SINOPSIS

Desde el comienzo de la Transición, la inhibición del Estado ha permitido que el nacionalismo se haya presentado como el representante, defensor y gestor único de las otras lenguas españolas. Éste ha sido un grave error estratégico cuyas consecuencias a la vista están.

Este libro es una defensa de cómo, en este momento, ante las peticiones para que la lengua le sea entregada al soberanismo en una caja blindada, el Estado debe reaccionar haciendo lo contrario: seguir las mejores prácticas en política lingüística federal e involucrarse decididamente en la gestión y promoción de todas las lenguas oficiales de España.

Por una Ley de Lenguas

Convivencia en el plurilingüismo

MERCÈ VILARRUBIAS

A Nick

Prólogo

Derechos, inclusión, sensatez: instrucciones para un Pentecostés español

Éste es un libro importante. Déjenme explicarles por qué.

Desde hace años defiendo esta sencilla tesis: el problema territorial español es un problema, ante todo, lingüístico. En otras palabras: la crisis territorial no tiene que ver con la falta de reconocimiento de la conjetural plurinacionalidad del país, ni con agravios económicos entre comunidades, ni con un deficiente diseño de la planta estatal, ni con un injusto reparto de eso que redondamente llamamos el poder. No: la crisis territorial tiene su origen y motor inmóvil en una vieja y corrosiva querella lingüística y en la voluntad de poner a ciertas lenguas españolas de gran arraigo y rico acervo al servicio de proyectos comunitarios alternativos al español. En otras palabras: la clave del descontento reside en el perdurable deseo de un conjunto no desdeñable de ciudadanos españoles de disponer de un Estado propio para la lengua con la que se identifican y que es distinta de la lengua común española.

Nunca he creído que esta tesis sea controvertible. Basta con mirar el mapa para percatarse de que las líneas de fractura territorial están exactamente donde están las lindes lingüísticas entre españoles. Allí donde se habla, junto con el español, otra lengua, allí es donde se busca levantar una frontera. Por si no fuera indicio suficiente, la sociología electoral del secesionismo revela de manera pertinaz un rasgo constante: el sentimiento independentista anida con mayor facilidad en ciudadanos españoles con lengua materna distinta del español y se nutre en medida exuberante de sus votos. En paralelo, los ciudadanos vascos y catalanes más refractarios a la secesión son quienes sienten un vínculo más intenso con la lengua común (lengua que, por razones que merecerán un pie de página más adelante, me resisto a llamar castellano).

Por tanto, decir que el problema territorial es político es trivialmente verdadero. Más informativo y útil es decir que se trata de un problema etnocultural, o, de manera más precisa, etnolingüístico, expresión que no debe molestar a nadie porque la lengua es, de manera cierta, un rasgo étnico que todos los hombres y mujeres poseemos. Otra forma de decirlo es que el problema territorial es un problema de sentimientos, y que esos sentimientos tienen que ver, con pocas excepciones, con la lengua familiar y con todas las percepciones, equivocadas o no, que se tienen sobre la lengua.

Reconozcamos, por lo mismo y sin miedo, que el problema político de España es lingüístico. Esto supone enderezar de algún modo el cliché que nos pide creer a pies juntillas que la diversidad lingüística es una fuente de riqueza y un motivo de celebración, tópico al que convendría sacudir el polvo si queremos que siga significando algo cierto. Porque no cabe duda de que el plurilingüismo crea ventajas y riqueza, pero sólo para el individuo. Para el Estado, en cambio –para cualquier Estado– el pluralismo lingüístico es sólo un dato de su geografía humana que –al menos desde que en el siglo XIX la lengua reemplazó a la religión como principal vector identitario– pondrá a prueba su unidad. Un somero vistazo a los últimos doscientos años de historia basta para saber que las relaciones entre Babel y Leviatán no son especialmente amistosas.

A la vista de un diagnóstico tan elemental, cuesta entender por qué la clase política española no ha invertido sus esfuerzos en proponer una terapia centrada en la gestión de la diversidad lingüística. Porque en cuarenta años de democracia, España –es una de las tesis que Mercè Vilarrubias sostiene convincentemente en su libro– no ha tenido una política lingüística digna de tal nombre, pensada para el conjunto de los ciudadanos. El valiente y prometedor artículo 3 de nuestra Constitución sigue, hoy día, sin desarrollo legislativo efectivo. Lo que sí han conocido los españoles, y con un ímpetu sin parangón en perspectiva comparada, son intensos programas de planificación lingüística por parte de las autoridades autonómicas en las comunidades bilingües: planes de normalización que –más preocupados, como resume Vilarrubias, en crear deberes morales hacia las lenguas llamadas propias que en regular los derechos de todos los hablantes– se han convertido hoy en fuente de malestar constante e insoportable polarización política.

Pues bien, la importancia de este libro es ésa: la de proporcionar a los políticos de nuestro país una hoja de ruta novedosa, alejada por igual de la Escila de la indiferencia estatal y la Caribdis del exceso autonómico. Nada más propio de la mejor política, ante la presencia de un problema persistente que la costumbre no ha logrado resolver, que legislar con eficacia, respeto y sentido de la equidad. La propuesta tiene un nombre: Ley de Lenguas Oficiales y Derechos Lingüísticos y no se me ocurre ningún ejercicio de lege ferenda más noble y necesario ahora mismo para España. Tal y como yo lo veo, y después de haber leído este magnífico libro, tres conceptos clave son los que nos deben servir de guía para llevar la propuesta a buen puerto: derechos, inclusión y sensatez. Digamos algo de cada uno.

Los derechos

La Ley de Lenguas no sólo colma un vacío normativo. También trae un cambio de método o de enfoque. Un método sencillo que opera con normalidad en otros países plurilingües, pero que supone una revolución en la conversación política española. Éste: dejar de hablar (o dejar de hablar tanto) de las lenguas y empezar a hablar de los hablantes. Conlleva trasladar el énfasis de las políticas lingüísticas desde las lenguas, pensadas como objetos, a los derechos de las personas en tanto que hablantes y usuarios. Cuando priman las lenguas sobre los hablantes incurrimos en un proteccionismo que fácilmente genera excesos victimistas. Las lenguas, hechos sociales neutros, quedan anudadas a identidades privativas o ideologías que no tenemos por qué compartir y se convierten en objetos de adoración para unos y de antipatía para otros. En cambio, cuando privilegiamos el punto de vista del hablante, adoptamos un enfoque liberal más respetuoso con el pluralismo de nuestras sociedades; nadie se siente coaccionado, y tampoco nadie desprotegido, porque junto a los derechos de las administrados, quedan fundadas las obligaciones de las administraciones, que deben garantizar el ejercicio de los primeros. Por tanto, priorizar los derechos de los hablantes no es privar de protección a las lenguas, sino muy al contrario, hacer al Estado garante de que una comunidad lingüística pueda seguir usando y transmitiendo su lengua, pero sobre la base de la voluntad de los hablantes, que es, en última instancia, la fuente de la vitalidad de cualquier lengua. Los derechos lingüísticos resguardan a los hablantes de lenguas minoritarias de la asimilación y, al mismo tiempo, protegen a los hablantes de lenguas mayoritarias de la imposición en la que sienten la tentación de incurrir los celosos custodios de las lenguas pequeñas cuando manejan recursos gubernativos. Una legislación basada en los derechos es compatible con campañas de fomento, bajo el entendido de que fomentar no es obligar y que las administraciones pueden animar, pero no elegir por el administrado. Se trata, en el fondo, de trasladar el elemental credo liberal que aceptamos para la mayoría de las decisiones de nuestra vida al ámbito lingüístico. Si las políticas de las lenguas son las propias del nacionalismo, las políticas de los hablantes son las propias del liberalismo democrático.

La inclusión

Liberalismo es respetar, así, el mayor número posible de elecciones probables de las personas que son facetas de su identidad. Sin embargo, resulta interesante comprobar que la estrategia que el liberalismo usa para avalar ese respeto en relación a las creencias religiosas o la orientación sexual, por citar dos fuentes primordiales de identidad individual, no resulta viable frente a la cuestión de la lengua. En materia de fe, el Estado liberal puede optar fácilmente por abstenerse de profesar o promover una fe concreta. En materia sexual, el Estado liberal se dirá indiferente a lo que adultos libres y consentidores hagan en sus dormitorios. En ambos casos, la estrategia es la misma: la abstención o la no injerencia. Pero el Estado no puede abstenerse, al menos desde que en los albores de la Edad moderna su maquinaria administrativa se hizo ubicua en la vida de las personas, de hablar una lengua en la que comunicarse con sus ciudadanos. Y no existe una lengua neutral en la que hacerlo, como el código binario que los programadores usan para hablar con los ordenadores. El Estado, artefacto humano, debe hablar en alguna lengua humana, y descubrirá, no sólo que los ciudadanos tienen sus propias preferencias lingüísticas sino que a menudo sus motivaciones son extracomunicativas. Leviatán choca con Babel, pero no con el Babel bíblico de las lenguas, sino con el Babel moderno de los sentimientos sobre las lenguas. Si el Estado opta por establecer la comunicación en una lengua que sienten como suya, el vínculo con el ciudadano se refuerza. Si lo hace en una lengua que, incluso cuando es comprendida, no es la lengua sobre la que ha construido una fuerte identidad personal, es probable que el vínculo se resienta. El ciudadano desea verse reconocido como miembro perteneciente de cierta comunidad lingüística, y todo Estado cuyas fronteras políticas no coincidan con el perímetro de una comunidad lingüística diferenciada, se enfrentará a esta tesitura. Sobre este afán de reconocimiento y este potencial de afección política a través de la lengua podemos discutir páginas y páginas, pero considero más práctico tomarlo como un hecho sin vuelta de hoja de nuestra época.

¿Qué opciones le quedan a Leviatán frente a la confusio linguarum babélica? Una opción es atravesar una larga fase nacionalista purificadora de la diversidad interna. Tal fue el camino recorrido por la Francia revolucionaria, hasta hacer del francés la lengua única de la República. Y es lo que intentan hacer, ya con poco disimulo, nacionalistas vascos y catalanes en sus respetivos ámbitos de influencia. Pero tal opción está vedada para un Leviatán liberal y democrático, como es la España de 1978. Otra opción es confiar en que una de las lenguas territoriales adquiera un prestigio general e indiscutido que la convierta, sin grandes presiones, en la lengua nacional a pesar de la existencia de otras lenguas regionales vivas. Tal es el caso del italiano y seguramente fue también el caso del español durante el siglo XVIII y buena parte del siglo XIX. Pero a la vista está que no es lo que sucede hoy en España, donde el español sigue siendo la lengua común entre españoles que es desde hace siglos, pero ha perdido su condición de lengua nacional. ¿Qué hacer, entonces? En nuestro caso, la única estrategia posible es la misma que el Nuevo Testamento diseñó para la exportación de la fe cristiana en ausencia de una lengua sagrada: la estrategia de Pentecostés, la estrategia de hablar a cada uno en su lengua. Lo que significa: hacer que cada comunidad lingüística diferenciada se sienta incluida, no meramente amparada o tolerada en su existencia, en las estructuras del Estado al que pertenece.

Sensatez

Ciertamente la estrategia de Pentecostés tiene sus limitaciones. Si el número de lenguas es excesivo, se vuelve inviable, y el recurso a la lengua franca la única opción. Es lo que ocurre en países con una fragmentación excesiva, bien por tener un tamaño continental, bien por haber tenido un proceso modernizador más tardío. Pero es una estrategia plenamente aplicable en países ricos donde la diversidad es reducida y manejable. Tal es el caso de muchos países europeos, como Suiza, Finlandia, Luxemburgo, Bélgica o regiones autónomas de Países Bajos, Eslovaquia, Alemania o Italia. También es el caso de España, donde además, se da una circunstancia singular que no cabe obviar: la existencia de una plurisecular lengua franca, una koiné hispánica que Mercè Vilarrubias llama, a lo largo de su libro, y haciendo gala de su flexible antidogmatismo, de manera indistinta, castellano o español.¹

Sería absurdo que la nueva política lingüística olvidara este hecho capital de nuestra geografía lingüística. La Ley de Lenguas Oficiales no obliga a los españoles a aprender todas las lenguas cooficiales (pues recordemos que los hablantes, en materia lingüística, sólo tendrán derechos, no obligaciones). Pero tampoco exige que las obligaciones de la administración lleguen al punto de que ésta devenga en una costosísima y ridícula administración tetralingüe, donde todo esté cuadruplicado. El lector de este libro descubrirá que las medidas que se proponen son razonables y no onerosas para las arcas del Estado. Ciertamente en algún caso, podemos pensar que son superfluas o redundantes, pero eso sólo sucederá si caemos en el error de pensar que las lenguas sólo tiene una función comunicativa, ignorando que también son vectores de pertenencia política. En la mayor parte de los casos, un letrero o cartel oficial redactado en dos lenguas, o incluso uno que fuera cuatrilingüe –hay ministerios que disponen de formularios de este tipo–, no tiene en España una función comunicativa real; pero sí la tiene, y muy acusada, simbólica: el de visualizar como parte de la comunidad política española a los hablantes de todas sus lenguas principales.

Derechos, inclusión y sensatez por tanto. A través de los derechos, muchas de las administraciones autonómicas se verán obligadas a revisar políticas abusivas que con mucha razón han generado malestar entre castellanohablantes de todas las Españas (también en el campo de la enseñanza: el lector ha de saber que Vilarrubias es desde hace tiempo una de las más cabales críticas del llamado sistema de inmersión lingüística en Cataluña; a censurarlo dedicó su primer libro Sumar y no restar; y en éste no ha cambiado de opinión). A través de la inclusión, la España constitucional de 1978 concluirá un proceso de aprendizaje en el plurilingüismo ya muy avanzado, desterrando para siempre la duda que sienten los hablantes de las lenguas cooficiales de que sin un Estado propio sus lenguas no podrán prosperar. Al resto de españoles nos acercará también, sin presiones, al tesoro cultural que contienen esas lenguas, minoritarias pero en absoluto menores y que cada vez más vemos, me atrevo a decir, como cosa nuestra, a pesar de lo antipáticos que nos parezcan los nacionalistas. Finalmente, a través de la sensatez, haremos que ninguna extravagancia o sobreactuación innecesaria y contra el buen juicio entorpezca la jornada del Pentecostés español en el que la babel hispana pase, por fin, de maldición a don.

JUAN CLAUDIO DE RAMÓN

Roma, 6 de diciembre de 2018

Día de la Constitución.

Coda. No quiero despedirme sin decir algo de Mercè Vilarrubias. Cuando hace ya unos años empecé a preocuparme, como tantos españoles, por la escalada del conflicto territorial en España, quise conocer a una profesora que firmaba lúcidos y valientes artículos en los periódicos contra de la intransigencia lingüística que se había adueñado de Cataluña. Iniciamos entonces una amistad que nos ha llevado a hacer apostolado conjunto de la necesidad de que los españoles nos dotemos de un marco normativo ejemplar que ponga fin a la liza lingüística. Debo decir que, como castellanohablante, siento que mi mérito es menor que el suyo. Porque Mercè, catalanohablante de pura cepa, pertenece a ese no pequeño pero tampoco muy grande, y sin duda selecto, grupo de personas que en Cataluña han desobedecido la consigna que invitaba a suponer que si uno amaba el catalán, y lo hablaba desde la cuna, debía alistarse a favor de la independencia y en contra del enemigo español. Los arrullos de las lenguas maternas no son menos seductores que los cantos de la sirena en el mar de vino. Ninguno de los que hablamos una lengua mayoritaria y de alcance internacional podemos estar seguros de que no hubiéramos sucumbido, si la nuestra fuera una lengua minoritaria, a la tentación de crear un nicho confortable y blindado para ella, donde sólo quienes la hablasen fuesen merecedores de ser llamados conciudadanos. Personas como Mercè sí han resistido el martilleante sonido de los tambores etnicistas. Son ejemplo vivo de que la amistad cívica existe, y es capaz de resistir intacta incluso a un bombardeo propagandístico sin parangón en Europa desde la segunda guerra mundial. Como destinatario de esa amistad, de esa solidaridad ciudadana capaz de trascender los lazos inmediatos etnolingüísticos, quiero expresar a Mercè, y a otros como ella, mi gratitud y mi admiración. Moltes gràcies, benvolguda.

Introducción

Es un hecho que, como país, no hemos sabido gestionar de manera adecuada nuestra diversidad lingüística a pesar de ser ésta una de nuestras principales características. Somos un país plurilingüe y, al mismo tiempo, contamos con una lengua mayoritaria conocida por todos. Las situaciones de diversidad son indudablemente más difíciles de gestionar que aquéllas donde predomina lo homogéneo. Sin embargo, los niveles de enfrentamiento, intolerancia y visceralidad a los que se ha llegado en España en materia lingüística llevan a pensar que debemos detenernos un momento y repensar esta cuestión.

En algún momento, el tema de las lenguas debe poder abordarse en España con sensatez y ecuanimidad. El enfrentamiento de las lenguas y su uso para fines políticos ha envenenado la convivencia y malgastado la energía ciudadana hasta límites inauditos. No hemos logrado desarrollar una cultura lingüística que valore el plurilingüismo de España y de sus comunidades bilingües y lo perciba como una característica positiva de nuestro país, una riqueza cultural de todos y un valioso recurso individual. Ha sucedido lo contrario: desde la Transición han aumentado los enfrentamientos y la manipulación sectaria del debate. Ningún partido se ha distinguido por tener altura de miras y voluntad de equidad con este tema. Los dos partidos que han gobernado España, el PSOE y el PP, se han refugiado en lógicas partidistas y han descuidado una cuestión tan fundamental.

Tampoco los gobiernos de las Comunidades bilingües han actuado siempre con respeto al bilingüismo. Al contrario, han optado mayoritariamente por programas pro-monolingüismo que excluyen el español y se sostienen en razonamientos que difícilmente resisten un análisis objetivo. Existen, pues, suficientes razones para promover una gran conversación sobre las lenguas en España e intentar reconducir las políticas lingüísticas hacia fines de convivencia e interés ciudadano, con respeto a los derechos lingüísticos de todos.

La diversidad lingüística es una realidad de España. A unos les gustará más y a otros menos, pero ésta es la realidad y como tal, debe ser pensada y gestionada. Esta realidad debería ser nuestro punto de partida. Asimismo, debemos tomar conciencia de que nuestra diversidad lingüística no nos hace excepcionales. Es todo lo contrario; no somos una excepción en ningún sentido lingüísticamente hablando. Si observamos al resto de países del mundo, vemos que muy pocos son completamente monolingües.

El plurilingüismo es la norma en el mundo

En el mundo se hablan 7.097 idiomas, según la web Ethnologue,² y hay 194 países reconocidos por la ONU. Las cifras se expresan por sí solas.

En Europa, se hablan unas 200 lenguas y dialectos. En Alemania, por ejemplo, el alemán es la lengua de la mayoría, pero también se habla danés y sorbio, además de los dialectos principales como el bávaro y el kölsch. Si a ello añadimos las lenguas de los inmigrantes podemos llegar a unas 50. Hay pocos países monolingües en Europa. Ethnologue cita a Polonia, la República Checa (desde la disolución de Checoslovaquia) o Islandia. También está el caso de Francia, donde oficialmente sólo se reconoce el francés y donde se ha llevado a cabo, ya desde la Revolución Francesa, una política de debilitamiento de las lenguas distintas del francés, sin lograr eliminarlas del todo.

Los países plurilingües son aquéllos donde se habla más de una lengua y donde puede haber una mayoritaria o no. A veces se argumenta que España no es un país plurilingüe porque existe una lengua mayoritaria conocida por todos. Desconocemos en qué se basa la idea de que, si en un país se hablan varias lenguas, sólo por el hecho de que una sea conocida por todos o casi todos, entonces este país ya no puede ser calificado de plurilingüe y es… no se sabe qué. El plurilingüismo, en su definición técnica, significa la existencia de varias lenguas habladas en un espacio geográfico. Éste es el caso de España. Luego hay que ver la configuración que toma este plurilingüismo, el cual, en el caso de nuestro país, se concreta en una lengua mayoritaria conocida por la mayoría de ciudadanos y hablada en todo el país, cuatro lenguas oficiales, el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano, habladas en sus respectivas comunidades autónomas, y una quinta, el aranés, oficial sólo en su zona geográfica, así como varias lenguas no oficiales como el aragonés o el asturiano.

Los países plurilingües deben, en algún momento, enfrentar su diversidad lingüística interna y responder a ella. Las respuestas son variadas. Bélgica, por ejemplo, es un mal modelo de tratamiento de las lenguas, con tres comunidades lingüísticas monolíticas y enfrentadas entre ellas.

Luxemburgo, por su parte, es un modelo de buenas prácticas en política lingüística estatal. Tiene tres lenguas oficiales, el luxemburgués, el alemán y el francés. La política lingüística estatal es de integración de las tres lenguas. Las escuelas son trilingües para todos los alumnos, los cuales, además, aprenden bien inglés, y el Gobierno es trilingüe. Al igual que Luxemburgo, Suiza también es reconocida por su excelente política lingüística estatal. Hay tres lenguas oficiales y cuatro lenguas nacionales. Así es y así ha sido desde antes de formarse la confederación suiza moderna en 1848. Las cuatro lenguas habladas en el país son legalmente lenguas nacionales, incluyendo al romanche, y el alemán, francés e italiano son, además, lenguas oficiales. La oficialidad obliga al Estado y al Gobierno a operar en las tres lenguas. La concepción que tiene el Estado de los ciudadanos suizos es que estos no comparten una lengua, hablan varias, pero todos son ciudadanos suizos por lo que sus lenguas deben tener una presencia y un uso en las instituciones federales, aquéllas que son de todos.

Suiza, a diferencia de Bélgica, ha sabido integrar todas las lenguas del país en las instituciones estatales, aceptando plenamente que todas son lenguas suizas y que los derechos de sus hablantes deben ser, en consecuencia, reconocidos y garantizados. Fuera de Europa, otro país que ha sabido abordar con habilidad su diversidad lingüística interna es Canadá, del que hablaremos en detalle en el libro.

Necesitamos una Ley de Lenguas Oficiales en España

En España, el artículo 3 de la Constitución es el punto de partida para la regulación de las lenguas en la época democrática actual. Es un artículo que supone un cambio cualitativo en el reconocimiento de la diversidad lingüística de España, que considera españolas a todas las lenguas y que otorga el máximo rango, el de lenguas oficiales, a todas aquéllas que así sean declaradas por los Estatutos de sus Comunidades. Además, considera que todas las lenguas son una riqueza y un patrimonio común que debe ser respetado y valorado por todos. Es éste un mandato al Estado a actuar en favor de estas lenguas, su visibilización y proyección.

En 1978 partíamos de un artículo justo y prometedor que parecía augurar un nuevo tiempo en el campo de las lenguas en España, dejando atrás prohibiciones y uniformidades. Sin embargo, las cosas no han ido como se esperaba y 40 años más tarde nos encontramos con que las lenguas no unen, sino que dividen y son causa de virulentos enfrentamientos. Los partidos y muchos ciudadanos han devenido «defensores» de unas lenguas —el catalán, el euskera y el gallego— o de la otra, el español. Y así se han formado estas profundas y ya muy arraigadas divisiones donde pocos son capaces de ponerse en el lugar del otro y tratar de ser ecuánimes. Es infrecuente escuchar en el debate público a personas que tengan una visión global de las lenguas españolas. La diversidad lingüística, aunque no sea una idea muy difundida, incluye todas las lenguas, el español también. El reconocimiento de la diversidad significa un reconocimiento de todas, no sólo del catalán, el vasco y el gallego, o sólo del castellano, o sólo del asturiano y las lenguas no oficiales, sino de todas.

Necesitamos poder abordar mejor nuestra diversidad lingüística y es ésta una cuestión en la que probablemente muchos ciudadanos y ciudadanas estaríamos de acuerdo. Somos conscientes de que el tema lingüístico, de alguna manera, se nos ha ido de las manos y, por ello, debe llegar el momento en que éste pueda ser abordado de manera más satisfactoria.

Para lograr cambiar las cosas, necesitamos una Ley de Lenguas Oficiales. Ésta es la propuesta que hace este libro. Es una propuesta que surge de un análisis de lo que no ha funcionado de manera adecuada en el campo de las lenguas durante los últimos 40 años, del estudio de modelos de buenas prácticas en política lingüística estatal, de los conocimientos aportados por la Sociología del Lenguaje y la Lingüística Aplicada y de las entrevistas sociolingüísticas a ciudadanos hablantes de lenguas minoritarias y mayoritarias en España y otros países.

La Ley de Lenguas Oficiales (Ley de Lenguas, a partir de ahora) es una ley de ámbito estatal para cuya tramitación y ejecución los cuatro partidos nacionales deberían ponerse de acuerdo. Siendo realistas, estamos lejos de un escenario así. Sin embargo, cada partido individualmente es consciente de que una nueva mirada a la cuestión lingüística contribuiría decididamente a una mejora en la cohesión territorial de España.

Para llegar a adquirir esta nueva mirada, el Estado debe abandonar su tradicional pasividad y tomar conciencia de que él también tiene responsabilidades ante la realidad del plurilingüismo del país y ante los conflictos que giran en torno a él. Con la Ley de Lenguas, el Estado se convertiría gradualmente en un nuevo actor lingüístico en nuestro país, realizando su propia política lingüística de forma activa dentro de sus competencias

Ello sería inédito ya que desde 1978 los únicos que han llevado a cabo políticas lingüísticas en España han sido los gobiernos autonómicos, mayoritariamente nacionalistas, de las Comunidades bilingües. El Estado ha dejado hacer a estos gobiernos, se ha mostrado mayoritariamente tolerante con la diversidad lingüística, pero ha sido incapaz de desarrollar una política lingüística propia enfocada al bien común y lejos de sectarismos.

Si no se ha hecho ya una Ley de Lenguas es porque no ha habido la voluntad de hacerlo, en primer lugar. En segundo lugar, la hegemonía nacionalista en el campo de las lenguas, que empezó en Cataluña y el País Vasco durante la década de los años ochenta, ha sido para el Estado un muro imposible de franquear. En el libro analizaremos las razones de la inhibición del Estado y aportaremos ideas sobre cómo podría salir de esta posición con la meta de devenir un nuevo actor lingüístico. En su nueva posición, el Estado dispondría de capacidad y legitimidad para, dentro de sus competencias, gestionar todas las lenguas españolas oficiales, representar a sus hablantes y garantizar los derechos lingüísticos de todos.

Cómo está estructurado el libro

El punto de partida del libro es 1978 y el artículo 3 de la Constitución. En la primera parte del libro, «Cómo no promover una lengua», examinaremos el particular desarrollo que tuvo el artículo 3 en los primeros Estatutos y leyes de Normalización Lingüística de las Comunidades bilingües. Examinaremos también la posición de los dos partidos que han gobernado España, el PSOE y el Partido Popular, frente a las políticas lingüísticas de las Comunidades y las dificultades de ambos partidos para escuchar a todos los ciudadanos, limar asperezas y enmarcar estas políticas dentro del respeto al bilingüismo, la igualdad entre todos los ciudadanos y las libertades individuales. Esta primera parte presenta, pues, un diagnóstico de la situación. Responde a la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí y qué papel han tenido los actores involucrados.

La segunda parte, «Cómo abordar mejor nuestro plurilingüismo», pone las bases para un cambio gradual en la percepción y gestión de la diversidad lingüística en nuestro país. Examina cómo el Estado, independientemente del Gobierno que lo haya ocupado en cada momento, realiza ya algunas actuaciones estatales en favor de las lenguas cooficiales, su visibilización y proyección, siguiendo el mandato constitucional. Es a partir de este camino que ya ha recorrido el Estado, aunque lo haya hecho con poca conciencia y de forma poco sistemática, que podemos empezar a construir el Estado plurilingüe. Un Estado moderno que reconoce su pluralidad y complejidad lingüística es también un Estado capaz de valerse del más importante instrumento moderno para regular el plurilingüismo, es decir, los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas. Veremos en esta segunda parte el crucial rol de estos derechos humanos y civiles en toda planificación lingüística estatal. Finalmente, proporcionaremos cuatro ejes conceptuales a partir de los cuales repensar las lenguas de España, entre ellos el lugar del español dentro de este nuevo marco. El objetivo general de esta segunda parte es proporcionar las bases conceptuales para desarrollar la Ley de Lenguas.

La tercera parte, «Cómo desarrollar una Ley de Lenguas Oficiales», es la concreción de la Ley de Lenguas una vez discutida su necesidad y sus fundamentos en la primera y segunda partes respectivamente. Esta tercera y última parte empieza con un análisis del rol y funciones del Estado como nuevo actor lingüístico, y examina el modelo de bilingüismo federal de Canadá, país con el que compartimos ciertas similitudes y cuya peripecia lingüística y política puede enseñarnos mucho. Seguidamente, abordamos en detalle los dos objetivos de la Ley de Lenguas, es decir, la construcción del Estado plurilingüe y la especificación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, con posibilidades efectivas para su ejercicio. El último capítulo trata de los contenidos concretos de la Ley de Lenguas y las medidas que deben tomarse para hacer efectiva su ejecución.

En Política Lingüística se habla de derechos positivos y negativos. Estos últimos son aquellos que se plasman en legislaciones lingüísticas nacionales o internacionales en forma de «los ciudadanos tienen derecho a usar su lengua en el ámbito público» o «nadie puede ser discriminado por razón de lengua». Son derechos generales, sin concreción. Por lo contrario, los derechos positivos son aquellos que concretan dónde y en qué condiciones unos ciudadanos tienen derecho a usar su lengua. La Ley de Lenguas está constituida por derechos lingüísticos positivos y, en consecuencia, con obligaciones concretas para las administraciones. Es en esta tercera parte donde el lector/a encontrará la concreción de la Ley de Lenguas, tras haber hecho en las páginas anteriores un recorrido por sus fundamentos sociolingüísticos y políticos.

La Ley de Lenguas supone un cambio de enfoque respecto a cómo hemos abordado las lenguas en estos últimos 40 años. En primer lugar, la Ley de Lenguas cambia la percepción de las lenguas cooficiales; éstas no son exclusivamente lenguas de las Comunidades donde se hablan, sino que son también lenguas plenamente españolas, por lo que son lenguas de todos. Démosles, pues, una presencia y un uso mayor y mejor del que han tenido hasta ahora en las instituciones del Gobierno y del Estado. Y, en segundo lugar, la Ley aporta las bases necesarias para introducir los derechos lingüísticos individuales porque no hay plurilingüismo efectivo si no se pueden garantizar los derechos lingüísticos de todos.

La Ley de Lenguas que proponemos en este libro es un nuevo marco legislativo y discursivo sobre las lenguas españolas. Pone las bases para una percepción más moderna y más cívica de ellas y para una gestión orientada hacia la inclusión, la convivencia y los derechos lingüísticos.

Razones para escribir este libro

Nací en el año 1964 en Sabadell en una familia catalanohablante y prácticamente todo mi entorno se comunicaba en esta lengua. El catalán era la lengua oral mientras que el español era la lengua escrita y culta. Vivía, sin ser consciente de ello, en una situación de diglosia.

A partir de 1975, con la llegada de la democracia, empecé a comprender por qué el catalán había sido sólo una lengua oral. Se me abrió un mundo nuevo cuando pude empezar a leer textos escritos en catalán y cuando aprendí a escribir en esta lengua. Comencé a descubrir la literatura catalana, leí con placer a Mercè Rodoreda y Santiago Rusiñol y me emocioné con las canciones de Marina Rosell y el Lluís Llach de entonces. Un mundo nuevo, efectivamente.

Sin embargo, este mundo nuevo no lo sentí nunca opuesto al español y a la cultura en español. Sentí que sumaba el catalán como lengua escrita y culta a la que hasta entonces había sido mi única lengua culta, el español. En ningún momento sentí que tenía que escoger entre la una o la otra o que el interés que tenía por descubrir el catalán escrito implicara necesariamente que tenía que rechazar el español.

Con los años, esta posición personal llegó a ser mal vista por parte de los poderes públicos en Cataluña. Había que escoger. Al igual que miles de ciudadanos catalanes, yo no entendía por qué gozar de la lengua y la cultura catalanas tenía que hacerse en oposición a todo lo español. ¿Por qué teníamos que restar cuando podíamos sumar?

Esta pregunta devino el motor de mi actividad profesional. Soy lingüista y ejerzo la docencia como catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas-Drassanes de Barcelona. Debido a mi profesión, veo cada día a alumnos y alumnas aprendiendo una segunda lengua y, con los años, he llegado a familiarizarme con las motivaciones y necesidades de aquellos que quieren expresarse en un idioma distinto de su lengua materna. He visto también lo difícil que es llegar a dominar una lengua y, en consecuencia, puedo valorar lo que significa ser bilingüe desde el nacimiento. No tengo dudas: el bilingüismo es un privilegio.

A partir del año 2009 me especialicé en políticas lingüísticas y realicé una investigación sobre las lenguas en la educación de las comunidades y países bilingües de Europa. Ello me sirvió para analizar la inmersión lingüística de Cataluña. La investigación se plasmó en mi primer libro Sumar y no Restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña, publicado en 2012.

Ocho años más tarde, es una satisfacción para mí comprobar que mi trabajo, junto con el de muchas otras personas, ha contribuido a un cambio muy importante en el discurso público. En los últimos años la inmersión ha llegado a ser nombrada públicamente como lo que es, sin embellecimientos: una educación monolingüe, obligatoria para todos los alumnos, en una comunidad bilingüe. Es decir, una excepción en Europa. Las palabras enseñanza monolingüe o monolingüismo escolar cada vez se usan más como sinónimos de la inmersión en artículos y debates. Es éste un gran paso que ha logrado que la palabra inmersión deje de ser el término sagrado que enmascara los problemas de esta práctica escolar.

Paralelamente al trabajo en favor de una educación bilingüe en Cataluña, inicié una investigación sobre planificación lingüística estatal y países plurilingües que integran todas las lenguas de sus países en sus instituciones estatales. Junto con mi colega y amigo Juan Claudio de Ramón, empezamos a elaborar la propuesta de una Ley de Lenguas Oficiales para España. Las primeras formulaciones de la propuesta los explicamos en varios artículos en El País y otros medios a partir de finales de 2014. Los años de investigación me han convencido de que el Estado plurilingüe es el camino adecuado para abordar la diversidad lingüística interna: es la manera de sumar desde una perspectiva estatal.

Ésta es la razón por la que he escrito este libro. Mi convicción es que necesitamos una reforma lingüística en España, que nos aporte una visión de las lenguas más cívica y menos romántica, una comprensión de la diversidad lingüística como una realidad que afecta a todo el país y una apertura a esta diversidad como una característica positiva de España. El libro, pues, tiene como meta abrir un debate constructivo y forjar nuevos consensos en favor de otra mirada y otra gestión de la diversidad lingüística de España.

Puntualizaciones léxicas

Utilizaremos español y castellano indistintamente en las páginas que siguen. De la misma manera, usaremos euskera y vasco indistintamente.

Respecto a las lenguas cooficiales de las Comunidades bilingües, las llamaremos lenguas cooficiales o las llamaremos por su nombre en orden alfabético: catalán, euskera y gallego. Por catalán entendemos las tres grandes variantes de la misma lengua habladas en España: las que se hablan en Baleares, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Por la misma razón, hablaremos de las cuatro lenguas oficiales en España, el castellano, el catalán, el euskera y el gallego. Aunque el Estatuto valenciano declara el valenciano como lengua cooficial, entendemos que ésta es una variedad de la lengua que conocemos como catalán, sólo que se le ha dado otro nombre. Aunque desde un punto de vista lingüístico el tema es claro, somos conscientes de que no es así desde un punto de vista político. Nosotros hemos tomado la decisión que acabamos de explicar, pero entendemos que, en el caso de la aprobación de una Ley de Lenguas, la cuestión de si debe considerarse el catalán y el valenciano variantes de la misma lengua o si son lenguas distintas debería ser objeto de deliberación y consenso.

Las seis Comunidades bilingües, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y el País Vasco, tienen dos lenguas cooficiales, excepto en Cataluña y en Navarra. En esta última, la cooficialidad del euskera está delimitada al norte de la Comunidad, la zona donde se habla. En Cataluña, por su parte, hay tres lenguas cooficiales, el catalán, el castellano y el aranés, aunque éste, hablado por unas 3.000 personas, es sólo cooficial en el Valle de Arán. En aras de la claridad, cuando hablemos de las lenguas de las Comunidades bilingües, nos referiremos a las dos lenguas de las Comunidades ya que son dos (catalán-español, euskera-español, gallego-español) las que componen el paisaje lingüístico general en estos territorios, dando por entendido que en Cataluña y en Navarra hay ligeras variaciones.

A

Cómo no promover una lengua

1

Las lenguas oficiales y las lenguas propias

La organización lingüística que diseñó la Constitución para España es la de «bilingüismo territorializado» por el que las lenguas distintas del español serían oficiales allí donde se hablan y los gobiernos de las Comunidades bilingües tendrían plenas competencias en la política lingüística de sus comunidades. En aquel momento, los constituyentes, reflejando sin duda el sentir colectivo del país, quisieron ser muy generosos y muy cuidadosos con las lenguas. Se quería compensar por el dolor causado durante la dictadura y se otorgó el máximo rango al catalán, el euskera y el gallego, el de lenguas cooficiales.

En 1978 se hizo lo que se tenía que hacer, lo que era justo. Sin embargo, las cosas no han ido por los derroteros esperados. La legítima recuperación, revitalización y avance de las lenguas distintas del español se ha realizado con unas políticas lingüísticas orientadas hacia un estricto monolingüismo y un intento constante de erosión del bilingüismo de las Comunidades.

El hecho de que las políticas lingüísticas se desarrollaran por esta senda conduce a la pregunta de si esto no se podía haber previsto e intentado evitar en los primeros años de la democracia. ¿Nadie contaba con que ello podría suceder, especialmente en Cataluña y el País Vasco, donde el sentimiento nacionalista era amplio y conocido? No disponemos de datos sobre esta cuestión y sólo podemos especular. ¿Pecaron de ingenuos los redactores de la Constitución y los partidos políticos en los primeros años de la democracia? Es posible. Como es posible también que un desarrollo como el que se ha dado fuera inimaginable en aquel momento por parte de algunos quienes creían que el catalán, el euskera y el gallego eran lenguas «menores» que jamás tendrían la relevancia y el peso del español. Todo lo que se pudiera hacer para su revitalización sería siempre a pequeña escala; no había nada que temer. Es muy posible que parte de las élites del Estado lo percibieran así en 1978. Si así fue, se trataba de un pensamiento soberbio que se ha dado de bruces contra la realidad.

Por otra parte, no podemos descartar que algunos, efectivamente, sintieran un temor frente al mal uso que se podría hacer de la revitalización y promoción de las lenguas cooficiales. Si así fue, nadie lo señaló públicamente, cosa que, en aquel momento histórico de apertura y expansión, hubiera sido sin duda malinterpretado. Se hubiera entendido que desde el Estado y los partidos se quería entorpecer la legítima recuperación de estas lenguas.

Así, sin que nadie expresara ninguna inquietud en público, en aplicación del artículo 3 de la Constitución, los estatutos de las respectivas Comunidades declararon el catalán, el gallego y el vasco como oficiales, y seguidamente, a principios de los años ochenta, los primeros gobiernos autonómicos de cada Comunidad redactaron las primeras normativas lingüísticas de la democracia, las conocidas como Leyes de Normalización Lingüística, que examinaremos en el siguiente capítulo.

Situémonos en el punto de partida: las disposiciones de la Constitución de 1978 que diseñan la que será la organización lingüística española de la época democrática contemporánea.

