¿Por qué pagas más impuestos

que Apple?

Trampas y montajes de las grandes empresas

y de los millonarios para no pagar

MERCEDES SERRALLER

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Introducción

Apple, una de las empresas más grandes y con más éxito en todo el mundo, paga entre 20 y 30 puntos menos de impuestos en su factura fiscal global que lo que paga un español medio en España. Este libro analiza las distintas razones que explican este hecho y que resultan injustificables bajo la perspectiva de los gobiernos occidentales y de la opinión pública. Para ello, se sigue una estructura cronológica con la crisis como punto de inflexión. Sobre todo, desde el año 2009, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE) declararon una guerra abierta contra los paraísos fiscales, los territorios donde las grandes fortunas añejas y los evasores de nuevo cuño esconden su dinero, y por los que las multinacionales transitan en su estrategia para no pagar impuestos.

Una de las peores crisis que se recuerdan, con implicaciones cada vez más globales, ha coincidido con la eclosión de las redes sociales y las filtraciones a la web de datos reservados por parte de empleados de banca díscolos, espécimen de una época en la que los acuerdos de confidencialidad para colaborar en la evasión de capitales ya no resultan inquebrantables, según se explica en los primeros capítulos. La casi nula tributación de Apple y otras multinacionales estadounidenses en todo el mundo, así como de las empresas del Ibex en España, se aborda en los capítulos 6 y 7.

Si la lucha de clases resulta una explicación de la historia hoy en día ya superada para muchos, no parece serlo en el terreno fiscal. Las «clases altas», fortunas y grandes empresas, apenas pagan impuestos y cuentan con todo tipo de parabienes en los distintos países «para que no se vayan», mientras que los trabajadores y profesionales pagan mucho más y son quienes verdaderamente sostienen al Estado.

En los capítulos 8 y 9 veremos cómo todos estos conflictos le han explotado al Gobierno del Partido Popular (PP), que llegó al poder en el peor momento de la crisis, con un sistema fiscal esquilmado, y que tomó la primera decisión de aplicar la mayor subida de impuestos de la historia a los asalariados, mientras el paro y el fraude se multiplicaban. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha intentado incrementar la factura fiscal de las grandes empresas —eliminando exenciones que el propio PP creó durante los gobiernos de Aznar para fomentar la actividad y la internacionalización de las empresas y el atractivo de España para los inversores— y ha implementado varias medidas de lucha contra el fraude. Pero estas iniciativas han coincidido con una amnistía fiscal en la que se ha dado todo tipo de facilidades a los evasores de impuestos, mientras se ha seguido, sin descanso, subiendo todos los tributos y recortando servicios públicos.

España participa activamente en los foros de la OCDE y la UE que quieren acabar con estas desigualdades y que han conseguido en cinco años más avances que nunca. Los intereses en juego son tantos que sólo la llegada de la recuperación dirá si el cambio de mentalidad se ha debido únicamente a la crisis.

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¿El principio del fin?

El mundo de los paraísos fiscales y de los evasores de impuestos dio un vuelco en 2009. La declaración de guerra de los países ricos a los paraísos fiscales se produjo en abril, cuando un recién llegado Barack Obama —conocido en Estados Unidos como uno de los senadores que intentaron aprobar una de las leyes más duras contra los paraísos que se recuerdan— y la canciller alemana Angela Merkel decidieron unir fuerzas y lanzar una política específica contra estos territorios. Tras años de permisividad respecto a los paraísos y a las estrategias de grandes multinacionales y fortunas para no pagar impuestos, los líderes políticos occidentales coincidieron en que el acecho de la crisis y la presión de la opinión pública, con cada vez más acceso a información antes reservada, hacían insoportable que cada año se evadieran miles de millones con destino a focos de baja tributación, o que estos territorios reunieran un patrimonio privado de billones. Hasta ese momento, las acciones contra los paraísos se habían centrado en controlar el lavado de dinero y las conexiones con el narcotráfico y el terrorismo. Las dirigidas a cercar directamente la evasión de impuestos habían sido más tímidas.

Pero las magnitudes económicas de la evasión y de los paraísos ya no podían soportarse. Tax Justice Network, una organización sin ánimo de lucro que vigila la evasión de impuestos, estima que el valor de los capitales ocultos en territorios opacos se sitúa entre 21 y 32 billones de dólares, equivalente al doble del PIB de Estados Unidos y a la décima parte del PIB mundial. Por otro lado, 12 billones de dólares de riqueza situada en paraísos se hallan en manos de los cincuenta principales bancos mundiales especializados en banca privada, sobre todo en los 21 más importantes. UBS, Credit Suisse y Goldman Sachs son las tres entidades con más activos en paraísos fiscales. Es decir, que el grueso de la riqueza escondida en territorios offshore no está en manos de oscuros bancos situados en islas paradisíacas, sino en las principales entidades del mundo especializadas en banca privada así como en los más importantes despachos de abogados, situados no en ignotos y lejanos territorios, sino en las principales ciudades del primer mundo como Nueva York, Londres, Ginebra, Frankfurt y Singapur.

Estos datos le estallaban a Occidente en la cara cuando tenía que enfrentarse a la peor crisis y en medio del rigor presupuestario titánico que debían mantener tanto Obama como la Unión Europea.

Si se acude a las bases de datos económicas de la CIA, que contienen la renta per cápita de todo el mundo incluidos los paraísos, se aprecian hechos sorprendentes. Así, las Bermudas albergan, teóricamente, a los más ricos del planeta, con una renta per cápita media de 86.000 dólares, la tercera del mundo sólo por detrás de Qatar y Liechtenstein, un 70 por ciento superior que la de Estados Unidos. Luxemburgo, Macao, Jersey, Mónaco y Singapur están también en el top ten mundial en renta individual. Las Islas Caimán manejan 1,4 billones de dólares en activos bancarios, lo que las convierte en el quinto centro financiero del mundo, al tiempo que las Islas Vírgenes tienen registradas 700.000 compañías. No se ajusta a la lógica que los ciudadanos de Caimán o Jersey superen en riqueza a europeos, japoneses y canadienses.

A finales de los años 90 se intentó acabar con los paraísos fiscales. La OCDE creó un organismo para perseguir y sancionar a estos enclaves si no cooperaban en el intercambio de información fiscal y financiera. Se trata del GAFI o Grupo de Acción Financiera Internacional, que creó tres listas negras: una, de 35 paraísos; otra, de 47 áreas de baja tributación, entre las que figuraban el País Vasco y Navarra por sus regímenes forales, y una tercera, de 15 países que permitían el blanqueo de capitales. En el último listado, el GAFI no tuvo inconveniente en incluir a Rusia —economía en crisis que era capaz de generar salidas masivas de capitales procedentes de los grandes monopolios estatales recién privatizados hacia territorios de baja tributación como Chipre—, y a Israel. Por aquel entonces estaba Bill Clinton en la Casa Blanca. Pero su sucesor deshizo el camino andado. George W. Bush redujo las exigencias a la entrega, por parte de estos enclaves, de documentación fiscal y financiera —dejando de lado la obligación de colaborar con las autoridades que lo requirieran— bajo la justificación —que también esgrimen otros políticos republicanos— de que el diseño de la fiscalidad pertenecía a la soberanía de estos territorios.

La llegada de la crisis lo cambió todo. Nada volvería a ser igual. Desde 2008 el G-20 asumió un compromiso masivo y global respecto al inmediato cumplimiento de una metodología que había desarrollado en 2002. Así, en la reunión del G-20 en Londres, en abril de 2009, se exigió la firma de doce acuerdos de intercambio de información fiscal con otros tantos estados antes del 31 de diciembre de 2010 para abandonar las listas negras de paraísos fiscales. La OCDE consideraba que los paraísos se definen por la tributación baja o nula, la falta de intercambio de información, la opacidad y perjuicio a la competencia y libre circulación de capitales. Pedir que acabaran con estos cuatro parámetros habría sido inmanejable y se centraron en la opacidad y falta de intercambio de información, que tienen que ver con el terrorismo y el tráfico de drogas, y cuya piedra angular es el secreto bancario.

El atractivo de los paraísos fiscales, en muchas ocasiones, reside más en la opacidad que brindan que en su régimen fiscal, pues hay muchas jurisdicciones que, sin ser paraíso fiscal, tienen de facto el mismo marco tributario que el buscado en paraísos fiscales. Irlanda impone una fiscalidad muy baja como arma competitiva con la que atraer empresas para que se establezcan allí, pero no cumple el resto de requisitos para ser un paraíso fiscal. El caso de Suiza es más ambiguo ya que, aunque su opacidad ha sido máxima y tiene figuras tributarias muy bajas para atraer a profesionales, artistas y deportistas, el resto del marco fiscal que establecen los cantones es muy parecido al de cualquier otro estado miembro de la Unión Europea.

Para que los acuerdos de la OCDE tuvieran efecto, era necesario que los estados potenciaran su capacidad de obtener información y, sobre todo, que la otra Administración cooperara al máximo. Sin embargo, estas dos premisas raramente se han cumplido, y aunque este proceso ha generado los mayores flujos de información fiscal de la historia, se ha revelado muy insuficiente. La mayoría de los exparaísos ha dado muy poca información, y de forma lenta y parcial. Además, para alcanzar las doce rúbricas que acaban con el estigma, muchos territorios opacos han firmado convenios entre ellos, lo que quita a estos acuerdos valor y efectos prácticos.

En 2010 se habían firmado cuatrocientos acuerdos. Según los criterios de la OCDE, y según refleja en su web, ya no había paraísos. La organización se enfrentó a críticas de la Eurocámara y otros organismos, para los que los convenios eran insuficientes. Recelaban de la declaración de que todas las jurisdicciones se habían comprometido a adaptarse a los estándares fiscales internacionales y de su deseo de que no haya listas negras. Hoy son cerca de 4.000 los acuerdos.

La lista española de paraísos fiscales empezó a desarrollarse en 1991. Según el Real Decreto 116/2003, dejan de ser considerados como paraísos fiscales aquellos territorios y jurisdicciones que firmen con España o bien un Convenio para Evitar la Doble Imposición internacional con cláusula de intercambio de información, o bien un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria.

No parece que todo este camino global haya logrado que las cifras del dinero evadido sean mucho mejores que en 2008. Tiene que pasar más tiempo para que haya datos concluyentes y las políticas y sus resultados puedan contemplarse con más perspectiva. De momento, Tax Justice Network señala que el volumen de activos financieros ocultos en paraísos fiscales sigue creciendo: los últimos datos de que dispone, de 2010, muestran que los capitales ocultos se sitúan entre los 21 y 32 billones de dólares que señalábamos antes, cuando en 2009 estimó que había entre 20 y 25 billones. Según esta plataforma, las implicaciones de estas cifras para el poder político global son enormes, y ayudan a explicar por qué los esfuerzos internacionales para acabar con los paraísos y la opacidad financiera han sido bastante ineficaces, a pesar de las buenas palabras de los países del G-20 y la OCDE: son estos países —que reciben flujos gigantescos— los que crean las reglas del juego. Aunque ha habido algunos cambios positivos, según admite Tax Justice Network, la infraestructura del secreto financiero global sigue vivita y coleando. Además, Boston Consulting Group señala que la riqueza de los paraísos, los activos que resguardan allí ciudadanos de todo el mundo, creció un 6,1 por ciento en 2012 hasta los 8,2 billones de dólares. Esta consultora vaticina que estos capitales crecerán un 30 por ciento hasta 2017 y que Suiza seguirá liderando el ránking mientras Hong Kong y Singapur irán ganando puestos.

A pesar de lo insuficiente de los acuerdos y de las estrategias, el proceso que ha impulsado la OCDE ha dado frutos en Occidente a través de un efecto dominó que lleva a estas plataformas a no querer ser menos que la competencia. De esta forma, los paraísos fiscales se reinventan y buscan nuevos modelos de negocio. Es el caso de la reconversión en centro financiero y bancario sofisticado y transparente que pretende Suiza, o del mix financiero y turístico que quiere ofrecer Andorra. Ante el cambio histórico de modelo global, el cliente occidental o vuelve al redil de la transparencia fiscal o sólo le quedan pequeños reductos en el Pacífico, el Índico o el Caribe. Pero esta realidad es marginal, ya que no habrá garantía de que lo que allí ocurra no trascenderá: «Ahora, quien se esconda, será descubierto», ha alertado la OCDE. Pero hay sitios que se pueden reinventar más fácilmente que otros.

En paralelo y en plena crisis, Reino Unido, Irlanda, Francia o Italia han promovido amnistías y regularizaciones que llenan sus arcas y atraen a sus contribuyentes huidos. Han aprovechado que el endurecimiento de sus políticas contra el fraude suponía un factor decisivo para que un gran número de contribuyentes se acogiera a amnistías si, una vez finalizado el plazo establecido, no querían enfrentarse a estrictas sanciones. La Italia de Silvio Berlusconi afloró 95.000 millones de euros en 2009. España se sumó en 2012 con una amnistía muy polémica que acabó gravando a los evasores un 3 por ciento, para recaudar 1.200 millones de los 2.500 previstos y aflorar 40.000 millones. A quienes no se acogieron a la amnistía fiscal en España, la actual ley no les permite regularizar de forma voluntaria su situación, y se arriesgan a ser objeto de multas millonarias (véase el capítulo 9).

Estas cuentas opacas suelen tener un largo historial que durante décadas ha pasado inadvertido o parece haber resultado justificado ante la opinión pública. Es el llamado «dinero viejo» de quienes consiguieron ponerlo a salvo, en el caso de España, durante la Guerra Civil, como hizo la familia Botín. En el caso de otros países, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ese «dinero viejo» procedía de familias, muchas de ellas judías, que lograron salvaguardar sus fortunas en Suiza. Hay quien explica así el principio del secreto bancario helvético: había que garantizar una confidencialidad absoluta cuando sus clientes corrían el riesgo de ser asesinados si eran descubiertos. La Ley de Bancos, que reguló por primera vez el secreto bancario, data de 1933, momento en el que la necesidad de guardar patrimonios en tiempos revueltos ya había irrumpido pero que es anterior al estallido de la contienda mundial.

Si en la actualidad, ochenta años más tarde y en medio de la peor crisis económica, la opinión pública desaprueba que una familia no haya repatriado ni declarado el dinero que dejó su abuelo en Ginebra en los años treinta, con más razón censurará que políticos y empresarios españoles donantes a partidos estén entre los principales titulares de cuentas opacas en Suiza y en varios paraísos fiscales. Se trata del dinero nuevo o del pelotazo de los años de bonanza y de la burbuja inmobiliaria.

Pero no todo son viejas fortunas y nuevos ricos. El cúmulo de intereses y de matices que jalonan el historial de los paraísos tiene otra vertiente: fundaciones y fondos de pensiones europeos y estadounidenses canalizan sus inversiones y estrategias de ahorro a través de paraísos fiscales. Francia, Alemania, Reino Unido o España tienen un tratamiento fiscal inmejorable en este sentido por cuanto no gravan ni rentas ni plusvalías, vengan de donde vengan, haya o no Convenio para Evitar la Doble Imposición, y con absoluta opacidad informativa. España, además, mantiene en vigor el régimen de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Este sistema permite usar nuestro país casi como si fuera un paraíso, ya que la inversión tiene muy escasos requisitos sobre la realización de una actividad económica, y apenas paga impuestos. El Gobierno de Aznar creó esta figura para competir con los incentivos similares que tienen los Países Bajos o Irlanda. El éxito de la bonificación que ofrecen los Países Bajos es tal que este estado se ha convertido en el primer inversor en España, según datos del Ministerio de Industria, ya que muchos lo utilizan como puente a través del cual invertir en otros países sin pagar casi impuestos. Como muestra de este efecto, sirva otro ejemplo: la mayoría de las inversiones de Estados Unidos en España se realizan a través de los Países Bajos.

También las multinacionales utilizan paraísos o territorios de baja tributación para abaratar su factura fiscal. Los Países Bajos o Irlanda son los grandes intermediarios de inversiones de grandes empresas. Éstas nunca habrían podido imaginar un ahorro fiscal como el que hoy logran las tecnológicas estadounidenses Google, Facebook, Apple o Microsoft desde Irlanda gracias a la globalización y a las particularidades de un negocio basado en activos intangibles. De ahí la paradoja de que las compañías más grandes, presentes en más países y con más beneficios, son los contribuyentes que menos impuestos pagan en total y en todo el mundo. Para atajar este problema, la OCDE puso en marcha un proyecto de lucha contra la erosión de bases imponibles y traslado de beneficios, conocido como BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

La OCDE ha remarcado que en 2009 se hicieron más progresos en la lucha contra los paraísos fiscales que en la década anterior. Todos los participantes en la cumbre del G-20 en abril de 2009, en Londres, abrazaron los estándares de transparencia e intercambio de información que desarrolló la organización, incluidas jurisdicciones que hasta entonces se oponían a intercambiar información bancaria. La OCDE declaró que lo que estaba ocurriendo era una revolución, pero no se quedó ahí y llamó a acelerar el proceso. La batalla por la transparencia fiscal global estaba en plena marcha. «Tenemos los medios institucionales para seguir con la campaña. Con la crisis, las expectativas de opinión pública global son elevadas y su tolerancia con la no colaboración es cero», subrayó la organización en 2010. El clamor de la opinión pública global y la longitud y gravedad de la crisis han renovado los votos de la OCDE que en la cumbre de Moscú de septiembre de 2013 ha sofisticado su estrategia.

La organización se ha dado cuenta de que el modelo de convenio que propugna tiene una utilidad limitada. Ha establecido un calendario de implantación de un nuevo convenio multilateral de intercambio automático de información, ya que sustituir los 4.000 convenios bilaterales vigentes llevaría tiempo y sería menos efectivo. Lejos quedan las primeras directrices de 2009 para salir de la lista negra de paraísos: de doce acuerdos de intercambio de información —no automática— al infinito. A partir de ahora, el intercambio de datos tributarios será automático entre las jurisdicciones que aspiren a formar parte del mundo civilizado. Es decir, intercambio global espontáneo de información, exámenes fiscales simultáneos y asistencia en la recaudación tributaria. Los acuerdos FATCA —establecidos a partir de la Foreign Account Tax Compliance Act— de Estados Unidos obligan a todas las entidades financieras a nivel mundial a dar información al fisco norteamericano de cuentas de sus ciudadanos, fórmula que Washington va extendiendo por todo el mundo. En Suiza se ha mezclado el debate sobre FATCA, al que estaría dispuesta a sumarse, con las actuaciones agresivas de Estados Unidos contra bancos suizos, con detenciones de directivos incluidas, ya que se han obtenido pruebas de que incitaban a los ciudadanos a evadir impuestos. Estados Unidos dio un puñetazo en la mesa frente a Suiza: o informaba, o todos los bancos suizos dejaban de operar en Estados Unidos. El país helvético, que está modificando su modelo de negocio ante esta presión internacional, fía su disposición a realizar cambios definitivos a que los secunden el resto de países. Porque el propio Washington enarbola la acción mundial contra los paraísos pero luego mantiene el estado de Delaware, que opera como refugio fiscal de sociedades. En la órbita de Reino Unido, y también explicados por distintas razones históricas —aunque no justificados hoy para muchos ciudadanos—, están Gibraltar, Islas del Canal, Isla de Man, Islas Vírgenes y otros territorios del Caribe. La mayoría eran enclaves en los que no se pagaban impuestos ligados a corsarios ingleses u holandeses al servicio de sus respectivas majestades, y que iban en contra del Imperio español. Hoy diríamos que han sobrevivido al servicio del imperio de las grandes empresas y fortunas.

A una opinión pública global que ya no transige se suman los gobiernos occidentales, que no pueden permitir que empresas y particulares apenas paguen impuestos cuando afrontan una recesión que pone en peligro la gobernabilidad de sus respectivos países.

Todos estos factores han dado un giro copernicano a la lucha contra los paraísos fiscales, en un momento en el que los ciudadanos de todo el mundo se manifiestan en las redes sociales —curiosamente, pertenecientes a las multinacionales que menos impuestos pagan— y exigen transparencia. Y cuando, gracias al robo de información por parte de exempleados de bancos de paraísos —Liechtenstein, Suiza—, de organizaciones como Wikileaks y de antiguos miembros de los servicios de inteligencia como Snowden, los ciudadanos tienen acceso a los nombres de los evasores de impuestos o a todo tipo de información que sus gobiernos no quieren revelar.

Las últimas filtraciones afectan a la esfera comunista, a China. Según publican varios diarios, entre ellos El País,¹ al menos trece familiares de máximos dirigentes chinos —incluidos el actual presidente, Xi Jinping, y los ex primeros ministros Wen Jiabao y Li Peng—, así como quince grandes empresarios y compañías estatales, han mantenido gran actividad en refugios fiscales. Los registros de estas sociedades opacas proceden de una filtración de más de dos millones de archivos de dos gestoras que operan en las Islas Vírgenes Británicas. Este archipiélago del Caribe era el segundo inversor directo en China en 2010 —año hasta el que figuran registros en la base de datos filtrada—, sólo por detrás de Hong Kong. Con apenas 27.000 habitantes, tiene inscritas más de un millón de sociedades, el 40 por ciento procedente de China, Hong Kong y Singapur. Es el «Chinaleaks».

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Estados Unidos y Hervé Falciani cercan a Suiza

En paralelo al cambio de actitud y estrategia de los gobiernos más poderosos respecto a los paraísos fiscales, los evasores asisten a robos masivos de sus identidades y cuentas por parte de exempleados de la banca de esos países. Los datos acaban en manos de organizaciones como Wikileaks, que los hacen públicos, o de sus gobiernos, que inician procesos penales contra ellos y de cuyas garras ya no escaparán. El inquietante mensaje que reciben los clientes de paraísos fiscales es que el dinero opaco ya no está seguro. ¿Es casual que estas filtraciones coincidan en el tiempo con la lucha global contra los paraísos fiscales? A tenor de lo que declaran sus perpetradores, es decir, quienes roban la información de las entidades en las que trabajan, no se trata de una casualidad. Tanto el primero en ganar notoriedad, el suizo Rudolf Elmer, como el francoitaliano Hervé Falciani, que se ha convertido en una celebridad, aseguran que robaron los datos de Julius Baer y HSBC Suiza, respectivamente, movidos por un afán justiciero y reparador. Afirman que éste se despertó tras años de trabajo en dichos bancos, en los que sus conciencias acabaron volviéndose contra la ocultación de dinero negro procedente de actividades criminales o de la evasión de impuestos, en cuyo proceso ellos mismos colaboraban. Sus relatos también coinciden en afirmar que los países en los que denunciaron las supuestas actividades delictivas de los bancos no les hicieron caso.

El banquero suizo Rudolf Elmer fue despedido, en 2002, de su puesto de jefe de operaciones en la filial del banco helvético Julius Baer en las Islas Caimán tras ocho años en el cargo. A partir de entonces, se ha dedicado a denunciar el secreto bancario en medio de rocambolescas idas y venidas: «Es el robo más grande de la historia de la humanidad y tiene consecuencias catastróficas para las personas más pobres de la tierra», afirma Elmer en una presentación colgada en su página web, en la que se define como «activista, reformador, banquero, confidente o delator (whistleblower, el término que utiliza la Hacienda de Estados Unidos para quienes denuncian delitos fiscales), en campaña por los derechos civiles». Esta página funciona como la propia Wikileaks desde 2005 contra la opacidad financiera y, según asegura, no paga ni recibe dinero. Las razones que le han llevado a poner en marcha esta campaña surgen de lo que ha visto durante sus 33 años de experiencia en el sector, en los que ha trabajado en seis entidades ubicadas en paraísos fiscales. Desde su puesto ayudó a ocultar miles de millones que, según denuncia, deberían haber sido empleados en mejorar la educación, la sanidad o las pensiones «de personas humildes de todo el mundo». Sin embargo, el banco Julius Baer asegura que lo que mueve a Elmer es la venganza por su despido y porque no consiguió la millonaria indemnización que exigía. La entidad prescindió de Elmer en 2002, después de detectar una filtración de datos sobre sus clientes en las Islas Caimán. Elmer y varios de sus compañeros fueron sometidos al detector de mentiras para aclarar su implicación. En el caso de Elmer, los resultados no fueron satisfactorios y fue despedido. Ya en 2005 tuvo un proceso judicial con el banco, que le acusaba de supuestas amenazas a uno de sus empleados.

Tras pleitear con el banco por una indemnización y montar su web contra el secreto bancario, Elmer saltó a la primera plana en 2008, al ser acusado de filtrar a la entonces desconocida Wikileaks, para la que éste fue su primer gran caso, una lista de clientes de Julius Baer en las Islas Caimán. Esta información, que estaba en poder de la web de Julian Assange desde 2005, acabó en manos de varios medios de comunicación y llegó a los fiscos de Estados Unidos y Alemania, a lo que el banco respondió con una denuncia ante los tribunales. Un juez de San Francisco cerró cautelarmente Wikileaks y el resultado fue, precisamente, que los datos se multiplicaron por las páginas de cientos de activistas. Elmer denunció que tanto él como su familia estaban siendo vigilados por encargo del Julius Baer y negó ser el autor de las filtraciones.

Entonces, Elmer entregó públicamente al fundador de Wikileaks, Julian Assange, dos discos compactos con detalles sobre cuentas opacas en bancos suizos de 2.000 personalidades. Assange se comprometió a publicar los nombres de los titulares de las cuentas, una vez que hubiera verificado los datos. Elmer explicó que la documentación provenía de al menos tres bancos, entre ellos, el Julius Baer, y cubría un período entre 1990 y 2009. Muchos documentos llegaron a sus manos a través de otras fuentes, aseguró.

Pocos días después, Elmer viajó a Suiza, donde le esperaba un juicio. Un tribunal suizo le impuso una multa de 5.500 euros y le suspendió durante dos años. Elmer reconoció ante el juez que en el pasado envió a las autoridades fiscales datos de algunos clientes de la entidad para la que trabajaba. Y, según explicó, entregó la información al portal después de que las autoridades suizas y alemanas se negaran a investigar.

Pero la ambigua actitud de Elmer y Falciani, que guarda grandes paralelismos, contrasta con el causante del «caso Liechtenstein», Heinrich Kieber, un antiguo empleado del banco LGT, el mayor del Principado, con historial de estafador. En 2008 se conoció que había recabado datos de unos 1.400 clientes de la entidad en un CD, sin más objetivo declarado que venderlo al mejor postor entre los servicios de inteligencia europeos. Entre ellos, el alemán, a cambio de 4,5 millones de euros, que facilitó la apertura de diligencias judiciales. Kieber, como otros delatores en Estados Unidos, no pretendía otra cosa que vender información para lucrarse. Parece ser que el robo se cometió en 2001 y que el banco se dio cuenta y recuperó los archivos aunque no completamente.

