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Índice

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Dedicatoria

Agradecimientos

Introducción

Parte I

1. ¿Cómo funcionan los mercados?

Parte II

2. Cambios de perspectiva acerca de la economía

3. El lugar y los alcances del mercado según la teoría política igualitarista contemporánea

4. Mercados nocivos

Parte III

5. Los mercados de trabajo reproductivo de la mujer

6. Los mercados de trabajo sexual de mujeres

7. El trabajo infantil: una perspectiva normativa

8. La esclavitud voluntaria y los límites del mercado

9. Cuestiones éticas derivadas de la oferta y la demanda de riñones humanos

Conclusiones

Bibliografía

colección

derecho y política

Dirigida por Roberto Gargarella y Paola Bergallo

Debra Satz

POR QUÉ ALGUNAS COSAS NO DEBERÍAN ESTAR EN VENTA

Los límites morales del mercado

Traducción de

Hugo Salas

Esta colección comparte con IGUALITARIA el objetivo de difundir y promover estudios críticos sobre las relaciones entre política, el derecho y los tribunales. (www.igualitaria.org)

Satz, Debra

Por qué algunas cosas no deberían estar en venta: Los límites morales del mercado.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2015.- (Derecho y política // dirigida por Roberto Gargarella y Paola Bergallo)

E-Book.

Traducido por: Hugo Salas // ISBN 978-987-629-545-1

1. Filosofía Política. I. Hugo Salas, trad. II. Título.

CDD 320.01

Título original: Why some things should not be for sale. The moral limits of markets

© 2010, Oxford University Press

© 2015, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.

Diseño de portada: Eugenia Lardiés

Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina

Primera edición en formato digital: mayo de 2014

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN edición digital (ePub): 978-987-629-545-1

A Richard C. Friedman

Agradecimientos

Hace mucho tiempo que pienso y escribo acerca de este tema, y a lo largo del camino contraje cuantiosas deudas. Si alguna vez alguien me exigiera saldarlas en términos monetarios, quedaría en la ruina. Afortunadamente, las normas sociales existentes de reciprocidad y amabilidad me benefician; según espero, podré pagar mis deudas en esas divisas.

Algunas personas contribuyeron con este trabajo al infundirme la sensación de que era posible, al darme motivos para creer que el mundo no es apenas un lugar estático que aceptar o tolerar. Estas personas me permitieron salir no sólo de la pobreza externa en que crecí, sino también de la pobreza de tener aspiraciones convencionales. Aquí debo agradecer a mi padre, que llenó de libros nuestra casa, y a Richard Friedman, quien marcó el rumbo que decidí seguir y en el que persisto con fuerte viento a favor.

Muchas personas tuvieron la generosidad de ayudarme con consejos e información, y leer partes de este libro y en algunos casos el manuscrito entero. Por eso, quisiera agradecer a las siguientes personas y pedir de antemano disculpas a las otras que, sin querer, omita: Rob Reich, Josh Cohen, John Ferejohn, Elizabeth Hansot, Andrew Levine, Elizabeth Anderson, Susan Okin, Barbara Fried, Zosia Stemploskawa, Adam Rosenblatt, Allen Wood, Tom Nagel, Lewis Kornhauser, Seana Shiffrin, Jonathan Wolf, Yossi Dahan, Ben Hippen, Anabelle Lever, Liam Murphy y Paul Gowder aportaron comentarios útiles. Si todo mejoró en este libro, fue gracias a su ayuda.

Presenté partes de esta obra en distintas ocasiones, y recibí excelentes sugerencias. Quisiera agradecer a las siguientes organizaciones y públicos: al Departamento de Filosofía de la Universidad de Michigan y a Marshall Weinberg por crear y dotar la cátedra que me permitió pasar tres meses en Ann Arbor; al Coloquio de Filosofía del Derecho, Política y Social celebrado en la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York; al Coloquio de Derecho, Economía y Política celebrado en la Facultad de Leyes de la Universidad de Nueva York; a la Aristotelian Society; a la Universidad de Manchester; al Departamento de Filosofía del MIT; a la Facultad de Leyes Ramat Gan; a la Universidad de Victoria; al Centro para los Valores Humanos de la Universidad de Princeton; a la Facultad de Leyes de la Universidad de Toronto; a la Facultad de Leyes de Austin de la Universidad de Texas; al Seminario de la Universidad de Stanford sobre Justicia Global y a la Universidad de Melbourne.

También fue provechoso el trabajo de varios y muy talentosos asistentes de investigación del programa de posgrado de Stanford, incluidos Eric Pai, Joseph Shapiro, Jose Campos, Caleb Perl y Alexander Berger. Uno de los mayores placeres de dar clases en Stanford es la posibilidad de interactuar con estudiantes tan talentosos y apasionados. También conté con el apoyo del increíble equipo del Departamento de Filosofía del Centro Familiar para la Ética en la Sociedad de Bowen H. McCoy. No podría haber terminado este libro sin descargar parte de mi trabajo administrativo en particular sobre Joan Berry. Gracias a todos.

Durante la escritura de este libro, recibí apoyo financiero de distintas entidades; entre ellas, las becas del Centro de Humanidades de Stanford y el Centro para los Valores Humanos de la Universidad de Princeton, un subsidio de investigación otorgado por el vicerrector de estudios de grado de la Universidad de Stanford y una asignación como participante del programa de becas Marta Sutton Weeks, también de Stanford. Estoy profundamente agradecida por este respaldo, que me aseguró una invaluable cantidad de tiempo de trabajo. También debo mencionar a las cabañas Neon Rose de la estación de Point Reyes, que me facilitaron un cuarto propio (¡con vista a la bahía!) para terminar este libro.

Algunos de los capítulos de este libro fueron publicados en versiones previas, y agradezco a los editores de las siguientes publicaciones por su permiso para reproducir las versiones actualizadas de estos escritos anteriores: Philosophy and Public Affairs (capítulo 5), Ethics (capítulo 6), The World Bank Economic Review (capítulo 7), Social Philosophy and Policy (capítulo 8) y Aristotelian Society (capítulo 9). Un pariente muy lejano del capítulo 4 fue publicado en Globalization, Culture and the Limits of the Market, libro editado por Stephen Cullenberg y Prasanta Pattanaik (2004). Un primo más cercano del capítulo 2 aparecerá pronto en Nineteenth Century Philosophy, editado por Allen Wood (2010).

Indudablemente, mis amigos oyeron acerca de este libro y las tribulaciones de su escritura mucho más de lo que habrían deseado. Fui muy afortunada de contar con una maravillosa comunidad de amigos, de Palo Alto al Bronx. Su amistad y compañerismo estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Agradezco en especial a Kathryn Pryor por ayudarme a mantener la concentración.

También debo agradecer a Peter Ohlin, mi editor en Oxford University Press, y los generosos comentarios de Samuel Freeman, responsable de la colección que publica este libro. El trabajo de edición de Judith Hoover me ayudó a dar al manuscrito su forma definitiva.

Fui bendecida con un bien que ninguna suma de dinero podría pagar jamás: una familia feliz. Agradezco el amor y el respaldo que recibo de mi marido, Don Barr, y de nuestro hijo, Isaac Barr Satz. Don leyó gran parte del libro, lo debatió conmigo, me sugirió modos de preparar el material y me apoyó en todos mis esfuerzos. Isaac aplicó a sus competiciones deportivas su conocimiento de las distintas teorías de justicia distributiva, para gran felicidad de su madre.

Introducción

Los mercados constituyen importantes formas de organización económica y social. Permiten la cooperación de grandes cantidades de personas que de otro modo serían completos desconocidos entre sí, en el marco de un sistema de intercambio voluntario. Por medio de los mercados, ellas tienen la posibilidad de comunicar sus deseos, difundir información y recompensar la innovación. Los mercados contribuyen a que los individuos adecuen su actividad de manera mutua, sin necesidad de una autoridad de planificación central. Es más, los mercados suelen ser considerados el modo más eficiente con que contamos para organizar la producción y la distribución, en una economía compleja.

Así, no causa sorpresa que, tras el derrumbe del comunismo, los mercados y las teorías políticas que abogan por su expansión hayan gozado de un notable resurgimiento. Los mercados no sólo se propagan por el planeta entero, sino que también se extienden hasta alcanzar nuevos ámbitos, como el de la contaminación ambiental.[1] Para muchas personas, las instituciones del mercado asumen el papel de una panacea frente a los defectos de las engorrosas burocracias gubernamentales del mundo occidental, la pobreza del Sur y el control estatal coercitivo de las economías planificadas. A pesar de la reciente recesión económica, esto sigue siendo así.

A la vez que los mercados expandían su alcance, surgieron nuevas controversias acerca de la moralidad de los mercados de órganos humanos, servicios reproductivos, diamantes que dan pie a sangrientas guerras civiles, sexo, armas, medicamentos que salvan vidas, drogas adictivas y ahora también los derivados de créditos. Los mercados de estos bienes tienen una reputación radicalmente distinta a la de los mercados de automóviles o de soja, y las reacciones que suscitan también son muy distintas. Podríamos decir que para muchas personas estos mercados dan la impresión de ser nocivos, tóxicos, contrarios a valores humanos fundamentales. Dichos mercados provocan una incomodidad generalizada y, en los casos más extremos, rechazo.

Tomemos por ejemplo la cuestión del trabajo infantil, que encaro en el capítulo 7. El trabajo infantil es materia corriente en muchas sociedades en vías de desarrollo y, desde luego, supo ser prevalente en lo que actualmente constituye el mundo desarrollado. Algunos economistas y asesores políticos alegaron que su prohibición constituye un error, ya que muchas familias dependen del trabajo de sus hijos para subsistir. Al mismo tiempo, muchas personas creen que proteger a los niños pequeños de las faenas laborales es un requisito moral para cualquier sociedad decente.

Tomemos un segundo ejemplo: el de los riñones humanos. En estos días, vender un riñón es ilegal en todas las sociedades desarrolladas, incluso si en ellas hay una escasez crónica de donantes de órganos. Desde una perspectiva economicista, en este caso la prohibición de vender es ineficaz, ya que probablemente los incentivos monetarios estimularían la oferta y por ende salvarían vidas. Sin embargo, algunas personas no están dispuestas a aceptar la venta de órganos bajo ninguna circunstancia. Analizo este caso en el capítulo 9.

¿Qué tipo de reflexiones deberían guiar el debate acerca de estos mercados? ¿Existen cosas que no es lícito comprar y vender? En términos más generales, ¿por qué las características de determinados intercambios nos dan la impresión de ser nocivas? ¿Qué respuesta deberían dar nuestras políticas sociales a estos mercados nocivos? Durante más de diez años, pensé y escribí acerca de estas preguntas, y este libro expone y defiende mis respuestas.

En buena medida, di forma a estas respuestas acerca de los mercados y sus límites en contraposición a las perspectivas dominantes en la economía y en la filosofía política contemporáneas. Si bien ambas disciplinas plantean consideraciones de gran importancia, noté que, a la hora de enfrentar estas preguntas concretas, sus categorías teóricas fundamentales tienen sólo un alcance limitado. Eso se debe a que por lo general estos dos grupos de académicos entienden los mercados como una institución homogénea, que plantea cuestiones similares en distintos ámbitos. Sin embargo, la suya es una premisa errónea. Los mercados no se limitan a asignar a distintos usos los recursos existentes ni a distribuir el ingreso entre distintas personas, sino que determinados mercados contribuyen a la conformación de nuestra política y nuestra cultura, incluso de nuestra identidad. Algunos mercados malogran capacidades humanas deseables, otros influyen sobre las preferencias de la población de manera problemática y algunos de ellos fomentan la existencia de relaciones jerárquicas objetables entre las personas. Resulta evidente que la eficiencia no es el único valor relevante a la hora de examinar los mercados: también debemos tener en cuenta los efectos de estos sobre la justicia social, sobre nuestro modo de ser y de relacionarnos con los demás, y sobre el tipo de sociedad con que podemos contar. Así, por ejemplo, aunque ciertos mercados de bienes tales como el trabajo infantil fuesen eficientes, la existencia de consecuencias nocivas para los niños o la posibilidad de que representen una amenaza para la gobernabilidad democrática ofrecerían valederas razones para objetarlos.[2] En este libro, pongo en cuestión la concepción unidimensional de los mercados que puede encontrarse en muchos manuales de economía, procurando abordarlos como instituciones que plantean cuestiones no sólo económicas sino también políticas y morales.

También rechazo la visión achatada de los mercados que aún presenta buena parte de la filosofía liberal contemporánea. La mayoría de los teóricos del igualitarismo liberal analiza estos mercados problemáticos desde la perspectiva de la distribución y no (o no sólo) desde la perspectiva económica de la eficiencia. Desde el punto de vista igualitarista, lo que subyace a los mercados nocivos –mercados de sexo, órganos (como el caso de los riñones), trabajo infantil o esclavitud– es una distribución de recursos previa e injusta, sobre todo en términos de ingreso y riqueza. Desde esta perspectiva, el problema asociado al trabajo infantil es el flagelo del hambre y la indigencia que empuja a los padres a hacer que sus hijos trabajen, no el mercado del trabajo infantil en sí.

Y es una perspectiva convincente. Yo también creo, como estos igualitaristas, que el carácter equitativo de la distribución subyacente del ingreso y la riqueza es una cuestión de suma importancia a la hora de evaluar los mercados, incluidos aquellos que involucran el trabajo infantil. Sin duda, de todos los mercados que nos chocan por su nocividad, algunos operan de ese modo porque tienen origen en la indigencia y la desesperación. Sin embargo, en este libro sostengo que existen razones para obstruir ciertos mercados, para limitar el rango de cosas que el dinero puede comprar, aunque esos límites no se estén fundados sobre consideraciones de penuria económica o sobre una previa distribución injusta de la riqueza y los ingresos. Soy partidaria de un tipo de igualdad que tiene dimensiones no económicas y depende del acceso a bienes específicos, tales como la educación, la salud y el empleo.

Además de criticar las nociones contemporáneas dominantes acerca de los límites del mercado, también procuro recuperar ciertas tradiciones de la economía política y la filosofía política igualitarista del pasado. Estas tradiciones reconocen la naturaleza diversa de los diferentes tipos de mercado. Los primeros teóricos del mercado, como Adam Smith y David Ricardo, eran especialmente perceptivos de los modos en que mercados específicos podían promover relaciones de libertad e igualdad entre los miembros de una sociedad, pero también socavarlas. Los exponentes de la economía política clásica señalaban, por ejemplo, que los mercados laborales podían funcionar de maneras tales que sus participantes se volvían inferiores sometidos y superiores dominantes propensos a ejercer un poder arbitrario. Estos pensadores también advirtieron las formas en que la asimetría en la información y distintos problemas con el cumplimiento eran inherentes a ciertos mercados y característicos de estos; así, algunos de los participantes del intercambio estaban facultados a explotar a otros. Al mismo tiempo, creían que en caso de estar estructurados y limitados de manera adecuada, los mercados iban a desempeñar un papel muy significativo al socavar la organización jerárquica de la sociedad feudal y promover relaciones sociales igualitarias.

En el siglo XIX, los partidarios del liberalismo social, como T. H. Marshall, sostuvieron que, si los ciudadanos iban a ser iguales entre sí, eso requería que determinados bienes –como la educación, el acceso al empleo, el cuidado de la salud y el sufragio– estuvieran garantizados como derecho. Los derechos son algo que queda fuera del radio de acción del mercado, al menos en cierta medida. Por ejemplo, considerar como un derecho el cuidado de la salud significa sostener que existe cierto derecho a acceder a los servicios de atención de la salud independientemente del nexo monetario. Esto mismo es válido para la libertad de expresión: aunque el acceso a los grandes públicos puede resultar oneroso, considerar que expresarse es un derecho supone que nadie está obligado a una erogación monetaria para alcanzar esa libertad en sí. Según escribió Marshall (1977: 122), “Los derechos sociales en su forma moderna implican una invasión del estatus en el contrato, la subordinación del precio de mercado a la justicia social, la sustitución de la libre negociación por la declaración de derechos”.

Si bien discrepo en muchos aspectos con pensadores como Smith y Marshall, este libro recupera a grandes rasgos estos argumentos tempranos: que algunos mercados influyen en los individuos y la sociedad de manera problemática, y que determinados bienes deben quedar a resguardo del funcionamiento del mercado. La visión que anima a este libro, al igual que a su argumento central, es la de una sociedad de iguales: una sociedad en que no haya más “reverencias y besamanos, servilismo y obsequiosidad, no más temblores reverenciales, no más encumbramiento y poderío, no más amos, no más esclavos” (Walzer, 1983: xiii). Como veremos, los mercados pueden hacer un importante aporte a la búsqueda de una sociedad por el estilo, pero para eso necesitan límites, y es preciso que algunos bienes estén garantizados para todos.

EL PLAN DEL LIBRO

Este libro prosigue algunos de mis ensayos anteriores y se basa sobre ellos, integrándolos en una teoría general para el análisis de los mercados. El desarrollo de esta teoría se plantea en tres etapas. La primera parte del libro presenta la idea del mercado como un mecanismo económico y social para establecer precios, coordinar los comportamientos y promover las opciones. Tanto la economía del bienestar como la economía neoclásica proponen fuertes argumentos a favor del mecanismo de mercado. En especial, aunque no siempre, suele afirmarse la superioridad del mercado sobre cualquier otra alternativa en un sentido técnico: para todos los involucrados, ese es el resultado más eficiente. Desarrollo y defiendo (en parte) las ideas de estas dos grandes corrientes económicas acerca del mercado; sin embargo, unos pocos ejemplos bastan para poner de relieve las limitaciones de estos modos de razonamiento económico. Según argumento, ninguna de estas perspectivas puede explicar de manera adecuada nuestras respuestas negativas a ciertos tipos de mercados (sexo, armas, contaminación), ni explicar las interdicciones de determinados mercados (de votos, mercenarios o asistencia), aun en casos en que dan lugar a ineficiencias.

La segunda parte de este libro presenta los alegatos a favor de mi propia teoría. En el capítulo 2, comienzo por plantear la noción de los mercados de la economía política clásica. De hecho, para los economistas clásicos, el término “mercado” designaba un conjunto heterogéneo de relaciones económicas. Adam Smith y sus seguidores proponían distintas teorías del funcionamiento, no sólo de los mercados de bienes de consumo, sino también de los mercados de tierra, de crédito y del trabajo. Sus teorías tenían en cuenta los objetos específicos que los distintos mercados intercambiaban: Smith señalaba los riesgosos fines para los que se pide dinero prestado, Ricardo y Malthus prestaban atención a los límites naturales de la oferta de tierras y Marx señalaba el carácter distintivo de la fuerza de trabajo humana como una mercancía cuya adquisición confiere a algunas personas poder y autoridad sobre otras (Bowles, 1991).

Hay dos importantes características de esta indagación clásica de los mercados para la concepción que aquí desarrollo. En primer lugar, los exponentes de la economía política clásica centraron su atención en cómo ciertos intercambios pueden influir en el tipo de personas en que nos convertimos. En particular, notaron que el mercado laboral es capaz de influir en las partes del intercambio de un modo que no es propio de un mercado de mercancías típico (el mercado automotor, por ejemplo). Estos teóricos señalaron que la estructura y la forma del mercado laboral ejercen una influencia importante en lo que una persona puede ser y hacer, lo que quiere y pueda esperar para sí.

En segundo lugar, estos autores advirtieron que la estructura de determinados mercados, la capacidad diferencial de las partes de retirarse del mercado y encontrar alternativas, daba origen a relaciones de dominio y subordinación entre esas partes. Por ejemplo, detectaron la existencia de contextos en que ciertas personas necesitan de manera imperiosa bienes que están bajo el control de otras personas. Bajo esas circunstancias, la posición de la parte más débil no sólo es vulnerable al abuso y la explotación, sino que resulta por completo dependiente de la voluntad de la otra.[3]

En el capítulo 3, indago el lugar concedido al mercado en la filosofía política igualitarista de nuestros días. Es el capítulo más intramuros, ya que expone pormenores de los argumentos filosóficos aducidos recientemente acerca del rol del mercado en una sociedad justa. En toda su historia, los mercados han suscitado opiniones encontradas entre los igualitaristas; pero hoy en día la mayor parte de ellos reconoce que el mercado cumple un rol fundamental. Por otra parte, algunos igualitaristas contemporáneos han ido más allá; por ejemplo, el filósofo y teórico del derecho Ronald Dworkin sostiene que el mercado es fundamental para nuestra comprensión de la igualdad. Llega a esta conclusión debido a su convicción de que la igualdad requiere que las personas tengan recursos iguales y que los mercados permitan que personas con distintas preferencias adquieran los bienes que desean sin vulnerar el requisito de la igualdad de recursos. El mercado es necesario para demostrar que el paquete de diferentes bienes que, según la teoría igualitarista, todos podemos reclamar en principio son, en efecto, de igual valor. Uno de los objetivos de ese capítulo es argumentar que resulta erróneo creer que los mercados pueden desempeñar este papel a priori en la determinación de la forma de la igualdad distributiva. Los mercados son instituciones importantes que cumplen determinado rol en la promoción de la igualdad social, pero los igualitaristas tienen buenos motivos para rechazar algunos de los resultados que incluso los mercados perfectos podrían generar.

Incluso los igualitaristas que tratan a los mercados como un mecanismo meramente instrumental para la producción de riqueza suelen pensar que centrar la atención en los mercados específicos, mercados de bienes peculiares tales como el trabajo o los riñones, constituye un error. En su mayor parte, los igualitaristas contemporáneos son lo que alguna vez el economista James Tobin (1970) denominó “igualitaristas generales”. Estos reconocen que las intervenciones que apuntan a mercados específicos –el racionamiento de la venta de combustible, por ejemplo– tienden a ser menos eficientes que la redistribución general del ingreso. También algunos filósofos políticos se expresan a favor del igualitarismo general cuando rechazan como intrusiones paternalistas sobre la libertad personal cualquier impedimento a los mercados específicos. Consideran que, salvo que se dañe a terceros, restringir lo que las personas pueden hacer con su propio ingreso supone una falta de respeto. Desde la perspectiva del igualitarismo general, en vez de analizar el funcionamiento de cualquier mercado en especial, deberíamos hacer foco sobre la distribución de recursos subyacentes. Una vez alcanzada una justa distribución de los recursos, debemos dejar que los mercados hagan su parte. Si el mercado tiene imperfecciones, o si creemos que, sin más, su funcionamiento genera demasiada desigualdad, estos problemas pueden corregirse mediante un sistema impositivo y de transferencia.

Por mi parte, sostengo que el igualitarismo fundado sobre un sistema impositivo y de transferencia prestó muy poca atención a las consecuencias políticas y relacionales de determinados mercados, a los modos en que ciertos mercados influyen en nosotros, nuestras relaciones con los demás y la sociedad. Una sociedad justa demanda restricciones a algunas de las posibles elecciones de mercado por parte de sus ciudadanos; un ejemplo obvio es el mercado de votos, pero confío en demostrar que también hay otros casos menos obvios.

El cuarto capítulo, núcleo central de este libro, articula mi teoría acerca de aquello que vuelve perniciosos ciertos mercados. La teoría es compleja. Detecto cuatro parámetros que son importantes para evaluar mercados particulares: vulnerabilidad, débil capacidad de acción [weak agency], resultados sumamente perjudiciales para los individuos y resultados altamente perjudiciales para la sociedad.[4]

Los primeros dos parámetros –vulnerabilidad y débil capacidad de acción– son característicos de las fuentes de un mercado: aquello que las personas aportan a una transacción de mercado.[5] Los mercados pueden surgir en circunstancias en que algunas personas son tan pobres o se ven tan desesperadas que aceptan cualquier término de intercambio que se les ofrezca. Diremos que en semejantes mercados las personas padecen de vulnerabilidad. Otros mercados surgen en circunstancias en que alguna de las partes tiene información deficiente acerca de los bienes que están intercambiando, o en que alguna de las partes no participa de manera directa del intercambio sino que depende de las decisiones de otros. Diremos que las personas que participan en este tipo de mercados tienen una débil capacidad de acción.[6]

El segundo par de parámetros es característico de los resultados de un mercado. Hay mercados que pueden funcionar de manera tal que algunos de sus participantes queden en circunstancias extremadamente malas; por ejemplo, circunstancias que los dejen desvalidos o que socaven sus intereses fundamentales. Diremos que este tipo de mercados produce resultados sumamente perjudiciales para los individuos. Algunos mercados producen resultados sumamente perjudiciales no sólo para los individuos, sino también para la sociedad: minan el marco de referencia indispensable para una sociedad de iguales, en tanto favorecen relaciones de subordinación humillante o de poder irrestricto.

En el capítulo 4 explico con detalle el significado de estos cuatro parámetros y planteo que el hecho de que un alto grado de tan sólo uno de estos parámetros (por ejemplo, resultados sumamente perjudiciales para los niños en los mercados de trabajo infantil) puede ser suficiente para considerar a un mercado como “nocivo”. Pese a que en principio cualquier mercado puede volverse nocivo, sostengo también que algunos tienen probabilidades mucho mayores que otros de producir resultados sumamente perjudiciales, dar muestras de una débil capacidad de acción, explotar vulnerabilidades subyacentes o propiciar relaciones sociales altamente perjudiciales y desiguales. Los mercados de cuidado de la salud, de educación, de trabajo y de influencia política tienen, a diferencia del mercado de manzanas, consecuencias significativas para la estructura de relaciones entre las personas en la sociedad estadounidense contemporánea. Estos mercados también influyen mucho en quiénes somos, qué llama nuestra atención, qué podemos hacer y qué tipo de sociedad podemos alcanzar. Hacia el final, intentaré señalar cuántos de los mercados nocivos (si no todos ellos) son una amenaza para la democracia.

El argumento de este capítulo aporta un marco de referencia para discutir el problema de los mercados, y también criterios conforme a los cuales sería necesario analizar potenciales intervenciones en un mercado. No resulta obvio que la mejor respuesta posible a la existencia de un mercado nocivo sea prohibirlo. En algunos casos, prohibir determinado mercado puede de hecho intensificar los problemas que en un primer momento nos llevaron a condenarlo (Kanbur, 2004: 56). Es más probable, por ejemplo, que se prefiera el trabajo infantil legal o tolerado antes que la prostitución infantil en un mercado clandestino. Si bien existen buenos motivos para abstenernos de obstruir determinado mercado, tal vez queramos adoptar medidas destinadas especialmente a poner en la mira los problemas específicos de dicho mercado, tal vez modificando los derechos de propiedad subyacente o por medio de la redistribución de los ingresos. Aun así, tengo la intención de demostrar que en el caso de algunos mercados es necesaria una obstrucción total; existen sobrados motivos para marcar cotas divisorias.

La tercera parte de este libro emplea la teoría que desarrollé para analizar distintas controversias actuales acerca del alcance del mercado. Los capítulos 5 a 9 indagan los mercados de reproducción femenina, prostitución, trabajo infantil, trabajo esclavo y órganos humanos. En todos los casos, llamo la atención sobre determinadas facetas morales en las cuales inciden estos mercados, difíciles de abordar en su totalidad desde las perspectivas de la economía y el igualitarismo fiscal y de transferencia. En todos los casos, supero el horizonte de las consideraciones de eficiencia e igualdad distributiva para abordar los efectos culturales y políticos de largo alcance de estos mercados.

Debo hacer hincapié en el hecho de que este es un libro de filosofía política, no de economía. Discute ciertos aspectos normativos de las perspectivas que los economistas neoclásicos y del bienestar adoptaron respecto de los mercados, no su poder explicativo. Las categorías principales de estas perspectivas no nos permiten formular la gama completa de preguntas que considero importantes para evaluar los mercados. Por cierto, estos abordajes no fueron diseñados para dar respuesta a preguntas por el estilo. Este libro también plantea una crítica del papel que la teoría igualitarista contemporánea asignó al mercado. Cuando se piensa a los mercados sólo en términos de distribución de bienes, y no en términos de las relaciones entre las personas que producen e intercambian dichos bienes, también quedan excluidas del marco decisorio cuestiones de análisis cruciales. Para evaluar mercados, debemos tener en cuenta no sólo la producción y distribución de bienes, sino también las relaciones sociales y políticas que los distintos mercados sostienen y fomentan, incluidos sus efectos en pobres y ricos, hombres y mujeres, y más o menos poderosos. Tenemos que analizar cómo influyen los diversos mercados en las normas sociales que rigen nuestras interrelaciones personales.

En este libro mis propósitos son dos. El primero es teórico, y en la escena contemporánea se dirige ante todo a los filósofos políticos y a los economistas de inspiración filosófica; el segundo es práctico y aborda debates políticos actuales. En primer lugar, confío en hacer un aporte a los debates actuales respecto de la igualdad. Entre otras cuestiones que tengo en cuenta, están las siguientes: ¿de qué manera los mercados promueven la igualdad social? ¿Todas las restricciones a las transacciones de mercado consensuadas entre adultos son necesariamente paternalistas? ¿Qué relación existe entre los mercados y la ciudadanía igualitaria en una democracia? Mi segundo objetivo, de carácter más práctico, es esbozar un análisis de los mercados que pueda servirnos de guía para el debate no sólo acerca de los casos analizados en este libro sino también en otros casos, como las controversias acerca del papel que deberían desempeñar los mercados en la producción y distribución de drogas que sirven para salvar vidas, las prisiones privadas, la educación, la compra y venta de hipotecas de alto riesgo (subprime), la regulación de las emisiones de carbono y la influencia política. Desde luego, cada uno de estos casos plantea cuestiones empíricas complejas que inciden de manera directa en el curso de acción que deberíamos adoptar en cada caso. La perspectiva que desarrollo aquí no pretende ser un plan de acción.

De hecho, como el lector notará, el mío es en buena medida un abordaje con final abierto: no establezco jerarquía alguna entre los distintos parámetros planteados para examinar los mercados ni ofrezco definiciones matemáticamente precisas; aquí no hay fórmulas que determinen qué tan alto debe ser el grado de uno de los parámetros para que el mercado sea considerado nocivo. Por el contrario, mi argumento habrá cumplido su objetivo en la medida en que sea capaz de convencer al lector de la necesidad de adoptar una perspectiva más minuciosa a la hora de analizar los mercados y sus complejas relaciones con la igualdad social.

1 Durante los últimos veinte años, varios contaminantes se volvieron commodities negociables. Las empresas que emitan un contaminante en cantidades menores que los límites (o topes) que tienen asignados pueden vender sus restantes cuotas en el mercado libre, o crear una reserva para el futuro. Los establecimientos que tengan niveles de contaminación más altos pueden o bien comprar estos permisos en reserva y continuar liberando la misma cantidad de agentes contaminantes, o bien depurar sus emisiones, según les resulte más barato.

2 Una perspectiva similar consta en Bowles (1991).

3 En Pettit (1997) consta una discusión de la idea liberal de libertad entendida como no dominación.

4 Afines a mi planteo, véanse los análisis realizados por Kanbur (2004) y Treblicock (1997). Quedo particularmente en deuda con el planteo que Kanbur hace de estas cuestiones. En el capítulo 4 reseño algunas diferencias entre sus planteos y el mío.

5 Agradezco a Josh Cohen por haberme señalado que mis parámetros recaían sobre las fuentes y los efectos.

6 Aquí tomo prestada la terminología de Kanbur (2004: 45-52).

Parte I

Los mecanismos de los mercados

1. ¿Cómo funcionan los mercados?

Para nuestra sorpresa, los economistas escribieron poco acerca de la naturaleza del mercado; tal vez daban por sentado que se trataba de un concepto sencillo, con un referente inequívoco u obvio. Por ejemplo, en la mayoría de los manuales de economía más utilizados no figura definición alguna de “mercado”.[7] Pese a todo, en la realidad, el mercado es una institución compleja. Como veremos en los capítulos siguientes, mi concepción acerca de los mercados es que son aún más complejos de lo que sugerirá la descripción básica que aquí propongo.

En primer lugar, los mercados son instituciones en que tienen lugar ciertos intercambios entre partes que los emprenden de manera voluntaria (Friedman, 1962: 13-15). Debido a que toda acción humana se produce dentro del marco de ciertos límites –por más que lo desee, no puedo usar mis brazos para volar–, “voluntaria” no significa aquí lo mismo que “sin limitaciones”. Toda acción humana encuentra limitaciones, tanto por factores externos como internos. Existe una amplia y refinada bibliografía filosófica acerca de la naturaleza de las acciones voluntarias, que procura distinguirlas de aquellas que están limitadas injustamente (Nozick, 1974, Wertheimer, 1987). Para los fines inmediatos, simplemente daré por sentado que en los intercambios de mercado tanto el comprador como el vendedor tienen derecho a los recursos que transan, son libres de aceptar o rechazar la oferta de intercambio y pueden hacer esfuerzos para presentar una contrapropuesta o entablar un mejor acuerdo con otra persona.[8]

Por otra parte, el mercado no es tan sólo un intercambio entre dos individuos; ciertamente, un intercambio puede resultar nocivo sin ser un mercado nocivo (Kanbur, 2004: 42). Los mercados coordinan el comportamiento de los participantes por medio de índices de precios y, para hacerlo, es preciso que haya un número de intercambios suficiente para que las personas puedan ajustar su comportamiento en respuesta a las acciones (efectivas y previstas) de los demás. Si sólo hubiera dos bienes en el mundo, tú y yo podríamos intercambiarlos entre nosotros, pero sólo si existiera la posibilidad de coordinación de intercambios futuros habría un mercado, al menos en la acepción que utilizo aquí.

The New Shorter Oxford English Dictionary (1993: 1699) define “mercado” como “lugar de encuentro o reunión de personas para comprar y vender provisiones o ganado en pie” y “la acción o el negocio de comprar y vender”. Pero los mercados no son únicamente lugares de encuentro o un conjunto de transacciones entre personas: son instituciones sociales que es preciso construir y sostener.[9] En un principio, un mercado puede constituirse de manera espontánea, pero tarde o temprano termina dependiendo del sustento social: el funcionamiento de todos los mercados depende de las leyes de propiedad existentes y de un complejo de instituciones sociales, culturales y legales. Para que los intercambios den lugar a la estructura del mercado, deben existir muchos elementos: definición y protección de los derechos de propiedad, especificación y control legal de las normas que rigen los contratos y acuerdos, flujo seguro de la información, mecanismos internos y externos capaces de inducir a las personas a comportarse de manera confiable y limitación de los monopolios. En todas las economías de mercado desarrolladas, los gobiernos desempeñan un importante papel para asegurar la presencia de estos elementos.

Por eso, resulta erróneo considerar que “Estado” y “mercado” son términos opuestos; el Estado da inevitablemente forma y sustento al proceso de transacciones de mercado. En las memorables palabras de Robert Mnookin y Lewis Kornhauser (1979), toda negociación (de mercado) ocurre a la sombra de la ley. Los individuos que realizan las transacciones dependen de que el Estado les proporcione su seguridad básica cuando caminan hasta el almacén de la esquina para adquirir los alimentos con que elaborarán sus comidas, esperan que el Estado haga cumplir los requisitos de salud y seguridad en lo que concierne a la producción y transporte de sustancias alimenticias, y confían en que el propietario del almacén será sancionado si no cumple con su parte de la transacción. El hecho de que las leyes y las instituciones cubran las transacciones de mercado significa también que dichas transacciones no son, al menos en principio, actos capitalistas privados consensuados entre adultos, según la célebre formulación del filósofo libertario Robert Nozick, sino –por el contrario– de interés público para todos los ciudadanos, sin importar que participen en ellos de manera directa o no.

Además de mercados específicos, como los mercados de tierra, trabajo o bienes de lujo como un yate, existe aquello que suele llamarse “sistema de mercado” o “economía de mercado”. Por lo general, se entiende que esta abstracción mayor hace referencia a una “amplia coordinación social de las actividades humanas” por medio de las transacciones mutuas (véase Lindblom, 2002: 4). Hay quienes usan este término para hacer referencia también a la integración de los mercados con “la propiedad privada de los medios de producción” (A. Buchanan, 1985: 2). Pero los mercados pueden coordinar el comportamiento de los agentes bajo reglas de propiedad muy distintas. De aquí en más, utilizaré el término “mercado” cuando se analicen determinados tipos específicos de transacción de intercambio y “sistema de mercado” como la abstracción que en teoría establecería todos esos mercados. Uno de los argumentos principales de este libro es que, para entender y apreciar en toda su complejidad las distintas dimensiones morales de los mercados, es preciso prestar atención a la naturaleza específica de cada mercado en particular, y no al sistema de mercado en conjunto.

VIRTUDES DEL MERCADO

Es difícil entender de qué manera funciona un sistema de mercado o cualquier mercado específico. Al igual que las hormigas de una colonia, los individuos que cooperan en un mercado “no tienen dictadores, generales ni mentes maestras del mal. De hecho, no hay ningún tipo de líder” (Gordon, 1999: x). Los participantes de un mercado no están obligados a seguir las órdenes de otra persona respecto de lo que compran y venden. Por medio de los mercados, los individuos coordinan y ajustan de manera mutua sus comportamientos sin necesidad de contar con un organizador consciente a cargo de la coordinación. De alguna manera, el orden del mercado es el resultado de millones de decisiones individuales e independientes, si bien dichas decisiones se basan, como ya analizamos, sobre un conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, el hecho de que esta coordinación se produzca en gran medida a partir de decisiones particulares, y no de una estructura de comando y control centralizada, explica y sustenta dos virtudes comúnmente asociadas con los mercados, al menos cuando funcionan de manera correcta: su vínculo con la eficiencia y su vínculo con la libertad. Consideremos cada una de estas virtudes por separado.

EFICIENCIA

Las transacciones de mercado vinculan múltiples cadenas comerciales y requieren comportamientos cooperativos en el mundo entero. Para dar un ejemplo, un grupo de trabajadores en la India que nunca conoceré ensamblaron mi teléfono celular utilizando materiales importados de África y pedidos por internet por parte de los proveedores; y el teléfono llegó a mis manos transportado por los empleados de una compañía de carga transnacional. Por medio de los precios, los mercados estipulan el valor de millones de bienes para vendedores, compradores e intermediarios que jamás se conocerán entre sí. Así, producen una distribución eficiente de los recursos e indican a los vendedores qué y cuánto producir, a los consumidores qué precio pagar y a los inversores dónde colocar el capital. Dado que entre individuos racionales el intercambio sólo se produce cuando ambas partes tienen algo que ganar, los mercados (idealmente) purgarán la economía de los bienes menos deseables y desplazarán a las partes involucradas en la negociación a la posición que más las favorezca, en la medida en que lo permitan sus recursos. El ajuste continuo de la oferta y la demanda, registrado en el cambio de precios, permite a los mercados “despejar” lo producido. Una vez que se despeja el inventario, no hay demanda ni oferta excedente: a determinado precio, la oferta iguala a la demanda.

Un conjunto de notables teoremas expresa de manera formal el vínculo entre los mercados y la eficiencia. El primero de ellos no es otro que el denominado “teorema fundamental de la economía del bienestar”, según el cual el resultado de todo equilibrio de mercado bajo condiciones de competencia perfecta se corresponde con el óptimo de Pareto, más conocido como “eficiencia de Pareto”.[10] Según este autor, un estado social es óptimo si y sólo si resulta imposible mejorar la posición de alguno de los participantes (medida en términos de su satisfacción preferida) sin hacer que empeore la de otro. La idea intuitiva detrás de este teorema es que las personas participarán en intercambios en que ambas partes se beneficien y que seguirán haciéndolo hasta que ya no puedan mejorar su posición mediante más intercambios. El fin de los intercambios se produce porque se alcanzó una distribución óptima de los recursos. Llegados a este punto, cualquier desviación perjudicará al menos a una persona.

Un segundo resultado formal demuestra la proposición inversa: que todo estado social óptimo de Pareto constituye un equilibrio competitivo perfecto para una distribución inicial de los recursos. Vale la pena recordar que para toda economía existe más de un óptimo de Pareto; por otra parte, con distintas distribuciones iniciales, la competencia de mercado arrojará resultados diferentes. Este teorema abre la posibilidad de que incluso un cambio radical del statu quo resulte eficiente: sostiene que siempre se podrá encontrar una distribución inicial de recursos que, de la mano del mercado, dé lugar a un estado social óptimo (eficiente) de Pareto.

Estos dos resultados tienen cierto atractivo ético intuitivo. Respecto del primer teorema, resulta obvio que es bueno mejorar la situación de las personas y que, si para alguien una de dos posibilidades es mejor que la otra y al menos igual de buena para todos, entonces es mejor.[11] Con todo, si bien estas fórmulas de eficiencia pueden ser productivas en algunos aspectos, desde un punto de vista normativo (ético) tienen una importancia limitada. La eficiencia de Pareto no nos da razones decisivas para emplear los mercados ni para interferir en ellos. Según advierte Amartya Sen (1987: 32), “un estado puede ser un óptimo de Pareto con algunas personas en la más grande de las miserias y con otras en el mayor de los lujos, en tanto que no se pueda mejorar la situación de los pobres sin reducir el lujo de los ricos”.

Tenemos buenos motivos para preocuparnos por algo más que la eficiencia de Pareto a la hora de examinar los mercados. Por ejemplo, tenemos motivos para que nos importe que la distribución inicial de recursos en una sociedad sea justa. Por cierto, si se considera a las personas como acreedoras a ciertos derechos de propiedad –por consideraciones de justicia–, entonces el hecho de que un Estado social resulte eficiente en relación con una distribución diferencial de derechos de propiedad carece por completo de fuerza normativa. Es por eso que las objeciones contra la esclavitud no se ven para nada socavadas si un sistema esclavista resulta eficiente en términos de Pareto (en la medida en que cualquier cambio en las atribuciones distribuidas perjudicará a los propietarios de esclavos).

Al parecer, el segundo teorema podría servir de ayuda en este punto, en tanto permite la incorporación de la objeción de la justicia distributiva. Si al crítico no le agrada un determinado equilibrio de Pareto, siempre tiene la posibilidad de redistribuir los recursos iniciales como quiera –aboliendo la esclavitud, por ejemplo– y luego permitir que los mercados competitivos produzcan otro resultado óptimo de Pareto. Desde luego, resolver el problema de la redistribución constituye una cuestión completamente distinta.

En la práctica, resulta muy difícil encontrar un tipo de intervención política que no perjudique al menos a una persona. Tomemos el caso de las políticas adoptadas para fomentar la construcción de rutas, hospitales, puentes y escuelas. Casi siempre habrá alguien que preferirá que estas tareas no comiencen; por ejemplo, una nueva autopista beneficia a algunos comerciantes pero perjudica a quienes estaban emplazados en el trazado de la vieja ruta. Sin embargo, puede haber buenas razones para construir la autopista. Por ese motivo, muchos economistas prefieren pensar la eficiencia en términos que permitan compensar los costos que implicará a algunos con el aumento en las ganancias de otros. Es posible definir un estado social R como una mejora potencial en términos de Pareto respecto de un estado social S si los ganadores de R compensan a los perdedores de R y aun así se encuentran mejor de lo que habrían estado en S. Esta idea de eficiencia suele recibir el nombre de “eficiencia de Kaldor-Hicks” y efectivamente constituye una forma de análisis de costo-beneficio. El análisis de costo-beneficio es aquel que nos indica que adoptemos una política (por ejemplo, construir o no una autopista) que tenga un mayor beneficio neto, en tanto los demás indicadores se mantengan iguales. Sin embargo, es preciso recordar que una política puede tener el mayor beneficio neto y no distribuir parte de ese beneficio entre los perdedores, por lo que esta forma de eficiencia (a diferencia de la eficiencia de Pareto) puede terminar apoyando políticas que realmente perjudiquen a algunas personas.

Si bien el concepto de eficiencia de Kaldor-Hicks resulta más útil que el de Pareto a la hora de evaluar políticas económicas, en la medida en que son tantos los intercambios que tienen por resultado ganadores y perdedores, los dos constituyen modos muy limitados –desde un punto de vista normativo– de evaluar los logros económicos. Ambos emplean criterios que omiten ciertos aspectos, como cuál sería un resultado distributivo justo. De hecho, el planteo mismo de estos conceptos de eficiencia se vio motivado en parte por el deseo de separar el estudio de aquello que los economistas consideraban mejoras económicas indiscutibles de otros fenómenos que involucraban las cuestiones más controversiales de la ética y la justicia distributiva.

En lo personal, considero que, de hecho, una separación total de este tipo resulta imposible. Por ejemplo, la aceptación del criterio de Pareto como la medida de las mejoras económicas depende de un supuesto normativo fundamental: que la mejora se debe medir en el ámbito de las preferencias particulares. Esto quiere decir que, en el marco de esta noción de eficiencia, se considera que la situación de las personas mejora cuanto más se satisfacen sus propias (y consistentes) preferencias. Además, este criterio fue formulado para evitar las comparaciones interpersonales respecto de la satisfacción de las preferencias de cada individuo, dado que se considera que dichas comparaciones carecen de relevancia en tanto “no hay medios a través de los cuales pueda plantearse este tipo de comparaciones” (Lionel Robbins, cit. en Sen, 1997: 81).

Pero por supuesto no todas las preferencias son igualmente merecedoras de satisfacción. En primer lugar, algunas preferencias corresponden a necesidades en verdad urgentes, mientras que otras son, sin más, frívolas. Sin duda, es más importante satisfacer las necesidades de quienes viven, según el ejemplo de Sen, en la más grande de las miserias que sobrecargar las arcas de quienes ya viven rodeados de lujos. En ningún sentido el hecho de que la transferencia hacia los pobres perjudique a los ricos dirime en contra de dicha transferencia la situación. En segundo lugar, algunas preferencias, como lastimar a otras personas, carecen por completo de peso desde un punto de vista moral. ¿Es realmente una mejora si, sin variaciones en los demás factores, se satisface la preferencia del esclavista de tener más esclavos o la preferencia del sádico de infligir dolor al prójimo?

Por esos motivos, al evaluar las políticas sociales, la mayor parte de los autores de filosofía política y moral (de hecho, la mayoría de las personas) emplean criterios que van más allá de las nociones de eficiencia de Pareto o Kaldor-Hicks. Apelan a la justicia y a distintas concepciones del bienestar humano para comparar los costos y beneficios que implican las distintas políticas para cada persona. Al comparar el bienestar de las personas, podríamos llegar a disminuir la satisfacción de las preferencias de los millonarios para satisfacer las necesidades urgentes de quienes están sumidos en la indigencia. De hecho, podríamos sentirnos inclinados a rechazar la satisfacción de preferencias como una medida adecuada para establecer y evaluar las comparaciones interpersonales y para examinar los estados de situación económicos. (Más adelante en este libro, analizo con mayor detalle las limitaciones que tiene centrarse en la satisfacción de preferencias como un estándar para evaluar los mercados.)

Con todo, los teoremas de eficiencia revelan algunas características de las bases únicas de la naturaleza mutuamente ventajosa del intercambio comercial. En el contexto de los mercados y los precios, cada decisión funciona como una señal de acción coordinada para satisfacer en la mayor medida posible los deseos de los agentes bajo determinadas limitaciones. En el mejor de los mercados posibles –donde circula la información, los intercambios no tienen efectos en terceros, no existe ningún poder monopólico y las partes son totalmente confiables–, la red del comercio individual contribuye a generar mejoras en tanto permite a las personas conseguir lo que quieren. De esta manera, produce una eficiencia relativa a dichos deseos: limita el gasto y emplea los recursos humanos y no humanos de manera eficiente. Sin embargo, en el mundo real no es posible concluir de manera automática que el mercado sea más eficiente que sus alternativas. En todos los contextos de mercado reales se advierten problemas con el manejo de la información y el cumplimiento de la ley que hacen que cierta intervención mejore su eficiencia, cuestión que retomaré muy pronto.

LIBERTAD

Desde un punto de vista normativo, uno de los atractivos fundamentales de los mercados es su relación con la elección y la decisión de las personas. Los mercados:

Ofrecen a los agentes la oportunidad de elegir entre un conjunto de alternativas (en parte, brindando a los individuos los incentivos necesarios para crear la riqueza material que es precondición necesaria para disponer de una extensa variedad de opciones).

Proveen incentivos para que los agentes anticipen los resultados de sus elecciones, y así fomentan una racionalidad de tipo instrumental (medios-fines).

Descentralizan la toma de decisiones al dar a cada agente en singular el poder de comprar y vender cosas sin necesidad de pedir permiso a otra persona o tener que tomar en cuenta los valores de los demás.

Establecen límites a la viabilidad de las relaciones sociales coercitivas al brindar (al menos de manera formal) alternativas de escape.

Descentralizan la información, y así reducen la probabilidad de abusos de poder por parte de las autoridades.

Permiten que las personas experimenten, prueben nuevas mercancías, desarrollen nuevos gustos y elijan modos de vida distintos de los tradicionales.

Contribuyen a socavar la discriminación racial, étnica y religiosa al invocar el recíproco interés propio de los individuos de intercambiar bienes entre sí y fomentar el intercambio anónimo.

Por eso, las teorías liberales que atribuyen un peso decisivo a la libertad de las personas tienden a conceder un papel fundamental a la distribución por medio del mercado, al que consideran un ámbito donde la capacidad de elección individual, de hecho el individuo liberal mismo, alcanza su pleno desarrollo. Los mercados aúnan nuestro poder como tomadores de decisiones individuales que pueden vetar o suscribir determinados tipos de intercambio, y extienden el ámbito para ejercer estos poderes. En ese sentido, los mercados pueden convertirse en instrumentos para promover la libertad: desarrollan nuestra capacidad de elegir. Los mercados también pueden también ser componentes de la libertad. Como señala Amartya Sen (2000: 25-30), la libertad de participar en transacciones con los demás, de decidir dónde trabajar, qué producir y qué consumir, constituyen parte importante de la libertad de una persona. La posibilidad de elegir suele tener un valor intrínseco; muchas acciones cobran para los individuos un significado especial precisamente por ser el fruto de sus elecciones. Pensemos en la tarea de comprar un regalo de cumpleaños para un amigo muy cercano. Si bien puedo contratar a alguien para que tome la decisión y haga la compra por mí, quiero hacerlo por mi cuenta como una manera de expresar y comunicar mis propios sentimientos. Incluso si un programa de computadoras muy bien diseñado puede asignar a cada persona una carrera profesional a la medida de sus talentos, esto sería bastante distinto a permitir que las personas elijan sus propias ocupaciones (tal vez con resultados menos felices). Muchos queremos que nuestros propios valores y juicios se vean reflejados en el trabajo que hacemos, en los bienes que consumimos y en los dioses en pugna (si tomamos la expresión de Max Weber) a los que servimos en nuestro modo de vivir.

Muchos teóricos de las ciencias políticas y sociales han apreciado los mercados precisamente porque creían que estos contribuían al desarrollo y ejercicio de la capacidad de toma de decisiones de cada individuo. Ya que si bien, como pensaban Locke y Rousseau, los seres humanos nacemos en un estado de libertad, es bien sabido que el desarrollo y la realización de las distintas libertades requiere educación, planificación, práctica y cooperación con los demás. El desarrollo del individuo libre constituye, de hecho, un enorme logro social. Los mercados han desempeñado un importante papel en la consecución de la libertad al estimular las capacidades necesarias para elegir y brindar a dichas capacidades una vasta arena donde ponerse en práctica.

La decisión de dejar en manos de los mercados la distribución de bienes y servicios también podría constituir un modo fundamental de respetar la existencia de valores individuales y divergentes. Dos personas no necesitan ponerse de acuerdo respecto de la importancia de un bien, o su lugar en una vida plena, para intercambiarlo en un mercado. Tomemos en consideración al comprador y al vendedor de un texto religioso como la Biblia. El comprador y el vendedor podrían estar en completo desacuerdo en lo que concierne a la importancia de la Biblia o la actitud que toda persona debería tener hacia ella, pero aun así podrían ponerse de acuerdo a la hora de establecer su precio. En un sistema de mercado, no hay ningún patrón de valor predeterminado al que los individuos deban responder: los mercados permiten que las personas formen sus propios juicios acerca de lo que quieren comprar o vender, cuánto esfuerzo quieren dedicar a su trabajo, cuánto quieren ahorrar, a qué le dan valor y cómo se lo dan, y qué desean consumir. De hecho, el sistema de mercado institucionaliza la idea de que potencialmente todo puede intercambiarse por otra cosa y que cualquiera puede ingresar al gran juego del comercio.

En un pasaje merecidamente célebre de El manifiesto comunista, Karl Marx (1978a: 476) saludaba este carácter cosmopolita y liberador del sistema de mercado:

Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas; las nuevas se hacen añejas antes de llegar a osificarse. Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. [Surgen] nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar del antiguo aislamiento y la amargura de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones.

En verdad, Marx sostuvo una posición ambivalente respecto de los efectos liberadores del sistema de mercado –en la medida en que estaba convencido de que, bajo el capitalismo, muchos trabajadores estaban bajo la sujeción de sus empleadores y forzados por su propia pobreza–, pero como queda en claro en este pasaje, no por eso dejaba de advertir el potencial de los mercados para vincular a las personas entre sí de una manera totalmente novedosa, en oposición a las “creencias e ideas veneradas” que previamente habían ligado a las personas en las relaciones “estancadas y enmohecidas […] durante siglos”. La noción de que los mercados posicionan a las personas en nuevas relaciones sociales entre sí –relaciones de tipo horizontal, igualitario y anónimo– es un tema que fue abordado tanto por los primeros defensores del mercado como por sus primeros detractores.

En ocasiones, se cree que el tipo de libertad a la que contribuyen los mercados es básicamente una libertad negativa: libertad de la interferencia de otros. Se supone que en el mercado el consumidor es su propio “soberano”, independiente de la autoridad de cualquier otra persona. (Según señalé, esto es literalmente falso: todos los mercados dependen de leyes de propiedad, respaldadas por la coerción pública, que interfieren con algunas libertades individuales. Si el auto es propiedad de otra persona, no soy libre de usarlo. Del mismo modo, la propiedad de la tierra y bienes inmuebles establece enormes restricciones a la libertad de movimiento de las personas.) Pero los mercados también contribuyen a un tipo de libertad más positivo, la libertad de tener el control de la propia vida, al reducir toda dependencia servil y socavar las relaciones sociales jerárquicas. Adam Smith (1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 412; el énfasis me pertenece) señalaba esta característica de los mercados como su efecto “más importante”, junto con el “buen gobierno”:

El comercio y las manufacturas concurrieron para introducir el orden y el buen gobierno y, con estos, la libertad y la seguridad que antes no tenían los habitantes del campo, quienes habían vivido casi siempre en una guerra continua con sus vecinos, y en estado de dependencia servil respecto de sus superiores. Este efecto, al cual se ha prestado menos atención de todos, fue en realidad el más ventajoso e importante.

Bajo el feudalismo, los acaudalados terratenientes empleaban a miles de criados, siervos y campesinos, que dependían de ellos para subsistir y recibir protección.[12] En comparación, señala Smith, el comercio y las manufacturas liberan a los individuos de esta degradante situación de servidumbre, porque –en un mercado laboral que funciona correctamente– nadie depende de ningún amo en particular. Todo trabajador puede, al menos en teoría, cambiar de empleador en caso de recibir un trato humillante o arbitrario.[13] Y en un mercado competitivo, ninguna persona tiene la potestad de fijar los precios: los precios dependen de las elecciones de todos los involucrados.

Desde luego, es importante no exagerar esta comparación entre la libertad de mercado y la dependencia feudal. Muchos trabajadores debieron y deben aún hoy obedecer a un amo arbitrario en la planta de producción. Los jefes detentan sobre sus empleados un poder que estos no detentan sobre sus empleadores (véase Putterman, 1984). Pero dos características de los mercados laborales competitivos contribuyen a atemperar el grado de humillante servidumbre que los trabajadores deben tolerar en su empleo.

La primera de estas características mitigantes es que las de mercado son relaciones impersonales basadas sobre el interés propio mutuo. Como nos recuerda Smith (1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 27), “no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés”. La motivación del interés propio que alimenta el mercado difiere de las motivaciones involucradas en el ejercicio de un poder personal y arrogante. Según la formulación de Albert Hirschman (1970), en una sociedad de mercado la “pasión” suele ser domada por el “interés”. Bajo la presión de la competencia, es preciso disciplinar las motivaciones que podrían llevar a una persona a maltratar y abusar de sus inferiores y la tentación de dar rienda libre a emociones volátiles tales como la venganza, el honor y la envidia, en virtud de las necesidades de la eficiencia productiva.[14] Por otra parte, los mercados vinculan entre sí a desconocidos anónimos, personas que no mantienen ningún tipo de relación personal, por lo que no existe ningún lazo del que se pueda abusar.

La segunda característica mitigante que presentan los mercados laborales competitivos es que permiten, en distinto grado, la posibilidad de retirarse de un puesto de trabajo. La necesidad de captar la lealtad, el compromiso y la responsabilidad de sus empleados da a los empleadores razón suficiente para mitigar el poder que de otra manera podrían ejercer sobre ellos. La posibilidad de retirarse constituye una poderosa influencia en la institución de relaciones e interacciones humanas. En muchas circunstancias, basta que una persona esgrima la amenaza de retirarse de una relación para que los demás involucrados presten más atención a sus intereses y la traten mejor.

A diferencia de lo que ocurría bajo el feudalismo, al salir del trabajo, los empleados también se retiran de la esfera de influencia de sus empleadores: se van a casa, un ámbito en el cual se supone que su empleador no tiene ningún tipo de autoridad. El feudalismo concedía a los propietarios de la tierra (los señores feudales) los derechos necesarios para ejercer un control directo sobre las personas que vivían en sus tierras (los campesinos), incluido el derecho a castigarlas y darles la orden de marchar a la guerra con los terratenientes vecinos. Si bien hubo “ciudades obreras” (es decir, ciudades enteras habitadas por trabajadores de una misma compañía), nunca fue usual que los gerentes capitalistas dieran órdenes a sus empleados fuera del horario laboral y ellos tuvieron escaso control directo sobre los aspectos de la vida de sus empleados que no estaban relacionados con el trabajo. En las economías capitalistas desarrolladas, la residencia está separada del trabajo, aunque, como veremos más adelante en este libro, en algunas regiones del mundo en vías de desarrollo, esta posibilidad de retirarse del ámbito laboral queda obstruida por la propia forma del mercado laboral.[15]

Desde ya, buena parte de las restricciones sobre el poder arbitrario y abusivo de los empleadores son resultado no sólo de las prudentes decisiones de los propios empleadores acerca de la necesidad de maximizar la producción, sino también, y tal vez en particular medida, de la aparición de los sindicatos de trabajadores. Estos desempeñaron una función decisiva en la planta de producción, ya que protegen la libertad y la igualdad de los trabajadores al oficiar de contrapeso al poder del empleador.

Con todo, si bien es posible considerar que los mercados promueven la independencia y la libertad individual, no debemos perder de vista el hecho de que estos también pueden coexistir con regímenes políticos que niegan o limitan las libertades políticas fundamentales de los ciudadanos. Por último, las personas a quienes les va muy mal en el sistema de mercado –es decir, que subsisten en empleos poco satisfactorios y mal pagos, no tienen ninguna alternativa viable que les permita sustentarse, carecen de información y demás– podrían reclamar con razón que gozan sólo de una forma mínima y degenerada de libertad.

Tampoco es cierto que los mercados sean el único camino que conduce a la independencia y la libertad de los individuos. Una persona puede experimentar importantes formas de libertad dentro de un contexto apartado del mercado, por ejemplo al participar de un esfuerzo político colectivo o al compartir un proyecto con sus familiares y amigos. Muchas de las libertades colectivas e individuales más importantes no dependen de manera directa, y en algunos casos ni siquiera indirecta, de la participación de un mercado. De hecho, algunas de estas libertades, como la de participar en una comunidad fuertemente homogénea o de tener la posibilidad de escapar de un modelo de interacción competitiva con los demás, pueden verse efectivamente socavadas por la existencia de un mercado (véase Marglin, 2008). Tampoco existe garantía alguna de que todas las libertades habilitadas por los mercados sean significativas; la liberación de la servidumbre y el abuso reviste una importancia decisiva, pero la posibilidad de elegir entre decenas de marcas de dentífricos no constituye un avance significativo en la libertad de una persona.

CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE ESTABLEZCA EL VÍNCULO ENTRE MERCADO, EFICIENCIA Y LIBERTAD

Los mercados no realizan de manera automática ni espontánea las virtudes de la eficiencia y la libertad. Los mercados necesitan la existencia de una plataforma apropiada para promover estos valores. De Adam Smith a David Hume, varios teóricos supieron reconocer que la actividad económica presupone la propiedad, reglas de intercambio, un contrato y la vigilancia de su cumplimiento. Hace falta añadir que distintas plataformas tendrán efectos muy distintos sobre la compatibilidad posible entre los mercados y los valores de eficiencia y libertad. En otras palabras, la existencia de una relación positiva entre determinados mercados y los valores de libertad y eficiencia es contingente: depende, al menos en gran medida, de la plataforma sobre la que dichos mercados se erigen. A continuación, describiré en términos generales los elementos fundamentales de esta plataforma (véase McMillan, 2002).[16]

DERECHOS DE PROPIEDAD

Los mercados funcionan con eficiencia únicamente donde se han establecido y se protegen los derechos de propiedad. Esto requiere de la existencia de marcos legales y regulatorios que aseguren el cumplimiento de los contratos y el respeto de los derechos de propiedad. Pero el funcionamiento de los mercados exige que el Estado haga algo más que sólo intervenir para evitar el robo y el fraude. También debe haber mecanismos para resolver disputas comerciales, un sistema bancario sólido que ofrezca a los comerciantes acceso a créditos y también un sistema impositivo para luchar por objetivos colectivos necesarios, como la educación, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, y la administración de justicia.

Los derechos de propiedad tienen además gran relevancia para las libertades reales de cada persona. Por ejemplo, un mercado en el que se puede tener posesión de ciertas personas limita la libertad de aquellas pasibles de convertirse en propiedad de las demás. Un mercado que concede al pueblo pocos derechos sociales puede socavar la capacidad de los pobres de gozar de importantes libertades sustantivas. Podemos parafrasear a Anatole France: si bien en un sistema de mercado el pobre y el rico tienen la misma libertad de cenar en el restaurante más caro de Nueva York, esta libertad no vale de mucho para el pobre. Para poder sostener que una persona tiene la oportunidad efectiva –la libertad real– de ser y hacer determinadas cosas, antes debe tener acceso a una cantidad de bienes que el mercado puede o no brindarle. Es posible que una persona no pueda participar en la toma de decisiones colectivas, alcanzar cierta independencia personal e incluso funcionar como un agente de mercado si sufre de hambre, es analfabeta o no puede escapar a una muerte prematura.

En términos más generales, todos los derechos de propiedad habilitan determinadas libertades y limitan otras. Algunos derechos de propiedad otorgan a propietarios individuales la autoridad exclusiva sobre su propiedad, y así excluyen a los demás.[17] Por otra parte, todos los derechos de propiedad son resultado de leyes y convenciones que las respaldan y resguardan su cumplimiento.[18] El hecho de que yo sea dueño de un determinado bien significa poco si no tengo la capacidad de impedir que otros se apropien de él. Una implicancia decisiva de esta constatación es que el libre mercado se basa necesariamente sobre el poder coercitivo de los derechos de propiedad, las normas de gobierno y las convenciones sociales. Un verdadero laissez-faire no es posible siquiera en términos lógicos.

LIBERTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

A menos que los compradores conozcan las mercancías que están comprando, es posible que paguen de más por ellas. Si un vendedor controla el precio y la información del producto, esto puede conducir a los compradores a adquirir un producto de mala factura, y no existe ningún incentivo para que el vendedor baje su precio. Con información confiable, un intercambio que parecía benéfico para el comprador podría revelarse como un error. Para que haya eficiencia, las decisiones deben tomarse sobre la base de información adecuada acerca de los costos y beneficios.

La información no siempre circula libremente en un mercado. Resulta costoso encontrarla, lleva tiempo y esfuerzo descubrir qué bienes están disponibles y cuál es su precio, y es aún más costoso determinar su calidad. Por si fuera poco, tanto los compradores como los vendedores tienen un fuerte incentivo para retener información que les permita incrementar su propio poder en el mercado. Para asegurar la circulación de la información, hacen falta muchas instituciones, convenciones, regulaciones y normas. Existen servicios como las Páginas Amarillas, Google y las marcas registradas, que disminuyen los costos de la búsqueda de información para los consumidores. Los vendedores mayoristas y las compañías comerciales los disminuyen para los comerciantes. Las regulaciones gubernamentales procuran asegurar un control de calidad y la provisión de información precisa acerca de los productos (véase McMillan, 2002: 45). Sin embargo, es muy probable que en algunos intercambios subsistan grandes asimetrías de información entre los compradores y los vendedores; dos ejemplos son los mercados de los servicios de salud y el mercado de automóviles usados (Akerlof, 1970, Arrow, 2001). En estos casos, a los compradores les resulta difícil determinar la calidad de los bienes en venta. Como veremos, también los mercados de trabajo infantil a menudo están estrechamente ligados a la escasez de información.

Pero incluso si se difunde información acerca de determinados productos, las personas muestran una notable deficiencia para procesarla: a menudo distorsionan las probabilidades de los riesgos asociados a cada producto, y se ven desbordadas fácilmente por la cantidad de información. Por ejemplo, es posible que incluso individuos bastante informados minimicen los riesgos de contraer cáncer asociados al cigarrillo porque, aunque conocen las estadísticas, no consideran que el cáncer sea algo que pueda ocurrirles a ellos. Algunas investigaciones recientes acerca de las tendencias en la toma de decisiones demostraron que, por lo general, las personas sobreestiman la importancia de las pérdidas nominales, sobreestiman su probabilidad de éxito y responden a “efectos de encuadramiento” en los modos en que plantean las decisiones (Kahneman y Tversky, 1979). La existencia de estas tendencias significa que existe la posibilidad de mejorar los resultados del mercado mediante algún tipo de intervención (campañas educativas, transformación de los puntos de partida acostumbrados, marketing). No existe una mano invisible del mercado que produzca de manera automática resultados eficientes; como bien señaló Joseph Stiglitz, la “mano invisible” de Adam Smith es invisible porque no está allí.

CONFIANZA

Los mercados sólo funcionan bien cuando sus participantes son confiables. Debido a que en muchas transacciones existe un desfasaje temporal entre la adquisición y la compra, el comprador y el vendedor dependen de que el otro cumpla con sus acuerdos. Además, dado que la obtención y el seguimiento de la información son tareas costosas, los mercados son más eficientes cuando las partes involucradas no quieren engañarse mutuamente. Esto significa que si bien se suele decir que aquello que estimula a los mercados es la voluntad de maximizar el interés propio, también debe adherir a normas y sentimientos sociales. El homo oeconomicus tal vez salga a los mercados sólo en función de su provecho personal, pero para que estos funcionen no debe robar, mentir, engañar ni asesinar para maximizar sus ganancias (véase Bowles, 1989). El robo supone un intercambio de bienes, pero claramente no se trata de un intercambio de mercado.

Resulta interesante advertir que los mercados tienen efectos distintos y contrarios sobre la confianza y la confiabilidad en el marco de una sociedad determinada. Por un lado, en la medida en que una reputación confiable es importante para alcanzar el éxito en el mercado, los mercados alientan una búsqueda inteligente del interés por encima de la pasión temeraria (Hirschman, 1977). Cuando una de las partes se comporta de manera poco o nada confiable, las demás pueden negarse a negociar con ella en el futuro. A sabiendas de esto, defraudar sus acuerdos contractuales resulta contrario a su propio interés. De esta forma, el interés propio oficia de base para un comportamiento mutuamente benéfico. Sin embargo, las posibilidades de confianza dependen de varios factores que a su vez están sujetos al influjo de los mercados. Es más probable que las personas confíen en aquellos con quienes interactúan varias veces, con quienes comparten creencias y valores y con quienes pueden comunicarse de manera directa. Los mercados afectan de manera negativa todos estos factores al aumentar el número y la heterogeneidad de las partes que participan en el intercambio (véanse Taylor, 1976 y Ostrom, 1990). La naturaleza anónima de los intercambios de mercado tiende a favorecer intercambios fugaces y un emparejamiento de individuos mucho más azaroso de lo que podría resultar en una pequeña comunidad de amigos. A medida que aumentan el número y la heterogeneidad de las partes que participan del intercambio, se incrementan también los costos del control y la vigilancia de la sujeción a la ley, y el interés propio se vuelve una base menos confiable para obtener buenos resultados sociales. Si bien los mercados permiten a los participantes economizar en virtud, quienes participan en un intercambio no pueden economizar demasiado.

ANTIMONOPOLIO

Un mercado eficiente necesita mantener bajo control la tendencia al monopolio. La competencia es particularmente necesaria para que se sostengan los dos teoremas de la economía del bienestar. En un estado de competencia perfecta nadie tiene ningún poder sobre ninguna otra persona, todos los participantes pueden actuar con independencia de los demás y nadie puede determinar los precios. De esta forma, la competencia disciplina a las empresas: estas deben producir productos de calidad lo suficientemente alta a precios lo suficientemente bajos para permanecer por delante de sus competidores. Los monopolios carecen de este tipo de incentivos: pueden ofrecer una y otra vez productos de baja calidad a precios inflados e imponer los precios de manera arbitraria, ya que no existen otras alternativas. Para evitar que se formen monopolios, en ocasiones las sociedades deben echar mano a legislaciones antimonopólicas y leyes contra la fijación de precios, y regular las fusiones y adquisiciones empresariales.

Incluso tomando este tipo de medidas, muchos mercados no son de competencia perfecta. Las economías de escala ofrecen ventajas de producción que permiten que los grandes productores arrinconen al mercado. Algunas industrias constituyen monopolios naturales en los que tiene poco sentido contar con múltiples proveedores. Por ejemplo, el costo social de contar con dos sistemas de agua potable paralelos sería mayor que tener uno sólo, dados los costos de instalar dos cañerías que fueran al mismo lugar.

La ausencia de alternativas también socava importantes libertades. Bajo el monopolio, los compradores no pueden obtener lo que quieren de distintos vendedores y, en el caso de ciertos bienes necesarios, están por completo a merced de un único proveedor. Tomemos por ejemplo el poder que tiene la persona que es dueña del agua en el desierto. El monopolio es una forma peculiar de obligación, que recrea una relación social de dependencia en el núcleo mismo de una sociedad liberal de mercado.

En resumen, los mercados necesitan ayuda para funcionar bien. No es una posición de todo o nada, sino de grados. La gran mayoría de los mercados reales está en un punto intermedio entre los extremos teóricos de la competencia perfecta y el monopolio puro. Los individuos ingresan al mercado con activos muy distintos y distintos grados de conocimiento acerca de las alternativas, por lo que algunas partes de la transacción pueden resultar mucho más dependientes que otras.

Las regulaciones del Estado, la redistribución y la aceptación generalizada y el uso de normas tales como la simpatía y la honestidad pueden contribuir a acercar a los mercados a condiciones ideales. Por ejemplo, el Estado puede garantizar el cumplimiento de las leyes de propiedad, restringir los monopolios, regular los sistemas de comunicación y establecer la obligatoriedad de la educación. Pero aunque se cuente con estas cuatro propiedades –aunque existan derechos de propiedad vigentes, libre acceso a la información, confianza y competencia–, es posible que los mercados no sean eficientes ni logren la realización de las libertades liberales. Por otra parte, aunque apoyen la eficiencia y las libertades liberales, algunos mercados nos pueden resultar perturbadores. Dejaré para más adelante el análisis acerca del modo en que los mercados pueden fracasar en la realización de las libertades, cuando comente la compatibilidad de los mercados laborales con situaciones de servidumbre y dependencia extrema.[19] En el capítulo 4, indagaré por qué algunos mercados, aunque sean eficientes y fomenten las libertades individuales, pueden resultar problemáticos al analizar los mercados de bienes específicos, como la seguridad y la educación. Así, para concluir el presente capítulo prestaré atención a la principal preocupación de la economía contemporánea respecto de los mercados: su eficiencia. ¿Por qué a veces hay fallas en el vínculo entre los mercados y la eficiencia, aunque existan las ayudas sociales necesarias?

FALLAS DEL MERCADO

La economía reconoce que en ciertas oportunidades las transacciones de mercado pueden imponer costos a terceros no involucrados en ellas. Es usual referirse a estos costos como “externalidades”, y constituyen el núcleo de la teoría económica acerca de las fallas del mercado. Por ejemplo, los efectos de la contaminación no afectan únicamente a las partes involucradas en los intercambios responsables de su producción. Muchos de los mayores problemas ambientales de la actualidad se originan en los efectos externos y sin precio del aumento de la producción industrial y del consumo de combustibles. Del mismo modo, las ventas internacionales de armas pueden desbordarse y afectar a personas totalmente ajenas a las partes que entablan la transacción. Otros motivos para que haya fallas en el mercado son los costos de transacción distintos de cero y la aparición de tecnologías que dan origen a economías de escala, en las que sólo resultan viables las empresas monopólicas u oligopólicas, así como la existencia de monopolios naturales.