Éste es el artículo 3 del Título Preliminar de la Constitución, que trata de las lenguas de España. Se encuentra en el Título Preliminar porque se otorga a las lenguas la consideración de derecho fundamental.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Pasemos ahora a examinar el artículo 3 en su aspecto más significativo.

1.1. El aspecto más remarcable del artículo 3

Durante la redacción del artículo 3, tuvo lugar una larga e intensa discusión³ sobre si se debía usar castellano o español para referirse a la lengua oficial del Estado. Finalmente, se optó por el primero con la idea de reconocer como españolas todas las lenguas habladas en el país. Así, el redactado dice «el castellano es la lengua española oficial del Estado» y no «el castellano es la lengua oficial del Estado».

Por otra parte, no es la primera vez que se define el castellano como la lengua oficial del Estado. El precedente es el artículo 4 de la Constitución de 1931, que definía el castellano como «el idioma oficial de la República». Fue la primera vez en la historia que se recogió en un texto legal la oficialidad del castellano. L. Sánchez Agesta y J. Prieto de Pedro,⁴ contrastan las diferencias entre ambas Constituciones.

En contraste, la Constitución de 1931 aludía a las demás lenguas españolas sólo indirectamente con una referencia a «los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones», con la salvedad importantísima de que a nadie se le podía exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional, «salvo lo que se disponga en leyes especiales».

Y comprensiblemente, califican de «giro copernicano»⁵ el reconocimiento pleno de la diversidad lingüística y la plena oficialidad de las lenguas distintas del castellano que encontramos en la Constitución de 1978. Habían sido «las lenguas de las provincias y regiones», y en la actual Constitución, son «las demás lenguas españolas». Un enfoque más realista y más generoso, sin duda, que ha posibilitado la amplia recuperación y progreso del catalán, el euskera y el gallego.

Son numerosos los autores que comparten esta visión. El jurista Alberto López Basaguren, uno de los más reconocidos expertos en regulaciones lingüísticas, define el alcance del artículo 3 de esta forma:⁶

La instauración de un sistema de pluralismo lingüístico en España, por el que se reconocía en toda su amplitud el arraigo en distintos territorios de nuestro país de otras lenguas, además del castellano, constituyó una de las mayores transformaciones provocadas por la proclamación de la CE en 1978. El reconocimiento de la pluralidad lingüística se hacía al más alto rango normativo y con unas características que garantizaban a aquellas lenguas el más elevado reconocimiento jurídico: la condición de lenguas oficiales en sus respectivos territorios. La realidad se ha encargado de demostrar, en los años transcurridos desde entonces, que la decisión del constituyente estaba cargada de importantes consecuencias de futuro; no sólo supuso la garantía de la plena dignidad y reconocimiento legal de las lenguas distintas del castellano, sino que ha provocado una profunda transformación de su vigencia, ampliando de forma importante su uso social e institucional y su conocimiento por los ciudadanos de los territorios en los que están arraigadas, especialmente como consecuencia de su incorporación a los sistemas educativos de las respectivas Comunidades Autónomas.

Así pues, si partimos de un artículo 3 generoso y con amplitud de miras, que abre un nuevo capítulo en la posición del Estado ante la diversidad lingüística del país, con un pleno reconocimiento de todas las lenguas como lenguas españolas, ¿cómo se han llegado a desarrollar las normativas y prácticas pro-monolingüismo mayoritarias en las Comunidades? Observamos que hay un salto entre lo que dispone el artículo 3 respecto a la cooficialidad y lo que nos encontramos en la realidad.

Hay, efectivamente, un salto, y la pértiga para realizarlo es el término lengua propia, término que aparece ya en los primeros estatutos de todas las Comunidades bilingües. El primer estatuto que utiliza este término es el catalán, seguido del vasco. El Estatuto de Cataluña de 1979 toma el término lengua propia del Estatut de Règim Interior, de 1933, que no es un estatuto sino la primera ley orgánica aprobada por el Parlamento de Cataluña en base a, ahora sí, el Estatuto de 1932, conocido como el Estatut de Núria.

1.2. Las lenguas propias son lenguas oficiales y algo más

Pasemos a examinar qué son exactamente las lenguas propias. Hemos visto que el artículo 3 no menciona las lenguas españolas por su nombre. La razón de esta ausencia de nominación está en que en aquel momento las lenguas eran un tema muy delicado y una enumeración de los idiomas que podían ser oficiales hubiera creado una foto fija que podía no ser la más adecuada. No mencionarlas por su nombre y decir «las demás lenguas españolas» lograba lo que se buscaba, reconocer que todas ellas son lenguas de todos, y, al mismo tiempo, dejaba la puerta abierta a que cada Comunidad Autónoma decidiera, ella misma, si la otra u otras lenguas autóctonas debían ser elevadas al estatus de lengua oficial. Había detrás de esta ausencia de nominación un afán pacificador, lo cual es encomiable y posiblemente lo mejor que se pudo hacer en aquel momento.

Sin embargo, esta ausencia de mención explícita de las lenguas que podían devenir oficiales tuvo un efecto muy importante en el desarrollo posterior de las políticas lingüísticas autonómicas. Y es que los Estatutos se encontraron con un vacío: por ejemplo, ¿por qué se puede declarar el gallego lengua oficial de Galicia? Tuvieron que fundamentar la oficialidad en algo. Y lo que hicieron fue fundamentar la oficialidad en que aquellas lenguas, que ellos sí nombraban, eran las lenguas propias de sus respectivas Comunidades.

Los primeros estatutos de las Comunidades bilingües declaran lengua propia a:

• El euskera en el País Vasco (art. 6.1, Estatuto de Autonomía del País Vasco, 1979).

• El catalán en Cataluña (art. 3.1, Estatuto de Autonomía de Cataluña, 1979).

• El gallego en Galicia (art. 5.1, Estatuto de Autonomía de Galicia, 1981).

• El valenciano en la Comunidad Valenciana (art. 7.1 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, 1982).

• La lengua catalana propia de las Islas Baleares en éstas (art. 3 Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, 1983).

• En Navarra, el euskera y el español son ambas consideradas lenguas propias en la Ley Foral del vasco de diciembre de 1986.

Veamos con más detalle cómo es el redactado. Tomemos dos ejemplos:

«El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas.» (Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco, artículo 6.1).

«La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial.» (Ley Orgánica 2/1983 de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, artículo 3.1).

Observamos cómo, de entrada, el término lengua propia se usa como causa para declarar la oficialidad de esta lengua.

Ahora bien, ¿era inevitable utilizar este término para fundamentar la oficialidad? No. Los estatutos podrían haber optado por calificar el catalán, el euskera y el gallego como lenguas autóctonas de sus respectivas comunidades, por ejemplo. O lenguas históricas habladas por una parte considerable de la población. La Carta Europa de las Lenguas Regionales o Minoritarias (1992), no utiliza el término lengua propia para especificar qué lenguas son objeto de la Carta, sino que las define como «lenguas habladas tradicionalmente en un territorio de un Estado por nacionales de ese Estado».

Sin embargo, en las Comunidades Autónomas se optó por lengua propia. Ante esta elección, debemos decir que, en sí mismo, el término lengua propia es legítimo. Es cierto que es desconocido en legislaciones lingüísticas de otros países al ser un término acuñado en España. No obstante, el término lengua propia puede perfectamente entenderse como una nueva manera de describir las lenguas habladas en un territorio. Lo que resulta más peculiar del término es que el catalán, el euskera y el gallego hayan sido calificados no de lengua propia de sus Comunidades sino como la lengua propia. Ello implica que sólo hay una propia, y el castellano no lo es. Sería distinto si los Estatutos hubieran dicho que el gallego, por ejemplo, es una de las dos lenguas propias de Galicia, y que, en base a ello, sea declarado lengua oficial.

La meta que persigue el uso del artículo determinado, la lengua propia, es diferenciar las dos lenguas, añadirle un plus a la calificada como propia y, a partir de aquí, poder legislar de manera más favorable para ella y sus hablantes sin contraer obligaciones con la otra lengua, el español, que está, pero no debería estar y es sólo oficial, no propia.

Esta orientación no responde ni al espíritu ni a la letra del artículo 3 de la Constitución, la cual elevaba al rango de oficiales a las lenguas distintas del español, pero no las hacía más oficiales que el español. Otra cuestión es que las normativas lingüísticas autonómicas o Leyes de Normalización Lingüística recogieran luego ambiciosos programas de promoción e incentivación del catalán, el euskera y el gallego. Pero, de entrada, debería haber habido una simetría entre las dos lenguas cooficiales de cada comunidad.

Como afirma Alberto López Basaguren en el mismo artículo:⁷

[…] Cuando concurren dos lenguas oficiales de forma simultánea en un mismo territorio, el eje del sistema de pluralismo lingüístico debe situarse, necesariamente, en la libertad de opción lingüística y en el derecho de uso de la lengua de elección del ciudadano; al menos cuando el régimen de oficialidad es pleno. Derecho de uso de la lengua oficial de elección que no puede verse limitado por el establecimiento por parte de los poderes públicos de una preferencia de uso de una de las lenguas oficiales en detrimento de la otra lengua oficial. Esto es lo que pone de relieve, en lo que se refiere al castellano, el artículo 3.1 CE al establecer el derecho de uso de esta lengua por parte de los ciudadanos en cualquier parte del territorio.

[…] El estatus de pleno reconocimiento de los ciudadanos que se vinculan a una lengua oficial, su igual dignidad en su identidad lingüística en comparación con los ciudadanos que se vinculan a la otra lengua oficial, impone el respeto por parte de los poderes públicos no sólo de la vertiente activa del derecho de uso de la lengua oficial de su elección, sino también de la vertiente pasiva del derecho de uso de aquella lengua.

Vemos, pues, cómo el término lengua propia fue el resorte legislativo que el nacionalismo encontró para salir del impasse que suponía una cooficialidad real y equilibrada.

Con el tiempo, el término lengua propia fue adquiriendo cada vez más consistencia, y más disposiciones legales se derivan de él. Esto lo vemos claramente en la evolución de los artículos referidos a las lenguas desde el primer Estatuto de Cataluña, de 1979 (Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre) y el reformado (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio). Así comienza el artículo 6 del Estatuto de 2006:

La lengua propia y las lenguas oficiales

1. La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente⁸ de las Administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

2. El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. [...].

El título ya distingue entre lengua propia, por un lado, y lenguas oficiales, por otro. El punto 1 declara el catalán como la lengua propia de Cataluña. Y, como tal, esta lengua tiene unas prerrogativas frente a la otra: será la lengua de uso normal de las Administraciones públicas, medios de comunicación públicos y en la educación. Antes incluso de mencionar las lenguas oficiales, ya se indican ámbitos de uso concretos donde la lengua propia, por el hecho de serlo, será la de uso normal.

En otras palabras, la lengua de uso normal en los ámbitos de uso mencionados será el catalán, no porque es una lengua oficial de Cataluña, sino porque es la lengua propia.

Si lo comparamos con el primer Estatuto catalán de 1979 vemos cómo en éste, la lengua propia obviamente se menciona, pero de su mención aún no se derivan actuaciones legales y administrativas respecto a ella, con efectos en la vida de los ciudadanos. El Estatuto de 1979, en su artículo 3, indica lo siguiente en materia lingüística:

1. La lengua propia de Cataluña es el catalán.

2. El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado español.

Aquí, lo remarcable es la manera enrevesada en la que se expresa la cooficialidad del castellano. Sin embargo, en el Estatuto de 2006, además de hacer entrar el castellano por la puerta de atrás, ya es explícito que de la lengua propia se derivan obligaciones para la Administración.

También el Estatuto de Baleares y el de Valencia, reformados, hacen mayores referencias a la lengua propia, la definen como lo que constituye la identidad balear y valenciana respectivamente y le otorga más prerrogativas. Como afirma Vicenta Tasa⁹ respecto al estatuto balear de 2007:

Una nueva reforma del Estatuto en 2007 modificará los artículos que hacen referencia a la cooficialidad y multiplicará las referencias a la lengua [propia]. En el preámbulo se declara la lengua catalana como elemento estructurador de la identidad balear. [...]

Previsiblemente, lo mismo hará el Estatuto del País Vasco que está siendo renovado en este momento.

En resumen, la lengua propia, al ser una sola, permite diferenciarla de la otra, que sólo es oficial. Es el hilo del que han ido tirando los gobiernos autonómicos nacionalistas para poder legislar de manera más favorable para la lengua calificada como tal y para sus hablantes.

1.3. Las lenguas propias desde un punto de vista discursivo

El término lengua propia no sólo ha sido una mina de oro para los políticos y gestores lingüísticos nacionalistas desde un punto de vista legislativo. También lo ha sido desde un punto de vista discursivo.

Con los años, el término lengua propia se ha consolidado en el discurso público en toda España. Comunidades con lengua propia, las lenguas propias de las Comunidades, estas expresiones son ya de uso común y espontáneo en toda España. Muchos creen de buena fe que están usando términos neutros, puramente descriptivos, pero la realidad está lejos de ello. Las lenguas propias y las Comunidades con lengua propia son términos altamente marcados ideológicamente.

Desde un punto de vista discursivo, Comunidades con lengua propia sirve para arrojar un tupido velo sobre la realidad sociolingüística de estas Comunidades, es decir, su bilingüismo existente desde hace siglos.

Comunidades con lengua propia permite evitar decir Comunidades bilingües, término inexistente en el discurso hegemónico. No obstante, es un término usado constantemente en la bibliografía sobre planificación lingüística. Comunidad bilingüe sí es un término neutro y puramente descriptivo. Significa comunidad donde se hablan dos lenguas, nada más. Sin embargo, para el nacionalismo presenta un problema muy grave: decir Comunidad bilingüe significa reconocer que el español también existe y es también una lengua «propia» en cada Comunidad.

Como es sabido, la batalla del lenguaje determina la de las ideas; es la semántica la que acuña los marcos de pensamiento dominantes. Por ello, la adopción generalizada en el discurso público de lengua propia y Comunidades con lengua propia es un logro discursivo del nacionalismo. Si, por el contrario, el término de uso común fuera Comunidad bilingüe, la percepción de las cosas sería distinta. Si hablamos de Comunidades bilingües, entonces hablamos de sitios donde hay dos lenguas y el mismo discurso nos lleva inevitablemente a hablar y considerar las dos. Por el contrario, si hablamos de Comunidades con lengua propia, hablamos sólo de una lengua, calificada como la verdadera del lugar, y el foco está únicamente en aquella lengua mientras la otra puede ser ignorada, como si no existiera. Es el escenario que buscan los políticos, intelectuales y gestores lingüísticos nacionalistas: lograr que, a través del relato de la lengua propia, la realidad sociolingüística objetiva del bilingüismo de las Comunidades quede discursivamente anulada.

Pasemos ahora a considerar una segunda cuestión discursiva articulada alrededor del término lengua propia, otro relato generado por este término: la vinculación entre la lengua y el territorio. Examinémosla. La lengua propia, ¿de quién es propia? No es propia de los ciudadanos, o en todo caso, lo es de una parte de ellos, y para describir este fenómeno ya existe el término lengua materna. No; la lengua propia no es la de los ciudadanos y ciudadanas. Leyendo su acepción en los Estatutos y en las posteriores normativas lingüísticas se entiende que es la lengua propia del territorio.

Disponemos de dos elementos discursivos, la lengua y el territorio, en una relación de posesión: la lengua propia es la lengua del territorio. Pero lo que no tenemos, una clamorosa ausencia, son los hablantes, que no se mencionan en los discursos sobre la lengua propia.

Cuando el consejero de Educación valenciano Vicent Marzà¹⁰ dice que la inmersión monolingüe en valenciano debe aplicarse en toda la Comunidad, lo explica basándose en que el valenciano es la lengua propia del territorio valenciano. Vincula lengua y territorio mientras que la realidad sociolingüística de la Comunidad, con zonificación lingüística, queda soslayada por completo. No importa lo que la gente hable, importa cuál es la lengua del territorio.

La declaración de que los territorios tienen lengua propia y, por tanto, lengua preferente para la Administración de entre las dos oficiales conduce a una situación inédita: no es la Administración quien adquiere unas obligaciones lingüísticas para con los ciudadanos, sino que son los propios ciudadanos quienes las adquieren. Las personas que residan en las Comunidades con lengua propia adquirirán un deber moral y ciertas obligaciones legales respecto a ella: deberán aprenderla y usarla, y acreditar que la dominan para acceder a determinados puestos, contratos o subvenciones públicas.

La secuencia es la siguiente, expresada por Alberto López Basaguren,¹¹ refiriéndose a los estatutos renovados de la década 2000-2010 y su creciente predilección por la lengua propia:

El análisis de las reformas estatutarias pone de manifiesto una tendencia creciente a la imposición de la lengua propia como lengua preferente, tratando de establecer un sistema asimétrico de lenguas oficiales.

Por esta vía trata de tomar cuerpo crecientemente, la idea de que los poderes públicos pueden imponer, de forma coercitiva, el uso de una de las lenguas oficiales, ya sea en las actuaciones de las administraciones públicas, en la enseñanza o en otros ámbitos.

Así, observamos el resultado que tiene en la práctica el término lengua propia. Aquello que debería ser del orden de los derechos lingüísticos de los ciudadanos —el derecho a usar una o ambas lenguas oficiales de la comunidad— se convierte en una obligación —el deber que adquieren todos los que residen allí de hablar la lengua propia del territorio.

1.4. Una indeterminación del artículo 3

Se hallaba de pleno en el interés nacionalista el distinguir entre el castellano y la lengua cooficial. Sin embargo, debemos preguntarnos cómo es que lo consiguieron con tanta facilidad. Alguna cosa debía de haber en la articulación del artículo 3 que permitiera este curso de cosas. Efectivamente, tal y como explica Alberto López Basaguren,¹² hay en el artículo 3 una indeterminación importante:

La afirmación constitucional del castellano como lengua oficial del Estado y de las lenguas distintas del castellano como lenguas oficiales en el territorio de las CA se complementa con otro elemento de importancia capital. El artículo 3.2 CE concluye estableciendo que estas lenguas serán oficiales «de acuerdo con sus Estatutos». Esto significa que el régimen de la lengua distintiva de la CA como lengua oficial deberá ser precisado en el EA. La CE sólo condiciona su estatus oficial, pero no las características de éste.

La CE, por tanto, deja parcialmente abierto nuestro modelo de pluralidad de lenguas oficiales. Pero es muy importante subrayar que solamente deja abierta la parte correspondiente a la concreción del régimen de la lengua distintiva como lengua propia, para su determinación por el EA. En efecto, el EA puede determinar si la condición oficial de la lengua lo es en la totalidad del territorio de la CA o sólo en parte de él, cuando la lengua distintiva esté arraigada únicamente, en partes muy determinadas de su territorio. Y el EA puede determinar otros elementos relativos al régimen jurídico de aquella lengua, como la obligatoriedad o no de su aprendizaje en el sistema educativo, entre otros.

Los EA tenían, en consecuencia, un ámbito de disposición relativamente amplio.

Así, el catedrático concluye:¹³

[…] Parece que, en algunos casos, más que un desarrollo del modelo constitucional —ciertamente escueto, pero con algunos elementos ineludibles— en los EA se ha optado por un intento de transformar los fundamentos del modelo allí establecido.

En resumen, el legislador autonómico tenía amplio margen para diseñar el régimen jurídico de la lengua cooficial e hizo uso de él. Empezó acuñando nuevo léxico, la lengua propia, y con las posibilidades que el término le deparaba, desarrolló las Leyes de Normalización Lingüística que examinaremos en el siguiente capítulo.

Aparte del artículo 3, no ha habido en España una Ley de Lenguas estatal que oriente las políticas lingüísticas autonómicas y ponga ciertos límites a las derivas que la lengua propia puede alcanzar cuando los nacionalistas gozan de carta blanca. Los partidos que han gobernado España han observado, sin duda, con detenimiento y probablemente con inquietud el desarrollo legislativo articulado alrededor de la lengua propia y su potencia discursiva para enmascarar la realidad del bilingüismo en sus comunidades. Sin embargo, no han intervenido, han dejado hacer y, actualmente, tanto el término como las prácticas lingüísticas que ha comportado están muy consolidados tanto legislativamente como en el discurso público.

En conclusión, la cooficialidad esperada en los primeros años de la democracia se tornó en una asimetría entre la lengua propia y la lengua oficial. Éste era el interés nacionalista y lo pudo desplegar de forma muy plácida.

2

Las normativas lingüísticas pro-monolingüismo

Una vez aprobados los estatutos de autonomía en las Comunidades bilingües, cada una de ellas diseñó sus normativas lingüísticas durante la década de los años ochenta. Son las Leyes de Normalización Lingüística de las Comunidades, las primeras normativas lingüísticas de la democracia. Su objetivo era la revitalización y expansión de las lenguas cooficiales, cuestión sobre la que había un gran consenso en aquel momento. Sin embargo, en el espíritu y en la letra de la Constitución y en las expectativas de muchos ciudadanos dentro de las Comunidades bilingües estaba que la concreción de la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego debía tener lugar junto a la otra lengua de las Comunidades, el español. La meta esperada era la de una convivencia de lenguas en el ámbito público, con una mayor atención y promoción de las lenguas cooficiales. Sin embargo, esto no es lo que en realidad hemos experimentado, sino que nos hemos ido encontrando con unas normativas y unas prácticas lingüísticas autonómicas inmersas en una guerra contra la cooficialidad.

Las cosas no tenían que haber transcurrido por estos derroteros. Nada impedía a las Comunidades bilingües diseñar unas políticas lingüísticas de otro signo. Se trataría de unas políticas con un enfoque más abierto, flexible, cosmopolita, realmente respetuoso con la diversidad y con la libertad individual, y basado en mensajes y prácticas en positivo.

Sin embargo, esto no ha sido posible porque los gobiernos de signo nacionalista que han gobernado y gobiernan las Comunidades bilingües han optado por una orientación de monolingüismo obligatorio, elevando las llamadas lenguas propias a Lengua Única de cada comunidad. En mayor o menor medida, todos los esfuerzos de los planificadores lingüísticos están puestos en hacer del español una lengua ajena a Cataluña, el País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra y lograr que así la sientan los ciudadanos. Ésta ha sido la tónica desde entrados los años ochenta hasta la actualidad, con Cataluña siendo la avanzadilla. En las demás Comunidades no se ha podido ir tan lejos, pero transitan en la misma senda, cada una con sus singularidades.

2.1. Un programa de proteccionismo lingüístico fuerte

Pasemos ahora a examinar una característica central de las Leyes de Normalización lingüística de las Comunidades Autónomas de España. En planificación lingüística existen dos grandes corrientes: la corriente de intervencionismo débil y la corriente de intervencionismo fuerte. Como sus nombres indican, la primera orientación considera que los gobiernos tienen que intervenir poco en la política lingüística, que tienen que elaborar e implementar unas líneas generales pero que tienen que dejar hacer, que las mismas dinámicas sociales ya llevarán a un equilibrio entre lenguas o un mayor uso de la lengua que se quiere promover. La orientación de intervencionismo fuerte, al contrario, sostiene que los gobiernos tienen que legislar en todos los ámbitos posibles y que el dirigismo desde los poderes públicos es imprescindible si se quiere hacer progresar una lengua.

Sin lugar a dudas, las políticas lingüísticas en España se sitúan en la corriente de intervencionismo fuerte. Las áreas sobre las que intervenir son múltiples y esta corriente puede llegar a ser totalizadora y entrar en todos los ámbitos de la sociedad. Claramente, el sector privado les resulta más difícil, pero en el ámbito público la intervención es más fácil porque está bajo la responsabilidad y control de las élites autonómicas. Las áreas clave donde intervenir y regular son diversas. Técnicamente, estas áreas clave se denominan ámbitos de uso de las lenguas, y a ellos nos referiremos en diversas ocasiones a lo largo del libro. Son los siguientes:

• Administración

• Instituciones políticas

• Educación

• Medios de comunicación

• Señalización e información pública

• Documentación

• Creación cultural

• Toponimia

• Asociaciones (cívicas, sectoriales, juveniles, deportivas, recreativas)

• Comercio y consumo

Las normativas lingüísticas autonómicas contemplan medidas de intervención en la mayoría o en todas estas áreas clave. La orientación general es que la lengua propia debe estar presente en todos los ámbitos ocupando la totalidad, si es posible.

2.2. El avance de las lenguas cooficiales y sus costes

Las políticas lingüísticas de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Baleares, la Comunidad Valenciana y Navarra son muy parecidas técnicamente, siendo Cataluña el modelo a seguir por todas las demás. Sin embargo, las tres lenguas que se hablan en ellas no han tenido un avance igual. Ha habido tres factores clave para explicar el grado de expansión y uso de estas lenguas. Son éstos: su grado de inteligibilidad en relación al español, si la lengua ha estado históricamente vinculada a grupos de poder y el número de hablantes potenciales.

Teniendo en cuenta estos tres factores, es comprensible que el catalán sea la lengua que muestra actualmente más vitalidad y proyección, seguida del gallego y, finalmente, el euskera. Pero, teniendo en cuenta las limitaciones señaladas en el párrafo anterior, las tres lenguas han progresado enormemente desde 1978.

Para los que no están satisfechos con estos datos y aducen que la vitalidad de las lenguas cooficiales es reducida, por lo que son lenguas en peligro y todo lo que se haga por ellas es poco, deberían conocer la calificación que otorga el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro (AULMP)¹⁴ a las lenguas españolas.

El AULMP recoge decenas de lenguas en diferentes grados de riesgo. Para España, se recogen cinco lenguas. En el grado 0 (extinta) tenemos el guanche, en grado 2 (muy grave peligro) tenemos el aragonés, el asturleonés y el aranés y, finalmente, en grado 4 (vulnerable) tenemos el euskera. El gallego y el catalán no aparecen como lenguas en peligro en ningún indicador. Son, pues, lenguas que están a salvo.

Así como la expansión de las lenguas cooficiales ha sido satisfactoria y su vitalidad está a la vista de todos, ello se ha realizado a un alto precio desde un punto de vista sociolingüístico y de derechos ciudadanos: las políticas lingüísticas han devenido formas fuertes de un proteccionismo lingüístico que no conoce límites. La lengua a promocionar pasa por delante de todo y todos los ciudadanos de la Comunidad adquieren un deber moral frente a ella. Al mismo tiempo, se obvian totalmente los derechos lingüísticos de los ciudadanos cuya lengua materna es el español y de todos aquellos que legítimamente hacen del español su lengua de preferencia.

Debemos admitir que existe una dificultad inherente a la tarea de revitalizar una lengua cuando ésta coexiste con otra. No es una empresa sencilla. La revitalización busca aumentar el uso social de una lengua cooficial pero este incremento en su uso conduce, inevitablemente, a una reducción en el uso de la otra lengua cooficial. Es ésta una realidad en todas las comunidades bilingües donde se promociona una lengua. En Gales, por ejemplo, si el galés aumenta su uso en la educación y en los medios de comunicación, disminuye el uso del inglés inevitablemente. Este hecho debe abordarse con claridad y ecuanimidad. El uso del inglés va a disminuir, pero ¿hasta qué punto es posible llegar y hasta qué punto empiezan a no respetarse los derechos lingüísticos de los anglohablantes? Hay que encontrar un equilibrio, que es lo que han hecho en Gales, aunque no sea del agrado de todos, cosa imposible de lograr, por otra parte, cuando se trata de materia lingüística.

En España las políticas lingüísticas nunca han buscado un equilibrio y, cuando lo han tenido que hallar, lo han hecho a regañadientes. Nunca han considerado la problemática de hasta dónde llegar en la promoción de la llamada lengua propia ni han reconocido que las políticas lingüísticas no tienen un horizonte donde the sky is the limit. Las políticas lingüísticas, como toda actividad reguladora de la vida colectiva, deben tener unos límites, unas líneas rojas claras. En el caso que nos ocupa, estos límites son los derechos lingüísticos de los hablantes de la otra lengua de la Comunidad, la cual también es oficial y es la lengua materna de la mayoría de la población en todas las Comunidades. Es ésta una realidad sociolingüística y de derechos ciudadanos que ningún buen gestor lingüístico debería poder obviar.

2.3. Escuchar a los ciudadanos críticos y a los que dudan

Como acabamos de señalar, las normativas lingüísticas de las Comunidades Autónomas bilingües han seguido desde sus inicios un modelo pro-monolingüismo, dando el menor espacio posible a la presencia y uso de español, con Cataluña siendo el modelo más avanzado y el espejo en el que se miran los sectores nacionalistas de las demás comunidades. Se podía haber optado por un modelo de amplia incentivación y extensión del catalán, el euskera y el gallego en un marco de aceptación de la existencia del español, pero no se hizo.

A pesar de ser un modelo muy particular de promoción de una lengua, el modelo pro-monolingüismo de las Comunidades siempre ha sido presentado como el único posible y deseable por parte de los gobiernos autonómicos y las asociaciones e instituciones de defensa y promoción del catalán, el vasco y el gallego. En consecuencia, amplios sectores de ciudadanos en estas Comunidades y fuera de ellas piensan que las políticas y prácticas lingüísticas existentes, como la inmersión monolingüe, son la única manera posible para promocionar y extender las lenguas cooficiales. La idea general es que tenemos El Modelo, el único posible: no existen modelos alternativos.

No es sorprendente encontrarnos en una situación así ya que el debate sobre nuestra diversidad lingüística ha estado y está dominado por el pensamiento nacionalista. Desde la Transición, los gobiernos autonómicos de signo nacionalista han logrado imponer su relato sobre la diversidad lingüística de nuestro país a toda la sociedad. Es el discurso hegemónico: no hay ningún otro que goce de prestigio.

Una de las razones por las que este discurso hegemónico se ha impuesto es porque los políticos, intelectuales y gestores lingüísticos nacionalistas son y han sido siempre absolutamente intolerantes ante cualquier crítica a su visión de las lenguas y sus políticas lingüísticas. Por más razonables que sean estas críticas, éstas son siempre desacreditadas. Todos estamos cansados de escuchar los dos términos que inevitablemente se achacan a cualquiera que no muestre adhesión o que dude: facha y españolista.

Ha sido así, neutralizando las críticas y las dudas, cómo las Leyes de Normalización Lingüística se han ido implementando sin obstáculos y en el pensamiento colectivo se ha ido afianzando la idea de que, si uno quiere la promoción de las lenguas cooficiales, debe estar de acuerdo con las políticas lingüísticas autonómicas. No hay otra opción; fuera del relato oficial, todo son ataques a las lenguas cooficiales. O con ellos o contra ellos.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Si uno rasca la superficie, observa cómo el supuesto consenso alrededor de las políticas lingüísticas autonómicas no es tal. Existe un malestar amplio en todas las Comunidades bilingües con las políticas lingüísticas. En todas ellas encontramos grupos organizados que piden cambios en la regulación y prácticas lingüísticas. Además, numerosos intelectuales¹⁵ se han manifestado en artículos a favor del bilingüismo en las Comunidades. Las encuestas de usos lingüísticos de la población son también una fuente de datos útil.¹⁶ Todo ello nos lleva a constatar que el amplio consenso del que se hace gala desde sectores nacionalistas no es tal.

Una manera de aclarar si efectivamente este consenso es tan amplio como se nos dice sería el realizar entrevistas sociolingüísticas a los ciudadanos sobre sus preferencias y opiniones en el campo lingüístico. Sin embargo, este tipo de estudios y su comunicación pública no se ha llevado a cabo de manera amplia y frecuente en las Comunidades bilingües. No se ha querido conocer la opinión de los ciudadanos; se ha investigado mucho el comportamiento lingüístico (por ejemplo, qué lenguas hablan con su familia, con sus amigos, en el trabajo) y ello ha nutrido la planificación lingüística.

Es necesario dar voz a los ciudadanos y que éstos expresen su percepción de las lenguas de sus Comunidades y su opinión de las prácticas lingüísticas que se llevan a cabo. Sin embargo, es comprensible que esto se haya hecho en pocas ocasiones porque, como hemos señalado, los críticos y los que dudan sobre las políticas lingüísticas de sus comunidades no deben hablar. El mito de la unanimidad debe mantenerse y los ciudadanos que no comparten esta unanimidad son una amenaza al statu quo lingüístico.

2.4. La propuesta del «blindaje» del catalán y las lenguas cooficiales

Frente a la situación descrita en las Comunidades bilingües, uno podría pensar que dispondríamos de estudios, investigaciones y propuestas para reconducir aquellos aspectos anómalos en la gestión lingüística autonómica. Sin embargo, no es el caso. Más bien, nos encontramos con una situación de enfrentamiento enquistado entre los que dentro y fuera de las Comunidades Autónomas bilingües abogan por las políticas lingüísticas actuales y los que aspiran a su derogación.

En los últimos años, sólo ha habido una propuesta que se ha hecho pública referida a una posible reforma lingüística. Se trata de la propuesta del «blindaje» del catalán. Examinémosla en detalle.

En los últimos siete años, como resultado del proceso independentista en Cataluña, diversas voces en el centro y centroizquierda han abogado por una modificación en el statu quo lingüístico. Es lo que se conoce como la propuesta del blindaje (sin comillas a partir de ahora) del catalán.

La propuesta del blindaje del catalán, de la lengua y también de la cultura, se proyecta en la opinión pública por parte de intelectuales catalanes ya en los primeros años del procés independentista en Cataluña como una de las formas de solucionar el conflicto. La propuesta requiere de un pacto entre la Generalitat y el Estado que parta de la idea de que hay dos cosas importantísimas en Cataluña que deben ser abordadas, la financiación y la lengua. Para el dinero, un acuerdo iría en la línea de un nuevo pacto fiscal. Para la lengua y la cultura, se propone el blindaje. La propuesta fue recibida con agrado por parte de sectores nacionalistas moderados y por partidos como el PSOE y Podemos.

Por lo tanto, la propuesta del blindaje no es un plan lingüístico stricto sensu, sino que forma parte de un plan más amplio para pactar con el independentismo con el fin de ofrecerle un mayor reconocimiento y más competencias. La lengua es una de las cuestiones esenciales, pero es un elemento más dentro de un plan general.

Aunque el plan, en la línea de lo que se conoce como una tercera vía, está pensado para Cataluña, la cuestión del blindaje de la lengua no se restringe a Cataluña. Los promotores, muchos y variados, han hecho referencia en ocasiones a que el blindaje del catalán podía sin duda extenderse al valenciano, al catalán balear, al vasco y al gallego, si así lo solicitaban los respectivos gobiernos autonómicos. Un ejemplo de ello es el artículo escrito por Eduardo Madina,¹⁷ que aboga por la convivencia en Cataluña y una mejora del encaje territorial de Cataluña y las demás autonomías, con blindajes lingüísticos para las Comunidades bilingües:

Finalmente, es necesario el convencimiento y la voluntad por parte de todas las fuerzas políticas para afrontar de forma decidida las reformas que garanticen la convivencia en los próximos 30 años. Reformas que tienen que ver con la mejora de la financiación autonómica del marco general de nuestro modelo autonómico, con blindajes competenciales en materias lingüísticas y culturales de las Comunidades bilingües que así lo soliciten […].

Así pues, la propuesta se originó en el campo del centro-izquierda con una idea de tercera vía entre el independentismo y el autonomismo en su concreción actual. Veamos ahora el contenido de la propuesta. ¿Qué significa exactamente el blindaje del catalán y las demás lenguas cooficiales? Nadie lo sabe muy bien, ni siquiera entre los que lo proponen. Las Comunidades ya disfrutan de plenas competencias en política lingüística. ¿Qué más pueden conseguir? Para darle alguna forma concreta al blindaje, sus partidarios explican que, por ejemplo, en educación, los gobiernos autonómicos podrían recibir la plena competencia y blindar así la inmersión lingüística allá donde la haya (Cataluña y Baleares) o se pretenda hacer. También se argumenta que serviría para evitar que los tribunales se pronunciaran en Cataluña sobre la obligación de rotular los comercios en catalán o sobre la misma inmersión. Este escenario donde se elude a los tribunales es muy dudoso porque ni en el Estado federal más descentralizado hay posibilidad de que el legislativo pueda sustraerse a la acción judicial. Es decir, el Gobierno central podría no tener ninguna competencia en materia de lenguas, pero los tribunales seguirían pudiendo examinar las políticas lingüísticas de las Comunidades a instancias de ciudadanos que consideraran sus derechos vulnerados.

Una búsqueda en las hemerotecas para examinar artículos en los periódicos nacionales que nos puedan proporcionar más información sobre los contenidos de la propuesta es en vano. Ello no es óbice para que cuente con numerosos partidarios. Parece que el valor que tiene la propuesta del blindaje es sencillamente simbólico, blindar la lengua y la cultura desde un punto de vista declarativo. Sin embargo, no sería sin consecuencias, especialmente en el relato. Veámoslo en más profundidad.

La propuesta del blindaje es inconcreta, pero sus implicaciones son muy claras. El uso del término blindaje ya es transparente: sugiere el sentimiento de estar asediado, por lo que blindar significa proteger, o más bien acorazar. Pero ¿de qué debe acorazarse al catalán? De la injerencia externa. Ésta es la cuestión clave del blindaje: evitar la injerencia externa.

¿Cuál es exactamente esta injerencia externa? No es difícil responder a esta pregunta: el agente es el Estado, que supuestamente ha actuado con malicia respecto a las lenguas cooficiales. Por lo tanto, hay que defenderlas del Estado hostil. Vemos como el blindaje no tiene nada de idea nueva. Enlaza perfectamente con el imaginario victimista hegemónico. Ésta es la primera implicación del blindaje, que da por bueno el discurso de la victimización del catalán, el euskera y el gallego en la democracia.

Hemos mencionado anteriormente que la victimización de las lenguas es parte del relato nacionalista pero que no se corresponde con la realidad. Lo que ha sucedido desde la Transición es justamente lo contrario: los legisladores y gestores lingüísticos han gozado siempre de un amplio margen para diseñar sus leyes y políticas. Más que victimización, lo que observamos es una situación donde prácticamente se ha otorgado carta blanca a las autonomías.

Veamos ahora una segunda y también crucial implicación de la propuesta del blindaje. Esta propuesta sanciona la idea de que los gobiernos autonómicos son los únicos que pueden gestionar el catalán, el euskera y el gallego y representar a sus hablantes. La propuesta busca afianzar el monopolio de las Autonomías sobre las lenguas cooficiales. No pide al Estado que ponga de su parte, que sea activo, que aporte soluciones, sino que le trata de acosador y le exige que se retire. El blindaje profundiza en el bilingüismo territorializado, lo territorializa más y cierra la puerta a la plena participación del Estado en la gestión de la diversidad lingüística.

2.5. ¿Qué lectura de la diversidad lingüística de España realiza la propuesta del blindaje?

La visión de la diversidad lingüística que subyace a la propuesta del blindaje se basa en dos premisas:

• La problemática lingüística existe en España porque las Comunidades padecen una errónea injerencia del Estado, que va en la dirección de perjudicar a estas lenguas. La razón del comportamiento del Estado se encuentra en su irremediable pulsión monolingüe y centralista.

• Sin esta injerencia, no habría conflictos lingüísticos en España.

La lógica consecuencia es que se blinde la competencia en lengua y cultura para hacer frente al supuesto origen del problema, aquello que se percibe como el obstáculo a una experiencia social armónica de las lenguas.

No podemos estar de acuerdo con estas premisas. Respecto a la injerencia externa personificada en el Estado, como veremos en el capítulo 4, la posición del Estado no busca perjudicar a las lenguas cooficiales ni entorpecer su desarrollo. Es ésta una posición documentada y avalada por los informes del Consejo de Europa. Más bien, el punto problemático en la política seguida por parte de las élites y las instituciones del Estado ha sido su actitud de laisser-faire y guardar silencio. Como examinaremos en el capítulo 4, los datos nos muestran que esta injerencia externa, punto clave de la propuesta del blindaje, es un imaginario. Precisamente el imaginario puesto en marcha por los nacionalistas: que sus lenguas son víctimas de un Estado que actúa con malicia.