Peer Steinbrück, el entonces ministro de Hacienda germano, amenazó con instaurar controles a los capitales y reforzar la supervisión para «salvaguardar el sistema financiero alemán» de áreas como Liechtenstein o Suiza, según sus palabras. Klaus Zumwinkel fue la cara visible del escándalo de evasión al fisco alemán que detonó la cruzada contra los paraísos fiscales. El nombre de este expresidente de Deutsche Post apareció entre los 1.000 alemanes envueltos en un fraude fiscal que ascendió a 4.000 millones de euros. El caso provocó estragos en el Principado. Liechtenstein inició negociaciones con varios países. Con Reino Unido acordó que 5.000 clientes británicos de sus bancos, que guardaban entre 2.000 y 3.000 millones de libras opacos, regularizaran su situación con multas reducidas.

El fraude fiscal descubierto por Alemania abrió la veda, y Reino Unido también obtuvo información, a partir de la cual trasladó a la Fiscalía española datos de 198 residentes españoles con cuentas opacas en Liechtenstein, que habrían defraudado al menos 23,7 millones de euros. La Agencia Tributaria informó que durante la investigación se produjeron regularizaciones voluntarias extemporáneas. Afirmó que hubo contribuyentes que, por iniciativa propia, saldaron su deuda con Hacienda. Con ello se aseguraron que no se les pudiera exigir responsabilidad penal por el fraude, y la multa se limitó a un 20 por ciento de la deuda. La Agencia no detalló cuántas personas habían optado por esta vía. El sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, aseguró que se produjeron más de una veintena de regularizaciones.

Este caso fue el ensayo general del «asunto Falciani» para la Hacienda española. Por una parte, ninguno de los acusados acabó en la cárcel por delito fiscal. Desde que se conoció la noticia, algunos abogados señalaron que el modo en que Alemania obtuvo la lista, mediante el pago de documentos robados, podría invalidar el proceso en España. Sin embargo, no existe irregularidad en la forma en que España obtuvo la información, fruto de un intercambio con Alemania. Igual que sucedió en el «caso Falciani», aunque en esta ocasión los datos vinieron de Francia.

El escándalo fiscal de Liechtenstein destapó las múltiples deficiencias de la lucha contra el fraude fiscal a nivel europeo. A raíz de ello, la Comisión Europea aceleró la evaluación de la Directiva de fiscalidad del ahorro, que obliga a intercambiar información sobre los rendimientos en forma de pago de intereses que obtienen los europeos no residentes en sus países. Algunos estados miembros —Bélgica, Luxemburgo y Austria— y otros países europeos —Suiza, Andorra, Mónaco, Liechtenstein y San Marino— lograron entonces salvar su secreto bancario a cambio de practicar una retención del 15 por ciento sobre los pagos en forma de intereses que reciben los no residentes. Después, el 75 por ciento de lo recaudado se enviaba a los países de origen de los titulares de las cuentas. Por este concepto, los estados miembros recibieron 402 millones en 2006, 40 de los cuales fueron a España. Una cifra que los expertos consideraban ridícula. Pero, a partir de 2012, estos mismos estados fueron más lejos y anunciaron que renunciaban al secreto bancario, y que se prestaban a entrar en FATCA y al intercambio automático y multilateral de información. En 2015 entra en vigor una versión muy mejorada de la Directiva del ahorro.

Pero el caso estrella en España, por las implicaciones que ha tenido y porque ha llegado a juzgarse en Madrid, ha sido el de Hervé Falciani,² exempleado de HSBC Suiza. Este informático francoitaliano nacido en Mónaco afirma que en 2008 denunció en el propio banco y ante las autoridades suizas que se estaba llevando a cabo blanqueo y evasión de capitales en el seno de la entidad, pero nadie mostró interés alguno. A continuación asegura que, con el único objetivo de llamar la atención sobre sus denuncias, viajó a Beirut (Líbano) con su entonces pareja y compañera de trabajo Georgina Mikhael y allí ofreció esa misma información. Según las autoridades suizas, trató de venderla, por lo que lanzaron una orden de busca y captura. Falciani se refugió en Francia y pasó la información a las autoridades galas. La entonces ministra de Hacienda, y luego directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, trasladó a muchos otros países, entre ellos España, la parte que correspondía a sus contribuyentes. Falciani está reclamado por Suiza por haber aprovechado su trabajo en el banco HSBC para copiar y revelar los datos de 130.000 cuentas de presuntos evasores fiscales. En junio de 2010 la Hacienda española envió requerimientos a cerca de 600 titulares de cuentas opacas con unos 6.000 millones de euros en HSBC Suiza para permitirles regularizar su situación antes de iniciar un procedimiento penal contra ellos. Se trató de un procedimiento muy novedoso que permitía la regularización voluntaria como si el fisco no hubiese dicho nada, fórmula escandalosa a ojos de inspectores y técnicos de Hacienda. La recaudación fue menor de lo esperado y el fisco inspeccionó a muchos de los que regularizaron sobre la base de que no lo habían hecho de forma correcta o suficiente. En octubre de 2010 el entonces secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reveló que la Agencia Tributaria había ingresado 260 millones por las regularizaciones voluntarias, sin contar sanciones. En enero de 2012 se habían iniciado 537 expedientes de inspección de 558 ciudadanos. Sólo 31 rechazaron cualquier vinculación con las cuentas. En junio de 2011 se conoció que la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime Botín, y otros diez familiares por los presuntos delitos de fraude fiscal y de falsedad documental. La familia Botín había regularizado su situación de forma voluntaria y pagado 200 millones de euros —de los 260 totales recaudados—. Pero el Ministerio Fiscal dijo que no había podido «determinar si las regularizaciones han sido completas y veraces». No obstante, se consideró que su intención era regularizarlo todo y se le permitió acogerse a la excusa absolutoria —acusarse ante Hacienda y pagar— que libra del delito fiscal. El caso fue archivado en 2012 y ha dado lugar a lo que se conoce como la «doctrina Botín»: aunque la regularización sea incompleta, si la voluntad es regularizar, es válida como excusa absolutoria y no hay delito fiscal. Distintos juzgados abrieron procesos entonces contra otros contribuyentes en Murcia, Valencia, Zaragoza o Marbella y, los más numerosos, en Barcelona y Madrid.

El fisco pareció pretender que se imputara a HSBC y a los gestores del mercado español del banco. Envió diligencias a los titulares en las que, además de exigir un detallado recuento del origen y movimientos de sus fondos, requería que indicaran la identidad, teléfono y dirección de los empleados bancarios que les asesoraban. Además, exigió, de forma excepcional, que comparecieran los propios contribuyentes, no sólo sus abogados. Pocos ciudadanos colaboraron con Hacienda. Quienes decidieron no hacerlo salieron mucho mejor parados que los que cooperaron, según trasladan sus abogados.

Uno de los titulares de cuentas que aparece en la lista en Francia consiguió que el Alto Tribunal galo anulara el proceso por invalidez de la prueba —la procedencia de los datos de un robo—, lo que llevó a los españoles afectados a alegar este mismo motivo. La Corte francesa se escudó en las declaraciones de un ministro que declaró que el origen de los datos era el robo. Tenía, presumiblemente, otros intereses. El entonces responsable de Finanzas, Eric Woerth, protagonizó un escándalo cuando se supo que su mujer era asesora fiscal de Liliane Bettencourt, dueña de L’Oréal y primera fortuna de Francia. Bettencourt tenía cuentas en HSBC. La mayoría de los casos en España se han ido archivando.

En julio de 2012, Falciani fue detenido, aparentemente, de forma casual, al entrar en Barcelona por barco. Según parece, aconsejado por Estados Unidos para que colaborara con la Justicia española y cambiara su residencia de Francia, donde podría correr peligro. El Consejo de Ministros se mostró favorable a su extradición a Suiza, pero el caso pasó a manos de la Audiencia Nacional. La Fiscalía parecía decantarse por no entregar a Falciani, quien podía tener más información que pudo facilitar a España desde que fue detenido.

La Audiencia Nacional citó como testigos para la vista de extradición a Carlos Ocaña, antiguo secretario de Estado de Hacienda, y a Luis Pedroche, exdirector de la Agencia Tributaria, a petición de Falciani, quien quería que avalaran la importancia de la información que suministró y parece que intentó que admitieran que parte de la lista se censuró, es decir, que Hacienda borró nombres comprometidos. En junio de 2010, Hacienda envió un requerimiento a los cerca de 600 titulares españoles de cuentas opacas en Suiza. Desde el fisco se trasladó entonces que la información llegó en mayo. Sin embargo, Pedroche fue fulminantemente destituido el 29 de abril —según insinuaba Falciani, por su gestión inicial en favor de la mano dura contra las fortunas con cuentas opacas—. Ocaña reconoció que la lista de españoles en HSBC Suiza que proporcionó Falciani es la información fiscal «más importante que ha recibido España en su historia». Asimismo sostuvo que no supo nada del contenido de las citadas cuentas opacas que Francia facilitó a España, dijo entonces, el 14 de febrero de 2010, aunque sí lo conocían «los inspectores que se dedican a estas cuestiones», en alusión a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), «que funcionan de forma independiente», apuntó. A partir del 24 de mayo, fecha que marcó la Administración de Zapatero como de llegada oficial del CD-Rom con todos los datos, Ocaña admitió que tuvo más conocimiento, pero dijo que no recordaba si el monto de las cuentas de españoles rondaba los 6.000 millones, como se publicó. Aunque sí remarcó que la AEAT recaudó, mediante unos requerimientos muy criticados, más de 260 millones. Pedroche dijo que sí que estaba al tanto, desde diciembre de 2009, de la naturaleza de la información que Francia iba a dar, pero alegó que fue destituido el 29 de abril de 2010, antes de la fecha oficial de llegada de los datos. La Sala no admitió la petición de la defensa de que declarara el sustituto de Pedroche al frente de la Agencia Tributaria, José Manuel López Carbajo. La «lista Falciani» se ha convertido en una pieza totémica y misteriosa en la que podrían haber figurado miembros de la familia real, de grandes fortunas y políticos muy conocidos. Algunas listas circularon por internet sin que su veracidad fuera nunca confirmada. El que se filtrara el nombre de la familia Botín desconcierta a quienes sospechan que la Agencia Tributaria censuró la lista. Falciani da a entender que la destitución de Pedroche podría haber obedecido a que no quitó a esta familia de la lista.

La Fiscalía reclamó que Falciani no fuera extraditado, con cuidado de destacar que Suiza colabora con España de forma habitual como en el «caso Gürtel», en lo que afecta al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Si la Audiencia decidía no extraditarlo, el Gobierno debería acatar la decisión. En caso contrario, el Ejecutivo tendría la última palabra. Falciani, que compareció con peluca y barba, estaba custodiado por la Policía española en un lugar secreto.

La Audiencia Nacional rechazó extraditar a Suiza a Falciani y reprobó la «permisividad o complacencia de facto» del banco «con actividades delictivas de defraudación tributaria, blanqueo de capitales e, incluso, de financiación de terrorismo». El tribunal destacó que la información desvelada por Falciani «se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas de infracciones penales, que de ninguna manera es susceptible de legítima protección». Suiza esgrimió que Falciani había violado el secreto bancario, había incurrido en espionaje económico y en revelación de secretos. Sin embargo, la Audiencia estableció que estos delitos no existen en España sino que, al contrario, la información revelada se refiere a actos ilícitos cometidos a través de dicho banco, que son penalmente perseguibles. Aunque el tribunal afirmó que «no está poniendo en cuestión la labor de control de las autoridades suizas sobre la actuación de las entidades financieras que operan en su ámbito territorial», criticó la actuación de HSBC Suiza entre 2006 y 2008, período al que pertenecen los datos sustraídos. En referencia al delito de blanqueo, dijo que el banco podría haberlo amparado, ya que sus empleados «captarían a los clientes ofreciendo la creación de estructuras fiduciarias y sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales». También se apoyó el tribunal en multas a HSBC en Estados Unidos y una sentencia del Tribunal Supremo que confirma otra sanción a su filial española. Falciani desapareció entre rumores de que iba a colaborar con Estados Unidos.

Precisamente Estados Unidos es el país que más éxito ha tenido en su lucha contra la evasión de capitales de clientes de bancos suizos. Fue probablemente el primero en beneficiarse de la «lista Falciani», cuando un subcomité del Senado acusó al banco HSBC de blanquear dinero del narcotráfico y de sortear la prohibición gubernamental de hacer negocios con determinados clientes de Irán. El Senado impuso al banco una multa de casi 2.000 millones de dólares por estos hechos. Pero el ejemplo más paradigmático es el «caso UBS», el mayor banco suizo. La Justicia de Estados Unidos exigió a la entidad que revelara la identidad de 52.000 clientes con cuentas secretas en este país europeo, donde podrían haber evitado pagar al fisco más de 14.800 millones de dólares, si quería seguir operando en Estados Unidos. UBS desveló las identidades de 250 titulares de cuentas que cometieron fraude fiscal, delito en el que colaboró el banco y por el que pagó una multa de 780 millones de dólares. El catalizador de la información fue el banquero estadounidense, exempleado de UBS, Bradley Birkenfeld, que se declaró culpable y reconoció que entre 2001 y 2006 hacía contactos en Estados Unidos para ayudar a millonarios a ocultar en el extranjero sus activos y evadir el pago de impuestos por sus ganancias. Birkenfeld contó que los banqueros captaban clientes en actos deportivos y culturales organizados por la entidad destinados a estadounidenses «extremadamente ricos». UBS se comprometió a cerrar esos negocios como parte del acuerdo. Birkenfeld permitió recuperar 780 millones de dólares al fisco de Estados Unidos y recibió una recompensa de 104 millones de dólares (76 millones de euros), por los servicios prestados. Denunció cuando llevaba un año en vigor la ley de Estados Unidos que permite a los confidentes obtener un 30 por ciento de lo que Hacienda recupere, pero no consiguió inmunidad y pasó dos años en la cárcel. Esta medida fue muy criticada por abogados que alertaban de que así se iba a espantar a potenciales confidentes. Aunque los casos de delatores retribuidos generosamente, se han sucedido desde entonces en Estados Unidos, sin más incidencias.

La exigencia norteamericana de conocer los datos de decenas de miles de clientes provocó que UBS, apoyado por el Gobierno suizo, se pusiera a la defensiva y que el Ejecutivo helvético tranquilizara a los clientes de sus bancos. Sin embargo, la guerra no había hecho más que empezar, y Estados Unidos siguió atacando a directivos del banco.

La colaboración de Falciani con una formación política española, el Partido X, que se presenta como adalid de la lucha ciudadana por la transparencia, le ha traído de nuevo por España desde su residencia secreta en Francia, mientras parece que sigue colaborando con la Justicia hispana. De hecho, podría haber más listas con nombres españoles e italianos, según han publicado Il Sole o Le Monde.³ En cualquier caso, su lista no se puede nutrir hasta el infinito porque provenía de datos robados en 2008, que luego no se habrían vuelto a alimentar. Quien hable hoy con Falciani comprobará que insiste en que los nombres no son importantes, sino que hay que acabar con la estructura global de defraudación. Está obsesionado con que quien verdaderamente mueve los hilos para que se mantenga un statu quo de opacidad fiscal internacional son las grandes empresas, y especialmente Apple, que tienen a los gobiernos comiendo de su mano, asegura.

El Derecho anglosajón, que premia la delación, se va imponiendo ayudado por el avance de la tecnología.

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«Vámonos a Singapur»

Cuando Nicolas Sarkozy emprendió su cruzada contra los paraísos fiscales, momento en el que Suiza es acosada por Estados Unidos y el resto del mundo para que deje de esconder dinero opaco so pena de figurar en la lista de territorios indeseados, Patrick de Maistre, gestor financiero de Liliane Bettencourt, heredera de L’Oréal y primera fortuna de Francia, le dijo a su clienta: «Suiza ya no es lo que era, estoy trasladando sus cuentas a Singapur».

Singapur y Hong Kong —sobre todo el primero, ya que no está ligado a China— han ganado enteros en el mercado de los paraísos, una vez que Suiza ha decidido apostar por la transparencia. La colonia británica recoge el testigo del país helvético como paraíso financiero de vanguardia. Como Suiza antes, Singapur goza de una enorme actividad financiera y económica y, además, mantiene el secreto bancario. Mientras la OCDE persigue los paraísos occidentales, los asiáticos viven su eclosión. Ante el cambio histórico de modelo global, el cliente occidental vuelve al redil de la transparencia fiscal, y al defraudador sólo le quedan pequeños reductos en el Pacífico, Índico o Caribe. E incluso África: Ghana ha decidido reconvertirse en un paraíso fiscal como una opción de desarrollo. Emiratos Árabes e incluso Israel ofrecen opacidad a estos potenciales clientes. Los expertos advierten, no obstante, de que esta realidad es marginal. Mientras tanto, España está firmando numerosos acuerdos y ha negociado con casi todas las jurisdicciones sospechosas de la Unión Europea, incluso con las Islas del Canal (Jersey y Guernsey) y la Isla de Man. Reino Unido ha anunciado que dará información de estas islas a quien firme el FATCA europeo o acuerdo de intercambio multilateral de información. Gibraltar se ha sumado al plan.

La convulsión que vive Suiza tiene su eco también en el seno de quienes instigan la caza de brujas, ya que se ha ido descubriendo que tienen lazos inesperados con paraísos o con la misma Suiza a la que atacan. En España, el PP vio cómo los jueces iban desentrañando la madeja del «caso Gürtel», en la que miembros del partido y organizadores de sus campañas y eventos utilizaban paraísos fiscales en el día a día. El ejemplo más paradigmático son los más de 50 millones de euros que se ha descubierto que reunió en Suiza —y otros países— el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Esta información la ha ido proporcionando Berna al hilo de su creciente colaboración con las peticiones de información. Mientras estos datos salían a la luz, el Gobierno español había emprendido una campaña contra el fraude fiscal que simultaneaba con una controvertida amnistía justificada en la emergencia que vivía la economía española. La Hacienda hispana sufrió un momento crítico cuando el abogado de Bárcenas declaró que su cliente se había acogido a la amnistía, lo que otros imputados en el «caso Gürtel» declararon haber hecho también e, incluso, haber sido asesorados por Hacienda previamente a las posibilidades de ir a la amnistía (véase el capítulo 8). Estas revelaciones escandalosas se parecen mucho a las que había vivido Francia con el «caso Bettencourt». En 2010, Éric Woerth pasó de ser el flamante director de la campaña que llevó a Sarkozy a la victoria y el respetado ministro de Presupuesto con la tarea de controlar el déficit a ser trasladado a ministro de Empleo al borde del abismo por su vinculación con Liliane Bettencourt. En 2007, pocos meses después de asumir el cargo de ministro del Presupuesto, su esposa, Florence, fue fichada por la sociedad que administra la fortuna de la heredera del imperio L’Oréal. Justo entonces Woerth había lanzado una cacería contra la evasión fiscal, precisamente la realidad en la que su mujer ahora colaboraba. El propio Woerth, quien recibió junto con Christine Lagarde la «lista Falciani», en la que estaba Bettencourt, colaboró —no se sabe si conscientemente— a invalidarla a ojos de la Justicia francesa cuando declaró que los datos provenían de un robo, lo que esgrimió uno de los evasores para impugnar, con éxito, las investigaciones de la Hacienda gala. Woerth ofreció un plazo y el perdón penal a quienes repatriaran su fortuna. «Los ricos nunca me invitaron tanto a cenar. Todos quieren saber si su nombre figura entre los 3.000 evasores de esa lista», declaraba entonces. A este escándalo se sumó la investigación de la Justicia sobre la posible financiación ilegal de la campaña de Sarkozy en 2007, de la que Woerth fue tesorero, a la par que entonces era el responsable de las finanzas del partido. Woerth quedó en difícil posición después de las declaraciones de Claire Thibout, excontable de Bettencourt, que afirmó que Patrick de Maistre, empleador de Florence Woerth, le solicitó en marzo de 2007 que retirara unos 200.000 dólares que debía entregar a Woerth para financiar la campaña de Sarkozy.

La oposición que capitaneaba François Hollande y la opinión pública se escandalizaron por el conflicto de intereses que entrañaba que Woerth fuera ministro del Presupuesto después de haber organizado la campaña y ejercer de tesorero, lo que implicaba solicitar la contribución de las grandes fortunas. Son muchas las voces que señalan que luego Hollande ha repetido las políticas y errores de Sarkozy que tanto criticó. En el caso de la evasión fiscal, el también ministro de Presupuesto, Jérôme Cahuzac, designado por Hollande, tuvo que dimitir después de admitir que era él quien hablaba de cancelar una cuenta en Suiza, en una grabación telefónica en poder de la prensa, lo que negó durante mucho tiempo. El escándalo fue desvelado por Le Canard Echaîné.

Pero Suiza no se ha limitado a dejarse llevar por los acontecimientos. Desde 2007 la Confederación ha ido asimilando que nada volverá a ser igual y se ha visto obligada a tomar medidas. Berna está revisando su modelo de negocio bancario ante las presiones que ejercen la OCDE, la Comisión Europea y Estados Unidos. El Gobierno helvético y sus bancos afrontan el nuevo escenario con propuestas imaginativas e inéditas. El sector financiero supone un 10,5 por ciento del PIB helvético, y Suiza es el segundo receptor de dinero opaco del mundo, detrás de Luxemburgo, con más de un billón de dólares de un total de tres billones. A nadie se le escapa que el fin del secreto bancario puede asestar un golpe al sector financiero y al PIB del país, pero Suiza prepara una estrategia para minimizar los daños, reconvertir su modelo de negocio bancario y adaptarse a los nuevos tiempos. La reconversión hacia un centro financiero sofisticado pero transparente tiene un precio laboral, como muestran los importantes ajustes de plantilla que están realizando los principales bancos suizos. Desde el Ejecutivo destacan que las nuevas obligaciones de transparencia afectarán a todos, con lo que, al final, el daño será compartido. Es decir, llegará el turno de Singapur, por ejemplo. Suiza quiere ser un centro financiero de referencia mundial gracias a su especialización y conocimiento del sector, a lo que suma la confianza que tienen ciudadanos de todo el mundo en sus bancos y en su estabilidad política y económica.

Suiza tiene un proyecto, conocido como «Rubik», que intenta conciliar intereses divergentes en una especie de cuadratura del círculo: ofrece una tributación de entre el 21 por ciento y el 41 por ciento del valor de las cuentas al país de origen de los contribuyentes, a cambio de no revelar su identidad. Los bancos suizos practican retenciones sobre las cuentas, y el país helvético las ingresa en la Hacienda del Estado que suscribe el acuerdo sin proporcionar información sobre los titulares. Como medida de captación inicial, Suiza ofrece de entrada una cantidad que obtiene de retenciones del 35 por ciento sobre los capitales que hubiera cuando empieza a negociar con un país. Un 75 por ciento de esta cifra lo recibe el Estado en el que residen los titulares de la cuenta. Luego, cada año los rendimientos tributan entre un 21 por ciento y un 41 por ciento. En Reino Unido y Austria está en vigor desde el 1 de enero de 2013. Aunque el Senado alemán tumbó el proyecto, Berna negocia con Italia y Grecia. El paquete permite gravar a las cuentas que tenga la banca suiza desde el momento en que empiezan las negociaciones, con lo que evita el «efecto huida». Pero aunque no fuera así, no tiene por qué haber fugas. Por ejemplo, en el caso de que España entrara en el acuerdo, para los titulares de cuentas españoles, a los que Hacienda multa con el 150 por ciento del valor si descubre que tienen bienes en el extranjero no declarados, que no prescriben, el anonimato y la tributación que prevé «Rubik» resultarían muy atractivos. España conseguiría así controlar el último reducto que no se ha acogido a la amnistía ni a la obligación de declarar bienes fuera. En noviembre de 2011, justo antes de que el PP ganara las elecciones generales y en plena efervescencia del programa «Rubik», el Partido Popular reconoció que estaba interesado en este proceso y que había habido contactos con Berna para llevarlo a cabo en el caso de que ganaran los comicios. Una vez en el poder y en medio de las medidas excepcionales que se tomaron ante la emergencia que vivía el país en los mercados y la necesidad de atajar el déficit, las subidas de impuestos coincidieron con una inmediata amnistía. En este contexto, «Rubik» quedó aparcado. Ahora Hacienda niega tajantemente que esté en sus planes.

Pero el reloj sigue moviéndose y la OCDE y el G-20 se mantienen implacables contra la evasión, por lo que, en septiembre de 2012, Suiza dio un paso que en cierto modo supone el giro definitivo de su política que podría acabar invalidando «Rubik» como estrategia. El Parlamento acordó dar todo tipo de datos sobre cuentas bancarias a partir del 1 de febrero de 2013, es decir, responder a las demandas de información masiva que le planteen los países con los que ha firmado un Convenio para Evitar la Doble Imposición, como España. Esta decisión, que avalaron 130 diputados frente a 54 votos en contra, implica que la Hacienda española puede realizar lo que se denominan «demandas agrupadas», pedir a Suiza que le proporcione datos de contribuyentes que hayan podido cometer fraude o evasión fiscal o, simplemente, haber incumplido alguna norma, pero sin especificar sus nombres ni proporcionar datos de la cuenta o entidad en cuestión, requisito clave hasta ahora. Y es que aunque España firmó un convenio con Suiza en 1966 —que se ha renovado en 2013—, estos acuerdos únicamente habilitaban para que se pidiera información de contribuyentes específicos, identificados con nombre y apellidos, entidad y cuenta bancaria, además de probar documentalmente el indicio de delito fiscal. El secreto bancario helvético les llevaba a responder sólo a peticiones de jueces en una causa penal. Las gestiones de Estados Unidos en el «caso UBS» han sido uno de los desencadenantes de la decisión de la Cámara suiza. A partir de entonces, Washington rubricó un acuerdo muy favorable para sus intereses con la Confederación. El agravio comparativo que suponía el trato privilegiado que daba Suiza a Estados Unidos, unido al endurecimiento de los estándares sobre paraísos fiscales y territorios de baja tributación que lanzó la OCDE, han culminado en la nueva decisión que, según han reflejado fiscalistas y diputados suizos, rompe con el secreto bancario helvético. Algunos colectivos plantearon la posibilidad de someter a referéndum esta ley, práctica habitual en el país helvético, ya que da un giro de 180 grados a la política fiscal y bancaria suiza. Sin embargo, el plazo para presentar la consulta expiró sin que se hubiera planteado. Queda por dilucidar la retroactividad de la medida, que el Parlamento suizo ha discutido pero no avalado, de momento, y que puede ser soslayada según se realice la petición, por ejemplo, si se argumenta que ha habido movimientos en cuentas a partir de febrero de 2013. Algunos analistas opinan que es el fin del veto a las fishing expeditions, demandas orientadas sólo a la búsqueda preliminar de pruebas sin ningún indicio previo. Suiza también ha debatido si ofrecer ya todo tipo de información que se le demande y de momento no lo va a hacer, aunque a nadie se le escapa que estos procesos son imparables, y las barreras entre las distintas peticiones de información, difusas.

