidenses en México; el contrabando de bienes europeos importados a Texas, y la indemnización de las propiedades de los ciudadanos norteamericanos en México, que habían sido afectadas por los disturbios políticos de la guerra de Reforma y la Intervención francesa.[20]

Además, a ambos lados de la frontera había sustanciales barreras políticas para una cooperación «fraternal» más estrecha. En la correspondencia privada y en la prensa hubo expresiones mutuas de indiferencia, ignorancia, sospecha o de abierta hostilidad. Hubo, por ejemplo, frecuentes denuncias en la prensa mexicana (particularmente la católica) de las inevitables consecuencias de unos lazos más estrechos que implicarían una «conquista pacífica» de México por parte de Estados Unidos. La preocupación por la posible amenaza a la soberanía mexicana había llevado a la administración de Lerdo a no aceptar una serie de proyectos de ferrocarril que buscaban unir México con la frontera estadounidense.[21]

Como consecuencia de la Revolución de Tuxtepec en 1876, se desarrolló un serio conflicto diplomático que negó al régimen de Díaz el reconocimiento de Washington. Este respondió, primero, con la convocatoria a elecciones presidenciales en 1877 para confirmar su legitimidad y, segundo, con el pago, a pesar de la precariedad de sus finanzas, del primer abono a la «deuda americana». El monto de la deuda había sido fijado por la Joint Claims Commission, creada en 1868 y cuyo veredicto no se emitió hasta 1877. Díaz cumplió con ambos requisitos, pero se le negó el reconocimiento formal debido a que aún no se habían solucionado los serios problemas de seguridad en la frontera.

Las relaciones se deterioraron hasta tal punto que hubo verdadero peligro de un enfrentamiento entre las tropas mexicanas y estadounidenses a raíz de la orden del general Edward Ord en San Antonio, en junio de 1877, de perseguir a unos bandidos mexicanos a través del Río Grande. Como respuesta, Díaz mandó tropas, bajo el mando de Gerónimo Treviño, con órdenes de repeler cualquier «invasión» que hicieran las tropas vecinas en territorio mexicano. El asunto se había complicado con el escándalo electoral en Estados Unidos que había conducido a una discutida elección del presidente republicano Rutherford Hayes en 1877 y por el consecuente deseo de desviar la atención pública de la política interna hacia el conflicto con México. Finalmente, la presión conjunta del House Foreign Affairs Committee del Congreso de Estados Unidos y el consorcio empresarial que había obtenido una concesión del gobierno de Díaz para la construcción de un ferrocarril desde El Paso, Texas, hasta la Ciudad de México, convenció a la administración de Hayes de reconocer de manera formal el régimen de Díaz en abril de 1878.[22] Una vez obtenido el reconocimiento de jure, desaparecieron los obstáculos para la investigación de rutas convenientes y para la expedición de concesiones de ferrocarril. Como resultado, las relaciones diplomáticas ocuparon un segundo lugar frente a la instrumentación de un nuevo ambiente regulador que facilitara la construcción de ferrocarriles, la minería, el comercio a través de la frontera y la rápida penetración del capital estadounidense.[23]

Hacia finales de la década de 1880, el verdadero carácter de las relaciones entre Estados Unidos y México se determinaba menos por la salud de los intercambios diplomáticos que por el rápido crecimiento del comercio a través de la frontera, estimulado y simbolizado, sobre todo, por la construcción de las vías de ferrocarril que unían la Ciudad de México con la parte sur de Estados Unidos. Como consecuencia, fue la región de la frontera, en particular, la que se transformó de una frontera no regulada a una frontera internacional.[24] En 1885, se reportó al Senado estadounidense que las exportaciones de ese país a México habían rebasado, por vez primera, las exportaciones de Gran Bretaña y Francia (mientras que las exportaciones de Estados Unidos a Sudamérica se estimaban en menos de una tercera parte de las británicas y menos de la mitad de las francesas). Como lo ha explicado Paolo Riguzzi, después de 1884 estos estrechos lazos comenzaron a tener un efecto importante en la vida cultural, social y económica a ambos lados de la frontera: «Desde la definición y el control de los límites hasta el uso de las aguas de los ríos fronterizos, de los tratados de extradición hasta la propiedad literaria, de las patentes industriales hasta las comunicaciones postales y proyectos de arbitraje, se desarrollaban zonas de progresiva interdependencia y de negociación de carácter permanente».[25]

La interpretación de muchos historiadores plantea que los lazos entre México y Estados Unidos posteriores a 1884 fueron cordiales y sin conflictos.[26] A primera vista, las florecientes relaciones comerciales y el mantenimiento de un discurso diplomático afable sugirieron un consenso y una cooperación generalizados. Sin embargo, en la correspondencia privada del círculo interno del régimen había una preocupación seria y persistente con respecto a las crecientes manifestaciones de agresión territorial, diplomática y económica desde el norte de la frontera. Sus miedos no carecían de fundamento. La parte final del siglo XIX ha sido identificada desde hace mucho tiempo como la era del spread-eagleism o naciente imperialismo estadounidense; es decir, un período en el que las ambiciones estratégicas y comerciales de Estados Unidos en el Caribe y América Central se transformaron en una afirmación agresiva y con plena confianza de la hegemonía estadounidense.

Un indicador importante de la reestructuración de las relaciones geopolíticas en el Caribe fue el conflicto entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Venezuela en 1896, acerca de la línea divisoria entre la Guyana Británica y Venezuela. A pesar de algunas amenazas y de la entrega de un ultimátum al gobierno de Venezuela, el gobierno de Gran Bretaña se abstuvo de una intervención directa, preocupado en mayor medida por los acontecimientos en Sudáfrica que indicaban la Segunda Guerra Boer (1899-1902). El incidente demostró, primero, que Gran Bretaña estaba cada vez más preparada para reconocer el Caribe como una esfera de influencia predominantemente estadounidense y, segundo, que Estados Unidos estaba ansioso por redefinir la Doctrina Monroe y por afirmar su derecho de intervención en la protección de sus intereses estratégicos y comerciales, así como de mantener el orden policial en los conflictos de la región. Esta nueva definición se expresaría más notoriamente y con mayor detalle en la enmienda Platt a la constitución cubana en 1901 y en el corolario Roosevelt en 1904. La primera daba a Estados Unidos el derecho de intervención en los asuntos cubanos a fin de salvaguardar los intereses estadounidenses, y el último, justificaba la intervención de las tropas norteamericanas para solucionar conflictos internos de los estados soberanos de Hispanoamérica. El intento por redefinir la función y la responsabilidad de Estados Unidos en el Caribe condujo directamente a la articulación de la doctrina Díaz, una interpretación alternativa de la Doctrina Monroe desde una perspectiva panamericana.

LA DOCTRINA DÍAZ

A finales del siglo XIX, Estados Unidos parecía dispuesto a asumir el estatus y las responsabilidades de un poder colonial, según lo indicaban la guerra con España por Cuba en 1898, así como la subsecuente ocupación de la isla. Por lo tanto, la crisis cubana, junto con una serie de conflictos en la región caribeña durante las décadas de 1890 y 1900, marcó un hito en la geopolítica de la región y tuvo serias repercusiones para las relaciones entre Estados Unidos y México.[27]

El presidente Díaz distaba de callarse ante la creciente amenaza a la soberanía política de México y de América Latina, que se evidenció con las actividades y ambiciones estadounidenses en la región del Caribe a lo largo de la década de 1890. En una carta reveladora de 1896 a uno de sus antiguos aliados políticos, Alfonso Lancaster Jones, diputado y luego senador por el estado de Jalisco, Díaz explicaba sus puntos de vista sobre la realidad de la política exterior y sobre las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. El tono es característicamente irónico y cínico y refleja las frustraciones al resistir las presunciones del gobierno norteamericano (descrito sarcástica, pero significativamente, como «nuestra oficiosa protectora»):

La Doctrina Monroe ni tiene el alcance que le quieren dar los Estadistas Americanos interpretándola muy libremente, ni puede ser aceptada en términos de decoro por las Repúblicas Hispanoamericanas, si no es mediante un pacto que sin lesionar los derechos de las potencias Europeas, prescriba derechos y obligaciones recíprocas dentro del espíritu de ilesa soberanía para todas. Creo que la República Norte Americana no busca ese resultado que la pondría al nivel de todas las que firmarían esa especie de Alianza; pero repito que solo bajo la forma supradicha podríamos los Latino Americanos aceptar lo que nuestra oficiosa protectora nos ofrece tan generosamente.[28]

Sin embargo, había una notable renuencia por parte del gobierno mexicano a lanzar esta Doctrina Díaz. En la misma carta, el presidente expresaba una característica preferencia por la discreción, siempre consciente de tos peligros implícitos al oponerse a Estados Unidos. Sin embargo, la fama de Díaz como defensor de la soberanía política de las naciones latinoamericanas, ciertamente, no pasó desapercibida en la propia América Latina y en el Caribe, aunque sí en el caso de la historiografía antiporfirista. Su articulación de los temores expresados ampliamente a través de Hispanoamérica explica la decisión del patriota y revolucionario cubano José Martí de visitar México en julio de 1894, como parte de los preparativos para la liberación de Cuba, así como la decisión de pedir el apoyo personal de don Porfirio a la causa.

El tono adoptado en la carta que Martí escribió a Díaz pidiendo una «conversación» con el presidente deja ver la radicalización del pensamiento político de Martí posterior a 1889, el cual transformó su entusiasmo inicial por el «atrevido ingenio» de Estados Unidos, sus logros en la industria, el comercio y la educación, en la comprensión de que la independencia política de Cuba implicaba no solo el rechazo de la soberanía española, sino también el enfrentamiento a las ambiciones estratégicas y territoriales de Estados Unidos.[29] La carta de Martí expresaba admiración por «la sagacidad profunda y constructiva» de Díaz, por «su fuerte corazón que padeció por la libertad del continente que la mantiene hoy con la unidad que da a su pueblo». Instaba a Díaz a apoyarlo en su lucha por la liberación de Cuba de la dominación española, pero, al mismo tiempo, a evitar que Cuba cayese «bajo el dominio funesto» de Estados Unidos, a quien describía como una «república hostil».[30] Por lo tanto, quedan claros y evidentes los paralelismos entre la opinión de Martí y la doctrina Díaz con respecto a la urgencia de proteger la soberanía de Hispanoamérica en contra de la amenaza de Estados Unidos.

Según Federico Gamboa, Martí obtuvo apoyo político y financiero de Díaz aunque, considerando lo delicado de las relaciones entre México y Estados Unidos, nunca hubo una declaración oficial del apoyo mexicano a la causa patriótica cubana.[31] De hecho, hay indicios de que el gobierno de Díaz intentaba realizar un doble juego; apoyar tácitamente la causa de la independencia cubana, al tiempo que, mediante la confirmación del apoyo mexicano para mantener la soberanía española sobre Cuba, buscaba el apoyo del gobierno español para resistir las ambiciones estadounidenses. Por ejemplo, el secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, informó a Madrid en 1895 que tenía «su seguridad y su fe absoluta en el triunfo de las armas españolas».[32] Durante 1896 y 1897, a medida que las tensiones aumentaban, el gobierno intentó en vano ofrecer sus servicios como mediador entre los patriotas cubanos y el gobierno español, pero sus propuestas fueron rechazadas tanto por Madrid como por Washington. Una vez que brotaron las hostilidades entre España y Estados Unidos en 1898, la postura oficial de México siguió siendo estrictamente neutral, pero esto no pudo ocultar su debilidad ni el hecho de que la estrategia de mantener el precario equilibrio de intereses se había debilitado seriamente.

Entre el círculo porfirista de asesores más allegados al presidente existía una consternación profunda e impotente ante la ambición imperial de Estados Unidos, así como ante la vulnerabilidad de la postura de México. Por ejemplo, José Yves Limantour escribió a Matías Romero en Washington expresándole sus temores de que «dadas las condiciones económicas, geográficas y políticas de nuestro país, en relación con Estados Unidos, debemos tener mucho cuidado para no proporcionar a nuestros vecinos ninguna oportunidad de dar rienda suelta a sus ambiciones».[33]

Temores similares se volvieron a manifestar durante la revolución de Panamá en 1903, cuando Estados Unidos apoyó la causa de la independencia panameña de Colombia a cambio de que se aceptara que Estados Unidos adquiriera la soberanía sobre la futura ruta del Canal. Al igual que en el conflicto de Cuba, México se mantuvo estrictamente neutral, pero mostró una mayor preocupación que la de cualquier otro país latinoamericano ante la amenaza a la soberanía política del hemisferio. México reconoció formalmente el Estado independiente de Panamá en 1904, pero como lo reportó el mismo embajador estadounidense (Powell Clayton), «el gobierno mexicano ve el asunto de manera desfavorable». Ignacio Mariscal expresó abiertamente la opinión de que lo ocurrido en Panamá constituía un «acontecimiento político muy serio».[34]

Después de 1900, hay más ejemplos en los que la protección de la soberanía económica y política de México se enfrentó a los intereses de Estados Unidos. En la década de 1890, como se verá en el Capítulo 7, la estrategia económica del régimen de Díaz siguió la búsqueda de nuevos mercados de exportación y fuentes de inversión, pero, al mismo tiempo, buscaba ejercer un mayor grado de control estatal y de intervención en la reglamentación de los sectores clave de la economía. Esta política se expresó con mayor claridad en la estrategia de «mexicanizar» los ferrocarriles en 1908, y en la subvención estatal masiva que se proporcionó para la reconstrucción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec (1896-1907), que unía el Atlántico con el Pacífico. El control sobre la vital ruta interoceánica había sido, como se indicó anteriormente, uno de los objetivos centrales de la política de Estados Unidos en el Caribe.[35] Por lo tanto, fue significativo que el gobierno mexicano escogiese una compañía británica (la de Weetman Pearson) como contratista para la concesión de Tehuantepec. Fue una decisión que originó que Washington exigiese altiva y furiosamente al gobierno mexicano en 1902 una explicación sobre por qué habían sido tan «odiosamente excluidos» del proyecto de Tehuantepec.[36]

Hacia finales de la década, ambos gobiernos se enredaron en una disputa sobre derechos de desembarco para la armada estadounidense en una estación carbonera en la bahía Magdalena, en la costa del Pacífico. La armada estadounidense ya había ejercido estos derechos desde hacía un tiempo, pero el gobierno de Díaz posterior a 1906 se volvió cada vez más renuente a renovarlos. Cuando finalmente se renovaron los derechos de desembarco en 1907, el contrato se limitó a solo tres años.[37]

Más preocupante fue el creciente enfrentamiento de intereses en América Central. La política exterior porfirista en Centroamérica, partiendo de la política adoptada por sus predecesores liberales, siguió una doble estrategia que buscaba contener las ambiciones tanto de Estados Unidos como de Guatemala, así como extender su autoridad política en la región. Las principales disputas entre México y Guatemala se centraban en la discutida soberanía del estado de Chiapas y en las ambiciones guatemaltecas de reunir bajo su control los estados centroamericanos. Los conflictos tenían sus orígenes en 1823, año en que las Provincias Unidas de Centroamérica se habían separado del imperio mexicano de Agustín de Iturbide.

En la década de 1880 se resolvieron ambos problemas. La presión para definir las fronteras legítimas entre Chiapas y Guatemala creció con el influjo de la inversión extranjera para explotar el potencial de la región para el cultivo de café y, en 1882, se firmó un acuerdo entre el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, y el presidente Manuel González. El intento posterior del presidente Barrios de crear una Unión Centroamericana, en 1885, se enfrentó a la vigorosa oposición en el régimen de Díaz (y de los estados centroamericanos de El Salvador, Costa Rica y Nicaragua), y se enviaron tropas mexicanas a la frontera. Sin embargo, la guerra se evitó y la muerte de Barrios durante la invasión guatemalteca a El Salvador puso fin a las pretensiones de Guatemala.

A partir de la década de 1890, la política de México respecto a Guatemala y Centroamérica se complicó, inevitablemente, con los intentos cada vez menos efectivos de resistir la intervención estadounidense en la región. La estrategia de Washington buscaba que el gobierno mexicano aprobara su política de usar la intervención militar directa para controlar los conflictos de la región. Díaz tuvo algún éxito al resistir varias invitaciones del gobierno del presidente Theodore Roosevelt para cooperar con ellos en intervenciones «pacificadoras», por ejemplo en República Dominicana en 1904, negándose a participar en apoyo de lo que se llegó a conocer comúnmente como «la política de Big Stick» de Roosevelt. Fundamentalmente, la defensa de la doctrina Díaz en América Central obligó a México a enfrentarse a Washington. En 1909, a raíz de la renuncia del presidente nacionalista José Santos Zelaya, de Nicaragua, tras un golpe de Estado con apoyo estadounidense, el régimen de Díaz ofreció refugio a Zelaya y apoyó la resistencia nicaragüense a la política estadounidense.[38]

Finalmente, a medida que la oposición política interna aumentaba en el norte de México en 1909 y 1910, el régimen de Díaz fue incapaz de actuar contra las autoridades estadounidenses que permitían las violaciones a las leyes de neutralidad por parte de los conspiradores magonistas y activistas antirreeleccionistas en aquel país.[39] Por lo tanto, es posible afirmar que, en la víspera de la Revolución, las relaciones entre Estados Unidos y México habían alcanzado su punto más álgido desde 1877. Friedrich Katz ha afirmado que, para 1910, tanto el gobierno como los intereses comerciales de Estados Unidos eran hostiles al régimen de Díaz, factor que desempeñó un papel importante en su desaparición.[40]

Hay poca evidencia de una participación activa o directa desde Washington en la caída del régimen. Sin embargo, ciertamente hay ejemplos de una crítica pública cada vez más desfavorable y de la creciente oposición de prominentes intereses comerciales estadounidenses ante el claro favoritismo del régimen por las compañías no estadounidenses, como lo demostró al otorgar contratos gubernamentales importantes (como el caso de las concesiones petroleras y ferrocarrileras otorgadas al británico Pearson).[41] La reunión de los presidentes Díaz y Taft, en la frontera en octubre de 1909, fue una manifestación ostensible de la salud de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México; ocultaba, de hecho, tensiones serias entre ambos países.[42]

MÉXICO Y LAS POTENCIAS EUROPEAS

Si bien las relaciones entre Estados Unidos y México durante los últimos años del régimen de Díaz pueden describirse, en el mejor de los casos, como cautas y ambivalentes y, en el peor, como cada vez más conflictivas, también es posible afirmar, con los matices necesarios, lo contrario sobre las relaciones de México con las potencias europeas Gran Bretaña, Francia, España y Alemania.

Sin embargo, el creciente acercamiento a Europa contrastó agudamente con la situación que había prevalecido en el tiempo del ascenso de Díaz al poder en 1876.

Durante los primeros años del régimen, las relaciones con Gran Bretaña, España y Francia enfrentaron serios obstáculos. Se habían estancado desde la década de 1820 por la persistencia de no resolver el problema de la deuda con los obligacionistas de ultramar y se habían dañado severamente como consecuencia de la Intervención francesa entre 1862 y 1867. A partir de entonces, el restablecimiento de los lazos diplomáticos y comerciales fue un proceso lento. Para mediados de la década de 1880, estas dificultades estaban en su mayor parte solucionadas y se habían reanudado las relaciones. A lo largo de las dos décadas posteriores, bajo la tutela de los secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores, José Yves Limantour e Ignacio Mariscal, las ligas tanto diplomáticas como comerciales y financieras con el viejo continente y la cantidad de individuos y empresas europeas que operaban en México creció de forma significativa. Por lo tanto, la salud de las relaciones entre México y Europa, en vísperas de la Revolución, contrasta agudamente con el deterioro de las relaciones con Estados Unidos en el mismo período aunque queda claro que las relaciones México-Estados Unidos fueron, en términos relativos, siempre de mayor alcance que las de México con Europa.[43]

Las razones para un mayor acercamiento a Europa eran en gran parte económicas, pero también reflejaban prioridades políticas. La estrategia económica del régimen buscaba mayores lazos de intercambio económico con las economías del Atlántico Norte —inversiones de capitales, empréstitos, manufacturas y mano de obra de los países industrializados a cambio de exportaciones de materias primas—. Pero a medida que las inversiones estadounidenses comenzaron a fluir con mayor rapidez hacia México después de 1890, el régimen se preocupó por conseguir fuentes de inversión no estadounidenses como contrapeso ante la amenaza que los intereses norteamericanos implicaban para la soberanía económica y política de México. Hacia finales del régimen, particularmente bajo la tutela del eurófilo Limantour, era evidente el favoritismo mostrado hacia los europeos, sobre todo a los inversionistas británicos, franceses y alemanes. Fundamentalmente, el desafío que planteó México en conjunto con sus socios europeos, cuyas rivalidades imperiales fueron además una característica sobresaliente de la parte final del siglo XIX, no pudo frenar la hegemonía estadounidense en América Central y el Caribe. Y el apoyo diplomático europeo al régimen, cultivado tan cuidadosamente como parte de las celebraciones del primer centenario de la Independencia de México en 1910, no pudo evitar su rápido desmoronamiento en 1911.

Antes de 1876, las relaciones de México con las potencias europeas habían fluctuado de manera notable. La mejor descripción de la relación con España sería turbulenta y conflictiva. España no reconoció ni respetó la independencia de sus antiguas colonias en América y mantuvo sus pretensiones intervencionistas a lo largo del siglo XIX, en un intento por reafirmar su poder en el continente (como se demostró en República Dominicana en 1861).[44] Las relaciones con Francia estuvieron determinadas por los conflictos que surgieron por la deuda y por la ambición imperial. La negociación de los bonos Jecker por el gobierno conservador en 1859, el repudio posterior del gobierno de Juárez, combinados con los ambiciosos planes del emperador Napoleón III de agregar México a las aventuras coloniales de Francia en Africa del Norte e Indochina, fueron las causas fundamentales de la ocupación francesa en México después de 1862.[45]

En el caso de Gran Bretaña, la predominancia de inversiones británicas mineras en el período inicial independiente, la importancia del ingreso derivado de las tarifas sobre las importaciones británicas para las finanzas públicas mexicanas y, por último, la presencia física de sus mercaderes destacan la relevancia de las relaciones entre los dos países.[46] Al mismo tiempo, el endeudamiento creciente de México con sus acreedores británicos representó una fuente constante de tensión. Había dos tipos principales de acreedores; primero y más importante, los tenedores de los bonos de Londres, quienes habían invertido su capital en los préstamos obtenidos en 1824 y 1825 y, segundo, los tenedores de los bonos de la Convención, cuyos reclamos por daños sufridos antes de 1842 habían sido reconocidos por los dos gobiernos en 1851.[47]

La decisión del gobierno de Juárez, en 1861, de suspender por dos años el pago de la deuda a fin de poder dirigir los escasos ingresos del gobierno hacia el desarrollo de la infraestructura y así reparar los daños ocasionados por la guerra civil, originó una reacción inevitablemente hostil de parte de todos los extranjeros que eran tenedores de bonos mexicanos. En octubre de 1861, Gran Bretaña, España y Francia aprobaron una intervención militar tripartita para ejercer presión para que el gobierno de Juárez reconsiderara su decisión. Sin embargo, una vez que fue clara la intención francesa de proceder con una invasión a gran escala, Gran Bretaña y España se retiraron.

La aventura imperial frustrada de Francia en México entre 1862 y 1867 alteró de manera dramática las relaciones con Europa. Después de 1867, los vínculos con Gran Bretaña, Francia y España empeoraron, y el consiguiente bloqueo de acceso de México a los mercados financieros europeos dio un impulso al desarrollo de lazos comerciales y diplomáticos con Estados Unidos. Alemania también tenía buenas perspectivas para sacar ventaja de la baja en el comercio británico posterior a 1867. Se estima que para 1878, dos tercios de las exportaciones de México estaban controladas por mercaderes alemanes de las ciudades hanseáticas de Hamburgo, Bremen y Lübeck.[48]

Las relaciones tanto con España como con Francia habían sido restablecidas parcialmente por el gobierno de Juárez en 1871, pero el asunto de la deuda pendiente seguía impidiendo la reanudación de los lazos con Gran Bretaña. Como ya se ha indicado, el régimen de Díaz en sus primeros años siguió la política de los gobiernos de Juárez y de Lerdo de dar prioridad al fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Sin embargo, al tiempo que se hacían acercamientos a Washington y sobre todo a los inversionistas estadounidenses, había una clara conciencia de la necesidad de promover la influencia europea como contrapeso de la excesiva dependencia a la joven potencia. La urgencia es explícita, ya desde 1882, en una significativa carta del representante mexicano en Francia a Díaz: «Es vital restablecer nuestras relaciones con Inglaterra, pues a todo trance debemos establecer una influencia europea como contrapeso de la influencia americana».[49]

Por lo tanto, la reanudación de las relaciones financieras, comerciales y diplomáticas con Gran Bretaña fue una prioridad importante para el gobierno de Manuel González después de 1880. Al mismo tiempo, el gobierno británico debía soportar la presión ejercida por parte de los tenedores de bonos de Londres y de los intereses comerciales británicos, apoyados por la Asociación de Cámaras de Comercio del Reino Unido, quienes en 1876 aseguraban que la reanudación de las relaciones diplomáticas sería de un considerable beneficio para contribuir al comercio existente y para desarrollar nuevas oportunidades comerciales.

Aunque los historiadores británicos han señalado la renuencia de los diplomáticos de Gran Bretaña en Latinoamérica a intervenir en favor de los intereses comerciales británicos, en el caso de México, en la década de 1880 hubo una clara convergencia de preocupaciones comerciales y diplomáticas.[50] Como resultado, a mediados de la década de 1880 se habían solucionado los dos principales problemas entre los gobiernos de Gran Bretaña y México —la deuda inglesa y el impasse diplomático desde 1867— y en 1884 se reanudaron las relaciones diplomáticas formales. A partir de este momento, aunque con un importante paréntesis a principios de la década de 1890 con el inicio de la crisis Baring, el capital británico comenzó a fluir hacia México y, de acuerdo con las estadísticas disponibles, a rebasar los niveles de inversión de Francia, España y Alemania, e incluso a rivalizar con la inversión estadounidense.[51]

Como indicaban los crecientes niveles de inversión europea, entre 1884 y 1898 las relaciones diplomáticas formales en sí mismas se volvieron menos importantes que las relaciones personales y comerciales que los individuos europeos desarrollaron con funcionarios y políticos mexicanos, incluyendo las del mismo Díaz. El trabajo cotidiano de las misiones diplomáticas europeas en México durante este período se concentraba abrumadoramente en asuntos comerciales y en la protección de intereses personales de la creciente cantidad de extranjeros residentes en México. Fundamentalmente, la salud de las relaciones exteriores debe juzgarse por el impacto colectivo que tuvo la inversión extranjera en la economía porfiriana, lo cual será tratado en el capítulo siguiente.

Sin embargo, la importancia política de las relaciones diplomáticas se resaltó de nuevo con la crisis cubana de 1898 y sus consecuencias. Durante la última década del régimen hubo una significativa reagrupación de las prioridades diplomáticas. Los acercamientos diplomáticos a todos los representantes europeos aumentaron de manera notable durante este período, a medida que el gobierno de Díaz intentaba cimentar alianzas que pudiesen contravenir el creciente poder y la influencia de Estados Unidos. Las embajadas extranjeras más afectadas por este cambio fueron las de España y Alemania.

Como ya se ha indicado, las relaciones de México con España se transformaron durante la era porfiriana. La razón principal para el cambio de los antagonismos que habían caracterizado las relaciones a lo largo de la mayor parte del siglo XIX fue la reafirmación de las ambiciones estadounidenses en el Caribe y América Central durante la década de 1890, específicamente en lo relativo a la colonia hispana de Cuba. Esto coincidió con el acuerdo final de los plazos y las condiciones para el pago de la deuda pendiente con los acreedores españoles, según el convenio firmado en 1894.[52] El desarrollo del comercio y de las conexiones financieras entre España y México fue también el resultado de los esfuerzos y las energías de un pequeño, pero muy activo, grupo de empresarios, mercaderes y financieros españoles, sobre todo en la Ciudad de México, en Puebla y en Monterrey.[53] El fortalecimiento de las relaciones entre España y México se reflejó también en la promoción, en los círculos intelectual y político, del hispanismo, concepto de una herencia cultural, lingüística, religiosa y espiritual común a través del mundo hispano, como un desafío al intento de Estados Unidos de exportar su visión anglófona, protestante y materialista del «panamericanismo» en el continente americano.

Por lo tanto, en la parte final de la década de 1890 hubo una clara convergencia de intereses políticos, económicos y culturales entre España y México. Este fue también el caso de las relaciones con Alemania después de 1898. Aunque la dimensión cultural de la relación fue mucho menor, Friedrich Katz asegura que las prioridades diplomáticas alemanas posteriores a 1898 eran, primero, utilizar a México como un peón para desarrollar tensiones entre este y Estados Unidos; como una manera de desafiar la hegemonía estadounidense en la región, mientras que, al mismo tiempo, evitaba cualquier confrontación directa con Washington. Por lo tanto, se otorgaron todos los estímulos posibles para mejorar la penetración comercial y financiera en el mercado mexicano por parte de los mercaderes y las casas bancarias alemanas (especialmente la de Bleichroeder). Sin embargo, las inversiones sustanciales alemanas en los ferrocarriles y en la minería, concebidas tras la recesión en Estados Unidos en 1907, fueron, a fin de cuentas, infructuosas. Katz concluye que la influencia alemana en el México porfiriana estuvo «muy lejos de ser una serie de éxitos», pero que fue importante aunque, en esencia, marginal.[54]

LA IMAGEN INTERNACIONAL DE MÉXICO EN LAS FIESTAS DEL CENTENARIO, 1910

El estado de las relaciones diplomáticas mexicanas durante las últimas décadas del régimen quizá se refleje mejor en las celebraciones para conmemorar el centenario de la Independencia en 1910. Las fiestas del centenario fueron concebidas, sobre todo, como una celebración fastuosa y sumamente nacionalista de los logros políticos, económicos, y culturales del régimen la estabilidad política, el progreso material positivista, y la madurez e identidad mestiza de la nación mexicana.

La participación del cuerpo diplomático fue vital para las celebraciones y se puso mucha atención en la comodidad de los delegados visitantes, como un intento de impresionar a los visitantes de ultramar con los avances que había tenido México bajo el mando de Porfirio Díaz. Se organizaron conferencias internacionales como el Congreso de Americanistas, y se llevó a los delegados a visitar las excavaciones que en el sitio arqueológico de Teotihuacan realizaba la nueva Escuela Internacional de Arqueología y Etnología, fundada en ese mismo año.[55]

Los monumentos que se seleccionaron para conmemorar el centenario son dignos de breve mención. Los dos monumentos más importantes que todavía hoy en día constituyen los primeros puntos de encuentro para manifestaciones de orgullo (o de protesta) nacionales conmemoraron la historia patria liberal, y el republicanismo constitucional: el Hemiciclo a Benito Juárez en la Alameda, y el Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma. Las relaciones entre México y Estados Unidos se celebraron con la inauguración de una estatua a George Washington. La cultura y los avances científicos franceses se conmemoraron con un monumento a Louis Pasteur. La inauguración de un jardín y de una exhibición japoneses reflejaron las crecientes relaciones entre México y Japón. En el desfile militar realizado el 16 de septiembre, los oficiales mexicanos usaron sus nuevos cascos militares alemanes, encargados por el exministro de Defensa y germanófilo, Bernardo Reyes (1900-1902).[56] Como una demostración de la estima internacional de México, una parte considerable del desfile fue un homenaje a este país por parte de representantes de las fuerzas armadas de ambos lados del Atlántico: Brasil, Argentina, Alemania y España. Las relaciones entre Gran Bretaña y México ya se habían celebrado, en 1907, durante la lujosa inauguración de la reconstrucción del ferrocarril que atravesaba el Istmo de Tehuantepec, llevada a cabo por la empresa Pearson.[57]

En el contexto de las relaciones internacionales de México posteriores a 1898, fueron notables los eventos que celebraron las reanudadas relaciones culturales y políticas con España, fortalecidas también por el crecimiento de las tensiones entre México y Estados Unidos sobre el destino de Cuba. Como un gesto simbólico de reconciliación hispanomexicana, el jefe de la delegación española, el marqués de Polavieja, hizo una entrega ceremonial al presidente Díaz del uniforme que perteneció a José María Morelos.[58]

No podía ser mayor el contraste entre la presentación del régimen en las fiestas del centenario de 1910 y las realidades social, económica y política del México porfinano en la víspera de la Revolución. Sin embargo, el mantenimiento de las relaciones diplomáticas cordiales —aunque progresivamente tensas— con Estados Unidos, así como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con los adversarios europeos de México, y la inauguración de relaciones con los imperios asiáticos de Japón y China representaron triunfos notables para el régimen. La creciente respetabilidad internacional fue un factor vital para la consolidación de la estabilidad interna. Más importante aún, los logros de la política exterior habían ayudado a fortalecer tanto la imagen de México en el mundo exterior como el crédito internacional del país y a atraer la inversión ultramarina, uno de los componentes centrales de la estrategia económica del régimen. Este es el tema del próximo capítulo.

CAPÍTULO 7

PAGANDO EL ORDEN Y EL PROGRESO:

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:

1876-1911

Si antes de que yo muera la moralidad se arraiga en nuestra sociedad y en la administración pública; si el pobre encuentra en su patria instrucción y pan; si el rico ha adquirido bastante confianza para invertir su capital en empresas nacionales; si del uno al otro extremo de la República la locomotora con voz robusta, despierta, y pone en movimiento a todos los mexicanos, tan hermoso espectáculo llenará mis deseos.

PORFIRIO DÍAZ, 1880.

En contraste con las divergentes interpretaciones de la política exterior porfiriana, siempre ha habido un amplio consenso con respecto a que en la época porfiriana se presenció una transformación económica sin precedentes. La historia económica de México ha identificado dos períodos fundamentales en los que hubo un desarrollo económico acelerado: primero, el régimen de Díaz; segundo, la etapa de la industrialización posrevolucionaria, durante tres décadas, a partir de 1940, a las que se da por nombre el milagro mexicano.[1] La mayoría de los historiadores económicos, sean partidarios o no del régimen de Díaz, aceptan que la economía mexicana, bajo su mando, experimentó avances sustanciales, incluso dramáticos. Muchos de los obstáculos al desarrollo económico que habían acosado a México desde la Independencia en 1821 se fueron erradicando lentamente: la ausencia de un mercado nacional integrado, aranceles internos prohibitivos, transporte costoso e inadecuado, un aparato estatal débil, la falta de regulación del comercio, de mercados formales de capitales y, por ende, una escasez crónica de la inversión.

Las estadísticas del desempeño económico en los primeros años del siglo XIX indican el alcance de los problemas que heredó el régimen de Díaz, en 1876. Después del boom económico a finales del período colonial, se ha estimado que México experimentó una caída en el producto interno bruto (pib) per capita de alrededor de 37% entre 1800 y 1860. Además, en opinión de John Coatsworth, hasta la década de 1880 el desarrollo económico de México se mantuvo detenido por «un ambiente institucional deficiente para la actividad empresarial».[2]

Es importante señalar que el progreso material porfiriano tenía sus antecedentes en el proyecto liberal decimonónico y, en ese sentido, se tiene que desvincular el proyecto económico del individuo que gobernaba el país en esa época tan importante del desarrollo nacional. Desde la independencia, el proyecto desarrollista intentaba extender sus lazos económicos con el mundo exterior, pero, al mismo tiempo, proteger su vulnerable soberanía de sus predadores del hemisferio y de Europa. Sin embargo, los intentos por estimular las exportaciones y por atraer la inversión extranjera antes de 1870 enfrentaron numerosos obstáculos. La guerra civil y la intervención extranjera, los altibajos de la industria minera, la imposición de aranceles al flujo del comercio interregional (representados por las alcabalas) y la falta de infraestructura y mercados contribuyeron a limitar su expansión. Los diversos proyectos de los empresarios extranjeros para explotar los abundantes recursos naturales de México antes de 1860 habían fracasado en su mayoría, como se ha demostrado, por ejemplo, en el caso de las empresas mineras británicas.[3] Además, como se indicó en el capítulo anterior, los inversionistas que habían especulado con bonos mexicanos tuvieron que enfrentarse a repetidas suspensiones del pago de intereses.

Durante la primera administración de Díaz (1876-1880), solo hubo algunos indicadores de la transformación que se daría en los años venideros. Fue durante la presidencia de Manuel González (1880-1884) cuando se hizo evidente la futura dirección de la política económica, con el rápido crecimiento del comercio y de la inversión de capitales estadounidenses. Después de que Díaz retomara el poder en 1884, el restablecimiento de los lazos con los inversionistas de ultramar y la extensión de los lazos externos con la economía internacional se convirtieron en los objetivos económicos primordiales del régimen.

El desempeño económico de la era porfiriana también debe juzgarse dentro del amplio contexto de los desarrollos en la economía mundial. La segunda mitad del siglo XIX vio una notable expansión en el comercio internacional (ampliamente reconocida como la primera globalización de la economía transnacional) que ocasionó que las economías de América Latina se incorporasen cada vez más a la economía internacional como exportadores de materias primas y de productos agrícolas, y como importadores de capital y tecnología extranjeras y, en algunos casos espectaculares (como el de Argentina y Brasil entre 1880 y 1914), como importadores de mano de obra.[4] La demanda internacional de materias primas creció con rapidez después de 1850, como consecuencia directa de la evolución de la Revolución Industrial en Europa y Norteamérica. El crecimiento demográfico, la «revolución del transporte», la acumulación de capital y los cambios en la tecnología para la producción industrial y agrícola en la economía del Atlántico del Norte tuvieron un efecto dramático en la capacidad para exportar e importar de las naciones industrializadas. Por lo tanto, los recursos económicos y las materias primas de América Latina fueron integrados progresivamente a esta creciente red internacional.[5]

Las estadísticas disponibles sobre el crecimiento económico durante la época porfiriana se han llamado espectaculares, incluso revolucionarias. El kilometraje del ferrocarril aumentó anualmente un promedio de 12%; la producción industrial creció un promedio anual de 6.5%; la minería alrededor de 7%, las exportaciones alrededor de 5% y las importaciones cerca de 4 por ciento.[6]

Si bien hay un consenso en el nivel de crecimiento económico, su impacto y sus consecuencias políticas siguen siendo polémicos. No cabe duda de que las ventajas políticas que acumuló el régimen como resultado del desarrollo hacia fuera hayan sido una contribución importante para su longevidad. El establecimiento de la «paz» política fue considerado como el requisito esencial para la construcción de una nación y para el desarrollo económico y justificó la imposición retórica del orden en nombre del progreso como un medio necesario para tal fin. La extensión de las comunicaciones (particularmente el ferrocarril y el telégrafo) incorporó grandes extensiones de territorio a la órbita política de la capital y, así, contribuyeron al proceso de consolidación política. Las nuevas líneas de comunicación facilitaron el despliegue de las tropas para enfrentarse a cualquier desafío local o regional a la autoridad central.