La errónea creencia en una supuesta injerencia del Estado, lógicamente, impide a los partidarios de la propuesta ir a la raíz real de los conflictos lingüísticos, que es la politización de las lenguas dentro de las Comunidades bilingües.

Si el blindaje llega a ponerse en práctica, sus consecuencias serían más simbólicas que materiales, aun sin descartar que pudiera encontrarse margen legal para estas últimas. Estas consecuencias simbólicas, en el plano del relato lingüístico, serían las siguientes:

• Reforzaría a los gobiernos autonómicos nacionalistas en sus normativas y prácticas.

• Incrementaría aún más la capacidad para legislar en favor de la lengua propia y en contra de la cooficialidad de lenguas.

• Intensificaría el relato de la lengua propia victimizada y acosada.

• Alejaría aún más la posibilidad de que se reconozca en España que los ciudadanos somos titulares de derechos lingüísticos, como en las demás democracias liberales.

• Constreñiría el tratamiento de la diversidad lingüística de nuestro país a un único plan de proteccionismo lingüístico fuerte. Todo el foco de la propuesta del blindaje está en las lenguas, para protegerlas más, y, en consecuencia, borra a los hablantes.

• Ignora, por lo menos, a la mitad de los ciudadanos en las Comunidades que ven sus derechos lingüísticos vulnerados. Es, pues, una propuesta para la mitad de la ciudadanía. Visto así, es una propuesta divisiva más que inclusiva y favorecedora de la convivencia, dos cualidades que las terceras vías acostumbran a tener por estandarte. Puede que en otras cuestiones estos estandartes sean muy reales, pero por lo que respecta al blindaje, las cosas son más bien al revés.

El blindaje cuenta con defensores porque va en la línea de lo que se ha hecho hasta ahora. Implica pensar como se ha hecho siempre.

A todas luces, el blindaje es un error. Supone continuar con lo se ha hecho siempre, lo cual ha dado pésimos resultados. No debemos conformarnos con esta mala gestión de las lenguas ni muchos menos intentar reforzarla.

3

La posición de los partidos políticos nacionales

Empezaremos este capítulo con una anécdota personal que ilustra muy bien la traducción en la práctica de las políticas lingüísticas autonómicas, concretamente en Cataluña.

Hace unos 9 años disfruté de una licencia de estudios retribuida para proyectos de investigación del Departamento de Educación de Cataluña. Aquel año fuimos 7 personas de lenguas extranjeras quienes conseguimos una licencia de estudios y al inicio, las 7 profesoras (éramos todas mujeres) hicimos unas reuniones con una técnica del Departamento de Educación para concretar los detalles de la Memoria de investigación. En una de las reuniones, una profesora preguntó si podíamos hacer la Memoria en inglés, que era la lengua de especialidad de 4 de nosotras, las demás eran dos profesoras de francés y una de alemán. La técnica del departamento de Educación respondió que, en principio, no había ningún problema para que la Memoria se escribiera en inglés, alemán o francés. Además, las Memorias serían leídas por personal del Área de Idiomas, que lee en estas lenguas. Pero existía un problema que lo haría inviable y es que, si permitían que escribiéramos nuestras Memorias en inglés, ¿cómo evitarían entonces que alguien quisiera escribir la suya en español?

Por lo tanto, nos dijo la técnica que lo sentía, pero no, no se podía escribir en inglés, francés o alemán. Tuvimos que hacerlo en catalán. Muchas veces, cuando yo escribía la Memoria, pensaba que algo extraño había en una política lingüística basada en usar obligatoriamente una lengua con la sola intención de evitar la otra.

Con los años, son numerosas las anécdotas en esta línea que podría contar, pero he escogido ésta porque me llegó de manera especial y creo además que es una buena ilustración de la característica central de las políticas lingüísticas actuales: su empeño en el monolingüismo y la exclusión del español por las vías más variopintas.

Pasemos ahora a preguntarnos por aquellos que podrían haber incidido en los planes lingüísticos de los gobiernos autonómicos, es decir, los dos partidos nacionales que han gobernado España, el PSOE y el Partido Popular. Examinaremos sus posiciones cuando han gobernado y las lógicas partidistas que han guiado sus actuaciones en materia lingüística. También valoraremos la posición de Ciudadanos y Podemos, que, aunque no han gobernado, lógicamente también se han posicionado frente al plurilingüismo y las problemáticas que giran en torno a él. De esta manera esperamos esclarecer por qué se ha impuesto de esta manera tan extrema la hegemonía lingüística nacionalista, sin prácticamente límites a sus prácticas y sin ningún relato alternativo de prestigio.

3.1. El PSOE

En el XXXVII Congreso del PSOE de julio de 2008, pocos meses después de haber ganado las segundas elecciones, el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero hacía una encendida defensa de la inmersión monolingüe en las Comunidades bilingües. Según recoge El Periódico (7/07/2008), el entonces presidente dijo a los asistentes al XXXVII Congreso del partido:

La inmersión es un modelo de cohesión social […], garantiza la igualdad de todos los ciudadanos y nos hace más libres. Igualdad y libertad es vertebración social. […]

Estas afirmaciones de Zapatero son acordes con la trayectoria del PSOE cuando ha gobernado, empezando con Felipe González y actualmente con Pedro Sánchez: el PSOE comparte las políticas lingüísticas autonómicas.

La posición acrítica socialista con las prácticas lingüísticas de los partidos nacionalistas tiene mucho que ver con la frecuente condición de estos como socios del PSOE en el Gobierno y en los gobiernos autonómicos. Los intereses partidistas del PSOE, que han priorizado alianzas y Gobiernos de coalición con los partidos nacionalistas en las Comunidades bilingües desde la Transición, son un motor muy importante de la posición de este partido ante la diversidad lingüística del país. El resultado es que, al apoyar sin fisuras las políticas lingüísticas nacionalistas, el PSOE ha colaborado activamente en los procesos de construcción nacionalidentitaria de las Comunidades.

Cuando el PSOE ha gobernado con nacionalistas en las Comunidades, el tema de las lenguas ha seguido siempre el mismo patrón. Por ejemplo, en Galicia, que es la Comunidad donde las políticas lingüísticas son menos extremas y donde la aceptación social del uso del español es mayor. Allí fue justamente durante el Gobierno bipartito PSG-BNG (2005-2009), cuando se quisieron implementar medidas obligatorias de uso exclusivo del gallego en diferentes ámbitos de uso. Lo que consiguieron fue romper el consenso mayoritario al intentar introducir unas medidas lingüísticas que los ciudadanos experimentaban como impositivas y agresivas.

Pasemos al caso de Baleares. Actualmente el PSOE, gobernando con los nacionalistas de MÉS, es también responsable de la introducción de un monolingüismo catalán cada vez más inflexible y de carácter obligatorio en la Administración, la introducción del requisito de dominar el catalán para cada vez más puestos en la Administración, la extensión de la inmersión obligatoria en catalán y la diseminación de la ideología pancatalanista dentro de los círculos culturales y académicos de las islas.

Y, finalmente, la Comunidad Valenciana. Aquí también se ha puesto en marcha el patrón. El PSCV y Compromís siguen el modelo pro-monolingüismo iniciado en Cataluña. Explican que en la Comunidad sólo hay una lengua propia, el valenciano, y la legislación pro-monolingüismo obligatoria está en pleno rendimiento. En todos los casos, el PSOE se deja llevar por los planes lingüísticos de sus socios. No los inician ellos, pero se inhiben de toda crítica y colaboran activamente en su implementación.¹⁸

Por otra parte, en Navarra, el PSOE está en la oposición y es contrario a la planificación lingüística puesta en marcha por el cuatripartito gobernante. Éste está llevando a cabo medidas que el PSN critica pero que el PSIB está liderando en Baleares.¹⁹ Una gran confusión es lo que observamos. La razón parece estar en que el PSOE, como partido, nunca ha tenido unos principios y una visión propia en el tema lingüístico. Han sido los socialistas de las distintas Comunidades bilingües los que han ido construyendo para el PSOE un discurso lingüístico poliédrico y discordante, dependiente de la coyuntura en cada Comunidad y siempre sujeto a intereses políticos.

La mayoría de personas de izquierdas no da apoyo a prácticas como la relatada en la anécdota con la que hemos iniciado este capítulo. De la misma manera, muchos intelectuales y artistas situados en la izquierda y el centro-izquierda se han posicionado públicamente a favor del bilingüismo y en contra de las prácticas lingüísticas pro-monolingüismo.

Sin embargo, el PSOE siempre les ha dado la espalda en este tema. Confrontados con la pregunta de cuál es su opinión sobre el episodio relatado al principio del capítulo, los dirigentes autonómicos socialistas a lo máximo que llegan es a admitir que la situación descrita es lamentable y que, efectivamente, las políticas lingüísticas autonómicas presentan claros excesos. Sin embargo, se muestran comprensivos. Ya se sabe, vienen a decir: el episodio sobre la Memoria es el resultado del siempre presente plus de celo nacionalista. Lo califican de episodio desagradable, resultado inevitable de un enfoque lingüístico rígido e incluso intransigente a veces, pero, en el fondo, comprensible.

Como han señalado diversas voces,²⁰ hace muchos años que el PSOE y un amplio sector de la izquierda intelectual española están en fase de negación respecto a la calidad de las políticas lingüísticas nacionalistas. La negación en la que están instalados es la de no querer reconocer que los incidentes de intransigencia lingüística que se dan con frecuencia, especialmente en Cataluña, el País Vasco y Baleares, no son el exceso mostrando puntualmente su cara más fea o incidentes aislados. Estos episodios son relevantes porque son estructurales al modelo.

El PSOE siempre ha preferido ignorar que existen modelos de planificación lingüística alternativos al actual. Son éstos unos modelos que promocionarían las lenguas cooficiales dentro de un marco de aceptación del español como la otra lengua de los ciudadanos de la Comunidad. Que promoverían e incentivarían el catalán, el euskera y el gallego de otra manera, sin ir en contra de nada ni violentando a nadie. Sería una política lingüística en positivo cuya meta sería sumar en lugar de restar.

El PSOE y una gran parte de la izquierda española deberían tener el coraje de reflexionar sobre la adecuación de las prácticas lingüísticas nacionalistas y sobre el apoyo que ellos han otorgado a éstas desde la Transición. Sin embargo, algo se lo impide, además de los intereses partidistas, y este obstáculo parece ser justamente el propio pensamiento hegemónico existente en España sobre las lenguas, donde habitan únicamente dos elementos: la posición de los nacionalistas, que es la correcta y progresista, o la posición del PP, que es la errónea y uniformizadora.

La consecuencia de esta creencia es que, para el PSOE y muchos de sus opinadores, periodistas e intelectuales, despojarse de sus estrechas identificaciones con los nacionalistas, reflexionar sobre sus prácticas lingüísticas y proponer modificaciones es sinónimo inevitable de ponerse del lado del PP. Éste parece ser el gran freno. El resultado de todo ello es que, en un tema tan importante, la izquierda se encuentra imposibilitada para articular un discurso propio y se mantiene presa del pensamiento nacionalista dominante.

Los nacionalistas y algunos sectores conservadores son espejos en su forma de entender las lenguas. Ambos quieren la Lengua-Única. Frente a ello, la izquierda encuentra en su ideario y en su espíritu una afinidad con la pluralidad y lo múltiple. No hay una Lengua Única en España ni en las Comunidades bilingües: hay varias. Y aquí debería situarse la izquierda, sin miedos ni complejos, criticando firmemente el monolingüismo de unos y otros y centrándose en los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

3.2. El Partido Popular

En el campo conservador, las críticas a las políticas lingüísticas autonómicas han sido constantes y disponemos de multitud de artículos y declaraciones que así lo atestiguan. Sin embargo, el partido se ha mostrado incapaz de materializar ninguna de sus ideas en el campo lingüístico. De hecho, más que proponer unas prácticas alternativas al statu quo lingüístico actual, el PP se ha dedicado a protestar.

El PP ha gobernado en España durante casi cuatro legislaturas, dos con Aznar y una y media con Rajoy. No es fácil olvidar las declaraciones de Aznar en su primera legislatura cuando el expresidente «hablaba catalán en la intimidad». Durante este tiempo cesaron las críticas a las prácticas lingüísticas autonómicas. Por ejemplo, en 1998 se aprobó en Cataluña la segunda Ley de Política Lingüística (Ley 1/1998, de 7 de enero), pero Aznar necesitaba el apoyo de CiU y la ley se aprobó sin que en Madrid se dijera una palabra. Incluso se maniobró para que el Defensor del Pueblo no presentara recurso. Se toleró porque al PP le interesaba.

En la segunda legislatura de Aznar, ya con mayoría absoluta, el PP no requería los votos de CiU. Aznar ya no necesitaba hablar catalán en la intimidad y su posición respecto a las políticas lingüísticas de las Comunidades viró: se movió entre la indiferencia y la beligerancia. Respecto a la primera actitud, la indiferencia, podemos llamarla así porque no se encuentra en las hemerotecas ninguna actuación gubernamental para reconducir los conflictos lingüísticos autonómicos. Han hablado mucho a favor del derecho a estudiar en español, pero no hay ninguna actuación digna de mención encaminada a garantizar este derecho. Ni siquiera un discurso memorable. El mutismo respecto a este tema fue la tónica. Por otro, el mismo Aznar y una multitud de tertulianos adoptaron actitudes agresivas y ofendidas en este tema que no conducían a nada y sólo servían a los nacionalistas como munición victimista. Ésta era la parte beligerante.

Hay un episodio significativo de la época de Aznar. En 1996, cuando éste ganó sus primeras elecciones, los simpatizantes y militantes del PP que celebraban el triunfo de su partido por primera vez en democracia, delante de la sede en Génova, corearon una cancioncilla que toda España pudo oír por televisión: «Pujol, enano, habla castellano». Una vez se constató que el PP no podía gobernar solo y que necesitaría a CiU, los estrategas del PP vieron el error en el que se había incurrido con la cancioncilla, la cual, además, no había sido criticada por nadie de la cúpula del PP. Se les ocurrió que aquello debía neutralizarse y se empezó a propagar una «contracancioncilla»: «Pujol, guaperas, habla lo que quieras».

La cancioncilla ideada por los militantes es un claro reflejo de la beligerancia del PP y la «contracancioncilla», una muestra de su indiferencia respecto al conflicto lingüístico: «habla lo que quieras» mientras yo te necesite. En este punto tanto el PP como el PSOE se comportan igual. No entienden las lenguas como un tema clave, que debe ser abordado con inteligencia, firmeza y voluntad inclusiva. Las lenguas deberían ser un tema de Estado y no lo que son actualmente para los dos partidos: un elemento más en las negociaciones y los pactos políticos con los partidos nacionalistas a cambio de su apoyo en el Congreso.

Continuemos con los Gobiernos del PP, llegando a la presidencia de Mariano Rajoy. Durante su etapa como presidente, el PP siguió lamentando los excesos de las políticas lingüísticas autonómicas, y hay multitud de artículos que lo atestiguan. Pero Rajoy jamás se pronunció respecto a este tema a pesar de que durante su primera legislatura tuvieron lugar varios acontecimientos relevantes en el campo lingüístico. El primero fue el incumplimiento por parte de la Generalitat de las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a favor de la introducción de un 25 por ciento de asignaturas en español en las escuelas. Frente al incumplimiento de las sentencias, el Gobierno miró hacia otro lado y no hizo nada.

También fue durante la presidencia de Rajoy cuando se formaron Gobiernos nacionalistas en la Comunidad Valenciana y Navarra, e inevitablemente entró en funcionamiento el patrón que hemos mencionado anteriormente: empezaron los programas masivos de introducción de la lengua propia en todos los ámbitos de uso posibles. Asimismo, en Baleares, el Gobierno autonómico de orientación nacionalista liderado por Francina Armengol ha incrementado los planes pro-monolingüismo y extendido la ideología pancatalanista en toda la sociedad, especialmente en los ámbitos culturales y académicos. A principios de 2018, en un viaje a Palma de Mallorca durante su segunda legislatura, Rajoy alertó, en cuatro palabras, del rumbo equivocado de las políticas lingüísticas baleares, ya tan parecidas a las de Cataluña. Aquí acabó todo.

Durante todo el periodo de Gobiernos de Mariano Rajoy, la actitud de fondo fue, como en el segundo mandato de Aznar, una indiferencia hacia los problemas lingüísticos en España. Y a la indiferencia, otra vez, podemos añadir la beligerancia: algunos conservadores reaccionan agresivamente en el tema de las lenguas porque sienten como una afrenta la situación del español en las Comunidades bilingües.

El Partido Popular debe preguntarse con honestidad cuál ha sido su actitud real ante la diversidad lingüística de España. Por ejemplo, nunca ha estado clara su postura respecto a las lenguas en la educación. ¿El partido es favorable a una educación bilingüe o trilingüe en las Comunidades bilingües o es partidario de la doble red escolar y la libertad de elección de los padres? A estas alturas, aún no lo sabemos. Ha habido una clamorosa ausencia de un discurso elaborado por parte del PP. Escribir cientos de artículos criticando a los nacionalistas puede tener una función informativa, pero no es necesariamente una actividad que lleve a una solución. La pregunta importante es qué hace y qué propone el PP, y ello siempre ha estado envuelto en una nebulosa. Respecto a las iniciativas, por nimias que éstas sean, siempre han acabado marchitándose entre la desidia y el no querer comprometerse. Sorprendentemente, los sectores moderados y liberales del PP tampoco han trabajado el tema de las lenguas, concretamente el área de los derechos lingüísticos individuales. No ha habido iniciativas en esta dirección, ni investigaciones, ni informes, ni consultas con expertos, y si las ha habido no se han hecho públicas. La respuesta del PP al plurilingüismo de España es, en definitiva, muy precaria. Una ilustrativa metáfora de la actitud de partido conservador en materia lingüística es la de Mucho ruido y pocas nueces.

3.3. Ciudadanos y Podemos

La pregunta que nos hacemos es qué se puede esperar de manera realista de los dos nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, en el tema que nos ocupa si llegan a gobernar. ¿Qué relato priorizarán sobre la diversidad lingüística del país? ¿Van a promocionar el catalán, el euskera y el gallego desde las instituciones del Estado y del Gobierno? ¿Qué harán con la falta de derechos lingüísticos de los hablantes del español? Para analizar estas cuestiones, veamos cuál es en estos momentos la posición de ambos partidos en materia lingüística.

En sus inicios, Ciudadanos nació para representar a los muchos no nacionalistas en Cataluña que se sentían huérfanos debido a la colaboración del PSC con los nacionalistas y a la torpe política del Partido Popular en la Comunidad. El tema de las lenguas era central en los comienzos del partido. Su posición no ha variado: son favorables al bilingüismo administrativo e institucional y al trilingüismo escolar. En todas las Comunidades han criticado el extremo proteccionismo lingüístico existente y han defendido los derechos lingüísticos de los hispanohablantes.

En principio, Ciudadanos es el partido que más consciente es de la problemática lingüística en las Comunidades bilingües y el que está en mejor posición para liderar una gran reforma sobre las lenguas y los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

La incógnita es cómo abordarán está cuestión a su llegada al poder. Por el momento, se han centrado en hacer oposición al proteccionismo lingüístico nacionalista y han realizado algunas propuestas, como hacer operativa la Alta Inspección del Estado en el ámbito educativo para poner freno a las prácticas excluyentes del español y a los contenidos de los libros de texto que ensalzan lo particular de la Comunidad mientras denigran a España y los españoles.

A pesar de propuestas como la referida a la Alta Inspección Educativa, y como han señalado en privado varios votantes, el partido no parece querer elevarse por encima de la denuncia y la protesta. Tienen el potencial para hacerlo: conocen bien Cataluña, donde la planificación lingüística nacionalista ha tenido su desarrollo más amplio y profundo; pero puede que no quieran ir más allá de la protesta.

Su página web está en todas las lenguas oficiales, y en el año 2015, durante su primera campaña para las elecciones autonómicas andaluzas, propusieron introducir una asignatura trimestral donde se muestre y explique la diversidad lingüística de España. Son pasos importantes en la dirección adecuada, pero, por ahora, no van más allá. Les falta desarrollar un discurso inclusivo de todas las lenguas, una visión reformista y un plan ilusionante para abrir una nueva página en la historia de la gestión de las lenguas en España. Tal vez a algunos de sus votantes la pura oposición ya les satisface, pero es un hecho que a muchos otros no. No trascender la denuncia y la protesta sitúa a C’s al lado del PP, con las mismas inercias y sin contribuir a una mejora de la situación. Si llegan a gobernar, sería necesario que adoptaran un enfoque reformista también en el campo de las lenguas.

Por su parte, Podemos, desde su creación, ha mostrado una clara inclinación a tejer alianzas con los nacionalismos periféricos como forma de debilitar al Estado. Cuando se trata del proteccionismo lingüístico nacionalista, Podemos sigue la estela de las izquierdas en España: el PSOE, la antigua Izquierda Unida y las izquierdas de las Comunidades Autónomas bilingües. Comparten plenamente el relato hegemónico respecto a las lenguas cooficiales, les encanta lo plurilingüe cuando no incluye el español, y no tienen ninguna conciencia de qué son los derechos lingüísticos de los ciudadanos, de los cuales, en consecuencia, nunca hablan. Comparten con los nacionalistas la idea de que no debe haber límites a la promoción de estas lenguas. Así, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, gobierna la alcaldía de Barcelona en el campo lingüístico exactamente igual que lo hacía la antigua Convergència en la anterior legislatura municipal: toda la comunicación institucional del Ayuntamiento está sólo en catalán; los carteles informativos sobre las asambleas ciudadanas en el distrito de Ciutat Vella, donde resido, están en catalán, urdu y tagalo, pero el español brilla por su ausencia.

Para Podemos, Comuns, Compromís y En Marea, las políticas lingüísticas nacionalistas son progresistas e inclusivas, y ellos son sus impulsores, junto con los nacionalistas, allí donde pueden. Sería razonable pensar que Podemos y sus confluencias han aprendido de la experiencia de la izquierda con los nacionalismos, que siempre ha acabado perjudicándoles, pero no es el caso.

Respecto a promover un plurilingüismo activo desde el Estado si llegan a gobernar, es posible que lo hagan, aunque han mostrado siempre más interés en hablar de la plurinacionalidad que del plurilingüismo. Son partidarios del Estado plurilingüe, igual que el PSOE, pero al igual que ellos, rechazan cualquier cuestionamiento o modificación de las políticas lingüísticas de las Comunidades. No hay conflictos lingüísticos para ellos: esto es un invento de la derecha. Es la fase de negación que padece una gran parte de toda la izquierda española.

3.4. Falta una visión global de las lenguas

Lo que observamos de entrada en el comportamiento de los cuatro partidos nacionales ante la diversidad lingüística de España es que ninguno tiene una visión global de las lenguas. O se sitúan del lado del catalán, el euskera y el gallego o se sitúan del lado del castellano. Sorprendentemente, ninguno entiende que la diversidad incluye a todas las lenguas y sus hablantes, y que hay que abordar el tema con ecuanimidad, velando por los derechos de todos.

El PSOE, Podemos y sus confluencias son grandes partidarios de la diversidad lingüística de España, a la que califican constantemente de riqueza, pero esta diversidad omite el castellano, que también es un elemento constitutivo de ella. Éste es su punto ciego, además de su desconocimiento de los derechos lingüísticos individuales, de los que, comprensiblemente, nunca hablan.

El Partido Popular y Ciudadanos, por su parte, quieren representar a los hablantes del español y centran su enfoque lingüístico en esta lengua y en la ausencia de derechos lingüísticos de sus hablantes. La problemática señalada es correcta pero su planteamiento es demasiado acotado. Carecen de una visión más amplia y profunda de la cuestión lingüística y una incomprensión respecto al amplio apoyo a la promoción de las lenguas cooficiales. En otras palabras, no abordan el plurilingüismo y sus problemáticas, sino que se centran en exigir derechos para los hablantes del español. Es una actitud de resistencia del que tiene una bandera y no la posición del que entiende que hay que tener una visión que incluya la globalidad de las lenguas españolas y unos planes reformistas para materializarla.

Estas dos posiciones se han visibilizado en las dos propuestas legislativas presentadas en el Congreso en los últimos años. Por un lado, está la proposición legislativa de UPyD (que, a pesar de ser un partido de centro izquierda, en este tema rompía la ortodoxia y se situaba del lado de los defensores del español), presentada en septiembre de 2015 y llamada Proposición de Ley Orgánica sobre la oficialidad del castellano como lengua común española. El texto acierta en querer subsanar la ausencia de derechos lingüísticos de aquellos que desean utilizar el español con la Administración, en la Educación y en las instituciones. Sin embargo, su enfoque ignora las demás lenguas y se enmarca dentro de la idea errónea de que el español como lengua común inevitablemente hace decaer la importancia simbólica y funcional de las otras lenguas. La propuesta legislativa sólo logró el apoyo del Partido Popular (Ciudadanos aún no estaba en el Congreso).

Por otro lado, nos encontramos con la iniciativa del Grupo en el Senado Entesa pel Progrés de Catalunya, liderado por el Partido Socialista de Cataluña, para presentar la Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España. Como en el caso anterior, la ley, que se propuso a la Mesa del Senado en febrero de 2013, no prosperó. Posteriormente, en febrero de 2017, se presentó otra vez en el Congreso. No fue aprobada. El texto que impulsaban los socialistas catalanes y hacía suyo el PSOE proponía, acertadamente, colmar ciertas lagunas que existen en la Administración General del Estado a la hora de prestar sus servicios en lenguas cooficiales. Sin embargo, nada decía de los derechos y la situación de los castellanohablantes en las Comunidades con dos lenguas. Es contradictorio dar lecciones de pluralismo al Estado mientras en las Comunidades Autónomas se defiende tercamente la uniformidad.

La ausencia de una visión global de las lenguas españolas es un error de percepción sobre el que los partidos deberían reflexionar. De lo contrario, sus propuestas siempre serán parciales y, en consecuencia, divisivas.

3.5. De las lenguas a los hablantes

Un segundo error en la percepción de las lenguas es focalizar toda la cuestión en ellas. El artículo 3 de la Constitución, los Estatutos y las leyes de Normalización Lingüística están todos ellos centrados en la regulación de las lenguas. Nos encontramos con una clamorosa ausencia: los hablantes.

También en el discurso público el foco está únicamente en las lenguas. Esto ha conllevado que en muchos momentos éstas aparezcan como objetos a venerar, auténticos entes sagrados. Esta posición privilegiada de las lenguas cooficiales trae consigo una idea que se ha impuesto en amplios sectores de la sociedad: todo aquello que se haga en favor de las lenguas cooficiales siempre será poco. Está visión es lo que ha hecho de la planificación lingüística autonómica una empresa que no conoce límites.

Este foco en las lenguas en el debate público, resultado de la hegemonía discursiva del nacionalismo en materia lingüística, conduce inevitablemente a borrar a los hablantes. No se habla nunca de ellos. Sólo se habla de las lenguas, que es lo que interesa a los gestores lingüísticos y a los políticos nacionalistas. ¿Por qué?

Si nos referimos a los hablantes en general, a los que hablan catalán, euskera o gallego y a los que hablan castellano, a todos, entonces vamos a hablar de sus preferencias. A unos les gustarán más y a otros menos las políticas lingüísticas de los gobiernos nacionalistas. Algunos, si pudieran expresarlo, dirían claramente que quieren una Administración y una educación bilingües. Además de preferencias personales, los hablantes tienen derechos lingüísticos. Como cualquier otro derecho, no son estos derechos absolutos, pero algún derecho lingüístico sí tienen los hablantes cuya lengua materna/lengua de preferencia es el castellano.

Referirse a los hablantes significa poner sobre la mesa sus derechos lingüísticos y sus preferencias y opiniones sobre las lenguas. Y, como está claro, ni los derechos lingüísticos ni las preferencias y opiniones de los ciudadanos son de interés para los planificadores lingüísticos nacionalistas.

Este enfoque sirve a los nacionalistas, pero restringe enormemente el campo de acción. Debemos hablar de las lenguas y también de los hablantes. De hecho, los hablantes deberían ponerse en primer plano porque no hay duda de que, cuidando a los hablantes, las lenguas se cuidan solas.

Ninguno de los cuatro partidos nacionales es consciente de que éste debería ser el orden de prioridades. Todos ellos se mantienen dentro de las coordenadas marcadas por el discurso hegemónico: debatir sobre las lenguas sin mencionar a los hablantes.

Cerramos así la primera parte de este ensayo con unas reveladoras y valiosas enseñanzas sobre cómo no promover una lengua. Ni los gobiernos autonómicos nacionalistas ni los partidos nacionales han acertado en sus políticas y prácticas. Además, para empeorar las cosas, la única propuesta que se ha hecho pública en los últimos años es la propuesta del «blindaje», que recoge y aumenta las problemáticas lingüísticas actuales. No es éste el camino a seguir para el futuro. Debemos hacer lo contrario: reconocer que las cosas no se han hecho bien y que, aun con diferentes grados de responsabilidad, ningún actor político ha sabido estar a la altura. Todos ellos deberían ceder un poco para que la sociedad en general, todos los ciudadanos, ganemos algo.

Pasemos ahora a la segunda parte donde abordaremos cómo superar esta etapa y abordar mejor nuestra diversidad lingüística.

B

Cómo abordar mejor nuestro plurilingüismo

4

Necesitamos una Ley de Lenguas Oficiales

Hemos visto en la primera parte que el punto de partida para la regulación de las lenguas en la España democrática era óptimo. Había un amplio consenso en adoptar un reconocimiento abierto y generoso hacia ellas, que se materializó en el artículo 3 de la Constitución. Pasemos ahora a examinar concretamente el punto 3.3 del citado artículo, el cual afirma algo absolutamente novedoso:

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

En primer lugar, debemos señalar que hay una indeterminación en el término modalidades lingüísticas de España. Ello ha llevado a que existan dos interpretaciones distintas respecto a cuáles son estas modalidades lingüísticas. Una interpretación, más minoritaria, es que las modalidades lingüísticas son las lenguas españolas no oficiales como el aragonés o el asturiano. Para los que realizan esta interpretación, el artículo 3 divide las lenguas en tres grupos: el español, oficial en todo el país; en segundo lugar, el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano como lenguas oficiales reconocidas por sus Estatutos; en tercer lugar, las lenguas no oficiales que son calificadas como modalidades lingüísticas, no lenguas, y que no pueden ser oficiales sino sólo respetadas y protegidas. No podemos estar de acuerdo con esta interpretación.

La otra interpretación, que es la que compartimos, afirma que las modalidades lingüísticas son todas las lenguas de España. El constituyente optó por un sinónimo, el cual podía ser adecuado en 1978 pero actualmente nos resulta sin duda una expresión viejuna. Pero no parece haber duda de que lo que el constituyente quiere plasmar en el artículo no es la existencia de tres grupos de lenguas en importancia decreciente sino dos acciones: la primera, la designación de la oficialidad del español y de las demás lenguas (todas ellas, no hay ninguna restricción) en sus Comunidades. El que una lengua distinta del español devenga oficial o no dependerá sólo de la Autonomía. La segunda, en el punto 3.3, el mandato al Estado a considerar a todas las lenguas un patrimonio cultural que debe ser respetado y protegido. Sería extraño que el catalán, el euskera y el gallego, las cuales iban a ser sin ninguna duda declaradas oficiales por los Estatutos, no formaran parte del patrimonio común, no fueran una riqueza y no estuvieran necesitadas de respeto y protección.

Así, la interpretación que hacemos del punto 3.3 es que éste apela al Estado a considerar todas las lenguas españolas como una riqueza que debe ser respetada y protegida. Nos encontramos con otra indeterminación: respetadas y protegidas, ¿cómo? Siendo ambas palabras imprecisas, apuntan, sin embargo, a una actitud activa y positiva por parte del Estado ante la diversidad lingüística y a realizar acciones en favor de todas las lenguas españolas.

Este mandato a actuar trasciende a un Gobierno concreto; es un mandato al Estado independientemente del partido que lo ocupe en cada momento. A ello se añade que este mandato sitúa a las lenguas allí donde éstas, por su trascendencia, deberían ubicarse, es decir, siendo consideradas una cuestión de Estado y no sujetas a vaivenes partidistas.

Examinemos el mandato del punto 3.3 en más detalle. El Estado ¿ha cumplido con este mandato constitucional desde 1978? Si es así, ¿qué acciones ha realizado?

4.1. Medidas lingüísticas emprendidas por el Estado

Los datos nos revelan que el Estado despliega cierta actividad en favor de las lenguas cooficiales y sus hablantes. Las siguientes son las acciones más relevantes:

• Oferta de cursos de catalán, euskera y gallego por parte de la UNED y las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

• Oferta de cursos en el extranjero de catalán, euskera y gallego por parte del Instituto Cervantes.

• Apoyo vía subvenciones a las industrias culturales en todas las lenguas españolas oficiales.

• Reconocimiento de la excelencia de creadores españoles sin importar la lengua española en la que trabajen.

• Versión en todas lenguas oficiales de la web de algunos Ministerios.

• Atención telefónica en las lenguas cooficiales en algunos Ministerios.

• Uso de las lenguas cooficiales en el Senado.

• Mantenimiento de un circuito de televisión y una emisora de radio en catalán y gallego, subsidiarias de RTVE.

• Traducción diaria del BOE online a las lenguas cooficiales.

• Acuerdo con la Unión Europea para costear los servicios de traducción de las comunicaciones escritas en vasco, gallego y catalán de los usuarios con las instituciones europeas.

Observamos con satisfacción que el Estado realiza algunas acciones en favor de las lenguas distintas del español en ámbitos de uso significativos. Clasifiquemos las acciones realizadas según la función lingüística que cumplen:

• Posibilitar la relación de los ciudadanos hablantes del vasco, gallego y catalán con el Estado en sus lenguas: traducción diaria del BOE, versión en las cuatro lenguas oficiales de las webs de algunos Ministerios, atención telefónica en las cuatro lenguas oficiales.

• Promover el aprendizaje de las lenguas cooficiales: cursos de la UNED y las EOI en España y del Cervantes en el extranjero.

• Ampliar el abanico de medios de comunicación en lenguas cooficiales: televisión y radio, subsidiarias de TVE, en estas lenguas.

• Reconocer la creación cultural española como una, vehiculada en las diferentes lenguas de trabajo de los creadores: subvenciones a proyectos culturales en todas las lenguas y reconocimiento de la excelencia cultural independientemente de la lengua empleada por los autores.

• Contribuir al uso de las lenguas cooficiales en instituciones internacionales: acuerdo con la Unión Europea.

Observando estos datos, podemos afirmar que el conjunto de acciones que se llevan a cabo a partir del mandato constitucional del punto 3.3 no es muy numeroso, pero muestra a un Estado que va por el buen camino, y las medidas concretas son relevantes.

A ello se añade la llamada Administración periférica del Estado. En las Comunidades Autónomas bilingües, la acción lingüística del Estado está regulada y bien organizada: en las Comunidades bilingües, desde inicios de 1990 la Administración del Estado opera en todas sus instituciones en castellano y en la lengua cooficial. Uno sólo necesita acercarse a una oficina de Correos o de la Agencia Tributaria, una Comisaría de Policía Nacional o una Delegación del Gobierno para observar que toda la rotulación está en español y la lengua cooficial, que los documentos están en ambas lenguas y que el personal es capaz de comunicarse en ambas. La expedición de documentos es bilingüe: los DNI y también los carnets de conducir, los libros de familia y los títulos académicos. La declaración de Hacienda puede tramitarse en catalán, en euskera o en gallego si así lo escogen los ciudadanos.

Así como las acciones realizadas desde las instituciones centrales del Estado, nueve de las cuales hemos mencionado anteriormente, no están sistematizadas y presentan muchas lagunas, la organización escrupulosamente bilingüe de la Administración periférica muestra la capacidad operativa del Estado para trabajar, en total, en cuatro lenguas oficiales en seis Comunidades Autónomas (Cataluña y Baleares, en catalán-castellano; en la Comunidad Valenciana, en valenciano-castellano; en el País Vasco y en Navarra, en euskera-castellano; en Galicia, en gallego-castellano). Existe pues todo un camino trazado en favor de unas instituciones estatales plurilingües.

Consideremos ahora, por otra parte, las acciones estatales en el campo lingüístico para las demás lenguas españolas que no son oficiales y que cuentan con un número reducido de hablantes, inferior a 100.000. El Estado no ha realizado acciones en favor de estas lenguas, pero tampoco ha obstaculizado ninguna de las iniciativas en favor de ellas realizadas en sus Comunidades e incluso ha colaborado con alguna de ellas. Este grupo lo forman 11 lenguas y dialectos. Hemos incluido el aranés en este grupo porque a pesar de haber sido declarada lengua oficial por el Estatuto catalán de 2006, su oficialidad se restringe a la zona del Valle de Arán y su número de hablantes es de 3.000 personas localizadas en aquella zona.

Las lenguas²¹ que conforman este grupo son las siguientes:

• Asturiano (Asturias)

• Aragonés oriental o chapurriau (este de Aragón)

• Altoaragonés (zonas de la provincia de Huesca)

• Aranés (Valle de Arán)

• Cántabro o montañés (Cantabria)

• Leonés (en zonas de las provincias de León y Zamora)

• Extremeño o castúo (noroeste de la provincia de Cáceres)

• Fala galaico-extremeña (noreste de Cáceres)

• Árabe dariya (Ceuta)

• Bereber-tamazig (Melilla)

El Estado ha respetado y dejado en manos de cada comunidad de hablantes el estudio y promoción de estas lenguas minoritarias. Pero también ha contribuido con alguna acción, por ejemplo, financiando departamentos universitarios de filología aragonesa o asturiana y otorgando subvenciones a grupos de estudio de las demás lenguas y dialectos en las universidades de las zonas donde se hablan.

Así, es un dato empírico que el Estado ha desplegado cierta actividad ante la diversidad lingüística del país y que ha cumplido parcialmente el mandato constitucional de considerarla una riqueza, promocionarla y respetarla. Decimos que la actividad desplegada por el Estado, aun siendo motivo de satisfacción, es limitada y que el cumplimiento del artículo 3.3 es parcial porque esta actividad está claramente falta de ambición. Las medidas lingüísticas implementadas derivan de normativas sectoriales y muchas de ellas presentan lagunas. Se ponen en marcha más por inercia que porque detrás haya un plan pensado y coordinado. Como hemos dicho, la Constitución abrió la puerta al pleno reconocimiento de las lenguas distintas del español y, en consecuencia, la primera legislación sectorial derivada de ella incluyó medidas lingüísticas concretas que todavía están en vigor como las subvenciones a las creaciones culturales en cualquier lengua española oficial. Otras se añadieron más tarde, como la oferta por parte del Cervantes de cursos de catalán, euskera y gallego o la traducción del BOE a todas las lenguas oficiales.

Así, a pesar de lo satisfactorio de las medidas emprendidas por el Estado, el problema está en que todas estas actuaciones no están sistematizadas, y se llevan a cabo de forma descoordinada y mecánica. Son acciones individuales que no forman parte de ningún plan integral de tratamiento de la diversidad lingüística del país.

4.2. La evaluación internacional

Examinemos ahora otro elemento del que disponemos para evaluar el compromiso de España con el plurilingüismo del país. Son los informes periódicos del Consejo de Europa que evalúan el grado de cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. La Carta es el instrumento legal más poderoso que existe en Europa para el avance en los derechos lingüísticos de los hablantes de las lenguas regionales o minoritarias y data de noviembre de 1992. Sus 11 Estados firmantes, España entre ellos, declaran ser «conscientes del hecho de que la protección y el fomento» de estos idiomas «representan una contribución importante a la construcción de una Europa basada en los principios de la democracia y de la diversidad cultural».²²

El Congreso aprobó la adhesión de España a la Carta, y en 2002, el entonces ministro de Exteriores, Josep Piqué, firmó el documento en el que el Gobierno de España especificaba el grado de cumplimiento de la Carta al que se comprometía. Eligió, en la mayor parte de los artículos, la mayor protección posible para el catalán, el euskera y el gallego.