Una falla del mercado por externalidades se produce cuando se advierte la existencia de costos que los participantes del mercado no tuvieron en cuenta antes. De hecho, algunos de estos costos pueden resultar benéficos –bienes públicos, y no males públicos–, pero los que nos preocupan por lo general no lo son. La producción de males públicos como un subproducto de los intercambios de mercado constituye la base misma de todos los argumentos a favor de la regulación de la economía.

Durante mucho tiempo, los economistas entendieron que las externalidades eran poco usuales, y que por regla general la mayoría de las transacciones tenían escasos efectos en los individuos que participaban directamente en el intercambio.[20] Pero basta reflexionar un poco para advertir que esta suposición estaba errada. Casi cualquier intercambio que se produzca en el seno de una sociedad densa, interdependiente y compleja supondrá algún costo sobre terceros. La construcción de una alta torre de departamentos obstruye la llegada del sol a las casas linderas. Los autos producen embotellamientos. El humo del cigarrillo se expande. De hecho, siempre que alguien tenga determinadas preferencias sobre las acciones de alguien o sus efectos, también hay una externalidad. Si alguien desaprueba el contenido de determinado texto religioso porque desprecia el culto al cual este pertenece, el hecho de que otros compren o vendan ese texto genera una externalidad para esa persona, un costo negativo que se verá obligada a absorber.[21]

En la práctica, los economistas tienden a ser bastante oportunistas en lo que concierne a dónde y cuándo invocar el concepto de externalidad (Herzog, 2000). De hecho, por lo general se refieren a las externalidades como el fundamento de formas de regulación que plantean el tradicional “principio de daño” de la teoría liberal, según el cual el mero hecho de que a mí no me agrade determinado resultado no constituye un daño, es decir, un costo genuino para mí que necesite rectificación alguna.[22] Pero no hay nada en el análisis económico que brinde o apoye esta peculiar interpretación que distingue entre costos y daños: el argumento económico que reconoce la aparición de ineficiencias sólo en algunos casos de externalidades –en la contaminación, pero no en la intolerancia hacia la diversidad religiosa– se nutre de una teoría moral proveniente de otros ámbitos.[23] Esto no constituye necesariamente un problema, en la medida en que nos ocupemos de la teoría moral y la hagamos explícita en nuestra interpretación de la ineficiencia.

Los mercados también pueden fallar en la provisión de bienes públicos necesarios, si se concibe que dicha categoría incluye bienes (como la defensa nacional) que arrojan externalidades positivas, son no excluyentes y resultan costosos de producir. En esos casos su provisión, si bien satisface el interés común, no satisface el interés propio de ningún individuo. La provisión de defensa nacional beneficiará a todos los habitantes de determinado país, incluso a quienes no paguen su parte de los costos insumidos por el mantenimiento de este servicio. Muchos bienes son por naturaleza pura o parcialmente públicos. (Y, en ocasiones, es necesario decidir si un bien debe ser considerado público o privado. Así, por ejemplo, aunque suele tratarse a la educación como un bien público, podría ser tratada como un bien privado.) Desde luego, si bien en ocasiones los mercados generan ineficiencias debido a externalidades, las alternativas podrían ser aún peores. Tal vez cierta ineficiencia de mercado sea preferible a una fuerte regulación gubernamental, con toda su burocracia lenta, torpe y pesada. Por eso, las fallas del mercado constituyen un motivo de intervención sólo prima facie, no de manera decisiva.

La lógica inmanente a la concepción económica de los mercados nos lleva a considerar las fallas de estos no como un indicador de que el sistema de distribución de mercado es defectuoso, sino como una señal de que el sistema de mercado no está completo.[24] Pero las externalidades sólo podrían reabsorberse en el mercado si su alcance pudiera extenderse hasta incluir sus efectos en terceros, es decir, si pudiera fijarse un precio de venta para la luz de sol, los embotellamientos, la contaminación, el humo de cigarrillo que los vuelve fumadores pasivos y el desagrado religioso. En teoría, un mercado completo, de alcance universal y que pase por todos los estados temporales futuros del mundo promete eliminar toda externalidad. De hecho, buena parte del pensamiento económico se muestra al menos teóricamente imperialista en lo concerniente al posible alcance del mercado. En los modelos estándares de equilibrio general de Arrow-Debreu, por ejemplo, se supone que existe un mercado para cada bien concebible, presente y futuro, en todas las circunstancias imaginables.[25]

La respuesta que ofrecen los economistas a las ineficiencias que podemos advertir en los mercados reales sugieren que tal vez se rijan por compromisos y creencias normativas independientes de las del resto de los hombres (por ejemplo, la creencia de que los costos de ineficiencia del mercado resultarán menos molestos que las intromisiones de la regulación del Estado, y el supuesto de que sólo determinadas pérdidas representan un verdadero costo para terceros). En cuanto a los demás, queda abierta la posibilidad de apoyar otra concepción más compleja del concepto de fallas del mercado.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

Hasta aquí, hice hincapié en la noción de que los mercados son mecanismos económicos y sociales que permiten establecer precios, coordinar comportamientos y promover las elecciones de cada persona. Como ya vimos, la economía contemporánea ofrece argumentos sólidos a favor del mecanismo de mercado. A menudo (pero no siempre), los mercados funcionan mejor, en un sentido técnico, que sus alternativas y producen resultados superiores (en términos de preferencias individuales) para todos los involucrados. Contribuyen al desarrollo y dan alcance a la elección y la decisión individuales. El presente capítulo expone y defiende (en parte) estos argumentos. Pero también advierte al lector que no los acepte como un a priori. Los mercados no son necesariamente mejores para promover estos valores que sus alternativas, entre las que se cuenta, en muchos casos, la redistribución en especie por parte del Estado. Para evaluar los mercados y sus alternativas es preciso examinar casos empíricos complejos.

Los argumentos económicos a favor de los mercados se desarrollan sin adjudicar ningún valor moral independiente a la mercancía que se producen e intercambian. No importa si los bienes que circulan en el mercado son biblias, armas, manteca, órganos humanos, “diamantes de sangre” que financian violentas guerras civiles o sexo. Tampoco es relevante la cantidad de bienes. En los cálculos de los economistas, todo parece igual. Según la explicación esbozada por Lionel Robbins (1932), la economía se ocupa de los ubicuos elementos de la escasez, los medios y los fines, y cualquier contenido puede ocupar el lugar de los medios y los fines. Todos los mercados se explican en los mismos términos.

Más aún, también las fallas del mercado se entienden en los mismos términos en todos los casos planteados. En vez de enfrentar cuestiones de ética, la mayoría de los economistas sostienen una división del trabajo en que a ellos sólo les correspondería explicar las consecuencias económicas del uso de mercados particulares para lograr la eficiencia, mientras que otros especialistas se encargan de las cavilaciones éticas. Sin embargo, como intenté demostrar, esta división del trabajo es imposible: la determinación de qué constituye una ineficiencia o una mejora económica implica juicios éticos previos. Si el único recurso para pensar el problema de la eficiencia es el de las preferencias subjetivas, entonces será preciso considerar la insatisfacción basada sobre la envidia por el éxito de otro como un costo económico. Pero esto parece ridículo. Se sigue de esto que cualquier medida plausible de los costos de distintas actividades presupondrá una concepción sustantiva de aquello que resulta relevante para el bienestar humano, es decir, una concepción que determine qué sensaciones subjetivas de daño cuentan como costos. De esta forma, la eficiencia demuestra tener, a fin de cuentas, una dimensión moral.

En los capítulos siguientes sostendré que ni los análisis estándares de eficiencia ni el concepto genérico de las fallas del mercado alcanzan para determinar en qué casos resulta propicio usar los mercados para distribuir bienes particulares y en qué otros resultan más apropiados otros mecanismos. Intentaré anticipar parte de mi argumento con unos pocos ejemplos.

Tomemos en consideración el sufragio. Como bien señala James Tobin (1970: 269), “cualquier buen estudiante del segundo año de posgrado podría escribir un breve artículo académico que demuestre que las transacciones voluntarias de votos incrementarían el bienestar tanto de los vendedores como de los compradores”.[26] Pero nadie propone seriamente que se distribuyan los votos de una sociedad a través del mercado; la legitimidad del proceso político reposa justamente sobre la prohibición de este tipo de transacciones.

Ahora tomemos en consideración el mercado laboral. ¿Debería permitirse que los empleadores demanden de sus empleados favores sexuales a cambio de salarios más altos? (Basu, 2003) ¿Debería permitirse a los individuos firmar contratos de esclavitud entre sí? Tanto los favores sexuales a cambio de prebendas como los contratos de esclavitud son considerados reprochables por la mayoría. Lo interesante aquí es por qué esto es así y si tiene alguna relación con los análisis estándares de eficiencia o la noción de fallas del mercado.

El servicio militar suele considerarse un deber cívico, y se elogia a quienes toman la decisión de cumplirlo. Al mismo tiempo, el alquiler de mercenarios es una práctica condenada por muchos. ¿Por qué el mismo acto es condenado cuando es pago pero elogiado cuando se realiza por deber?[27]

Una hipótesis central de este libro es que debemos ampliar nuestros criterios de evaluación, así como la noción de fallas del mercado, para incluir los efectos que los mercados tienen en la estructura de las relaciones interpersonales, la democracia y la motivación humana. Por eficientes que resulten los mercados de favores sexuales, de votos o mercenarios, y aunque fueran producto de acuerdos voluntarios, dichos mercados no dejarían de resultar objetables –serían objetables, sostengo– en la medida en que tienen su origen en una débil capacidad de acción, explotan las vulnerabilidades subyacentes de los más vulnerables o plantean consecuencias extremadamente perjudiciales para las personas y la sociedad.

En los próximos dos capítulos, exploro otros marcos teóricos para pensar los mercados. En el capítulo 2, expongo la perspectiva fructífera y olvidada formulada por la economía política clásica. Si la economía contemporánea tiene la tendencia a pensarlos en términos muy abstractos, previamente la economía clásica tenía en cuenta su índole heterogénea y distinguía con toda claridad entre los mercados de tierra, trabajo y capital. Su evaluación de los distintos mercados llamaba la atención de manera explícita sobre su estructura de poder y sobre sus efectos en la motivación humana, las capacidades humanas y las relaciones sociales. Esta tradición ha sido olvidada por la economía y, según creo, todavía tiene mucho que ofrecer. En el capítulo 3 analizo algunos de los marcos teóricos con que el igualitarismo contemporáneo analiza el papel que desempeña el mercado y sus límites morales, incluidos los de Ronald Dworkin y Michael Walzer. En el capítulo 4, expongo y defiendo mi propia concepción de dichos límites.

7 No ofrece, por ejemplo, ninguna definición de “mercado” el muy utilizado Intermediate Microeconomics de Hal Varian (1999). Resulta sorprendente lo exiguo de la discusión acerca de las características del mercado en el ámbito de la economía, a pesar de tratarse de la principal institución de estudio para los economistas.

8 Analizo la cuestión de la voluntad con mayor detalle en el capítulo 8, al discutir la problemática del trabajo esclavo.

9 ¿Es posible que los mercados tengan una base natural? Adam Smith creyó que sí. También Hayek. Pero no por eso estos dos pensadores dejaron de estar bien al tanto de la marcada dependencia del mercado de las leyes de propiedad, las convenciones sociales y la fuerza represiva del Estado.

10 Este concepto recibe su nombre de Vilfredo Pareto, estudioso italiano que lo empleó en sus estudios de eficiencia económica y distribución del ingreso. Para un análisis crítico de este concepto, véase Sen (1987: 30).

11 “Obvio” no significa cierto. Para distintas críticas al principio de Pareto, véanse G. A. Cohen (1995) y Philips (1999). Véase también G. A. Cohen (2008).

12 Esta dependencia estaba asegurada tanto por la posesión de la fuerza de la que gozaba el señor feudal como por una ideología que naturalizaba las relaciones jerárquicas.

13 Véase una discusión de la noción smithiana de mercados en el capítulo 2.

14 De todos modos, para argumentos sobre la persistencia de la jerarquía en la empresa capitalista, véase Marglin (1974).

15 Analizaré los contratos de servidumbre por deudas en el capítulo 9.

16 Quedo en deuda con McMillan por su excelente análisis de las instituciones y normas que presupone el sistema de mercado.

17 Algunos derechos de propiedad se encuentran distribuidos entre distintos individuos o entidades.

18 Para un análisis de la naturaleza convencional de la propiedad, véase también Murphy y Nagel (2002).

19 Como ya mencioné, los mercados coexistieron con regímenes políticos responsables de negar las libertades liberales básicas. Al respecto, el Chile de Pinochet y la Alemania nazi constituyen dos ejemplos notorios.

20 Algunos trabajos recientes señalan que es posible que haya más fallas del mercado que las que se supone que hay, debido a los costos de transacción, problemas en la circulación de información y las medidas estratégicas de las partes involucradas.

21 Los economistas también tienen en cuenta los efectos que una transacción de mercado provoca en los precios relativos de los bienes para terceros, efectos conocidos como “externalidades pecuniarias”. Estos efectos también son omnipresentes, y analizaré su importancia en otros capítulos.

22 La formulación canónica del principio de daño puede encontrarse en Sobre la libertad, de John Stuart Mill (1984 [1859]).

23 Podría plantearse una distinción entre los juicios morales de una persona y su felicidad o utilidad, pero tal distinción parece, en el mejor de los casos, inmotivada dentro del marco de referencia de la economía, que tiende a considerar los juicios morales en términos de funciones de preferencias.

24 Acerca de la teoría de las fallas del mercado, Elizabeth Anderson (1993: 192) advierte que se trata de “una teoría que no explica lo que funciona mal en los mercados, sino lo que funciona mal allí donde no hay mercados”.

25 El modelo de “mercados completos” deja de lado los problemas que plantea el cumplimiento legal de los contratos. De hecho, este presupuesto resulta enormemente erróneo, ya que, en cuanto damos por sentado que determinada operación comercial se está realizando a lo largo del tiempo, es posible que cumplir con los términos del contrato no constituya un interés económico de los agentes. Esto significa que debemos depender de normas u otros mecanismos que aseguren su cumplimiento y, a su vez, puedan interferir en la eficiencia del mercado.

26 Desde luego, es posible sostener que la venta de votos crea externalidades, pero no abordo aquí este argumento, porque me resulta poco persuasivo. De todos modos, véase <gregmankiw.blogspot.com/2007/11/on-selling-votes.html>.

27 Esta condena se abrió paso incluso en el derecho internacional. El art. 47 del Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra originalmente suscriptas el 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, establece: “Ningún mercenario tendrá derecho a ser combatiente o prisionero de guerra”.

Parte II

Teorías de los mercados

2. Cambios de perspectiva acerca de la economía

La concepción del mercado como un mecanismo homogéneo cuyo funcionamiento queda de manifiesto en distintos tipos de intercambio es de corte característicamente moderno. La economía política clásica, en especial tal como se encuentra en las obras de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx, sostuvo una visión muy distinta de los mercados y su función en la sociedad. La comprensión moderna de los mercados en término de sus propiedades formales y la capacidad actual de producir modelos de aplicación superan con creces las de la economía política clásica. Pero algo importante se perdió en el camino. El presente capítulo presta atención a la concepción general y más amplia que elaboraron estos pensadores tempranos y su contraste con la visión actual expuesta en el capítulo 1. Esta concepción alternativa tenía implicaciones de largo alcance en sus consideraciones acerca de la naturaleza y los límites de los mercados, así como acerca de la justicia (o injusticia) de muchas transacciones de mercado.[28] Ciertos aspectos de esta concepción temprana están presentes en algunos economistas posteriores a Jevons, como Marshall, Pigou y Pareto, pero concluiré mi exposición con la revolución marginalista que se produjo en la economía durante la década de 1870. Me interesa establecer con la mayor claridad posible el contraste existente entre la concepción de mercado planteada por la economía política clásica, que lo entendía como un sistema de relaciones heterogéneas entre clases sociales con intereses contrapuestos, y las perspectivas posteriores, basadas sobre una imagen de la economía entendida como un conjunto de relaciones de intercambio que se establecen entre individuos independientes.

En el presente capítulo discuto las respuestas que los distintos autores de la economía clásica supieron dar a la pregunta acerca de la naturaleza y los límites de los mercados. Me gustaría destacar dos características que comparten todas sus respuestas. En primer lugar, siempre hacen hincapié en la integración social de los mercados. Advierten que los mercados no pueden convertirse en la única institución o el único principio de organización de una sociedad liberal sin la consiguiente destrucción de esa sociedad. Para ser más concretos, estos autores reconocen la necesidad de fijar límites a los mercados para sostener una sociedad liberal, basada sobre la igualdad y la libertad de sus miembros. Esta idea fue revitalizada en el siglo XX por Karl Polanyi (2001), quien sostuvo que una sociedad fundada únicamente en mercados autorregulados no podía funcionar. Una sociedad cuya cohesión dependa únicamente de los mercados no será capaz de garantizar su reproducción en el tiempo. La mayoría de los economistas de nuestros días reconocen la veracidad del argumento de estabilidad de Polanyi respecto de una sociedad de mercado autorregulado, pero eligen ignorar una de sus conclusiones fundamentales: que los mercados laborales tienen características que los diferencian de otros tipos de mercados.

En segundo lugar, en relación con lo anterior, la economía política clásica reconoce que los mercados son heterogéneos y que algunos de ellos influyen tanto en la sociedad en su conjunto como en cada persona. Por ejemplo, pensadores tan distintos como Smith y Marx consideran que el modo en que se produce y se vende la fuerza de trabajo humana no sólo tiene efectos decisivos en los trabajadores que la realizan, sino también efectos externos en la sociedad en general. Dado que considero que se trata de dos ideas fundamentales –la integración de los mercados y los efectos de determinados mercados en las preferencias y las capacidades de cada persona–, en el presente capítulo me gustaría analizarlas con cierto detenimiento.

Con todo, antes de comenzar es preciso plantear algunas precisiones. En primer lugar, me concentraré en un solo grupo de pensadores. En su época, coexistían tradiciones muy distintas: los fisiócratas franceses (en particular Quesnay), Montesquieu con su tesis del doux commerce (es decir, la idea de que el comercio contribuye a los buenos modales de cortesía; véase Hirschmann, 1992) y John Stuart Mill son algunos contemporáneos relevantes de los que no me ocuparé aquí. Si bien comparten algunas de las ideas que analizo en este contexto, sus teorías generales no contribuyen a echar luz sobre la línea de pensamiento que intento establecer. En segundo lugar, como ya señalé, me limito a un período específico. La decadencia del feudalismo estimuló nuevas formas de pensar acerca de la naturaleza humana y el orden económico. El feudalismo es una fuerte presencia invisible en los argumentos que tomaré en consideración. Por ese motivo, si bien hay economistas de los siglos XIX y XX cuyas ideas son afines a las de la economía política clásica –uno de ellos es Amartya Sen–, me gustaría centrarme sólo en los pensadores que hicieron énfasis en los modos en que los mercados pueden tanto consolidar como amenazar un orden social liberal.

LA CONCEPCIÓN SMITHIANA DE LOS MERCADOS

El rico en su castillo,

el pobre en su portal,

Dios los hizo, alto o bajo,

y su estado decidió.

C. F. Alexander, “All Things”

En el mundo feudal, el nacimiento establecía el estatus de una persona, y el mundo estaba dividido en inferiores y superiores. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, este ordenamiento fundado sobre la atribución diferencial de estatus jerárquicos fijos entre los distintos grupos sociales cede ante la presión de una nueva forma de pensar las relaciones políticas y sociales, basadas sobre la libertad individual y el consentimiento. ¿Pero cómo es posible compatibilizar la libertad individual y el consentimiento con el orden social? ¿No generaría conflictos esta dependencia de las elecciones de cada persona guiada únicamente por su propio interés? En el Leviatán, Thomas Hobbes (1994 [1651]) sostiene que sólo un soberano absoluto con poderes ilimitados tiene la capacidad de asegurar la continuidad de un orden social estable entre individuos libres e independientes. Adam Smith ofrece al mundo una respuesta distinta. Un argumento fundamental de su Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones (1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784], vol. I: 412); es que, en el contexto de las relaciones de mercado, cada individuo no sólo producirá más riqueza, sino también un orden social liberal.

La sorprendente innovación de Smith consiste en considerar el mercado como una forma de organización social. Sus argumentos acerca de los efectos económicos eficientes de los mercados (y de la división del trabajo) son bien conocidos, pero sus importantes planteos sobre los efectos sociales del sistema de mercado han quedado en buena medida en el olvido o son presa de la confusión.

Smith celebra la libertad de comprar y vender no sólo como un incentivo para la prosperidad económica y la riqueza de las naciones, sino también como una forma de emancipación de un tipo de opresión política específico. Como ya señalé en el capítulo 1, Smith (1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 412) sostiene que los mercados socavan las relaciones sociales basadas sobre la servidumbre:

El comercio y las manufacturas concurrieron para introducir el orden y el buen gobierno y, con estos, la libertad y la seguridad que antes no tenían los habitantes del campo, quienes habían vivido casi siempre en una guerra continua con sus vecinos, y en estado de dependencia servil respecto de sus superiores. Este efecto, al cual se ha prestado menos atención de todos, fue en realidad el más ventajoso e importante.

Para entender el argumento de Smith, es preciso considerar el contraste existente entre la organización de la sociedad feudal y la libertad que supuso el nuevo orden industrial fundado sobre los intercambios de mercado. Bajo el feudalismo, los campesinos y los trabajadores dependían de los señores feudales para subsistir y recibir protección de la violencia ejercida por otros. Esta forma de dependencia extrema fomentaba relaciones de servidumbre entre el señor y sus súbditos, la necesidad de que el campesino se inclinara e hiciera reverencias ante su superior. Los campesinos estaban obligados a obedecer las órdenes de su señor feudal, sin importar lo arbitrarias, humillantes o costosas que resultaran. Una característica fundamental de esta relación entre el siervo y su amo es que, por lo general, era voluntaria: el siervo estaba ligado a su amo por actos de lealtad supuestamente consentidos. Sin embargo, si bien, en teoría, todo campesino era libre de marcharse y encontrar otro amo,[29] era difícil trasladarse de un lugar a otro y el hecho de que el trabajo estuviese directamente ligado a la vivienda a menudo hacía imposible cambiar el uno o la otra sin que esto implicara un cambio total en sus lazos sociales. Dadas las circunstancias económicas, políticas y sociales, la servidumbre a un señor feudal solía constituir la mejor alternativa posible para un campesino.

¿De qué manera los mercados transformaron esta relación entre inferior y superior en una relación entre iguales? Smith sostiene que los mercados liberaron a los individuos de su dependencia humillante de una persona poderosa al permitirles sustentarse por medio de intercambios con miles de clientes anónimos e indiferentes: “Cada artesano o comerciante gana su sustento, no con el empleo que les suministra uno solo de sus clientes, sino cientos o miles de parroquianos, y así, aunque en cierto modo se reconozca obligado a todos ellos, no puede decirse que depende de cada uno de una manera específica” (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 420).

La libertad de comercio crea la posibilidad de tejer redes de relaciones múltiples y opcionales con otros individuos anónimos, y así socava las relaciones de sometimiento y servidumbre personales y directas que eran características del feudalismo. El fin de la humillante servidumbre a los amos (junto con el buen gobierno) fue “el más ventajoso e importante” de los efectos de los mercados.

La extensión del sistema de mercado crea una sociedad de relaciones horizontales fundada sobre la interacción libre, la igualdad y el interés propio recíproco. En la medida en que se fundan sobre el acuerdo mutuo de todos los participantes, los intercambios de mercado reconocen de manera implícita a estos como personas que tienen una posición y pueden plantear reclamos en virtud de sus intereses. El comprador y el vendedor se reúnen como personas libres. Dado que los gobierna la idea de que los bienes se intercambian por equivalentes, los intercambios de mercado son ámbitos de igualdad. Como no presuponen que los intereses de los participantes sean idénticos (lo único que importa es que todos puedan ganar algo), los intercambios de mercado también son compatibles con la coordinación social entre individuos independientes, dotados de distintos valores y preferencias. En vez de apelar a normas fundadas sobre una jerarquía natural, en un mercado cada quien cuida de su propio interés. En un contexto teórico bastante distinto, el propio Marx advierte que el intercambio de mercado constituye un ámbito en el que imperan “la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham” (Marx, 1977 [1867]: 280).[30] De esta forma, el desarrollo y la expansión de los mercados laborales y los mercados de productos de consumo permitieron que gran cantidad de personas disfrutara de cierta independencia personal, o cuanto menos del fin de una dependencia absoluta, algo que antes no hubiera sido posible (véase E. Anderson, 2004).

Pese a todo, Smith también reconoce que la capacidad de los trabajadores de escapar de la servidumbre a un amo por medio de los mercados depende de ciertas condiciones, entre las que se cuenta el grado de competitividad real de un determinado mercado de trabajo y los niveles de habilidad de los trabajadores. Si el mercado laboral no es competitivo y si los trabajadores carecen de habilidades y son mano de obra superflua, estos aceptarán de manera voluntaria términos de empleo que los dejen bajo completa dependencia y subordinación de sus empleadores. Bajo tales condiciones, los empleadores detentan un poder de control análogo al de los señores feudales. Según observó sutilmente Rodbertus, el hambre es tan buen látigo como una pieza de cuero (cit. en Bohm-Bawerk, 2007 [1884]: 332).

Smith se muestra muy atento a la tendencia habitual de los comerciantes de convertir al Estado en un aliado para el control de sus trabajadores, tendencia que, para él, debe ser combatida. Por el contrario, se muestra tolerante hacia la regulación gubernamental de salarios a favor de los trabajadores: “De donde resulta que, cuando el reglamento es a favor de los obreros, es siempre justo y equitativo, pero no ocurre lo mismo cuando favorece a los maestros” (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 157-158).

Como ilustra este pasaje, Smith no es un mero crítico de la intervención del gobierno en los mercados, que jamás considera instituciones autónomas. Más aún, para él, el motivo de intervención en el caso de los mercados laborales no es la eficiencia, sino “lo justo y equitativo”. Le preocupa la naturaleza coercitiva de los contratos laborales, la capacidad de los empleadores de “forzar […] a contentarse con sus términos [a la otra parte]” (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 83). También acepta la intervención del gobierno con el propósito de reducir la pobreza. Otro ejemplo de esto es su apoyo a los impuestos progresivos sobre los carruajes en proporción a su precio, de modo que “la indolencia y la vanidad del rico contribuyan en forma llevadera al alivio del pobre” (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 725).

¿Por qué, entonces, suele considerarse a Smith un simple defensor del libre comercio y el libre mercado y un antagonista de la mano visible del Estado?[31] Según creo, si bien algunos analistas han considerado a Smith como un pensador opuesto per se a toda intervención gubernamental, resulta útil recordar que los argumentos de Smith contra la intervención en los mercados apuntan a un orden social específico: el feudalismo. Muchas de las regulaciones que condena con gran ímpetu no son sino vestigios de un orden social precapitalista y no democrático: los intereses mezquinos de ciertos comerciantes monopólicos que buscaban proteger sus exorbitantes ganancias y las reglas de los gremios poderosos que restringían la libre incorporación de los individuos a las distintas profesiones y oficios. De los gremios feudales, por ejemplo, escribe que “mil hilanderos y tejedores” pueden depender de “media docena […] de cardadores de lana”, quienes negándose a tomar aprendices “reducen toda la manufactura a cierto género de esclavitud ” (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 143; el énfasis me pertenece).

En lugar de proponer la doctrina de un orden de mercado espontáneo y autocorrectivo, en realidad Smith hace hincapié en que los mercados funcionan como vehículos de libertad, igualdad y eficiencia sólo bajo disposiciones institucionales muy definidas. El sistema demanda “un Estado independiente autónomo” que promueva el bienestar y la libertad de los pobres, un Estado que se aparte del poder de los ricos mercaderes, los gremios, los grupos religiosos y los distintos prejuicios acerca de las normas sociales. De hecho, Smith teme que el sistema de la ley nunca se vea completamente a salvo de estos intereses y que necesite el contrapeso de un sistema de educación universal, así como la regulación de los mercados laborales para proteger la libertad del trabajador.

La perspectiva de Smith acerca de los beneficios comparativos de los mercados laborales capitalistas sobre los acuerdos feudales de servidumbre difiere de lo que cabría suponer a partir del marco de referencia de buena parte de la economía contemporánea. Smith reconoce de manera explícita que la introducción de los mercados capitalistas depende de aplicar determinadas restricciones sobre los derechos de propiedad que, al menos en principio, no son voluntarias ni pueden ser consideradas mejoras en términos de Pareto. Para anticiparme a lo que desarrollaré en los próximos capítulos y reiterando lo sostenido en el capítulo anterior, un mercado laboral libre es producto de la regulación estatal. Exige políticas que restrinjan las medidas disciplinarias que la ley pone a disposición de los empleadores, desterrando, por ejemplo, la pena de prisión por incumplimiento de contrato laboral o limitando los derechos de propiedad feudales sobre el producto del trabajo de sus siervos.[32] Sin embargo, en el contexto del feudalismo, dichas restricciones no representaban desde ningún punto de vista mejoras en el sentido de Pareto: claramente, perjudicaban a los señores feudales.

MERCADOS HETEROGÉNEOS

Smith y sus seguidores dentro de la economía política clásica plantean teorías distintas a la hora de explicar el funcionamiento no sólo de los mercados de bienes de consumo, sino también de los mercados de tierra, de crédito y laborales. Tomemos en consideración los mercados laborales. A diferencia del mercado de carros, sostiene Smith, el mercado laboral influye en las capacidades de los seres humanos cuya fuerza de trabajo es materia de negociación. Según sus propias palabras en La riqueza de las naciones:

Con los progresos en la división del trabajo la ocupación de la mayor parte de las personas que viven de su trabajo –o sea, la gran masa del pueblo– se reduce a muy pocas y sencillas operaciones; con frecuencia, a una o dos tareas. Consideremos, sin embargo, que la inteligencia de la mayora parte de los hombres se perfecciona necesariamente en el ejercicio de sus ocupaciones ordinarias. Un hombre que gasta la mayor parte de su vida en la ejecución de unas pocas operaciones muy sencillas, casi uniformes en sus efectos, no tiene ocasión de ejercitar su entendimiento o adiestrar su capacidad inventiva en la búsqueda de varios expedientes que sirvan para remover dificultades que nunca se presentan. Pierde así, naturalmente, el hábito de aquella potencia, y se hace todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana. La torpeza de su entendimiento no sólo lo incapacita para terciar en una conversación y deleitarse con ella, sino para concebir pensamientos nobles y generosos, y formular un juicio sensato, respecto de las obligaciones de la vida privada. Es incapaz de juzgar acerca de los grandes y vastos intereses de su país y, al no tomarse mucho trabajo en instruirse, será también inepto para defenderlo en caso de guerra (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 781-782).

En este pasaje acerca de la división del trabajo en una fábrica de alfileres, Smith sostiene que la organización del trabajo afecta las preferencias y capacidades del operario. Advierte que la profundización de la división del trabajo que alientan los mercados no sólo produce un crecimiento económico, sino también trabajadores incapaces ya de participar de la toma social de decisiones. La profundización de la división del trabajo en la industria priva a estos trabajadores de sus “virtudes intelectuales, sociales y marciales” (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 782).[33] Mientras la teoría económica contemporánea tiende a considerar las preferencias y capacidades de las personas como factores dados dentro de determinada economía, Smith cree que los actores que participan en ciertos tipos de intercambio en cierta medida se constituyen en el mercado.

Resulta interesante advertir que en este pasaje Smith plantea un argumento causal: las preferencias y capacidades de los trabajadores cambian debido a la estructura del mercado laboral, influida por una creciente división del trabajo, que a su vez se ve estimulada por la búsqueda de eficiencia. Estas preferencias y capacidades, por tanto, no son algo dado. Más aún, son algo que tener en cuenta en nuestro análisis de los mercados, ya que los mercados laborales pueden tener efectos sociales, culturales y políticos problemáticos, precisamente porque tienen esta facultad de influenciar en las preferencias y capacidades de la población. Para reformular este mismo planteo de manera un poco tendenciosa, dentro del mercado laboral los trabajadores no sólo producen alfileres y otros objetos pequeños, sino también aspectos de su propia identidad. Y el modo en que lo hacen influye en el precio de su trabajo tanto como en el tipo de sociedad posible. En la fábrica de alfileres, según Smith, los trabajadores pierden la facultad del pensamiento independiente y así quedan en desventaja para juzgar o deliberar acerca de las políticas de su país.

La profundización de la división del trabajo y la creación de distintas esferas de actividad laboral –impulsada por los distintos mercados laborales– tienen también una importancia fundamental en la concepción smithiana de la desigualdad social. Según Smith, la división del trabajo, cuya extensión está limitada por la extensión del propio mercado, afecta las preferencias, los intereses y las capacidades diferentes, y por ende desiguales, de las personas:

La diferencia de talentos naturales en hombres diversos no es tan grande como vulgarmente se cree, y la gran variedad de talentos que parece distinguir a los hombres de diferentes profesiones, cuando llegan a la madurez es, las más de las veces, efecto y no causa de la división del trabajo. Las diferencias más dispares de caracteres, entre un filósofo y un mozo de cuerda, pongamos por ejemplo, no procede tanto, al parecer, de la naturaleza como del hábito, la costumbre o la educación. En los primeros pasos de la vida y durante los seis u ocho primeros años de edad fueron probablemente muy semejantes y ni sus padres ni sus camaradas advirtieron diferencia notable (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 28-29).

Para sustanciar por completo esta hipótesis, tal vez haga falta elaborar un detallado argumento psicológico y sociológico, pero en los próximos capítulos analizaré algunas pruebas acerca de los efectos de distintos tipos de relaciones laborales en el concepto que los trabajadores tienen de sí. Con todo, el principal problema que tener en cuenta, a los fines de este texto, es que si el trabajo y la preparación para el trabajo influyen de manera significativa en la personalidad de los individuos, no se puede juzgar a los mercados laborales sólo en función de su eficiencia.

Pero hay otro aspecto por el cual el trabajo constituye una cuestión peculiar para Smith. Debido a que la fuerza de trabajo está encarnada en seres humanos, cuyo esfuerzo y conformidad influye mucho en su productividad, a los compradores de fuerza de trabajo los asiste el interés de motivar a sus trabajadores para que trabajen mucho. Pero los trabajadores tienen otros intereses. Dado que no puede estipularse de manera definitiva la cantidad y calidad de trabajo en un contrato, es necesario diseñar un sistema de control. Pero el mismo sistema de control tendrá importantes efectos en el trabajador, su productividad, sus capacidades y su relación con el empleador.

De esta forma, el análisis de los mercados laborales propuesto por Smith abarca un conjunto de criterios de evaluación mucho más amplios que la eficiencia. A partir de este marco de referencia, podríamos decir que en el contexto de un mercado laboral se producirá una falla, aunque fuera eficiente y de carácter voluntario, si se pone a los trabajadores en relaciones de dependencia servil de los manufactureros o se los despoja de toda destreza y habilidad para usarlos como meras herramientas. También se produciría una falla si se desgastaran la noción de justicia y el espíritu público de los trabajadores, sus cualidades “más útiles” para la sociedad y sus semejantes (Smith, 1976a [1759]: 189-190). Podemos describir algunos de estos efectos en términos de “externalidades”, pero otros recaen únicamente sobre las partes que participan en el contrato. Además, tal como sostuve antes, el concepto de externalidad resulta demasiado vago, lo que no permite determinar por qué y cuándo debería preocuparnos el funcionamiento de los mercados particulares.

En lo que sólo puede constituir una bochornosa anomalía para quienes lo consideran un defensor a ultranza del laissez-faire, Smith también se manifiesta a favor de regular los mercados de crédito. Si bien se opone a la prohibición legal de cobrar intereses sobre el dinero prestado, muestra su beneplácito con las leyes contra la usura existentes en Gran Bretaña, que limitan la tasa de interés aplicable a un préstamo al 5%:

En aquellos países donde está permitido legalmente el interés se fija, por lo general, la cantidad máxima que puede exigirse, para no incurrir en delito.

[…]

Cabe advertir que aunque la tasa legal de interés debe establecerse un poco más alta que la tasa más baja corriente, no ha de excederle, sin embargo, en mucho. Si el interés legal en la Gran Bretaña fuese de un ocho o de un diez por ciento, la mayor parte del dinero que se prestara iría a parar a manos de pródigos y proyectistas descabellados, que son los únicos capaces de abonar réditos tan crecidos. El hombre sobrio, que no piensa dar por el uso del dinero sino una parte de lo que puede obtener por su uso, no querrá aventurarse en esa clase de competencia. Así, una gran parte del capital de la nación no llegaría a poder de quienes se encuentran en condiciones de hacer un uso razonable y provechoso de este, e iría a parar a manos de otras personas que fácilmente lo disiparían, haciendo mal uso de él (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 356-357).

¿Por qué Smith se opone a la usura? Si el acceso a créditos es tan importante para la producción, ¿por qué impedir potenciales intercambios entre prestamistas dispuestos a pedir y deudores dispuestos a prestar? La razón que el autor plantea de manera explícita en este pasaje de La riqueza de las naciones es que la búsqueda de la ganancia privada (por parte de “pródigos” y “proyectistas descabellados”) a veces puede traer aparejada cierta pérdida social: si los especuladores osados poseen demasiado capital y lo invierten en proyectos inútiles, esto perjudicará la riqueza de la nación.[34] Además, los prestamistas tienen un conocimiento parcial e inexacto de las motivaciones y acciones futuras de quienes piden el préstamo, por lo que no pueden asegurar que estos vayan a comportarse de manera tal que puedan pagar sus deudas. Por ende, el mercado de capitales debe ser regulado; no se puede confiar en que los mercados distribuyan por su cuenta, de manera adecuada, capital y riesgo. El análisis smithiano de los mercados de crédito no carece de relevancia para la actual crisis económica y el papel de los instrumentos financieros tales como los derivados de créditos y, dentro de ellos, las hipotecas subprime.

Debido a que las partes que participan en un intercambio llegan al mercado con distintas vulnerabilidades una respecto de la otra, distinta información y distintas capacidades de retirarse de sus relaciones contractuales debido a que algunos intercambios de mercado influyen en estas partes y, por último, debido a que hay importantes bienes sociales que probablemente el mercado no provea, Smith rechaza el laissez-faire. Si bien propende a la lógica del mecanismo de mercado, cree que la intervención y la supervisión suelen estar justificadas.

Tal vez para Smith el argumento más importante a favor de la intervención gubernamental en la economía –para establecer límites al funcionamiento de los mercados– sea el que concierne a la educación. Está convencido de que sin la atención del gobierno es inevitable que haya “una entera corrupción o degeneración en la gran masa del pueblo” (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 781). Muchos de sus argumentos a favor de la educación pueden traducirse, en el lenguaje de la economía contemporánea, como una defensa basada sobre el hecho de que la educación genera externalidades positivas. La educación básica (la alfabetización, por ejemplo) brinda un beneficio comunitario que trasciende las ganancias de la persona que es instruida. De igual modo, el fracaso en la educación de los niños produce perjuicios públicos: menor movilidad laboral, mayor pobreza y menor crecimiento económico. En función de estos principios, Smith critica duramente la irracionalidad que supone no destinar fondos públicos a la educación: “El Estado, con muy pequeños gastos, podría facilitar, estimular y aun imponer, a la mayoría de las personas que pertenecen a clases populares, la obligación de adquirir esos conocimientos tan esenciales de la educación” (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 785).

Pero Smith también insiste en que, más allá de sus efectos en la productividad, la educación es importante para el desarrollo de las sensibilidades y capacidades humanas. Sostiene que la falta de educación de los hijos de los pobres es “una de sus mayores desventuras”. Un niño trabajador al que se le ha negado la posibilidad de educarse encuentra “una vez mayor, que no puede formular ideas con las cuales entretenerse” (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 785-786). Carecer de educación no supone sólo un perjuicio para las potenciales ganancias personales o de la sociedad. La importancia de la educación también se mide en cosas que no se pueden comprar: la capacidad de valorar y conocer, de tomar decisiones informadas respecto de uno mismo y del rumbo de la propia vida, de experimentar la vida de una manera distinta a la de una persona carente de educación. Así lo expresaba en el siglo pasado el escritor James Baldwin (1985 [1963]: 326):

El propósito ulterior de la educación es crear en una persona la capacidad de mirar el mundo por su cuenta, tomar sus propias decisiones, distinguir si algo le parece blanco o negro, decidir si hay o no un dios en el cielo. Plantearse preguntas acerca del universo, y luego vivir con esas preguntas, es el modo en que esa persona conquista su identidad.

Y para que funcione el sistema democrático, es necesario educar a la masa del pueblo con el objetivo de que pueda participar en el debate público (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 785). No hay motivo alguno para suponer que los mercados brindarán a todos el nivel de educación adecuado.

SMITH Y LA CORRIENTE PARETIANA

Smith considera que en ocasiones (pero no siempre) las acciones no coordinadas de las personas dentro de un mercado tendrán más posibilidades de producir resultados deseables (la libertad, la seguridad, la igualdad y la riqueza, por ejemplo) que la mano visible de las políticas conscientes del Estado, en especial porque este último probablemente se muestre demasiado atento a los intereses de los ricos. El descubrimiento fundamental de Smith –que las decisiones de mercado, tomadas por individuos racionales, pueden (bajo determinadas condiciones) coordinar la producción social de distintos individuos y generar un orden social eficiente– fue formalizado en el siglo XX por Pareto y Walras. Como señalé en el capítulo anterior, el llamado “teorema fundamental de la economía del bienestar” sostiene que en un mundo de libre mercado en que todos pueden comerciar todo, la distribución de recursos alcanzará el óptimo de Pareto.

Adam Smith, desde luego, no llegó a conocer el “teorema fundamental” de la economía del bienestar, ya que la precede en muchos años. Y a lo largo de este capítulo fundamenté la idea de que la defensa smithiana del mercado no se basa sustancialmente sobre su supuesta eficiencia distributiva, sino, antes bien, sobre su vínculo con relaciones sociales fundadas en la libertad y la igualdad. Aun así, vale la pena señalar otras tres diferencias importantes entre la perspectiva de Smith y la justificación paretiana de los mercados competitivos.

En primer lugar, los paretianos justifican la existencia de los mercados en tanto estos permiten que los individuos satisfagan de manera óptima sus preferencias bajo determinadas limitaciones. Pero Smith reconoce el papel central que tanto los mercados como las instituciones sociales desempeñan en la formación de esas preferencias individuales. Si los propios mercados inciden de manera significativa en las preferencias de una persona, si las preferencias de los individuos son “endógenas” a los mercados –es decir, si se originan dentro de ellos–, en ese caso apelar a la capacidad del mercado de satisfacer dichas preferencias como justificación fundamental de su existencia supone un razonamiento circular. Los resultados del mercado no pueden medirse de manera objetiva según escalas de preferencia en caso de que per se dichas escalas dependan de los mercados.[35]

En segundo lugar, Smith está interesado en la capacidad de los mercados de fomentar libertades sustantivas; por ejemplo, la libertad respecto de cualquier forma de dependencia extrema de otros, y no sólo en su capacidad de satisfacer preferencias personales. En la economía contemporánea, esta perspectiva resulta bastante marginal, aunque Amartya Sen la retomó y elaboró. En vez de evaluar un mercado sólo en términos de su capacidad de satisfacer las preferencias subjetivas de una persona, Sen nos conmina a examinar sus efectos sobre las capacidades reales de esa persona, es decir, sus capacidades de acción y logro. Para Sen, entre las capacidades importantes se cuentan la de alimentarse, de recibir alfabetización y –retomando una formulación de Smith– de “presentarse en público sin vergüenza”. Para ver de qué manera los mercados inciden sobre estas capacidades, es preciso prestar atención no sólo al momento en que el individuo realiza determinadas elecciones de mercado, sino también al modo en que las instituciones del mercado potencian o limitan la gama de elecciones posibles de esa persona, es decir, las opciones con que realmente cuenta.[36] Desde esta perspectiva, anular algunas opciones de mercado podría verse justificado en la medida en que permita que haya otras opciones mejores que de otra manera no estarían disponibles. Así, por ejemplo, tal como explico en el capítulo 7, anular la opción del trabajo infantil en una sociedad determinada podría conducir a un incremento en los salarios de los adultos y a una mejor educación para los niños. Limitar las horas de trabajo y regular las condiciones laborales podría contribuir a mejorar la salud de los trabajadores, fomentar la cooperación y favorecer una distribución más justa del ingreso. Disponer de más alternativas no necesariamente supone disponer de mejores alternativas, sobre todo si se las juzga desde la perspectiva de las capacidades específicas que parecen favorecer los distintos conjuntos de alternativas.

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, Smith hace una importante contribución al pensamiento económico al observar que ciertos tipos de intercambio específicos influyen en forma constitutiva en los participantes. Por dicho motivo, dudo seriamente que Smith aceptase “el mercado” como la esencia de esas prácticas que convencionalmente denominamos “mercado laboral” o que apoyase la concepción de que las regulaciones laborales sólo deben guiarse por criterios de eficiencia. De hecho, su perspectiva –según la cual, los mercados laborales influyen de manera decisiva en las capacidades y preferencias de los trabajadores– puede extenderse hasta abarcar una concepción de la función del trabajo en la vida de los individuos que relacione el trabajo a ciertos niveles de bienestar material (un salario mínimo), organización democrática (sindicatos, derechos de los empleados dentro y fuera del trabajo, un espacio laboral donde fomentar las capacidades democráticas, tal vez aminorando la dura división entre la actividad manual y la intelectual) y determinado equilibrio entre las distintas tareas de la vida (regulación de la jornada laboral). Resulta al menos lícito afirmar que el propio Smith reconoce con plena claridad que el funcionamiento de los mercados laborales suscita cuestiones de fundamental importancia para la estructura de la vida pública, de un modo que no tiene parangón con el funcionamiento del mercado de autos o de manzanas (Satz, 2001).

Smith considera al mercado como una institución no sólo económica sino también política y cultural, en la cual se hace sentir el peso de distintos intereses y en la cual ciertos tipos de intercambio influyen de manera directa en los participantes. Si mercados de este tipo constituyen instituciones políticas y culturales, entonces las fallas del mercado adquieren un significado distinto del que ofrece el criterio de Pareto. Si los mercados laborales se organizan de modo que terminen por producir servidumbre y pasividad, o bien por socavar las capacidades de decisión colectivas de las cuales depende cualquier sociedad democrática, podrá considerarse que ellos presentan una falla aunque resulten eficientes en términos económicos. En última instancia, no es posible reducir los descubrimientos y la perspectiva económica de Smith a mero principio de libre intercambio consensuado entre adultos. Para él, el mercado constituye una institución compleja y heterogénea que vincula a las personas en distintos tipos de relaciones, con propósitos diversos. Desde esta perspectiva más amplia, la eficiencia no es el único criterio relevante a la hora de evaluar un determinado mercado, sino que también es preciso tener en cuenta sus efectos en la estructura del poder político y en el desarrollo humano.

UNA (BREVE) EXCURSIÓN A LAS NOCIONES DE PRECIO Y VALOR DE MERCADO

Una preocupación central en La riqueza de las naciones, y en buena parte de la economía política clásica, es la distribución del producto social entre las tres grandes clases sociales –capitalistas, terratenientes y trabajadores– bajo la forma de ganancias, rentas y salarios. Las relaciones entre estas clases y sus respectivos comportamientos desempeñan un papel fundamental en la teoría del crecimiento económico de Smith. Con todo, La riqueza de las naciones plantea dos teorías distintas acerca de la contribución de estas clases a la producción de riqueza, relacionadas a su vez con dos nociones que Smith plantea acerca del valor de las mercancías: una teoría del costo de producción (desarrollada por Ricardo y Marx) y una teoría subjetiva del bienestar (desarrollada por Bentham, Walras y Jevons).

Según la teoría del costo de producción de Smith, el factor decisivo responsable de determinar los precios relativos de los bienes es la cantidad de trabajo que cada bien “exige”. En una economía en la que no existiese acumulación de capital ni propiedad privada de la tierra, esto equivaldría al trabajo encarnado en los bienes (Smith, 1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 67). Bajo tales condiciones, la totalidad del producto del trabajo correspondería al trabajador. Pero desde el momento en que la producción deja de estar bajo posesión y control de los trabajadores, el precio de las mercancías debe incluir no sólo los salarios sino también las ganancias y la renta. Por ende, el precio de la mercancía queda determinado por la suma de los salarios, las ganancias y la renta necesarios para producirla. Para expresarlo en términos de costos de producción, debemos pensar en las ganancias y rentas como residuos: dado que se considera que la fuente de valor es el trabajo necesario para producir el bien, las ganancias y la renta no se determinan de manera independiente. Según esta teoría, es posible establecer el precio de un bien con independencia de las elecciones individuales y los factores psicológicos. El precio de toda mercancía está regido por sus costos normales de producción (salvo en el caso de los bienes producidos bajo condiciones monopólicas).

También es posible notar en La riqueza de las naciones el rastro de un pensamiento “aditivo” acerca del valor de un bien, en que el precio de una mercancía se determina en función de los ingresos –en forma de salarios, ganancias y rentas– necesarios para producirla. Según esta teoría, los precios están determinados por la oferta y la demanda de estos tres “factores” de la producción. Esta concepción aditiva sienta las bases de una teoría según la cual los compradores y vendedores individuales de bienes deciden la cantidad de oferta o demanda en función de un precio dado. Esta teoría exige fundamentos individualistas, y quienes la adoptan hacen hincapié en los comentarios de Smith acerca de la “fatiga y el esfuerzo” del trabajo y las molestias que las personas se toman para evitarlos. De esta forma, la teoría aditiva dio origen a una teoría de la utilidad o bienestar individual subjetivo como la base del precio. Algunos economistas posteriores hicieron suya y ampliaron la idea de que una “mano invisible” del mercado conecta el objetivo de cada individuo de maximizar la satisfacción de sus preferencias con un sistema de producción que produzca los bienes de preferencia con la mayor eficiencia posible al menor precio posible.

Estas dos teorías del valor son variantes del pensamiento de Adam Smith y marchan en dos direcciones muy distintas: en una, los conceptos de costos de producción y el papel de las distintas clases sociales resultan fundamentales en la determinación de precios y, en la otra, las ideas del actor económico individual y el equilibrio competitivo tienen un papel fundamental. Durante el siglo XIX, esta segunda dirección del pensamiento de Smith acerca del valor de intercambio eclipsó a la primera y se volvió fundamental para su economía, y también para la economía en general. Como veremos más adelante, este cambio en la concepción del valor tuvo sus consecuencias para las nociones generales acerca de los mercados.

RENDIMIENTOS DECRECIENTES Y TEORÍA DE LA RENTA DE LA TIERRA

La economía política clásica también considera que los mercados de tierra son distintos de los demás mercados, debido a que el bien en consideración (la tierra) es de oferta fija. Llegamos así a la teoría de los rendimientos decrecientes y la teoría de la renta de la tierra. Robert Malthus desarrolla estas ideas de manera más o menos simultánea a David Ricardo, sir Edward West y Robert Torrens en 1815 (Blaug, 1978: 75-82).

Según el principio de rendimientos decrecientes en la agricultura, mejorar los procesos de cultivo es cada vez más costoso, dado que si se mantiene la misma cantidad de mano de obra y capital aplicados a la tierra, el rendimiento disminuye. Para Malthus y sus contemporáneos, esta mengua de las ganancias se observa siempre que se apliquen “profundamente” la mano de obra y el capital a tierras que ya se encuentran bajo cultivo, o bien que estas se apliquen “ampliamente” a tierras nuevas (a menudo, de calidad inferior). Esta disminución de las ganancias en función del trabajo y el capital invertidos se reflejan a su vez en el aumento de los costos de los productos de la agricultura, como los granos y el maíz.

A partir de este principio, los cuatro teóricos mencionados dedujeron que el precio de la tierra está regulado por la circunstancia menos favorable bajo la cual se lleve adelante la producción. Cuando el aumento de la demanda lleve a los productores a cultivar una tierra de baja calidad o a intensificar la producción en una tierra ya explotada, el precio de los bienes agrícolas subirá debido al aumento en los costos de la mano de obra y el capital necesarios para producir la utilidad marginal de estos bienes. Sin embargo, el precio de dichos bienes no variará en función de la fertilidad de la tierra (teniendo en cuenta que la tierra más fértil demandará menos trabajo y menor inversión de capital). Malthus y sus contemporáneos sostienen que, en la medida en que el capital y el trabajo obtengan su producto marginal –es decir, que reciban una paga proporcional a su contribución al producto añadido–, se producirá un excedente, pagado en forma de renta, que caerá en manos del terrateniente que tenga la tierra de mejor calidad.

Ricardo emplea este argumento para condenar las Leyes del Maíz británicas, una serie de barreras proteccionistas contra la importación de bienes agrícolas aprobada en 1816, que obligaba a la agricultura nacional a incrementar su productividad intensificando la inversión en agricultura e impulsando a los terratenientes a desarrollar tierras menos fértiles. Las Leyes del Maíz permitieron que se mantuvieran altas rentas de la tierra en detrimento de las ganancias de los manufactureros, que eran los proveedores del capital financiero. A partir del principio de los rendimientos decrecientes, Ricardo sostiene que con el tiempo la disminución de las ganancias de la agricultura tendrá resultados catastróficos.

Veamos el argumento fundamental de Ricardo: la mayor parte del dinero disponible para financiar inversiones proviene de las ganancias de las manufacturas, no de las rentas obtenidas en virtud de la propiedad de la tierra. Los terratenientes, que reciben ingresos muy altos por la mera posesión de la tierra, no tienen la necesidad de ahorrar y reinvertir. Si la renta es alta, aquellos manufactureros que invertirían su capital para superar el desempeño de la competencia no podrán hacerlo, porque se verán obligados a pagar la renta, lo que traerá consigo el estancamiento del crecimiento nacional. De hecho, la economía de Ricardo buscaba demostrar que los intereses de los terratenientes eran antitéticos al progreso industrial y a la riqueza de la nación: “El interés del terrateniente siempre es opuesto al de las demás clases de la sociedad” (Ricardo, 1815: 21).

Una de las consecuencias de la teoría de Ricardo es que la renta no es un costo de producción –no está considerado en el precio– y no constituye un pago por la utilización de recursos naturales o sociales.[37] En palabras del propio Ricardo, “el maíz […] no se encarece porque hay que pagar una renta, sino que debe pagarse una renta porque el cereal es caro” (Ricardo, 1986 [1817]: 74). La renta no sostiene ninguna relación con los costos concretos de producción del terrateniente. Tampoco contribuye a producir más riquezas ni estimula la productividad. Antes bien, la renta crece simplemente debido a que, con el paso del tiempo, la tierra fértil se vuelve cada vez más escasa, lo cual sube el precio marginal de la producción agrícola.

Tan sólo un pequeño paso separa estas observaciones de la conclusión práctica de que las ganancias derivadas de la propiedad privada de la tierra carecen por completo de justificación y que la confiscación de las tierras por parte del Estado no supondría diferencia alguna para la producción.[38] A diferencia de los trabajadores y los capitalistas, la propiedad de los terratenientes no mejora la situación de los demás, ni parece demandar ningún tipo de trabajo ni esfuerzo. El propio Ricardo no deduce las consecuencias políticas radicales de su diagnóstico, pero habrá otros que reconocerán las implicancias de su teoría: la propiedad y el control privado de la tierra por parte de los terratenientes amenaza con desbaratar el crecimiento y el progreso económico (véase Fried, 1998: 120-123). Debido a su tamaño fijo y su calidad inconsistente, los mercados de tierra dan origen a consideraciones regulatorias muy distintas de las de los demás mercados. La propiedad de la tierra puede ser nacionalizada sin perjudicar la productividad.

MARX Y SU CONCEPCIÓN DE LOS MERCADOS LABORALES

Como ya vimos, Smith creía que los mercados desempeñaban un papel importante en la promoción de las libertades liberales y la igualdad. Pero el alcance de su contribución a estos factores dependía de condiciones tales como la competitividad de los mercados particulares, la existencia de alternativas y la presencia de contribuciones externas al mercado, como la educación y una estructura de impuestos redistributiva a favor de los pobres. Karl Marx sigue a Smith en su idea de que gracias a los mercados laborales capitalistas se logró una mejora significativa respecto de las relaciones sociales fundadas sobre la servidumbre o la lisa y llana esclavitud. En El capital, por ejemplo, celebra la guerra civil estadounidense como “el único acontecimiento grandioso de la historia contemporánea” (Marx, 1977 [1867]: 240), no por la eficiencia que produjo, sino debido a las libertades que posibilitó su nuevo modo de organizar la producción (trabajo libre, no esclavo).

Sin embargo, Marx también cree que los mercados laborales capitalistas están fundados sobre derechos de propiedad que necesariamente limitan la libertad de los trabajadores. Incluso si se paga bien a los trabajadores, sostiene, estos continuarán dependiendo de sus empleadores y serán vulnerables a su poder. ¿Por qué? Es cierto, los trabajadores dependen de sus empleadores, pero ¿no dependen acaso los empleadores de sus trabajadores? ¿Por qué debe existir un grado desigual de dependencia y vulnerabilidad? Vale la pena explorar con mayor detalle los argumentos de Marx.

En primer lugar, Marx señala que los mercados laborales capitalistas dependen de una propiedad diferencial: los trabajadores poseen sólo su capacidad de trabajo y los capitalistas poseen la mayor parte de los activos necesarios para la producción. Esto quiere decir que usualmente un trabajador carece de acceso independiente a los medios de producción (máquinas, fábrica física) y por eso depende de que un capitalista le dé un empleo. Según Marx, de no haber existido esta diferencia en las relaciones de propiedad subyacentes, de no haber habido trabajadores que no poseyeran nada salvo su fuerza de trabajo, el capitalismo no hubiera surgido como un sistema social estable. Su historia del “infortunado señor Peel” es buen ejemplo al respecto:

El señor Peel […] llevó consigo de Inglaterra al río Swan, en Nueva Holanda, medios de subsistencia y de producción por un importe de £ 50.000. El señor Peel era tan previsor que trasladó además a 3000 personas pertenecientes a la clase obrera: hombres, mujeres y niños. Una vez arribados a destino, sin embargo, “el señor Peel se quedó sin un sirviente que le tendiera la cama o que le trajera agua del río”. ¡Infortunado señor Peel, que todo lo había previsto, menos la exportación de las relaciones de producción inglesas al río Swan! (Marx, 1977 [1867]: 933)

En otras palabras, el capitalismo existe sólo cuando los trabajadores no tienen otra opción que vender su fuerza de trabajo. Si tuvieran una alternativa, como en Nueva Holanda, seguramente los trabajadores preferirían adquirir su propia tierra antes que trabajar dentro de una fábrica para el capitalista. La parábola del señor Peel contribuye a revelar aquello que Marx considera la característica fundamental (e histórica) de la sociedad capitalista: la extendida existencia de trabajo formalmente (legalmente) libre, pero sólo formalmente libre. Mientras que para Smith los mercados laborales capitalistas constituyen una importante esfera de libertad humana, Marx cree que en ellos la mayoría de los trabajadores no son agentes realmente libres, dado que en una sociedad capitalista ellos dependen de su empleo (por parte de los capitalistas) para sobrevivir. La dependencia de los trabajadores de las decisiones y la voluntad de los capitalistas genera incertidumbre y presiones a favor de las demandas de estos últimos. Según el comentario irónico de Marx en El capital, una vez que se abandona la superficie el intercambio libre e igual entre trabajadores y propietarios, el “imperio” exclusivo de “la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham”, sólo encontramos dependencia y subordinación (Marx, 1977 [1867]: 280). En la mayoría de los contextos, el trabajador necesita con urgencia el trabajo que le ofrece el capitalista; pero el capitalista, por el contrario, puede sustituir la fuerza de trabajo de un obrero con la de otro. Por otra parte, hay muchos más trabajadores que capitalistas, lo que hace más difícil que los trabajadores puedan organizarse y coordinar su comportamiento para incrementar su poder de negociación.

En segundo lugar, es sabido que Marx considera que los trabajadores están destinados a la miseria y la pobreza. En una situación de competencia, la inversión continua en tecnología tiene la función de mantener el trabajo en un estado de exceso de oferta, y así generar desempleo y condiciones de subsistencia. Dentro de una sociedad capitalista, los trabajadores no sólo carecen de seguridad y son dependientes, sino que también viven en condiciones de pobreza. Esta pobreza hace que sea más dificultoso para ellos esperar mejores condiciones laborales.

En tercer lugar, Marx, al igual que Smith, considera que el trabajo influye en las preferencias y las capacidades humanas. En la concepción de Marx, los seres humanos transforman la naturaleza por medio de su trabajo y, al hacerlo, también se transforman a sí mismos. Sin embargo, la producción capitalista, con su profunda división del trabajo, que despoja de habilidades a los individuos, tal como quedó ejemplificado en la fábrica de alfileres de Adam Smith, ofrece a los trabajadores pocas oportunidades de desarrollar un amplio espectro de capacidades o de encontrar sentido en su empleo. Por el contrario, a muchos trabajadores se los trata como “apéndices de las máquinas” (y funcionan como tales), desarrollando tareas insignificantes y repetitivas a lo largo de toda su vida laboral. Por su confinamiento a este tipo de tarea, los obreros no sólo no reciben ningún tipo de satisfacción, sino que además trabajan como animales y máquinas, no como seres humanos (Marx, 1978c). De hecho, la condena normativa que Marx (1978b) hace del capitalismo se basa sobre su degradación de los seres humanos al nivel de animales y cosas, y no a la desigual distribución de salarios y ganancias.

Podría argumentarse que no todos estos problemas constituyen características necesarias de los mercados laborales capitalistas, que muchos trabajadores (al menos en el mundo desarrollado) no son autómatas carentes de destrezas, disfrutan de salarios superiores a sus costos de subsistencia y se identifican con sus trabajos. Pero para que esto sea posible, hacen falta la aplicación de regulaciones a los mercados laborales y un sistema de derechos y garantías.

LA REVOLUCIÓN MARGINALISTA Y EL SURGIMIENTO DE LA ECONOMÍA POLÍTICA NEOCLÁSICA

Si los economistas clásicos distinguían con toda claridad entre mercados laborales, de tierra, de crédito y de otros tipos de mercancías, y se preocupaban por los efectos ulteriores de los mercados laborales, los economistas contemporáneos, al menos hasta hace poco, nunca lo hicieron.[39] En la década de 1870, la economía dio un giro drástico, que condujo a un abandono casi completo de la teoría del costo de producción de la economía clásica, el desplazamiento de las relaciones de clases del centro del análisis económico y la unificación de los distintos tipos de mercado.

Fueron tres las figuras de la revolución marginalista en la economía: William Stanley Jevons (1835-1882), Carl Menger (1840-1921) y Leon Walras (1834-1910). Si bien existen numerosas e importantes diferencias entre estos pensadores, en conjunto contribuyen al inicio de una nueva tendencia en el pensamiento económico. El centro de este nuevo abordaje lo ocupa el problema de la asignación de ciertos recursos escasos dados entre usos alternativos. De hecho, el análisis de ese problema es la característica definitoria de la economía para estos autores. En palabras de Jevons, “el problema de la economía puede ser formulado de la siguiente manera: dada una determinada población, con determinadas tierras y otras fuentes de materias primas, se plantea obtener la manera de utilizar su trabajo de modo que maximice la utilidad del producto” (Jevons, 1970 [1871]: 267). Comienza a concebirse entonces la economía como un estudio acerca de la distribución óptima de recursos en condiciones de escasez.

La idea básica detrás del marginalismo es en sí misma bastante simple; de hecho, ya nos hemos encontrado con un ejemplo de ella en los análisis que Ricardo y Malthus proponen de la renta de la tierra. Si se da por sentado que los individuos buscan desplegar sus recursos para alcanzar así el máximo grado de satisfacción posible de sus necesidades, en la posición óptima los precios marginales quedarán igualados; es decir, las ganancias de desplegar un recurso para un tipo de uso serán exactamente iguales a las pérdidas que supone retirarlo de un uso alternativo. Siempre que se puedan obtener rendimientos decrecientes por asignar una determinada unidad de recursos a un uso particular, el resultado óptimo se obtiene cuando los valores se igualan en el margen; la renta constituye así sólo un caso especial de una teoría más general. De esta forma, el marginalismo permite a los economistas explicar todos los precios en los mismos términos, algo que no había logrado conseguir la anterior teoría de los costos de producción.[40]

Los marginalistas logran plantear una explicación matemáticamente elegante de la determinación de precios. Más importante aún, consiguen demostrar que un sistema de mercado de competencia perfecta conducirá a una distribución equimarginal de los recursos. Por medio de la formalización y la extensión de la rudimentaria metáfora de la mano invisible de Smith, los marginalistas demuestran que, bajo ciertas suposiciones, los individuos racionales se comportarán dentro de un mercado de manera tal que se alcanzará una distribución óptima de los recursos dados entre distintos usos. Esta idea –que un orden de mercado produce los mejores resultados para todos como una consecuencia no intencional de su funcionamiento– fue de enorme importancia para el pensamiento y la práctica política del siglo XX. También supone, como vimos, un desarrollo y a la vez una distorsión del planteo más modesto que Adam Smith hizo acerca del mecanismo de mercado, pasando por alto su insistencia en el hecho de que el propio mercado es una institución cultural y política atravesada por las relaciones de poder y, obviamente, que deja de lado su teoría de los costos de producción.

Muchos economistas contemporáneos están convencidos de que la teoría marginalista asesta un golpe decisivo a la teoría de los costos de producción de la economía clásica y a la teoría de la explotación que a partir de ella erigieron los socialistas de inspiración ricardiana y el propio Marx (véase Fried, 1998: 131). Tal vez sea así. Sin duda, sus nuevos modelos resultan más manejables. Pero también es posible afirmar, al menos con el mismo grado de plausibilidad, que los marginalistas en realidad no refutan la economía clásica, sino que desplazan el centro de atención.

El abordaje marginalista de la economía tiene varias características propias que, en conjunto, fueron responsables de una transformación definitiva de la teoría económica. En primer lugar, el marginalismo permite a los economistas unificar su perspectiva para comprender los distintos tipos de mercados: de bienes de consumo, laborales, de capital y de tierra (mercados que, según vimos, la economía clásica trata de manera independiente). El marginalismo tiene por efecto generalizar la teoría ricardiana de la renta para aplicarla a todos los factores de la producción: la tierra, el trabajo y el capital. Los marginalistas relacionan todos los mercados en un único sistema de ecuaciones, emprendimiento que encuentra su punto culminante en la construcción de Walras de un equilibrio general para toda la economía de mercado.

En segundo lugar, al abstraerse de las características de los distintos tipos de mercados, los marginalistas también se abstraen de las relaciones sociales en que estos se sitúan. El análisis de las relaciones sociales entre las tres grandes clases –tema de vital importancia para la economía política clásica– comienza a considerarse un problema exógeno a la economía. De allí en más, se considera a los mercados como algo cerrado que se sustenta en sí mismo; en el marco de referencia del marginalismo, hay muy poco lugar para las ideas de clase social o poder en el mercado. La economía ya no presta atención al capitalista ni al control que este ejerce sobre sus empleados, la falta de contribución del terrateniente al proceso productivo o las tendencias dinámicas de los distintos mercados.

En tercer lugar, los marginalistas logran reformular el rompecabezas que plantea la relación entre el trabajo y el precio que tanto desconcierto supuso para los economistas clásicos. Abandonando la teoría de los costos de producción, los marginalistas se limitan a definir el precio en términos de su utilidad marginal. En la división de recursos entre distintos usos, la distribución eficiente igualará los rendimientos en los márgenes. Mientras que la economía clásica trata a los tres factores de la producción como elementos en esencia distintos, la nueva economía aplica a todos ellos el mismo tratamiento. Dichos factores son recompensados por ser escasos en relación con las necesidades que los consumidores tienen de los productos que dichos factores pueden producir. Los marginalistas no sólo derivan los precios de este principio, sino también la distribución de los recursos: los precios tanto de los productos como de los factores se explican en función de su utilidad marginal. Pero este principio unifica distintos dominios al costo de reducir su alcance: puede explicar la distribución y el precio sólo para un punto fijo en el tiempo, sobre la base de factores dados (Fried, 1998). Este abordaje contrasta claramente con la preocupación que manifiesta la economía clásica por los aspectos dinámicos de una economía. La economía clásica investiga las posibilidades de crecimiento o estancamiento económico bajo posibles cambios en la composición poblacional, la expansión de las necesidades humanas, distintas motivaciones de los individuos y el cambio en la cantidad y cualidad de los recursos. El abordaje marginalista, salvo contadas excepciones (por ejemplo, los trabajos de Pigou y Schumpeter), se limita a ignorar o dar por supuestas las cuestiones que plantean estos análisis a largo plazo. De hecho, tras la eliminación de las relaciones sociales y el cambio social, la economía adopta el aspecto de un tipo particular de matemática aplicada.

En cuarto lugar, los primeros marginalistas toman de la filosofía utilitarista la idea de que un individuo racional procura maximizar su utilidad, y dicha utilidad se entiende en términos de la satisfacción de las preferencias subjetivas. En función de esta interpretación de la noción de utilidad, corresponde exclusivamente al individuo –en la medida en que cuente con la información necesaria y se comporte de manera racional– calcular y estipular el valor de los distintos objetivos para los cuales puede desplegar sus recursos. Una consecuencia inmediata de esto es la expulsión de los valores y las preferencias del ámbito de la economía hacia el reino de la decisión y la elección individual privada. De allí en más, la economía se mantiene en silencio respecto de las elecciones subjetivas de mercado de cada individuo. Las clases, con sus distintos objetivos sociales, desaparecen de la escena, desplazadas por maximizadores de utilidad individualmente racionales. Es otro caso en que el contraste con la economía política clásica –la inquietud que manifiesta Smith ante los pródigos y los proyectistas descabellados, la crítica de Ricardo a los terratenientes que no invierten y las preocupaciones de Marx por la reducción de las capacidades humanas de los trabajadores industriales– no podría ser mayor.

De esta manera, se dejaron de lado, o se dieron meramente por supuestos, los factores sociales, psicológicos, culturales e institucionales que inciden en el valor de intercambio (véase Veblen, 1899). Entre estos se cuentan los modos en que se forman las preferencias y capacidades, la influencia de la tenencia y la propiedad sobre la economía y las libertades individuales, y los demás fenómenos relacionados con el crecimiento a largo plazo. En su lugar, los marginalistas nos ofrecen la ecuación dudosa de un sistema de mercado con la mayor felicidad agregada, entendida en términos de la máxima satisfacción de preferencias bajo determinadas limitaciones (Fried, 1998). Desde luego, esta idea resulta filosófica y empíricamente controvertida y también habría sido rechazada, al menos como una generalización banal, por todos los autores de la economía política clásica.[41]

CONCLUSIÓN

La historia de los cambios en la naturaleza de la economía política tiene algo sorprendente. La división fundamental que se plantea entre los siglos XVIII y XIX no es ante todo una división de conocimiento o rigor técnico (si bien algo de eso hay) o incluso de orientación política. Se trata fundamentalmente de una cuestión de perspectiva. La economía política clásica considera a la economía no tanto como una serie de relaciones homogéneas entre los individuos y las cosas que desean, sino como un sistema de relaciones heterogéneas entre clases sociales. Para Adam Smith, Ricardo y Marx, la cuestión central que resolver es la distribución del producto social entre las tres grandes clases sociales. En términos de Ricardo, “la determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema primordial de la economía política” (Ricardo, 1986 [1817], prefacio: 5; el destacado me pertenece). La cuestión, además, suscitaba asuntos explicativos (positivos) y normativos. Por ejemplo, la condición del trabajador pobre fue una fuente central de preocupaciones para la economía política. Smith, John Stuart Mill, los socialistas ricardianos y Marx nos legaron una rica tradición de pensamiento social crítico, en la cual podemos encontrar argumentos contra la coercitividad de los contratos laborales y también conciencia del poder asimétrico de los agentes que se disputan la distribución del excedente social. Más aún, para la economía política clásica estas cuestiones están ligadas a sus respectivas visiones de la buena sociedad. Cómo alcanzar esa buena sociedad y si podría o no sostenerse una vez alcanzada o caería en un estado estacionario y de deterioro eran las principales cuestiones que ocupaban a estos pensadores.