A pesar de las divisiones faccionales dentro del campo liberal, había un amplio consenso entre la gran mayoría de los liberales mexicanos del siglo XIX de que la mejor esperanza para el desarrollo nacional seguía siendo la integración a la economía mundial. A medida que el capital extranjero comenzó a fluir, a partir de la década de 1880, los frutos de tal integración proporcionaron pruebas tangibles de que la estrategia de desarrollo seguida por el régimen era la fórmula adecuada. Esto lo reconocieron incluso los oponentes políticos, con mayor notabilidad en el caso de Francisco Madero, el líder del movimiento antirreeleccionista que derrocó al régimen en 1911, quien equilibraba sus críticas al autoritarismo político del régimen con alabanzas a sus éxitos económicos.[7]

Por lo tanto, el desarrollo económico tendió a consolidar la lealtad de la élite política, especialmente la de aquellos individuos que fueron receptores directos del patrocinio gubernamental en la distribución de concesiones para una vasta gama de empresas o que fungían como intermediarios para los inversionistas de ultramar. Además, el desarrollo de la burocracia estatal, la infraestructura de las obras públicas y el ritmo de desarrollo urbano proporcionaron nuevas oportunidades de empleo para la creciente clase media urbana.

Sin embargo, al mismo tiempo, el impacto del rápido crecimiento económico tuvo, sin duda, el potencial para generar tensiones socioeconómicas y para alterar la paz política de los años porfirianos. Durante muchos años, la historiografía antiporfirista sostenía que, en lugar de proporcionar una mayor demanda de mano de obra o mayores oportunidades de empleo, para 1910 el modelo económico porfiriano había producido un estancamiento en el mercado laboral y un rápido incremento de precios que había sobrepasado los aumentos salariales. El empobrecimiento de los trabajadores de las fábricas, de los artesanos urbanos y de la masa de la población rural fue identificado ampliamente como una de las causas del descontento popular que estalló después de 1910.[8] Sin embargo, los beneficios de la expansión económica para la creciente población urbana y para la masa de la población rural (donde vivía alrededor del 80% de la población) son más difíciles de analizar. Las estadísticas disponibles, sin embargo, demuestran tendencias salariales diversas según el sector económico y la región geográfica. Se nota un estancamiento en los salarios agrícolas entre 1900 y 1905 y luego un retroceso hasta 1911, padrón repetido en los salarios promedio en las zonas centro-sur y pacifico-sur. En cambio, en el sector minero y en tas regiones del Norte y del Golfo, los salarios promedio aumentaron en la misma época. El impacto de la crisis económica de 1907 fue duro en todos los sectores económicos, sobre todo en el norte de México, la zona más vinculada a la economía estadounidense, y aunque hubo un repunte económico en los dos años siguientes, no se puede descartar que haya provocado descontento o desilusión hacia el proyecto económico porfiriano en sus últimos años.[9]

Muchas críticas del desempeño económico del porfiriato tienen sus raíces en los análisis estructuralistas y nacionalistas de la modernización del siglo XIX, que aún gozan de una poderosa influencia en muchos estudios generales sobre la historia económica de México y de América Latina. Los estructuralistas, particularmente aquellos que son (o eran) parte de la escuela de la «dependencia», han asegurado por mucho tiempo que el modelo de crecimiento basado en las exportaciones tenía defectos estructurales y funcionaba en detrimento de los intereses nacionales. El declive de los términos de intercambio o del valor relativo de las exportaciones de bienes o de materias primas en relación con las importaciones de productos manufacturados era, según se ha afirmado, una tendencia secular que, a largo plazo, puso en desventaja a los productores de materias primas y dio como resultado un subdesarrollo estructural. Se arguye que las repúblicas de América Latina quedaron encerradas en un ciclo de producción de monocultivos y de dependencia externa hacia los mercados, el capital y la tecnología, y se vieron obligadas a seguir servilmente las indicaciones de los intereses extranjeros y, en efecto, a entregar sus recursos nacionales a un precio muy bajo. Se afirma que este proceso distorsionó el desarrollo nacional e impidió la implementación de cualquier modelo alternativo (por ejemplo, el fomento a la industrialización).

Según estos planteamientos, fue muy alto el costo social y político del proyecto de desarrollo de finales del siglo XIX en Latinoamérica. Se arguye que el poder económico y político se concentraba en las manos de una élite minoritaria, una «burguesía compradora», que ni podía ni quería actuar a favor de los intereses nacionales. Se ha alegado que el efecto general fue tanto en el empobrecimiento de las masas como una seria pérdida de la soberanía política y económica.

El trabajo reciente de los historiadores económicos ha cuestionado a fondo estas suposiciones e interpretaciones. El análisis reciente se ha enfocado menos en la teoría estructuralista y más en el análisis empírico de las condiciones y los recursos económicos internos, en el desempeño de los distintos sectores económicos y en el destino de las empresas individuales. Las investigaciones más recientes han hecho hincapié, primero, en que los términos de intercambio no siempre se deterioraron y, ciertamente, en que las exportaciones de materias primas de Latinoamérica durante el siglo XIX tuvieron períodos de «ventaja comparativa» en los mercados mundiales. Segundo, en algunos casos, y particularmente en el de México, se ha reconocido que, lejos de distorsionar el proceso de desarrollo industrial, el desarrollo de la infraestructura social y la mayor integración del mercado nacional, por incompletos y defectuosos que fuesen, sentaron las bases de una industrialización que se desarrollaría en el siglo XX. Finalmente, en contraste con el retrato de las élites nacionales débiles o abúlicas que obedecían ciegamente los dictados del capital internacional, hay cada vez más pruebas de que los gobiernos de América Latina (sobre todo de las economías más grandes de la región: México, Brasil y Argentina) promovieron de manera activa los intereses nacionales y el desarrollo del Estado-nación al erigir barreras arancelarias y otorgar subvenciones para apoyar el desarrollo industrial y regular las actividades de los capitalistas extranjeros en busca de objetivos nacionalistas.[10] Estas interpretaciones son clave para entender la política económica del porfiriato.

Al mismo tiempo, la historiografía sobre la Revolución Mexicana de 1910 ha distorsionado profundamente nuestro entendimiento de los cambios económicos sustanciales que tuvieron lugar en el transcurso del régimen. Puesto que los agravios populares que se expresaron durante la década posterior a 1910 estaban, inevitablemente, conectados con las transformaciones socioeconómicas que se habían producido, se observa una fuerte inclinación a hacer hincapié en las fallas y las debilidades del proyecto económico porfiriano. Pero si se juzga la trayectoria económica del régimen de Díaz desde la perspectiva de mediados del siglo XIX, sus logros resultan más sólidos y las conclusiones se ven muy diferentes.

Otra distorsión que surge de la interpretación posrevolucionaria del desempeño económico es la suposición de que la política económica intervencionista, proteccionista y nacionalista que persiguieron los gobiernos posteriores a la Revolución fue una reacción en contra y hasta un rechazo de la estrategia económica porfirista y, por lo tanto, un producto de la Revolución misma.

Queda cada vez más claro que, en su última etapa, esas mismas políticas llegaron a ser prioritarias del régimen de Díaz. Por lo tanto, el mayor impulso de la política gubernamental cambió progresivamente hacia la regulación estatal de la economía, a fin de ampliar la protección de la soberanía económica amenazada por el influjo del capital extranjero.

LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

El informe que Díaz presentó al Congreso en 1880 al final de su primer período de gobierno, en el que se encuentra el epígrafe de este capítulo, indicaba claramente las preocupaciones y la estrategia de los primeros años del régimen. El énfasis se ponía en el establecimiento de la paz interna, sin la que no habría podido existir ningún desarrollo económico duradero. No menos significativo fue lo que Díaz llamó la «completa desorganización de las finanzas públicas» que había heredado en 1876 y que convirtió en prioridades urgentes la renegociación de la deuda y la satisfacción de las demandas estadounidenses por daños sufridos.

Por lo tanto, el fomento de las relaciones comerciales externas, la restauración del crédito internacional de México junto a una reforma hacendaría profunda y la implementación de un programa de infraestructura, transporte y obras públicas representaban la base de la estrategia económica porfiriana. Sin embargo, como ya se indicó en el capítulo anterior, de ninguna manera eran tareas simples. Mayores avances tuvieron lugar en la década de 1870 con la introducción del derecho del timbre para reducir la dependencia de la hacienda pública sobre los derechos aduanales, y en la de 1880 con la renegociación de las deudas extranjeras de antaño que habían obstruido durante más de medio siglo el acceso a nuevas fuentes de crédito internacional en los mercados financieros internacionales.

Al mismo tiempo, se dieron los primeros pasos para la creación de un sistema bancario y la evolución de mercados de capital nacionales estables. Como afirma Carlos Marichal, el énfasis tradicional que hacen los historiadores económicos del porfiriato en el papel central de la inversión extranjera y los ferrocarriles ha tendido a menospreciar la contribución al desarrollo económico del establecimiento de bancos, instituciones financieras y mercados de capital nacionales. Era precisamente la ausencia, durante la mayor parte del siglo XIX, de dichas instituciones o de un mercado estable para los valores y bonos públicos (fundamentales para el desarrollo de las economías industriales de Europa y Estados Unidos) lo que evidenciaba el subdesarrollo de la economía mexicana.

Hasta 1880, el empobrecimiento y el endeudamiento permanente de gobiernos sucesivos, así como la ausencia de una estabilidad política o de un código comercial y una regulación financiera, provocaron que solo un pequeño número de alrededor de veinte casas mercantiles y agiotistas controlaran un amplio ámbito de actividades financieras. Los agiotistas comerciaban principalmente (y con mayor rentabilidad) con préstamos a los gobiernos en bancarrota, pero también estaban involucrados en el comercio de las importaciones y exportaciones, así como en las industrias minera y textil.[11]

Avances importantes en la evolución de la infraestructura financiera se desarrollaron durante la administración del presidente Manuel González (1880-1884). Al restablecimiento de las relaciones con Francia en 1880 le siguió el establecimiento, con capital francés (y también británico y alemán) del Banco Nacional Mexicano en 1881. Este fue solo el segundo banco autorizado que se estableció en la Ciudad de México, después del Banco de Londres y México que había recibido sus estatutos en 1864. En 1884, el Banco Nacional se fusionó con otro banco de reciente formación, el Banco Mercantil, para formar el Banco Nacional de México (Banamex), el cual desempeñaría un papel central en el financiamiento de proyectos gubernamentales, especialmente al encauzar fondos para las subvenciones a las compañías de ferrocarril, tan importantes para la construcción de la red ferroviaria.

Otro paso importante hacia adelante fue la exitosa renegociación de los plazos de la deuda inglesa, las antiguas obligaciones para con los acreedores ingleses, que había quedado sin resolver desde finales de la década de 1820. Las negociaciones fueron dirigidas por Manuel Dublán, a quien Díaz nombró ministro de Hacienda en 1884, puesto que conservó hasta su muerte, en 1891. Dublán pudo lograr un acuerdo en 1886 para reducir el monto total de la deuda y la emisión de nuevos bonos con una tasa de interés fija.[12] De manera muy significativa, la solución a la deuda inglesa permitió a Dublán negociar con los bancos europeos un importante préstamo por una cantidad nominal de 10.5 millones de libras —el primer préstamo que un gobierno mexicano había podido conseguir desde 1825—, el cual se usó para liquidar las obligaciones pendientes. Otros préstamos se obtuvieron (2.7 millones de libras en 1889; 6 millones en 1890) para financiar subsidios gubernamentales a las compañías de ferrocarril y para reunir fondos para el proyecto de infraestructura más importante y más costoso del gobierno de Díaz: la construcción de un ferrocarril a través del Istmo deTehuantepec.[13]

Aunque la deuda pública total de México continuó creciendo en los años siguientes (de un total estimado de 52 millones de pesos en 1884 a 441 millones de pesos en 1910), estuvo más que compensada con la expansión general de la economía, según la medida del crecimiento de la inversión extranjera (que alcanzó un total aproximado de 1.4 billones de dólares en 1911) y con la rápida expansión de la red bancaria (con más de treinta bancos autorizados con activos totales de más de 1,116 millones de pesos).[14]

La promoción de los abundantes recursos naturales y el enorme potencial económico de México ayudó a persuadir a los empresarios y financieros extranjeros para invertir en el país. Después de 1876, bajo la dirección del secretario de Fomento, Carlos Pacheco (1881-1891), los gobiernos de Díaz y González comprometieron recursos sustanciales para promover la imagen internacional de México como una nación plenamente comprometida con el progreso material y con la aplicación de la ciencia.[15] El régimen gastó, por ejemplo, cerca de 700 000 dólares en su representación en la Exposición Mundial de Chicago en 1892 y más de 400 000 dólares en la de París en 1889. Se distribuyeron libre y generosamente catálogos comerciales y científicos que describían a México como un modelo de estabilidad y prosperidad, y como un remanso de legalidad y seguridad para los empresarios extranjeros. A los visitantes se les entretenía con corridas de toros, muestras arqueológicas, incluso con la marcha de la banda de caballería. La promoción no terminó ahí, pues Fomento también promovió «museos comerciales» permanentes a fin de promover los contactos entre los productores mexicanos y los mercaderes extranjeros en Yokohama, Filadelfia, Nueva York, Cardiff, Liverpool, Milán, París, Viena y Berlín.[16]

No cabe la menor duda de que Díaz estaba comprometido personalmente con la visión de desarrollo de México como un modelo de la «modernidad», cuya futura prosperidad yacía en la explotación sistemática y científica de sus extensos recursos poco explotados. Por ejemplo, como ya se ha indicado, él se involucró directamente, al participar como comisionado en jefe de la delegación de México en la Exposición de Nueva Orleáns en 1884. Pero al mismo tiempo Díaz estaba más que feliz de delegar a sus subordinados el manejo de la política económica en general, así como las negociaciones detalladas con los acreedores internacionales, Después de su primera reelección en 1884, tuvo la suerte de poder aprovechar los talentos y la lealtad de solo dos ministros de Hacienda: Manuel Dublán (1884-1891) y José Yves Limantour (1893-1911).

La administración de Dublán marcó el tono de la estrategia económica que siguió el régimen. Dio un impulso para atraer la inversión extranjera mediante el Código de Comercio de 1884, el mal buscaba regular y centralizar la entrega de concesiones a empresas nacionales y extranjeras, así como establecer reglas claras para el funcionamiento de los bancos y de las instituciones financieras. La actuación de Dublán estuvo marcada por fluctuaciones económicas, y, en última instancia, debilitada por una severa crisis económica en 1891. Dublán murió poco después, para ser sustituido, brevemente, por Matías Romero, y luego, en 1893, por el joven José Yves Limantour (de solo 39 años). A Limantour se le atribuye el éxito de llevar la administración financiera y la estrategia económica de México a alturas nuevas y sin precedentes.

La estrategia central de Limantour, y su logro principal, fue la estabilización de las finanzas públicas de México. En sus propias palabras, sus preocupaciones principales eran, en orden de prioridad: primero, lograr un presupuesto equilibrado y eliminar el déficit fiscal permanente que habían soportado todos los gobiernos mexicanos del siglo XIX; segundo, el manejo prudente de la deuda pública; tercero, la abolición de las restricciones para el comercio y, específicamente, la abolición de las alcabalas. Por último, Limantour buscaba una regulación y un control más firme del gobierno sobre el número creciente de instituciones financieras.[17]

Lo que propugnaba Limantour era nada menos que una reestructuración radical de las finanzas públicas con el propósito de dar impulso al proyecto liberal de desarrollo nacional.[18] Ello requería la centralización de la planificación financiera y económica, la consolidación de la deuda publica de México, una reforma fiscal, la estabilización de la moneda y una estrecha supervisión de todos los proyectos, ya fuesen subsidiados o financiados mediante la deuda pública, por la Secretaría de Hacienda (y, naturalmente, en manos del secretario de Hacienda), Al mismo tiempo, requería la reestructuración de las bases sobre las que se financiaría y llevaría a cabo el programa de obras públicas de gran escala que eran parte fundamental del proyecto porfiriano de construcción del Estado y la nación. El Estado ya no volvería a ofrecer concesiones ni subsidios a las empresas privadas dispuestas a emprender proyectos de ingeniería a gran escala (como había sido el caso con el desarrollo de la red de ferrocarriles). En la visión que Limantour tenía del futuro, los proyectos de obras públicas esenciales para la creación de un Estado moderno y una economía progresista serían planificados y financiados por el Estado; sin embargo, había límites a la extensión del control estatal. Limantour creía que el Estado era un mal administrador y, como resultado, siempre buscó administradores del sector privado para dirigir los proyectos de obras públicas.

En sus propios términos, la estrategia de Limantour fue sorprendentemente exitosa. En 1896, proporcionó a México un presupuesto equilibrado y el primer superávit en la cuenta corriente desde que México lograra su condición de nación independiente en 1821. Los superávits en el presupuesto se registraron cada año de ahí en adelante hasta la Revolución. Mientras que la deuda pública continuaba creciendo, el cauto manejo de Limantour permitió a México obtener términos de crédito cada vez más favorables, con tasas de interés sobre los nuevos préstamos de solo 4% en 1910. Esto implicaba que, aunque la deuda continuara creciendo a un ritmo sin precedentes, el peso del pago de deuda se había reducido de 38% del ingreso del gobierno en 1895 a menos de 5% en 1910.[19] Además, las alcabalas se eliminaron en 1896, reforma que tuvo un efecto positivo en los niveles de comercio nacional. La reforma del Código Bancario de 1897 hizo más rígidas las regulaciones relativas al funcionamiento de los bancos que operaban en el país. El crecimiento de las instituciones bancarias se aceleró rápidamente, con el registro de más de veinte bancos autorizados, de fundaciones y de compañías aseguradoras y de una gran cantidad de bancos privados registrados entre 1897 y 1910.

A medida que la era porfiriana entraba en su última década, los inversionistas norteamericanos y europeos continuaban invirtiendo en México cada vez mayores sumas de dinero. Más de la mitad de las inversiones de cartera ultramarinas de Estados Unidos antes de 1910 estaban dirigidas al sur de la frontera, y la lista de inversionistas incluía a las figuras más destacadas del capitalismo corporativo internacional del siglo XIX: Guggenheim, Speyer, J.P. Morgan, Bleichroeder, Rockefeller. Esta lista no solo indicaba la importancia de México como objetivo para la inversión extranjera (en segundo lugar de Hispanoamérica, después de Argentina), sino también la cambiante composición de los inversionistas extranjeros después de la década de 1890. Mientras que muchos de los que participaron en la primera fase de inversiones en la década de 1880 eran inversionistas pequeños (tanto nacionales como extranjeros), para la década de 1900 predominaban las instituciones financieras y los financieros empresariales a gran escala.[20]

Una considerable preocupación de Limantour era la amenaza de que las fundaciones y los monopolios estadounidenses absorbieran la infraestructura mexicana de ferrocarriles y utilidades públicas, así como sus instituciones públicas y sus principales empresas industriales, o de que su creciente comercio de exportaciones pudiese volverse absolutamente dependiente del mercado de Estados Unidos.[21] La amenaza a la soberanía económica reflejaba la amenaza a la soberanía política de México y Centroamérica representada, como ya se vio en el capítulo anterior, por la agresión estadounidense en el Caribe que, después de 1896, era cada vez más manifiesta.

Por consiguiente, Limantour adoptó una serie de medidas intervencionistas basadas en la estrategia de ejercer un mayor control y una mayor regulación de la economía nacional. El ejemplo más destacado fue la adquisición de una participación mayoritaria del Estado en la red ferroviaria gracias a la formación de Ferrocarriles Nacionales de México en 1907. La «mexicanización» de los ferrocarriles (o, como se llamaba en su tiempo «la gran consolidación ferroviaria») fue muy significativa, no solo por su importancia económica y estratégica, sino por su valor simbólico como un emblema tanto de la modernización porfiriana como del desarrollo nacional.[22]

La última iniciativa importante de Limantour fue la reforma monetaria de 1905 y la adopción del patrón oro, con lo cual buscaba, primariamente, la estabilización del peso mexicano. La decisión tuvo sus orígenes en la caída a largo plazo del precio internacional de la plata que había seguido a la adopción del patrón oro en Estados Unidos en la década de 1870. Los países, como México y sus repúblicas hermanas de América Latina, que seguían operando el patrón plata sufrieron una prolongada depreciación de sus monedas. Sin embargo, la devaluación del peso plata había dado beneficios a sectores importantes de la economía. Ayudó a estimular las exportaciones y, debido al elevado precio correspondiente de las manufacturas importadas, promovió un desarrollo de la industria basado en la sustitución de importaciones. No obstante, quien se vio más perjudicado fue el gobierno, pues debió cumplir con sus obligaciones del pago de la deuda en oro. Por ello, Limantour cambió, en 1905, al patrón oro, a fin de proteger el peso y de estabilizar la tasa de intercambio.[23]

El impacto de la adopción del patrón oro fue diverso. Las finanzas del gobierno continuaron estables, con un superávit presupuestal registrado en 1910, pero en otros sectores de la economía tuvo un efecto más negativo. Ciertamente el momento fue de lo más inoportuno. Mientras que el patrón oro debió haber promovido la estabilidad a largo plazo en el comercio y la inversión internacionales, su implementación coincidió con la crisis económica de Estados Unidos en 1907, cuyos efectos llegaron con rapidez a México. El impacto se sintió más fuerte en la baja de la inversión estadounidense, el lubricante de la expansión económica porfiriana, y en la contracción del crédito interno, sobre todo al norte del país, la región más integrada a la economía norteamericana.[24] El sector minero se vio más afectado; varias minas cerraron o redujeron sus actividades.[25] Hubo también una escasez de moneda de plata en circulación que afectó las operaciones comerciales en todos los niveles de la economía. Aunque, para 1908, la economía había comenzado a mostrar signos de recuperación, la confianza en la estabilidad económica del régimen se veía dañada entre aquellos que habían sido sus mayores beneficiarios. Es claro que esta situación contribuyó a las dificultades políticas que enfrentó el régimen después de 1908.

Indicadores de progreso

Como consecuencia de la expansión del comercio mundial, de la creciente confianza internacional en México y del profundo compromiso del régimen con el progreso material, la economía del país se transformó durante el porfiriato. Cinco áreas en particular merecen un análisis más detallado. Primero, hubo un crecimiento demográfico continuo, aunque con poco crecimiento de la tasa de urbanización. Segundo, se registraron mejoras considerables en el transporte y en la infraestructura, sobre todo con el crecimiento exponencial de la red ferroviaria. Tercero, tanto el comercio nacional como el internacional se expandieron, especialmente con el resurgimiento de la minería y, durante los últimos años del régimen, el inicio de la industria del petróleo. Cuarto, hubo una notable expansión y diversificación de la producción industrial estimuladas mediante incentivos fiscales y legislativos y a través de la introducción de nueva tecnología y de nuevas fuentes de energía. Por último, la economía rural, sumamente diversa en México, estuvo sujeta a nuevos estímulos y presiones como resultado de la tendencia hacia la privatización de la tierra y a la expansión de la agricultura comercial.

Tendencias demográficas

El crecimiento de la población fue lento e irregular a lo largo del siglo XIX, con una notable aceleración durante los tiempos de Díaz. Poco después de la Independencia, en 1825, la población total se estimaba en 6.2 millones. En la víspera de la Revolución de Tuxtepec (1875), la población había aumentado a 8.3 millones. Hacia finales del porfiriato (1910), la cifra de 1875 casi se habría duplicado, con 15.1 millones, lo cual representaba una tasa de crecimiento promedio anual de 1.7%, en comparación con una tasa de 0.6% en el período de 1825 a 1876.

Sin embargo, la distribución del crecimiento de la población era irregular y presentaba una considerable variación regional. Si bien cada uno de los estados y territorios federales incrementó su población entre 1875 y 1910, las tasas de crecimiento variaban considerablemente, teniendo los mayores incrementos (de entre 130% y 370%) en los estados que bordean el Atlántico (Tabasco, Veracruz y Tamaulipas) y en los estados del norte como Nuevo León, Coahuila, Guanajuato y el territorio de Baja California. Otros estados registraron tasas de crecimiento de entre 50% y 70% (como Yucatán, Puebla, Morelos y Jalisco).

La ausencia de estadísticas no permite un análisis más riguroso de las tendencias demográficas. Aunque en 1833 se creó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y en 1835 el Departamento de Fomento, no se realizó ningún censo nacional hasta 1857. El primer censo moderno lo llevó a cabo la Dirección General de Estadística (una subdivisión de Fomento) en 1895 y se repitió en 1900 y 1910. Estos censos muestran que ciertos indicadores sociales, como las tasas de nacimiento, de mortalidad y de esperanza de vida, cambiaron muy poco, a pesar del progreso material y social tan publicitado por el régimen. La tasa de mortalidad, por ejemplo, era de 34 por cada 1 000 en 1895 y de 33 por cada 1 000 en 1910, y la esperanza de vida promedio se mantuvo inalterada en 29 años.

Las estadísticas disponibles demuestran que también la tasa de urbanización fue muy lenta, y se mantuvo prácticamente estática a lo largo del siglo XIX. Las cuatro ciudades más grandes (México, Guadalajara, Puebla y Monterrey) constituían 4% del total de la población de 1823, con un incremento hasta de 5% en 1895. Incluso la Ciudad de México, cuya población creció de 165 000 en 1823 (2.6% del total) a 471 000 para 1910, seguía representando solo 3.1% de la población total.[26]

México, al igual que la mayoría de los países de todo el continente americano, intentó estimular el crecimiento de la población mediante la promoción activa de programas de colonización para alentar a los colonos extranjeros a explotar los recursos vírgenes del país en las vastas áreas de las tierras apenas ocupadas o sin ocupar. El fomento de la colonización extranjera fue, de hecho, un programa fundamental del proyecto liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Aquí, el régimen de Díaz continuó con un precedente establecido por el gobierno de Juárez con el decreto de tierras baldías de 1863, el cual había ordenado la enajenación y la ocupación de todas las tierras que aún estuviesen sin un uso productivo. La ley de 1883 estimulaba a las compañías privadas extranjeras a deslindar terrenos baldíos en desuso otorgándoles como pago hasta un tercio de las tierras exploradas y, al principio, obligaba a todas las compañías deslindadoras a promover la colonización, aunque esta última condición se eliminó después.[27]

Sin embargo, a pesar de los generosos términos y condiciones ofrecidos a los posibles colonos —en los casos de las colonias agrícolas, el gobierno proveyó terrenos en teoría adecuados y habilitados para el cultivo, ofreció herramientas y semillas, y pagó los salarios de directores, ingenieros, médicos, preceptores (profesores) y hasta de músicos en los primeros años—, la estrategia de colonización fue un sonado fracaso en términos demográficos, económicos y políticos. Para 1910, se estima que solo 116 527 pobladores extranjeros, menos de 1% de la población total, se habían establecido en México. Claramente, la estrategia fue mucho menos exitosa que la de los vecinos hemisféricos. Era obvio que los millones de emigrantes europeos que, hacia finales del siglo XIX, cruzaban el Atlántico buscando escapar de las duras condiciones económicas de Europa, preferían las atracciones de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

También es importante hacer notar que muchos de los que emigraron a México durante el porfiriato eran, de hecho, mexicanos que vivían en Estados Unidos, a quienes se otorgaban beneficios (tierras gratis y exenciones de gravamen) mas generosos que a los no mexicanos. Para 1887, se habían establecido 14 colonias con un total de 2 704 inmigrantes no mexicanos, mientras que los «repatriados» mexicanos representaban más del doble. Hacia el final del porfiriato, se había establecido un total de sesenta colonias; 16 por el gobierno, 44 por compañías colonizadoras privadas. De estas, 18 proyectos de colonización (ocho públicos y diez privados), es decir, casi un tercio del total, reclutaron a colonos de origen mexicano. Las veinte colonias angloamericanas constituyeron casi la mitad de las colonias «privadas», pero es significativo que, considerando las preocupaciones nacionalistas del régimen, ninguna de las colonias de patrocinio gubernamental fuese angloamericana.[28]

La contribución económica de estas colonias «extranjeras» (si es que merecen ser llamadas así) es difícil de evaluar. La más próspera parece haber sido la colonia Tecate, en la frontera norte de Baja California, con una población de 158, cuya producción agrícola y ganadera combinada fue evaluada por la Secretaría de Fomento, en 1907, en 158 000 pesos. Sin embargo, es evidente que muchas de las demás colonias no atrajeron pobladores, e incluso aquellas que sí lo hicieron, tuvieron que luchar por sobrevivir.[29] El estudio de Marcela Martínez sobre las seis colonias agrícolas italianas establecidas en Veracruz, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y el Distrito Federal entre 1881 y 1882 demuestra las distintas fortunas de las colonias extranjeras en la época porfiriana. De las seis colonias originales, solo dos sobrevivieron a la Revolución, y solo en un caso (el de la colonia Fernández Leal, mejor conocida como Chipilo, en el estado de Puebla) mantuvo su identidad como colonia italiana.[30] Estas colonias tuvieron que enfrentar una serie de estorbos y problemas fundamentales; la especulación de los lotes, la subcontratación o arrendamiento a terceros, la incompetencia de las autoridades mexicanas y la falta de experiencia de algunos colonos, la ausencia de nuevos créditos o circulación monetaria, la pérdida de cosechas y la ausencia de mercados, la carencia de agua y sistemas de riego o maquinaria o «capital físico» moderno, o, en resumen, la falta de una infraestructura adecuada para garantizar un comercio estable.

Estos problemas, en su conjunto, provocaron tempranas deserciones y un flujo de peticiones de trasladarse a otras colonias o a otros lados y, por ende, gran movilidad e inestabilidad dentro de las colonias. Aunque hubo casos de notables aumentos de productividad, en las colonias italianas predominaba la autosuficiencia y poca o ninguna evidencia de cambios en la dinámica de producción que supuestamente fue una característica de la era porfiriana, y menos la inserción en el mercado internacional que se había esperado. Prevaleció una «agricultura campesina», siempre local o cuando mucho regional, y siempre frágil y precaria.[31]

En términos políticos, a pesar de los fracasos de los proyectos de colonización, la cesión de vastas áreas de terreno para los colonizadores y especuladores de ultramar expuso al régimen a la acusación de haber traicionado los intereses nacionales y de haber entregado voluntariamente el patrimonio nacional. La creciente presión política llevó, en 1902, a una importante revisión de la política en lo referente al deslinde y la venta de los terrenos públicos y no permitió más que extranjeros o compañías deslindadoras privadas obtuviesen tierras públicas. Más notable aún fue el hecho de que la distribución de los terrenos baldíos se abandonó por completo en 1909.[32]

Transporte e infraestructura

Uno de los objetivos que con frecuencia se plantearon los gobiernos mexicanos del siglo XIX era la urgente necesidad de mejorar las redes de transporte y las comunicaciones como requisito previo para el desarrollo de la economía y la construcción del Estado y de la nación. Sin embargo, la frecuencia de estas declaraciones solo se iguala a la cantidad de obstáculos que debían superar. El terreno montañoso, la falta de ríos navegables, el deterioro de la red colonial de caminos, el bandidaje, los conflictos políticos y los impuestos elevados (peaje de caminos, licencias de tránsito y las alcabalas) eran mencionados con frecuencia como los principales obstáculos.

Se ha estimado que, en 1877, solo la mitad de los 8 700 km de «caminos» federales eran apropiados para el tráfico sobre ruedas. Como consecuencia, la mayoría de los viajes seguían realizándose a pie, en mula o burro o, en ocasiones, y solo los muy adinerados, en diligencia. El único signo visible de modernización de las comunicaciones antes de 1876 eran las 5 600 millas de cable telegráfico que se habían instalado.[33]

La red ferroviaria representó, por mucho, el desarrollo más importante del transporte, y se volvió el símbolo más prominente de la modernización decimonónica. Al principio, se desarrolló con suma lentitud. La primera concesión de ferrocarril (para la vital ruta entre la Ciudad de México y el puerto principal de la costa atlántica, Veracruz) había sido otorgada en 1837, pero la línea (el Ferrocarril Mexicano) no se terminó hasta 1872. A partir de entonces, la construcción de ferrocarriles se expandió rápidamente. Para el momento de la primera reelección de Díaz, en 1884. México tenía 5 731 km de vías. Para 1898 había aumentado a 12 173 km y, para 1910, a 19 280 km, con otros 8 000 km más de líneas ramales.[34]

La política ferroviaria sufrió cambios significativos en el transcurso del régimen. Inicialmente, la estrategia había intentado atraer capital privado, en un principio interno, como la fuerza motriz del desarrollo ferroviario. Con el proyecto que promovió Vicente Riva Palacio, ministro de Fomento (1876-1880), se cedió la iniciativa a los estados, con el apoyo del gobierno federal, para otorgar concesiones para líneas locales que se incorporarían a la red nacional. Entre 1877 y 1880 se otorgaron más de treinta concesiones, pero la construcción tuvo lugar solo en ocho casos y, aun así, no se colocó más de un total de 200 km de vías.

La ausencia de capital nacional, la reanudación de las relaciones entre México y Estados Unidos en 1878 y el interés de las compañías estadounidenses por extender sus líneas hacia México originaron un cambio significativo en la política. Con la falta de una fuente de capital alternativa (puesto que las negociaciones de la deuda con los acreedores europeos aún no se habían resuelto), en 1880 el gobierno de Díaz firmó contratos con compañías ferroviarias estadounidenses para la construcción de líneas que unirían la Ciudad de México con Paso del Norte (ahora Ciudad Juárez) y con Laredo, Texas. El Ferrocarril Central Mexicano se terminó en 1884, y el Ferrocarril Nacional Mexicano en 1888, anunciando así el verdadero inicio de la era del ferrocarril en México y la función primordial que desempeñaría el capital extranjero en su desarrollo.[35]

Se ha estimado que la inversión extranjera en el desarrollo ferroviario representó hasta un tercio del total de la misma en el porfiriato, y si bien la mayor parte de la inversión era de fuentes estadounidenses, el capital británico también fue importante. Los inversionistas británicos obtuvieron una participación mayoritaria en el Ferrocarril Mexicano en 1881 y en el Ferrocarril Interoceánico (que unía Veracruz con la Ciudad de México a través de Jalapa y Puebla) y en el Ferrocarril Mexicano del Sur (que unía Puebla con Oaxaca) en 1892. Sin embargo, el capital mexicano no fue invisible durante el apogeo de la manía porfirista ferrocarrilera. En Yucatán, por ejemplo, los empresarios locales construyeron y administraron un extenso sistema de líneas que unía las plantaciones de henequén con los puertos locales, a fin de extender las exportaciones.[36]

Si bien es indiscutible la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo del ferrocarril, los beneficios que recibieron los inversionistas extranjeros resultan más polémicos. Los primeros análisis se concentraban en la transferencia de beneficios a los inversionistas de ultramar, a quienes se acusaba de haber contribuido con efectos dañinos al desarrollo nacional: el hecho de que el desarrollo ferroviario dependiese absolutamente de la importación de locomotoras, vías, ruedas, mano de obra capacitada y combustible; el hecho de que los salarios mas elevados en las compañías ferroviarias extranjeras fueran para los empleados extranjeros; y, sobre todo, el hecho de que las subvenciones del gobierno para la construcción de ferrocarriles constituyesen una sangría considerable a los recursos nacionales, consumiendo un gran porcentaje de los gastos gubernamentales. Se ha estimado, por ejemplo, que hasta 50% del presupuesto total anual del Departamento de Fomento entre 1880 y 1890, o un promedio de 16% del gasto total anual del gobierno, era destinado a los subsidios ferroviarios. El elevado nivel de subsidio exigió la negociación de préstamos en el extranjero y la emisión de bonos del Estado, los cuales incrementaron de manera considerable el nivel de la deuda pública y, a lo largo de la década de 1880, amenazaron con llevar al gobierno a la bancarrota. Cuando se consideran los pagos de los intereses y los dividendos, se afirma con frecuencia que la transferencia de recursos al extranjero fue sustancial.

Sin embargo, es necesario revisar la impresión de que la construcción ferroviaria fue benéfica única o principalmente para los intereses extranjeros. Por un lado, el estudio de Alfred Tischendorf trata del bajo nivel de rendimiento para los inversionistas británicos en México e indica que las inversiones en el ferrocarril no les dieron los dividendos que se han supuesto.[37] Investigaciones más recientes indican también que los subsidios federales contribuían en una proporción mucho menor a los costos reales de construcción, lo cual implicaba que las compañías ferroviarias estaban obligadas a realizar inversiones más sustanciosas para poder construir sus ferrocarriles. Por otro lado, durante los últimos años del régimen, los beneficios económicos internos derivados del desarrollo ferroviario sobrepasaban su costo a la Hacienda mexicana.[38]

También es claro que el régimen de Díaz se preocupaba no solo por la falta de integración de la red ferroviaria sino por la amenaza a la soberanía económica que representaba el control extranjero (especialmente estadounidense) de la red ferroviaria. Como resultado, durante la fase final del desarrollo ferroviario, bajo el auspicio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, recién creada en 1891, hubo un nuevo énfasis en incrementar el control estatal y la regulación. La nueva estrategia se manifestó en la Ley de Ferrocarriles del secretario de Hacienda, José Yves Limantour, en 1899.