Cada país escogía su grado de compromiso (bajo, medio, alto) para cada ámbito de uso particular: por ejemplo, en los servicios públicos, la educación, los medios de comunicación o la Justicia. España optó mayoritariamente por el grado alto, lo cual significa que, en el campo de la educación, por ejemplo, se compromete a respetar y facilitar educación en la lengua minoritaria en todas las etapas educativas, desde los tres a los dieciocho años. Un ejemplo de compromiso bajo, por ejemplo, son los países que sólo aceptan educación en la lengua minoritaria en Primaria mientras que requieren que la Secundaria se dé en la lengua mayoritaria del país.

Así, los firmantes de la Carta son los Estados y lo que se evalúa es el grado de cumplimiento de los compromisos contraídos. Estos compromisos no tratan del plurilingüismo estatal (la promoción de las lenguas de un país por parte del Estado) sino que se refieren a lo que cada Estado permite a sus minorías lingüísticas en las zonas donde éstas residen. Lo que se evalúa es, pues, el grado de tolerancia de cada Estado hacia la diversidad lingüística interna, es decir, hasta qué punto permiten que distintas comunidades lingüísticas del país puedan utilizar su lengua en la Administración, la documentación, la educación, la cultura, los medios o la señalización pública de su territorio.

Los últimos informes del Consejo de Europa son de los años 2008, 2012 y 2016. Las evaluaciones de estos informes afirman que, en su actuación y actitudes globales, España cumple con creces los compromisos que adquirió y es un país muy tolerante con la diversidad lingüística interna. Por el lado de lo mejorable, se señala repetidamente las conocidas carencias y lagunas en Justicia, ámbito que sigue dominado por el castellano a pesar de los avances hacia el bilingüismo en el sistema judicial de las Comunidades Autónomas.

4.3. No hay plan lingüístico estatal

Planteémonos ahora lo que tiene toda la apariencia de una contradicción. Si los datos objetivos de los que disponemos nos revelan un Estado que va por el buen camino y que es tolerante con las lenguas distintas del español, ¿por qué existe la idea de que el Estado obstruye el progreso de estas lenguas o incluso las ataca? De hecho, éste es el imaginario hegemónico en España desde la Transición. Se nos ha relatado una y otra vez que los hablantes de las lenguas cooficiales nunca han contado con el aprecio del Estado a sus idiomas y que éste sigue irremediablemente anclado en una visión anacrónica de una España monolingüe.

Este retrato no se ajusta a la realidad. Es, efectivamente, un imaginario. De manera objetiva, con los datos que acabamos de presentar, podemos concluir que, desde los comienzos de la Transición, el Estado no ha puesto trabas a la rehabilitación de las lenguas distintas del español y ni mucho menos, las ha atacado o las ha intentado destruir.

A pesar de ello, el imaginario victimista ha prevalecido. Ello ha sido posible, en primer lugar, porque el victimismo es un puntal del nacionalismo lingüístico, tan importante como la lengua propia, y ha estado siempre en su interés el exprimir al máximo una condición de víctima y acusar al Estado de todos los males. Y todas las ideas del discurso nacionalista no se proyectan como ideas de parte, sino que se presentan como la verdad sobre las lenguas. Es un discurso muy potente que ha cortocircuitado con habilidad y contundencia todo cuestionamiento y se ha extendido y consolidado socialmente, como vimos en la primera parte.

No obstante, al mismo tiempo, la preeminencia del imaginario lingüístico victimista también ha sido posible porque el Estado ha actuado como ha actuado. A pesar de hacer en favor de las lenguas cooficiales, no lo ha comunicado ni lo ha puesto en valor. Son pocos los ciudadanos que conocen las acciones estatales en favor de las lenguas cooficiales y sus hablantes.

Respecto a una cuestión tan cercana a los ciudadanos, como es la expedición de documentos importantes, existe una gran ignorancia, constatada personalmente en las diversas Comunidades Autónomas, de que los ciudadanos tenemos nuestros documentos más importantes en formato bilingüe. «¿Sabías que tu DNI es bilingüe?» Es una pregunta que he formulado a amigos y colegas en Galicia, Baleares y Cataluña. La respuesta prácticamente unánime ha sido la sorpresa, abrir el bolso o la cartera y mirarlo. Vaya, pues sí, resulta que sí. Los DNI de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Comunidades bilingües son bilingües. Y muy poca gente lo sabe porque el Estado nunca se ha preocupado de explicar estas medidas lingüísticas ni de ponerlas en valor.

El Estado, como tal, está sumido en el silencio en el tema lingüístico. No comunica nada sobre las lenguas. Ni lo que hace, ni por qué lo hace, ni cómo percibe la diversidad lingüística del país. Nada. Ni sobre los hablantes, tampoco.

Respecto al discurso victimista de los gobiernos autonómicos, los sucesivos Gobiernos centrales han dejado decir y hacer. No se ha elaborado un discurso sobre las lenguas desde el Estado, fruto del consenso entre partidos en base a la convicción compartida de que las lenguas son un tema de Estado por su trascendencia, de que hay un mandato constitucional a actuar en esta dirección, y de que, de hecho, ya se realizan acciones en favor de las lenguas cooficiales y está en marcha una Administración periférica bilingüe en seis Comunidades Autónomas desde 1990. Toda comunicación sobre este tema ha sido exclusivamente partidista, con el PSOE diciendo una cosa y el PP, otra, cada uno según sus conveniencias.

Es curioso que ni el PSOE ni el PP, cuando han gobernado, hayan querido poner en valor lo que se hace por las lenguas cooficiales desde el Estado. Uno puede pensar que les hubiera convenido. En el caso del PSOE, este partido podría haber hecho valer estas actuaciones estatales en favor del catalán, el euskera y el gallego y enmarcarlas dentro de su inclinación por las lenguas cooficiales. Pero no lo ha hecho y ha dejado campo libre al relato victimista de un Estado malicioso y perturbador de las lenguas cooficiales. Tal vez explicar cómo son las cosas en realidad supondría adoptar una posición más ecuánime y afear a los nacionalistas su infundado victimismo. Por ahora, vemos que el PSOE prefiere no incomodarles en este tema y priorizar la condición de socio preferente de estos partidos.

Respecto al Partido Popular, tampoco ha hecho ninguna referencia a la existencia de un mandato constitucional en favor de las lenguas cooficiales ni a las acciones realizadas por parte del Estado. En su caso, también sería lo más lógico el haberse esforzado por poner en valor las actuaciones del Estado y contrastarlas con la posición pro-monolingüismo de los gobiernos autonómicos nacionalistas, cuyas prácticas tanto critica el PP. Pero no. Nunca cuando ha gobernado o sin gobernar se ha referido el PP a la actividad plurilingüe desplegada por el Estado. Tal vez no la considera importante, en la línea del poco interés mostrado por este partido por todo lo que no sea el español y los derechos de sus hablantes.

Debido a todo ello, podemos afirmar que el problema principal que presenta la posición del Estado frente a la diversidad lingüística es su mutismo. No ha considerado importante explicarse sobre su actividad lingüística y ha dejado hacer a los gobiernos nacionalistas en sus autonomías.

Las razones de este silencio y este  dejar hacer  parecen ser principalmente dos. La primera es que las élites del Estado no terminan de interiorizar las consecuencias del hecho de concebir el catalán, el vasco y el gallego como lenguas plenamente españolas. Para ellos, el bilingüismo territorializado es literalmente territorializado, periférico, y ocurre sólo en esos territorios, mientras los sucesivos Gobiernos centrales no tienen nada que decir porque no es de su incumbencia.

En segundo lugar, se observa también un temor por parte de los sucesivos Gobiernos a tocar un tema tan delicado y complejo, que levanta pasiones y donde resulta que ellos siempre salen perdiendo y son acusados de todos los males. Éste es el muro infranqueable que el Estado tiene frente a sí, muro que se ha ido construyendo, ladrillo a ladrillo, durante 40 años.

El Estado incluye a todas las élites gobernantes, desde los técnicos superiores del Estado hasta el presidente del Banco de España, desde el director del Museo del Prado hasta el presidente del Tribunal Constitucional, desde el presidente de Renfe hasta el de Correos. Pero los actores clave son los Gobiernos porque ellos lideran el Estado y su posición particular empuja a los otros a ir en la misma dirección. Ya que ni el PSOE ni el PP han estado muy interesados en promover el Estado plurilingüe, éste no se ha dejado notar en las demás instituciones y organismos estatales, la mayoría de los cuales siguen operando sólo en español.

4.4. Razones para una Ley de Lenguas Oficiales

Todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a la conclusión de que es necesaria una intervención estatal amplia en el campo lingüístico. En este libro proponemos para esta intervención una Ley de Lenguas Oficiales estatal que intente superar la etapa actual, mejorando aquello en lo que se ha fallado. Hemos identificado dos cuestiones en la regulación actual de la diversidad lingüística de España que necesitan ser abordadas de mejor manera y desde una mayor comprensión:

• La visibilización y fomento del plurilingüismo del país de manera activa desde las instituciones del Estado y del Gobierno.

• La especificación y garantía de ejercicio de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.

Avanzar en la construcción del Estado plurilingüe y garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, implicaría un cambio cualitativo en la forma de percibir y regular la diversidad lingüística española. Examinemos brevemente las razones por las cuales estas dos cuestiones son los dos pilares sobre los que debe asentarse una reforma lingüística en España.

Respecto al primero, una mayor visibilidad y compromiso estatales con todas las lenguas oficiales del país pasa porque éstas estén más integradas en las instituciones del Estado. Si las lenguas cooficiales son también lenguas españolas, como afirma la Constitución, su presencia y uso en las instituciones estatales debería ser mucho más relevante de lo que es actualmente. En este momento, el catalán, el euskera y el gallego están representados únicamente en el conjunto limitado de acciones estatales que hemos examinado en este capítulo. Y a ello se añade que ninguna de ellas es puesta en valor ni comunicada. No hay relato por parte del Estado y con ello se está descuidando una parte simbólica muy importante. Es obligación del Estado no sólo gestionar la parte administrativa de su cometido, sino también ejercer una función simbólica para que todos los ciudadanos se sientan representados en él y puedan sentirse parte de él. Las lenguas pertenecen, de manera muy especial, al campo de lo simbólico.

Cumplir esta función simbólica por parte del Estado respecto a las lenguas supondría realizar acciones como las siguientes, las cuales se contemplan en la Ley de Lenguas que proponemos:

• Rotulación en las cuatro lenguas en el exterior de todos los edificios de las instituciones estatales.

• Uso de las lenguas cooficiales de España en actos de Estado. Todos ellos deberían abrirse y cerrarse con saludos y despedidas en todas las lenguas oficiales.

• Visibilización de la diversidad lingüística española en carteles, folletos y publicaciones oficiales en general.

• Inclusión en los currículos educativos de todas las Comunidades Autónomas de una asignatura trimestral que explique y documente la diversidad lingüística de España, y la presente positivamente.

Así, el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional o el Banco de España tendrían sus rótulos exteriores en español, catalán, euskera y gallego (y en valenciano cuando el término en valenciano no coincida con el término en catalán). La rotulación cuatrilingüe sería aplicable únicamente a los edificios de las instituciones del Estado en Madrid. Lógicamente, no sería aplicable a las instituciones estatales en las Comunidades Autónomas. En las Comunidades monolingües las instituciones del Estado seguirían utilizando únicamente el español ya que sirven a los ciudadanos de la Comunidad. En las Comunidades bilingües, las Delegaciones del Gobierno e instituciones estatales seguirían siendo bilingües como ahora.

Tomemos el ejemplo del Museo del Prado, cuya rotulación exterior se leería así:

• Museo del Prado

• Museu del Prado

• Prado Museoa

• Museo do Prado

La rotulación plurilingüe, claramente, no tiene una función comunicativa. Sólo con el rótulo en castellano, todo el que esté interesado por el museo lo encuentra. El valor de la rotulación plurilingüe reside en su dimensión simbólica. Sería sin duda un motivo de satisfacción para los hablantes del catalán, el euskera y el gallego pasear por el Paseo de la Castellana y observar una rotulación que incluye su lengua materna/lengua de preferencia en uno de los edificios culturales más emblemáticos de nuestro país. El simbolismo reside en que reconociendo la lengua se reconoce a los hablantes. Esta inclusión de sus lenguas en las instituciones de todos hace que estos hablantes se sientan reconocidos en su singularidad, como hablantes de lenguas diferentes de la mayoritaria pero partícipes en igualdad de condiciones de las instituciones estatales. El plurilingüismo estatal es una forma de expresar en la práctica el lema de la unidad en la diversidad. El Estado nos representa a todos y por ello se expresa en las lenguas de todos.

No reconocer suficientemente las lenguas españolas significa no reconocer suficientemente a sus hablantes. Un Estado moderno defensor de la pluralidad y respetuoso con la diversidad lingüística y su complejidad debe dar espacio a todas las lenguas del país en sus instituciones. Ésta es la primera cuestión que aborda nuestra propuesta de Ley de Lenguas, avanzando a partir de lo que ya se hace, y con un plan de gran alcance para la construcción del Estado plurilingüe.

Pasemos ahora a la segunda cuestión que requiere ser abordada de mejor manera, la especificación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos como ciudadanos españoles. El avance consistiría en situar los derechos de los hablantes como objeto de regulación legislativa ya que, como hemos visto, la legislación actual estatal y autonómica está toda ella centrada en regular las lenguas mientras los hablantes y sus derechos casi no son mencionados.

La especificación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas se concreta de dos formas en la propuesta de la Ley de Lenguas. Por una parte, se ampliarían los derechos lingüísticos de los hablantes del catalán, el euskera y el gallego ya que éstos podrían relacionarse con las instituciones del Gobierno y del Estado en sus lenguas maternas. Actualmente, pueden usar sus lenguas en las respectivas Comunidades, pero no existe ninguna normativa que garantice que estos ciudadanos también tienen derecho a relacionarse con el Estado, que es el Estado de todos, en sus lenguas si así lo desean.

En la misma línea, la propuesta de Ley de Lenguas busca especificar y garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes del español en las Comunidades bilingües. Actualmente, nos encontramos con que las políticas lingüísticas de los gobiernos de signo nacionalista no tienen límite. Todo está bien y todo está permitido si se hace por el catalán, el euskera y el gallego, mientras que nadie repara en que también deberán tener derechos los ciudadanos cuya lengua materna/lengua de preferencia es el español. Promover e incentivar el catalán, el euskera y el gallego no implica necesariamente negar todo derecho a los castellanohablantes. Actualmente no existe una legislación ni estatal ni autonómica clara y sistemática que especifique los derechos lingüísticos de los ciudadanos. La legislación lingüística autonómica, es decir, los Estatutos y las Leyes de Normalización Lingüística, se decantan por hablar mucho de las lenguas y poco de los derechos de los hablantes. Realizan todos los Estatutos una vaga referencia a que todos los ciudadanos tienen el derecho de usar las dos lenguas oficiales de la comunidad, pero es este fraseado un derecho «negativo», es decir, general e inconcreto. Y los derechos negativos muy frecuentemente no tienen ninguna traducción en la práctica, como es en el caso que nos ocupa.

El hecho objetivo con el que nos encontramos, con amplios grupos de ciudadanos en las Comunidades bilingües carentes del mínimo derecho lingüístico, es, sin duda, una anomalía en una democracia liberal europea. El español es una lengua oficial en todas las Comunidades Autónomas y es, además, la lengua mayoritaria en todas ellas. Es ésta una situación sin parangón con ningún otro grupo de hablantes en Europa; ninguna otra comunidad lingüística europea que conozcamos padece esta ausencia total de derechos lingüísticos como sucede en el caso de los castellanohablantes en las Comunidades bilingües españolas. Es, pues, una tarea urgente especificar y garantizar estos derechos y poner límites a las actuales prácticas lingüísticas discriminatorias en las Comunidades bilingües.

La Ley de Lenguas que proponemos no es sólo un instrumento legislativo. Es un marco dual, legislativo y discursivo. Así como tiene como objetivo su aprobación como Ley, la propuesta también tiene el objetivo discursivo de articular un relato alternativo sobre las lenguas de España, los hablantes y sus derechos, preferencias y opiniones, y cómo la regulación de la diversidad lingüística puede llevarse a cabo de manera justa y eficaz. La primera consideración que quiere introducir este nuevo relato es que debemos partir de que la diversidad lingüística es una realidad de España. A unos les gustará más, a otros menos, pero ésta es la realidad. En este momento, es estéril discutir si la pluralidad de lenguas es una bendición o una maldición. Nuestro punto de partida es que es una realidad del país.

A partir de aquí, lo que sí puede cambiar, lo que sí depende de nosotros, es cómo experimentamos socialmente esta realidad plurilingüe, y hasta ahora la hemos experimentado como problemática y fuente de enfrentamientos viscerales. La Ley de Lenguas apuesta por cambiar gradualmente la percepción social de las lenguas españolas, es decir, poner las bases para una nueva cultura lingüística. En este nuevo enfoque se percibirían las lenguas como una característica positiva de nuestro país, una riqueza cultural de todos y un valioso recurso individual. Esta percepción de las lenguas sería sin duda compartida por muchos ciudadanos, exhaustos de los enfrentamientos y desencuentros en este tema. No obstante, un cambio de percepción no se dará por sí solo. Hay que hacer que ocurra introduciendo en el debate público un discurso alternativo al actual y contando con que se necesitará mucho tiempo para que éste se extienda y consolide.

La elaboración e implementación de una Ley de Lenguas nos permitiría realizar un cambio cualitativo en el abordaje y tratamiento de nuestra diversidad lingüística, superando muchos de los problemas que padecemos actualmente. En este capítulo hemos visto que el Estado ya tiene un cierto camino recorrido en su evolución hacia un Estado plurilingüe activo y comprometido. La Ley de Lenguas no supondría empezar de cero. Así, partiendo de lo que ya se está llevando a cabo, el Estado puede ampliar y consolidar este camino hacia el reconocimiento pleno de la diversidad lingüística del país y constituirse gradualmente en un Estado plurilingüe.

5

Los hablantes adquieren derechos lingüísticos

Hemos visto en el capítulo anterior que el mutismo y la insuficiente actividad han sido las características principales de la posición del Estado ante la diversidad lingüística del país. Hemos visto también cómo, debido a lógicas partidistas, tanto el PP como el PSOE entraron en dificultades para hacer frente a las políticas lingüísticas nacionalistas en las Comunidades bilingües y no fueron capaces de desplegar un discurso propio. Por acción u omisión, han permitido el desarrollo de la hegemonía lingüística nacionalista. Partimos, pues, de una situación precaria: el Estado no tiene una posición activa en el campo lingüístico.

Un mejor abordaje y gestión de la diversidad lingüística española requiere un sujeto que lidere este cambio y el Estado es el sujeto más legitimado para ello. Aun partiendo de una posición frágil, debemos pensar que, gradualmente, es posible revertir las cosas. Se trata de disponer de las herramientas conceptuales y programáticas para poder hacer emerger este nuevo actor lingüístico, el Estado, implicado en la realidad de plurilingüismo, activo en su ordenamiento y en su promoción, eficaz en la gestión y con una actitud de cercanía y complicidad hacia todos los hablantes.

Debido a la hegemonía lingüística nacionalista, el debate público ha evitado toda discusión sobre el instrumento crucial en los contextos plurilingües: los derechos lingüísticos. A ellos dedicaremos este capítulo.

En España hablamos varias lenguas, hemos escrito y discutido largamente sobre el tema, y encontramos en ellas un tradicional motivo de disputa. Todo esto hace años que lo practicamos, logrando, al mismo tiempo, evitar mencionar los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Es una proeza, sin duda. Los derechos lingüísticos es como si no existieran. Nadie habla de ellos.

En consecuencia, muchos ciudadanos en las Comunidades bilingües y muchísimos más en las monolingües tendrían grandes dificultades en explicar qué son los derechos lingüísticos y cómo se traducen en la práctica. Los únicos que los conocen son aquellos que se han sentido violentados lingüísticamente y se han informado sobre ello. En todas las Comunidades bilingües se han formado grupos de reivindicación de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes.²³ Sin embargo, son poco numerosos en cuanto a afiliados y carecen de formas de expresarlo públicamente en medios de cierta relevancia y alcance. El discurso hegemónico se opone a ello y vive y hace vivir a los demás como si los derechos lingüísticos no existieran.

Así pues, los derechos lingüísticos son los grandes ausentes en el discurso público sobre las lenguas. Esta clamorosa omisión es la primera cuestión a revertir para poder estar en una mejor posición para pensar y gestionar nuestro plurilingüismo. En las democracias liberales plurilingües de nuestro entorno, los derechos lingüísticos son la clave de la cuestión. Veamos por qué.

5.1. Los derechos lingüísticos individuales

Los derechos lingüísticos son los derechos de las personas a usar su lengua en todos los ámbitos públicos. En las comunidades y países plurilingües, los derechos lingüísticos se refieren a la capacidad legal y efectiva de los ciudadanos de escoger la lengua de uso en el ámbito público, concretamente en su relación con la Administración pública, en la educación, en la justicia o en el ámbito cultural y de medios de comunicación. Los ciudadanos tienen derechos lingüísticos y las administraciones públicas, la obligación de poner los medios para que los ciudadanos puedan ejercer estos derechos. En las Comunidades bilingües, esto se materializa en la provisión de informaciones, documentos y servicios en ambas lenguas. Tales derechos constituyen una herramienta para combatir la asimilación forzosa, especialmente en el actual contexto geopolítico que busca dar cobertura a las minorías. Éste es el esquema principal de los derechos lingüísticos.

La mayoría de países plurilingües europeos incluyen en su legislación lingüística referencias explícitas a los derechos lingüísticos²⁴ y encuentran en ellos la base sobre la que edificar sus políticas lingüísticas. La excepción es Francia, que tiene una larga historia, ya desde la Revolución Francesa, de vivir de espaldas a su diversidad lingüística.

En el  derecho internacional, los derechos lingüísticos suelen contemplarse dentro del marco más amplio de los derechos culturales y educativos y en el contexto de la protección de los grupos minoritarios. Tres documentos internacionales cruciales para el sustento de la doctrina de los derechos lingüísticos son la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias (1992) y el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1995).

Veamos ahora brevemente el origen del término derechos lingüísticos y los cambios acaecidos en su comprensión y alcance. Como explica el lingüista mexicano Rainer Enrique Hamel:²⁵

A partir de la segunda guerra mundial se aceleraron enormemente los procesos de expansión de algunas lenguas, en primer lugar, del inglés como lengua internacional casi monopólica (Cooper, 1982, Laforge y McConnell, 1990). Por otro lado, observamos la creciente amenaza de extinción de una gran parte de las lenguas del mundo, a pesar de las múltiples expresiones de resistencia. Dado que en el 96 por ciento de los Estados del mundo coexisten diferentes grupos lingüísticos, las relaciones de dominación y de subordinación y los procesos de desplazamiento y resistencia entre lenguas y sus hablantes constituyen fenómenos prácticamente universales.

[…] En este proceso el concepto de derecho lingüístico cobra una importancia cada vez mayor. Los derechos lingüísticos forman parte de los derechos humanos fundamentales, tanto individuales como colectivos y se sustentan en los principios universales de la dignidad de los humanos y de la igualdad formal de todas las lenguas. Los defensores de los derechos de las minorías lingüísticas iniciaron un proceso de discusión para llegar a un conjunto de definiciones básicas y una serie de condiciones mínima para que las minorías puedan ejercer dichos derechos.

[…] La primera generación [post-1945] estableció los derechos políticos y civiles fundamentales y prohibió cualquier discriminación basada en las diferencias de raza, sexo, religión o lengua. Incluyó también el derecho a la autodeterminación de los pueblos nativos, pero lo limitó a los procesos de descolonización (cf. Wildhaber, 1989). La segunda generación formuló derechos económicos, sociales y culturales. La tercera más reciente abordó, por un lado, los derechos solidarios de paz, desarrollo y medio ambiente (Skutnabb-Kangas y Phillipson, 1994) y los derechos étnicos por el otro (Stavenhagen, 1992, 1993, 1995).

Observamos, pues, que desde la segunda guerra mundial se ha ido configurando una doctrina que sustenta la existencia de derechos lingüísticos de las personas y en contra de la discriminación por motivos de lengua. Por el contrario, en España nos encontramos con una ausencia de conocimiento y de discusión sobre los derechos lingüísticos ciudadanos. Y no es ésta sólo una ausencia a nivel discursivo, sino que tiene importantes efectos en la práctica, como podemos observar en la vida diaria de aquellos que tienen el español como lengua materna/lengua de preferencia en las Comunidades bilingües. Centrémonos en la cuestión de la educación, donde las inmersiones monolingües obligatorias para todos los alumnos han devenido el modelo a seguir.

5.2. La inmersión y los derechos lingüísticos de los castellanohablantes

La inmersión lingüística puede analizarse desde varios ángulos: el pedagógico (¿la inmersión es el modelo que mejor responde a las necesidades educativas de los alumnos?), el político (¿tiene como objetivo la inmersión hacer del español una lengua ajena, casi podríamos decir extranjera, para los alumnos, y así adelgazar aquello que nos une con el resto de españoles?) y el de los derechos lingüísticos (¿respeta la inmersión los derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes, los cuales no pueden escolarizarse en su lengua ni en una educación bilingüe?).

En esta sección vamos a examinar la inmersión desde la perspectiva de los derechos lingüísticos. Actualmente los programas de inmersión lingüística obligatoria cubren ya la totalidad de los centros escolares en Cataluña, la práctica totalidad en Baleares y avanzan a paso firme en la Comunidad Valenciana. Para examinar esta práctica escolar desde la perspectiva de los derechos, nos colocaremos en una situación hipotética: Cataluña se ha independizado de España y solicita su entrada en la Unión Europea. ¿Encontraría el apoyo de la UE al sistema de inmersión lingüística que se practica en las escuelas? La respuesta a esta pregunta nos ayudará a ilustrar la problemática de la inmersión en relación con los derechos lingüísticos de todos los alumnos.

Examinaremos tres cuestiones para poder responder a la pregunta que nos hacemos. Son: la práctica escolar europea, la legislación internacional y la filosofía lingüística que rige en la UE.

Observando la actual práctica escolar europea, vemos que en ninguna de las comunidades y países bilingües y trilingües de Europa se aplica el sistema de inmersión catalán. La razón de ello está en que todos estos países y comunidades integran sus lenguas oficiales en la educación como lenguas vehiculares.²⁶

Esta integración de las lenguas oficiales del país o región la realizan a través de dos modelos. El mayoritario es el de la doble red escolar a partir de la cual los ciudadanos escogen la lengua en la que quieren educar a sus hijos de entre las lenguas oficiales de sus territorios. Éste es el caso de Finlandia, por ejemplo, que tiene una red de escuelas en finlandés y otra en sueco. También existe una doble red en Gales (galés-inglés), en Eslovaquia (eslovaco-húngaro) o en Irlanda (irlandés-inglés).

De manera más minoritaria existe un segundo modelo lingüístico escolar en Europa: la educación multilingüe, que puede ser bilingüe o trilingüe. Se aplica, por ejemplo, en Luxemburgo, donde existe un modelo trilingüe. Todas las escuelas imparten la educación en las tres lenguas del país, el luxemburgués, el alemán y el francés, que van introduciendo gradualmente en este orden. Todos los alumnos asisten a estas escuelas. Éste es también el caso de Frisia, la región del norte de Holanda, donde el frisón es lengua oficial junto al holandés. En esta comunidad, la mayoría de escuelas son bilingües, impartiendo algunas asignaturas en frisón y otras en holandés dependiendo de la etapa escolar.

Esta práctica escolar europea está fundamentada, además de en las legislaciones nacionales, en la legislación europea e internacional sobre el derecho a la educación en lengua materna,²⁷ uno de los derechos lingüísticos esenciales, fundamentado en el hecho de que la lengua materna es un facilitador educativo de primer orden y una necesidad afectiva de todos los alumnos. Este derecho, como especifica la Unesco, no implica que todo el currículum escolar deba realizarse en lengua materna, pero sí una parte significativa de él.

En la legislación europea sobre este tema, el instrumento legislativo más importante es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (1992), que reconoce unas 60 lenguas minoritarias habladas por 40 millones de personas. Lógicamente, dedica amplio espacio a tratar la educación en lengua materna, especificando este derecho de los hablantes de lenguas minoritarias, los cuales, al igual que los hablantes de las lenguas mayoritarias europeas, deben poder ejercer este derecho sin cortapisas. En la práctica, esta legislación se aplica siguiendo este principio: allá donde hay una comunidad suficientemente amplia de ciudadanos que hablan una lengua, siempre y cuando esta lengua sea también oficial, las administraciones educativas deben proveer educación en esta lengua.

Finalmente, la filosofía lingüística que rige en la Unión Europea es una filosofía abierta, moderna y pro-multilingüismo, con una práctica de respeto y valoración de todas las lenguas europeas. Todos los informes de la Unión Europea sobre este tema²⁸ recomiendan el aprendizaje y promoción de todas las lenguas oficiales europeas, que son percibidas como un recurso muy valioso para los ciudadanos y una riqueza cultural de toda Europa. Es por tanto incomprensible que sólo una de estas lenguas, el español de Cataluña, deba quedar fuera de la educación como lengua vehicular.

Si algún día el sistema de inmersión tan altamente reconocido en España es evaluado en términos europeos, será entonces claramente definido como lo que es: un modelo escolar monolingüe, obligatorio para todos los alumnos, en una Comunidad bilingüe. Es decir, una excepción en Europa.

Lo expuesto hasta ahora nos lleva a concluir que es altamente improbable que Bruselas aceptara mantener la inmersión como un sistema homologable a los demás sistemas lingüísticos escolares: la mitad de los alumnos de Cataluña tiene el español como lengua materna y es la lengua de uso habitual del 45 por ciento de los ciudadanos catalanes.²⁹ Es impensable desde una perspectiva europea que estos ciudadanos, siendo además un grupo tan numeroso, carezcan de derechos lingüísticos tan elementales como el de la educación en lengua materna. Así, es muy probable que Bruselas pidiera modificaciones sustanciales en el sistema escolar a una hipotética Cataluña independiente. Estos cambios sólo podrían ir en una de las dos direcciones descritas: un modelo de doble red con escuelas en cada una de las dos lenguas oficiales o la provisión de una educación bilingüe catalán-español. Sólo estos dos modelos respetan los derechos lingüísticos de todos los alumnos y por ello son los modelos vigentes en los demás países europeos.

Pasemos ahora a preguntarnos qué hace posible en la práctica un sistema escolar en Cataluña y Baleares tan alejado de las prácticas europeas. La respuesta debemos buscarla por el lado de la ausencia de legislación sobre derechos lingüísticos. Nos encontramos con un vacío: las políticas lingüísticas no están constreñidas por ningún derecho ciudadano. La inmersión no es impensable en España sino muy real porque el derecho a la educación en lengua materna, un derecho lingüístico esencial reconocido mayoritariamente en Europa, no se contempla en España ni en la legislación ni en el debate público.

Los nacionalistas galeses y los quebequeses también desearían poder aplicar la inmersión lingüística obligatoria para todos en sus territorios. La educación es el gran campo de batalla para todos los nacionalismos ya que se dirige a niños y adolescentes, a quienes quiere formar en la línea de sus intereses.³⁰ En el caso de Quebec, pioneros en la inmersión lingüística, ésta es casi universal; existe provisión de educación anglófona o bilingüe, aunque es reducida y bajo condicionantes. En principio, la educación es íntegramente en francés para todos aquellos niños y niñas que viven en Quebec. La excepción está en los alumnos canadienses anglohablantes cuyos padres, ambos o uno de ellos, se han educado en inglés en cualquier parte del país. Estos sí tienen derecho a una educación para sus hijos en inglés en Quebec. No fue del agrado de los nacionalistas introducir esta excepción a su Loi 101,³¹ de 1979, que regula los usos del francés en la provincia. Tuvieron que aceptarlo porque así lo especificaba la Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 1982, que forma parte de la Constitución. La sección 23 de la Carta, aunque de forma claramente limitada en cuanto a quienes están cualificados para ello, consagra el derecho a la educación en lengua materna a los niños anglohablantes con al menos un padre que se educó en inglés. Sin esta legislación estatal, la educación en francés sería obligatoria para todos.

En cuanto a los nacionalistas galeses, éstos también desearían una política lingüística sin límites donde el galés fuera la única lengua de la Administración, de la educación, de la sanidad, de los medios y de la actividad comercial. Monolingüismo en galés, el sueño de algunos. Este sueño no se ha cumplido, pero lo que sí ha sucedido, desde la aprobación del Welsh Language Act de 1993, ha sido el fuerte impulso al galés. Actualmente, la presencia de esta lengua y su uso se han vuelto comunes en la región. Sin embargo, es importante señalar que la primera legislación sobre el galés fue una ley aprobada por el parlamento de Westminster en el que equiparaba ambas lenguas en su uso público y ponía las bases para una devolution a Gales en el terreno lingüístico. Once años más tarde, en el curso escolar 2014-2015,³² había 391 escuelas de primaria en galés, 39 escuelas bilingües, 33 escuelas en inglés con una importante parte del currículo en galés y 862 escuelas en inglés. Respecto a Secundaria, 23 institutos en gales, 27 bilingües, 9 en inglés con una importante parte del currículum en galés y 148 escuelas en inglés.

¿Por qué lo hacen así? Porque la Welsh Language Act ampara los derechos lingüísticos de los ciudadanos anglohablantes y ello impide excluir el inglés de las escuelas, instituciones y servicios.³³ El tema de las lenguas es polémico en Gales, pero la polémica se enmarca dentro de unos parámetros donde todos los ciudadanos en Gales gozan de derechos lingüísticos. La libertad de elección de una lengua u otra de entre las oficiales es precisamente la esencia de este derecho. Esta libertad de elección no es absoluta, puede tener condicionantes, pero está contemplada en una proporción razonable.

Por el contrario, cuando los derechos lingüísticos no se reconocen o se reconocen poco y mal, como sucede en España a los castellanohablantes, entonces las políticas lingüísticas no tienen límite porque no se enmarcan en nada más que en la pura voluntad del legislador de expandir la lengua.

5. 3. Las lenguas mayoritarias también pueden quedar arrinconadas

Los más perjudicados por las políticas lingüísticas de los gobiernos autonómicos nacionalistas son aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen el castellano como lengua materna/lengua de preferencia. Cuando, con enormes dificultades, logra entrar en el debate público la cuestión de los derechos de los hispanohablantes, irremediablemente se tergiversan las cosas para hacer creer que se está «defendiendo» el español como lengua. No se trata de la lengua; el español goza de la vitalidad y el amplio alcance característicos de las lenguas mayoritarias. No hay que defenderlo de nada. De lo que se trata es de una defensa de los derechos civiles de un importante número de ciudadanos y ciudadanas españoles.

Como afirma el lingüista Javier Pérez:³⁴

Negarlos [los derechos lingüísticos] es negar, a su vez, el concepto mismo de «discriminación lingüística» porque ¿acaso puede haber discriminación si no hay un derecho vulnerado?

Ello ha sido posible, de una manera tan incuestionada, porque, argumenta Javier Pérez,³⁵ en el imaginario colectivo, los discriminados siempre son los hablantes de lenguas pequeñas:

No reconocer la vertiente individual [del derecho lingüístico] supone, por ejemplo, ignorar que un hablante de una lengua de amplia difusión no pueda sufrir discriminación o que una minoría identitaria pueda ejercer discriminación lingüística sobre los hablantes de una lengua de amplia difusión para homogeneizar su sociedad.

Son situaciones aparentemente anómalas pero muy reales, como observamos en España.

Frente a este estado de cosas, hay que explicar que los ciudadanos y ciudadanas somos titulares de derechos lingüísticos individuales y que debemos poder ejercerlos de facto. La legislación internacional vincula implícitamente discriminación lingüística con hablantes de lenguas minoritarias, regionales o en peligro o grupos vulnerables. Efectivamente, aquí es donde está el trabajo más importante a realizar en cuanto a preservación lingüística y derechos de sus hablantes, pero ello no impide, como nos muestran los hechos, el tener presente que los hablantes de una lengua mayoritaria como el español también pueden encontrarse con sus derechos lingüísticos ignorados y, en consecuencia, vulnerados.

De la misma manera que en las Comunidades bilingües de España, el proteccionismo lingüístico de Quebec se centra en promover un monolingüismo francés y arrinconar el inglés. Ello se logra más en las zonas rurales, siendo Montreal, como Barcelona o Palma de Mallorca, esencialmente bilingüe. Quebec es un ejemplo de cómo los hablantes de una lengua poderosa como el inglés pueden ser amonestados, mirados mal o ignorados por hablar su lengua. En Quebec, el inglés es sinónimo de peligro para los nacionalistas, al igual como lo es el español para los nacionalistas de las Comunidades Autónomas.

Examinemos ahora la cuestión en España desde una perspectiva legal. ¿Qué tipo de legislación lingüística tenemos? ¿No hay ningún reconocimiento expreso de los derechos lingüísticos de los hablantes de la otra lengua oficial en la normativa lingüística autonómica? Si analizamos la normativa relevante observamos que ésta refleja un tenue reconocimiento de los derechos lingüísticos de los hablantes del español, lengua que es, recordemos, calificada sólo de oficial y no de propia. Aunque los Estatutos autonómicos hacen todos referencia a los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, el derecho descrito es lo que se conoce como un derecho «negativo». Es decir, un derecho a usar la lengua y no ser discriminado por ello, pero sin más concreción, sin especificar los ámbitos de uso y sin garantías para este uso.

Veamos, como ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Galicia. En su Título Preliminar, artículo 5, afirma (las cursivas son nuestras):

1. La lengua propia de Galicia es el gallego.

2. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos.

3. Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas y potenciarán la utilización del gallego en todos los órdenes de la vida pública, cultural e informativa, y dispondrán los medios necesarios para facilitar su conocimiento.

4. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.

La Ley de Normalización Lingüística de Galicia (Ley 3/1983, de 15 de junio) repite esta referencia genérica al derecho a usar ambas lenguas oficiales sin especificar ningún derecho «positivo». Lo mismo sucede en las demás legislaciones autonómicas.

Lo que observamos es que las normativas lingüísticas autonómicas no existen para regular los derechos lingüísticos de los hablantes de las dos lenguas oficiales, sino que existen únicamente para extender el uso social de la llamada lengua propia. Por ello no hay ningún derecho «positivo» en el orden de los derechos lingüísticos, es decir, derechos concretos y con garantías de poder ser ejercidos. En otras palabras, los derechos lingüísticos no son el objeto de regulación de las normativas autonómicas; lo es únicamente la lengua a revitalizar y expandir.

Por parte estatal, no hay prácticamente legislación que incluya derechos lingüísticos. De la legislación existente, toda ella sectorial, destaca la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE, que afirma que todos los niños y niñas de España tienen derecho a ser educados en español. Sin embargo, este precepto no ha tenido ningún recorrido porque ningún Gobierno ha visto oportuno implementarlo.

En las democracias liberales, los derechos lingüísticos son, en primer lugar, individuales. Esto es lo que falta en España: una legislación acorde. Los derechos lingüísticos son los primeros organizadores de la diversidad lingüística: fijan las coordenadas para la legislación y las prácticas lingüísticas.

Profundicemos ahora en otros aspectos de los derechos lingüísticos.