Además, la Confederación se ha mostrado dispuesta a entrar en FATCA y en el intercambio automático multilateral que propugna la OCDE. Berna estudiaba en el otoño de 2013 la posibilidad de dar datos de contribuyentes que procedan de un robo, siempre que el país que los demande no haya pagado por ellos. Si esta ley se aprobara, asuntos como el de las cuentas en HSBC Suiza que robó Hervé Falciani darían un giro copernicano. Pero el Consejo Federal tuvo que dar marcha atrás debido a las quejas de los partidos conservadores, del Tribunal Administrativo Federal y de las patronales.

«No obstante, con el fin de ajustarse a las normas de la OCDE y salir de la zona gris del grupo de países poco cooperativos, el Consejo Federal va a seguir adelante con la propuesta de autorizar excepciones a la obligación de notificar a los contribuyentes objeto de un procedimiento en un tercer estado», afirma el Gobierno suizo. Es decir, cae otro de los grandes bastiones de la banca helvética, que se prestará ahora a no alertar a clientes que estén siendo investigados por sus respectivos países de que son objeto de escrutinio.

«Si usted quiere ocultar activos, no venga a Suiza, váyase a otro sitio.» Así lo advierten ya desde el Ministerio de Hacienda helvético.

La asignatura pendiente de la Confederación es la integridad, demostrar que cumple los estándares internacionales y que es un socio serio en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en los cinco continentes. El Ejecutivo suizo asegura que el secreto bancario no ha impedido en el pasado a sus bancos aplicar filtros antiblanqueo a sus clientes. De hecho, está potenciando sus acciones para recuperar y repatriar el dinero que han robado a sus ciudadanos regímenes corruptos, iniciativa que persigue desde hace cerca de dos décadas. Suiza ya ha devuelto 684 millones de dólares al Estado de Filipinas, provenientes del saqueo del dictador Ferdinand Marcos, o 92 millones al Estado de Perú, que expolió el militar y político Vladimiro Montesinos. Estas prácticas de restitución de fondos ilícitos de las llamadas «personas con exposición política», o PEP (Politically Exposed Persons), se están empleando, después de la Primavera Árabe, en Túnez (60 millones congelados), Egipto (700 millones), Libia (10 millones) y Siria (130 millones). Hasta ahora, sólo se han congelado cuentas de dictadores depuestos o exiliados; no se ha actuado antes. Suiza prevé sancionar a los bancos que no abran expedientes a clientes sospechosos. Se trataría de multas pecuniarias que de momento no concreta, pero que nunca se acercarían a la cuantía de los activos.

Suiza es el caso más llamativo por tratarse del territorio favorito de las fortunas de todo el mundo para esconder activos, pero el vía crucis hacia la transparencia que está viviendo Berna lo están siguiendo quizá en menor medida, pero con un patrón similar, otros estados europeos considerados el sanctasanctórum de los capitales opacos: es el caso de Liechtenstein y Andorra. Liechtenstein tuvo que reaccionar al escándalo del robo de cuentas, mientras que Andorra ya ha suscrito acuerdos con Francia y España.

En Andorra, además, la búsqueda de un nuevo modelo de negocio basado en los servicios financieros sofisticados pero transparentes, y en el turismo, surgió con la victoria del partido socialdemócrata, que también ha impulsado una reforma fiscal que pretende atraer inversores y actividad económica. La Ley de Inversiones Extranjeras levanta la limitación para operar a las empresas con más del 50 por ciento de capital extranjero, y se liberaliza el ejercicio para profesionales —abogados, asesores fiscales— no nacionales, exigiéndoles como único requisito la residencia en el país. Es el fin de los prestanoms, como se conoce a los testaferros o intermediarios con que se ha sorteado la restricción a la inversión foránea. Además, Andorra ofrece un Impuesto sobre Sociedades del 12 por ciento y un IGI (IVA) del 4,5 por ciento.

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El destierro de Adán y Eva

Estados Unidos ha asumido el liderazgo de la lucha contra la evasión fiscal con toda claridad desde 2010, cuando decidió aplicar lo que había aprendido con el «caso UBS», y con el resto de filtraciones y robos de información fiscal opaca, y lanzó un proyecto que ha revolucionado el panorama de la fiscalidad internacional: se trata de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), que pretende tener un conocimiento total y automático de las cuentas bancarias de los estadounidenses en todo el mundo y exige a los bancos que informen a la Hacienda norteamericana de las cuentas y movimientos globales de sus ciudadanos. Es una norma que parece inspirada en la Directiva del ahorro de la Unión Europea, y que en un primer momento amenazaba con retenciones del 30 por ciento a los bancos que no la asumieran, pero que va mucho más lejos. De hecho, ya ni siquiera es necesaria esta amenaza porque todos los bancos quieren entrar en el proceso. Tiene un efecto multiplicador porque crea un proceso de adhesión y de intercambio en el resto de países, que acaba incluyendo a todos. De hecho, cinco estados europeos que se agrupan en el llamado «G-5» se han desmarcado con la creación de un FATCA propio. España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia han acordado desarrollar el modelo en la Unión Europea, según trasladaron al comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta. Reino Unido ha anunciado que dará información de las Islas del Canal (Jersey y Guernsey) y la Isla de Man. Estas islas se hallan entre los principales focos de baja tributación del mundo, en los que, por ejemplo, miembros de la familia Pujol tenían cuentas opacas, según ha informado El Mundo. Por su parte, Gibraltar ha anunciado su intención de sumarse a FATCA. La guerra sin cuartel contra la evasión fiscal que ha generado la crisis, recrudecida por los escándalos relacionados con cuentas opacas en algunos gobiernos —sobre todo, en Francia, Alemania y España—, ha llevado a estos países a lanzar un instrumento piloto para el intercambio multilateral, automático y estandarizado de información tributaria a partir de los datos de la banca. Este G-5 europeo aprovecha el marco que ya ha creado Estados Unidos con FATCA, que todos han firmado con Washington de forma bilateral y lo extienden a la Unión Europea con la intención de ir sumando miembros. De hecho, ya se ha invitado a Austria y a Luxemburgo a enrolarse y acabar con el secreto bancario que mantienen como estados con privilegios en la Directiva del ahorro. Viena y Luxemburgo han anunciado que en 2015 darán información. La misiva fundacional del G-5 destaca que «el proyecto piloto no sólo servirá para atrapar y disuadir a los evasores fiscales sino también de patrón para un más amplio acuerdo multilateral». Los cinco países valoran el plan de acción para combatir el fraude y la evasión fiscal anunciado el pasado diciembre por la Comisión Europea. Pero quieren más. Ya han atraído a cerca de 44 países y se han marcado un calendario de entrada en vigor en 2017 sobre cuentas de 2015. El proyecto europeo obligará a todos los bancos que operan en España a informar de las cuentas de ciudadanos de estos 44 países de forma automática. La Hacienda española recibirá la misma información.

Por su parte, la Unión Europea abogó en la cumbre del G-20 que se celebró en San Petersburgo, en septiembre de 2013, por la adopción de medidas firmes contra la evasión fiscal, para lo que puso en valor su proyecto de intercambio automático de información y, además, respaldó el plan de la OCDE contra la planificación fiscal agresiva de multinacionales. Durante la cita, los líderes del G-20 ratificaron un plan de acción contra la evasión fiscal de las multinacionales elaborado por la OCDE. El objetivo es erradicar las prácticas que permiten a tales empresas —en particular las del sector digital (Apple, Microsoft, Google o Amazon, entre otras)— evadir impuestos tanto en los países donde tienen sus sedes jurídicas como en aquellos donde radican sus centros de producción. «La crisis económica ha puesto de relieve aún más la necesidad de que todos paguen su justa parte de impuestos», indicó Bruselas.

La OCDE va desarrollando su plan de acción contra la erosión de bases y desvío de beneficios (el llamado BEPS, por sus siglas en inglés), que enumera quince acciones específicas necesarias con el fin de equipar a los gobiernos con instrumentos domésticos e internacionales para enfrentarse a este desafío. El plan reconoce la importancia de abordar la falta de fronteras de la economía digital y de desarrollar nuevos estándares para prevenir la doble no imposición, lo que requerirá más cooperación internacional, más transparencia, requerimientos de información y de datos. Para asegurar que las medidas se implanten rápidamente se desarrollará un instrumento multilateral que sustituya a los tratados bilaterales.

La OCDE explica que, en un mundo interconectado, las leyes fiscales nacionales no han podido seguir el ritmo de las multinacionales, del capital que fluye y de la economía digital, y han dejado lagunas que pueden ser explotadas por las compañías que evitan tributar en sus países de origen, llevándose la actividad fuera, a jurisdicciones de baja o nula tributación. Esta situación ataca a la justicia e integridad de los sistemas fiscales, subraya también la OCDE. El proyecto BEPS analiza hasta qué punto las reglas vigentes permiten que se trasladen beneficios gravables a otros lugares distintos de donde tiene lugar el negocio, y qué puede hacerse para cambiarlo. La mayoría de países han implementado leyes nacionales que permiten que los acuerdos a los que llegue la OCDE puedan aplicarse directamente en la esfera doméstica, es lo que se denomina soft law.

El plan tiene un calendario detallado que empezó en 2013 y se desarrolla a lo largo de 2014 y 2015, y consta de quince pasos, entre ellos, afrontar los desafíos de la economía digital (las empresas de ventas en internet); neutralizar los efectos de criterios no armonizados sobre híbridos (figuras con distinto tratamiento fiscal en cada país, lo que dificulta la tributación); limitar la erosión de bases a través de deducciones de intereses y otros pagos financieros (traslado artificial de un país a otro de pérdidas para no pagar impuestos); prevenir el abuso de los tratados para evitar la doble imposición (los que se hicieron hace décadas cuando el temor era el contrario, que las empresas internacionales tuvieran que pagar dos veces por lo mismo en un mundo no globalizado); asegurar que los resultados de precios de transferencia están alineados con la creación de valor en lo que tiene que ver con los intangibles (las ventas entre el mismo grupo de empresas, que a menudo persiguen ahorrarse impuestos, posibilidad más factible en el caso de empresas tecnológicas que no se venden bienes tangibles); requerir a los contribuyentes que muestren sus planes de planificación fiscal agresiva, y desarrollar un instrumento multilateral de intercambio de información.

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El talón de Aquiles de «los puros» anglosajones

Los paraísos fiscales no nacieron ayer. La gran mayoría tiene una larga historia. La lucha de Inglaterra contra el Imperio español, y la pujanza del Imperio británico en el siglo XIX, explican por qué la mayoría de estos territorios tienen relación con Reino Unido. Estas conexiones se han desarrollado más tarde entre Estados Unidos y paraísos del cercano Caribe. El propio Estados Unidos alberga en su corazón un estado considerado por muchos un paraíso fiscal, aunque técnicamente no lo sea: Delaware, que compite como foco de atracción de empresas por su baja tributación y su sofisticado sector financiero. Estas razones explican el hecho sorprendente de que Washington y Londres, dos de los gobiernos más virulentos en la lucha contra la evasión de impuestos y los paraísos fiscales, mantengan, respectivamente, el marco tributario de Delaware y Gibraltar. Estados Unidos y Reino Unido aprovechan las ventajas que reportan estos territorios, cuya opacidad y competencia desleal toleran. De hecho, Tax Justice Network sitúa a Estados Unidos en el número seis de su ránking de opacidad, lo que denomina Secrecy Ranking. Reino Unido no aparece como tal entre los quince primeros puestos, pero la institución subraya que el número de sus territorios asociados que figuran podrían colocarle a la cabeza de la lista. De hecho, Reino Unido tiene uno de los regímenes fiscales más potentes del mundo para atraer extranjeros: el de los no domiciliados, que permite casi no pagar impuestos en ningún sitio. Asesores fiscales cuentan que el fisco británico invita o sugiere a los non domiciled que reciban sus cobros en Jersey o Guernsey para no tener que tributar en Reino Unido.

La historia de Gibraltar es singular. Se trata del único resto del colonialismo inglés que queda en Europa, reducto de otra época que le toca sufrir a España, no por casualidad el enemigo acérrimo de la Pérfida Albión, de quien cogió el testigo para construir su imperio decimonónico. Londres se ha resistido a perder el Peñón por su simbolismo, por su posición estratégica privilegiada y por su atractivo fiscal. A diferencia de otros paraísos, el principal problema que tiene España con Gibraltar es político, conflicto que luego se rodea de desafíos medioambientales, militares, de contrabando, del juego y, sobre todo, fiscales y de evasión de capitales. La estrategia de España respecto al Peñón dificulta la labor de lucha contra el fraude, ya que Madrid se niega a negociar con Gibraltar si no está Londres, y Reino Unido tiene poco interés en tocar este asunto. Esta premisa está detrás de años perdidos sin que se trate el conflicto, que luego azuzan los respectivos gobiernos cuando les interesa, como ha hecho el Ejecutivo de Rajoy en el verano de 2013, en el que el enfrentamiento con Londres y el Peñón se utilizó como manera de ganar firmeza política cuando los datos económicos todavía no acompañaban.

«La aspiración de Gibraltar es ser como Mónaco, San Marino o Andorra, pero se olvidan de que hay una base militar. Gibraltar actúa contra España, a diferencia de Mónaco, que no hace lo propio con Francia, ni Andorra», asegura Ángel Liberal, capitán de navío y autor de un libro sobre el Peñón.⁴ Liberal enfatiza «el gran interés de Estados Unidos en la colonia». Considera que Gibraltar es un «paraíso multidimensional, además de fiscal, en cuestiones aeronáuticas, nucleares o medioambientales». Augura que «la presencia británica no está tan asegurada como pudo haberse considerado hace no muchos años» y sostiene que «los británicos no tienen por qué irse», para lo que pone el ejemplo de la base americana de Rota.

Al hilo del interés creciente de los estados contra la evasión de capitales, y cuando se lanzaba una Ley de Lucha contra el Fraude de gran dureza, en octubre de 2012 la Agencia Tributaria española creó un grupo de trabajo sobre Gibraltar con el objetivo de analizar la tributación de las operaciones realizadas con el Peñón, la constitución de entidades jurídicas tanto en Gibraltar como en España y los movimientos financieros vinculados a esas operaciones. La intención de la Instrucción de la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla es plantear de forma integral la situación existente para atajar las conductas asociadas al particular estatus de Gibraltar que perjudiquen los intereses económicos y presupuestarios de España y la Unión Europea. Frente a análisis anteriores —que se concentraban en estudiar el contrabando de tabaco, el régimen fiscal aplicable a los residentes en Gibraltar o la falta de intercambio de información—, se trata de ahondar en el origen del problema. En lo relativo a la fiscalidad, Hacienda ha informado de que quiere estudiar el modo de creación de las cerca de 24.000 sociedades establecidas en Gibraltar, el movimiento de capitales, la participación de despachos a ambos lados de la Verja o la forma de proceder en la constitución en España de sociedades participadas o administraciones por sujetos teóricamente residentes en Gibraltar, que son utilizadas para el registro de inmuebles y otros bienes en nuestro país, manteniendo la opacidad de sus verdaderos titulares y facilitando la transmisión sin conocimiento del Ministerio de Hacienda. Se pretende esclarecer las estructuras fiduciarias cuyos activos están formados por inmuebles situados en España, bienes de los que disfrutan presuntos residentes en Gibraltar con fuentes de rentas que la Agencia Tributaria desconoce. Estas estructuras fiduciarias tienen varios tipos y apenas pagan impuestos. En algunas se interponen sociedades pantalla de terceros países —generalmente, Reino Unido o Irlanda— como partícipes de la mercantil española, lo que les confiere mayor opacidad. Entre estas destacan los trust, uno de sus principales negocios, que administran despachos de abogados. Son sociedades imposibles de identificar, no dependen del Gobierno ni de los bancos, a lo que se une que los bufetes no están obligados a revelar quiénes son sus clientes. Los trust forman parte de la legislación británica como sociedades en las que uno o varios beneficiarios colocan activos de todo tipo con casi total libertad de movimientos y opacidad. Gibraltar tiene la suerte de poder utilizarlos.

Apenas existen declaraciones sobre movimientos de efectivo con Gibraltar por importe superior a los 10.000 euros. Los flujos financieros se limitan a transferencias bancarias, lo que incrementa las posibilidades de que las estructuras anteriormente enumeradas deriven en instrumentos de blanqueo de capitales. Esta situación contrasta con el control que ejerce Hacienda sobre el dinero en efectivo en España, cuyo uso se ha limitado a 2.500 euros desde octubre de 2012.

Por otra parte, el particular estatus de Gibraltar facilita que muchos residentes en su entorno se aprovechen de su residencia jurídica a efectos de exoneración de tributación. Sin embargo, al encontrarse establecidos en realidad en España, se benefician de los servicios públicos del Estado español, que no sufragan.

Una de las mayores preocupaciones de Hacienda respecto a Gibraltar es el contrabando de tabaco. De 2009 a 2011 las exportaciones de tabaco desde la Aduana de La Línea de la Concepción hasta Gibraltar se han duplicado, con consecuencias para los ingresos comunitarios —exención o devolución de IVA e Impuestos Especiales— y convirtiendo el stock de cajetillas exportadas en una fuente de riesgo más que cierta en la lucha contra el contrabando de tabaco. Resulta imposible que tales operaciones obedezcan al abastecimiento de menos de 30.000 habitantes. En octubre de 2013, Hacienda endureció las multas por contrabando de tabaco.

Otra de las prácticas que inciden sobre la economía de las zonas adyacentes son las actividades de avituallamiento de barcos (bunkering) efectuadas en el puerto de Gibraltar. Aunque esta actividad está exenta de tributación indirecta en España, resulta evidente la ventaja competitiva en precios que Gibraltar ofrece.

Las entidades que tributan en Gibraltar sólo lo hacen por las rentas de las empresas y trust que hayan sido obtenidas en el Peñón. No se exige presencia económica, ni actividad real para que una sociedad sea considerada residente. Además, las sociedades que no obtengan ingresos en Gibraltar no tienen que presentar declaración. Gibraltar ha visto cómo la Unión Europea anula su sistema fiscal, considerado como una ventaja desleal. Si bien la OCDE lo cataloga como paraíso cooperante, el Gobierno español ha solicitado que sea devuelto a la lista de no cooperantes. Para la Hacienda española sigue inaccesible, a la espera de ver lo que da de sí el que se haya sumado al proyecto europeo de intercambio automático de información. El Peñón realizó una reforma por la que, desde el 1 de enero de 2011, todas las sociedades empezaron a tributar al 10 por ciento, régimen que España denunció a la Comisión Europea en 2012, que ha abierto una investigación al sospechar que puede estar infringiendo las normas comunitarias de ayudas de Estado. El nuevo régimen reduce del 22 por ciento al 10 por ciento el Impuesto sobre Sociedades y, según el Gobierno español, beneficia a las empresas que registran su domicilio fiscal en la colonia pero desarrollan su actividad en España. Bruselas ya declaró ilegal en 2004 el anterior Impuesto sobre Sociedades de Gibraltar. En 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la decisión y señaló que el Peñón concedía ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, sin trabajadores ni locales en Gibraltar, que quedaban exentas del impuesto.

Además, Gibraltar es un foco de atracción para empresas de juego online que establecen allí su residencia fiscal. La mayoría son de Reino Unido —cuyas compañías también explotan a Malta con los mismos objetivos—. Si pierde sus ventajas fiscales, Gibraltar tiene poco que ofrecer a sus habitantes, además de la base militar, lo que lleva a las autoridades del Peñón a enfatizar que se les aplica la legislación financiera de la Unión Europea y que aspiran a convertirse en un centro financiero cotizado. Para diferenciarlo de Andorra, el otro paraíso que flanquea a España, muchos fiscalistas recuerdan que Luxemburgo se sirve de Gibraltar para sus estructuras internacionales, pero las multinacionales no utilizan Andorra. Es decir, el Principado tiene un perfil más burgués y de refugio de ahorradores. Y parecida «comprensión» a la que tienen Estados Unidos y Reino Unido con Delaware y Gibraltar, respectivamente, la ha tenido Francia con Andorra, de la que el presidente de la República es copríncipe. Presionada por los nuevos tiempos, Andorra, al igual que Suiza, ha ido levantando el secreto bancario y trata de reinventarse como centro financiero y turístico, para lo que ha firmado convenios con Francia y España para evitar la doble imposición. Pero también ha notado la crisis y ha visto cómo acudían a sus bancos los españoles que no han regularizado sus capitales ocultos en la amnistía fiscal y están siendo expulsados por la banca suiza.

Estados Unidos ha tenido una relación cercana con paraísos fiscales del Caribe, pero alberga su propio territorio de baja tributación colindante con paraíso fiscal en la Costa Este: Delaware, un gran centro financiero. Más de 200.000 empresas tienen su sede en dicho estado. Esto sucede gracias a las leyes estatales que conceden beneficios fiscales a las compañías que deciden instalar sus sedes allí, y que atraen incluso a muchas que operan principalmente fuera de él, lo que le ha valido el apodo de «País de las Compras Libres de Impuestos» (en inglés, The Land of Free-Tax Shopping).

El sector servicios es el más importante de Delaware, y supone un 79 por ciento del PIB. Los servicios financieros e inmobiliarios emplean a cerca de 70.000 personas. Cabe señalar que Delaware tiene poco más de 800.000 habitantes. Los atractivos de este estado son patentes para las empresas españolas. Una de cada cuatro sociedades creadas por las empresas del Ibex 35 en zonas offshore tiene allí su sede social, una cifra que se ha duplicado en dos años. El 94 por ciento de las compañías que componen el índice tenían en 2011 sociedades participadas que operaban en paraísos fiscales, según el estudio que elabora el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En total, las compañías del Ibex tenían 437 empresas radicadas en alguna zona considerada paraíso fiscal, un 23 por ciento más que un año antes y un 60 por ciento más que en 2009. De ellas, 115 sociedades tenían su domicilio social en Delaware, que supera a países como los Países Bajos (donde están radicadas 85 firmas), Luxemburgo (30), Irlanda (29) o Suiza (24).

La acumulación de empresas con la misma dirección llama la atención. De las 115 sociedades radicadas en Delaware, el 70 por ciento (80 compañías, pertenecientes a nueve empresas del Ibex 35) comparten dos direcciones postales en la ciudad de Wilmington, que cuenta con 70.000 habitantes: el 1209 de Orange Street y el 2711 de Centreville Road Suite 400. En la primera, donde según The New York Times tienen su sede 65.000 empresas, están domiciliadas 45 sociedades participadas por compañías del Ibex: 17 de ellas corresponden al Santander, 14 a ACS, cinco al BBVA, cuatro a Repsol, tres a Iberdrola, una a Abengoa y otra a OHL. En la segunda, figuran 35 entidades participadas por grupos del Ibex, incluidas diez de Abertis, ocho del Santander, ocho de ACS, cinco de Repsol, tres de Abengoa y una de Amadeus. Las empresas con mayor presencia en paraísos fiscales, a través de sociedades dependientes y participadas con domicilio en estos emplazamientos, fueron Banco Santander (72), ACS (71), BBVA (43) y Repsol YPF (43). Las únicas dos empresas del Ibex que no figuran en el listado de empresas presentes en paraísos fiscales son Indra y Sacyr Vallehermoso. Ambas, si bien reportan que cuentan con numerosas empresas en paraísos fiscales, en todos los casos informan que su actividad está relacionada directamente con su operativa de negocio en dichos países.

El uso que las grandes empresas hacen de los paraísos fiscales pasa a veces inadvertido, pero en ocasiones genera escándalos como el de las cuentas en Jersey del BBVA, que causó la dimisión de Emilio Ybarra como copresidente del banco en 2002. A propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el entonces vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, multó a BBVA con dos millones de euros por haber omitido datos en sus cuentas anuales relativos al dinero que estaba depositando Ybarra en Jersey como fondo de pensiones de los consejeros de BBV para compensar la caída de sus retribuciones por la fusión con Argentaria.

Otro de los aspectos donde los luchadores contra los paraísos relajan sus criterios es en la atracción de capitales e inversores. España, al igual que el resto de países de nuestro entorno, tiene un tratamiento fiscal inmejorable de la inversión en deuda pública, por cuanto no grava ni rentas ni plusvalías, aunque no siempre ha sido así. Sin embargo, en lo que a renta variable respecta, al contrario que Francia, Alemania o Reino Unido, España tiene un tratamiento fiscal anticompetitivo para las inversiones procedentes de paraísos fiscales. Si a un inversor en las Islas Caimán, o un hedge fund con domicilio en Estados Unidos con partícipes internacionales mezclados —fondos soberanos, fondos de pensiones de Estados Unidos e inversores en paraísos fiscales, etc.—, se le ocurriera comprar y vender varias veces acciones de Telefónica en un mismo ejercicio, directamente a través de un intermediario residente en España, éste se vería obligado a retenerle un 21 por ciento por las ganancias que obtuviera en cada operación, sin posibilidad de que el inversor pueda compensar plusvalías con minusvalías en el ejercicio, como es el caso para los residentes. Pues bien, si ese mismo inversor realiza las mismas operaciones en British Telecom en Reino Unido, France Telecom en Francia y Deutsche Telecom en Alemania no tendría retención alguna sobre las plusvalías y se le permitiría compensarlas con minusvalías. No sólo se penalizan las plusvalías sino, igualmente, los dividendos que perciban los inversores en renta variable desde un paraíso fiscal mientras ostenten la condición de socio. Los hedge funds en paraísos fiscales mueven anualmente en inversiones en renta variable en Europa del orden de 12 billones de euros, de los que España pierde una porción, dado que las empresas españolas están por lo general devaluadas y por tanto serían una inversión atractiva, pero la regulación fiscal los disuade de invertir en nuestro país.