Esta nueva ley buscaba, primero, integrar la red existente mediante la restricción del subsidio federal otorgándolo solo para líneas nuevas que unieran las partes separadas. Segundo, la ley pretendía reducir los elevados niveles de subsidio gubernamental que iban de los 6 000 a los 8 000 pesos por kilómetro. Tercero, buscaba «mexicanizar» progresivamente el sistema, a fin de que el gobierno mexicano obtuviera el control de dos tercios de la red ferroviaria. Para 1907, el gobierno había adquirido una participación mayoritaria en los ferrocarriles Central, Nacional, Internacional e Interoceánico, y había creado una nueva compañía: Ferrocarriles Nacionales de México.[39]

Es posible interpretar la consolidación de la red ferroviaria en 1907 como una respuesta al aumento del nacionalismo económico en el México de finales del siglo XIX, un nacionalismo defensivo que era un componente integral del proyecto de desarrollo nacional porfiriano. En el caso específico de los ferrocarriles, la propiedad extranjera y el patrón de construcción (en especial la extensión de las líneas norte-sur y la inexistencia relativa de líneas este-oeste) hasta entonces habían seguido casi exclusivamente los dictados de los intereses estadounidenses y, en consecuencia, representaban una amenaza para la soberanía económica de México. Al explicar su estrategia global, Limantour escribió:

No hay quien considere ilusorio el peligro de que nuestras principales líneas puedan pasar a poder de algunos de los sistemas de Ferrocarriles americanos. Se palpan las consecuencias desastrosas que acarrearía para México, así la explotación de nuestras líneas férreas en favor de los extranjeros, como la presión que ejercitarían esas poderosas entidades sobre los negocios públicos de más importancia.[40]

Sandra Kuntz Ficker ha subrayado la importancia política y simbólica de la consolidación y argumenta que «aunque la literatura convencional sobre la época no logra reconocer la importancia del acontecimiento, con la creación de los Ferrocarriles Nacionales de México, el régimen porfiriano fue el precursor de la postura nacionalista que suele asociarse con la Revolución Mexicana».[41]

Sin embargo, el más reciente, más profundo y, seguramente, el más equilibrado estudio sobre el asunto, subraya:

La formación de Ferrocarriles Nacionales de México no puede reducirse solo al veredicto de un rescate entreguista o una nacionalización pionera, sino más bien entenderse como un pedregoso proceso de conjunción y condensación de distintos intereses nacionales y extranjeros. Así, la adquisición y la consolidación de las líneas por parte de Limantour revela una dinámica mucho más compleja en las relaciones entre el secretario de Hacienda y los capitalistas extranjeros,[42]

El impacto general de los ferrocarriles en el desarrollo de la economía mexicana en el porfiriato sigue siendo un tema polémico. Todos están de acuerdo en que la expansión de la red ferroviaria estimuló la actividad económica, pero no lo están con respecto a cuáles y para quién Rieron los beneficios principales. Sin embargo, muchos estarían de acuerdo con Enrique Cárdenas al afirmar que para la economía mexicana, «la construcción de los ferrocarriles fue el acontecimiento más importante del último tercio del siglo [XIX]».[43]

Ciertamente, la expansión ferroviaria estimuló una mayor inversión extranjera en otros sectores de la economía, particularmente la minería. Alrededor de 80% del total de la inversión estadounidense en México en la segunda mitad del siglo XIX (38% del total de la inversión extranjera) estaba concentrado en los ferrocarriles y la minería. El mejoramiento del transporte también estimuló el crecimiento del comercio tanto internacional como nacional. México experimentó, cada año entre 1890 y 1905, un saldo comercial positivo con exportaciones que excedían a las importaciones hasta en un tercio en algunos años. Los costos de flete por ferrocarril se redujeron hasta en 80% y el tráfico de fletes creció en un promedio anual de 15% entre 1873 y 1910.

La expansión de las exportaciones fue, sin duda, un resultado directo de la expansión ferroviaria, pero no debe olvidarse la contribución del rápido desarrollo, en el mismo período, de las rutas de barcos de vapor. Se ampliaron las obras portuarias y se modernizaron los puertos principales. Los barcos de vapor unían las ciudades costeras de México entre sí y a la economía mundial. Para finales de la década de 1890, había nueve rutas marítimas que unían los puertos del Golfo de México con los de la costa atlántica de Estados Unidos y con los puertos europeos más importantes (Liverpool, Londres, Cádiz, Bordeaux, Antwerp y Hamburgo), exportando los productos tropicales mexicanos (maderas de tinte, café, yute y henequén), e importando planta industrial y material para la construcción de ferrocarriles. En la costa del Pacifico, había siete líneas que conectaban México con Asia (a través de San Francisco), y permitían la expansión de las exportaciones del peso plata a Filipinas, China y la India, las cuales fueron fundamentales para el resurgímiento de la industria minera de México hasta la conversión al patrón oro en 1905.

Inicialmente, la mayoría de los historiadores económicos se inclinaban por hacer hincapié en los aspectos negativos del desarrollo del transporte en la época porfiriana, sobre todo el ferrocarrilero. Se afirmaba que la entrega de las ganancias, el pago de préstamos y dividendos, y los elevados subsidios gubernamentales mermaban los recursos nacionales. También se ha afirmado que el precio de fletes y de transporte de pasajeros se mantuvo elevado de manera desproporcionada, restringiendo así el movimiento de bienes y de la mano de obra. Se ha considerado que la promoción que dio el régimen a las exportaciones y a la inversión extranjera distorsionó el desarrollo nacional y evitó el crecimiento de los mercados nacionales, pues en lugar de integrar los mercados regionales de México, los unió a la economía mundial. Por encima de todo, durante mucho tiempo se ha afirmado que las aberraciones sociales producidas por el desarrollo ferroviario (el estímulo a la especulación y a la adquisición de tierras, la usurpación de la pequeña propiedad) originaron descontento y rebelión y, por ello, contribuyeron a las causas de la Revolución de 1910.[44] Las investigaciones recientes han modificado profundamente estas conclusiones negativas.

Minería

No hay duda de que el «motor del crecimiento» de la economía mexicana durante el porfiriato fue el sector de las exportaciones. Se ha calculado que las exportaciones aumentaron en una tasa promedio de 3.9% entre 1878 y 1895, y llegaron a un incremento anual promedio de 6.9% entre 1895 y 1910. El sector más dinámico en las exportaciones era, sin duda, la minería, cuyos productos en su conjunto representaban más de 60% del total. El valor de la producción minera pasó de 25 millones a 240 millones de pesos entre 1877 y 1910, con una tasa media de crecimiento de 7% anual.

Es bien sabido que la minería había sido fundamental para la estructura de la economía colonial, el núcleo de una red de agricultura, comercio y manufactura que se había expandido con rapidez a finales del siglo XVIII. Quizás no sea una exageración afirmar que las aspiraciones económicas de la nueva nación mexicana, a principios del siglo XIX, estaban fundadas en la explotación de sus abundantes recursos minerales. No obstante, a principios y mediados del siglo XIX, el desempeño de la industria minera fue, en general, decepcionante, en parte por la pérdida de inversión de capital, en parte por la pérdida del abastecimiento regular del mercurio (que España proveía previamente), que era vital para el procesamiento de «patio» de los minerales de baja ley. A pesar de que se había invertido capital extranjero, en su mayoría británico, y que se habían introducido técnicas de producción más modernas, como la energía de vapor, la producción y las prácticas laborales coloniales persistieron a lo largo del siglo XIX.[45]

La combinación de la nueva tecnología (con la electrificación y el desarrollo de la cianuración), la construcción ferroviaria y la inversión extranjera produjeron un dramático resurgimiento de la industria durante el porfiriato. La inversión extranjera en la minería recibió un gran estímulo con la legislación, aprobada en la década de 1880, que facilitaba no solo que los extranjeros adquiriesen concesiones mineras, sino que fueran dueños de ellas, lo que hasta entonces estaba prohibido por las leyes coloniales españolas y las mexicanas. En 1884, el Congreso aprobó un nuevo código que no hacía referencia a la retención estatal de la propiedad del subsuelo. En 1892, una ley posterior eliminó el requerimiento de que las minas debían ser trabajadas para poder mantener la concesión, y eliminó la posesión estatal del subsuelo.

Como consecuencia tanto de las reformas internas como de la demanda externa, la industria minera experimentó un fuerte repunte, lo cual repercutió no solo en la minería tradicional de oro y plata, sino también en metales que hasta entonces no eran explotados, principalmente plomo, cobre y zinc, pero también carbón, antimonio y mercurio. Para 1910, la producción de metales industriales (42% del total) había sobrepasado la producción de la plata (39%). Se desarrollaron nuevos centros mineros, particularmente en los estados norteños de Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila, además de los que eran centros tradicionales de producción minera desde la época colonial, Zacatecas, Guanajuato y Pachuca.[46]

La minería en el México porfiriano estaba dominada por el capital extranjero. El valor de las minas de posesión estadounidense en 1911 se estima en 223 millones de dólares, y el de las minas británicas en 44 millones. Para 1909, las compañías norteamericanas controlaban casi tres cuartas partes de la actividad minera en México y más de 70% de la industria metalúrgica. El impacto de la minería y la fundición fue particularmente fuerte en el norte del país, donde predominaron las compañías estadounidenses, sobre todo la American Smelting and Refining Company, controlada por la familia Guggenheim. En Chihuahua, un puñado de compañías estadounidenses controlaba 75% de la producción minera y más de tres cuartas partes de la planta laboral. El período de crecimiento más rápido fue la década posterior a 1900, cuando se duplicó la producción minera.[47]

El período de 1900 a 1910 fue testigo también de los primeros pasos de la industria petrolera, que tendría un auge espectacular en la siguiente década (1910-1920). La naciente industria siguió el mismo padrón que el resurgimiento de la minería, también dominada por empresas extranjeras (en este caso, hasta el 95%), vinculado al desarrollo ferroviario. El descubrimiento de los primeros depósitos en El Ébano, San Luis Potosí, en 1904, realizado por la Huasteca Petroleum Company del estadounidense Edward Doheny, se ubicó en un terreno que bordeaba el Ferrocarril Central Mexicano. Al compás de la expansión de la industria petrolera, las locomotoras de la red ferroviaria se fueron transformando para funcionar con petróleo, y no con el costoso carbón importado, y los productos industriales de la naciente industria petrolera (aceites lubricantes y para iluminación) empezaron a desplazar la importación de productos norteamericanos en el abastecimiento del mercado doméstico.

El dominio de las compañías petroleras estadounidenses sobre la naciente industria nacional produjo el temor de que la explotación petrolera cayese en el control monopólico de los intereses de Estados Unidos. Díaz solicitó personalmente que Doheny no vendiera sus propiedades a la Standard Oil sin dar primero la oportunidad de comprarlo al gobierno mexicano. Al mismo tiempo, el régimen otorgó concesiones para la explotación del petróleo al empresario británico Weetman Pearson, con el fin de que la empresa petrolera de Pearson (la Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila) hiciera competencia en el mercado doméstico con el subsidiario de Standard Oil (la Waters Pierce Oil Company).[48]

De esta manera, el gobierno de Díaz intentó evitar que las empresas estadounidenses controlaran la industria petrolera mexicana. Esto fue el origen de un notable resentimiento en los círculos empresariales de Estados Unidos y de tensión entre los gobiernos de los dos países. La rivalidad entre británicos y estadounidenses por el petróleo mexicano condujo, inevitablemente, a una guerra de precios del petróleo en México durante los años que precedieron a la Revolución. Sin embargo, el auge espectacular de las exportaciones petrolíferas de México, que convertiría al país en el segundo productor mundial de petróleo de la década de 1910 a 1920, y que tendría un impacto tan crucial en la economía mexicana del siglo XX, no sucedió sino hasta después de la caída del régimen de Díaz. Sin embargo, el fomento de la industria petrolera por parte régimen porfiriano reflejó su interés en la promoción de la minería en general y en el desarrollo de fuentes de energía accesibles que apoyarían el proyecto de industrialización. No deja de ser irónico que el primer embarque de exportación de petróleo mexicano (25 de mayo de 1911) tuviera lugar un día antes de que Porfirio Díaz saliera de la capital hacia su exilio en Europa.[49]”

Industrialización y mano de obra

La industria textil constituyó el sector más importante en el desarrollo de la base manufacturera de México anterior al auge porfiriano. Ya para 1850 se estima que se habían establecido cincuenta fábricas con unos 100 000 trabajadores. Sin embargo, después de 1890, también hubo un período de acelerado crecimiento y rápida diversificación de la producción industrial. Para 1910, las fábricas mexicanas producían hierro y acero, productos químicos, jabón, vidrio, cemento, textiles, cerveza, cigarros, papel, yute y productos enlatados. Hacia finales del régimen de Díaz, se ha estimado que la industria manufacturera representaba aproximadamente el 12% de la producción nacional (pib) y empleaba 11% de la mano de obra. Al mismo tiempo hubo una notable concentración geográfica de la industrialización en solo siete ciudades: Puebla, Veracruz, Guadalajara, el Distrito Federal, y en la zona industrial y empresarial sin duda más dinámica del norte del país, Chihuahua, Torreón y Monterrey.[50]

Según Stephen Haber, hubo tres elementos principales que caracterizaron la industrialización mexicana en la última fase del «porfiriato».[51] Primero, la concentración de la actividad empresarial industrial en un grupo pequeño de financieros mexicanos (quienes pertenecían a la camarilla de los Científicos). Este pequeño y cerrado grupo, dirigido por el secretario de Hacienda Limantour, no solo se había comprometido con la modernidad y el progreso, sino que también creía que la estabilidad política del régimen era permanente. Se convirtieron en los más férreos defensores de la supervivencia del régimen de Díaz, pues aseguraban que la estabilidad política era el ingrediente esencial para el crecimiento económico e industrial.

Segundo, la industrialización porfiriana dependía tanto de la tecnología de capital intensivo, como del profundo conocimiento en gestión empresarial, los dos extranjeros. Definitivamente, había pocas alternativas para la dependencia a las fuentes externas, dada la ausencia en México de maquinaria industrial, mercados de capital o de mano de obra especializada o calificada. Tercero, debido a la falta de competitividad de la naciente industria mexicana, caracterizada por una baja producción y por rendimientos bajos, los industriales porfiristas buscaron (y recibieron) del gobierno de Díaz protección contra la competencia extranjera mediante la imposición de aranceles a las importaciones y mediante una presencia monopolista en el mercado nacional. Por lo tanto, la industria mexicana porfiriana era ineficiente, poco rentable y con defectos estructurales, sostenida primariamente en el proteccionismo y el monopolio. Stephen Haber concluye que era un ejemplo de la «industrialización subdesarrollada».

Las consecuencias sociales y políticas de la industrialización han recibido mucha atención, pero poco consenso historiográfico. El desarrollo de las organizaciones laborales que representaban a la creciente mano de obra industrial fue, ciertamente, una de las consecuencias importantes, pero la relación entre dichas organizaciones y el régimen, y sobre todo, su contribución a la desestabilización política posterior a 1906 han generado controversia.

Antes de la aceleración de la inversión extranjera en la década de 1890, las organizaciones laborales mexicanas reflejaban el carácter preindustrial de la industria mexicana, la cual estaba dominada por pequeñas fábricas de base artesanal. Los empleados en estas empresas, quienes solían llamarse artesanos en lugar de obreros, estaban agrupados, si acaso lo estaban, en sociedades mutualistas que con frecuencia incluían empleadores y empleados. El primer indicador del desarrollo de una organización laboral nacional que representara exclusivamente los intereses de los obreros industriales fue el Gran Círculo de Obreros de México, establecido en 1872, y que para 1876 aseguraba tener 28 sucursales en 12 estados y en el Distrito Federal.[52]

Durante la década de 1890, hubo un incremento en la cantidad de organizaciones laborales por industria específica, lo cual reflejaba el acelerado ritmo de industrialización. Se ha calculado que la mitad de la mano de obra industrial estaba sindicalizada para 1905. En este período estuvieron también activos los círculos obreros católicos que surgieron de la gran preocupación de la Iglesia por el catolicismo social a raíz de la publicación de la encíclica Rerum Novarum del papa León XII en 1891. Hacia 1911, la Confederación Nacional de Círculos Obreros Católicos aseguraba tener más de 14 000 miembros.[53]

A pesar de la tan generalizada percepción de que el régimen de Díaz fue hostil a las organizaciones laborales, hay indicios del uso de la cooptación del régimen a este tipo de organizaciones, particularmente después de 1884, así como una característica preferencia por la negociación y la conciliación para solucionar conflictos laborales. En muchos casos, el régimen prefirió no intervenir directamente y Díaz recomendó a los gobernadores estatales indagar las causas de las quejas, defendiendo el compromiso antes que la represión. En algunas notables ocasiones (como la huelga textil de Puebla de 1884), el régimen intervino incluso apoyando las quejas de los obreros.[54]

La reputación que tiene el régimen de una hostilidad antilaboral se deriva principalmente de la adopción, posterior a 1906, de tácticas autoritarias en respuesta al rápido deterioro de las relaciones laborales. Progresivamente, las demandas de los obreros se radicalizaron, abarcando preocupaciones relativas a los salarios y a las condiciones de trabajo hasta incluir una variedad de asuntos sociales y políticos: una distribución más equitativa del ingreso y protestas nacionalistas contra la dominación extranjera de las empresas industriales y la iniquidad de las escalas salariales diferentes para los obreros extranjeros y los mexicanos. La respuesta inepta del régimen fue suprimir y arrestar a los agitadores laborales, en ocasiones con el uso de las tropas federales e, incluso, en el notorio caso de la huelga de Cananea en 1906, abusar de la soberanía nacional al permitir que los propietarios estadounidenses de la mina invitaran a un contingente de civiles y vigilantes estadounidenses a cruzar la frontera con Arizona con el pretexto de proteger las vidas y las propiedades estadounidenses.

A pesar de la gran cantidad de ejemplos de conflictos laborales de mineros, empleados de ferrocarril y operadores textiles en 1906 —llamado El Año de las Huelgas—, el hecho es que la mayoría de los obreros industriales, estuviesen organizados en sociedades mutualistas, sindicatos comerciales o círculos católicos, no se opuso activamente al régimen de Díaz sino hasta la dramática pérdida de su autoridad posterior a 1908. El papel que desempeñaron las organizaciones laborales en el desmoronamiento del régimen se examinará con mayor detalle en el capítulo siguiente. Sin embargo, no puede haber duda de que la respuesta del régimen a la agitación laboral posterior a 1906 dejó ver su impotencia y debilidad.

Agricultura y economía rural

El impacto del desarrollo económico en la diversa economía rural de México durante el régimen de Díaz ha generado un debate intenso y prolongado. Es también un tema con una importancia intrínseca para el entendimiento de la era porfiriana pues, para 1910, México seguía siendo una sociedad abrumadoramente rural: 80% de la población vivía en pueblos, haciendas, ranchos o rancherías. En consecuencia, el desarrollo rural en la era de Díaz ha recibido una gran cobertura en la historiografía pero, paradójicamente, quizá siga siendo uno de los aspectos del México porfiriano menos comprendido.

En el centro de la controversia está el carácter esencial y los respectivos destinos de la hacienda y del pueblo. La imagen de la hacienda, según el retrato que hacían los observadores ilustrados de finales del siglo XVII (como Alexander von Humboldt), de una institución feudal que ejercía un monopolio señorial sobre la tierra más productiva, un dominio sobre sus trabajadores y una explotación sin piedad de la mano de obra de los campesinos indígenas de los pueblos vecinos, ha sido sorprendentemente persistente en la imaginación popular e historiográfica. Resulta aún más extraordinario si se considera la existencia de una gran cantidad de estudios de caso publicados en décadas recientes que han demostrado satisfactoriamente que la hacienda, desde su establecimiento en los inicios del período colonial, no era una institución «feudal», sino que respondía a las condiciones del mercado y a las circunstancias económicas prevalecientes y que llevaba una coexistencia simbiótica (si no es que siempre una perfecta armonía) con los pueblos vecinos.[55]

Además de las distorsiones provistas por la imagen tradicional de la hacienda, el enfoque dado al impacto social de la Revolución en el ámbito rural también tiende a distorsionar la visión sobre las transformaciones rurales acaecidas durante el porfiriato. Es decir, debido al carácter rural y agrario de las movilizaciones revolucionarias posteriores a 1910, se supone que las innovaciones económicas de la época de Díaz representaron únicamente ruptura y ruina para las comunidades rurales de México. Por supuesto, con esto no quiere decirse que fuese lo contrario; es decir, que los cambios hayan sido completamente benéficos. Hay ejemplos de comunidades rurales que perdieron tierras y sus recursos a manos de los especuladores o los hacendados, como lo demuestra la respuesta de las comunidades del estado de Morelos que se unieron a la rebelión agraria de Emiliano Zapata después de 1911. Sin embargo, la lucha entre los hacendados y los pueblos en Morelos, por importante que haya sido, no representa fielmente la tremenda diversidad y complejidad de los cambios o las experiencias rurales de la época. La concentración en los conflictos hacendado-pueblo tiende a perpetuar el estereotipo del México rural, según se le critica en la descripción sugestiva de Raymond Buve, como «un paisaje lunar habitado por bribones (hacendados) y sus víctimas (campesinos)».[56] En resumen, el punto de partida para entender la transformación del México rural en el porfiriato debe ser la experiencia del siglo XIX, no la de la Revolución.

La visión de la élite porfiriana acerca del desarrollo agrario fue, fundamentalmente, la de los liberales decimonónicos de la Reforma. Para la mayoría de los liberales, los problemas que enfrentaba el México rural eran: primero, un campesinado indolente e ignorante; segundo, instituciones «arcaicas» (es decir, coloniales) como la Iglesia, que suprimían el individualismo y el espíritu emprendedor; y, tercero, el «feudalismo» de las relaciones de producción económicas y sociales que caracterizaban la hacienda ineficiente. La solución se encontraría en la introducción de una cultura agraria emprendedora junto con la iniciativa privada. Para esto fue necesario, como ya lo hemos visto, instrumentar una serie de reformas de gran alcance: la privatización de los dominios corporativos, la venta de terrenos baldíos, la promoción de los proyectos de colonización, el mejoramiento de la comunicación y del comercio interregional mediante el desarrollo de los ferrocarriles y la reforma arancelaria.

Hasta 1880, las sucesivas administraciones liberales se habían esforzado por introducir dichas reformas, pero se vieron severamente restringidas por las intervenciones extranjeras, los cismas políticos internos y, significativamente, las oleadas de protestas y resistencias rurales que comenzaron a finales de la década de 1840 y que se repitieron en las de 1850, 1860 y una vez más en la década de 1870. Los conflictos agrarios no comenzaron a reducir su intensidad sino hasta la aceleración del desarrollo económico y, sobre todo, hasta la consolidación de la autoridad personal de Díaz en la década de 1880.[57] La historiografía tradicional (o, mejor dicho, antiporfirista) siempre ha afirmado que en la época siguiente (entre 1880 y 1910) hubo un proceso homogeneizado de pérdida de terrenos comunales, la proletarización de los campesinos, y la sustitución de la agricultura tradicional (de subsistencia) por una agricultura comercial. Pero todavía carecemos de estudios serios o de una cuantificación o evaluación general de este proceso. Por las evidencias disponibles, la realidad de la experiencia rural porfiriana fue muy diversa, compleja y contradictoria. Seguían existiendo enormes obstáculos a la privatización de la tierra: la ausencia de títulos o catastros fidedignos, la definición de las distintas categorías de propietarios (por ejemplo, los condueñazgos o propietarios en común) y, por supuesto, la resistencia de los vecinos o condueños a través de numerosos pleitos legales que impidieron o demoraron su implementación.[58]

La política personal de Díaz con relación a los asuntos agrarios ha sido también tema de mucha especulación y de información errónea. Como es de esperar, la historiografía antiporfirista lo ha retratado como cínico e implacable, conforme con la violación del pueblo por la hacienda rapaz. En su «clásico» análisis del ejido mexicano, publicado en 1937, Eyler Simpson escribió que «no es posible imaginar algún paliativo o extenuación para la fría violación de los pueblos y la desalmada supresión de los pequeños terratenientes que Díaz no solo aprobó, sino que también instigó y secundó».[59]

Sin embargo, la correspondencia personal de Díaz indica un compromiso inequívoco con el objetivo liberal del desarrollo rural. Abiertamente reconoció que su implementación necesitaría tacto, negociación y compromiso. De hecho, lejos de demostrar una desalmada reserva, Díaz mostró una gran sensibilidad hacia los intereses de las comunidades rurales en lo referente a la privatización de la tierra. En su correspondencia con los gobernadores estatales, Díaz hacía hincapié en la necesidad de impulsar iniciativas que respondiesen a las circunstancias locales, y en que debía explicarse a las comunidades rurales los beneficios de la privatización. En julio de 1890, por ejemplo, explicó al gobernador de San Luis Potosí, Carlos Diez Gutiérrez, que los pueblos de su natal Oaxaca, los cuales, al principio, se habían resistido notoriamente a los cambios en la tenencia de la tierra, habían respondido positivamente a la privatización de las tierras del municipio, pues implicaba un incremento de los fondos municipales.[60] También dejaba en claro que debía evitarse a toda costa la práctica de adjudicar tierra a quienes no eran vecinos de los pueblos y que, en todos los casos, se respetaran «los derechos y hasta prudentemente los caprichos de los municipios».[61]

Los reclamos agrarios del municipio de San Juan Tamazunchale, en la región Huasteca de San Luis Potosí, constituyen un interesante estudio de caso de la política agraria porfiriana. De manera consistente, a lo largo de la época porfiriana, en Tamazunchale hubo brotes de violencia y, aunque era claro que Díaz no toleraría cualquier rebelión armada, él intervino personalmente en un intento por encontrar una solución que respetase los títulos coloniales de los habitantes a pesar de las irregularidades de la documentación legal. Igual de importante fue el hecho de que, a pesar de su intervención en la disputa, el poder de Díaz para influir en los acontecimientos locales haya sido limitado. Dada la experiencia de los habitantes indígenas de Tamazunchale, es claro que no todos los funcionarios porfiristas responsables de la implementación de la privatización de la tierra compartían la sensibilidad y la preocupación del presidente por el bienestar de los pueblos. Por lo tanto, casos de abusos en el proceso de privatización de la tierra eran innegables.[62]

El aspecto más conocido de la política agraria porfiriana es la transferencia de terrenos baldíos a compañías privadas que llevarían a cabo deslindes detallados a cambio de hasta una tercera parte de la tierra deslindada como indemnización. Como resultado de este proceso, se calcula que alrededor de 40 millones de hectáreas de terrenos se privatizaron a lo largo del porfiriato. Por lo general, no solo se supone que fue un proceso de ruptura y conflictos, sino que el régimen se coludió activamente con especuladores o terratenientes poco escrupulosos a los que permitían adquirir grandes extensiones de terrenos. Sin embargo, la investigación realizada por Robert Holden sobre las actividades de las compañías deslindadoras sugiere una interpretación diferente.[63]

Holdcn hace hincapié en que la política no consistía de ninguna manera en otorgar los terrenos a las compañías deslindadoras sin restricción alguna, sino que estuvo estrictamente regulada por la Secretaría de Fomento. Si las compañías no cumplían con sus obligaciones, se rescindía el contrato. Como resultado, solo 40% de las compañías deslindadoras recibió tierras. Y, en los casos donde había conflictos con los intereses locales, las autoridades porfirianas respondieron a las protestas contra las compañías deslindadoras y anularon o suspendieron los contratos. Además, la mayor parte de estos terrenos baldíos se encontraba en estados poco poblados, y fueron terrenos poco propicios para la agricultura comercial. Aún más, Holden asegura que el objetivo central de la estrategia no era coludirse con los hacendados para aumentar su poder, sus propiedades o su riqueza, sino aumentar las rentas del Estado para financiar las subvenciones para los proyectos ferroviarios y obras públicas.

Holden está de acuerdo con el análisis de Donald Stephens en que, lejos de condonar las prácticas abusivas de los especuladores y las compañías deslindadoras, el régimen se planteó una importante revisión de la política agraria después de 1900. En 1901, las enmiendas al artículo 27 de la Constitución de 1857 legalizaron el derecho a la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas, pero mantenía la prohibición referente a la propiedad eclesiástica. En 1902, el proceso de deslinde se sometió a un control más estricto, al exigir que funcionarios públicos asalariados supervisaran la exploración y al prohibir la distribución de la tierra como indemnización. Y en 1909, una serie de decretos suspendió por tiempo indefinido la entrega de nuevos títulos de propiedad, a fin de atenuar el difundido abuso.[64]

Las pruebas empíricas sugieren la necesidad de revisar algunas de las generalizaciones que se han ofrecido para explicar el impacto del desarrollo económico en el México rural en la época de Díaz. Algunos historiadores incluso se han atrevido a proponer una interpretación positiva de la política agraria porfiriana. Desde esta perspectiva «revisionista», puede considerarse que la privatización de la tierra estimuló la acumulación de capital, el desarrollo de la infraestructura, la integración de los mercados nacionales y regionales, la consolidación de las finanzas públicas y, además, ayudó a convertir la región fronteriza no explorada del norte en una frontera internacional dinámica.[65] Aunque sí hubo un desequilibrio entre el estancamiento de la producción de artículos de consumo básico (maíz, frijol, cebada) y el crecimiento de productos de agricultura comercial (caña de azúcar, algodón, henequén, café), la mayor parte de la producción agrícola —que siguió siendo, en términos comparativos internacionales, de bajo rendimiento— se destinaba al mercado interno.[66] En resumen, una interpretación más positiva del desarrollo rural de la era porfiriana afirmaría que no solo el sector de las exportaciones sino los mercados nacionales se beneficiaron de la expansión general de la actividad económica.[67]

Las interpretaciones «revisionistas» de las repercusiones de la transformación rural demuestran que aún queda mucho por saber acerca de los detalles del desarrollo agrícola regional durante la época de Díaz y de que, considerando la diversidad de las experiencias rurales, es difícil hacer generalizaciones. Por lo tanto, lo más imprudente y lo menos acertado sería asumir una directa correlación entre la privatización de la tierra y los conflictos agrarios.

Sin embargo, como lo ha señalado John Tutino, sería igual de imprudente ignorar el hecho de que el desarrollo porfiriano aportó nuevas presiones al México rural y nuevas pautas de conflicto y resistencia agraria. Tutino asegura que para la mayoría de los mexicanos rurales, la época de Díaz aportó una «compresión agraria»; es decir, presiones que surgieron de la combinación del crecimiento de la población y la pérdida simultánea de tierras y, quizás más importante, la pérdida de seguridad en un ambiente de rápidos cambios económicos. Aunque, a lo largo de su existencia, el régimen pudo ya contener o ya mediar las protestas agrarias, la creciente crisis política posterior a 1908 y el rápido desmoronamiento del régimen después de 1910 desataron las tensiones agrarias que desde hacía mucho tiempo habían estado creciendo y, en algunos casos, enconándose. Por lo tanto, las demandas agrarias fueron un componente de gran envergadura de la insurrección popular que derrocó a Díaz en 1911.[68]

CAPÍTULO 8

EL PRECIO DEL ORDEN Y EL PROGRESO:

EL DESMORONAMIENTO Y LA CAÍDA

DEL RÉGIMEN DE DÍAZ:

1900-1911

Cualesquiera que sean las opiniones de mis amigos y partidarios, me retiraré del poder al terminar el actual periodo de gobierno, y no serviré de nuevo.

PORFIRIO DÍAZ, 1908.

Uno de los objetivos de este libro ha sido hacer una revaluación del régimen de Porfirio Díaz a la luz de las nuevas investigaciones y de los cambios en la perspectiva historiográfica. Sobre todo, se ha buscado liberar la interpretación sobre la era porfiriana desde la perspectiva distorsionada generada por la subsecuente Revolución. El hecho de que la historiografía revolucionaria se haya centrado en la agonía del régimen después de 1908, ha acentuado, de manera inevitable, sus fallas y sus debilidades y a la vez ha distorsionado el análisis de sus logros.

Uno de los problemas principales en la interpretación del «porfiriato» radica en que se haya prestado tanta atención a los períodos penúltimo y último de su presidencia (1906-1910, 1910-1911). En esos años, el régimen luchaba por encontrar una respuesta adecuada a los problemas políticos causados por la reelección permanente y a los problemas socioeconómicos creados por la rápida transformación de la economía mexicana después de la década de 1890.

Como se vio en el capítulo anterior, durante el régimen de Díaz, México aumentó en gran escala su comercio interno e internacional, estimuló la industrialización, atrajo la inversión extranjera en cantidades cada vez mayores y se embarcó en el ambicioso proyecto de la construcción de ferrocarriles y obras públicas que transformaron la infraestructura económica y social de una gran parte (pero, ciertamente, no de todo) el país. Irónicamente, los años anteriores a 1910 pueden verse, por lo tanto, como un período en el que el régimen se volvió víctima de su propio éxito económico. La estrategia económica había hecho, sin lugar a dudas, una importante contribución a la consolidación del régimen pero, al mismo tiempo, había creado una cantidad cada vez mayor de problemas relacionados con la distribución inequitativa de la riqueza, de los recursos económicos y de los beneficios sociales, además de no haber ampliado el alcance de la participación de nuevos sectores sociales (sobre todo urbanos) o el de la legitimidad política.

La respuesta del régimen a la crisis posterior a 1906 fue dubitativa, ineficaz, inepta y, en ciertas ocasiones muy notorias (como la represión de las huelgas mineras y textiles de 1906 y 1907), excesivamente agresiva. La adopción de las tácticas autoritarias después de 1906 fue, en sí misma, una muestra de una desesperación cada vez más evidente. Debido al predominio de las torpes tácticas que adoptó el régimen después de 1906, ha habido una marcada tendencia a suponer que el carácter represivo del régimen en sus últimos años fue representativo de todo el régimen. Sin embargo, este análisis proporciona una imagen equivocada. Ciertamente, la creciente crisis política y económica posterior a 1906 expuso la debilidad y fragilidad de un sistema político personalista, pero demostró, por encima de todo, que los mecanismos y las técnicas del liberalismo patriarcal, que Díaz empleó con habilidad desde 1884, ya no eran apropiados para tratar con un conjunto de circunstancias en desequilibrio. En la sucinta metáfora de Alan Knight, el régimen, en vísperas de la Revolución, parecía una criatura que ya no podía adaptarse a su entorno: «al igual que un monstruo saurio, el régimen carecía de un cerebro político igual a sus hinchados músculos económicos: de allí su extinción».[1]

No hay duda de que después de 1906, el régimen adoptó tácticas cada vez más represivas para enfrentarse a las crecientes manifestaciones de descontento y disidencia. Estas medidas, además de ser contraproducentes, también fueron un fracaso evidente para suprimir las protestas políticas y populares que, después de 1909, se unieron bajo la bandera del Movimiento Antirreeleccionista. Lo más sorprendente es la velocidad con la que el régimen se desmoronó, lo cual tomó completamente por sorpresa a sus contemporáneos. Solo seis meses después de que Francisco Madero convocara a una revolución armada en noviembre de 1910, Porfirio Díaz, quien había monopolizado el poder político por más de una generación y había presidido un régimen que tanto se enorgullecía de su solidez y permanencia, renunció y se embarcó hacia el exilio en Europa. La rápida caída del régimen creó un problema que los historiadores se han esforzado en resolver desde entonces.

Las razones de la caída del régimen de Díaz pueden dividirse en dos categorías principales. Primero, en los ámbitos nacional y regional, el complejo patrón de fractura interna y de ruptura de la estructura y el tejido de la sociedad porfiriana constituyó un factor importante para la movilización popular que ayudó a derrocar al régimen en 1911. Segundo, los cismas internos debilitaron progresivamente la confianza del régimen y el frágil equilibrio del consenso de la élite, lo cual estimuló rivalidades, conflictos, faccionalismo y división dentro del círculo más allegado al presidente y también tanto entre los allegados al círculo como los que estaban en los márgenes de la política porfirista.

Además, no se había encontrado ninguna solución al problema de la sucesión política: un problema que ejercía cada vez más presión a medida que Díaz se acercaba a su séptima reelección en 1910. Esto provocó una intensa lucha de poder dentro del régimen y una creciente oposición a la reelección fuera de la élite política. El problema se hizo más agudo con los obstáculos que, de manera persistente, se habían colocado a propósito en el camino del desarrollo de las instituciones o los partidos políticos, los cuales privaban al régimen de una forma institucional de sucesión. Por último, la prodigiosa energía, así como la habilidad y el apetito de manipulación política que Díaz había mostrado en el mantenimiento de un sistema altamente personalista, habían comenzado a abandonarlo cuando se acercaba a sus 80 años.

LA HISTORIOGRAFÍA REVOLUCIONARIA Y LA CAÍDA DEL RÉGIMEN

Debido al alto nivel de atención historiográfica que se ha prestado a la Revolución de 1910, no faltan explicaciones para la rápida caída del régimen de Díaz. De acuerdo con la interpretación ortodoxa o popular, los ingredientes clave de la Revolución fueron su base y sus orígenes populares. Campesinos, obreros y la pequeña pero creciente clase media se movilizaron en una protesta contra las desfavorables condiciones económicas y políticas posteriores a 1907, las cuales resaltaban el monopolio de poder y riqueza de los hacendados, los dueños de fábricas o minas, las élites metropolitanas y los extranjeros. Para algunos partidarios de la interpretación ortodoxa, la revolución popular no fue solo agraria, radical y progresista, sino que tenía elementos distintivamente nacionalistas e incluso xenófobos como una guerra de liberación de la dominación extranjera (particularmente estadounidense) que había sido impuesta por el régimen de Díaz.[2] Para otros, la base de la movilización popular fue más amplia y más sutil, pero fue sobre todo una respuesta a factores internos como la disparidad perenne de las estructuras rurales en todo México y también de las experiencias regionales a lo largo del porfiriato. Es decir, las movilizaciones populares reflejaban lealtades e identidades más complejas que estaban relacionadas no solo con cuestiones de clase, sino también de etnia, ideología, clientelismo y afiliación regional o faccional.