Por el contrario, hacia fines del siglo XIX, la pregunta acerca del modo de optimizar las preferencias de los consumidores ya era la pregunta central de la economía. El paradigma neoclásico que trajo consigo la revolución marginalista toma las preferencias de la gente, los factores heredados y las formas de las propiedades como elementos dados y a partir de allí genera una teoría de precios. De este modo, la economía pasa a ser vista como una esfera de actividad autónoma, independiente de la ley, la convención y el poder. La celebración marginalista del mercado pasa por alto, por ejemplo, la presencia de un enorme poder político que podría socavar los efectos de optimización del mercado. Por su parte, lo que las personas quieren y los recursos se consideran como algo dado; se asume sin más que las personas tienen ciertas “preferencias” y “legados” cuya justicia o naturaleza no es relevante para la evaluación económica de los mercados. La nueva economía permite a quienes la practican construir modelos manejables y unificados (que sin duda alguna nos han permitido alcanzar importantes descubrimientos acerca del funcionamiento de la economía). Sin embargo, casi todo lo que la economía clásica consideraba de fundamental interés para la vida económica –en particular, sus cruciales descubrimientos acerca de los efectos sociales de los distintos mercados sobre las capacidades humanas y las relaciones sociales y los modos en que los distintos mercados están integrados en la sociedad– fue dejado de lado. Los capítulos que siguen procuran recuperar estas nociones y aplicarlas al análisis de mercados particulares.

28 La visión general de un teórico puede resultar más importante que el modo en que interpreta los hechos empíricos o los detalles de su argumento general. Muchos de los grandes teóricos políticos del pasado –Locke, Rousseau, Hobbes y Smith– son recordados en gran medida porque nos legaron nuevas formas de ver nuestro propio funcionamiento y el de la sociedad. A modo de ejemplo algo irónico de la importancia de la visión general, Albert Hirschman (1977: 117) cuenta la siguiente parábola. El rabino de Cracovia interrumpe sus plegarias con un gemido, pues acaba de ver la muerte del rabino de Varsovia, a más de trescientos kilómetros de distancia. Pocos días más tarde, algunos judíos de Cracovia viajan a Varsovia, donde, para su sorpresa, encuentran al rabino de Varsovia y ven que goza de buena salud. Cuando regresan a Cracovia, el rumor se extiende entre la congregación del rabino de esa ciudad, lo que despierta la crítica y la burla de los escépticos. Sin embargo, algunos de los discípulos del rabino se apresuran a defenderlo, sosteniendo que, a pesar de haberse equivocado en los detalles, “así y todo, ¡qué vista!”.

29 La posibilidad teórica de movilidad variaba en las distintas sociedades feudales, dado que en algunas las obligaciones del campesino eran contractuales y en otras eran de tipo coercitivo. De hecho, la especificación de la característica definitoria del feudalismo es materia de debate. Aquí entiendo el feudalismo como un orden social basado sobre la estratificación jerárquica y la servidumbre. Véase Bloch (1961). Existe un fuerte debate en la historiografía contemporánea acerca del papel central o no de la servidumbre en la definición del feudalismo.

30 Desde luego, Marx de inmediato advierte que, en el reino de la producción, estos valores de libertad, igualdad, propiedad y Bentham no resultan para nada evidentes.

31 Véase también Rothschild (2001) para un fascinante relato de la asimilación de Smith dentro de los marcos normativos de economistas más conservadores.

32 Acerca de los cambios de normas para los contratos laborales en los Estados Unidos, véase Steinfeld (2001).

33 Esta impactante aceptación de la naturaleza limitada de los trabajadores industriales en el marco de una economía capitalista fue retomada luego por Hegel y Marx en sus respectivas ideas respecto de la alienación del trabajo.

34 Amartya Sen discute la racionalidad de Smith en Development as Freedom (2000: 124-125).

35 Por ejemplo, pensemos en cómo influye la educación en las preferencias de una persona. Si la educación modifica sus preferencias, como al parecer ocurre, a la hora de juzgar un sistema educativo, ¿debemos tener en cuenta las preferencias ex ante o ex post de esa persona? Cuando las políticas y las instituciones modifican las preferencias de las personas, enfrentamos un problema de circularidad. Un defensor de los mercados podría responder que no le interesa el contenido de las preferencias o de qué modo se determinan dichas preferencias. Sólo le interesa satisfacer la mayor cantidad posible de preferencias de determinado agente, y en esta dimensión cuantitativa los mercados se comportan mejor que cualquier alternativa. Pero esto no resuelve el problema de circularidad, y el problema de circularidad influye en el vínculo existente entre las preferencias y el bienestar. ¿Cuáles de esas preferencias deberíamos tener en cuenta a la hora de considerar el bienestar de determinado agente?

36 Un análisis de la importancia de las libertades reales de las personas consta en Sen (2000).

37 Para Ricardo, al igual que para Adam Smith, la renta supone un pago por “el uso de los poderes originales e indestructibles del suelo”. Por lo tanto, la renta ricardiana se limita a la tierra y no incluye ningún tipo de intereses sobre mejoras de capital tales como edificios (Ricardo, 1986 [1817]: 69).

38 Una excelente descripción de las implicancias que tiene la teoría ricardiana de la renta para el pensamiento legal y social progresista en los Estados Unidos consta en Fried (1998).

39 Existe lo que podríamos denominar una “segunda ola”, que critica los presupuestos de los mercados perfectos y presta atención a los mercados desbalanceados, los problemas de información y cumplimiento, y los efectos endógenos de las instituciones.

40 Las dificultades con que tropieza la teoría del costo de producción constan en Blaug (1978).

41 La idea recibió también críticas de otros economistas contemporáneos e inmediatamente posteriores a los marginalistas, como Thorstein Veblen, Leonard Hobhouse y John Commons, entre otros.

3. El lugar y los alcances del mercado según la teoría política igualitarista contemporánea

Cuando un pobre va al mercado, suele volver a casa sólo con lágrimas.

Proverbio africano

En el presente capítulo, me propongo analizar en detalle dos grandes concepciones de la teoría política contemporánea acerca de las relaciones que existen entre la igualdad y los mercados. Según la primera de ellas, si bien los mercados desempeñan una importante función social, corresponde al igualitarismo ocuparse de rectificar las desigualdades distributivas que los mercados generen, por medio de un sistema impositivo y de transferencia. Por ejemplo, si existiera una desigualdad generada por el mercado que fuera objetable (por ejemplo, una en el acceso a los servicios de salud entre los pobres y los ricos), la respuesta igualitarista adecuada a tal situación sería redistribuir los ingresos a favor de los perjudicados para que puedan estos ocuparse (o no) de los cuidados necesarios para su salud. Si no aprueban la distribución desigual de los servicios de salud, los partidarios del igualitarismo deben prestar atención a la distribución de los ingresos y la riqueza. Si la distribución de ingreso y riqueza subyacente les resultara inaceptable, eso es lo que deberían cambiar por medio de un sistema impositivo y de transferencia. Tomando prestado un término del economista James Tobin, denomino a esta concepción “igualitarismo general” (véase Tobin, 1970). El igualitarismo general considera que, en función de la meta de eficiencia, toda redistribución deseable de los ingresos debe hacerse mediante un sistema impositivo progresivo y de transferencia, no merced a una limitación de los alcances del mercado. La razón que esgrimen para fundamentar esta preferencia es que “las intervenciones específicas, ya sean en nombre de la igualdad o no, introducen ineficiencias, y cuanto más específica sea la intervención, más grave resultará dicha ineficiencia” (Tobin, 1970: 264). Por consiguiente, la mayor parte de los economistas de tendencia igualitarista suelen ser igualitaristas generales.

Esta postura no se limita a sostener que toda intervención gubernamental en un mercado específico trae aparejado cierto grado de ineficiencia, sino que en ocasiones plantea incluso que cualquier intervención semejante constituye una restricción injustificada a las libertades individuales. Según su argumento, proveer a las personas bienes específicos, como los servicios de atención de la salud o la comida, resulta objetable y paternalista. Por el contrario, el imperativo de libertad se satisface concediendo a los individuos un ingreso que les permita decidir cuáles de sus preferencias personales desean satisfacer. Cuando el gobierno intenta determinar qué meta individual de sus ciudadanos –si la atención primaria de su salud o las clases de música– tiene más valor que otra, sin tener en cuenta las preferencias que estos manifiestan, les está faltando el respeto. En virtud de este argumento, también muchos filósofos políticos liberales tienden a ser igualitaristas generales en el sentido de Tobin. Algunos creen que los mercados promueven no sólo la eficiencia sino también la libertad, mientras que otros rechazan de plano cualquier restricción gubernamental sobre mercados específicos en nombre de la defensa de las libertades individuales.

Desde ya, estas teorías difieren respecto de la cantidad de presión impositiva y la transferencia que resultan deseables, y conceden distinto peso a la eficiencia y la libertad, entendidas como fenómenos contrapuestos a la igualdad.[42] Pero la cuestión básica común que me interesaría destacar entre ellas es la siguiente: los igualitaristas generales creen que, salvo en escasas excepciones que discutiré más adelante, un sistema impositivo y de transferencia constituye la mejor manera de aprovechar las virtudes de eficiencia y/o libertad del mercado para alcanzar metas igualitarias.

Para la segunda de estas concepciones, por el contrario, el igualitarismo demanda que la distribución de ciertos bienes no dependa en absoluto del mercado, aunque la decisión de impedir el intercambio de tales bienes resulte ineficiente. Denomino a esta perspectiva, valiéndome otra vez de la terminología de Tobin, “igualitarismo específico”. Los igualitaristas específicos creen que ciertos bienes escasos deben distribuirse (en especie) de manera igualitaria entre todos.[43] A menudo son igualitaristas sólo respecto de determinados bienes, no en general. Entre estos se cuentan la atención de la salud, las necesidades básicas y otros relacionados con la construcción de ciudadanía, como la educación y el servicio militar. Muchas de las personas que suscriben la necesidad de políticas sociales como un seguro universal de salud comparten esta postura: están a favor de un acceso universal a la atención médica, aunque no apoyen una redistribución igualitaria general del ingreso.

Al evaluar los méritos de cada una de estas perspectivas, analizaré las respuestas que ofrecen a un determinado espectro de casos que llamaré “casos Titanic”.[44] Se trata de ejemplos acerca de los cuales muchas personas parecen compartir intuiciones igualitarias. Recordemos que durante el hundimiento del Titanic sólo había suficientes botes salvavidas para los pasajeros de primera clase, por lo que se esperaba que los de tercera se hundieran con el barco. Creo que esto resultará objetable para la mayoría de los lectores. Los igualitaristas generales intentarían adaptar esta idea señalando que el problema radicaba en una distribución inicial injusta del poder de compra, responsable de determinar quién viajaba en primera clase y quiénes quedaban relegados a la tercera. Sin embargo, sospecho que la situación continuaría siendo objetable para la mayor parte de las personas, incluso si hubiera existido una distribución justa del poder de compra y las desigualdades sólo se debieran a que algunos individuos demostraron mayor interés que otros y habrían estado dispuestos a afrontar un costo más alto para asegurarse un lugar en un bote salvavidas. Si bien, al parecer, el igualitarismo específico brinda una mejor respuesta en este tipo de casos, intentaré demostrar que ambas concepciones resultan por igual inadecuadas.

El análisis de los casos Titanic allanará el camino hacia mi propia teoría acerca de los límites de los mercados, que desarrollaré y fundamentaré en el capítulo siguiente. Esta plantea un fuerte argumento a favor de la regulación o la restricción de determinados mercados en la medida en que su funcionamiento socave u obstruya la capacidad de las partes de interactuar como iguales, aunque tales mercados surjan en virtud de un consentimiento mutuo y sobre la base de una igualdad inicial de condiciones. Las ideas de una interacción como iguales, y de las precondiciones sociales y políticas necesarias para interactuar en estos términos, son nociones complejas que, si bien guardan relación con otras ideas acerca de la igualdad, no se confunden con ellas. Dejo su análisis para el capítulo próximo. Sólo las menciono aquí porque influyen en mi análisis de las dos concepciones igualitaristas que indago a continuación.

Tanto las teorías del igualitarismo general como las del igualitarismo específico entienden a los mercados como mecanismos que es preciso evaluar según qué tanto favorezcan o perjudiquen el logro de importantes valores. Sin embargo, algunas personas consideran que el sistema de mercado tiene una gran fortaleza moral, en tanto deja en manos de las personas la responsabilidad de sus propias vidas y acciones. Según esta perspectiva moral, el mercado convierte a todos en individuos responsables de sus elecciones de mercado, al tiempo que asegura que los beneficios que obtendrán de tales elecciones dependerán de los costos y beneficios que dichas elecciones tengan para otros. Según los defensores de esta concepción, el mercado establece cierta igualdad entre los individuos, en la cual las diferencias entre los recursos de que disponen constituye tan sólo un reflejo de las diferencias que tienen en sus preferencias respecto del trabajo, el ocio, el riesgo y demás.

Comenzaré este capítulo analizando si es posible sostener una conexión más profunda entre los mercados y la igualdad que la que puede hallarse en las distintas teorías, incluso la mía. Plantearé que el argumento a favor de un vínculo conceptual entre la igualdad y los mercados no se sostiene. Los mercados desempeñan importantes funciones en la sociedad, pero no pueden ser considerados el estándar fundamental en virtud del cual se determine a qué recursos tienen derecho las personas.

LA IDEA MORAL DE UN VÍNCULO CONCEPTUAL ENTRE MERCADO E IGUALITARISMO

Antes de avanzar, es preciso aclarar el panorama: dado que los seres humanos son distintos en infinidad de sentidos (los individuos difieren entre sí, por ejemplo, en fuerza, sexo, edad, valores y preferencias, estatus de salud y niveles de talento), cualquier ideal de igualdad humana ha de ser necesariamente abstracto. Además, es necesario advertir que todas las políticas que procuran conquistar la igualdad en una dimensión determinada a menudo introducen una desigualdad en otra. Por ejemplo, la igualdad en los ingresos puede suponer una recompensa desigual al esfuerzo. La igualdad en todos los sentidos resulta imposible, lo que plantea la necesidad de decidir cuáles son las dimensiones relevantes de las diferencias existentes entre las personas. Toda teoría igualitarista necesita pronunciarse al respecto (véase Sen, 1992: 1).

Una propuesta, elaborada por Ronald Dworkin, sostiene que la mejor comprensión posible de la igualdad queda planteada en la noción de que todos los individuos deben ser tratados como iguales y que el Estado, en particular, está obligado a tratar con igual consideración y respeto a todos sus miembros (R. Dworkin, 2000: 1).[45] Dworkin llega a afirmar que todas las filosofías políticas liberales dependen en esencia de esta noción abstracta de igualdad, aunque cada una ofrece interpretaciones muy distintas de sus implicancias.[46] Por ejemplo, algunos filósofos sostienen que tratar con igual consideración y respeto a todas las personas significa darles posibilidades iguales de tener una buena vida, mientras que para otros esto significa conceder a las personas derechos iguales sobre los bienes de su propiedad y sobre su trabajo.

Dworkin plantea su propia interpretación de las implicancias distributivas de tratar a todas las personas como iguales, a la que denomina “igualdad de recursos”. La idea básica es que dos personas son tratadas con igual consideración y respeto cuando se les provee (inicialmente) de una misma parte de los recursos totales de la sociedad (R. Dworkin, 2000: 12). Parece obvio, por ejemplo, que un Estado que da a los ciudadanos blancos el doble de los recursos que da a los ciudadanos negros no trata a todos sus ciudadanos con igual consideración y respeto. La teoría de Dworkin amplía y profundiza esta noción intuitiva.

Podríamos imaginar la implementación de este principio de igualdad de recursos por medio de un organismo de planificación que lleva registro de la cantidad de recursos disponibles de una sociedad determinada y del tamaño de su población. Sin embargo, Dworkin sostiene que no es posible alcanzar la igual división de los activos, necesaria para que existan igual consideración y respeto por todos, sin confiar en el mercado: “la idea de un mercado económico, como mecanismo para establecer los precios de una gran variedad de bienes y servicios, debe hallarse en el centro de cualquier desarrollo teórico atractivo de la igualdad de recursos” (R. Dworkin, 2000: 66). ¿Por qué? Si tratar a todas las personas por igual implica que todas tengan recursos iguales, ¿por qué no dar sencillamente a cada individuo una misma cantidad de los recursos disponibles para su redistribución? (véase Bennett, 1985).

La propuesta de dividir por igual los recursos de una sociedad no tropieza sólo con el problema de que muchos bienes no sean uniformes en calidad (algunas parcelas de tierra, por ejemplo, son mejores que otras; véase R. Dworkin, 1981: 285).[47] El problema fundamental de esta idea es que, aun dada una misma división inicial, cada persona manifestará distintas preferencias por determinados bienes y servicios. Si las manifiestan sobre los recursos, entonces no podrán satisfacerse por igual en función de los recursos que reciban. Algunas de ellas querrán ceder parte de esos recursos para obtener otros. Para decidir cuánto valen los distintos recursos y preservar un mismo valor, es necesario contar con una medida de comparación. Según Dworkin, el mercado brinda esa medida: establece el valor de cualquier recurso particular según la importancia que este tiene para los demás (R. Dworkin, 1981: 289).

Dworkin nos pide que imaginemos una sociedad en la que todos los recursos disponibles salen a subasta.[48] Al principio, todos tendrían el mismo poder de compra –en su ejemplo hipotético, caracolas marinas– para pujar por dichos recursos. Las personas intercambiarían conchas marinas por recursos y a su vez realizarían otros intercambios entre sí hasta llegar a un conjunto de precios de mercado en equilibrio. (Los mercados alcanzan el equilibrio cuando la oferta de bienes iguala la demanda de dichos bienes a determinado precio.)[49] En este modelo, las diferencias entre los recursos de los que dispone al final cada individuo no son sino el resultado de sus elecciones. Esta subasta supone un paralelismo con el mercado ideal que plantea Walras en su teoría microeconómica, donde la interacción de las preferencias de todos los miembros de la comunidad sobre los bienes y servicios sociales arrojaría como resultado los precios de equilibrio para todos los bienes y servicios individuales (R. Dworkin, 1981: 287, n. 2).

Dada una división inicial de recursos en partes iguales, la subasta tiene el propósito de garantizar que las personas finalmente adquieran distintos recursos pero, según Dworkin, de igual valor. La división de recursos resultante está “libre de envidia” –a todos les gusta más su propio lote de recursos que cualquiera de los demás– o cuanto menos resulta indiferente. (Si alguien prefiriese un lote distinto, podría haber pujado por ese en vez de hacerlo por el suyo.) De esta forma, las diferencias existentes entre los lotes de recursos de los que disponen las personas constituyen un reflejo de sus variadas preferencias, actitudes hacia el riesgo y ambiciones de vida. Si un individuo prefiere más lujos que otro, y también comida más cara, esto tal vez afecte su bienestar relativo; pero él es completamente responsable si elige comprar un vino francés en vez de cerveza y por eso dispone de menos recursos para comprar libros.[50] Esta combinación de mercados e igualdad inicial permite a Dworkin responder una pregunta que considera fundamental para la justicia distributiva: ¿cómo podemos asegurar que los individuos enfrenten circunstancias iguales y al mismo tiempo tengan y ejerzan una responsabilidad especial por la cual se comprometan con el éxito en sus propias vidas?

La pregunta de Dworkin no encuentra una respuesta total en la imagen de la subasta: la igualdad de recursos externos (es decir, las caracolas marinas) no basta para asegurar que los individuos enfrentarán las mismas circunstancias al tomar sus decisiones (de mercado). Esto se debe a que mostrarán diferencias entre sí en el nivel de los recursos personales internos, tales como su talento potencial nato y su fuerza física. Si bien el Estado no puede redistribuir todas las diferencias de recursos internos que existen entre las personas, Dworkin sostiene que este puede mitigar sus efectos si ofrece compensaciones a aquellos cuyos recursos internos resulten menos valiosos en el mercado que los de otros. Para determinar la compensación que debería darse a una persona, una vez más será preciso confiar en el mercado; en este caso, un hipotético mercado de seguros. Este mercado hipotético complementa, en la concepción de Dworkin, el remate de recursos externos.

El argumento es complejo, pero la idea fundamental es la siguiente: supongamos que nadie sabe si tiene o adquirirá un determinado impedimento físico o mental, si bien todos conocemos las consecuencias de padecer dicho impedimento y su distribución estadística en la población general. Este hipotético mercado de seguros permitiría que los individuos utilizaran parte de sus caracolas marinas originales para adquirir pólizas que los protejan contra la eventualidad de llegar a padecer este tipo de impedimentos o verse en cualquier otra situación de desventaja en la distribución de recursos internos.

En tal contexto, probablemente varíen los niveles de seguro que cada persona elija para sí. Dadas sus propias metas y preferencias, un individuo tal vez esté dispuesto a gastar una determinada cantidad de sus recursos originales en un seguro contra este tipo de desventaja, mientras que otro podría gastar menos. Sin embargo, Dworkin sostiene que en el caso de “discapacidades generales […] que afectan un amplio abanico de posibles vidas distintas” es de suponer que la mayoría de las personas adquiera pólizas de seguro bastante similares (R. Dworkin, 2000: 78-79).[51] Por tanto, una sociedad puede cobrar impuestos a las personas como si hubiesen adquirido las pólizas de seguro contra dichas formas de discapacidad y ofrecer beneficios en efectivo a las personas que padezcan aquellas contra las que se habría asegurado una persona promedio. Así, la igualdad de recursos se alcanza cuando los recursos externos se dividieron por medio de la subasta y este mercado hipotético determinó el valor de las primas del seguro contra discapacidades en recursos internos, así como las sumas que distribuir entre los afectados. De esta forma, todos son tratados con igual consideración y respeto –todos recibieron del Estado recursos igual de valiosos– y nadie tiene fundamentos para quejarse ni afirmar que lo trataron de manera injusta.

¿O sí? Por convincente que resulte la concepción de igualdad de Dworkin en sus propios términos, creo que se equivoca al suponer que el mercado se encuentra intrínsecamente conectado a las implicaciones distributivas de tratar a las personas con igual consideración y respeto. Los mercados pueden ser instrumentos especialmente útiles para alcanzar importantes propósitos sociales y personales; pero no pueden establecer, ni siquiera bajo las exigentes condiciones iniciales de Dworkin, a qué recursos tienen derecho las personas o qué distribución de recursos es justa: para llegar a saberlo hay que tener en cuenta otros factores además de los precios de equilibrio que (a partir de una supuesta distribución inicial de recursos igualitaria) establece el libre juego de sus preferencias subjetivas y sus elecciones voluntarias, tal como estas se manifiestan por medio de sus comportamientos de mercado.

¿Por qué? En principio, el modelo de Dworkin presupone que las preferencias por determinados bienes y servicios que las personas traen al mercado son auténticas, bien fundadas y de procedencia exógena.[52] Pero muchas de las preferencias humanas no se ajustan a esta descripción. En varias ocasiones, su origen reside en el capricho, la confusión, la tradición, la presión de los pares y el contexto social (véase Bennett, 1985: 201).[53] Las preferencias de cada persona, aun en lo que concierne a sus ambiciones de vida, no surgen de la nada. De hecho, ya vimos que los propios mercados pueden influir fuertemente sobre ellas. Si el origen es cualquiera de las fuentes antes mencionadas, será difícil sostener que reflejan lo que resulta verdaderamente importante para las personas: un modo de vida con el que se sientan genuinamente comprometidas.

Si la envidia que alguien siente por el lote de bienes que otro posee se basa sobre preferencias fundadas en la desinformación, la publicidad o el capricho, este sentimiento constituye un fundamento muy pobre para recalibrar la distribución de recursos existente. Algunas personas tan sólo desean el mismo estilo de vida de las que tienen cosas que ellas no tienen (véase Frank, 1999). Otras no se sienten satisfechas a menos que adquieran el último avance tecnológico y viven en una búsqueda constante de nuevos bienes (cuyas prestaciones difieren poco de las anteriores, pero se presentan con buenas campañas de marketing). Muchas personas trastornan su orden de preferencias ante pequeños cambios en su entorno, y pocas personas poseen un conjunto de preferencias predeterminadas para cada contingencia posible. En muchos experimentos, se ha demostrado que el contexto y los procedimientos involucrados en las elecciones de mercado inciden enormemente sobre las preferencias que ponen de manifiesto las elecciones explícitas. Algunas personas eligen determinadas cosas en virtud de las normas sociales existentes en su comunidad. En vista de todo esto, ¿cómo podríamos sostener la relevancia ética de todas las preferencias que las personas expresan en los mercados?

El modelo depende de que los individuos dispongan de recursos que sean igualmente valiosos para ellos en función de sus proyectos personales, pero algunas personas podrían elegir recursos sin un valor real para dichas metas. Por eso, según reconoce el propio Dworkin, antes de proceder a la subasta será necesario introducir un principio que asegure las condiciones de autenticidad de las preferencias de las partes (R. Dworkin, 2000: 159).[54] Es un paso en la dirección correcta, si bien supone una tarea monumental.

En otra parte de su obra, Dworkin (2000: 239-242) aboga por un modelo “del desafío”, según el cual “una vida tiene éxito en la medida en que es una respuesta apropiada a las diversas circunstancias en que se vive”. Tal vez este modelo guía permita determinar qué preferencias podrían resultar no sólo auténticas sino también merecedoras de satisfacción. Por otra parte, Dworkin hace hincapié en el hecho de que su noción de justicia distributiva (es decir, la igualdad de recursos) no depende de este modelo del desafío. Por el contrario, en la línea de la teoría económica contemporánea, su propuesta trata en buena medida las preferencias de los individuos como algo dado (a lo sumo, sujetas a demandas de consistencia o a determinadas demandas de información). Este supuesto tal vez tenga algún sentido en función de propósitos explicativos, pero no parece justificado a la hora de abordar el problema de las cuestiones éticas. ¿Por qué las obligaciones de una sociedad con sus ciudadanos –es decir, las implicancias distributivas de tratarlos con igual consideración y respeto– deben responder a preferencias erradas, fugaces, confusas, inadaptadas, conformistas o inauténticas?[55] Por otra parte, si aceptamos que las preferencias cambian en función de distintas distribuciones que a su vez dependen de las reglas de propiedad iniciales (que establecen aquello que se puede poseer), vuelve a aparecer el problema de circularidad que ya advertimos en el capítulo 1.

Aun si las preferencias de las personas fueran auténticas, consistentes y estables, y se pudiera desbrozar su psicología motivacional, la satisfacción de preferencias individuales por medio del mercado ideal hipotético de Dworkin podría darse en el marco de un Estado que no lograra tratar a sus miembros como iguales. Para ilustrarlo, tomaré en consideración tres ejemplos: los individuos con discapacidades, la relación entre las mujeres y las tareas domésticas, y todos aquellos que toman decisiones riesgosas e imprudentes.

A primera vista, el marco que propone Dworkin parece bien diseñado para manejar las ventajas y desventajas ligadas a los recursos internos de los distintos individuos.[56] Si bien los individuos deben responsabilizarse por los costos de sus decisiones, el modelo compensa a las personas por todas las diferencias existentes en sus recursos internos de las que no son directamente responsables. Los menos afortunados en lo que John Rawls denomina “lotería natural” recibirán la compensación necesaria, al parecer por medio de un sistema impositivo y de transferencia (Rawls, 1999: 64). Toda persona que padezca de deficiencias innatas en activos físicos o mentales recibirá recursos externos adicionales en una cantidad a determinar por el mercado hipotético de seguros (es decir, dinero en efectivo) que podrá utilizar para compensar estas deficiencias y alcanzar así la igualdad de recursos.

Con todo lo que este panorama tiene de prometedor, el problema es que las desventajas que las personas desfavorecidas enfrentan dentro de la sociedad no se corresponden de manera directa única ni principalmente con los recursos privados de los que disponen.[57] Las personas discapacitadas han sido marginadas y excluidas del espacio público, han padecido discriminación en el mercado laboral y son el blanco de estereotipos estigmatizantes. Ninguna cantidad adicional de dinero, por más generosa que sea, contribuirá a que estas personas alcancen una plena inclusión social como iguales, de no mediar por parte de la sociedad un cambio en sus estructuras físicas, normas sociales y expectativas. Aun reconociendo esto, hace mucho tiempo que los activistas por los derechos de las personas discapacitadas exigen medidas regulatorias tendientes a garantizar la inclusión social –medidas que reconfiguren los espacios públicos con el propósito de que sean accesibles para todos o que promuevan modificaciones en la tecnología y la organización laboral tendientes a disminuir las consecuencias de los distintos impedimentos–, sin por eso dejar de impugnar la visión estigmatizante de las personas incapacitadas como seres defectuosos o con menores capacidades que los demás. Pocas personas discapacitadas, probablemente ninguna, se sentirían satisfechas con una compensación de recursos que dejara intacto su estatus social inferior y marginalizado (véase Tremain, 1996).[58]

La subasta de Dworkin sólo presta atención a la distribución de los recursos individuales; su teoría igualitarista no concede un lugar relevante a la naturaleza del mundo social en el que los individuos realizan transacciones y se relacionan entre sí. Si bien reconoce la importancia de este mundo –todas las subastas deben realizarse sobre la base de las leyes de propiedad, las libertades individuales y colectivas, las normas existentes y demás–, deja estas cuestiones de lado a la hora de discutir la igualdad de recursos. Con todo, a menudo resulta que el destinatario privilegiado de las críticas igualitarias no es otro que ese mismo mundo social, el contexto sociopolítico y cultural en el que tienen lugar las elecciones y acciones de mercado de los individuos. La inclusión de las personas discapacitadas en las instituciones sociales por lo general exige la implementación de cambios en la organización social, política, cultural y material de una sociedad. Compensar los recursos individuales contribuiría sólo en parte a esta meta igualitarista fundamental, y aun así las personas discapacitadas tendrían derecho a quejarse con toda legitimidad por no ser tratadas con igual respeto que las demás.[59] Todo esto exige cuanto menos una enmienda del esquema de Dworkin que incluya políticas de integración social ex ante, para facilitar la participación de las personas discapacitadas en la sociedad. Un mercado no puede garantizar el cumplimiento de tales políticas ni la construcción de espacios accesibles, ya que eso depende de factores tales como el porcentaje de personas discapacitadas en la población y la distribución de preferencias.

Ahora tomemos como segundo ejemplo la división del trabajo según el género, en la cual las mujeres asumen una responsabilidad desproporcionada en las tareas domésticas y la crianza de los hijos (véase Okin, 1989). Esta división del trabajo en el ámbito familiar supone una desventaja para las mujeres en su ámbito laboral, en tanto la mayoría de los empleos no se adaptan a las responsabilidades domésticas de los trabajadores que los ocupan y las mujeres cargan sobre sus hombros con estas responsabilidades de manera desproporcionada. Las mujeres que asumen responsabilidades fundamentales en el cuidado del hogar y los hijos por lo general no pueden ingresar a las carreras mejor pagas ni a algunas de las más satisfactorias. Estas carreras recompensan la inversión en el capital humano, no la crianza de hijos, y están estructuradas en función del supuesto de que el trabajador dispone de una mujer en su casa, dedicada a la atención del hogar. Por si fuera poco, la misma discriminación implícita y los mismos estereotipos que contribuyen a que las mujeres reciban salarios inferiores a los de los hombres por trabajos similares refuerzan su confinamiento al trabajo familiar en casa. En la medida en que ellas reciben salarios más bajos que ellos, resulta sensato en términos económicos que sean las mujeres, y no los hombres, quienes se retiren de la fuerza de trabajo para asumir los deberes parentales.

El esquema de mercado de Dworkin no ofrece ningún lineamiento que permita discutir las actuales estructuras laborales ni la división del trabajo según el género (véanse A. Williams, 2002 y E. Anderson, 2006). En el mejor de los casos, su concepción se limita a dejar este asunto de lado, tal vez sujeto a la decisión del sistema político. Sin embargo, desde un punto de vista igualitarista, la división del trabajo según el género en la familia y en el mercado laboral resulta objetable. Esta perpetúa y refuerza la subordinación social de las mujeres a los hombres, y así obstaculiza sus posibilidades de tomar los empleos y oportunidades más ventajosos, socializa entre las mujeres expectativas más bajas que las de los hombres y refuerza la continuidad de una retribución salarial menor y la consiguiente dependencia de un (hombre) asalariado primario.

¿Qué respuesta puede ofrecer Dworkin a las mujeres que renuncian a un empleo pago para cuidar de sus hijos o de los ancianos de la familia? Al parecer, su teoría implica que la erogación de cualquier tipo de compensación por tales cuidados es innecesaria porque la desigualdad en los ingresos refleja una elección de vida, diferentes ambiciones y aspiraciones entre hombres y mujeres que hacen que las mujeres atribuyan mayor valor al cuidado de sus seres queridos que a los ingresos que podrían recibir en virtud de su participación en la economía de mercado.

Para ser justos, según Dworkin su teoría admite las críticas a la desigualdad de género. Sostiene que “cualquier diferencia actualmente existente entre los géneros en lo concerniente a sus deseos de combinar una carrera profesional con el cuidado de los niños probablemente sea, al menos en parte considerable, resultado de expectativas sociales que a su vez son consecuencia de antiguas e injustas estructuras de discriminación y estereotipia”.[60] La pregunta, en realidad, es de qué manera la respuesta de Dworkin a los problemas que plantea la influencia del género sobre las ambiciones y elecciones de vida se ajusta a su propia teoría de una igualdad de recursos sensible a las decisiones de las personas. Si bien es posible sostener que las mujeres elaboran sus ambiciones en respuesta a las preferencias de los demás y en el marco de limitaciones sociales existentes, lo mismo puede decirse de las ambiciones humanas en general. Y la visión de Dworkin atribuye una incidencia fundamental a la responsabilidad del individuo sobre sus propias decisiones. Por tanto, ¿sobre cuáles bases podría objetar las elecciones que las mujeres realizan respecto de sus propias carreras profesionales?

Desde luego, aquí podríamos recurrir a los escritos del propio Dworkin acerca de la acción afirmativa, donde hace hincapié en la importancia que tiene la historia de un trato no igualitario a la hora de establecer ciertos criterios que permitan identificar las preferencias a las que no debería atribuirse peso alguno en la asignación de costos y beneficios y aquellas a las que sí. Sin embargo, esto supone una extrapolación compleja, porque la perpetuación de la desigualdad de género funciona de manera muy distinta que la perpetuación de la desigualdad racial; al menos durante buena parte del siglo XX, en particular, la desigualdad de género se apoyó en preferencias internalizadas por las propias mujeres antes que en una discriminación legal, junto con una estructura laboral inflexible que contribuyó a que tales preferencias parecieran racionales.[61]

Incluso si se pudiera establecer el carácter ilegítimo de determinadas preferencias, quedaría por considerar la cuestión de las medidas correctivas. ¿Pasaría a ser aceptable la distribución por género de los espacios laborales y la familia si la sociedad decidiera pagar a las mujeres por quedarse en el hogar? Es una pregunta compleja. Si bien pagarles por el trabajo de crianza de los hijos podría representar un avance en relación al statu quo, tal vez una reestructuración de los horarios y expectativas laborales adaptada a las necesidades de cuidado familiar tanto por parte de ellas como de los hombres les ofrecería mejores oportunidades y más libertades. Las mujeres y los hombres podrían interactuar en términos de una mayor igualdad, por ejemplo, si unas y otros dispusiesen de la licencia parental en términos que no comprometieran las carreras profesionales de quienes decidan hacer uso de dicha licencia. Pero, una vez más, la necesidad de esta reestructuración, si bien podría ser compatible con la teoría de la igualdad de mercado de Dworkin, sigue siendo invisible desde su punto de vista. Por lo tanto, ofrece muy pocos lineamientos que nos permitan identificar las instituciones que podrían contribuir a la igualdad entre los hombres y las mujeres. Sin embargo, nadie puede dudar de que es una cuestión crítica para todos los igualitaristas preocupados por tratar a todos con igual consideración y respeto.

Tomemos un tercer caso, el del individuo que realiza una apuesta desafortunada.[62] Incluso si se reestructurase a las instituciones para incluir en pie de igualdad a las mujeres y a las personas con discapacidades, la existencia de apuestas desafortunadas continuaría siendo una realidad. Según la teoría de Dworkin, ninguna persona tiene derecho a quejarse de las consecuencias de algo cuyo riesgo decidió enfrentar. Todos deben hacerse responsables de los costos de sus decisiones arriesgadas, dado que, como ya vimos, el derecho de una persona a una misma parte de los recursos está limitado por su responsabilidad sobre sus acciones. En la teoría de Dworkin, no hay nada que impida que una persona imprudente termine en circunstancias extremadamente malas, sujeta a la explotación de los demás. ¿No será que el imperativo de tratar y respetar a las personas como iguales obliga a protegerlas de la explotación, de cualquier intercambio y exigencia extremadamente injustos, y para eso limitar la cantidad de poder que una persona puede ejercer sobre otra?[63]

Dworkin podría responder a este ejemplo señalando que no sólo somos responsables de nuestras acciones, sino que también es importante obligarnos a internalizar los costos de las cargas que imponemos a los demás. No queremos ofrecer incentivos que motiven a las personas a realizar elecciones deficientes y de alto costo social. Es un planteo justo. Toda sociedad necesita prestar atención al “riesgo moral” que plantean los individuos que no se hacen plenamente cargo de las consecuencias de sus acciones y por tanto muestran una tendencia a actuar con menos cuidado del que usualmente tendrían. Pero proteger a las personas de la explotación y la indigencia no exige transferencias de ingresos ilimitadas a favor de quienes tomaron decisiones irresponsables. Tampoco impide que se fijen ciertas condiciones sobre quien recibe este tipo de ayuda.[64]

Considero importante reconocer que es deseable minimizar los incentivos existentes para que las personas se involucren en jugadas extremadamente arriesgadas; sin embargo, a veces una mala decisión puede terminar teniendo consecuencias lamentables.[65] En parte, es por eso que los movimientos sociales igualitaristas lucharon por la existencia de programas de seguro social incondicionales, como la indemnización por despido, el seguro de discapacidad y la cobertura universal de salud. Estos programas limitan los niveles de riesgo a los que puede exponerse una persona, sin importar que sea responsable o no de haber asumido tales riesgos.

Sin duda, en el transcurso de su desarrollo, la teoría de Dworkin establece importantes limitaciones a la idea central de que la responsabilidad individual es la que determina la igualdad. Acepta, por ejemplo, la existencia de razones especiales, “basadas sobre una teoría de la igualdad política”, para prohibir que alguien ponga en riesgo su propia libertad o sus derechos políticos y religiosos (R. Dworkin, 2000: 75). En el caso de presentarse externalidades, sostiene también la necesidad de imponer regulaciones sobre los mercados, sin importar las preferencias de los individuos particulares. Y como ya advertimos en el uso que hace del hipotético mercado de seguros, sostiene la posibilidad de establecer “juicios aproximados y generales” acerca de aquello que la gente promedio, de prudencia normal, podría haber elegido respecto de un seguro de salud, y tal vez también respecto de provisiones de bienestar y seguros de desempleo.[66]

De esta forma, la intención de asegurar derechos políticos iguales junto con cierto paternalismo podría conducirnos a aceptar una serie de provisiones mínimas obligatorias para restringir el funcionamiento del mercado. Pero en principio, su teoría no establece límite alguno al grado de desigualdad en la posesión de recursos divisibles que lleguen a poseer los individuos en función de sus elecciones personales. En un pasaje de su libro Virtud soberana, sostiene:

En principio, los individuos deben ser relevados de la responsabilidad consecuencial, frente a aquellos rasgos desafortunados de su situación que son el resultado de la mala suerte, pero no frente a los que pueden ser vistos como el resultado de sus propias elecciones. Es producto de la mala suerte que un individuo haya nacido ciego o sin las aptitudes que tienen los otros, y una sociedad justa debería compensarlo por su mala suerte, en la medida en que sea posible. Pero si ese individuo posee en este momento menos recursos que otras personas porque antes los malgastó en lujos, o porque eligió no trabajar o trabajar en ocupaciones menos remunerativas que las de los demás, entonces su situación es el resultado no de la suerte, sino de su elección, y no tiene derecho a una compensación que remedie su déficit actual (R. Dworkin, 2000: 287).

Con todo, si disponer de los recursos materiales adecuados es condición necesaria de la capacidad de las personas de interactuar en sociedad como iguales, y si interactuar como iguales constituye un compromiso central del igualitarismo, entonces, al contrario de lo que sostiene Dworkin, la redistribución no puede depender por completo del grado de responsabilidad particular de alguien sobre su situación personal.

Si bien existen ciertas razones para permitir que los mercados influyan sobre los resultados de la distribución de recursos –debido a sus funciones de coordinación e incentivo y al vasto espacio que ofrecen para la libertad de acción–, eso no significa que los igualitaristas deban aceptar todos los resultados producidos incluso por un mercado idealizado. Hasta aquí, sostuve que eso se debe a dos motivos fundamentales.

En primer lugar, no todas las preferencias que se manifiestan en el mercado tienen relevancia en términos morales. Tenemos motivos para preocuparnos por las normas estigmatizantes que participan de la determinación del valor de distintos tipos de trabajo, excluyen a algunas personas de su participación plena en la sociedad e ignoran el valor del cuidado de los niños. Al prestar atención al modo en que se conformaron ciertas preferencias o al tipo de preferencias al que pertenecen, tal vez encontremos motivos para restarles importancia.[67] Por ejemplo, podemos rechazar que algunas preferencias tengan un rol en el mercado cuando se funden sobre una manifestación de cierto desprecio por otros o lo expresen.[68]

En segundo lugar, cuando se presta atención a los efectos de las preferencias individuales de mercado, tenemos motivos para preservar las condiciones mínimas que impiden que una persona termine del todo subyugada por los caprichos y el poder de otros. Más allá de la responsabilidad que le quepa a esta persona por una mala decisión de mercado, el interés de la sociedad por sostener relaciones de igualdad va más allá de las consecuencias de un acto de elección aislado. Limitarnos a considerar qué tipo de distribuciones producirán los mercados no nos ayudará a establecer las condiciones necesarias para que todos puedan interactuar como iguales.[69]

EL IGUALITARISMO GENERAL

La concepción a la cual hice referencia con el nombre de “igualitarismo general” reconoce que los mercados pueden producir una cantidad inaceptable de desigualdad social, aunque se constituyan en función de la elección individual. Esta desigualdad generada por el mercado puede deberse a desigualdades en las condiciones preexistentes, diferencias de las capacidades individuales, juicios erróneos o distorsiones del funcionamiento del mercado debido a externalidades, costos de transacción distintos de cero, monopolios y situaciones de información incompleta o asimétrica.[70] También puede deberse a una distribución sesgada o problemática de preferencias en el conjunto de la sociedad (por ejemplo, el caso de una sociedad que paga menos a los trabajadores que están a cargo de los niños que a los cuidadores del zoológico).

Cuando el mercado produce un resultado objetable, el igualitarismo general prefiere subsanarlo por medio de una transferencia de dinero en vez de hacerlo mediante la redistribución de los bienes en especie. Considera que, una vez alcanzada una distribución aceptable del poder de compra, es preciso dejar que los mercados competitivos funcionen por su cuenta, ya que producen resultados económicos óptimos. Interferir en el mercado en la distribución de bienes específicos no hace más que aumentar la cantidad de ineficiencias que podrían producirse de no mediar esta intervención.[71]

Thomas Schelling ofrece un ejemplo ilustrativo de esta hipótesis: supongamos que ante una situación de escasez de combustible y los altos precios resultantes, los responsables de diseñar las políticas públicas deciden restringir el mercado de combustibles y dar a cada familia un cupón no transferible para su adquisición (Schelling, 1984: 4-5). Algunas personas pobres usarían sus cupones, pero otras (aquellas que no tienen automóvil, por ejemplo) preferirían tener el dinero. Algunas personas ricas querrían adquirir más combustible del que les permite el cupón. Una persona pobre podría no estar interesada en adquirir combustible pero sí en comprar más comida para sus hijos. Una persona rica podría no estar especialmente interesada en comprar más alimentos, pero sí en disponer de más combustible. En este ejemplo, restringir el funcionamiento del mercado prohibiendo la transferencia de cupones sólo contribuye a que los pobres estén peor de lo que estarían si se levantara la restricción de comercializarlos. Si yo pudiera vender los cupones, los pobres que necesitan combustible podrían usar los suyos y quienes necesitan alimentos podrían vendérselos a otros a cambio de dinero. Los ricos que quieren más combustible podrían comprar los cupones a los pobres. Levantar la restricción supondría una mejora en términos de Pareto, según vimos en el capítulo 1. Con todo, una vez aceptados los motivos para habilitar la venta de los cupones, resulta forzoso advertir que podría llegarse al mismo resultado si se permitiera la suba del precio del combustible en un mercado libre de restricciones, se gravara impositivamente el incremento y se transfiriera el excedente como un suplemento a los ingresos de los pobres. En tal caso, todos quedarían en mejores condiciones respecto de lo que quieren.

Algunos filósofos liberales se sienten atraídos por el igualitarismo general debido a que desconfían de que los gobiernos, u otros terceros, sean capaces de tomar mejores decisiones que las partes involucradas de manera directa. Consideran que un individuo conseguirá una mayor satisfacción de sus preferencias si se le permite tomar sus propias decisiones acerca de lo que quiere comprar y vender en lugar de obligarlo a confiar en un tercero que decida por él. De hecho, en el ámbito de la economía existe una gran bibliografía dedicada al denominado “problema del agente-principal”, en el cual alguien que necesita una cosa en especial (el principal) debe motivar a su agente a actuar lo más cercanamente posible a sus deseos. Esto es menos sencillo de lo que parece, no sólo porque transmitir información puede resultar costoso, sino porque el principal puede tener intereses contrarios a los del agente.

Desde luego, en ocasiones el principal no puede tomar decisiones por su cuenta, debe confiar en otros. Por regla general, se reconoce que los niños pequeños y los adultos con severos impedimentos cognitivos requieren cierta intervención paternalista. Sin embargo, precisamente por eso, muchas personas consideran insultante la idea de que no deba confiarse en los adultos competentes la responsabilidad de las decisiones que toman sobre su propia vida. Cuando los programas de bienestar del Estado, en ayuda del pobre, entregan su ayuda en forma de bonos no negociables de comida y vivienda, la discreción del programa sustituye en el acto el juicio de esas personas acerca de lo que les conviene. Hay quienes consideran que esto sirve para objetar que los Estados de bienestar tratan a los pobres como si fueran niños.[72] Desde la perspectiva del igualitarismo general, no se puede decir mucho a favor de este tipo de intervenciones paternalistas,[73] probablemente contrarias tanto al valor de eficiencia como al valor de la libertad de elección. Por el contrario, tanto en nombre de la eficiencia como de la libertad, se sostiene que en caso de redistribución, conviene que esta adopte una forma monetaria, que permita a los pobres tomar sus propias decisiones acerca de lo que quieren consumir, cómo quieren invertir su tiempo y qué riesgos están dispuestos a asumir.

Sin duda, estas preocupaciones acerca de la eficiencia y el paternalismo no carecen de valor, pero no establecen que los igualitaristas deban abstenerse de limitar los alcances del mercado. En primer lugar, como ya expliqué en el capítulo 1, todo mercado depende de reglas preexistentes. A su vez, estas reglas excluyen determinadas elecciones (como el robo) y hacen que algunas sean más probables que otras (véase Sunstein y Thaler, 2003). Por ejemplo, algunas sociedades adoptaron un sistema de “consentimiento presunto o tácito” (opt-out) para la donación de órganos, por el cual se da por sentado que los órganos de una persona pueden usarse para trasplantes luego de su muerte salvo que ella haya hecho constar su voluntad contraria. Otras sociedades, como la de los Estados Unidos, adoptaron un sistema de “consentimiento explícito” (opt-in) en que se presupone todo lo contrario. Estos dos tipos de disposiciones influyen en el número de órganos cadavéricos disponibles. En general, la psicología constató importantes efectos de encuadre, por los que las normas legales y organizaciones sociales ejercen una consistente influencia sobre las elecciones de los afectados. Las decisiones no se toman de la nada, y es preciso determinar las reglas que las rigen. Resulta difícil entender por qué ciertas consideraciones paternalistas no deberían pesar en la elección social de este tipo de normas.

En segundo lugar, desde el punto de vista de las obligaciones que las personas contraen entre sí y las que el Estado tiene con sus ciudadanos, no todos los bienes se traducen en dinero. La concepción del igualitarismo general supone que los recursos son intercambiables, es decir, que pueden sustituirse por otros recursos. (Así, en el ejemplo de Schelling el combustible se sustituye con dinero.) Esta suposición está presente también en la teoría de Dworkin, ya que, para poder equilibrar los distintos recursos entre las personas, hace falta una divisa de intercambio común (en su modelo, las caracolas marinas). Pero no todos los bienes desempeñan el mismo papel que el dinero en nuestras teorías políticas y morales. En lo particular, considero que existen determinados bienes que las personas tienen derecho a exigir –tales como la vida, la salud pública y la seguridad pública– sin sostener por eso que tengan el mismo derecho a exigir el equivalente en efectivo que podrían emplear (o no) para comprar estos bienes.

T. M. Scanlon (1975) da un sólido ejemplo de la diferencia existente entre dos tipos de reclamos en su artículo “Preference and Urgency”. Supongamos que una persona cree tener la obligación de subsanar determinada necesidad urgente, como transferir parte de sus recursos para impedir que otra persona muera de hambre. Scanlon pide luego al lector que imagine una situación en que la persona famélica se muestra dispuesta a renunciar a una alimentación digna para erigir un monumento a su dios. No se sigue de todo eso que el potencial donante deba considerarse obligado a transferir parte de sus recursos para contribuir con los costos del monumento. Su obligación hacia esa persona famélica se basa sobre necesidades (más o menos) objetivas, no sobre la importancia que esa persona concede a dichas necesidades dentro de su concepción subjetiva de la vida.

Al considerar ejemplos como el de Scanlon en el contexto de las obligaciones del Estado con sus ciudadanos, un tipo de provisión en especie parece superior a una distribución monetaria basada sobre los impuestos y la transferencia. La provisión en especie impide que el beneficiario emplee los recursos de un modo que socave lo que probablemente constituya el fundamento mismo de las obligaciones del Estado con sus ciudadanos, es decir, sus necesidades más urgentes.[74] Más aún, los fundamentos de esta restricción no son paternalistas; hacen hincapié en una concepción acerca de la fuente de obligación del donante, no de lo que podría ser mejor para el beneficiario.

EL IGUALITARISMO ESPECÍFICO

Según otra concepción igualitarista del mercado, la noción de igualdad supone la distribución equitativa de determinados bienes. Cuando menos, algunos de sus defensores reconocen que ciertos bienes escasos “deberían distribuirse según un criterio menos inequitativo que la capacidad de pagar por ellos” (Tobin, 1970: 264). Las personas tienden a reaccionar de manera muy distinta a las desigualdades existentes en el acceso a los servicios de salud o al asesoramiento legal que a otras desigualdades en la compra de automóviles, ropa y embarcaciones de lujo. Si bien los ingresos se distribuyen de manera desigual, esto no supone necesariamente que todos los bienes deban distribuirse con el mismo grado de desigualdad que los ingresos. Pero ¿qué bienes específicos hay que distribuir de manera equitativa? ¿Cómo podemos tomar esa decisión?

En el seno de la producción filosófica contemporánea, el desarrollo más influyente del tema continúa siendo el de Michael Walzer (1983) en su libro Las esferas de la justicia.[75] Walzer sostiene que, puestos a considerar de qué manera debería distribuirse un bien, es preciso evaluar si la distribución propuesta para ese bien es consistente con su significado social. Señala, por ejemplo, que parte de la naturaleza de las nociones de honor, gracia divina y amor verdadero es no tener precio de mercado. Recurrir al mercado para distribuir estos bienes representaría, como mínimo, un cambio en el modo en que las personas los entienden, socavando el significado actual de las nociones. Alguien que ofrece dinero a cambio de la amistad de otro en realidad no entiende el significado de la amistad (en nuestra cultura). También hay otros bienes que las personas consideran sencillamente irremplazables, sin ningún tipo de equivalente.[76] Como señaló Kant (1998 [1785]) acerca de los seres humanos, poseen dignidad, no precio.

Según la concepción de Walzer, los mercados no son meros dispositivos contables que determinan y monitorean de manera neutral el valor de los bienes. Pueden cambiar y degradar el significado de un bien. El clásico de Richard Titmuss (1971), The Gift Relationship, ofrece un buen ejemplo de cómo podría ocurrir. Titmuss sostiene que la existencia de un mercado de sangre hace que la donación deje de ser entendida como un “regalo de vida” y se convierta en algo que puede expresarse con un mero equivalente monetario. Más aún, al cambiar su significado, el uso de los mercados conduce a la obtención de sangre de menor calidad y también disminuye las probabilidades de que alguien done sangre de manera gratuita y altruista. Titmuss sostiene que este cambio de significado explica algunos contrastes entre los sistemas de donación de sangre existentes en los Estados Unidos y el Reino Unido.[77] La teoría de Walzer extiende el argumento de Titmuss acerca del efecto de los mercados sobre el significado de los bienes al aplicarlo a otros, como la condición de socio o miembro de un grupo humano, los premios Nobel, la educación básica, la salud y la igualdad política. Según cree, el significado mismo de estos bienes exige limitar el papel que podría desempeñar el mercado en su distribución a riesgo de corromperlo.

Walzer sostiene que hay ciertos bienes cuyo significado social exige que se los distribuya de manera equitativa, y no por medio de los mercados, debido a que estos distribuyen bienes sobre la base de la capacidad y disposición de las personas a pagar por ellos. Para este autor, el significado de la atención de la salud en particular exige que se la distribuya sobre la base de una necesidad médica común. Es un enfoque interesante pero, tal como está planteado en la teoría de Walzer, resulta bastante inútil como fundamento político general para limitar determinados mercados. Muchos significados sociales están sujetos a discusión. Incluso en lo que concierne a la atención de la salud, por ejemplo, hay serias y viejas controversias acerca de su significado.[78] Muchos estadounidenses parecen creer que la intervención del Estado en los servicios de salud debería limitarse a los casos en que se produce una falla del mercado, es decir, a brindar cobertura a los adultos mayores y a los discapacitados, a todos aquellos que no puedan pagar un seguro, y a financiar la investigación básica, entendida como un público. Más allá de esto, existe un fuerte consenso, si bien no exento de debate, respecto de la conveniencia de permitir el libre juego del mercado. Nadie que discrepe con esta posición sumará nada a su causa si invoca el significado social de la atención de la salud como motivo de su desacuerdo, en la medida en que dicho significado social (y sus consecuencias) es precisamente materia de debate.

Otros intentan reforzar los fundamentos convencionalistas de Walzer planteando que el beneplácito o no a una distribución por medio de los mercados debería basarse sobre la mejor comprensión posible de los bienes, a la luz de todos los valores y las pruebas existentes. Elizabeth Anderson sostiene que hay importantes diferencias en las actitudes apropiadas respecto de distintos bienes: mientras es correcto considerar a algunos como mercancías negociables, otros son objeto de respeto o reverencia, o deberían ser considerados irremplazables y carentes de equivalencia. Para ella, un análisis de los diferentes modos en que se valora de manera adecuada un bien específico permitirá determinar qué bienes es lícito tratar como mercancías de mercado y cuáles no (E. Anderson, 1993). Michael Sandel (2000) sostiene que muchos bienes cívicos y morales se corrompen si se los compra con dinero. Entre sus ejemplos se encuentran casos que analizo más adelante en este mismo libro, como el alquiler de vientres, la venta de órganos y el servicio militar. Margaret J. Radin (1996) plantea que los mercados de determinados bienes íntimamente conectados a la “noción de persona” socavan la realización de los individuos como seres humanos y, por tanto, deberían impedirse, o cuando menos ser objeto de fuerte regulación. Según la concepción de Radin, la mejor comprensión posible de la realización humana permitiría establecer las bases para limitar los mercados de determinados bienes.

Todas estas estrategias para limitar distintos mercados resultan interesantes y varias, reveladoras. Sin embargo, padecen de dos importantes debilidades: la existencia de concepciones enfrentadas acerca del significado de muchos bienes particulares (y de la realización humana) y, más importante aún, de una muy leve conexión en muchos casos entre el significado que se confiere a un bien y su distribución en el mercado.

En primer lugar, tomemos el problema práctico que plantea la posibilidad de no alcanzar nunca el consenso necesario respecto del mejor significado posible de muchos bienes específicos. (Algo que podría ocurrir aun logrando llegar a una formulación del mejor significado posible de un bien determinado que fuera, de hecho, correcta.)

En segundo lugar, incluso en los casos en que se acepta determinada interpretación particular como el mejor significado posible de un bien, esto no necesariamente supone un tipo de vínculo entre dicha comprensión y el uso de los mercados. Los mercados son mecanismos instrumentales que permiten cumplir determinados fines: son contadas las oportunidades en que el precio de mercado guarda relación directa con las actitudes evaluativas que despierta un determinado bien. Como señalé en el capítulo 1, una persona religiosa puede comprar una Biblia sin por eso creer que el precio que paga expresa su concepción personal del verdadero valor que tiene. Una persona puede creer que la atención de la salud es un derecho y al mismo tiempo mostrarse a favor del uso de un sistema privado de seguros, fundado en el mercado, en conjunción con provisiones de atención de la salud para los indigentes. Podemos considerar la comida como una necesidad básica que es preciso garantizar, pero aun así apoyar su distribución por medio del mercado.

Por otra parte, la evaluación que se haga respecto de la aceptabilidad de emplear un mercado para distribuir un determinado bien suele verse condicionada por factores empíricos, tales como la elasticidad de la oferta del bien en cuestión. Cuando existe una oferta fija de una mercancía escasa, es posible establecer disposiciones para distribuirla de manera equitativa, o basándose sobre cualquier otro criterio del mercado, sin necesidad de preocuparse por la eficiencia. Por ejemplo, si la oferta de riñones para trasplantes fuera fija, podría considerarse apropiado distribuirlos por otros medios distintos del mercado. Sin embargo, si la autorización de la existencia de un mercado de riñones aumentara de manera drástica la oferta, resultaría mucho más débil el argumento a favor de obstruir dicho mercado. Por eso, es lícito preocuparse por la distribución de un bien específico en determinados contextos, pero no en otros.

No veo que exista ningún motivo para creer que la evaluación social de determinados mercados –aun aquellos que las personas encuentran de manera intuitiva profundamente problemáticos– se funde en el significado que los bienes involucrados tienen para las personas ni tenga en cuenta la relación entre dichos bienes y la realización humana. Las personas llegan a los mercados trayendo consigo distintas concepciones, afirmación que también aplica a aquellos mercados que podrían provocar cierta incomodidad. Es posible que dos personas no lleguen a un acuerdo acerca del significado de un bien o de aquello que constituye una vida plena, y aun así coincidan en que les resulta incómodo emplear un mercado particular para distribuir dicho bien.

Un ejemplo que vale la pena considerar al analizar la concepción igualitarista específica es la indignación pública que ocasionó un memorándum enviado por Lawrence Summers (cit. en The Economist, 1992: 82), en aquel entonces vicepresidente de Asuntos Económicos del Banco Mundial, a sus colegas. En una parte del mensaje, el economista señala lo siguiente:

Sólo entre nos, ¿no debería el Banco Mundial incentivar la migración de industrias sucias a los PMD [países menos desarrollados]? Se me ocurren tres razones:

1. La medición de los costos de la contaminación insalubre depende de la merma de ingresos no percibidos a causa del incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad. Desde este punto de vista, cierta cantidad de contaminación insalubre debería producirse en el país donde tuviera el menor costo, que vendría a ser el país con los salarios más bajos. Creo que la lógica económica detrás del vertido de una carga de desechos tóxicos en el país de salarios más bajos resulta impecable, y debemos hacernos cargo de eso.

2. Es factible que los costos de la contaminación sean no lineales, dado que los incrementos iniciales de contaminación probablemente tengan un costo muy bajo. […] Sólo las tristes realidades de que buena parte de la contaminación sea generada por industrias no relocalizables (transporte, generación eléctrica) y que los costos unitarios de transporte de los residuos sólidos resulten tan altos impiden el intercambio, benéfico para el mundo, de contaminación del aire y de residuos.

3. La demanda de un medio ambiente limpio por motivos estéticos y de salud probablemente tenga una elasticidad muy alta en función del ingreso […]. Desde luego, el comercio de bienes que representan las preocupaciones estéticas por contaminación podría resultar provechoso para el bienestar general. […]

El problema de los argumentos contra todas estas propuestas para aumentar los grados de contaminación en los países menos desarrollados (derechos intrínsecos a determinados bienes, razones morales, preocupaciones sociales, falta de mercados adecuados, etc.) es que fácilmente podrían invertirse y utilizarse de manera más o menos efectiva contra cualquier propuesta del Banco a favor de su liberalización.[79]

Summers está en lo cierto cuando sostiene que la lógica económica de tirar desechos tóxicos en los países menos desarrollados (tal vez a cambio de compensaciones económicas) es “impecable”. Si las partes involucradas en la negociación se comportan de manera racional, dado que las consecuencias económicas del aumento de la contaminación son mucho menores en los países menos desarrollados que en los países desarrollados, los habitantes de los países menos desarrollados deberían mostrarse dispuestos a vender sus derechos de contaminación a las personas de los países desarrollados por un precio que estas estén dispuestas a pagar. La revista The Economist (1992: 82), en la cual se filtró el memorándum, consideró que este tenía un lenguaje “grosero”, pero advirtió que “en lo económico, resulta difícil refutar su argumento”. Por ende, ¿cómo podemos explicar la protesta que generó su publicación? ¿Por qué tantas personas se sintieron indignadas ante la idea de constituir un mercado internacional de desechos tóxicos?

La cuestión ofrece mucha tela para cortar, pero no creo que los críticos de Summers hayan estado comprometidos con una concepción particular acerca del significado de la contaminación. Por ejemplo, alguien que reaccionó de manera negativa al memorándum de Summers puede sostener con total consistencia que sí le parecía adecuado permitir que las corporaciones compraran y vendieran derechos de contaminación dentro del territorio de los Estados Unidos. Otra persona puede valorar su entorno en términos estéticos o espirituales y aun así considerar que dichos valores están necesariamente socavados por el uso de un mercado, al menos si se lo regula de alguna manera. Un tercer individuo puede criticar la propuesta de Summers sin por eso considerar objetable en sí misma la transformación de los desechos tóxicos en una mercancía de mercado. Del mismo modo, dos personas pueden sostener concepciones distintas acerca del lugar de la naturaleza en una vida plena pero de todos modos juzgar perturbador el contenido del memorándum.

Si bien algunos bienes tienen un significado que se resiste a su transformación en mercancías –la amistad, el amor y los premios Nobel, por ejemplo–, esto no ocurre con la gran mayoría de los bienes existentes. Las reacciones negativas que despiertan ciertos mercados dependen, en estos últimos casos, de otro tipo de consideraciones, consideraciones que, en mi opinión, suponen establecer diferencias entre los tipos de bienes. Por ahora, observemos que, si los mercados de mercancías estándares produjeran consecuencias extremadamente perjudiciales, tal vez debido a una súbita caída del precio capaz de conducir a los productores de dichos bienes a la miseria, la respuesta social a estos mercados probablemente sería distinta de la actual. En el capítulo que sigue, analizaré el memorándum de Summers y plantearé mi propio diagnóstico acerca de los problemas que entraña su propuesta.

CASOS TITANIC

Los partidarios del igualitarismo específico tienen razón en una cosa: para la mayoría de las personas, es especialmente problemático que haya desigualdades en la distribución de determinados bienes. Lo interesante es preguntarse a qué se debe. Como ya vimos, los igualitaristas generales y los específicos ofrecen distintas respuestas a esta pregunta. A continuación, quisiera examinar con mayor detenimiento de qué manera cada una de estas dos concepciones enfrentaría los dilemas planteados por lo que denomino “casos Titanic”.

Prestemos atención a este perturbador pasaje de Thomas Schelling (1984: 116) acerca de hundimiento del Titanic:

Había suficientes botes salvavidas para los pasajeros de primera clase; los de tercera, debían hundirse con el barco. Esto es algo que ya no toleramos. A todas las personas que deseen arriesgar su vida haciéndose a la mar y no puedan pagar un barco seguro, no debe negárseles la oportunidad de encomendarse a una embarcación más barata que no cuente con botes salvavidas. Pero si algunas personas no pueden pagar el precio de un pasaje con botes salvavidas y otras sí, no es correcto que viajen en el mismo barco.

Schelling no respalda de manera explícita la política de limitar la desigualdad en los botes salvavidas existentes a bordo del barco, sino que subraya la imposición de este tipo de límites como una práctica ampliamente extendida dentro de la sociedad contemporánea.[80] ¿Por qué aceptamos hoy, como una cuestión de política social, el carácter objetable de la desigualdad en el acceso a los botes salvavidas a bordo del Titanic?

Un igualitarista general sostendría que aquello que vuelve objetable la desigualdad en el acceso a los botes salvavidas es la injusta distribución subyacente de los ingresos y la riqueza. Para el igualitarismo general, si no es justo que algunas personas tengan tan poco dinero que sólo puedan pagar un boleto en segunda o tercera clase mientras que otros disponen de tanto que pueden pagar camarotes de lujo, tampoco es justo el resultado de esta desigualdad. Desde este punto de vista, el rechazo que producen las posiciones económicas iniciales de los pasajeros pobres y ricos explica la reacción ante la situación del Titanic.

Como ya vimos, esta sería la respuesta de Dworkin. Y sin duda muchas de nuestras reacciones hacia los resultados desiguales encuentran en esta idea su mejor explicación, en virtud de una objeción contra la distribución de recursos preexistente. Tomemos la muy baja proporción de estudiantes de familias pobres que concurren a colegios y universidades de elite: aproximadamente un 3% de los estudiantes de estas instituciones provienen del último cuartil (véase Bowen y Bok, 1998: 341). Un factor que hace que esta proporción resulte especialmente objetable es el carácter marcadamente desigual de la educación primaria y media que reciben los niños ricos y los pobres. Debido a su escasa preparación, muchos niños pobres jamás tendrán la oportunidad de competir de manera justa para ocupar una plaza en una universidad de elite. Probablemente la reacción a tales disparidades en la composición del estudiantado según sus niveles de ingreso sería otra si se descubriera que los jóvenes pobres son admitidos en los colegios de elite en igual proporción que sus pares más acaudalados, pero eligen no seguir allí sus estudios porque prefieren permanecer en espacios educativos insertos en su comunidad de origen.

Ahora bien, ¿basta la preocupación por las desigualdades preexistentes para explicar de manera adecuada la incomodidad que provoca el caso Titanic? Para ponderar si esto es así o no, imaginemos que todos tienen el mismo poder de compra –todos disponen de idéntica cantidad de dólares para comprar pasajes– y que la desigualdad en el acceso a los botes salvavidas depende meramente de que algunos pasajeros se preocuparan más por su seguridad que otros. Después de todo, hay personas que por rutina participan en actividades de riesgo como el paracaidismo o el alpinismo. Nadie hace nada por impedir que la gente participe en este tipo de actividades. Así, ¿por qué sería objetable permitir que las personas tomen sus propias decisiones de consumo respecto de la cantidad de seguridad que desean adquirir? ¿Por qué no habría que permitirles decidir qué tipo de seguridad quieren?[81]

Creo que el ejemplo del Titanic continuará causando en muchos lectores la misma incomodidad, aunque el acceso desigual a los botes dependiera de la libre elección de los agentes. Si se pidiera a un igualitarista general una explicación acerca de la persistencia de esta incomodidad, probablemente este intentaría apelar a los problemas de información: tal vez las personas adquieran pasajes de tercera clase porque carecen del conocimiento suficiente acerca de los riesgos que enfrentan. A fin de cuentas, todos los pasajeros del Titanic, en efecto, fueron engañados: creían que la embarcación era “inhundible”. Tal vez, si hubiesen estado al tanto de los riesgos, no habrían aceptado correrlos. De hecho, parece razonable asumir que por lo general las personas no estarán dispuestas a correr los riesgos que plantea el ejemplo del Titanic.

Recordemos que Dworkin presenta un argumento similar al discutir la adquisición de seguros contra discapacidades. En el marco de su concepción, sostiene que los individuos son responsables de los costos de las apuestas que realizan. Por lo tanto, en el caso de que existiera un seguro contra la ceguera y hubiera dos personas videntes con las mismas posibilidades de sufrir un accidente que las deje ciegas, con igual conocimiento de tales posibilidades, y una de ellas comprase un seguro y la otra no, según la teoría de Dworkin, no debería haber ningún tipo de redistribución si la segunda persona perdiera la vista. Dicha persona sería responsable de no haber adquirido el seguro correspondiente.

Con todo, dado que muchas personas son ciegas de nacimiento y la mayoría de las personas videntes también lo son de nacimiento y nadie tuvo jamás la oportunidad de comprar un seguro antes del hecho, Dworkin sostiene que es lícito suponer que “la mayoría de las personas tomarían aproximadamente las mismas decisiones de seguros contra impedimentos tales como la ceguera” y que habría que asegurar a todos tal como lo haría la persona promedio. Es decir, aunque los individuos ciegos de nacimiento no contraten un seguro contra la ceguera (o no hayan podido hacerlo), es posible dar por sentado que, de haber tenido la oportunidad, lo habrían hecho, y esto permite indemnizarlos en consecuencia. Por consiguiente, si bien algunos pasajeros del Titanic se vieron en la situación de viajar en clases que no incluían el derecho de acceso a un bote salvavidas, posiblemente sea lícito suponer que, en promedio, los individuos prudentes habrían querido tener ese derecho.

Estoy de acuerdo en que la información resulta un factor relevante a la hora de evaluar las decisiones que toman las personas, y en el siguiente capítulo discutiré el papel de la información en nuestros juicios acerca de la moralidad de determinados mercados. Pero prosigamos ahora con el análisis del ejemplo del Titanic original (y real). En este nuevo ejemplo, las personas no sólo tienen ingresos suficientes para adquirir boletos de primera clase, sino que también conocen los riesgos de viajar sin bote salvavidas y están dispuestas a afrontarlos, del mismo modo que los paracaidistas y alpinistas están dispuestos a afrontar determinados riesgos. Esta versión revisada del ejemplo del Titanic se parece más al caso de las personas ciegas que no hubieran adquirido un seguro contra la ceguera aun conociendo los riesgos y habiendo tenido la oportunidad de hacerlo. Dworkin sostiene que estas personas son responsables de sus acciones.

Desde luego, es posible invocar un argumento paternalista para impedir que las personas eludan ciertos requisitos de seguridad: tal vez los individuos prudentes deseen imponerse a sí mismos ciertas restricciones para impedir que en momentos de debilidad o irracionalidad hagan algo que socave sus intereses a largo plazo. Gerald Dworkin (1971: 120-123) plantea un argumento de este tipo en su artículo “Paternalism”:

Sostengo que, dado que todos somos conscientes de nuestra inclinación a la irracionalidad, de distintas deficiencias que aquejan nuestras capacidades emocionales y cognitivas, y de la posibilidad de realizar actos de ignorancia evitables e inevitables, resulta racional y prudente que en efecto se establezcan “políticas de seguro social”. […] Según creo, la imposición de interferencias paternalistas en situaciones de este tipo puede ser considerada una política de seguros que se adopta contra la posibilidad de tomar decisiones de amplio alcance que resulten potencialmente peligrosas e irreversibles.

Dudo que la reacción que provoca la última versión del ejemplo del Titanic dependa de posibles problemas en las capacidades emocionales o cognitivas de las personas o de la ignorancia de alguien. Después de todo, una persona en plena posesión de sus facultades mentales podría asumir determinado riesgo para satisfacer una meta personal. Cada vez que alguien usa un automóvil, toma un avión o sencillamente sale de su casa, asume un riesgo de muerte pequeño pero potencialmente significativo e irreversible. ¿Los riesgos que plantea la versión revisada del ejemplo son distintos de estos? Si no lo son, el argumento a favor de un paternalismo basado sobre la imprudencia es inaceptable.