5.4. Los derechos lingüísticos colectivos

Una cuestión fundamental sobre los derechos lingüísticos es reconocer que éstos son primeramente individuales, pero no exclusivamente individuales. Tienen también una dimensión colectiva insoslayable. La perspectiva del derecho lingüístico individual es que el individuo tiene el derecho a expresarse en su lengua. Sin embargo, el lenguaje requiere de forma estructural al otro, y ello hace del universo lingüístico un fenómeno social, que trasciende lo individual pero no lo anula. Para que pueda darse un acto comunicativo iniciado por un sujeto debe haber, en primer lugar, un otro u otros que le comprendan y que respondan al acto de comunicación iniciado. Así, en el campo de la planificación lingüística se distingue entre el derecho de un individuo a usar su lengua, el llamado derecho activo —hablándola o escribiéndola— y el llamado derecho pasivo, el derecho a ser comprendido. Y este último derecho ya implica a los otros, cuyos derechos se ven también afectados.

Así, el individuo garante de derechos lingüísticos necesita una comunidad de habla donde poder ejercerlos. Como afirma Rainer Enrique Hamel:³⁶

El hecho evidente de que un sujeto sólo pueda ejercer sus derechos individuales de comunicarse en su lengua en la medida en que ésta existe y sobreviva en su comunidad de habla demuestra que todo derecho lingüístico se basa en última instancia en la comunidad y tiene, por lo tanto, un carácter colectivo.

Para los hablantes de lenguas pequeñas, la vertiente colectiva de los derechos lingüísticos es muy pertinente. Y es que sus derechos lingüísticos individuales están siempre amenazados por la muy real imposibilidad de ejercerlos. ¿Qué sucede cuando el derecho individual de uno a leer medios en su lengua es imposibilitado por su escasez? ¿Cómo pueden ejercer su derecho a educarse en su lengua materna muchos alumnos en amplias partes de África si no existen materiales educativos ni profesores formados en ellas?

La posibilidad efectiva de que los hablantes de lenguas regionales o minoritarias puedan ejercer el derecho a usar sus lenguas requiere un entorno que lo facilite. Y como derecho humano fundamental que es, la sociedad debe contribuir en lo posible a que los hablantes de lenguas pequeñas tengan acceso a escuelas, medios, tribunales o productos culturales en sus lenguas. Ésta es la base teórica para la planificación lingüística propiamente dicha. Las normativas lingüísticas autonómicas están centradas en esta tarea: posibilitar a los ciudadanos el empleo de las lenguas cooficiales en todos los ámbitos de uso posibles.

En principio, esto es lo que debe hacer una legislación lingüística: ampliar los ámbitos de uso público de una lengua y garantizar a sus hablantes el efectivo ejercicio de sus derechos lingüísticos. En este sentido, los hablantes del catalán, el euskera y el gallego sí tienen sus derechos lingüísticos garantizados en las normativas autonómicas. Son todas ellas lenguas que gozan de un fuerte proteccionismo, lo que ha llevado a incrementar enormemente sus ámbitos de uso y, en consecuencia, a ampliar los derechos lingüísticos de todos aquellos que las tienen como lengua materna/lengua de preferencia.

En el campo académico de Políticas Lingüísticas hay un acuerdo mayoritario en que los derechos colectivos existen y deben ser garantizados por todos aquellos con responsabilidades en la cuestión.³⁷ Rainer Enrique Hamel³⁸ define así las funciones de los derechos lingüísticos colectivos:

En el nivel de las comunidades lingüísticas los derechos lingüísticos comprenden el derecho colectivo de mantener su identidad y alteridad etnolingüísticas. Cada comunidad debe poder «establecer y mantener escuelas y otras instituciones educativas, diseñar el propio currículo y enseñar en sus propias lenguas… mantener la autonomía para administrar asuntos internos a cada grupo… y contar con los medios financieros para realizar estas actividades» [Phillipson, Skutnabb-Kangas y Rannut, 1994].

Estas definiciones muy generales, que pretenden abarcar una gran diversidad de situaciones, deberán complementarse con disposiciones específicas para cada caso como parte integral de las legislaciones lingüísticas.

Sin embargo, la dimensión colectiva de los derechos lingüísticos no debe erosionar ni anular los derechos lingüísticos individuales, que es precisamente lo que ha sucedido en España. A los nacionalistas no les interesan los derechos lingüísticos individuales porque éstos llevan implícita la elección. A ellos les interesan sólo los derechos colectivos, fundamentados en el grupo y su derecho a desarrollar fórmulas para usar su lengua en todos los ámbitos sociales posibles. Y es ésta la razón por la que el término derechos lingüísticos ha estado ausente del debate público. Se podría haber hablado, y de hecho se ha hecho en varias ocasiones, de los derechos colectivos o de los derechos de los hablantes de las lenguas cooficiales, pero no se incide en el término derechos lingüísticos. El objetivo es claro: evitar la reclamación de derechos lingüísticos individuales, que implicarían la libertad de uso de las lenguas oficiales según la elección de cada uno. De eso huyen los gestores lingüísticos autonómicos como si se enfrentaran a un huracán.

Por su parte, los hablantes de lenguas mayoritarias no tienen necesidad de ser considerados una comunidad lingüística porque ya pueden satisfacer la mayor parte de sus necesidades en sus lenguas. Las lenguas mayoritarias, al contrario que las lenguas pequeñas, son fácilmente accesibles a través de los medios de comunicación, las transacciones comerciales, la investigación científica, su uso administrativo y su condición de lenguas oficiales, entre otros. Y como son fácilmente accesibles, no le resulta difícil al ciudadano hablante de estas lenguas ejercer sus derechos lingüísticos. En condiciones normales, un hablante de una lengua mayoritaria puede operar en su lengua en todas o casi todas las áreas de su vida. Cuando, a nivel social, una lengua mayoritaria se ve restringida es por motivos políticos, como es el caso de las Comunidades bilingües de España, el caso de Quebec, o el caso de Flandes, donde se rechaza el francés.

Aun reconociendo plenamente la dificultad de una articulación justa y eficaz entre la vertiente individual y la colectiva de los derechos lingüísticos, buscar un equilibrio entre ambas debería ser la meta de la planificación y gestión lingüística. En la tercera parte del libro veremos cómo la Ley de Lenguas que proponemos llevaría a la práctica un equilibrio razonable entre ambas dimensiones.

Acabaremos este capítulo, en el que hemos examinado los derechos lingüísticos, sus funciones y su cobertura legal, a nivel internacional y nacional, con este párrafo del artículo anteriormente mencionado del lingüista Javier Pérez.³⁹ Son estas líneas un preciso resumen de lo que hemos planteado hasta ahora:

[…] el concepto «derechos lingüísticos» (y todos los que de él emanan) ha sido desconocido, ignorado o mal entendido por la práctica totalidad de quienes se ocupan desde las instituciones de gestionar nuestra diversidad lingüística. En consecuencia, los ciudadanos no han desarrollado un pensamiento crítico para exigir sus derechos o respetar y valorar los derechos de sus conciudadanos. Partimos de un nivel muy bajo en la divulgación popular de este concepto central, por lo que todo está por hacer todavía. Pongámonos a la tarea. Pongámonos a la tarea con optimismo porque la puesta en circulación de este nuevo vocabulario no puede tener más que efectos positivos en nuestra convivencia.

6

Hay que elevar la calidad del debate lingüístico

En el capítulo anterior vimos que los derechos lingüísticos en sus dos vertientes, la individual y la colectiva, son los organizadores principales de la diversidad lingüística. En consecuencia, son el primer instrumento del que debería dotarse un Estado activo implicado en la regulación del plurilingüismo del país. Sin embargo, los derechos lingüísticos no son el único instrumento que necesitamos. Para construir un relato alternativo sobre nuestra diversidad lingüística se requiere reflexionar más sobre el tema.

En este capítulo abordaremos cómo mejorar la calidad del debate lingüístico en España. Necesitamos herramientas conceptuales para ello, de las cuales carecemos en este momento. Sin embargo, estas herramientas existen y las podemos observar y analizar en los modelos lingüísticos de buenas prácticas de países como Canadá o Suiza.⁴⁰ No se trata de «copiar» lo que hacen estos países ya que tienen características diferentes de las nuestras, sino de extraer de su legislación, prácticas y discursos aquellos elementos que nos permitan elevar el nivel de debate y poner así las bases para una gestión del plurilingüismo al servicio de la convivencia y el interés ciudadano. Se trata de desarrollar una visión más cívica de las lenguas y más abierta al mundo, no tan romántica ni ligada a supuestas identidades colectivas que compartirían los hablantes de una misma lengua.

Como ya hemos analizado, desde 1978 el discurso hegemónico sobre las lenguas españolas es el creado por los nacionalistas en las Comunidades Autónomas bilingües. Con los años, este discurso ha calado en los ciudadanos, lo cual no es sorprendente porque ha sido y es el único discurso con prestigio suficiente para llegar a crear marcos mentales. El resultado es que la visión nacionalista de las lenguas ha estructurado nuestra percepción de ellas de manera muy profunda. Un ejemplo: cuando los ciudadanos hablan de las lenguas, hablan solamente de las lenguas y raramente mencionan a los hablantes. Es éste un marco mental ya muy consolidado que sirve para borrar a los hablantes y no tener que preguntarse por sus derechos y preferencias lingüísticas.

Para que el plurilingüismo de nuestro país pueda ser abordado de otra manera, nueva y mejor, debemos distanciarnos del pensamiento dominante y abrirnos a una forma distinta de pensar y debatir sobre nuestra diversidad lingüística. Para ello necesitamos nuevos conceptos e ideas que puedan llegar a articular un relato distinto. Nos mueve la convicción de que otras políticas lingüísticas son posibles en España y que no debemos resignarnos a tener que vivir siempre en un entorno lingüístico tenso, conflictivo y politizado.

Así, para empezar a construir un discurso alternativo debemos introducir algunas áreas de pensamiento y acción, sin voluntad de exhaustividad. Las cuatro siguientes son las principales:

• Distinguir entre los hablantes y las élites nacionalistas.

• Un reconocimiento razonable al catalán, el euskera y el gallego.

• Respeto a todas las lenguas versus dominio de las lenguas.

• El lugar del español como lengua común debe repensarse.

6.1. Distinguir entre los hablantes y las élites nacionalistas

No todos aquellos que tienen el catalán, el euskera o el gallego como lenguas maternas o lenguas de preferencia son irreflexivos y viscerales cuando se trata de hablar de ellas. En realidad, la mayoría de hablantes de estas lenguas serían razonables si no fuera porque hace muchos años que son espoleados por unas élites que les hacen creer lo que no es y por unos Gobiernos centrales que han guardado silencio frente a las muchas tergiversaciones y enredos lingüísticos propiciados por estas élites.

Los dirigentes nacionalistas utilizan las lenguas distintas del español para sus planes de construcción nacional-identitaria.⁴¹ Una condición indispensable para poder llevar a cabo la construcción de un nosotros diferenciado del resto de españoles es disponer del monopolio de las lenguas propias, como así sucede de hecho. Ya en los inicios de la Transición, los nacionalistas se erigieron en los únicos representantes y gestores del catalán, el euskera y el gallego, lo cual les ha permitido moldear sus prácticas legislativas y discursivas al servicio de sus intereses. Lo que sucede es que los intereses nacionalistas no se corresponden necesariamente con los intereses ciudadanos, aunque, con los años, una amplia parte de los ciudadanos haya interiorizado el discurso lingüístico nacionalista, entendiéndolo no como un discurso de parte sino como la verdad sobre las lenguas y su tratamiento.

Esto no ha sido siempre así. Al inicio de la Transición, no fueron los ciudadanos los que pidieron a sus dirigentes unas políticas lingüísticas como las que tenemos actualmente. En los primeros años de democracia, pocos ciudadanos tenían conocimientos de Planificación Lingüística. Sencillamente confiaron en que los gobernantes sabrían cómo revitalizar sus lenguas, de manera justa y sin violentar a nadie. Fueron los gobernantes los que dirigieron las políticas lingüísticas hacia un monolingüismo para todos, con un discurso muy sofisticado y repetido constantemente para lograr hacer creer que la suya era la única manera correcta de actuar si se quería que las lenguas progresaran y se expandieran.

Sin embargo, han pasado muchos años desde la inicial puesta en marcha de estas políticas en Cataluña y el País Vasco. Actualmente, el objetivo no lingüístico de las políticas lingüísticas en las Comunidades Autónomas no es ningún secreto. Ni en Navarra, donde las políticas de la lengua propia única se estrenaron en 2015, ni en la Comunidad Valenciana, donde desde esta fecha el plan de impulso de la lengua propia ha devenido fortísimo, se logra engañar a una mayoría de ciudadanos.⁴² Éstos ya saben que el monolingüismo obligatorio que se les está imponiendo con fuerza desde hace unos años responde a intereses políticos. Lo vemos en Asturias también, donde el debate sobre la oficialidad del asturiano, legítimo en sí mismo, levanta, sin embargo, amplias suspicacias en muchos sectores. Estos temen, de manera comprensible aunque quizás con un exceso de alarmismo, que el Principado acabe presa de una política lingüística pro-bable sin límites, que afecte a sus vidas y trabajos, y que tenga como consecuencia buscada la construcción de la nación asturiana.

Hay, pues, un camino recorrido, o al menos una cierta y fundada sospecha por parte de los ciudadanos de que los gobiernos nacionalistas en las Comunidades Autónomas, cuando están en el poder, utilizan las lenguas para sus intereses políticos. Sin embargo, la conclusión no debería suponer tirar el agua sucia de la bañera con el bebé dentro. Las lenguas son inocentes del mal uso que de ellas han hecho los diferentes dirigentes nacionalistas. El primer paso hacia la construcción de un relato alternativo sobre las lenguas y los hablantes requiere separar los dos elementos, los hablantes y las élites.

No es tarea fácil después de 40 años de monopolio nacionalista de las lenguas. Un ejemplo de esta dificultad de separar las lenguas y sus hablantes de la ideología nacionalista lo observé en Madrid, donde me encontraba cuando tuvo lugar la ceremonia de los premios Goya 2018. Una de las películas más premiadas fue Handia [Gigante], una película en euskera dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño. Cuando recibieron los premios, los creadores realizaron parte de sus discursos en esta lengua y parte en castellano.

Comentando este hecho, una persona asistente a una cena en la que yo también estaba presente comentó que le había desagradado que se hubiera hablado en euskera en la gala. A mi pregunta por las razones de este desagrado, la persona contestó que los creadores de Handia habían hablado en euskera «para joder».

Me pareció muy significativo este comentario, una clara muestra de la percepción generalizada de las lenguas en España: éstas están ligadas a la ideología nacionalista. Hablar en una lengua española en una gala nacional supone «joder» al resto de espectadores que no entienden esta lengua. La realidad, sin embargo, es que debería ser normal que uno pudiera expresarse también en una lengua española distinta del castellano en una gala nacional. La intencionalidad que le atribuyó mi interlocutora a las frases de los cineastas se basa en la creencia subyacente que toda palabra en euskera es sinónimo de posición nacionalista y que si se utiliza para dirigirse a todo el país es para hacerles un feo y buscar el enfrentamiento.

Esta anécdota nos permite ilustrar la simbiosis entre lengua e ideología que se ha consolidado en el pensamiento de muchas personas en España. No obstante, es necesario comprender que para mejorar la calidad de nuestro debate público sobre las lenguas, hay que realizar una separación entre ambos elementos. El catalán, el euskera y el gallego no son en sí mismas «lenguas nacionalistas». Verlas así es darles la razón a los nacionalistas, que han vinculado ambas cosas. Las lenguas son de sus hablantes y de todos aquellos que legítimamente se interesan por ellas. Nos pertenecen a todos, y en sí mismas están desprovistas de ideología.

6.2. Un reconocimiento razonable al catalán, el euskera y el gallego

Separar a los hablantes de las clases dirigentes nos permite situar a los primeros en nuestro foco de atención. Y al serlo, podemos preguntarles por sus actitudes, sentimientos y opiniones. El diálogo con hablantes de lenguas pequeñas (no fanatizados) es muy fructífero y es una necesidad ineludible para ser capaz de diseñar e implementar unas políticas lingüísticas justas y eficaces.

Una de las cuestiones clave para los hablantes de una lengua pequeña radica en la necesidad que sienten de que los demás reconozcan y valoren su lengua.⁴³ Es una constante. La gran mayoría de hablantes de lenguas pequeñas, cuando son entrevistados, se refieren a esta necesidad de reconocimiento por parte de sus conciudadanos y de los Gobiernos centrales de sus países. Los ciudadanos de lengua materna galesa, los suecohablantes en Finlandia, los hablantes de alemán en el Alto Adigio o los francófonos en Canadá. Todos ellos hablan lenguas distintas de la mayoritaria en sus países. El hecho de que el deseo de reconocimiento sea unánime entre ellos debe hacernos pensar que no estamos frente a un capricho. Más bien, se trata de una cuestión crucial: es la base de la convivencia. Lo es porque si no se le reconoce al otro algo tan esencial para él, la convivencia que tenga lugar va a estar siempre lastrada por esta falta. El hablante de una lengua minoritaria quiere sentir que es reconocido en su singularidad tangible pero que es igual de válido que el hablante de la norma, la lengua mayoritaria del país.

Piensan algunos, a los que este deseo de reconocimiento les seguirá pareciendo una cuestión menor, que nadie impide que estos hablantes hablen sus lenguas; que es un asunto de ellos, en definitiva. En cierta manera, así es, es asunto de ellos. Pero no es asunto únicamente de ellos cuando viven en un país donde la lengua mayoritaria no es la suya. En este caso, existe un legítimo temor a que la lengua mayoritaria pueda acabar aplastando y borrando a la pequeña, de lo cual tenemos miles de ejemplos en la historia.⁴⁴

El reconocimiento y valoración de las lenguas pequeñas y sus hablantes por parte de los demás ciudadanos y del Gobierno del Estado pone las bases para una mejor relación con los ciudadanos hablantes de estas lenguas, disipa gran parte de sus temores y logra que se sientan aceptados por lo que son, hablantes de una lengua pequeña, sin presiones hacia ninguna asimilación ni uniformización.

El campo lingüístico es social y, como tal, funciona como los otros campos sociales, con los principios y valores actuales: las mujeres quieren ser reconocidas en su singularidad, el colectivo LGTB, también; los negros norteamericanos se llaman a sí mismos African American y los canadienses de lengua materna francesa son llamados canadienses francófonos. No estamos ya en la época de los grandes principios universales donde el hombre blanco heterosexual y —añadimos nosotros— hablante de una lengua mayoritaria es el referente y los demás deben adaptarse e identificarse con él para progresar en la sociedad. Estamos en la época de lo múltiple, de las singularidades, de la pluralidad, y por ese camino han avanzado las sociedades contemporáneas. En consecuencia, la defensa de la diversidad lingüística no es sólo una defensa de las lenguas, sino que también lo es de la diversidad como valor positivo de nuestra época, como el rasgo principal que articula el cuerpo social.

En el pasado, cuando lo que regía las sociedades era el Uno y se buscaba e idealizaba la uniformidad, los hablantes de lenguas pequeñas tenían que circunscribir el uso de su idioma a contextos privados. Eran amonestados por hablar en público sus lenguas y ridiculizados por ser hablantes de lenguas «tribales». La lengua materna es algo muy íntimo de cada persona, toca a su ser y constituye una parte muy importante de su identidad individual. Por ello, es un golpe a su persona si su lengua es insultada y menospreciada. Afortunadamente las cosas han cambiado mucho.

Así, una mejora en el debate público pasa por comprender que un relato democrático, inclusivo y justo por parte del Estado debe pivotar sobre esta idea: la necesidad de ofrecer un reconocimiento a las lenguas distintas del español, de explicitarlo y hacerlo visible a los ojos de todos los ciudadanos.

Sin embargo, al mismo tiempo, hay que ser claros en una cuestión: no se trata de llenar un pozo sin fondo. Estamos hablando de un reconocimiento razonable cuyos destinatarios pueden acoger y valorar. Otra cosa es intentar colmar el afán de reconocimiento insaciable que tienen algunos hablantes de lenguas pequeñas. Entonces ya se trata de un pedir sin límites, sea porque uno no se sacia nunca, sea porque lo que aparentemente pide responde en realidad a un malestar personal que se expresa en una queja constante. Hay que ser firmes y claros en esto. Hay que intentar un reconocimiento razonable de la diversidad lingüística de España, no un reconocimiento sometido al chantaje del que nunca tiene suficiente. Debemos decir también que frente a aquellos que nunca tienen suficiente, es inevitable sospechar que el afán de reconocimiento que tan intensamente exigen de los otros, oculta en realidad el puro y básico deseo de no convivir.

Este afán de reconocimiento insaciable de sus lenguas es una malaise que sufren algunos hablantes de lenguas minoritarias. La sociedad no puede hacer nada con ello más que defenderse y no transigir. En un país como Canadá, que en 1969 hizo del francés lengua oficial del país junto con el inglés, y cuyo Gobierno es bilingüe en sus documentos, actos e instituciones, algunos francófonos se quejan por todo. Nunca es suficiente. No pueden aceptar que viven en un país donde su lengua pequeña (en el contexto norteamericano) es reconocida por el Estado y sus derechos lingüísticos están garantizados. Significaría dejar de quejarse y no pueden.

Se podrá argumentar que es muy difícil ofrecer un reconocimiento razonable sin caer víctima del chantaje del que nunca tiene suficiente. Sin duda es difícil. Pero en toda actividad de gestión de la cosa colectiva hay dificultades. Se trata de tener gestores lingüísticos bien formados y capaces de explicar y argumentar por qué se hace lo que se hace y no otra cosa. Gestores abiertos y flexibles pero que, al mismo tiempo, sean capaces de trazar una línea muy clara entre lo que es un reconocimiento adecuado y sensato a la diversidad lingüística y a todos los hablantes y lo que no lo es.

6. 3. Respeto a las lenguas versus dominio de las lenguas

El debate sobre las lenguas de España está dominado por un solo criterio imperioso: todos los residentes en las Comunidades con lengua propia deben dominarlas. No hay otro criterio para evaluar la salud de las lenguas distintas del español que contar cuántos las hablan. Ya que el objetivo es el monolingüismo de la población y al ser este deseo un imposible, los gestores lingüísticos nunca están satisfechos y se sitúan en una perenne posición de implementar más y más medidas para alcanzar esta imposible meta.

Una forma crucial para abordar mejor nuestra diversidad lingüística es introducir el término respeto. A las lenguas y a sus hablantes. Veamos brevemente como Canadá y Suiza han tratado la cuestión del respeto a todas las lenguas en sus políticas lingüísticas en el ámbito del Estado.

Ambos países son oficialmente plurilingües. Canadá tiene dos lenguas oficiales, el inglés y el francés. Suiza dispone de cuatro lenguas nacionales, el alemán, el francés, el italiano y el romanche y de tres lenguas oficiales, el alemán, el francés y el italiano. El bilingüismo o trilingüismo estatal conduce a la presencia y uso de todas las lenguas oficiales en la Administración, instituciones y actos estatales.

Los ciudadanos canadienses y los suizos están acostumbrados a que sus Gobiernos e instituciones estatales sean bilingües y trilingües respectivamente. Y todos comprenden que el plurilingüismo no existe para que los ciudadanos de Toronto hablen francés o para que los ciudadanos de Ginebra hablen alemán. El Estado, que representa a todos los ciudadanos, se expresa en las lenguas de todos. Respecto a los ciudadanos, de lo que se trata es que éstos respeten estas lenguas cuando las ven y las oyen expresadas por las instituciones del Estado y sus representantes. El objetivo principal es el respeto ciudadano a la presencia de todas las lenguas oficiales del país en un paisaje de informaciones, rótulos y saludos plurilingüe.

Otra cuestión es el hecho de que haya personas tanto en Canadá como en Suiza que sí tienen interés en conocer las otras lenguas de sus países, sea por razones familiares o de amistad o porque vean en ello oportunidades de desarrollo profesional. En este caso, existen los medios para que lo hagan. Los gestores lingüísticos canadienses y suizos facilitan el aprendizaje y uso de la otra u otras lenguas del país, pero no obligan a nadie a hacerlo (excepto a los escolares). El objetivo de su plurilingüismo es generar respeto hacia todas las lenguas y sus hablantes.

En España, un mayor reconocimiento y visibilización del catalán, el euskera y el gallego no supondría, pues, ningún empeño en que los ciudadanos en las Comunidades monolingües aprendieran estas lenguas. Si lo hicieran, sería porque así lo desean.

El respeto a las lenguas y sus hablantes debería ser principal objetivo a fomentar en la actitud ciudadana hacia el plurilingüismo. Y el respeto, lógicamente, no se circunscribe únicamente al catalán, el euskera y el gallego. También debe aplicarse al español. No debe exigírseles a los ciudadanos un conocimiento obligatorio de ninguna lengua. Lo que sí se debe pedir, comprensiblemente en un entorno de diversidad lingüística, es respeto a todas las lenguas, a su presencia y su uso en las instituciones de todos.

En los parques nacionales canadienses los carteles informativos son bilingües, al igual que las informaciones de tráfico en la red viaria. Cuando los canadienses viajan con Air Canada están acostumbrados a escuchar todos los mensajes en inglés y francés. Lo que se espera de ellos y lo que, en efecto, sucede es que cada uno lee o escucha en la lengua que mejor entiende y respeta la presencia de la otra. El bilingüismo federal canadiense es actualmente aceptado mayoritariamente y considerado por muchos como una de las características positivas de su país. Uno de sus pilares ha sido poner el respeto en el centro del debate lingüístico.

Además, disponemos de datos que nos revelan que las políticas lingüísticas tienen un mayor efecto en las actitudes que en el comportamiento ciudadano.⁴⁵ Es decir, una intensa política lingüística de fomento de una o varias lenguas por parte de los poderes públicos, va a tener un mayor impacto en modificar cómo los ciudadanos ven estas lenguas; probablemente, va a aumentar la simpatía hacia ellas. Sin embargo, el impacto siempre es menor a la hora de lograr que las personas cambien de lengua. La tendencia general es preferir el uso de la lengua materna a cualquier otra y las campañas de fomento lingüístico no pueden cambiar este hecho.

6.4. El lugar del español como lengua común debe repensarse

Una de las características principales de nuestro plurilingüismo es que hablamos diferentes lenguas, pero existe una que conocemos todos, el castellano. Algunas voces argumentan que ésta es la cuestión más importante de nuestra diversidad lingüística. Valoran positivamente el hecho de poder entendernos todos en una sola lengua y consideran que es ésta la mejor circunstancia para una comunidad democrática. Si la lengua común facilita el diálogo democrático del país, en consecuencia, esta lengua tiene una preeminencia sobre las otras. Estas ideas se plasman, por ejemplo, en el Manifiesto por la Lengua Común,⁴⁶ presentado en 2008 por un grupo de intelectuales y abierto a la firma ciudadana. En la parte de premisas del Manifiesto, la primera es la siguiente:

Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas —el castellano— goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales, pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

Tenemos nuestras dudas respecto al enfoque que presenta este párrafo. Empecemos por la última idea, la de que disponer de una lengua común para el diálogo político es una enorme riqueza para la democracia. Desde nuestro punto de vista, el diálogo democrático y la convivencia en un país dependen más de la voluntad de sus ciudadanos y sus representantes políticos que de la existencia de una sola lengua. Suiza, por ejemplo, no dispone de una lengua común y es un país cohesionado sin pulsiones separatistas. En el Parlamento unos hablan en alemán y otros en francés, y otros, menos, en italiano. La mayoría habla en su lengua materna y tiene un conocimiento receptivo de otra (los hablantes del suizo-alemán mayoritariamente no hablan francés, pero lo entienden, y a la inversa). Contrasta este plurilingüismo activo y respetuoso con lo que sucede en España, donde, a pesar de que en el Congreso todos hablan —obligatoriamente— español,⁴⁷ la trifulca y el cuestionamiento del país son constantes.

Examinemos el caso de la Unión Europea. Ésta se ha construido sobre la diversidad lingüística de sus países. Hay 24 lenguas oficiales. En sus inicios y a cada ampliación, algunos se llevaban las manos a la cabeza, por el gasto, por el revuelo de documentos, por las grandes dimensiones de un engranaje lingüístico como el existente. Sin embargo, la UE se fundó en 1957 y actúa de forma plurilingüe desde entonces, sin visos de cambiar. La unidad dentro de la UE no depende de la diversidad de lenguas, y éstas no son ningún obstáculo al entendimiento y la acción concertada. Es la voluntad de los integrantes, no las lenguas.

Examinemos ahora la otra idea contenida en el párrafo, la que se refiere a la percepción del lugar del español dentro de la realidad plurilingüe del país. Los autores afirman que esta lengua ocupa un lugar diferenciado ya que es de obligado conocimiento (en la teoría, que no en la práctica) y la de mayor arraigo, lo que le otorga la condición de diferente, especial y primera. Es ésta una lectura particular del lugar del español junto a las demás lenguas que no compartimos.

Nuestra posición es distinta. El castellano es, efectivamente, la lengua mayoritaria hablada en todo el país. Es éste un dato empírico sobre el que nada hay que debatir. Considerarla además la lengua común tiene otras implicaciones. Si por común entendemos lingua franca, es éste también un dato empírico. En mi caso, como en el de miles de ciudadanos, mi lengua materna es el catalán y hablo en castellano con hablantes del euskera o del gallego. No obstante, cuando decimos que el castellano es la lengua común de todos los ciudadanos apelando a su dimensión sentimental, es decir, al castellano como lengua de identificación, de adhesión, entonces las cosas ya no están tan claras. Esta connotación de común afirma un universal: todos deben hablar y conocer el castellano porque es la lengua de la totalidad.

Esta última acepción de lengua común es la que debe reevaluarse en un nuevo relato sobre el castellano. Lo primero a considerar sería que no debería exigirse a aquellos que no la sienten como suya que hagan del castellano también su lengua. No debe haber una obligatoriedad respecto al español ni se necesita situarlo en ninguna jerarquía ni asimetría. Debemos respetar el hecho de que haya ciudadanos que se identifiquen más y mejor con el catalán, el euskera o el gallego que con el español. Ello no es un cuestionamiento del español sino una elección por parte de estos sujetos.

En un contexto de plurilingüismo real, no se puede establecer un universal válido para todos porque es una contradicción. De lo que se trata en el ejercicio del plurilingüismo es de elegir las identificaciones individuales –que no territoriales– que cada uno considere adecuadas.

Así, un nuevo relato sobre el español afirmaría a esta lengua como la lengua común del país para aquellos que así la perciban y sientan. Sería la lengua común de aquellos que han consentido a ello, no la lengua común de todos.

Por otra parte, es comprensible la preocupación por la erosión del castellano en las Comunidades Autónomas bilingües y su etiquetado de lengua «facha». Es normal que se busquen formas de revertir esta situación. Pero la mejor manera de hacerlo es respetando a aquellos que no quieren usar el castellano y facilitar que se expresen en sus lenguas, en las instituciones del Estado, en el Congreso y en el Senado, en los tribunales de justicia. Nadie debe ser obligado a expresarse en español si no lo desea.

De la misma manera, aquellos que sí perciben el español como su lengua común y que, como tal, la desean usar, también deben poder hacerlo. Y el esfuerzo debe estar aquí, en garantizar el uso del castellano a aquellos hablantes que, en este momento, no tienen este derecho garantizado. Así, no se trata de invocar una universalidad que, en realidad, nunca ha existido ya que el plurilingüismo es una constante en la historia de España. Nunca ha existido una población en lo que ahora es España donde todos comprendan y hablen el español. Hace aproximadamente seis siglos que el castellano está extendido en todo el país pero siempre en conjunción con la otra lengua autóctona en las zonas donde ésta existe.

Por lo demás, el Manifiesto por la Lengua Común acierta en su planteamiento general. El texto no es una defensa del español sino una defensa de los derechos civiles. Aparte del punto citado anteriormente, el resto es una clara reivindicación de que los ciudadanos en las Comunidades bilingües puedan ejercer sus derechos lingüísticos en español en todos los ámbitos de uso, muchos de los cuales actualmente les están vedados.

Repensar el lugar del español dentro de un nuevo relato lingüístico y una nueva gestión del plurilingüismo reviste cierta dificultad. Toda reflexión sobre esta lengua dentro de España ha sido escasa. Desde la Transición ha sido materia sensible y quién más ha discutido sobre ella han sido los nacionalistas, saliendo la lengua lógicamente malparada. Aquí hemos esbozado unas primeras ideas sobre lo que implicaría enfocar la lengua común de otra manera, no a partir de una asimetría legal sino a partir del consentimiento ciudadano, de una adhesión voluntaria. Es decir, desde una costumbre que muy probablemente la mayoría de ciudadanos aceptarían de buena gana, tanto por razones afectivas como prácticas pero no desde un dictado legal.

Sigamos examinando esta cuestión centrándonos ahora en la legislación, en el artículo 3 de la Constitución.

6.5. La cuestión de la obligatoriedad de conocer el castellano

Este nuevo lugar del español dentro de un marco de plurilingüismo nos conduce a examinar el precepto constitucional del deber de conocer el castellano. Recordemos el artículo 3 de la Constitución en su primer punto:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Este deber de conocer el español es expuesto en el Manifiesto por la lengua común como una característica específica del español. Así es en cuanto a que las lenguas cooficiales no tienen esta prerrogativa. Esta disposición ha conducido a algunos juristas a afirmar también que existe una jerarquía entre las lenguas españolas, pero, a diferencia de los autores del Manifiesto, éstos lo ven como una discriminación a las lenguas cooficiales. Por ejemplo, la jurista y experta en normativas lingüísticas Vicenta Tasa⁴⁸ argumenta así la jerarquía que introduce la obligatoriedad de conocer el castellano:

[…] la cooficialidad o el reconocimiento jurídico de otras lenguas españolas no implica la obligación de su conocimiento, salvo en funciones muy concretas referidas al empleo público (STC 84/1986, de 26 de junio), ni tampoco que este conocimiento se pueda presuponer en la ciudadanía (STC 31/2010, de 28 de junio), lo que devalúa su oficialidad […] como consecuencia de lo anterior, el texto constitucional establece una jerarquía lingüística, en lo que se refiere a la exigencia y protección de las lenguas españolas.

Existe, efectivamente, una jerarquía formal, pero en la práctica ésta se diluye. Veamos la jurisprudencia sobre esta cuestión en palabras de la misma jurista Vicenta Tasa:⁴⁹

[…] los españoles no pueden alegar su desconocimiento [del español] (STC 82/1986, de 26 de junio); pero a su vez, no es sinónimo de conocimiento material en todos los casos y, por lo tanto, siempre que pueda darse una situación de indefensión por razón de lengua, especialmente en procesos judiciales, se puede alegar su desconocimiento (STC 74/1987, de 25 de mayo) […]. Del mismo modo, la última jurisprudencia de la Audiencia Nacional sobre procesos de nacionalización de extranjeros valora más el arraigo en España y la voluntad de integración que el conocimiento del idioma castellano, afirmándose que «un conocimiento no acabado del idioma no significa falta de integración».

Así, si consideramos la cuestión desde un punto de vista puramente formal, debemos admitir que el hecho de que a los ciudadanos se les pueda suponer un conocimiento de castellano mientras esto no sucede con las otras lenguas implica que el castellano se reserva un plus que no le es otorgado a los demás idiomas. En este sentido sí podemos decir legítimamente que existe una jerarquía en el artículo 3. A unos, como los autores del Manifiesto, les parecerá bien y a otros, como a la jurista Vicenta Tasa, mal. Sin embargo, todo ello es así si nos limitamos a un análisis formal porque, en realidad, las cosas suceden al revés de lo que establece el artículo 3.

En la práctica, la obligatoriedad no está vinculada al español. Nadie ni nada obliga a los ciudadanos a conocer el español. La mayoría lo aprende porque es su lengua materna. Los españoles con otras lenguas maternas también lo aprenden, aunque en diversos grados de competencia. Por su parte, los extranjeros que viven en España mayoritariamente lo aprenden, en diferentes grados de competencia también, pero no porque nadie les obligue sino porque lo necesitan y les interesa.

Por el contrario, aquello que no prevé la Constitución sí sucede, y es que la obligatoriedad se da por el lado de las lenguas cooficiales.

En parte, esta obligatoriedad respecto a las lenguas cooficiales es reconocida por el mismo Tribunal Constitucional, en su sentencia STC 84/1986, de 26 de junio, donde ratifica que la cooficialidad de las otras lenguas españolas no implica la obligatoriedad de su conocimiento excepto en funciones muy concretas referidas al empleo público. En 1986 ya empezaron las excepciones a la no obligatoriedad de conocer las lenguas cooficiales mientras que, por otra parte, la jurisprudencia afianzaba la idea de que la obligación de conocer español es un precepto relativo que dependerá de las circunstancias y sometido al principio de no indefensión de los ciudadanos.

El precepto legal del deber de conocer el español es contradictorio con un nuevo relato sobre las lenguas españolas y sus hablantes. Además, tiene otros problemas: es una disposición peculiar en sí misma ya que el español es la lengua materna de casi el 80 por ciento de la población por lo que no es necesaria ninguna instrucción respecto a su conocimiento para usos cotidianos (otra cosa es el aprendizaje formal de la lengua en la escuela). En segundo lugar, el poner deberes lingüísticos a los ciudadanos podía ser acorde con la época en 1931 y, aunque ya de manera apurada, 1978, pero una lectura actual muestra este precepto como una obligación artificiosa y anacrónica que, además, no se traduce en nada en la práctica. Los que saben español –la inmensa mayoría– lo saben, y los que no, no lo saben, y las leyes les amparan para que sus dificultades lingüísticas no les causen indefensión o les impidan obtener el permiso de residencia.

Se pone mucho énfasis en el deber de conocer el castellano cuando la cuestión realmente importante se encuentra en el resto de la frase del artículo 3.1: el derecho a usarlo. Aquí es donde deberían concentrarse los esfuerzos legislativos y discursivos. El conocimiento y uso del español no debería constituir ningún deber (excepto para los escolares). El uso del español es un derecho ciudadano y ésta debería ser la cuestión central en los debates. No nos hacen falta jerarquías ni deberes en relación al español. Más bien, lo que necesitamos es que el derecho a usarlo esté garantizado legislativamente.

En resumen, en el nuevo relato, el castellano es la lengua común de aquellos que así la sienten pero no es la lengua común de todos. En este sentido, podemos decir que en España no tenemos una sola lengua nacional sino que tenemos varias, cuatro de las cuales son oficiales. A partir de esta realidad las identificaciones individuales con una lengua u otra son una cuestión de cada persona. No existe una lengua para todos en España y este nuevo enfoque muy probablemente resultaría en una mitigación de la erosión del español y en una vivificación de esta lengua.

Acabamos aquí la segunda parte del libro donde hemos puesto las bases para abordar mejor la diversidad lingüística de nuestro país. Hemos examinado:

• Cómo el Estado ya ha iniciado un camino hacia el Estado plurilingüe y que es a partir de aquí desde donde debemos ampliar y afianzar las acciones en favor de la visibilidad de todas las lenguas oficiales.

• Cómo y por qué el Estado plurilingüe encuentra en los derechos lingüísticos el instrumento más importante de regulación de la diversidad lingüística.

• Cuáles son los cuatro ejes conceptuales para repensar las lenguas españolas y las preferencias y necesidades de sus hablantes.

En base a todo ello, pasaremos ahora a la tercera parte, en la que se concreta la propuesta de Ley de Lenguas respecto a sus objetivos y contenidos.

C

Cómo desarrollar una Ley de Lenguas Oficiales

7

El Estado como nuevo actor lingüístico

En este capítulo vamos a describir el rol y las funciones del Estado como el nuevo actor lingüístico imprescindible para el desarrollo de una Ley de Lenguas.