Las interpretaciones ortodoxas de la Revolución predominaron en el período posrevolucionario desde la década de 1920 y cobraron una nueva fuerza en la década de 1980. Han tendido a hacer hincapié en el autoritarismo del régimen de Díaz en el momento de su agonía. Viéndolo con mayor crudeza, la lógica de la interpretación ortodoxa es que la escala de movilización popular y de protesta posterior a 1910 reflejó el grado de fractura y de represión que se experimentaba durante el porfiriato. El alcance de la Revolución popular se explica por los excesos del régimen de Díaz, particularmente su represión a las protestas agrarias, indígenas o laborales y, sobre todo, por la promoción de un sistema económico que beneficiaba solo a una élite minoritaria y, por ende, causaba miseria a la masa de la población.

Después de 1968, las interpretaciones ortodoxas o tradicionales se enfrentaron cada vez más al desafío de una generación de historiadores mexicanos y extranjeros que buscaban encontrar las raíces de su propio desencanto con la traición de los ideales de la Revolución en los orígenes de la misma. Si el Estado posterior a la Revolución, personificado por la paradoja de la revolución institucionalizada que ofrecía el hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), había traicionado las aspiraciones de obreros y campesinos, entonces era lógico afirmar que la Revolución en sí misma había perpetrado, desde sus inicios, un acto similar de traición. En consecuencia, el enfoque revisionista, que logró una prominencia en las décadas subsecuentes, interpretó las luchas de poder dentro de la Revolución como un reflejo de la manipulación y la corrupción de políticos y caudillos sin escrúpulos quienes, después de 1910, adoptaron la retórica revolucionaria pero movilizando a los campesinos y a los trabajadores urbanos para sus propios fines y construyendo un Estado posrevolucionario en defensa de sus propios intereses.[3]

Mientras que las interpretaciones ortodoxa o revisionista han dominado el debate, otras contribuciones a la historiografía de la Revolución se han alejado de explicaciones generalizadas (y, por ende, más crudas) para enfocarse en fenómenos culturales y experiencias regionales. Un número creciente de historiadores de la cultura ha examinado las manifestaciones no institucionales de cultura popular y de élite; se han investigado detalladamente los rituales religiosos populares, la moda, los pasatiempos, la cultura laboral, la construcción de monumentos históricos, los «discursos» públicos sobre el crimen, la justicia, la moralidad y la salud pública.[4] La historia cultural se ha combinado con el análisis revisionista al rechazar la división tradicional de períodos de porfiriato y Revolución, así como su categorización como fenómenos separados. En su lugar, las tensiones y conflictos que caracterizaron la parte final del siglo XIX y el principio del XX en México se interpretan como manifestaciones de un creciente choque cultural entre una sociedad tradicional y las fuerzas de la modernidad.[5]

Los estudios regionales o microhistóricos de la Revolución también han resaltado con mucha claridad que esta no fue, en absoluto, un proceso homogéneo. Las lealtades regionales y, más específicamente, las lealtades con el pueblo, la comunidad o la municipalidad (o la patria chica) fueron tan importantes en las movilizaciones populares durante la Revolución como lo fueron los conflictos de clase, etnia e ideología.[6] La proliferación de estudios regionales de la Revolución ha tenido un claro impacto en los estudios regionales sobre el porfiriato, puesto que muchos de los que abrieron el surco regionalista en la década de 1980 se han dado cuenta de la importancia de entender el porfiriato para poder entender la Revolución. Mientras que la historiografía regional del porfiriato fue al principio menos prolífica que su contraparte sobre la Revolución, los estudios regionales recientes, desde Sonora hasta Yucatán, han modificado profundamente nuestro entendimiento de la complejidad y la diversidad del desarrollo socioeconómico y político del porfiriato.[7]

Uno de los descubrimientos más importantes de las investigaciones regionales es el hecho de que, al parecer, la disparidad en el ritmo de desarrollo regional se intensificó durante el porfiriato. Esto tiene implicaciones significativas para entender las fisuras y las grietas que aparecieron en la sociedad porfiriana, así como las razones por las que esas presiones fueron más o menos agudas en algunas regiones. Ha ayudado también a identificar el carácter regional y local de la movilización popular.

Por lo tanto, hay una correlación obvia e importante entre los niveles de transformación socioeconómica a lo largo del porfiriato y los conflictos políticos durante los últimos años del régimen y durante la Revolución. A riesgo de ofrecer un análisis demasiado simplista, es claro que fue el norte del país, particularmente los estados que constituían la frontera entre México y Estados Unidos, el que surgió como la región más dinámica durante el régimen de Díaz, medido en función del desarrollo demográfico, infraestructural y económico. Por lo tanto, no es una coincidencia que las fuerzas que dominaron la Revolución durante la década de lucha armada (1910-1920) provinieran principalmente (aunque no exclusivamente) de los estados del norte.

Por el contrario, en el centro y en el centro-sur del país, que siempre ha sido la región con mayor densidad de población, el efecto de la modernización, especialmente la privatización de la tierra, tuvo diversas facetas. En algunos casos, el frágil equilibrio de las relaciones sociales rurales fue roto por la usurpación progresiva de la tierra y de la autonomía local. Es en esta región donde tuvieron lugar los conflictos agrarios más intensos de la Revolución, tales como el movimiento dirigido por Emiliano Zapata en Morelos.

Aun como mayor contraste, el sur de México sufrió experiencias radicalmente diferentes. En algunas zonas, la expansión de la producción agrícola comercial tuvo un impacto profundo en el desarrollo económico y en las relaciones sociales locales, más notablemente en el caso del henequén en la península de Yucatán o del café en la región del Soconusco en Chiapas. En el otro extremo del espectro, otras áreas del «sur indígena» experimentaron una limitada ruptura antes de la Revolución, a pesar de la creciente evidencia de las presiones económicas y sociales. En estas regiones, en su mayor parte, la actividad revolucionaria fue una respuesta a la fragmentación, posterior a 1911, de la autoridad central y a los intentos del centro y del norte de imponer soluciones revolucionarias ajenas a las sensibilidades locales.[8]

Sin embargo, lo menos sensato y ciertamente errado sería postular una relación determinista entre la transformación socioeconómica y los conflictos políticos, ya sea durante los últimos años del porfiriato o durante la Revolución. Hubo muchas zonas en el norte, en el centro y en el sur de México donde la actividad revolucionaria fue débil, tanto en las regiones que habían experimentado una profunda transformación como en las que no. Por el contrario, se han identificado focos de actividad revolucionaria en el «pasivo» sur indígena. Como se afirmo en el capitulo anterior, aunque los cambios en la tenencia y el uso de la tierra o el impacto de la «compresión agraria» sin duda tuvieron el potencial para exacerbar las injusticias rurales, la revuelta agraria estaba lejos de ser inevitable.

Por lo tanto, el panorama es inmensamente variado y la creciente evidencia de la diversidad regional agrega constantemente nuevas tesis a la interpretación de la modernización de la era porfiriana. Quizás una manera apropiada de ilustrar la disparidad regional de la transformación económica del México porfiriano, y de indicar las diversas respuestas políticas que estimuló, sería examinar las experiencias de dos regiones muy diferentes en los últimos años del porfiriato. Por ejemplo, hay un destacado contraste entre la transformación económica y social de la región norteña de la Comarca Lagunera en la década de 1890 y la experiencia mucho menos dramática del estado sureño de Oaxaca en el mismo período. Las profundas transformaciones de la Comarca Lagunera y el ritmo mucho más lento e irregular del cambio en Oaxaca tuvieron también repercusiones importantes para la política local y para la movilización revolucionaria posterior a 1910.

EL IMPACTO REGIONAL DEL DESARROLLO PORFIRIANO

Como lo ha demostrado William Meyers, la Comarca Lagunera, que incluía parte de los estados del norte —Durango y Coahuila—, llegó a ser el escaparate de la modernización porfiriana posterior a 1880. La combinación de construcción ferroviaria, inversión extranjera, migración interna y apoyo legislativo para la actividad empresarial transformó rápidamente la región y ayudó a superar los obstáculos que habían acosado el desarrollo de la economía regional desde la Independencia. El núcleo del desarrollo en la Laguna era la producción de algodón, pero también se vio un importante y rápido desarrollo en las industrias de textiles, de semilla de algodón, de guayule, de minería y fundición; y los pueblos de Torreón y Gómez Palacio se convirtieron en animados centros urbanos. Torreón, por ejemplo, incrementó su población de 3 960 en 1893 a más de 40 000 hacia 1907, transformando una planicie yerma y sin población en una ciudad importante en un período de menos de 15 años. Con una población de 1 500 ciudadanos estadounidenses, se había convertido en la ciudad más norteamericana de México.[9]

Al mismo tiempo, la transformación económica de la Comarca Lagunera desencadenó una serie de conflictos sociales y políticos en la región, particularmente después de 1900. Los hacendados y colonos sembradores de algodón de las secciones alta, central y baja del río Nazas, algunos de los cuales pertenecían a viejas familias (como el caso de la familia Madero) y a otras inmigrantes más recientes, se enfrentaron entre sí y con los propietarios de la Compañía Tlahualilo (adquirida por intereses británicos y estadounidenses en 1903) en largos y amargos conflictos sobre los derechos del agua. Con el proceso de rápida industrialización y con el influjo de migración interna desde otras partes de México, facilitado por la red ferrocarrilera, los conflictos laborales fueron frecuentes, particularmente entre los trabajadores eventuales en las haciendas algodoneras y en las minas. La crisis económica de 1907 tuvo un impacto particularmente fuerte en la Comarca Lagunera. El crédito se restringió severamente, varias empresas cerraron y el desempleo creció. La correspondiente intensificación de las críticas locales a la política del gobierno y las protestas populares por el deterioro de las condiciones económicas dieron lugar a fuertes tensiones políticas locales que tomaron importancia nacional en el contexto de la creciente inseguridad política del país.

La política local de Coahuila había demostrado durante mucho tiempo una tradición de autonomía y resistencia a la interferencia de la capital. Como consecuencia, Díaz siempre se cuidó de una intervención abierta.[10] Sin embargo, una crisis política local, sobre todo después de 1907, desenterró las antiguas rivalidades entre las élites políticas de Coahuila, entre las camarillas de Garza Galán, Madero y Cárdenas, y ocasionó una interferencia más directa del centro. El apoyo de Díaz al Científico José María Garza Galán, protegido de Manuel Romero Rubio, había asegurado su elección como gobernador de Coahuila entre 1884 y 1893, pero había perdido el apoyo de las camarillas rivales. Los Madero se unieron con Bernardo Reyes, gobernador del estado vecino de Nuevo León y aliado del clan Cárdenas, para expulsar a Garza Galán, lo cual se logró en 1893. A partir de entonces, Bernardo Reyes recibió de Díaz el espaldarazo para supervisar la política del estado, y su dominio se confirmó con la elección del reyista Miguel Cárdenas en 1897. Reyes siguió apoyando a Cárdenas en las elecciones para gobernador de 1905, pero su reelección tuvo la oposición del clan Madero y Garza Galán. Las elecciones de 1905 en Coahuila fueron las primeras en sacar a la luz la conciencia antirreeleccionista de Francisco Madero.

Como se indicó en el Capítulo 5, mientras más temeroso estaba Díaz de la ambición y la influencia de Reyes, más se obsesionaba con debilitar su poder en la política local y nacional. En 1909, Díaz rompió su precaución habitual e intervino directamente en la política de Coahuila sacando a Cárdenas e imponiendo como gobernador a Práxedes de la Peña, terrateniente y empresario de Torreón. Su intervención fue un grave error, uno de los muchos que se cometieron durante los últimos meses del régimen y que provocó la hostilidad política de secciones importantes de la élite. Por lo tanto, no es coincidencia que dos de los personajes nacionales más prominentes de la década revolucionaria, Francisco Madero y Venustiano Carranza, hayan surgido de la reñida arena política de Coahuila posterior a 1905.

En contraste, el desarrollo económico, social y político en el estado natal de Díaz, Oaxaca, siguió un curso muy diferente. En términos económicos, ciertamente no faltó el entusiasmo de la parte de las élites nacionales o provinciales, o de los inversionistas extranjeros en cuanto a la explotación de los abundantes recursos minerales y agrícolas del estado. De hecho, Oaxaca disfrutaba, al parecer, de claras ventajas sobre las otras regiones, considerando la activa defensa y la promoción de dos de sus hijos más poderosos e influyentes: el presidente mismo y el incansable Matías Romero, ministro mexicano en Washington quien, en 1886, publicó un análisis detallado de los abundantes y vírgenes recursos de Oaxaca con el propósito de atraer la inversión ultramarina, en particular de Estados Unidos.[11]

En resumen, las condiciones objetivas para una transformación profunda de la economía local parecían ser muy favorables. En Oaxaca hubo una sustancial inversión extranjera en la minería y la agricultura comercial, al grado de que, en 1902, el estado recibió la quinta posición en la tabla de clasificación de los estados que recibían inversión de Estados Unidos. Entre 1902 y 1907, la inversión estadounidense en la minería oaxaqueña alcanzó los 10 millones de dólares, en segundo lugar después de Guanajuato.[12] Además de la plata oaxaqueña, se producía una diversidad de productos agrícolas (principalmente café, tabaco, caña de azúcar, algodón y hule) para el mercado de exportación. El desarrollo de las exportaciones mejoró notablemente con la construcción de una red de ferrocarril que, en un período corto de 16 años, entre 1892 y 1908, enlazó la ciudad de Oaxaca con Puebla y la Ciudad de México (el Ferrocarril Mexicano del Sur); las plantaciones de tabaco y café de Tuxtepec con Veracruz (con el Ferrocarril de Veracruz al Pacífico) y los puertos del Golfo y del Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, entre sí, con Chiapas, y con el resto del país (el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y el Ferrocarril Panamericano).

Matías Romero identificó el café como la nueva fuente de prosperidad regional que asemejaría el éxito del comercio de tintes de Oaxaca en el período colonial durante el siglo XVIII (basado en la exportación de la cochinilla o grana). Él mismo invirtió en una finca cafetera en la costa del Pacífico, en el distrito de Pochutla, pero sus expectativas, y las de otros inversionistas mexicanos y extranjeros en la agricultura comercial de Oaxaca, resultaron demasiado ambiciosas. Aunque la producción cafetera sí se desarrolló después de 1883, se vio severamente impedida por la exitosa resistencia de las comunidades indígenas ante la privatización de las tierras, así como por la severa escasez de mano de obra, de capital, de transporte y de infraestructura. La producción de café oaxaqueño al final de la era porfiriana estaba aún muy lejos de la de los estados vecinos de Chiapas o Veracruz.[13]

La paradoja del «porfiriato» en Oaxaca es que, a pesar de los mejores esfuerzos de las élites locales, con el apoyo del gobierno central y con el fuerte interés personal del presidente, los rendimientos de las inversiones sustanciales hechas por los empresarios nacionales y extranjeros en la explotación de los recursos minerales y agrícolas del estado fueron, fundamentalmente, decepcionantes. En resumen, nunca se cumplieron los numerosos pronósticos de una cosecha abundante para las exportaciones minerales y agrícolas, y hacia finales del «porfiriato», tanto los promotores como el gobierno seguían describiendo la riqueza potencial y no la riqueza demostrada de los recursos del estado.

Aún no se comprenden del todo las implicaciones políticas de este lento e irregular ritmo de desarrollo regional.[14] La evidencia disponible sugiere que la limitada transformación socioeconómica durante la era porfiriana se reflejó en los reducidos niveles de insurrección política en Oaxaca durante los últimos años del régimen, en contraste con la experiencia de Coahuila. La migración interna, la urbanización y la modernización dejaron sus huellas en la Oaxaca porfiriana, pero de una manera mucho más limitada que en Coahuila.

Esto no significa que la política provincial de Oaxaca estuviese libre de conflictos, o que Oaxaca estuviese aislada de los debates políticos nacionales de los últimos años del régimen de Díaz. Siendo uno de los estados a la vanguardia del movimiento liberal a lo largo del siglo XIX, definitivamente este no era el caso. De hecho, los disturbios políticos locales reflejaban los debates políticos nacionales. Por ejemplo, un conflicto serio se desarrolló a partir de la propuesta de la tercera reelección del gobernador Martín González en 1902. González era uno de los antiguos compadres militares tuxtepecanos y de los más cercanos a Díaz, y la campaña para removerlo estaba organizada por los radicales jóvenes de clase media de Oaxaca que apoyaban la candidatura del sobrino del presidente, Félix Díaz. A pesar del conocimiento que tenía don Porfirio de la corrupción y la incompetencia de su compadre González, se negó con su forma característica a intervenir para solucionar la situación, ni siquiera para apoyar las pretensiones de su propio sobrino. De hecho, estaba particularmente ansioso por evitar las críticas respecto a un evidente nepotismo. No fue hasta que las campañas de las facciones rivales de González y de Díaz explotaron con hostilidad y violencia en 1902, cuando el presidente intervino para imponer al candidato de compromiso, el Científico oaxaqueño Emilio Pimentel, cuyo nombramiento coincidió con la consolidación de la influencia científica en el ámbito nacional.[15]

Por lo tanto, la política porfirista en Oaxaca es notable por el grado de deferencia a Díaz que siguió mostrando la élite local, aún en los tiempos de crisis posteriores a 1900. La imposición de Pimentel como gobernador fue aceptada con muy poca protesta, a diferencia de la respuesta hostil de la élite política de Coahuila ante la imposición de Miguel Cárdenas en 1905 y de Práxedes de la Peña en 1909. El nivel de deferencia y el apoyo continuaron hasta el final del régimen. El Congreso Estatal de Oaxaca fue, significativamente, la única legislatura provincial que envió a Díaz un telegrama de felicitación y condolencia mientras esperaba el exilio en 1911.[16]

Con esto no se pretende sugerir que, antes de la Revolución, hubiese unanimidad en la élite política provincial de Oaxaca, o una ausencia de movilización popular después de 1910. De hecho, después de 1911, la movilización popular se expandió por todo el estado. Sin embargo, en comparación con la de Coahuila, la protesta antirreeleccionista local fue más débil y Oaxaca no produjo ni líderes ni movimientos revolucionarios de prominencia nacional.[17]

Hasta cierto punto, la irregular respuesta política puede explicarse por el hecho de que Oaxaca y los oaxaqueños ocuparon una posición única dentro de la política del porfiriato. A lo largo del régimen, Díaz mantuvo relaciones personales cercanas con sus numerosos compadres en el estado. Estas relaciones quedaron consolidadas con nombramientos dentro de su séquito personal y como gobernadores, diputados, senadores para otros estados. Los aliados oaxaqueños de Díaz desempeñaron la función de procónsules porfiristas o, como lo describió Francisco Bulnes con su mordacidad característica, la función que desempeñaban los jesuítas para el papa, «encargados de la promoción de la fe en el Héroe de la Paz y en el dogma del reeleccionismo».[18]

Quizás el estado de Chihuahua sea el ejemplo más significativo de las consecuencias del desarrollo regional y de los conflictos en la política local. El movimiento revolucionario chihuahuense de 1910 y 1911 fue producto de una protesta popular masiva dentro de una sociedad que, durante el porfiriato tardío, había sufrido una rápida y profunda transformación. Las raíces del movimiento se encontraban, por un lado, en el conflicto agrario basado no solo en la pérdida de tierras, sino en la erosión de la autonomía de las comunidades rurales y de las antiguas colonias militares de Chihuahua. Por otro lado, la Revolución en Chihuahua reflejó la protesta cada vez mayor de amplias secciones de la clase media y la clase trabajadora del estado en contra del monopolio del poder económico y político del que disfrutaban los clanes Terrazas y Creel, los representantes más importantes de la oligarquía local de hacendados. En Chihuahua, la oposición política creció, como ocurrió en todo el país, por la depresión económica de 1907 y por una serie de escándalos políticos y financieros. El conjunto de protestas políticas y populares, bajo el liderazgo de Pascual Orozco y de Francisco (Pancho) Villa después de 1910, hizo que Chihuahua se convirtiera en el centro de la rebelión popular unificada de los primeros meses de la Revolución. La derrota de las fuerzas federales en Chihuahua y la captura del pueblo fronterizo de Ciudad Juárez, en mayo de 1911, condujeron directamente a la renuncia de Díaz ese mismo mes.[19]

CRISIS POLÍTICA NACIONAL

Las disparidades regionales en el impacto del desarrollo económico indican no solo la marcada heterogeneidad del México porfiriano, sino el desarrollo de las tensiones políticas locales que alcanzaron el clímax después de 1906. En todo México, sobre todo en Chihuahua, Coahuila y Sonora, pero incluso en la leal Oaxaca, hay diversas pruebas de la progresiva incapacidad del régimen para controlar o contener la evolución política del México provincial. Esto no solo se debió a la dinámica cambiante de la política regional, sino que también fue un síntoma de la crisis política en el corazón del régimen.

Al mismo tiempo, es importante no sobreestimar el nivel de la crisis política nacional anterior a 1908. Con frecuencia se ha supuesto, sobre todo por aquellos más ansiosos por descubrir a los precursores de los movimientos revolucionarios de 1910 y 1911, que 1900 fue el año que marcó el inicio del final de la era de Díaz. Es un hecho innegable que el año 1900 fue testigo del surgimiento de un movimiento de oposición más coherente, con la publicación del periódico radical Regeneración, bajo la dirección de Ricardo y Jesús Flores Magón. El año siguiente vio a Camilo Arriaga establecer el Congreso Liberal que no solo lanzó críticas fuertes al régimen, sino que, simbólicamente, se reunió en San Luis Potosí en el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1857.

Sin embargo, desde la perspectiva del régimen de Díaz, el nacimiento del siglo XX representaba, en muchos aspectos, su apoteosis. Se construían ferrocarriles en cada estado de la República, y la inversión extranjera y el comercio fluían dentro y fuera del país. En 1900, las finanzas públicas eran prósperas y Díaz había sido reelecto por quinta vez sin una oposición significativa o una protesta política importante. El régimen tenía la confianza suficiente como para permitir la publicación de 39 ediciones de Regeneración durante un período de nueve meses antes de iniciar la persecución y la censura oficial. Al mismo tiempo, la proyección de una imagen de paz, orden y estabilidad inalterables era, por supuesto, igual de engañosa. Hubo indicadores importantes de fisuras políticas dentro del sistema político, que se agravarían con la crisis económica de 1907.

De hecho, las raíces de la oposición política que, después de 1909, se unirían al Movimiento Antirreeleccionista pueden rastrearse hasta 1892. Este fue un año particularmente turbulento para el régimen, cuando la combinación de una recesión económica y una rebelión regional generalizada amenazó con descubrir la ficción de la pax porfiriana. El asunto político central era la enmienda constitucional de 1890 que había permitido la reelección no solo sucesiva sino permanente de todos los puestos de elección popular, incluyendo, por supuesto, el de presidente. Como resultado, uno de los países latinoamericanos que, a mediados del siglo XIX, había realizado un avance notable en el establecimiento del liberalismo constitucional como marco y pauta de su cultura política se proponía desafiar uno de los principios más sagrados del liberalismo: la no reelección. La consecuencia más importante fue que el antirreeleccionismo se convirtió en el foco principal de oposición al régimen de Díaz. Lo más irónico fue que Porfirio Díaz, uno de los liberales más prominentes de la época de la Reforma, que había dirigido dos rebeliones nacionales contra la reelección, fue el que perpetró la traición.

La justificación de Díaz para la reelección permanente siempre estuvo basada en su concepto del deber público y cívico. En respuesta a los que habían apoyado su candidatura en 1892, dijo: «Algunos dicen que es antidemocrático e inconstitucional buscar otra reelección, pero no puedo rechazar un deber público con el que la mayoría de mis conciudadanos considera que debo cumplir».[20]

Sin embargo, la reelección permanente siguió siendo una ofensa a la tradición liberal mexicana, sin importar cuán efectivas hubiesen resultado las habilidades políticas y administrativas de Díaz. Por lo tanto, no solo tenía la oposición de los liberales puros, sino de los miembros prominentes de la élite política, quienes, a pesar de su apoyo y su admiración por don Porfirio, querían poner freno al poder ejecutivo.

El vehículo de desafío al poder ejecutivo, desde el interior del círculo de asesores más allegados, fue la Unión Liberal Nacional, formada en 1892, que surgió del Consejo Central Porfirista que se formó el mismo año para promover la tercera reelección de Díaz. Como lo explica Charles Hale, no había contradicción en el apoyo a la tercera reelección de Díaz y, al mismo tiempo, la propuesta de que la reelección debía ser la excepción, pero no la regla. Como lo afirmó Justo Sierra, abogado, periodista, primer secretario de Instrucción Pública después de 1905 y uno de los intelectuales más destacados de la época, en el manifiesto de la Unión Liberal: «Si la paz efectiva se ha conquistado por medio de la vigorización de la autoridad, la paz definitiva se conquistará por medio de su asimilación con la libertad».[21]

Sierra afirmaba que la libertad política se fortalecería con la reforma de la Constitución de 1857, particularmente con la creación de la vicepresidencia y de un poder judicial independiente mediante el nombramiento permanente de jueces del poder judicial. La inamovilidad de los jueces sustituiría la práctica de la elección regular que implicaba, en efecto, que los nombramientos se hicieran con base en el patrocinio político. El objetivo máximo de la Unión Liberal era renovar y recrear el Partido Liberal como un «partido de gobierno», como un partido con repercusión nacional en el que delegados de los ámbitos municipal y estatal estuvieran representados en el Congreso Nacional.[22] Fue precisamente durante la polémica referente a la reforma constitucional de 1892 y 1893 cuando sus defensores, miembros de la Unión Liberal, como Justo Sierra, Limantour, Rosendo Pineda, Joaquín Casasús, Roberto Núñez y Emilio Pimentel, comenzaron a ser llamados Científicos por sus oponentes puros dentro del campo liberal.[23]

Las esperanzas de los Científicos de una reforma constitucional y de una restricción de la autoridad presidencial bajo el auspicio de la Unión Liberal fueron frustradas finalmente, en parte por la oposición de los liberales puros a las enmiendas a la Constitución de 1857, pero también y de mayor importancia, por la resistencia del mismo Díaz ante cualquier intromisión a su autoridad personal absoluta. Con su estilo característico, Díaz no hizo declaraciones publicas, pero hizo uso de sus amigos en la prensa liberal, como Luis Pombó, abogado de Oaxaca y director de El Siglo XIX, así como de sus aliados en el Congreso, para bloquear o eviscerar la reforma. Por ejemplo, de acuerdo con Hale, aunque la propuesta de la inamovilidad de los jueces fue aprobada en el Congreso en 1893, el Senado la remitió a un comité y nunca más se supo de ella.[24]

Aunque, efectivamente, la Unión Liberal dejó de representar una fuerza política nacional después de 1893, sus prominentes miembros siguieron recordando a Díaz los peligros de la reelección permanente. En una carta al presidente de 1899, Justo Sierra advertía que la reelección sucesiva representaba la creación de una «presidencia de por vida, en otras palabras, una monarquía electiva con un disfraz republicano». Aunque, a corto plazo, esto pudiese representar estabilidad, a un plazo más largo terminaría en detrimento de los intereses nacionales, pues entonces el destino de un hombre determinaría el destino de la nación. Añadió: «Esta es, en mi juicio, la impresión indefectible de los hombres de Estado y de negocios en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia […] en la República Mexicana no hay instituciones, hay un hombre; de su vida dependen paz, trabajo productivo y crédito».[25]

La respuesta de Díaz a las auténticas preocupaciones de Sierra mostraba un evidente cinismo, al asegurar que ideológicamente se oponía a la reelección, pero que las circunstancias y su sentido del deber y de responsabilidad lo habían forzado a continuar con el cargo de presidente:

Su opinión es igual a la mía, que manifesté de hecho en el año 1880[…] y si en lo sucesivo no he podido proceder según mi credo político, ha sido por dificultades distintas en cada caso, que si usted conociera detalladamente y sintiera sobre sí como yo siento la responsabilidad de los hechos, es casi seguro que al resolver cada uno de los casos a que aludo, sus resoluciones no habrían diferido mucho de las mías.[26]

El fracaso de la Unión Liberal al no conseguir crear restricciones a la autoridad presidencial tendría importantes repercusiones en el desmoronamiento final del régimen. La determinación de Díaz de subordinar a su voluntad todas las instituciones, y su indiferencia a la implementación del contenido, más que a la preservación de la forma del constitucionalismo liberal, fueron dos de los principales defectos del régimen. Después de 1900, se convirtieron en obstáculos cada vez más serios para su funcionamiento, El régimen siguió adoptando el vocabulario del liberalismo constitucional, con constantes referencias a la necesidad de conservar y respetar «la voluntad popular» y «la soberanía del Estado», pero, progresivamente, estos términos quedaron vacíos de significado.

Mucho más importante como indicador del verdadero carácter del régimen fue el frecuente uso de «El Supremo Magistrado» para describir el poder del presidente. Lo más significativo de todo es que, al tiempo que las restricciones al desarrollo de las instituciones y los partidos políticos ayudaron a mantener la oposición bajo control, también privaron al régimen de medios institucionales de sucesión o de medios para encauzar la creciente demanda de una mayor participación democrática. Cuando se reorganizó la Unión Liberal en 1903, Francisco Bulnes advirtió a los delegados del Segundo Congreso no solo sobre los riesgos de la reelección permanente, sino sobre cómo la actitud de la nación había cambiado: «Después del general Díaz, el país no quiere hombres. El país quiere partidos políticos, quiere instituciones, quiere leyes eficaces, quiere lucha de ideas, intereses, pasiones […] El país quiere […] que el sucesor del general Díaz se llame […] ¡la ley!».[27]

El resurgimiento del antirreeleccionismo liberal y la falta de una respuesta a la sucesión elevó la temperatura política después de las elecciones de 1900, cuando Díaz se reeligió por quinta vez en su cumpleaños número 70. De acuerdo con Cosío Villegas, la intención no declarada de don Porfirio era dejar la presidencia en 1904 y, por lo tanto, intentaba seguir una estrategia por la que su confiable, aunque poco carismático secretario de Hacienda, José Yves Limantour, sería su sucesor; pero con el contrapeso de la popularidad de Bernardo Reyes entre los militares, se evitaría que un exceso de poder se concentrase en manos de los Científicos. El mismo Limantour, en sus memorias, aseguraba que esta había sido la intención de Díaz incluso antes de las elecciones de 1900. Por esta razón, después de las elecciones, se invitó a Reyes a incorporarse al gabinete como secretario de Defensa.

Cosío Villegas asegura que la estrategia de Díaz nunca habría tenido éxito, pues Limantour era considerado lejano, aristócrata e impopular, sin una base política fuera de la cerrada camarilla elitista de los Científicos. El mismo Limantour insistía en haber demostrado claramente al presidente su oposición a la estrategia, basándose en el hecho de no tener «ambiciones políticas personales», de no tener el apoyo del Ejército y de padecer de una salud delicada.[28] Sin embargo, lo más significativo de todo es que fue precisamente la estrategia habitual de Díaz de «divide y vencerás», diseñada para evitar el surgimiento de cualquier posible desafío a su autoridad personal, lo que debilitó toda la empresa. Ciertamente, Díaz no hizo nada para enfrentarse a una campaña de prensa, coordinada después de 1902 por Rodolfo Reyes, el hijo de Bernardo Reyes, y financiada por el gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, y por el secretario de Justicia, Joaquín Baranda, que planteaba que el parentesco francés de Limantour —a pesar de que había nacido en México— lo descartaba como candidato a la presidencia. Por otro lado, las sospechas de Díaz con respecto a Reyes aumentaron considerablemente a raíz de la acogida positiva a la creación de una milicia civil voluntaria (la Segunda Reserva) que Reyes introdujo siendo ministro de Defensa en 1900. Díaz nunca pudo tolerar a un rival político potencial, mucho menos uno que tuviese el mando sobre un ejército civil voluntario.

Como resultado de la decepción cada vez mayor que sentía Díaz ante el hecho de que Reyes no apoyara su estrategia, el secretario de Defensa se vio obligado a renunciar al gabinete en 1902. Siempre leal a Díaz, Reyes regresó obedientemente al gobierno de Nuevo León y se disolvió la Segunda Reserva. Sin embargo, Díaz persistió en su intento por debilitar la influencia y la popularidad de Reyes y, al año siguiente, tras la muerte de varios manifestantes antirreeleccionistas en Monterrey, Díaz no impidió que Reyes compareciese ante un tribunal del Congreso acusado de uso desmesurado de la fuerza. De acuerdo con Cosío Villegas y con Bulnes, Díaz permitió que Reyes fuese juzgado y, de este modo, desprestigiado, pero no permitió que se le condenara por el riesgo de una enemistad abierta. El desafío potencial de Reyes siguió siendo una de las obsesiones de Díaz a lo largo del resto de la década; obsesión que en última instancia lo cegó ante el peligro que representaba la campaña antirreeleccionista de Francisco Madero.

En el contexto de la intensa especulación acerca de la sucesión y de las carreras de Limantour y Reyes, Díaz estaba preparado para hacer concesiones a sus críticos. A fin de calmar las tensiones políticas, primero buscó una enmienda constitucional para la extensión de dos años al período de gobierno en curso, que entonces terminaría en 1906 en lugar de en 1904. Por lo tanto, las elecciones presidenciales subsecuentes tendrían lugar en 1910. Al mismo tiempo, abandonó su oposición a la creación de una vicepresidencia y nombró para el cargo al Científico Ramón Corral, exgobernador de Sonora y entonces secretario de Gobernación, para el período 1906-1910, en lo que era, en efecto, un desaire adicional a los partidarios anticientíficos de Reyes. Sin embargo, según Limantour, quien había apoyado de cerca la creación de una vicepresidencia y el nombramiento de Corral, Díaz nunca aceptó la necesidad de un vicepresidente y procedió a marginar a Corral de las decisiones y designaciones políticas, debilitando aún más cualquier intento de reforma política genuina.[29]

El sentido de la oposición al régimen cambió dramáticamente en 1906, pasando de las escisiones internas de la élite política a una serie de conflictos obrero-patronales, con una serie de huelgas que dieron una clara impresión negativa de las relaciones laborales en el porfiriato y de las repercusiones sociales de su estrategia económica. El hecho de que las quejas de los trabajadores mexicanos estuviesen relacionadas en parte con las ventajas que sobre ellos tenían los empleados extranjeros agregó a los conflictos una dimensión nacionalista en un período de susceptibilidad política.

El primer punto álgido fue el pueblo minero de Cananea, en Sonora, que, en efecto, pertenecía a la empresa estadounidense Cananea Consolidated Copper Company. Una protesta por las diferencias salariales entre los 6 000 empleados mexicanos y sus seiscientas contrapartes estadounidenses provocó un disturbio en el que los guardias de la compañía dispararon sobre los obreros mexicanos. El uso de la fuerza se unió al permiso que el gobernador de Sonora, Rafael Izábal, otorgó a la compañía para permitir que 260 Rangers de Arizona cruzaran la frontera para restaurar el orden, lo cual fue ampliamente criticado como una violación abierta a la soberanía mexicana.

En el verano de 1906, los mecánicos del Ferrocarril Central Mexicano declararon una huelga y cerraron la línea durante dos semanas. Aunque Díaz se negó a intervenir, recomendó a los gobernadores estatales que investigaran cuáles eran las quejas de los trabajadores y negociaran con los líderes laborales moderados. Sin embargo, esta política de conciliación y mediación con las organizaciones laborales se vio seriamente dañada al final del «año de las huelgas» por la más violenta de las disputas que hasta entonces había presenciado el México porfiriano. El Gran Círculo de Obreros Libres, cuyo principal reclutamiento había sido en las fábricas textiles de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, que aseguraba tener más de 7 000 miembros, hizo un llamado para realizar una serie de huelgas en demanda de mejores condiciones y sueldos, y enfrentó un cierre patronal que incluso negó el crédito de los trabajadores en las tiendas de la compañía (las famosas tiendas de raya, que luego se convirtieron, erróneamente, por cierto,[30] en un poderoso símbolo de la injusticia social porfiriana).

El mismo Díaz accedió a intervenir y propuso un arreglo que, al parecer, la mayoría de los empleados aceptó, aunque fuese a regañadientes. Sin embargo, los trabajadores de una de las fábricas textiles más grandes del país, en Río Blanco, Veracruz, se negaron a regresar al trabajo. Como resultado, fueron enviadas las tropas y los Rurales para castigar a los rebeldes. La matanza resultante, en enero de 1907, dejó a muchos obreros muertos y a cinco líderes sindicales ejecutados.[31]

Aunque el régimen intentó echar la culpa de la agitación a la influencia «perniciosa» del Partido Liberal Mexicano (PLM), la organización anarcosindicalista formada por los hermanos Flores Magón, exiliados en St. Louis, Missouri, no pudo convencer de su inocencia ni a las organizaciones laborales, ni a la prensa liberal ni a los oponentes políticos del régimen. El intento simultáneo para convencer a las autoridades estadounidenses de mostrarse más dispuestas a la cooperación en el seguimiento y la extradición de los opositores al régimen en el exilio fue igual de infructuoso. La crítica en la prensa aumentó, y la cobertura desfavorable ayudó a crear la imagen de un régimen que había hecho uso del poder coercitivo para masacrar a los trabajadores mexicanos en nombre de los capitalistas extranjeros.