Tal vez sea más importante advertir que, incluso si aceptamos un argumento paternalista en virtud del cual se exija el acceso de todos a los botes salvavidas, este no explicaría qué resulta problemático (si algo lo es) acerca de la desigualdad en la seguridad a bordo de la embarcación (véase Wolff, 2007). De manera interesante, Schelling sostiene que la incomodidad que provoca el ejemplo del Titanic se debe sobre todo al hecho de que la desigualdad se produjo a bordo del mismo barco. Creo que su planteo tiene argumentos. Para evaluar su validez, basta preguntarse si el ejemplo resultaría igualmente objetable si en una sociedad determinada nadie tuviera acceso a botes salvavidas a bordo de las embarcaciones y en otra todos tuvieran acceso a ellos, teniendo ambas sociedades la misma cantidad de recursos a su disposición. ¿El igualitarismo específico puede ofrecer razones para oponerse a la versión revisada del ejemplo del Titanic? Podría partir del intento de plantear que el significado social de la seguridad es tal que debe distribuirse de manera equitativa entre todos. Pero esto parece poco plausible como una afirmación general; después de todo, se permite que las personas adquieran automóviles que ofrecen distintos niveles de seguridad en caso de accidente. Los automóviles más grandes y más pesados (y a menudo, más caros) no sólo son más seguros para quienes los conducen, sino que también resultan más peligrosos para todos aquellos que conducen automóviles más pequeños y livianos en caso de un eventual choque. Muy pocas personas plantearon alguna objeción a la existencia de ciertas desigualdades en los niveles de seguridad porque las personas conducen distintos tipos de autos. Por supuesto, en el caso de los automóviles existen requisitos mínimos de seguridad. Sin embargo, en mi opinión, para entender la importancia del planteo de estos requerimientos mínimos hace falta ir más allá de las concepciones del igualitarismo específico que analicé y plantear consideraciones que establecen relaciones entre los distintos tipos de bienes.

Tanto las concepciones generales como las específicas del igualitarismo que acabo de esbozar presentan dificultades para explicar las reacciones que suscita la versión revisada del ejemplo del Titanic. Si bien traen a colación factores intuitivamente plausibles para llegar a evaluar la validez de permitir que las personas adquieran pasajes en barcos con distintos grados de acceso a los botes salvavidas –la legitimidad de las posiciones de partida preexistentes, la adecuación de la información de la que disponen las partes y la naturaleza específica de ciertos bienes–, ninguno de estos factores parece relevante en el caso del Titanic. Tal vez, después de todo, sea factible considerar que lo ocurrido en el Titanic en realidad no es objetable.

Sin embargo, considero que es importante prestar atención a otro aspecto tanto del caso real como de la versión revisada que plantea el Titanic, un aspecto hasta ahora faltante en la discusión y en todos los abordajes contemporáneos que investigué. En ambas versiones, los ejemplos del Titanic involucran la participación de personas que traban determinadas relaciones entre sí, personas que interactúan de maneras específicas. En primer lugar, piense en lo que hubiera significado para usted encontrarse en un barco que se hunde, un barco que fue construido y habilitado por la sociedad a la cual pertenece, y allí algunos de sus compañeros de viaje no tienen derecho a ocupar un asiento en su bote salvavidas. La falta de medidas de seguridad suficiente lo situaría en una relación particular con estos posibles invasores. Usted poseería un poder extremo sobre ellos. ¿Los arrojaría fuera del bote a una muerte segura? ¿Les ofrecería apiñarse en el mismo bote a unos pocos por un precio determinado? ¿Concedería plazas a quienes accedan a ser sus esclavos personales? En segundo lugar, más allá incluso de las interacciones cara a cara con el resto de las personas a bordo del barco, de que haya existido la alternativa de sacar un pasaje que no contemplara el uso de los botes salvavidas, esto hace que algunas personas de esa sociedad deban enfrentar elecciones problemáticas, tales como viajar en barcos peligrosos o perder sus empleos. Como ciudadano, usted sería parte del fortalecimiento de estas disposiciones.

En lugar de dar por concluido el debate acerca de la regulación de casos como el del Titanic en virtud del paternalismo, sostendré que se pueden presentar argumentos más sólidos apelando a las condiciones en las cuales los miembros de una sociedad, que cooperan entre sí, pueden interactuar como iguales. Al prohibir que algunas personas adquieran pasajes en un barco sin acceso a botes salvavidas mientras que otros sí disponen de ellos, el Estado está protegiendo las condiciones necesarias para que sus ciudadanos puedan interactuar como iguales. La noción de qué significa interactuar como iguales resulta, desde luego, compleja y exige una mayor elaboración y defensa, tarea que abordaré en el capítulo siguiente.

42 En su célebre libro Igualdad y eficiencia. La gran disyuntiva, Arthur Okun (1975) supone la existencia de una disyuntiva entre la igualdad y la eficiencia, y que el problema consiste en decidir cómo resolverla. Otra visión menos antagónica acerca de la relación entre la eficiencia y la igualdad consta en Birdsall (2005).

43 Sin llegar a una división en partes estrictamente iguales, sus partidarios consideran que la distribución de dichos bienes debería responder a consideraciones igualitarias.

44 Fue Andrew Williams quien me sugirió prestar atención al ejemplo del Titanic. Thomas Schelling (1984) analiza algunos casos Titanic en Choice and Consequence. Jonathan Wolff también ha discutido las implicancias del ejemplo de Schelling en distintos artículos. Véase Wolff (2007). Véase también el análisis que hace Bernard Williams (1985) de este ejemplo en su reseña del libro de Schelling publicada en Economics and Philosophy.

45 A decir verdad, en la mayor parte de Virtud soberana Dworkin formula esta exigencia en términos de “igual consideración” y abandona la formulación anterior de “igual consideración y respeto”. A los fines del presente análisis, supongo que dicho cambio no implica mayores diferencias. Agradezco a Zosia Stemploskowa por haberme señalado esto.

46 Will Kymlicka también defiende la idea de que todas las teorías de justicia contemporánea son de inspiración igualitarista en su libro Contemporary Political Philosophy (2002: 4-5).

47 Desde luego, sería posible manipular la dimensión de la fracción de tierra que recibe cada individuo, pero para eso habría que contar con un modo de determinar en qué casos dos fracciones de diferente tamaño tienen el mismo valor.

48 Dworkin emplea aquí la imagen de una subasta para dar una noción aproximada de los resultados que se obtendrían en un mercado ideal.

49 El modelo se abstrae de todo problema en la circulación de la información, costo de transacción y externalidades. En presencia de tales factores, no podemos asumir que el mercado alcanzaría un punto de equilibrio. Por eso, en los mercados no ideales, la concepción de Dworkin permite cierto margen de intervención para corregir las distorsiones.

50 Así, para Dworkin, una igualdad ex ante (luego de la subasta pero antes de que comiencen los intercambios de mercado) justifica las desigualdades ex post. Según se verá, en mi concepción concedo mucha menos importancia que Dworkin a la igualdad ex ante y mucha más relevancia a la igualdad ex post.

51 Para Dworkin, este supuesto constituye claramente una segunda mejor posibilidad. En términos ideales, se dispondría de información acerca del seguro que cada individuo estaría dispuesto a adquirir al razonar bajo condiciones contrafácticas de ignorancia acerca de sus propios niveles de talento y capacidad. Retomaré sobre esta cuestión más adelante en este mismo capítulo.

52 El propio Ronald Dworkin (2000: 70, 159-161) lo plantea como una potencial objeción en Virtud soberana.

53 La autenticidad y estabilidad de buena parte de las preferencias de las personas constituye un problema particular, visto y considerando el modo en que distintas instituciones –la educación, las instituciones culturales y los medios– influencian y determinan las preferencias humanas desde la niñez hasta la edad adulta. Probablemente, el hipotético mercado de seguros de Dworkin funciona bajo circunstancias en que escasea la información y, por tanto, es posible corregirlos según sus “efectos de talento” y otras distorsiones en la evaluación que se realice. Pero ofrece pocos medios para determinar cuáles de las preferencias de las personas pueden garantizar distribuciones de mercado justas.

54 Dworkin sostiene que no se debería considerar a las personas responsables de sus meros “gustos”. Véase también R. Dworkin (2000: 82, 293).

55 En efecto, Dworkin sostiene que el imperativo de la igualdad de recursos condena cualquier valoración de bienes y servicios basada sobre prejuicios raciales. Pero no desarrolla el criterio que debería guiar al hipotético responsable de la subasta para descartar las preferencias inapropiadas.

56 De todos modos, para una crítica a la concepción que Dworkin plantea de la discapacidad, véanse Tremain (1996) y MacLeod (1998: 79-109). Tremain critica a Dworkin por entender la discapacidad como un rasgo individual antes que el resultado de una interacción entre los rasgos del individuo y el mundo. Por ejemplo, que el hecho de tener movilidad reducida en las piernas constituya o no una discapacidad dependerá en gran medida de las características del entorno: una silla de ruedas y espacios accesibles pueden contribuir a que esta discapacidad particular resulte menos incapacitante.

57 Para un análisis de los problemas que suscita el uso de un modelo compensatorio para rectificar discapacidades, véase Wolff (2002).

58 Muchos teóricos han señalado, con acierto, la importancia del “reconocimiento” y su independencia del problema de la “redistribución”. Véase Fraser y Honneth (2003).

59 No niego con esto que los recursos materiales tengan su función en la inclusión de las personas con discapacidades. Algunos recursos, como los aparatos auditivos para quienes los necesitan y desean utilizarlos, cuestan dinero. Pero el discapacitado no tiene un interés genérico en el dinero per se, sino en virtud de los recursos que le permitirían constituirse como un miembro igual y pleno de la sociedad. El dinero no sustituye el emplazamiento de cabinas de votación accesibles para personas en sillas de ruedas. (Salvo que la idea sea permitir que el usuario de la silla de ruedas pueda contratar a personas para que lo carguen por las escaleras… Pero esto deja de lado la pregunta acerca de por qué los espacios no están diseñados para brindar acceso a estos miembros de la comunidad, al igual que la pregunta acerca de qué ocurre si los recursos distribuidos no son utilizados para la inclusión, tal vez debido a que los costos de inclusión son mayores que la compensación individual.)

60 Esta respuesta a Andrew Williams figura en R. Dworkin (2003: 137).

61 Una extrapolación entre los fenómenos de raza y género podría dar a Dworkin mayor ventaja a la hora de abordar los casos de desigualdad de género dentro de su propia teoría que la que supongo aquí. Un argumento acerca del modo en que la teoría de Dworkin podría plantearse de manera tal que incluya la problemática de la desigualdad de género consta en Browne y Stears (2005).

62 E. Anderson (1999) analiza este tipo de elecciones. Véase también E. Anderson (2006).

63 R. Dworkin (2000: 75) advierte, como al pasar, “podemos tener razones paternalistas para limitar hasta qué punto se puede arriesgar un individuo”.

64 En los últimos tiempos se produjeron interesantes debates acerca del grado de ayuda que debería prestarse a los escaladores que emprenden ascensiones particularmente arriesgadas. Véase William Yardley (2007).

65 En un artículo reciente que analiza la concepción de igualdad de Dworkin, Elizabeth Anderson pide al lector que considere el caso de una persona que asume una ocupación de riesgo, como la minería o el trabajo de bombero. Según Anderson, el modelo de seguros de Dworkin distribuiría los costos de los riesgos que tales tareas suponen entre estos trabajadores individuales, aunque el hecho de que haya personas que elijan estas carreras profesionales responda a un interés general de la sociedad. Desde luego, cuando alguien decide ser bombero, se producen externalidades positivas, por lo que Anderson se ve obligada a concluir que Dworkin asignaría al bombero individual todos los costos que supone este tipo de riesgos, más allá de aquellos que asume el público por los beneficios que aquel produce para ellos. Véase E. Anderson (2006).

66 Véase R. Dworkin (2000: 334-338) que despliega un incisivo debate acerca de los seguros de desempleo.

67 Agradezco a Rob Reich haberme sugerido que en mi crítica separara los aspectos que cuestionan los orígenes y aquellos que cuestionan las perspectivas de confiar en las preferencias individuales como guía de lo que las personas se deben mutuamente.

68 Impedir estos roles de las preferencias es uno de los propósitos fundamentales de las leyes antidiscriminación.

69 Mi análisis aquí se ocupa del modo en que Dworkin recurre al mercado para construir el modelo de una igualdad inicial de recursos. Pero también es posible cuestionar su uso del mercado como mecanismo de distribución luego de la subasta. Por ejemplo, ¿por qué debería permitirse que algunas personas cosechen enormes beneficios por la mera posesión de la tierra? Como advertí en el capítulo 2, esta pregunta inquietaba a Ricardo y a sus seguidores. También: ¿por qué es preciso asumir que el precio que una persona logra obtener del mercado a cambio de su trabajo le corresponde sólo a sí mismo, dada la gran cantidad de recursos sociales necesarios para ello? Para un debate al respecto, véase Freeman (2007).

70 La subasta de Dworkin pretende imitar las propiedades de un mercado ideal. De allí es posible inferir que también él se mostraría a favor de la corrección de desigualdades por externalidades, una circulación imperfecta de la información y demás, aparte de favorecer la intervención para corregir diferencias en los talentos y las capacidades innatas.

71 Es importante no exagerar los beneficios de la eficiencia del igualitarismo general sobre el igualitarismo específico. Se plantean límites pragmáticos al uso redistributivo de los impuestos y la transferencia de los ingresos. Al enfrentar la cuestión de los impuestos sobre sus ingresos, los actores económicos racionales podrían cambiar la relación de preferencias entre el trabajo y el ocio, así como alterar su selección profesional. Según advierte Tobin (1970: 265), “todavía debemos conjurar la realidad del sueño impositivo del economista: el impuesto neto que nadie pueda evitar ni disminuir por medio de cambios en su propio comportamiento”.

72 Véase Roemer (1995), que sostiene que los partidarios del igualitarismo no deberían apoyar un “Estado niñera”.

73 Como ya señalé, Dworkin rechaza fuertemente este tipo de intervenciones.

74 Esto no equivale a decir que las únicas obligaciones del Estado con sus miembros radiquen en sus necesidades más urgentes. Retomaré sobre esta cuestión en el capítulo 4.

75 El argumento se remonta hasta el debate acerca del dinero en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Karl Marx (1978c).

76 Esto no implica que no puedan aceptar una compensación económica por dichos bienes e incluso plantear demandas por los daños y perjuicios que les causara una muerte. La aceptación de una compensación de este tipo en caso de heridas y lesiones, por ejemplo, no implica que las personas crean que sus miembros tienen un valor equivalente en dinero.

77 Analizo el argumento de Titmuss en el capítulo 9. Véase también Healy (2006).

78 R. Dworkin (1983b) desarrolla este argumento de manera bastante contundente en su reseña del libro de Walzer.

79 Dan Hausman y Michael McPherson (1996) analizan el memorándum de Summers en Economic Analysis and Moral Philosophy. Ravi Kanbur (2004) también hace referencia a él en su artículo “On Obnoxious Markets”. Lant Pritchard se ha atribuido la autoría real de este memorándum.

80 De hecho, Schelling sostiene que debería permitirse a los pobres frecuentar aeropuertos y aerolíneas que ofrezcan menores niveles de seguridad de los que exige la gente rica, dado que tal vez prefieran ahorrar el dinero que les permite esta opción por una menor calidad de viaje.

81 En un debate, Steve Darwall señaló que, a diferencia del caso de los riesgos involucrados en el Titanic, el alpinismo y el paracaidismo suponen la búsqueda de determinadas excelencias. Si bien me parece una observación atractiva, no adopto aquí dicha distinción.

4. Mercados nocivos

MERCADOS ABSTRACTOS Y MERCADOS NOCIVOS

¿Qué tendría de malo que hubiera un mercado para cada cosa? ¿Qué características hacen que ciertos intercambios se conviertan, por su naturaleza, en fuente de inquietud y preocupación en tal grado que la sola existencia de mercados de determinados bienes resulte claramente indeseable? ¿En qué casos y por qué es adecuado regular un mercado y cuándo sería mejor obstruirlo? Se trata de preguntas difíciles pero fundamentales, a las que el presente capítulo intentará dar respuesta.

Antes de comenzar, debo hacer algunas aclaraciones acerca del alcance de mi planteo y sus objetivos. En primer lugar, como resultará evidente en función de lo dicho hasta ahora, mi proyecto no comprende una evaluación general del “sistema de mercado”.[82] Los mercados permiten que las personas concreten importantes tareas sociales e individuales bajo condiciones modernas de independencia y diversidad. Mi investigación no se propone plantear cuestiones generales acerca del sistema de mercado ni acerca de los mercados en abstracto. Antes bien, aborda las características específicas de intercambios de mercado muy particulares: aquellos de los que son objeto los órganos humanos, el trabajo infantil, los desechos tóxicos, el sexo y algunos medicamentos que pueden salvar vidas. Los mercados de estos bienes despiertan reservas aun entre los que, en todos los demás casos, muestran gran entusiasmo por el sistema de mercado en general.

En segundo lugar, dejaré de lado toda cuestión relacionada con el racionamiento de los bienes esenciales en las situaciones de escasez extrema, las “elecciones trágicas”, según se las denomina en la literatura jurídica (Calabresi y Bobbitt, 1978). Son casos en que ningún grado de esfuerzo ni monto de dinero logrará producir la cantidad suficiente de determinados bienes que se necesitan con urgencia. Ante este tipo de casos, la distribución de bienes mediante el mercado supone otras consideraciones que las planteadas por los ejemplos aquí analizados, pero lo mismo puede decirse respecto de cualquier sistema de distribución alternativo, ya sea la lotería o según la edad o el mérito.

A continuación, reseñaré lo observado hasta el momento. En el capítulo 1, analizamos el marco teórico dominante en el ámbito de la economía contemporánea, según el cual sólo es lícito intervenir en los mercados cuando hay una falla en su eficiencia.[83] Respecto de los partidarios de este abordaje, podemos trazar cierta distinción entre quienes creen que los mercados perfectamente eficientes constituyen “zonas exentas de moral”, en las que sencillamente no cabe ninguna consideración moral (véase Gauthier, 1986), y quienes se limitan a sostener que no corresponde a los economistas evaluar la moralidad de los mercados. Con todo, es preciso advertir que cuando se produce una falla en un mercado en particular, esta concepción no tiende a favorecer su eliminación. De hecho, la teoría económica es inherentemente imperialista en lo que concierne al alcance del mecanismo de mercado; como ya vimos, suele considerar que la solución a cualquier falla del mercado consiste en una extensión de los alcances del mercado. (Tomemos como ejemplo la invención de los mercados de contaminación para reconocer los costos que las actividades contaminantes suponen para terceros.) Esta teoría no establece ningún límite a los alcances del mercado. Además, tanto la noción de los mercados como la idea de las fallas del mercado se conciben para todos los casos en los mismos términos, lo que supone un fuerte contraste con el abordaje de la economía política clásica analizado en el capítulo 2.

En el capítulo 3, analizamos algunas concepciones contemporáneas proclives a aplicar ciertas restricciones al mercado. Me valí de la obra de Ronald Dworkin para plantear mis críticas a la concepción según la cual, en el contexto de la teoría igualitaria, los mercados necesariamente cumplen una función moral, en tanto convierten a todas las personas en sujetos responsables de la distribución del esfuerzo y los recursos de los que disponen, al tiempo que aseguran que los beneficios que puedan extraer de sus elecciones dependerán de lo importante que sus esfuerzos y recursos resulten para los demás. Según vimos, la teoría de Dworkin en principio no propone ningún motivo para limitar los alcances del mercado respecto de determinados bienes y servicios, salvo, tal vez, en función de consideraciones paternalistas.

También indagamos la convicción dominante dentro del igualitarismo general, que, aunque se muestre crítico de la atención exclusiva que la economía presta a la eficiencia y las fallas del mercado, considera legítimo confiar a los mercados casi todos los dominios. Para alcanzar la distribución igualitarista deseada, sus partidarios plantean la necesidad de recurrir a los mercados para producir resultados eficientes y luego establecer transferencias de ingreso ex post.[84] Al igual que la economía contemporánea, sus defensores tienden a tratar a la mayor parte de los mercados de la misma forma: los mercados de soja no son algo esencialmente distinto de los mercados de órganos humanos. La estrategia básica propuesta para corregir los problemas del mercado es una redistribución de los ingresos, no la obstrucción de algunos mercados ni la redistribución de algunos bienes específicos en especie. Muchos de los partidarios de esta postura también fundan su preferencia de transferencias en efectivo, no en especie, sobre consideraciones antipaternalistas.

Asimismo fue objeto de análisis la perspectiva del igualitarismo específico, que basa su distinción de los mercados –aquellos que resultan aceptables y aquellos que no– sobre el significado de los bienes que negocian. La idea fundamental es que todo sistema de distribución debería tener en cuenta el significado convencional o el mejor significado que fuera posible establecer de los bienes que se procura distribuir. Según vimos, estos autores sostienen que los mercados corrompen la naturaleza de determinados bienes, al negociar con cosas que el dinero no debería comprar.

Las teorías consideradas en los capítulos 1 y 3 plantean importantes nociones que me servirán para mi propio planteo. Las fallas del mercado (entre ellas, las externalidades), la igualdad distributiva y la importancia fundamental del acceso a determinados bienes específicos constituyen factores importantes a la hora de evaluar los mercados (véanse también Treblico, 1997, y Kanbur, 2004).[85] Sin embargo, la teoría que aquí propongo acerca de los límites de los mercados se aparta de ellas. Plantea una noción más matizada de la idea de falla del mercado que tiene en cuenta el modo en que los mercados contribuyen a dar forma a las relaciones interpersonales, entendiéndolos como algo más que una serie de costos económicos que el sistema no logra absorber. Un intercambio de mercado fundado en la desesperación, la humillación o la súplica, o cuyos términos de redención involucran la servidumbre o la esclavitud, no constituye un intercambio entre iguales. Según creo, lo que acecha detrás de muchos mercados nocivos (tal vez de todos ellos) son problemas relacionados con la posición de las partes antes, durante y luego del proceso de intercambio.

En el presente capítulo, pretendo plantear además que algunos mercados resultan nocivos y que es preciso obstruirlos o limitar su funcionamiento de manera muy severa para que las partes puedan ser consideradas iguales en un sentido preciso: como ciudadanos en el marco de una democracia. Planteo este argumento basándome en la obra de Adam Smith y los demás autores de la economía política clásica discutidos en el capítulo 2. Recordemos que estos pensadores reconocen que los mercados, para generar relaciones de libertad e igualdad, requieren de ciertas condiciones preexistentes (especificación y cumplimiento de los derechos generales y de los derechos de propiedad). Los mercados de la economía política clásica no están conformados por los mismos individuos abstractos con deseos particulares que tienden a caracterizar el planteo de la teoría económica contemporánea, sino por campesinos sin tierra y acaudalados señores, y también por empobrecidos trabajadores situados en relaciones de poder asimétricas con sus empleadores. Más importante aún: la economía política clásica entiende que las preferencias, capacidades y relaciones de los agentes acusan la influencia de la estructura y naturaleza de los mercados particulares. Al igual que estos teóricos, postulo una noción de los mercados que reconoce su heterogeneidad y hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta otros valores, además de la eficiencia y la igualdad distributiva concebida en términos limitados. Sin embargo, tal como sostuve en el capítulo 3, también creo necesario rechazar algunos argumentos contemporáneos alternativos que defienden la necesidad de limitar los mercados basándose en el significado social de los bienes que negocian. En mi opinión, el principal problema de los mercados nocivos no es que representen modos inferiores de valorar las cosas (como sostienen quienes vinculan los límites de los mercados a su significado social), sino que socavan las condiciones necesarias para que las personas puedan relacionarse entre sí como iguales. Y sostendré que esto es válido para todos los casos.

MERCADOS NOCIVOS: LOS PARÁMETROS BÁSICOS

Comienzo por postular cuatro parámetros para diferenciar los mercados que las personas tienden a considerar especialmente objetables del resto de los mercados. Varios de estos parámetros son propios de la perspectiva económica, en la medida en que un alto grado de cualquiera de ellos a menudo supondrá un deterioro de la eficiencia. Sin embargo, también existen consideraciones políticas y morales para limitar los mercados nocivos. Por eso, añadir nuevos mercados no siempre constituye la respuesta adecuada a un mercado nocivo. En algunos casos, la meta debería ser restringirlo, no mejorar su funcionamiento.[86]

Los primeros dos parámetros hacen referencia a las consecuencias de los mercados particulares.

1. Algunos mercados producen resultados extremadamente perjudiciales. Esto quiere decir que su funcionamiento produce resultados dañinos, ya sea para los participantes del intercambio o para terceros.[87] Tomemos por ejemplo los intercambios de mercado que conducen al agotamiento de la base de recursos naturales de un país o a incentivar una guerra civil genocida. O el caso de una transacción del mercado de valores que tiene como consecuencia la desaparición de los recursos de una persona.

Desde ya, muchos mercados producen resultados perjudiciales sin generar nuestro rechazo: creemos que las subas y bajas de los precios son fenómenos inevitables. Pero los resultados de algunos mercados son tan negativos, tan extremadamente perjudiciales, que casi siempre despiertan una fuerte reacción. ¿Cuál es ese nivel del daño? Si seguimos un planteo de Ravi Kanbur (2004: 44), es posible considerar como punto de partida natural para la respuesta a esta pregunta el caso de un mercado cuyo funcionamiento deje a una persona en la miseria. Así, por ejemplo, un mercado de granos cuyo funcionamiento condena a algunas personas al hambre por no poder pagar el precio que el libre juego de la oferta y la demanda establece para el grano en cuestión suscitará cierta incomodidad.

Con todo, los mercados también pueden resultar extremadamente perjudiciales para las personas en otros aspectos que van más allá de la indigencia. Amartya Sen (1987) distingue de manera útil entre dos clases de intereses individuales: intereses de bienestar, que conciernen al bien general de una persona, e intereses de agencia [agency interests], que conciernen la capacidad de esa persona de participar en la toma de decisiones de asuntos que atañen a dicho bien. Estos intereses son interdependientes pero distintos. (Un dictador benigno, por ejemplo, podría satisfacer todos los intereses de bienestar básicos de sus ciudadanos.) Esto permite establecer un conjunto de intereses básicos, que determinen niveles mínimos de bienestar y capacidad de acción [agency], y en consecuencia definir los resultados extremadamente perjudiciales de un mercado como aquellos que no satisfacen dichos intereses. La idea de los intereses básicos procura captar la concepción de que una vida humana adecuada y mínimamente digna tiene ciertas características universales, una “línea por debajo de la cual no debe permitirse que nadie se hunda” (Shue, 1996: 18).[88]

2. Además de conducir a daños individuales extremos, ciertos mercados también pueden resultar extremadamente perjudiciales para la sociedad. El funcionamiento de estos mercados puede socavar el marco social necesario para que las personas interactúen como iguales, como individuos de igual posición. Desde luego, entre los filósofos subsisten varios desacuerdos respecto del significado de la expresión “interactuar como iguales”, y también acerca de los alcances de este ideal. Considero que el contenido de este ideal viene dado por las precondiciones necesarias para que los individuos puedan demandarse cosas mutuamente e interactuar sin necesidad de mendigar o ejercer un poder asimétrico sobre otros. Los mercados contribuyen al logro de este ideal, en la medida en que toda demanda de mercado se realiza sobre la base del interés propio y recíproco de las partes.[89] Pero también pueden atentar contra él. Tomemos el caso de aquellos mercados que contribuyen a horadar las capacidades que una persona necesita para hacer valer sus derechos o para participar de la sociedad; este es un problema concreto de los mercados de trabajo infantil y trabajo esclavo, que indagaré con mayor profundidad en la tercera parte de este libro. O pensemos en el caso de aquellos mercados particulares que condicionan a las personas a comportarse de manera servil o dócil, y así las convierten en aceptantes pasivas del statu quo. A contramamo de la economía contemporánea, que considera las capacidades y preferencias de los agentes de un mercado como algo dado, los mercados particulares –como los medios, la educación y el cuidado– ejercen una fuerte influencia sobre ellas. Más aún, influyen sobre ellas de maneras que pueden entrar en tensión con una sociedad de iguales.

Un caso especial está constituido por aquellos mercados que resultan perjudiciales para la legitimación de ambas partes como ciudadanos iguales en el marco de una democracia. Este caso se deriva de la noción mínima de la legitimidad en tanto iguales: tiene que ver con la igualdad de los individuos como agentes que deliberan y participan de la redacción de leyes que luego aplican a sí mismos. Este tipo de igualdad presupone restricciones adicionales a los mercados y a su alcance. Recordemos a James Tobin (1970: 269): “Cualquier buen estudiante del segundo año de posgrado podría escribir una breve monografía que demuestre que las transacciones voluntarias de votos incrementarían el bienestar tanto de los vendedores como de los compradores”. Sin embargo, la legitimidad del proceso democrático depende de la prohibición de este tipo de transacciones. Volveré a referirme a este caso más adelante en este mismo capítulo.

Los otros dos parámetros están relacionados con las fuentes de los mercados particulares, la condición subyacente de los agentes del mercado.

3. Algunos mercados se caracterizan por un conocimiento y una capacidad de acción muy débiles o altamente asimétricos por parte de los participantes. Los resultados de la eficiencia de Pareto suponen que los agentes están totalmente al tanto de las consecuencias de sus acciones y que disponen de toda la información necesaria acerca de los bienes que intercambian.[90] Pero como es de público conocimiento aun para los economistas, estos supuestos no se cumplen en la mayoría de las circunstancias. Cuando alguno de los participantes directos carece de una pieza importante de conocimiento o cuando el mercado muestra serios efectos indirectos sobre las personas no involucradas en las transacciones de mercado, puede haber fallas en la capacidad de acción.[91] Si una o ambas partes de un contrato están erradas acerca de los hechos materiales o acerca de las consecuencias futuras del acuerdo que celebran, no podemos considerar que el intercambio en cuestión constituya una mejora en términos de Pareto.

Desde luego, todos los mercados reales suponen cierto grado de información imperfecta. Pero en algunos casos, esa imperfección deriva en consecuencias extremadamente perjudiciales. Esto tiene mayores probabilidades de ocurrir en los casos en que existe un lapso de tiempo significativo entre el inicio y el término de la transacción.[92] Es difícil predecir las propias preferencias futuras. Tomemos el caso de una mujer que vende su capacidad de tener un niño. Aquí, existen motivos para suponer que una mujer que nunca estuvo embarazada en realidad desconoce las consecuencias que acarrea vender todos los derechos sobre el niño que gesta.

Es obvio que si un contrato plantea potenciales riesgos para alguno de los agentes, eso no significa que este no se vea obligado a respetarlo, caso en que la mayoría de los contratos no se cumplirían. Sin embargo, la falta de información constituyen un factor relevante para la evaluación de los mercados particulares ante la expectativa de resultados perjudiciales; en particular, estas deficiencias sirven para rechazar cualquier intento de justificar una determinada transacción de mercado basada únicamente sobre el hecho de que constituye el resultado de una elección. Por eso, si hay una débil capacidad de acción en el caso de un contrato de gestación subrogada, si llegado el momento la gestante se viera devastada por la sola idea de entregar al niño gestado, probablemente seríamos menos propensos a considerar justificada la ejecución forzada del contrato sólo porque existe el acuerdo.

Si bien la mayoría de los mercados cuya problematicidad reside en una débil capacidad de acción suelen producir resultados extremadamente perjudiciales, es posible preocuparse por este tipo de mercados aun en ausencia de perjuicios. En esta categoría cabría considerar a los mercados de productos para niños, a aquellos mercados que involucran la producción, adquisición y diseminación de información que oculta puntos de vista alternativos relevantes acerca de un asunto político complejo y a todo mercado cuyo producto se base sobre el engaño, incluso cuando esto no produzca ningún daño serio.[93]

Los problemas de capacidad de acción también se plantean en aquellos mercados en que ninguna de las partes afectadas se ve directamente involucrada en la transacción, sino que depende de que otros la realicen en su nombre. En tales casos, no podemos afirmar con total seguridad que la propia parte se vea realmente beneficiada por la transacción. Por ejemplo, en la mayoría de los casos de trabajo infantil los padres realizan la transacción en nombre del niño cuyo tiempo y trabajo son materia de negociación. Muchas formas de trabajo infantil suponen escaso o ningún beneficio directo para el niño trabajador, y a veces interfieren de manera significativa en la capacidad del niño de crecer hasta convertirse en un adulto funcional y saludable (véase el capítulo 7). Entre otros mercados en los que una de las partes afectadas no se ve directamente involucrada como participante de la transacción se cuentan los mercados que comercian con los recursos naturales escasos de una nación (como la madera de los bosques), cuyas consecuencias pueden afectar a las próximas generaciones y a otros habitantes del planeta.

4. Algunos mercados reflejan las extremas vulnerabilidades subyacentes a una de las partes de la transacción. Rousseau sostiene que ningún ciudadano debería ser “suficientemente opulento para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse” (Rousseau, 1988 [1762]: 34). Cuando las personas ingresan al mercado con muy amplias variaciones en los recursos de los que disponen o en sus capacidades de entender los términos de sus transacciones, esto tiene por resultado una vulnerabilidad desigual. En dichas circunstancias, la parte más débil corre el riesgo de ser explotada. Por ejemplo, cuando una persona en situación de extrema pobreza acepta separarse de un bien a precio de remate, aunque este intercambio puede suponer una mejora en su bienestar, es lícito preocuparse, ya que sus circunstancias la volvieron propensa a aceptar una oferta por ese bien que ninguna persona con una alternativa decente estaría dispuesta a admitir. Cuando una persona entra a un contrato en posición de vulnerabilidad extrema, es probable que acepte casi cualquier término que se le ofrezca. Entre los múltiples ejemplos posibles de mercados que explotan la vulnerabilidad de los agentes que participan de la transacción se cuentan los mercados de bienes de primera necesidad en las situaciones en que existe sólo un pequeño grupo de proveedores y aquellos mercados en que los participantes tienen necesidades enormemente desiguales de los bienes que son objeto de intercambio.[94]

Algunos mercados no sólo reflejan las distintas y desiguales posiciones de los agentes del mercado sino que además, por el modo en que operan, las exacerban. Por ejemplo, en Bangladesh hace pocos años se produjo una hambruna cuando el precio del alimento principal, el arroz, subió con gran rapidez y se volvió demasiado caro para los pobres. Por el contrario, los hogares ricos no se vieron afectados por los riesgos que planteaba esta suba de precios, ya que por lo general recibían arroz de sus arrendatarios como pago por el uso de la tierra, de modo tal que tenían una cantidad suficiente para sus necesidades e incluso un excedente para vender (véase Crow, 2001).

En síntesis, es posible evaluar la aceptabilidad o no de un mercado particular teniendo en cuenta dos aspectos concernientes a la fuente de un mercado y otros dos relacionados con sus consecuencias (véase el cuadro 1).

Un nivel alto de cualquiera de estos aspectos, o de varios al mismo tiempo, puede contribuir a que un mercado se considere “nocivo”. Tomemos el caso del mercado de diamantes, cuya venta financia brutales guerras civiles. Muchas personas lo encuentran abominable. En función del análisis aquí establecido, el mejor modo de entender la reacción negativa que suscita este mercado tiene que ver con sus consecuencias extremadamente perjudiciales –prolonga una sangrienta guerra civil en la que mueren miles de personas; de allí el término “diamantes de sangre”– y con la débil capacidad de acción de muchas de las personas que se ven afectadas por el funcionamiento de los mercados que alimentan esa guerra.[95] La incomodidad que generan estos mercados no parece tener nada que ver con el significado social de los diamantes y muy poco que ver con la desigualdad existente en la distribución de los ingresos entre los vendedores y los compradores.

Cuadro 1. ¿Qué hace que un mercado resulte nocivo?

Fuente: débil capacidad de acción

Información inadecuada acerca de la naturaleza y/o las consecuencias de un mercado; ingreso de otros al mercado en nombre del afectado.

Fuente: vulnerabilidad

Mercados de bienes de primera necesidad de los que existen pocos proveedores; mercados que tienen su origen en la pobreza y la indigencia; mercados cuyos participantes tienen una necesidad muy desigual de los bienes que son objeto de intercambio.

Resultado: perjuicios extremos para las personas

Produce indigencia; daña las condiciones básicas de bienestar y/o los intereses de agencia de la persona.

Resultado: perjuicios extremos para la sociedad

Promueve la servidumbre y la dependencia; socava la gobernanza democrática; socava otras motivaciones de consideración.

Al mismo tiempo, si bien en teoría el mercado de cualquier tipo de bien podría resultar nocivo, aquellos que comercian con determinados bienes son más propensos a mostrar un alto grado de estos parámetros. Tomemos el caso de los mercados de bienes que nadie estaría dispuesto a intercambiar, salvo una persona muy desesperada. Algunas personas consideran que la desesperación es un rasgo característico del mercado de riñones, caso que discuto en el capítulo 9.

Es posible incorporar algunos de estos parámetros en el marco de ciertas perspectivas de la economía contemporánea. Por ejemplo, las preocupaciones por los resultados perjudiciales y la falta de información pueden considerarse parte de las consideraciones de la economía del bienestar y la economía neoclásica. Varios autores lo hicieron, en particular Ravi Kanbur y Michael Treblicock, al desmostrar que la teoría económica misma dispone de recursos suficientes para lidiar con muchos mercados problemáticos. Sin embargo, los mercados plantean cuestiones no sólo económicas, sino también de filosofía política. Pueden perjudicar importantes relaciones que las personas entablan entre sí, al permitirles segmentarse y retirarse de una condición común y compartida. Según la perspectiva que aquí planteo, una característica fundamental de la mayoría de los mercados nocivos guarda relación con sus efectos sobre los vínculos entre las personas, en particular la relación horizontal o el estatus de iguales. Para que dos personas tengan estatus de iguales, necesitan reconocerse mutuamente como fuentes legítimas de demandas independientes y ambas deben tener la capacidad de plantear estas demandas sin necesitar del permiso de otro. Esto requiere que ambas personas posean tipos particulares de derechos y libertades, y que cuenten con recursos muy específicos, como determinado nivel educativo.

El estatus de iguales se opone a las nociones de castas, privilegios hereditarios y derechos de nacimiento. Sostiene que todos los individuos tienen el mismo valor moral. Si bien esta idea del estatus de iguales tal vez podría encontrar una interpretación en términos económicos, no resulta sencillo avizorarla. Ingresos y riqueza iguales no garantizan por sí mismos el estatus de iguales, como ya señalé en mi análisis de las personas con discapacidades que fueron marginadas de las posiciones sociales y de los espacios públicos.

¿Por qué debemos impedir que las personas acepten contratos laborales que involucren la esclavitud o que establezcan el trabajo esclavo como medida de compensación en caso de no poder cumplir con los términos establecidos en él? Estas, alguna vez, fueron prácticas comunes; más adelante también demostraré que estas resultan perfectamente compatibles tanto con la teoría de la elección libertaria como con la teoría económica del bienestar.[96] Sin embargo, quienes consideren que el problema de un mercado de trabajo esclavo es su incompatibilidad con una concepción del estatus humano de igualdad tendrán sobrados motivos para prohibir la celebración de este tipo de acuerdos contractuales.

EL ESTATUS DE IGUALES EN LA DEMOCRACIA

Los derechos sociales en su forma moderna implican cierta invasión del contrato por el estatus, la subordinación del precio de mercado a la justicia social, el reemplazo del regateo libre por la declaración de derechos (Marshall, 1977: 122).

Las precondiciones necesarias para satisfacer el estatus de iguales entre los ciudadanos de una democracia resultan aún más exigentes que aquellas indispensables para que las personas interactúen en relaciones horizontales, basadas sobre el interés propio y sobre un mismo valor moral. Según la concepción de ciudadanía elaborada por el teórico social británico T. H. Marshall, la ciudadanía no sólo incluye libertades legales formales, sino también un conjunto de derechos sociales a la atención de la salud, la educación, la vivienda y un ingreso mínimo decente. Considera que tales derechos son necesarios para que alguien se constituya como un miembro pleno de la sociedad a la que pertenece. Creo que no se equivoca: un igual derecho al voto tiene escaso significado efectivo si algunos de los votantes no recibieron la educación necesaria para leer la boleta; la ciudadanía significa poco para quienes viven en la miseria si la sociedad está tan estructurada que les ofrece contadas ocasiones de compartir los beneficios de una vida en sociedad.

A partir de la concepción de Marshall (1977: 78), el estatus de ciudadanos iguales exige que todos tengan: 1) los mismos derechos políticos y libertades básicos, entre los que se cuentan el derecho a la libre expresión y a participar del proceso político; 2) los mismos derechos y libertades en la sociedad civil, incluidos los de propiedad; y 3) los mismos derechos a un umbral de bienestar económico y a “compartir el legado social en su totalidad y vivir la vida de un ser civilizado según los estándares dominantes en esa sociedad”.[97]

Marshall considera la ciudadanía como un estatus dado, no un privilegio cuya consecución depende de la virtud individual. La ciudadanía otorga a todos, dentro de su ámbito de influencia, un mismo conjunto de derechos, sin importar su riqueza ni origen familiar. Si bien los mercados tienen la capacidad de fomentar una ciudadanía como iguales entendida en este sentido, el hecho de que eso ocurra o no dependerá del marco de circunstancias preexistentes, los derechos de propiedad y las regulaciones dentro del cual operan. Un individuo sumergido en la más desesperante pobreza podría aceptar un intercambio que lo obligue a comportarse como un sirviente doméstico las veinticuatro horas del día o vincular su trabajo para obtener un préstamo a tasas tan usurarias que nunca podría terminar de pagarlo. El destino de esa persona no diferiría en mucho del de un siervo feudal.

Al considerar las precondiciones necesarias para una ciudadanía como iguales, resulta importante pensar el problema en términos de prácticas sociales generales, y no de actos particulares. Por ejemplo, tal vez parezca adecuado permitir que una persona trabaje por el salario y la cantidad de horas que elija; sin embargo, quizá deba haber salarios mínimos y leyes de jornada laboral para preservar un umbral de bienestar económico “según los estándares dominantes en la sociedad” (Marshall, 1977: 78) y para potenciar el poder de negociación de los miembros más pobres de la sociedad, y así protegerlos de la explotación y el abuso. Tomemos otro ejemplo: incluso si en una instancia individual parecería sensato que una familia pobre envíe a su hijo a trabajar, la adopción del trabajo infantil como práctica social corriente provoca un descenso de los salarios de los adultos, y así se vuelve casi imposible que los padres pobres decidan no enviar a sus hijos a trabajar. En vez de considerar las opciones de mercado que una persona realiza como variables exógenas, tal vez sea necesario pensar que las opciones que se abren ante ella dependen de la obstrucción de otras opciones de mercado posibles.[98]

La transferencia de ingresos y riqueza no siempre bastará para sostener las condiciones de la igualdad como ciudadanos; en tal sentido, resultan fundamentales los planteos de algunos igualitaristas como Michael Walzer, Elizabeth Anderson y Michael Sandel. Tomemos la posible distribución de la educación primaria y secundaria por medio de un mercado. La falta de educación constituye un resultado extremadamente perjudicial en términos de ciudadanía democrática: una persona que recibe muy poca educación será incompetente como jurado y como votante, y tendrá poco o ningún tipo de acceso a las oportunidades y libertades básicas asociadas a una participación plena en la sociedad. De todas formas, dar dinero, incluso una gran suma de dinero, a un niño que no recibió educación, no compensará esta falta, aunque ese niño (que ya se volvió adulto) tal vez prefiera el efectivo. El dinero no sólo no reemplaza el desarrollo social y personal que una buena educación podría haberle posibilitado, sino que tampoco lo convierte en un ciudadano capaz de participar de manera competente y significativa del proceso de autogobierno democrático. (Tampoco es posible afirmar con certeza que si ese dinero se transfiriera a un padre, este elegiría emplearlo para mantener a su hijo en la escuela. Si bien algunas estadísticas sugieren que muchos padres, cuando disponen del dinero necesario para alimentar a su familia, prefieren mantener a los niños en la escuela, otros podrían ser egoístas o tener poca visión de futuro, tal vez porque carecen de buena información acerca de los costos y beneficios reales de una buena educación si ellos mismos no la recibieron.)

Estos son buenos motivos para no distribuir la educación primaria y secundaria únicamente por medio de un sistema de mercado y para legislar su obligatoriedad. La preocupación por evitar resultados que podrían socavar las condiciones necesarias para que los ciudadanos interactúen entre sí en pie de igualdad plantea un fuerte argumento a favor de garantizar el acceso a cierto nivel de determinados bienes –educación, atención de la salud, oportunidades, derechos, libertades y seguridad física–, aunque algunos ciudadanos prefieran negociar y vender dichos bienes, o la posibilidad de acceder a ellos, al mejor postor. Si bien en muchos casos los mercados pueden suplementar la oferta de este tipo de bienes, lo que quiero decir es que el acceso a estos no debería depender únicamente de las preferencias individuales ni de los ingresos. Las condiciones necesarias para mantener una ciudadanía en pie de igualdad no tienen traducción en términos de un bien genérico como el dinero o el bienestar utilitarista; además de cierto nivel de ingresos, exigen para determinados bienes una distribución en especie y, en algunos casos, que dicha distribución sea más o menos igual.

Sin embargo, yo no propiciaría una distribución por fuera del mercado de la educación o la atención de la salud en función de la idea de que su venta corrompe estos bienes. El derecho público a la educación es compatible, al menos en teoría, con la existencia de un sistema de educación privada complementario o suplementario.[99] Por el contrario, baso mi argumento sobre el planteo de Marshall, según el cual ciertos bienes funcionan como prerrequisitos para una inclusión plena en la sociedad, para ser considerado un miembro en pie de igualdad. Una persona que carezca de cierto nivel educativo, acceso a la atención de la salud o seguridad física no sólo estará mal preparada para dirigir su propia vida y sus valores, sino que también enfrentará impedimentos sustanciales para participar de la economía y de los debates públicos acerca de las elecciones sociales. Será vulnerable a la explotación y manipulación de los demás, y la satisfacción de sus necesidades básicas quedará en manos de la suerte o la voluntad de sus benefactores.

Además de suplementar la distribución por medio del mercado de bienes tales como la educación o la atención de la salud, el propósito de que los ciudadanos sean iguales probablemente plantee motivos para impedir ciertos intercambios por completo. Tomemos la cuestión del voto en el marco de una democracia. Nadie defendería la venta explícita del sufragio individual, aunque alguien pudiera plantear un argumento a favor de que dicha venta es consistente con los imperativos de eficiencia y libertad.[100] La pregunta interesante es por qué, y creo que tiene dos respuestas fundamentales, asociadas cada una de ellas a un ideal distinto de ciudadanía democrática.

Según la primera de estas respuestas, la idea regulativa de una democracia es que todos los ciudadanos participen por igual de un proyecto cooperativo común de autogobierno. Así, todo ciudadano participa junto a los demás en pie de igualdad del proceso de decisión acerca de las leyes y políticas que los gobernarán. No es difícil suponer que la existencia de un mercado de votos daría a los ricos un poder desproporcionado sobre el resto de sus conciudadanos, dado que es mucho más probable que pobre sea quien venda su poder político. De hecho, uno de los motivos por los cuales el voto es secreto es evitar que existan contratos respecto del sufragio, y así proteger a los pobres y vulnerables de la presión de vender su poder electoral. Si los mecanismos de decisión política, regulatoria, judicial y legal estuvieran literalmente en venta, el poder político quedaría concentrado en manos de pocos.

La segunda respuesta apunta en una dirección más republicana, en tanto interpreta la democracia no sólo como un gobierno entre iguales, sino como un medio para determinar el bien común.[101] Según esta concepción de la democracia, las elecciones son actos de co-deliberación política. E incluso si los ricos no lograran monopolizar el mercado de votos, seguiría existiendo una razón para proscribir este tipo de intercambio comercial sobre el fundamento de que una elección no es resultado de la mera sumatoria de intereses privados, sino un acto que se emprende como resultado de un proceso de deliberación colectiva acerca del bien común. La distribución de los votos según las preferencias individuales considera a los ciudadanos como consumidores, no como co-deliberadores.

Ambas concepciones de la democracia exigen la obstrucción de ciertos mercados y la estricta regulación de otros. Las dos obstruirían los mercados de votos, de posiciones en el poder judicial, de posiciones en el poder legislativo y la esclavitud voluntaria. Además –si bien lo harían en distinto grado–,[102] regularían los mercados que rigen la producción y distribución de información política, como también los que controlan el acceso a los cargos legislativos y las oportunidades asociadas a la influencia política. Con todo, podría advertirse una diferencia en el tratamiento del servicio militar como un bien de mercado. Desde el punto de vista de una concepción republicana de la democracia, no deja de ser problemático que los ejércitos voluntarios de hoy compartan algunos atributos con el típico ejército de mercenarios. En la actualidad, el servicio militar no se considera una obligación ciudadana y los soldados provienen de un pequeño segmento de la población, que es en gran medida la clase trabajadora.

Así como una democracia de ciudadanos iguales exige la obstrucción de los mercados de votos o de personas, resulta plausible plantear un argumento similar acerca de la necesidad de obstruir o regular fuertemente otros mercados para que las personas desarrollen las capacidades necesarias para participar de manera efectiva de la sociedad política y civil. Los seres humanos tienen una maleabilidad de la que carecen bienes como las manzanas.[103] Por lo general, no hay necesidad de preocuparse por los efectos no económicos que podría tener el mercado sobre las manzanas que son objeto de intercambio,[104] pero sí hay necesidad de hacerlo si un tipo particular de mercado fomenta o promueve la pasividad, la alienación o el liso y llano egoísmo. Los mercados laborales pueden estructurarse de manera tal que acostumbren a las personas a trabajar bajo coerción y mandato de otras. Los numerosos mercados que comercian las capacidades sexuales o reproductivas de las mujeres (entre los que se encuentran contratos quid pro quo de acoso sexual) amplifican las desigualdades de género, y así consolidan y profundizan estereotipos negativos acerca de las mujeres (véanse los capítulos 5 y 6). Los mercados de educación no regulados son compatibles con la posibilidad de que se trate y se forme a los niños como dependientes serviles. Debemos prestar especial atención a este tipo de casos, en tanto plantean potenciales amenazas para la estabilidad de la reproducción de una ciudadanía democrática a lo largo del tiempo. De hecho, responde a los intereses de un Estado democrático retirar su apoyo a aquellas instituciones que cultiven la subordinación y la servidumbre, aunque estas no son estrictamente ilegales.

REGULAR MERCADOS, OBSTRUIR MERCADOS

¿Cómo podemos decidir el camino a seguir ante un mercado nocivo? Obviamente, el tipo de políticas por adoptar dependerá de la fuente de nocividad de dicho mercado, vale decir, de cuál de los cuatro parámetros se trate. Será preciso adaptar la respuesta a los problemas particulares que plantea dicho mercado. Por ejemplo, ante un mercado que plantee el problema de una débil capacidad de acción, tal vez sea mejor emprender medidas que incrementen el flujo de información. Si el problema estuviera relacionado a una vulnerabilidad preexistente, quizá lo mejor sería redistribuir los ingresos o crear alternativas suplementarias a la provisión de mercado. Regular un mercado suele ser la mejor manera de responder a su carácter nocivo. Al mismo tiempo, es posible que el mejor modo de abordar ciertos problemas de mercado sea interrumpir de plano la capacidad de los agentes de negociar en dicho mercado. Algunos de ellos socavan el contexto social en el que las personas pueden interactuar en pie de igualdad.

En tales casos, no sólo debemos tener en cuenta la distribución, sino también los derechos de propiedad preexistentes de los agentes que participan de la transacción. A modo de ejemplo, echaremos un breve vistazo al problema del trabajo infantil, caso que desarrollaré con mayor detalle más adelante, en el capítulo 7. En el mundo actual, el trabajo infantil suele encontrar sus orígenes en la pobreza. Pero sería una práctica problemática incluso en un mundo sin pobreza. Si bien muchos economistas libertarios suelen entender la libertad como la libertad de participar en el mercado, a menudo omiten el hecho de que los individuos no nacen con las habilidades necesarias para ejercer su capacidad de acción y realizar distintas elecciones (entre ellas, las elecciones de mercado) plenamente desarrolladas. Para alcanzar siquiera un nivel de umbral mínimo en el poder de tomar decisiones, un niño requiere el apoyo de diversas fuentes, incluidos sus padres y el Estado: nutrición, ayuda en el desarrollo de las capacidades que le permiten entender y sopesar alternativas, ayuda para desarrollar la competencia de verse a sí mismo como un agente merecedor de opciones y un nivel educativo adecuado. El trabajo infantil no sólo no promueve el desarrollo de tales capacidades sino que suele impedirlo.

DOS CASOS: EL TITANIC Y LOS DESECHOS TÓXICOS

A partir del marco de referencia que acabo de plantear, me gustaría retomar dos ejemplos ya analizados en este libro: el mercado de seguridad a bordo del Titanic y el memorándum de Larry Summers en defensa de la instauración de un mercado de desechos tóxicos.

Comencemos por el Titanic, y recordemos que a los individuos que reservaron su plaza a bordo del barco se les permitió adquirir pasajes con o sin garantía de acceso a los botes salvavidas en caso de emergencia. Sus elecciones de mercado pueden entenderse en función de sus preferencias, dados los recursos y la información de los que disponían. En el caso del verdadero Titanic, hubo una débil capacidad de acción (basada sobre la información errónea acerca del carácter “inhundible” del barco) y resultados individuales extremadamente perjudiciales (ahogarse cuando el barco se fue a pique). Estas consideraciones ofrecen un sólido fundamento para tratar la distribución desigual de seguridad según el precio del pasaje existente a bordo del Titanic como un caso particular de mercado nocivo.

Pero imaginemos que hay una mayor capacidad de acción y se redistribuyen los ingresos de manera tal que todos los pasajeros pueden pagar el precio de un pasaje de primera clase. ¿Hay alguna razón por la que tendría sentido preferir un sistema más regulado para la distribución de seguridad, por medio del cual se impida a todos los pasajeros tomar decisiones que tal vez podrían tomar de manera individual si esas opciones estuvieran disponibles? Según analicé en el capítulo 3, no creo que el paternalismo brinde un argumento contundente para impedir que las personas tomen o no la decisión de privarse del uso de botes salvavidas a bordo del Titanic.

Por el contrario, el compromiso con una ciudadanía en pie de igualdad presupone ciertos derechos a los cuales los individuos no pueden renunciar por contrato. Esto se debe a que, si fuera posible, algunos de ellos terminarían sujetos a la servidumbre y a la subordinación. Por ejemplo, los empleadores podrían exigir que sus empleados viajaran de la manera más barata posible, aun si esto significara no tener un lugar en los botes salvavidas. Y otros individuos se verían inmersos en situaciones en que deberían tratar a otras personas como menos que iguales; por ejemplo, empujándolas fuera del bote.

Sin embargo, observemos que en este ejemplo podría protegerse a las personas de una situación de servidumbre y subordinación humillante si se plantea un piso de previsión, una red (¿literal?) de seguridad, compatible con las grandes desigualdades (generadas por el mercado) que podrían existir por encima de ese piso. Como ya vimos, en su análisis del ejemplo del Titanic, Thomas Schelling (1984: 115-116) llega a la conclusión de que lo problemático es la desigualdad a bordo del barco, no la falta de un piso adecuado de seguridad: “A todas las personas que deseen arriesgar su vida haciéndose a la mar y no puedan pagar un barco seguro, no debe negárseles la oportunidad de confiar en una embarcación más barata que no cuente con botes salvavidas. Pero si algunas personas no pueden pagar el precio de un pasaje con botes salvavidas y otras sí, no es correcto que viajen en el mismo barco”.

Schelling parece sugerir que, si se permite que un mercado distribuya la seguridad, debe asegurarse que ofrezca a todos el mismo grado de seguridad, o al menos a todos los integrantes de determinada comunidad. Como ya vimos, existe un sólido argumento que vincula la equidad en la distribución de votos a los derechos políticos básicos de una ciudadanía democrática. Pero parece confuso concluir que necesitamos interferir en la distribución de bienes específicos como la seguridad por el bien de la ciudadanía.

Se me ocurren dos motivos fundamentales por los cuales una sociedad democrática podría mostrarse interesada en asegurar la equidad en la provisión de bienes específicos. El primero es que las desigualdades en determinados bienes, tales como la educación y la influencia política, no se llevan demasiado bien con la idea de que las personas son iguales entre sí. Por ejemplo, puede resultar difícil sostener esta convicción si los excesos de una escolaridad privilegiada imponen grandes diferencias en la vida futura de los niños. La educación es un factor demasiado importante para la participación y la inclusión en las instituciones de la sociedad, y las desigualdades relativas pueden confinar a los menos favorecidos a ocupar las posiciones sociales más bajas. La existencia de grandes desigualdades educativas en la calidad de la escuela primaria y secundaria no parece justa porque sugiere que, para la sociedad, algunos niños son mucho menos importantes que otros. Desde luego, la cuestión es materia de debate, en especial el grado de desigualdad educativa compatible con una sociedad democrática. Con todo, lo que intento plantear es que existen instancias en que la desigualdad en ciertos bienes entra en contradicción con la idea de que las personas son iguales a sus pares: huelen sospechosamente a casta, como cualquier otro privilegio. A veces estos bienes quedan determinados por la convención, tal como sostiene Michael Walzer. Por ejemplo, muchos estadounidenses consideran desagradable la idea de instituir un mercado de posiciones en la fila para comprar la entrada en el cine, aunque dicho mercado no alterara su propia posición relativa en la fila. El hecho de que todos, independientemente de sus ingresos, deban esperar su turno en la fila es una convención que llegó a simbolizar la igualdad. (Si alguien tiene alguna duda al respecto, lo invito a que intente colarse en una fila.)

El segundo de estos motivos concierne a los efectos que los mercados tienen sobre la agregación de intereses, fenómeno invocado, según vimos, por la concepción republicana de una ciudadanía democrática. Los mercados permiten que las personas interrumpan las relaciones que sostienen con determinados productores y entablen nuevas relaciones, que encuentren nuevas formas de satisfacer sus preferencias. Albert Hirschman (1970) usa el término “salida” para describir esta función que otorgan los mercados, y esta constituye un mecanismo importante para fomentar la libertad y lograr mejoras en términos económicos (en la medida en que la salida indica cierta insatisfacción, al menos relativa, con la alternativa existente). Hirschman contrapone “salida” a “voz”, término con el cual hace referencia al intento de modificar el comportamiento de otra persona al alertarla de manera directa de la existencia de un determinado problema. Pero podríamos pensar que la voz cumple también otra función: al igual que el voto, la voz desempeña un papel relevante en la construcción y configuración de intereses comunes (Wolff, 2007). La salida habilitada por el mercado podría fomentar en ocasiones los intereses comunes (como cuando los consumidores retiran su apoyo a un producto de mala calidad), pero en otras también podría disminuir las posibilidades de conformar o satisfacer dichos intereses comunes.

Una reciente investigación de Susanna Loeb (2001) acerca del financiamiento educativo ofrece un buen ejemplo de este fenómeno. Entre los varios modelos de financiamiento educativo analizados por la investigadora, hay uno en que los distritos escolares reciben del Estado un subsidio uniforme por alumno y luego se les permite recaudar fondos adicionales sin límite. Si bien este sistema parece atractivo –en tanto permite a los votantes alcanzar el nivel de gasto de su preferencia y al mismo tiempo mantener un nivel de financiamiento mínimo para todos los alumnos–, Loeb sostiene que un modelo semejante podría no ser sustentable porque los distritos más ricos perderían su incentivo para apoyar el financiamiento estatal. Las personas de estos distritos podrían verse racionalmente motivadas a votar por políticos que apoyan una reducción en los niveles de provisión del Estado, en tanto buena parte del presupuesto de sus respectivos distritos se basaría sobre su propia recaudación de fondos privados y sobre impuestos locales. Si esto ocurriera, se vería afectada la capacidad de aquellos que dependen de la escuela pública sobre la base de la provisión del Estado.

Tal como el ejemplo demuestra, la estratificación y la clasificación que inevitablemente produce todo mercado pueden resultar especialmente problemáticas en aquellos casos en que las previsiones de determinada persona de obtener cierto bien importante están estrechamente vinculadas a las decisiones de otra persona. Esto es especialmente válido en el caso de las formas representativas de gobierno. Por ejemplo, si los funcionarios pueden aislar a sus propios hijos de los efectos de una educación pública deficiente o de habitar en barrios peligrosos, es lícito sospechar que apoyar recortes del presupuesto estatal para estas áreas les resultará más sencillo de lo que les resultaría si sus propias familias se vieran afectadas directamente por los recortes.

En un artículo reciente acerca del riesgo, la seguridad y el “enigma que plantea el Titanic”, Jonathan Wolff cita un trabajo de John Adams (1995: 121) que demuestra que el efecto inicial del uso obligatorio de cinturones de seguridad por parte de los conductores pero no de los pasajeros significó un aumento en el número de muertes de los pasajeros. Porque se sentían más seguros, los conductores comenzaron a tomar más riesgos, que influyeron en otros cuyo nivel de riesgo no había cambiado. Wolff (2007) señala que este análisis también se aplica al caso de la seguridad a bordo de las embarcaciones:

Si el capitán tuviera asegurado su lugar en el bote salvavidas, o cuanto menos si se le asegurase un lugar en ellos para las personas a bordo de la embarcación que más le importan, podría tomar un curso más peligroso del que elegiría si no fuera así. Esto es análogo al conocido problema del “riesgo moral” en el ámbito de los seguros, que reducen los incentivos de las personas para proceder con cuidado. Tal vez a esto se deba la regla de que el capitán debe hundirse con el barco o, cuando menos, ser el último en abandonarlo.

Cuando quienes están a cargo de tomar decisiones públicas pueden contratar para sí soluciones privadas en los ámbitos de la educación, la protección policial e incluso la recolección de residuos, esto puede acarrear consecuencias problemáticas en la provisión pública de estos bienes. En la medida en que esto sea cierto, tal vez el mejor modo de asegurar que se tengan en cuenta los intereses públicos es que tanto el público como quienes están a cargo de tomar las decisiones compartan los mismos intereses. En todo caso, tal como demuestra el ejemplo, debemos tomar en consideración los efectos que los mercados podrían tener sobre las motivaciones del accionar de las personas. En ocasiones, permitir que las personas se estratifiquen y segmenten en distintos grupos puede atentar contra la solidaridad necesaria para garantizar la provisión de un bien público.

Sancionar la distribución equitativa de determinados bienes es compatible, al menos en términos teóricos, con el hecho de que su distribución se realice en buena medida a través de mercados regulados. Por otra parte, prohibir un mercado en particular en ocasiones tendrá costos en términos de otros valores que a las personas les interesan; se producirán compensaciones. Señalé una y otra vez que los mercados son motores del crecimiento y que desempeñan una importante función respecto de las condiciones de libertad e igualdad. En algunos casos, los requisitos de una ciudadanía en pie de igualdad nos llevan a establecer un piso para las condiciones de distribución de un bien, sin que esto suponga necesariamente una igualdad estricta. En otros casos, tal vez sea necesario prestar atención no sólo al piso sino también al techo, para limitar el margen de desigualdad aceptable en una democracia saludable. A menudo pesarán sobre estas consideraciones otras de orden empírico, tales como la influencia de dicha desigualdad en las posibilidades futuras de los menos favorecidos. Algunos mercados comercializan bienes que ninguna sociedad democrática puede consentir; otros deben ser regulados, limitados o complementados con otros mecanismos si se desea preservar las precondiciones necesarias para una sociedad democrática.

Volvamos ahora al caso del mercado de desechos tóxicos que Larry Summers propone en el memorándum discutido en el capítulo anterior de este libro. En él, Summers sostiene que la posibilidad de comercializar desechos tóxicos supondrá un beneficio para los países pobres y una mejora de la situación tanto de los países menos desarrollados como de los más desarrollados. A simple vista, el intercambio constituye una mejora de Pareto. Entonces, ¿por qué la difusión pública de este documento despertó semejante indignación? ¿Por qué el mercado propuesto les pareció claramente nocivo a tantas personas? ¿De qué manera el marco de referencia desarrollado en este capítulo contribuye a iluminar la respuesta pública? Los motivos para considerar que la comercialización de desechos tóxicos constituye un mercado nocivo son tres.

En primer lugar, existe una vulnerabilidad desigual en las posiciones de negociación respectivas de los países pobres y ricos. El intercambio de desechos tóxicos reflejaría la desigualdad global. En virtud de esta disparidad, los países ricos podrían explotar las vulnerabilidades de los países menos desarrollados. Un observador crítico tendría motivos para sospechar que, de no ser tan pobres, los países menos desarrollados no aceptarían la transferencia de desechos tóxicos a sus territorios, o tal vez impondrían mejores términos para aceptarlo (véase también Kanbur, 2004: 52).

En segundo lugar, probablemente haya una débil capacidad de acción. Muchos países pobres están regidos por gobiernos corruptos que no representan los intereses de sus ciudadanos. Al aceptar desechos tóxicos a cambio de dinero, estos ignorarían los verdaderos intereses de sus ciudadanos, o al menos de los más pobres y vulnerables. Según advierten Daniel Hausman y Michael McPherson (1996: 200) en su análisis del memorándum de Summers, el documento aplica de manera implícita el criterio de Pareto a las naciones ricas y pobres como si se tratara de una unidad. Los autores consideran que esto constituye “una burla”: si aplicamos el criterio de Pareto para analizar la situación de individuos, algunos de ellos –los más pobres dentro de los países menos desarrollados, en cuyos territorios probablemente desembocarían los desechos tóxicos–, resultarían perjudicados con el intercambio (Hausman y McPherson, 1996: 201). Además de la débil capacidad de acción de los pobres, los líderes de estos países (y también los líderes de los países ricos) tal vez no dispongan de un adecuado conocimiento acerca de los efectos a largo plazo del almacenamiento de desechos tóxicos.

Los problemas de vulnerabilidad y débil capacidad de acción conciernen a las fuentes de este potencial mercado internacional de desechos tóxicos. Pero también cabe preocuparse por sus consecuencias. Por eso, en tercer lugar se presenta la posibilidad de resultados extremadamente perjudiciales para los individuos. El transporte y almacenamiento de desechos tóxicos, al menos bajo algunas de las formas en que se realizan, tienen altas probabilidades de ocasionar consecuencias desafortunadas (Kanbur, 2004). Muchas personas podrían morir o sufrir daños a su salud. Otras formas de desechos tóxicos tal vez planteen el riesgo de un daño severo a futuro. De ser así, las generaciones futuras, que no se constituyen como parte del intercambio, podrían cargar con los costos de esos resultados extremadamente perjudiciales. Además, si los desechos tóxicos se exportasen a países pobres con menor capacidad de monitorear y regular la contaminación, esto conduciría a una mayor contaminación (e incluso un mayor daño) de la que podrían causar si permanecieran en el mundo desarrollado.

Por último, resulta difícil conectar de manera directa estos mercados al parámetro de resultados perjudiciales para la sociedad, es decir, al socavamiento del estatus de iguales. Sin embargo, podríamos preguntarnos si la predisposición del país X a transferir sus desechos tóxicos al país Y no supone la decisión de no tratar con igual consideración y respeto a los ciudadanos del país Y. ¿Los ciudadanos de X mostrarían la misma disposición a transferir sus desechos tóxicos a quienes viven en su propio patio trasero, es decir, a sí mismos? (Desde luego, pueden plantearse preocupaciones similares acerca del emplazamiento de las plantas de tratamiento de desechos tóxicos dentro del territorio de países ricos, por lo general en los barrios pobres.)

LOS LÍMITES DE MI PERSPECTIVA

Mi propuesta analiza los mercados nocivos en términos de posibles resultados extremadamente perjudiciales para los individuos y para la sociedad (entre los que se cuentan el caso particular del estatus de iguales en una sociedad democrática), la débil capacidad de acción (que comprende también los casos de información incompleta) y las vulnerabilidades que otorgan a ciertas personas un grado de poder considerable sobre otras. Establece los fundamentos para una distinción moral entre los distintos tipos de mercado, pero no se basa sobre la naturaleza especial de ciertos bienes, sino en consideraciones que van más allá de los bienes. (De esta forma, según mi planteo, los mercados de crédito o vivienda podrían resultar aún más objetables que los que comercian sexo.) Pero mi perspectiva también muestra serias limitaciones respecto de cuestiones cruciales.

En primer lugar, como ya señalé, el hecho de que un mercado sea nocivo no permite concluir de manera directa que deba ser prohibido por ley. Aun en el caso de un mercado que interfiere con ciertos valores o que atenta contra su promoción, prohibirlo puede ser peor desde el punto de vista de esos mismos valores en términos generales. La respuesta política depende de una evaluación de las alternativas a ese mercado, y también de cuál de los parámetros problemáticos se trate. Algunos mercados son incompatibles con la preservación del estatus de iguales entre los individuos, por lo que deben ser prohibidos; otros son incompatibles con el estatus de iguales en el marco de una democracia ciudadana; otros exigen regulación, incluso una redistribución de los ingresos y la propiedad. Muchos mercados resultan nocivos sólo en determinado contexto, por lo que tal vez en lugar de cambiarlo convenga hacer el intento de modificar su contexto. Incluso en los casos en que al parecer no hay buenos motivos para permitir la existencia de un determinado mercado, prohibirlo puede no ser práctico. Por ejemplo, en el caso de los mercados de drogas como la heroína y la cocaína, en los cuales los costos de transacción son bajos y resulta sencillo garantizar el cumplimiento de los términos de intercambio,[105] puede y de hecho existe un profuso mercado negro, pese a todos los intentos del Estado por obstruir dicho mercado. Por eso, aunque en algunos casos parezca mejor la prohibición de un mercado, en otros resultará más sensato responder a su existencia por medio de leyes que garanticen una red de seguridad, políticas educativas diseñadas para favorecer la difusión de información, mecanismos pensados para aumentar la responsabilidad de los agentes o bien por medio de sistemas impositivos y de transferencia para reducir la desigualdad existente u ocasionada por el mercado. En otras ocasiones, tal vez sea mejor asegurar la existencia de distintos mecanismos del mercado para proveer determinado bien a la par de los mecanismos de mercado.

En segundo lugar, algunos de los parámetros que invoco pueden entrar en conflicto con otros, o con otros valores. Las personas tienen distintas concepciones acerca de la valoración adecuada entre los distintos parámetros, así como entre estos parámetros y otros valores. Por ejemplo, es posible que dos personas no se pongan de acuerdo respecto de si es necesario dar prioridad al aumento de la capacidad de acción o a la disminución de la vulnerabilidad.

En tercer lugar, no aclaro exactamente cómo definir operativamente estos valores; por ejemplo, no especifico una interpretación numéricamente exacta del grado de vulnerabilidad entre los distintos agentes de mercado necesaria para que este sea considerado nocivo. Los parámetros que propongo claramente admiten distintos grados, y queda abierto el debate acerca del nivel de cada uno de ellos en que un mercado particular dejaría de ser aceptable. Por otra parte, el contexto tiene un peso fundamental a la hora de determinar la nocividad de un mercado. Tomemos las grandes desigualdades de riqueza que produce el mercado laboral. Sería posible impedir que estas desigualdades se tradujeran en resultados extremadamente perjudiciales para la ciudadanía igualitaria en una sociedad democrática por medio de leyes que regularan el financiamiento de las campañas políticas, asegurando una distribución justa de los recursos políticos para que la riqueza no se traslade a una casta intergeneracional fija y por medio de regulaciones que tiendan a asegurar un alto ingreso mínimo garantizado para que nadie viva en la pobreza.

En cuarto lugar, debería resultar evidente que la propuesta que planteo es sensible a cualquier cambio que se produzca en las circunstancias existentes, por lo que mercados que hoy resultan nocivos en otras condiciones podrían resultar perfectamente aceptables, o viceversa.

En quinto lugar, debemos admitir que puede haber otros parámetros para evaluar los mercados; en los capítulos anteriores analicé algunos. Hay quienes podrían cuestionar que atribuya tanto peso moral a las reacciones intuitivas suscitadas por los mercados, recordando que alguna vez las personas se mostraron horrorizadas ante la idea misma de un seguro de vida. Tal vez muchas de nuestras reacciones no sean más que un rechazo irracional ante aquello que simplemente no nos gusta. Otros, por su parte, podrían considerar objetables ciertos mercados que en principio no entran en conflicto con ninguno de los criterios propuestos; por ejemplo, un mercado de óvulos de supermodelos o de esperma de ganadores de premios Nobel, o un mercado de bienes cuya venta viole profundos valores religiosos.[106] Por el contrario, mi propuesta presta atención a valores ampliamente compartidos –lo que impide perjuicios y vulnerabilidades extremas– y también consideraciones que los ciudadanos democráticos, con distintos marcos de referencia moral y concepciones de la vida, tienen motivos para juzgar especialmente problemáticas.

El análisis desplegado en este capítulo tiene implicancias precisas para la función de los mercados en las teorías de la igualdad. Los igualitarios deberían prestar atención no sólo a la distribución de cosas, sino también a las personas que las intercambian y las relaciones que establecen entre sí. Muchos mercados reciben un justo reconocimiento como mecanismos de libertad y eficiencia; pero algunos trafican con cosas que ninguna sociedad decente debería permitir que le falte a ninguno de sus miembros; otros profundizan jerarquías de clase y de privilegio objetables y hay otros que socavan los valores democráticos. Al considerar los alcances del mercado, no sólo debemos prestar atención a los resultados distributivos de los distintos mercados sino también a las relaciones que estos posibilitan y favorecen entre las personas.[107] En última instancia, estas cuestiones sobre los límites de los mercados no plantean únicamente preguntas acerca de costos y beneficios, sino acerca del modo en que definimos nuestra sociedad, quiénes somos y qué nos importa.