Para llevar a cabo la profunda reforma legislativa y la articulación del nuevo discurso lingüístico que supondría la Ley de Lenguas, necesitamos un sujeto que lidere ambas y el Estado es el más legitimado para realizar una tarea así. No es un trabajo que pueda recaer sobre un solo partido político porque no se trata de un tema partidista ni ideológico. La cuestión de las lenguas es un tema que afecta a todo el país, a su articulación y a su convivencia y, en consecuencia, interpela directamente al Estado. Por ello, la respuesta debe ser concertada desde las instituciones del Estado y del Gobierno.

El Estado debería devenir este nuevo actor lingüístico, consciente de la complejidad del tema a abordar, pero firme y claro en sus nuevas responsabilidades de involucrarse decididamente en la gestión y promoción de todas las lenguas oficiales de España y en garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos.

Gradualmente, el Estado puede llegar a ser este nuevo actor, responsable y activo, no atenazado por temores históricos, sin sentimientos de culpa o inferioridad. No se trata, por supuesto, de desconocer el pasado, pero sí de situarlo en el lugar que le corresponde y de deslindar de él las grandes dosis de victimismo nacionalista que han tergiversado en gran medida la historia de las lenguas españolas. Ningún español contemporáneo está condenado a expiar ninguna culpa histórica por haber sido «imperialistas lingüísticos», cosa que, de hecho, Castilla nunca fue. En el apogeo del Imperio español, la Corona no se reconocía como un imperio lingüístico sino como un «imperio de la fe». Era la religión y la defensa de su causa lo que definía al Imperio español, no la lengua. Sin duda, hay mucho que clarificar en relación con las lenguas españolas y sus usos y avatares a lo largo de la historia.⁵⁰ Pero, en todo caso, debemos reivindicar el poder hablar del presente y del futuro de las lenguas de España para las generaciones presentes y venideras.

Y debemos hablar del presente y del futuro con el nuevo relato que hemos esbozado en la segunda parte del libro. Es decir, abandonando la idea de que para nosotros las lenguas son una irremediable querella ancestral. Para ello, necesitamos al nuevo actor, el Estado moderno capaz de asumir plenamente y gestionar eficazmente y con sentido ético su diversidad lingüística.

Poner en marcha los primeros pasos para una Ley de Lenguas requiere realizarlos desde la convicción propia. Se trata de hacer algo inédito: que el Estado, partiendo de una visión y un plan, tome la iniciativa en materia lingüística y se abra al diálogo con todos.

La Ley de Lenguas estaría abierta a la colaboración de todos, pero correspondería a los principales partidos nacionales liderar su deliberación, diseño, tramitación y ejecución.

7.1. Situación de partida en España

Como hemos visto en el capítulo 4, en España partimos de una situación difícil. En este momento no vemos a ningún partido planteándose una Ley de Lenguas como la que proponemos. Hay muy probablemente un gran trecho a recorrer hasta que algún partido dé una oportunidad a la propuesta y decida impulsarla. Por lo tanto, en este momento, se trataría más de un movimiento de la sociedad civil. Estamos en una etapa en la cual lo importante es diseminar la idea hasta que a ésta le vaya llegando su tiempo.

Que el régimen lingüístico que tenemos ahora en España puede y debe ser reformado no es una idea que oigamos a menudo. A pesar de ello, existe un acuerdo generalizado en que las lenguas son uno de los problemas más explosivos que enfrentamos, constituyendo probablemente el mayor escollo para la convivencia en España. Es ya una necesidad acuciante el enfrentar esta realidad y llevar a cabo una profunda reforma lingüística durante los próximos años.

Las lenguas de España están en el origen de la crisis territorial. Por lo tanto, esconder la cabeza bajo el ala y continuar evitando el tema sería una forma de autoengañarnos como país. Debemos hacer lo contrario: pedir a los partidos que reconozcan claramente que las lenguas son un tema clave que debe tratarse como una cuestión de Estado.

El primer paso a realizar para poner en marcha la Ley de Lenguas es la creación de una Comisión Estatal para una Ley de Lenguas que estudie e investigue el tema en profundidad. Sus cometidos serían los siguientes:

• Viajar por toda España para recoger, sin interferencias interesadas, el sentir de los ciudadanos. Se entrevistaría con agentes sociales y grupos de ciudadanos.

• Asesorarse con expertos de otros países como Canadá y Suiza y recoger y sistematizar sus experiencias.

• Ordenar el acervo normativo que existe actualmente en España sobre las lenguas distintas del español. Éste consiste en un amasijo disperso de órdenes, circulares y reglamentos.

Al final del tiempo estipulado, preferentemente entre 1 y 2 años, la Comisión Estatal para una Ley de Lenguas produciría un Libro Blanco sobre las lenguas y los derechos lingüísticos en España.

Llegar al punto de poner en marcha una Comisión Estatal sería un paso extraordinario; significaría poner los cimientos para poder llegar a la tramitación de la Ley de Lenguas. De manera realista, debemos admitir que tardaremos tiempo en dar este primer paso, pero no hay razón para pensar que, si otros países han logrado abordar mejor su diversidad lingüística interna, no podamos hacerlo nosotros. Si gradualmente vamos conociendo y recopilando las mejores prácticas que han funcionado en otros países, la propuesta de la Ley de Lenguas, su necesidad y sus distintas implicaciones serán mejor comprendidas, como veremos en la parte final de este capítulo, donde nos referiremos a la experiencia de Canadá.

7.2. Características de una política lingüística estatal

Abordemos ahora en detalle el ámbito de actuación de la Ley de Lenguas. En general, la planificación lingüística tiene tres niveles posibles de actuación: estatal, autonómico y local. En España, estamos acostumbrados a unas políticas lingüísticas diseñadas y gestionadas por los gobiernos autonómicos, pero no hay ninguna razón por la cual no se puedan llevar a cabo políticas lingüísticas desde el ámbito estatal o desde el municipal.

Como se deduce de lo expuesto hasta ahora, la Ley de Lenguas implicaría una planificación lingüística estatal. Veamos en más detalle qué significa exactamente la planificación lingüística estatal. En primer lugar, se requiere que el Estado sea el actor que lidere la planificación, y, por consiguiente, el ámbito de actuación son las instituciones centrales del Estado. Así, la Ley de Lenguas se circunscribiría a los Ministerios, el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, las embajadas, los museos e instituciones culturales estatales importantes, las instituciones estatales con fines sociales o los medios de comunicación públicos estatales, entre otras. Son las instituciones del Estado las que con la Ley de Lenguas devendrían plurilingües. El Estado es compartido por todos los ciudadanos y, por ello, es justo que en las instituciones de todos tengan cabida las lenguas de todos.

Canadá es un Estado bilingüe y Suiza es un Estado trilingüe donde sucede exactamente esto: todas las lenguas oficiales que se hablan en cada uno de estos países están presentes en las instituciones comunes. Son, además, en el caso de estos países, lenguas oficiales a nivel estatal, además de serlo en sus provincias o cantones. La oficialidad es el rango máximo que se puede otorgar a una lengua, pero no es la única manera de constitución de un Estado plurilingüe. Nuestra propuesta de Ley de Lenguas no contempla la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en todo el territorio nacional sino su declaración como lenguas del Estado, término que veremos con más detalle en el siguiente capítulo, como manera de que el Estado asuma que éstas son lenguas plenamente españolas y las promocione y visualice desde sus propias instituciones. En otras palabras, el Estado plurilingüe es el Estado que opera en varias lenguas, independientemente del estatus otorgado a ellas, si lenguas oficiales, lenguas del Estado o lenguas nacionales.

El plurilingüismo estatal se consigue de varios modos. Por ejemplo, que las páginas web de todos los organismos del Estado estén en las cuatro lenguas, que los ministros lean parte de sus alocuciones en las lenguas cooficiales, que la rotulación de los edificios más emblemáticos sea cuatrilingüe, o que los catálogos generales de los museos estatales estén en las cuatro lenguas.

Se podrá argumentar que una Administración tetralingüe es inviable. Obviamente, no se trata de que todos los funcionarios deban aprender las cuatro lenguas principales; sí de asegurar que los organismos estatales, además de ofrecer toda su información y documentación básica en las cuatro lenguas oficiales, sean capaces de comunicarse en las cuatro, por escrito, sirviéndose de avanzados programas de traducción, y, oralmente, con algunos funcionarios capaces de comunicarse en estas lenguas cuando un usuario lo solicite. No debería haber ninguna preocupación ni entre los funcionarios estatales ni entre los ciudadanos. Los organismos estatales seguirían manteniendo el español como la lengua de trabajo, es decir, la lengua de uso normal. Tampoco supondría un cambio en las relaciones interadministrativas, que seguirían comunicándose en español. El cambio real sería la incorporación sistemática de textos escritos en catalán, euskera y gallego y la contratación de un número adecuado de funcionarios competentes en estas lenguas en la Administración central para comunicarse con aquellos ciudadanos que así lo solicitaran.

Por otra parte, la Ley de Lenguas obliga al plurilingüismo estatal únicamente a las instituciones centrales del Estado, no a sus delegaciones en las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, la Seguridad Social de Burgos no debe tener los formularios en todas las lenguas oficiales ni las escuelas de Andalucía deben enseñar catalán, euskera y gallego ni la biblioteca municipal de Badajoz tiene ninguna obligación plurilingüe. Es el Ministerio de Sanidad, el de Educación y la Biblioteca Nacional (instituciones y organismos centrales del Estado, ubicados en Madrid) a los que alude nuestra propuesta de Ley de Lenguas.

La Ley de Lenguas, como ley de ámbito estatal, partiría de un concepto clave: en un Estado democrático, pluralista y lingüísticamente complejo las obligaciones son de la Administración, y los derechos, de los administrados. La Ley de Lenguas debería, por un lado, imponer obligaciones al Estado de una mayor presencia y uso del catalán, el euskera y el gallego en sus instituciones centrales y por parte de sus representantes, además de ordenar, sistematizar y poner en valor lo que ya se está haciendo. Por otro lado, la Ley de Lenguas debería establecer límites a las políticas lingüísticas de las Comunidades bilingües gobernadas por el nacionalismo en la medida en que éstas vulneran derechos civiles de ciudadanos españoles.

La Constitución no hace mención de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, cuestión que abordaremos en detalle en el siguiente capítulo. Esta ausencia, ya en el mandato constitucional, sumada a la falta de interés de los nacionalistas por establecer jurídicamente y hacer circular discursivamente el término derechos lingüísticos, ha tenido como consecuencia el hecho de que desconocemos como país lo que son estos derechos. En calidad de nuevo actor lingüístico, el Estado debería empezar a explorar la importante cuestión de los derechos lingüísticos en la teoría y en la práctica. Unas primeras preguntas que podrían guiar la exploración son las siguientes:

• ¿Por qué los titulares de derechos lingüísticos son los ciudadanos y no las Administraciones? ¿Cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente y sobre quién o quienes recaen las obligaciones y los derechos?

• ¿Está garantizado el derecho a una educación en lengua materna en toda España? ¿En qué condiciones debe estar garantizado en relación con la otra lengua autóctona en las Comunidades bilingües?

• ¿Pueden actualmente los ciudadanos dirigirse a las instituciones del Estado en su lengua materna/lengua de preferencia?

• ¿Puede un ciudadano cuya lengua materna/lengua de preferencia es el euskera sentirse partícipe de un Estado que no contempla estatalmente su lengua?

• ¿Puede un representante político gallegohablante usar su lengua en el Congreso, el cual también representa a los votantes cuya lengua materna/lengua de preferencia es el gallego?

• ¿Puede un ciudadano castellanohablante de Palma de Mallorca pedir documentación en su lengua, que es oficial en Baleares, en el ayuntamiento del que es ciudadano y contribuyente?

• ¿Puede un catalanohablante encontrar abundante bibliografía en catalán en la Biblioteca Nacional, que es la gran biblioteca estatal y, por lo tanto, de todos?

• En los actos estatales de carácter representativo y protocolario ¿pueden los ciudadanos cuya lengua materna/lengua de preferencia no es el castellano ver reflejada su ciudadanía cuando todos los actos se desarrollan sólo en castellano?

Todas estas preguntas deben poder acercarnos a concretar todos aquellos ámbitos de uso de las lenguas donde deben especificarse los derechos lingüísticos de los ciudadanos y las condiciones de su garantía.

7.3. Los ciudadanos de las Comunidades Autónomas monolingües

La Ley de Lenguas es una ley para todos los ciudadanos y ciudadanas y busca involucrarles a todos. Actualmente, existe un grupo de ciudadanos que, en cierto modo, parecen ser meros espectadores de los avatares lingüísticos en España, sin participación activa en ellos. Son los ciudadanos que residen en las Comunidades monolingües de España (el 61,3 por ciento de la población).⁵¹ Ellos no son hablantes de ninguna de las lenguas cooficiales y, siendo hablantes del español, lo son en Comunidades donde ésta es la única lengua oficial por lo que no experimentan ninguna merma de derechos. Sin embargo, la realidad del plurilingüismo del país no les es ajena. Y, a nivel individual, muchos de ellos están familiarizados con el catalán, el euskera o el gallego, sea por relaciones familiares, de amistades o por haber residido en una Comunidad bilingüe.

Sería bueno que los ciudadanos de las Comunidades monolingües tuvieran un papel más activo en el debate lingüístico en España. Su colaboración y complicidad es esencial para la Ley de Lenguas. Desafortunadamente, pocas veces sabemos de las percepciones y opiniones de estos ciudadanos respecto a la diversidad lingüística del país. Una manera de subsanar esta ausencia de información es la realización de entrevistas sociolingüísticas con ellos. La Comisión Estatal para una Ley de Lenguas, que hemos mencionado anteriormente, incluiría entre sus tareas la realización de un amplio número de entrevistas (una cantidad que se considere por consenso como representativa) con agentes sociales y sectores de la población de las Comunidades monolingües. Las percepciones y preferencias de estos ciudadanos son esenciales para desarrollar una buena política lingüística estatal y para mostrar que las lenguas son una cuestión que nos afecta a todos, por lo que todos debemos participar en su debate.

Hace unos años se publicó un libro Las lenguas de España, a debate,⁵² en el que dos ciudadanos, uno de Madrid y otro de Galicia, dialogan sobre sus experiencias y opiniones sobre la diversidad lingüística española. Lamentablemente, el libro pasó inadvertido, tal vez porque es una iniciativa constructiva en lo que respecta a las lenguas de España, y en las últimas cuatro décadas no se han favorecido tales iniciativas. Más bien, las que han sido alentadas han sido las iniciativas que siembran la discordia, como el libro de Pau Vidal con el tristemente célebre título de El bilingüismo mata, publicado en Barcelona en 2015 y ampliamente anunciado por los medios independentistas catalanes.

El pensamiento lingüístico hegemónico ha lanzado sobre los ciudadanos de las Comunidades monolingües la velada acusación de imperialistas lingüísticos o monolingües irredentos. Nada más lejos de la realidad. Habrá algunos nostálgicos de tiempos pasados, sin duda, pero no tienen peso ni relevancia algunos en el debate público. Por otra parte, no hay ninguna evidencia de que los ciudadanos de las zonas monolingües rechacen la diversidad lingüística de España. De hecho, sería un dato extraño, ajeno al patrón sociológico general según el cual los españoles muestran un alto de grado de tolerancia frente a la diversidad de todo tipo.⁵³ Además, hemos visto que en los 40 años que llevamos de políticas lingüísticas autonómicas, en las Comunidades monolingües no ha habido ninguna oposición relevante a estas prácticas. Más bien, lo que se ha extendido en estas Comunidades es una desconfianza frente a las lenguas cooficiales, pero ésta está íntimamente vinculada a la politización que se ha hecho de ellas por parte de los gobiernos nacionalistas. Cuando esta desconfianza existe, no es debido a un rechazo a la diversidad lingüística per se sino al uso ideológico de las lenguas, a su politización para crear la nación diferenciada del resto de españoles.

La propuesta de Ley de Lenguas debe ser explicada y debatida tan ampliamente en las Comunidades monolingües como en las bilingües. La propuesta apela a los ciudadanos monolingües a acercarse –o a acercarse más, en el caso de algunos– a las lenguas distintas del español, a familiarizarse con ellas y valorarlas. No se trata de que lleguen a dominar estas lenguas; esto interesará a algunos, para los cuales los medios de aprendizaje deben estar disponibles, pero previsiblemente no a la mayoría. La Ley de Lenguas a lo que sí conduciría sería a que los ciudadanos de Madrid se acostumbrarían a ver los rótulos de los edificios estatales más significativos en las cuatro lenguas y a los ciudadanos de todo el país a oír a responsables políticos abrir y cerrar actos en las cuatro lenguas, a comprar billetes de lotería en Navidad donde «Lotería Nacional de España» aparezca escrito en castellano y en euskera, por ejemplo, y a que el Gobierno tuitee en las cuatro lenguas oficiales. Sin duda, muchos ciudadanos de las zonas monolingües verían con agrado estos cambios y la amplitud de miras que conllevaría para todos.

7.4. Los nacionalismos en España son nacionalismos lingüísticos

La propuesta de Ley de Lenguas trata, en primer lugar, de la forma en que un Estado democrático moderno debe abordar su diversidad lingüística interna, situándose como firme defensor de la pluralidad y garante de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos. La propuesta aspira a ser un modelo de buenas prácticas en política lingüística estatal porque su aplicación supondría una integración real y efectiva de todas las lenguas oficiales en el Estado, además de propiciar la apertura del país a su diversidad lingüística como un valor positivo.

Sin embargo, la Ley de Lenguas que proponemos tiene también una dimensión política en la medida en que buscaría incidir en la mejora de la organización territorial de España. La tesis política central de la propuesta es que el elemento clave para reconducir la crisis territorial reside en una mejor comprensión y tratamiento de la diversidad lingüística interna. Y este mejor abordaje debería realizarse en la línea que proponemos para una futura Ley de Lenguas. La razón está en que el fundamento de los nacionalismos rupturistas en España es lingüístico. El nacionalismo surge en España en aquellas Comunidades donde hay otra lengua distinta del castellano. No existe en Andalucía, por ejemplo, siendo como es una Comunidad con una gran variedad de rasgos distintivos. Pero los andaluces son hablantes monolingües del español, y, debido a ello principalmente, no ha surgido un movimiento nacionalista.

Que el Estado abandone su tradicional pasividad y se convierta en actor en esta cuestión pasa inexorablemente por devenir consciente de que los nacionalismos en España se construyen sobre las lenguas. Se podrá argumentar que existen otros componentes constituyentes de los nacionalismos en España, como el económico, el cual efectivamente juega un papel de considerable importancia. No obstante, el componente básico sentimental que subyace a todo nacionalismo, el que permite construir el grupo nacional diferenciado, es, en nuestro caso, lingüístico.

Observemos de nuevo el caso de Cataluña. ¿Qué posibilita a los independentistas afirmar que los catalanes forman un grupo diferenciado del resto de españoles? La lengua (y la cultura cifrada en ella). La lengua es lo que permite crear el nosotros. La lengua, a diferencia del pragmatismo de la cuestión de las balanzas fiscales, contiene una importante dimensión sentimental, y el nacionalismo tiene el monopolio de esta dimensión: nadie ama tanto las lenguas propias como los nacionalistas, nadie como ellos para protegerlas, expandir su uso y representar a sus hablantes. Y frente a ellos, un Estado supuestamente hostil que quiere acabar con ellas. Son muchos años de un discurso hegemónico de esta naturaleza. No es sorprendente que amplios grupos de ciudadanos en las Comunidades bilingües sientan su lengua menospreciada y estén convencidos de que el Estado es una amenaza para las lenguas distintas del español.

En otras palabras, las lenguas están actualmente puestas al servicio de la ruptura. Y lo están de dos maneras. En primer lugar, al crear el grupo diferenciado que inaugura la dialéctica del nosotros y ellos. En segundo lugar, al situar la lengua discursivamente como un objeto victimizado, lo que ocasiona a muchos de sus hablantes un gran malestar, inevitablemente experimentado como un maltrato a su ser, a su persona. Ésta es la dimensión sentimental de las lenguas que el nacionalismo ha monopolizado y puesto al servicio de la separación.

Formar parte de una comunidad lingüística diferente de la mayoritaria en el país no es un hecho sin consecuencias. Es un hecho que tiene como resultado una singularidad, y lo mejor que se puede hacer con ella es reconocerla. Sin embargo, no debe tolerarse que sea puesta al servicio de la ruptura. Se puede poseer una pequeña –o grande, depende de cada uno– diferencia y convivir con los otros. El lema de la Unión Europea, compartido por la mayoría de ciudadanos en España, es Unidad en la diversidad. Pero para poder articular unidad y diversidad, hay que hacer un buen diagnóstico. ¿Cuál es la diversidad real y tangible en nuestro país? La lingüística; no hay otra de envergadura.

A diferencia de España, hay países donde, debido a su uniformidad, esta cuestión no se presenta, ya sea por su geografía lingüística unitaria (Portugal) o por haber desarrollado a lo largo de los siglos una fuerte actividad laminadora de la diversidad (Francia). Pero también hay otros países, como Canadá, donde el proyecto de separación era también de clara raíz lingüística. El Estado canadiense no se quedó parado y a la defensiva. Intervino federalizando la política lingüística, es decir, el Gobierno federal pasó a ser un nuevo actor lingüístico. Declaró el francés lengua oficial del Estado junto con el inglés. Absorbió así la dimensión sentimental de la lengua, que hasta entonces servía a la empresa de la separación.

Desde la aprobación de la Constitución de 1978 España reconoce ampliamente la diversidad lingüística de las Comunidades bilingües, pero ha sido incapaz de desarrollar una política lingüística propia desde el Estado que impida a los nacionalismos presentarse como gestores únicos de las llamadas lenguas propias y moldearlas en función de sus intereses. Cuando hay un problema, hay que legislar con sensibilidad y equidad a favor de todos, y hay que explicar por qué se hace lo que se hace. En España no hay una ley estatal que regule la cuestión de las lenguas y esto es una anomalía. Nuestra propuesta de Ley de Lenguas quiere paliar este vacío legislativo y discursivo.

Si, por lo contrario, el Estado opta por seguir cediendo la dimensión sentimental de las lenguas en exclusiva a los nacionalismos disgregadores, el vínculo de pertenencia a España como comunidad muy probablemente se irá debilitando hasta su extinción. El reto que tenemos es enorme, pero debemos reconocer que no estamos tan solos como podríamos temer. Podemos aprender y colaborar con otros países que han emprendido reformas lingüísticas y lo han hecho con éxito. No porque hayan «solucionado» el problema del nacionalismo lingüístico, puesto que éste no es el enfoque ni la meta, sino porque han sabido reconducir la situación a partir de crear un marco lingüístico y político nuevo e inclusivo donde todos aquellos que quieran puedan sentirse reflejados. El país que mejor ha sabido realizar esta tarea ha sido Canadá. Veamos en detalle el modelo canadiense.

7.5. El ejemplo de Canadá

La cuestión más remarcable del ejemplo canadiense para nuestra experiencia en España es su manera de enfrentar un nacionalismo rupturista de raíz lingüística. A la correcta localización del problema territorial en la lengua, le siguió su capacidad de actuar en consecuencia. Los dirigentes en Ottawa comprendieron que la integración de aquellos que querían separarse pasaba en primer lugar por integrar su lengua en las instituciones federales. Decidieron elevar el francés al mismo rango que el inglés, dando lugar a lo que se conoce como el bilingüismo federal.

Veamos cómo se desarrolló el lúcido bilingüismo federal ideado por los primeros ministros Lester Pearson (1963-1968) y Pierre Trudeau (1968- 1979 y 1980-1984). Ambos elaboraron la legislación federal en materia de lenguas que, en 1969, se plasmó en la Official Languages Act/Loi sur les langues officielles,⁵⁴ que elevaba el francés a lengua oficial del Estado junto con el inglés. En origen fue una iniciativa polémica y poco comprendida, pero hoy es plenamente aceptada y una seña de identidad del país, y, lo más importante, ha logrado que nadie en Canadá tenga motivos para sentirse agredido por razón de lengua.

El nuevo enfoque empezó a elaborarse a mediados de los años sesenta, con Lester Pearson como primer ministro y Pierre Trudeau como ministro de Justicia. Había que buscar una manera para la convivencia y la unidad en Canadá, en riesgo por el nacionalismo francófono que no quería vivir en un país eminentemente anglófono.

Como afirma el ensayista Juan Claudio de Ramón,⁵⁵ gran conocedor de Canadá:

En 1968, a la llegada de Pierre Trudeau al poder, la querella pertinaz entre Quebec y el Gobierno federal entraba en una fase de ruptura. La mayoría francófona de la provincia vivía la revolución tranquila, proceso de modernización desplegado en tres frentes: secularización de una sociedad hasta entonces sometida a la rígida férula clerical, reformismo económico con ampliación de derechos sociales y afirmación nacional frente al poder financiero de la provincia en manos de la minoría anglófona.

En 1976 el Partido Quebequés, abiertamente separatista, llegó al poder en la provincia. Un año más tarde se logró aprobar la primera ley de política lingüística del Parlamento quebequés. Aunque el francés era lengua oficial del Estado desde 1969, los quebequeses no dispusieron de una ley propia de usos y regulaciones del francés ni de la competencia provincial para regularlos y gestionarlos hasta 1977.

A pesar del hito que supuso en la historia de la provincia la adquisición de la competencia en la regulación de los usos del francés, los acontecimientos se aceleraron y el Gobierno del Partido Quebequés condujo a la provincia a dos referéndums de independencia unilaterales (1980 y 1995), perdidos ambos. Es factible pensar que parte del fracaso independentista se deba a que, ya anteriormente, desde mediados de los sesenta, el Gobierno federal canadiense había desplegado una posición activa en el conflicto y había abordado con inteligencia, firmeza y voluntad inclusiva el reto del nacionalismo quebequés.

Varios años antes de entrar a formar parte del Gobierno federal en 1963, un joven Pierre Trudeau, que regresa a su Quebec natal después de estudiar en Harvard y en Europa, escribe muy certeramente cómo su provincia se ha convertido en «una ciudadela de ortodoxia bajo una mentalidad de pueblo asediado»,⁵⁶ frase que, por otra parte, puede aplicarse sin tocar una coma a la Cataluña del procés. Frente a esta situación en Quebec, Trudeau se empeñó personalmente en cambiar las cosas. Encontró en Lester Pearson un primer ministro que compartía plenamente sus tesis: la lengua era el elemento clave a abordar. Como explica Juan Claudio de Ramón:⁵⁷

[…] Si el ardor secesionista se ha apagado en Quebec, no es porque haya obtenido rango legal de nación, ni porque se haya reconocido su derecho de autodeterminación. La razón del éxito en la gestión territorial ha sido la correcta localización del problema, a partir de los años sesenta del pasado siglo, en la cuestión de la convivencia de comunidades lingüísticas que, aun solapadas, eran distintas. La élite política en Ottawa entendió, no sin resistencias mentales, que, si los quebequenses veían adecuadamente representada su lengua en las instancias federales de gobierno, su desafección disminuiría y el nacionalismo se vería privado de su principal instrumento de victimización. […]

[…] los federalistas hicieron suyo el francés, pero ni por un momento hubieran aceptado blindar la exclusión del inglés en Quebec. Tanto cuidado puso Ottawa en que los francófonos no se sintieran excluidos, como que los anglófonos no sufrieran merma en sus derechos en Quebec (la Sección 13 de la Constitución garantiza el derecho a ser escolarizado en ambas lenguas, bajo ciertas condiciones: no hay «inmersión lingüística» uniforme en Quebec; sería ilegal).

Pierre Trudeau quería acabar con lo que tradicionalmente en Canadá se ha llamado las dos soledades, la comunidad anglófona y la francófona viviendo de espaldas la una a la otra. El equivalente en España de las dos soledades sería la plurinacionalidad, donde un número incierto de naciones uniformes y yuxtapuestas coexisten en un marco común que no interesa a nadie. El camino no es éste sino el que Canadá ha sabido forjarse con los años, un solo país inclusivo y bilingüe. Aunque sigue habiendo y habrá desencuentros entre el nacionalismo quebequés y el Gobierno federal y aunque el tema lingüístico siga revestido de bastante polémica, Pierre Trudeau consiguió un muy razonable éxito en el mantenimiento de la unidad del país y logró poner en práctica de manera audaz la siempre difícil articulación entre unidad y diversidad. Por su parte, Lester Pearson también vio cumplido su deseo particular de ser el último primer ministro canadiense monolingüe en inglés. Desde Pearson, todos han sido bilingües y actualmente es impensable siquiera ser candidato sin dominar ambas lenguas. Justin Trudeau, el actual primer ministro, hace sus discursos en inglés –lengua mayoritaria del país– e intercala frases en francés. Ésta es la normalidad lingüística en Canadá.

Se podría argumentar que a pesar de que el bilingüismo federal es un modelo estatal de buenas prácticas con su voluntad política de integración, Quebec no se ha abierto al bilingüismo, sino que su política lingüística se caracteriza por un uso exclusivo del francés. Esto es efectivamente así, pero debemos señalar, en primer lugar, un dato: la composición sociolingüística de Quebec es el de una comunidad mayoritariamente francófona, con un de 78,4 por ciento francófonos, un 9,6 por ciento de anglófonos y un 12 por ciento de hablantes de otras lenguas maternas (hasta 30 lenguas distintas).⁵⁸ Quebec no tiene pues la composición sociolingüística de las Comunidades bilingües españolas. Más bien, éstas se parecen en su composición mucho más a otra provincia canadiense, New Brunswick, de la que apenas se habla cuando se discuten en España las políticas lingüísticas canadienses. En New Brunswick viven un 32,4 por ciento de ciudadanos francófonos, un 65,58 por ciento de anglófonos y un 2,02 por ciento de hablantes de otras lenguas.⁵⁹ El inglés y el francés son ambas lenguas oficiales (en Quebec sólo lo es el francés) y la política lingüística es de bilingüismo en todos los ámbitos públicos. New Brunswick sí sigue la política de bilingüismo federal e incluso ha consagrado su bilingüismo en la Constitución.

Sin embargo, el nacionalismo rupturista basado en la lengua, ciertamente, no se encuentra en New Brunswick sino en Quebec. En esta provincia, el efecto del bilingüismo federal ha sido mayor políticamente que lingüísticamente. Ha logrado, junto a otras medidas federales, disminuir la desafección de muchos quebequeses por el Estado y ha contribuido a configurar el Canadá moderno, posterior a la repatriación de la Constitución y su reforma, como un país unido y bilingüe. En las últimas elecciones provinciales de octubre de 2018 las opciones independentistas han conseguido magros resultados y ya nadie plantea un referéndum.⁶⁰ Ahora bien, es un hecho que los Gobiernos provinciales no han seguido el bilingüismo federal, sino que han favorecido el uso exclusivo del francés y han legislado en esta línea desde 1977 cuando adquirieron competencias en esta materia. Este dato es relevante para nosotros en la medida en que nos muestra que en España no habría que esperar reciprocidad de los gobiernos autonómicos después de una aprobación de la Ley de Lenguas. Más allá de las disposiciones legales a las que la aprobación de la Ley de Lenguas les obligaría, es muy posible que los gobiernos autonómicos de signo nacionalista no quisieran inspirarse en los nuevos tiempos y prefieran mantener la misma filosofía de siempre. Otra cuestión son los ciudadanos y éstos, como muchos en Quebec, sin duda darían un fuerte apoyo a la presencia y uso de sus lenguas en el Estado. El bilingüismo federal ha tenido y tiene, pues, un mayor impacto en las actitudes hacia la unidad y la diversidad del país que en lograr un cambio hacia el bilingüismo francés-inglés en la provincia.

Volviendo a España, si algún día el país se fragmenta en varios Estados, esta ruptura se dará sin duda por sus lindes lingüísticas internas. Y es sabido que el independentismo y el nacionalismo atraen con más facilidad a personas cuya lengua materna no es el español. En consecuencia, podemos decir que nuestro problema territorial es eminentemente un problema de convivencia lingüística. Si lo abordamos de mejor manera, buena parte de las tensiones desaparecerán.

Al igual que Canadá, nosotros también podemos avanzar hacia una percepción y gestión diferente y mejor de las lenguas en nuestro país. Debemos explicar todas las veces que sea necesario que el Estado debe tomar partido en el campo lingüístico y actuar en aras del bien común, poniendo las lenguas al servicio de la convivencia. Ésta puede ser promovida de diversas maneras, sin duda, y en la Ley que presentamos, la convivencia se promueve a partir de que todas nuestras lenguas oficiales estén representadas en el Estado de todos y a partir de que todos los ciudadanos encuentren sus derechos lingüísticos respetados y valorados, lo que les conduciría a respetar y valorar los de sus conciudadanos.

8

Los dos objetivos de una Ley de Lenguas Oficiales

En este capítulo examinaremos en detalle los dos objetivos de la propuesta de Ley de Lenguas y sus fundamentos jurídicos.

El primer objetivo es construir el Estado plurilingüe: reconocer, visibilizar y promover el catalán, el euskera y el gallego como lenguas del Estado y asegurar su presencia y uso en las instituciones estatales y gubernamentales.

El segundo objetivo es regular la diversidad lingüística del país a partir de los derechos lingüísticos individuales. La Ley debería especificar y garantizar estos derechos civiles para todos los ciudadanos y las condiciones de su ejercicio.

8.1. ¿Sería posible aprobar una Ley de Lenguas con la legislación actual?

Como afirma el jurista Rafael Arenas, gran conocedor de la normativa lingüística autonómica, debemos reconocer que la actual legislación es un «laberinto legal en el que todo puede ser cuestionado y debatido».⁶¹ Dicho esto, y siendo conscientes de la complejidad del tema, observamos que sí contamos con varios puntos de apoyo legales para poder elaborar y aprobar una Ley de Lenguas actualmente sin invadir competencias autonómicas ni incurrir en ninguna inconstitucionalidad.

Para la cuestión más espinosa de la Ley, la especificación de los derechos de los hablantes del español en las Comunidades Autónomas bilingües, contamos con cuatro elementos: el primero, el artículo 3 de la Constitución, el cual, como hemos visto en repetidas ocasiones, especifica el derecho a usar el español en todo el país. En segundo lugar, disponemos de la amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se deriva de él, de la que hablaremos en este capítulo. También hablaremos del tercer elemento, el artículo 14 de la Constitución, que prescribe la no discriminación y la igualdad entre todos los ciudadanos. Finalmente, existen algunas leyes sectoriales que avalan la obligatoriedad de la presencia del español en el ámbito institucional y educativo, como, por ejemplo, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Veamos un ejemplo de esta legislación sectorial. Como explica Rafael Arenas respecto al ámbito educativo:⁶²

En el punto que ahora nos ocupa comprobamos:

• Que existe una exigencia constitucional de presencia mínima del castellano en la educación.

• Que esta exigencia ha sido traducida a normativa estatal, [la LOMCE], adoptada sobre la competencia del Estado en materia educativa (normativa básica).

• Que esta exigencia y esta normativa ha de tener traducción en la normativa autonómica en la materia, ya que la competencia en materia educativa, excepto la regulación básica, es autonómica.

• Cuando la Comunidad Autónoma opta por no atender ni a la exigencia constitucional ni a la normativa estatal en la materia al final se producen conflictos que obligan a acudir a los tribunales.

Vemos que la legislación es clara en su consideración de la inmersión lingüística monolingüe como inconstitucional porque excluye el español como lengua vehicular (lo constitucional sería la enseñanza no sólo de castellano sino también la enseñanza en castellano). Sin embargo, ni los gobiernos de Cataluña ni de Baleares se dan por aludidos y desde el Gobierno español no existe voluntad política para que esta normativa llegue a aplicarse. Hemos visto cómo el PSOE y el PP han rehuido siempre la problemática de la inmersión monolingüe obligatoria para todos y es muy difícil pensar que esto vaya a cambiar. Observamos, pues, que lo que falta es voluntad política porque la legislación existe para impedir el uso exclusivo de las lenguas cooficiales en los ámbitos de uso más importantes (educación, administraciones, cultura…) en la vida de las Comunidades.

Examinemos en más detalle cómo el marco legislativo actual posibilita desarrollar una Ley de Lenguas. Respecto al primer objetivo de la Ley, podríamos apoyarnos en el artículo 3 de la Constitución en su punto 3.3. Recordémoslo:

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Este punto es un mandato a la promoción de las lenguas cooficiales. De hecho, en conformidad con él, el Estado ya lleva a cabo medidas de visibilización y promoción de las lenguas cooficiales, las cuales hemos examinado en el capítulo 4. La propuesta de Ley de Lenguas parte de este artículo para desarrollar la dimensión simbólica de la Ley. El Estado podría ir tan lejos como quisiera en la visibilización y promoción de las lenguas cooficiales desde sus instituciones y puede declararlas lenguas del Estado dado que son una riqueza y un patrimonio cultural de todos.

Respecto al segundo objetivo de la Ley de Lenguas, nuestra propuesta parte de una premisa: los titulares de derechos lingüísticos no son las administraciones sino todos los ciudadanos y ciudadanas que hablan una lengua española oficial, tanto los hablantes del español en las Comunidades monolingües y bilingües como los hablantes del catalán, el euskera y el gallego en sus relaciones con la Administración del Estado. Partiendo de esta premisa, la propuesta de Ley de Lenguas otorga derechos lingüísticos a todos los hablantes.

Empecemos por considerar a los hablantes del catalán, el euskera y el gallego. Actualmente, estos ciudadanos tienen sus derechos lingüísticos garantizados en multitud de ámbitos de uso, como la educación, los medios o la documentación, dentro de sus Comunidades. Ello sucede en función de los Estatutos y las Leyes de Normalización Lingüística, por lo que estos derechos acaban en los lindes de las Comunidades.

La Ley de Lenguas que presentamos amplía los derechos lingüísticos de aquellos que se identifican individualmente más y mejor con el catalán, el euskera y el gallego que con el castellano. La propuesta contempla los derechos lingüísticos de estos ciudadanos en sus relaciones con el Estado. Por ejemplo, es ejercicio de derechos lingüísticos el que los hablantes del catalán, el euskera y el gallego que así lo deseen puedan comunicarse con la Administración en sus lenguas o que puedan expresarse en ellas en los tribunales nacionales o que las usen si participan en galas y ceremonias nacionales. Actualmente, estos derechos lingüísticos no están contemplados en ninguna legislación. Se trataría, pues, de adquirir nuevos derechos civiles. De la misma manera que los ciudadanos canadienses o los suizos, los ciudadanos cuya lengua materna/lengua de preferencia es el catalán, el euskera o el gallego gozarían de derechos lingüísticos en su relación y comunicación con el Estado.

Para que la Ley de Lenguas plasme los derechos lingüísticos de los hablantes de las lenguas cooficiales, ¿es posible encontrar apoyo en el artículo 3 de la Constitución? Observamos que el punto 3.3 habla de las lenguas: no hace mención a los hablantes y sus derechos. Pero, debido a la interrelación de ambos elementos, pensamos que se podría interpretar que, además de respetar y proteger las distintas lenguas, hay que otorgar derechos a sus hablantes. Sería una interpretación laxa pero factible.

De esta manera, apoyándose en el punto 3.3, la Ley de Lenguas podría desarrollar toda la parte simbólica y de ejercicio de derechos a los hablantes del catalán, el euskera y el gallego. La Ley empezaría por declararlas lenguas del Estado junto con el castellano y debería especificar con qué instituciones centrales del Estado los ciudadanos hablantes de estas lenguas podrán comunicarse por escrito y oralmente. Tanto esta cuestión como la dimensión simbólica de la Ley dependen de la voluntad del Estado y de lo que sea considerado un nivel razonable de plurilingüismo dependiendo de las circunstancias de cada ámbito de uso.