Siempre ha sido motivo de controversia historiográfica la importancia que tuvieron las disputas laborales de 1906 y 1907 en la caída del régimen de Díaz. Los que aseguran que las organizaciones laborales, como el Gran Círculo de Obreros Libres, o las organizaciones políticas, como el Partido Liberal Mexicano, fueron importantes precursores de la subsecuente Revolución se han enfrentado a quienes aseguran que las organizaciones laborales y políticas radicales desempeñaron solo un papel menor en la Revolución de 1910 y, aún más, que su participación fue mínima en la década posterior. Sin embargo, es claro que el manejo de los conflictos laborales y las críticas que de ello derivaron contribuyeron a debilitar la confianza pública en la supremacía del régimen y en su habilidad para cumplir con sus propias promesas de estabilidad, orden y progreso.[32]

LA ENTREVISTA CREELMAN, 1908

En un ambiente de elevada tensión política, el efecto de la recesión económica de 1907 debilitó aún más la confianza pública. El hecho de que la crisis emanase de Wall Street sirvió para resaltar el grado de interrelación e integración que se había desarrollado entre la economía mexicana y la de Estados Unidos, sobre todo a raíz de la adopción del patrón oro en 1905. La restricción crediticia comenzó a afectar a México en el verano de 1907; las tasas de interés subieron al tiempo que caía el precio internacional de los bienes de exportación mexicanos (azúcar, algodón, plata, plomo y cobre). Algunas fábricas y minas redujeron su producción, otras se vieron obligadas a cerrar, y una sequía inesperada en el norte del país no solo afectó la producción agrícola, sino que amenazó con producir una hambruna. Por ejemplo, la producción de azúcar en Morelos cayó 10% entre 1908 y 1910, y la producción algodonera de la Comarca Lagunera cayó de 300 000 toneladas a menos de 80 000.[33] Como consecuencia, con la confianza en el orden ya debilitada por la agitación laboral, la confianza en el progreso recibió un golpe similar.

En medio de las crecientes presiones políticas y económicas, el secretario de Estado estadounidense, Eliah Root, visitó México en octubre de 1907. Aparentemente, la misión de Root era continuar el diálogo entre Díaz y la administración de Roosevelt relativa al mantenimiento de la paz en América Central que, como ya se indicó en el Capítulo 6, se había vuelto un asunto polémico en las relaciones entre México y Estados Unidos. Considerando las dificultades políticas que enfrentaba el régimen de Díaz ante la actitud intervencionista que la administración de Roosevelt había adoptado en lo referente a la geopolítica de la región, es muy probable que, durante su visita, Root planteara la pregunta sobre el futuro político de México. Por lo tanto, es igualmente concebible que Díaz se viera presionado a esclarecer sus intenciones, incluso a dimitir a fin de prepararse para una transición pacífica del poder.

Por su parte, Díaz estaba ansioso por retener el apoyo de la administración de Roosevelt y de confirmar a Root que su gobierno aún tenía firme control sobre la política mexicana. También estaba interesado en mostrar a Washington la necesidad de actuar en el arresto y la extradición de los «elementos sediciosos» de la oposición exiliada en Estados Unidos (principalmente miembros del PLM). Por ende, con la mediación de Enrique Creel, gobernador de Chihuahua, quien recientemente había sido nombrado embajador de México en Estados Unidos, Díaz aceptó dar una entrevista al periodista James Creelman, que se publicó en marzo de 1908 en la Pearson’s Magazine. Debido a la importancia de su contenido, de inmediato fue traducida y publicada en los periódicos de la Ciudad de México.

Hay diferentes puntos de vista con respecto a la importancia de la entrevista Creelman. Para algunos, como Francisco Bulnes, fue un acto de estupidez equivalente a un suicidio político; otros afirman que fue un acto de manipulación cínica para atraer a los rivales potenciales fuera de su guarida para poder intimidarlos o suprimirlos. Para Limantour fue un intento sincero de evaluar la actitud de la nación para determinar qué candidatos gozaban del apoyo popular como base para construir una transición política pasiva.[34] Cosío Villegas sugirió que la entrevista fue menos significativa de lo que generalmente se ha supuesto, resaltando el hecho de que hubo una reacción muy limitada por parte de los gobernadores estatales, quienes parecían no tener gran curiosidad acerca de las implicaciones del inminente retiro del presidente.[35]

En retrospectiva, hay pocas dudas de que el impacto de la entrevista Creelman fue devastador. Mientras trato de confirmar al gobierno norteamericano que Díaz seguía manteniendo el control, su recepción en México expuso las contradicciones políticas y la falta de legitimidad democrática del régimen de Díaz. Como consecuencia, proporcionó un nuevo estímulo para el resurgimiento del antirreeleccionismo que ya había tenido un impulso significativo después de 1906.

La revelación más sensacional de la entrevista fue la declaración de Díaz de que dejaría el cargo antes de la siguiente elección, dejando así el camino libre, incluso dando la bienvenida al desarrollo de instituciones democráticas y de partidos políticos y a la libre elección de su sucesor. En muchos aspectos, la entrevista fue extraordinariamente franca:

Es una equivocación suponer que el futuro de la democracia en México haya peligrado por la permanencia en funciones de un presidente durante un largo período […] la democracia es el único principio de gobierno justo y verdadero, aunque en la práctica solo sea posible para los pueblos desarrollados […]. He esperado pacientemente el día en que el pueblo de la República Mexicana estuviera preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección sin peligro de revoluciones armadas y sin daño para el crédito y el progreso nacionales. ¡Creo que ese día ha llegado ya! […] Cualesquiera que sean las opiniones de mis amigos y partidarios, me retiraré del poder al terminar el actual período de gobierno, y no serviré de nuevo […]. Daré la bienvenida a un partido de oposición en la República Mexicana. Si aparece lo veré como un bien, no como un mal […]. Es suficiente para mí haber visto a México levantarse entre las naciones útiles y pacíficas. No tengo el menor deseo de continuar en la presidencia; esta nación está al fin lista para la vida de la libertad.[36]

Aunque dirigida principalmente al público norteamericano, la entrevista Creelman puede leerse como una evaluación abierta, incluso honesta, de las preocupaciones y la filosofía del régimen.

Díaz declaró que la democracia era el mejor sistema político, ciertamente el único sistema valido, pero que, en 1876, al asumir el poder por primera vez, México aún no estaba listo para ejercerla. Reflejando su propio pragmatismo y el credo positivista, explicó Díaz que el régimen se había visto obligado a adoptar lo que describió como un «sistema patriarcal» en el ejercicio del poder, a fin de mantener la paz y la estabilidad como una prioridad absoluta para que el progreso nacional y material pudiese desarrollarse sin el estorbo de la amenaza de la «anarquía».

Para los que estaban al margen de la élite política mexicana, a quienes el mismo Díaz describió en la entrevista como la «nueva clase media», la entrevista fue una clara declaración de las deficiencias democráticas del régimen. Díaz había admitido que la reelección permanente era contraria al espíritu y a los planteamientos de la democracia liberal y, ciertamente, contraria a sus propios principios. La reelección había sido necesaria, pero solo debido a circunstancias excepcionales; el mismo Díaz reconocía que, puesto que el país había logrado el progreso material y social adecuado, podían implementarse, finalmente, esos mismos principios liberales, así como la práctica de la democracia política.

ANTIRREELECCIONISMO Y MADERISMO

Es irónico que el impacto de la entrevista Creelman haya causado, precisamente, el efecto que Díaz siempre intentó evitar: alteró la paz política que el régimen mantuvo a lo largo de casi tres décadas o, utilizando una de las metáforas favoritas de Díaz, «alborotó la caballada». Como consecuencia, la actividad política en todo México se incrementó de manera exponencial durante 1908, con la publicación de una serie de libros y panfletos como Preguntas electorales, de Manuel Calero, en 1908; ¿A dónde nos dirigimos?, de Querido Moheno, en 1908, y La organización política de México, de Francisco Sentíes, también en 1908, el cual hacía un llamado a la organización de un partido democrático. En enero de 1909 se estableció un partido bajo el liderazgo de Manuel Calero, Juan Sánchez Ancona y, con un simbolismo muy significativo, Benito Juárez Maza, el hijo de Benito Juárez. El Partido Democrático lanzó su manifiesto poco después y continuó publicando críticas mordaces al gobierno a través de su periódico, El Partido Democrático, bajo la dirección de un periodista de nombre muy apropiado, Diódoro Batalla.[37]

Dos de las publicaciones con mayor influencia en este período fueron Los grandes problemas nacionales, de Andrés Molina Enríquez (1909), y La sucesión presidencial en 1910, de Francisco Madero (1909). Molina Enríquez planteó tres proposiciones que llegarían a ser influyentes en el proyecto de reconstrucción (pos) revolucionaria del siglo XX: primero, que las raíces del retraso económico del campo mexicano, y de la pobreza y marginalización del pueblo indígena se encontraban en el monopolio de la tierra y el predominio de la hacienda «feudal»; la solución sería una reforma agraria fundamental. Segundo, en el campo político, la solución a la crisis de la política oligárquica del régimen porfiriano sería un gobierno intervencionista y centralista y un Estado fuerte; y, en tercer lugar, en el campo cultural, la solución a la segregación racial y a las divergencias en el sentido de identidad nacional sería un nacionalismo mestizo.[38] En cuanto a la primera, la influencia de Molina fue más significativa durante y después de la Revolución que antes de ella, pues el mismo Molina estuvo involucrado en la redacción del Artículo 27 de la Constitución de 1917 que estableció firmemente la cuestión agraria como parte de la agenda política revolucionaria y posrevolucionaria. Con todo, el análisis de Molina Enríquez constituyó una severa crítica al impacto social de la privatización de la tierra en el México rural.[39]

El libro de Madero tuvo un impacto más inmediato en el debate político nacional. Aunque alabó los logros económicos y administrativos del régimen de Díaz, Madero criticó rotundamente el sacrificio de la libertad política en aras de la paz y el progreso material e instó al establecimiento de un liberalismo constitucional en México. Como resultado del éxito del libro, el prestigio de Madero en el movimiento antirreeleccionista creció rápidamente.[40]

La oposición continuó cobrando impulso en el transcurso de 1909, haciendo resurgir un grado de actividad política que no se había visto desde las reñidas elecciones de 1880. Con el tiempo, la intensificación de la inquietud política y la incertidumbre económica persuadieron a Díaz, a pesar de las declaraciones que había hecho a Creelman, de aceptar la nominación que la Convención Nacional Reeleccionista le hizo en abril de 1909 para su séptima reelección. En sus declaraciones oficiales, Díaz justificó su decisión, como lo había hecho desde 1892, con base en las circunstancias excepcionales que le exigían asumir su deber patriótico para preservar la estabilidad de la nación.

En lugar de restaurar la estabilidad, la decisión de Díaz alteró aún más la situación política. Evidenció el grado en el que Díaz había perdido su brújula política y la habilidad para evaluar la situación nacional. Con un padecimiento cada vez mayor de arterosclerosis física y, según Bulnes, mental, su edad comenzaba a causar estragos. Su gradual declive se ocultó del escrutinio público pero, sin duda, fue evidente para sus socios cercanos. Limantour expresó su tristeza ante la «fatiga cerebral» que afligía al presidente cada vez con mayor frecuencia. Sir Weetman Pearson, el empresario y contratista británico cercano a Díaz y al círculo político porfiriano, comentó a su esposa después de una visita a México, en febrero de 1908, que el presidente mostraba señales claras de la vejez. «Me alegra verlo trabajando —escribió Pearson— pero se le han empezado a notar los años; se siente forzado y no tan libre y espontáneo como antaño».[41]

Mientras Díaz dedicaba sus energías restantes a la campaña de reelección, la actividad de oposición en 1909 se dividió en dos campos relacionados, pero separados. Por un lado, la oposición moderada o «leal» se concentraba en la selección de un vicepresidente para las próximas elecciones de 1910, con la certeza de que el vicepresidente llegaría a la presidencia. Por el otro, la oposición más radical defendía, con una intensidad cada vez mayor, la remoción inmediata de Díaz, ya fuese mediante el sufragio o mediante la acción directa (como lo defendía el PLM).

Las dos principales facciones dentro del círculo íntimo de asesores del régimen —los científicos, entonces guiados por Limantour, y los reyistas, partidarios de Bernardo Reyes— ahora se vieron envueltos en una reñida lucha interna. Al tiempo que continuaban su apoyo a la reelección, ambas camarillas intentaban asegurar a su candidato para la vicepresidencia y debilitar las oportunidades de sus oponentes. La designación de Ramón Corral para la vicepresidencia por la Convención Nacional Reeleccionista en abril de 1909 confirmó la influencia sobre Díaz que gozaba lo que, más adelante, José López-Portillo llamaría la «cofradía burocrática» de los Científicos.[42]

Los partidarios de Bernardo Reyes respondieron con el establecimiento del Club Central Reyista en junio de 1909, el cual proponía a Reyes para la vicepresidencia. Sin embargo, el desafío reyista planteado a los Científicos se debilitó por la renuencia de Reyes a declarar su candidatura abiertamente. De hecho, a pesar de las declaraciones de sus partidarios, sus propias declaraciones públicas hacían hincapié en su lealtad a Díaz y en su apoyo a la designación de Corral como candidato a la vicepresidencia.

El temor principal de Díaz, como había sido el caso desde 1902, seguía siendo el posible desafío de Reyes a su autoridad. Por lo tanto, con la intención de debilitarlo, pero también de mantener las ambiciones de Limantour bajo un escrutinio cercano, adoptó su método de probada eficacia de «divide y vencerás». Reyes fue criticado por haber patrocinado ataques en la prensa contra Limantour y los Científicos, lo cual dio una doble ventaja a Díaz, pues las reputaciones de Reyes y de Limantour se afectaron simultáneamente. En julio de 1909, Díaz nombró al general veterano Gerónimo Treviño, antiguo enemigo de Reyes, comandante de la zona militar que abarcaba el feudo de Reyes en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Por último, en noviembre de 1909, Díaz asestó lo que consideró su golpe de gracia a la campaña reyista. Se envió a Reyes en una misión militar a Europa, supuestamente para estudiar las tácticas militares alemanas, y Reyes, como siempre, obedeció dócilmente y se negó a desafiar la autoridad del presidente. Aceptó lo que, en efecto, era una sentencia de exilio político.

La obsesión de Díaz por la posible amenaza que representaba Bernardo Reyes fue un grave error de cálculo. No solo lo privó de los servicios de uno de sus aliados más leales y efectivos, sino que también lo llevó a menospreciar la amenaza planteada por el creciente Movimiento Antirreeleccionista. Con el exilio de Reyes, el campo antirreeleccionista se convirtió en polo de atracción para muchos partidarios reyistas.

El Movimiento Antirreeleccionista (del que originalmente Francisco Madero era vicepresidente y Emilio Vásquez Gómez presidente) lanzó su manifiesto en junio de 1909. Su eslogan «Sufragio efectivo y no reelección» se convertiría en el más importante de la Revolución de 1910. Posteriormente, Madero visitó 22 de los 27 estados en una exitosa campaña para establecer los clubes antirreeleccionistas locales en todo México, a los que se invitaba a enviar delegados a la Convención Nacional Antirreeleccionista de abril de 1910. Sin embargo, Madero fue arrestado en la víspera de la Convención, evitando así que el Partido Antirreeleccionista se presentase a las elecciones de junio.

El arresto de Madero fue otro de los graves errores que cometió el régimen durante sus últimos meses. Aunque fue liberado a principios del otoño, la oposición de Madero se radicalizó. Mientras que el régimen se desvivía en las celebraciones del centenario de la Independencia en septiembre de 1910, las cuales culminaron con el anuncio de la «victoria electoral» de Díaz y del vicepresidente Corral, Madero procedió a recaudar fondos para una revolución. En octubre de 1910, Madero lanzó su manifiesto revolucionario, el Plan de San Luis, que convocaba a un levantamiento armado en contra del régimen de Díaz el 20 de noviembre de 1910, en lo que era un pronunciamiento decimonónico clásico, sorprendentemente similar, tanto en estructura como en contenido, al Plan de Tuxtepec que había lanzado el propio Porfirio Díaz en 1876.

La respuesta inicial al llamado de las armas de Madero fue callada, pero la Revolución echó raíces, principalmente en Chihuahua, donde Pancho Villa realizó una pronta e importante contribución, y en Morelos, con la participación de Emiliano Zapata. Es claro que el instinto de Díaz para la supervivencia política no lo había abandonado aún, pues en unas negociaciones con el tío de Francisco Madero, Ernesto, concedió una serie de reformas políticas que garantizarían la libertad de sufragio y la no reelección, así como una promesa de que dejaría el poder una vez que el país estuviese pacificado.[43] Pero Díaz también estaba muy consciente de las debilidades de su posición y de su creciente aislamiento. Tanto Reyes como Limantour, anteriormente dos de sus aliados más fuertes, estaban fuera del país y sin posibilidad de aconsejarlo. Limantour estaba en París negociando términos más favorables para la deuda pública de México. La administración Taft en Estados Unidos que, a pesar de las crecientes áreas de conflicto, siempre había apoyado al régimen, envió 20 000 tropas a la frontera, con el pretexto de preservar el orden. Ciertamente, en México, considerando el volátil contexto político, no se consideró un indicador de apoyo al régimen, sino una clara advertencia de que el apoyo de Washington no debía darse por sentado. Finalmente, la debilidad, la desmoralización y la poca efectividad del ejército porfiriano, ocasionadas por varios años de recortes en el personal y por su incompleta profesionalización, quedaron expuestos en su fracaso al intentar contener los primeros levantamientos revolucionarios.

Las negociaciones, formales e informales, entre el gobierno y los rebeldes maderistas continuaron durante los primeros meses de 1911, pero no se pudo hallar una solución a la demanda fundamental de la renuncia de Díaz sin mayor postergación. La renovación de las hostilidades y la rendición de la fronteriza Ciudad Juárez ante los revolucionarios chihuahuenses Pascual Orozco y Pancho Villa, en mayo de 1911, representaron el acto final del drama: la confluencia del levantamiento popular y el fracaso político. Díaz reconoció que su posición era insostenible. El 25 de mayo de 1911 presentó al Congreso una carta de renuncia característicamente emotiva:

El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la Guerra de Intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección.

No conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social: pero permitiendo o admitiendo, sin conceder, que pueda ser culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad.

En tal concepto, respetando, como siempre he respetado, la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal vengo ante la Suprema Representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de Presidente Constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional; y lo hago con tanta más razón, cuanto que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la Nación, derrochando sus riquezas, segando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales.

Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda la revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas.[44]

Al final del mismo mes, acompañado por los miembros de su familia y de otros colegas cercanos, Díaz se embarcó hacia el exilio, después de casi 35 años en el poder. Enigmático y conciso hasta el final, se dice que pronunció un último comentario sobre los acontecimientos que lo habían derrocado, sobre las inmensas dificultades de gobernar una nación fragmentada como México y, finalmente, sobre el futuro de la Revolución mexicana. «Madero ha soltado al tigre —declaró proféticamente—, habrá que ver si puede controlarlo».

EPÍLOGO Y CONCLUSIONES

La velocidad con la que el régimen de Díaz se desplomó entre noviembre de 1910 y mayo de 1911 sorprendió y confundió incluso al más astuto de los cronistas políticos contemporáneos. El régimen, que había estado orgulloso de su longevidad y que aseguraba representar el triunfo de la paz política y el término definitivo de la anarquía en México, resultó ser sorprendentemente frágil y quebradizo.

Díaz estaba del todo consciente de que su renuncia, la demanda principal del Movimiento Antirreeleccionista, implicaba el exilio. Por ello, hizo planes, incluso antes de firmar el tratado de Ciudad Juárez, para hacer una salida de la Ciudad de México rápida y discreta (y, en términos personales, ignominiosa). La familia Díaz, acompañada por parientes, sirvientes y una escolta militar, partió hacia el puerto de Veracruz en las primeras horas del 26 de mayo de 1911. Don Porfirio se hospedó cinco días en la residencia del empresario británico Sir Weetman Pearson (quien recientemente había sido ascendido a la Cámara de los Lores británica como barón Cowdray), antes de embarcarse en el vapor alemán Ypiranga, que llegó al puerto francés de Le Havre el 20 de junio de 1911, después de unas breves escalas en los puertos de La Coruña y Plymouth.[1] Significativo e irónico resulta que sus últimos días en México y su viaje al exilio tuvieran lugar bajo la protección de sus amigos y socios europeos, por miedo a posibles represalias a manos de sus compatriotas mexicanos.

Porfirio Díaz pasó los últimos cuatro años de su vida exiliado en Europa, hasta su muerte en París el 2 de julio de 1915. Sin embargo, no se recluyó hasta que su salud comenzó a menguar con rapidez en la primavera de 1915. Hasta entonces, una vez recuperado de los problemas de salud que sufrió durante 1911, Díaz vivió cómoda, si no esplendorosamente, en su apartamento parisino y en sus residencias de verano de Biarritz y St. Jean de Luz, rodeado de su familia, amigos y socios (incluyendo sus compañeros de exilio José Yves Limantour, Joaquín Casasús y Guillermo de Landa y Escandón). Recibió un trato cortés y la alabanza pródiga de las familias reales, las aristocracias y los gobiernos de Europa, así como diversos honores y reconocimientos militares. Él y su entourage viajaron a España, Alemania y Suiza en 1912 y a Egipto e Italia en 1913. Se mantuvo en contacto con los acontecimientos del México revolucionario, a la espera de alguna oportunidad para regresar a su patria. Pero, puesto que después de 1914, las primeras fases de la Revolución y de la contrarrevolución en México se deterioraron hasta convertirse en una guerra civil, la oportunidad no pudo concretarse.

De acuerdo con su tataranieto, Carlos Tello Díaz, el expresidente se vio abrumado y deprimido durante sus largos meses de exilio por dos sentimientos en conflicto: primero, su propia culpabilidad en el rápido retorno de México a la inestabilidad política; segundo, y más importante, su pena y desesperación ante la ingratitud de sus compatriotas mexicanos que no reconocieron la contribución que hizo al progreso y la prosperidad del país. Como lo confesó al escritor Federico Gamboa, ministro mexicano en Bélgica durante el exilio de Díaz: «Me siento herido. Una parte del país se alzó en armas para derribarme, y la otra se cruzó de brazos para verme caer».[2]

Las deliberaciones de su inquieta conciencia son un punto de partida muy apropiado para evaluar el legado de Porfirio Díaz. ¿Hasta qué punto puede decirse que Díaz, personalmente, era responsable del desmoronamiento del régimen? ¿Tenía derecho a sentirse molesto por el tratamiento que le habían dado sus compatriotas y por el hecho de que no reconocieran sus logros?

Es claro que la responsabilidad personal de Díaz en los acontecimientos que lo enviaron al exilio era sustancial. El análisis que aquí se ha proporcionado resalta repetidamente el carácter personalista del régimen y se ha enfocado en las estrategias que adoptaron Díaz y su círculo para la construcción y el mantenimiento de su incuestionable autoridad en la cúspide del poder político. También ha examinado la combinación de circunstancias posteriores a 1906, incluyendo sus propios errores, que hicieron que su dominio del poder fuese cada vez más tenue.

Pero el análisis de los errores personales y de los factores estructurales que expusieron la fragilidad del régimen en sus últimos meses necesita matizarse con una evaluación del éxito de Díaz al manipular las palancas del poder durante más de tres décadas. La tesis central que aquí se propone es que Porfirio Díaz logró mantener un equilibrio entre las dos culturas políticas prevalentes en el México decimonónico: el caudillismo y el liberalismo. El logro esencial y la efectividad de la estrategia se encuentran en la construcción de un modus vivendi entre las tradiciones de autoridad personal y patriarcal, representada por el caudillismo, y las garantías constitucionales y las prácticas electorales que defendía el liberalismo decimonónico mexicano.

La carrera política de Díaz se moldeó dentro de la tradición del caudillismo del siglo XIX. A lo largo de su carrera militar, se adaptó exitosamente a los papeles de guerrero, patrón, patriota y, en última instancia, de héroe nacional republicano. Una vez en la presidencia, la acumulación de su autoridad fue gradual pero irrefutable —aunque nunca fue absoluta—. Su poder continuó ejerciéndose mediante una vasta red de relaciones personales formales e informales, fundadas en el patronazgo y el patrocinio y cultivadas cuidadosamente a través de todo el espectro de la sociedad mexicana, también basado en el intercambio, más negociado que impuesto, de deferencia y lealtad al patriarca o al tlatoani.

Sin embargo, afirmar que Díaz poseía los atributos de un caudillo y que adoptó las prácticas del caudillismo no significa que deba vérsele como un simple ejemplo de la larga lista de líderes militares autoritarios latinoamericanos que representaron los valores o intereses militares en su lucha contra la autoridad civil. Ciertamente, es posible afirmar que el caso era el opuesto. Durante su permanencia en el cargo, Díaz no solo demostró que él era el único presidente mexicano del siglo XIX que pudo controlar al Ejército, sino que fue el más exitoso al eliminar la amenaza de las frecuentes intervenciones militares en la política, las cuales habían caracterizado la primera mitad del primer siglo de vida independiente.

También debe distinguirse claramente a Díaz del caudillo arquetípico por sus convicciones políticas liberales. Los caudillos latinoamericanos «clásicos», a lo largo del siglo XIX, se caracterizaron por una falta de compromiso ideológico o, con mayor frecuencia, eran agentes, aliados o subordinados de intereses conservadores dispuestos a preservar el statu quo socioeconómico. Por el contrario, desde su «conversión» temprana al liberalismo a los 18 años de edad, cuando dejó sus estudios en el seminario para estudiar Derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de su natal Oaxaca, Díaz siempre defendió la causa liberal. De hecho, cuando tomó las armas en diciembre de 1854 no lo hizo siguiendo una carrera militar profesional, sino en respuesta a los dictados de sus convicciones políticas liberales.

El compromiso de Díaz con el liberalismo popular y radical aumentó a raíz de sus experiencias militares como comandante de la Guardia Nacional y oficial del Ejército durante la guerra de Reforma y de la Intervención francesa (1858-1867). Díaz siempre se mostró consciente de los compromisos y los sacrificios que hacían el popolo minuto en apoyo a la causa patriótica liberal. De este modo, se convirtió en el portaestandarte del liberalismo radical o jacobino y, como resultado, disfrutó de un considerable apoyo popular para sus campañas políticas entre 1867 y 1876.[3] Una vez en el poder, la correspondencia de Díaz indica que seguía siendo consciente de la defensa de la autonomía política, judicial y económica de las comunidades rurales.

Sin embargo, la afiliación personal de Díaz al liberalismo, incluyendo tanto la versión radical como la moderada o la conservadora, siempre estuvo atenuada a fondo por un pragmatismo y un buen grado de cinismo. También estuvo claramente subordinada a su incesable búsqueda de poder político. El mismo Díaz admitió abiertamente su escepticismo sobre la pureza constitucional o ideológica. Al responder a las acusaciones de la prensa (publicadas en el periódico El Partido Liberal) de que el régimen había violado los principios de la Constitución de 1857, Díaz respondió con una analogía entre la práctica de la política y la práctica de la religión: «Muy sencillo […], que también los católicos violan todos los días los Mandamientos de la Ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia, ya que es imposible cumplir rigurosamente con cada uno de ellos, y que la misma imposibilidad existe para el gobierno de cumplir siempre y al pie de la letra lo mandado por nuestra Constitución».[4]

A pesar de su preferencia por el pragmatismo, el régimen de Díaz nunca abandonó su compromiso con el liberalismo constitucional. Sus principios fundamentales, venerados en la Constitución de 1857, nunca fueron abandonados; la libertad política y religiosa, el sufragio universal (masculino), una república secular, representativa y federal que comprendiera estados libres y soberanos sin estructuras o privilegios corporativos. Abandonarlos habría implicado el repudio a los orígenes políticos del régimen y de la propia carrera política de Díaz.

Sin embargo, tampoco puede negarse que, en los hechos, el régimen posterior a 1884 manipuló las prácticas constitucionales y electorales, y bloqueó la creación de partidos políticos o reformas constitucionales que pudieran haber restringido la autoridad personal del presidente. Con todo, el abandono del radicalismo constitucional debe verse en el contexto de la transformación que tuvo el liberalismo mismo después de 1867, cuando los entusiasmos radicales de las décadas de 1850 y 1860 se reemplazaron progresivamente por la doctrina elitista del liberalismo positivista o desarrollista.[5] El cerrado círculo de la élite política porfiriana adoptó con entusiasmo esta ideología de moda, pues proporcionaba una doctrina que defendía el progreso económico y la planeación social bajo el control de un Estado fuerte bajo la tutela de una élite tecnócrata, sostenida por un gobierno con tendencias centralistas y autoritarias.

No puede dudarse de que Díaz apoyó por completo esta estrategia. Mucho antes del término de su presidencia, Díaz defendió la opinión positivista de que la práctica de la política no debía centrarse, como lo exigía el liberalismo «puro», en la protección de la libertad individual, en la igualdad del individuo ante la ley o en garantizar el sufragio efectivo y la representación democrática, sino en la protección del orden social y la promoción del progreso material. Como lo explicó con sinceridad en la entrevista Creelman en 1908:

Hemos preservado la forma de gobierno, republicana y democrática. Hemos defendido la teoría y la conservamos intacta. A pesar de esto, adoptamos una política patriarcal en la administración actual de los negocios de la nación, guiando y restringiendo tendencias populares con plena fe de que una paz forzada permitiría a la educación, a la industria y al comercio, desarrollar elementos de estabilidad y unidad.

Es significativo el uso del pronombre nosotros que Díaz empleó para pregonar los logros de su régimen. Aunque el mismo Díaz, sus subordinados contemporáneos y los historiadores porfiristas estaban más que felices de promover la idea de que él era responsable personalmente, incluso el único, de la estabilidad política y del progreso material de México, es obvio que no fue el caso. El régimen se benefició de los leales servicios de una gama de individuos talentosos y capaces de todo el espectro de la política mexicana del siglo XIX. Para nombrar solo a los más prominentes: Justo Benítez, Matías Romero, Ignacio Mariscal, Manuel Dublán (todos oaxaqueños), Carlos Pacheco, Manuel Romero Rubio, Bernardo Reyes, Justo Sierra y José Yves Limantour; todos ellos desempeñaron un papel importante en la definición del carácter del régimen, así como en asegurar su supervivencia. Tres individuos en particular tuvieron influencias significativas durante las diversas etapas de la carrera de Díaz: Justo Benítez, desde la década de 1850 hasta la decisión de Díaz de apoyar a Manuel González como su sucesor en 1880; Manuel Romero Rubio, desde 1881 hasta su muerte en 1895; y José Yves Limantour, desde su nombramiento como ministro de Hacienda en 1893 hasta la Revolución de 1910-1911. Sin embargo, con esto no se sugiere que estos individuos hayan desempeñado la función de eminencia gris para el ambicioso caudillo; Díaz era un político con demasiada habilidad como para permitirlo. No obstante, el régimen de Díaz representó un esfuerzo colectivo y no el trabajo de un solo hombre. También es claro que el progreso material que experimentó México durante la era porfiriana no puede atribuirse solo a la visión del presidente o a los esfuerzos colectivos del círculo porfirista, sino también al impacto de la primera globalización del comercio y de los flujos de capital internacionales durante el último tercio del siglo XIX y al impulso, particularmente en Estados Unidos después de 1877, para incorporar los recursos económicos y las materias primas de México a la creciente economía internacional.

Lo que procede es preguntarse si, como lo afirman los apologistas del régimen, la perpetuación en el cargo, así como la reanudación de una dictadura electiva después de 1884, eran necesarias para sostener el modelo de desarrollo nacional del que México había gozado bajo el mando de Díaz. La experiencia de otros estados latinoamericanos que tuvieron niveles de crecimiento económico similares en este período sugeriría que no. Sin embargo, es irónico que ni el mismo Díaz habría asegurado que la reelección era necesaria o deseable. Constantemente afirmaba que él, en principio, se oponía a la reelección, pero que su sentido del deber y responsabilidad públicos lo habían obligado a continuar en el cargo. Es evidente que estas declaraciones no deben tomarse corno plenamente fiables, y deben entenderse más como ejemplo de una manipulación astuta, incluso cínica; una manera de aparentar su acuerdo con el principio constitucional al tiempo que, en la práctica, lo abandonaba. Con todo, hay que subrayar la eficacia de su estrategia política: aunque siempre hubo críticas, hubo muy pocos indicios de oposición política fuerte y sostenida a sus reelecciones sucesivas antes de 1906.

Aunque algunos de los miembros del círculo de Díaz poseyeran talento, habilidad, experiencia (y ambición) para aspirar a la silla presidencial, ninguno de ellos lo hizo. Ciertamente, no faltaban conflictos o intrigas, y las críticas a la reelección se mantuvieron como un elemento fundamental dentro de la política nacional. Pero ningún individuo (con excepción del intelectual inconformista Nicolás Zúñiga y Miranda) estaba dispuesto a oponer un desafío abierto a don Porfirio. Por el contrario, los principales aspirantes a la sucesión después de 1900, Reyes y Limantour, se negaron a apoyar una oposición a las sucesivas reelecciones de Díaz. No solo se mantuvieron firmemente leales al caudillo, sino que también afirmaban que «el tío» (como Limantour llamaba afectuosamente a Díaz) representaba la mejor manera de mantener la estabilidad, el orden y el progreso.[6] Por lo tanto, el hecho de que no hubiera un desafío serio a la reelección sucesiva anterior a 1908 no puede atribuirse solo a la inclinación de Díaz por la manipulación y la coerción.

Sin embargo, como él mismo admitió en la entrevista Creelman, las circunstancias políticas de 1908 exigían nuevas formas de representación y de expresión popular; en efecto, un cambio de gobierno. Al mismo tiempo, las divisiones entre facciones antagónicas dentro del círculo de la élite porfirista imposibilitaron la reforma desde adentro y no se pudo encontrar una estrategia alternativa. Las promesas que hizo Díaz en 1908, incluyendo el anuncio de su propia jubilación, crearon una enorme expectación y generaron una intensa actividad política. Pero las reformas no aparecieron y Díaz anunció que se presentaría una vez más como candidato para su séptima reelección en 1910. Era evidente que no se había encontrado una solución al problema central, aunque inextricable, de la sucesión. Ciertamente, cada vez se hizo más evidente que la naturaleza misma de la autoridad política de Díaz, así como la manera en que dicha autoridad se había mantenido durante tanto tiempo, impedía que se encontrase una solución. Por lo tanto, el régimen mismo constituía el principal obstáculo al cambio.

En resumen, el cinismo abierto y voluntario mostrado con respecto al mantenimiento tanto del contenido como de la forma de la práctica constitucional liberal, así como la falta de solución al problema de la sucesión, se convirtieron en las mayores debilidades del régimen en sus últimos meses. Mientras que las restricciones al desarrollo de instituciones o partidos políticos independientes sí habían contribuido a minimizar la oposición, también habían privado al régimen de una forma institucional de sucesión y de un medio para canalizar la demanda de mayor participación política en una sociedad que, para 1910, había sufrido una transformación importante. Además, la adherencia al positivismo intensificó las divisiones faccionales dentro de la élite porfirista, y limitó la base de apoyo al régimen. Para muchos observadores, también era obvio que Díaz, quien en 1910 se acercaba a su cumpleaños número 80, ya no poseía la energía o la capacidad para sostener el control necesario sobre un sistema personalista que se había expandido rápidamente, pero que ahora sufría una crisis cada vez más profunda. Al fin y al cabo, el fallo mayor del gobierno porfiriano fue su incapacidad de fomentar una apertura o modernización política que acompañara al dinamismo de la modernización económica.

Desde el cómodo aunque nostálgico aislamiento en su exilio parisino, Díaz tuvo buenas razones para reflexionar sobre su culpabilidad personal en el rápido desmoronamiento de su régimen y en el regreso de México a la anarquía. Su régimen había surgido del liberalismo patriótico radical y aseguraba representarlo aún. Hacia 1910, como resultado del abandono progresivo del principio constitucional, de la impotencia y de la lucha política interna, se le percibió como incompetente, inconstitucional y adverso a los intereses de la nación.

No obstante, Díaz también tenía buenas razones para lamentar la ingratitud y la injusticia de sus compatriotas. Al enfocarse en las múltiples debilidades de los últimos años del régimen, tanto los gobiernos revolucionarios de las décadas posteriores a 1910 como la historiografía antiporfirista menospreciaron consistente y deliberadamente los logros del régimen. Durante casi dos generaciones a partir de la muerte de Porfirio Díaz, el retrato de su régimen que permaneció en el imaginario popular fue aquel asociado con los peores excesos de la tiranía. Entre los historiadores, esta interpretación fue sustituida desde hace tiempo. En el ámbito popular, hay indicios profundos de que la satanización oficial de Díaz está muerta o, por lo menos, moribunda. Por lo tanto, es difícil no estar de acuerdo con la conclusión de Enrique Krauze de que «una mirada generosa —que siempre ha hecho falta en México— concedería, sin menoscabo de la verdad, que Porfirio Díaz contribuyó decisivamente a la integración material y consolidación nacional de su patria».[7]

En los últimos casi treinta años desde que se escribieron estas palabras, es claro que hemos presenciado cambios profundos en el interés tanto popular como profesional en la figura de Porfirio Díaz y de su régimen. Durante estos años, en los trabajos de historiadores profesionales tanto dentro como fuera de México, así como en otras publicaciones populares y periodísticas, se ha registrado un viraje en las críticas y distorsiones que se escuchaban con tanta frecuencia durante la mayor parte del siglo XX. Más recientemente, nuevas oportunidades de reflexión y discusión pública sobre el legado porfiriano surgieron a raíz del primer centenario de la Revolución Mexicana en 2010, y ahora, en 2015, en el centenario de su fallecimiento.

A raíz del desmoronamiento de actitudes negativas, y de los nuevos avances en nuestro entendimiento de la historia de esta época, quizá sea el momento de cuestionar, y de abandonar, el uso de la etiqueta porfiriato para describir esta época clave en el desarrollo nacional. Por un lado, la etiqueta enfatiza y sobrevalúa las tendencias autoritarias del régimen que, si bien estuvieron presentes, no encapsulan su carácter heterogéneo, híbrido y contradictorio; por otro, cae en el error de caracterizar toda la época como obra de un solo individuo, lo que eleva la figura de Porfirio Díaz por encima de las transformaciones profundas que experimentó México en la segunda mitad del siglo XIX.

Al mismo tiempo, todavía es necesario reconocer abierta y plenamente la contribución de Porfirio Díaz a la construcción del Estado y de la nación en México. La prueba final de aceptación oficial y de reconciliación histórica con el legado porfiriano se hará realidad solo cuando los restos del viejo caudillo se retiren del cementerio parisino de Montparnasse para ser enterrados en su amada Oaxaca.