Esto en lo que se refiere a renta variable porque, en lo relativo a la renta fija, la historia española es muy diferente. El texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes decía en su primera redacción de 5 de marzo de 2004 que la exención de la que gozan estos productos no se aplicaba a las rentas satisfechas por el Tesoro si su obtención se realizaba a través de un paraíso fiscal. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero eliminó esta prohibición el 21 de abril de 2008 en un real decreto-ley. Pero fue más lejos e impidió incluso que la Agencia Tributaria tuviera conocimiento de la identidad de esos inversores.

España conserva figuras que a ojos de otros países suponen una ventaja desleal: es el caso de las ETVE, que creó Aznar en 1995 para potenciar la inversión extranjera y por las que Brasil incluyó a España en su lista de paraísos fiscales.

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La globalización fiscal

La cadena de cafés Starbucks nació en Seattle, una ciudad que es cuna de proyectos innovadores en el «lejano noroeste» de Estados Unidos, un mundo aparte de California, el tradicional centro de influencia de la Costa Oeste norteamericana. Starbucks es una de las mayores multinacionales del mundo, con una facturación de 1.700 millones de dólares, y está presente en 62 países, lo que no le ha coartado para ser una empresa con grandes inquietudes sociales, que se enorgullece de comprar el café a proveedores de comercio justo. Pero todas estas preocupaciones por la justicia social no le impiden ser una de las compañías que menos impuestos pagan en el mundo. Por este motivo, Starbucks ha comparecido ante el Parlamento británico junto con otras multinacionales estadounidenses. Allí, Troy Alstead, director financiero de Starbucks UK, se mostró contrito y adquirió una serie de compromisos.

¿Por qué una empresa preocupada por la sociedad apenas paga impuestos? La conciencia social es todavía endeble en lo que respecta al pago de impuestos, incluso la de quienes no quieren defraudar. Si usted va a hacer la declaración de la renta y tiene unos ingresos y unas propiedades de tipo medio, intentará pagar lo mínimo, aprovechar todas las deducciones y exenciones que pueda aplicarse. Lo mismo hacen las multinacionales. La diferencia es que sus posibilidades de evitar el pago de impuestos se multiplican al infinito, ya que se aprovechan de que los sistemas fiscales de los países de todo el mundo no están preparados para hacerles tributar al máximo en sus respectivos territorios. A esto se suma que algunos estados fomentan las fórmulas para no pagar a cambio de que estas empresas se localicen en su territorio. Y con estas oportunidades juegan sus sofisticados asesores fiscales, maestros en el arte de explorar todos los resquicios legales para que sus clientes paguen lo mínimo a la Hacienda de cada país sin llegar a cruzar las líneas rojas del fraude fiscal. Hervé Falciani no lo duda: «El mayor peligro para la transparencia y el control de capitales son las multinacionales como Apple, que consiguen presionar a los gobiernos para crear leyes a su medida». La clave para entender este descontrol, controlado por unos pocos, es la globalización e internet, entiende Falciani. Siempre ha habido multinacionales, y las empresas siempre han intentado pagar los menos impuestos posibles, pero hasta el año 2000 estaban mucho más controladas; a veces, incluso, demasiado. No hace tanto tiempo que la principal preocupación de los gobiernos, en lo que respecta a la fiscalidad de las multinacionales, era la doble imposición, es decir, defender a sus empresas de otros estados que pretendían gravarlas dos veces y defenderse de otros países que intentaban que sus propias empresas no pagaran, a la vez que procuraban que las empresas extranjeras no abandonaran el país abrumadas por los impuestos.

La OCDE cree que hay multinacionales que ahora «abusan» de las normas tributarias internacionales. Estas leyes, «que en muchos casos datan de los años veinte del siglo pasado, permiten a las compañías no pagar impuestos en dos países, es decir, la doble imposición… Esto es loable, pero desafortunadamente, están siendo usadas indebidamente para permitir la doble no imposición, a lo que hay que poner remedio para que se paguen impuestos donde corresponden», asegura Ángel Gurría, secretario general de la OCDE. Es decir, se ha pasado de pagar dos veces por lo mismo a no pagar nada en ningún sitio. Así, la globalización de los negocios y el desarrollo de la competitividad de las naciones para atraer inversión han llevado a que ahora el desvelo más importante sea la «imposición cero» que logran las multinacionales al erosionar sus bases y trasladar sus beneficios a otras jurisdicciones. Este cambio de paradigma lleva a perder miles de millones a las arcas públicas cuando más necesitadas están de ingresos.

Directivos de Starbucks, Amazon y Google fueron interrogados en noviembre de 2012 por la Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento británico después de que Reuters revelara que Starbucks sólo había pagado 8,6 millones de libras (10,75 millones de euros) en concepto de Impuesto sobre Sociedades en catorce años de actividad en Reino Unido, período en el que facturó en torno a 3.750 millones de euros a sus clientes. El Gobierno británico ha lanzado una ofensiva contra las multinacionales que apenas pagan impuestos en Reino Unido utilizando tácticas que el Parlamento califica como «inmorales». George Osborne, ministro del Tesoro, anunció que iba a reforzar el equipo de inspectores fiscales que analiza las grandes compañías con el objetivo de aumentar la recaudación en unos 5.000 millones de libras (6.200 millones de euros) anuales. Como primer paso, la Hacienda británica abrió una investigación de las declaraciones de impuestos de Google entre 2005 y 2011. Este grupo tecnológico estadounidense ingresó casi 400 millones de libras por su negocio en Reino Unido en 2011, pero sólo pagó seis millones de libras al fisco británico. Google reduce su carga fiscal en suelo británico, y otros países como España, porque su filial irlandesa se encarga de facturar a la mayor parte de los clientes europeos. En Irlanda, el Impuesto sobre Sociedades es del 12,5 por ciento, frente al 23 por ciento de Reino Unido o al 30 por ciento de España. De hecho, la única condición que Irlanda se negó a cumplir en el rescate bancario que le ofreció la Unión Europea en 2010 fue la de subir su tipo de Sociedades. Y a pesar de las draconianas exigencias que conlleva el rescate, consiguió mantener su tipo del 12,5 por ciento, clave para la economía nacional.

Buena parte de la caja de las grandes tecnológicas está fuera de Estados Unidos, con lo que no pagan el 35 por ciento que exige su Impuesto sobre Sociedades, el más elevado de la OCDE. Y para no tributar en países con una carga impositiva alta o media y trasladar los beneficios a paraísos fiscales, utilizan dos estructuras conocidas como el «doble irlandés» y el «sándwich holandés».

Tomando a Google como ejemplo, el «doble irlandés» empieza con la creación por parte de la matriz en Estados Unidos de dos empresas irlandesas. La primera, Google Ireland Holdings, es una empresa irlandesa con sede en Bermudas, que adquiere a la matriz en Estados Unidos los derechos internacionales de la propiedad intelectual de Google, y a la que el resto de filiales de Google deben pagar por el uso de la patente, y sin que ella pague impuestos en Estados Unidos salvo que transfiera los beneficios. Esta empresa irlandesa se considera no residente en Irlanda. También se crea otra empresa irlandesa, con sede en Irlanda, denominada Google Ireland Limited, que soporta todos los costes de la operativa en el extranjero, y se dedica a vender la publicidad al resto de países. Como la venta de publicidad es un servicio que se considera prestado en Irlanda, todos los ingresos generados en el resto del mundo por Google van a la sociedad con sede en Irlanda. Pero la empresa irlandesa apenas paga impuestos en Irlanda porque debe pagar royalties multimillonarios a la empresa irlandesa residente en Bermudas, con lo que se deduce estos pagos del impuesto a pagar en Irlanda. Lo poco que queda recibe una imposición en Irlanda del 12,5 por ciento, mientras que los beneficios en Bermudas se gravan al 3,2 por ciento.

El pago de royalties a un no residente se grava en Irlanda con una retención del 20 por ciento, pero Google se lo evita con el «sándwich holandés»: aprovecha que la ley irlandesa permite que el pago de royalties o fees esté exento si se pagan a otra empresa de la Unión Europea, con lo que crea una sociedad en los Países Bajos, Google Netherlands Holdings B. V., con cero empleados, que le cobra los royalties por utilizar la propiedad intelectual a Google Ireland Limited, pago que esta última se deduce en Irlanda, y después de un mínimo pago en los Países Bajos transfiere el 99 por ciento de lo que recibe a Google Ireland Holdings, en Bermudas. La ley irlandesa permite que una sociedad irlandesa tenga su domicilio fiscal donde esté ubicada la sociedad que ejerce el control, y no donde se desarrolle la actividad, por lo que los beneficios obtenidos por la sociedad irlandesa en Bermudas no tienen que pagar impuestos en Irlanda.

Google se ahorró cerca de 2.000 millones de dólares (1.550 millones de euros) en impuestos en 2011, tras haber transferido 9.800 millones de dólares (7.600 millones de euros) de ingresos obtenidos en todo el mundo a la filial radicada en Bermudas. El importe de los ingresos facturados por esa compañía en Bermudas equivalió a casi el 80 por ciento del resultado bruto que obtuvo Google en 2011, según datos de la firma recogidos por Bloomberg. Esos 9.800 millones de dólares casi duplicaron los ingresos desviados por Google a Bermudas en los tres años precedentes.

Matt Brittin, responsable de Google en el norte de Europa, admitió en el Parlamento británico que el negocio europeo opera desde Irlanda porque el Impuesto sobre Sociedades es el más favorable y los derechos de propiedad intelectual de la compañía fuera de Estados Unidos están en Bermudas también por razones fiscales. Brittin defendió la legalidad de esas actuaciones, a lo que la presidenta de la comisión, Margaret Hodge, le respondió: «No le estamos acusando de actuar de forma ilegal, sino de ser inmoral».

Las empresas tecnológicas alegan que su sistema operativo, sus intangibles o know-how —el buscador o la base de datos de una red social, por ejemplo— están en Irlanda. El «doble irlandés» también lo utilizan Apple, Facebook, Starbucks, Microsoft, LinkedIn, Twitter, General Electric o Yahoo, entre otras, aunque varía el paraíso fiscal que usa cada una de ellas —Islas Caimán, en el caso de Facebook; la Isla de Man, en el de LinkedIn, etc.—. Apple, como veremos más adelante, utiliza una fórmula propia, más antigua y, aun así, más sofisticada. El aumento de la facturación —y los beneficios— transferida a estos paraísos ha elevado la indignación de los países europeos, Australia y Estados Unidos, que diseñan medidas para que Google, Facebook, Apple o Starbucks paguen las tasas en cada país en función de los ingresos que generan en él. Prácticas como las de Google son legales, pero Bruselas las tacha de «escandalosas». «El abuso de resquicios legales por parte de multinacionales para eludir el pago de impuestos constituye una gran preocupación con la que se quiere acabar», ha alertado la Comisión Europea.

Según la OCDE, los gigantes de la tecnología como Google, Apple, Microsoft o Facebook pagan, de media, entre un 1 por ciento y un 1,5 por ciento de impuestos en todo el mundo. Por su parte, la Comisión Europea ha cifrado en un billón de euros el coste para las arcas públicas de la evasión y la elusión fiscal en la Unión Europea, y trabaja en modificar la Directiva para evitar lo que considera prácticas abusivas por parte de las compañías.

La Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento británico ha atacado con dureza estas tácticas: «No estamos convencidos de que su actuación, siguiendo la letra de las leyes fiscales nacionales e internacionales para pagar menos impuestos de manera inmoral, sea defendible». Sin embargo, Westminster tuvo que admitir que cumplían la ley. Como respuesta a estas críticas y a algunas llamadas al boicot de sus cafeterías, Starbucks dijo que va a revisar su estrategia fiscal en Reino Unido, y ha aceptado finalmente pagar un mayor Impuesto sobre Sociedades, renunciando a una serie de deducciones que legalmente le corresponderían, «independientemente de si la empresa es rentable o no en estos años», según Kris Engskov, director de Starbucks en Reino Unido, que asegura que sus márgenes en este país son ajustados. De hecho, Starbucks ha anunciado que traslada su sede de los Países Bajos a Reino Unido aunque perderá dinero. Pero impedir estas estrategias a nivel europeo es complicado, porque existe un mercado único pero con impuestos distintos en cada país. Y las empresas no van a ayudar. Nigel Green, consejero delegado de la consultora deVere Group, advierte de que «si el consejo de una empresa no mitiga la carga fiscal, estaría incumpliendo su obligación», en un blog donde defiende el derecho de las multinacionales a pagar los menores impuestos posibles para ser más competitivas según les permite la ley, por lo que tacha a los parlamentarios británicos de hipócritas y les insta a, en todo caso, cambiar la ley.⁵

Estas facturas fiscales ridículas se consiguen también mediante la generación de pérdidas a través de transmisiones de valores intragrupo, es decir, la alteración de los precios de los productos en las ventas entre filiales para reducir las ganancias en aquellos países donde el Impuesto sobre Sociedades es mayor, y así tributar menos o, si se consigue presentar pérdidas, no tributar nada. La Unión Europea ha instado por primera vez a limitar la aplicación de cláusulas para evitar la doble imposición, una novedad que supone el reverso de lo que se perseguía antes de la globalización. Sólo en caso de que una renta haya sido efectivamente gravada se siguen teniendo en cuenta.

Estados Unidos comparte la preocupación de la Unión Europea. «Apple es uno de los mayores evasores de impuestos de Estados Unidos.» Ésta es la acusación que lanzó el Senado norteamericano en mayo de 2013 al mayor grupo tecnológico, en lo que supone el ataque más duro contra la fiscalidad de una multinacional.⁶ Según la Cámara Alta, Apple usa una «red compleja» de filiales en el extranjero sin empleados ni oficinas físicas que, dirigidas por la cúpula de Cupertino (California), permite no pagar impuestos en ningún país. La empresa nació en 1977 y fue la pionera entre las multinacionales en idear un sistema para no pagar impuestos en todo el mundo, pero con un modelo mucho más refinado. El genio visionario de Steve Jobs también dejó mella en la planificación fiscal. Ya en 1980 creó Apple Operations International, una sociedad offshore no residente en ningún país. El Senado identifica tres subsidiarias con sede social en Irlanda, que también datan de 1980, por lo que Apple creó el «doble irlandés». Una de ellas, Apple Sales International, que tampoco tiene residencia fiscal en ningún país, compra los productos a una manufacturera en China y luego los revende y se queda los beneficios. Según desveló Apple, la multinacional tiene un acuerdo con el Gobierno irlandés para rebajar considerablemente la parte que le tocaría tributar en Irlanda, con lo que su tipo efectivo entre 2009 y 2011 ha sido del 0,06 por ciento. El problema es que esas filiales tampoco tributan en Estados Unidos por no tener allí la sede social. Estas compañías offshore radicadas en Irlanda tienen los derechos de la propiedad intelectual y reciben beneficios y costes que la matriz genera en California. Mediante un acuerdo para compartir gastos con la matriz y la práctica de precios de transferencia, le rebajan su factura fiscal en Estados Unidos. Esto supone el «Santo Grial de la evasión fiscal», concluye el Senado. El documento que ha elaborado indica que gracias a este esquema sin «precedentes» la firma evitó tributar por ganancias de al menos 74.000 millones de dólares (57.500 millones de euros) entre 2009 y 2012. Según los senadores, tendría que haber pagado por ello impuestos por un valor de 25 millones de dólares diarios. Para la Cámara es una práctica «cuestionable» e «inaceptable». Pero también legal. El modus operandi es común a otras multinacionales, pero Apple se ha convertido en la representante de la red de empresas «antipatriotas», como llaman los demócratas y otros políticos concienciados con el problema a quienes aprovechan los recovecos de la legislación de Estados Unidos para no contribuir al país. La respuesta de Apple a los senadores puede leerse en el capítulo 10.

Junto a Apple están el resto de las tecnológicas y muchas otras multinacionales. Sólo Apple, Microsoft, General Electric y Google tienen más de 240.0000 millones de dólares (186.000 millones de euros) en efectivo fuera de Estados Unidos, que representa el 80 por ciento de su tesorería total, un cálculo realizado a partir de los informes de la Comisión del Mercado de Valores (SEC). El Senado calcula que las multinacionales de Estados Unidos tienen ahora más de 1,6 billones de dólares en efectivo «invertido permanentemente en el extranjero» (el 60 por ciento del total). Con esta generosa tesorería en el extranjero, las empresas logran reducir hasta el mínimo el tipo efectivo, lo que realmente pagan del Impuesto sobre Sociedades en Estados Unidos. Para ello, se aprovechan de las lagunas de la legislación, que permiten que las multinacionales con sede en Estados Unidos no paguen impuestos al Tesoro norteamericano por las ganancias en el extranjero, siempre que ese dinero no vuelva al país. Además, las compañías pueden no reconocer gastos fiscales si los directivos siguen reinvirtiendo las ganancias «indefinidamente» fuera de Estados Unidos, una fórmula que alentó Steve Jobs. Tanto es así que, cuando murió Jobs en 2011, la empresa decidió cambiar esta política y pagar un dividendo acorde con sus multimillonarios beneficios. Y con tal de no pagar impuestos mediante la repatriación de dividendos, prefirió endeudarse con un préstamo de 17.000 millones de dólares.

Tras las puntocom (que acumulan el 38 por ciento de la tesorería total de multinacionales estadounidenses en el extranjero), emplean estas prácticas empresas farmacéuticas (14 por ciento del total), de ventas minoristas (9 por ciento), energéticas (8 por ciento) y del automóvil (5 por ciento), según Moody‘s.

En España, las multinacionales tecnológicas como Google, Facebook o Apple dejan de tributar cerca de 1.000 millones al año, según calculan fiscalistas conocedores del sector. Para combatir la planificación fiscal agresiva, el Gobierno español ha creado la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), que echó a andar el 1 de abril de 2013. Además de la ONFI, Hacienda ha lanzado una serie de reformas: la limitación de la deducibilidad de gastos financieros —por la que se topa el endeudamiento que puede asumir una empresa con el fin de pagar menos impuestos—, la reducción a la posibilidad de compensar bases imponibles negativas —de restar años de pérdidas a ejercicios en beneficios y así reducir la factura fiscal— y otros recortes a las bonificaciones que el Impuesto sobre Sociedades español ofrecía a las multinacionales. En el punto de mira de este «gendarme» fiscal de las multinacionales están las cuentas de las tecnológicas: Google Spain declaró en 2012, por tercer año consecutivo, pérdidas netas. Los números rojos ascendían a 1,4 millones. Por este motivo, Hacienda le devolvió 108.000 euros. Desde Dublín comercializa sus servicios, principalmente de publicidad online, mientras que las filiales facturan exclusivamente como intermediarias. En su cuenta de resultados, Google Spain habla de ingresos por «servicios comerciales y de soporte». Las firmas de análisis calculan que Google domina cerca del 90 por ciento del mercado español de publicidad en buscadores, un negocio que, según Infoadex, generó 462,5 millones en 2012. A esto habría que sumar los ingresos obtenidos por publicidad online gráfica. En total, se estima que España supone un negocio de más de 500 millones de euros para el grupo.

Por su parte, Apple opera en España a través de dos sociedades, Apple Retail Spain y Apple Marketing Iberia. Entre ambas facturó 162 millones de euros en 2012, con unas pérdidas de 11,68 millones. Microsoft, con una cuota de mercado cercana al 90 por ciento en el negocio de sistemas operativos para PC, declaró unos ingresos de 159,85 millones de euros en 2012, con un beneficio neto de 9,5 millones. Pagó unos seis millones de euros en impuestos.

Según la información remitida al Registro Mercantil, los ingresos de Facebook en España ascendieron en 2012 a 2,08 millones de euros, con un resultado neto de 105.000 euros. La compañía pagó unos 50.000 euros en impuestos. El mayor gasto de Facebook en España, de 1,24 millones de euros, corresponde a personal. En 2012 empleaba a nueve o diez personas. Desde el sector afirman que la filial —que inició su actividad en 2010— habría ralentizado su plan de crecimiento, inicialmente muy ambicioso, ante la incierta evolución de la economía española. Aun así, consideran que la facturación real de Facebook en el país es «muy superior, probablemente, de ocho ceros». Las cifras oficiales no se corresponden, en cualquier caso, con el peso de la filial por número de usuarios. Más de 18 millones de españoles tienen una cuenta en Facebook, lo que supone aproximadamente el 1,5 por ciento de los más de 1.155 millones de usuarios únicos que tiene en todo el mundo. Los ingresos declarados en el Registro Mercantil, sin embargo, apenas equivalen al 0,04 por ciento de su facturación global. Desde la capital irlandesa, Facebook comercializa sus servicios de publicidad online, mientras que las filiales facturan exclusivamente como intermediarias. En el Registro Mercantil, Facebook Spain se declara como una empresa de «prestación de servicios de publicidad y márketing en internet». Su estructura es similar a la de Google. Amazon Spain Services declaró una facturación de 64 millones de euros en 2012, con un resultado de explotación negativo en 15 millones y unas pérdidas antes de impuestos de 31,19 millones, que Hacienda compensó en parte. Los números rojos fueron de 23,61 millones.

Pero los problemas de la Hacienda española con las multinacionales no los copan sólo las grandes tecnológicas. La multinacional Praxair confesó en 2011 que defraudó al fisco español 146 millones durante años, según informó El País.⁷ Praxair es un gigante estadounidense con más de 26.000 empleados, y un valor en Bolsa de 28.000 millones de dólares (unos 20.500 millones de euros), que se dedica a la venta industrial de gases como oxígeno, nitrógeno, helio o argón en 40 países. En España, parte de su rentabilidad provino de defraudar a Hacienda, según los hechos confesados por un responsable financiero y por el director del departamento fiscal. Los ejecutivos españoles de Praxair, autores de trece delitos fiscales por un total de 146 millones de euros, y de un delito continuado de falsedad, no fueron a la cárcel tras un pacto con el fiscal y el abogado del Estado por el que la compañía acordó pagar a Hacienda 264 millones. Con ese pago y la asunción de culpa, la empresa, además, consiguió que la Audiencia Nacional dejara de investigar a su cúpula de Estados Unidos. Los dos cargos intermedios asumieron toda la culpa, pese a que el fraude se cometió con complejas operaciones de ingeniería financiera por importe de cientos de millones de euros que implicaron a múltiples sociedades de varios países. Entre 2001 y 2003 los delitos se cometieron a través de las sociedades Praxair España, Praxair Ibérica y Oximesa, entre otras. Según explica la sentencia, para defraudar a Hacienda las sociedades con más beneficios transmitían participaciones a otras que reducían capital mediante amortización de las acciones propias. A partir de esas operaciones, las empresas realizaban sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades acogiéndose a la normativa para evitar la doble imposición con una doble irregularidad: aunque no se había producido la primera tributación de los beneficios, aplicaban dos veces la deducción. Por esa vía, las sociedades defraudaron entre 2001 y 2003 una cuota de 62 millones, y hasta se apuntaron falsos créditos fiscales por 34 millones. En 2004 el grupo pasó a tributar consolidadamente a través de Praxair Euroholding, pero siguió delinquiendo. Según la sentencia, la cuota defraudada en 2004 y 2005 fue de 84 millones. Praxair continuó esos años «con la estrategia de ocultación de beneficios y creación artificiosa de gastos y pérdidas para no tributar de acuerdo con sus beneficios reales», según la Audiencia. La implicación de sociedades de Luxemburgo, Canadá, Suiza, Italia y hasta de la matriz de Estados Unidos llevó a la Audiencia Nacional a investigar a la cúpula de la empresa, puesto que no estaba en manos del director fiscal o de un financiero de la filial española decidir tales operaciones multimillonarias.

Sin embargo, España combina esta lucha contra la evasión de impuestos con el potente incentivo para no pagar que supone el régimen de las ETVE que ya hemos mencionado, lo que muestra que las políticas de los gobiernos son todavía algo esquizofrénicas en lo que se refiere a la tributación de las multinacionales. Cada país lucha por dotarse de los instrumentos necesarios para que los grandes capitales extranjeros se sientan lo más cómodos posible. Las ETVE permiten desde 1996 que el capital que viene a España desde el extranjero no tribute ni a la entrada ni a la salida. Plusvalías, beneficios y dividendos no pagan, ni tampoco el reparto de beneficios a sus socios. Tan beneficiosa es la ETVE que se puede dar el caso de que una sociedad que no paga impuestos consiga deducciones si sufre pérdidas. A cambio, estas sociedades deben invertir en España aunque sólo cuenten con un directivo en nuestro país. Gracias a esta figura, buena parte de los capitales que figuran como inversiones extranjeras en la práctica son dinero de paso. Según ha ilustrado Financial Times,⁸ la mayoría de las ETVE tiene como mucho una pequeña sede, a lo más un despacho, y un solo empleado. Y, a veces, ni eso.

Las multinacionales incurren, en general, en lo que se denomina «planificación fiscal agresiva», por la cual aprovechan al máximo el marco legal para no pagar impuestos pero sin llegar a cruzar las líneas rojas del delito. A estas empresas les gusta subrayar que se limitan a cumplir la ley, y aseguran que si los gobiernos la cambian en su contra, seguirán cumpliéndola. Así lo declara María Garaña, presidenta de Microsoft España, que en el 25 aniversario de la compañía en nuestro país, en marzo de 2014, acompañada del ministro de Industria, José Manuel Soria, no mencionó el pago de más impuestos al ser preguntada qué puede hacer la empresa por España. Respecto a los impuestos, ha dicho en una entrevista:⁹ «Estamos encantados de que Europa cambie el marco legislativo. En cuanto lo haga, nos adaptaremos y, si es necesario tributar en España, lo haremos. Particularmente, desde Microsoft España pensamos que ojalá lo hiciese mañana. No me gusta nada ver el nombre de Microsoft cuando se habla de estos temas. Lo que sucede es que actualmente existe un sistema aceptado al que lógicamente las compañías del sector nos hemos adaptado. Nosotros cumplimos escrupulosamente con la ley en materia fiscal».