Desafortunadamente, la mayor parte de los defensores y los críticos de los mercados han trabajado en un nivel de abstracción en el cual todos los mercados funcionan más o menos de la misma manera. Pero cada mercado tiene sus propias características particulares y plantea dilemas morales distintos. La tercera parte de este libro usa el marco de referencia propuesto en este capítulo para analizar con mayor detalle determinados mercados que a muchas personas les resultan problemáticos: los mercados de sexo y reproducción, de trabajo infantil y esclavo, y de órganos humanos.

82 Véase también Kanbur (2004) para un análisis de la distinción entre mercados abstractos y particulares.

83 Las fallas del mercado constituyen un motivo de intervención sólo prima facie: se prefiere una pequeña ineficiencia del mercado antes que una tonelada de papeleo burocrático.

84 Si bien la mayoría de los economistas dedican sus esfuerzos al diseño de un mercado eficiente, su perspectiva no excluye argumentos a favor de la redistribución de la riqueza por parte del Estado en virtud de la igualdad o por otros motivos. Esto no implica que no pueda existir cierta tensión entre ambas perspectivas, en tanto todos los sistemas impositivos existentes imponen distorsiones ineficientes sobre el comportamiento de los contribuyentes.

85 La perspectiva de Treblicock acerca de los mercados hace hincapié en las externalidades, las deficiencias de información y la coerción, mientras que la propuesta de Kanbur presta atención a ciertos resultados extremos para los individuos, la débil capacidad de acción y la desigualdad distributiva, caracterizando tanto los resultados extremos como la desigualdad en los términos de la economía del bienestar.

86 El planteo de motivos políticos y morales para limitar los mercados hace que mi abordaje difiera de los de Michael Treblicock y Ravi Kanbur. Si bien los parámetros que formulo tienen en cuenta algunas de sus propuestas, mi perspectiva formula otra concepción de los resultados perjudiciales y las externalidades, basada sobre una teoría de la igualdad.

87 Desde luego, como ya señalé, muchos mercados promueven el acceso a bienes y servicios al disminuir su precio y ponerlos a disponibilidad de un número mayor de personas que otros sistemas de distribución.

88 El lenguaje de los derechos humanos intenta aprehender la noción de ciertos intereses universales básicos cuya protección resulta especialmente imperiosa.

89 Adam Smith (1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]: 26-27) hace hincapié en esta cuestión en sus célebres comentarios acerca de la propensión humana a “permutar, cambiar y negociar una cosa por otra”: “Cuando un animal desea obtener cualquier cosa […] no tiene otro medio de persuasión sino el halago. El cachorro acaricia a la madre, y el perro procura con mil zalamerías atraer la atención del dueño, cuando este se sienta a comer, para conseguir que le dé algo. El hombre utiliza las mismas artes con sus semejantes, y […] procura granjearse su voluntad procediendo en forma servil y lisonjera. […] En una sociedad civilizada […] reclama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes y en vano puede esperarla sólo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que les pide. […] No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. […] Sólo el mendigo depende principalmente de la benevolencia de sus conciudadanos; pero no en absoluto”.

Un artículo de Elizabeth Anderson (2004) me recordó la importancia de esta cita.

90 En palabras de Milton Friedman (1962: 13), “la posibilidad de coordinación por medio de la cooperación voluntaria se apoya en la proposición elemental –y, sin embargo, a menudo negada– de que ambas partes de una transacción económica se benefician siempre que la transacción sea bilateralmente voluntaria e informada”.

91 Kanbur (2004) analiza el problema de la capacidad de acción.

92 Analizo la comercialización de la gestación subrogada en el capítulo 5.

93 El gasto de la industria en publicidad destinada a niños menores de 12 años ha crecido exponencialmente en la última década, y así pasó de apenas cien millones de dólares en 1990 a más de dos mil millones en 2000. Véase <mediasmarts.ca>.

94 Un esclarecedor debate acerca de la vulnerabilidad de mercado consta en White (2002).

95 Una vez más, para ejemplos véase Kanbur (2004).

96 Escribo “resultan compatibles con” y no “están implícitas en” porque los partidarios de la economía del bienestar no necesariamente se ven obligados a aceptar el trabajo esclavo. Ahora bien, en la medida en que los libertarios consideran que todo derecho es alienable, queda implicada también la permisividad del trabajo esclavo.

97 Analizo las implicancias de la concepción de ciudadanía de Marshall para la educación en Satz (2007a).

98 En todo caso, si esto supone algún tipo de paternalismo, se trataría de una forma de paternalismo colectivo: se restringen las opciones abiertas a los individuos con el propósito de garantizar aquellas necesarias para evitar que se produzca un serio daño social.

99 Sin embargo, la existencia de grandes desigualdades en el ámbito educativo puede socavar la sociedad democrática. Véase un análisis de este planteo en Satz (2007a).

100 Tal vez a ciertos libertarios les encantaría la idea de comprar y vender votos, pero es poco probable que encuentren muchos seguidores.

101 Véase Sandel (2000) para un análisis de la concepción republicana de democracia.

102 Véase Rawls (1999) para el debate acerca de qué constituye una distribución justa de las libertades políticas. Véase también Brighouse (1996).

103 Los mercados laborales pueden tener efectos fuertemente constitutivos sobre las partes involucradas. Según vimos, Adam Smith considera poco probable que un trabajador cuya vida se avoca a tareas insignificantes y serviles sobre las que no tiene voz ni autoridad desarrolle las capacidades necesarias para funcionar como un ciudadano activo. (Tampoco es probable, si se le presenta la oportunidad, que sea un trabajador leal. De hecho, varias investigaciones demuestran que para que exista un alto grado de esfuerzo y lealtad por parte del trabajador es necesario apartarse sustancialmente del tratamiento del trabajo como mercancía pura.)

104 De todos modos, acerca de los efectos que tiene la producción industrial de alimento a gran escala en la calidad del alimento producido, véase Pollan (2006).

105 En este tipo de mercados, es sencillo garantizar el cumplimiento de los términos porque el intercambio se produce de manera casi instantánea en el tiempo y existen sanciones privadas efectivas en caso de incumplimiento.

106 Eric Rakowski me comentó el ejemplo de los óvulos de supermodelos en una conversación. Un sitio de subastas en internet había afirmado vender óvulos de bellas modelos al mejor postor. Aunque luego se demostró que se trataba de un fraude, el sitio logró registrar ofertas de hasta cuarenta y dos mil dólares, lo que demostró que algunas personas estaban dispuestas a formar parte de ese mercado.

107 Debemos tener en cuenta que existen muchos procesos de decisión distributiva que no dependen del gobierno ni del mercado. Entre otros, se cuentan la distribución por medio de obsequios, la lotería, el mérito, la regulación intrafamiliar de trabajo y reparto del dinero, y conforme otros principios tales como la vejez y la necesidad.

Parte III

Los mercados y los límites éticos

5. Los mercados de trabajo reproductivo de la mujer[108]

En las últimas décadas, la sociedad estadounidense comenzó a experimentar con mercados que comercian el trabajo reproductivo de la mujer, junto a los mercados de óvulos de mujeres. Muchas personas consideran que los mercados de trabajo reproductivo femenino, como ocurre en el caso del contrato de embarazo,[109] resultan más problemáticos que otros mercados laborales vigentes en la actualidad. La denomino “tesis de la asimetría” porque sus defensores sostienen que debe haber cierta asimetría en el tratamiento que se da a los mercados de trabajo reproductivo y el que reciben los mercados de otras formas de trabajo. Los partidarios de la tesis de la asimetría sostienen que tratar al trabajo reproductivo como una mercancía, como algo sujeto a los principios de oferta y demanda que gobiernan los mercados económicos, es peor que hacerlo con otras formas de trabajo humano. ¿Es válida esta tesis? Y si lo es, ¿por qué? ¿Puede contribuir la caracterización de los mercados nocivos planteada en el capítulo anterior al análisis de este caso en particular?

Creo que la tesis de la asimetría logra dar cuenta de una fuerte intuición social y ofrece un argumento plausible contra el embarazo contractual. En el presente capítulo, me propongo analizar de manera crítica las distintas formas de defender la tesis de la asimetría y ofrecer una fundamentación alternativa, basada sobre la idea del estatus de iguales (véanse E. Anderson, 1990, Overall, 1987, Warnock, 1985, Field, 1988, Corea, 1985, Pateman, 1988 y Radin, 1996). Muchas feministas sostienen que la tesis de la asimetría es válida porque instintivamente creen que el trabajo reproductivo de la mujer constituye un tipo particular de trabajo que no debe tratarse conforme a las reglas del mercado. Trazan una tajante línea divisoria entre el trabajo reproductivo de la mujer y el trabajo humano en general: mientras que el trabajo humano puede ser objeto de compra y venta, el trabajo reproductivo de la mujer, intrínsecamente, no es una mercancía. Desde este punto de vista, el embarazo contractual supone la extensión del mercado dentro de la esfera privada de la sexualidad y la reproducción, y se considera impropia esta intrusión de lo económico en lo personal: no respeta la naturaleza intrínseca y especial del trabajo reproductivo. Según lo expresa una autora (E. Anderson, 1990: 75), “cuando se trata el trabajo de la mujer como una mercancía, se degrada a la mujer que lo realiza”.

El embarazo contractual se ofrece como un caso testigo que permite evaluar las concepciones usuales acerca de la imposición de límites a los mercados basada sobre el significado o la naturaleza intrínseca de dicho trabajo. En mi opinión, es erróneo defender la tesis de la asimetría a partir de este tipo de nociones. Si bien comparto la intuición de que los mercados que comercian con el trabajo reproductivo de la mujer resultan más problemáticos que otros mercados laborales, creo necesario ofrecer una interpretación alternativa de los fundamentos que sustentan esta convicción. El análisis que desarrollaré a continuación tiene cuatro grandes partes. En la primera, analizo de manera crítica los argumentos construidos sobre la noción de que el trabajo reproductivo constituye una forma de trabajo única y excepcional. Sostendré que no existe distinción alguna entre el trabajo reproductivo de la mujer y el trabajo humano que sea relevante para el debate acerca del embarazo contractual. Más aún, sostendré que la venta del trabajo reproductivo de la mujer no constituye una situación degradante ipso facto. Antes bien, sólo resulta problemática en el marco de un determinado contexto político y social.[110] En la segunda, analizo de manera crítica los argumentos que fundan la tesis de la asimetría en la naturaleza del amor parental. En este caso, el apoyo a la tesis de la asimetría se derivaría, supuestamente, del vínculo especial que se establece entre madre e hijo: el vínculo entre madre e hijo vendría a ser distinto del vínculo que se establece entre un trabajador y el producto de su esfuerzo. En respuesta a ello, sostendré que el vínculo entre madre e hijo es aún más complejo de lo que suponen quienes se oponen al embarazo contractual y que, además, el embarazo contractual no hace que los padres (o ninguna de las demás partes involucradas en el contrato) consideren a los niños resultantes una mercancía. En la tercera parte, analizo las preocupaciones planteadas acerca de posibles consecuencias extremadamente perjudiciales para los niños que son fruto de un embarazo contractual. Para mí, la validez de dicho argumento tiene cierto mérito, aunque está lejos de ser cierta. En esta sección, señalo también algunas analogías entre el contrato de embarazo y la creciente industria de servicios reproductivos, en particular la fecundación in vitro, que despierta preocupaciones similares.

Las primeras tres partes de este capítulo plantean que los distintos motivos que la bibliografía existente aduce para prohibir el embarazo contractual en función de lo especial de su naturaleza son inadecuados. Con todo, el contrato de embarazo parece plantear cuestiones más problemáticas que otros tipos de contrato laboral. La gran pregunta es cuáles son las bases y la significación de esta intuición, y qué puede decirse a favor de la tesis de la asimetría, aparte de la conformidad con nuestras intuiciones.

En la cuarta parte sostengo que la tesis de la asimetría es cierta, pero que no se entendió de manera cabal el motivo de su validez. Debería defenderse en función de un sustento externo, y no intrínseco o esencialista. A partir de la teoría esbozada en este libro, sostendré que la explicación de esa incomodidad intuitiva ante el embarazo contractual debe buscarse precisamente en la desigualdad de género, hegemónica en la sociedad. Los mercados de trabajo reproductivo de la mujer son problemáticos porque reconfirman las jerarquías de género –el estatus desigual entre los hombres y las mujeres– de un modo que otros mercados laborales aceptados no lo hacen. Fundo entonces mi defensa de la tesis de asimetría en el modo en que el contrato de embarazo valida las relaciones sociales asimétricas de jerarquía y desigualdad de género existentes en la sociedad estadounidense. Sin embargo, es posible que el embarazo bajo contrato resulte problemático también por otras características no relacionadas con las cuestiones de género. Además, puede plantear cuestiones relacionadas con las desigualdades raciales y con ciertos efectos perjudiciales sobre los demás hijos de la madre gestante (véanse Allen, 1990, Overvold, 1988 y Kane, 1988). No profundizaré aquí en tales cuestiones que, de todos modos, habrá que abordar para elaborar un argumento acabado contra el embarazo bajo contrato.

LA NATURALEZA PARTICULAR DEL TRABAJO REPRODUCTIVO

Muchos y muy distintos ataques contra el embarazo contractual comparten la misma premisa: el trabajo reproductivo se diferencia de otros tipos de trabajo por su naturaleza intrínseca. Estas críticas sostienen que no es un trabajo como cualquier otro. Plantean que, a diferencia de lo que ocurre con otras formas de trabajo, no es apropiado tratar al trabajo reproductivo como una mercancía. Denomino a esta la “tesis esencialista”, en tanto sostiene que el trabajo reproductivo es algo que, por su naturaleza, no debe ser objeto de compra ni de venta.

A diferencia de la tesis esencialista, recordemos que las teorías de la economía moderna tienden a tratar al mercado como “algo que teóricamente lo abarca todo”.[111] Para estas teorías, todos los bienes y capacidades, al menos en principio, constituyen mercancías intercambiables.[112] Si aceptamos esta lógica económica en el ámbito del comportamiento humano, parece obligatorio respaldar un mundo en el que todo está potencialmente en venta: los órganos humanos, el trabajo reproductivo, los desechos tóxicos, los niños e incluso el voto (Nozick, 1974: 331). La idea de un mundo semejante causa rechazo a muchas personas. ¿Pero cuál es exactamente el problema que esta posibilidad nos plantea? Los partidarios de la tesis esencialista ofrecen un punto de partida para el contrataque: no todos los bienes humanos son mercancías. El trabajo reproductivo humano, en particular, no debe ser tratado como tal. Cuando se paga por trabajo reproductivo en el mercado, se lo valora de manera inapropiada.

La tesis esencialista respalda la tesis de la asimetría. Considera que la naturaleza del trabajo reproductivo difiere de manera fundamental de la del trabajo humano en general. Los defensores de esta tesis sostienen que el trabajo reproductivo de la mujer debe ser respetado, y no utilizado (E. Anderson, 1990: 72). ¿Qué tiene de particular este trabajo para merecer un trato diferencial que impida el uso del mercado?

Algunas versiones de la tesis esencialista hacen hincapié en las características biológicas o naturales del trabajo reproductivo de la mujer:

El trabajo reproductivo de la mujer tiene un componente genético y gestacional.[113] Las demás formas de trabajo no suponen una relación genética entre el trabajador y el producto de su esfuerzo.

Mientras el trabajo humano suele ser voluntario en casi todos sus pasos, muchas de las etapas del proceso reproductivo son involuntarias. La ovulación, la concepción, la gestación y el nacimiento ocurren sin dirección consciente por parte de la madre.

El trabajo reproductivo abarca un período de aproximadamente nueve meses; las demás formas de trabajo no demandan un compromiso de tan largo plazo.

El trabajo reproductivo involucra importantes restricciones al comportamiento de una mujer durante el embarazo; las demás formas de trabajo son menos invasivas respecto del cuerpo del trabajador.

Sin embargo, estas características del trabajo reproductivo no sustentan la tesis de la asimetría.

Respecto de la relación genética entre el trabajador y el producto de su trabajo, la mayoría de las críticas objetan el embarazo contractual aunque la denominada “subrogante” no sea la madre genética del niño. De hecho, muchas críticas consideran más problemática la “subrogación gestacional” –en la que se implanta en el cuerpo de una mujer un embrión formado in vitro a partir de gametos donados– que aquellos casos en que la subrogante es también la madre genética del niño (véase Pollit, 1990). Por otra parte, los hombres también tienen lazos genéticos con sus hijos y, sin embargo, muchos defensores de la tesis de la asimetría no se oponen a la venta de esperma.

Respecto del grado en que el trabajo reproductivo puede ser involuntario, existen muchas otras formas de trabajo en que los trabajadores no tienen control sobre el proceso; en el caso de la producción en serie, por ejemplo, es habitual que los obreros no puedan controlar la velocidad de la línea de montaje y que no tengan ningún tipo de participación en el propósito general de la actividad que están desarrollando.

Respecto de la duración del contrato, algunas formas de trabajo suponen contratos de duración aún mayor, por ejemplo los contratos editoriales y los acuerdos contractuales de servicio militar. Al igual que los de embarazo, se trata de contratos a los que no se puede renunciar de un día para el otro. Sin embargo, suponemos que la mayoría de los defensores de la tesis esencialista no tienen objeción contra los contratos editoriales comerciales.

Respecto de la invasión del cuerpo de la mujer, el trabajo no reproductivo también puede suponer distintas formas de incursión en el cuerpo del trabajador. A modo de ejemplo obvio: los deportistas firman contratos que les otorgan a los propietarios de los equipos un control considerable sobre su dieta y su comportamiento, y además les da derecho a realizar pruebas periódicas de sangre para la detección de drogas. Sin embargo, la venta de sus capacidades deportivas no despierta demasiada controversia.[114] La venta de sangre también entraría en conflicto con una condición no invasiva. De hecho, si dejamos de lado el componente genético del trabajo reproductivo, el servicio militar voluntario comparte todas las demás características invocadas por quienes se oponen al embarazo contractual. ¿Realmente nos interesa objetar este tipo de servicio militar sobre fundamentos esencialistas?[115]

Carole Pateman plantea otra defensa de la tesis de la asimetría como fundamento para un argumento contra el embarazo contractual. En vez de hacer hincapié en las propiedades naturales y biológicas del trabajo reproductivo, sostiene que este tipo de trabajo de la mujer es más “integral” para su identidad que las demás capacidades productivas que tiene. Pateman (1988: 207) hace un primer planteo de este argumento respecto de la prostitución:

El ser mujer se confirma también en la actividad sexual, y por eso cuando una prostituta contrata el uso de su cuerpo lo que hace es venderse en un sentido muy literal. La prostitución abarca al yo de la mujer de una manera distinta de la que abarcan su yo otras ocupaciones. Los distintos tipos de trabajadores pueden sentirse más o menos “atados a su trabajo”, pero la conexión integral que existe entre la sexualidad y el sentido del yo obliga a la prostituta, para protegerse a sí misma, a disociarse de su uso sexual.

La objeción de Pateman contra la prostitución se basa sobre la afirmación de una relación íntima entre la sexualidad de la mujer y su identidad. La autora cree que, en virtud de dicho vínculo, no hay que tratar al sexo como una mercancía enajenable. ¿Esta afirmación es válida? ¿Cómo se decide cuáles de los atributos o capacidades de una mujer son esenciales para su identidad y cuáles no? En especial, ¿por qué debemos considerar a la sexualidad como una parte más constitutiva del sujeto que la amistad, la familia, la religión, la nacionalidad y el trabajo?[116] Después de todo, en todas estas esferas se acepta cierto grado de mercantilización. Los rabinos y los sacerdotes consideran característica fundamental de su identidad su religión, pero suelen aceptar pagos por realizar servicios religiosos. Según Pateman, ¿todas las actividades englobadas en estas esferas y por ende, en una relación íntima con la identidad de una persona deberían estar exentas de su participación en el mercado?

El argumento de Pateman parece apoyar la tesis de la asimetría al sugerir que la sexualidad de una mujer está más íntimamente relacionada a su identidad que sus otras capacidades. Pese a todo, no aporta argumentos explícitos que respalden dicha afirmación. De hecho, por momentos su argumento no parece respaldar la tesis de la asimetría sino una tesis más general contra la compra y venta de aquellas capacidades íntimamente ligadas a la identidad de las personas. Sin embargo, ese argumento general no sería plausible. No permitiría que los individuos vendan sus cuadros ni los manuscritos de sus libros.[117] Impediría que las personas que aman sus profesiones cobren por sus servicios.

El Warnock Report on Human Fertilisation and Embryology (Warnock, 1985: 45), elaborado por encargo del gobierno británico, vincula el trabajo reproductivo a la dignidad de la persona al sostener que “resulta inconsistente con la dignidad humana que una mujer haga uso de su útero para obtener un beneficio financiero”. Pero ¿por qué vender el uso del útero de una mujer atenta contra su dignidad, mientras que la venta del uso de imágenes de su cuerpo en la televisión comercial no lo hace?

El argumento del Warnock Report apela a la idea de que la sexualidad y la reproducción de la mujer merecen cierto tipo de respeto. Estoy de acuerdo con la premisa, pero la sola idea del respeto no implica que el trabajo reproductivo no deba ser tratado como mercancía. Según vimos en el capítulo 3, en ocasiones las personas venden cosas que respetan. Por ejemplo, en mi caso, considero que mis talentos como docente merecen respeto, pero esto no significa que me oponga a recibir un pago por dar clases. Poner un precio a mi trabajo como docente no va en mengua de los otros modos en que mi enseñanza tiene valor. Poner un precio a mi trabajo como docente no mengua el sentido en que yo tengo valor.

Creo que es un grave error hacer hincapié, como el Warnock Report, en preservar algunos valores culturales sin examinar de manera crítica las circunstancias sociales específicas en que aparecen dichos valores. Tal vez la idea de que la venta de las capacidades sexuales o reproductivas resulta “degradante” no sea sino un reflejo de los intentos de esa sociedad por controlar a las mujeres y su sexualidad. Por lo menos debemos tener en cuenta las relaciones entre determinadas concepciones de la sexualidad y el mantenimiento de las desigualdades de género. Esto es especialmente importante en la medida en que existe un fuerte argumento a favor del embarazo contractual fundado en el supuesto empoderamiento de la mujer.

LOS VÍNCULOS ESPECIALES DE LA MATERNIDAD

A veces, quienes se oponen a los contratos de embarazo no tienen en mente los efectos de este tipo de acuerdos en la relación entre el trabajo reproductivo y la noción del yo de la mujer, sino en las nociones de esa mujer (y las nuestras) de los vínculos madre-feto y madre-niño. Según esta perspectiva, el error de convertir en mercancía el trabajo reproductivo es que corrompe la maternidad, las relaciones entre las madres y su cría. Más aún, conduce a una visión de los niños como objetos de intercambio.

MADRES Y FETOS

Algunos detractores del embarazo bajo contrato sostienen que la relación entre la madre y un feto no es meramente bioquímica o una cuestión de conexión física contingente. También señalan que esa relación es distinta de la que existe entre un trabajador y el producto material de su esfuerzo. Los largos meses de gestación y la experiencia del parto son parte del proceso de conformación de una relación con el niño por nacer. Elizabeth Anderson plantea este argumento. Sostiene que la transformación del trabajo reproductivo en mercancía convierte al embarazo en una forma de trabajo alienada de la mujer que lo lleva a cabo; la venta de su trabajo reproductivo aliena a la mujer de sus emociones “normales” y justificadas (E. Anderson, 1990: 81). En vez de considerar el embarazo como una relación progresiva con un niño por venir, el embarazo contractual refuerza la visión de una mujer embarazada como una mera “casa” o “ambiente”.[118] Así, la venta del trabajo reproductivo distorsiona la naturaleza del vínculo existente entre la madre y el feto, y representa de manera errónea la naturaleza del trabajo reproductivo de la mujer como una mercancía. ¿Qué podemos decir de este argumento?

Sin duda, hay algo de cierto en la afirmación de que los contratos de embarazo podrían reforzar la imagen de las mujeres como máquinas de hacer bebés o meros vientres. En varias resoluciones judiciales respecto de contratos de embarazo se advierte la tendencia a reconocer el aporte de la mujer a la reproducción sólo en la medida en que resulte idéntico al del hombre: en términos de su donación de material genético. Estos fallos ignoran de manera explícita el trabajo gestacional que implica la reproducción. De este modo, Mary Beth Whitehead pudo recuperar sus derechos parentales en el caso de la “Bebé M” –537 A2d: 1227 (Nueva Jersey, 1988)– porque la Corte Suprema de Nueva Jersey reconoció su contribución genética; el hecho de que fuera la madre gestacional no fue decisivo.[119]

Sin embargo, como expondré más adelante, cualquier inquietud por esta subestimación del trabajo reproductivo de la mujer encontrará su mejor planteo en términos del principio de igualdad. Al tratar el aporte reproductivo de la mujer como idéntico al del hombre, en realidad la mujer no recibe un trato igualitario. Sin embargo, quienes conceptualizan el problema de los contratos de embarazo en términos de la degradación de la relación madre-feto, y no en términos de la igualdad entre los hombres y las mujeres, tienden a interpretar la práctica social del embarazo en términos del “instinto” maternal, un vínculo sacrosanto que tendría lugar entre la madre y el niño en gestación. Pero no todas las mujeres establecen vínculos con sus fetos. Algunas abortan.

De hecho, quienes recurren al vínculo entre madre y feto para condenar los contratos de embarazo y al mismo tiempo respaldan el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo en materia de aborto se ven ante un dilema explícito que los obliga a sostener, por conclusión lógica, que es aceptable abortar un feto pero no venderlo. Si bien el Warnock Report no sienta ninguna posición respecto del aborto, al considerar el embarazo contractual se remite a las leyes de aborto existentes como términos de referencia. Dado que el aborto hoy es legal en Inglaterra, la posición del Warnock Report tiene una consecuencia paradójica: se puede matar a un feto, pero no se puede celebrar un contrato para venderlo.[120] Una respuesta posible a esta objeción es sostener que las mujeres no establecen un vínculo con sus fetos en el primer trimestre. Pero lo cierto es que algunas mujeres nunca logran hacerlo; algunas ni siquiera logran relacionarse con sus bebés luego de dar a luz.

¿Se sabe a ciencia cierta qué emociones involucra “normalmente” un embarazo? La sociedad representa a la mujer casada como un ser devoto y altruista, mientras que a lo largo de la historia estigmatizó a la madre soltera como una persona egoísta, neurótica y despreocupada por el bienestar de su hijo. Hasta hace poco existía una fuerte presión social para que las solteras entregaran a sus hijos luego del parto. Paradójicamente, mientras que las casadas que abandonaban a sus hijos eran consideradas “anormales” e insensibles, las solteras que no conseguían entregarlos eran consideradas egoístas (véase Rich, 1976). Las distintas suposiciones acerca de qué constituye un vínculo materno “normal” refuerzan en realidad concepciones tradicionales acerca de la familia y el papel adecuado para la mujer en ella.

MADRES E HIJOS

Un argumento algo distinto contra el embarazo contractual sostiene que los mercados de trabajo reproductivo de la mujer suponen la transformación de los niños en mercancías. Una vez más, se recurre a la naturaleza especial de la reproducción para apoyar la tesis de la asimetría, al sostener la incompatibilidad del amor materno con las relaciones de mercado. Los niños deberían ser amados por sus madres, pero la subrogación comercial responde a otras motivaciones (y las promueve). De hecho, estas críticas sostienen que los mercados de trabajo reproductivo dan a las personas la oportunidad de “comprar” niños. Las potenciales parejas infértiles buscarán acuerdos que “maximicen” el valor de sus bebés en términos de mercado, teniendo en cuenta elementos como el sexo, el color de ojos y la raza. Tener hijos sobre la base de este tipo de preferencias refleja una concepción degradada de la paternidad, en tanto impone actitudes comerciales dentro de una esfera usualmente gobernada por el amor.

¿Cuáles son los motivos por los cuales las personas deciden efectuar un contrato de embarazo? Hasta donde sabemos, la mayoría de las parejas y personas solteras que recurren a la subrogación no quieren otra cosa que tener un hijo “suyo”; es decir, que esté genéticamente vinculado a ellas. Más aún, respecto de la acusación de comprar niños, cabe advertir que el sistema de adopciones vigente refleja las preferencias de las personas acerca de la raza, el sexo y las capacidades de sus futuros niños; a un niño negro de edad avanzada, por ejemplo, le cuesta mucho más conseguir padres adoptivos que a un bebé o niño pequeño blanco. Sin duda, estas preferencias pueden resultar objetables, pero no abundan las personas que sostienen que no debería permitirse a las parejas elegir el niño que van a adoptar o que debería prohibirse la adopción porque permite este tipo de preferencias (de todos modos, véase Fogg-Davis, 2005). Por el contrario, se regula la adopción para proteger los intereses básicos del niño y se prohíbe, por ejemplo, el pago de aranceles diferenciales a las agencias en función de las características individuales del niño. ¿Por qué no podría regularse de la misma forma el contrato de embarazo?

Quienes deseen respaldar la tesis de la asimetría y apelen a un argumento fundado sobre la naturaleza del amor maternal se verán obligados a sostener un duro planteo acerca de la relación entre el amor y los mercados. En especial, deberán afirmar que aun los mercados de servicios reproductivos regulados harán que los padres amen a sus hijos por los motivos equivocados: el amor estará condicionado al hecho de que el niño tenga el conjunto de características físicas “correctas”. Sin embargo, sospecho que la mayoría de los padres que reciban a un hijo por medio de un contrato de embarazo lo amarán incluso si sus características no son exactamente las esperadas.

Si bien comparto la sensación de que la actitud de “compra” plantea aspectos problemáticos en la esfera de las relaciones personales, lo considero un asunto completamente ajeno a la discusión acerca de si deberían o no obstruirse por ley los mercados en que podría llegar a expresarse dicha actitud. Por ejemplo, en las sociedades contemporáneas los individuos buscan parejas en función de atributos que van desde una raza y una altura específica hasta que compartan el gusto por la música de Chopin. ¿Habría que prohibir por eso los servicios de citas?

Algunas críticas asocian el contrato de embarazo a la venta de bebés. Un argumento muy popular sostiene que en esta modalidad la mujer vende no sólo sus servicios reproductivos sino también a su bebé. Dado que vender bebés es malo, este tipo de argumento adopta la forma del siguiente silogismo: vender bebés es malo y el contrato de embarazo es una forma de vender bebés; luego, es malo; el Warnock Report (Warnock, 1985: 45), entre otros, formula esta acusación.

Pero ese es un argumento falaz. Los contratos de embarazo no conceden a los padres (o a las madres contratantes, es decir, mujeres infértiles o incapaces de concebir por cualquier otro motivo) derechos de propiedad absolutos sobre el niño. Incluso si hubo un pago por su concepción, el niño no puede ser tratado como una mera mercancía. El padre (o la madre contratante) no puede, por ejemplo, destruir o abandonar al niño. Él (o ella) está sujeto (o sujeta) a las mismas normas y leyes que rigen el comportamiento de cualquier otro padre biológico o adoptivo. Permitir que las mujeres vendan por contrato sus servicios reproductivos no supone la venta de bebés si por eso se entiende algo cercano a la esclavitud.

Anderson (1990: 78) sostiene que el contrato de embarazo constituye una forma de venta de bebé debido al trato que este tipo de acuerdos dispensa a los “derechos de la madre sobre su hijo”. En efecto, estos contratos exigen que la madre desista de sus derechos parentales sobre el niño. Más aún, pueden ser ejecutados contra la voluntad de la madre. Anderson sostiene que, de hecho, obligar a una mujer a separarse de su hijo y a ceder sus derechos parentales por medio de la venta supone tratar al niño como mera mercancía. Pero aunque así fuera, de esto no necesariamente se sigue que haga falta prohibir los contratos de embarazo. Tomemos el caso de las adopciones. Por lo general, la adopción regulada respeta el cambio de idea de uno de los padres biológicos dentro de un período de tiempo especificado. Una vez cumplido el plazo, el contrato de adopción adquiere plena vigencia.[121] Se podría regular el embarazo contractual de manera análoga, e incluir un período de rescisión para evitar que el acuerdo tenga resultados perjudiciales para una madre de nacimiento que desarrolló un vínculo muy estrecho con su hijo. También sería posible estructurarlo conforme a un modelo más abierto, en que todas las partes del contrato puedan seguir en contacto con el niño. Por último, podría exigirse que los contratos de embarazo incrementen el nivel de capacidad de acción de los participantes, brindando información detallada acerca de los riesgos y costos emocionales asociados al acto de entregar a un niño.[122]

Por último, hay quienes objetan los contratos de embarazo sobre el fundamento de que, por su naturaleza misma, explotan a las mujeres. Apuntan al hecho de que la compensación económica es muy baja y que muchas de estas mujeres que aceptan vender su trabajo reproductivo lo hacen impulsadas por motivaciones altruistas. Según Anderson (1990: 84), “se produce un tipo de explotación cuando una de las partes de una transacción tiende a concebir el intercambio en términos de ‘donación de valores’, mientras que la otra opera conforme a las normas de un intercambio de mercancías propio del mercado”.

Tengo dos respuestas para este tipo de argumento. En primer lugar, aunque fuese cierto que la totalidad o la mayoría de las mujeres que venden su trabajo reproductivo lo hace por motivaciones altruistas (Parker, 1983; véase también Aigen, 1996), es poco plausible sostener que la otra parte contratante actúa sólo en virtud de motivaciones acordes a los valores de mercado. Las parejas que recurren al contrato de embarazo no buscan ganancias, sino tener un hijo. Algunas tal vez incluso se muestren dispuestas a sostener una relación de familia extendida con la subrogante luego del nacimiento del niño. En segundo lugar, aunque pueda establecerse una asimetría en las motivaciones, esta también se detecta en muchos tipos de trabajo en el sector servicios: tanto la enseñanza como la atención de la salud o el trabajo social podrían quedar englobados en este tipo de “explotación”. Si en todas estas áreas se logra subsanar dicho problema, al menos en parte, por medio de la regulación de las condiciones laborales y la compensación a obtener por los servicios, ¿por qué debería ser distinto en el caso del contrato de embarazo?

LAS CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO CONTRACTUAL PARA LOS NIÑOS

La filósofa feminista Susan Moller Okin (1990) plantea un argumento contra el embarazo contractual fundado en sus consecuencias para los niños. Sostiene que el problema de los contratos de embarazo es que no tienen en cuenta qué beneficiaría más al niño. Para Okin, la asimetría entre el trabajo reproductivo y otras formas de trabajo radica en que sólo el primero pone en riesgo de manera directa los intereses de un niño.

El argumento de Okin es importante porque presta atención a una externalidad de los contratos de embarazo. Estos pueden afectar a niños que no se constituyen como partes de ellos. En términos del capítulo 4, los niños tienen poca capacidad de decisión y de acción. ¿Es probable que estos sujetos con débil capacidad de acción se vean perjudicados? Si dejamos de lado la difícil pregunta acerca de qué sería lo mejor para el niño, no tenemos certeza de que salvaguardará sus intereses más básicos o fundamentales si permanece con los padres biológicos.[123] En algunos casos, por ejemplo cuando existe maltrato, podría ser mejor para el niño que se lo separe de ellos. Nadie sostendría que los niños siempre deben permanecer junto a sus padres biológicos. Sin embargo, estoy de acuerdo con Okin en que uno de los principales problemas de estos contratos reside en su capacidad de debilitar los vínculos biológicos que dan al niño un lugar seguro en el mundo.[124] Si alguien lograra demostrar que los contratos de embarazo dejan al niño en una situación de vulnerabilidad mayor –por ejemplo, porque facilitan el abandono parental–, esto podría constituir un argumento a favor de la restricción o prohibición de este tipo de contratos. Dicho argumento no tendría vínculo alguno con la naturaleza especial del trabajo reproductivo ni con la relación biológica especial entre un padre y su hijo. Continuaría siendo válido aunque entre el niño y sus padres no hubiese ningún tipo de relación genética. Los niños son vulnerables y dependientes, y esta vulnerabilidad justifica las obligaciones morales que los padres tienen hacia ellos. Si bien esta objeción puede usarse para apoyar la tesis de la asimetría, es importante advertir que la débil capacidad de acción y la vulnerabilidad son fenómenos que se encuentran en todo el espectro del mundo social, y no únicamente en las esferas de la familia, el sexo y la reproducción.

Con todo, esta objeción consigue establecer una diferencia entre el trabajo reproductivo y otras formas de trabajo. ¿Justifica esto la prohibición del embarazo contractual? Una de las dificultades que plantea la evaluación de los contratos de embarazo en términos de los efectos que podrían tener sobre los niños es que todavía se cuenta con muy poca evidencia empírica en la materia. El primer caso de contrato de embarazo del que se tiene conocimiento ocurrió en los Estados Unidos en 1976 (Gelman y Shapiro, 1985). Aun en el caso de la inseminación artificial, que es una práctica tanto más consolidada, no se dispone de ninguna investigación conclusiva respecto de los efectos del anonimato del donante sobre la psiquis del niño. Tampoco se sabe con seguridad de qué manera afectan a los niños las estructuras familiares diversas, entre las cuales se cuentan las familias monoparentales, las familias alternativas y las adopciones. Se impone cierta cautela a la hora de plantear argumentos abstractos prematuros, en nombre de los intereses del niño, sin contar con suficiente evidencia empírica. Además, en el caso de las familias cuya situación de vida podría valerles la desaprobación de su comunidad, tenemos razones morales para hacer caso omiso de los mayores intereses de un niño individual, siempre y cuando no se vean perjudicados sus intereses básicos (Elster, 1989:134-150). Por ejemplo, si el hijo de una madre soltera o lesbiana padeciera de la misma discriminación que sufre su madre, esto no justificaría que se lo separase de ella.

Aquí, vale la pena detenerse a considerar el modo diferente en que la sociedad estadounidense actual tiene en cuenta los intereses básicos del niño en el trato que dispensa a otras dos formas de constituir una familia: la fertilización in vitro y la adopción. A grandes rasgos, la fertilización in vitro siguió un modelo de elección del consumidor en virtud del cual se considera que las decisiones de los padres contractuales constituyen una cuestión privada. Esto es válido aun en los casos que suponen la participación de un tercero, ya sea un donante de esperma, una amiga o pariente que cede un óvulo o un óvulo adquirido a través del mercado. En todos estos casos, se concede poca injerencia a los intereses del niño o del donante del material genético, y la sociedad suele considerar que las decisiones reproductivas de los padres constituyen una decisión privada facilitada por los mercados y una industria cada vez mayor de servicios reproductivos. En contraposición, la adopción está fuertemente regulada, y los padres que desean adoptar deben consentir inspecciones en su hogar como también una minuciosa investigación, aun en el caso de bebés recién nacidos. No deja de ser una buena pregunta por qué se considera a las decisiones relacionadas con la tecnología de reproducción asistida una cuestión altamente privada, a pesar de la participación de terceros; como los donantes de gametos, los doctores, los niños y las clínicas de fertilidad, que no son organizaciones sin fines de lucro (véase Satz, 2007b). Al parecer, nos falta, y necesitamos de manera imperiosa, una perspectiva consistente para defender los intereses del niño en el contexto de los nuevos modos de conformar una familia.

EL TRABAJO REPRODUCTIVO Y LA IGUALDAD

En las secciones precedentes, planteé que para sostener la tesis de la asimetría no es posible afirmar que hay algo esencial del trabajo reproductivo que exige un tratamiento diferencial, ni que el contrato de embarazo distorsiona la naturaleza de los vínculos propios de la maternidad. Tampoco resulta conclusivo el argumento a favor de aquello que sea más beneficioso para el niño. Además, algunos de estos argumentos analizados tienden a aceptar de manera acrítica el modelo tradicional de familia. Fundan su juicio contra los contratos de embarazo sobre ciertas concepciones actuales acerca del vínculo materno y la institución de la maternidad, como si tales concepciones estuvieran eximidas de cualquier debate racional.

Si se rechazan estos argumentos a favor de la teoría de la asimetría, ¿estamos obligados a aceptar que, en efecto, el mercado teóricamente lo abarca todo? ¿Podemos rechazar el contrato de embarazo y la tesis de la asimetría, sin por eso sostener que el trabajo reproductivo es en esencia algo distinto de una mercancía?

Creo que el argumento más sólido que puede plantearse contra el contrato de embarazo a partir de la tesis de la asimetría reside en consideraciones acerca de la igualdad de género. De hecho, en mi opinión, este tipo de consideraciones impulsa de manera tácita varios de los argumentos antes mencionados; así, por ejemplo, la desigualdad de género subyacente vuelve particularmente objetable la transformación de los atributos de la mujer en mercancía. Mi crítica contra el contrato de embarazo se centra en la hipótesis de que en la sociedad contemporánea este tipo de contratos convierte el trabajo de la mujer en algo que puede ser empleado y controlado por otros, y así valida estereotipos de género utilizados a lo largo de la historia para justificar el estatus desigual de la mujer[125]

A contrapelo del ideal democrático de una ciudadanía en pie de igualdad, actualmente el género tiene efectos ubicuos en las oportunidades y los logros de una persona dentro de la sociedad. Entre ellos se cuentan una distribución desigual del trabajo doméstico y el cuidado de los niños, que restringe de manera considerable las oportunidades de la mujer en la fuerza laboral; el hecho de que, a pesar de la tendencia positiva en 2007, la relación entre los ingresos de las mujeres y los hombres seguía siendo de aproximadamente 77:100; el hecho de que el divorcio sea una experiencia económicamente devastadora para la mujer (durante la década de 1970, el estándar de vida de las madres jóvenes que se divorciaban caía un 73%, mientras que el de los hombres subía un 42% después del divorcio); y el hecho de que la mayor parte del trabajo realizado por mujeres en la sociedad contemporánea siga recluido dentro del “gueto femenino”: trabajo de oficina y servicios, trabajo secretarial, limpieza, trabajo doméstico, enfermería, docencia en la escuela primaria y trabajo de camarera.[126]

A continuación, intentaré explicitar algunos de los vínculos particulares entre el embarazo contractual y el estatus desigual de la mujer, vínculos que reseñaré con mayor profundidad en el próximo capítulo, cuando analice el problema de la prostitución, una práctica mucho más común en la actualidad que el contrato de embarazo. En su forma y contexto actuales, es posible sostener que el contrato de embarazo contribuye a la desigualdad de género de tres maneras distintas.

1. El contrato de embarazo otorga a terceros mayor acceso y control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Existe una diferencia crucial entre el hombre que dona el material para una inseminación artificial por donante (IAD) y la mujer que suscribe un contrato de embarazo. La IAD no otorga a nadie ningún tipo de control sobre el cuerpo y la sexualidad de los hombres. El hombre que se presta a la IAD se limita a vender un producto de su cuerpo o de su sexualidad, sin que esto implique vender ningún tipo de control sobre su cuerpo. Las prácticas actuales son notoriamente distintas para los contratos de IAD y de embarazo en cuanto al alcance de la intervención y el control que brindan al comprador. Los contratos de embarazo involucran un control sustancial sobre el cuerpo de la mujer. Entre otras provisiones, se suscriben acuerdos respecto del tratamiento médico, ciertas condiciones bajo las cuales la subrogante se dispone a practicarse un aborto e incluso se regulan las emociones de la subrogante. Así, en el caso de la Bebé M, Mary Beth Whitehead no sólo accedió a abstenerse de formar o intentar formar ningún tipo de relación con el niño que concebiría, sino que también accedió a no fumar cigarrillos, no ingerir bebidas alcohólicas ni tomar medicación alguna sin consentimiento escrito de su médico. También accedió a someterse a una amniocentesis y a abortar el feto “si así lo demandase William Stern, el padre natural” en caso de que la prueba demostrara la existencia de defectos genéticos o congénitos (Bartels y otros, 1990: apéndice).

Según creo, lo objetable de este tipo de control no reside en las características intrínsecas del trabajo reproductivo de la mujer, sino en el modo en que valida, de manera específica, una vieja historia de desigualdades fundadas sobre la pertenencia a un grupo. Tomemos en consideración un caso análogo en que no se advierte este tipo de consecuencias: el servicio militar voluntario (pago), en que hombres y mujeres venden sus capacidades de batalla. El servicio militar, al igual que el contrato de embarazo, involucra invasiones significativas sobre el cuerpo del vendedor: los cuerpos de los soldados son controlados por los oficiales a cargo en condiciones bajo las cuales las probabilidades suelen ser de vida o muerte. Pero el servicio militar no sirve de manera directa para perpetrar las tradicionales desigualdades de género (si bien debería plantearse con mayor seriedad la relación del servicio militar voluntario con la clase social). El principal problema no radica en el hecho de que los contratos de embarazo, al igual que los contratos militares, den a alguien control sobre el cuerpo de otra persona, sino en que en un embarazo contractual el cuerpo sujeto a control pertenece a una mujer, en una sociedad que históricamente subordinó los intereses de las mujeres a los de los hombres, sobre todo por medio de un estricto control ejercido sobre la sexualidad y la reproducción de las mujeres.

Los teóricos del mercado podrían responder que es posible regular el embarazo contractual para proteger la autonomía de la mujer, del mismo modo que se regulan los demás contratos laborales. Sin embargo, dada la naturaleza de los intereses involucrados, sería difícil que este tipo de contratos no resultara invasivo respecto del cuerpo de la mujer, a pesar de los acuerdos formales. Después de todo, el objetivo de este tipo de contrato es producir un niño saludable. Para garantizarlo, es preciso ejercer un fuerte control sobre el comportamiento de la mujer.[127]

Si consideramos que el de embarazo es un contrato de trabajo reproductivo, entonces, tal como ocurre en los demás contratos laborales, no es posible forzar su cumplimiento, en la forma que el derecho denomina “cumplimiento específico”. Por ejemplo, si para pintar su casa usted contratase a alguien y esa persona no cumpliese con el acuerdo, podría demandarlo por incumplimiento de contrato, pero aunque ganase, los tribunales no obligarían al culpable a pintar la casa. De hecho, esta es la diferencia fundamental entre un trabajo asalariado, por mal pago que esté, y el trabajo asalariado o la servidumbre forzada, caso que analizaré en otro capítulo. Por analogía, si una mujer sujeta a un contrato de embarazo decide romper el acuerdo y quedarse con el niño, no debería ser posible que la otra parte exigiera su cumplimiento específico (es decir, que le entregue el niño); antes bien, sólo podría demandar una compensación monetaria.[128]

Esta imposibilidad de exigir el cumplimiento específico de los contratos de embarazo podría tener consecuencias sobre su contenido que los volvería especialmente objetables. Recordemos que estos contratos duran mucho tiempo, período en el cual una mujer afronta cambios fundamentales en su voluntad de entregar el niño. En el capítulo anterior, denominé “débil capacidad de acción” esta incertidumbre acerca de las consecuencias futuras de una transacción. Por consiguiente, las otras partes del contrato necesitarían establecer ciertos mecanismos para asegurar que la subrogante cumplirá con los términos establecidos en él. Para eso, existen dos mecanismos posibles, y ambos plantean preocupaciones adicionales.

a. Podría elaborarse el contrato de manera tal que sólo se pague a la mujer contra entrega del niño. Pero esta estructura de compensación se parece demasiado a la venta de un bebé; en este escenario, da la sensación de que no se compran los servicios de la mujer, sino el propio niño.

b. El contrato podría exigir asesoramiento legal y psicológico para una mujer que se viera tentada a cambiar de idea. Este asesoramiento podría aumentar la capacidad de acción de la subrogante, pero también podría involucrar coerción y una gran manipulación de sus emociones.[129]

2. El segundo modo en que el contrato de embarazo contribuye a las desigualdades de género es con la reafirmación de estereotipos negativos acerca de las mujeres como “máquinas de hacer bebés” (véase Corea, 1985). Los estereotipos son conjuntos de creencias según los cuales todos los miembros de una determinada clase comparten un conjunto de características distintivas. Algunos estereotipos tienen una base empírica. Pero aun en los casos en que podrían ser consistentes con la observación, una característica fundamental de los estereotipos es su carácter autoconfirmatorio. Y debido a nuestras extendidas creencias y expectativas, los individuos consideran lógico adaptarse a dichas creencias y expectativas. Por ejemplo, para un hombre negro no es muy sensato invertir en educación y capital humano si sabe que sus empleadores no le darán algún tipo de recompensa a cambio.[130] A comienzos del siglo XX, pocas mujeres de los Estados Unidos aspiraban a ser médicas; sus ambiciones estaban fuertemente influidas por la estructura de oportunidades, pero también por las expectativas que ellas y otros tenían acerca de su función en el hogar. Si la práctica del contrato de embarazo se vuelve común y extendida, esto podría afectar la imagen que todas las mujeres tienen de sí mismas.

3. Por último, el contrato de embarazo plantea el peligro, manifiesto en varios fallos judiciales recientes, de que se defina la maternidad del mismo modo que la paternidad: en términos del material genético. Mary Beth Whitehead recuperó sus derechos parentales sobre la Bebé M por ser su madre genética. Por su parte, Anna Johnson, subrogante gestacional, perdió esos mismos derechos por no tener ningún tipo de relación genética con el niño.[131] Estos fallos establecen el principio de paternidad sobre la base de la contribución genética. En dichos casos, el aporte de la mujer a la reproducción es reconocido únicamente en la medida en que es idéntica a la del hombre. Se considera que sólo los genes definen la maternidad natural y biológica. Al no tener en cuenta las contribuciones gestacionales concretas de la mujer, los tribunales ratifican un viejo estereotipo según el cual las mujeres no son más que las incubadoras de las semillas de los hombres.[132] De hecho, esta falta de atención de los tribunales al aporte laboral exclusivo de la mujer constituye en sí misma una forma de tratamiento no igualitario. Al definir los derechos y los aportes de la mujer en los mismos términos que los del hombre, cuando en realidad son otros, los tribunales no estipulan un fundamento adecuado para los derechos y las necesidades de la mujer. Estas resoluciones depositan sobre las mujeres una carga adicional.

En la medida en que el contrato de embarazo tiene consecuencias sobre la desigualdad de género, creo que la tesis de la asimetría es cierta y que contratos de este tipo son especialmente problemáticos. Las desigualdades de género vigentes quedan de manifiesto en el núcleo de aquello que resulta erróneo de los contratos de embarazo. El problema de convertir en mercancía el trabajo reproductivo de la mujer no es que degrade la naturaleza especial de este trabajo ni que aliene a la mujer de una parte fundamental de su identidad, sino que refrenda (en la medida en que lo hace) una división tradicional del trabajo, basada sobre una jerarquía de género. De este argumento se sigue que, bajo otras condiciones, dichos contratos podrían ser menos objetables.[133] Por ejemplo, en una sociedad en que el trabajo de la mujer se valora en igual medida que el del hombre y en que los dos comparten por igual la labor de criar a los hijos, los contratos de embarazo podrían servir sobre todo como un vehículo para que personas solteras, discapacitadas y familias integradas por cónyuges del mismo sexo lograran tener hijos. De hecho, los contratos de embarazo y otras prácticas similares tienen el potencial de transformar el modelo de familia nuclear.

De todos modos, aun bajo condiciones de igualdad de género, existen potenciales reservas contra la aceptabilidad de una forma regulada de contrato de embarazo: 1) la importancia de asegurar que la mujer no esté vendiendo su trabajo reproductivo debido a una situación de vulnerabilidad extrema; 2) los efectos de esta práctica sobre otras desigualdades de estatus dominantes; por ejemplo, de raza; 3) la necesidad de asegurar la participación de la mujer en el propósito general de la actividad; y 4) la necesidad de asegurar que la parte vulnerable (el niño) esté protegida de cualquier daño. Se sabe muy poco acerca de los efectos de los contratos de embarazo en la salud psicológica de los niños. Se sabe muy poco acerca de los efectos de los contratos de embarazo en el abandono parental o en los demás niños de la madre gestacional. Y se sabe muy poco acerca de sus efectos en la seguridad del niño gestado. Un artículo publicado recientemente en Slate reseña los efectos del escándalo financiero en algunas parejas que no pudieron seguir pagando los honorarios de las subrogantes contratadas. Como bien advierte el autor, “si uno deja de pagar a la subrogante, esta necesita renunciar y buscarse otro trabajo, al igual que cualquier otro trabajador. Pero la gestación subrogada no es como cualquier otro trabajo. El único modo de renunciar a un embarazo es mediante el aborto” (Saletan, 2009). Si la mujer no elige abortar pero tampoco dispone de los medios necesarios para cuidar de su hijo una vez que la pareja contratante incumplió el contrato, la seguridad del niño se ve amenazada.

Por eso, aun bajo circunstancias más ideales, existen motivos para apelar a la cautela respecto del uso potencial de este tipo de contratos. Por ejemplo, podría permitirse que se celebren pero que no sea posible exigir su cumplimiento judicial específico. La prohibición no sólo lograría que estos contratos continuaran celebrándose de manera clandestina, dejando a las partes en una situación de vulnerabilidad aún mayor entre sí, sino que muchas de sus consecuencias potenciales son especulativas. Por otra parte, según lo esclarece mi argumento anterior, creo que en todos los casos que se someten a debate, los tribunales no deberían establecer ningún tipo de distinción entre los padres genéticos y los subrogantes gestacionales respecto de los derechos parentales. Por último, considero que la intervención de agentes de contratos de embarazo debería ser ilegal. Esta medida buscaría desalentar el embarazo contractual y fortalecer la posición de la subrogante, que en este tipo de acuerdos es la parte más vulnerable en términos económicos y emocionales.

CONCLUSIÓN: TRABAJO ASALARIADO, TRABAJO REPRODUCTIVO E IGUALDAD

En este capítulo analicé distintos argumentos para prohibir los mercados de trabajo reproductivo de la mujer. Si bien rechazo la mayoría, incluida la tesis esencialista, considero que la perspectiva contraria, la de los teóricos de mercado, pasa por alto el hecho de que existen valores no económicos que deberían limitar las transacciones de mercado. Los teóricos de mercado ignoran la función que los mercados tienen en la conformación de las relaciones entre los individuos y los grupos sociales.

Los teóricos de mercado de orientación libertaria tal vez objeten que mi apoyo de la tesis de la asimetría supone una violación de la neutralidad liberal, en tanto le impone a los intercambios libres un estándar de igualdad de género.[134] El liberalismo exige la neutralidad del Estado en un amplio espectro de concepciones de valor. Esta neutralidad significa que los liberales no pueden obligar a los individuos a ponerse de acuerdo respecto de un determinado conjunto de valores. Desde luego, los liberales pueden regular los intercambios de manera tal que se ajusten a los límites de la justicia. Pero se sostiene que cualquier argumento que vaya más allá de la justicia y busque prohibir tales o cuales intercambios de mercado debido a una noción particular de la naturaleza de los bienes que son objeto de intercambio en ellos viola la neutralidad liberal. Además, desde este punto de vista, el argumento que planteé resulta tendencioso, en tanto establece una distinción entre algunas actividades que perjudican a las mujeres y otras que perjudican a todos.

La cuestión de la neutralidad es un asunto difícil de evaluar, en la medida en que existen muchas interpretaciones de esta noción. Sin embargo, al menos dos consideraciones parecen relevantes aquí. En primer lugar, ¿por qué las distribuciones existentes deberían servir como estándar para medir la neutralidad? En mi opinión, es un error dar por sentado que la reproducción y la sexualidad constituyen un ámbito neutral; son (al menos en parte) producto del desigual poder social, político y económico de los hombres y las mujeres. En segundo lugar, la mayoría de los liberales se opondría a las prácticas sociales como la esclavitud, el trabajo asalariado, el trabajo por salarios esclavos y la venta de votos o libertades políticas. Defienden la existencia de libertades civiles inalienables, como la libertad de asociación y conciencia, el derecho a la propiedad privada y a elegir su propia profesión. Para ellos, este tipo de restricciones son fundamentales para la justicia. Plantean sus sospechas ante aquellas prácticas que, como la desigualdad sistemática de género, socavan la posibilidad de un marco de libre deliberación entre iguales. Si este tipo de restricciones también viola la neutralidad del punto de vista, entonces la mera transgresión de la neutralidad no parece algo tan objetable. Antes bien, en mi opinión, desde el momento en que socava el estatus de la mujer como un igual, el contrato de embarazo es un asunto de justicia.

El embarazo bajo contrato somete el cuerpo de mujeres al control de otros y sirve para perpetuar la desigualdad de género. Las asimetrías de género, la existencia de relaciones sociales de dominación de género, brindan el mejor fundamento posible para la tesis de la asimetría. En el próximo capítulo, me explayaré un poco más acerca de las diferencias que existen entre el embarazo contractual y otras formas de trabajo que tal vez también contribuyan a preservar las desigualdades de género, como el hecho de que para las tareas de limpieza del hogar y la enseñanza preescolar se emplee casi exclusivamente a mujeres.

No todas las consecuencias potencialmente negativas del contrato de embarazo están relacionadas con sus efectos sobre la desigualdad de género. Hice referencia también a la forma problemática que este tipo de contrato debería adoptar para garantizar su cumplimiento, sus orígenes en una débil capacidad de acción y su incidencia en la constitución de preferencias e identidades. Los contratos de embarazo comparten algunas de estas características con otros contratos laborales. Una importante tradición de la filosofía social sostiene que dichas características comunes vuelven inaceptable el trabajo asalariado mismo. Esta tradición hace hincapié en que el trabajo asalariado, al igual que el contrato de embarazo, pone las capacidades productivas de un grupo de ciudadanos al servicio de otros y bajo su control. La tesis de la asimetría no supone que no haya nada problemático con las demás formas de trabajo asalariado. Desafortunadamente, la filosofía política prestó poca atención a los efectos formales de la desigualdad de género y de clase en el desarrollo de las capacidades deliberativas de las mujeres y los trabajadores o en la conformación de sus preferencias. Debemos preguntarnos: ¿qué tipos de trabajo, relaciones familiares y entornos promueven de la mejor manera posible el desarrollo de las capacidades deliberativas necesario para sostener las instituciones democráticas?

108 Publiqué una versión muy temprana de este mismo capítulo con el título “Markets in Women’s Reproductive Labor” (Satz, 1992).

109 Empleo “contrato de embarazo” para eludir el uso de la confusa designación “maternidad subrogante”. La supuesta madre subrogante no es sólo una suplente; es la madre biológica y/o gestacional del niño. En este capítulo, no abro ningún tipo de debate acerca de quién es una “verdadera” madre y quién no lo es.

110 Creo que este argumento también puede extenderse al caso de la prostitución, que discuto en el capítulo siguiente.

111 Radin (1987) denomina a esta concepción “mercancialización universal”.

112 El supuesto teórico de que todo puede convertirse en mercancía caracteriza a un amplio espectro de la teoría económica moderna. Como analizamos en capítulos anteriores, se lo encuentra tanto en la economía liberal del bienestar como en la economía conservadora de la Escuela de Chicago. Véase Becker (1976). Para una crítica de la aplicación de la teoría del equilibrio de Walras en algunos dominios, véanse Stiglitz (1987), Putterman(1984) y Bowles y Gintis (1990).

113 En algunos casos de fertilización in vitro, el trabajo reproductivo se divide entre dos mujeres.

114 Véase Patterson (1982) para una comparación entre la situación de los deportistas y los esclavos.

115 Desde luego que, en el caso del servicio militar, una vez que alguien se ofrece como voluntario queda comprometido hasta el término del contrato, quiera permanecer en él o no. Pero en el caso del contrato de embarazo, al igual que con otros contratos laborales, la parte puede optar por un aborto (al menos hasta el final del segundo trimestre) o por no cumplir los términos establecidos y negarse a entregar al recién nacido. Más adelante comentaré la importancia de las prohibiciones de “cumplimiento específico”.

116 Tal vez la teoría freudiana, con su énfasis en los impulsos “naturales”, sirva de fundamento a esta apreciación, pero Pateman no la apoya de manera explícita.

117 Para un interesante abordaje que plantea la necesidad de establecer límites a la mercantilización de la vivienda, véase Radin (1986).

118 Véase la resolución del juez Richard Parslow, de la Cámara Suprema del condado de Orange, en el caso “Johnson c. Calvert”, 851 p. 2d 776 (1993), en que hace referencia a la madre subrogante Anna Johnson como una “casa” para el embrión, no una “madre”. Véase también Seth Myadms (1990: 14). La Corte Suprema de Maryland denominó “portadora gestacional” a una subrogante gestacional, en in re “Roberto B”, 923 A2d: 115, 117 (2007).

119 Entre los diversos casos en que se ha rechazado la demanda de maternidad presentada por gestantes subrogantes se cuenta in re “Roberto B”, 923 A2d: 117 (2007), en que la Corte Suprema de Maryland sentenció que, aun en ausencia de una madre, el nombre de la subrogante gestacional no debía aparecer en el certificado de nacimiento.

120 Michael Bratman me sugirió que la analogía entre el aborto y el contrato de embarazo puede disolverse de la siguiente manera. En el embarazo bajo contrato, una mujer queda embarazada con la intención de dar a luz el niño. En el caso del aborto, no es posible presumir una intención análoga; pocas mujeres, probablemente ninguna, se embarazan de manera intencional para practicarse un aborto. Quienes se oponen a los contratos de embarazo podrían sostener que lo inmoral es la intencionalidad existente al concebir un niño para luego entregarlo a cambio de dinero o para abortarlo. Sin embargo, no me parece un argumento convincente y, en cualquiera de los casos, desde el punto de vista de la elaboración de normas, resulta imposible verificar las intenciones anteriores a la concepción. En mi opinión, el mejor argumento a favor del derecho al aborto no considera en ningún momento las intenciones, sino que atañe a las consecuencias que tiene para las mujeres la restricción de la práctica del aborto, restricción que, además, constituye una carga directa sobre las mujeres. Pero no es pertinente desarrollar aquí este argumento.

121 Desde ya, en el caso de la adopción nadie recibe un pago directo por la entrega del niño. Esto supone un desequilibrio en la analogía entre la adopción y el contrato de embarazo. De hecho, existen motivos suficientes para prohibir el pago por una adopción, en tanto podría debilitar los lazos padre-hijo (y plantear cuestiones de equidad), con el consiguiente daño para el niño. Analizaré los posibles perjuicios para los niños más adelante. Agradezco a Samuel Freeman por hacerme notar esta cuestión.

122 Debo esta sugerencia a Rachel Cohon.

123 Véase Elster (1989) para un análisis de las dificultades de establecer qué es lo mejor para el niño. Elster también se muestra escéptico respecto de la idea de que en toda disputa de custodia deba imponerse lo mejor para los intereses del niño. Me refiero a la cuestión de los intereses fundamentales en el capítulo 7 de este libro. De momento, pido al lector que recuerde el debate del capítulo 4 acerca de los intereses básicos de bienestar y capacidad de acción.

124 E. Anderson (1990: 80) también plantea esta cuestión.

125 Desde luego, los contratos de embarazo dan control sobre el cuerpo de la madre subrogante también a otra mujer, la madre adoptiva. Lo importante aquí es que, en una sociedad signada por desigualdades de género, este tipo de contratos pone el cuerpo de las mujeres a disposición de otros.

126 Acerca del diferencial entre los ingresos de los hombres y las mujeres en 2007, véase <bls.gov/opub/ted/2008/oct/wk4/art03.htm>. En 2008, los ingresos semanales promedio de las mujeres que trabajaban a tiempo completo equivalían a un 79,9% de los correspondientes a los hombres (véase <bls.gov/opub>). Acerca de los efectos del divorcio sobre los respectivos estándares de vida, véase Weitzman (1985: 323). Y véase también Peterson (1996).

127 Ya existe un precedente legal en que se reguló el comportamiento de la mujer en procura de lo mejor para el feto. Una mujer de Massachusetts fue procesada por homicidio vehicular por haber expulsado el feto muerto a causa de un accidente automovilístico. Véase Eileen McNamara(1989), citado en Tribe (1990). Véase también Campbell (2006: 463).

128 Esta analogía podría volverse tanto más compleja si las otras partes del contrato guardaran al menos algún tipo de relación biológica con el niño.

129 E. Anderson (1990: 84) también plantea esta cuestión en “Is Women’s Labor a Commodity?”.

130 Véase Loury (2002) para su polémica.

131 Anita Allen (1990), en “Surrogacy, Slavery and the Ownership of Life”, señaló las perturbadoras posibilidades que el contrato de embarazo plantea para la igualdad racial. En casos como “Johnson c. Calvert”, en que la gestante (subrogante) Johnson era una mujer negra y los Calvert, un hombre caucásico y una mujer filipina, respectivamente, resulta difícil imaginar que un juez diera la tenencia del bebé a Johnson. Son prácticamente inexistentes los casos de adopción en que se ubica a un niño blanco saludable en un hogar constituido por padres negros. En su sentencia, el juez Parslow hace referencia a Johnson como la “nodriza húmeda” del bebé. Cualquier evaluación total de los problemas que plantea el contrato de embarazo deberá considerar las implicancias que esta práctica tiene para las mujeres negras.

132 La Iglesia medieval sostenía que el hombre implantaba en el cuerpo femenino un homúnculo completamente formado (dotado incluso de alma). Véase Ehrenreich y English (1973).

133 Desde luego, bajo otras condiciones también es probable que disminuya la importancia de los lazos genéticos entre los padres y el niño.

134 En Birthpower, Carmel Shalev (1989) plantea una potente defensa del contrato de embarazo fundada en consideraciones de libertad, bienestar y neutralidad liberal. Sostiene que la definición de la paternidad legal en términos de las intenciones anteriores a la concepción constituye una cuestión relativa a la “privacidad constitucional” de los individuos, que el contrato de embarazo empoderará a las mujeres y mejorará sus condiciones de bienestar liberando una nueva fuente de riqueza económica y que el mercado es neutral respecto de las distintas concepciones que existen de las relaciones humanas.

6. Los mercados de trabajo sexual de mujeres[135]

La intuición de que existen importantes diferencias entre los distintos mercados que comercian con capacidades humanas está bastante extendida, aun entre quienes en última instancia no creen que estas diferencias justifiquen la prohibición legal de la venta de capacidades reproductivas y sexuales. En el presente capítulo, continuaré poniendo a prueba esa intuición y me concentraré en la venta de servicios sexuales. ¿Qué resulta problemático (si algo, en efecto, resulta problemático) en el caso de la mujer que en vez de su trabajo como secretaria vende su trabajo sexual? Y si pudiéramos explicar y justificar esta aparente asimetría, ¿cuáles serían sus consecuencias en términos de políticas públicas?

Para este capítulo, adopto una estrategia similar a la que desplegué en el capítulo 5 respecto de la cuestión del embarazo contractual. A continuación, esbozo y analizo de manera crítica dos perspectivas tradicionales acerca del carácter moral de la prostitución. La perspectiva económica atribuye los males de la prostitución a sus consecuencias en términos de eficiencia, al hecho de que genera externalidades. La característica saliente de esta perspectiva es que trata el sexo como si este fuese materia moralmente indiferente. La perspectiva esencialista, por el contrario, hace hincapié en que lo problemático de la venta del trabajo sexual es que esta práctica resulta inherentemente alienante y perjudicial para la felicidad humana. Por mi parte, a diferencia de estas dos concepciones acerca de la inmoralidad de la prostitución, sostendré que el respaldo más plausible para la tesis de una asimetría entre el sexual y otros tipos de trabajo deriva de la función que la comercialización del sexo y la reproducción desempeñan en la preservación de un mundo social en que la clase de las mujeres conforma un grupo subordinado. La hipótesis tiene cierto parecido con mi argumento acerca del embarazo contractual, pero también difiere en algunas cuestiones específicas. En primer lugar, sostendré que la prostitución, al igual que el embarazo contractual, es perniciosa en la medida en que la venta del trabajo sexual de mujeres refuerza los esquemas generales de desigualdad de género. Esto podría resultar llamativo porque en mi argumento contra el embarazo contractual hice hincapié en la percepción social de las mujeres como máquinas de hacer bebés, y la práctica de la prostitución parece justamente oponerse a esa imagen. Por tanto, planteo otro modo en el que la práctica contemporánea de la prostitución contribuye a la percepción social de la mujer como un individuo inferior al hombre y también la encarna. Con todo, ya que muchas otras formas de trabajo que al parecer a nadie le resultan especialmente problemáticas también contribuyen a la consolidación de una posición socialmente inferior para la mujer –las modelos, las mucamas, las cuidadoras de día y las niñeras–, me veré en la necesidad de aclarar qué hace que la prostitución se distinga de ellas. En segundo lugar, a diferencia del embarazo contractual, la prostitución no supone perjuicios potenciales para los niños ni tampoco necesariamente una débil capacidad de acción.[136] Por ende, no podemos caracterizar a la prostitución como un mercado nocivo a partir de dichos criterios. Sin embargo, muchas mujeres se ven perjudicadas por distintas formas de la prostitución, y también espero demostrar que esta supone un daño para un tercero: la clase de las mujeres.

Mi análisis acerca de los males de la prostitución no ofrece una conclusión sencilla respecto de su estatus legal. Tanto la criminalización como la despenalización podrían exacerbar las desigualdades de género por las cuales considero que la prostitución es mala. Sin embargo, mi argumento tiene consecuencias importantes en lo concerniente a su regulación, en el caso en que fuera legal, tanto como respecto de su prohibición y penalidades, cuando fuera ilegal. En términos generales, tiendo a apoyar la despenalización en contextos como los Estados Unidos y Europa occidental, en que es posible controlar la prohibición del abuso y existe una red de seguridad social capaz de proteger a las mujeres de ingresar a la prostitución en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Las conclusiones prácticas del argumento que plantearé aquí tal vez sean limitadas y tentativas, pero su quid teórico no lo es. Sostengo que el fundamento más plausible de los males de la prostitución reside en su relación con las desigualdades sociales existentes entre los hombres y las mujeres. De hecho, creo que si no hubiera relaciones causales entre la prostitución y la desigualdad de género, no habría buenas razones para considerar que la prostitución resulta, en sí misma, moralmente problemática. Lo que no dejaría de resultar problemático serían las circunstancias miserables e injustas en que suele producirse buena parte de la prostitución.[137] En mi análisis del trabajo sexual, las consideraciones acerca de sus consecuencias y orígenes sociales en función de la desigualdad de género desempeñan un papel fundamental. A partir de este análisis, la prostitución masculina planteará otras cuestiones y se vinculará a la injusticia de una manera distinta que en la prostitución femenina.

La prostitución es un fenómeno complejo. Por consiguiente, tomo como punto de partida la pregunta “¿qué es una prostituta?”.

¿QUÉ ES UNA PROSTITUTA?

Aunque se escribió mucho acerca de la historia de la prostitución, e incluso existen estudios empíricos acerca de las prostitutas, los pocos filósofos que hicieron referencia al tema tienden a tratarlo como si el término aludiera a algo uniforme.[138] Y no es así. No sólo resulta difícil demarcar con toda claridad el límite entre la prostitución y ciertas prácticas similares,[139] sino que, como bien señalaron los historiadores dedicados a la materia, la prostitución actual es un fenómeno muy distinto de otras formas históricas del comercio sexual. En particular, la idea de la prostitución como ocupación especializada de un grupo marginal y estigmatizado es de origen relativamente reciente (véanse Walkowitz, 1980, Rosen, 1982 y Hobson, 1990).

Sin embargo, mientras quienes observan la cuestión desde fuera tienden a estigmatizar a todas las prostitutas, la prostitución tiene su propia jerarquía interna según la clase, la raza y el género. La mayoría de las prostitutas, sobre todo cuando consideramos la cuestión en términos globales, son pobres. Incluso dentro de los Estados Unidos las trabajadoras sexuales callejeras plantean una problemática totalmente distinta a la del trabajo sexual en niveles superiores. Tomemos tres casos:

Una muchacha de 14 años se prostituye para solventar la adicción de su novio a la heroína. Más tarde, comienza a trabajar en la calle para financiar su propio hábito. En determinado momento, al igual que la mayoría de las prostitutas callejeras adolescentes, decide confiar en la protección de un proxeneta. La joven tiene una educación deficiente y suele ser objeto de violencia tanto en sus relaciones personales como por parte de sus clientes. No recibe ningún tipo de seguridad social, licencia por enfermedad ni por maternidad, y, lo más importante, no tiene control alguno sobre con quién debe tener sexo, decisión que corre por cuenta de su proxeneta.