CRONOLOGÍA

1830 | Bautizo de Porfirio Díaz (15 de septiembre) en la ciudad de Oaxaca, hijo de José Fernando Faustino Díaz y Petrona Mori.
| La rebelión militar de los conservadores (Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo) derroca al presidente Vicente Guerrero.
1831 | Vicente Guerrero es ejecutado en Oaxaca.
1832 | Nacimiento de su hermano Felipe (posteriormente Félix), seguido de la muerte de su padre.
| Primera presidencia de Antonio López de Santa Anna.
1836 | Las Leyes Constitucionales Centralistas reemplazan la Constitución Republicana Federal de 1824.
| Texas declara su independencia.
1837 | La familia Díaz se muda a Casa La Toronja en la ciudad de Oaxaca.
1838 | «Guerra de los pasteles». El asalto francés a Veracruz es frustrado por Santa Anna.
1841 | El Plan de Tacubaya (Santa Anna) quita a Bustamante de la presidencia.
1844 | Santa Anna es electo presidente, pero es sustituido por José Joaquín de Herrera.
1845 | Anexión de Texas a Estados Unidos.
| Díaz entra al seminario bajo la guía de su primo José Agustín Domínguez (posteriormente obispo de Oaxaca).
1846 | Guerra entre México y Estados Unidos.
| Díaz se une al batallón Trujano como voluntario para pelear contra la invasión estadounidense.
1847 | Las tropas estadounidenses ocupan la Ciudad de México (septiembre).
| Estalla la guerra de castas en Yucatán.
| Benito Juárez es nombrado gobernador de Oaxaca.
| Rebelión separatista en Tehuantepec.
1848 | El Tratado Guadalupe-Hidalgo (Estados Unidos-México) da como resultado la pérdida de la mitad del territorio mexicano.
| Díaz entra al Instituto Liberal de Artes y Ciencias de Oaxaca.
1851 | Presidencia del general liberal moderado Mariano Arista.
| El gobernador Juárez en Oaxaca intenta suprimir por la fuerza la rebelión de Tehuantepec.
1852 | El Plan Conservador de Jalisco exige la remoción de Arista.
1853 | Santa Anna regresa del exilio en Venezuela para asumir la presidencia.
| Estados Unidos adquiere La Mesilla (Arizona y Nuevo México) en la compra Gadsden.
| Díaz entra al servicio del abogado liberal oaxaqueño Marcos Pérez.
| El santannista Ignacio Martínez Pinillos es nombrado gobernador de Oaxaca.
1854 | Díaz declara públicamente su apoyo al Plan de Ayutla y a la rebelión dirigida por Juan Álvarez.
1855 | Con Ignacio Comonfort como presidente, el gobernador Ignacio Martínez selecciona a Díaz para servir como subprefecto de Ixtlán (agosto) en la sierra norte de Oaxaca. Se promulga la Ley Juárez para abolir la inmunidad clerical.
1856 | El gobernador Benito Juárez otorga a Díaz su primer rango militar como capitán de infantería de la Guardia Nacional (diciembre).
| La Ley Lerdo hace obligatoria la venta de las propiedades clerical y comunitaria.
1857 | El presidente Ignacio Comonfort promulga la Constitución Liberal; reacción conservadora con el Plan de Tacubaya (Félix Zuloaga).
| El coronel José María Salgado se proclama en contra de la Constitución en Oaxaca, pero es derrotado por la Guardia Nacional oaxaqueña bajo el mando de Manuel Velasco en Ixtapa (agosto).
| Díaz resulta herido y sufre de peritonitis aguda.

LA GUERRA DE REFORMA, 1858-1861

1858
Juárez (presidente de la Suprema Corte) establece el gobierno «constitucional» en Guanajuato.

Díaz participa en el sitio y la toma de la ciudad de Oaxaca que llevó a cabo el general conservador José María Cobos (enero). El gobernador José María Díaz Ordaz lo nombra comandante militar y gobernador del departamento de Tehuantepec (abril) y se le asciende al rango de mayor.

1859
Muerte de la madre de Díaz en Oaxaca. Se le asciende al cargo de lugarteniente-coronel.

Las fuerzas conservadoras, bajo el mando de José María Cobos, ocupan Oaxaca.

Juárez firma el tratado McLane-Ocampo que otorga a Estados Unidos los derechos de paso para la comunicación interoceánica a través del Istmo de Tehuantepec. El Senado estadounidense rechaza el tratado.

1860
Díaz sufre su primera derrota militar en Mitla, Oaxaca (enero). Victoria en Ixtepeji en la sierra norte (mayo). Se le asciende al rango de coronel. El gobernador Díaz Ordaz muere en combate. El gobernador interino Marcos Pérez vuelve a ocupar Oaxaca (agosto). Por primera vez, Díaz deja Oaxaca con la Guardia Nacional en campañas por el centro de México (Puebla, Hidalgo y Veracruz). El

Ejército Conservador es derrotado en Calpulapan (diciembre).

1861
Díaz regresa a Oaxaca con la Guardia Nacional oaxaqueña (enero).

Es electo diputado por Ocotlán (Oaxaca) en el Congreso Nacional durante la presidencia restaurada de Benito Juárez (mayo). Ofrece su primer (y único) discurso ante el Congreso.

Félix Zuloaga exige la presidencia y reúne a las fuerzas conservadoras (Tomás Mejía, Leandro Márquez).

El líder liberal Melchor Ocampo es asesinado.

El gobierno de Juárez suspende el pago de la deuda (julio). Díaz es ascendido a brigadier general a raíz de la acción militar en Jalatlaco (agosto). Muerte de su mentor, Marcos Pérez, en Oaxaca (agosto).

La Convención tripartita de Londres decide una intervención armada y llegan a Veracruz los ejércitos español, francés y británico (diciembre).

INTERVENCIÓN FRANCESA, 1862-1867

1862
Retiro de las fuerzas española y británica (abril).

Díaz participa en el «glorioso» 5 de mayo, cuando las tropas francesas, bajo el mando de Lorencez, son derrotadas en Puebla por el general Ignacio Zaragoza. Muerte de Zaragoza por tifoidea.

Los refuerzos franceses, bajo el mando del general Forey, llegan a Veracruz (septiembre).

1863
Se retoma Puebla (mayo). Díaz es capturado pero escapa. Rechaza el puesto de secretario de Defensa o de comandante en jefe del Ejército, así como el gobierno de Veracruz. Acepta el nombramiento como comandante del Ejército del Centro.

El gobierno de Juárez se refugia en San Luis Potosí (junio).

Díaz es ascendido a general de división y se le confía la formación del Ejército de Oriente con su base en Oaxaca. El gobernador de Oaxaca (Ramón Cajiga) se enfrenta con Díaz y renuncia. Díaz se convierte en gobernador de facto y nombra como secretario a Justo Benítez (diciembre).

1864
El archiduque Maximiliano acepta la corona mexicana y llega a Veracruz con su esposa Carlota (mayo).

Manuel Dublán, oaxaqueño y antes juarista, invita a Díaz a unirse a la causa imperial, pero él se niega.

1865
Díaz (2 800 tropas) entrega Oaxaca a las fuerzas superiores de Marshall Bazaine (10 000 tropas) y es llevado como prisionero a Puebla (febrero). Escapa (septiembre) y se enfrenta a fuerzas enemigas en Tehuitzingo y Piaxtla (Puebla) (septiembre), Tulcingo (octubre) y Comitlipa (diciembre). Recibe el apoyo del insurgente veterano Juan Álvarez en Guerrero.

Juárez decreta la extensión de su período presidencial (diciembre).

1866
Díaz hace campaña en la costa del Pacífico (costa chica) de Oaxaca y Guerrero. Napoleón III retira las tropas francesas. La emperatriz Carlota abandona México en un intento por conseguir fondos y apoyo para la causa imperial (julio).

Díaz declara formalmente su lealtad a Juárez.

Consigue la victoria en Nochixdán (septiembre), Miahuatlán y La Carbonera (octubre), así como la toma nuevamente de Oaxaca, con la ayuda de su hermano Félix y de Manuel González (octubre). Se le asciende al rango de general.

Bazaine ofrece entregar la Ciudad de México, siempre y cuando Díaz retire su lealtad a Juárez, pero la oferta es rechazada.

Díaz nombra al general Alejandro García gobernador militar y civil de Oaxaca (diciembre).

Establece el Colegio de Niñas de Oaxaca, la primera escuela secundaria para niñas en México (diciembre).

REPÚBLICA RESTAURADA, 1867-1876

1867
Díaz ordena la ejecución del exrepresentante imperial (prefecto, visitador y comisario) de Oaxaca, Juan Pablo Franco (enero).

Díaz selecciona a Juan María Maldonado como gobernador civil de Oaxaca y a su hermano Félix como gobernador militar. El emperador Maximiliano ofrece a Díaz, a través de un intermediario, la comandancia del Ejército y su rendición a la causa liberal, pero este las rechaza.

Toma de Puebla (2 de abril) y liberación de la Ciudad de México (20 de junio).

Derrota final y ejecución de Maximiliano (19 de junio). Díaz ordena la ejecución del general Santiago Vidaurri, ministro de Hacienda de Maximiliano.

Se casa con su sobrina de 20 años, Delfina Ortega (abril). Díaz renuncia a su comisión. Juárez lanza la convocatoria que extiende la autoridad del poder ejecutivo (incluyendo el veto sobre el Congreso) y el establecimiento de una Segunda Cámara (Senado) (agosto).

Los radicales liberales tachan la convocatoria de inconstitucional y promueven la candidatura de Díaz para la presidencia. Juárez es reelecto.

El hermano Félix es electo gobernador de Oaxaca (noviembre). El gobierno del estado en Oaxaca concede a Díaz el grado de benemérito del estado y le otorga la hacienda de La Noria.

1868
Establecimiento del primer enlace telegráfico entre Oaxaca y la Ciudad de México.

Nacimiento de su primer hijo, Porfirio Germán (muere en 1870). Juárez se enfrenta a rebeliones regionales (Yucatán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Sinaloa, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes), así como a rebeliones agrarias y campesinas en toda la parte centro y oeste de México, como las dirigidas por Julio López Chávez (Chalco), Francisco Islas (Hidalgo) y Miguel Negrete (Tepic).

Juárez persuade al Congreso de suspender por un año las garantías constitucionales.

1869
El Plan Político (San Luis Potosí) se declara en contra de Juárez.

Inauguración del Ferrocarril Puebla-Veracruz (septiembre).

Nacimiento de su segundo hijo, Camilo (muere en 1870).

El gobernador Félix Díaz en Oaxaca suprime de manera brutal una insurrección local en Juchitán.

1870
Rebelión del general Trinidad de la Cadena en Zacatecas (enero).

Díaz se postula para presidente contra Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada.

REBELIÓN DE LA NORIA, 1871-1872

1871 | Díaz alega fraude en las elecciones presidenciales de julio, ganadas por Juárez. El Congreso Nacional confirma a Juárez como presidente (octubre).
| Díaz lanza el Plan de La Noria (8 de noviembre) apoyado por una serie de rebeliones de los generales Treviño (Nuevo León), Trinidad de la Cadena (Zacatecas), Manuel González (Tamaulipas), Luis Mier y Terán (Veracruz), Miguel Negrete (Puebla).
| En Oaxaca, el gobernador Félix Díaz retira el estado de la federación y «reasume la soberanía estatal».
| El Ejército de Oriente ocupa Puebla y Oaxaca bajo el mando del general Ignacio Alatorre, quien derrota a los rebeldes en San Mateo Xindihui (diciembre).
| Miguel Castro vuelve al gobierno de Oaxaca y se saquea la hacienda de La Noria. Los hermanos Díaz se ven forzados a huir de Oaxaca. Porfirio busca refugio en Chihuahua (con Pedro Galván), en San Francisco, California, y en Tepic (con Manuel Lozada). Nacimiento de su hija Luz (muere en 1872).
1872 | El hermano Félix es asesinado en Juchitán, Oaxaca.
| Las fuerzas porfiristas, bajo las órdenes del general Treviño, son derrotadas en la batalla de La Bufa (Zacatecas) (marzo).
| Muerte de Juárez (9 de julio). Sebastián Lerdo de Tejada toma la presidencia y ofrece amnistía a los rebeldes (julio).
| Díaz acepta la amnistía (octubre) y se «retira» a la hacienda La Candelaria en Tlacotalpan (Veracruz), propiedad de Damiano Lara, cuñado de su antiguo compañero de armas Juan de la Luz Enríquez, para cultivar azúcar.
1873 | Nacimiento de su tercer hijo, Deodato Lucas Porfirio (Porfirito) (octubre).
| Díaz invierte en propiedades rurales pequeñas en Loma Bonita, San Nicolás y San José Uruapan (Veracruz).
| Terminación del Ferrocarril México-Veracruz.
1874 | Regresa al Congreso como diputado por Veracruz.
| El anticlericalismo de Lerdo provoca las rebeliones cristeras en el noroeste.
| Revuelta regional encabezada por Lozada en Tepic y rebelión yaqui en Sonora, bajo el mando de José María Leyva Cajeme.
| Lerdo se enfrenta con el Gran Círculo de Obreros de México en una serie de huelgas textiles y mineras.
| En Oaxaca, Lerdo interviene para remover a Miguel Castro y para asegurar la elección del lerdista José Esperón.
1875 | Lerdo ofrece a Díaz el puesto de embajador en Berlín, pero él lo rechaza.
| Nacimiento de la segunda hija, Luz Aurora Victoria (mayo).
| Ley de colonización para impulsar la migración.
| La oposición política en contra de Lerdo aumenta con la legislación anticlerical y la centralización política. Lerdo interviene en Jalisco para deponer al gobernador Jesús Camarena.
| Díaz deja Tlacotalpan para ir a Nueva Orleáns y Brownsville, Texas, acompañado de Manuel González, para planear la rebelión.

REBELIÓN DE TUXTEPEC, 1876

1876
Se lanza el Plan de Tuxtepec (Oaxaca) en Ojitlán (10 de enero). La rebelión local de la sierra norte de Oaxaca (dirigida por Fidencio Hernández) depone al gobernador lerdista José Esperón (enero) y subsecuentemente adopta el Plan de Tuxtepec.

El general Donato Guerra lanza un golpe militar contra la administración lerdista de Jalisco. Insurrecciones tuxtepecanas en Puebla y Veracruz (José María Couttolenc y Luis Mier y Terán) (febrero). Díaz lanza el Plan «reformado» de Tuxtepec (desde Palo Blanco, Tamaulipas) y ofrece la presidencia provisional al presidente de la Suprema Corte, José María Iglesias (marzo). Díaz toma la frontera de Matamoros (Tamaulipas) el 2 de abril.

Las fuerzas rebeldes (bajo el mando del general Juan N. Méndez) se enfrentan a las tropas federales (al mando del general Alatorre) en la batalla de San Juan Epatlán (Puebla) (mayo). La rebelión se expande hacia Tlaxcala e Hidalgo (M. Negrete y R. Cravioto).

Derrota militar de fuerzas tuxtepecanas en Icamole (Nuevo León) a manos de los generales Escobedo y Fuero.

Díaz viaja a Nueva York, y en un intento por regresar disfrazado a México realiza un dramático escape huyendo hacia Tampico (junio).

Lerdo es reelecto presidente (julio), con la oposición de José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte.

Iglesias inicia una revuelta desde Salamanca, Guanajuato (octubre).

La Batalla de Tecoac (Puebla) aporta una importante victoria militar para Díaz (noviembre), después de una dramática y exitosa acción en retaguardia de Manuel González.

Díaz (mediante la Convención de Acatlán) ofrece a Iglesias el papel de «presidente revolucionario provisional», pero él lo rechaza.

Díaz ocupa la Ciudad de México (23 de noviembre), asume el poder ejecutivo por decreto (28 de noviembre) y nombra al general Juan N. Méndez presidente provisional.

Lerdo busca exilio en Nueva York; Iglesias, en San Francisco.

EL PORFIRIATO, 1876-1911

La era tuxtepecana, 1876-1880

1877
Las elecciones presidenciales confirman a Díaz como presidente constitucional, con un gabinete tuxtepecano: Protasio Tagle, Gobernación; Justo Benítez, Hacienda; Ignacio Ramírez, Justicia y Educación; Vicente Riva Palacio, Fomento; general Pedro Ogazón, Defensa; Ignacio Vallarta, Relaciones Exteriores.

La enmienda constitucional evita la reelección presidencial sucesiva (mayo). Se renueva el Senado (septiembre). La Ley de reforma electoral intenta ampliar la participación política. El gobierno interviene en las disputas electorales de Puebla, Hidalgo, Michoacán y Chiapas. Las elecciones al Congreso dan una mayoría a los tuxtepecanos (113), con 35 «independientes».

México realiza el primer pago (300 000 dólares) al gobierno estadounidense por acuerdo de la Comisión de demandas mixtas.

1878
Manuel González se vuelve ministro de Defensa (marzo) y José María Mata, ministro de Relaciones Exteriores.

El gobierno de Estados Unidos (presidente Rutherford B. Hayes) reconoce a Díaz.

Insurrecciones lerdistas en Piedras Negras y Matamoros, revueltas de cuarteles en Jalapa y bandolerismo fronterizo. El expresidente de Estados Unidos Ulysses S. Grant visita México.

1879
Justo Benítez deja México para un exilio voluntario en Europa (enero). Una serie de rebeliones «lerdistas» en Veracruz resulta en nueve ejecuciones sumarias realizadas por el gobernador Luis Mier y Terán (junio).

Carlos Pacheco es nombrado ministro de Defensa, e Ignacio Mariscal ministro de Justicia y Educación. Muerte de Ignacio Ramírez.

Regreso de Benítez (octubre) para hacer campaña (Partido Liberal Constitucionalista) en las cercanas elecciones en contra de Manuel González.

Los pronunciamientos de los generales Márquez de León (Sonora), Jesús Ramírez (Baja California) y Miguel Negrete (Tepic) son derrotados por las tropas federales al mando de Manuel González (diciembre).

Presidencia de Manuel González, 1880-1884

1880
Se restablecen las relaciones diplomáticas con Francia.

Manuel González (11 528 votos) derrota a Benítez (1 368) en las elecciones presidenciales (septiembre). González nombra a Ignacio Mariscal (Relaciones Exteriores), Carlos Diez Gutiérrez (Gobernación), Ezequiel Montes (Justicia), Francisco Landero y Cos (Hacienda), general Gerónimo Treviño (Defensa). Díaz es nombrado ministro de Fomento y es electo presidente de la Suprema Corte.

Muerte de Delfina, la primera esposa de Díaz (abril), a raíz de que su tercera hija, Victoria Francisca, naciera muerta.

1881
Nacimiento del hijo (ilegítimo) Federico.

Muerte de Gabino Barreda, el «apóstol» del positivismo (marzo).

Díaz renuncia al gabinete (mayo) y es electo gobernador de Oaxaca.

Carlos Pacheco es nombrado ministro de Fomento.

Díaz se casa con Carmen Romero Rubio, hija del prominente lerdista Manuel Romero Rubio (noviembre).

Disturbios políticos en Jalisco, Durango y Zacatecas.

El general Francisco Naranjo es nombrado ministro de Defensa.

1882
Díaz recibe licencia para dejar el gobierno de Oaxaca.

Tratado con Estados Unidos que permite el cruce recíproco de la frontera.

1883
Díaz es nombrado comisionado general de la delegación mexicana en la Exhibición Mundial de Nueva Orleáns. Visita Nueva York, Chicago, St. Louis, Washington y Boston.

Se enmienda el Artículo 7 de la Constitución, relativo a la libertad de prensa.

Negociaciones en Londres para volver a financiar la «deuda inglesa».

La consolidación del poder, 1884-1900

1884
México reanuda las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

El Nuevo Código de Comercio centraliza las concesiones, regula las instituciones financieras y facilita la inversión extranjera en la minería, los ferrocarriles y los proyectos de colonización. Se inaugura el primer ferrocarril que une México con Estados Unidos, Díaz es reelecto (sin oposición).

Díaz apoya a José María Garza Galán para el gobierno de Coahuila. Luis Mier y Terán es electo gobernador de Oaxaca. El nuevo gabinete intenta reconciliar a lerdistas (Romero Rubio), juaristas (Matías Romero, Ignacio Mariscal), tuxtepecanos (Carlos Pacheco), positivistas (Joaquín Baranda) y conservadores (Manuel Dublán).

1885
Tensiones fronterizas con Guatemala (presidente Rufino Barrios).

Muerte de Barrios.

Préstamo de 10 millones de libras esterlinas obtenido en Londres.

El gobernador Genaro Garza García de Nuevo León es depuesto y en su lugar es nombrado Bernardo Reyes.

1886
Se suprime rebelión yaqui. José María Leyva Cajeme es ejecutado (mayo). Deportaciones masivas de yaquis (15 000) a las plantaciones de henequén de Yucatán.

Rebeliones en Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y Sinaloa (Heraclio Bernal y Trinidad García de la Cadena). García de la Cadena es asesinado.

Refinanciamiento de la deuda pública mexicana (la «deuda inglesa»). Se obtiene un préstamo del banco alemán de Bleichroeder.

1887
Enmienda constitucional que permite la reelección por un período consecutivo. Díaz es reelecto por segunda vez.

1888
Comisión fronteriza internacional, tratados de extradición y comercio entre México y Estados Unidos.

Legislación para privatizar terrenos baldíos.

Insurrecciones locales en Sinaloa, Durango, Zacatecas y Nayarit (Heraclio Bernal).

1889
Muerte de Sebastián Lerdo de Tejada. Enterrado en México con todos los honores militares. Primer Congreso Panamericano en Washington, D.C.

Se rechaza el ofrecimiento de California para comprar Baja California. Exposición Universal de París.

Préstamo de 2.7 millones de libras esterlinas para financiar el Ferrocarril de Tehuantepec.

1890
Enmienda constitucional que elimina todas las restricciones para la reelección presidencial.

Inauguración de las obras portuarias en Tampico.

Pago final de la deuda estadounidense. Préstamo de seis millones de libras esterlinas para financiar los subsidios ferroviarios.

1891
El arancel McKinley (Estados Unidos) impone medidas proteccionistas para restringir el comercio bilateral con México.

La muerte de Luis Mier y Terán y del ministro de Hacienda Manuel Dublán y el retiro (y muerte repentina) del ministro de Fomento, Carlos Pacheco, originan la creación de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, así como una reorganización del gabinete. Disturbios antirreeleccionistas (Coahuila y Guerrero) y rebeliones regionales en Chihuahua y Sonora.

1892
Tercera reelección de Díaz. Establecimiento de la Unión Liberal, el futuro núcleo de los Científicos.

Disturbios antirreeleccionistas en Coahuila. Bernardo Reyes forma el Club Unión y Progreso.

La rebelión «milenaria» popular en Tomochic (Chihuahua) dirigida por Cruz Chávez se suprime con un saldo de sesenta campesinos y quinientas tropas federales muertos.

México participa en las celebraciones del 400 aniversario del «descubrimiento» de América, realizadas en Madrid.

Relaciones diplomáticas con el imperio chino.

El nuevo Código de Minería establece que los depósitos del subsuelo son propiedad privada.

1893
José Yves Limantour es nombrado secretario de Hacienda (mayo).

Se eliminan las alcabalas.

México participa en la Exposición Mundial de Chicago.

Funeral con honores para el general Manuel González.

1894
Rebelión en el estado de Guerrero.

La disputa con Gran Bretaña por la frontera con Belice (Honduras Británica) se soluciona mediante un tratado. El renovado conflicto con Guatemala se resuelve pacíficamente.

Muerte del general Juan N. Méndez.

1895
Muerte de Romero Rubio.

Restauración de la basílica de Guadalupe con fondos públicos. El Congreso Internacional de Americanistas tiene lugar en la Ciudad de México.

El primer censo nacional estima una población de 12.5 millones.

1896
Rebelión indígena en Papantla, Veracruz.

El Círculo Nacional Porfirista promueve la cuarta reelección de Díaz. Se presenta la candidatura de Nicolás Zúñiga y Miranda.

La llegada del delegado apostólico, el arzobispo Nicolás Averardi, resalta la reconciliación entre la Iglesia y el Estado. Primera enunciación pública de la «doctrina Díaz» de responsabilidad colectiva para la defensa hemisférica de América Latina.

Muerte de Vicente Riva Palacio.

1897
Muerte de manifestantes durante las elecciones para gobernador en Mérida, Yucatán (agosto). Arnulfo Arroyo intenta asesinar a Díaz durante las celebraciones de la Independencia en el parque de la Alameda (septiembre).

Muerte de Guillermo Prieto.

1898
Estados Unidos declara la guerra a España por la independencia de Cuba.

Ocupación estadounidense de Cuba y Puerto Rico.

Muerte de Matías Romero.

1899
El rango de los representantes diplomáticos de Estados Unidos y México se eleva al de embajador.

México participa en el Congreso de Paz en la Haya junto a Estados Unidos, como los únicos representantes de América.

México participa en la Exhibición Mundial de París.

IV. Apoteosis y némesis, 1900-1910

1900 | Sublevaciones en Sonora (yaqui) y Yucatán (maya). El gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, es nombrado ministro de Defensa (enero) y Leandro Fernández sustituye a Manuel Fernández como ministro de Fomento.
| El ministro de Defensa, Reyes, crea una Segunda Reserva Voluntaria.
| Díaz obtiene la quinta reelección.
| Primera edición del periódico de oposición Regeneración en la Ciudad de México, editado por Ricardo Flores Magón.
| Construcción de las obras portuarias en Salina Cruz y Coatzacoalcos (S. Pearson and Co.).
1901 | Primera reunión del Congreso Liberal en San Luis Potosí (Camilo Arriaga).
| La Segunda Conferencia Panamericana en la Ciudad de México aprueba la «doctrina Díaz».
| Renuncia del ministro de Justicia, Joaquín Baranda, a quien sustituye Justino Fernández.
| Se establecen relaciones diplomáticas con Cuba y con el imperio austrohúngaro.
| México participa en la Exhibición Panamericana en Búfalo, Estados Unidos.
1902 | Reyes es obligado a renunciar al gabinete.
| Se disuelve la Segunda Reserva.
| Resurgimiento de la rebelión yaqui en Sonora.
| Disputadas elecciones para gobernador en Oaxaca (Martín González contra Félix Díaz).
| Emilio Pimentel es electo gobernador.
| Establecimiento en Monterrey de la Compañía Fundidora de hierro y acero.
1903 | Luis Terrazas es electo gobernador de Chihuahua y Ramón Corral gobernador del Distrito Federal.
| Reyes es juzgado (y absuelto) por uso excesivo de la fuerza al suprimir una manifestación en Monterrey, Nuevo León.
| La campaña militar en contra de los yaquis en Sonora resulta en una deportación masiva a Yucatán.
| Muerte de Protasio Tagle.
1904 | Se extiende por dos años el período presidencial.
| El general González Cosío es nombrado ministro de Defensa.
| El gobierno mexicano reconoce la independencia de Panamá.
1905 | México adopta el patrón oro.
| Justo Sierra es nombrado secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes.
1906 | Sexta reelección de Díaz, con el apoyo del Partido Nacional Porfirista y de la Convención de la Unión Liberal.
| Se inaugura el cargo de vicepresidente (Ramón Corral).
| Las autoridades estatales suprimen una huelga minera en Cananea (Sonora) con ayuda de rangers de Arizona.
| Establecimiento del Partido Liberal Mexicano en St. Louis Missouri, por los hermanos Flores Magón, y del Gran Círculo de Obreros Libres, entre los trabajadores textiles de la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
| El tratado Marblehead (Estados Unidos-México) obtiene la cooperación mexicana para mantener la paz en América Central a cambio de una mayor vigilancia de los activistas opositores a Díaz en Estados Unidos.
| Muerte de Ignacio Mejía.
1907 | Inauguración del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec (enero).
| Se usa el Ejército para suprimir una huelga de obreros textiles en Río Blanco, Veracruz.
| El gobernador de Yucatán, Olegario Molina, se convierte en ministro de Fomento.
| «Mexicanización» del sistema ferroviario y creación de los Ferrocarriles Nacionales de México. Surgen tensiones con el gobierno de Guatemala por el asesinato del expresidente Manuel Barrillas en la Ciudad de México (abril).
| El secretario de Estado estadounidense, Eliah Root, visita México (octubre). México funge como mediador (con el gobierno de Estados Unidos) en la Conferencia de Paz Centroamericana en Washington.
1908 | Díaz anuncia su retiro en 1910 en una entrevista con el periodista estadounidense James Creelman.
1909 | Manuel Calero, Juan Sánchez Azcona y Benito Juárez Maza establecen el partido reformista llamado Partido Democrático (enero). Andrés Molina Enríquez publica Los grandes problemas nacionales. Francisco Madero publica La sucesión presidencial de 1910.
| La Convención Nacional Reeleccionista en la Ciudad de México lanza la candidatura de Díaz para presidente y de Ramón Corral para vicepresidente, (abril).
| Se establece el Club Central Reyista para promover la candidatura de Bernardo Reyes para vicepresidente (junio).
| El Centro Antirreeleccionista (presidente: Emilio Vázquez; vicepresidente: Francisco Madero) lanza el manifiesto y el eslogan político «Sufragio efectivo, no reelección» (junio).
| John K. Turner publica por entregas en el American Magazine una severa crítica al régimen de Díaz, que más adelante se convertiría en el libro México bárbaro.
| Reyes es obligado a renunciar a la comandancia de la tercera zona militar y es enviado a Europa.
| La reelección del gobernador Pablo Escandón en Morelos desata protestas en todo el estado.
| Limantour viaja a Europa para renegociar la deuda pública mexicana.
| México desafía a Estados Unidos dando asilo al presidente liberal de Nicaragua, José Santos Zelaya. Entrevista entre Díaz y el presidente estadounidense Howard Taft en la frontera entre México y Estados Unidos (octubre).

V. Revolución y exilio, 1910-1915

1910 | Se declara moratoria en la venta de los terrenos públicos.
| Muerte de Ignacio Mariscal (marzo).
| Madero es arrestado en la víspera de la Convención Nacional Antirreeleccionista.
| Díaz y Corral son declarados electos. Ceremonias públicas opulentas marcan el centenario de la Independencia de México (septiembre).
| Establecimiento de la Universidad Nacional (Ciudad de México).
| Madero lanza el Plan de San Luis (octubre) y convoca a una rebelión armada (20 de noviembre).
| Asesinato de Aquiles Serdán en Puebla y levantamiento de Pascual Orozco en Chihuahua.
1911 | Rebelión magonista en Baja California Norte (enero).
| Emiliano Zapata se rebela en Ayala (Morelos) (marzo).
| 20 000 tropas estadounidenses se envían a la frontera con México. La caída de Ciudad Juárez origina la renuncia de Díaz (25 de mayo).
| Nombramiento de Francisco León de la Barra como presidente interino.
| Díaz se embarca hacia el exilio en París (31 de mayo).
| Madero es electo presidente (noviembre).
| Zapata lanza el Plan de Ayala contra Madero (noviembre).
1912 | Pascual Orozco, Félix Díaz (sobrino de Díaz) y Bernardo Reyes lanzan rebeliones contra Madero.
| Díaz viaja a España, Alemania y Suiza.
1913 | Díaz visita Egipto e Italia (enero-marzo).
| La Decena Trágica y un golpe de Estado dirigido por Victoriano Huerta conducen al asesinato de Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Rebeliones en Coahuila (Venustiano Carranza) y Chihuahua (Pancho Villa).
| Se lanza el Plan de Guadalupe (noviembre).
1914 | Las tropas estadounidenses ocupan Veracruz.
| Huerta es obligado al exilio (julio).
| Las tropas prusianas cruzan hacia Bélgica al estallar la Primera Guerra Mundial (agosto).
| La guerra civil sigue a la separación en la coalición revolucionaria (Carranza y Obregón contra Villa y Zapata).
| Convención de Aguascalientes (noviembre).
1915 | Obregón derrota a Villa en Celaya (mayo).
| Díaz muere en París (2 de julio).

ILUSTRACIONES

La casa natal de Porfirio Díaz fue remodelada y convertida en escuela.

El joven Díaz: siempre militar, pero también político.

Su sobrina y primera esposa, Delfina Ortega.

El segundo matrimonio, un acercamiento a la política y a la Iglesia. Con su segunda esposa Carmen Romero (Carmelita) y su suegro Manuel Romero Rubio.

El estadista y el culto a la personalidad: «El general Díaz, con la cabeza cubierta de nieve, como el volcán Popocatépetl que se yergue de manera prominente en nuestro altiplano central […] es el faro de nuestra organización». CÍRCULO NACIONAL PORFIRISTA.

Construyendo el Estado y la nación: «La primera música militar del estado de Guerrero, 1895».

El vínculo con el pueblo: Un arrendador de caballos, Ildefonso Mesina, se dirige al presidente Díaz: Señor Porfirio Dias, Presidente de Mexico V es digno de Sinpatias, Nose bale de un pretesto, Le presento el cariño Siervo, le presento el Carino Grato, le mando a regalar mi retrato, V, digno de la devoción, Yo soi quien le regalo un os versos de Elogacion, Acuerdo de V, Cada rato.

Modernización e historia patria liberal: «Pizarrón múltiplo-económico patentado en 1895 a favor de su autor C. Jesús A. Ayala quien tiene la honra de dedicarlo como primicias de su invento, al Primer Magistrado de la República Mexicana C. Gral. Porfirio Díaz en su memoria de la gloriosa jornada del 2 de abril de 1867».

Proyección cultural en el extranjero: Piano construido para la Feria Mundial de París, 1899.

El exilio melancólico: Porfirio y Carmelita en Francia.

La tumba de Porfirio Díaz en el cementerio de Montparnasse, París.

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AGRADECIMIENTOS

Tengo una enorme deuda con muchos amigos y colegas, quienes me han apoyado en mi búsqueda del elusivo porfiriano durante los últimos veinte años. En primer lugar, quisiera agradecer el apoyo del equipo del Archivo Porfirio Díaz de la Universidad Iberoamericana, y de manera particular a Tere Matabuena, ahora directora de la Biblioteca Clavijero, quien generosamente dio el permiso para la reproducción de algunas fotos del Archivo. También agradezco profundamente a la Dra. Erika Pañi, directora del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, por haber escrito el prólogo. El libro nunca habría sido escrito sin la generosidad y hospitalidad, a lo largo de muchos años, de mis compadres Eduardo Antúnez y Amparo Maza. Agradezco a Paola Morán la búsqueda de las citas originales y, en sus distintos momentos, a Manuel Barcia, Gregorio Alonso, Irma Hernández y Ruth Mandujano los ajustes a mi castellano-inglés. Por último, pero no por eso menos importante, agradezco el apoyo del equipo editorial de Planeta y Crítica, en especial a Carmina Rufrancos, Fernanda Gutiérrez e Ixchel Barrera. El libro está dedicado a mis hijos Daniel, Tessa y Dominic, y también a la memoria de mi madre y de mi padre, que fallecieron en los años 2009 y 2013, respectivamente.

PAUL GARNER. Doctor en Historia por la Universidad de Liverpool, ha sido profesor-investigador en las universidades de Gales, de Londres y de Leeds. Fue titular de la Cátedra Cowdray de Estudios Hispánicos en la Universidad de Leeds, institución de la que es catedrático emérito desde 2014. Actualmente es investigador asociado de El Colegio de México.

Entre sus obras destacan La revolución en la provincia: Soberanía estatal y caudillismo serrano en Oaxaca 1910-1920; Porfirio Díaz: A Profile in Power, Porfirio Díaz: Del héroe al dictador: una biografía política; Leones británicos y águilas mexicanas. Negocios, política e imperio en la carrera de Weetman Pearson en México, 1889-1919.