El debate sobre el marco legal y sobre las consecuencias de tener un tipo en el Impuesto sobre Sociedades muy alto está muy presente en Estados Unidos. Los norteamericanos quedaron impactados al enterarse de que General Electric (GE), una de las empresas más grandes del país, no pagó impuestos en 2010, según reveló The New York Times.¹⁰ Porque, además, el presidente de GE, Jeffrey Immelt, fue propuesto por Barack Obama para encabezar su Consejo para el Empleo y la Competitividad. «Pagamos lo que debemos pagar», afirmó John Krenicki, uno de los vicepresidentes. «GE sufrió enormemente la crisis financiera y en GE Capital [su filial de servicios financieros] tuvimos pérdidas importantes, que aliviaron nuestra tasa de impuestos», explicó Krenicki. «Los impuestos fluctuarán. Como GE y GE Capital mejoraron, nuestra tasa de impuestos cambiará», agregó. La empresa había tenido 10.700 millones de dólares de beneficios en 2009, año en el que tampoco pagó impuestos en Estados Unidos, según Forbes. En cuanto a los 2.700 millones de dólares de impuestos que figuran en sus cuentas para 2010, fueron pagados en otros países.

Muy pocos parecen estar satisfechos con el sistema de impuestos en Estados Unidos, lleno de viejas exenciones que ya no tienen sentido. Empresarios, economistas liberales y los republicanos se quejan de que Estados Unidos tiene uno de los impuestos a los beneficios más altos del mundo. Mientras, economistas keynesianos y legisladores demócratas apuntan a que las mayores empresas eluden el pago de impuestos llevándose su caja fuera del país con la ayuda de carísimos asesores fiscales. Desde su llegada al poder, Obama habla regularmente de tapar los agujeros de su marco fiscal, repartiendo más equitativamente la carga impositiva y bajando la tasa de imposición. Porque el elevado tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades de Estados Unidos tiene parte de la culpa de que las grandes multinacionales hayan ideado ingenierías sofisticadas y difíciles de atacar para casi no pagar impuestos en ningún país, un sistema que prácticamente han patentado como la fórmula de operar de las grandes empresas en todo el mundo.

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El caso doméstico

Las grandes empresas¹¹ tributaron un 3,5 por ciento de media en España en 2011, frente al 30 por ciento del tipo nominal del tributo y al 25 por ciento que pagan las pequeñas y medianas empresas, o pymes. En 2012, el año en que el Impuesto sobre Sociedades sufrió mayores limitaciones y recortes de deducciones para intentar que las compañías pagaran más en medio de la lucha por engordar las arcas públicas en la crisis, las grandes empresas sólo pagaron poco más del 4 por ciento. Ésta es la media. Veamos dos ejemplos extremos de empresas grandes: BBVA, una multinacional del sector financiero, y Mercadona, una gran empresa que cuenta con varios supermercados en distintos puntos de España. BBVA pagó una media de un 2,9 por ciento de impuestos en 2013, según sus Cuentas anuales consolidadas, informe de gestión e informe de auditoría de 2013.¹² Mercadona, un 28 por ciento. Conocemos lo que pagó BBVA gracias a la transparencia de este banco, que ofrece este dato, a diferencia de otros que no lo desvelan en documentos similares. Si se le pregunta, BBVA explica que esta cifra responde a la distinta manera de contabilizar operaciones que permite cada país. En el resto del mundo, la entidad pagó entre un 12 por ciento (Eurasia) y un 26 por ciento (Estados Unidos) en 2013. Pero las pérdidas le llevaron a tener en España un resultado negativo del -33,15 por ciento. Si se tienen en cuenta todos estos factores, el banco asegura que tuvo una tasa fiscal homogeneizada por encima del 20 por ciento. A BBVA le gusta destacar otros aspectos que muestra en un documento que ha lanzado para ilustrar que paga muchos impuestos en todo el mundo, aunque no cuenta su tipo efectivo. En el citado informe, La contribución fiscal de las empresas: responsabilidad social y transparencia informativa, el banco detalla que BBVA es un grupo global que da empleo a 110.000 personas en 30 jurisdicciones, que tiene más de 50 millones de clientes y más de 1.000.000 accionistas. De los 4.031 millones de euros de impuestos propios que el Grupo BBVA ha pagado en 2013, 2.348 millones corresponden al Impuesto sobre Sociedades. Si se tienen en cuenta correcciones entre jurisdicciones, BBVA dice que su tasa fiscal global en 2013 ha sido del 18-19 por ciento.

Estos datos muestran que la otra cara de la moneda de la exigua factura fiscal de las multinacionales no son sólo las pymes, sino también las grandes empresas que sólo operan en España y no pueden aprovechar las deducciones a la internacionalización que mantiene el marco tributario español, y las posibilidades de elusión de impuestos que ofrece el tener presencia en varios países. Otro factor a tener en cuenta es el sector en el que opera cada empresa. Los bancos son probablemente las empresas que menos impuestos pagan, ya que pueden deducirse gastos financieros, muy abundantes en un banco, sin límites, y acumulan numerosas exenciones particulares del sector —el proceso de reestructuración que acaban de realizar les va a permitir deducciones millonarias de sus DTA o créditos fiscales, por ejemplo—. Es decir, el reverso de BBVA puede serlo Mercadona,¹³ que contribuyó a las arcas del Estado con el pago de 1.465 millones de euros en 2013 en impuestos, lo que supone un 12 por ciento más que en el ejercicio anterior, según ha informado la compañía. De este total, 632 millones corresponden a la Seguridad Social; 237 millones, al Impuesto sobre Sociedades; 524 millones, a la recaudación del IVA y del IRPF, y 72 millones, a otros impuestos y tasas. Con un resultado antes de impuestos de 717.595 euros, y un impuesto sobre beneficios de 202.271 euros, Mercadona, que sólo está presente en España, tuvo un tipo efectivo de Sociedades del 28 por ciento. Recordemos que BBVA, presente en 28 países, tuvo un tipo del 2,9 por ciento. El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado que aunque «a nivel personal, cuantos menos impuestos paguemos, mejor», para conseguir un Estado «sostenible» hay que pagar «los impuestos que haya que pagar» y ser «corresponsables», dado que «carreteras, sanidad y educación no se mantienen solas».

A pesar de que el Gobierno ha anunciado que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades de las grandes compañías se ha incrementado —lo que achaca a «las medidas tomadas»—, en realidad de media apenas supera el 5 por ciento. La ironía de esta situación es que buena parte de las exenciones y bonificaciones fiscales que ha contenido este impuesto —alguna de las cuales han generado expedientes de la Comisión Europea contra España por ser ayudas de Estado— las creó el propio PP cuando gobernaba Aznar y con Montoro de ministro de Hacienda a finales de los años noventa y principios de la década siguiente. Pero el contexto ha cambiado completamente, y el PP, desde que llegó al poder en noviembre de 2011, ha recortado todas las deducciones posibles, empezando por la deducibilidad de gastos financieros, que el Gobierno ha subrayado que fomentaba que las empresas creen empleo en el extranjero, y era un importante condicionante de la pérdida de empleo y competitividad de España. La configuración del Impuesto sobre Sociedades hacía mucho más rentable invertir y crear empleo fuera que en España, a través de filiales, y favorecía la concentración del endeudamiento de multinacionales en sociedades españolas, con lo que agravaba el problema de sobreendeudamiento privado en España. Como los ingresos no suman (computan) y los gastos financieros necesarios para obtener ingresos restan (se deducen), las empresas se llevaban sus beneficios fuera de España y sólo dejaban en el país las pérdidas. Francia, Gran Bretaña, Países Bajos y Alemania habían limitado esta deducción antes que España.

Otro potente incentivo es la libertad de amortización sin obligación de mantener plantilla —la posibilidad de que las inversiones deduzcan gastos fiscales a lo largo de los años—, que Zapatero concedió a finales de 2010 a instancias de las grandes empresas y que supone un quebranto para las arcas públicas. Esta figura incentivó ERE de empresas en beneficios.¹⁴

En 2007 los grupos consolidados, es decir, entre ellos, el Ibex y la mayoría de grandes empresas, con cifras de negocio muy superiores a 60 millones de euros, pagaron a Hacienda 10.652 millones, que se redujeron en un 50 por ciento ya el año siguiente y que fueron sólo 3.012 millones en 2011. A la caída de la actividad, y la salida al extranjero por la crisis, se sumó el efecto de estos potentes incentivos. En un intento de parar la sangría, el Gobierno de Zapatero incrementó los pagos fraccionados del impuesto en agosto de 2011, cuando España empezó a situarse al borde del rescate. Esto supone que las empresas deben adelantar parte del impuesto antes de hacer la declaración, y que luego se les devuelve, con lo que durante más de un año financian al Estado.

En marzo de 2012 el Ejecutivo del PP ahondó en este ajuste, a lo que se sumó el límite de la deducibilidad de gastos financieros del 30 por ciento para luchar contra el reparto desigual de la carga financiera a nivel territorial. También limitó la libertad de amortización, restringió la deducción del fondo de comercio (incentivo que comentaremos más adelante) del 5 por ciento al 1 por ciento, y redujo la posibilidad de compensar bases imponibles negativas. La deducibilidad de los intangibles de vida útil indefinida se vio reducida del 10 por ciento al 2 por ciento, ajustes que volvieron a elevarse en 2012 y 2013. La Memoria de la Agencia Tributaria de 2012 subraya que los ingresos de Sociedades crecieron un 29 por ciento (4.824 millones) por los recortes y el aumento de los ingresos procedentes de actas de inspección. Pero gran parte proviene de los pagos fraccionados, que luego Hacienda debe devolver.

El bajo tipo que paga la gran empresa, a pesar de los continuos ajustes de Hacienda, implica que el impuesto está agotado, y que las limitaciones que han intentado paliar su desplome recaudatorio de cerca del 70 por ciento desde 2007 (unos 30.000 millones de euros, de casi 47.000 millones en 2007 a unos 16.000 millones en 2011), son parches. El Impuesto sobre Sociedades pasó de recaudar 44.823 euros en 2007 a tan sólo 16.198 en 2010, rebajando su recaudación a poco más de un tercio cuando la actividad económica no se ha reducido en esa proporción. Una parte del desplome de ingresos se debe a la caída de beneficios empresariales, pero también a los agujeros normativos.

En la reforma del sistema tributario que prepara Hacienda, y que entrará en vigor a partir de 2015, se pretende seguir recortando deducciones. No está tan claro que en 2015 el Gobierno cumpla su promesa electoral de realizar una rebaja del tipo nominal del 30 por ciento al entorno del 25 por ciento. Si se hicieran las dos cosas a la vez, rebaja del tipo y poda de deducciones, la factura fiscal de muchas grandes empresas se elevaría y se nivelaría con las de sociedades medianas y pequeñas, la estructura del impuesto se simplificaría y España resultaría más atractiva en los ránking de tipos del Impuesto sobre Sociedades, que ahora está entre los más altos de la Unión Europea. Si sólo se eliminan deducciones, el tipo efectivo de la multinacional subirá aún más, aunque los resultados de las medidas tomadas en esta dirección hasta ahora muestran que aumenta muy poco a poco. Hacienda ha dejado ver que, de momento, se lanzará la poda de deducciones y sólo se bajaría el tipo nominal si más adelante la situación lo permite. El objetivo lo marcó el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en diciembre de 2013: el Impuesto sobre Sociedades debe aportar entre el 2,5 por ciento y el 2,7 por ciento del PIB como en otros países del entorno, lo que supondría unos 5.500 millones de euros al año más, un total de cerca de 27.000 millones.

Pero a pesar del intento de que las grandes empresas tributen, Hacienda sigue lanzando incentivos multimillonarios que la Comisión Europea cuestiona. En julio de 2013, Bruselas anunció la apertura de una investigación por posibles ayudas de Estado, después de que el Gobierno autorizase a las compañías que han realizado adquisiciones en el extranjero mediante un hólding a reclamar retroactivamente la devolución de impuestos por valor de miles de millones de euros. La autorización de Hacienda se hizo expresamente ante una consulta de Telefónica, y de ella podrían beneficiarse otras compañías en situación similar, como Santander, BBVA o Iberdrola. Sin embargo, Bruselas instó al Gobierno a detener esta práctica con efectos inmediatos. Hacienda mostró su sorpresa y consideró este hecho «particularmente desproporcionado».

El fisco ha tratado de dar por bueno por la vía de los hechos consumados —una consulta de Tributos de un caso particular, que se pueden aplicar las demás empresas en situación similar y que no llama la atención como un decreto o una ley—, un asunto que ya ha sido juzgado y condenado por la Unión Europea: la deducción del fondo de comercio —la diferencia entre el valor real de una compañía y el valor de compra— de las compañías extranjeras en las que una empresa española tomara una participación superior al 5 por ciento. En dos decisiones, una de 2009 y otra de 2011, Bruselas declaró ilegal esta práctica y obligó a devolver las deducciones aplicadas a partir de diciembre de 2007, lo que fue acatado por el Gobierno. Estos procesos se iniciaron a instancias de parlamentarios británicos, probablemente presionados por sus empresas y Gobierno al ver cómo Iberdrola y Telefónica se hacían con Scottish Power y O2, respectivamente. Es decir, este potente incentivo fiscal estaba permitiendo a las empresas españolas liderar operaciones de referencia internacional. Pero, en 2012, Telefónica consultó a Hacienda sobre la posibilidad de deducirse retroactivamente el fondo de comercio de la adquisición de la operadora de telecomunicaciones brasileña Vivo, que se realizó a través de un hólding, una variante de la deducción para las llamadas compras indirectas. Esta operación podría suponerle a Telefónica una deducción de 4.000 millones de euros.

Este incentivo multimillonario lo reeditó el Gobierno en marzo de 2012, días antes de lanzar duros recortes en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que no es fácil determinar si Hacienda sigue una política realmente centrada en que las grandes empresas paguen más impuestos.

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¿Hacienda somos todos?

Al igual que las grandes empresas utilizan todos los mecanismos posibles que les permite la ley para no pagar casi impuestos en todo el mundo, las grandes fortunas se aprovechan de que la Hacienda de cada país se centra en controlar a los asalariados y personas físicas para diversificar su patrimonio y su forma de tributar en distintos productos y en sociedades que se benefician de tipos bajos y de exenciones. Los más ricos se sirven del trato privilegiado que les brinda Hacienda, pero esto no es una particularidad española, ya que la gran mayoría de países tiene unos tipos del ahorro muy bajos para evitar fugas de capitales. Asalariados, propietarios de pisos o profesionales están muy controlados por Hacienda a través de las rentas del trabajo. Este colectivo aglutina a la mayoría de la población y proporciona los mayores ingresos al Estado. Pero quienes se dedican a invertir en Bolsa y otros productos financieros y a constituir sociedades escapan al control del fisco. El millonario Warren Buffet, la segunda persona más rica de Estados Unidos después de Bill Gates, lo expuso de manera muy gráfica: «Mi secretaria paga bastantes más impuestos que yo» —eso sí, de manera proporcional—; en concreto, de acuerdo con su propio cálculo, él tributaba a menos del 15 por ciento, y ella a un 28 por ciento. Poco después repitió el cálculo y en plena crisis el desequilibrio se había acentuado: la diferencia era del 17,4 por ciento frente al 36 por ciento, guante que incluso recogió Obama para denunciar que los asalariados pagan más impuestos que los ricos. O como planteábamos en la introducción, un español medio paga entre 20 y 30 puntos más a la Hacienda española de lo que paga Apple al conjunto de Haciendas de todo el mundo.

Un ejemplo que reúne las dos vertientes, trabajo y capital, es el de los deportistas, en concreto, futbolistas, que aun siendo asalariados logran pagar muy poco por la «comprensión» de los gobiernos y la constitución de sociedades. Y, como otros famosos, pueden servir a Hacienda de chivos expiatorios en momentos concretos acusados de evadir impuestos, aunque luego suelen quedar exonerados de culpa y responsabilidad si negocian y pagan. El jugador del FC Barcelona Leo Messi, el mejor futbolista del mundo, que cobra 41 millones de euros al año, ha pagado a la Agencia Tributaria 15 millones de euros en declaraciones complementarias del IRPF por sus derechos de imagen correspondientes a 2010 y 2011. Messi realizó este pago de forma voluntaria después de que un juzgado de Barcelona les imputara a él y a su padre por haber defraudado presuntamente más de cuatro millones de euros a Hacienda, entre 2006 y 2009, y les citara a declarar. Si como asalariados están controlados por Hacienda, como titulares de derechos de imagen los deportistas de élite intentan ingresar todo lo posible con distintas estrategias. Según la Fiscalía, el supuesto fraude de Messi consistió en simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en territorios de baja tributación —Belice y Uruguay— y, paralelamente, formalizar contratos de licencia, agencia o prestación de servicio con otras ubicadas en jurisdicciones de conveniencia, como Reino Unido y Suiza. De este modo, los ingresos del futbolista transitaban desde estos países europeos hasta las sociedades ubicadas en los paraísos fiscales sin someterse prácticamente a tributación alguna, según el escrito del fiscal. La estrategia del jugador ha sido alegar que su padre, Jorge Horacio Messi Pérez, es el presunto ideólogo del fraude cuando él era menor. Sin embargo, la Fiscalía considera que cuando Leo Messi cumplió la mayoría de edad, consintió con la táctica de su padre que podría haber acarreado que se defraudara entre 2006 y 2009 a Hacienda la tributación por la cesión de derechos de imagen al FC Barcelona, Banco Sabadell, Danone, Adidas, Pepsi-Cola, Telefónica y Kuwait Food Company, entre otros. Este caso contrasta con la estrategia seguida hace años, cuando Hacienda regularizó estructuras triangulares y cuadrangulares que afectaban a grandes clubes sin mandar nada a delito y por importes muy relevantes. La tributación de los futbolistas es mucho más ventajosa hoy en España que la del común de los mortales. También los clubes de fútbol, ahogados por las deudas y muchos en concurso de acreedores, se las arreglan para que Hacienda les exija mucho menos que al resto de empresas en concurso y para seguir planteando fichajes millonarios.

Messi ha negociado con la Fiscalía el pago de 15 millones de euros para conseguir cerrar la causa contra él por delito fiscal. Este modus operandi permite a Hacienda ingresos inmediatos en las maltrechas arcas públicas y publicidad sobre su actuación contra los colectivos que tiene en el punto de mira: profesionales, artistas y deportistas, sobre los que cada año pretende incrementar las actuaciones para descubrir ingresos no declarados y gastos ficticios. A Hacienda ya no se le escapan las estructuras societarias que crean muchos famosos. Actúa bajo el paraguas del Código Penal de diciembre de 2012; en concreto, bajo una novedad que otorga al contribuyente dos meses, desde el momento en que conoce que está imputado por delito fiscal, para pactar con la Fiscalía, reconocer el delito y regularizar su situación, con el incentivo de que se le rebajan las penas uno o dos grados, lo que implica que evita la cárcel y disminuye la multa. Para inspectores y técnicos de Hacienda, esto supone dar un trato ventajoso al defraudador. Los inspectores pedían que Hacienda acabara con la llamada «excusa absolutoria», por la que un contribuyente que deje de ingresar un impuesto y, sin que nadie le llame la atención, lo ingrese en Hacienda, queda liberado del delito. Esta figura, además, no se ha respetado en su totalidad en casos como el de las cuentas en la sede suiza de HSBC (véase el capítulo 2), ya que se avisó a los contribuyentes de que estaban en una lista de cuentas opacas, lo que les llevó a regularizar su situación. «La Agencia Tributaria está perdonando sanciones por importes elevados, prima el objetivo de recaudación inmediata sobre el de perseguir el fraude fiscal», han criticado los inspectores. Según Hacienda, lo que hace el nuevo Código Penal es dar seguridad jurídica a una práctica que ya se hacía, el pacto con la Fiscalía a cambio de rebajas en la pena. Aseguran que la nueva norma «es más exigente que las normas generales».

Pero si hay un caso que ha levantado las alarmas sobre si Hacienda trata a todos los españoles por igual o no es el de la infanta Cristina, derivado del proceso contra su marido, Iñaki Urdangarin. La Agencia Tributaria ha dado dos importantes traspiés en este asunto: los informes contradictorios sobre las presuntas facturas falsas de la infanta, y la atribución errónea de trece fincas al DNI de la hija del rey. Además de haber podido emitir facturas falsas, la familia Urdangarin-Borbón podría haber incurrido en otras prácticas dudosas, como es el pago en negro a su empleada del hogar. Según se desprende del sumario, una de las mujeres que formaban parte del servicio doméstico de los duques manifestó que cuando Urdangarin y la infanta le entrevistaron, el duque, delante de su esposa, le comentó que no le harían contrato de trabajo sino que «cobraría en negro». Más adelante, cuando le dijeron que «estaban contentos» con ella y que se podía quedar, la empleada le solicitó a Urdangarin un contrato de trabajo, dado que estaba en trámites de obtener la nacionalidad española, a lo que el yerno del rey accedió contratándola a través de Aizoon. Hacienda señaló que durante 2007 y 2008 el duque utilizó Aizoon —empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos— como «pantalla» para tributar gastos de su propio servicio doméstico o de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el de Sociedades). En esos años Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros.

Algunos asesores fiscales cuentan que sus clientes no entienden por qué la Agencia Tributaria libra a la infanta de delito fiscal por una posible emisión de facturas falsas, y a ellos no. No les parece que «todos seamos iguales ante la Justicia», como aseguró el rey en su discurso de Navidad de 2011. En lo que respecta a las facturas falsas, desempeña un papel importante la cuenta que se haga: si se parten las cantidades, se evita superar la cuantía de 120.0000 euros necesaria para ser imputado por fraude fiscal. Pero el problema fue el viraje de la Agencia Tributaria, que dio por buenas tres facturas emitidas en 2007 por Diego Torres, el exsocio de Urdangarin, a Aizoon para librar a la infanta del delito fiscal presuntamente cometido en su condición de copropietaria de la empresa. Estos tres justificantes —por importe de 69.990 euros— los había considerado «ficticios» la propia Hacienda en un informe anterior, con lo que los rechazó como deducibles, el mismo criterio que había mantenido la Fiscalía. En el último informe, la cuota superaba los 120.000 euros, lo que significa que si no hubieran sido dadas por buenas las facturas, la infanta Cristina habría incurrido en delito. Sin embargo, el juez Castro imputó a la infanta por blanqueo y delito fiscal y consideró falsas las facturas.

Uno de los escándalos más rocambolescos que se recuerdan es la imputación errónea que hizo la Agencia Tributaria de la venta de trece fincas al DNI de la infanta, que se conoció porque el juez Castro llamó la atención sobre el informe que le había mandado Hacienda. El fisco echó la culpa a la información recibida de notarios y registradores, que se atribuía de forma errónea al DNI número 14 de la hija del rey. Esta información permaneció en la base de datos de la Agencia Tributaria desde 2005. Para tranquilizar a los ciudadanos, Hacienda resaltó que «la información que se utiliza para la asistencia a los contribuyentes —por ejemplo, borradores de Renta— tiene el máximo nivel de calidad puesto que es objeto de sucesivos contrastes y depuraciones». Hacienda alega que no comprobó ni verificó los datos que remitió al juez, porque no podía hacerlo al tratarse de una solicitud de información y referida a ejercicios prescritos. A juicio de los inspectores, «no es impedimento para que se pudiera haber contrastado». Este caso tan pintoresco, que le costó el puesto a la entonces directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, levanta sospechas de que el fisco no controla a la familia real, por lo que algunos notarios y registradores podrían utilizar los DNI de los reyes y sus hijos para esconder operaciones que nunca serán descubiertas. Además, en lo que respecta a la propia familia real, en los años en que se produjeron las imputaciones erróneas que pasaron desapercibidas, la infanta recibió dinero del rey para reformar el palacete de Pedralbes. La infanta Cristina habría tenido que pagar más de 400.000 euros en impuestos en caso de que la entrega de 1,2 millones de euros que el rey le hizo en 2004 hubiese sido una donación —como sugiere un correo de Iñaki Urdangarin— y no un préstamo —como sostiene La Zarzuela.

Estos casos notorios muestran el modus operandi de quienes intentan pagar lo mínimo a Hacienda, fórmulas que siguen inversores y poseedores de fortunas más o menos anónimos. En el ámbito internacional hay muchas opciones para que una fortuna pague muy poco. Además de los paraísos fiscales, países como Reino Unido, Estados Unidos o Países Bajos permiten que se constituyan sociedades que realizan actividades en el extranjero y paguen muy pocos impuestos y disfruten de exenciones en plusvalías, dividendos o repatriaciones. Para evitar retenciones en donde se invierte o tributar, se crean sociedades pantalla en el extranjero que realicen la inversión. Estos inversores tratan de no tener nada de su propiedad, y usan sociedades pantalla y entramados que permiten que los titulares de las acciones y de las cuentas bancarias sean desconocidos (el caso de la figura anglosajona del trust, que hemos mencionado en el capítulo 5). Si resido en España y genero un patrimonio a través de inversiones en el extranjero, para usar las rentas en España sin tributar puedo servirme de sociedades que adquieran bienes y me los alquilen, y de cuentas en el extranjero con tarjetas a nombre de la sociedad. Estas estrategias requieren la contratación de abogados y testaferros, y gestiones costosas. Hay fórmulas menos sofisticadas: la trama que dirigía el empresario chino Gao Ping se dedicaba, entre otras cuestiones, a traer maletines de Suiza a empresarios y miembros de la alta sociedad de Madrid y Barcelona necesitados de liquidez, bien directamente o a través de transferencias a miembros de la red en Shanghái.