Imaginemos ahora la vida de una call girl de Park Avenue o “acompañante” de alto nivel para hombres poderosos (véase Hakin y Rasbaum, 2008). Muchas jóvenes se decantan por este tipo de prostitución luego de pasar por cierto grado de promiscuidad, sin verse obligadas a hacerlo por la necesidad material ni la falta de alternativas (Decker, 1979: 191). Algunas de ellas son graduadas universitarias que, luego de terminar sus estudios, recurren a la prostitución para solventar sus gastos mientras buscan otro empleo. Las call girls pueden ganar entre treinta mil y cien mil dólares al año. Estas mujeres tienen control sobre la totalidad de la cantidad de dinero que ganan y disfrutan también de un inusual grado de independencia, incluso mayor que en muchas otras formas de trabajo. También pueden decidir con quién y cuándo desean tener sexo (véase Greenwald, 1970: 10). Hay muy pocas similitudes entre su vida y la de una prostituta callejera.

Por último, tomemos el pequeño pero cada vez mayor número de prostitutos. La mayoría de los prostitutos (aunque no todos) viven de la venta de sexo a otros hombres.[140] A menudo, los hombres que compran sus servicios son casados. Desafortunadamente, hay muy poca información acerca de la prostitución masculina, que aún no fue estudiada a fondo como fenómeno histórico o contemporáneo.[141] Lo poco que se sabe al respecto parece indicar que, al igual que sus contrapartes femeninas, los prostitutos cubren todo el espectro económico. Dos diferencias importantes entre la prostitución masculina y la femenina radican en que para los hombres es más factible trabajar sólo a medio tiempo y que por lo general no se ven sujetos a la violencia de los proxenetas, ya que tienden a trabajar por su cuenta.

¿Son distintos estos tres casos? Para muchos críticos de la prostitución todas las prostitutas son mujeres que ingresan a la práctica bajo situaciones de maltrato y desesperación económica. Pero esta suposición es falsa: los críticos confunden una parte de la práctica con el todo. De hecho, si bien las mujeres que “hacen la calle” son las más visibles, este grupo constituye tan sólo alrededor de un 20% de la población total de prostitutas de los Estados Unidos (P. Alexander, 1987).[142]

Es importante señalar la diversidad de circunstancias en que se desarrolla la prostitución, porque esto obliga a considerar con cautela qué es lo verdaderamente pernicioso de la prostitución. Por ejemplo, en el primer caso, los factores que parecen cruciales para una respuesta condenatoria y negativa son las desesperadas condiciones subyacentes, la edad de la prostituta y su falta de control sobre la elección del cliente con quien puede tener sexo, así como su vulnerabilidad en manos del proxeneta y el cliente. En el capítulo 4 me referí a estos factores como “vulnerabilidad”, “débil capacidad de acción” y “resultados extremadamente perjudiciales para los individuos”. Estas condiciones pueden ser enmendadas por medio de la regulación sin necesidad de prohibir los intercambios sexuales comerciales consensuados entre adultos.[143] El segundo caso de prostitución plantea un duro contraste. Estas mujeres parecen participar de una actividad voluntaria, elegida entre un amplio abanico de alternativas decentes: muchas de ellas venden sus capacidades sexuales sin coerción ni arrepentimiento. Por último, el tercer caso refuta los argumentos que sostienen que la prostitución no tiene otro propósito que el de explotar a las mujeres.

¿QUÉ TIENE DE MALO LA PROSTITUCIÓN?

LA PERSPECTIVA ECONÓMICA

Como ya señalé en capítulos anteriores, los economistas plantean la pregunta acerca del mejor modo posible de distribuir determinado bien sin hacer referencia a las cualidades intrínsecas de dicho bien. Tienden a hacer hincapié en sus características cuantitativas, no en las cualitativas. Por ende, la perspectiva económica respecto del problema de la prostitución no parte del a priori de que ciertas ventas sean perniciosas, ya que no descarta de antemano la transformación de ningún bien en mercancía.[144] Antes bien, esta perspectiva presta atención a los costos y beneficios conexos a dichas ventas. Una perspectiva económica de los contratos justificará la aplicación de reglas de inalienabilidad –es decir, reglas que prohíban a los individuos participar de determinadas transacciones– sólo en los casos en que estos presenten externalidades costosas y cuando ese tipo de transacciones resulte ineficiente en términos generales.

¿Cuáles son los costos de la prostitución? En primer lugar, las partes de una transacción sexual comercial comparten los potenciales costos de la enfermedad y la culpa.[145] En segundo lugar, la prostitución también trae aparejados costos para terceros: el hombre que frecuenta a una prostituta dilapida discursos financieros que de otra forma podría dirigir a su familia; en una sociedad que valora el matrimonio íntimo, la infidelidad supone costos para la mujer o compañera del hombre en términos de pérdida de confianza y sufrimiento (por ende, en ocasiones la prostitución puede conducir a la inestabilidad marital), y siempre existe la posibilidad de transmitir enfermedades sexuales a otras personas. Tal vez los costos más significativos de la prostitución para terceros se planteen en términos de “moralismos” (véase Calabresi y Melamed, 1972): muchas personas la consideran una práctica moralmente ofensiva y se sienten mortificadas por su existencia. (Observemos que la palabra “moralismo” alude a las preferencias de las personas respecto de cuestiones morales, y no a la moral como tal.)

La perspectiva económica ofrece un argumento de tipo contingente que permite tratar la prostitución de una manera distinta de los demás mercados laborales, prestando atención a sus costos en términos de la opinión pública negativa y los perjuicios que la actividad supone para las prostitutas y otros miembros de la población (incluso debido a la transmisión de enfermedades). Este análisis de las limitaciones de la libertad sexual que podrían justificarse en nombre del bienestar tal vez resulte revelador y nos obligue a tener en cuenta los efectos concretos de las regulaciones sexuales. Sin embargo, quisiera señalar tres dificultades que plantea esta perspectiva.

En primer lugar, que tal vez sea lo más obvio, tanto los mercados como los intercambios contractuales funcionan dentro de un régimen de derechos de propiedad y garantías legales. El abordaje económico pasa por alto el sistema de distribución preexistente dentro del cual tiene lugar la prostitución. Sin embargo, a veces dicho sistema es injusto. Podría resultar especialmente preocupante el tipo de prostitución que se presenta como la única alternativa posible para escapar del hambre. A diferencia del contrato de embarazo, algunas de las participantes de los mercados de prostitución (sobre todo si se considera la práctica como un fenómeno global) probablemente se encuentren en condiciones de extrema pobreza y en la práctica sobrevivan como esclavas sexuales.

En segundo lugar, este tipo de abordaje no logra explicar el sentido de las distinciones que se plantean entre los bienes, en especial cuando estas distinciones no parecen reflejar sólo diferencias en la suma neta de los costos y los beneficios. Para muchas personas, la venta de ciertos bienes resulta sencillamente impensable. Tal vez se pueda justificar la prohibición de la esclavitud en virtud de sus costos y beneficios, pero el problema de una justificación de ese tipo es que vuelve contingente una conclusión (la prohibición de la esclavitud) que desde ningún punto de vista debería ser contingente. Fenomenológicamente, no tiene mucho sentido describir la repugnancia moral que las personas sienten por la esclavitud como “sólo un costo”. Aunque nos interese tomar nota de los costos que podrían tener estos intercambios para terceros, según tuvimos oportunidad de ver en el capítulo 1, en la práctica las externalidades (en especial si tenemos en cuenta los moralismos como externalidades) resultarían casi universales. Si consideramos que todo mercado que genera cierta desaprobación produce una externalidad capaz de justificar la intervención, la libertad de contrato queda asentada sobre arenas movedizas. Hace falta una forma de determinar qué costos bastan para justificar la interferencia y la regulación y cuáles no. El análisis económico carece de herramientas para hacerlo.

En tercer lugar, al parecer algunos bienes tienen un estatus especial, que requiere que se los retire del mercado. Según vimos en el capítulo 4, la venta de votos o de derechos políticos no produce únicamente costos y beneficios: transforma las condiciones en que las personas interactúan como iguales. En este sentido, el mercado no es un mecanismo de intercambio neutral: hay determinados bienes cuya venta modifica las relaciones existentes entre las partes de la transacción. Así, en el mejor de los casos, cualquier análisis económico de la prostitución resulta incompleto. En el peor, erróneo.

LA PERSPECTIVA ESENCIALISTA

Los economistas hacen abstracción de las características específicas del bien sujeto a consideración. Por otra parte, como ya vimos en el capítulo 5, algunos críticos consideran que hay algo intrínseco al sexo que basta para fundamentar la distinción que se establece entre este y otros tipos de trabajo. Desde este punto de vista, la prostitución no es mala sólo porque cause un daño, sino que constituye un daño en sí misma. Los esencialistas sostienen que el sexo tiene una propiedad intrínseca en virtud de la cual resulta perniciosa su transformación en mercancía.

Algunas críticas feministas contra la prostitución plantean que las capacidades sexuales y reproductivas están vinculadas a la naturaleza del yo de una manera más crucial que otras capacidades.[146] Consideran que la venta de sexo cala más hondo en el ser y supone una alienación más total del yo. Recordemos el argumento de Carole Pateman (1988: 207; el destacado me pertenece): “Cuando una prostituta contrata el uso de su cuerpo, lo que hace es venderse a sí misma en un sentido muy literal. La prostitución abarca el yo de la mujer de una manera distinta de la que lo hacen otras ocupaciones”.

Parece correcto advertir que el daño y la violación de los cuerpos afectan a las personas de manera más profunda y significativa que cualquier daño contra su propiedad privada. Sustraer a una persona un riñón de su cuerpo es un tipo diferente de violación que robarle un equipo de música de su casa, por caro que sea. Usar la lotería para distribuir riñones provenientes de personas saludables entre enfermos es muy distinto de usarla para distribuir premios en efectivo, aunque en última instancia podrían defenderse ambos tipos de sorteo.[147]

Pero lo anterior sólo puede constituir el primer paso de un argumento a favor de la decisión de considerar a los órganos o a las capacidades sexuales de los individuos como un bien inalienable por parte del mercado. La mayor parte de los liberales cree que la soberanía liberal sobre el cuerpo y la mente es un factor crucial para el ejercicio de las libertades fundamentales. Por ende, en ausencia de daños evidentes, rechazarían cualquier prohibición legal a la venta voluntaria de órganos humanos o capacidades sexuales. De hecho, este tipo de prohibiciones suele justificarse en virtud del daño, en tanto se considera que dichas ventas constituyen “intercambios desesperados” que, con razón, el propio individuo desearía restringir. Las leyes estadounidenses impiden la venta voluntaria de órganos y partes de cuerpos, aunque no la de sangre, sobre el supuesto de que sólo las primeras podrían ser tan perjudiciales para el individuo que, si este contara con la información adecuada y una alternativa razonable, se abstendría de concretar la venta.

Sin importar la plausibilidad de este argumento respecto del comercio de órganos,[148] al aplicarlo al sexo, resulta considerablemente débil. No existe evidencia alguna para suponer que la prostitución constituye, al menos en los Estados Unidos y entre las clases más altas, un intercambio más desesperado que trabajar en un Walmart, por ejemplo. Esto tal vez refleje el hecho de que las personas establecen con sus capacidades sexuales diversas relaciones: para algunas, la sexualidad es un ámbito de comunión extática con otra, mientras que hay quienes la consideran poco menos que un deporte o un entretenimiento. Algunos quizá consideren placentero consentir su utilización sexual por parte de otra persona, o bien crean que la paga recompensa la situación de manera suficiente. De hecho, el sexo puede ser fuente de una gran variedad de experiencias, aun para una misma persona.

Desde luego, el argumento no puede limitarse a afirmar que, como cuestión empírica, las personas tienen diferentes concepciones de la sexualidad. Quienes se oponen a la prostitución aceptan este hecho. La cuestión es si esa diversidad es deseable o no, y hasta qué punto.

Margaret Jane Radin plantea otra inquietud acerca de los efectos que podría tener la generalización de la prostitución sobre la prosperidad humana. Sostiene que la generalización de los mercados de sexo promoverá formas inferiores del estatus de persona. Afirma que podemos advertir que esto es así si “reflexionamos acerca de todo aquello que sabemos hoy acerca de la vida humana y elegimos las mejores concepciones de ella que se nos ofrecen” (Radin, 1987: 1884). Según esta autora, si la prostitución se volviera una práctica corriente, tendría efectos adversos sobre el estatus de persona, una construcción valiosa en sí misma. ¿Por qué sería así? No es descabellado suponer que si las señales de afecto o intimidad se presentaran reiteradamente como algo disociado de su significado habitual, estas se volverían más ambiguas y fáciles de manipular. Las marcas de la relación íntima (la intimidad física, las palabras cariñosas, etc.) ya no serían indicadores de intimidad. En tal caso, por oscurecer la naturaleza de las relaciones sexuales, la prostitución podría socavar la capacidad de las personas de aplicar los criterios de coerción y falta de información.[149] Como resultado, los individuos podrían involucrarse con mayor facilidad en relaciones perjudiciales y, por eso, llevar vidas menos satisfactorias.

Sin duda alguna, es cierto que la prostitución muchas veces disocia el sexo de la intimidad, aunque lo mismo puede decirse del sexo casual. Es posible traducir el argumento de Radin a la noción de que la generalización de la prostitución produciría una externalidad. Estoy de acuerdo con ella, pero la gran pregunta es cuál es la naturaleza de dicha externalidad. Radin la define en términos de una menor prosperidad humana. Sin embargo, aunque la prostitución no promueva la prosperidad, hay muchos mercados que la sociedad tolera que tampoco lo hacen, como los alimentos con alto contenido graso. Al sostener la necesidad de evaluar y regular potencialmente los mercados en la medida en que promuevan o no la prosperidad humana, Radin acepta de manera implícita que el propósito del Estado es hacer feliz a la gente. Se trata de una concepción sustantiva con ramificaciones fuertemente paternalistas. Por mi parte, me interesa plantear un argumento acerca de los mercados que no dependa de ninguna clase de paternalismo. Más adelante, afirmaré que la prostitución contemporánea es mala porque promueve relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres, una jerarquía desigual de género y exclusión –todos ellos, asuntos de justicia– y no porque haga menos felices a las personas.[150]

Otra versión de la tesis esencialista considera que la compra y venta de sexo atenta contra la dignidad personal. La prostitución degrada a la prostituta. Por ejemplo, Elizabeth Anderson analiza cómo influye la transformación del sexo en mercancía en su percepción como un bien común, basado sobre el reconocimiento de la atracción mutua. En el sexo comercial, cada parte valora a la otra en un sentido instrumental, no intrínseco. Y si bien esto impide que ambas disfruten de un bien común, la situación es peor en el caso de la prostituta. El cliente entrega sólo determinada cantidad de dinero; la prostituta cede su cuerpo. Así, se ve degradada al estatus de cosa. Llamaremos a esto la “objeción por degradación” (E. Anderson, 1993: 45).

Comparto la intuición según la cual la incapacidad de tratar a los demás como personas supone una cuestión moralmente significativa: tratar a las personas como si fueran cosas está mal. Sin embargo, me cuesta aceptar que dicha intuición respalde la conclusión de que la prostitución está mal. Tomemos la diferencia que existe entre la prostitución y la esclavitud. La esclavitud era, según la célebre formulación de Orlando Patterson (1982), una forma de “muerte social” que negaba a los individuos esclavizados la capacidad de presentar demandas, de constituirse como fuente de valor e interés por derecho propio. Pero la mera venta del uso de las capacidades personales no supone necesariamente una situación de este tipo por parte del comprador o del vendedor.[151] Muchas formas de trabajo, tal vez la mayoría de ellas, ceden control sobre el cuerpo de una persona a otra.[152] Dicho control puede ir desde la obligación de estar en un lugar específico a determinada hora (el control de entrada y permanencia en una oficina, por ejemplo) hasta la exigencia de que una persona (un deportista profesional, por ejemplo) ingiera determinados alimentos y cumpla con determinada cantidad de horas de sueño o que el empleado en cuestión sostenga una actitud amable aun ante la conducta ofensiva de otras personas (en el caso de una azafata, por ejemplo). El hecho de que una persona tenga cierto control sobre las capacidades de otra no parece constituir de por sí una situación humillante o destructiva de la dignidad de nadie.[153] El hecho de que la adquisición de determinada forma de fuerza de trabajo humana tenga o no este tipo de consecuencia negativa dependerá del macronivel social y las instituciones micro. Los salarios mínimos, la participación y el control de los trabajadores, las regulaciones de la salud y la seguridad, las licencias por maternidad y paternidad, las restricciones a la posibilidad de exigir cumplimiento específico y el derecho a retirarse del trabajo son características que atenúan los aspectos objetables de tratar el trabajo de las personas como un mero aporte económico. Quienes sostienen que la prostitución es mala en virtud de su vinculación con el egoísmo, la prosperidad y la degradación no demostraron que un sistema de prostitución regulado sea incapaz de ocuparse de tales preocupaciones. En especial, no lograron verificar que la prostitución sea perniciosa en sí, más allá de sus contextos históricos o culturales.

Sin embargo, la objeción por degradación habilita otra lectura que establece cierta conexión entre la práctica actual de la prostitución y el estatus social inferior de la mujer.[154] Esta conexión no cuestiona la lógica de la prostitución per se, sino el hecho de que, en el mundo contemporáneo, la prostitución degrada a las mujeres al tratarlas como siervas sexuales de los hombres. En la actualidad, esta práctica es ejercida en una abrumadora mayoría de los casos por mujeres, cuyos clientes son casi exclusivamente hombres. Al concebir la existencia de una clase de mujeres necesaria para la satisfacción del deseo sexual masculino, la prostitución representa a la mujer como sierva sexual del hombre. Entendida así, es posible considerar que la objeción por degradación expresa una preocupación igualitarista, en la medida en que no existe ninguna ideología recíproca que represente a los hombres como algo al servicio de las necesidades sexuales de las mujeres. En la sección siguiente avanzaré sobre esta comprensión igualitarista del carácter pernicioso de la prostitución.

LA PERSPECTIVA IGUALITARISTA

Los esencialistas hacen bien en señalar que las personas sostienen con sus capacidades una relación distinta que con las cosas externas. Sin embargo, plantean una concepción exagerada de esa diferencia entre las capacidades sexuales y otras capacidades concernientes al estatuto de persona, la prosperidad y la dignidad humana. Además, prestan escasa atención a las condiciones preexistentes en que tienen lugar los intercambios del comercio sexual. Por mi parte, prefiero considerar los efectos perniciosos de la prostitución a partir de su relación con la desigualdad de género. Ahora bien, si este argumento puede cubrir tanto el problema de la prostitución como el del embarazo contractual, ¿por qué no extenderlo a todas las demás formas de trabajo que guardan una relación estereotipada con el sexo, como el trabajo secretarial?

La respuesta depende, en parte, de los modos en que se concibe la desigualdad de género. Según creo, se expresa en dos dimensiones importantes, que suelen confundirse entre sí. La primera dimensión concierne a las desigualdades en la distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. En la mayoría de las naciones, incluidos los Estados Unidos, las mujeres forman parte de un grupo que está en situación de desventaja económica y social en función de los siguientes criterios:

Desigualdad de ingreso. Según vimos en el capítulo 5, aunque se haya acortado la brecha entre los ingresos de los hombres y las mujeres, hoy en día no deja de ser significativa.

Pobreza. La tasa de pobreza es mayor en el caso de familias cuya cabeza es una mujer soltera, sobre todo si se trata de una mujer negra o latina. En 2007, en un 28,3%, los hogares encabezados por una mujer soltera eran pobres, mientras que eso sólo era válido para un 13,6% de los hogares encabezados por un hombre soltero y un 4,95% de los hogares de parejas casadas.[155]

División desigual del trabajo en la familia. Dentro de sus familias, las mujeres dedican cantidades no proporcionales de tiempo al trabajo doméstico y a la crianza de los hijos. Según un estudio reciente, las mujeres que trabajan a tiempo completo fuera del hogar hacen también un 70% del trabajo doméstico; las amas de casa a tiempo completo se encargan de un 83% (Rix, 1990).[156] Esta desigualdad en la división del trabajo en la familia tiene origen en la desigualdad que existe en el mercado laboral (y al mismo tiempo es causa de esta): dados los bajos salarios de las mujeres que trabajan, resulta más costoso que sean los hombres quienes se sustraigan del mercado laboral para participar en el trabajo del hogar y la crianza de los niños.

La segunda dimensión de la desigualdad de género no concierne a los ingresos y a las oportunidades sino a la legitimidad social. En muchos contextos contemporáneos, las mujeres son consideradas como seres socialmente inferiores a los hombres, y se las trata como tales. Esto se produce por obra de distintos mecanismos:

Estereotipos negativos. Aun hoy hay ciertos estereotipos acerca de la clase de empleos y las responsabilidades que puede asumir una mujer. Distintas investigaciones exhaustivas lograron demostrar que las personas suelen creer que los hombres son más dominantes, decididos y sujetos de razón instrumental que las mujeres. El género incide en las convicciones existentes acerca de las capacidades de una persona; por ejemplo, se cree que las mujeres son menos inteligentes que sus pares hombres (Haslanger, 2000).

Jerarquía. Los hombres pueden sancionar a las mujeres de manera asimétrica, es decir, pueden maltratar a las mujeres para conseguir lo que quieren. El caso paradigmático de esto es la violencia. Las mujeres son objeto de una mayor cantidad de violencia por parte de los hombres que viceversa: según un estudio (algo controvertido), en los Estados Unidos cada quince segundos una mujer es golpeada; cada año 1.300.000 mujeres son maltratadas físicamente por sus parejas hombres y, en promedio, son agredidas 3,4 veces (National Institute of Justice, 2000: 26).

Marginación. Se dice que una persona fue marginada cuando se la excluye o está ausente de las funciones más importantes de la producción social, funciones que suelen traer aparejado el respeto por uno mismo y la capacidad de realizar un aporte significativo.[157] En los extremos, las mujeres marginadas carecen de los medios necesarios para su supervivencia básica y dependen de sus compañeros varones para asegurar sus necesidades básicas. Las mujeres cuyo grado de marginación no es tan severo no tienen acceso a las funciones sociales importantes y decisivas. Si bien son cada vez más las mujeres que ingresan a la profesión médica y a la práctica del derecho, se las encuentra agrupadas en los escalones más bajos de estas profesiones. Y el progreso fue escaso en algunas posiciones sociales de gran relevancia: sólo en un 2% las personas que llegaron a ser senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos entre 1789 y julio de 2009 son mujeres.[158] La segregación profesional por sexo es general y dominante; peor aún, es un fenómeno global.

Estigmatización. En determinados contextos, el género de la mujer trae asociado un estigma, un emblema de deshonra. Tomemos el caso de la violación. En los casos de violación, el comportamiento previo y la personalidad de la demandante desempeñan un papel fundamental al determinar si ha habido o no un delito. Esto no es así en otros casos: el error de juicio o la credulidad de las víctimas no sirven de atenuante en un proceso de fraude por correspondencia.[159] Creo que la sociedad otorga un trato distinto al problema de la violación porque, me permito sugerir, muchas personas creen que las mujeres en realidad quieren o merecen ser obligadas a tener sexo, a ser tratadas como objeto del placer masculino. De esta forma, el estatus inferior de la mujer influye en el concepto que se tiene de la violación.

Es claro que estas dos formas de desigualdad –desigualdad en la distribución y desigualdad de estatus– interactúan entre sí. Pero son distintas. No considero que sea plausible atribuir a la prostitución un papel causal directo en el agravamiento de la primera dimensión de la desigualdad de género (es decir, la desigualdad en la distribución de recursos entre los hombres y las mujeres). Sin embargo, creo plausible sostener que la prostitución, junto con otras prácticas relacionadas, como la pornografía, realiza una importante contribución al estatus social inferior de las mujeres. Influye y se ve influenciada a su vez por las costumbres y la cultura, por los significados culturales que se tejen en torno a la importancia del sexo, la naturaleza de la sexualidad de las mujeres y el deseo masculino.[160]

Si la prostitución resulta nociva, se debe a sus efectos en la percepción que los hombres tienen de las mujeres y que estas tienen de sí mismas. En la sociedad contemporánea, la prostitución representa a las mujeres como siervas sexuales de los hombres. Respalda y encarna la antigua creencia de que ellos tienen incontrolables impulsos sexuales que demandan satisfacción, en gran medida por medio del acceso al cuerpo de una mujer. Esta creencia subyace a la idea errónea de que la prostitución es la profesión más antigua del mundo, consecuencia necesaria de la naturaleza humana (es decir, masculina), y en la concepción tradicional del matrimonio, en la que el hombre adquiere posesión no sólo de las propiedades de su mujer sino también de su cuerpo. De hecho, hasta bastante avanzado el siglo XX, muchos Estados no reconocían la posibilidad de una “verdadera violación” en el seno del matrimonio.

¿Por qué esta idea de que las mujeres deben complacer las necesidades sexuales de los hombres constituye una imagen de la desigualdad, y no de una mera diferencia? Mi argumento sostiene que el contexto brinda dos razones fundamentales.

En primer lugar, no existe en la cultura contemporánea una práctica social recíproca que represente a los hombres como una clase consagrada a la satisfacción de las necesidades sexuales de las mujeres. Si bien existen gigolós y acompañantes pagos, esto no genera la idea de que la sexualidad de los hombres sea una capacidad independiente cuyo uso puedan adquirir las mujeres. Satisfacer los deseos sexuales de las mujeres no forma parte de la identidad de los hombres. De hecho, los hombres que ejercen la prostitución atienden sobre todo a otros hombres, no a mujeres.

En segundo lugar, esta idea de que la prostitución encarna una concepción de las mujeres como seres inferiores encuentra sustento en la alta incidencia de violaciones y actos de violencia que se registran contra las prostitutas. Si bien en el contexto de la sociedad contemporánea toda mujer es blanco potencial del abuso sexual y la violencia, en el caso de las prostitutas la tasa de mortalidad ligada a estos factores es seis veces más alta que para las demás, en condiciones similares de edad, raza y clase social.[161]

Sostengo que la prostitución ofrece una imagen de la desigualdad de género al constituir una clase de mujeres como seres inferiores. La prostitución es un teatro de la desigualdad, donde se escenifica una práctica en la cual las mujeres desempeñan el papel de siervas de los deseos de los hombres. Esta sujeción se duplica en el caso de aquellas controladas a la fuerza por sus proxenetas (hombres). Se sigue de esta idea que la prostitución tal vez no tenga un efecto tan nocivo cuando son hombres quienes la ejercen. Hace falta una investigación más profunda y detallada acerca de las imágenes y concepciones populares acerca de los prostitutos gay, y también del número extremadamente reducido de prostitutos que atienden a mujeres.

Esta imagen negativa de las mujeres que ejercen la prostitución, la idea de que son blancos legítimos de violencia y violación, es objetable en sí misma. Contribuye a una importante forma de desigualdad, la desigualdad de estatus, basada sobre actitudes de superioridad, exclusión y falta de respeto. Desafortunadamente, la gran mayoría de los filósofos políticos y los economistas, decididos a prestar atención sobre todo a las desigualdades de ingresos y de oportunidades, se permitieron ignorar esta forma de desigualdad. Y peor aún, esta forma de desigualdad no limita su alcance a las mujeres que ejercen la prostitución. Creo que la imagen negativa de las prostitutas tiene también efectos adversos para terceros, en tanto conforma y gravita sobre el modo en que son vistas las mujeres en su conjunto. Desde luego, esta hipótesis tiene carácter crítico. No ha sido probada en el ámbito empírico, en buena medida debido a la falta de estudios que tengan por objeto a los hombres que frecuentan prostitutas. La mayoría de los estudios existentes acerca de la prostitución examinan el comportamiento y las motivaciones de las mujeres que ingresan a la práctica, hecho que plantea en sí mismo la grave sospecha de que en la sociedad contemporánea la prostitución es vista como “un problema de las mujeres que son prostitutas […] [antes que como] un problema de los hombres que demandan sus servicios” (Pateman, 1983: 563). Estos estudios dan por sentada la identidad de género del hombre.

Para estudiar cómo influye la imagen negativa de la prostitución en las mujeres que la ejercen y las mujeres en general, necesitamos investigar las siguientes cuestiones:

¿Cómo se comportan con las prostitutas los hombres que las frecuentan? ¿Qué diferencias hay entre su comportamiento con las prostitutas y el de aquellos hombres que no las frecuentan?

¿Cómo se comportan con las mujeres en general los hombres que frecuentan a prostitutas? ¿Cómo se comportan con las mujeres en general los hombres que no frecuentan a prostitutas?

¿Cómo se comportan las mujeres con las prostitutas?

¿Qué opinión tienen de sí mismos los hombres y las mujeres involucrados en la prostitución?

¿La prostitución contribuye a un incremento o a una disminución de los delitos relacionados con la violencia sexual?

¿Qué se puede aprender de estas cuestiones por medio de estudios que crucen los datos de distintas naciones? ¿Qué diferencias hay entre las actitudes existentes hacia las prostitutas en los Estados Unidos y las de otros países donde existen políticas de salario más igualitarias o una menor desigualdad de estatus entre los hombres y las mujeres?

Las respuestas a estas preguntas permitirían conocer hechos sociales acerca de la cultura contemporánea. Cualquiera fuese la plausibilidad de la hipótesis de que la prostitución es una expresión de la desigualdad de estatus de género y que contribuye a ella, esta se deriva del contexto cultural que la rodea, del significado que la práctica adquiere en el seno de la sociedad.

Puedo imaginar circunstancias hipotéticas en las que la prostitución no proyecta una imagen negativa, en las que puede reafirmar la sexualidad de las mujeres. Margo St. James, de COYOTE, y otras feministas plantearon que las prostitutas pueden oficiar de terapeutas sexuales, para satisfacer una necesidad social legítima y abrir, a su vez, un espacio de experimentación con concepciones alternativas de sexualidad y género (véase también Schwartzenbach, 1990-1991). Acepto que en el marco de otra cultura, en la cual existan otros supuestos acerca de las identidades de género de los hombres y las mujeres, la prostitución tal vez no tendría efectos perjudiciales sobre las mujeres que ejercen la prostitución ni sobre las mujeres como grupo general. Pero creo que estas feministas minimizan los estereotipos culturales que rodean a la prostitución contemporánea y sobrestiman su propia capacidad de influir sobre las concepciones existentes en torno a esta práctica. No resulta nada sencillo desligar la prostitución, o la pornografía, del contexto cultural que la rodea, contexto en el que se margina, se estigmatiza y se reduce a las mujeres al estereotipo.[162] Considero que es preciso analizar con mayor detenimiento qué cosas descubren los hombres y las mujeres a través de la prostitución. Sinceramente, dudo que algún estudio etnográfico acerca de la práctica apoye el argumento de que esta puede contribuir a generar imágenes que fortalezcan la dignidad de las mujeres o su empoderamiento.

Si por medio de esta imagen negativa que transmite –las mujeres como siervas sexuales de los hombres– la prostitución refuerza el estatus inferior de las mujeres en la sociedad, entonces resulta perniciosa. Aun cuando algunos hombres puedan ejercer o de hecho ejerzan la prostitución, considero muy poco probable que esta práctica tenga los mismos efectos negativos en la imagen de los hombres como grupo. Un hombre puede verse degradado por sus actos de prostitución, no así el grupo de los hombres.

Dicho todo esto, ¿la imagen negativa de la prostitución tiene efectos más relevantes que los de otras profesiones en las que también es usual que las mujeres sirvan a los hombres, como en el caso de las enfermeras y las modelos? ¿Qué tiene de particular la prostitución?

Sin duda alguna, los efectos concretos de la imagen negativa también funcionan fuera del ámbito de la prostitución. Sin embargo, existen tres diferencias significativas entre la prostitución y otras profesiones en las que se advierte una segregación de género.

En primer lugar, son muchas las personas que consideran a la prostitución, a diferencia del trabajo doméstico, un oficio particularmente objetable. Si estas nociones morales de la prostitución se mantuvieran constantes, si continúa siendo una ocupación prominentemente femenina, entonces debemos concluir que la existencia de la prostitución tendrá un efecto multiplicador desproporcionado sobre las imágenes negativas de la mujer.[163] El estigma envuelve a esta práctica, la conforma y, a su vez, se ve reforzado por ella.

En segundo lugar, la prostitución representa a las mujeres como objetos de uso masculino. Como ya señalé, es tanto más probable que las prostitutas sean víctimas de violencia que otras profesionales; también tienen muchas más probabilidades de ser violadas que las demás mujeres. El “no” de una prostituta no significa “no” para el hombre al cual brinda sus servicios, ni tampoco para el resto de los hombres.

La tercera diferencia concierne a un daño para terceros: los efectos que la prostitución podría tener sobre la autonomía sexual de las demás mujeres (S. Anderson, 2002). Recientemente, Scott Anderson sostuvo que si la prostitución se considerara un empleo análogo a cualquier otra forma de trabajo, la obligación de prestar servicios sexuales podría quedar comprendida dentro de una gran variedad de empleos. Esto limitaría las opciones laborales de las mujeres que no aceptan dichas condiciones, lo cual restringiría su circulación en el mercado laboral. La legalización de la prostitución supone para ellas un retroceso y, además, según Anderson, las mujeres podrían sentirse presionadas a tener sexo para conseguir los empleos que quieren.

En mi argumento, si la prostitución es mala, se debe a que la venta de trabajo sexual de las mujeres puede tener consecuencias adversas sobre cualquier posibilidad de alcanzar una forma significativa de igualdad entre los hombres y las mujeres. Si es correcto, este argumento a favor de la tesis de la asimetría conecta la prostitución al estigma y a la desigualdad de estatus. Sin embargo, esta injusticia depende en gran medida de creencias y actitudes que algún día podrían cambiar. En lo sucesivo, aunque reconozco que bajo las condiciones actuales la prostitución resulta perniciosa, analizaré si es aceptable que continúe siendo ilegal.

¿HAY QUE LEGALIZAR LA PROSTITUCIÓN?

Es importante distinguir entre el carácter pernicioso de la prostitución y la respuesta legal que la sociedad tiene derecho a esgrimir en vista de tal nocividad. Quizá, por objetable que sea, no haya justificación para prohibir la prostitución si con esta prohibición sólo se consigue empeorar la situación en virtud de la cual resulta perjudicial, o si esta acarrea consigo un costo demasiado significativo para otros valores relevantes. Existe todo un espectro de concepciones plausibles acerca de los límites adecuados para la intervención del Estado y también acerca de los límites de las consideraciones de igualdad a la hora de respaldar este tipo de regulaciones.

Además, es importante tener en cuenta que limitar el debate acerca de soluciones posibles a la sola cuestión de si es preciso prohibir o no el ejercicio de la prostitución demuestra una imaginación muy pobre. Existen distintas vías para cuestionar los valores existentes acerca de la división del trabajo dentro del ámbito familiar y la naturaleza de las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres, como la educación, la generación de grupos de discusión y el cambio en las políticas de licencia laboral por parentalidad. La ley no es la única forma que tenemos de convencer a las mujeres de que no se dediquen a la prostitución. Sin embargo, necesitamos decidir cuál es la mejor política legal ante la prostitución.

Comenzaré por evaluar la política existente. Los Estados Unidos son uno de los pocos países desarrollados de Occidente que consideran la prostitución como un delito.[164] Por ejemplo, Dinamarca, Holanda, Alemania, Suecia, Suiza y Austria la legalizaron, si bien en algunos de estos países la restringieron mediante normativas locales.[165] En otros países es ilegal pagar por sexo, pero no venderlo. En todos los casos en que está permitida, la prostitución es objeto de minuciosa regulación.

Supongamos que se acepta que la igualdad de género constituye una meta legítima de la política social. La gran pregunta es si la prohibición legal que actualmente rige sobre la prostitución en los Estados Unidos promueve la igualdad de género. Para mí, la respuesta es “no”. Las políticas actualmente en vigencia en los Estados Unidos exacerban los factores en virtud de los cuales la prostitución es mala.

En primer lugar, la prohibición que hoy en día rige sobre la prostitución deja a muchas de las mujeres que la ejercen en una situación de vulnerabilidad. Como reemplazo de los recursos legales y contractuales que no tienen, algunas buscan la ayuda de proxenetas, que pueden protegerlas de sus clientes y de la policía. Sin embargo, este sistema tiene consecuencias enormemente negativas y perjudiciales para las mujeres que ocupan los estamentos más bajos de la prostitución.

En segundo lugar, las mujeres reciben un castigo desproporcionado por ejercer el comercio sexual. Muchas leyes estatales consideran que vender sexo es un delito mayor que comprarlo. Por ende, rara vez se procesa a proxenetas o clientes (“putañeros”). De hecho, en algunas jurisdicciones en que esta práctica es ilegal, frecuentar a una prostituta no lo es. Varias investigaciones también demuestran que el arresto de prostitutas es tanto menos habitual que el arresto de hombres que ejercen la prostitución y, además, que los hombres reciben sentencias más breves. El análisis del procesamiento judicial de 2859 hombres y mujeres acusados de ejercer esta práctica demostró que es tanto más probable que los jueces dicten la culpabilidad cuando quien está en el banquillo de acusados es una mujer (Lindquist y otros, 1989).[166]

La prohibición legal vigente tampoco redunda en claros beneficios para las mujeres como clase general, debido a que tiene un significado cultural bastante ambiguo. Si bien un régimen de prostitución irrestricto, un sistema que ponga precio a los atributos sexuales de la mujer, puede tener consecuencias externas negativas en la imagen que tienen las mujeres de sí mismas y que los hombres se forman de ellas, también la prohibición por parte del Estado puede reflejar una determinada concepción de la mujer que contribuya a la desigualdad. Por ejemplo, algunas personas respaldan esta regulación legal porque consideran que la sexualidad de las mujeres tiene el solo propósito de la reproducción, convicción fuertemente ligada a ideas tradicionales acerca de la función que debe observar una mujer en la sociedad.

Existe otro motivo por el cual la prostitución parece una respuesta inadecuada al problema de la desigualdad de género, y sugiere una falta de paralelismo con el caso de la subrogación comercial. Prohibir la prostitución no basta para eliminarla. Mientras existen razones para creer que la decisión de volver ilegales o no ejecutables los acuerdos de subrogación comercial disminuiría su ocurrencia, no existe prueba alguna que permita afirmar lo mismo respecto de la prostitución. Ninguna ciudad estadounidense logró eliminar la prostitución por medio de la criminalización. Por el contrario, la prostitución criminalizada se convierte en un pujante mercado negro en el que los proxenetas remplazan a la ley para el cumplimiento del contrato. De esta forma, la prohibición hace que la vida de las prostitutas sea aún peor, sin atacar de manera clara la imagen negativa de la mujer asociada a la prostitución.

Si decidimos prohibir la prostitución, necesitamos enfrentar estas cuestiones. Si nos inclinamos por no prohibirla (ya sea legalizándola o despenalizándola), debemos regularla con cuidado para controlar sus efectos negativos. Tendremos que establecer ciertas restricciones sobre la publicidad y el reclutamiento para enmendar los efectos de imagen negativa que podría perpetuar un régimen de prostitución irrestricto, porque el actual régimen de la prostitución como un mercado negro supone un enorme perjuicio para muchas prostitutas. Somete sus capacidades sexuales en buena medida al control de los hombres. A continuación, sugiero algunos principios regulatorios que podrían contribuir a promover la igualdad de género:

Ninguna mujer podrá ser obligada, por la ley o por personas privadas, a tener relaciones sexuales contra su voluntad. (Recordemos que es bastante reciente el reconocimiento legal de la existencia de la violación marital.) Toda mujer que venda sexo debe ser capaz de negarse a brindarlo; ni la ley ni personas privadas podrán obligarla a hacerlo (véase Sunstein, 1992).

No podrá negarse el acceso de ninguna mujer, por ley o por parte de personas privadas, a los anticonceptivos, al tratamiento contra enfermedades de transmisión sexual (en particular el sida) ni al aborto (al menos en el primer trimestre de embarazo).

La ley debe fomentar la capacidad de acción, y así asegurar que toda mujer cuenta con la información adecuada antes de acceder a una relación sexual. Esto debería incluir los riesgos de las enfermedades y dolencias de transmisión sexual, los riesgos de embarazo y el conocimiento de las leyes que protegen el derecho de la mujer a negarse a tener sexo.

Deben respetarse las leyes de edad mínima para el consentimiento de la relación sexual. Estas deberían asegurar que las mujeres (y los hombres) vulnerables estén protegidos de todo tipo de coerción y que no lleguen a participar de una relación sexual hasta no estar en posición de entender aquello a lo que están consintiendo.

Para promover el control de las mujeres sobre su propia sexualidad, la ley debe prohibir cualquier forma de tercerización. Si el carácter pernicioso de la prostitución está dado por su relación con la desigualdad de género, es crucial que la ley deba encargarse fundamentalmente de los hombres que se aprovechan del uso de las capacidades sexuales de las mujeres.

Estos principios tienen el propósito de establecer y proteger el derecho de la mujer a ejercer control sobre sus capacidades sexuales y reproductivas, de no entregar el control de estas capacidades a otros. Intentan proteger las condiciones en que las mujeres consienten la relación sexual –en el lenguaje del capítulo 4, incrementar su capacidad de acción–, ya sea que esta forme parte de una transacción comercial o no. Por último, cabe decir que estos principios buscan contrarrestar los perjuicios que la prostitución acarrea para las mujeres al mitigar su naturaleza como una forma de servidumbre femenina.

CONCLUSIÓN

Si los argumentos que ofrecí a lo largo de este capítulo son correctos, debemos admitir que la prostitución es perniciosa por su contribución a la perpetuación de una forma ubicua de desigualdad: la desigualdad entre los hombres y las mujeres. En otras circunstancias, sobre la base de otras premisas acerca de los hombres y las mujeres y también de su función en la sociedad, la prostitución podría resultar una práctica no problemática, o al menos no más problemática que muchos otros mercados laborales actualmente permitidos. De eso se sigue que en otras circunstancias no sería válida o tendría menor contundencia la tesis de la asimetría. Si bien la idea de la prostitución entendida como una actividad intrínsecamente degradante constituye una intuición potente –y como muchas otras intuiciones, persiste aun luego de que sus partidarios la someten a lo que Richard Brandt (1979: 11-12, 126-127, 333) denominó “terapia cognitiva”, con la cual se enmiendan errores en la apreciación de hechos y en los procesos de inferencia–, creo que esta intuición está ligada a concepciones muy arraigadas acerca de la identidad de género del hombre y el papel sexual de la mujer en el contexto de dicha identidad. Si nos preocupara realmente la prostitución, como debería preocuparnos, tendríamos que dirigir toda nuestra energía a plantear modelos alternativos de relaciones igualitaristas entre los hombres y las mujeres.

135 Una versión previa de este capítulo fue publicada en la revista Ethics. Véase Satz (1995).

136 Aunque a veces sí. Véase más adelante.

137 Es decir, si hubiera igualdad de género entre los sexos y un grupo significativo de hombres y mujeres muy empobrecidos se vieran obligados a vender trabajo sexual para sobrevivir, esto también resultaría problemático. Debe considerarse sospechoso cualquier contrato laboral al cual se ingrese en situaciones desesperadas, fenómeno que ya he descrito en términos de la vulnerabilidad preexistente de los agentes que participan en la transacción. Tal es el caso de la mayor parte de la prostitución en todo el mundo.

138 Laurie Shrage (1989) constituye una importante excepción a esta regla. Véase también su libro Moral Dilemmas of Feminism (1994).

139 En La profesión de la señora Warren, George Bernard Shaw (2006 [1906]) subraya el hecho de que el intercambio monetario desempeña una función importante en el sostenimiento de muchas relaciones íntimas.

140 Un análisis acerca de los prostitutos que ofrecen su trabajo sexual a mujeres consta en H. Smith y B. van der Horst (1977). Tanto el diccionario como el uso corriente tienden a identificar la prostitución con las mujeres. A los hombres que venden su sexo a las mujeres generalmente se los denomina “gigolós”, no “prostitutos”. El primero de estos términos abarca no sólo la venta de sexo sino también de compañía.

141 La prostitución masculina merece unas pocas páginas en el monumental estudio de John Decker (1979) acerca de la prostitución. Véanse también Drew y Drake(1969), Gandy y Deisher (1970) y Sereny (1984). Estoy en deuda con Vicent Di Girolamo por señalarme la existencia de estos trabajos. Véase también D. Allen (1980).

142 Un reciente artículo económico advierte un descenso de la prostitución callejera debido al auge de internet. Véase Cunningham y Kendall (2009).

143 Además, en tanto el problema sean estas condiciones desesperadas, no se entiende en qué medida la prohibición podría brindar algún tipo de respuesta. Impedir la prostitución tal vez no logre otra cosa que obstruir la mejor alternativa de que dispone una mujer pobre; de ninguna manera erradica las circunstancias que la conducen a dicha elección. Véase Radin (1987) acerca del problema de estar “entre la espada y la pared”.

144 Para un intento de entender la totalidad de la sexualidad humana desde una perspectiva económica, véase Posner (1992).

145 Pese a todo, dos tercios de las prostitutas encuestadas manifiestan no sentir ningún tipo de arrepentimiento acerca de su elección laboral. Véase Decker (1979: 165-166). Este dato cuantitativo es difícil de interpretar, debido a los altos costos que supone asumir que se realizó una mala elección profesional y a la falta de alternativas laborales decentes para muchas prostitutas.

146 Sin embargo, la prostitución es un tema que todavía divide a las feministas. Por un lado, están las que consideran la prostitución como un fenómeno deshumanizante y alienante ligado a la dominación masculina; tal es la postura, por ejemplo, de la organización de prostitutas WHISPER (iniciales de su nombre inglés, Women Hurt in Systems of Prostitution Engaged in Revolt [Mujeres Perjudicadas por los Sistemas de Prostitución, en Rebeldía]). Por otro lado, algunas feministas consideran los mercados de sexo como un espacio de afirmación del derecho de la mujer a la autonomía, el placer sexual y el bienestar económico; esta es la postura adoptada por la organización de prostitutas COYOTE (sigla de Call Off Your Old Tired Ethics [Dejen atrás sus viejas y fatigadas éticas]).

147 Por eso, Richard Posner (1985: 1199) se equivoca al sostener que “la prohibición de la violación es al mercado del sexo y el matrimonio lo que la prohibición del robo a los mercados explícitos de bienes y servicios”. Para un análisis de las analogías y las no analogías entre los órganos y las cosas externas, véanse Harris (1975) y Fabre (2006).

148 Véase el análisis de este tema en el capítulo 9.

149 Margaret Baldwin (1992) plantea una objeción en este sentido en “Split at the Root”. Le preocupa que la prostitución socave la capacidad social de entender la capacidad de una mujer de consentir al acto sexual. Se pregunta: ¿será considerado el consentimiento de la prostituta a tener sexo como un consentimiento a recibir un pago de veinte dólares? ¿Hará esto que las cortes determinen las sentencias de los juicios por violación que tengan por víctimas a prostitutas como el equivalente de una multa por mal estacionamiento (por ejemplo, imponiendo otro pago de veinte dólares)? ¿Serán las prostitutas responsables de atentar contra los intereses fundamentales a favor de la integridad de su cuerpo? Creo que la preocupación de Baldwin es válida, sobre todo en el contexto de la actual estigmatización de las prostitutas. La cuestión podría resolverse, en parte, prohibiendo que en los procesos por violación se divulgue cualquier tipo de información acerca de la profesión de la mujer afectada.

150 Radin intenta ofrecer una descripción bastante abstracta (que admite diversas interpretaciones) de aquello que constituye la prosperidad humana. Esto hace que su planteo resulte tal vez menos controvertido que otros que son mucho más específicos respecto de qué es “prosperidad”.

151 A decir verdad, la humanidad de la prostituta forma parte de la transacción sexual; por eso, pocas personas muestran interés por sustitos sexuales no humanos. De hecho, la humanidad (y el género) de la prostituta tal vez resulte crucial para la experiencia del cliente que necesita sentirse superior a ella. Véase MacKinnon (1989).

152 Sin embargo, Scott Anderson sostuvo la especial importancia de la autonomía sexual, por encima y más allá de otras formas de autonomía. Véase S. Anderson (2002). Retomaré esta cuestión más adelante.

153 Aunque Arlie Hochschild demostró que la venta de “trabajo emocional” por parte de las asistentes de vuelo y los vendedores de seguro distorsiona sus respuestas normales al dolor y a las frustraciones. Véase Hochschild (1983).

154 Debo esta idea a Elizabeth Anderson, quien hace hincapié en la necesidad de distinguir entre las distintas versiones de la objeción por degradación y plantea, además, algunas líneas de interpretación posibles.

155 Véase <npc.umich.edu/poverty>.

156 Rix advierte que el tiempo que las mujeres dedican a las tareas domésticas casi no ha disminuido desde los años veinte, a pesar de la invención de tecnologías que contribuyen al trabajo (como sucede con la limpieza de vajilla y ropa). Véase también Bianchi y otros (2000), que señala que las mujeres todavía realizan el doble de trabajo doméstico que los hombres.

157 Al respecto, señalo mi deuda con el debate que plantea Iris Young (1990) en Justice and the Politics of Difference.

158 Véase <cawp.rutgers.edu/fast_facts/levels_of_office/congress.php>.

159 El original añade la observación de que hay un juego de palabras intencional: en inglés, mail fraud (fraude por correspondencia) es homófono de male fraud (fraude masculino). [N. de E.]

160 Shrage (1994) sostiene que la prostitución se encarga de perpetuar las siguientes creencias que oprimen a las mujeres: 1) la posesión universal de un fuerte apetito sexual, 2) el dominio “natural” del hombre, 3) la contaminación de la mujer por el contacto sexual, y 4) la cosificación de la práctica sexual.

161 Véase Potterat y otros (2004). Véase también Silbert (1982) para un estudio acerca de las prostitutas callejeras en que el 70% de las entrevistadas informa haber sido objeto de violación en su trabajo.

162 Desde luego, si bien es difícil, tampoco resulta imposible que un grupo de personas modifique el significado de una práctica social. Tomemos en consideración la controversia contemporánea en torno al significado social del matrimonio.

163 Debo esta apreciación a Arthur Kuflik.

164 En los Estados Unidos, la prostitución sólo es legal en algunas jurisdicciones del estado de Nevada.

165 En estos países, se observa también una mayor igualdad de ingresos entre los hombres y las mujeres que en los Estados Unidos. Podríamos creer que esto refuta el argumento de que la prostitución contribuye a la desigualdad de ingresos. Más aún, el estatus de la mujer en algunas sociedades que reprimen la prostitución (como los países islámicos) es más bajo que en aquellas que no lo hacen (como los países escandinavos). Con todo, dada la diversidad de factores políticos, económicos y culturales que debemos tener en cuenta, es necesario mostrar cautela y no sacar conclusiones apresuradas. La legalización de la prostitución podría tener efectos negativos para la igualdad de género en los Estados Unidos, aunque en otros países no se observe una correlación entre la prostitución legal y la desigualdad de género. Una perspectiva escéptica acerca del vínculo entre la pornografía y la desigualdad de género consta en Posner (1993).

166 Varias leyes estatales que prohíben la prostitución fueron sometidas a debate sobre la base de la protección de la igualdad. Estas estadísticas respaldan la idea de que el efecto de imagen negativa generado por la prostitución afecta mucho más a las mujeres que a los hombres que la ejercen.

7. El trabajo infantil: una perspectiva normativa[167]

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que más de 246 millones de niños en el mundo trabajan. Si bien se advierte un descenso en la incidencia del trabajo infantil en términos mundiales, este es desigual y, por el contrario, en ciertas áreas parece ir en aumento (Fallon y Tzannatos, 1998). En muchos países del sudeste asiático y de África el índice de niños que trabaja se sitúa en un rango que va del 20 al 60%.

La profusa existencia del trabajo infantil suscitó tanto la indignación popular como distintas iniciativas legislativas para prohibir la venta de cualquier producto elaborado por niños. Pero las economías en vías de desarrollo y muchos economistas se manifestaron en contra de una proscripción universal del trabajo infantil. Sostienen que este tipo de prohibición podría resultar ineficiente y dañar a las familias pobres y a sus hijos. Algunos economistas plantearon su preocupación porque esto supone una interferencia paternalista con estrategias familiares que, en contextos dominados por la pobreza y sistemas educativos inadecuados, tal vez constituya una respuesta racional a dichas condiciones. Otros señalan que, debido a la heterogeneidad del trabajo infantil –que abarca desde la pequeña tarea de repartir periódicos luego del horario escolar hasta la prostitución– cualquier política uniforme puede atentar contra la capacidad de perseguir sus formas más abyectas. Por eso, existe un intenso debate acerca de si es deseable o no establecer y hacer cumplir en todo el mundo un conjunto de estándares uniforme respecto del trabajo infantil.

A la luz de ese debate, el presente capítulo analiza las cuestiones normativas que plantea el trabajo infantil. En la primera sección, trataré brevemente la problemática conceptual de definir qué es un niño a los propósitos de conocer el trabajo infantil. La segunda sección indagará distintas consideraciones en virtud de las cuales el trabajo infantil resulta moralmente problemático, planteando una serie de fenómenos que incurren en los parámetros desarrollados en el capítulo 4: débil capacidad de acción, vulnerabilidad y resultados extremadamente perjudiciales para el niño y para la sociedad (véase también Kanbur, 2004). Guiada por estas consideraciones, defenderé una posición distinta de la que sostiene la necesidad de abolir de inmediato toda forma de trabajo infantil, pero también de la que sostiene que debemos acostumbrarnos a él. Defenderé la necesidad de prohibir de manera incondicional las peores formas de trabajo infantil; entre ellas, la prostitución y el uso de niños como trabajadores esclavos. Es probable que debamos mostrar cierta tolerancia ante otros tipos de trabajo infantil bajo determinadas circunstancias, al menos en lo inmediato, sin por eso cejar en los esfuerzos por erradicarlo. Sin embargo, la tolerancia legal no debe implicar indiferencia, y existen muchas maneras en que los estados y las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden proteger y promover los intereses del niño. En especial, tienen la posibilidad de adoptar medidas sociales para mejorar la condición general de los niños, sobre todo asegurando la inclusión de los niños trabajadores en la educación formal.

No podemos abordar la cuestión del trabajo infantil sin establecer ciertas precisiones acerca de distintos valores políticos y morales, en tanto estos forman parte de las preguntas que se formulan, de los datos que se reúnen y de las políticas que se definen en la materia. Más aún, cualquier política que se adopte supondrá la necesidad de negociar distintos valores. Los responsables de la elaboración de políticas públicas deberían formular de manera explícita los valores que desean promover y el grado de negociación que estarían dispuestos a aceptar. En este capítulo, considero que el valor más importante en juego es la necesidad de prevenir perjuicios extremos para los niños y para la sociedad, y planteo de qué manera este criterio podría servir de guía para el diseño de políticas públicas y de proyectos de investigación.

¿QUÉ ES UN NIÑO?

Muchos países definen la infancia en términos de edad cronológica, mientras que otros tienen en cuenta factores sociales. Por ejemplo, en algunos países de África se considera que el conjunto de características que los países industrializados reúnen en el estatus de “niño” no se corresponde con la situación de los aprendices y las novias de 10 años. Las pequeñas pueden estar en edad de contraer matrimonio, pero no tienen derecho a tomar decisiones sin consultar con sus padres. Diferentes países plantean distintos umbrales de edad para el ingreso a la adultez, y dicho umbral puede mostrar diferencias aun dentro de un mismo país: una edad para votar, otra para ingresar al mercado laboral, otra para el servicio militar. Por último, la categoría de niño es, sin duda, heterogénea: las capacidades de un individuo de 3 años son totalmente distintas de las de uno de 15.

¿Cuáles son las bases normativas de la concepción de infancia comúnmente aceptada en la sociedad moderna? El concepto implícito en casi todas las prácticas morales y legales es que el niño es una persona que no está desarrollada por completo, sino en vías de desarrollo.[168] Debido a esta condición subdesarrollada, es necesario que haya padres o tutores adultos que actúen en su nombre. A ellos se les confieren obligaciones especiales, entre las que se cuentan proteger, alimentar y educar a los niños. Estas obligaciones son paternalistas, porque los adultos están obligados a satisfacerlas más allá de que el niño en cuestión acepte o no ser protegido, alimentado o educado.

Los adultos se sienten justificados a tratar a los niños de manera paternalista porque estos no desarrollaron aún las capacidades cognitivas, morales y afectivas necesarias para deliberar y actuar de manera competente a favor de sus propios intereses.[169] Al mismo tiempo, asiste a los niños el legítimo derecho a exigir que sus intereses sean respetados; no son sólo herramientas. Los niños aún no son personas plenas, pero son personas.

DIMENSIONES NORMATIVAS DEL TRABAJO INFANTIL

¿Cuáles son las dimensiones normativas del trabajo infantil? Esta práctica plantea preocupaciones morales debido a la débil capacidad de acción de los niños (y en ocasiones también de los padres), su relación con vulnerabilidades preexistentes y, en particular, su posibilidad de generar resultados extremadamente perjudiciales para los propios niños y para la sociedad en su conjunto.

DÉBIL CAPACIDAD DE ACCIÓN

No podemos suponer que un niño tiene una capacidad de acción plena. Carece de las capacidades cognitivas, morales y afectivas de un adulto, y rara vez tiene dentro de su familia el poder de tomar decisiones acerca de la distribución de su propio tiempo.[170] La toma de decisiones que afectan a los niños, sobre todo en el caso de los más pequeños, suele correr fundamentalmente a cargo de sus respectivos padres, que ejercen autoridad y control sobre la mayoría de los aspectos de la vida de sus hijos.

Tomemos el contraste de esta situación con el ideal de los mercados laborales, donde tanto los trabajadores como sus empleadores son agentes totalmente racionales que realizan transacciones por derecho propio en condiciones de información perfecta. Como bien señala Jane Humphries (1999), no existe un infans oeconomicus que responda a las señales del mercado: la mayoría de los niños son enviados a trabajar por sus padres. En el caso del trabajo infantil, esta brecha entre quien elige y quien es elegido para insertarse en el mercado laboral plantea la posibilidad de que los intereses del niño no se tengan en cuenta. Toda toma de decisiones por parte de un tutor es un espacio moral asentado sobre arenas movedizas, especialmente en el caso de los niños más pequeños, que a menudo son incapaces siquiera de articular sus propios intereses. Por otra parte, este tipo de capacidad de acción subrogada a veces se interrumpe, como ocurre en el caso de los padres que pierden la custodia de sus hijos por haberlos maltratado, explotado o descuidado. Las familias no son entidades homogéneas sino asociaciones íntimas, cuyos miembros tienen una gran heterogeneidad de intereses. Nada permite dar por sentado que la cabeza de familia haga las veces de un dictador benevolente que actúa guiado por los intereses de la familia en su conjunto.

El trabajo infantil también se distancia del ideal del mercado laboral debido a que es posible que quien toma las decisiones carezca de información relevante acerca de las consecuencias de su elección. Los costos del trabajo infantil se extienden a futuro y abarcan, por ejemplo, efectos adversos sobre la salud del niño a largo plazo. No está claro si estos costos se tienen en cuenta, ni siquiera por parte de los padres que actúan guiados por las mejores intenciones. Tal falta de información podría resultar particularmente significativa en el caso de los padres que pertenecen a grupos muy pobres o muy relegados de la sociedad. Según Dreze y Gazar (1996: 86), “la capacidad de los padres de estimar el valor individual y social de la educación depende, entre otras cosas, de la información de que dispongan. Si todo su grupo de referencia quedó al margen de la experiencia de la educación formal, dicha información puede ser bastante limitada”. Aquí, vale la pena advertir que los padres de los niños sometidos al trabajo esclavo también suelen ser trabajadores esclavos (Burra, 1995).

Al calcular los costos y beneficios que el trabajo del niño puede tener para su familia, debemos advertir que los niños no son análogos a otro tipo de recursos pasibles de intercambio en el mercado. El valor de mercado que un niño tiene para su familia no está determinado de manera exógena por el libre juego de la oferta y la demanda, sino también por las decisiones de los padres. Son ellos quienes deciden cuántos de sus propios recursos destinar a su hijo, y así influyen en la destreza y la productividad del niño trabajador. Por su parte, también los niños afectan su propio costo final; al llegar a la edad adulta, toman decisiones acerca del grado de compromiso que los une a sus envejecidos padres.

Estos problemas de capacidad de acción (la toma de decisiones por parte de terceras personas, la ignorancia, la incertidumbre acerca de los costos y beneficios a futuro que podría arrojar la decisión de educar a un niño) suelen ir de la mano del trabajo infantil. Esto no supone que si quienes optan por el trabajo infantil dispusieran de más y mejor información y lo eligieran de manera voluntaria, el trabajo infantil quedaría moralmente justificado. Si las condiciones generales de existencia y las opciones que tienen los niños pobres y sus padres son injustas, no hay ningún proceso mágico y misterioso por el cual la decisión que finalmente tomen resultará justa. Las ideas que se tengan acerca de la legitimidad de las alternativas de las que dispone socialmente un agente constituyen un elemento fundamental a la hora de evaluar una acción en términos morales. En otras palabras, que una elección resulte legítima o no depende de un conjunto de condiciones que exceden el hecho de que esta haya sido tomada de manera voluntaria. A continuación, consideraré algunas de esas condiciones.

VULNERABILIDAD ASIMÉTRICA

El trabajo infantil puede resultar particularmente objetable debido a las vulnerabilidades que presupone. Estas pueden hacerse presentes en los intercambios entre niños y empleadores, o aun dentro de su entorno familiar. Es muy probable que la vulnerabilidad de la familia sea un factor decisivo para la existencia de mercados de trabajo infantil; la mayor parte de los padres de niños trabajadores se encuentran en una situación precaria, a menudo a sólo un paso de la más completa indigencia. Y es altamente probable que estos padres carezcan de educación formal y no hayan sido alfabetizados. Así, el trabajo infantil se presenta como síntoma de un grado de vulnerabilidad objetable. En algunos países, las divisiones étnicas y de casta también forman parte de esa vulnerabilidad.

Además, el trabajo infantil puede producir, reflejar y perpetuar una vulnerabilidad desigual dentro de la familia. Algunas familias pueden sacrificar a uno de sus hijos, enviándolo a trabajar, por el bien de los demás niños o miembros del grupo. Por ejemplo, pueden decidir que una niña no vaya a la escuela para quedarse en casa cuidando de sus hermanos menores mientras la madre trabaja fuera del hogar.[171] Esta preferencia extrema por algunos niños sobre otros dentro del ámbito familiar es moralmente problemática.

El trabajo infantil también puede reflejar desigualdades de poder y recursos entre las madres y los padres. La evidencia empírica parece indicar que las madres muestran una preferencia mayor que los padres por invertir en el bienestar de los niños, incluida la educación (véase Haddad, Hoddinott y Alderman, 1977).[172]

RESULTADOS EXTREMADAMENTE PERJUDICIALES

La naturaleza del daño causado por los mercados de trabajo infantil dependerá de la forma que adopte el trabajo infantil. Muchos protocolos internacionales (entre otros, el Convenio número 182 de la OIT acerca de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la enmienda Sanders, aprobada por el Senado de los Estados Unidos en 1997) consideran que el trabajo forzado constituye una de las peores formas de trabajo infantil. Pero el trabajo forzado no es una categoría útil a la hora de discernir qué formas de trabajo infantil resultan más perjudiciales. Los padres toman decisiones paternalistas en nombre de sus hijos, lo cual puede incluir “forzarlos” a concurrir a la escuela. Dada la débil capacidad de acción que caracteriza a los niños, prácticamente todo el trabajo infantil (al igual que la educación infantil) es forzado. Por ende, resulta imposible identificar los perjuicios que causa el trabajo infantil sin contar con una teoría más completa acerca de los intereses del niño.

Los niños tienen dos tipos de intereses, a los que, siguiendo a Amartya Sen (1985), hice referencia antes como “intereses de bienestar” e “intereses de agencia”.[173] Según los definí en el capítulo 4, los intereses de bienestar conciernen al bien general de una persona, mientras que los intereses de agencia [agency] conciernen a su capacidad de plantear y proseguir sus propias metas e intereses. Tanto los adultos como los niños tienen estos dos tipos de intereses, pero de distinta forma y en distintos grados.

Tomemos en primer lugar la cuestión de los intereses de bienestar. En la actualidad, entre los intereses de bienestar del niño se cuentan el refugio, el alimento, la salud, la educación, la integridad corporal y una relación estable y afectuosa con sus padres (u otros tutores). Los niños necesitan contar con adultos que protejan y satisfagan por ellos estos intereses porque todavía no están en condiciones de hacerlo por su cuenta. Dada la vulnerabilidad y la débil capacidad de acción de los niños, el Estado desempeña un papel fundamental como red de contención destinada a protegerlos del maltrato y el abandono parental. Desde luego, el Estado debe servir como algo más que una protección contra el maltrato, ya que los padres no pueden garantizar la provisión de todas las cosas que los niños necesitan (por ejemplo, un ambiente natural saludable). El bienestar de los niños, al igual que el de los adultos, depende en buena medida del funcionamiento de las instituciones sociales.

Los intereses de bienestar de los adultos son distintos. En primer lugar, los adultos no dependen de otras personas del mismo modo en que les ocurre a los niños. Dadas las condiciones e instituciones adecuadas, se supone que los adultos tienen la capacidad de tomar por su cuenta las decisiones necesarias para garantizar su bienestar: obtener nutrición, salud y refugio, conseguir un empleo provechoso y ejercer un determinado espectro de sus capacidades. En segundo lugar, el bienestar de los adultos se ve influenciado por sus propios valores, por aquello que les importa y por el modo en que desean vivir. No es posible considerar el bienestar de un adulto como algo completamente separado de su concepción personal de valor y propósito. Por ejemplo, es probable que un adulto ateo no obtenga demasiado bienestar de una instrucción religiosa obligatoria.

Los niños muy pequeños tienen pocos intereses de agencia inmediatos.[174] Sin embargo, a diferencia de otras personas dependientes y vulnerables –por ejemplo, los adultos con severos impedimentos cognitivos–, en condiciones razonablemente favorables, los niños desarrollarán las capacidades necesarias para plantearse sus propias metas y decidir y actuar en conformidad con sus propios valores. El interés del niño por ejercer su capacidad de acción es mayor a medida que se desarrolla, si bien, dada su falta de competencia y experiencia práctica, la sociedad le impone límites legales razonables.

Por el contrario, los adultos tienen un interés significativo en el ejercicio de su capacidad de acción, en participar de las decisiones que afectan su vida. Les resulta razonablemente ofensivo que se los trate como a niños. Están dispuestos a permitir de manera voluntaria que otros –los líderes políticos, por ejemplo– tomen decisiones en su nombre, pero sólo con su consentimiento. Las instituciones corruptas y despóticas que todavía subsisten en muchos de los estados más pobres del mundo constituyen verdaderos impedimentos para el logro y el ejercicio de la capacidad de acción adulta.

Si bien los intereses de los niños y los adultos difieren, también es cierto que los niños se convertirán en adultos. Cualquier teoría acerca de los intereses de los niños debe tener en cuenta estos intereses desde un punto de vista dinámico, como algo que contribuye al desarrollo de sus intereses como adultos.

En lo que concierne al aspecto individual, podemos definir los perjuicios en términos de cualquier efecto negativo que incida sobre los intereses de bienestar o de agencia presentes o futuros (adultos) del niño. En especial, se puede definir un nivel básico para los intereses de agencia y de bienestar, y considerar que el hecho de que estos niveles no se satisfagan supone un maltrato para los niños, o cuanto menos entorpece el desarrollo de sus capacidades fundamentales para la vida adulta. Así, toda forma de trabajo infantil que viole los intereses básicos del niño constituirá un caso de perjuicio extremo.

Es importante distinguir entre este estándar de “intereses básicos” y la noción de “lo mejor en función de los intereses del niño” que algunas personas proponen para analizar el trabajo infantil. El estándar de lo mejor posible enfrenta dos problemas fundamentales. En primer lugar, como no existe sólo una visión común de qué constituye exactamente lo mejor para los intereses del niño, los padres pueden interpretar este estándar de maneras radicalmente distintas.[175] Es tanto más probable alcanzar un consenso amplio a partir del estándar de los intereses básicos.[176]

En segundo lugar, el criterio de lo mejor para los intereses del niño supone que los padres (lo que en la práctica suele significar las madres) son meros instrumentos para la optimización de los intereses de sus hijos y que carecen de intereses propios. Desde un punto de vista moral, esto es decididamente erróneo. Ninguna injusticia intrínseca afecta las estructuras familiares que suponen que los niños deban realizar alguna contribución para el bienestar de la familia en su conjunto o de otros miembros de la familia. La negociación entre los distintos intereses que conviven dentro de una familia es aceptable y, en todo caso, inevitable. Por tanto, bajo ciertas condiciones y sujeto a determinadas limitaciones, el trabajo realizado por niños podría resultar aceptable.[177]

En la dimensión social, el trabajo infantil también puede producir perjuicios extremos. Ninguna sociedad puede mostrarse indiferente al modo en que se cría y se educa a los niños, porque estos factores afectan la naturaleza de sus futuros miembros. Los adultos sin educación formal, analfabetos y pasivos no podrán contribuir demasiado al desarrollo social ni a dar respuesta a los problemas sociales. La presencia del trabajo infantil puede inhibir el desarrollo productivo a largo plazo que es necesario para ayudar a los pobres a salir de sus circunstancias desesperadas o para incrementar la riqueza de la nación.

Además, el trabajo infantil puede atentar contra la posibilidad de conformar una sociedad de iguales. Los adultos carentes de educación formal y no alfabetizados a menudo conforman una casta social servil, excluida de toda participación en las principales instituciones de la sociedad. De hecho, Myron Weiner (1992) sostiene que en la India el trabajo infantil no constituye un síntoma de la pobreza, sino de la existencia de una jerarquía objetable. Dado que allí la mayor parte de la fuerza de trabajo proviene de las clases más bajas y se dedica a realizar tareas serviles, la elite de las clases más elevadas jamás consideró necesario educar a los niños pobres. Por otra parte, los niños sin educación crecerán hasta convertirse en adultos incapaces de exigir sus derechos.

En el lenguaje del capítulo 4, es posible considerar el trabajo infantil como un mercado nocivo en función de los cuatro parámetros planteados: la débil capacidad de acción, la vulnerabilidad, los resultados extremadamente perjudiciales para los niños y para la sociedad. También es probable que el trabajo infantil tenga efectos dinámicos capaces de conformar y perpetuar un tipo específico de individuos y sociedades, en las que algunas personas sencillamente existan para ser utilizadas y descartadas por otras. Vale la pena subrayar que los niños del mundo entero que están atrapados en el trabajo infantil y viven en situaciones de extrema pobreza son completamente inocentes. No hicieron nada para merecer una situación semejante.[178]

IMPLICANCIAS POLÍTICAS

Si el trabajo infantil pone de manifiesto estas dimensiones y muestra una débil capacidad de acción por parte de los niños o sus padres, cierta vulnerabilidad dentro de la familia o entre distintas familias, o resultados extremadamente perjudiciales para los niños o para la sociedad en su conjunto, ¿cuál debería ser la respuesta? Un abordaje posible, adoptado por algunos activistas y ONG, consiste en definir todo trabajo infantil como una violación de los derechos del niño y exigir su abolición inmediata. Desde este punto de vista, carece de sentido establecer distinciones entre los diversos tipos de trabajo infantil que existen –peligrosos y no peligrosos, esclavos y no esclavos, a tiempo parcial y a tiempo completo–, ya que cualquier otra cosa que no sea una educación formal a tiempo completo es considerada una amenaza directa para los intereses básicos del niño (Kabeer, 2001: 4).

Si bien esta perspectiva no ofrece demasiados lineamientos acerca de su implementación –preocupación bastante atendible en un contexto de estados débiles y de un débil orden global–, desempeña una importante función política. Los derechos, en particular las garantías legales, crean, legitiman y ponen en vigencia ideas sociales acerca de lo que las personas merecen (Kahneman, Knetch y Thaler, 1987). La articulación de los derechos del niño podría influir en forma positiva en el bienestar de los niños, al ratificar la idea de que los menores tienen derecho a exigir que el Estado, la sociedad y, en última instancia, la comunidad internacional los protejan.

Resulta complejo evaluar la practicidad de una abolición total del trabajo infantil por medio de la aplicación de sanciones legales estrictas, ya que nadie puede afirmar a ciencia cierta que el trabajo infantil no constituya una realidad inevitable en el caso de algunos de los países más pobres. Cualquier debate debe analizar en qué medida el trabajo infantil es resultado de la pobreza y el subdesarrollo, o de fallas en la política, entre las que cabe contar aquellas que surgen de la desigualdad política y social.