Observamos, pues, con satisfacción, que la Constitución y la jurisprudencia existente permitirían desarrollar con comodidad la dimensión simbólica de la Ley de Lenguas y el ejercicio de los derechos lingüísticos de los hablantes del catalán, el euskera y el gallego en sus relaciones con el Estado. El marco legislativo actual también permitiría abordar los derechos lingüísticos de los hablantes del español en las Comunidades bilingües, aunque este tema reviste mayor complejidad que el primero. Veamos las razones.

8.2. ¿Qué derechos adquirirían los hablantes del español en las Comunidades Autónomas?

Hemos dicho que la Constitución, parte de la legislación sectorial estatal y la abundante jurisprudencia sobre el tema de las lenguas permitiría elaborar y aprobar una Ley de Lenguas que garantice los derechos lingüísticos de los castellanohablantes. Para poder concretar estos derechos y las condiciones de su ejercicio, hay que realizar varios pasos. El primero, tener en cuenta la legislación autonómica, es decir, los Estatutos de Autonomía y las normativas lingüísticas vigentes. Existe también la legislación europea que España sigue escrupulosamente, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Y hay un consenso social en España, al igual que en el resto de Europa, sobre que las lenguas pequeñas deben ser apoyadas e incentivadas desde los poderes públicos.

Ante esta normativa que incentiva la otra lengua autóctona, ¿cómo debe entenderse el derecho de los hispanohablantes a usar su lengua? ¿Es la normativa autonómica realmente un freno al uso del español? O, dicho de otro modo, ¿cómo encontrar un equilibrio entre los derechos lingüísticos individuales y los colectivos? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos muestra el camino.

Tomemos, como ejemplo, dos sentencias del Tribunal Constitucional, la STC 337/1994,⁶³ de 23 de diciembre, y la STC 31/2010,⁶⁴ de 28 de junio, respecto al régimen lingüístico en Cataluña (y por extensión, las demás Comunidades Autónomas). Ambas sentencias juzgan inconstitucional la exclusión del español en los ámbitos que les ocupan.

La STC 337/1994, de 23 de diciembre, fue dictada con motivo de la antigua Ley de Normalización Lingüística de 1983 y está restringida al ámbito de la Educación, pero es aplicable a los demás ámbitos de uso en cuanto al principio que delimita. La sentencia estima «legítimo» que (las cursivas son nuestras)

[…] el catalán sea el centro de gravedad del modelo escolar adoptado, siempre que ello no comportase la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Respecto a la STC 31/2010, de 28 de junio, ésta fue dictada con motivo del recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). En el capítulo lingüístico, la sentencia concluye con una declaración de inconstitucionalidad que afecta al art. 6.1 del EAC y con una serie de decisiones interpretativas sobre los artículos 6.2, 33.5, 34, 35 y 50.

La inconstitucionalidad se refiere a la prescripción de que el catalán, como lengua propia de Cataluña, «es la lengua de uso normal y preferente  de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña» (EAC, art. 6.1). La sentencia establece que el carácter  preferente atribuido a la lengua es contrario a la Constitución al establecer en las administraciones el uso prioritario de una de las lenguas cooficiales sobre la otra.

Ambas sentencias, en la misma línea, matizan y delimitan los usos del catalán prescritos en la normativa lingüística autonómica. Allí donde había una pretensión de totalidad, la sentencia pone unos límites: el catalán (o el euskera o el gallego) pueden ser el centro de gravedad del sistema, pero no deben ocupar todo el sistema. Éste es el principio, avalado jurídicamente, que guía la concreción del segundo objetivo de la Ley de Lenguas que presentamos.

Veamos ahora su concreción: la propuesta especificaría los ámbitos de uso concretos donde no puede haber exclusión absoluta del español para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos lingüísticos. Se trata de aquellos seis ámbitos de uso que tienen un mayor efecto en la vida de los ciudadanos: las administraciones autonómicas y locales, la educación, los puestos en la Administración, la cultura, los medios de comunicación, y la señalización e informaciones públicas. En todos ellos debe haber un porcentaje mínimo de presencia del español para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Proponemos que la Ley de Lenguas estipule que en los ámbitos de uso señalados la presencia de cada una de las lenguas oficiales de una Comunidad Autónoma no puede ser inferior a un 30 por ciento.

Veamos un ejemplo: la Consejería de Cultura de una Comunidad bilingüe dispone de 10 ayudas públicas anuales para escribir y montar obras de teatro. Las normativas lingüísticas y el hecho de que la competencia en Cultura sea de las Comunidades Autónomas conducen, actualmente, a una incentivación de la producción teatral en catalán, euskera y gallego. La tentación es otorgar todas las ayudas para obras en las llamadas lenguas propias. La Ley de Lenguas delimitaría esta repartición: como mínimo, el 30 por ciento debe ser para el perfil lingüístico castellanohablante. Así, las Comunidades pueden, de las 10 subvenciones públicas, otorgar 7 para obras en la lengua cooficial y 3 para español. O encontrar otras combinaciones, como 60-40 por ciento. La cuestión es que ninguna lengua quede por debajo del 30 por ciento.

Así como este ejemplo que hemos puesto es claro y justo, hay un ámbito de uso donde la cuestión es más espinosa: el tema del requisito lingüístico previo para poder acceder a los puestos de funcionarios en la Administración. Existe una discusión jurídica sobre esta cuestión puesto que la inexistencia de puestos sin requisito lingüístico en la totalidad o en algunas de las convocatorias autonómicas y locales colisiona con el precepto constitucional de igualdad entre todos los ciudadanos. Hay que buscar un equilibrio, intentar una armonización de ambos derechos. La propuesta que hacemos es que un 30 por ciento de los puestos en la Administración en cada convocatoria anual no tengan perfil lingüístico. Esto permitiría que todos aquellos que quieran, en función de sus cualificaciones profesionales, puedan acceder a un puesto en las administraciones autonómicas de las Comunidades bilingües. Posteriormente, si se requiere, y para promocionar a otros puestos, los nuevos funcionarios pueden tener un periodo de aprendizaje de la lengua cooficial al final del cual deberán entregar su cualificación lingüística, como de hecho ya sucede en todas las Comunidades Autónomas excepto en Cataluña y, desde tiempos recientes, en Baleares.

A nivel interno, las administraciones autonómicas y locales funcionan mayoritariamente en catalán, en gallego y, en menor medida, en vasco. Los funcionarios que trabajen en estas administraciones deben conocer la lengua cooficial, pero no es imprescindible para algunos de estos puestos tener este conocimiento de entrada. En Cataluña, los puestos en la Administración son todos con perfil lingüístico catalán obligatorio. Su necesidad sólo se sustenta en motivos políticos, es decir, el cerrar los puestos para «los de casa» exclusivamente. Hay que facilitar la igualdad entre todos los ciudadanos, y en aras de la movilidad y el mérito, la Ley de Lenguas también establecería un 30 por ciento de perfil lingüístico sólo hispanohablante para los puestos de funcionarios en las convocatorias autonómicas y locales.

A algunos les parecerá poco equilibrado el porcentaje que proponemos de 30-70 por ciento y desearían una repartición 5050 por ciento entre ambas lenguas. Ésta podría perfectamente ser la decisión de un Gobierno autonómico, pero sabemos que ello raramente sucede. En consecuencia, lo que hay que regular es esta tendencia a la totalidad, al monolingüismo para todos con más de la mitad de la población desprovista de derechos lingüísticos. Y hay que hacerlo respetando las normativas lingüísticas existentes orientadas a fomentar y extender las lenguas cooficiales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (1992). Esta última también va en la misma línea que la jurisprudencia española en cuanto a que afirma en su preámbulo que la promoción de las lenguas regionales y minoritarias no se hará en detrimento de las lenguas mayoritarias de sus países.⁶⁵

Los gobiernos autonómicos pueden y deben asegurar el uso del catalán, el euskera y el gallego en los distintos ámbitos públicos, pero con la Ley de Lenguas verían matizadas sus prácticas: no podrían excluir la presencia de la otra lengua en documentos, comunicaciones públicas o en la atención telefónica, ni tampoco en la educación ni en los puestos en la Administración. Ninguna lengua podría estar representada en menos de un 30 por ciento. La lengua a promocionar podría llegar hasta el 70 por ciento pero no hasta el cien por cien, como sucede actualmente en Cataluña y Baleares y es la aspiración de los sectores nacionalistas de las otras Comunidades Autónomas. En otras palabras, siguiendo la muy precisa metáfora de la STC 337/1994, de 23 de diciembre, el catalán, el euskera y el gallego pueden ocupar el centro de gravedad de las prácticas lingüísticas autonómicas, pero no la totalidad.

Como hemos dicho anteriormente, que la lengua cooficial suponga ahora el cien por cien de presencia en la práctica institucional, educativa, cultural, mediática y de comunicación pública es una realidad en Cataluña, y en Baleares se está muy cerca de ello. En consecuencia, sería en estas Comunidades donde el impacto de la Ley sería mayor. Sin embargo, no hay que pensar que en las otras Comunidades Autónomas el efecto sería insignificante. La Ley de Lenguas tendría también, como toda ley, una función preventiva. Un ejemplo: se está debatiendo actualmente una Ley de Educación Vasca y en su elaboración es muy posible que resurja la antigua demanda de sectores nacionalistas involucrados en la gestión y enseñanza del euskera de pedir que se unifique el modelo lingüístico escolar en una sola línea en esta lengua, eliminando la línea en castellano: es decir, inmersión monolingüe obligatoria. Con la Ley de Lenguas en vigor, esto no sería posible. La Ley de Lenguas, de forma ecuánime y justa, marcaría un terreno de juego en todo el Estado donde los gobiernos autonómicos continuarían lógicamente teniendo competencias exclusivas en la regulación de las lenguas cooficiales, pero no podrían mantener o instaurar un monolingüismo obligatorio de estas lenguas con exclusión del español porque una legislación estatal se lo impediría.

Se podría argumentar que, si la legislación actual lo exige, deberían respetarse los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en las Comunidades bilingües ahora mismo, sin necesidad de una Ley de Lenguas. Por supuesto, la Ley debería cumplirse, especialmente en aquellos campos donde su incumplimiento es flagrante, como es en la educación. Pero, al mismo tiempo, debemos ser realistas. El Estado como tal no existe en el tema de las lenguas y ni el PP ni actualmente el PSOE van a dar un paso adelante para hacer cumplir la ley en el campo educativo y arriesgarse a las muchas protestas que se producirían. Ambos huyen de este tema como de la pólvora. Vistas las circunstancias, lo que hay que hacer es comenzar de nuevo, poner el contador a cero. Y hacerlo con el Estado tomando la iniciativa y desarrollando una propuesta global, articulada y fundamentada como la de Ley de Lenguas. Hay que cambiar el enfoque. Nuestra propuesta no es sólo un marco legislativo, sino que, como hemos visto, concede igual importancia a la construcción y diseminación de un discurso lingüístico alternativo. Con un discurso global e inclusivo de todas las lenguas desde las instituciones estatales se podrían hacer cosas que ahora parecen imposibles.

8.3. El derecho a usar la lengua materna y otros derechos fundamentales

Continuemos con la cuestión de los derechos lingüísticos y examinemos más en detalle el derecho a usar la lengua materna/lengua de preferencia de entre las cooficiales por parte de los hablantes del español en las Comunidades bilingües. Este derecho no implica sólo el derecho humano a expresarse en la lengua materna de cada uno, sino que implica también los derechos fundamentales de la igualdad entre todos los ciudadanos y la libertad individual.

La igualdad entre todos los ciudadanos y ciudadanas queda en entredicho cuando no todos tienen acceso a una educación en su lengua materna, cuando los puestos en la Administración les están vedados a algunos por no disponer del requisito lingüístico o cuando otros no pueden acceder a una subvención cultural porque no las hay para la creación en español. La situación de facto es la de discriminación por lengua, consecuencia inevitable de la ausencia de derechos lingüísticos para los ciudadanos hablantes de la otra lengua, la que no es del agrado del poder autonómico. Sin embargo, el artículo 14 de la Constitución afirma:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Entendemos que la lengua materna/lengua de preferencia entra claramente dentro de la categoría de otra condición o circunstancia personal y social.

Desde la perspectiva del derecho fundamental a la libertad individual, ésta queda mermada cuando los ciudadanos se ven privados de poder escoger la lengua con la que comunicarse con la Administración y las instituciones debido a que éstas han optado por el monolingüismo para todos. En las democracias liberales de nuestro entorno, los derechos lingüísticos individuales son mayoritariamente respetados; cuando hay dos lenguas oficiales, no se les hurta a los ciudadanos el derecho a escoger la lengua de su elección.

En el actual discurso hegemónico en España se nos ha hecho creer que la libertad de elección de lengua es una tragedia y una muerte segura para la lengua pequeña. Nada más lejos de ello. El ejercicio de elección de lengua no supone necesariamente un rechazo a la otra lengua. Esta idea está ligada a la politización de las lenguas que padecemos: si quieres recibir comunicaciones de tu ayuntamiento o del colegio de tus hijos en español es porque te desagrada, odias o no puedes soportar el catalán, el euskera o el gallego. Pues no; las cosas no son así. La mayoría de personas, cuando pueden escoger la lengua para leer una información o la lengua para comunicarse con la Administración o con la profesora de sus hijos no están haciendo un acto político. La realidad es mucho más sencilla: escogen la lengua con la que piensan que va a poder realizar mejor aquella acción. No hay más.

La libertad de elección de lengua en las Comunidades bilingües debería dejar de demonizarse. Es un derecho fundamental, del orden de la libertad individual, de la misma manera que los ciudadanos somos libres de escoger nuestra orientación sexual, nuestra religión o ausencia de ella, nuestra opción política y nuestra opción de vida. ¿Por qué la lengua no debería poder ser objeto de elección y los demás elementos sí?

En resumen, el ejercicio razonable de sus derechos lingüísticos por parte de los ciudadanos contemplado en la Ley de Lenguas se fundamenta no sólo en derechos de naturaleza lingüística sino también en el derecho a no ser discriminado y a la libertad individual, ambos derechos fundamentales según la Constitución.

8.4. La deseable modificación de los artículos 3 y 14 de la Constitución

En 1978 no se podía concebir al Estado como un actor lingüístico activo y gestor de la diversidad lingüística. Tampoco existía el problema de los derechos lingüísticos de los hablantes del español en las Comunidades bilingües. El gran paso en aquel momento radicaba en reconocer a todas las lenguas como lenguas españolas y otorgarles el máximo rango, la oficialidad. Lógicamente, esta oficialidad se materializaría (primero) en las respectivas Comunidades Autónomas, ya que es allí donde estas lenguas se hablan. En aquel momento, el siguiente paso, es decir, pasar a considerarlas no sólo lenguas cooficiales en sus respectivas Comunidades sino también lenguas del Estado, no fue posible ya que cualquier competencia relacionada estrechamente con las lenguas (cultura, educación) era vista exclusivamente como autonómica.

La aprobación de una Ley de Lenguas cambiaría profundamente el rol y funciones del Estado en el tema lingüístico y sería recomendable que, cuando se den las condiciones para una reforma de la Constitución, se discuta también una modificación de los artículos 3 y 14.

Recordemos el artículo 3 en su enunciado actual:

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Ésta es nuestra propuesta para un futuro debate de la reforma constitucional. El artículo 3 que proponemos recoge lo expuesto hasta ahora:

1. El castellano es la lengua española oficial en toda España.

2. El catalán, el euskera, el gallego (y el valenciano) son también lenguas oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos.

3. Las lenguas españolas oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas son también propias del Estado junto con el castellano.

4. Los ciudadanos tienen el derecho a usar la lengua de su elección de entre las oficiales allí donde las disposiciones legales lo permitan.

Veamos brevemente las razones por las que esta modificación sería óptima cuando se dieran las condiciones para una reforma de la Carta Magna. La propuesta de nuevo artículo 3 elimina la obligatoriedad de conocer el español, cuestión que hemos discutido en el capítulo 6. También permite nombrar las lenguas cooficiales y consagrar su oficialidad en la Constitución. Si, en el momento en el que se produjera una reforma constitucional, alguna otra lengua española ha sido declarada oficial por su Estatuto, entonces su nombre también constaría en el nuevo artículo, punto 3.2. Nombrar las lenguas responde a la voluntad de despojar a las lenguas españolas de su aura de innombrables. Sería sin duda la normalización definitiva de las lenguas cooficiales el que aparecieran en la Constitución con sus respectivos nombres.

Respecto a la modificación que proponemos para el punto 3.3, ésta supondría un profundo cambio de perspectiva respecto a las lenguas españolas en relación al actual 3.3. En su enunciado, el actual 3.3 muestra claramente la época en que se redactó y a los ojos de hoy resulta algo anacrónico. Lo que hay que mantener es el espíritu, pero actualizando el contenido: hoy no es necesario hablar de modalidades lingüísticas ni estamos en una época en que las lenguas españolas estén necesitadas de protección. La propuesta de modificación permite avanzar desde la idea de que hay unas modalidades lingüísticas a proteger por su riqueza a un Estado que se hace responsable de todas las lenguas oficiales y las considera propias, quedando así manifiesto el mandato de darles una mayor y mejor presencia y uso desde el Estado y sus instituciones.

El sentido que le damos a propias es que son lenguas que el Estado reconoce como suyas en la medida en que se hablan en el país y son la lengua materna/lengua de preferencia de millones de ciudadanos españoles. También el español es propio del Estado, además de oficial en todo el país. El adjetivo propio no sirve aquí para delimitar diferencias entre lenguas sino para incluirlas a todas. Todas las lenguas oficiales en España son lenguas propias del Estado y, como tales, el Estado debe garantizar una amplia presencia y uso de ellas en cada ámbito en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio de que el castellano siga siendo la lengua de uso normal en la Administración central.

Finalmente, el actual artículo 3 sólo contempla los derechos lingüísticos de los ciudadanos en relación al español. La propuesta de modificación, de forma clara y precisa, amplia este derecho a todos los ciudadanos hablantes de una lengua oficial. Sería muy recomendable que unos derechos tan importantes estuvieran reconocidos en la Constitución.

Con una modificación del artículo 3, sin embargo, no se cerraría el capítulo lingüístico de una futura reforma constitucional. Otra propuesta de modificación que debería ser debatida en una futura Comisión de Reforma Constitucional es el artículo 14. Proponemos la siguiente modificación:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, lengua, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La modificación consistiría en insertar la lengua en la serie de elementos contenidos en el artículo. El hecho de que en 1978 se pudiera acordar la no discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión u opinión muestra lo lejos que se pudo ir en todos estos parámetros, pero se omitió el de lengua. Actualmente, habiendo aprendido de la experiencia de estos 40 años, cuando se presentara la ocasión, sería muy recomendable modificar este artículo incluyendo la lengua entre los elementos por los que no se puede discriminar a nadie. Sería lógico que la Constitución de un país plurilingüe, que ha interiorizado esta diversidad, incluya esta cuestión tan importante en el artículo que consagra la igualdad entre todos los ciudadanos.

A pesar de que una modificación de los artículos 3 y 14 en la línea que hemos presentado sería un cambio óptimo, la Ley de Lenguas no necesita esperar un cambio constitucional para iniciar sus trámites. La secuencia que juzgamos más factible sería ésta: la Ley de Lenguas se aprobaría en el Congreso y, si posteriormente se llevara a cabo una reforma constitucional, ésta podría incluir la reforma de los artículos 3 y 14 en la línea que hemos planteado. Esta modificación serviría para consagrar en la Constitución los principios y obligaciones de una Ley de Lenguas ya aprobada.

En conclusión, la legislación actual nos permite poner en marcha las primeras actuaciones de la propuesta, como la constitución de la Comisión Estatal para una Ley de Lenguas y empezar a elaborar el texto legislativo a partir de las aportaciones de la Comisión. Si hay voluntad política y consenso entre los cuatro grandes partidos nacionales, la propuesta de Ley de Lenguas podría debatirse en el Congreso y llegar a aprobarse. Todo ello es factible con la legislación actual.

En el siguiente capítulo examinaremos los contenidos pormenorizados y las medidas concretas que constituirían la Ley de Lenguas.

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Contenidos y medidas de la Ley de Lenguas Oficiales

En este último capítulo⁶⁶ presentaremos una concreción de los contenidos y medidas de la propuesta de Ley de Lenguas. Por supuesto, una ley propiamente dicha no puede ser el objeto de este capítulo; de lo que se trata es de mostrar unos apuntes para una futura ley. Estos apuntes incluyen todos aquellos elementos que los futuros legisladores de la Ley de Lenguas deberían incluir en su redactado, teniendo la seguridad que sabrán ampliar y profundizar en lo expuesto en las líneas que siguen.

Dividiremos esta exposición en tres partes: contenidos propiamente dichos de la Ley de Lenguas, instituciones que contempla la ley para su implementación, y una consideración aproximada de sus costes económicos.

Los contenidos que ahora expondremos justifican la elección del título completo para la Ley de Lenguas: Ley de Lenguas Oficiales y Derechos Lingüísticos.

9.1. ¿A qué tenemos derecho los ciudadanos y ciudadanas?

Hemos visto a lo largo del libro que los titulares de derechos lingüísticos son los ciudadanos, no las administraciones. Así, la propuesta de la Ley de Lenguas parte de este dato y quiere plasmar estos derechos jurídicamente. Como no se trata de derechos negativos sino positivos, es decir concretos, dividiremos los derechos en dos grupos dependiendo de la Administración que debería garantizar su ejercicio:

Ante las Instituciones centrales del Estado (ICE) y las Instituciones periféricas del Estado en las Comunidades bilingües (IPECAB) los ciudadanos tendrían derecho:

• A utilizar oralmente y por escrito en sus relaciones con las mismas la lengua oficial que elijan.

• A que las comunicaciones escritas que se les dirijan en los procedimientos administrativos o judiciales en los que sean parte se realicen en la lengua oficial que soliciten.

• A recibir información institucional (sea publicidad de los servicios públicos, recomendaciones generales, convocatorias públicas o cualquier otra) divulgada por cualquier medio en las cuatro lenguas oficiales de España. Cuando dicha información se dirija a una pluralidad indeterminada de personas se emitirá de forma cuatrilingüe.

• A la expedición, como documento bilingüe, del documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducción, títulos académicos oficiales de cualquier grado y habilitaciones profesionales.

Ante las administraciones autonómicas y locales los ciudadanos tendrían derecho a todo lo anterior y:

• A recibir toda o parte de su educación en lengua materna cuando ésta es oficial en la Comunidad o municipio.

• A no ser discriminado en el acceso a la función pública por desconocimiento de una de las lenguas oficiales. No obstante, este derecho vendrá limitado por el derecho del usuario de servicios públicos a ser atendido en la lengua oficial que elija.

• A acceder a subvenciones culturales en las dos lenguas cooficiales de estas administraciones.

• A acceder a medios de comunicación públicos en las dos lenguas cooficiales de estas administraciones.

• A leer y escuchar comunicaciones públicas dirigidas a una pluralidad indeterminada de personas por parte de estas administraciones en las dos lenguas cooficiales.

El primer grupo de derechos ampliaría los derechos lingüísticos de los hablantes del catalán, euskera y gallego. El segundo garantizaría los derechos lingüísticos de los castellanohablantes respecto a las administraciones autonómicas y locales.

A partir de aquí son las administraciones estatal, autonómica y municipal las que deberían adaptarse a las nuevas disposiciones.

9.2. ¿Qué obligaciones adquiriría la Administración estatal?

La Ley también debería especificar las obligaciones de las Instituciones Centrales del Estado (ICE) que se derivan de los derechos lingüísticos. Éstos no son abstractos, sino que se concretan en los diferentes ámbitos de uso de la lengua.

Las actuaciones en los ámbitos de uso que detallaremos seguidamente responden al menos a uno de los dos objetivos de la ley, el simbólico y el de ejercicio de derechos. Las actuaciones que la Ley de Lenguas debería contemplar son las siguientes:

• Administración central del Estado

Las ICE tendrán la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito en las cuatro lenguas oficiales. Cada ICE deberá tener personal suficiente para llevarlo a cabo.

• Empresas y sociedades públicas

Las empresas y sociedades que integran el sector público empresarial del Estado realizarán su publicidad de manera cuatrilingüe (carteles, folletos, anuncios), divulgarán su actividad y contenidos a través de internet de forma cuatrilingüe y facilitarán la comunicación con los ciudadanos en la lengua que éstos soliciten.

• Funcionariado

Se proveerán plazas con perfil lingüístico de catalán, euskera y gallego para todas las ICE según los requisitos necesarios para la puesta en marcha de su operativo cuatrilingüe y su funcionamiento.

• Justicia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) garantizará que los ciudadanos puedan declarar en la lengua de su elección en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. También garantizará que toda la información electrónica y la comunicación con los ciudadanos estén disponibles en las cuatro lenguas oficiales.

Asimismo, el CGPJ garantizará que en los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma con lengua cooficial los ciudadanos puedan declarar en la lengua de su elección de las dos oficiales.

• Congreso y Senado

Los representantes políticos podrán hablar en la lengua de su elección de entre las cuatro oficiales en las sesiones plenarias del Congreso y el Senado. Toda la documentación importante debe estar disponible en las cuatro lenguas oficiales.

• Educación

El Gobierno incorporará en los planes de estudio de la enseñanza obligatoria en toda España el conocimiento de la diversidad lingüística de España a través de videos, textos e internet, y la presentará como un valor positivo que nos atañe a todos.

El Gobierno impulsará a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas y de la enseñanza universitaria el estudio de todas las lenguas de España, oficiales y no oficiales.

El Gobierno financiará ayudas para la investigación filológica y sociolingüística de todas las lenguas de España, oficiales y no oficiales, en el ámbito universitario.

El Gobierno impulsará el intercambio de alumnos y personal docente entre los distintos territorios lingüísticos de España, promoviendo entre ellos el conocimiento de las cuatro lenguas oficiales.

El Gobierno garantizará que los alumnos puedan educarse total o parcialmente en su lengua materna.

• Cultura

El Instituto Cervantes promocionará el estudio (presencial y virtual) de las lenguas oficiales y la creación cultural expresada en ellas. También dará a conocer la realidad plurilingüe de España. Son todas ellas actuaciones que el Instituto Cervantes, de hecho, ya lleva a cabo.

Las entidades culturales de las ICE, así como las privadas subvencionadas o participadas por las mismas, otorgarán una parte de los premios o galardones literarios, artísticos, cinematográficos o científicos a obras realizadas en cada una de las lenguas oficiales.

Las ceremonias de otorgamiento de premios por las instituciones culturales vinculadas a las ICE o subvencionadas por las mismas serán cuatrilingües, adaptando la presencia de las lenguas del Estado a la duración y características de cada ceremonia.

El Gobierno favorecerá el acceso a las lenguas del Estado mediante subvenciones o desgravaciones fiscales a la edición, subtitulación o traducción de creaciones culturales.

• Defensor/a del pueblo

El Defensor o Defensora del pueblo garantizará la capacidad de su departamento de comunicarse oralmente y por escrito en todas lenguas oficiales.

• Medios

En los medios de comunicación dependientes de las ICE se emitirá programación en las distintas lenguas de España; dichos medios cuidarán de promocionar creadores en todas las lenguas españolas.

El Gobierno colaborará en la protección, estudio, investigación y difusión televisiva, radiofónica, impresa o digital de las lenguas no oficiales de España, especialmente en el ámbito de la producción literaria infantil y juvenil.

• Rotulación

Los rótulos externos de todas las instalaciones de las ICE serán cuatrilingües.

• Actos de Estado

El Gobierno usará en sus intervenciones públicas fórmulas protocolarias y de cortesía cuatrilingües. Todos los actos de Estado tendrán la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en una proporción razonable y deberán abrirse y cerrarse con saludos y despedidas en todas ellas.

• Sellos

Los sellos postales, timbres del pago de impuestos, monedas, billetes y décimos de la Lotería Nacional deben contener, en la medida en que su tamaño lo permita, expresiones cuatrilingües.

• Monumentos

Los monumentos públicos como estatuas, columnas, fuentes y esculturas dependientes de las ICE deben tener el título y la información general en las cuatro lenguas oficiales.

• Unión Europea

El Gobierno instará a las instituciones comunitarias para que el catalán, el euskera y el gallego obtengan más espacios de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones de la UE. Además, el Gobierno velará para que todos los informes y documentos comunitarios importantes dispongan de versión en todas las lenguas propias del Estado.

• Campañas informativas

El Gobierno acometerá campañas informativas y de sensibilización sobre los derechos lingüísticos, haciendo hincapié en el derecho de todo ciudadano a elegir la lengua de entre las oficiales ante las instituciones públicas. Se realizarán también campañas para propiciar el respeto a todas las lenguas españolas como patrimonio común de todos los ciudadanos, así como el deber de las instituciones públicas a no discriminar a los ciudadanos por razón de lengua.

9.3. ¿Cómo incidiría la Ley de Lenguas en las administraciones autonómicas?

La Ley de Lenguas es una ley estatal y, por lo tanto, está centrada en las obligaciones del Estado. Sin embargo, también contiene la parte donde delimita y matiza las prácticas autonómicas que entran en colisión con derechos ciudadanos.

Así, la ley debe especificar de qué manera se va a garantizar el derecho de los ciudadanos a usar el español en determinados ámbitos de uso. De ello derivarán obligaciones para las administraciones autonómicas y locales de las Comunidades Autónomas con dos (o más)⁶⁷ lenguas oficiales.

Se podría argumentar que la propuesta que hacemos invade competencias autonómicas. No es el caso. Su objeto de regulación es el derecho ciudadano a usar el español allí donde las disposiciones legales lo permitan. Por otra parte, no busca derogar ni invalidar la política lingüística autonómica porque ésta es y debe seguir siendo competencia autonómica. Cada Comunidad, además, está legitimada para tomar sus propias decisiones en política lingüística, y aunque hay unas innegables líneas comunes, las políticas de hecho contienen diferencias de calado, como es el caso si comparamos Cataluña y Galicia.

La Ley de Lenguas obligaría a las administraciones autonómicas y locales a una sola cosa: deberán garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer los derechos lingüísticos que quedarían contemplados en la ley.

Estos derechos son los siguientes: los ciudadanos y ciudadanas residentes en las Comunidades bilingües tienen derecho a usar la lengua de su elección de las dos o más oficiales de su Comunidad. Para ello, la propuesta establece un porcentaje mínimo de presencia y uso de las lenguas cooficiales en las Comunidades bilingües. Este porcentaje es del 30 por ciento, por lo cual la presencia y uso de cada una de las lenguas cooficiales de una Comunidad no puede ser inferior a esta cifra en los ámbitos de uso detallados a continuación. Corresponde luego a las administraciones autonómicas y locales decidir cómo se concretan los porcentajes de presencia y uso de las dos lenguas oficiales.

Éstas son las obligaciones de las administraciones autonómicas y locales que quedarían contempladas en la ley:

• Atención a la ciudadanía

Las administraciones autonómicas y locales garantizarán en términos materiales y de personal que los ciudadanos puedan escoger una lengua de las dos cooficiales en sus relaciones con éstas. Los impresos oficiales para dirigirse a los ciudadanos deben estar redactados en forma bilingüe o en documentos separados monolingües, y el personal de dichas administraciones debe dirigirse, telefónica o presencialmente, al ciudadano en la lengua oficial que éste elija.

Las comunicaciones escritas que se dirijan a los ciudadanos en los procedimientos administrativos o judiciales se realizarán en la lengua cooficial que solicite el interesado.

• Funcionariado

Todos los ciudadanos tienen derecho a no ser discriminados en el acceso a la función pública por desconocimiento de una de las lenguas oficiales. No obstante, este derecho vendrá limitado por el derecho del usuario de servicios públicos a ser atendido en la lengua oficial que elija y por las leyes autonómicas de normalización lingüística. Para armonizar ambos derechos, en un mínimo del 30 por ciento de los puestos en la Administración autonómica o local, o en empresas e instituciones dependientes de ellas, se exigirá solamente el conocimiento del castellano para el acceso a la función pública o la contratación laboral. Posteriormente, las autoridades pueden requerir, si así fuera necesario, el aprendizaje de la lengua cooficial a los funcionarios que obtuvieran una plaza en esta modalidad (sin requisito lingüístico de la lengua cooficial).

• Educación

Todos los ciudadanos tienen derecho a que sus hijos se eduquen total o parcialmente en su lengua materna cuando ésta es oficial.⁶⁸ Nadie puede ser privado de este derecho, por lo que las provisiones educativas de las Comunidades bilingües deben garantizar que ninguna de las dos lenguas cooficiales tenga menos de una presencia del 30 por ciento en la educación pública y en la educación concertada.

Alternativamente, las Comunidades bilingües pueden decidir no ofrecer una educación bilingüe con presencia de ambas lenguas en un porcentaje no inferior al 30 por ciento y optar por una doble línea escolar, cada una en una lengua cooficial y elección de lengua de la educación por parte de las familias.

En aquellas Comunidades bilingües con zonificación lingüística, la provisión de plazas escolares se realizará en relación a la lengua mayoritaria de la zona.

Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir las comunicaciones escolares de sus hijos en la lengua de su elección de entre las dos oficiales.

• Cultura

Todos los ciudadanos tienen derecho a la financiación pública para creaciones culturales (literatura, cine, periodismo, artes plásticas, teatro, música, etc.) y nadie puede ser discriminado por su lengua de elección para la expresión artística. Las convocatorias para subvenciones y financiación pública de la Administración autonómica y local, y de las empresas e instituciones que de ellas dependan, deberán estipular en la sección de requisitos lingüísticos una distribución con un mínimo del 30 por ciento en cada lengua cooficial.

• Medios de comunicación

Las subvenciones públicas autonómicas y locales a los medios de comunicación deberán ajustarse a esta ley, por lo que toda convocatoria pública deberá mantener el equilibrio de presencia de ambas lenguas en las condiciones de otorgación de la financiación sin que la presencia de ninguna de ellas esté por debajo del 30 por ciento.

• Información y señalización públicas

Las dos lenguas cooficiales deben estar presentes en la señalización pública sin que ninguna de las dos esté representada en menos de un 30 por ciento de la superficie total de señalización e información.

La información institucional autonómica (sea publicidad de los servicios públicos, recomendaciones generales o convocatorias públicas) divulgada por cualquier medio de comunicación se dirige a una pluralidad indeterminada de personas. Entonces deberá contener la presencia de las dos lenguas cooficiales sin que ninguna de ellas esté representada en un porcentaje inferior a un 30 por ciento del total del espacio informativo.

9.4. ¿Cómo podrían contribuir particulares y empresas al plurilingüismo del país?

En una ley de estas características sería necesario involucrar a toda la sociedad. El plurilingüismo del país, aunque estaría dirigido y sostenido de manera mayoritaria por la Administración, no sólo le compete a ella. Para abrirse a la sociedad civil y a las empresas, la ley debería contemplar incentivos para estos sectores. Las actuaciones de incentivación podrían ser las siguientes, sin ánimo de exhaustividad:

• Premios a las personas físicas o jurídicas que se caractericen por la promoción de las lenguas de España, el respeto a los derechos lingüísticos, la igualdad de trato y la libertad de opción lingüística.

• Premios a las empresas que favorezcan el uso y conocimiento de las distintas lenguas de España entre sus empleados, contratistas, proveedores, consumidores y usuarios.

• Desgravaciones fiscales a las empresas por la adquisición de instrumental de traducción automática, la contratación de traductores y la instalación de dispositivos o aplicaciones electrónicas que permitan la elaboración de documentación bilingüe o cuatrilingüe.

• Subvenciones o desgravaciones fiscales a las empresas que venden productos en toda España para una rotulación cuatrilingüe de los mismos.

El sector privado no adquiriría obligaciones plurilingües, pero sí que sería incentivado a contribuir a construir el país plurilingüe delineado en la Ley de Lenguas. Actualmente, la empresa de supermercados Eroski ya comercializa todos sus productos con la información comercial en las cuatro lenguas. La Ley de Lenguas, con su incentivación, podría lograr que más empresas lo hicieran. Todas estas actuaciones, implicando al sector privado pero sin obligaciones, buscarían ampliar y reforzar la dimensión simbólica de la ley, es decir, contribuir a la visibilización, promoción y conocimiento de las lenguas de todos.

9.5. ¿Qué investigación académica requeriría la Ley de Lenguas?

Necesitamos investigación sobre las lenguas y sobre los hablantes. Hasta ahora, la investigación académica sobre estos temas ha tenido lugar mayoritariamente en las Comunidades bilingües y de forma muy sesgada. Para paliar la falta de objetividad en la investigación sobre las lenguas españolas y empezar a estudiar esta cuestión sin ataduras ideológicas, proponemos la creación de una Academia de las Lenguas, con sede en Toledo, en honor a la Escuela de Traductores que tenía allí su sede desde que se formó en el siglo XIII. La Academia, dependiente del Ministerio de Cultura, se dedicaría a la investigación y estudio de la evolución histórica de las lenguas oficiales y no oficiales y a las formas históricas de tratamiento de la diversidad lingüística interna. El perfil requerido para ocupar una plaza en la Academia de las Lenguas sería el de un investigador/a y/o profesor/a, especialista en filología, lingüística, sociolingüística, lingüística histórica, historia o traducción.

Las principales funciones de la Academia de las Lenguas serían las siguientes:

• Llevar a cabo investigaciones filológicas sobre la evolución de las lenguas españolas y sus zonas de contacto.

• Llevar a cabo investigaciones sobre las políticas lingüísticas en la historia de España.

• Publicar los resultados de las investigaciones y diseminarlos en foros y congresos.

• Organizar jornadas, conferencias y premios para dar a conocer la historia de las lenguas de España.

• Establecer, promover y mantener bibliotecas y centros de formación, documentación e investigación de la historia de las lenguas españolas y coordinar programas de trabajo con las universidades del país e instituciones especializadas en lingüística y ciencias vinculadas a la materia.

• Colaborar con instituciones análogas de ámbito autonómico y europeo.

Respecto a datos sobre los hablantes, la propuesta contempla encargar esta tarea al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Hasta ahora, el CIS prácticamente no ha preguntado a los ciudadanos por su percepción de las lenguas y sus preferencias lingüísticas. Nunca ha preguntado, por ejemplo, si a los ciudadanos les gustaría una mayor actividad del Estado en favor de todas las lenguas oficiales. Es muy significativo que el CIS haya descuidado totalmente la obtención de datos sobre un tema tan importante como las lenguas. Pero no nos sorprende porque responde íntegramente al patrón que hemos visto a lo largo del libro: la inhibición y la falta de preocupación del Estado por este tema y, en consecuencia, su no tratamiento de él por parte de las instituciones públicas.

Así, la Ley de Lenguas que proponemos contaría con el CIS para obtener datos sobre los hablantes, datos que son esenciales para perfilar la Ley. El CIS incluiría de manera sistemática en sus encuestas periódicas un amplio apartado sobre las preferencias y opiniones ciudadanas respecto a las lenguas españolas, su uso y su grado de adhesión sentimental. Ello permitiría un seguimiento sistemático del sentir y las opiniones de los hablantes sobre las lenguas y sobre la implementación de la Ley de Lenguas.

9.6. ¿Qué órgano coordinaría la implementación de la Ley de Lenguas?

La propuesta prevé que se encargará de esta tarea la Oficina de Lenguas y Derechos Lingüísticos. Estaría formada por un director/a y un equipo permanente de personal, y dependería orgánicamente del Ministerio de la Presidencia. Sus funciones principales serían las siguientes:

• Promover los valores del plurilingüismo en la sociedad española.

• Proponer a los distintos órganos de las ICE y de las IPECAB directrices, criterios y protocolos de actuación que faciliten la aplicación de la ley.

• Confeccionar las listas de aquellos empleos y destinos que precisen la comprensión de más de una lengua cooficial y aquellos en los que resulte necesario, además, su uso, para las Relaciones de Puestos de Trabajo de las ICE y las IPECAB.