Con una visión más en clave sólo nacional es posible pagar muy poco. Uno de los ejemplos más claros de esta problemática lo encarnan las sociedades de inversión colectiva, o sicav, una institución que, como los fondos de inversión, goza de enormes privilegios. Estas entidades tributan al 1 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades frente al 30 por ciento general, salvo cuando sus partícipes disfruten de plusvalías por reparto de dividendos o por la venta de acciones, a las que se aplican los tipos de las rentas del ahorro del 21 por ciento, 25 por ciento y 27 por ciento, tipos que probablemente el Gobierno rebajará en la reforma fiscal. Tanto es el miedo de Hacienda a que huyan las fortunas que, a pesar de la opacidad que rodea a la reforma fiscal que entra en vigor en 2015, ha subrayado con enorme rotundidad que mantendrá la baja tributación del 1 por ciento de las sicav y fondos de inversión en la reforma. Se trata, por lo tanto, de la única figura tributaria que no es susceptible de ser reformada. El comité de expertos que ha designado Hacienda para que le asesore en la reforma fiscal comparte este parecer. En 444 páginas proponen cambios en todo tipo de figuras tributarias. Menos en las sicav. Preguntado por este particular en su comparecencia en el Congreso, el presidente del comité de expertos, Manuel Lagares, utilizó un símil cinegético: «Ya no vivimos en un coto de caza privado, no hay barreras, con lo que si subiéramos los tipos, como el resto de países de nuestro entorno los tienen muy bajos, las piezas volarían». En el programa electoral para las elecciones de noviembre de 2011, el PSOE incluyó una subida del tipo de las sicav, que no tocó mientras gobernaba. Lo que sí hizo el Gobierno de Zapatero fue obligarles a pagar por los beneficios como si se hubiesen repartido, para evitar que quienes necesitaran liquidez no pagaran impuestos, porque no era necesario repartir dividendos, bastaba con una reducción de capital. Esta medida se anunció con meses de antelación a su aprobación y, ante el temor a la fuga masiva de capitales, se hizo poco después retroactiva, es decir, se estableció que entraba en vigor el día antes de su anuncio.

Hacienda ha sido muy clara en este asunto. Una respuesta ambigua podría ahuyentar a las más de 3.000 sicav que atesoran más de 24.500 millones en España. De hecho, hay más de 16.900 millones de euros en instituciones de inversión colectiva fuera de España de residentes españoles, según han declarado en la obligación de informar de bienes en el extranjero. Hacienda intenta atraer capitales a España, sobre todo a aquellos que se han acogido a la amnistía fiscal y a la nueva obligación de informar de sus bienes, cuentas e inmuebles en el extranjero, ya que la mayoría ha regularizado su situación con el fisco español pero no se ha traído el dinero. La razón por la que estos ciudadanos no repatriaban sus capitales no ha sido sólo el «riesgo país» o la desconfianza hacia España en los últimos tiempos, sino también la elevada fiscalidad de la vuelta. Para enmendar esta traba, la Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una consulta vinculante que suaviza el peaje fiscal para que los contribuyentes que poseen bienes fuera se animen a repatriar sus fondos a España.

Las sicav están obligadas a tener 100 o más miembros y un capital mínimo de 2,4 millones para poder tributar sólo al 1 por ciento, y no al 30 por ciento del resto de sociedades. Desde que se creó esta figura es sabido que muchos de los inversores son meros figurantes, conocidos como «mariachis», que aparecen sobre el papel para poder aprovecharse de esta ventaja fiscal. Hacienda ha subrayado ahora que, aunque no piensa elevar la tributación de las sicav, existe la posibilidad de quitarle a la CNMV la competencia de controlar si estas sociedades cumplen o no los requisitos. En 2004, durante una inspección sobre las más de 3.000 sicav existentes, Hacienda encontró que al menos 400 no cumplían los requisitos legales para considerarse sicav. La Agencia Tributaria empezó a girar las primeras liquidaciones, pero la actuación fue abortada inmediatamente por el Gobierno del PSOE, respaldado por el PP. Así, en la primera ley que pasó en 2005 por el Congreso, CiU presentó una enmienda, que fue apoyada por PSOE y PP, para evitar que Hacienda pudiera seguir actuando. Desde entonces, la Agencia Tributaria no puede ver si las sicav cumplen o no los requisitos de sociedad de inversión colectiva, sino que es la CNMV quien tiene ese control. Además, a este organismo se le facultó para otorgar un plazo de un año a las sociedades incumplidoras con estas condiciones para ponerse al día con la ley, algo que no sucede con ningún contribuyente, y así poder tributar al 1 por ciento. Sin embargo, la CNMV ha endurecido la vigilancia y ya no consiente que se cumpla con la exigencia de los 100 miembros sólo en el momento de la revisión, que se produce a los doce meses de haber perdido esa cifra. Una vez revocada la condición de sicav, la CNMV traslada la información a Hacienda, que cambia el régimen fiscal del vehículo de inversión y le reclama el 29 por ciento que no ha pagado del Impuesto sobre Sociedades.

Los inspectores de Hacienda han denunciado que «grandes fortunas» meten en estas sicav coches, yates, inmuebles y acciones que producen «gastos» para deducírselos. Incluso, han señalado que «un profesional muy conocido tenía en su sociedad hasta el personal de servicio».

Pero no todo son sicav. Las sociedades ordinarias consiguen que los ricos paguen muy pocos impuestos al evitar ser gravados por el IRPF e imputar a la sociedad gastos, pérdidas y facturas a su antojo. Si tengo el control de mi empresa puedo manejar esa dualidad como me interese. Puedo decidir tener rentas de capital —mediante dividendos, por ejemplo— en lugar de un salario. Además de los numerosos incentivos y bonificaciones que todavía tiene el Impuesto sobre Sociedades, Patrimonio y Sucesiones gozan de exenciones a la empresa familiar. Esto da pie al fraude de sociedades que poseen inmuebles y alquilan pisos, casi totalmente exentas de pagar Patrimonio si cumplen el requisito de tener un local y una persona a sueldo supuestamente dedicada a la actividad a jornada completa. Las fundaciones son un recurso muy útil para evitar que se conozca quién está detrás del dinero que se ha depositado a nombre de dicha personalidad jurídica. Además se pueden constituir en paraísos fiscales, donde no es necesario declarar su actividad, además de evitar pagar impuestos. Uno de los últimos casos que investiga Hacienda atañe a las estructuras que han creado familias que son accionistas mayoritarias de empresas del Ibex que repatriaban dividendos a sociedades hólding holandesas (sin retención), y luego retiraban los fondos mediante reducciones de capital con un coste total cero.

El sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, lo tiene claro: «El 72 por ciento del fraude fiscal de este país lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas». Una de las medidas por las que apuesta para abordar la problemática es la de «corregir la insuficiente dotación de personal» de la Agencia Tributaria. «El 72 por ciento del fraude lo provocan las grandes empresas, pero el 80 por ciento de los trabajadores se dedican a investigar a ciudadanos medios y pequeñas empresas», afirman.

Una gran empresa y la unidad de élite de Hacienda dedicada a investigarlas, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, protagonizaron en el otoño de 2013, muy a su pesar, uno de los mayores escándalos que han afectado a la Agencia Tributaria. Se trata del «caso Cemex», que provocó una cascada de ceses y dimisiones, en medio de dudas sobre el control político de la Agencia Tributaria que podría ejercer el Gobierno y del trato preferente a las multinacionales. Una inspectora con rango de jefa fue cesada fulminantemente por haber impuesto una multa de 455 millones a la cementera mexicana Cemex. Varios compañeros suyos presentaron entonces su dimisión, entre ellos, su inmediato superior. El director de la Delegación explicó al resto de inspectores lo ocurrido como una «falta de coordinación». Al parecer, él no quería que esta multa se mantuviera, pero antes de comunicárselo a la inspectora en cuestión, ella ratificó la sanción. ¿Descoordinación por culpa del propio director? ¿Culpa también, en parte, de una inspectora demasiado estricta frente al criterio general? ¿Control político para no perjudicar a grandes empresas? La llama había prendido y, como el material era volátil, durante varias semanas hubo numerosos ceses, dimisiones tan sonadas como la del director de Inspección y «número dos» de la Agencia, Luis Jones, profesional de gran prestigio, con una carta de despedida en la que decía que la dirección no le dejaba trabajar. Y salidas de tono de Cristóbal Montoro, como cuando dijo a periodistas en el Congreso que este asunto mostraba que la cúpula de la Delegación estaba «llena de socialistas». Inspectores próximos al PSOE pudieron alentar el escándalo, que tuvo importantes matices políticos, pero los hechos daban a entender que el conflicto último en el seno de la Agencia era más de cariz personal, de afinidades y discrepancias viscerales. No en vano, las dos dimisiones más importantes que se produjeron, la de Jones y la del jefe de la primera inspectora cesada, Ignacio Ucelay, fueron de dos profesionales de trayectoria reconocida y, en todo caso, cercana al PP y a su Gobierno, que fue quien les nombró.

Pero la medida más polémica del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido la amnistía fiscal. Cuando acababa de realizar la mayor subida del IRPF de la historia, acompañada de alzas de IBI e impuestos a las empresas, y cuando se acercaba una oleada de recortes en Sanidad y Educación, y ya estaba en vigor la reforma laboral, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció una medida de excepción, que bautizó con el eufemismo de Declaración Tributaria Especial (DTE) o, en términos aún más asépticos de la Agencia Tributaria, el Modelo 750. Con unas condiciones muy ventajosas de entrada —los defraudadores sólo tenían que pagar un 10 por ciento de las cuentas y bienes que afloraran en IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No Residentes—, el ministro anunció que el objetivo era recaudar 2.500 millones de euros, es decir, aflorar 25.000 millones. Montoro se escudó en las amnistías que han realizado países de nuestro entorno. En 2009 el entonces primer ministro italiano Silvio Berlusconi logró que más de 95.000 millones afloraran para las arcas italianas con un gravamen del 5 por ciento. Portugal aprobó una medida en 2010 para depósitos bancarios y otros instrumentos financieros, también al 5 por ciento. Alemania hizo lo mismo antes de la crisis. En 2003 el canciller Gerhard Schröder lanzó una amnistía fiscal que permitía a los empresarios germanos repatriar fondos con una tasa del 25 por ciento. Pretendía recaudar 5.000 millones y logró 901 millones. Francia intentó implantar una amnistía en 2004 con una tasa de entre el 10 por ciento y el 20 por ciento, pero dio marcha atrás. En 2009 aprobó una regularización especial, proceso que repitió en 2013. Reino Unido lanzó entre 2009 y marzo de 2010 una regularización de cuentas offshore, con una sanción del 10 por ciento. En 2009, Estados Unidos ofreció a los grandes patrimonios aflorar el capital en paraísos fiscales a cambio de sanciones del 25 por ciento.

La amnistía era en la primavera de 2012 la excusa del Gobierno español para decir que al menos no subía el IVA. Además, ante las críticas de la oposición, el Ejecutivo se defendía recordando que el PSOE lanzó dos amnistías fiscales en 1984 y 1991, y que eran más opacas porque el contribuyente permanecía en el anonimato.

Las condiciones originales de la medida fueron mucho más dignas que lo que vino después. En Hacienda el nerviosismo era grande por la situación en la que se encontraban las arcas públicas y las presiones de Bruselas para que se subiera el IVA y se recaudara más, y cuando el Decreto de la amnistía apenas llevaba un mes en vigor, decidió dar todas las facilidades para regularizar. En lo que parecía un intento a la desesperada para recaudar y fomentar la entrada masiva de capitales, abrió la mano al dinero en efectivo, fuera cual fuera su origen. El Real Decreto-ley de 30 de marzo que lanzó la amnistía establecía que sólo podían entrar las cuentas y bienes cuyo origen y titularidad pudiera acreditarse antes del 31 de diciembre de 2010. Es decir, dejaba fuera el dinero en efectivo. Sin embargo, en mayo publicó una orden ministerial que estableció que para regularizar dinero en efectivo bastaba con depositarlo en el banco antes de acogerse a la amnistía. Y, para atraer a todos los capitales, se permitió que regularizaran sociedades pantalla y otros entramados. En aquel momento, Bruselas ya había dicho que no confiaba en los objetivos recaudatorios de la amnistía, y auguraba que España no iba a cumplir con el objetivo del déficit de 2012. Además, la fórmula de avalar el efectivo a través de su ingreso en una cuenta parecía una medida para atraer capitales a los bancos españoles. El hecho de que ya no hubiera que acreditar su origen, lo que contradecía el propio Decreto de la amnistía, daba cuenta de la situación de emergencia en la que se encontraba España, sobre todo porque al mediar varios meses de plazo se fomentaba que se realizaran operaciones en negro hasta el 30 de noviembre, fecha límite de la amnistía, porque podrían regularizarse sin preguntas. Para paliar este efecto, Hacienda dijo que quien aflorara dinero B se comprometía a que constara que lo tenía antes del 31 de diciembre de 2010, fin del plazo que cubría la amnistía.

Pero las facilidades siguieron dándose a lo largo de todo el proceso, con lo que la sensación de improvisación, impotencia y acusado nerviosismo del Gobierno corría pareja con la falta de seguridad jurídica del proceso.

Un mes y medio más tarde, en julio, llegó otra de las medidas más polémicas. La Dirección General de Tributos publicó un informe que rebajó el potencial recaudatorio de la amnistía, ya que estableció que sólo tributarían al 10 por ciento los bienes de los años no prescritos. La mayoría de bienes proceden de años prescritos y, además, los últimos cuatro ejercicios, los no prescritos, habían sido los de la crisis, lo que suponía que muchos saldos registraban pérdidas. El anuncio que acabó por confundir a los contribuyentes afectados, y que fue duramente criticado por los inspectores en el citado informe sin rango jurídico que emitió Tributos, fue que quienes se acogieran a la amnistía no serían perseguidos. Unos días más tarde, el Gobierno subía el IVA hasta 18 puntos para algunos productos, cuando había anunciado que lanzaba una amnistía para no tener que subir el IVA, y les quitaba a los funcionarios la paga extra de Navidad.

La última cesión para intentar atraer capitales y que la amnistía no fuera un fracaso rotundo vino en las Cortes. La reforma del Código Penal incorporó una enmienda del Grupo Popular que eximió de toda implicación penal a quienes acudieran a la amnistía. El texto del proyecto ya incluía la excusa absolutoria, que deslinda el delito fiscal de la amnistía, pero algunos fiscalistas habían expresado su temor a que no fuera suficiente para los jueces.

En paralelo, el Gobierno del PP lanzó una amnistía para empresas en la que también tuvo que abrir la mano a fin de intentar salvar el objetivo de recaudación.

El miedo creciente ante los pobrísimos resultados de la amnistía en otoño llevó a la Agencia Tributaria a presionar a los ricos para que acudieran a regularizar sus rentas ocultas en la amnistía fiscal. Cuando faltaba poco más de mes y medio para que acabara el plazo, y los últimos datos oficiales eran que se habían recaudado 50,4 millones de euros de los 2.500 millones que se marcaron como objetivo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) mandó requerimientos a contribuyentes adinerados. En estas cartas, según publicó Expansión, «por orden del jefe de la ONIF», se pedía información sobre bienes no declarados que tuvieran hasta el 31 de diciembre de 2010, precisamente el marco temporal que cubría la amnistía.¹⁵ En concreto, las misivas, con el nombre y el teléfono personal del inspector asignado, demandaban información sobre «bienes inmuebles, activos financieros y cualquier otro activo, bien o inversión del que sea, directa o indirectamente titular, que estén ubicados fuera de España». Asimismo exigían «identificación detallada, fecha de adquisición y valor de los mismos a 31 de diciembre de 2010 de los bienes de los que sea titular, directa o indirectamente, que están ubicados fuera de España». El contribuyente contaba con quince días hábiles para responder, a contar desde el día siguiente a la recepción de la carta, o bien dar las facilidades necesarias para que la Inspección obtuviera los datos directamente. «La desatención total o parcial del presente requerimiento en plazo puede ser constitutiva de infracción tributaria y dar lugar al inicio del correspondiente expediente sancionador», advertía el requerimiento.

En diciembre de 2012, Cristóbal Montoro anunció que la amnistía fiscal había recaudado 1.200 millones de euros, menos de la mitad de los 2.500 millones que el Gobierno había fijado como objetivo. Con todo, aseguró: «Ha valido la pena realmente hacer una operación así en un momento como vive España», porque «permite recaudar mucho más en un momento vital para financiar los servicios públicos y conseguir alcanzar el objetivo de déficit público». El importe total ingresado se situó en 1.191 millones de euros. La Agencia Tributaria recibió 31.484 declaraciones de una media de 37.830 euros. Hacienda recalcó que el grueso de las declaraciones se concentró al final. Así, en noviembre se presentaron 29.242 declaraciones, casi el 93 por ciento del total, por un importe de 1.050 millones de euros. Montoro añadió entonces que ese dato suponía el afloramiento de bases imponibles de «al menos, 12.000 millones». Poco después, Hacienda triplicó la cantidad aflorada, pero esta cifra significaba revelar el tipo medio que habían declarado los evasores de impuestos: Montoro anunció que se habían aflorado 40.000 millones de euros, lo que suponía que se pagó de media un 3 por ciento frente al 10 por ciento inicial. Esto concitó grandes críticas sobre la justicia y seguridad del proceso. Pero fueron pocas para lo que vino más tarde. En aquel momento, el ministro no podía imaginar lo que le esperaba.

Uno de los mayores escándalos que han golpeado al PP fue también el mayor escándalo que ha sufrido Montoro y, con él, el Ministerio de Hacienda. Cuando el extesorero del PP, Luis Bárcenas, llevaba un mes acaparando las portadas de los medios —españoles y extranjeros— cada día por las revelaciones de los supuestos sueldos en B que anotó durante años como parte de la contabilidad del PP, su abogado desveló que Bárcenas se había acogido a la amnistía. Esta revelación colocó a Montoro, y con él, al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Tributaria, en el ojo del huracán como nunca habían estado y es difícil que vuelvan a estar. De golpe y porrazo, un proceso muy controvertido que escudaba su necesidad en la situación de emergencia presupuestaria que vivía España —y que se había acompañado de amenazas futuras a quienes no declararan sus activos ocultos con la tramitación de una Ley de Lucha contra el Fraude y una reforma del Código Penal muy severas, como veremos en el próximo capítulo— se convirtió en una medida con tintes casi delictivos y prevaricadores para el Estado: corría la sospecha de que la amnistía se había lanzado para favorecer a miembros del PP, como Luis Bárcenas, imputados en el «caso Gürtel» y con numerosas cuentas opacas en Suiza y en distintos paraísos fiscales. De hecho, uno de los abogados de otros imputados en la trama declaró que Hacienda se había reunido con sus clientes para explicarles las posibilidades que tenían de acogerse a la amnistía.

Las cuentas opacas que tuvo Bárcenas en Suiza se convirtieron en asunto de Estado. El PSOE dijo que sospechaba que el Gobierno aprobó la amnistía fiscal y la reforma del Código Penal para eliminar el delito de fraude fiscal a quienes se acogieran a ella, a medida de sus «amigos» defraudadores. Poco después de conocerse esta información, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado insólito en el que decía: «La Agencia Tributaria aclara, ante las noticias aparecidas en prensa sobre las afirmaciones de su abogado, que Luis Bárcenas no se ha acogido a la Declaración Tributaria Especial, desmintiendo así las declaraciones de su abogado».

¿Puede Hacienda desvelar lo que ha hecho un contribuyente concreto? La Ley General Tributaria, en principio, lo prohíbe. «Las autoridades o funcionarios que tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos», dice el artículo 95. Hacienda había insistido, además, en la confidencialidad de la amnistía y no dejaba a los inspectores acceder a ella. Bárcenas presentó al juez que instruye el «caso Gürtel» en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, documentos para demostrar que se acogió a la amnistía fiscal y que regularizó casi 11 millones de euros que no había declarado a través de su sociedad Tesedul. Hacienda se justificó diciendo que dio información porque el propio contribuyente —su abogado— la había dado antes; respecto a su participación o no en la amnistía, dijo que no constaba como persona física «Luis Bárcenas», y, ante las pruebas de que Bárcenas había concurrido a través de la citada sociedad Tesedul, se limitó a repetir que las declaraciones de orígenes inciertos no tendrían efectos, es decir, dio a entender que serían invalidadas. En ese momento parecía que eran miles los defraudadores, próximos o no al PP, que habían traído a la amnistía capitales de orígenes muy dudosos, sobre los que Hacienda o bien hacía la vista gorda o bien ni siquiera se había percatado.

Hemos visto hasta ahora las estrategias de los ricos para no pagar impuestos, mediante las que incurren en planificaciones admitidas, dudosas o, directamente, en fraude fiscal. Sin embargo, las clases medias y bajas, a veces secundadas por miembros de las castas superiores, intervienen en lo que se llama economía en negro o sumergida, en ocasiones para enriquecerse, y a menudo, sobre todo durante la crisis, para sobrevivir. Distintos estudios señalan que la economía sumergida en España ronda el 25 por ciento. Como su naturaleza indica, se trata de un fenómeno de muy difícil medición, excusa cierta pero que sirve a Hacienda para no dar datos y no tener que explicar por qué no consigue atajarla con más ímpetu. El estudio más reciente lo ha presentado el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, con la conclusión de que la economía sumergida se situó en el 24,6 por ciento del PIB en 2012. Esto significa que se ha incrementado en 60.000 millones de euros desde 2008, según El avance del fraude en España durante la crisis que ha dirigido el profesor Jordi Sardà, de la Universitat Rovira i Virgili. Una de las novedades que ofrece el informe es que desglosa los datos por comunidades y provincias. A la cabeza de la economía sumergida sitúa a Extremadura, con un 32,1 por ciento; seguida de Castilla-La Mancha, con un 29,2 por ciento y Andalucía, con un 28,2 por ciento. Madrid es la región con menos actividad en negro, con un 17,3 por ciento, seguida de Cantabria, con un 22 por ciento. Según Gestha, ha crecido la brecha entre provincias con la crisis. Respecto a Madrid, asegura que su caso se explica porque es sede de multinacionales y grandes fortunas que se dedican a realizar planificaciones fiscales agresivas o fraude fiscal, pero no economía sumergida. La metodología utilizada para medir una realidad compleja —asunto que genera controversia entre los expertos, que desconfían de los métodos para medir este fenómeno— es la denominada Mimic (Múltiples Indicadores, Múltiples Causas), que estudia las relaciones entre la economía sumergida y una serie de variables que la causan —la presión fiscal, la regulación estatal o la renta— y otro conjunto de variables sobre las que influye —la tasa de participación económica, la demanda de dinero o la tasa de crecimiento—, y otros estudios previos. El informe atribuye el incremento de la economía sumergida al boom inmobiliario, al aumento del paro y al «masivo» uso de billetes de 500. A ello se suma el «grave problema de moralidad con el pago de impuestos», lo que sitúa a España lejos de los niveles de economía sumergida de Alemania (13,1 por ciento de su PIB), Francia (10,8 por ciento) o Reino Unido (10,1 por ciento). Las subidas de impuestos, que no fueron acompañadas, según Gestha, por un eficiente control tributario, y la multiplicación de los casos de corrupción son otros de los motivos del alza. Gestha lamenta que no todos los contribuyentes sean iguales ante Hacienda —véanse los casos Cémex, Infanta o clubes de fútbol— y critica la «falta de voluntad política para luchar contra el fraude».

Buena parte de la economía sumergida se sitúa en el entorno de los autónomos que están en el régimen de módulos. Este sistema se creó en 1992 como fórmula para facilitar la tributación al colectivo, de manera que Hacienda pudiera contar con unos ingresos mínimos pero fijos, sobre todo en el caso del pequeño comercio. Los parámetros de medición, que no se han revisado desde entonces, contaban el número de mesas de un restaurante, los metros de la barra del bar, el número de empleados y criterios similares. Además de que la gran mayoría tributa mucho menos de lo que lo haría si el sistema se adecuara realmente a lo que ingresa, el régimen ha supuesto un acicate a la emisión de facturas falsas, ya que no se restringió a quienes sólo trabajan con el consumidor final, sino que también se incluyó a autónomos que facturan a otros empresarios, a los que permitiría grandes deducciones. Y eventualmente, evasión de impuestos con facturas infladas o directamente falsas que le permitirían engordar sus gastos y pagar todavía menos impuestos. Pero el régimen tiene muchos otros efectos colaterales. Como se paga según el número de trabajadores, incentiva la destrucción de empleo, además de ser un poderoso acicate al blanqueo de dinero de la droga o prostitución. El sistema implica que estos autónomos no llevan contabilidad ni registros, con lo que se han encontrado con dificultades a la hora de acceder a las nuevas prestaciones de desempleo. Por todos estos motivos, expertos como el inspector de Hacienda Francisco de la Torre abogan por su restricción a los autónomos que sólo trabajan con el consumidor final o por su eliminación dentro de la lucha contra el fraude y para «incrementar la eficiencia de la economía»: «Este régimen de módulos es incompatible con un sistema fiscal del siglo XXI», afirma.¹⁶

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El palo y la zanahoria

El palo y la zanahoria. Es la estrategia que sigue Hacienda, en palabras del propio Cristóbal Montoro. En su primer Consejo de Ministros, el PP lanzó la mayor subida del IRPF de la historia. En el siguiente, anunció que preparaba medidas durísimas contra el fraude fiscal. Dos meses más tarde, aprobó una polémica amnistía fiscal. A partir de entonces, los anuncios de facilidades para la amnistía que ocasionaba el miedo a que fuera un fracaso se seguían de los anuncios de la tramitación de una Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal inusitadamente dura y de una reforma del Código Penal igualmente estricta. Estas medidas se contaron hasta la saciedad y su publicidad aumentó en los últimos días de plazo de la amnistía fiscal para resaltar a los rezagados el futuro que les esperaba si no acudían a la amnistía.

La Ley de Lucha contra el Fraude limitó desde octubre de 2012 el uso del dinero en efectivo a 2.500 euros bajo la amenaza de multas del 25 por ciento del pago en toda operación en la que participe un empresario o profesional, y el incentivo de quedar libre de culpa a quien delate una operación ilegal. Además, la incomparecencia, simple retraso o escasa disposición a colaborar con Hacienda se castiga con multas de hasta 100.000 euros para particulares y de 600.000 euros para empresas. La sanción máxima para la persona física era, hasta entonces, de 600 euros y, para la persona jurídica, de 400.000. En esta línea, el texto contempla otras modificaciones que incrementan los poderes de la Agencia Tributaria hasta cotas inéditas. Así, la interrupción de la prescripción de una obligación interrumpirá la de todas las obligaciones tributarias que tenga el contribuyente. Por ejemplo, un requerimiento de IVA puede interrumpir la prescripción del Impuesto sobre Sociedades, una modificación que, según los expertos, puede atentar contra principios tributarios básicos. Además, la norma facilita los embargos preventivos y las medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias. Respecto a las medidas cautelares, se modifica el precepto para permitir su adopción en cualquier momento del procedimiento. Hasta entonces, una vez se inicia la vía penal, los inspectores debían detener el procedimiento administrativo, lo que podía demorar la liquidación más de diez años. También se prohíbe a las sociedades con acciones embargadas que vendan sus inmuebles. El objetivo es evitar despatrimonializaciones fraudulentas por la transmisión de estos bienes. Se hace responsable de las deudas, y sanciones de la sociedad, a los socios de las sociedades liquidadas, que deberán devolver los dividendos, sueldos o cualquier percepción que hayan recibido a lo largo de los años. Se trata de evitar que los bienes desaparezcan en el llamado «alzamiento de bienes». La abuela y el padre de la princesa Letizia han estado imputados por haber cometido supuestamente este delito para cubrir a una familiar en bancarrota. Como la habían avalado, su quiebra hacía peligrar sus bienes, lo que les llevó a ocultarlos. Esta estrategia la siguen en niveles más masivos muchas empresas.