Sin embargo, es la educación de los niños, y no el trabajo infantil, la que se vincula al desarrollo económico. China, la República de Corea y Taiwán (China) lograron rápidos progresos económicos promoviendo la educación básica. Prohibir el trabajo infantil y restringir el mercado laboral puede hacer que los salarios de los trabajadores adultos suban lo suficiente para que el trabajo de los niños resulte innecesario (Basu, 1999). Si es así, la tolerancia ante el trabajo infantil probablemente contribuya a que muchas familias se encuentren peor de lo que estarían en otra situación. Se desconocen todavía los límites de lo posible en los países pobres o qué estarían dispuestos a hacer los países industrializados para erradicar el trabajo infantil si realmente tuvieran la voluntad de hacerlo.

Dadas las limitaciones de los recursos existentes y la probabilidad de tener que negociar distintos valores, cualquier prohibición indiscriminada del trabajo infantil enfrenta dos importantes desafíos. En primer lugar, en algunos contextos, la prohibición de todo tipo de trabajo infantil podría hacer que muchas familias se vean obligadas a enfrentar alternativas aún peores para sus hijos. Para los niños, es mejor concurrir a la escuela media jornada que no hacerlo; y es lícito suponer que estarán mejor si trabajan dentro de una fábrica que como prostitutas o soldados. Los responsables de elaborar políticas públicas deben obrar con cuidado y combinar sus leyes o esfuerzos por prohibir todo tipo de mercado de trabajo infantil con políticas capaces de proteger a los niños de alternativas aún peores que las planteadas por el mercado negro.

La segunda objeción ante la prohibición inmediata de todo tipo de trabajo infantil reside en el reconocimiento de que este a menudo es un síntoma de otros problemas que no desaparecerán por la mera prohibición del trabajo infantil. Entre estos problemas se cuentan la pobreza, la inadecuación de algunos sistemas educativos, la discriminación intrafamiliar, algunos conflictos étnicos, una insuficiente protección de los derechos humanos y la debilidad de las instituciones democráticas existentes. La legislación general contra todo tipo de trabajo infantil podría no hacer nada por remediar los problemas preexistentes. Además, hay muchos niños que no trabajan y tampoco concurren a la escuela. Muchos de estos niños probablemente sean niñas que trabajan en su casa, ayudando con las tareas domésticas y la crianza de los niños (Bhatty, 1998). Dedicar todos los esfuerzos a la aplicación de soluciones legislativas que prohíban todo tipo de trabajo infantil no hará nada por resolver los problemas que enfrentan estos niños y tal vez hasta contribuya a desviar los escasos recursos de otros métodos que sí podrían mejorar su situación.

El marco de referencia propuesto en el capítulo 4 ofrece las bases necesarias para plantear otro abordaje de la cuestión. Cuando se estudia el trabajo infantil desde la perspectiva de la débil capacidad de acción (en especial, en forma de ignorancia parental y preferencias adaptativas), la vulnerabilidad y los perjuicios extremos, no todos los tipos de trabajo realizados por niños resultan moralmente objetables por igual. Algunos trabajos, en especial aquellos que no interfieren ni atentan contra su salud o su educación, podrían permitir que los niños desarrollen destrezas necesarias para convertirse en adultos en buena forma y ampliar sus oportunidades futuras. De hecho, en algunos países, dadas las deficiencias del sistema de educación pública, algunos niños trabajan para pagar la matrícula de su educación privada (D. Brown, Deardorff y Stern, 2003).

El trabajo infantil resulta mucho más objetable cuando constituye una clara violación de los intereses básicos del niño. Las condiciones despiadadas y abusivas que los niños padecen en algunos tipos de trabajo no pueden considerarse en conformidad con los intereses básicos del niño, presentes o futuros. Según el último estudio de la OIT, ciento setenta y un millones de niños trabajadores –dos tercios de los niños trabajadores del mundo– se ven expuestos a diario a grandes riesgos para su salud, a maltratos violentos y a probables accidentes. Millones de niños son golpeados, violados, maltratados y abusados, lo cual sugiere que sus empleadores (a menudo, sus propios padres) no responden únicamente a motivaciones económicas. De hecho, la vida de estos niños sería mucho mejor si lo único que estuviera en juego aquí fueran los fríos e impersonales motivos económicos de un mercado ideal. Aproximadamente ocho millones cuatrocientos mil niños están atrapados en lo que la OIT considera las “incondicionalmente peores” formas de trabajo, entre las que se cuentan la esclavitud, el tráfico, la servidumbre por deudas, la participación en conflictos armados, la prostitución y la pornografía.

Eliminar estas formas de trabajo infantil debería constituir la mayor prioridad. Aunque se acepte que bajo ciertas circunstancias, al menos en lo inmediato, los niños deben trabajar, nada justifica que deban recibir el trato abusivo que se advierte en estas prácticas. Ningún Estado, ONG, familia, organismo de crédito o consumidor final puede excusarse por su participación en actividades que incurran en un total descuido de los intereses básicos del niño, en que se los trate con desprecio y su vida sea materia descartable con tan poco cuidado como si se tratara del contenido del cesto de la basura.

Dos consideraciones adicionales podrían ayudar a establecer el grado de perjuicio que supone determinada práctica de trabajo infantil. En primer lugar, los niños que trabajan y no van a la escuela probablemente hayan de carecer a futuro de las capacidades necesarias –alfabetización, conocimientos de aritmética, conocimiento general de las alternativas personales y sociales, destrezas comunicativas– para ejercer de manera efectiva su capacidad de acción como adultos. Un beneficio central de la educación formal reside en que la persona educada desarrolla su capacidad de tomar decisiones de una manera más informada. Por eso, la educación tiene una gran influencia en la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, la capacidad de leer documentos y periódicos puede contribuir a que un grupo de personas oprimidas se movilice en reclamo por sus derechos y puede resultar especialmente importante para las mujeres. Las investigaciones de campo realizadas por Murthi, Guio y Dreze (1995) indican que la alfabetización femenina es una variable crucial para el empoderamiento de la mujer dentro de la familia y la consiguiente disminución de las tasas de natalidad. De esta forma, aun algunas formas de trabajo infantil que no resultan inmediatamente perjudiciales podrían serlo en función del bienestar futuro de esos niños y sus intereses de gestión cuando sean adultos.

En segundo lugar, el trabajo infantil puede dar lugar a significativos perjuicios para terceros. Puede conducir a la existencia de una fuerza de trabajo analfabeta y mínimamente productiva, a la reducción del salario de los adultos, al deterioro de la salud y a la instauración de una ciudadanía pasiva e ignorante. Puede hacer que algunas personas terminen en circunstancias en que dependan por completo de otras para su supervivencia básica, por lo que serían vulnerables a situaciones de abuso, explotación y menosprecio. Respalda un mundo de servidumbre y humillación, donde los más bajos se repliegan temerosos y los poderosos muestran arrogancia y desdén. Este tipo de situaciones suponen un fuerte perjuicio para la sociedad en su conjunto.

Estos dos tipos de perjuicio –contra los intereses futuros del niño como adulto y contra los de la sociedad en su conjunto– son costos que posiblemente los padres no tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones acerca de la distribución del tiempo de sus hijos. Esto es particularmente válido en el caso de los perjuicios sociales: pocas personas están al tanto de estas consecuencias e incluso, si las conocen, tal vez no les otorgan mucho peso al tomar las decisiones. Esta asincronía entre los intereses inmediatos de los padres y los niños y los intereses a largo plazo de los niños y el conjunto de la sociedad sugiere dos vías principales de intervención posible.

En primer lugar, en los casos en que el trabajo infantil refleja una débil capacidad de acción por parte de los niños o de sus padres, podrían ponerse en marcha medidas para incrementar la capacidad de acción de ambas partes. Esto podría lograrse brindando a los padres mayor información acerca de los verdaderos costos sociales e individuales del trabajo infantil y los beneficios de la educación, al fortalecer el proceso intrafamiliar de toma de decisiones para respaldar el eje madre-niño (dado que, según la información disponible, las madres demuestran mayor propensión que los padres a priorizar los intereses de sus hijos) o exigir que los padres firmen con los empleadores del niño contratos que estipulen los límites del trabajo, y que estos sean acuerdos respaldados por la ley.

En segundo lugar, sería posible intervenir para cambiar el contexto externo de la toma de decisión familiar, y así enfrentar de manera directa la pobreza subyacente que conduce al trabajo infantil. Un ejemplo muy citado de intervención promisoria consta en el Programa de Educación, Salud y Alimentación de México, que realiza transferencias de ingresos en efectivo a madres cuyos hijos concurren a la escuela. Entre otras estrategias posibles se cuentan el fortalecimiento del sistema educativo, la limitación de la jornada laboral del niño a un número de horas que le permita asistir a la escuela al menos con dedicación parcial, la promoción de medidas que contribuyan al aumento de los salarios adultos (entrenamiento, organización) y el otorgamiento de crédito para las familias pobres.[179]

Vale la pena reflexionar acerca del entorno en que prospera mayormente el trabajo infantil: pobreza devastadora, Estados débiles, sistemas educativos pobres, conflictos étnicos, enormes desigualdades y falta de instituciones democráticas. En el Sudeste Asiático, donde se registran los más altos números absolutos de trabajo infantil, ¿en cuántos países existen mercados laborales en funcionamiento? ¿Qué proporción de la economía está caracterizada por el trabajo esclavo, la servidumbre, el trabajo por deuda y la valuación casi monopólica del trabajo no calificado?

Incluso si aceptamos que en ciertas circunstancias los niños deben trabajar, no cabe duda de que su situación es mucho peor de lo que podría ser si las leyes crearan y respaldaran mercados genuinamente libres, que incluyeran el derecho a dejar el empleo, como también restricciones al monopolio y al monopsonio, en el marco de los cuales el Estado podría participar como fuente de crédito para las familias pobres. El desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones políticas y económicas probablemente sean componentes esenciales del proceso para erradicar el trabajo infantil.

A falta de estos cambios generales en materia de políticas públicas, las distintas intervenciones posibles conducirán a distintas negociaciones entre valores. La imposición de un sistema educativo uniforme e igualitario tal vez constituya un acto de discriminación contra los niños que están en una situación de mayor desventaja social y económica, ya que es posible que algunas familias no puedan pagar los gastos necesarios para enviar a sus hijos a la escuela a jornada completa. Sin embargo, permitir que estos niños asistan a clases media jornada debilita el compromiso con la igualdad educativa y tal vez contribuya a perpetuar desigualdades geográficas y de casta. La adopción de cierto grado de tolerancia respecto del trabajo infantil por parte de algunos países generará preocupaciones acerca de una competencia injusta en el contexto internacional. Por tanto, al tomar en consideración las distintas herramientas políticas existentes, resulta sumamente importante señalar de manera explícita a favor de qué valores se inclinan estas.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente capítulo, me valí de mi marco de referencia para plantear una posición a mitad de camino entre el absolutismo, que promueve la abolición inmediata de toda forma de trabajo infantil, y el contextualismo, que propone adaptarse a él.[180] En tal sentido, resulta inevitable negociar entre distintos valores, pero existen buenas razones para sentar algunas posiciones. El trabajo infantil abusivo –la prostitución, la servidumbre, la esclavitud y el empleo de niños como soldados– amenaza la integridad de sus vidas y no debería ser tolerado. Hay otras formas, exentas de perjuicios tan extremos, que permiten a los niños aportar un ingreso en sus hogares. Pero más allá de este acuerdo básico, debemos sopesar la negociación entre los distintos valores en juego para terminar con otras formas de trabajo infantil que muestran un desempeño particularmente pobre en lo que respecta a una o más de las dimensiones normativas establecidas en el capítulo 4.

Si bien las distintas personas, organizaciones, familias y Estados plantearán diferentes formas para esta negociación, es importante que no perdamos de vista lo que cada política posible implica para cada niño, no para su sumatoria. Debemos determinar los límites de los costos que las políticas imponen a los niños en nombre de los beneficios familiares o sociales futuros. Los niños no son cosas, no se los puede usar y desechar. El contextualismo necesita la guía y la regulación de los estándares universalistas que la sociedad contemporánea intenta promover.

En cierto sentido, la perspectiva normativa que propone este texto es, a grandes rasgos, humanitaria, y da prioridad a la necesidad de asegurar que todos los niños accedan a un nivel mínimo de capacidades y recursos. Pero el contenido mismo de esta concepción humanitaria está dictado por una clara concepción igualitarista: brindar a los niños los recursos necesarios para que se conviertan en adultos independientes. La idea igualitaria de un mundo en el que, según la descripción de Walzer, no haya “reverencias y besamanos, servilismo y obsequiosidad, no más temblores reverenciales, no más encumbramiento y poderío, no más amos, no más esclavos” (Walzer, 1983: xiii, ya citado en la introducción). Además, en la medida en que las instituciones democráticas resultan instrumentales para conquistar esta meta humanitaria, su promoción debe formar parte de las estrategias generales contra el trabajo infantil. De hecho, las aproximaciones gradualistas para erradicar el trabajo infantil tienen mayores probabilidades de lograr su cometido en contextos en los que existan entidades políticas responsables. Sin duda, los pobres están en una situación tanto mejor cuando los gobiernos no se dedican al robo o a instaurar sistemas de expolio en función de consideraciones étnicas, sino que ponen a disposición hospitales, escuelas primarias, rutas y comunicaciones. La disminución de ciertos tipos de desigualdad social también puede tener el efecto colateral de favorecer mejores resultados para la población más vulnerable y en situación desaventajada.

Tal vez la situación mundial justifique el uso de medidas gradualistas, pero debemos seguir con atención la trayectoria de las sociedades que hacen uso del trabajo infantil. Una cosa es el trabajo infantil empleado como una estrategia transicional que puede traer aparejados beneficios para el niño a futuro y otra muy distinta es el caso en que se lo emplea como estrategia de explotación, para beneficio de comerciantes inflexibles, padres egoístas, gobiernos corruptos o para la mera satisfacción de los caprichos de crueles empleadores. Los puntos de referencia planteados en este capítulo pueden fomentar la responsabilidad y permitir el seguimiento de lo que realmente ocurre a lo largo del tiempo con los intereses del niño. Si se sostiene la necesidad de salvaguardar los intereses de los niños, las ONG y las grandes organizaciones mundiales deben plantear que las instituciones con que trabajan –los padres, las aldeas, las corporaciones, los gobiernos nacionales– son responsables de todo lo que ocurra con los niños.[181]

Es necesario reunir más datos y realizar una investigación empírica más profunda para poder determinar qué políticas gradualistas convendría favorecer en cada contexto. Por ejemplo, si bien a veces se hace el planteo de que bajo determinadas circunstancias los niños se benefician del trabajo infantil, en la bibliografía de casos no se prestó suficiente atención a la cuestión de si es el propio niño quien se beneficia.

También hace falta (por difícil que resulte) reunir más datos acerca de las negociaciones que se entablan dentro del hogar entre los distintos niños, así como entre los niños y los adultos. La situación de un hogar en que cada niño trabaja un poco pero todos van a la escuela es muy distinta de la de las familias en que las hijas son retiradas del sistema escolar para que los hijos no tengan que trabajar. Por eso, es importante seguir reuniendo datos acerca de los niveles de análisis más bajos que permitan evaluar la incidencia del género y otros factores. La recolección de estos datos podría ayudar a quienes elaboran las políticas públicas a formular intervenciones efectivas. Por ejemplo, podrían revelar que es necesario hacer hincapié en informar a los padres y maestros acerca de la importancia de educar a las niñas o que, cuando sea posible, los organismos de créditos deberían destinar parte de sus fondos para lograr la igualdad de género en el ámbito educativo.

Gran parte de la información con que se cuenta en la actualidad no es lo suficientemente abarcativa. En especial, muy pocos estudios arrojan datos cuantitativos acerca de las niñas que trabajan en el hogar y no concurren a la escuela. De hecho, la OIT no incluye a estas niñas en las estadísticas del trabajo infantil. Tal vez detrás de esta consideración de qué constituye un niño trabajador se esconda la categoría del niño que no está en ningún lugar, el niño que no está en el trabajo ni en la escuela. Por difícil que sea reunir datos acerca de las niñas que trabajan en el hogar, estos son de gran importancia a la hora de analizar la efectividad y la adecuación normativa de las políticas planteadas.

También debemos prestar atención al caso de los niños que estudian y trabajan. Algunos programas de subsidios pueden obligar a los niños a ir a la escuela sin que esto reduzca la necesidad familiar de que el niño trabaje. Kabeer (2001) señaló las implicancias que esta “doble carga” supone para el bienestar y los logros del niño. El estudio de este grupo de niños resultará especialmente importante si se desea adoptar estrategias gradualistas para combatir el trabajo infantil.

Hay que plantear buenos proyectos empíricos para investigar de qué manera y por qué algunos Estados y gobiernos han hecho progresos sustanciales en la educación de sus niños. Los países pobres muestran grandes diferencias en lo que brindan a sus niños. Por ejemplo, en la India, algunos estados con niveles similares de pobreza muestran niveles radicalmente distintos de desempeño educativo. En Uttar Pradesh, sólo el 32% de las niñas de entre 12 y 14 años que viven en el ámbito rural asistió alguna vez a la escuela; esto representa un tercio del número para Kerala, donde el 98% de las niñas de esa edad concurrió a clases (Kabeer, 2001). ¿Qué factores explican esta diferencia en los resultados?[182]

El trabajo infantil alguna vez fue una realidad muy difundida dentro de lo que hoy constituye el mundo industrializado. En los países pobres, su eliminación tal vez no resulte factible por los recursos y las instituciones de que disponen estas sociedades. Pero una diferencia fundamental entre el trabajo infantil histórico y el contemporáneo es que hoy existe el mundo industrializado. Varias cosas podrían marcar una diferencia significativa: aumentar los subsidios para el desarrollo, poner fin a las políticas proteccionistas que cierran grandes mercados a los países pobres, estimular a las multinacionales a pagar salarios más altos a los trabajadores adultos, promover la colaboración para la investigación y el desarrollo de productos necesarios para los pobres (vacunas, drogas), empoderar las instituciones democráticas del mundo entero y favorecer la transferencia de tecnología. También es clara, como señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la necesidad de conformar una iniciativa global para la educación básica que cuente con fondos suficientes. Tal vez en algunas partes del mundo el trabajo infantil constituya una respuesta entendible a la pobreza. Pero nuevas formas de distribuir la riqueza y el poder limitarían la necesidad del trabajo infantil. Su erradicación dependerá en buena medida de que se proceda a implementar estas nuevas formas de distribución.

167 Una versión anterior de este capítulo fue publicada con el título “Child Labor: A Normative Perspective” (Satz, 2003).

168 El hecho de que los niños no hayan desarrollado aún importantes capacidades hace que su situación sea distinta de la de aquellos adultos en los que, ya desarrolladas, dichas capacidades puedan resultar en cierto sentido deficientes; por ejemplo, los adultos toman decisiones equivocadas. Véase Schapiro (1999).

169 No debería considerarse a los niños “pacientes” meramente pasivos cuya opinión nunca resulta necesaria. Sin duda, el alcance de la capacidad de acción del niño crece con el tiempo, de tal modo que un pequeño de 3 años difiere enormemente de un adolescente de 16 años en términos de su verdadera capacidad de acción racional. El hecho de que la capacidad de acción de los niños sea menor que la de los adultos no niega las contribuciones que puedan hacer para su propio bienestar o el bienestar de los demás.

170 Los niños huérfanos a causa de la epidemia de sida o de las guerras civiles, y también otros que huyeron de hogares donde eran objeto de maltrato, toman decisiones por su cuenta. Pero incluso en estos casos, en la medida en que su capacidad de decisión aún no está completamente desarrollada, por lo general no cabe considerarlos como agentes plenos.

171 Hay elementos de prueba que permiten afirmar que en muchos países las niñas son sistemáticamente menospreciadas por sus familias. Esto contribuye a explicar por qué, según la dramática formulación de Amartya Sen, “faltan más de cien millones de mujeres”, sobre todo en el sudeste asiático y en China. Véase también Jejeebhoy (1992).

172 Véase Agarwal (1995), que presenta pruebas de que distribuir las tierras entre las mujeres, y no entre los hombres, no sólo tiene por resultado una mayor productividad en la agricultura, sino también mejores consecuencias para los niños.

173 Estos dos tipos de intereses ya fueron comentados en el capítulo 4.

174 Sigo en esto a Brighouse (2002).

175 Es la misma objeción que planteé en otro capítulo contra el intento de Margaret J. Radin de usar la mejor concepción posible de prosperidad humana para poder desplazar ciertos mercados hacia la zona de prohibición o regulación.

176 ¿Qué pasa si algún Estado rechaza la existencia de este núcleo de intereses? Por ejemplo, podríamos apelar a necesidades fisiológicas y psicológicas que las personas tienen a pesar de sus distintas circunstancias culturales, o aprovechar las decisiones que toman para sí mismas cuando están en una situación que les permite tomar decisiones significativas.

177 Dado que dentro de la familia los intereses de los padres suelen imponerse sobre los intereses de los niños, existe una razón práctica para adoptar una perspectiva acerca del trabajo infantil que preste atención a lo que ocurre con el niño en el seno familiar.

178 Desde luego, esto tampoco supone que los millones de adultos que subsisten en condiciones de extrema pobreza alrededor del mundo merezcan vivir en esa situación.

179 Véase Grootaert y Kanbur (1995), que plantea propuestas adicionales.

180 Es preciso distinguir al contextualismo del relativismo, que niega la existencia de un estándar universal. El contextualismo reconoce la fuerza de estos estándares, pero también admite que en algunas condiciones tal vez no sea posible implementarlos.

181 Las instituciones crediticias internacionales no deberían repetir las políticas del pasado, en las que se concedió a dictadores corruptos como Mobutu Sese Seko reiterados préstamos para el desarrollo que no contribuyeron en nada a mejorar la vida del pueblo de Zaire. Véase Easterly (2001).

182 Los análisis económicos del trabajo infantil tienden a tratar la productividad marginal del niño como propiedad del niño, dada una determinada tecnología de producción en el hogar. Como ya señalé, los niños no son análogos a otros productos económicos: sus costos y beneficios no sólo tienen una determinación exógena. Por ejemplo, los padres podrían asignar las tareas dentro del hogar de una forma que contradijera las normas de género y diera a las niñas los trabajos más productivos. Vivianna Zelizer (1985) sostiene que una gran variedad de formas culturales, y no sólo los cambios estructurales del mercado laboral, fueron responsables de transformar la concepción del niño en los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX.

8. La esclavitud voluntaria y los límites del mercado[183]

Prácticamente cualquiera sabe que, aunque no tuviera nada, conviene al hombre ser libre y no esclavo. Yo prefiero ser libre y tener mi libertad. Cuando fui esclavo, mi suerte fue tan buena como la de cualquier niño blanco, pero aun así no renunciaría hoy a mi libertad.

reverendo E. P. Holmes, 1883[184]

Una de las mayores conquistas del capitalismo occidental moderno fue la transición de un sistema de trabajo esclavo, servidumbre no remunerada y labores forzadas a un sistema de trabajo contractual formalmente libre. Hace cincuenta años, podíamos suponer que así como la servidumbre y la esclavitud se habían extinguido en el mundo industrializado, con el tiempo desaparecerían en los demás países de la mano del capitalismo globalizado. Pero la esclavitud no desapareció. En el mundo de hoy, la servidumbre por deudas y otras prácticas similares persisten bajo otros nombres (por ejemplo: “trabajo por deuda”, “trabajo no remunerado”, “trabajo voluntario”, “servidumbre”, etc.). En el acuerdo de servidumbre por deudas, “una persona queda ligada como trabajador a un acreedor particular por un período indefinido, hasta saldar una deuda contraída” (Bardhan, 1983). En la práctica, este período puede abarcar toda una vida. Estos trabajadores a menudo terminan reducidos a una completa servidumbre, y así se ven obligados a exhibir deferencia y subordinación hacia sus empleadores tanto dentro como fuera del trabajo (Schaffner, 1995). Ni siquiera aquellos que defendieron la racionalidad económica de este tipo de relaciones laborales pudieron dejar de advertir las “desagradables relaciones de poder” que involucran (Bardhan, 1991). La OIT (2005) estima que alrededor de doce millones trescientas mil personas, muchas de ellas en edad infantil, aún permanecen en una situación semejante en distintas partes del mundo.

Para muchas personas, la servidumbre por deudas constituye el paradigma del trabajo no libre y a menudo se la considera análoga a la esclavitud, pero debemos advertir que por lo general es resultado de un contrato voluntario. De hecho, que el esclavismo blanco tenga sus raíces en un acto de coerción inicial no supone que toda esclavitud se origine en la violencia y la fuerza. Se sabe de distintas formas de esclavitud voluntaria en una significativa variedad de instancias históricas (Patterson, 1982: cap. 4).

¿Cómo podría la servidumbre por deudas surgir de manera voluntaria? Dado que carecen de activos, los campesinos pobres no disponen de garantías formales para acceder al crédito. Sus salarios tienden a variar según las temporadas de la producción agrícola: son más bajos durante las temporadas de poco trabajo, en que el desempleo es alto, y mayores durante las temporadas de alto rendimiento, cuando hay poco desempleo. En muchos casos, entre una cosecha y otra, los campesinos se ven obligados a tomar crédito para el consumo para garantizar su subsistencia durante la temporada baja, ya que en la época de trabajo intensivo tampoco ganan lo suficiente para ahorrar.

Tomemos ahora el caso de un terrateniente que ofrece créditos cuya garantía, en caso de que algún campesino no pueda pagar su deuda, es un acuerdo laboral de servicios futuros. De esta forma, el terrateniente incrementa su poder para hacer cumplir el acuerdo, ya que esto le permite deducir de manera directa el monto de la deuda de los pagos del trabajador durante la temporada alta. Por su parte, el trabajador consigue así un acceso al crédito que no podría tener de otra forma. Desde la perspectiva de la teoría contractual, no resulta para nada evidente que sea necesario imponer algún tipo de límite legal a los terratenientes y los trabajadores adultos en pleno uso de sus facultades que deseen celebrar este tipo de contratos. Si todos los agentes involucrados son racionales y pueden prever las consecuencias futuras de las provisiones establecidas en el contrato, no existe motivo alguno para impedir a quienes toman el préstamo la libertad de brindar al prestamista sus servicios a cambio de la suma adeudada en caso de que carezcan de los recursos necesarios para saldarla.

En el presente capítulo reseñaré las formas en que dos marcos conceptuales analizan el fenómeno de la servidumbre por deudas a partir de distintos supuestos normativos: la teoría libertaria del laissez-faire y la economía del bienestar de Pareto. Para los libertarios, cualquier acuerdo consentido entre adultos en pleno uso de sus facultades debe ser respetado.[185] Por su parte, los paretianos apoyan todos los intercambios que mejoren la situación de ambas partes en términos de sus preferencias respectivas. Cada una de estas teorías ofrece argumentos que permiten justificar muchas (si no la mayoría) de las posibles instancias de la práctica de servidumbre por deudas, argumentos que, intuitivamente, podrían parecer plausibles. Sin embargo, ambas pasan por alto o restan importancia a otro tipo de consideraciones –acerca de las cuales han tratado los capítulos anteriores–, que podrían permitir un análisis más crítico de esas mismas instancias de servidumbre por deudas.

Para mí, ninguna de estas dos teorías tiene la capacidad de articular las objeciones que la sociedad contemporánea sostiene contra la práctica de la servidumbre por deudas, objeciones codificadas en las normas jurídicas de los países capitalistas desarrollados. Por ejemplo, en los Estados Unidos pesan sobre los contratos laborales importantes restricciones: el Estado no considera válido ningún tipo de contrato de esclavitud voluntaria, esclavitud por deuda, acuerdos que contemplen su cumplimiento específico como compensación posible por cualquier violación ni contratos a los que se considera “inadmisibles”. Ni el libertarismo ni la corriente paretiana consiguen dar cuenta de este tipo de restricciones. De hecho, su imposibilidad de hacerlo es interesante, en la medida en que respalda el argumento hasta aquí esgrimido de que no es posible evaluar los intercambios de mercado basándose únicamente sobre los conceptos abstractos de libertad, igualdad y externalidades.

Para analizar la adecuación de estas teorías a las objeciones existentes contra la servidumbre por deudas, trataré por separado dos dimensiones muy significativas de este tipo de trabajo: el conjunto de circunstancias en que esta forma laboral tiene su origen (diferenciando entre mercados ideales y no ideales) y la naturaleza del agente cuyo trabajo se convierte en servidumbre (diferenciando al trabajador adulto del niño trabajador). Respecto de la primera, los acuerdos de servidumbre por deudas tienden a aparecer en circunstancias desesperadas, en las cuales explotan las vulnerabilidades de los más vulnerables, y así reducen a algunas personas a una total dependencia de la voluntad y los caprichos de otras.

Pero aun en circunstancias más ideales, sin ningún tipo de falla del mercado ni pobreza extrema, todavía habría motivos para oponerse a la validez de los contratos de servidumbre por deudas. Comenzando por el caso particular de los niños, retomaré aquí el argumento planteado en el capítulo 7, según el cual la sumisión de los niños trabajadores a la servidumbre podría entorpecer el desarrollo de las capacidades necesarias para que adquieran plena legitimidad como miembros iguales de la sociedad. Este tipo de prácticas prepara a los niños para una vida de servidumbre basada sobre “una comprensión errónea de sus propios derechos […] (o) una consideración que les concede un valor comparativamente bajo” (Hill, 1991: 12). En mi opinión, este argumento acerca de los niños podría brindar un punto de apoyo para plantear una seria objeción contra el mismo tipo de práctica en el caso de los adultos: si la capacidad de legitimarse como miembro igual de la sociedad se viera entorpecida por este tipo de contratos laborales, sería lícito erradicarlos. A partir de la evidencia empírica, sostendré que la capacidad de autonomía es, según las palabras de John Stuart Mill (1957 [1863]: 14), “en muchas naturalezas una planta muy tierna que muere con facilidad, no sólo por influencias hostiles, sino por la mera falta de alimentos. En la mayoría de las personas jóvenes muere prontamente, si las ocupaciones a que les lleva su posición, o el medio social en que se encuentran no son favorables al ejercicio de sus facultades”.[186]

La principal idea que me propongo desarrollar en este capítulo es que en los casos en que determinados mercados competitivos socavan u obstruyen la posibilidad de que las personas establezcan entre sí relaciones igualitarias, existirá motivo suficiente para regularlos, sin importar que estos sean eficientes o tengan su origen en la elección racional de los individuos.[187]

EL LIBERTARISMO

Los libertarios suscriben el principio de la libertad de contrato dentro de los límites establecidos por la justicia. Si dos o más adultos racionales llegan a un acuerdo respecto de un determinado intercambio, siempre y cuando detenten derechos efectivos sobre los bienes que son objeto de intercambio y este acto no viole los derechos de ninguna otra persona, esto no debe motivar ningún tipo de interferencia por parte del gobierno (ni de ningún otro agente). En la sucinta formulación de Robert Nozick (1974: 163), los libertarios no prohíben “actos capitalistas entre adultos por consentimiento mutuo”.[188] Mientras la mayoría de los economistas valora el intercambio que se produce dentro del libre mercado por su contribución a la eficiencia, los libertarios consideran que la capacidad de intercambiar libremente cualquier propiedad que se posee está estrechamente ligada a la libertad y a la inviolabilidad, la autonomía y la santidad, del individuo (Nozick, 1974: 30-35). Para evaluar la permisibilidad de un determinado contrato de servidumbre por deudas, un libertario debería determinar si los bienes y servicios que son objeto de intercambio han sido adquiridos por medios legítimos y si el intercambio es voluntario o no. Según la teoría libertaria, en caso de satisfacer ambas condiciones, el intercambio sería lícito. De hecho, en Anarquía, Estado y utopía, Nozick (1974: 331) sostiene que el respeto del principio de libertad de contrato supone que asiste a los individuos incluso el derecho de venderse a sí mismos como esclavos.[189]

Dado que la justificación libertaria de la libertad de participar en contratos de servidumbre por deudas o esclavitud remite a la noción de la elección voluntaria, su validez parece depender de la comprensión que se tenga acerca de qué constituye un acto de intercambio voluntario, a diferencia de un acto bajo coerción.[190] Sin embargo, determinar en qué consiste la coerción es una cuestión esquiva; a menudo, resulta muy complejo definir con total claridad la barrera que separa los ofrecimientos coercitivos de aquellos que no lo son. Como ya advertí en el capítulo 1, pocas veces la coerción adopta la forma de una obligación directa que priva a los individuos de todo poder de elección. Cuando el ladrón amenaza a alguien a punta de pistola diciéndole “dame el bolso, o te mato”, resulta claro que lo que vuelve coercitiva la propuesta es que dicha persona, claramente, no tienen ningún poder de decisión.

Según la caracterización que ofrece Nozick (1969), un ofrecimiento es coercitivo cuando rebaja la posición de un agente con referencia a su situación legítima de base. Aunque el individuo amenazado por el ladrón decida entregar de manera libre su dinero, se trata de un acto bajo coerción, ya que el ladrón no tiene ningún derecho a exigir el dinero y, al tomarlo, empeora de manera inaceptable la situación de este individuo respecto de sus derechos legítimos.

Nozick advierte que el concepto de coerción es en esencia de tipo normativo.[191] Dos personas pueden compartir la misma opinión respecto de todos los demás puntos que conciernen a un determinado intercambio y aun así diferir en su opinión racional acerca de si una de las partes actuó bajo coerción de la otra. El hecho de que alguien crea coercitivo o no un determinado ofrecimiento dependerá de su determinación previa respecto de si la parte que actuó bajo supuesta coerción tenía un legítimo derecho que se vio vulnerado. El motivo por el cual las limitaciones extremas de un agente (debido a la pobreza, la falta de educación y demás) podrían hacer que el suyo resulte un acto bajo coerción sería que este tenga algún tipo de derecho a no encontrarse en tales circunstancias.

Desde luego, los libertarios suelen considerar que el Estado no tiene ningún deber afirmativo de mejorar las circunstancias personales de un individuo, sin importar cuán malas sean estas. Por tanto, al considerar la legitimidad de los contratos de servidumbre por deudas, uno de los debates fundamentales que se plantea entre los libertarios y sus adversarios igualitaristas concierne a la naturaleza de los derechos de los agentes: la situación de base moralmente aceptable para que alguien pueda aprobar un contrato (o plantear su disconformidad).

¿Qué tipo de derechos, en particular respecto de la propiedad, consideran los libertarios que tienen las personas? Los libertarios tienden a creer que los derechos de propiedad se fundan sobre algo similar a los derechos de los primeros demandantes.[192] En la medida en que un terrateniente haya sido el primero en producir bienes de la tierra o haya adquirido la propiedad de la tierra por medio de una transferencia voluntaria del primer demandante, los libertarios consideran que dicho terrateniente tendrá el derecho exclusivo a determinar de qué manera utilizar esa tierra. Desde el punto de vista libertario, si el Estado impide que el terrateniente emplee a su arbitrio la tierra y el excedente que genera, actúa de manera injusta. Si un terrateniente deseara prestar parte de ese excedente a otras personas, debería tener la libertad de decidir bajo qué términos estaría dispuesto a privarse del uso privado de algunos de sus propios recursos. Si por feliz coincidencia ese terrateniente encontrara algunas personas dispuesta a aceptar sus términos, por más desiguales que fueran, desde el punto de vista libertario esto no supondría ningún tipo de injusticia (Nozick, 1974: 263-264).

Si bien suele considerarse al liberalismo como la teoría más compatible con un capitalismo puro, lo cierto es que también puede abarcar y justificar un sistema de feudalismo voluntario que incluya la práctica de la servidumbre (Freeman, 2001). De hecho, si un señor feudal adquiriera la tierra por derecho y ofreciera empleo en su tierra sólo a quienes estén dispuestos a vivir bajo su protección y a aceptar sus términos, un libertario como Nozick condenaría cualquier intervención del Estado que procurase limitar su poder. Esto significa que al menos algunas versiones del libertarismo son compatibles con la sujeción directa y permanente de un individuo a otro.[193]

Un libertario que conceda gran importancia a la cuestión de la adquisición inicial justa señalaría que, de hecho, bajo el feudalismo buena parte de la adquisición inicial del terrateniente se fundó en el saqueo, el fraude y la violencia. Los libertarios no aceptan como legítimos los acuerdos basados sobre el ejercicio de la fuerza o el fraude. Si el acuerdo alcanzado entre un terrateniente y un trabajador sujeto a servidumbre tuviera orígenes espurios –si se basara sobre una acción ilícita por parte del empleador o sólo se mantuviera en el tiempo por medio de la violencia física–, existiría un motivo para no respetar dichos acuerdos.[194]

Sin embargo, no todos los libertarios se preocupan por los orígenes de los derechos de propiedad. Algunos hacen hincapié en la importancia de respetar los derechos individuales de propiedad, sin importar cómo se hayan constituido.[195] Con todo, incluso los libertarios de este tipo reconocen que los derechos sobre la propiedad privada tienen algunos límites.[196] Como veremos más adelante, el propio Nozick sostiene que una persona no puede adquirir de manera legítima toda el agua del mundo. Por su parte, otros libertarios sostienen que los individuos tienen un derecho inalienable a la autopropiedad, lo que impide que se entreguen a contratos de esclavitud permanente, si bien cualquier otra cosa menos grave resulta aceptable.[197]

A continuación, me interesa considerar con mayor detalle el caso de un trabajador muy pobre que acuerda vincularse a un terrateniente en servidumbre para conseguir un préstamo. En teoría, el Estado tiene distintas formas de establecer límites sobre los derechos de propiedad privada involucrados en una transacción semejante:[198]

El Estado puede aceptar que tiene el deber afirmativo de otorgar al trabajador un ingreso de subsistencia u otras alternativas de empleo que mejoren sus condiciones. Si aun así este entrase en el contrato de servidumbre por deudas, el Estado podría negarse a reconocer los términos de dicho contrato.

Lo mismo que 1, con la salvedad de que si el trabajador, incluso bajo circunstancias mejoradas, decidiese ingresar en un contrato de servidumbre por deudas, el Estado podría reconocer los términos del contrato y velar por su cumplimiento.

Aunque no reconociera deber afirmativo alguno de mejorar las condiciones del trabajador, el Estado podría negarse a reconocer y hacer cumplir el contrato de servidumbre por deudas, aun en caso de incumplimiento por parte del trabajador.

El Estado podría rehusarse a reconocer y hacer cumplir el contrato de servidumbre por deudas y convertir en delito el hecho de que cualquiera proponga a un trabajador acuerdos de servidumbre voluntaria. Podría procesar judicialmente al terrateniente.

El Estado podría hacer valer el contrato por medio del cumplimiento específico y exigir al trabajador que sirva al acreedor hasta pagar su deuda, pero alterar los términos sustantivos del intercambio para hacerlo menos asimétricamente favorable para el empleador. Por ejemplo, podría fijar límites legales a los intereses que el prestamista podría imputar sobre el préstamo.

El Estado podría negarse a reconocer y hacer valer el contrato por medio de cumplimiento específico, pero ofrecer al empleador otra forma de compensación monetaria o no monetaria (por ejemplo, al permitir que el empleador embargue el salario del empleado cuando este vaya a trabajar para otra persona).[199]

El Estado podría reconocer el contrato tal como estuviera escrito por medio de una sentencia de cumplimiento específico y, si el empleado no lograra cumplirlo, impedirle que trabaje para cualquier otra persona.

Igual que el anterior, pero el Estado podría hacer cumplir la sentencia encarcelando al empleado que no pudiera saldar la deuda.

¿Cuál de estas posibilidades debe aceptar un libertario? No todos los libertarios sostienen que el Estado tenga la obligación afirmativa de mejorar las circunstancias del trabajador, lo que descarta las posibilidades 1, 2 y 5. Los libertarios consideran que tratar a los individuos con respeto impide que el Estado los obligue a transferir cualquiera de sus recursos a otras personas, aunque ellas estén en una situación de necesidad extrema. Sin embargo, en la práctica, casi ningún libertario respaldaría los extremos que suponen 7 u 8. Nozick, por ejemplo, no lo hace; al tratar el caso de los mercados monopólicos de facto –como un monopolio del agua en el desierto–, ni siquiera llegaría a 6.[200]

En Anarquía, Estado y utopía, Nozick (1974: 178-182) plantea una versión de lo que denomina “condición lockeana”, según la cual la legitimidad de un acto inicial de apropiación depende de que no deje a nadie en peores condiciones de aquellas en las que estaría de no haberse producido ningún tipo de apropiación. Esta invocación de la condición lockeana, al igual que ciertas limitaciones al principio de libertad de contrato fundadas sobre consideraciones de bienestar, subsisten de manera incómoda en los confines de la teoría libertaria.[201] Después de todo, se supone que el compromiso libertario con la libertad de contrato se justifica independientemente de sus consecuencias para el bienestar humano. Ahora bien, una vez que admitimos que sus consecuencias para el bienestar de los individuos pueden formar parte de las bases para evaluar los derechos de otras personas, ¿por qué no comparar el régimen de propiedad privada propuesto por los libertarios con otras alternativas, como la de un Estado de bienestar redistributivo que limite los derechos de propiedad y redistribuya los ingresos? Tal vez al bienestar de un campesino pobre, sin tierra, le convenga otra forma de propiedad, y no el régimen libertario de propiedad privada. Si los activos de los que dispusiera como punto de partida fueran más equitativos con los de su empleador, por lo menos mejoraría su situación.

Resulta llamativo lo mucho que esta versión de la condición lockeana articulada por Nozick se parece al criterio de eficiencia de Pareto sostenido por la economía del bienestar.[202] Sin embargo, aunque admitamos alguna versión de la condición lockeana, no necesariamente afectará la cuestión de los contratos de servidumbre por deudas. ¿Qué ocurriría si el poder monopólico del empleador no se basara sobre los recursos naturales que supo apropiarse, como la tierra, sino meramente sobre el poder social y del capital? El libertarismo de Nozick negaría por completo la aplicación de la condicionalidad lockeana en esa situación.

Desde luego, el hecho de que los libertarios crean que las personas pueden celebrar de manera legítima acuerdos contractuales de servidumbre por deudas no supone que piensen que el Estado deba reconocer y hacer cumplir dichos acuerdos de ninguna manera en particular (ni siquiera que deba darles alguna entidad; es sorprendente lo poco que el propio Nozick se explaya acerca del resguardo y la salvaguarda de derechos). Si dejamos de lado esta cuestión, considero que no hay nada en la teoría libertaria de Nozick que excluya la posibilidad de que el Estado exija que un trabajador respete los términos de dicho contrato por medio de su cumplimiento específico, o que lo encarcele si no lograra cumplir con su parte del acuerdo. Más aún, al parecer, para Nozick, tal vez el Estado tenga el deber de abstenerse de interferir en la ejecución privada de tales contratos, lo cual implica un reconocimiento de estos.

Aun así, un libertario podría plantear otra objeción en el caso de ciertos contratos de servidumbre por deudas. Como ya vimos en el capítulo 7, la mayoría de los niños que trabajan lo hacen por mandato de sus padres. El libertario podría plantear que los padres no tienen derecho a vender así el trabajo de sus hijos, al menos no hasta la edad adulta. En la medida en que la defensa libertaria del principio de libertad de contrato se funda en la idea de que los individuos celebran contratos voluntariamente y por su cuenta, o porque otros les encomendaron (voluntariamente) actuar en su nombre, es posible plantear una objeción libertaria contra las prácticas en que los padres ofrecen el trabajo de sus hijos como garantía de sus propios préstamos.

Al igual que la mayoría de los libertarios (y, para ser justos, la mayoría de los autores de filosofía política), Nozick se explaya muy poco acerca de los derechos positivos del niño.[203] De hecho, algunos libertarios sostienen que, si bien es bueno que los padres cultiven las capacidades de sus hijos, no tienen ninguna obligación de hacerlo; su única obligación es no dañar al niño.[204] Desde luego, sólo es posible determinar qué prácticas constituyen un “daño” o perjuicio para el niño si se establece una situación de base óptima que sirva como parámetro. Esto plantea una situación ríspida al pensamiento libertario, en la medida en que los niños más pequeños no pueden satisfacer por su cuenta sus necesidades, sino que necesitan que otros lo hagan por ellos.[205] ¿Se sigue de esto que los niños tienen derechos sustantivos sobre el tiempo y el trabajo de cuidarlos que ejercen sus padres?

Sea cual fuere la situación de base que se plantee como adecuada para los niños, esta guardará una relación directa con los derechos de sus padres. Si los niños tienen derecho a no morir de hambre, tal vez la mejor forma de garantizar este derecho sea mejorar las condiciones de vida de sus padres. Una vez más, se trata de un planteo que, por regla general, cualquier libertario rechazaría.

Más aún, tal como advertimos en el capítulo 7, los niños no cuentan desde su nacimiento con todas las capacidades necesarias para tomar decisiones, actuar de manera justa y garantizar su propio sostén. El hecho de que lleguen a convertirse en individuos independientes deriva del acceso a la nutrición, la educación, la información y circunstancias sociales favorables, entre otras cosas. En especial, los niños criados para desempeñarse como trabajadores serviles vinculados de por vida a un único empleador carecerán de los hábitos y disposiciones necesarios para entenderse a sí mismos como depositarios de derechos y fuentes autónomas de demandas morales. De hecho, es posible que las concepciones acerca de sí mismos de los niños cuyos padres se ven sometidos a la servidumbre por deudas se vean influidas por las relaciones de dominación y subordinación que los rodean. Si es así, cualquier régimen libertario que no prohíba la sumisión del trabajo infantil a contratos de servidumbre por deudas resultará, a largo plazo, inestable: su reproducción se verá amenazada porque el mismo sistema creará personas carentes de las aptitudes y capacidades necesarias para sostener los valores y la concepción del yo característicos de la ideología libertaria.[206]

En resumen, salvo en los casos que involucran ilícitos y niños, la mayoría de los libertarios no plantea ninguna objeción de principios contra los acuerdos contractuales de trabajo servil, ni siquiera los que son de por vida, a condición de que quienes celebren el contrato hagan uso legítimo de sus derechos básicos y se presten a él de manera libre y voluntaria. Esto supone que tampoco plantean ninguna objeción de principios contra los acuerdos de servidumbre feudal, en la medida en que estos queden establecidos por contrato, y no por nacimiento o conquista. Esto trae aparejado una consecuencia irónica: lejos de ser la ideología natural de una sociedad capitalista, al libertarismo no le resulta sencillo representar al capitalismo como un avance moral sobre el feudalismo, en la medida en que su aparición dependió de la limitación de los derechos de propiedad de los señores feudales sobre el trabajo de otros (E. Anderson, 2004).

LA ECONOMÍA PARETIANA DEL BIENESTAR

La economía del bienestar evalúa a las instituciones en función de la mejoría o el prejuicio que supongan para las personas. Según vimos, los partidarios de la economía del bienestar operan desde una concepción del bienestar (o estar bien) humano que lo iguala a la satisfacción de preferencias (véase Varian, 1999: 94-97). Desafortunadamente, es difícil, si no imposible, comparar en qué medida se satisfacen las preferencias de distintos individuos. Con todo, recordemos que los partidarios de la economía del bienestar disponen de un medio que les permite comparar estados sociales sin necesidad de comparar preferencias individuales, echando mano al concepto del óptimo de Pareto.

Una gran cantidad de bibliografía sostiene que, bajo determinados supuestos, la práctica de servidumbre por deudas constituye una mejora en términos de Pareto, aun cuando no se alcance el óptimo de Pareto. Una mejora en este sentido es un cambio en un estado social que hace que al menos una persona se beneficie y no se perjudique. Bardhan (1979) demuestra que los terratenientes tienen incentivos para ofrecer este tipo de contratos a largo plazo, en tanto les permiten ahorrarse el costoso reclutamiento de trabajadores durante la temporada alta. También sostiene que este tipo de contratos puede ofrecer a los trabajadores que temen el riesgo un seguro contra las fluctuaciones de ingresos en las distintas temporadas y, a los terratenientes, que se exponen a riesgo neutro, la posibilidad de contar con trabajo barato durante la temporada alta (Bardhan, 1983). Braverman y Stiglitz (1982) analizan de qué manera los contratos de servidumbre por deudas podrían servir de incentivo para que los trabajadores agrícolas tengan un desempeño más productivo en la temporada de poco trabajo. Srinivasan (1989) sostiene que cualquier intento de reducir el poder del terrateniente mediante la restricción de sus actividades crediticias atentará contra la productividad agraria y empeorará la situación de los arrendatarios.

Desde luego, la evaluación paretiana del trabajo servil como una mejora depende, entre otras cosas, del supuesto de que las partes que participan del acuerdo son racionales y cuentan con la información adecuada. Pero un campesino que acceda a tomar un préstamo con una tasa de interés del 20% mensual tal vez no entienda verdaderamente qué está aceptando. El visto bueno también depende de que la operación no suponga costos de transacción significativos.

¿Qué ocurriría bajo circunstancias más ideales, en que existiera un conocimiento adecuado de la situación y no hubiera ningún costo de transacción? En un mundo semejante, ¿los paretianos rechazarían toda restricción a la libertad de contrato por considerarla ineficiente? Prohibir al terrateniente y al campesino celebrar un contrato voluntario, ¿no supondría entorpecer los beneficios más obvios del comercio?

No necesariamente. Cuando un individuo actúa de manera tal que maximiza su bienestar, no es necesario suponer que lo hace dentro de un conjunto de limitaciones definidas de manera exógena. El conjunto de alternativas ofrecidas a un agente a menudo es fruto de determinaciones endógenas. Permitir que los trabajadores acepten contratos de servidumbre que los vinculen a sus acreedores podría obstruir la aparición de alternativas (que podrían ser mejores para los trabajadores).[207]

Recordemos el ejemplo del trabajo infantil. Para determinada familia, el trabajo infantil tal vez sea la mejor alternativa. Sin embargo, la extensión de esta práctica podría contribuir a la disminución de los salarios y las destrezas de los trabajadores adultos, lo cual convertiría el trabajo infantil en una necesidad para todas las familias. De esta forma, la institución del trabajo infantil limitaría el conjunto de opciones abiertas a las familias pobres, y no les quedaría mejor alternativa que enviar a los niños a trabajar. Es un importante fenómeno de la “matemática moral”, en términos de Derek Parift. La evaluación de un conjunto de actos no necesariamente concordará con la evaluación de cada uno de los actos individuales que conforman dicho conjunto (Parfit, 1984). Si bien al considerar sus consecuencias para una familia pobre un acto individual (aislado) de trabajo infantil podría representar una mejora en términos de Pareto, la práctica (el tipo) del trabajo infantil podría contribuir a empeorar la situación de otras familias al modificar el espectro de alternativas que tienen.

Al evaluar las políticas sociales que se adoptan respecto de los mercados, también es importante reconocer que suelen existir múltiples posibilidades de equilibrio, y que todas se ajustan al óptimo de Pareto. Por ejemplo, para una determinada sociedad podría haber un óptimo de Pareto que involucra el trabajo infantil y bajos salarios para los adultos y otro con salarios altos para los adultos y prohibición de trabajo infantil. Alcanzar uno u otro dependerá de los derechos y las garantías que tengan los agentes, de las reglas del juego, por así decirlo. Dichas reglas harán que ciertos resultados sean más probables que otros.

El hecho de que pocas veces haya un único óptimo de Pareto revela algunas limitaciones interesantes de la justificación paretiana de la servidumbre por deudas. En primer lugar, al demostrar que el conjunto de alternativas de un agente siempre está determinado de manera endógena, socavamos una clásica defensa del mercado. El reconocimiento de la naturaleza endógena de los distintos conjuntos de alternativas posibles deja abierta la cuestión de la evaluación institucional. Dados dos sistemas distintos que crean y satisfacen preferencias diferentes, ¿cómo podemos elegir entre ellos?

En segundo lugar, el carácter endógeno de las alternativas demuestra que la distinción entre la elección voluntaria y la imposición de determinada forma de servidumbre no es tan clara. Los agentes con más poder a menudo actúan para limitar el conjunto de alternativas de los agentes menos poderosos, quienes entonces se ven en la necesidad de elegir la mejor opción entre las que les quedan. (De hecho, los campesinos pobres inevitablemente deben tomar sus decisiones en el contexto de unos derechos de propiedad e instituciones de mercado que no tuvieron oportunidad de elegir.) Permitir el trabajo infantil responde a los intereses de algunos empleadores para quienes representaría una fuente de trabajo más barata que los adultos. Estos empleadores podrían intentar manipular las alternativas existentes.

En tercer lugar, el carácter endógeno de las preferencias y los conjuntos de alternativas abiertos a los agentes en situaciones de servidumbre por deudas permite avizorar que en algunos intercambios las partes propias –en lo que concierne a la cultura, los valores y las preferencias– podrían quedar parcialmente constituidas por el intercambio en sí. Este descubrimiento –el hecho de que algunos intercambios distribuyen tanto cosas como poder e influyen en aquello en que se convertirán las personas– no desempeña ningún papel en el abordaje convencional de los mercados que propone la economía del bienestar.[208] De hecho, si aceptamos que en los modelos económicos las preferencias y capacidades de los individuos no son algo estático y dado, es imposible ignorar los modos en que un determinado conjunto de disposiciones sociales probablemente modifique a las personas.

Desde ya, no existe ningún motivo en virtud del cual los partidarios de la economía del bienestar deban limitarse a las nociones de Pareto. Según pudo verse, existen otras concepciones de eficiencia, en particular la idea de potenciales mejoras de Pareto: la eficiencia de Kaldor-Hicks. Como ya señalé, esta idea es la base del análisis de costos y beneficios. En teoría, si la prohibición del trabajo infantil aumentara en un grado suficiente la productividad del trabajo adulto (por ejemplo, si estimulara una mayor participación de los empleadores en el desarrollo de las destrezas de los adultos) de manera tal que las ganancias compensaran las pérdidas, tal prohibición se vería justificada.

Existe también una concepción distinta acerca del bienestar, en virtud de la cual podemos abandonar el supuesto de que su medida correcta es la satisfacción de preferencias individuales. La propuesta de Amartya Sen describe ciertas funciones básicas, “seres y procederes”, necesarios para que un individuo alcance cierta calidad de vida. Entre ellas se cuentan la nutrición, la alfabetización, la expectativa de vida, un trabajo satisfactorio y la capacidad de presentarse en público sin sentir vergüenza. Entendido como calidad de vida, el bienestar no consiste únicamente en el nivel de satisfacción de las preferencias subjetivas de una persona, sino que se convierte, ante todo, en un parámetro que evalúa su adquisición de un conjunto de funciones definidas objetivamente. Si aceptamos el planteo de Sen, podríamos comparar los distintos tipos de equilibrio posibles sobre la base de las funciones que efectivamente ponen al alcance de las personas. Quizá también sería deseable tener en cuenta consideraciones tales como si las partes contratantes viven a merced de sus acreedores y si tienen o no una verdadera posibilidad de decidir frente a las alternativas que se les presentan (Sen, 1992). Sin embargo, esto nos llevaría más allá de las consideraciones del bienestar.

POR QUÉ ES NOCIVA LA SERVIDUMBRE POR DEUDAS

Si bien la servidumbre por deudas puede ser resultado de un acuerdo e incluso suponer una mejora en términos del bienestar de determinado trabajador, tiene otras características que la vuelven nociva.

VULNERABILIDAD

La servidumbre por deudas surge en circunstancias en que, debido a malas cosechas o al desempleo estacional, algunas personas carecen de recursos para ponerse a salvo del hambre que pone en riesgo su vida. Los prestamistas se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad y ofrecen a los trabajadores créditos planteados en términos tanto más leoninos que los que se mostraría dispuesta a aceptar cualquier persona menos desesperada.[209] La desesperación preexistente plantea dudas respecto de la posibilidad de que un intercambio semejante resulte justo. Tal vez en circunstancias más ideales sería posible imaginar contratos de servidumbre por deudas que no tengan su origen en un intercambio desesperado ni incurran, por ende, en la explotación. Sin duda, este tipo de consideraciones siempre asegura nuestra repugnancia moral respecto de las prácticas existentes de servidumbre por deudas.

DÉBIL CAPACIDAD DE ACCIÓN

La mayoría de las personas que acceden a los contratos de servidumbre por deudas son analfabetas y carecen de los conocimientos aritméticos básicos. No es plausible suponer que entiendan los términos en que se formulan los créditos que aceptan.[210] Si bien la mayoría de los acuerdos de servidumbre dan por finalizado el contrato una vez que se paga la deuda, en la práctica suelen extenderse de por vida. Los trabajadores reducidos a la servidumbre no son libres de abandonar su empleo, aun si tienen la posibilidad de conseguir un trabajo en mejores términos (lo cual les permitiría saldar la deuda con mayor rapidez). Los trabajadores agrícolas de la India y Pakistán, donde la servidumbre es práctica usual, rara vez llegan a saldar las deudas en vida. Cuando mueren, sin haber terminado de pagarlas, sus hijos y nietos son enviados a trabajar en su lugar.

Ahora bien, si las personas tuvieran mayor información, ¿por qué no podrían vincularse contractualmente a un mismo empleador de por vida? Creo que a nadie debería permitirse la posibilidad de reducir a la servidumbre su yo futuro, debido a que las personas tienen lo que ya denominé “intereses básicos de agencia”, entre los que se cuentan preservar para sí ciertas posibilidades de acción y decisión. Por otra parte, la servidumbre no sólo supone abstenerse de tomar decisiones, sino que confiere ese poder a otra persona. Sostuve que la dependencia y la servidumbre de sus miembros dañan a cualquier sociedad. Pero aun quienes no estén de acuerdo conmigo y consideren que la preservación de una autonomía mínima no constituye un interés básico, o nieguen que la igualdad relacional sea un valor importante, deben admitir que este tipo de contratos tiene la capacidad de producir resultados extremadamente perjudiciales para los individuos. Un individuo no sólo carece de un conocimiento acabado acerca de su yo futuro –desconocimiento que denominé “débil capacidad de acción”–, sino que, además, sus condiciones pueden cambiar de tantas y tales maneras que le resultaría imposible predecirlas en el presente, y en las cuales, por haber rendido su independencia, podría verse muy perjudicado. Dada la posibilidad de perjuicios extremos, parece sensato establecer parámetros desde una perspectiva regulatoria (por ejemplo, que no es posible celebrar contratos vitalicios sin posibilidad de rescisión) que minimicen los riesgos de serios daños a futuro.

RESULTADOS EXTREMADAMENTE PERJUDICIALES PARA LOS INDIVIDUOS

En la práctica, los trabajadores reducidos a la servidumbre carecen de la libertad de desobedecer las órdenes de sus empleadores, por arbitrarias, humillantes o personalmente costosas que les resulten. Se espera que los trabajadores respondan a las demandas de sus empleadores en todo momento del día, tanto en el campo como en sus propios hogares. Si bien los campesinos pobres retienen algo de control formal sobre su propio cuerpo y sobre su trabajo, los contratos de servidumbre por deudas suelen despojarlos de cualquier control sustantivo. Al igual que el trabajador que vive en un poblado construido por la empresa para la cual trabaja, el trabajador reducido a la servidumbre vive sujeto a una total dependencia de su empleador, en la que resulta vulnerable a sus caprichos y maltratos.

La investigación señala que la servidumbre por deudas no es sólo un fenómeno contractual sino también psicológico. En un estudio realizado sobre trabajadores en situación de servidumbre por deudas en el Nordeste brasileño, los trabajadores entrevistados se referían a sus empleadores como hombres y a sí mismos como cabras, lo que podría indicar su subordinación social (cit. en Schaffner, 1995).[211] Otros trabajos también dan cuenta del modo en que las normas sociales preparan a las mujeres y a los hombres de las castas inferiores para vidas de sumisión y docilidad. Las mujeres que fueron secuestradas como esclavas sexuales y los niños que fueron vendidos una y otra vez en ocasiones regresan a sus propietarios luego de su liberación.

Tomemos el ejemplo de Baldev, un trabajador reducido a la servidumbre que consiguió liberarse gracias a la inesperada herencia recibida por la muerte de un familiar. Desprovisto de cualquier tipo de preparación para la vida en libertad, dos años más tarde se sometió nuevamente a servidumbre. En una entrevista, explicó sus razones de la siguiente manera:

Después de que mi esposa recibió el dinero, pagamos las deudas y fuimos libres de hacer lo que queríamos. Pero yo vivía todo el tiempo preocupado. ¿Qué ocurriría si se enfermaba uno de los niños? ¿Y si fracasaba la cosecha? ¿Y si el gobierno nos pedía dinero? Dado que no pertenecíamos a un terrateniente, ya no teníamos asegurada, como antes, la comida de todos los días. Al final, fui a ver al señor y le pedí que volviera a tomarme. No necesité pedirle un préstamo, pero él me permitió que volviera a ser su halvaha [siervo de labranza]. Ahora ya no vivo tan preocupado; sé lo que hago (cit. en Bales, 2002: 2).

Baldev da poco valor a su propia capacidad de tomar decisiones y exhibe una condición que, según la formulación del filósofo Thomas Hill (1991), denominaré “servilidad”. Un individuo de esa condición no sólo se niega a hacer valer sus derechos en algunos casos, sino que en primer lugar ni siquiera se considera un portador de derechos. Aun si se le presentara la posibilidad de abandonar la servidumbre, su mente no conseguiría ser libre, influida por un mundo en el que los demás siempre decidieron por él.

Para los trabajadores que vivieron durante décadas reducidos a la servidumbre –cuyos empleadores reforzaron de manera constante su inferioridad y la naturaleza predestinada de su situación de servidumbre–, la exposición a cualquier situación de desobediencia o huida puede resultar atemorizante. Los trabajadores reducidos a la servidumbre suelen ser intencionalmente aislados de los trabajadores libres para que sigan teniendo horizontes estrechos y escasas aspiraciones. En tales circunstancias, bien pueden llegar a creer que su servilidad responde al orden natural de las cosas, inevitable y correcto.[212]

Estos aspectos de la servidumbre por deudas ofrecen motivos para no respaldar ni garantizar la validez de este tipo de contratos, aun cuando surjan de un acuerdo y representen mejoras de bienestar en términos subjetivos. Baldev tal vez esté más feliz siendo un trabajador reducido a la servidumbre porque fue preparado para ese tipo de vida, pero el Estado tiene buenos motivos para no prestar su apoyo a ningún tipo de acuerdo que dependa de la explotación de la vulnerabilidad de los más vulnerables, que vincule a una persona a otra de manera permanente, que confiera a una persona excesivo poder sobre otra o que socave las capacidades de los individuos de participar de la sociedad en pie de igualdad. Muchos de estos motivos resultan relevantes al considerar las circunstancias desesperadas y no ideales en que se origina la servidumbre por deudas. Pero el ejemplo de Baldev también señala la necesidad de que la sociedad produzca y reproduzca en sus miembros ciertas capacidades.

Todas las sociedades dependen de que sus miembros tengan la capacidad de comportarse de tal manera que contribuya a la realización de dicha sociedad y a reproducirla por medio de sus acciones, preferencias y hábitos de conducta. Las sociedades democráticas, en particular, dependen de la capacidad de los ciudadanos de funcionar como iguales. Esto no sólo significa que en estas sociedades todos los individuos tienen los mismos derechos, sino que además deben considerarse a sí mismos portadores de esos derechos básicos, entender un acto en conformidad con la ley y aceptar que ellos y otros son fuentes autosuficientes de reclamos que no necesitan el permiso de nadie para tener y plantear demandas.

El trabajo ocupa una parte importante del tiempo y la atención de la mayoría de los adultos. La idea de que el trabajo sea una fuente de desarrollo personal encontró apoyo en algunos estudios experimentales. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que el modo en que se organiza el trabajo tiene un impacto real y sustantivo en el funcionamiento psicológico de los individuos (Lane, 1991: en especial, 235-259). Algunos estudios midieron los efectos de la organización laboral sobre las capacidades de independencia de los trabajadores, sus actitudes hacia la conformidad, la imagen que tienen de sí mismos y su sentido de responsabilidad moral.

Al considerar los mercados laborales, los parámetros de evaluación dejan de lado importantes dimensiones normativas de estos si sólo piensan en términos libertarios o paretianos. Como bien entendían los autores de la economía clásica, los mercados laborales libres no sólo crean preferencias, sino que también habilitan ciertas destrezas y capacidades, al tiempo que entorpecen u horadan otras.[213] Si el igualitarismo procura hacer suyo el propósito de asegurar que las personas sean capaces de ocupar un lugar en la sociedad y relacionarse entre sí en pie de igualdad, no puede mostrarse indiferente ante la manera en que las instituciones influyen en sus destrezas y capacidades. La evaluación de las distintas instituciones de la sociedad –entre ellas, los mercados– necesita tener en cuenta sus posibles efectos sobre las motivaciones, aspiraciones y capacidades humanas.

¿QUÉ TIENE DE PARTICULAR LA SERVIDUMBRE POR DEUDAS?

La mayoría de los contratos laborales supone que al menos una de las partes renuncie a cierto control sobre sí. Además, muchos trabajadores no calificados que conservan la capacidad formal de retirarse de sus empleos en realidad carecen de verdaderas alternativas. Por último, no se ha establecido con total claridad que la práctica de la servidumbre sea inherentemente hostil a las capacidades necesarias para la independencia personal y el establecimiento de relaciones sociales en pie de igualdad. ¿No habrá formas de contrato que, aun habilitando el “cumplimiento específico” o restringiendo de una manera u otra la capacidad de salida de los trabajadores, sean perfectamente compatibles con la igualdad en las relaciones sociales? ¿Qué ocurre entonces con los deportistas profesionales, vinculados a un determinado equipo, o con los soldados?[214]

Indudablemente, muchos de los problemas relacionados con la servidumbre por deudas no tienen que ver con la servidumbre en sí, sino con la pobreza extrema, la falta de educación, la falta de información adecuada, mercados de crédito insuficientes y la falta de alternativas decentes para los pobres. Todas estas consideraciones son importantes a la hora de evaluar dicha práctica, así como al evaluar la prostitución y el embarazo contractual. Sin embargo, no creo que estas agoten los motivos por los cuales vale la pena ocuparse de los contratos de empleo. Por su contenido explícito, algunos contratos laborales representan una verdadera afrenta contra la capacidad de los agentes de participar en el medio social en pie de igualdad. En esta categoría quedan englobados no sólo los contratos de esclavitud, sino también aquellos que permiten que un empleador acose sexualmente a quienes dependen de él a cambio de un sueldo. Otros contratos pueden resultar objetables debido a su alcance. A menudo, las personas entablan acuerdos vinculantes para su futuro yo (después de todo, esto es algo que ocurre con la mayoría de los contratos), pero hay motivos para rechazar aquellos que constituyan contratos efectivamente permanentes de vinculación laboral. En la medida en que se valore la capacidad de las personas de formarse y modificar sus propias concepciones de valor, y de actuar conforme a ellas, hay poderosas razones para exigir que los individuos conserven el derecho legal de retirarse (en determinado punto) de las relaciones laborales que establecen con otros adultos y que no puedan celebrar acuerdos permanentes e irreversibles. Siempre que, con el propósito de preservar las condiciones necesarias para la igualdad y la libertad individual, se quiera limitar el poder que una persona puede ejercer sobre otras, existen poderosas razones para no garantizar el cumplimiento de contratos permanentes de vinculación laboral, incluso si estos estipulan una remuneración justa y son producto de un acuerdo racional.

La reflexión acerca de las particularidades de la servidumbre por deudas nos lleva a considerar (una vez más) el sentido de la igualdad. Los movimientos obreros reconocen que la preocupación por las bases sociales de la autoestima desempeña un papel fundamental en la negociación de contratos.[215] Los trabajadores no sólo lucharon por sus salarios y por la jornada de trabajo, sino también por el derecho a organizarse y para que se establezcan límites al poder discrecional de sus empleadores sobre cuestiones que no están directamente relacionadas con el empleo. En términos más generales, las sociedades liberales se caracterizan por poner límites a la autoridad que una persona puede ejercer sobre otra: no exigen el “cumplimiento específico” de la mayoría de los contratos, no reconocen la validez de contratos cuyos términos consideran inadmisibles y no condenan a nadie a la pena de prisión por deudas impagas. Estas sociedades también reconocen el derecho de las personas al divorcio, aun luego de haberse jurado fidelidad de por vida.

CONCLUSIÓN Y CONSIDERACIONES

Dos importantes escuelas de pensamiento, el bienestar de inspiración paretiana y el libertarismo, están comprometidas, en teoría, con un mercado ideal sin ningún tipo de límites. En principio, ninguna de ellas condenaría los contratos de servidumbre, ni siquiera los de esclavitud voluntaria. Dichos acuerdos sólo serán objeto de censura en la medida en que generen externalidades, reflejen un grado imperfecto de distribución de la información y surjan como consecuencia de mercados incompletos o a causa del ejercicio de la fuerza bruta o el latrocinio.

Irónicamente, ninguna de estas dos teorías cuenta con recursos que le permitan apreciar el verdadero avance que significó el capitalismo sobre su predecesor feudal. Los mercados capitalistas no son hechos de la naturaleza, sino instituciones influidas por condiciones sociales previas; entre ellas, los derechos de los agentes y las normas sociales. Para transformar las relaciones feudales, el capitalismo se vio obligado a limitar los derechos de propiedad y a transformar los modos en que las personas se relacionaban entre sí, se concebían mutuamente e incluso la imagen que tenían de sí mismas. Para apreciar este cambio en su verdadera magnitud, debemos contrastar la idea de una ciudadanía de iguales con la noción agustiniana de servidumbre natural:

Tú [la Iglesia católica] eres quien somete a las esposas a sus maridos […] por medio de la fiel y casta obediencia; tú pones a los maridos sobre las esposas; tú ligas los hijos a sus padres en libre esclavitud y pones a los hijos por debajo de sus padres en piadosa dominación. […] Tú enseñas a los esclavos a ser fieles a sus amos. […] Tú vinculas a todos los hombres en el recuerdo de sus primeros padres, no sólo en virtud de lazos sociales, sino por cierta percepción de su parentesco común. Tú enseñas a los reyes a mandar para el bien de su pueblo, y eres tú quien aconseja a las personas a servir a sus reyes (cit. en P. Brown, 2000).

Esta concepción de la servidumbre como la fuerza que mantiene la sociedad unida resulta completamente extraña para el universo político y moral de occidente hoy. Sin embargo, millones de personas en el mundo en vías de desarrollo no tienen ningún derecho contra la violencia de sus empleadores, gozan de escasa representación política y pocos derechos civiles, por lo que comúnmente se ven sujetas a la explotación, el abuso sexual, a ser negociadas como cosas o incluso a ser descartadas. La servidumbre por deudas se afinca en las sociedades en que no existe la educación obligatoria (ni por ley ni en la práctica), el imperio de la ley es débil, el crédito formal y los mercados laborales carecen de fortaleza, no existe el derecho de salida y las divisiones y conflictos sociales entre castas constituyen una realidad común (Weiner, 1992). Eso no es capitalismo; eso es feudalismo.

183 Este capítulo fue presentado en la Conferencia de Igualdad y Mercados celebrada en la Universidad de Stanford, en BAFFLE [Foro de Derecho y Ética de la Bahía de San Francisco], en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, en el Coloquio sobre Derecho, Economía y Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y en un congreso de derecho laboral celebrado en Tel Aviv. Me fueron muy provechosos los comentarios orales y escritos de Barbara Fried, Josh Cohen, Yossi Dahan, Rob Reich, Seana Shiffrin, Elizabeth Anderson, Elizabeth Hansot, Paul Gowder, Marc Fleurbaey, Meir Dan-Cohen, Eric Rakowski, Andrew Levine, Lewis Kornhauser, Liam Murphy, Jonathan Wolff y muchos otros miembros del público.

184 E. P. Holmes, un clérigo negro, prestó testimonio ante un comité del Congreso en 1883 (el tramo aquí reproducido figura en Foner, 1983: 7).

185 Algunos libertarios se muestran dispuestos a regular las transacciones que tienen efectos sobre terceros.

186 De hecho, Mill considera que cualquier defensa de la esclavitud voluntaria se refuta a sí misma porque es contradictorio en sí afirmar que las personas deberían tener la libertad de no ser libres. Véase su análisis al respecto en Sobre la libertad (1984 [1859]). Este argumento resulta problemático porque Mill entiende la libertad como no interferencia, y no hay nada de paradójico en dar a otra persona la capacidad de esclavizar en ausencia de interferencia. Desde luego, se produciría un tipo de interferencia en el caso de exigir su cumplimiento, pero esto también es válido para otro tipo de contratos.

187 Véase Mistry (2001), donde el novelista ofrece una conmovedora descripción de la vida de los pobres de la India en la cual servir de por vida a un acreedor constituye una repuesta racional a un mundo irracional.

188 Nozick plantea tres principios de justicia: justicia de la adquisión, justicia de la transferencia y un principio de rectificación.

189 Desde luego, Nozick deja de lado la cuestión de que un contrato de esclavitud, para ser válido, debe estar respaldado por un ordenamiento jurídico que garantice su cumplimiento. Hay que capturar a los esclavos fugitivos y castigar a quienes no cumplan con los términos establecidos en el contrato.