• Velar por los derechos lingüísticos, tramitando las quejas que se formulen por vulneración de los mismos por parte de las ICE y las IPECAB.

• Ser oída en el procedimiento de elaboración de leyes o reglamentos que afecten a los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

• Asesorar a entidades públicas o privadas vinculadas o dependientes del Estado acerca de la implementación de la Ley de Lenguas.

• Ejercer la potestad sancionadora.

9.7. ¿Cuál sería el coste económico aproximado?

En esta última sección trataremos de aportar las cifras aproximadas del coste económico de la implementación de nuestra propuesta.

En primer lugar, debemos decir que es muy difícil cuantificar los costes de las políticas lingüísticas porque son políticas muy transversales. Si uno emprende la tarea de conocer de qué dotación económica gozan las políticas lingüísticas autonómicas, comprobará que es una labor de hormiga buscar en los presupuestos públicos para conseguir la información completa. Ello también sucede si se investiga en el actual presupuesto estatal para difusión de las lenguas porque no hay una partida concreta para ello.

Dicho esto, debemos aceptar que la aprobación de una Ley de Lenguas comportaría, lógicamente, un gasto, y la importancia de un asunto se demuestra con la dotación que se le asigna. La implementación de una Ley de Lenguas aprobada comportaría muchos beneficios para el país. El probable efecto multiplicador de la ley debe ser tomado en cuenta. Las medidas presentadas en la ley son todas ellas conducentes a crear un país más cohesionado, lo cual puede generar efectos positivos en la economía.

Respecto a la cuantía del gasto para la implementación de la ley, éste no sería un gasto considerable sino perfectamente asumible. La ley no contempla la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, por lo que no se requeriría transformar toda la Administración estatal en cuatrilingüe ni proporcionar educación y servicios en su lengua a todos los ciudadanos que lo requirieran en todo el territorio nacional. Respecto a la Administración central en las Comunidades bilingües, ésta ya es bilingüe, opera de forma muy eficaz en tres lenguas en seis comunidades, y el presupuesto para el capítulo lingüístico de estas administraciones ya está contemplado.

Los costes aproximados de la Ley de Lenguas se referirían a las actuaciones del Estado contempladas en la ley. Aunque ésta también tendría una incidencia en las administraciones autonómicas y locales, la cifra aproximada que presentaremos no contempla el gasto ocasionado por estas medidas. Las autonomías deberían introducir un 30 por ciento como mínimo de español en aquellos seis ámbitos de uso señalados en la ley donde domine el monolingüismo total. Los gastos ocasionados, allí donde se requieran, por esta introducción de una mínima presencia de español, serían asumidos por las propias autonomías, aunque también podrían contar con una contribución parcial del Estado, si así se decidiera en una negociación. Ahora, lo que sí sabemos es que corresponde al Estado pagar la construcción del Estado plurilingüe, y en esto nos centraremos.

Para conocer el presupuesto anual de una política lingüística estatal y tener este dato como referente, hemos examinado qué cantidad gasta y en qué partidas el Gobierno federal de Canadá, que tiene 50 años de experiencia en política lingüística estatal. Además, Canadá, junto con Suiza, es el país que hemos puesto como ejemplo de buenas prácticas en política lingüística estatal y es un país que hace públicos sus datos presupuestarios en materia lingüística, por lo que trabajaremos sobre ellos para poder llegar a una cifra aproximada de lo que deberíamos invertir en España. En términos económicos, España y Canadá son también países comparables (según datos de 2017, el PIB per cápita de España es de 25.100 euros; y el de Canadá es de 39.811 euros).⁶⁹

El Action Plan for Official Languages – 2018-2023: Investing in our future/Plan d’Action pour les Langues Officielles – 20182023: Investir dans notre avenir⁷⁰ es el documento del Gobierno canadiense que traza las líneas maestras de su planificación lingüística para el periodo 2018-2023. El documento ofrece también datos de años anteriores desde 2003 en términos de coste económico.

En el periodo 2013-2018 el Estado canadiense dedicó, en euros, 145.200 millones a las políticas lingüísticas federales. Esto significa que empleó 29.040 millones de euros cada año. Es una cantidad elevada pero totalmente justificada si uno observa la gran cantidad de medidas contempladas, el alto número de personal involucrado en traducciones y los gastos derivados de todo ello.

Veamos ahora qué porcentaje del gasto público total suponen los 29.040 millones de euros anuales. Tomemos como ejemplo el año 2016, en el cual el gasto público total canadiense ascendió a 564.577,4 millones de euros.⁷¹ De ello podemos deducir que a la política lingüística se dedica un 5 por ciento aproximadamente del presupuesto.

En el caso de España, claramente, no sería necesaria esta cantidad debido al menor número de medidas y a la naturaleza de las mismas. Nuestro plan no es tan ambicioso como el de Canadá. Lo que sí necesitaríamos sería al menos una décima parte del presupuesto de Canadá, el 0,5 por ciento de nuestro gasto público anual.

Si tomamos como ejemplo el último presupuesto en España al escribir estas líneas,⁷² el 0,5 por ciento resultaría en 2.390 millones de euros, que es una cantidad razonable. Esta partida se dividiría en tres áreas:

• Personal (cualificado, contratado por los Ministerios e instituciones y empresas para llevar a cabo la traducción de documentos, el mantenimiento de webs, la traducción de folletos, cartelería, publicaciones, material audiovisual, etc. de cada institución).

• Gastos (materiales gráficos, audios y videos cuatrilingües, campañas de promoción del plurilingüismo y los derechos lingüísticos, servicios de traducción).

• Fomento (incentivación a particulares y empresas).

A grandes rasgos, éste sería el coste económico: la cantidad aproximada anual que debería dedicarse (al menos de entrada) y las tres grandes áreas a las que se destinaría la cantidad indicada.

El presupuesto de España, pues, sería una décima parte del que Canadá dedica a las lenguas y sus hablantes. En esto las necesidades de ambos países son distintas, como distintos son los países en muchos otros aspectos. Sin embargo, lo que sí valdría la pena compartir con Canadá es su enfoque: su Action Plan/ Plan d’Action no habla de gastos, habla de inversiones porque entienden que invertir en las lenguas es invertir en su futuro. Y ésta es, en una sola frase, lo que el libro ha querido transmitir: una inversión, a todos los niveles, en las lenguas españolas y sus hablantes es uno de los mejores proyectos que España puede realizar para su futuro.

Conclusiones

A lo largo del libro hemos visto que las lenguas y sus hablantes son uno de los mayores retos que tenemos como país. Desde la Transición, tanto el PSOE como el PP han priorizado sus intereses partidistas en lugar de tomar conciencia de la importancia clave de las lenguas para la convivencia en España. Mientras tanto, los gobiernos autonómicos nacionalistas aprovechaban resortes de todo tipo para hacer avanzar sus normativas promonolingüismo. Las cosas han ido por estos derroteros a pesar de que el punto de partida era un artículo 3 de la Constitución prometedor y justo. La nueva regulación lingüística auguraba el fin de una época y el inicio de una democracia abierta, tolerante y generosa con la diversidad lingüística interna. Cuarenta años después de la aprobación de la Constitución en 1978 nos encontramos con un escenario ampliamente contrario a los valores que inspiraron dicho artículo. Es hora de reaccionar y plantear una reforma en el campo lingüístico a través de la propuesta de Ley de Lenguas que hemos presentado en este libro.

Hemos examinado a lo largo del libro las razones por las que es absolutamente necesario que el Estado abandone su tradicional pasividad y se convierta en actor en el tema de las lenguas. No es un trabajo que pueda recaer sobre un solo partido político porque no se trata de un tema partidista ni ideológico. Hay que pedir a todos los partidos políticos nacionales que forjen nuevos consensos y reconozcan abiertamente que las lenguas son una cuestión clave que debe ser considerada un tema de Estado.

Nuestra propuesta de Ley de Lenguas es una propuesta global que incluye todas las lenguas como lenguas del Estado porque pensamos que no hay otra manera justa de abordar el tema. Todas las lenguas tienen el mismo valor y todas ellas constituyen la diversidad lingüística de nuestro país. Las propuestas que sólo atienden a una parte de las lenguas y sus hablantes –unas «defienden» el catalán, el euskera y el gallego y otras, el español– son iniciativas que no unen a los ciudadanos en un marco común. Más bien, a pesar de las buenas intenciones que puedan albergar unas y otras propuestas, éstas son divisivas porque se dirigen solamente a una parte de la población generando malestar en la otra u otras partes. Lo que hacen, en realidad, es ahondar las trincheras. No es esto lo que necesitamos, sino una reforma lingüística conducente a una mejora de la convivencia. Para ello se requiere en primer lugar una visión global y ecuánime de todas las lenguas oficiales y sus hablantes, y en segundo lugar una firme y clara voluntad inclusiva. Desde estas premisas se puede avanzar en la convivencia ya que ningún ciudadano tendría motivo por sentirse agredido por razón de lengua.

La construcción del Estado plurilingüe que proponemos en la ley supondría un cambio cualitativo en el tratamiento de las lenguas y los derechos de los hablantes. Basándonos en el conocimiento que tenemos sobre la relación de los sujetos con su lengua materna y el trabajo de campo en forma de entrevistas sociolingüísticas del que disponemos, es factible pensar que una mayoría de ciudadanos en las Comunidades bilingües vería con satisfacción la nueva situación donde las instituciones de todos hablan y escriben en las lenguas de todos. Es probable que, con el tiempo y con más iniciativas estatales en esta línea, la animadversión hacia el Estado disminuya en aquellos ciudadanos que se han acercado a posiciones del nacionalismo rupturista, pero sin llegar a abrazar del todo la causa (a los que sí lo han hecho y desde hace muchos años, no hay nada que les vaya a convencer). Pero en todas las Comunidades bilingües hay ciudadanos moderados que verían de buen grado cómo el Estado toma la iniciativa en el campo lingüístico, pone fin a corrosivas disputas entre ciudadanos y, al mismo tiempo, invita a éstos a reconocer y valorar la diversidad lingüística del país siendo capaz de crear un marco de actuación plurilingüe nuevo e inclusivo.

Así como es comprensible que para los hablantes del catalán, el euskera y el gallego sea una satisfacción verse representados en sus lenguas de forma estatal, se podría argumentar que el Estado plurilingüe no resultaría ser del agrado de numerosos sectores ciudadanos en las Comunidades monolingües. A ello podemos responder que no disponemos de ningún dato que apunte en esta dirección. No hay ningún estudio o encuesta que conozcamos donde estos ciudadanos hayan manifestado su opinión (ni a favor ni en contra) respecto a una mayor y mejor presencia y uso de las lenguas cooficiales en las instituciones estatales. Y, si algún partido político pensara que va contra sus intereses mostrarse a favor de una amplia presencia y uso del catalán, el euskera y el gallego en el Estado, el partido se estaría equivocando. Y no sólo eso, sino que estaría promoviendo las trincheras, con los hablantes de unas lenguas por un lado y los de la otra por el otro.

Sería muy recomendable disponer de datos sobre las preferencias y opiniones de los ciudadanos sobre un hipotético Estado plurilingüe, y es muy posible que nos sorprendiéramos descubriendo que no existe, o sólo existe en números muy pequeños, la señora de Zamora o el señor de Ciudad Real que se pondrían furibundos si vieran rotulación cuatrilingüe en los edificios estatales, actos y ceremonias del Estado con saludos en las cuatro lenguas y folletos de Renfe o Paradores cuatrilingües. Demos una oportunidad a los ciudadanos a expresar su opinión. Una visión cívica de las lenguas y el respeto a los derechos de todos los hablantes conllevarían una amplitud de miras para todos. Sería lógico que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas apoyara una propuesta en esta línea. Hay más deseo de acuerdo y convivencia entre los ciudadanos de lo que los partidos, inmersos en sus lógicas partidistas, son capaces de comprender.

Además de la construcción del Estado plurilingüe, la propuesta de Ley de Lenguas también aborda la cuestión de los derechos lingüísticos en España. Actualmente, los ciudadanos desconocemos en qué consisten estos derechos, por lo que nos cuesta valorar y respetar los derechos de nuestros conciudadanos. Hay una ausencia prácticamente total de información respecto a los derechos lingüísticos en España, una consecuencia más del relato lingüístico hegemónico. La propuesta de Ley de Lenguas introduce tales derechos y las condiciones de su ejercicio para los hablantes de todas las lenguas oficiales: para los hablantes del catalán, el euskera y el gallego en sus relaciones con las instituciones estatales y para los hablantes del español en sus relaciones con las administraciones autonómicas y locales.

En un Estado democrático, pluralista y lingüísticamente complejo, las obligaciones son de la Administración, y los derechos, de los administrados. Las normativas lingüísticas autonómicas, especialmente a partir de los Estatutos renovados de mediados de los años 2000, nos han conducido a un escenario inédito en una democracia: en una situación de cooficialidad plena de dos lenguas y con una realidad sociolingüística de uso más o menos amplio de ambas, las administraciones decretan que una sola de las lenguas es la preferente. Mientras, los ciudadanos, los teóricos titulares de derechos, se encuentran con que éstos les son limitados debido a que quien realiza la elección es la Administración y no ellos. La propuesta de la Ley de Lenguas quiere reorientar las cosas y situarlas en el lugar adecuado: los ciudadanos son los titulares de derechos, y las administraciones, las que contraen obligaciones para con los ciudadanos. Éste es el marco general de la propuesta.

A ello se añade la propuesta que hacemos de un nuevo enfoque para repensar las lenguas: tener en cuenta no sólo las lenguas sino también, y muy especialmente, a los hablantes. Actualmente, la percepción hegemónica de las lenguas en España es que éstas están vinculadas exclusivamente a los territorios. Si a alguien le preguntan qué es el euskera, es muy probable que conteste que es la lengua del País Vasco o, en el mejor de los casos, una de las dos lenguas del País Vasco. La Ley de Lenguas que hemos presentado, respetando que existe también la ligazón entre las lenguas y los territorios donde se hablan, opta por otra vinculación: la de las lenguas a los hablantes. Y ello es así porque, en realidad, los sujetos del fenómeno lingüístico son los hablantes-ciudadanos, no las lenguas.

Una visión cívica de las lenguas supone vincularlas al concepto de ciudadanía. Es una percepción alternativa a la visión hegemónica actual, es decir, la visión romántica de las lenguas como «alma» de los pueblos y cuya principal función es la de ser el pegamento unificador del nosotros que conforma la nación diferenciada.

Sólo vinculando las lenguas a los hablantes podemos plantearnos la cuestión de los derechos lingüísticos individuales. Es ésta una cuestión que no se ha regulado en España con una legislación específica y clara, lo cual ha tenido pésimos resultados, como hemos examinado a lo largo del libro.

Los derechos lingüísticos individuales no son, sin embargo, la única cuestión a considerar. El ciudadano de una democracia liberal es efectivamente titular de derechos lingüísticos individuales, pero necesita una comunidad de habla donde poder ejercerlos. Ello hace del lenguaje un fenómeno que estructuralmente necesita del otro. Así, la regulación que proponemos pasa no sólo por que se garantice el derecho individual del ciudadano a elegir su lengua de entre las oficiales sino también por que se tengan en cuenta otros vínculos. Con ello, entramos en la dimensión colectiva del fenómeno lingüístico, que constituye el otro eje contemplado en la propuesta que hacemos.

De lo que se trata más allá de la lengua como rasgo de la identidad individual no es de la identidad colectiva ni de la nación. Se trata de la comunidad lingüística. Es ésta una realidad empírica: aquellos que comparten una lengua conforman una comunidad lingüística y establecen, a partir del mutuo entendimiento, unos vínculos sociales y comunitarios. Las comunidades lingüísticas comparten una cultura y generalmente una historia, crean vínculos de reconocimiento mutuo y de identificación. Y como comunidad lingüística son primeramente una comunidad de ciudadanos que gozan de unos derechos lingüísticos colectivos para que su lengua reciba apoyo de los poderes públicos en aquellos casos donde lo necesite.

La propuesta de Ley de Lenguas, como hemos señalado a lo largo del libro y como se plasma en su contenido, busca un equilibrio entre los derechos lingüísticos individuales y los colectivos. Tiene como metas el que los ciudadanos, individualmente, puedan escoger su lengua de uso de entre las oficiales, pero mantiene, no sólo por obligación legal sino también por convicción, las políticas lingüísticas de incentivación y promoción del catalán, el euskera y el gallego. Como hemos explicado, el principio que guía la propuesta en este aspecto es: el catalán, el euskera y el gallego deben continuar siendo el centro de gravedad de la vida institucional y educativa de las Comunidades, pero no deben ser la totalidad. Ninguna de las dos lenguas oficiales en una Comunidad puede tener una presencia inferior al 30 por ciento en los seis ámbitos de uso que hemos señalado, los más relevantes para la vida de los ciudadanos.

En la Ley de Lenguas que proponemos el Estado es la clave para que la elaboración y tramitación de la ley se hagan de forma adecuada. El Estado necesitaría adoptar una posición activa, clara y firme, tener una visión (global y ecuánime de todas las lenguas) y un plan (La Ley de Lenguas). Debería estar convencido de lo que hace y disponer de los medios para poder liderarlo.

Es comprensible que en este momento nos resulte difícil imaginar un Estado activo, responsable y comprometido con la diversidad lingüística interna. Necesitaremos mucho tiempo para que ello suceda. No hay duda de que la situación de partida es precaria ni de que los partidos políticos muestran una comprensión insuficiente del tema lingüístico además de muy poca imaginación. La situación de partida prometedora fue 1978. Ahora, en la segunda década del siglo XXI, inspirados en el espíritu del artículo 3 y reconociendo que hay cosas que no han funcionado correctamente, debemos emprender una gran conversación sobre las lenguas en España, forjar nuevos consensos y, gradualmente, llevar a cabo una reforma que actualice, modernice y permita gestionar mejor la diversidad lingüística de nuestro país en la línea de la propuesta que hemos presentado.

En un sentido más amplio, observamos que el escenario lingüístico actual es un microcosmos de la posición general de los principales actores en la crisis territorial. Por un lado, los nacionalistas, quienes actúan únicamente según sus intereses políticos y su grado de voluntad disgregadora; y por otro, el Estado, que es tolerante con la pluralidad pero que no sabe cómo responder al reto nacionalista e independentista y opta irremediablemente por inhibirse y dejar hacer. La insuficiente acción, sumada a la falta de imaginación para intentar no sólo poner parches sino lograr trascender situaciones problemáticas, muestra un Estado con graves carencias en sus planes y actuaciones mientras los nacionalistas muestran una gran habilidad para hacer uso de todos los recursos a su disposición. La cuestión lingüística puede considerarse, pues, como un microcosmos de la actitud permanentemente mostrada por los principales actores ante la actual crisis constitucional.

Como señalan numerosas voces, España necesita reformas en varios campos, y el régimen lingüístico es indudablemente uno de ellos. En estos momentos, en este tema, los partidos nacionales tienen ante sí tres caminos.

El primer camino es seguir como hasta ahora: no hacer nada y seguir permitiendo que las problemáticas lingüísticas corroan la convivencia ciudadana.

El segundo, optar por la propuesta del «blindaje» del catalán y las demás lenguas cooficiales, como se pide desde diversos sectores.

Y el tercero, decidirse por liderar una gran reforma sobre el tratamiento del plurilingüismo en España, que se plasmaría en la aprobación de una Ley de Lenguas Oficiales y Derechos Lingüísticos.

Un último apunte para concluir: la propuesta de Ley de Lenguas es una idea a la que seguramente aún no le ha llegado su tiempo. Pero todos aquellos que pensamos que es el camino adecuado para tratar la diversidad lingüística de España debemos seguir diseminando esta idea, explicándola, argumentándola desde diferentes ángulos, para que el consenso en favor de ella sea cada vez mayor. Esto es lo que yo misma seguiré haciendo e invito a todos los lectores y lectoras que compartan la apuesta por una Ley de Lenguas a hacer lo mismo. Nuestra convicción es que otras políticas lingüísticas son posibles en España y queremos contribuir a hacerlas realidad. A todos aquellos que se pondrán a la tarea y a todos aquellos que ya lo han hecho, quería agradecérselo desde estas mismas páginas.

Muchas gracias. Moltes gràcies. Eskerrik asko. Moitas grazas.

Agradecimientos

En primer lugar, quería agradecer a mi querida amiga Marisa Castilla la revisión completa y minuciosa del manuscrito, sus sugerencias, sus precisiones, sus puntualizaciones sobre formato, y su alegría y apoyo al libro. No podría haber encontrado una correctora mejor que ella.

También quería agradecer muy especialmente a mis apreciados amigos Raúl Ramos, Javier Pérez, Ángel Puertas e Ignacio Arroyo por su dedicada lectura del manuscrito y las ideas y reflexiones que me han aportado, las cuales han hecho del libro una obra mucho mejor de lo que hubiera sido sin su colaboración. Todos los aciertos del libro son también suyos y los errores, míos.

Un sincero agradecimiento también al editor Roger Domingo y la editorial Deusto por haber sido tan positivos desde el inicio del proyecto, por su firme creencia en la propuesta de la Ley de Lenguas, por su apoyo y confianza, y por la fluidez en las relaciones.

Este libro es también fruto de muchas conversaciones sobre el tema de las lenguas y su gran importancia para la convivencia en España con muchos amigos y colegas. Quería agradecerles enormemente a todos ellos las muchas horas de placentera conversación que hemos tenido además de su apoyo en la confección del libro: Joaquim Coll, Josie Pont, Stephen Burgen, José Álvarez, Alejandro Gómez-Franco, Carmen Rodríguez, Isabel Orgillés, Mauro Fernández, Eduardo Tobar, Laura Romero, Rosario Outes, Maribel Fernández, Nuria Plaza, Ana Losada, José Domingo, Piet Luthi, Julia Calonge y Josep M. Castellà.

Last but not least quería agradecer a mi marido Nick Bedford y a nuestros hijos Oscar y Alex por todo el apoyo y comprensión que me han brindado durante la escritura del libro. Durante estos meses han oído hablar con insistencia de las lenguas de España y sus hablantes más de lo que sería normal. Sin duda estarán contentos de que en la familia ahora ya se pueda…. ¡hablar de otros temas!

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Notas

1. Es seguramente la mejor opción: usar ambos términos de manera sinónima, sin darle la mayor importancia. Sin embargo, a mí me gustaría hacer aquí una pequeña digresión. Entiendo bien las razones por las cuales ha existido, en la España democrática, una preferencia por llamar «castellano» a la lengua en la que escribo este prólogo. De ese modo, el nombre «española» queda liberado y disponible para designar la clase: todas las lenguas que se hablan en España serían españolas. Pero el precio que pagamos al llamar «castellano» a la lengua común es muy grande: estamos convirtiendo, en los oídos y en los ojos de vascos, catalanes y gallegos, a una lengua hablada en sus territorios mucho antes de su unión con Castilla, en la lengua «de los otros», porque en imposible que detrás de «lengua castellana» no se perciba, subliminalmente, «lengua de los castellanos». Pero es que además resulta que es históricamente falso: el español nace ya como lengua común, como koiné entre españoles de los distintos reinos cristianos peninsulares. Como argumenta bellamente Ángel López García en El rumor de los desarraigados, llamar «castellano» a una lengua tejida por vez primera por vascos, cuya épica es aragonesa, cuyo primer teatro es creación de valencianos y cuya gramática fue escrita por un andaluz, no sólo es inexacto; es también una manera de olvidar los profundos lazos culturales que nos unen a los españoles desde mucho antes de que empezaran las querellas lingüísticas modernas, y también desde antes de que Castilla se alzara como reino peninsular hegemónico. En definitiva, y esperando que así se entienda mejor lo que quiero decir: tiene todo el sentido que, como español que es desde hace siglos, un catalán hable la lengua de los españoles; lo tiene todavía más que lo hable un vasco, dado que es una lengua que inventaron monjes euskaldunes a finales del siglo XI; lo que no tiene mucho sentido es que un vasco o un catalán tengan necesariamente que hablar la lengua de los castellanos, y ni siquiera yo, un madrileño para quien Castilla es sólo un paisaje, me veo en el papel. En cualquier caso, no es cuestión sobre la que armar disputa. Bienvenida sea la flexibilidad.

2. <http://www.ethnologue.com/>. Es la web más completa de información sobre las lenguas del mundo.

3. Sánchez Agesta, L y Prieto de Pedro, J., «El artículo 3. Comentarios a la Constitución Española. Tomo I-Preámbulo y artículos 1 a 9 de la Constitución Española de 1978». Recuperado el 17 de mayo de 2018 de <https://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/articulo-3-lenguas-330893>.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. López Basaguren, A. (2007), «Las lenguas oficiales entre Constitución y Comunidades Autónomas: ¿desarrollo o transformación del modelo constitucional?» Revista Española de Derecho Constitucional. Año n. 27, n.° 79, pp. 83-112 (pp. 83-84).

7. Ibid, p. 93.

8. En el redactado original del artículo 6 constaba la palabra preferente, pero ésta fue declarada inconstitucional por la Sentencia del TC 31/2010, de 28 de junio.

9. Tasa Fuster, Vicenta (2017), «El sistema español de jerarquía lingüística. Desarrollo autonómico del artículo 3 de la Constitución». UNED. Revista de Derecho Político, n.° 100, septiembre-diciembre 2017, pp. 51-79.

10. Andrés Durà, R. y Enguix, S., Entrevista a Vicent Marzà. «Vicent Marzà: El valenciano fue un problema para el PP». La Vanguardia, 23/03/2016.

11. López Basaguren, A. (2007), «Las lenguas oficiales entre Constitución y Comunidades Autónomas: ¿desarrollo o transformación del modelo constitucional?» Revista Española de Derecho Constitucional. Año n. 27, n.° 79; p. 109.

12. Ibid., pp. 86-87.

13. Ibid., p. 110.

14. Véase: <http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/linguistic-diversity-and-multilingualism-on-internet/atlas-of-languages-in-danger/>.

15. Intelectuales que han defendido el bilingüismo incluyen a Eduardo Mendoza, Isabel Coixet, Javier Cercas, Joseba Arregui y Francesc de Carreras.

16. Como ejemplo, véase la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población de Cataluña (2013), quinquenal y disponible en <https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf>. O la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población de las Islas Baleares (2014), la segunda después de la Encuesta de 2003-2004, y disponible en <http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=3107481&coduo=2390443&lang=ca>.

17. Madina, E., «Reconducción». El País, 14/04/2018.

18. Es el caso del Partido Socialista de Galicia cuando formó el bipartito con el Bloque Nacionalista Gallego (2005-2009) y su introducción del polémico decreto que regulaba el uso y la promoción del gallego en la Educación a demanda de los nacionalistas. También el tripartito catalán del Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa (2003-2010) siguió con la anterior política lingüística pujolista de monolingüismo institucional y educativo a instancias de los socios independentistas.

19. Véase, por ejemplo, la posición contraria de los socialistas navarros a la política lingüística con el euskera como lengua preferente introducida por el Gobierno de la presidenta navarra Uxue Barkos en <https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/05/17/psn-ciudadanos-ugt-unen-marcha-contra-politica-linguistica-gobierno-591898-300.html> y compárese con la posición de los socialistas baleáricos en <https://www.elmundo.es/baleares/2018/02/18/5a889410e2704e37648b4570.html>.

20. Véase, por ejemplo: Ovejero, F. (2011), La trama estéril. Izquierda y nacionalismo. Barcelona: Montesinos; Martín, A. (2015), El catalanismo: del éxito al éxtasis. Vol II. La intelectualidad del «proceso». Barcelona: El Viejo Topo; Arregi, J., «Repeticiones peligrosas». El Mundo. 27/09/2018.

21. Véase , Ethnologue. Languages of the world. <https://www.ethnologue.com/>.

22. Preámbulo de la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias, firmada por 11 miembros del Consejo de Europa el 5 de noviembre de 1992. Disponible en: <https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/15/pdfs/A34733-34749.pdf>.

23. Están agrupadas mayoritariamente en la Asociación Hablamos Español. Véase sus objetivos en: <http://hispanohablantes.es/>.

24. Por ejemplo, la política lingüística estatal de Finlandia, cuyo principio rector es garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes del finlandés y del sueco, las dos lenguas oficiales del Estado. Véase las disposiciones de la Ley de Lenguas 423/2003 finlandesa: <https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2003/en20030423.pdf>. Se observará que el objeto de regulación principal son los derechos lingüísticos de los ciudadanos y no las lenguas.

25. Enrique Hamel, R. (1995), «Derechos lingüísticos como derechos humanos: debates y perspectivas». Alteridades. 5 (10), pp. 11-23. Recuperado el 23 de julio de 2018 de <http://biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10800279-2.pdf>.

26. Vilarrubias, M. (2012), Sumar y no Restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña. Ed. Montesinos. En el capítulo 4 se examina en detalle la práctica escolar europea en contextos plurilingües.

27. El derecho a la educación en lengua materna fue articulado internacionalmente como derecho de la infancia y la adolescencia hace más de medio siglo. El primer documento que lo reconoce es el elaborado por la Unesco en 1953, Empleo de las lenguas vernáculas en la enseñanza, y todos los documentos posteriores de esta institución inciden en la misma dirección. También especifica este derecho la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

28. Parlamento Europeo. La política lingüística. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. Recuperado el 15 de agosto de 2018 de <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/142/language-policy>.

29. Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població 2013 (la última encuesta publicada de esta serie quinquenal). Recuperado el 17 de mayo de 2018 de <https://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/cataleg/pdfdocs/eulp2013.pdf>.

30. Véase el interesante libro Language policies in education. Critical issues, editado por James W. Tollefson (2008). Editorial Routledge. El libro explora el vínculo entre las políticas lingüísticas en la educación y los intereses de los grupos de poder a través de una diversidad de estudios de casos.

31. El nombre completo de la llamada Ley 101 es Charte de la Langue Française. Véase : <http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11>.

32. Jones, M. (2016), Welsh-medium education and Welsh as a subject. Research Briefing.

33. Véase: <http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Commissioner/Law/Pages/The-Welsh-Language-Act-1993.aspx>.

34. Pérez, J., «Los derechos lingüísticos». Crónica Global. 12/06/2015.

35. Ibid.

36. Enrique Hamel, R. (1995), «Derechos lingüísticos como derechos humanos: debates y perspectivas». Alteridades. 5 (10), p. 12. Recuperado el 23 de julio de 2018 de <http://biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10800279-2.pdf>.

37. Wright S. (2016), Language Policy and Language Planning. From Nationalism to Globalisation. Palgrave MacMillan. La tercera parte es la que trata de la evolución de los nuevos discursos, legislaciones y contextos políticos favorables a los hablantes de lenguas minoritarias. También se discuten los excesos en los que algunos gestores de lenguas minoritarias tienden a caer y que no tienen nada que envidiar a las prácticas asimilacionistas de las lenguas mayoritarias europeas durante la construcción de los Estados-nación en el siglo XIX e inicios del XX.

38. Enrique Hamel, R. (1995), «Derechos lingüísticos como derechos humanos: debates y perspectivas». Alteridades. 5 (10), p. 12. Recuperado el 23 de julio de 2018 de <http://biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10800279-2.pdf>.

39. Pérez, J., «Los derechos lingüísticos». Crónica Global. 12/06/2015.

40. Lo que nos interesa de Suiza es la organización y prácticas de un Estado que opera en tres lenguas oficiales (alemán, francés e italiano. El romanche no es oficial; es sólo lengua nacional). El hecho de que los suizos no tengan una lengua común no es relevante para nuestro análisis en la medida en que nuestro interés radica en cómo llevar a cabo una buena política lingüística desde el Estado, capaz de operar en las diversas lenguas del país. Para un análisis de la legislación y prácticas de la política lingüística federal suiza véase el artículo de la profesora polaca Elzibieta Kuzelewska (2016), «Language Policy in Switzerland». Studies in Logic, Grammar and Rethoric. 45 (58), pp. 125-140.

41. Para un análisis del objetivo no-lingüístico en toda planificación lingüística, véase Cooper, R.L. (1989), Language Policy and Social Change. Nueva York: Cambridge University Press.

42. Véase, como ejemplo, el artículo de la asociación Sociedad Civil Navarra, «La obsesión por la lengua, ¡qué cruz!» (28 de marzo de 2018), del que extraemos estos dos párrafos:

Lo que parece que no saben los dos cuatripartitos que gobiernan Navarra y Pamplona, es que la gente no es tonta y saben que detrás de esta obsesión no está la defensa cultural del euskera, ni asegurar la comunicación en euskera allí donde no se habla, detrás está la creación de un espíritu vasquista que nos acerque de forma natural y sin sobresaltos a la realidad de Euzkadi hasta crear la gran entelequia de Euskalerría, Navarra incluida. No hay otro motivo, cualquier otra justificación es pura fantasía.

Y lo que es más grave, están consiguiendo dividir a la población navarra entre los que hablan euskera y los que no, entre los que defienden el euskera y los que no, entre los que se aprovechan del euskera y los que no. Agur.

La versión completa del artículo puede encontrarse en <http://sociedadcivilnavarra.com/la-obsesion-la-lengua-cruz/>.

43. Sobre la dimensión subjetiva de la pertenencia a una comunidad lingüística, véase el seminal trabajo de Joshua Fishman en In praise of the beloved language (Contributions to the Sociology of Language). Berlín: Mouton de Gruyter, 1996.

44. Sobre el tema de la discriminación de los hablantes de lenguas minoritarias, véase Linguistic Human Rights. Overcoming linguistic discrimination, de 1994, editado por dos de los más prestigiosos investigadores sobre este tema, Tove Skutnabb-Kangas y Robert Philipson ( Nueva York: Mouton de Gruyter).

45. Cooper R.L. (1989), Language Policy and Social Change. Nueva York: Cambridge University Press.

46. Manifiesto por la Lengua Común (2008). Recuperado el 3 de agosto de 2018 de <http://estaticos.elmundo.es/documentos/2008/06/22/manifiesto.pdf>.

47. Actualmente no está permitido según la normativa del Congreso hablar en una lengua distinta del castellano. Recordemos que existe un derecho activo –hablar– en la lengua de uno y un derecho pasivo —ser comprendido—. Actualmente los diputados, como representantes electos, no gozan de ninguno de los dos derechos. Por lo menos el derecho activo debería respetarse. El pasivo, ser comprendido, ya implica a los otros y requiere también su consentimiento.

48. Tasa Fuster, Vicenta (2017), «El sistema español de jerarquía lingüística. Desarrollo autonómico del artículo 3 de la Constitución». Revista de Derecho Político, n.° 100, septiembre-diciembre de 2017, p. 54.

49. Ibid., p. 54.

50. Véase: Lodares, J. R. (2002), Lengua y Patria. Madrid: Taurus.

51. Instituto Nacional de Estadística (2017). Estadísticas territoriales. Recuperado el 25 de noviembre de 2018 de <https://www.ine.es/FichasWeb/Welcome.do>.

52. Moreno Fernández, F. y Ramallo, F. (2013), Las lenguas de España, a debate. Uno y Cero Ediciones. Contiene un interesante epílogo del lingüista Ángel López García-Molins.

53. Pew Research Center (2018), «Eastern and Western Europeans differ on importance of religion, views of minorities and key social issues». Recuperado el 25 de noviembre de 2018 de <http://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-viewsof-minorities-and-key-social-issues/#>. Los estudios del prestigioso Pew Research Center revelan que, por ejemplo, sólo el 13 por ciento de españoles se opone al matrimonio gay mientras que en Francia es un 23 por ciento y en Hungría un 64 por ciento. Por otra parte, sólo un 17 por ciento de españoles piensa que el Estado debe mantener y practicar valores religiosos. Respecto al grado de aceptación de que una persona de religión musulmana formara parte de la familia, el 74 por ciento de españoles no vería problema en ello, en comparación al 55 por ciento de alemanes o el 43 por ciento de italianos.

54. Universidad de Ottawa. Compendium of Language Management (CLM). Official Languages Act/Loi sur les langues officielles (1969). Recuperado el 31 de agosto de 2018 de <https://www.uottawa.ca/clmc/official-languages-act-1969>.

55. De Ramón, J. C., «¿Dónde está nuestro Pierre Trudeau?». El País, 19/1/2013.

56. Ibid.

57. De Ramón, J. C. (2018), Canadiana. Viaje al país de las segundas oportunidades. Barcelona: Debate. Es éste un esclarecedor y perspicaz libro sobre Canadá a partir de las experiencias del autor en su estancia de casi cinco años en el país. Véase, en particular, el capítulo «El gran Trudeau», que recoge los logros del ex primer ministro en la definición del Canadá moderno, y el Epílogo para españoles, con el título «Canadá como modelo para España». Se discuten las enseñanzas que este país nos proporciona para enfrentar de manera más efectiva nuestra crisis territorial.

58. Statistique Canada/Statistics Canada (2016). Profil du recensement, Recensement de 2016. Recuperado el 31 de agosto de 2018, <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016017/98-200x2016017-eng.cfm>.

59. Ibid.

60. Castellà, J. M., «Quebec: lecciones para Cataluña». El Mundo. 3/10/2018.

61. Arenas, R. (5 de noviembre de 2018), Regular las lenguas. [Entrada de blog.] «El jardín de las hipótesis inconclusas». Recuperado el 27 de noviembre de 2018 de <http://jardindehipotesis.blogspot.com/2018/11/regular-laslenguas.html>.

62. Ibid.

63. Sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994, de 23 de diciembre. Recuperada el 26 de octubre de 2018 de <http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2854>.

64. Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio. Recuperada el 27 de octubre de 2018 de <http://hj.tribunalconstitucional.es/ca/Resolucion/Show/6670>.

65. Instrumento de Ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992. Boletín Oficial del Estado n.° 222, de 15 de septiembre de 2001, 34733-34749. Recuperado el 31 de agosto de 2018 de <https://www.boe.es/boe/dias/2001/09/15/pdfs/A34733-34749.pdf>.

66. Para la elaboración de este capítulo he contado con la inestimable ayuda de mi colega y amigo el jurista y escritor Ángel Puertas.

67. Recordemos que en Cataluña hay una tercera lengua oficial, el aranés, cuya oficialidad se circunscribe al Valle de Arán.

68. De hecho, este derecho ha sido señalado repetidamente por los tribunales. Véase: «Una docena de escuelas imparten 25 por ciento clases en castellano tras sentencias TSJC». La Vanguardia. 16/02/2018. Recuperado el mismo día, <https://www.lavanguardia.com/vida/20180216/44820032556/una-docenade-escuelas-imparten-25-clases-castellano-tras-sentencias-tsjc.html>.

Debido al no acatamiento por parte de la Generalitat de Cataluña de las distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), éste decidió fijar un porcentaje de tiempo escolar que debía tener el castellano como lengua vehicular: al menos, el 25 por ciento. Ello sólo se logra en aquellas escuelas donde uno o varios padres solicitan judicialmente el cumplimiento de dicha sentencia.

69. Banco mundial (2016). GDP. All countries and economies. Recuperado el 28 de noviembre de 2018 de <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?year_high_desc=true>.

70. Véase: Government of Canada/Gouvernement du Canada (2018). Action Plan for Official Languages –2018-2023: Investing in our future. Recuperado el 28 de noviembre de 2018 de <https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/official-languages-bilingualism/official-languages-action-plan/2018-2023.html>.

71. Government of Canada/Gouvernement du Canada (2016). Budget 2016. Recuperado el 28 de noviembre de 2018 de <https://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/toc-tdm-en.html>.

72. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos (2018). Presupuesto prorrogado de 2017 para 2018. Recuperado el 28 de noviembre de 2018 de <http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/PGE2017Prorroga/Paginas/PGE2017Prorroga.aspx>.

Por una Ley de Lenguas

Mercè Vilarrubias

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