Esta ley supuso la primera restricción al sistema de módulos de los autónomos. Desde el 1 de enero de 2013 se excluyó a quienes facturen menos del 50 por ciento de sus operaciones a particulares, para empresarios cuyo volumen de rendimientos fuera superior a 50.000 euros al año, y a quienes obtuvieran rendimientos de otros empresarios por importe superior a 225.000 euros. Hacienda indicó a los ocho meses de su entrada en vigor que esta medida, que afectaba a 80.000 autónomos, ya había sacado del sistema a 9.591. A partir de entonces, se suceden las propuestas para acabar con un sistema que incentiva el fraude de la emisión de facturas falsas. El comité de expertos que asesora a Montoro en la reforma fiscal pide eliminar los módulos, aunque sugieren que se mantenga sólo para niveles de renta muy bajos. En esta propuesta, con matices, han coincidido CEOE, FAES, Círculo de Empresarios o la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), entre otras plataformas. Las propias asociaciones de autónomos lo asumen, siempre que se adopte progresivamente. El consenso social que rodea a esta medida, y la necesidad de engordar la recaudación de la lucha contra el fraude, que no crece como en ejercicios anteriores, han llevado a Hacienda a estudiarla muy seriamente. Según ha publicado Expansión,¹⁷ Hacienda eliminará el régimen de módulos, salvo para los autónomos que se dedican a actividades cuyos destinatarios directos son consumidores finales, lo que expulsará del régimen a cerca de 300.000 autónomos de los 700.000 que ahora tributan en módulos —trasladan desde el sector—, la mayoría pertenecientes a la construcción y al transporte. Este sistema sólo se mantendrá para taxis, peluquerías, bares…, es decir, para el pequeño comercio, además de los fontaneros o electricistas que trabajen para particulares, que según las mismas fuentes, suponen algo menos de 300.000.

Como reclamo para que los contribuyentes acudieran a la amnistía fiscal, la Ley de Lucha contra el Fraude creó una nueva obligación tributaria, la de informar de cuentas, bienes y derechos en el extranjero, prescritos o no. El mero incumplimiento de la obligación se sanciona con multas mínimas de 10.000 euros, a razón de 5.000 euros por cada dato que falte, lo que puede suponer fácilmente una multa de 50.000 euros, de entrada. El valor del bien o de la cuenta se grava al marginal máximo del IRPF del 52 por ciento en cada uno de los cuatro años del último período no prescrito y se impone una sanción del 150 por ciento del valor de la cuenta, más intereses de demora de cuatro años. Esto significa que si un contribuyente tiene una cuenta con un millón de euros y no informa de su existencia, Hacienda le exigirá una multa de 1,5 millones de euros —más 50.000 euros o los que fueran por omisión de datos—. A ello habría que sumar posibles implicaciones penales.

Hacienda informó de que esta declaración afloró en 2013 un total de 87.698 millones, aunque parte de esta cantidad se había regularizado en la amnistía fiscal.

Esta norma ha dado lugar a muchas protestas de contribuyentes españoles con bienes en el extranjero, adinerados y de clases medias, ya que afecta a quienes trabajaron en Suiza o en Alemania y tienen pensión en estos países, y también a británicos o alemanes residentes en España. Fiscalistas y expertos denuncian que, con esta obligación, Hacienda ha ido de un extremo al otro. Creen que las obligaciones y las sanciones son desproporcionadas. De hecho, no informar de una cuenta o un bien en el extranjero que ya ha prescrito se trata con igual dureza que un delito de terrorismo o genocidio. Además, no se permite que regularicen su situación quienes no acudieran a la primera declaración de 2013 por los motivos que fuera. Muchos ciudadanos no se enteraron de que estaban obligados a declarar. Ahora sólo pueden pagar sanciones elevadísimas, lo que es insólito en Derecho. Por todos estos motivos, la obligación acumula denuncias a la Defensora del Pueblo, al Parlamento Europeo, a la Audiencia Nacional y ante la Comisión Europea, que ha admitido una denuncia e investiga si la declaración es contraria al Derecho Comunitario. Presentó la denuncia un bufete de Mallorca que argumenta que supone una clara restricción a la libre circulación de personas y a la libre circulación de capitales.

En paralelo a estas medidas, Hacienda lanzó una reforma del Código Penal que aumentó la pena de cárcel de dos a seis años, en vez de uno a cinco años, para delitos fiscales de más de 600.0000 euros, y amplió el plazo de prescripción de cinco a diez años para este nuevo tipo agravado de delito fiscal, que se aplica cuando la defraudación la cometa una organización o grupo criminal. También afecta a negocios en paraísos fiscales.

La entrada en vigor de estas normas coincidió con el fin de la amnistía, durante la cual Hacienda emitió informes asegurando que no se investigaría a quienes se acogieran a la regularización especial, y plasmó esta inmunidad en la propia reforma del Código Penal. Todo parecía indicar que estas facilidades caerían con el tiempo y que poco a poco se iría investigando a quienes se acogieron a la amnistía, pero el escándalo que desató el anuncio de Bárcenas de que se había acogido a la amnistía, como hemos visto en el capítulo anterior, aceleró e incrementó el tono del proceso. Hacienda necesitaba decir que se iba a investigar a los amnistiados.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, compareció a petición propia en el Congreso para responder a las acusaciones del PSOE de que el Gobierno diseñó la amnistía para encubrir a Bárcenas. Montoro trasladó, por primera vez, que Hacienda endurecería a partir de entonces los controles sobre la amnistía y, para ello, permitiría que los inspectores accedieran a las llamadas declaraciones tributarias especiales. El ministro lanzó un aviso a navegantes: «La amnistía no es opaca, el Gobierno tiene los nombres de quienes han regularizado».

«Vamos a analizar todas las declaraciones de la amnistía fiscal y veremos lo que nos encontramos», aseguró Beatriz Viana, la entonces directora de la Agencia Tributaria, poco después de que Montoro compareciera en el Congreso. Esta posibilidad la prohibía explícitamente la normativa —el artículo 7 del Real Decreto-ley 12/2012, que lanzó la amnistía, que reguló el «carácter reservado» de la declaración tributaria especial, a lo que se suma el informe de Tributos que hemos comentado que prohibía a los inspectores investigarla— y había sido negada por el propio Montoro y otros altos cargos de Hacienda cuando la amnistía estaba en vigor y había que atraer a contribuyentes.

En paralelo con el final de la amnistía, la Policía lanzó en octubre de 2012 una operación contra la trama de blanqueo de dinero liderada por el empresario chino Gao Ping (véase el capítulo 8), que algunos apuntaron como acicate a que los capitales opacos decidieran acogerse a la amnistía en el último minuto.

Poco después, Montoro fue aún más lejos en su estrategia de amedrentar a quienes tienen cuentas pendientes con Hacienda. En diciembre de 2012 el ministro anunció en el Congreso que iba a publicar una lista de grandes defraudadores y morosos, un anuncio que causó sensación porque se trata de una posibilidad muy poco explorada en el mundo y totalmente ajena y prohibida en el ordenamiento jurídico español. La publicación de una lista de defraudadores necesita una profunda reforma de la Ley General Tributaria. En concreto, del artículo 34, que define los derechos y garantías de los obligados tributarios, y de los artículos 93, 94 y 95. El artículo 95, muy especialmente, indica que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones «tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros».

La Exposición de Motivos del proyecto, según ha publicado Expansión,¹⁸ explica que «la actual coyuntura económica aconseja un reforzamiento de los mecanismos de la Hacienda Pública de lucha contra el fraude fiscal. Ahora bien, dichas medidas no sólo deben ir dirigidas a la mera represión del mismo ya que, si bien son necesarias, actualmente no son suficientes». En este sentido, apunta el fisco, «no debe dejar de destacarse que el necesario respeto al principio de reserva de datos tributarios como manifestación en el ámbito fiscal del derecho a la intimidad conlleva que serán objeto de publicidad aquellas situaciones tributarias especialmente reprobables desde un punto de vista social tanto cualitativamente, tales como las conductas constitutivas de delito fiscal así como aquellos supuestos de elusión tributaria en donde concurre especial ánimo defraudatorio, como cuantitativamente, estableciendo sólo la difusión de aquellas conductas que generan un mayor perjuicio económico para la hacienda pública mediante el señalamiento de límites en función del importe». Durante la redacción de la norma, Hacienda se ha inclinado por que la cantidad tope para aparecer en la lista se sitúe en el entorno de los 100.000 euros. El texto añade un nuevo apartado 3 al artículo 95 de la Ley General Tributaria: «Los datos, informe o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones podrán ser comunicados a terceros con el objeto del fomento del cumplimiento del deber general de contribuir del artículo 31 de la Constitución y la prevención del fraude fiscal». También se incorpora un nuevo artículo 95 bis, que establece que «la Administración Tributaria acordará la publicación periódica de listados de defraudadores». Los requisitos para aparecer como gran defraudador son, o bien que la sanción sea firme en vía administrativa y que ni la deuda ni la sanción hayan sido ingresadas en el plazo voluntario, encontrándose la deuda en fase de embargo, o que el contribuyente haya sido condenado por sentencia firme en un asunto penal. En cuanto a la lista de morosos, estará integrada por quienes tengan la deuda en fase de embargo y la Administración haya dictado acuerdo de declaración de responsabilidad que sea firme en vía administrativa. En los listados aparecerá, en el caso de la persona física, nombre, apellidos y NIF, y en el de las empresas, razón o denominación social y NIF. Además, se concretará la cuantía de la sanción y de la deuda y período. La web de la Agencia Tributaria publicará periódicamente la lista y se ofrecerá trámite de audiencia al defraudador o moroso antes de su publicación. Es decir, este contribuyente tendrá la posibilidad de pagar la deuda y librarse de aparecer. Según Hacienda, «esta medida se enmarca en una nueva orientación en lucha contra el fraude a través del fomento de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos que coadyuven al cumplimiento voluntario y al desarrollo de una auténtica conciencia cívica tributaria».

El espejo en el que se mira el fisco es el mundo anglosajón, en concreto, Reino Unido, Irlanda y algunos estados de Estados Unidos como California o Nueva York. Irlanda publica desde hace años listas de grandes defraudadores con criterios parecidos a los que ahora maneja Hacienda. En enero de 2013 el Tesoro británico publicó en internet los nombres y fotos de 32 personas condenadas en los tribunales por evasión fiscal. La mayoría de estos contribuyentes británicos están sentenciados a cárcel por delitos de contrabando de tabaco y alcohol, o por la creación de esquemas ilegales para defraudar en el pago de IVA. Para que el nombre sea publicado, el defraudador debe haber agotado todas las vías en los tribunales. Estos requisitos son más restrictivos y menos exigentes con el defraudador y moroso que los que pretende implantar la Hacienda española, para la que bastará tener una infracción administrativa firme. Las 32 personas de la lista británica, algunas fugitivos de la justicia, suman condenas por 155 años y diez meses de cárcel.

La reforma de la Ley General Tributaria también incluye una modificación de calado de uno de sus preceptos clave: el conflicto en la aplicación de la norma tributaria, que acarreará sanción a partir de que entre en vigor. Esta figura entra en juego cuando la Administración detecta que se está produciendo lo que se conoce como planificación fiscal agresiva. Por primera vez en España, este conflicto, que hasta ahora no suponía infracción ni delito, será sancionado con multas de entre el 50 por ciento y el 150 por ciento de la cantidad cuestionada. Es decir, que se impondrán multas por disentir con Hacienda en un asunto que hasta ahora no entraña infracción. La reforma también amplía los plazos de la Inspección, un cambio que habían demandado los inspectores, ya que subrayan que en los períodos vigentes no podían analizar todas las operaciones de una gran empresa. Hasta ahora, Hacienda tenía 12 meses para inspeccionar, plazo que podía ampliarse a 24 meses en el caso de que alegara que concurrían circunstancias especiales. La reforma aumenta estos períodos a 18 y 27 meses, respectivamente.

En paralelo a estas medidas, la Agencia Tributaria potencia su presencia en las calles y en todo tipo de celebraciones. Realiza actuaciones por sorpresa en las Fallas, en la Feria de Abril, y en bodas, bautizos y comuniones. Los más ricos también sienten su presencia en actuaciones en Puerto Banús (Marbella) o en sus cajas de seguridad en el banco. En diciembre de 2013 desplegó una actuación simultánea y por sorpresa en la que precintó y declaró el embargo de 542 cajas de seguridad en bancos de toda España a contribuyentes que tienen una deuda con Hacienda de 319 millones.

El fisco también estrecha el cerco sobre deudores mediáticos como restaurantes y cocineros. Cuando faltaban días para que acabara el plazo para acogerse a la amnistía fiscal, la entonces directora del departamento de Recaudación de la AEAT, Ana Fernández-Daza, mandó un correo electrónico a los delegados especiales en el que pedía acelerar «las autorizaciones de entrada en domicilio o en locales», según informó El Mundo.¹⁹ Reclamaba hacerlo antes del 30 de noviembre, el fin del plazo, y con actuaciones que «además de suponer una cancelación de deuda, tengan una repercusión mediática que suponga una prevención del fraude por la vía de incentivar el cumplimiento voluntario». En ese momento se precintó la caja y la bodega del restaurante El Frontón de Madrid con varios clientes dentro. El restaurante Gastro de Sergi Arola, con dos estrellas Michelin, cerró unos meses tras haber sido precintada su bodega en mayo de 2013 por impago de deudas con la Seguridad Social de más de 148.000 euros. «Así me pagan todos estos años de servicio de representación a mi país», lamentó Arola. A mediodía, cuando había cuarenta personas comiendo, seis inspectores precintaron la bodega, una mesa y la coctelera, tras realizar un inventario. Arola negoció el pago de la deuda y volvió a abrir.

Otro caso paradigmático «de los que dan ejemplo» es el de Messi (véase el capítulo 8), que saltó a todos los telediarios cuando su imputación por presunto delito fiscal se filtró antes de que la conociera el propio jugador y que haría las veces de una «Lola Flores del siglo XXI». En la memoria, la tonadillera en el banquillo. En la retina, el mejor jugador de fútbol del mundo, imputado. El caso de Messi corre en paralelo, además, a la imputación del Barça por presunto delito fiscal en el fichaje de Neymar, uno de los primeros casos en que una empresa, una persona jurídica —posibilidad que ofrece el nuevo Código Penal—, es imputada por delito fiscal.

España ha pasado de ofrecer la fiscalidad más ventajosa para artistas y deportistas de Europa a ofrecer la menos atractiva del continente desde 2012. De la tributación al 24 por ciento que instauró la llamada «Ley Beckham», al 60 por ciento que supone la subida del IRPF que lanzó el Gobierno en 2012 junto con la reactivación del Impuesto sobre Patrimonio. Si se fichara en este escenario a Cristiano Ronaldo, sería mucho más caro. Es decir, costaría cerca de 30 puntos más. Frente a este panorama, las Ligas más potentes del continente presentan un tipo marginal del 43 por ciento en el caso de Italia, con un coste adicional del 3 por ciento a partir de 300.000 euros. O un gravamen del 50 por ciento en Reino Unido para más de 150.000 libras, con la ventaja de que el régimen deja exento lo que se cobra por jugar en el extranjero, que puede suponer, en ocasiones, cerca de la mitad de los ingresos. La subida del IRPF dibuja una fiscalidad para los tramos más altos del 56 por ciento en Cataluña, Andalucía y Asturias. Sin embargo, Madrid sigue siendo de las comunidades más ventajosas, con el 51,5 por ciento. A esto se añade el Impuesto sobre el Patrimonio que, sumado a la Renta, hace que en Asturias y Cataluña los tipos lleguen al 60 por ciento. Los clubes, a menudo, cargan con las subidas fiscales porque pactan netos con los jugadores. A todo esto se suma el incremento similar que sufren los tipos sobre los rendimientos procedentes de la Propiedad Intelectual e Industrial e imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen, cuando buena parte de los ingresos de los deportistas de élite provienen de la publicidad. Asimismo, para deportistas no residentes o quienes tengan sociedades domiciliadas en otro estado como los Países Bajos, el Tribunal Supremo ha establecido que los rendimientos de las actividades deportivas que se realizan en España tributan al 24 por ciento por la Ley de la Renta de No Residentes. Antes se gravaban entre el 6 por ciento y el 11 por ciento como cánones. El Real Decreto 687/2005, conocido como «Ley Beckham», estuvo vigente entre 2005 y 2010 como fórmula para atraer capital humano cualificado, y uno de los primeros en aplicárselo fue David Beckham, el entonces jugador del Real Madrid. Talentos y deportistas que vinieran a trabajar podían tributar como no residentes. Esto implicaba pagar impuestos al tipo general fijo del 24 por ciento, teniendo en cuenta que el tipo máximo entonces era del 43 por ciento. Estos incentivos también atañían al Impuesto sobre el Patrimonio entonces vigente, del que estaban exentos. Los beneficios del régimen especial se limitaron a ingresos menores de 600.000 euros a finales de 2009. Quienes llegaron a España antes de esta fecha se siguen beneficiando de la llamada «Ley Beckham».

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha combinado medidas de gran dureza contra el fraude con declaraciones en el Congreso y en distintos foros en los que, de forma insólita, amenaza a contribuyentes concretos, o manifiesta sospechas de que no pagan impuestos. Han sido pasto de sus diatribas tanto actores y directores del mundo del cine, a los que echó en cara que criticaran los recortes pero luego no tributaran en España, como partidos políticos y medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido los últimos aludidos, aunque lo ha hecho por segunda vez. Cuando arreciaba el escándalo por los ceses y dimisiones del «caso Cemex», en diciembre de 2013, Montoro relacionó las informaciones, a su juicio, «falsas», que se publicaban sobre la Agencia Tributaria con los problemas que tenían con el fisco determinados medios de comunicación. «Cuando veo algunas informaciones digo, ¿será alguna forma de presión?», afirmó Montoro; que también alegó: «Esos reportajes los veo en determinados medios que, por cierto, tienen bastantes problemas económicos, y lo sé porque vienen a mi despacho a contármelos… pero eso no quiere decir que tengan aplazamientos».

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Último asalto en el ring

¿Conseguirán la OCDE y la UE que el estigma de los paraísos fiscales sea tal que, sencillamente, vayan desapareciendo y, con ellos, la opacidad de su clientela? ¿Lograrán este club de países ricos y la vieja Europa crear un sistema —y ponerse de acuerdo en su implementación— por el que las multinacionales paguen en los países donde generan beneficios? Se antojan objetivos dificilísimos, inalcanzables para grandes conocedores del problema como Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal Anticorrupción que procesó a Mario Conde, Luis Roldán o Jesús Gil, cuando descubrió «la delincuencia financiera, que coloca capitales obtenidos ilícitamente fuera del alcance de las autoridades». Ante esa evidencia, Jiménez Villarejo ha declarado: «Los paraísos fiscales me enfurecieron»,²⁰ y recuerda con amargura cuando, en 2000, «descubrí que el Banco Bilbao Vizcaya tenía en la isla de Jersey una filial con centenares de cuentas cuyo titular no estaba acreditado. No logramos que nos dieran sus nombres» (véase el capítulo 5). Preguntado por si hay más intención ahora que antes de acabar con los paraísos fiscales, responde: «No. Soy muy escéptico». Sin embargo, el mismo ejemplo que pone el exfiscal Anticorrupción, en la actualidad ya no podría ponerse. La presión sobre los paraísos fiscales ha llevado a importantes acciones. Pese a todo, también se mantiene firme en esa misma línea Reino Unido, al que están ligadas las Islas del Canal (Jersey y Guernsey) y la Isla de Man —tradicional nido de capitales opacos, muchos de ellos españoles—. Por una parte, Londres es uno de los cinco países europeos autodenominados «G-5» que han firmado un acuerdo de intercambio automático de información fiscal, a imagen del FATCA de Estados Unidos, al que se han sumado ya al menos 44 países. Desde el primer momento de la rúbrica, Londres avisó de que el paquete incluía el intercambio de información de las Islas del Canal e Isla de Man. Este acuerdo entrará en vigor en 2017 con información de cuentas desde 2015. Mientras tanto, España ha firmado Convenios para Evitar la Doble Imposición con Jersey, Guernsey e Isla de Man, con lo que estas islas darán la información que España pida. Aunque no de forma indiscriminada, ya que este modelo de convenio no es todavía perfecto, pero sí que responderían hoy a una petición como la que hizo Jiménez Villarejo en 2000. La OCDE, además, camina hacia un intercambio automático de información tributaria global que, si se consigue implantar, superará cualquier otra iniciativa.

El problema de las multinacionales que no pagan impuestos se ha agravado desde el año 2000, ya que entonces el conflicto empezaba a desarrollarse con el avance de internet y hoy adquiere dimensiones desproporcionadas.

Pero la OCDE confía en su plan de superar los 4.000 convenios bilaterales vigentes por uno solo de intercambio automático global de información tributaria, y en el desarrollo de las medidas para que las grandes empresas paguen, el proyecto BEPS. En julio de 2013 aseguró que «la edad de oro de no pagar impuestos en ninguna parte, ha terminado». En septiembre de 2013 la Unión Europea abogó en la cumbre del G-20 por la adopción de medidas firmes contra la evasión fiscal, para lo que puso en valor los proyectos de intercambio automático de información y, además, respaldó el plan de la OCDE contra la planificación fiscal agresiva de multinacionales. «La crisis económica ha puesto de relieve aún más la necesidad de que todos paguen su justa parte de impuestos», subrayó.

Ante este panorama, las empresas también renuevan sus estrategias. Tim Cook, consejero delegado de Apple, fue en persona al Senado de Estados Unidos para defenderse de los ataques (véase el capítulo 6). Cook alegó que ni ha violado la ley ni usa «trucos fiscales» ni se aprovecha de paraísos fiscales. Sí admitió que usó sus filiales para ahorrar impuestos, pero negó que fueran diseñadas sólo con ese fin: «Apple no traslada propiedad intelectual a paraísos fiscales ni la usa para revender productos a Estados Unidos con el fin de evitar pagar impuestos en Estados Unidos … No tiene dinero en una isla del Caribe ni tiene una cuenta en las Islas Caimán. Tiene una tesorería principalmente extranjera porque vende la mayoría de sus productos fuera de Estados Unidos».

De los 145.000 millones de dólares de reservas en efectivo de Apple, 100.000 millones están fuera de las fronteras de Estados Unidos. Para acabar con esta situación, Cook pidió rebajar el Impuesto sobre Sociedades, ahora en el 35 por ciento, el más alto de la OCDE. Ese gravamen provocó, según el consejero delegado de la compañía, que la factura fiscal de Apple fuera «extraordinaria» en 2012: pagó 6.000 millones, lo que supone que aporta un dólar de cada 40 dólares ingresados al año por el Tesoro en concepto de tributos empresariales. Aunque Apple dice a sus inversores que paga una media de impuestos de entre el 24 por ciento y el 32 por ciento en Estados Unidos, el Senado entiende que con los mismos datos saldría un tipo del 20 por ciento. Sin contar con que este gravamen se compensa con su tributación casi nula en todo el mundo. La Cámara Alta, además, avala informes que muestran que las multinacionales tributan en Estados Unidos entre el 12 por ciento y el 18 por ciento. Lejos de aceptar la acusación del Senado, Cook entiende que así quedan saldadas en Estados Unidos las cuentas de Apple. Esta comparecencia tendrá importantes consecuencias, según apuntó Financial Times.²¹

Desde hace años, Estados Unidos analiza si debe hacer una reforma de los impuestos a las empresas y si debería adoptar un régimen fiscal «territorial» para los beneficios extranjeros (véase el capítulo 6). Además del elevado tipo de Sociedades, el país también ha mantenido un sistema de fiscalización que grava los beneficios extranjeros cuando son repatriados a Estados Unidos. La solución que defienden muchos lobbies empresariales es que se opte por un sistema impositivo «territorial» similar al de otros países, que no grave o que aplique un impuesto mínimo a los beneficios extranjeros. Al hacerlo, Estados Unidos generaría una oleada de reinversiones de dinero que lleva años guardado fuera del país. «Actualmente, para repatriar dinero a Estados Unidos, hay que pagar el 35 por ciento de ese dinero. Es una cifra muy alta», aseguró Cook. «Nos proponemos que sea cero. Sé que muchos rivales opinan así. No comparto esa opinión. Pero pienso que tiene que ser razonable.» Conseguir que la Casa Blanca y el Congreso acuerden una nueva estructura fiscal no es fácil. Barack Obama y muchos republicanos coinciden en que el tipo debería estar por debajo del 35 por ciento para dar más competitividad a las empresas en todo el mundo e incentivar la inversión interna. Sin embargo, para no aumentar el déficit, una rebaja del tipo impositivo debería ir acompañada de una reducción de exenciones. Es un debate muy similar al que se vive en España, también con un tipo muy alto, del 30 por ciento, pero con un importante incentivo a la repatriación de dividendos del extranjero que ha fomentado la internacionalización de las empresas españolas, que ahora podría endurecerse en la reforma fiscal.

El debate es tal sobre estos asuntos que el nuevo Convenio para Evitar la Doble Imposición entre España y Estados Unidos, que debería haber entrado en vigor en enero de 2014, y ya con bastante retraso, no lo hizo. El «culpable» es el senador Rand Paul, del Tea Party, que también bloquea otros convenios con distintos países —Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, entre otros— porque no quiere que accedan a información de contribuyentes estadounidenses. Paul pretende, además, acabar con FATCA (véase el capítulo 4).