NOTAS

[1] Elena Poniatowska diría sobre Andrés Manuel López Obrador (Neoporfirismo; hoy como ayer, Grijalbo, 2014): «En su libro […] nos demuestra cómo hemos vuelto al pasado y repetimos corno animales en torno a la noria todo lo que nos impidió avanzar». La Jornada, 18 de marzo de 2014. <<

[1] B. Hamnett describe con detalle este proceso: B. Hamnett. Juárez, Harlow, 1994. <<

[2] M. Tenorio Trillo y A. Gómez Galvarriato, El Porfiriato. Herramientas para la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, P. 21. <<

[1] M. Tenorio Trillo y A. Gómez Galvarriato, El Porfiriato. Herramientas para la historia, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 12-21. <<

[2] Véase, por ejemplo, el muy reciente libro de Andrés Manuel López Obrador, Neo-Porfirismo: Hoy como ayer (Grijalbo, 2014), en donde se afirma que «entre 1876 y 1910, se establecieron y volvieron costumbres las prácticas antidemocráticas y se implantó la política económica de élite y entreguista», p. 13. <<

[3] C. Hale «Los mitos políticos de la nación mexicana: el liberalismo y la Revolución», Historia Mexicana, 46(4), abril-junio, 1997, pp. 821-837. <<

[4] O. Paz, «El arco y la lira», Obras completas, vol. I, 1995, pp. 73-88. <<

[5] R. Barthes, Mythologies, Londres, 1972, pp. 142-143. <<

[6] F. Bulnes, «Rectificaciones y aclaraciones a las Memorias del General Díaz», en M. González Navarro (coord.), Memorias de Porfirio Díaz, vol. I, México, Conaculta, 1994, pp. 247-325. <<

[7] M. Tenorio Trillo, «1910 Mexico City: Space and Nation in the City of the Centenario», Journal of Latin American Studies, 28(1), 1996, pp. 75-104; M.J. Gonzales, «Imagining México in 1910: Visions of the Patria in the Centennial Celebration in Mexico City», Journal of Latin American Studies, vol. 39. 2007, pp. 495-533. <<

[8] El dato es importante. En muchas referencias al fin del régimen, se repite el error de que fue derrocado por la revolución maderista, en vez de indicar que Díaz renunció formalmente a la presidencia ante el Congreso el 25 de mayo de 1911. Véase el Capítulo 8. <<

[9] P. Smith, «Mexico since 1946», Mexico since Independence, Cambridge, 1991, pp. 321-396. <<

[10] Aquí se necesita matizar la diferencia fundamental entre el liberalismo decimonónico y el neoliberalismo de finales del siglo XX. El primero fue constructor del Estado y sus instituciones, mientras que el segundo se opuso a la interferencia del Estado en la esfera económica. <<

[11] E. Krauze, «Diez mentiras sobre Porfirio Díaz», Proceso, México, vol. 822, 3 de agosto de 1992, pp. 45-49. Otro ejemplo del renovado interés en la vida de Díaz es la publicación en 1994 de la nueva edición de sus memorias, publicadas por primera vez en 1892. Esta es la primera edición completa desde 1922. <<

[12] T. Benjamín, La Revolución: Mexico’s Great Revolution in Memory, Myth and History, Austin, University of Texas Press, 2000. <<

[13] H. Aguilar Camín y L. Meyer, A la sombra de la Revolución mexicana, México, Cal y Arena, 1989, p. VIII. <<

[14] O’Malley, The Myth of the Revolution: Hero, Cults and the Institutionalization of the Mexican State 1920-1940, Nueva York, 1996. <<

[15] Diario del Hogar, México, julio de 1911. Las ambigüedades en la postura de Mata hacia la figura y el régimen de Díaz se exploran en el Capítulo 5. <<

[16] J.K. Turner, Barbarous Mexico, Londres, 1911. Duranre muchos años, México bárbaro fue lectura obligatoria en el programa de educación nacional mexicano, aunque dejó de serlo hace tiempo. Pero es evidente incluso hoy en día que en las semanas anteriores al inicio del ciclo escolar, la mayoría de las librerías en México renuevan sus existencias de este texto tan controversial, casi esquizofrénico. La esquizofrenia reside en el hecho de que mientras el relato de Turner sobre la esclavitud en Yucatán y el Valle Nacional en Oaxaca han pasado la prueba del escrutinio histórico profesional, su caracterización de Porfirio Díaz, el presidente, y su régimen, fue no solo polémica y provocativa, sino altamente propagandística. El interés continuo en Turner se refleja en la publicación de dos estudios durante la década pasada; R. Velázquez Estrada, México en la mirada de John Kenneth Turner, México, UAM-INAH, 2004; E. Meyer, John Kenneth Turner: periodista de México, México, Era-UNAM, 2005. <<

[17] lbidem, pp. 261, 269. <<

[18] Luis Lara Pardo, De Porfirio Díaz a Madero, citado en J. López Portilio y Rojas, Elevación y caída de Porfirio Díaz, México, 1921, pp. 484-485. <<

[19] Los otros modelos, según explicó Valle-Inclán a Alfonso Reyes en 1923, eran dos arquetipos de la dictadura latinoamericana del siglo XIX: Doctor Francia en Paraguay y Juan Manuel de Rosas en Argentina: V. Smith, Tirano Banderas, Critical Guides to Spanish Texts, Londres, 1971, pp. 43-46. <<

[20] V. Blasco Ibánez, El militarismo mexicano, Valencia, 1920, p. 149. <<

[21] J. Valadés, El porfirismo: Historia de un régimen, 3 vols., México, 1941; Daniel Cosío Villegas (ed.), Historia moderna de México (en lo sucesivo HMM), 10 vols., México, pp. 1955-1972. <<

[22] J. Valadés, op. cit., vol. I, p. 306. <<

[23] D. Cosío Villegas, op. cit., vol. X, p. XIX. <<

[24] J. Reyes Heroles, El liberalismo mexicano, México, vol. 3, 1957-1961, p. XVII. <<

[25] J. Creelman, Díaz, Master of Mexico, Nueva York y Londres, 1912; J. Godoy, Porfirio Díaz, President of Mexico: Master Builder of a Great Commonwealth, Nueva York y Londres, 1910. <<

[26] A. Portillo, Oaxaca en el centenario de la Independencia, México, 1910, pp. 501-504. <<

[27] Véase el Archivo de Porfirio Díaz (apd) en la Universidad Iberoamericana, México. <<

[28] «Death of Porfirio Díaz», en The Times, Londres, 2 de julio de 1915; otros ejemplos de prejuicios británicos se encuentran en R. Miller, Britain and Latin America in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Harlow, 1993. <<

[29] José Yves Limantour al London Times, 6 de julio de 1915: puede hallarse una copia en los documentos privados de Sir Weetman Pearson, que se encuentran en la Science Museum Library del Imperial College, Londres: caja A4. <<

[30] F. I. Madero, La sucesión presidencial de 1910, México, 1909, p. 27. <<

[31] José Martí a Porfirio Díaz, 23 de julio de 1894: Colección Porfirio Díaz (en lo sucesivo cpd), México, Universidad iberoamericana, Legajo (en lo sucesivo L) 19: Caja (en lo sucesivo C) 21: Folio (en lo sucesivo F) 10440; la importancia de Cuba para la política exterior en el régimen de Díaz se discute en el Capítulo 6. <<

[32] M. Parra, El señor General Porfirio Díaz juzgado en el extranjero, México, Tipografía de la Secretaría de Fomento, 1900. <<

[33] León Tolstoi, Naturalezas fuertes, publicado en el London Chronicle, reproducido en M. Parra, ibidem, pp. 186-187. <<

[34] R. Skidelsky, «Biography and Truth», The Troubled Face of Biography, Macmillan, 1988, p. 5. <<

[35] G. Yeager, «Porfirian Commercial Propaganda: Mexico in the World Industrial Expositions», The Americas, 34(2), pp. 230-243. <<

[36] A. Tweedie, Porfirio Díaz. Master of Mexico, Londres, 1906. <<

[37] J. Godoy, «Opinions of Prominent Men Regarding President Díaz as Soldier and Statesman», publicado como apéndice en su libro Porfirio Díaz, President of Mexico: The Master Builder of a Great Commonwealth, Nueva York, 1910, pp. 124-193. <<

[38] C. Weeks, The Juarez Myth in Mexico, Tuscaloosa, 1987; E. Pani, «Derribando ídolos: el Juárez de Francisco Bulnes», J. Zoraida Vázquez (coord.), Juárez: Historia y mito, México, El Colegio de México, 2012, pp. 43-58. <<

[39] B. Hamnett, Juárez, Harlow, 1994, pp. 244-251; para una visión diferente véase P. Garner «The Civilian and the General, 1867-1911», W. Beezley (ed.), A Companion to Mexican History and Culture, Oxford, Wiley-Blackwell, 2011, pp. 288-301. <<

[40] E. Krauze, Porfirio Díaz: Místico de la autoridad, México, 1987, p. 150. <<

[41] E Bulnes, El verdadero Díaz y la Revolución, México, 1921. <<

[42] A. Taracena, Porfirio Díaz, México, 1960. <<

[43] F. Orozco Linares, Porfirio Díaz y su tiempo, México, 1991, p. 8. <<

[44] «La dictadura y Mario Vargas Llosa», en ABC, Madrid, 1990. <<

[45] E. Krauze, «Diez mentiras», 1992. <<

[46] De Creel a Díaz, cpd: L36:FF.9661-8. <<

[1] L.B. Perry, Juárez and Díaz; Machine Politics in Mexico, DeKalb, 1978, p. 5. <<

[2] A. Knight, «El liberalismo mexicano desde la Reforma hasta la Revolución (una interpretación)». Historia mexicana, vol. 35, núm. 1 (julio-sept, 1985), pp. 59-91; G. Thomson, «Popular Aspects of Liberalism in Mexico 1848-1888», Bulletin of Latin American Research 10(3), 1991, pp. 265-292. <<

[3] E. Pani, «Dreaming of a Mexican Empire: The Political Projects of the ‘Imperialistas’», HAHR 82:1, 2002, pp. 1-31. <<

[4] B. Hamnett, Juárez, Harlow, 1994, p. 184. <<

[5] B. Hamnett, «Liberalism Divided: Regional Politics and the National Project during the Mexican Restored Republic 1867-1876», Hispanic American Historial Review, 76(4), noviembre de 1996, pp. 659-689. <<

[6] Sin duda fue por esta razón que siempre se celebró la fecha de bautismo y no la de nacimiento. La fecha real de nacimiento se desconoce; uno de los biógrafos de Díaz ha sugerido que fue 1828; véase J. López-Portillo y Rojas, Elevación y caída de Porfirio Díaz, México, 1921, p. 22. <<

[7] A. Lempériere, «Los dos centenarios de la Independencia mexicana (1910-1921): de la historia patria a la antropología cultural», Historia mexicana, vol. XLIV, 1995, pp. 317-352; para el crecimiento del rito patriótico desde mediados del siglo XIX, véase G.P.C. Thomson, «Bulwarks of Patriotic Liberalism: The National Guard, Philarmonic Corps, and Patriotic Juntas in Mexico 1847-1888», Journal of Latin American Studies, 22(1), 1990, pp. 31-68. <<

[8] B. Hamnett, Politics and Trade in Southern Mexico 1850-1821, Cambridge, 1971, p. 119. <<

[9] P. Garner, Regional Development in Oaxaca during the Porfiriato (1876-1911), Liverpool, 1995. <<

[10] W. Taylor, Landlord and Peasant in Colonial Oaxaca, Stanford, 1972, pp. 173-176. <<

[11] Estadísticas sociales del porfiriato, 1877-1910, México, 1956. <<

[12] Ma. de los Ángeles Romero Frizzi (ed.), Lecturas históricas del estado de Oaxaca, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 4 vols., 1990, vol. III, pp. 20-23. <<

[13] C. Berry, The Reform in Oaxaca, 1856-1876, A Microhistory of the Liberal Revolution, Lincoln, 1981. <<

[14] P. Gerhard, «La evolución del pueblo rural mexicano», Historia mexicana, 24, 1975, pp. 566-578. <<

[15] Las estadísticas indican la falta de cambio radical de la tenencia de la tierra en Oaxaca en la primera mitad del siglo XIX; en 1810 había 928 pueblos y 83 haciendas; y en 1857, 943 pueblos y 85 haciendas. L.A. Arrioja y C. Sánchez Silva, «Pueblos, reformas y contrariedades agrarias: Oaxaca 1742-1857», en L.A. Arrioja y C. Sánchez Silva (coords.), Conflictos por la tierra en Oaxaca: De las Reformas Borbónicas a la Reforma Agraria UABJO-Colegio de Michoacán, 2012, pp. 21-42. <<

[16] W. Pansters y A. Ouweneel (eds.), Region, State and Capitalism in Ninteenth and Twentieth-Century Mexico, Ámsterdam, 1989. <<

[17] M. González Navarro (ed.), Memorias de Porfirio Díaz, 2 vols., México, 1994, vol. II, pp. 150-151; sobre la influencia del darwinismo social en América Latina, véase R. Graham (ed.), The Idea of Race in Latin America, Austin, 1990, pp. 1-5. Para las múltiples inexactitudes e invenciones (y por lo tanto su desconfiabilidad) de las memorias de Díaz, véase F. Bulnes, «Rectificaciones y aclaraciones a las memorias del General Díaz», en M. González Navarro, Memorias, vol. I, pp. 247-325. <<

[18] C. Beals, Porfirio Díaz: Dictator of Mexico, Filadelfia, 1932, p. 241, proporciona ejemplos de las aterradoras escritura y ortografía de Díaz. <<

[19] Díaz, Memorias, vol. I, p. 36. <<

[20] lbidem, p. 38. <<

[21] F. Bulnes, «Rectificaciones», Memorias, vol. II, p. 325, <<

[22] Díaz, Memorias, vol. I, p. 38. <<

[23] Díaz, Op. cit., vol. II, p. 40. <<

[24] E. Krauze, Porfirio Díaz: Místico de la autoridad, México, 1987, p. 84. Krauze supone que Díaz favorecía la tradición de la cooptación de intelectuales por el Estado mediante su nombramiento en puestos diplomáticos o políticos, lo cual se convertiría en una práctica habitual en la política posrevolucionaria. <<

[25] A. Carnicelli, La masonería en la independencia de América (1810-1830), 2 vols., Bogotá, 1970. <<

[26] T. Davis, Aspects of Freemasonry in Modern Mexico, Nueva York, 1967, pp. 278-279. <<

[27] La identidad masónica de Porfirio Díaz era Pelícano. R. Orozco, Porfirio Díaz Morí: La ambición y la patria, México, Centro de Estudios Históricos del Porfiriato, 2014, p. 46. <<

[28] R. A. Camp, Politics in Mexico, Oxford, 1993, pp. 103-107. <<

[29] Díaz, Memorias, vol. II, p. 37-41. Véase más adelante el Capítulo 4, para los detalles acerca de las elecciones presidenciales de 1880. <<

[30] J. Lynch, Caudillos in Spanish America 1800-1850, Oxford, 1991, p. 407. <<

[31] A. Hernández Chávez, «Origen y ocaso del ejército porfiriano», Historia Mexicana XXXVII, 1998, pp. 257-297. <<

[32] J. Bazant, «From Independence to the Liberal Republic 1821-1867», L. Betheli (ed.), Mexico since Independence, Cambridge, 1991, pp. 1-48. <<

[33] M. Costeloe, The Central Republic in Mexico 1835-1846, Cambridge, 1993. <<

[34] F. Gantús y A. Salmerón, Prensa y elecciones: formas de hacer política en el México del siglo XIX, México, Instituto Mora-IFF., 2014. Véanse los capítulos 4 y 5. <<

[35] R. Buve, «Transformación y patronazgo político en el México rural: continuidad y cambio entre 1876 y 1920», en A. Annino y R. Buve (eds.), El liberalismo en México, Hamburgo, 1993, pp. 143-176. <<

[36] Díaz, Memorias, vol. I, pp. 49-50. <<

[37] E. Krauze, Porfirio Díaz, p. 15. <<

[38] L. Reina (ed.), Historia de la cuestión agraria mexicana: estado de Oaxaca, 2 vols., México, 1988, vol. I, pp. 181-267. <<

[39] P. Garner, «The Politics of National Development in Late Porfirian Mexico: The Reconstruction of the Tehuantepec National Railway 1896-1907», Bulletin of Latin American Research, 14(3), 1995, pp. 339-356; véase Capítulo 6. <<

[40] B. Hamnett, Juárez, Harlow, 1994, pp. 40-45, 78-79. <<

[41] Díaz, Memorias, vol. I, p. 83. <<

[42] Charles Etienne Brasscur, Voyage sur l’Isthme de Tehuantepec, dans l’Etat de Chiapas et de la République de Guatemala, executé dans les années 1859 et 1860, París, 1861, pp. 150-157. <<

[43] Las memorias indican también un profundo interés en una administración prudente y frugal de los escasos fondos durante las campañas largas. Esto fue tan exitoso que Díaz asegura haber podido subsidiar, de los superávits generados de los fondos de su campaña, los salarios de todo el gabinete del presidente Juárez, al igual que los de toda su escolta militar, después de la caída de la Ciudad de México en 1867. Díaz, Memorias, vol. II, p. 124. <<

[44] A. María Carreño, Archivo del General Porfirio Díaz, 30 vols., México, 1947-1951, vol. I, pp. 172-17.3. <<

[45] Díaz, Memorias, vol. I, pp. 103, 241-265. <<

[46] Ibidem, p. 265. Díaz a Marías Romero, 28 de junio de 1866. <<

[47] Ibidem, p. 272. A raíz del encuentro en Miahuatlán en octubre de 1866, 22 oficiales fueron fusilados sumariamente por órdenes de Díaz. Díaz cuenta también que, impulsado por la ira, él personalmente ejecutó a uno de los oficiales capturados que antes habían peleado junto a él (el capitán Manuel Álvarez). Aunque asegura (en un texto escrito 26 años más tarde, en 1892) haber considerado la ocasión como «deplorable» y una fuente de angustia continua («me ha apenado profundamente»), es claro que el incidente sirvió para aumentar su reputación de implacabilidad. Díaz, Memorias, vol. II, p. 21. <<

[48] Ibidem, p. 20. <<

[49] Escribió a Matías Romero, ministro en Washington, pidiendo que se recaudaran fondos de campaña fuera de México y explicaba también que había «reducido el impuesto de capitación a un real en la Sierra Mixteca». Díaz a Romero, enero de 1866, Díaz, Memorias, vol. I, p. 244. <<

[50] Ibidem, p. 264. <<

[51] Ibidem, p. 56. <<

[52] G.P.C. Thomson, «Popular Aspects of Liberalism in Mexico 1848-1888», Bulletin of Latin American Research, 10(3), 1991, pp. 265-292. <<

[53] M. Carmagnani, El regreso de los dioses. El proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca, siglos XVII y XVIII, México, 1988, p. 234. <<

[54] G.P.C. Thomson, «Popular Aspects of Liberalism», p. 280. <<

[55] F. Mallon, Peasant and Nation: The Making of Postcolonial Mexico and Peru, Berkeley, 1995. Las investigaciones recientes muestran, sobre todo, que la respuesta al liberalismo variaba tremendamente de una región a otra y de una municipalidad a otra, incluso dentro de la misma región. El contexto local (localización geográfica, la dinámica de la economía particular y las estructuras sociales y los precedentes históricos) era crucial para la recepción o el rechazo de las aspiraciones liberales, lo cual hace que sea muy difícil plantear generalizaciones. <<

[56] Díaz a Mucio Martínez, citado en D. Stephens, «Agradan Policy and Instability in Porfirian Mexico», The Americas, 39(2), 1982, pp. 153-166. <<

[57] Véase, por ejemplo, las observaciones despreciativas en el relato de Díaz con respecto al tratamiento médico que recibió por una herida de bala de parte de un «indio» (de Cacahuatepec) de quien pensaba tenía algo de conocimiento científico de la Medicina, pues había pasado algún tiempo como interno del hospital San Cosme en la ciudad de Oaxaca y quien solo logró infectarle la herida. Díaz, Memorias, vol. I, p. 63. <<

[58] Ibidem, p. 93. <<

[59] Ibidem, pp. 85-89. <<

[60] F. Bulnes, «Rectificaciones», en Díaz, Memorias, vol. II, pp. 258, 273. Para un relato muy diferente de las «victorias» militares de Díaz, véase A. Valadés, «La marcha de Díaz a Oaxaca durante la Intervención», en Historia Mexicana, vol. VII, 1957, pp. 92-115; Valadés sugiere que Díaz, a pesar de asegurar que siempre mantuvo una disciplina rigurosa entre sus tropas, hizo poco por evitar saqueos, robos y ataques a la vida y la propiedad de los enemigos de su causa. <<

[61] Díaz, Memorias, vol. I, p. 116. <<

[1] I. Paz, Algunas campañas, 2 vols., México, 1997, vol. I, pp. 11-19. <<

[2] H. Scullard, A History of the Roman World from 753 to 146 b.c., Londres, 1935, p. 74; para referencias sobre Díaz como Cincinnatus, véase inter alia: F. Bulnes, «Rectificaciones y aclaraciones a las Memorias del General Díaz», en M. González Navarro (ed.), Memorias de Porfirio Díaz, 2 vols., México, 1994, vol. II. p. 304. <<

[3] De acuerdo con el tataranieto de Díaz, Carlos Tello Díaz, aunque el certificado de nacimiento de Delfina decía que era hija de «padres desconocidos», era sabido que era hija de Manuela, la hermana de Porfirio. C. Tello Díaz, El exilio: un relato de familia, México, 1993, p. 188. <<

[4] Díaz a González, Oaxaca, 7 de mayo de 1870, Archivo Manuel González, Universidad Iberoamericana, México, caja 3, ff. 1-37. <<

[5] Ramírez, citado en D. Brading, The First America, Cambridge, 1991. p. 664. <<

[6] L.B. Perry, Juárez and Díaz: Machine Politics in Mexico, DeKalb, 1978, pp. 36-38. <<

[7] Díaz, Memorias, vol. I, p. 265. Es claro que también creía en la censura. Cuando Francisco Bulnes preguntó al secretario de Gobernación Manuel González Cosío por qué no se había aceptado su estudio del régimen de Díaz, González Cosío le dijo: «El general Díaz cree que hay algunas cosas que la gente debe saber y otras que deben ocultarse». Bulnes, «Rectificaciones», en Díaz, Memorias, vol. II, p. 248. <<

[8] B. Hamnett, Juárez, Harlow, 1994, p. 202. <<

[9] Díaz, Memorias, vol. I, p. 203-205. <<

[10] C. Beals, Porfirio Díaz: Dictator of Mexico, Filadelfia, 1935, p. 158. <<

[11] L.B. Perry, Juárez and Díaz, pp. 42-43. <<

[12] Carta de Benítez a Díaz citada en L.B. Perry, op. cit., p. 52. <<

[13] D. Cosío Villegas, Historia moderna de México, 10 vols., México, 1955-1972 (en lo sucesivo, HMM), vol. I, p. 187. <<

[14] Díaz a Castro, citado en F. Falcone, «Benito Juárez versus the Díaz Brothers: Politics in Oaxaca 1867-1871», The Americas, 33(4), 1977, pp. 640-641. <<

[15] F. Bulnes, «Rectificaciones», Díaz, Memorias, vol. II, p. 305. <<

[16] B. Hamnett, Juárez, p. 223. <<

[17] R. Falcone, «Benito Juárez», p. 648. <<

[18] Díaz, Memorias, vol. I, p. 59. <<

[19] B. Hamnett, «Liberalism Divided: Regional Politics and the National Project during the Mexican Restored Republic», Hispanic American Historical Review, 761(4), noviembre de 1996, pp. 659-690. Según lo señalaría más tarde Francisco Bulnes, a) tiempo que los hermanos Díaz criticaban el gobierno de Juárez por «imponer» candidatos en contra de la voluntad del pueblo, en las elecciones realizadas en Oaxaca para diputados federales para el Congreso Nacional en 1871, cuatro de los candidatos, o no eran oriundos de Oaxaca o nunca habían visitado Oaxaca; los candidatos eran Manuel María de Zamacona (Puebla), Felipe Buenrostro (Zacatecas), Roberto Esteva (Veracruz) y Jesús Alfaro (Ciudad de México); F. Bulnes, «Rectificaciones», en Díaz, Memorias, vol. II, p. 305-306. <<

[20] F.A. Knapp, The Life of Sebastián Lerdo de Tejada: A Study of Influence and Obscurity, Austin, 1951, p. 150; para detalles acerca de las negociaciones laberínticas entre juaristas, lerdistas y porfiristas, véase L.B. Perry, Juárez and Díaz, pp. 153-200. <<

[21] W. Scholes, «El Mensajero and the Election of 1871 in Mexico», The Americas, 5, 1948, pp. 61-67; los detalles acerca de la campaña están en I. Paz, Algunas campanas, vol. 2. <<

[22] El texto del Plan puede encontrarse en J.E lturribarría, Historia de Oaxaca. vol. IV, 1867-1876, Oaxaca, 1956, pp. 96-100. Se reconoce que los autores del Pian fueron los aliados más cercanos a Díaz, Justo Benítez, Manuel María de Zamacona e Ignacio Ramírez; véase, por ejemplo, J. López-Portillo y Rojas, Elevación y caída de Porfirio Díaz, México, 1921, p. 83. <<

[23] L.B. Perry, Juárez and Díaz, p. 168. <<

[24] Aunque Lerdo era, de hecho, el único candidato; Knapp, Lerdo, p. 164. <<

[25] B. Hamnert, «Liberalism Divided», p. 688; y L.B. Perry, Juárez and Díaz, passim. <<

[26] L.B. Perry, Juárez and Díaz, pp. 192-196. <<

[27] J.E lturribarría, Historia de Oaxaca, vol. IV, pp. 132-137. <<

[28] E Bulnes, «Rectificaciones», en Díaz, Memorias, vol. II, pp. 315-320. <<

[29] Por esta misma razón Díaz evitó asiduamente el asunto de la reelección consecutiva hasta 1888; véase Capítulo 5. <<

[30] L.B. Perry, Juárez and Díaz, p. 188; para una opinión crítica, véase Bulnes, «Rectificaciones», en Díaz, Memorias, vol. II, p. 312; J. López-Portillo, Elevación y caída, de Porfirio Díaz, p. 102; esta es la tesis que defiende Cosío Villegas, HMM, vol. I, p. 805. <<

[31] Al tiempo que Díaz no recibía apoyo formal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, al parecer la inteligencia militar estadounidense se hizo de la vista gorda ante sus acrividades de reclutamiento en Brownsville; R. McCormack, «Porfirio Díaz en la Frontera Tejana», en Historia mexicana, vol. V, 1956, pp. 373-410. Véase Capítulo 6 para las relaciones de México con Estados Unidos durante este período. <<

[32] Díaz a Carbó, 8 de noviembre de 1876, cpd:CL;f,047. <<

[33] El texto de los planes original y «reformado», modificado para incluir un preámbulo que lista los crímenes políticos del gobierno de Lerdo, puede encontrarse en J. López-Portillo, Elevación y caída de Porfirio Díaz, pp. 105-108. <<

[34] L.B. Perry, Juárez and Díaz, Capítulo 8, incluye detalles amplios acerca de las estrategias militares y de reclutamiento de la campaña tuxtepecana. <<

[35] Díaz a Méndez, 8 de julio de 1876, Archivo Manuel González, caja 3, doc. 001-00278. Ballard Perry está convencido de que la batalla de Icamole estuvo lejos de ser una derrota para Díaz, quien no estuvo presente; L.B. Perry, Juárez and Díaz, Capítulo 9. <<

[36] Alatorre se mostró renuente a unirse a la causa iglesista hasta el término oficial del período de gobierno de Lerdo el 1o de diciembre; a los oficiales militares que adoptaron este punto de vista se les conoció como decembristas; L. B. Perry, Juárez and Díaz, pp. 296-298. <<

[37] Domingo Nava en «Tepic a Díaz», citado en L.B. Perry, Juárez and Díaz, p. 318. <<

[38] D. Cosío Villegas, HMM, vol. IX, p. 57; también es importante mencionar que el artículo 6 del Plan de Tuxtepec reformado en marzo de 1876 ya había ofrecido la presidencia provisional a Iglesias, siempre y cuando, en un plazo de un mes, aceptara las estipulaciones. Iglesias había rechazado la oferta. <<

[39] L.B. Perry, Juárez and Díaz, pp. 437-440. <<

[1] C. Hale, The Transformation of Liberalism in Late Nineteenth-Century Mexico, Princetown, 1989, pp. 27-63. <<

[2] Los estudios sobre las practicas políticas porfirianas son mucho menos extensos que los de economía o la sociedad; Tenorio y Gómez Galvariato, El porfiriato, op. cit. <<

[3] D. Cosío Villegas, Historia moderna de México (en lo sucesivo, HMM), 10 vols., México, 1955-1972, vol. X, p. 854, sugiere que la influencia de los Científicos, particularmente fuera de la Ciudad de México, se ha exagerado mucho. Ciertamente, esto merece una mayor investigación. <<

[4] CPD:LVI:F.1065/2643. <<

[5] CPD:LVI:F.l315. <<

[6] La creciente adopción de la tecnología de la época, especialmente el telégrafo y la máquina de escribir, cambió muy poco el carácter de la correspondencia, pero sí cambió mucho su volumen. El Archivo Díaz (en la Universidad Iberoamericana) contiene más de un millón de artículos de correspondencia (cartas, telegramas, etc.) del período 1867-1915. <<

[7] J. F. Iturribarría, Porfirio Díaz ante la historia, México, 1967, p. 13. <<

[8] cpd:l41:t3;f.l02, Díaz a Gillow, 20 de diciembre de 1884. Para una exploración de los atributos personales y el «carisma» necesarios para el caudillo clásico, véase E. Wolf, y E. Hansen, «Caudillo Politics: A Structural Analysis», Comparativo Studies in Society and History, 9(2), 1967. <<

[9] Para este y otros muchos ejemplos, véase D. Cosío Villegas, HMM, vol. x, p. 98 y passim. <<

[10] Mauricio Cavazos a Díaz, 1o de febrero de 1898, cpd:L23:c3:f. 1395. <<

[11] Manuel González a Díaz, 31 de octubre de 1867, cpd;L42:f.797. Díaz dedica un capítulo de sus memorias a la primera etapa de la carrera de González, donde atribuye su cambio de fidelidad, pasando de la causa conservadora en la guerra de Reforma a la lucha contra la Invasión francesa en 1862, al patriotismo de González. Díaz, Memorias, Vol. I, p. 153. Durante el sitio de Puebla en marzo y abril de 1863, fue nombrado jefe del Estado Mayor de Díaz. <<

[12] Díaz a González, 2 de abril de 1885, cpd;l4i:tl:f.406. <<

[13] Porfirio a Félix Díaz, 27 de noviembre de 1867 cpd:L42:f.896. <<

[14] Díaz a Francisco Uriarte, 1881, cpd:l6:f,2711. <<

[15] Díaz a Pacheco, 12 de octubre de 1884, cpd:l4i:i:f.027. <<

[16] Gamboa, citado en E. Krauze, Porfirio Díaz; Místico de la autoridad, México, 1987, p. 104. <<

[17] F. Bulnes, El verdadero Díaz y la Revolución, México, 1921, p. 39. <<

[18] Idem. <<

[19] Díaz a Martín González, 18 de junio de 1894, cpd:lii: 17:ff.55-59. <<

[20] cpd:L5:f.L719 y cpd:l36:f.2608. <<

[21] CPD:l6:f,I968. <<

[22] cpr:l36:f.27O4. <<

[23] cpd:l5:f.2556. <<

[24] cpd:l5:FF.237/4636. <<

[25] R. Falcón, «Force and the Search for Consent: The Role of the Jefaturas Políticas of Coahuila in National State Formation», G. Joseph y D. Nugent (eds.), Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Durham, 1994, pp. 107-134. <<

[26] Se hicieron los siguientes nombramientos: Protasio Tagle, Gobernación; Justo Benítez, Hacienda; Ignacio Ramírez, Justicia y Educación; Vicente Riva Palacio, Fomento; general Pedro Ogazón, Defensa; Ignacio Vallarta, Relaciones Exteriores. <<

[27] N. Annino, «Nuevas perspectivas para una vieja pregunta», en A. Annino, y R. Buve (eds.), El liberalismo en México, Hamburgo, 1993, pp. 5-13. <<

[28] W. Pansters, «Theorizing Political Culture in Modern Mexico», en W. Pansters (ed.), Citizens of the Pyramid: Essays on Mexican Political Culture, Ámsterdam, 1997, pp. 1-37. <<

[29] J. Valadés, El porfirismo: Historia de un régimen, 3 vols., México, 1941, vol. 1, p. 21. <<

[30] Ibidem, pp. 22-23. <<

[31] Véase, por ejemplo, la correspondencia con sus acólitos en Oaxaca para la lista de candidatos para las elecciones para la legislatura estatal en 1881; cpd:l6:f.0805. <<

[32] Desde 2011 se ha establecido un proyecto en el Instituto Mora «Hacia una historia de las prácticas electorales en México, siglo XIX», coordinado por Fausta Gantús y Alicia Salmerón; uno de sus primeros frutos es F. Gantús y A. Salmerón (coords.), Prensa y elecciones: Formas de hacer política en México en el siglo XIX, Instituto Mora-IFE, 2014. <<

[33] Jefe político de Tlaxiaco a Díaz, cpd:li:f.047. <<

[34] Secretaría de la Cámara de Diputados, 9 de julio de 1878, Cpd:li:f.oii6. <<

[35] R. Falcón, «Forcé and the Search for Consent», p. 109. <<

[36] Díaz a Manuel Ramírez, 31 de enero de 1880, cpd:l5Cl:i:f.0394. <<

[37] Díaz a Márquez, 16 de febrero de 1885, Cpd:L4I:TL:f.270. <<

[38] Díaz a Reyes, 13 de febrero de 1885, cpd:L4I;tl;f.256. La relación entre Díaz y Reyes se discute más a fondo en los capítulos 5 y 8. <<

[39] T. Benjamín y W. McNellie, Other Mexico: Essays on Regional Mexican History 1876-1911, Albuquerque, 1984. <<

[40] Díaz a Reyes citado en C. Bravo Regidor, «Elecciones de gobernadores durante el porfiriato», en J.A. Aguilar (coord.) Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), México, FCE-Conaculta-Conacyt, 2010, pp. 257-281. <<

[41] E. Bertola, «La designazione dei candidati elertorali: la costruzione di un compromesso nel Messico Porfirista», Quaderni Storici, 3, 1988, pp. 929-939. <<

[42] G.P.C. Thomson, «Porfirio Díaz y el Ocaso de la Montaña, 1879-1892: El fin del liberalismo popular en la Sierra de Puebla», en R. Falcón y R. Buve (eds), Don Porfirio presidente, nunca omnipotente, México, 1988, pp. 361-382. <<

[43] La estrategia militar favorita de Díaz siempre había sido la guerrilla, la cual, según admitió abiertamente, exigía el uso evidente del amago. Por ejemplo, en diciembre de 1865, al parecer difundió el rumor de que estaba enfermo, animando así al enemigo a atacar. Díaz asegura que, antes de que pudiera hacerlo, él podía lanzar un exitoso ataque preventivo. Díaz, Memorias, vol. I, p. 239. <<

[44] cpd:L6:ci:FF.0734/0887. <<

[45] Citado en J. Valadés, El porfirismo, vol. I, p. 130. <<

[46] Ibidem, pp. 137-142. <<

[47] Valadés sugiere que Díaz no podía dudar de la lealtad de Mier y Terán, pero sí de sus habilidades. Ibidem, p. 146. <<

[48] J. Seward, «The Veracruz Massacre of 1879», The Americas, 32(4), 1976, pp. 585-596. También se sugiere un conflicto entre Mier y Terán y dos de los «conspiradores»; J. Valadés, El porfirismo, vol. I, p. 148. <<

[49] A.M. Carreño, Archivo del General Porfirio Díaz, vol. XXV, pp. 34-35. <<

[50] J. Valadés, El porfirismo, vol. I, p. 151. <<

[51] D. Cosío Villegas, HMM, vol. IX, pp. 181-184. <<

[52] Díaz a Meixueiro, 31 de octubre de 1879, cpd:L4:cl.f.0i60. <<

[53] J. Valadés, El porfirismo, vol. I, p. 44. <<

[54] González a Díaz, 19 de abril de 1880, CPD:L5:f.o988; Enrique Krauze asegura que, de este modo, González se convirtió en el primer «tapado» de la historia de las elecciones presidenciales en México; práctica que sería habitual en el México posterior a la Revolución. E. Krauze, Porfirio Díaz, pp. 35-37. <<

[55] Carbó a González, 24 de agosto de 1880, cpd:L5:f.L233. <<

[56] D. Cosío Villegas indica que la frase misma pertenecía a Ignacio Vallarta, no a Díaz. Véase HMM, vol. IX, p. XX. <<

[57] Díaz, Informe que en el último día de su período constitucional da a sus compatriotas el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Porfirio Díaz, México, 1880. <<

[58] J.F. Iturribarría, Porfirio Díaz, p. 47. <<

[59] D. Coerver, The Porfirian Interregnum: The Presidency of Manuel González of Mexico 1880-1884, Fort Worth, 1979; una interpretación más equilibrada file prefigurada por Cosío Villegas en su HMM, vol. IX, pp. 575-798. <<

[60] D. Coerver, Interregnum, p. 55; es interesante que el choque de opiniones resultase de la suerte de Luis Mier y Terán, el notorio autor de la «masacre de Veracruz» en 1879. Díaz quería que Mier y Terán fuese electo senador de Veracruz, pero González se negó. <<

[61] Ibidem, pp. 60-121, 123-181; para un examen detallado de los contactos cada vez mayores en la frontera entre Sonora y Arizona, véase M. Tinker Salas, In the Shadow of the Eagles: Sonora and the Transformation of the Border during the Porfiriato, Berkeley, 1997. <<

[62] G. Valenzuela, Los ferrocarriles y el general, Manuel González, México, 1994, p. 9. El desarrollo económico es el tema del Capítulo 7. <<

[63] G. José, Ferrocarriles, p. 15. <<

[64] D. Cosío Villegas, HMM, vol. IX, pp. 740-758. <<

[65] D. Coerver, Interregnum, p. 302. <<

[66] F. Gantús, «Prensa y política: debates periodísticos en torno a la elección federal de 1884», F. Gantús y A. Salmerón, Prensa y elecciones: formas de hacer política en el México del siglo XIX, México, Instituto Mora-IFE, 2014, pp. 127-158. <<

[67] Idem. Lo interesante de los trabajos de Gantús, Salmerón y sus colaboradores es que identifican a la prensa no solo como vocero de grupos políticos sino como vehículos o actores políticos protagonistas en las contiendas electorales de la segunda mitad del siglo XIX. <<

[68] D. Cosío Villegas, HMM, vol. IX, p. 756. Díaz había obtenido 15 766 votos de un total posible de 18 530, y 187 votos habían sido distribuidos en diversas personas: 31 para Ramón Corona, 26 para Ignacio Manuel Altamirano y 17 para Vicente Riva Palacio, ninguno de los cuales, cabe resaltar, era candidato oficial. <<

[1] J. Valadés, El porfirismo, vol. II, pp. 145-146. <<

[2] A. Salmerón, «Prensa periódica y organización del voto: El Club Político Morelos, 1892», en F. Gantús y A. Salmerón, Prensa y elecciones: formas de hacer política en el México del siglo XIX, México, Instituto Mora-IFE, 2014, pp. 159-190. <<

[3] F. Katz y J. Dale Lloyd (eds.), Porfirio Díaz frente al descontento popular regional (1891-1893), México, 1986. <<

[4] Cualquier búsqueda bibliográfica revelaría una proliferación de estudios regionales sobre la época porfiriana desde 2000, sobre rodo en las universidades de los estados. <<

[5] D. Cosío Villegas, hmm, vol. X, p. XX. <<

[6] Ibidem, pp. 11-16. <<

[7] La primera esposa de Díaz, su sobrina Delfina, había muerto en 1880 después de la muerte de su séptimo hijo, como se indicó en el Capítulo 3. <<

[8] J. Foster, Diplomartc Memoirs, 2 vols., Boston, 1910, vol. I, p. 99. <<

[9] J.F. Iturribarría, Porfirio Díaz ante la historia, México, 1967, pp. 103-107. <<

[10] Cosío Villegas usa el ejemplo de la correspondencia entre Díaz y el gobernador de Puebla entre 1884 y 1893; Rosendo Márquez, La Constitución de 1857 y sus críticos, 2a ed., México, 1973, pp. 130-131. <<

[11] F.X. Guerra, México: Del antiguo régimen a la Revolución, 2 vols., México, 1988, vol. I, pp. 59-125. <<

[12] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, pp. 293, 648. <<

[13] J. Bazant, T Concise History of Mexico, Cambridge, 1977, p. 103. <<

[14] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, p. 599; El Club Político Morelos fue un caso peculiar en la historia política y electoral del régimen de Díaz, porque fue la creación de dos periódicos porfiristas, La Vanguardia y La Paz Pública. En las prácticas políticas comunes de la época, primero se establecía un club político y después un periódico que fuera su vocero. En este caso fue al revés; Salmerón, op. cit, p. 160. <<

[15] EX. Guerra, México: Del antiguo régimen, vol. I, pp. 111-113. <<

[16] F. Bulnes, El verdadero Díaz y la Revolución, México, 1921, pp. 181-182, 360. <<

[17] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, pp. 491-493; Xavier Guerra presenta un cuadro ilustrativo. Véase México: del antiguo régimen, vol. II, anexo III, cuadro AIII. <<

[18] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, pp. 595-623. <<

[19] Los paralelos con las actividades electorales posrevolucionarias del Partido Revolucionario Institucional son evidentes; véase R. Camp, Politics in Mexico, Oxford, 1993, pp. 55-73. <<

[20] D. Cosío Villegas, hmm, vol. X, pp. 110-124. <<

[21] Ibidem, pp. 445, 483-485. <<

[22] Para la política de Chihuahua durante el «porfiriato», véase M. Wasserman, Capitalists, Caciques and Revolution: The Native Elite and Foreign Entreprise in Chihuahua, Mexico 1854-1911, Chapel Hill, 1984. <<

[23] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, p. 98. <<

[24] Ibidem, p. 449. <<

[25] R. Rendón, El Prosperato: Tlaxcala de 1885 a 1911, México, 1993, p. 65. <<

[26] A. Benavides Hinojosa, Bernardo Reyes: Un liberal porfirista, México, Tusquets, 2009. <<

[27] EX. Guerra, México: Del antiguo régimen, vol. I, pp. 90-91. <<

[28] Díaz a Reyes, 20 de marzo de 1890, cpd:L4I:ci7.F.68. <<

[29] W. Fowler, «El pronunciamiento mexicano del siglo XIX: hacia una nueva tipología», Estudios de historia moderna y contemporánea de México, vol. 38, 2009, pp. 5-34. <<

[30] A. Hernández Chávez, «Origen y ocaso del Ejército porfiriano», Historia mexicana, vol. XXXVII, 1988, pp. 257-297. <<

[31] G.P.C. Thomson, Patriotism, Politics and Popular Liberalism in Nineteenth-Century Mexico: Juan Francisco Lucas and the Puebla Sierra, Wilmington, 1999, pp. 250-260. <<

[32] El proceso paralelo en el resto de América Latina se describe en B. Loveman y T. Davies Jr. (eds.), The Politics of Anti-Politics: The Military in Latin America, 3a ed., Wilmington, 1997. <<

[33] A. Hernández Chávez, «Origen y ocaso», pp. 260-261. <<

[34] J.R. Kelley, «The Education and Training of Porfirian Officers», Military Affairs, 39(3), 1975, pp. 124-128. <<

[35] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, pp. 425-426. <<

[36] P. Vanderwood, Disorder and Progress: Bandits, Police and Mexican Development, Lincoln, 1981, pp. 119-138. <<

[37] F.X. Guerra, México: Del antiguo régimen, vol. II, pp. 165-170. <<

[38] D. Coerver, «From Confrontation to Conciliation: Church-State Relations in Mexico 1867-1884», Journal of Church and State, 32(1), 1990, pp. 65-80. <<

[39] Citado en M. Bazant, Historia de la educación durante el porfiriato, México, 1993, p. 161. A pesar de esta declaración pública, Díaz nunca asistió a misa de manera regular, a excepción del festival anual de Covadonga celebrado en la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca. Véase M. González Navarro, HMM, vol. IV, p. 480. <<

[40] Citado en R. Conger, «Porfirio Díaz and the Church Hierarchy, 1876-1911», tesis doctoral, University of New Mexico, Albuquerque, 1985. <<

[41] Díaz a Palomino, 30 de enero de 1889, cpd:L4i:C7:ti5:F.0058. <<

[42] J.F. Iturribarría, «La política de conciliación del general Díaz y el arzobispo Gillow», Historia mexicana, vol. XIV, 1964, pp. 81-101. <<

[43] R. Parmenter, Lawrence in Oaxaca: A Quest for the Novelist in Mexico, Layton, 1984. <<

[44] M. Olimón Nolasco, «Proyecto de la reforma de la Iglesia en México 1867-1875», en A. Matute, E. Trejo y B. Connaughton (eds.), Estado, Iglesia y sociedad en México, siglo XIX, México, 1995, pp. 267-292. <<

[45] M. Ceballos Ramírez, «Las organizaciones laborales católicas a finales del siglo XIX», Matute el. al., Estado, Iglesia y sociedad, pp. 367-398. <<

[46] K.M. Schmitt, «Catholic adjustment to the Secular State: The Case of Mexico 1876-1911», Catholic Historical Review, 48(2), 1962, pp. 182-204; también «The Díaz Conciliation Policy on State and Local Levels», Hispanic American Historical Review, 40(4), 1960, pp. 513-532. <<

[47] C. Dumas, «El discurso de oposición en la prensa clerical conservadora en la época de Porfirio Díaz», Historia mexicana, vol. XXX-VII, 1989, pp. 243-257. <<

[48] Citado en Valadés, El porfirismo, vol. II, pp. 204-205. <<

[49] M. González Navarro, HMM, vol. IV, p. 469. <<

[50] F. LaMond Tullis, «Re-opening the Mexican Mission in 1901», Brigham Young University Studies, 22(4), 1982, p. 445. <<

[51] Jean-Pierre Bastían, Los disidentes, sociedades protestantes y Revolución en México, México, 1989; Valadés, El porfirismo, vol. II, p. 211. <<

[52] F. Savarino, «Religión y sociedad en Yucatán durante el porfiriato», en Historia mexicana, vol. XLVI, 1997, pp. 617-652. <<

[53] C. A. Bautista García, Las disyuntivas del Estado y de la Iglesia en la consolidación del orden liberal, México, 1856-1910, México, El Colegio de México-Universidad Michoacana, 2012. <<

[54] F. Gantús y A. Salmerón, Prensa y elecciones, op. cit. <<

[55] D. Cosío Villegas, hmm, vol. X, p. 236. <<

[56] Ibidem, vol. IX, p. 728. <<

[57] Ibidem, vol. X, pp. 257-258. <<

[58] Ibidem, p. 258. <<

[59] Ibidem, pp. 389, 410, 533-534, 559, 593, 647. <<

[60] W. Beezlcy, Judas at the jockey Club and Other Episodes of Porfirian Mexico, Lincoln, 1987. <<

[61] P. Nora, «Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire», Representations, 26, 1989, pp. 7-25. <<

[62] M. Tenorio Trillo, «1910 México City: Space and Nation in the City of the Centenario», Journal of Latin American Studies, 28(1), 1996, pp. 75-104. <<

[63] Díaz, Memorias, vol. II, pp. 124-125. <<

[64] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, p. 166. <<

[65] Citado en Díaz, Memorias, vol. II, p. 108. El ritual público se adoptó también como un medio más de promover la reconciliación política. El príncipe Khevenhüller fue invitado a México en 1901 para recibir una medalla conmemorativa de la virgen de Guadalupe de manos de su antiguo adversario y se le invitó a inaugurar una capilla conmemorativa en Querétaro. <<

[66] La lista completa de honores nacionales e internacionales (incluyendo reconocimientos de Suecia, Noruega, Portugal, Japón, Italia, Bélgica, Prusia, Austrohungría, Persia, Alemania, los Países Bajos, Rusia y China) puede encontrarse en A.M. Carreño, Archivo del General Porfirio Díaz, 30 vols., México, 1947-1951, vol. III, pp. 153-154. <<

[67] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, p. 677. <<

[68] W. Beezley, «Mexican Sartre on the Zócalo: Nicolás Zúñiga y Miranda», W. Beezley y J. Ewell (eds.), The Human Tradition in Latin America: The Nineteenth Century, Wilmington, 1989, pp. 204-214. <<

[69] F. Katz, y J. Dale Lloyd (eds.), Porfirio Díaz frente al descontento popular regional (1891-1893), México, 1986. <<

[70] E. Hu Dejart, «Development and Rural Rebellion: Pacification of the Yaquis in the late Porfiriato», Hispanic American Historical Review, 54(1), 1974, pp. 72-93. <<

[71] P. Vanderwood, The Power of God against the Guns of Government: Religious Upheaval in Mexico at the Turn of the Nineteenth Century, Stanford, 1998. <<

[1] J. Buchenau, «Inversión extranjera y nacionalismo: lo paradójico de la política internacional de Porfirio Díaz», Dimensión Antropológica, 6, 1996, pp. 7-24. La publicación de los siete tomos de la Historia de las relaciones internacionales de México por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2011, obra coordinada por Mercedes de Vega, representa un avance muy importante. Al mismo tiempo, se tiene que señalar que todavía se necesitan estudios fundamentales sobre la política exterior porfiriana y el papel de México en el mundo en esta época: desde el desempeño de los funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores y Fomento dentro y fuera del país hasta la imagen de Porfirio Díaz y de México en el extranjero son temas poco explorados. <<

[2] Es interesante notar que, en ausencia de relaciones diplomáticas formales con Gran Bretaña y Francia, correspondía al ministro de Estados Unidos en México actuar a su favor: véase John W. Foster (embajador de Estados Unidos en México, 1875-1880) Diplomatic Memoirs, 2 vols., Boston, 1910, vol. I, p. 31. <<

[3] H. Bernstein, Matías Romero 1837-1898, México, 1973. <<

[4] J. Buchenau, In the Shadow of the Giant: The Making of Mexico’s Central America Policy, 1876-1930, Tuscaloosa, 1996, pp. 39-40. <<

[5] Plan de Tuxtepec reformado en Palo Alto, citado en J. López-Portillo y Rojas, Elevación y caída de Porfirio Díaz, México, 1921, p. 107. <<

[6] J. Hart, Revolutionary Mexico: The Coming and Process of the Mexican Revolution, Stanford, 1987, pp. 122-123. <<

[7] W. Schell, «American Investment in Tropical Mexico: Rubber Plantations, Fraud, and Collar Diplomacy 1897-1913», Business History Review, 64, 1990, pp. 218-254; Véase también W. Schell, Integral Outsiders: The American Colony in Mexico City 1876-1911, Wilmington, 2001; S. Haber, A. Razo y N. Maurer, The Politícs of Property Rights: Political Instability, Credible Commitments, and Economic Growth in Mexico, 1876-1929, Cambridge, 2003. <<

[8] P. Riguzzi, «From Globalisation to Revolution: The Porfirian Political Economy: An Essay on Issues and Interpretations», Journal of Latin American Studies, 41 (2), 2009, pp. 347-368. <<

[9] P. Garner, Leones británicos y águilas mexicanas: negocios, política e imperio en la carrera de Weetman Pearson en México, 1889-1919. México, Fondo de Cultura Económica-Instituto Mora-Colegio de México-Colegio de San Luis Potosí, 2013, Capítulo 1. <<

[10] G. Yeager, «Porfirian Commercial Propaganda: Mexico in the World Industrial Expositions», The Americas, 64(2), 1977, pp. 230-243. <<

[11] M. Tenorio Trillo, Mexico at the World’s Fairs: Crafting a Modern Nation, Stanford, 1996, pp. 38-43. <<

[12] D. Cosío Villegas, The United States versus Porfirio Díaz, Lincoln, 1963, pp. 215-219. <<

[13] La compañía había sido establecida en 1880, pero quebró en 1884 antes de que empezara la construcción. La línea Puebla-Oaxaca se construyó posteriormente en 1892; O. Hardy, «Ulysses S. Grant, President of the Mexican Southern Railroad», Pacific Historical Review, 26, 1955, pp. 111-120; D.M. Pletcher, «Ex-President Ulysses S. Grant», Rails, Mines and Progress. Seven American Promoters in Mexico, 1867-1911, Ithaca, 1958, pp. 149-181. <<

[14] Recuerdos de un viaje. En honor de la visita a los Estados Unidos del general Porfirio Díaz con sus compañeros en marzo y abril 1883, St. Louis, 1883, p. 48. <<

[15] Citado en N. Ray Gilmore, «Mexico and the Spanish-American War», Hispanic American Historial Review, 43(4), 1963, pp. 511-525. <<

[16] Porfirio Díaz a Carlos Rivas, 28 de agosto de 1890, cpd:l4i: tl;f.246. <<

[17] Porfirio Díaz a Ramón Corral, 12 de marzo de 1889, cpd:L41:ti5:f.158. <<

[18] W. LaFeber, Inevitable Revolutions: The United States and Central America, Ithaca, 1986. <<

[19] W. Dirk Raat, Mexico and the United States: Ambivalent Vistas, Athens, 1992, p. 82. <<

[20] D. Cosío Villegas, The United States versus Porfirio Díaz, p. 229. <<

[21] Hart, Revolutionary Mexico, p. 109. <<

[22] C. Hackett, «The Recognition of the Díaz Government by the United States», Southwestern Historical Quarterly, XXVIII, 1925, pp. 34-55. <<

[23] Raat, Mexico and the United States, p. 84. <<

[24] M. Tinker Salas, In the Shadow of the Eagles: Sonora and the Transformation of the Border during the Porfiriato, Stanford, 1997. <<

[25] P. Riguzzi, «México, Estados Unidos y Gran Bretaña, 1867-1910: Una difícil relación triangular», en Historia mexicana, vol. XLI, 1992, pp. 365-437. <<

[26] J. Zoraida Vázquez y L. Meyer, México frente a Estados Unidos: un ensayo histórico 1776-1988, México, 1982, pp. 89-112. <<

[27] J. Smith, The Spanish-American War: Conflict in the Caribbean and the Pacific, 1895-1902, Harlow, 1994, p. 216. <<

[28] Díaz a Alfonso Lancaster Jones, 31 de enero de 1896, cpd:L4I: c8: TI8: FF.379-99. <<

[29] J.M. Kirk, «José Martí and the United States: A Further Interpretation», Journal of Latin American Studies, 9, 1977, pp. 275-290. Martí murió en acción al inició de la segunda guerra por la independencia de Cuba en 1895. <<

[30] Martí a Díaz, 23 de julio de 1894, CPD:LI9:C2I:F.L0440. <<

[31] Se cita a Gamboa en R. de Armas, «José Martí: el apoyo desde México», Universidad de La Habana, 219, 1983, pp. 80-103. <<

[32] A. Sánchez Andrés, «La normalización de las relaciones entre España y México durante el porfiriato (1876-1910)», Historia mexicana, vol. XLVIII, 1999, pp. 731-766. <<

[33] Citado en Bernstein, Matías Romero, p. 327. <<

[34] C. J. Bartlett, «Latin American reactions to the Panamanian Revolution of 1903», Hispanic American Historical Review, 24(2), 1944, pp. 342-351. <<

[35] En seguimiento de esta estrategia, el Tratado Hay-Ponceforte de 1901 entre Inglaterra y Estados Unidos había otorgado al último los derechos exclusivos para construir y controlar un canal en Nicaragua; J. Smith, Spanish-American War, p. 227. <<

[36] J. Body a W. Pearson, 3 de octubre de 1902, Science Museum Archive, Records of S. Pearson and Sons, caja A4. <<

[37] D. Cosío Villegas, HMM, vol. VI, 1963, pp. 298-320. <<

[38] J. Buchenau, In the Shadow, pp. 80-108. <<

[39] Hay cierta ironía en la insistencia del gobierno porfiriano de que se aplicaran las leyes de neutralidad en Estados Unidos en contra de los opositores políticos del régimen; ya el mismo Díaz se había beneficiado de la laxitud de su aplicación en sus propias preparaciones para la rebelión de Tuxtepec en 1876; O. Hererra y A. Santa Cruz, Historia de las relaciones internacionales de México, México, srf., 2011, vol. 1, pp. 157-182. <<

[40] F. Katz, La guerra secreta en México, 2 vols., México, 1982, vol. I, pp. 40-46. <<

[41] P. Garner, Leones británicos y águilas mexicanas, op. cit., Capítulo 4. <<

[42] Esto ha sido motivo de controversia: Alan Knight (The Mexican Revolution, 2 vols., Cambridge, 1986, vol. I, pp. 184-186), rechaza la noción de la influencia estadounidense (o «connivencia gringa») en la expulsión de Díaz en 1910-1911. Por el contrario, John Hart considera la Revolución mexicana como una guerra de liberación nacional y popular frente al imperialismo gringo; véase Hart, Revolutionary Mexico. <<

[43] A. Pi-Suñer, P, Riguzzi y L. Ruano, Europa. Historia de las relaciones internacionales de México, sre, 2011, vol. 5, pp. 193-234. <<

[44] A. Sánchez, «Normalización de las relaciones», p. 732. <<

[45] B. Hamnett, Juárez, Harlow, 1994, p. 168. <<

[46] L. Meyer, Su majestad británica contra la Revolución mexicana: El fin de un imperio informal 1900-1950, México, 1991, p. 51. <<

[47] A. Tischendorf, Great Britain and Mexico in the Era of Porfirio Díaz, Durham, 1961, pp. 3-8. <<

[48] F. Katz, Guerra secreta, vol. I, p. 72. <<

[49] Velasco a Porfirio Díaz, 19 de diciembre de 1882, CPD:LI7:F.119. <<

[50] R. Miller, Britain and Latin America in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Harlow, 1993. <<

[51] Según Nicolau D’Olwer, HMM, vol. VII, p. 1154, la inversión estadounidense durante el porfiriato alcanzó un estimado de 1.3 mil millones de pesos, comparada con (el también estimado) 989 millones provenientes de fuentes británicas (que fueron, en su mayoría, inversiones de cartera y no directas). Sin embargo, es importante notar la falta de confiabilidad de muchos de los datos estadísticos disponibles para el porfiriato; Riguzzi, «From Globalization to Revolution», 2009, op. cit. <<

[52] A. Sánchez, «Normalización de las relaciones», p. 760. <<

[53] C. Lida, «España y México: Relaciones diplomáticas, negocio y finanzas en el porfiriato», Historia mexicana, vol. XLVIII, 1999, pp. 719-730. <<

[54] F. Katz, Guerra secreta, vol. I, p. 93. <<

[55] R. Godoy, «Frans Boas and his Plans for an International School of American Archaeology and Ethnology in Mexico», Journal of the Behavioural Sciences, 13, 1977, pp. 228-242. <<

[56] W. Schiff, «German Military Penetration into Mexico», Hispanic American Historical Review, 39(4), 1959, pp. 568-579. <<

[57] P. Garner, «The Politics of National Development in Late Porfirian Mexico; The Re-Construction of the Tehuantepec National Railway, 1896-1907», Bulletin of Latin American Research 14(3), 1995, pp. 339-356. <<

[58] M. Tenorio Trillo, «1910 Mexico City: Space and Nation in the City ofthe Centenario» Journal of Latin American Studies, 28(1), 1996, p. 101; M.J. Gonzales, «Imagining México in 1910: Visions of the Patria in the Centennial Celebration in Mexico City», Journal of Latin American Studies, vol. 39, 2007, pp. 495-533. <<

[1] H. Aguilar Camín y L. Meyer, A la sombra de la Revolución Mexicana, pp. 159-198. <<

[2] J. Coatsworth, «Obstacles to Economic Growth in Nineteenth-Century México», American Historical Review, 83,1978, pp. 80-100. <<

[3] R. Randall, Real de Monte: A British Mining Ventare in Mexico, Austin, 1972. <<

[4] V. Bulmer-Thomas, The Economic History of Latin America since Independence, Cambridge, 1994, p. 46. <<

[5] W. Glade, «Economy 1870-1914», en L. Bethell (ed.), Latin America: Economy and Society 1870-1930, Cambridge, 1989, pp. 1-56. <<

[6] J. Bazant, A Concise History of Mexico, Cambridge, 1977, p. 110-121; como señala Riguzzi, estas estadísticas tan citadas no son del todo confiables: Riguzzi, «From Globalization to Revolution», 2009, op. cit. <<

[7] F.I. Madero, La sucesión presidencial de 1910, México, Epoca, 1988. <<

[8] E. Rosenzweig, «El desarrollo económico de México de 1877 a 1911», El Trimestre Económico, 32, 1965, pp. 405-454; J. Hart, Revolutionary Mexico, Berkeley, 1987. <<

[9] S. Kuntz Fickcr (coord.), Historia mínima de la economía mexicana 1519-2010, El Colegio de México, 2012, pp. 148-231. <<

[10] S. Haber, «Economic Growth and Latin American Economic Historiography», en S. Haber (ed.), How Latin America Fell Behind: Essays on the Economic Histories of Brasil and Mexico, Stanford, 1997, pp. 133. <<

[11] C. Marichal, «Obstacles to the Development of Capital Markets in Nineteenth-Century México», en S. Haber (ed.), How Latin America Fell Behind, pp. 118-145. <<

[12] M. Costeloe, Bonds and Bondholders: British Investors and Mexicos Foreign Debt 1824-1888, Westport, Praeger, 2003, pp. 221-237. <<

[13] P. Garner, «The Politics of National Development in Late Porfirian Mexico: The Reconstruction of the Tehuantepec National Railway 18961907», Bulletin of Latin American Research, 14(3), 1995, pp. 339-356. <<

[14] J. Bazant, A Concise History of Mexico, Cambridge, 1977, p. 109. <<

[15] M. Tenorio Trillo, Mexico at the World’s Fairs: Crafting a Modern Nation, Berkeley, 1996. <<

[16] G. Yeager, «Porfirian Commercial Propaganda: Mexico in the World Industrial Expositions», The Americas, 34(2), 1977, pp. 230-243. <<

[17] J.Y. Limantour, Apuntes sobre mi vida pública (1892-1911), México, 1965, pp. 36-40. <<

[18] L. Ludlow (coord.), Los secretarios de Hacienda y sus proyectos (1821-1933), 2 vols., México, unam, 2005, vol. II, pp. 83-206. <<

[19] E. Krauze, Porfirio Díaz; Místico de la autoridad, México, 1987, p. 113. <<

[20] L. Ludlow, «El Banco Nacional de México y el Banco Mercantil Mexicano: Radiografía social de sus primeros accionistas», Historia mexicana, vol. XXXIX, 1990, pp. 979-1027. <<

[21] Limantour a Matías Romero, citado en H. Bernstein, Matías Romero, México, 1973, p. 327. <<

[22] C. Manchal, «La deuda externa y las políticas de desarrollo económico durante el Porfiriato: algunas hipótesis de trabajo», Pasado y presente de la deuda externa de México, México, 1988, pp. 85-101; véase abajo un análisis más detallado de la política ferroviaria. <<

[23] S. Topik, «La Revolución, el Estado y el desarrollo económico de México», Historia mexicana, vol. XXXIX, 1990, pp. 79-145. <<

[24] C. Marichal, Nueva historia de las grandes crisis financieras; una perspectiva global, 1873-2008, México, Sudamericana, 2010, pp. 7677. <<

[25] Bazant, Concise History of Mexico, p. 120. <<

[26] V. Brachet-Márquez, La población de los estados de México en el siglo XIX, México, 1976. <<

[27] R. Holden, Mexico and the Survey of Public Lands: The Management of Modernization 1876-1911, DeKalb, 1994. <<

[28] M. González Navarro, La colonización en México 1877-1910, México, 1960, pp. 24, 35-36. <<

[29] E. Cortés, «Mexican Colonies during the Porfiriato», Aztlán, 10, 1979, pp. 1-14. <<

[30] M. Martínez Rodríguez Colonizzazione Al Messico: Las colonias agrícolas de italianos en México, 1881-1910, El Colegio de Michoacán, 2013. <<

[31] Ibidem, p. 258. <<

[32] Topik, «La Revolución», pp. 79-145. <<

[33] A. Schmidt, The Social and Economic Effect of the Railroad in Puebla and Veracruz 1867-1911, Nueva York, 1987. <<

[34] F. Calderón, «Los ferrocarriles», D. Cosío Villegas, HMM, vol. VIL, pp. 483-634. <<

[35] J. Coatsworth, Growth against Development: The Economic Impact of Railroads in Porfirian Mexico, DeKalb, 1981. <<

[36] A. Wells, «All in the Family: Railroad and Henequen Monocultura in Porfirian Yucatan», Hispanic American Historical Review, 72, 1992, pp. 159-210. <<

[37] A. Tischendorf, Great Britain and Mexico in the Era of Porfirio Díaz, Durham, 1961, p. 50. <<

[38] P. Riguzzi, «Inversión extranjera e interés nacional en los ferrocarriles mexicanos 1880-1914», en C. Manchal (ed.), Las inversiones extranjeras en América Latina 1850-1930, México, 1995, pp. 159-177. <<

[39] S. Kuntz, Empresa extranjera y mercado interno: El ferrocarril central mexicano (1880-1907), México, 1995. <<

[40] J.Y. Limantour, «Política ferroviaria», Memoria de Hacienda y Crédito Público correspondiente al año económico del 1 de julio de 1906 al 30 de junio de 1907, México, Tipografía de la Oficina Impresora de Estampillas, 1909, pp. IX-XII. <<

[41] S. Kuntz Ficker, «Economic Backwardness and Firm Strategy: An American Railroad Corporation in Nineteenth-Century México», Hispanic American Historical Review, 80(2), mayo de 2000, pp. 267-298. Dado ese reconocimiento de la creciente preocupación nacionalista defensiva a finales del régimen de Porfirio Díaz, quizá irónico resulte que la idea de la creación del sistema de ferrocarriles nacionales en México mediante un holding con el que el gobierno tendría «el control absoluto de las líneas» parece haber sido propuesta por el banquero estadounidense James Speyer a José Yves Limantour en febrero de 1906; AJYL, 2a serie, rollo 39, Speyer a Limantour, 24 de febrero de 1906; pero, como ya lo demostró Stephen Topik, los intereses de los banqueros y financieros nunca se han visto restringidos por lealtades o fronteras nacionales (o nacionalistas) de ningún tipo; S. Topik, «When Mexico Had the Blues: A Transatlantic Tale of Bonds, Bankers, and Nationalists, 1862-1910», American Historical Review, vol. 105, 2000, pp. 714-738. <<

[42] A. Grunstein Dickter, Consolidados: José Yves Limantour y la formación de los Ferrocarriles Nacionales de México, México, Conaculta, 2012, p. 26. <<

[43] E. Cárdenas, «A Macroeconomic Interpretation of Nineteenth-Century Mexico», en S. Haber (ed.), How Latin America Fell Behind, p. 77. <<

[44] J. Coatsworth, Growth against Development; Bazant, Concise History of México, p. 113. <<

[45] M. Urrutia y G. Nava Oteo, «La minería 1821-1880», en C. Cardoso (ed.), México en el siglo XIX (1821-1910), México, 1980, pp. 119-143. <<

[46] J. Coatsworth, «Obstacles to Economic Growth», p. 86. <<

[47] M. Bernstein, The Mexican Mining Industry 1890-1950, Albany, 1965. <<

[48] P. Garner, Leones británicos y águilas mexicanas: negocios, política e imperio en la carrera de Weetman Pearson en México 1889-1919, México, Fondo de Cultura Económica-Instituto Mora-Colegio de México-Colegio de San Luis Potosí, 2013. <<

[49] J. Brown, Oil and Revolution in Mexico, Berkeley, 1993, pp. 7-170. <<

[50] M. Cerruti, Propietarios, empresarios y empresa en el norte de México. Monterrey de 1848 a la globalización, México, Siglo XXI, 2000. <<

[51] S. Haber, Industry and Underdevelopment: The Idustrialisation of Mexico 1890-1907, Standford, 1987. <<

[52] M. Trujólo Bolio, «Artesanos y trabajadores frente al Estado nacional», en R Falcón y R. Buve (eds.), Don Porfirio presidente, nunca omnipotente México, 1998, pp. 273-295. <<

[53] K Schmitt, «The Díaz Conciliation Policy at State and Load Levels», Hispanic American Historical Review, 40(4), 1960, pp.513-532. <<

[54] D. Anderson, Outcasts in Their Own Land: Mexican Industrial Workers 1906-1911, DeKalb, 1976. <<

[55] S. Miller, «Land and Labour in Mexican Rural Insurrections», Bulletin of Latin American Research, 10, 1991, pp. 55-79. <<

[56] R. Buve, «Un paisaje lunar habitado por bribones y sus víctimas: mirada retrospectiva al debate sobre las haciendas y los pueblos durante el Porfiriato (1876-1911)», en R. Falcón y R. Buve (eds.), Don Porfirio Presidente. pp. 121-151. <<

[57] L. Reina, Las rebeliones campesinas en México, 1816-1906, México, 1980. <<

[58] Emilio Kouri, «Interpreting the Expropriation of Indian Pueblo Lands in Porfirian México: The Unexamined Legacies of Andrés Molina Enríquez», Hispanic American Historical Review 82(1), 2002, pp. 69-117. <<

[59] E. Simpson, The Ejido, Mexicos Way Out, Chapel Hill, 1937, p. 29. <<

[60] Díaz a Diez Gutiérrez, cpd:l66:c8:ti8:ff.I37-4I. <<

[61] Díaz a Chávez, cpd:l4i:c8:F251. <<

[62] D. Stephens, «Agrarian Policy and Instability in Porfirian Mexico» The Americas, 39(2), 1982, pp. 153-166. <<

[63] Véase R. Holden, México and the Survey Public Lands. <<

[64] D. Stephens, «Agrarian Policy», pp. 162-163. <<

[65] M. Tinker Salas, ln the Shadow of the Eagles: Sonora and the Transformation of the Border during the Porfiriato, Berkeley, 1997; M.C. Zuleta, De cultivos y contribuciones: agricultura y hacienda estatal en México en la «época de la prosperidad»: Morelos y Yucatán, 1870-1910, México, UAM-Iztapalapa, 2006. <<

[66] P. Riguzzi, «From Globalisation to Revolution», 2009 op. cit., p. 356. <<

[67] S. Miller, Landlords and Haciendas in Modernizing Mexico, Ámsterdam, 1995. <<

[68] J. Tutino, From Lnsurrection to Revolution in Mexico: Social Bases of Agrarian Violence, 1750-1940, Princeton, 1986. <<

[1] A. Knight, The Mexican Revolution, 2 vols., Cambridge, 1968, vol. I, p. 36. <<

[2] J. Hart, Revolutionary Mexico: The Coming and Process of the Mexican Revolution, Stanford, 1987. <<

[3] R. Ruiz, The Great Rebellion. Mexico, 1905-1924, Nueva York, 1980. <<

[4] Dos contribuciones destacadas sobre la historia cultural porfiriana enfatizan que el proceso de modernización porfiriana no solo fue un proyecto de Estado sino un proceso interactivo y multifacético de corrientes globales, nacionales, comunitarias y populares; S. Bunker, Creating Consumer Culture in the Age of Porfirio Díaz, University of New Mexico Press, 2012; la otra cara de la modernización y la urbanización porfiriana se examina en P. Piccato, City of Suspects: Crime in Mexico City, 1900-1931, Durham, Duke, 2001; y J.A. Garza >The Imagined Underworld: Sex, Crime and Vice in Porfirian Mexico City, Nebraska, Lincoln, 2007. <<

[5] W. Beezley, Judas and the Jockey Club and Other Episodes of Porfirian Mexico, Lincoln, 1986; W. Beezley, C. Martin y W. French (eds.), Rituals of Rules, Rituals of Resistance: Public Celebrations and Popular Culture in Mexico, Wilmington, 1994. <<

[6] T. Benjamín y M. Wasserman (eds.), Provinces of the Revolution: Essays on Regional Mexican History 1910-1929, Albuquerque, 1990. <<

[7] Por ejemplo; M.C. Zuleta, De cultivos y contribuciones: agricultura y hacienda estatal en México en la «Epoca de la Prosperidad»: Morelos y Yucatán, 1870-1910, México, UAM-Iztapalapa, 2006; E.D. Espinoza, Conflictos electorales: Sonora, 1900-1910, El Colegio de Sonora, 2006. <<

[8] T. Benjamín y M. Wasserman (eds.), Provinces of the Revolution: Essays on Regional Mexican History 1910-1929, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1990. <<

[9] W.K. Meyers, Forge of Progress, Crucible of Revolt: The Origins of the Mexican Revolution in La Comarca Lagunera, 1880-1911, Albuquerque, 1994. <<

[10] W. S. Langston, «Coahuila: Centralisation against State Autonomy», Benjamín y McNellie (eds.), Other Mexicos: Essays on Regional Mexican History 1876-1911, Nuevo México, Albuquerque, 1984, pp. 55-76. <<

[11] M. Romero, El estado de Oaxaca, Barcelona, 1886. <<

[12] M. Bemstein, The Mexican Mining Industry 1890-1950, Albany, 1965, p. 73. <<

[13] D. Spenser, «Soconusco; The Formation of a Coffee enonomy in Chiapas», Benjamín y McNellie, Other Mexicanos, pp. 123-143; P. Garner, Regional Development in Oaxaca during the Porfiriato (1876-1911), Liverpool, 1995, pp. 27-41. <<

[14] F.R. Chassen-López, From Liberal to Revolutionary Oaxaca: The View from the South. Mexico, 1867-1911, Pennsylvania State University Press, 2004; V.R. Martínez Vázquez (ed.), La Revolución en Oaxaca 1900-1930, Oaxaca, 1985. <<

[15] H. Martínez y F. Chassen, «Elecciones y crisis política en Oaxaca: 1902», Historia mexicana, vol. XXXVIII, 1989, pp. 523-554. <<

[16] J. F. Iturribarría, Oaxaca en la historia, México, 1955, p. 264. <<

[17] P. Garner, La Revolución en la provincia: soberanía estatal y caudillismo serrano en Oaxaca, 1910-1920, México, Fondo de Cultura Económica, 1988; [2a ed. revisada, 2003]. <<

[18] F. Bulnes, El verdadero Díaz y la Revolución, México, 1921, pp. 181-182. <<

[19] F. Katz, The Life and Times of Pancho Villa, Standford, 1998, pp. 11-125. <<

[20] D. Cosío Villegas, HMM, México, 1955-1972, vol, X, p. 600. <<

[21] C. Hale, The Transformation of Liberalism in Late Nineteenth-Century México, Princetown, 1989, pp. 103-138. <<

[22] C. Sáez Pueyo, Justo Sierra: Antecedentes del partido único en México, México, UNAM-Porrúa, 2001. <<

[23] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, pp. 648-658. <<

[24] C. Hale, The Transformation, p. 121. <<

[25] J. Sierra, Obras completas: epistolario y papeles privados, México, 1984, p. 96. <<

[26] Citado en E. Krauze. Porfirio Díaz: Místico de la autoridad, México, 1987, p. 91. <<

[27] Ibidem, p. 94. <<

[28] J.Y. Limantour, Apuntes sobre mi vida pública (1892-1911), México, 1965, pp. 106-109. <<

[29] Ibidem, p. 140; A. Salmerón, «Las elecciones federales de 1904 y los límites de un régimen electoral», J.A. Aguilar (coord.), Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910), México, FCE-Conaculta-Conacyt, 2010, pp. 308-352. <<

[30] A. Gómez Galvarriato, «Myth and Reality of Company Stores during the Porfiriato: The tiendas de raya in Orizabas Textile Milis», CIDE Working Paper, núm. 217, 2005. <<

[31] E. Krauze, Porfirio Díaz, pp. 97-101. <<

[32] Para las opiniones opuestas véase J. Hart, Anarchism and the Mexican Working Class, Austin, 1978; A. Knight, Mexican Revolution, Cambridge, 1986. <<

[33] W.K. Meyers, Forge of Progress, pp. 179-182. <<

[34] J.Y. Limantour, Apuntes, p. 145. <<

[35] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, p. 772. <<

[36] Díaz citado, ínter alia, en E. Krauze, Porfirio Díaz, pp. 129-130. <<

[37] D. Cosío Villegas, HMM, vol. X, p. 773-785. <<

[38] E. Kouri, En busca de Molina Enríquez: cien años de «Los grandes problemas nacionales», Chicago, El Colegio de México-Centro Katz, 2009. <<

[39] S. Shadle, Andrés Molina Enríquez: Mexican Land Reformer of the Revolutionary Era, Tucson, 1994. <<

[40] S. Ross, Francisco I. Madero: Apostle of Mexican Democracy, Nueva York, 1955. <<

[41] J.Y. Limantour, Apuntes, p. 157; Sir Weetman a Lady Pearson, 17 de febrero de 1908, Pearson Papers, Science Museum, Londres, caja A9. <<

[42] J. López-Portillo y Rojas, Elevación y caída de Porfirio Díaz, México, 1921. <<

[43] J.Y. Limantour, Apuntes, p. 151. <<

[44] E. Krauze, Porfirio Díaz, pp. 135-137. <<

[1] C. Tello Díaz, El exilio; un relato de familia, México, 1993, pp. 22-27. <<

[2] Gamboa, citado en Tello Díaz, El exilio, p. 30. <<

[3] G.P. C. Thomson, «Bulwarks of Patriotic Liberalism: The National Guard, Philarmonic Corps, and Patriotic Juntas in Mexico, 1847-1888», Journal of Latin American Studies, 22(1), 1990. <<

[4] J.E Iturribarría, Porfirio Díaz ante la historia, México, 1967, p. 14. <<

[5] C. Hale, The Transformation of Liberalism in Late Nineteenth-Century Mexico, Princetown, 1989. <<

[6] Limantour a Francisco Mena, 7 de mayo de 1900, 2a serie, Rollo 1, Archivo José Yves Limantour, Condumex, México. <<

[7] E. Krauze, Porfirio Díaz: Místico de la autoridad, México, 1987, p. 151. <<