A su vez, la SEC está pidiendo a las firmas un cálculo sobre qué cantidad de impuestos deberían pagar si repatriaran su tesorería del extranjero. Sus cálculos apuntan a que, en un año y con un tipo del 35 por ciento, el Tesoro recaudaría 42.000 millones. El sector empresarial apuesta por pagar un tipo de «un solo dígito». Así lo dice Apple, que alega que de ese modo reinvertirían los beneficios extranjeros en empleo e inversión dentro de Estados Unidos. Pero el Gobierno recuerda que, en 2004, cuando se hizo algo similar con un tipo del 5,25 por ciento, el llamado tax holiday, no mejoró el mercado laboral. Un 92 por ciento de los 300.000 millones que volvieron al país se destinaron al pago de dividendos y a bonus. Algunos analistas entienden que lo que buscan las multinacionales ahora es que el Ejecutivo de Estados Unidos apruebe otras vacaciones fiscales para repatriar dividendos de forma barata y sin más consecuencias.

España quiere controlar la «planificación fiscal agresiva de multinacionales», por la que las arcas públicas dejan de ingresar cerca de 1.000 millones al año, según los expertos. El 1 de abril de 2013 empezó a funcionar la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), una unidad de élite que planifica actuaciones y fija criterios para toda la Agencia Tributaria. La ONFI se dedica a aplicar las normas de la OCDE, que intenta limitar la erosión de las bases imponibles de las multinacionales y el desplazamiento de los beneficios. Entre otras cosas, vigila la generación de pérdidas mediante transmisiones de valores intragrupo, es decir, la alteración de los precios de los productos en las ventas entre filiales para reducir las ganancias en aquellos países donde el Impuesto sobre Sociedades es mayor. El camino que empieza Hacienda sigue en los tribunales. Una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que depende de Hacienda, ha exigido a Dell el pago de más impuestos, aunque sean facturados desde sociedades domiciliadas en Irlanda.²²

Una muestra del cambio de actitud y mentalidad de Hacienda son los expedientes que ha abierto a Coca-Cola porque está convencida de que la multinacional realiza ingeniería fiscal para no pagar impuestos en España.²³ El TEAC ha reafirmado la acusación del fisco y subraya que Coca-Cola elude impuestos al esconder, en el precio que cobra a las embotelladoras por el concentrado, el valor de la marca, aunque, no obstante, anula el acta porque Hacienda utilizó para reforzar su postura información obtenida de otras empresas del sector que no pudo mostrar a Coca-Cola por razones de confidencialidad, lo que el Tribunal estima que creó indefensión a la multinacional. Se trata de un caso pionero por el que la Agencia Tributaria pone en práctica sus directrices más novedosas en su control de las multinacionales que realizan planificación fiscal agresiva y que puede aplicarse a grandes tecnológicas como Apple o Microsoft, a farmacéuticas y al sector textil. Las inspecciones, que pretenden el pago de impuestos por retenciones no practicadas de cerca de 100 millones, se dirigen a las embotelladoras de Coca-Cola en España, que tienen en marcha el cierre de cuatro plantas y presentaron un polémico ERE que afectaba a 1.250 trabajadores. Las embotelladoras son las que realizan transacciones con Coca-Cola y quienes deberían haber retenido el impuesto en el momento de pagar a la multinacional y haberlo ingresado en Hacienda. Así, el Tribunal considera que Coca-Cola elude impuestos al esconder, en el precio que cobra a las embotelladoras por venderles el concentrado o jarabe del refresco, el valor de la marca asociada a los productos. Coca-Cola Atlanta es una empresa no residente en España, con lo que las ventas que haga en nuestro país no tributan en España. Sin embargo, la venta o cesión de una marca de un no residente sí tributa por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes en el entorno del 25 por ciento. Coca-Cola alega que no tributa por la cesión de su marca a las embotelladoras porque asegura que no la vende, sino que la cede al amparo de un contrato por el que sus distribuidoras obtienen de forma gratuita el derecho de uso de la marca, es decir, se la regala. En cambio, el fisco esgrime que la multinacional esconde el precio de la cesión de la marca en el precio de la venta del concentrado, con lo que oculta una operación por la que debería tributar dentro de una transacción libre de impuestos. El Tribunal apoya su argumento en que el márketing de Coca-Cola no se destina a promocionar el producto, sino que el gasto se destina a publicidad de la marca intentando «relacionar el consumo de la marca con estados que se consideran deseables y que son escasos, como la felicidad». Es la primera medida que Hacienda toma contra Coca-Cola por este asunto, cuando esta multinacional mantiene esta estrategia fiscal en España y en todo el mundo desde hace varias décadas.

Las empresas se agrupan en distintos tipos de lobbies para hacer frente a esta batalla. Que se sepa, el más grande es uno global, originario de Estados Unidos y con fuerte implantación en Europa, el Tax Executives Institute (TEI), que trata de influir en los gobiernos y parlamentos y que acude a todo tipo de foros a contar la versión de las empresas. Esgrimen que cumplen con la ley, que se sienten acosadas y que no pagan mucho pero pagan y así consiguen beneficios que a todos interesa que mantengan.

En segundo lugar, está llegando a España una tendencia de Estados Unidos y Reino Unido, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) fiscal, por la que empresas concienciadas socialmente publican estudios y memorias donde muestran que pagan impuestos y realizan contribuciones sociales. Cada vez son más las compañías que se apuntan a esta estrategia en el mundo anglosajón. En España la pionera ha sido BBVA, que publicó en 2013 un informe donde muestra cuántos millones de impuestos paga y dónde, aunque no ofrece cuál es su tipo efectivo (véase el capítulo 7). También Mercadona se sitúa en esta línea.

En tercer lugar, hay una plataforma en España en la que participan los despachos de la abogacía de los negocios más potentes en el área fiscal, la Fundación Impuestos y Competitividad. Ésta trata de influir en el Gobierno para que las medidas fiscales no perjudiquen a las empresas y quiere transmitir a la sociedad que es posible que haya un sistema fiscal justo en el que las empresas sean competitivas.

Una vez que parece que ha quedado descartado el plan que ha alentado alguna vez la Unión Europea de que haya un Impuesto sobre Sociedades común, que los países con los tipos más altos —como España o Estados Unidos— se muestran dispuestos a irlos bajando y a quitar deducciones y exenciones, y que se están poniendo en marcha las medidas del proyecto BEPS de la OCDE —por el que se gravará donde se obtengan beneficios—, parece que nos encaminamos a una época en la que las empresas pagarán mucho más. Y seguirán buscando maneras de evitarlo.

Glosario

aflorado: cuantía total del dinero que descubren amnistías fiscales o procesos de regularización o declaración voluntaria. Quien se acoge a la amnistía o a la regularización paga un porcentaje del dinero, lo aflorado es el total, que, al ser descubierto, pasa a ser conocido y controlado por Hacienda, con lo que tributará.

alzamiento de bienes: delito por el cual se esconden bienes o cuentas de un particular o una empresa con el fin de que no sean detectados —y embargados— por la Justicia.

amnistía fiscal: proceso por el cual un Gobierno permite a quienes tienen cuentas o bienes no declarados declararlos sin ser penalizados y a un coste muy bajo.

amortización, libertad de: potente incentivo del Impuesto sobre Sociedades por el que las empresas pueden deducirse el gasto en inversiones en el período que les convenga. El Gobierno de Zapatero lo extendió a grandes empresas sin necesidad de que generaran empleo.

ayudas de Estado: infracción del Derecho de la UE por la que un Estado favorece a un sector productivo o a las empresas en general, lo que supone una competencia desleal a otros sectores y otros países.

base imponible: conjunto de ingresos o bienes que grava un impuesto, que las deducciones o exenciones hacen disminuir y, por lo tanto, mermar la recaudación de un impuesto.

BEPS: proyecto de la OCDE para intentar que las multinacionales tributen en los países donde generan beneficios. Responde a las siglas Base Erosion and Profit Shifting en inglés, es decir, erosión de bases (imponibles) y traslado de beneficios.

Convenio para Evitar la Doble Imposición: convenios bilaterales por los que dos países acuerdan mecanismos para no gravar dos veces a sus contribuyentes con intereses en el otro país y que implican cierto grado de intercambio de información tributaria.

cuentas opacas: cuentas no declaradas, muy habitualmente en Suiza o en paraísos asiáticos. No es ilegal tener una cuenta en un paraíso fiscal sino el no declararla a Hacienda.

delito fiscal: incumplimiento de alguna norma fiscal con una cuantía superior a 120.000 euros.

delito fiscal agravado: nuevo tipo que creó el Código Penal de 2012 para tramas organizadas, evasión en paraísos fiscales e incumplimientos con cuantías superiores a 600.000 euros.

demandas agrupadas: demandas de información de un estado a otro (por ejemplo, a Suiza) para que le proporcione datos de contribuyentes que hayan podido cometer fraude o evasión fiscal o, simplemente, haber incumplido alguna norma, pero sin especificar sus nombres ni proporcionar datos de la cuenta o entidad bancaria en cuestión. Suiza responde a estas demandas desde el 1 de febrero de 2013. Hasta ese momento tan sólo proporcionaba información de contribuyentes específicos, identificados con nombre y apellidos, entidad y cuenta bancaria, además de probar documentalmente el indicio de delito fiscal. El secreto bancario helvético les llevaba a responder sólo a peticiones de jueces en una causa penal. Ahora también atiende peticiones administrativas de Hacienda.

dividendos: parte de los beneficios de una empresa que se utilizan para remunerar a los accionistas por sus aportaciones al capital social de la misma. Los beneficios no distribuidos en forma de dividendos se destinan a la creación de reservas con la finalidad de propiciar el crecimiento de la empresa, el modelo que prefería Steve Jobs.

«doble irlandés»: estructura fiscal que fabrican varias multinacionales de Estados Unidos por la que crean dos sociedades irlandesas, una residente en Irlanda y otra en un paraíso fiscal, para ahorrarse miles de millones en impuestos. Consiste en que la sociedad establecida en Irlanda le compra patentes o productos a la que está en un paraíso y luego los vende al resto del mundo. En Irlanda paga muy poco porque se deduce lo que paga a la otra sociedad, y lo poco que paga, lo hace al tipo local del 12,5 por ciento. La sociedad establecida en el paraíso no tributa en Estados Unidos ni en Irlanda sino, por ejemplo, en Bermudas, al 3,2 por ciento. Este sistema se puede complementar con el «sándwich holandés» para pagar aún menos impuestos.

«doctrina Botín»: nueva doctrina de la Justicia española que se aplicó a la familia Botín en el caso de las cuentas opacas en la sede de HSBC en Suiza, por la que es válida una regularización o puesta al día fiscal aunque no surja la iniciativa del contribuyente (el caso de la excusa absolutoria), sino que es la propia Hacienda la que le alerta de que conoce que tiene cuentas opacas.

economía sumergida: conjunto de actividades no declaradas a Hacienda de empresas y autónomos que no podrían soportar el coste de competir en la economía normal o regular o que serían menos rentables si lo hicieran. Hay ejemplos de operadores completamente sumergidos o parcialmente sumergidos.

entramado: conjunto de empresas más o menos opacas diseñado para eludir impuestos.

ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros): figura que creó el Gobierno de Aznar en 1995 para competir con incentivos a la inversión extranjera, como los hólding de los Países Bajos y otros estados. Los dividendos, beneficios y plusvalías generados por las empresas extranjeras participadas por las ETVE están exentos pero sí pueden deducirse gastos. Sólo tributa la inversión que realicen para desarrollar su actividad en España. Para gozar de la exención, se debe tener al menos un 5 por ciento de los fondos propios de las entidades extranjeras o un valor de adquisición superior a seis millones de euros. Brasil ha considerado a España paraíso fiscal por esta figura. Buena parte de los capitales que figuran como «inversiones extranjeras» en la práctica son dinero de paso. La mayoría de las ETVE tiene como mucho una pequeña sede, a lo más un despacho, y un solo empleado.

excusa absolutoria: figura de Derecho penal por la que un contribuyente que haya defraudado a Hacienda si se autoinculpa y paga lo que debe antes de que sea descubierto queda exonerado del delito.

facturas falsas: facturas simuladas que emiten empresas o autónomos para generar gastos que rebajen su declaración fiscal.

Falciani, lista: lista integrada por cerca de 130.000 evasores fiscales que resulta de la información de HSBC Suiza que robó Hervé Falciani en 2008 y que dio a Francia, país que trasladó a distintos estados los datos de sus respectivos contribuyentes.

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act siglas del inglés, ley de Estados Unidos que exige a los bancos que informen a la Hacienda norteamericana de las cuentas y movimientos globales de sus ciudadanos. En un primer momento amenazaba con retenciones del 30 por ciento a los bancos que no la asumieran, pero ya ni siquiera es necesaria esta amenaza porque todos los bancos y la mayoría de países quieren entrar en el proceso.

fideicomiso: figura jurídica que permite aislar bienes, dinero o derechos en un patrimonio independiente y separado con diferentes finalidades. Es el equivalente al trust anglosajón.

fishing expeditions: demandas masivas de datos fiscales sin justificación, detalle u objeto alguno. Por ejemplo, que la Hacienda española pidiera a Suiza información de cuentas de españoles en sus bancos durante un período concreto.

fondo de comercio: conjunto de elementos intangibles o inmateriales de la empresa que implican valor para ésta. El fondo de comercio financiero es una deducción del Impuesto sobre Sociedades por la diferencia entre el valor real de una compañía que se adquiere y el valor de compra.

fraude fiscal: mecanismo por el que se vulneran las leyes tributarias con el fin de no pagar impuestos.

G-5: grupo de estados miembros de la UE formado por Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España que se unió para intercambiar datos fiscales de forma automática como prevé FATCA. Su objetivo es ir sumando otros países. Hasta ahora se han apuntado un total de 44, y se prevé que el intercambio entre en vigor en 2017 sobre cuentas de 2015.

G-20: grupo de 19 países más la Unión Europea, que reúne a los estados más industrializados y a países emergentes, y que quiere mantener la estabilidad financiera internacional. Entre sus preocupaciones sobresale en los últimos tiempos la elusión fiscal de las multinacionales, asunto en el que colabora con la OCDE.

gastos financieros: gastos originados como consecuencia de la financiación de una empresa con recursos ajenos que dan lugar a una deducción en el Impuesto sobre Sociedades que en 2012 se redujo al 70 por ciento.

grupo consolidado: grupo de sociedades que tributan en el Impuesto sobre Sociedades como si fueran una única sociedad.

hedge fund: fondo de inversión. Vehículo de inversión colectiva que tributa al 1 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades salvo que reparta beneficios, como las sicav.

hólding: integración de empresas en la que una compañía adquiere todas o la mayor parte de las acciones de otras para tener el control y que disfruta de ventajas operativas y fiscales.

Ibex: El Ibex 35 es un índice formado por los valores de 35 empresas que cotizan en la Bolsa o mercado continuo español.

Impuesto sobre Sociedades: impuesto que grava los beneficios de las empresas, que pueden descontar sus pérdidas. El tipo nominal en España es del 30 por ciento, y del 25 por ciento y 20 por ciento para pymes, por lo que es uno de los más altos de la OCDE (junto con Estados Unidos, con un tipo del 35 por ciento). Pero el elevado tipo nominal contrasta con el tipo efectivo, el que realmente se paga, muy bajo, por las numerosas exenciones y deducciones que tiene el impuesto.

intangibles: conjunto de bienes inmateriales de una empresa que contribuyen a un aumento en ingresos como patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, etc., y además know how o conjunto de conocimientos o sistemas operativos de empresas tecnológicas.

know how: o conjunto de conocimientos o sistemas operativos de las empresas tecnológicas.

módulos: sistema de tributación de autónomos que creó Hacienda en 1992 para controlar los ingresos de este colectivo, sobre todo de quienes trabajan directamente con el consumidor final y en efectivo, pero que al incluir a quienes también trabajan con profesionales se ha convertido en un nicho de fraude de facturas falsas. Además, los criterios de tributación (número de empleados, metros de la barra de un bar, número de mesas, etc.) no se han revisado desde entonces. La Ley de Lucha contra el Fraude ha restringido el régimen desde el 1 de enero de 2013 y el Gobierno planea limitarlo aún más en la reforma fiscal.

non domiciled: régimen de exenciones fiscales para no residentes que otorga Reino Unido con el fin de atraer fortunas a su territorio.

offshore: actividad realizada en territorios de baja tributación o paraísos fiscales. También se utiliza como sinónimo de paraíso fiscal.

ONFI: Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. Grupo de élite que ha creado Hacienda para controlar la planificación fiscal agresiva de las multinacionales. Muy en concreto, de las tecnológicas como Apple, Google o Microsoft. Empezó a funcionar el 1 de abril de 2013.

operaciones intragrupo: compras y ventas internas que realiza un grupo de empresas, también llamadas operaciones vinculadas o de precios de transferencia, que a menudo buscan reducir la factura fiscal trasladando pérdidas y ganancias a conveniencia.

paraíso fiscal: la OCDE considera que un territorio es un paraíso fiscal si impone una fiscalidad muy baja o nula, si no es transparente y tiene leyes estrictas que protegen el secreto bancario, si no participa en el intercambio de información fiscal con otros países y si permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aunque no desarrollen efectivamente una actividad en el país.

precios de transferencia: compras y ventas internas que realiza un grupo de empresas (también llamadas operaciones vinculadas o intragrupo) que a menudo buscan reducir la factura fiscal.

regularizar, regularización: declarar a Hacienda ingresos o bienes que se habían escondido acogiéndose a un procedimiento que incentiva que los contribuyentes se pongan al día de sus obligaciones sin que sean penalizados.

rentas del capital: rentas obtenidas con el capital en concepto de beneficios, intereses y dividendos. También llamadas rentas del ahorro. Desde el 1 de enero de 2012 se gravan en España al 21 por ciento hasta 6.000 euros, al 25 por ciento entre 6.000 y 24.000 euros y al 27 por ciento a partir de 24.000 euros.

rentas del trabajo: rentas obtenidas por los trabajadores en concepto de salarios. Desde el 1 de enero de 2012 se gravan en España a unos tipos máximos o marginales que van del 24,75 por ciento al 52 por ciento según los ingresos.

repatriación: vuelta de capitales del extranjero a su país de origen.

«Rubik»: programa de Suiza para intentar retener cuentas en sus bancos por el que ofrece a otros estados una tributación de entre el 21 por ciento y el 41 por ciento del valor de las cuentas de sus contribuyentes sin revelar su identidad. Los bancos suizos practican retenciones sobre las cuentas y el país helvético las ingresa en la Hacienda del Estado que suscribe el acuerdo. Como medida de captación inicial, Suiza ofrece una cantidad que obtiene de retenciones del 35 por ciento sobre los capitales que hubiera cuando empieza negociar con un país. Un 75 por ciento de esta cifra lo recibe el estado en el que residen los titulares de la cuenta. Luego, cada año los rendimientos tributan entre un 21 por ciento y un 41 por ciento. En Reino Unido y Austria está en vigor desde el 1 de enero de 2013. El Senado alemán tumbó el proyecto, pero Berna negocia con Italia y Grecia. España ha negociado con Suiza pero asegura que ha descartado por completo entrar en «Rubik».

«sándwich holandés»: estrategia por la que las multinacionales reducen su factura fiscal transmitiendo activos desde los Países Bajos, que apenas les grava, a un paraíso fiscal. Se combina con el «doble irlandés» y así las empresas se evitan la retención del 20 por ciento que impone Irlanda a los dividendos transmitidos a un paraíso con el que no ha firmado ningún acuerdo. Pero al ser los Países Bajos un estado de la UE, el traslado sale gratis. Por ejemplo: Google traslada ingresos de una sociedad irlandesa a una de Bermudas. Se deduce el gasto en Irlanda y lo que queda paga el 12,5 por ciento de Sociedades pero la cesión a Bermudas tributaría al 20 por ciento por ser un territorio con el que Irlanda no ha firmado acuerdo, gravamen que se evita llevando las ganancias a los Países Bajos, donde apenas se paga por transferirlas al paraíso y la sociedad irlandesa puede además practicarse deducciones más amplias por el coste que le supone el traslado.

SEC: Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, el regulador financiero, equivalente a la CNMV.

sicav: fondo de inversión colectiva que tributa al 1 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades frente al 30 por ciento general, salvo cuando sus partícipes disfruten de plusvalías por reparto de dividendos o por la venta de acciones, a las que se aplican los tipos de las rentas del ahorro del 21 por ciento, 25 por ciento y 27 por ciento. Las sicav tienen la obligación de tener 100 o más miembros y un capital mínimo de 2,4 millones para poder tributar sólo al 1 por ciento y no al 30 por ciento del resto de sociedades. Desde que se creó esta figura es sabido que muchos de los inversores son meros figurantes, conocidos como «mariachis», que aparecen sobre el papel para poder aprovecharse de esta ventaja fiscal. Hacienda ha subrayado ahora que aunque no piensa elevar la tributación de las sicav, existe la posibilidad de quitarle a la CNMV la competencia de controlar si estas sociedades cumplen o no los requisitos, que le fue arrebatada en 2004 después de realizar una oleada de inspecciones a estas sociedades.

sociedad pantalla: sociedad creada para evadir impuestos en combinación con otras que compran y venden a paraísos fiscales mediante el uso de las estrategias del «doble irlandés» y «sándwich holandés».

tax holiday: vacaciones fiscales, régimen fiscal muy beneficioso para las empresas. Puede aplicarse al que ha tenido el País Vasco y que ha anulado el Tribunal de Justicia de la UE por ser ayudas de Estado. También al proceso por el que Estados Unidos permite a las empresas repatriar dividendos del extranjero a un tipo muy bajo, del 5,25 por ciento en 2004, por ejemplo, para que vuelva este dinero al país, que las multinacionales mantienen fuera por el elevado tipo de Impuesto sobre Sociedades de Estados Unidos, del 35 por ciento. Aunque las empresas habían hablado de dedicar parte de este dinero a mejorar el mercado laboral, un 92 por ciento de los 300.000 millones que volvieron al país se destinaron al pago de dividendos y a bonus.

Tax Justice Network: organización sin ánimo de lucro que estudia y vigila la evasión de capitales y los paraísos fiscales.

territorio de baja tributación: países con una fiscalidad muy baja que pretenden atraer empresas y personas físicas. No tienen que ser un paraíso pero todo paraíso es un territorio de baja tributación.

tipo efectivo (en el Impuesto sobre Sociedades): tipo al que realmente tributa una empresa después de aplicarse todas las exenciones y bonificaciones que prevea el impuesto.

tipo nominal (en el Impuesto sobre Sociedades): tipo al que marca la ley que deben tributar las empresas. En España, del 30 por ciento, y del 25 por ciento y 20 por ciento para pymes.

trust: sociedades en las que uno o varios beneficiarios colocan activos de todo tipo con casi total libertad de movimientos y opacidad. Son originarias de Reino Unido.

whistleblower: confidente o chivato que denuncia la evasión fiscal de una empresa o contribuyente a cambio de un 30 por ciento de los capitales que consiga recuperar al fisco y de inmunidad.

Agradecimientos

A Juan José Garrido, Juan José Marcos, Jorge Sarró, Amelia Serraller y Lourdes Vinagre, por su ayuda. A Beatriz Amigot, por el impulso.

A los abogados, inspectores de Hacienda como Francisco de la Torre y compañeros de profesión de los que aprendo cada día.

Notas

1. El País, 22 de enero de 2014.

2. Datos publicados en prensa. Con información de la vista de extradición en la Audiencia Nacional y de una entrevista a Hervé Falciani.

3. Il Sole, 16 de enero de 2014. Le Monde, 27 de enero de 2014.

4. Ángel Liberal, Gibraltar, base militar: el interés anglo-americano por el Peñón, Madrid, Civitas, 2009.

5. Véase la página web: <http://www.nigel-green.com/2012/11/05/misguided-outrage-over-multinationals-tax-affairs/>.

6. Memorándum del Senado de Estados Unidos sobre la evasión de impuestos de Apple. Véase la página web: <http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.levin.senate.gov%2Fdownload%2Fexhibit1a_profitshiftingmemo_apple&ei=3WBAU4zPN4Gc0AXmlYCICw& usg=AFQjCNGKCOvIkFyQRc7ZGIzvgiA5Q4gTJA>.

7. El País, 23 de noviembre de 2011.

8. Financial Times, 24 de marzo de 2011.

9. Entrevista publicada en El Confidencial; véase: <http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-03-21/cuando-la-ue-cambie-el-marco-legislativo-tributaremos-en-espana-encantados_104380/>.

10. The New York Times, 24 de marzo de 2011.

11. Cuando hablamos de grandes empresas nos referimos a grupos consolidados, lo que incluye a la mayoría de las grandes empresas, por ejemplo, al Ibex, y a otras. Así se desprende de la Ley de Presupuestos del Estado para 2014 y de las Memorias e Informe Anual de Recaudación de la Agencia Tributaria. Hacienda no ofrece un dato homogéneo de 2013 con el que realizar la comparación. El incremento del 16 por ciento o el 18 por ciento que dice que se ha producido se refiere a las empresas con un volumen de negocios de más de 60 millones de euros, parámetro que sí que se puede afirmar que incluye a la mayoría de grupos consolidados y, desde luego, a todo el Ibex. El tipo efectivo es lo que las empresas pagan realmente después de aplicarse deducciones, exenciones y otras correcciones. El que ofrecemos se calcula respecto al resultado contable, se obtiene de la división entre la cuota líquida positiva y el resultado contable positivo.

12. Véase: <https://accionistaseinversores.bbva.com/TLBB/fbinir/mult/Cuentas_Anuales_Informe_de_Gesti_n_e_ Informe_de_auditor_a_Grupo_2013_tcm926-431317.pdf>, p. 131.

13. Véase: <http://descargas.mercadona.com/memorias2013/CAST/Memoria13.pdf>, p. 95.

14. Expansión, 30 de mayo de 2011.

15. Expansión, 10 de octubre de 2012.

16. Francisco de la Torre, ¿Hacienda somos todos? Impuestos y fraude en España, Barcelona, Debate, 2014, p. 100.

17. Expansión, 19 de febrero de 2014.

18. Expansión, 13 de diciembre de 2013.

19. El Mundo, 30 de noviembre de 2012.

20. El País, 27 de marzo de 2014.

21. Financial Times, 22 de mayo de 2013.

22. Expansión, 11 de enero de 2013.

23. Expansión, 7 de febrero de 2014.

Mercedes Serraller es licenciada en filología inglesa y en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en periodismo de El Mundo. Trabajó en El Mundo, y en el año 2007, justo cuando empezaba la crisis, entró en la sección de economía, política y jurídica de Expansión, donde cubre temas fiscales. Éste es su primer libro.

Edición en formato digital: junio de 2014

© 2014, Mercedes Calvo Serraller

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