190 De hecho, es llamativo que, dada la centralidad de la idea de “partes que consienten” en la justificación del intercambio de mercado, la economía preste tan poca atención a este problema.

191 Para objeciones a una concepción moralizante del concepto de coerción, véanse Zimmerman (1981) y G. A. Cohen (1983). Un cuestionamiento es que el planteo de Nozick impide que nos preguntemos si una determinada forma de coerción, por ejemplo por parte del Estado, resulta justificada o no. También parece ignorar los modos en que cierto tipo de coerción podría beneficiar a una persona.

192 Desde luego, la justificación de la apropiación inicial de los recursos naturales resulta una cuestión claramente polémica. Locke pensaba que dicha justificación se apoyaba en el hecho de que una persona tenía derecho a aquello con lo que mezclaba su trabajo (en la medida en que no perteneciera previamente a otra persona). Nozick advierte las dificultades que esta formulación plantea con su ejemplo de una persona que “mezcla su trabajo” con el océano, al verter jugo de tomate en él.

193 Más adelante retomaré la idea de que el libertarismo no es una teoría estable.

194 De hecho, algunas situaciones de servidumbre por deudas tienen su origen en la fuerza y se mantienen en el tiempo por medio de la violencia. Véase Bales (1999).

195 Véase J. Buchanan(1975: 59-60) para un análisis de la esclavitud como resultado de negociaciones a partir de un equilibrio anárquico.

196 Quizá Randy Barnett (1998: 35) sea el único libertario que propone la esclavitud por deudas para aquellos cuyos errores imponen costos para otros. Agradezco la referencia a Arthur Ripstein.

197 Sin embargo, incluso algunos libertarios de izquierda parecen dispuestos a consentir la esclavitud voluntaria. Véase Otsuka(2003, 122-125).

198 Agradezco a Barbara Fried por haberme sugerido la idea de distinguir las distintas formas en que un individuo podría tener derecho a no encontrarse en circunstancias que lo llevaran a aceptar un contrato de servidumbre por deudas.

199 De hecho, en el marco del derecho angloestadounidense, el cumplimiento específico constituye una medida disciplinaria excepcional en caso de incumplimiento contractual. Usualmente, la sanción se establece en términos de perjuicios monetarios.

200 No todos los mercados monopólicos de facto violan la condición lockeana tal como la plantea Nozick. Véanse los párrafos siguientes.

201 Recordemos que el principio fundamental de Locke es el deber positivo de proteger y preservar la vida humana. Este deber es la base de las restricciones que plantea sobre los derechos de propiedad individual.

202 Para un argumento libertario que hace hincapié en las consecuencias negativas en la eficiencia que demuestra la intervención gubernamental sobre la vida de las personas, véanse Friedman (1962) y Epstein (1998).

203 Dado su énfasis en la protección de la libertad del agente de tomar sus propias decisiones y emprender sus propios proyectos, resulta notorio el silencio de la teoría libertaria respecto de los niños. Por ejemplo, Nozick (1974: 330) apenas advierte al pasar que “los niños presentan problemas aún más complejos. De alguna manera, hay que asegurarse de que cuenten con información sobre todas las alternativas del mundo. Pero es posible que la comunidad del hogar considere importante que los más jóvenes no estén expuestos a la información de que a cien millas existe una comunidad que goza de una gran libertad sexual, y así sucesivamente”.

204 Véase también Nozick (1974: 38), que sostiene que los niños tienen derecho a… ¡que no los coman sus padres!

205 Los libertarios que fundan su doctrina en el principio de autopropiedad se han planteado la pregunta de por qué los niños no son propiedad de sus progenitores. Véase Steiner (2002). Para una crítica de las concepciones de Nozick, véase Okin (1989: cap. 4).

206 Rawls (1999: 434-441) otorga a la estabilidad a largo plazo un peso fundamental en la justificación de sus dos principios de justicia y dedica al asunto una sección completa de Teoría de la justicia.

207 Genicot (2002) sostiene que la existencia de “la servidumbre por deudas entorpece las posibilidades de que el progreso traiga consigo un aumento de las oportunidades de crédito para los trabajadores”. Dada la falta de bienes para ofrecer como garantía de préstamo que aqueja a los campesinos pobres, las asimetrías en el flujo de información y el desempeño ineficiente de las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los contratos, los acuerdos de crédito suelen funcionar de manera implícita como un contrato que debe garantizar su propio cumplimiento. La pérdida de futuras oportunidades de crédito por parte de los terratenientes ofrecería a los campesinos un incentivo para no incumplir con sus pagos. En ausencia de este incentivo, resulta extremadamente costoso garantizar el cumplimiento del contrato, y los acreedores tendrían menos motivos para realizar tales préstamos. En tanto brinda otra oportunidad de obtener crédito por fuera de las instituciones de crédito formal, la servidumbre por deudas disminuye los costos que supone cualquier incumplimiento contractual. De esta forma, la servidumbre por deudas atenta de manera implícita contra la promesa de pagar una deuda que se contraiga con las instituciones formales de crédito. Genicot sostiene que la existencia de la servidumbre por deudas puede hacer que las instituciones crediticias locales nieguen préstamos a los trabajadores pobres e incluso puede impedir que dichas instituciones se conformen y prosperen. Si contribuyera a la creación de instituciones formales de crédito, la prohibición de la servidumbre por deudas podría mejorar la situación de los trabajadores pobres al permitirles acceder al crédito en mejores términos.

208 Como ya señalé en el capítulo 2, esto constituía una preocupación central para la economía política clásica.

209 En muchos de estos casos, podría decirse que existen monopolios de facto para fijar los precios.

210 Como demostró la reciente crisis de las hipotecas y créditos de alto riesgo, incluso estadounidenses relativamente educados no fueron capaces de entender los términos de préstamos contraídos.

211 La profesora Mariana Mota Prado tuvo la gentileza de alertarme que el lenguaje de este ejemplo puede dar pie a otras explicaciones, basadas sobre consideraciones de clase y culturales.

212 Schaffner (1995) sostiene que los empleadores intentan manipular la psicología de sus empleados para reducir los costos necesarios y fortalecer y hacer cumplir la relación de servidumbre.

213 Agradezco a Seana Shiffrin la sugerencia de hacer mayor hincapié en ampliar el vocabulario de lo endógeno y señalar su relación tanto con las preferencias como con las habilidades y destrezas.

214 Michael Blake cuestiona mi argumento a partir de esta objeción. Sin embargo, véase Snyder (2006), que plantea que incluso un salario muy alto no sería compensación suficiente por la privación del derecho de retirarse. También vale la pena señalar que, si bien Curt Flood tenía prohibido jugar para otro equipo de béisbol, siempre fue libre de abandonar el béisbol profesional. (El servicio militar también tiene características excepcionales que tal vez justifiquen su estructura jerárquica y de autoridad.)

215 Para un análisis del papel del trabajo como sostén del bienestar personal, la autoestima y el estatus cívico y social, véanse Estlund (2003) y Schultz (2000).

9. Cuestiones éticas derivadas de la oferta y la demanda de riñones humanos[216]

A veces las sociedades deciden prohibir la venta de determinados bienes cuya oferta en realidad querrían apoyar o incluso alentar.[217] Entre otros ejemplos de este caso, pueden mencionarse los mercados de votos, de niños y de órganos humanos. En los Estados Unidos, la venta de órganos humanos –por ejemplo, riñones– es ilegal, por lo que todas las personas que necesitan un trasplante se ven obligadas a recurrir a la donación altruista. Desde una perspectiva económica, la prohibición que pesa sobre la venta de órganos resulta ineficiente, ya que la transferencia de un pago a los donantes podría contribuir a un aumento de la oferta, y así reducir la escasez crónica. Desde la perspectiva libertaria, esta prohibición supone una infracción ilegítima a la libertad individual, porque permitir que las personas vendan partes de su propio cuerpo no sería más que un modo de reconocerlo como una esfera sujeta a su legítimo control.[218] Por su parte, los defensores no libertarios del mercado de órganos humanos sostienen que la prohibición de ventas es moralmente dudosa, debido a la cantidad de vidas que salvaría el aumento de la oferta.

En nuestros días, la idea de establecer un mercado de riñones despierta un respaldo sin precedentes entre las personas relacionadas con la práctica de trasplantes, como también entre los economistas y los especialistas en bioética. Este capítulo analiza los valores que pone en juego el debate acerca de dicho mercado, a partir del marco de referencia desarrollado en el capítulo 4. Sin embargo, antes de hacerlo querría plantear una consideración adicional que resulta relevante en este caso específico: la relación entre los mercados y los motivos. A diferencia del trabajo infantil, el trabajo esclavo, el sexo y la subrogación gestacional, la sociedad está interesada en motivar a las personas a actuar de manera tal que aumente la oferta de órganos disponibles para trasplantes.

BREVE CONTEXTO: LOS ACTUALES SISTEMASDE PROCURA DE RIÑONES

Aunque los argumentos a favor de instaurar mercados de órganos resulten prima facie consistentes, en la actualidad su venta es ilegal en todas las sociedades desarrolladas del mundo.[219] Las Naciones Unidas y la Unión Europea recomiendan a sus países miembros prohibir la venta de órganos humanos. La Organización Mundial de la Salud interpreta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos la prohíbe. De hecho, la mayor parte de los países del mundo ya dictaron la prohibición legal de este tipo de ventas, si bien la capacidad de unos y otros Estados de hacer cumplir estas normas difiere drásticamente, lo cual favorece en algunos casos la aparición de mercados negros.

En los Estados Unidos, las personas sólo pueden donar sus riñones, ya sea después de su muerte o en vida, en virtud de una motivación altruista. La Ley de Donación Universal de Órganos, redactada en 1984 (año en que entra en vigencia la Ley Nacional de Trasplante de Órganos), establece la ilegalidad de recibir cualquier pago o “consideración de valor” a cambio de la donación de un órgano. Todo aquel que necesite un trasplante de riñón, se verá obligado a confiar en que la exhortación social o individual induzca a otras personas a donar los suyos. El resultado es que, en la mayoría de los casos, los trasplantes de donante vivo provienen de familiares cercanos o personas del círculo íntimo del paciente, y la decisión de que un niño pueda oficiar de donante para un hermano u otro familiar queda en manos de los padres. Los individuos tienen derecho a donar sus órganos a sus seres queridos, pero no a venderlos.

En los Estados Unidos, los órganos cadavéricos provienen principalmente de dos grandes grupos: quienes manifiestan su consentimiento explícito de donar órganos luego de su muerte, ya sea por medio de un testamento o ratificando su voluntad en la licencia de conducir, y quienes se supone que habrían dado dicho consentimiento. Son más de quince los estados en los que rigen leyes de consentimiento presunto, en virtud de las cuales se da por supuesto el consentimiento de donación de órganos por parte de toda persona a la cual deba practicarse una autopsia obligatoria (sucede a menudo en víctimas de homicidio), salvo que, antes de su muerte, haya expresado su objeción de manera explícita (Goodwin, 2006: 119-122). (En los Estados Unidos, las leyes de consentimiento presunto se limitan a los cadáveres comprendidos bajo la autoridad de un médico o perito forense.)

Además, los individuos tienen el derecho de no donar sus órganos: no hay ninguna sociedad en el mundo en la cual la donación de riñones sea obligatoria. Las leyes vigentes en los Estados Unidos impiden la remoción de órganos de una persona sin su consentimiento, aunque de esto dependa la vida de otro individuo.[220] Si no logra procurarse un órgano por medio de la exhortación, el paciente que lo necesita no tiene otro recurso (legal) que esperar su turno en la lista de trasplantes.[221] De hecho, la nómina de pacientes que esperan un riñón es bastante extensa. En 2003, tan sólo en los Estados Unidos, había más de 50.000 ciudadanos en la lista de espera para recibir un riñón. El mismo año hubo 12 000 donantes (Goodwin, 2006: 40).[222] Esto significa que 38 000 personas pasaron a la lista de espera de 2004, junto con las nuevas adiciones de ese año. Muchas personas esperan durante años hasta recibir un órgano. Tan sólo en los Estados Unidos, todos los años mueren miles de pacientes esperando un trasplante.[223] Algunos de ellos no hubiesen muerto de haber conseguido un órgano en el momento en que lo necesitaron.[224]

Varias sociedades europeas cuentan con un sistema de procura de órganos de consentimiento presunto o tácito, distinto del sistema de consentimiento explícito utilizado en los Estados Unidos. En muchos países –entre los que se cuentan Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Singapur y España– se da por sentado que todos los individuos autorizan el uso de sus órganos tras su muerte. En un sistema de consentimiento presunto, se considera que los órganos de todos los individuos pueden ser utilizados luego de su deceso, aunque se permite a todos los individuos impugnar esta presunción, por lo general mediante una indicación explícita en su licencia de conducir.[225]

El abandono del actual sistema estadounidense por consentimiento explícito a favor de un sistema por consentimiento tácito o presunto podría justificarse si contribuyera a salvar vidas, pero al parecer no resuelve el problema de la escasez de órganos disponibles para trasplantes. Dicha escasez subsiste en muchos países de Europa, incluso en algunos que cuentan con este tipo de sistemas de consentimiento presunto.[226] De hecho, algunas investigaciones sugieren que la adopción de sistemas de consentimiento tácito en vez de sistemas de consentimiento explícito no supone una gran diferencia en el número de órganos del que finalmente se dispone (Coppen y otros, 2005). Este resultado tal vez parezca contraintuitivo, pero existen tres razones por las cuales un cambio de sistema para la procura de órganos podría no traer consigo un aumento de los órganos disponibles. En primer lugar, muchos de los países que cuentan con un sistema de consentimiento presunto conceden a los familiares el derecho de rehusar la donación cadavérica, aunque el fallecido haya expresado su voluntad de donar. Y muchas veces los familiares deciden no donar los órganos por consideraciones religiosas o de índole personal. En segundo lugar, muchos de los órganos que se consiguen no son aptos para trasplante, tal vez porque el fallecido era de edad muy avanzada, estaba muy enfermo o no se lo encontró a tiempo para que sus órganos fueran todavía utilizables después de su muerte.[227] Por su parte, la capacidad de conseguir un órgano, removerlo de manera rápida y segura, y entregarlo para trasplante depende de factores institucionales decisivos (véase Healy, 2006). En tercer lugar, dado el aumento de las tasas de obesidad y diabetes y la extensión de la expectativa de vida, el número de personas que necesitan un trasplante de riñón crece a una tasa mayor que la oferta.

CONSIDERACIONES EN CONTRA DEL MERCADO

Como ya vimos, el libre mercado ofrece ventajas considerables: supuestamente la libertad de contrato fomenta la libertad, los mercados competitivos pagan por cada elemento lo que se merece (su producto marginal) y los mercados en general tienden a ser mecanismos extremadamente eficientes para la producción y distribución de bienes. Dada la escasez de riñones disponibles y los intereses en juego, no sorprenderá a nadie saber que cuando un usuario ofertó un riñón en eBay la puja llegó a 5.800.000 dólares antes de que la subasta fuera clausurada por los administradores del sitio por constituir una infracción a la ley estadounidense (cit. en Seabright, 2004: 151-152).

Pese a todo, considero que existen razones para no saltar apresuradamente al vagón cada vez más acelerado de quienes proponen la instauración de un mercado de riñones humanos. Algunas tienen que ver con las características no ideales de un mundo no ideal y podrían solucionarse por medio de la regulación, aunque otras se sostienen en cualquier mundo posible en términos realistas.

¿LA PROHIBICIÓN DE MERCADO DISMINUYE NECESARIAMENTE LA OFERTA DE ÓRGANOS DISPONIBLES?

En su célebre trabajo de investigación The Gift Relationship, Richard Titmuss sostiene que, en el caso de la procura de sangre, un sistema puramente altruista resulta superior a un sistema que confía en la combinación de la donación altruista y un mercado (Titmuss, 1971). Por medio de la comparación de los sistemas de procura de sangre de los Estados Unidos y el Reino Unido, logra demostrar que un sistema de donantes (el británico) es superior en calidad a un sistema que también recurre a la compra de sangre (el estadounidense), en parte debido a que los vendedores, a diferencia de los donantes altruistas, tienen motivos para ocultar sus enfermedades. Además, Titmuss sostiene que el ofrecimiento de incentivos financieros hace que quienes necesitan dinero donen con excesiva frecuencia, y así ponen en riesgo su propia salud. Para Titmuss, un sistema altruista no sólo resulta más ético, sino que también produce una oferta de sangre de mayor calidad.

Para sorpresa de muchos economistas, Titmuss también sostiene que un sistema que sólo recurre a la donación altruista puede resultar más eficiente que un sistema de mercado. Plantea que, respecto de la sangre, la introducción de mercados “reprime la expresión del altruismo [y] horada la noción de comunidad” (Titmuss, 1971: 314). Si se decide tratar a la sangre como una mercancía con determinado precio, algunas personas que hubiesen donado cuando hacerlo era considerado un “regalo de vida” preferirán no hacerlo. Esto significa que la oferta de sangre no necesariamente aumentará por la aparición del mercado; de hecho, Titmuss plantea la hipótesis de que el resultado final de introducir un mercado de sangre en Inglaterra sería contar con menos sangre de inferior calidad.

Esto puede parecer sorprendente. Si lo único que se hace es sumar una nueva alternativa (vender sangre) a un conjunto de opciones existentes, ¿cómo es posible que por eso cambien las alternativas existentes (donar sangre) o su atractivo para los individuos altruistas? (Arrow, 1972). ¿Por qué una política fundada en el interés propio haría que las personas se comporten de manera más desconsiderada con el interés público?

Tomemos el siguiente experimento de la vida real a modo de ilustración del efecto que, según la conjetura de Titmuss, tendría la introducción de un mercado sobre la motivación individual. Dada la situación de un grupo de padres en que se había vuelto usual llegar tarde a retirar a sus hijos al finalizar el día, seis guarderías de Haifa decidieron imponer una multa que castigase la demora. Confiaban en que esto daría a los padres una motivación para concurrir a horario en virtud de su propio interés. Por el contrario, los padres respondieron a la multa duplicando la cantidad de tiempo de su demora (véase Gneezy y Rustichini, 2000a). Y si bien la multa fue revocada tres meses más tarde, el aumento en la duración de la tardanza perduró. Una interpretación plausible de este resultado es que la multa horadó la convicción de los padres de tener la obligación moral de no aprovecharse de los trabajadores de la guardería; por el contrario, ahora veían el retraso como una mercancía que podían comprar.

Este resultado se reiteró en diseños experimentales cuidadosamente elaborados. El economista experimental Bruno Fey y otros analizan distintas circunstancias en que la motivación intrínseca se ve parcialmente destruida por la introducción del incentivo que supone el precio (Frey y Oberholzer-Gee, 1997). Una acción responde a una motivación intrínseca cuando se la lleva a cabo sencillamente debido a la satisfacción que su realización produce en el agente. Mientras el análisis económico convencional supone que ofrecer compensaciones monetarias aumentará la disposición de los individuos a aceptar proyectos que de otra manera no contemplarían, Frey consigue demostrar que el apoyo para la instalación de un basurero nuclear nocivo en un vecindario en realidad disminuye luego de que se ofrece a los vecinos una compensación monetaria. Su investigación sugiere que en los casos en que los individuos demuestran una alta participación cívica, los incentivos de precio no conseguirán aumentar los niveles de adhesión a determinada acción, sino que, por el contrario, disminuirán. Para un agente que tiene una motivación intrínseca, recibir dinero por llevar a cabo determinado acto hace que de allí en más se trate de un acto completamente distinto del que hubiera sido en caso de realizarlo de manera gratuita (véase E. Anderson, 1993). La aparición de incentivos monetarios puede desplazar los motivos intrínsecos de una persona para llevar a cabo determinada acción, y así cambiar el grado de atracción que la opción representa para dicho agente. Por ejemplo, en el caso del basurero nuclear los ciudadanos pueden interpretar la oferta de dinero como un soborno. En el caso de los padres que se demoran, la preocupación altruista por los maestros puede verse desplazada por un cálculo acerca de la conveniencia o no de evitar la multa basado sobre el propio interés.

Este tipo de desplazamiento del altruismo no es inevitable; también es posible emplear el mercado de una forma socialmente benéfica y en una dirección más altruista. Un estudio acerca de la introducción de un mercado que permitía adquirir acceso a los carriles rápidos de la autopista en San Diego descubrió que existía una correlación entre la implementación del programa y el incremento del tráfico general en los carriles rápidos, un descenso del tráfico en los carriles ordinarios y un aumento significativo del número de personas que compartían el vehículo. (Los grupos de personas que compartían un mismo vehículo tenían permitido el acceso a los carriles rápidos sin necesidad de pagar por eso.) El autor plantea la hipótesis de que la explicación más plausible del aumento del número de personas dispuestas a compartir su automóvil debe buscarse en que los nuevos conductores se ven atraídos a hacerlo en virtud de un beneficio relativo: les gusta sentir que pueden hacer uso gratuito de algo por lo que los demás tienen que pagar (Strahilevitz, 2000).

Si estos estudios de casos son representativos, los mercados pueden cambiar las normas sociales. Y si bien la aparición de un mercado afecta las motivaciones intrínsecas, no es posible predecir en qué dirección se desplazará el comportamiento. En el ejemplo del basurero nuclear se advierte un comportamiento menos prosocial, pero en el de la autopista se comprueba lo contrario. Desde luego, los mercados de riñones y sangre no son lo mismo que un mercado que posibilite el acceso a vías rápidas de la autopista. Las donaciones de sangre y de órganos a menudo involucran cuestiones de vida o muerte, no de mera conveniencia, por lo que es posible que quienes lleven a cabo estas acciones de manera altruista se vean influenciados por distintas motivaciones, que probablemente sean más vulnerables al desplazamiento.

¿La instauración de un mercado de riñones podría conducir a una reducción de la oferta debido al desplazamiento de las motivaciones altruistas? Aun si el mercado produjera este tipo de retracción de las donaciones altruistas, la oferta total de riñones podría aumentar. Tal vez el número de potenciales donantes susceptibles a la motivación extrínseca sea mayor que el de los donantes que responden única o prioritariamente a una motivación intrínseca. Por otra parte, si la cantidad de órganos procurada a través del mercado resultara insuficiente, la suba del precio probablemente conseguiría atraer un número mayor de donantes no altruistas. En la espléndida tragedia de Friedrich Dürrenmatt La visita de la vieja dama, una mujer increíblemente rica, agraviada en su juventud por un amante, ofrece a los residentes de su pueblo local un millón de dólares a cambio de que lo maten. Al principio, los ciudadanos rechazan airadamente la oferta, por considerarla inmoral, pero la mujer los induce a aumentar sus niveles de consumo y adquirir deudas. Al final, acomodados a su nuevo nivel de confort, deciden asesinar al amante que se negó a aceptar la paternidad del hijo de la mujer muchos años atrás. De todo esto es posible colegir que tal vez en los casos examinados por Frey y otros la recompensa económica haya sido insuficiente para motivar a las personas, o tal vez les fue presentada sin darles tiempo a acostumbrarse a la idea (Gneezy y Rustichini, 2000b).[228]

Por otra parte, de producirse efectos de desplazamiento sobre las personas que actúan por motivaciones altruistas, debemos analizar si todas las recompensas extrínsecas posibles para donar un riñón –que pueden incluir recompensas para los herederos del donante tras su muerte, beneficios médicos de por vida o el pago de los costos funerarios– tendrían los mismos efectos que el dinero en efectivo.[229]

Tal vez legalizar la venta de riñones provoque una disminución de la donación altruista y al mismo tiempo un aumento de la oferta total de órganos disponibles, al menos a cambio de determinado precio (Ghods, Savaj y Khosravani, 2000). El hecho de que esto sea cierto o no es especialmente relevante para quienes respaldan u objetan los mercados de órganos fundándose únicamente en sus efectos sobre la oferta. Debido a que el argumento a favor de los mercados de órganos se funda mayormente en tales consideraciones, resulta relevante determinar si es o no así. Las motivaciones morales podrían ser más frágiles de lo que se piensa. Pero tal vez el hecho de que la instauración de mercados aumente o disminuya la oferta no sea una consideración decisiva para otro tipo de objeciones contra los mercados de órganos, ya que algunas personas consideran que la venta de riñones es perjudicial aun si contribuyera a aumentar la oferta.

VULNERABILIDAD

Para algunos, la venta de un riñón resulta un intercambio objetable por ser un caso paradigmático de intercambio desesperado, un intercambio al que nadie se prestaría, de contar con un tipo de alternativa razonable. En palabras de uno de los mayores detractores de los mercados de órganos, el riñón es “el órgano del último recurso” (Scheper-Hughes, 2003: 1645). Muchas personas objetan los mercados de órganos porque consideran que estos permitirán que algunos exploten la desesperación de los pobres. Esta objeción contra los intercambios desesperados suele aparecer asociada a una preocupación paternalista por los daños que mediante la venta de sus órganos el vendedor podría ocasionar a su propia salud, consideraciones que, en caso de ser legal la venta de órganos, el vendedor podría ignorar.

Un defensor de los mercados de órganos plantearía la posibilidad de afrontar este tipo de explotación por medio de la regulación: pueden eliminar cualquier posibilidad de intermediarios en la venta de órganos –lo que dejaría en manos de terceros buena parte del precio–, permitir el tipo de competencia abierta que prohíbe el mercado negro y hacer valer los términos de los contratos. Para encarar esta preocupación, también podría plantearse que la donación de órganos sólo debería ser legal en los contextos en que no existe la posibilidad de que las personas estén en situaciones de pobreza insanable.[230]

DÉBIL CAPACIDAD DE ACCIÓN

Mientras que los mercados ideales suponen la existencia de participantes perfectamente informados, a lo largo de este libro vimos que muchos mercados no funcionan, y de hecho no podrían hacerlo, respetando esta condición. Esto se debe a que en ocasiones las transacciones de mercado involucran consecuencias de las que sólo se puede tener conocimiento a futuro. Los trasplantes de riñones demandan una intervención quirúrgica y, al igual que cualquier otra cirugía, suponen determinados riesgos. En un exhaustivo estudio realizado en la India sobre vendedores de riñones, el 86% de los participantes mostró un marcado deterioro de su salud luego de la nefrectomía (Goyal y otros, 2002). Si bien un solo riñón que funcione de manera correcta tiene la capacidad de limpiar la sangre, la remoción de uno de sus riñones deja al vendedor mucho más vulnerable a problemas futuros si el riñón restante se daña o decrece su capacidad de filtrado. (De hecho, el descenso de la capacidad de filtrado se produce como consecuencia normal del envejecimiento.) No es necesario advertir que los pobres de los países en vías de desarrollo que venden sus riñones no cuentan con seguros de salud ni pueden acceder a un nuevo riñón si se produce algún tipo de falla en el funcionamiento del riñón que les queda. Por otra parte, si bien la mayoría de los estudios sobre trasplantes renales informan de escasos efectos adversos para los donantes, estos se realizaron sobre todo en países ricos; sencillamente, no hay manera de saber si a las personas de los países pobres les irá igual de bien con un solo riñón que a las que viven en los países ricos. Es probable que los riesgos para la salud sean mayores en los lugares donde las personas tienen menor acceso al agua potable o a una alimentación adecuada, y a menudo realizan trabajo manual.

Otros dos hallazgos del estudio realizado en la India entre los vendedores de riñones guardan relación con las preocupaciones por la posibilidad de una débil capacidad de acción. En primer lugar, la abrumadora mayoría de los entrevistados (el 79%) sostuvo que lamentaba su decisión y que no recomendaría a otros que vendieran un riñón. En segundo lugar, la mayoría de los vendedores entrevistados (el 71%) eran mujeres casadas. Dada la debilidad de la posición de las mujeres en la sociedad india, cabe dudar del carácter voluntario de estas ventas. Las explicaciones más comunes que las mujeres ofrecieron de por qué fueron ellas y no sus maridos quienes vendieron sus órganos fue que los maridos eran la fuente de ingresos de la familia (el 30%) o estaban enfermos (28%). Desde luego, como bien señalan los autores del estudio, la mayoría de las entrevistas fueron realizadas en presencia de los maridos y otros miembros de la familia, lo que tal vez suponga cierta renuencia a admitir que quizá se vieron presionadas a donar.

La débil capacidad de acción supone un serio escollo para todos aquellos que desean fundar su defensa del mercado de órganos en el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones respecto de sus órganos, y esto es especialmente válido cuando el problema de la débil capacidad de acción se vincula a un perjuicio significativo. El hecho de que la mayoría de los vendedores de órganos no recomienden la práctica sugiere que los potenciales vendedores probablemente no habrían de vender un riñón si contaran con mejor información acerca de las consecuencias de dicha venta.[231] Tal vez sea muy difícil imaginar exactamente qué significa perder un riñón antes de vivir la experiencia. Si se suman los problemas de información a la falta de beneficios, el argumento a favor de la instauración de un mercado de riñones se ve fuertemente debilitado.[232]

Quienes defienden los mercados de órganos podrían plantear que la respuesta adecuada a la débil capacidad de acción de los vendedores consistiría en asegurarse de que estén mejor informados acerca de las consecuencias probables de dicha transacción. Por ejemplo, se podría exigir que los vendedores de órganos asistan a un curso sobre los riesgos que supone la donación en vida y demuestren que entendieron las consecuencias de entregar un riñón. Sin embargo, dada la terrible pobreza que aqueja a muchos de los vendedores, y tal vez su falta de educación, no queda claro en qué medida la mera información acerca de los riesgos los llevaría a abstenerse de realizar la transacción. Por otra parte, en los países más pobres las instituciones regulatorias son débiles y carecen de recursos presupuestarios.

Sin embargo, observemos que el argumento de la débil capacidad de acción –falta de información acerca de cómo el vendedor podría llegar a sentirse en el futuro respecto de la venta de su riñón– no sólo podría desalentar las donaciones pagas, sino también las donaciones altruistas. Es decir que la debilidad de la capacidad de acción en realidad no contribuye a entender en dónde reside la naturaleza problemática del mercado de riñones.[233] De existir potenciales riesgos para la salud de los donantes, tal vez debería prohibirse cualquier transferencia por parte de donantes vivos. (Y es dudoso que toda donación altruista se realice verdaderamente desde una posición ventajosa de información total y en el contexto de un abanico de alternativas. A menudo los integrantes de la familia están bajo una enorme presión para donar y, como ya señalé, los padres tienen la libertad de decidir sobre los órganos de sus hijos.)

También es importante evaluar en qué medida podrían ser sustanciales estos potenciales perjuicios para los donantes y los vendedores de órganos. En la actualidad, las personas pueden dedicarse a ocupaciones peligrosas (por ejemplo, trabajar en plantas de fisión nuclear), los mercados pueden facilitar a las personas la oportunidad de involucrarse con comportamientos de riesgo, como fumar cigarrillos o practicar paracaidismo y se utilizan incentivos financieros para el reclutamiento militar, situación que también expone a los individuos a grandes riesgos. Por eso, si bien el argumento de la débil capacidad de acción es importante porque permite prever cierto perjuicio, es importante analizar si estos perjuicios potenciales son peores que los de otras ventas actualmente permitidas.[234]

CONSIDERACIONES ACERCA DEL ESTATUS DE IGUALES

Sin duda, el mercado negro de riñones refleja las dispares situaciones de mercado del comprador y el vendedor. La mayoría de los vendedores son extremadamente pobres. La mayoría de los compradores son adinerados, cuanto menos en términos comparativos. Hubo bastantes señalamientos respecto de que los mercados internacionales de órganos producen una transferencia de órganos de pobres a ricos, del tercer mundo al primero, de mujeres a varones y de no blancos a blancos. A decir verdad, el hecho de que exista una presión cada vez mayor para permitir la compra y venta de riñones probablemente refleje el hecho de que quienes quieren adquirirlos suelen tener los recursos financieros necesarios para hacerlo.[235] Contrastemos esta situación con la de las personas pobres cuyas necesidades de salud hoy en día permanecen insatisfechas. A pesar de que millones (¿miles de millones?) de personas desesperadamente pobres comparten necesidades de salud urgentes, los pobres disponen de pocos recursos monetarios. Por tanto, sus necesidades de salud a menudo reciben tanta menos atención que las de quienes se encuentran en una posición mucho más ventajosa en términos comparativos.

Un sistema de procura y distribución de órganos que dependa de un mercado de compradores y vendedores individuales podría causar que las personas pobres sean los vendedores de órganos del mundo y las personas ricas, sus receptores más probables (C. Williams, 1994). Por el contrario, un sistema que depende de la donación tiene muchas más probabilidades de fomentar la aparición de proveedores provenientes de todas las clases de personas. De hecho, Titmuss (1971) encontró exactamente esta misma diferencia entre los sistemas de donación de sangre en los Estados Unidos y el Reino Unido.[236]

En su inquietante novela Nunca me abandones, Kazuo Ishiguro (2005) imagina un mundo en que se producen clones humanos para emplearlos como donantes de órganos.[237] Antes de llegar a la edad adulta, estos seres creados comienzan a donar sus órganos vitales. Al final de la novela, “completan”, es decir, entregan los últimos órganos vitales que les quedan y mueren. En función de consideraciones similares, quienes se oponen a la instauración de mercados de órganos sostienen que estos convertirán a las personas pobres en “repuestos” para los ricos. En su respuesta al argumento de que a cambio de eso este tipo de mercados transferiría dinero a los pobres, la fundadora de Organs Watch, Nancy Scheper-Hughes (cit. en Finkel, 2001), replica con gran mordacidad: “Tal vez debamos buscar una mejor forma de ayudar a los desposeídos que desmantelarlos”.[238]

Sin duda la imagen de un mundo en que los pobres provean de órganos vitales a los ricos resulta perturbadora, al igual que el universo imaginado por Ishiguro, donde se crea a algunos seres humanos para dar a otros los órganos que necesiten. Aun así, es importante que advirtamos que existen muchos servicios que los pobres de este mundo proveen a los ricos, que los ricos no proveen recíprocamente a los pobres. Pocas personas ricas, por no decir ninguna, aceptan empleos peligrosos en las minas, trabajan en plantas de energía nuclear o se avocan a la limpieza de las letrinas de otras personas. La sociedad justifica estas tareas señalando que son socialmente necesarias y que lo importante es que quienes las llevan a cabo reciban una compensación justa y lo hagan bajo condiciones que satisfagan los estándares de salud y seguridad. Por tanto, la desigualdad entre proveedores y compradores no termina de definir qué resultaría objetable de un mercado de riñones.

Al mismo tiempo, quienes se oponen a su instauración plantean la preocupación, legítima en mi opinión, de que estos mercados contribuyan a empeorar las desigualdades de clase existentes. Estos mercados podrían incrementar el nivel de desigualdades, incluidos los órganos humanos en el espectro de cosas que una persona puede comprar con dinero. En la actualidad, hay personas de escasos o nulos recursos que esperan en la lista de trasplantes. En gran medida, la elección de quién recibe el órgano es independiente de su capacidad de pagar. Por el contrario, un mercado de riñones podría significar que recibirán los órganos quienes puedan pagar más por ellos. Pero ¿no deberían distribuirse los riñones en función de la necesidad, el tiempo que el paciente lleva esperando y su aptitud médica, en lugar de su capacidad de pago?

En teoría, desde luego, sería factible regular un mercado de órganos para asegurar que tanto los pobres como los ricos tengan acceso a los riñones, por medio de subsidios gubernamentales que permitan que los pobres puedan recibir órganos. A través de políticas de subsidio y seguros, el gobierno podría intentar que la demanda de riñones fuera independiente de la posición social del comprador. Además, el mismo gobierno podría dedicarse a hallar donantes para los pacientes más pobres (Shapiro, 2003: 120). Desde el punto de vista del igualitarismo, estas regulaciones resultan deseables. De hecho, el gobierno podría crear un monopsonio que lo convierta en el único comprador autorizado de órganos. Y podría comprar estos órganos usando un mercado de futuros, en el cual se pague a los donantes sólo después de su muerte, como una forma de prevenir ardides coercitivos. Sin embargo, aunque se adoptasen esas previsiones, seguiría siendo difícil que un gobierno con recursos limitados y otras prioridades pudiera garantizar una distribución de riñones por medio de un mercado totalmente independiente de la riqueza del donante. Establecer un precio máximo para los órganos en el marco de un monopsonio podría recrear las condiciones de escasez para cuya superación fue instaurado el mercado, sobre todo si la disponibilidad de riñones subsidiados crea un nuevo problema de riesgo moral.[239]

LA INTEGRIDAD DEL CUERPO

Tres de las preocupaciones hasta aquí señaladas –la débil capacidad de acción, la vulnerabilidad y la posibilidad de que las personas pobres se conviertan en proveedoras de órganos para los ricos– podrían contrarrestarse por medio de la regulación del mercado de órganos, sin necesidad de obstruirlo. Una situación distinta plantea la pregunta acerca de si los mercados aumentarían o no la oferta: los mercados podrían disminuir la donación altruista de órganos bajo cualquier planteo realista de condiciones sociales, aun en un contexto fuertemente regulado.

Pero queda por ver otra consideración acerca de los mercados de riñones, una que ya apareció en la discusión acerca del trabajo infantil y la servidumbre por deudas: el modo en el que sumar una alternativa a un conjunto de alternativas existentes modifica las demás alternativas del agente. Quisiera considerar los modos en que la existencia de mercados de riñones podría hacer que la situación de las personas pobres resultara peor de lo que sería de otra forma. Estoy convencida de que es necesario abordar este problema soslayado en el actual entusiasmo que suscitan los mercados de órganos. Esto nos llevará a pensar en los modos en que los recursos internos de una persona difieren de sus recursos externos, una cuestión con importantes resonancias para determinados abordajes igualitaristas.

La idea que quisiera analizar aquí es que, aun si las restricciones sobre la venta de riñones resultaran benéficas desde el punto de vista del vendedor individual, podrían resultar perjudiciales para los demás. Esto se debe a que permitir la extensión de este tipo de mercado como una práctica generalizada, como el patrón de intercambios regulares y reiterados, respaldados por ley, influye en la naturaleza de las alternativas que se encuentran a disposición de los agentes. Si bien los partidarios de los mercados de riñones suelen centrar su atención en transacciones individuales realizadas dentro de determinados entornos, debemos advertir que la introducción de los mercados podría modificar los entornos (e incluso, como ya vimos, alterar las motivaciones de los participantes). Por ejemplo, en los lugares en que se extendió la práctica de la venta de riñones, comenzó a considerarse a estos órganos como potenciales garantías de crédito, lo que ofrece a los prestamistas un fuerte incentivo para aumentar la base de deudores y cambiar los términos del préstamo. El antropólogo Lawrence Cohen (1999) demostró que, en ciertas zonas de la India donde la venta de riñones es un fenómeno relativamente común, los prestamistas ejercen mayor presión sobre las personas que les deben dinero. Según advirtió, “En la zona rural de Tamil, con sus conglomerados renales, la deuda ocupa un lugar fundamental […] Las mujeres operables se convierten en vehículos de la garantía de deuda” (L. Cohen, 1999: 673).

Los hallazgos de Cohen dan a entender que, en caso de generalizarse la venta de riñones, a la persona pobre que no quiere vender su riñón podría resultarle más difícil acceder a préstamos.[240] Ceteris paribus, el mercado de crédito distribuye los préstamos entre quienes ofrecen las mejores garantías de pago. Si existiera un mercado de riñones, esto supondría un aumento de la cantidad total de garantía, lo que significa que quienes no dispongan de un segundo riñón o se nieguen a venderlo conseguirán menos crédito que antes, suponiendo que la oferta de fondos para el préstamo sea más o menos fija. En otras palabras, estas personas se verían perjudicadas por la existencia de un mercado de riñones. Si eso fuera así, por más que la instauración de un mercado de riñones podría incrementar el conjunto de alternativas de cada individuo, su adopción en la comunidad podría reducir o modificar las alternativas de los demás, quienes se verían severamente perjudicados. Estas personas dispondrán de muchas menos alternativas reales porque ya no podrán encontrar tasas de crédito razonables sin hipotecar sus órganos. Desde el momento en que se advierten estos efectos del mercado de riñones sobre aquellos que no se constituyen como parte en sus transacciones, no podemos sostener que dichos mercados carezcan de consecuencias perjudiciales.

Desde ya, lo mismo es válido respecto de otros mercados: muchos tipos de intercambio generan externalidades pecuniarias. Recordemos que una externalidad pecuniaria es el efecto que tiene la producción o una determinada transacción sobre las partes externas por medio de los precios, y no como resultado de una distribución directa de recursos. Por ejemplo, en una comunidad rural la introducción de un mercado que ofrezca una segunda casa a quienes viven en la ciudad podría, por medio del aumento del precio, expulsar de dicha comunidad a quienes antes adquirían allí su primera casa. Pero las personas a las que les resultan problemáticos los mercados de riñones no necesariamente consideran lo mismo respecto de los mercados inmobiliarios que ofrecen una segunda casa. Por lo tanto, el argumento acerca de los efectos que podría tener un mercado de riñones sobre las alternativas de las que dispondrían las personas no decide la cuestión respecto de si debemos obstruir o no este tipo de mercados. De hecho, nos lleva a preguntarnos si acaso las personas deberían pagar determinado costo por no estar dispuestas a vender sus órganos. Y si así fuera, por qué.

Si consideramos los riñones como un recurso análogo a otro tipo de recursos, ya sea dinero o manzanas, no resulta nada claro por qué no deberíamos estar dispuestos a desprendernos de ese recurso para acceder al crédito. Pero muchas personas se oponen a esta analogía. Al parecer, sostienen la convicción tácita, en la línea de Ronald Dworkin (1983a: 39), de que existen buenas razones para trazar una “línea profiláctica” en torno al cuerpo, una línea “que lo hace prácticamente inviolable, es decir, que hace que sus partes y órganos no puedan ser considerados desde ningún punto de vista como parte de los recursos sociales”. Debo admitir que esta línea de pensamiento tiene cierta validez y, de hecho, es posible que sea el horror ante la idea de que el propio cuerpo pueda ser conscripto para uso de otros la que se agazapa en la repugnancia que las personas manifiestan hacia los mercados de riñones; pero mi apoyo de este argumento como un motivo para impedir que haya mercados de riñones resulta apenas tentativo, porque no tiene en cuenta el caso de la persona que puede morir debido a la falta de un riñón. Sin embargo, vale la pena señalar que, más allá de la fuerza que podría tener este tipo de argumento, ofrece una perspectiva del mercado de riñones distinta de la que presenta la concepción que hace hincapié en el hecho de que quienes participan en estos intercambios lo hacen por su desesperación y que, por ende, tienen grandes posibilidades de generar explotación o resultar, de una forma u otra, extremadamente injustos (Walzer, 1983: 102). La objeción de la inviolabilidad del cuerpo se sostiene aunque se piense que los términos de negociación son justos y que el vendedor no toma su decisión impulsado por situaciones desesperadas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

A lo largo del presente capítulo, analicé la incomodidad que manifiestan las personas ante los mercados de riñones en términos de vulnerabilidad, débil capacidad de acción, resultados perjudiciales, desigualdad y motivaciones, analizando los argumentos esgrimidos para limitar u obstruir ese tipo de mercados sobre la base de tales consideraciones, tanto bajo las circunstancias existentes como en condiciones ideales. Muchas de las objeciones contra los mercados de riñones residen precisamente de la escasa probabilidad de que estos resulten mercados ideales, incurriendo por el contrario en profundas fallas del mercado: débil capacidad de acción, significativos bolsones de poder monopólico y una desesperación humana capaz de conducir a la explotación y a un precio inadecuado. Buena parte de la repugnancia que despiertan los mercados de riñones surge del daño potencial vinculado a las circunstancias en que se encuentran los vendedores: pobreza, falta de agua potable, falta de acceso a la atención de la salud y situaciones de trabajo extenuante. La regulación de los mercados en cierta medida podría mitigar los problemas relacionados con la débil capacidad de acción, si bien es poco probable que haga desaparecer los problemas que enfrenta el mundo extremadamente pobre. También sería posible enfrentar los daños potenciales causados por la donación de un riñón al exigir un control obligatorio de salud, asegurar el acceso a un órgano de remplazo en caso de ser necesario y tal vez prohibir el comercio internacional de riñones. Sin embargo, una vez más, en algunas partes del mundo sería difícil garantizar que se cumplan estas condiciones. Tal vez un modo de mitigar la posibilidad de resultados perjudiciales para los vendedores sería permitir que sólo se retiren los órganos adquiridos después de la muerte del vendedor, y así constituir una especie de mercado de órganos a futuro.

Aun bajo la prohibición legal del mercado de riñones y en situaciones de escaso o nulo acceso a los servicios de salud, algunas personas en situación desesperada probablemente recurran al mercado negro. Si el Estado carece de la fuerza necesaria para hacer cumplir la prohibición o no se siente particularmente proclive a hacerlo, el mercado negro de órganos prospera, como ocurre en algunas regiones de la India, Pakistán y Brasil. Según varios observadores, la venta de órganos en el mercado negro alcanzó proporciones alarmantes en el tercer mundo, de la mano de la difusión de la tecnología médica de avanzada. Regular un mercado legal de riñones en vez de dejar la situación en manos del mercado negro probablemente mitigue en parte la explotación o la fijación unilateral de los términos de venta. Con una regulación adecuada, podría estructurarse un mercado de órganos que desaliente la venta por parte de donantes extremadamente pobres.

Aquí cobra relevancia el argumento de las externalidades pecuniarias. Permitir que quienes están en una situación de pobreza extrema vendan sus órganos como práctica social extendida influirá en las alternativas de las personas que no deseen participar de un mercado semejante. Podríamos considerar que no es correcto hacer que algunas personas se vean obligadas a pagar un costo por ejercer la decisión de no vender un riñón. Es un asunto que debe tenerse en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas.

El problema de la desigualdad, por el cual los pobres se convertirían en “repuestos” para los ricos, también puede mitigarse, al menos en parte, por medio de la regulación. En vez de confiar en un mercado competitivo, podría crearse un monopsonio en el que el Estado sea el único comprador legal y los órganos se distribuyan en función de la necesidad médica. Podría establecerse que el Estado adquiera los órganos necesarios para los receptores pobres. Sin embargo, si se instaurara un mercado, es altamente posible que este produzca una mayor estratificación de donantes y receptores de órganos en función de su riqueza relativa de la que existe en la actualidad. Esto es significativo por muchas razones, entre las que se destaca que podría “reprimir la expresión del altruismo y horadar la noción de comunidad”.

La reflexión acerca de los valores que ponen en juego los distintos tipos de mercado podría servir de ayuda para entender en qué se diferencian los mercados de riñones de los mercados de manzanas. Algunos de los valores que mencionamos hasta aquí son internos al funcionamiento de los mercados: los teoremas de eficiencia de la economía del bienestar asumen un grado de información óptima; si la introducción de un mercado en realidad produjera una disminución de la demanda, su prohibición no supondría ningún costo social. Algunos de estos valores son externos al funcionamiento de los mercados –en cuestiones de vida o muerte, las necesidades urgentes deberían imponerse sobre la capacidad de pagar–, pero ampliamente compartidos por la sociedad. Algunos son más controvertidos: la lista de bienes por los que nadie debería pagar en caso de negarse a venderlos.

Para concluir el desarrollo de este capítulo, querría tomar en consideración de qué manera distintas propuestas recientes a favor de dar inicio a un mercado de riñones –algunas ellas analizadas hoy en día por los responsables de elaborar políticas públicas– se relacionan con los criterios establecidos para analizar la nocividad de los mercados: vulnerabilidad, débil capacidad de acción, resultados perjudiciales para los individuos y desigualdad perjudicial para la sociedad. Las propuestas que tendré en cuenta son: 1) mercados competitivos que gobiernen la oferta y la demanda; en otras palabras, que traten a los riñones como manzanas; 2) mercados competitivos que sólo gobiernen la oferta y la distribuyan luego en función de las necesidades o bien como suplemento de la distribución del mercado, con una distribución subsidiada a favor de los pobres; 3) mercados (competitivos) de futuros en que los órganos sólo se entreguen después de la muerte del vendedor, y 4) intercambios de pares de paciente y donante, en que se permita a un paciente con un donante que tiene un tipo de sangre incompatible con el suyo intercambiar el órgano en cuestión con otro par paciente-donante que presente incompatibilidad (Roth, Sonmez y Unver, 2005).

En el cuadro 2, “sí” indica que la propuesta plantea problemas respecto del criterio en cuestión, mientras que “no” indica un puntaje relativamente bajo (pero no necesariamente exento de problematicidad).[241] Como permite advertir este esquema, la propuesta de un mercado de riñones puramente competitivo parece ser la más problemática porque muestra una alta incidencia en todos los parámetros. Por el contrario, un mercado de manzanas no mostraría una incidencia similar en todas las dimensiones. Dada la situación de información imperfecta, la posibilidad de resultados perjudiciales y la desigualdad en el acceso a bienes indispensables (los riñones), considero que este tipo de mercado es moralmente inaceptable.

En mi opinión, cuanto mayor sea la medida en que resulte posible mitigar las preocupaciones que cada uno de estos parámetros plantea, más aceptable será el mercado. Aun en el caso de aquellos a quienes les preocupan los efectos pecuniarios de tales mercados –es decir, su capacidad de alterar los términos de intercambio comercial que afectan a las personas que deciden no participar en ellos–, el problema es si logran encontrar mecanismos capaces de impedir que las ventas de riñones formen parte de otro tipo de contratos; por ejemplo, como garantías de crédito o como un criterio de selectividad para servicios sociales.

Cuadro 2. Una evaluación de los métodos alternativos de distribución de órganos

Mercado / distribución

Débil capacidad de acción

Vulnerabilidad

Perjuicio individual

Desigualdad perjudicial para la sociedad

Mercado competitivo de oferta y demanda

Sí, aunque podría verse mitigada por el consentimiento informado

Sí

Sí: perjudicial para el vendedor muy pobre, con externalidades para los demás pobres

Sí

Mercado competitivo de oferta; monopsonio gubernamental

Sí: véase más arriba

Sí

Sí: véase más arriba

No

Mercados de futuros

No

No, a menos que esto dé a las personas un incentivo para acelerar la muerte de futuros donantes

No

No

Intercambios pareados

Posible: véase más arriba

No

No

No

Donación altruista

Posible: véase más arriba

No

No

No

E incluso si fuera posible enfrentar estas consideraciones de manera adecuada, ya sea por medio de la difusión de información, la regulación, la transferencia o cualquier otro medio, todavía sería preciso pensar en otras posibilidades, entre las que se cuenta una mayor exhortación a la donación altruista de órganos. De todos modos, no quisiera perder de vista el hecho de que además del posible perjuicio para el vendedor que participa de un mercado de riñones, existe también la posibilidad de extender la vida de una persona que, caso contrario, moriría. Queda mucho por hacer para alentar la donación altruista de órganos. Mientras tanto, dada la desesperación que pesa tanto sobre compradores como vendedores, la búsqueda de soluciones a la escasez de órganos para trasplantes probablemente sea una cuestión que perdure en nuestras sociedades por mucho tiempo.

216 Una versión previa de este capítulo fue publicada con el título “The Moral Limits of Markets: The Case of Human Kidneys” (Satz, 2008).

217 Agradezco a Caleb Perl y a Jose Campos su asistencia en el trabajo de investigación. Agradezco también a Joe Shapiro, cuya tesis de grado aprobada con honores en Stanford –“The Ethics and Efficacy of Banning Human Kidney Sales”–, me obligó a pensar con mayor detenimiento este tema, ya que fui codirectora de su tesis junto a Ken Arrow. Agradezco a Ben Hippen los comentarios que hizo a una versión anterior y más extensa de este capítulo. Agradezco también al público de la Aristotelian Society, el editor de las actas de esa sociedad, David Harris, y a Annabelle Lever, Eric Maskin y Josh Cohen por sus comentarios escritos.

218 Esta noción libertaria se arriesga a serios cuestionamientos respecto del grado de control que una persona tiene sobre su cuerpo. Por ejemplo, ¿una persona tiene derecho a vender todos sus órganos, aunque esto signifique su muerte? El derecho de que alguien pueda usar su cuerpo como le plazca, ¿supone que puede concurrir desnudo a su oficina? Y, para ir al grano, ¿los derechos a la autonomía y la integridad corporal suponen el derecho de vender el propio cuerpo o partes de él? Cécile Fabre (2006) plantea que, bajo determinadas circunstancias, la justicia exige que se dé a los enfermos el derecho de confiscar las partes corporales superfluas de individuos sanos. Su argumento depende de una estrecha analogía entre los órganos humanos y los recursos externos, y también de una concepción tal vez demasiado optimista de la capacidad del Estado de poner en práctica una política de distribución de órganos.

219 Entre los países subdesarrollados, sólo Irán cuenta con un mercado legal de riñones en la actualidad.

220 En “McFall c. Shimp”, 10 Pa. D&C. 3d: 90 (Ch. Ct. 1978), un hombre (McFall) que iba a morir en caso de no recibir un trasplante de médula ósea, presentó una medida cautelar en que pedía que se exigiera a su primo (Shimp) oficiar de donante, en un procedimiento de muy bajo riesgo pero bastante doloroso. La corte rechazó la cautelar y el hombre murió. En “Curran c. Bosze”, 566 N. E. 2d: 1319 (Ill. 1990), la Corte Suprema de Illinois negó el pedido de un padre de autorizar que sus hijos mellizos de 3 años, sobre los que no tenía la custodia, fueran obligados a someterse a análisis de sangre y eventualmente a donar médula ósea para salvar la vida de su medio hermano de 12 años. (El medio hermano murió mientras la corte seguía evaluando el caso.)

221 O tal vez sería mejor denominarlas “listas”, ya que en los Estados Unidos hay una nacional pero también distintas listas en los centros de trasplante regionales.

222 Goodwin también señala que se advierten disparidades raciales en el tiempo de espera que las personas deben aguardar por un riñón y en las tasas de donación de órganos. Por ejemplo, los afroamericanos tienen un mayor tiempo de espera en las listas y también donan órganos con menor frecuencia que los blancos.

223 Esta cifra también incluye a las personas que mueren esperando un trasplante de corazón.

224 Véanse las estadísticas de donación en el registro de Living Legacy, disponible en <livinglegacy.org>.

225 Hay quienes objetan que los sistemas de consentimiento presunto en realidad no dan cabida al consentimiento individual porque muchas personas no cuentan con suficiente información acerca de su presunta posición en la sociedad respecto de la donación de órganos cadavéricos. Varias críticas consideran que los sistemas de exclusión funcionan en realidad como sistemas de conscripción de órganos. Todas las personas que, de haber tenido la posibilidad de reflexionar acerca de la cuestión cuando estaban vivas, tal vez hubieran decidido no donar sus órganos después de su muerte son obligadas a donar, lo que supone pasar por alto su consentimiento. Pero aunque esto fuera cierto –es decir, aunque la mayoría de las personas que donaran en un sistema de este tipo lo hicieran sólo en virtud de su ignorancia de la norma–, el argumento resulta insuficiente para rebatir a los que existen a favor de la adopción de este tipo de sistemas, ya que podemos plantear una acusación análoga contra los sistemas en que las personas deben manifestar de manera explícita su voluntad de donar. En los sistemas de donación por consentimiento explícito, ante la falta de una manifestación positiva, se supone que la persona no consiente donar y de esta forma se ve obligada a abstenerse de hacerlo; esto supone, entre otras cosas, que se pasa por alto su consentimiento. Las distintas posiciones esgrimidas respecto de la presunta coercitividad que aquejaría a los sistemas de consentimiento explícito y consentimiento presunto sin duda reflejan las distintas concepciones existentes acerca de los alcances de los derechos de propiedad de un individuo sobre las partes y órganos de su propio cuerpo, aun después de su muerte. Estas dos posiciones iniciales básicas reflejan, al menos en parte, distintas actitudes y preferencias en cuanto a los derechos sociales sobre los órganos cadavéricos. Pero dichas actitudes y preferencias se ven influenciadas, a su vez, por efectos de encuadramiento y puntos de partida. Es decir, sin importar cuál sea la posición que un individuo elija entre estas dos respecto de la donación de órganos, por consentimiento explícito o por consentimiento presunto o tácito, su decisión alterará las probabilidades existentes a favor o en contra de unas alternativas sobre otras. La distribución inicial, las expectativas y las leyes acerca de los órganos de una persona conforman un punto de partida que afecta sus preferencias y juicios individuales. En la medida en que toda sociedad debe elegir un punto de partida, ya sea por la donación o la no donación, cada una deberá decidir de qué manera se determina ese punto de partida.

226 Véase la información reunida por la Organización Nacional de Trasplantes de España, disponible en <ont.es>. Véase también el boletín de novedades de la Fundación Renal (2005).

227 Los pacientes que reciben riñones de un donante vivo tienden a mostrar una mejor evolución que aquellos que reciben riñones cadavéricos. Véanse British Medical Journal (1999) y Terasaki y otros (1995).

228 Frey analiza la obra La visita de la vieja dama de Dürrenmatt, en Frey, Oberholzer-Gee y Eichenberger (1996).

229 Agradezco a Ben Hippen haberme señalado que las diferentes recompensas extrínsecas no necesariamente tendrán las mismas consecuencias para la donación altruista.

230 Si existiera una preocupación legítima por la desesperación, prohibir los mercados de riñones de nada valdría para rectificar las condiciones desesperadas en que se producen estas ventas. Si lo alarmante de los mercados de riñones fuera verdaderamente la desesperación que estimula la venta, esto no se solucionaría prohibiendo la venta si se dejaran intactas las circunstancias que causan la deseperación. De hecho, dada la desesperación, los vendedores y los compradores podrían terminar recurriendo al mercado negro, en el que se producirían abusos de un grado mucho mayor de explotación e injusticia de los que podrían suceder en el marco de un mercado legal.

231 El endeudamiento es un hecho habitual en muchas de las regiones donde la venta de riñones es una práctica extendida. El estudio Goyal descubrió que el 96% de los entrevistados había vendido un riñón para pagar una deuda; el 74% todavía estaba endeudado al momento de realizarse el estudio, seis años más tarde. De hecho, este estudio realizado sobre 305 vendedores de riñones en Chennai, la India, descubrió que luego de vender un riñón se producía una declinación de los ingresos de la familia. Muchos vendedores padecían dolores que les dificultaban trabajar. También se demostró que a todos los participantes se les había pagado poco por sus órganos, y a menudo mucho menos de lo que se les había prometido. Por eso, aunque el dinero de la venta les permitiera mantener a raya a los prestamistas durante algún tiempo, pronto volvían a endeudarse.

232 Goyal y otros (2002) informan que aunque las personas venden sus riñones para librarse de deudas, es habitual que pocos años después vuelvan a estar endeudadas.

233 En el caso de las donaciones altruistas, tal vez la preocupación por la capacidad de acción de los donantes se vea mitigada por el hecho de que el proveedor del riñón suele provenir del mismo grupo económico que el receptor y no de entre los desesperadamente pobres, que también suelen ser quienes recibieron menos educación formal.

234 Algunos estudios recientes demuestran que donar un riñón no daña la salud del donante ni reduce sus expectativas de vida, y que tiene muchas menos probabilidades de desarrollar una falla renal que la población general. Véase Ibrahim y otros (2009). Desde luego, como ya señalé, los resultados de la donación de riñones en el mundo desarrollado podrían no ser demasiado elocuentes acerca de sus consecuencias en el mundo subdesarrollado. En principio, los donantes residentes en los Estados Unidos, donde se realizó este estudio, son sometidos a un cuidadoso monitoreo de salud.

235 Joe Shapiro (2003) plantea esta observación como marco de referencia en su debate acerca de la moralidad de los mercados de riñones.

236 Goodwin (2006) llama la atención sobre las disparidades raciales existentes entre los donantes y los receptores de órganos.

237 En un artículo publicado en The New York Times, Andrew Pollack (2010) expresó preocupación por los mexicanos pobres que venden plasma a los centros administrados por compañías farmacéuticas en la frontera entre los Estados Unidos y México.

238 El término “turismo de trasplantes” hace referencia a una nueva práctica en la que individuos ricos o representantes comerciales suyos del mundo desarrollado vuelan hacia los países menos desarrollados en busca de vendedores de órganos.

239 ¿Hasta qué punto la disponibilidad de órganos en el mercado indemnizaría a los individuos contra los efectos de sus malas decisiones de salud? Agradezco a Annabelle Lever haberme señalado esta cuestión.

240 Como se recordará, en el capítulo 7 planteé un argumento análogo respecto del trabajo infantil: su disponibilidad disminuye el precio del trabajo adulto no calificado y por eso se vuelve aún más dificultoso que las familias se abstengan de enviar a sus hijos a trabajar.

241 La idea de organizar este gráfico proviene de Kanbur (2004).

Conclusiones

Ni la ley, ni el gobierno democrático ni siquiera la economía de mercado pueden funcionar correctamente en ausencia de valores morales y obligaciones compartidos y profundamente arraigados.

Václav Havel, Meditaciones estivales

Haber sobrestimado la capacidad de los mercados de autorregularse sin duda alguna desempeñó un importante papel en la crisis financiera que sacudió a los Estados Unidos en los últimos años. En particular, la compra y venta, prácticamente sin supervisión ni regulación alguna, de los derivados de crédito, instrumentos a los que Warren Buffet ha llamado “armas financieras de destrucción masiva”, contribuyeron a la pandemia que parece haberse extendido en el mundo entero hoy en día.

El mercado de derivados de crédito exhibe algunas de las características que definen un mercado nocivo.[242] En primer lugar, resulta necesario aclarar la terminología. Los derivados de crédito fueron adoptados para permitir que los bancos diseminen riesgos; de hecho, suponen la venta de los riesgos asociados a que alguien no pueda cumplir con una obligación de pago. Si una parte hace un préstamo a un deudor riesgoso, en teoría puede protegerse comprando un seguro de crédito por un porcentaje del interés. Si el deudor entra en cesación de pagos, la protección confiere al prestamista un pago indemnizatorio.

Los derivados de crédito permitieron que prestamistas que tomaban riesgos poco sensatos pasaran la evaluación financiera de terceros, que guardaban una relación muy remota con la transacción original y a menudo tenían escasa información al respecto. De esta forma, sirvieron para debilitar la capacidad de acción. También alentaron a los bancos y a otras organizaciones financieras a conceder préstamos más riesgosos de los que usualmente daban. Si alguien sabe que tiene la posibilidad de vender un préstamo que acaba de conceder hace pocas semanas (en algunos casos, días), tiene pocos motivos para interesarse en las posibilidades reales que el deudor tiene de pagar su crédito a veinte años: no es su problema. Pese a todo, la compra y venta de estos préstamos riesgosos no sólo empujó a la crisis a varios bancos de los cuales dependían muchas personas, sino que también supuso perjuicios de considerable gravedad para los deudores que habían creído que realmente estaban en condiciones de tomar los préstamos que se les concedían, así como para gran cantidad de terceros que dependen de que la economía fije de manera más o menos correcta el precio de los activos y la productividad de la nación. El derrumbe de los mercados de crédito deja detrás de sí importantes lecciones regulatorias, algo que ya era bastante claro para Adam Smith hace cientos de años, pero que parece haberse olvidado hasta época muy reciente.

Debería resultar evidente que la mano invisible del mercado no opera por su cuenta: los mercados dependen de los derechos de propiedad preexistentes, la disponibilidad de información y un gran espectro de instituciones ajenas al mercado tales como cortes, organismos de fiscalización y escuelas. Y estos a su vez dependen de la confianza social y otras motivaciones que van mucho más allá del límite del propio interés. Este libro también hizo hincapié en la observación contraria: que los mercados pueden influir en los derechos de propiedad, la información, las instituciones ajenas al mercado y las motivaciones sociales. Esto se debe a que los mercados tienen efectos no sólo económicos sino también políticos y culturales. Algunos mercados en particular pueden desplazar las motivaciones altruistas, favorecer relaciones jerárquicas entre los agentes del mercado e incluso socavar las condiciones necesarias para la existencia de una sociedad democrática.

Cuando se trata de evaluar mercados, existe un amplio espectro de valores que debemos tener en cuenta. A lo largo del libro, sostuve que hay cuatro valores que resultan de fundamental importancia a la hora de analizar los mercados nocivos: la débil capacidad de acción, la vulnerabilidad, los perjuicios extremos para los individuos y los perjuicios extremos para la sociedad. La noción genérica de “externalidad” que defienden los economistas carece de la nitidez suficiente para establecer una distinción entre los mercados que muestran un alto nivel de uno o más de estos parámetros y otros que también tienen efectos sobre terceros.

Además de distinguir claramente cuatro valores que pueden oficiar de parámetros para la evaluación de mercados, sostuve lo que cabe considerar una tesis social democrática: que es preciso distribuir algunos bienes por fuera del mercado para que los ciudadanos sean iguales. La igualdad del acceso a estos bienes es condición necesaria de la ciudadanía democrática; por eso, en los países democráticos no existen mercados de votos ni derechos civiles y políticos básicos. En el caso de otros bienes necesarios para la ciudadanía, es posible aceptar, en parte, su distribución (desigual) por medio de los mercados, pero será necesario complementarla con provisiones ajenas al funcionamiento del mercado; por ejemplo, la sociedad estadounidense permite que los padres adquieran educación privada para sus hijos pero también garantiza la educación como un derecho de todos los niños. Una sociedad democrática tiene fuertes intereses en la producción de adultos capaces de participar de las estructuras políticas de la sociedad y de asegurarse que todos los niños reciban una educación suficiente que les permita convertirse en adultos autónomos, capaces de participar de la sociedad como ciudadanos en pie de igualdad.[243] Este tipo de sociedad también está interesada en reclutar a sus líderes entre todos los segmentos de la vida, interés que establece límites a los grados aceptables de desigualdad educativa. Una desigualdad excesiva entre la educación pública y la educación privada también atenta contra una sociedad de iguales.

En el caso de otros bienes, es preciso protegerlos del mercado porque, cuando su intercambio se adopta como una práctica social extendida (en mercados), refuerza desigualdades significativas en el poder de negociación y en oportunidades también en el poder político de los agentes, capaz de generar perjuicios extremos. En este libro analicé el caso del trabajo infantil como un ejemplo del modo en que un tipo específico de intercambio de mercado –que en términos de Pareto podría ser caracterizado como una mejora para un caso individual– puede resultar problemático si lo realiza un gran número de personas. Es posible plantear un argumento similar acerca de las leyes de salario mínimo. Estas pueden ser consideradas una forma de inducir a las empresas a adoptar estrategias que tiendan al aumento de la calidad del trabajo del que disponen por medio de distintas mejoras en la salud y seguridad de los trabajadores, y también por medio del entrenamiento y el desarrollo de destrezas. Si así fuera, sería posible justificar la imposición de determinadas restricciones a los intercambios voluntarios (entre quienes estén dispuestos a trabajar por debajo del salario mínimo y quienes estén dispuestos a contratarlos en tales condiciones) en virtud de sus efectos endógenos en el desarrollo de las capacidades de los trabajadores, incluidas aquellas que resultan necesarias para una participación plena en el marco de las instituciones sociales.

Mi noción de la democracia social se diferencia de la de aquellos que denominé, siguiendo a James Tobin, “igualitaristas generales”, en la medida en que sostengo que la igualdad debe medirse con un criterio tanto más amplio que los ingresos y la riqueza. Si bien estoy de acuerdo con la idea de que cierta cantidad de ingresos y riqueza, y tal vez cierto nivel de igualdad en su distribución, son necesarios para alcanzar la igualdad social, no bastan. Algunos mercados nocivos tienen consecuencias problemáticas para la igualdad social, sin importar de qué manera influyan en la distribución de los ingresos.[244] Sin embargo, los igualitaristas generales indudablemente tienen razón respecto de una cosa: en un mundo en que mil millones de personas, la sexta parte de la población mundial, viven en la indigencia, no es posible esperar la desaparición espontánea de los mercados nocivos.

Estoy de acuerdo con los igualitaristas específicos en la necesidad de establecer diferencias entre los distintos tipos de mercados, pero no comparto muchos de los motivos que aducen para trazar dicha diferenciación. En la medida de lo posible, intenté evitar los argumentos que apelen a alguna concepción particular de la prosperidad humana o el significado de los bienes en discusión. E intenté basar mi argumento sobre una serie de inquietudes que considero ampliamente compartidas, como la necesidad de evitar perjuicios extremos y proteger a los individuos más vulnerables. También hice hincapié en la importancia de tener en cuenta cómo influyen los distintos mercados en la democracia. Estas consideraciones se aplican a distintos tipos de bienes.

También me mostré renuente a imponer prohibiciones generales sobre los mercados que presentan características problemáticas. Las preocupaciones morales que, en mi opinión, implica cualquier evaluación profunda de los mercados no ofrecen respuestas sencillas. Debemos tener en cuenta diversos factores; hay muchos valores en juego. El hecho de que un mercado sea nocivo no determina si debemos prohibirlo o podemos intentar regularlo. A menudo, aunque no siempre, la respuesta política apropiada tiene que ver con complejos detalles empíricos. Pero a veces lo que está en juego son los valores básicos de la sociedad.

Cuando comencé a trabajar en este tema, nunca supuse que terminaría escribiendo un libro que prestara atención casi exclusiva a mercados estrechamente vinculados al cuerpo humano: sexo, riñones, trabajo y embarazo. Pero con el paso del tiempo me resultó evidente que estos mercados traen claramente a la luz la cuestión fundamental que considero más interesante: el modo en que determinados mercados inciden en las capacidades y la imagen que los individuos tienen de sí mismos, e incluso en sus capacidades de autonomía y de relacionarse entre ellos como iguales. Sin embargo, existen otros mercados que seguramente también presenten este tipo de problemas: los mercados de la influencia política (aportes de campaña, profesionales del lobby), la información (los medios), la educación, el cuidado de los niños y la atención de la salud.

Más allá de estos casos, existen otros ejemplos de mercados particulares que todavía suscitan debate y preocupación: los mercados de emisiones de carbono, de fármacos que salvan vidas, de becas de escolaridad, de prisiones privadas y los mercados internacionales de armas. Espero que el marco de referencia planteado en este libro sea de alguna utilidad en su investigación, pero no creo tener la última palabra. Sí confío en fomentar un diálogo acerca de la heterogeneidad de los mercados, el tipo de consideraciones que debemos utilizar para evaluarlos –incluida la ponderación de sus efectos sobre las motivaciones y capacidades humanas– y especialmente el tipo de sociedad en que queremos que estos mercados heterogéneos funcionen.

242 Ashley Conrad Walker sugiere que mi marco de referencia podría aplicarse a los instrumentos financieros y escribió un artículo donde realiza un primer intento. Estoy en deuda con el análisis que propone.

243 Para un análisis de los intereses del Estado en la educación, véase Reich (2002: 151-155). Una cuestión importante es si la existencia de escuelas privadas supone la amenaza de crear grupos cerrados y exclusivos que ganen posiciones de elite en la sociedad.

244 Es importante subrayar que la teoría de los mercados nocivos que planteo aquí no procura sustituir una teoría integral de la justicia, si bien supone claras consideraciones de justicia.

Bibliografía

Adams, John (1995), Risk, Londres, University College London Press.

Agarwal, Bina (1995), A Field of One’s Own. Gender and Land Rights in South Asia, Cambridge, Cambridge University Press.

Aigen, Betsy P. (1996), “Motivations of Surrogate Mothers. Parenthood, Altruism and Self-Actualization”; abstract disponible en <donorconcierge.com>.

Akerlof, George (1970), “The Market for ‘Lemons’. Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, Quarterly Journal of Economics 84(3): 488-500.

Alexander, Cecil Frances (1954), “All Things Bright and Beautiful”, en The Oxford English Dictionary of Quotations, Londres, Oxford University Press.

Alexander, Priscilla (1987), “Prostitution. A Difficult Issue for Feminists”, en Sex Work. Writings by Women in the Sex Industry, ed. de Priscilla Alexander y Frederique Delacoste, Pittsburgh, Cleis Press.

Allen, Anita (1990), “Surrogacy, Slavery and the Ownership of Life”, Harvard Journal of Law and Public Policy 13(1): 139-149.

Allen, Donald M. (1980), “Young Male Prostitutes. A Psychosocial Study”, Archives of Sexual Behavior 9(5): 399-426.

Anderson, Elizabeth (1990), “Is Women’s Labor a Commodity?”, Philosophy and Public Affairs 19(1): 71-92.

— (1993), Value in Ethics and Economics. Cambridge, Harvard University Press.

— (1999), “What Is the Point of Equality?”, Ethics 109(2): 287-337.

— (2004), “Ethical Assumptions of Economic Theory. Some Lessons from the History of Credit and Bankruptcy”, Ethical Theory and Practice 7: 347-360.

— (2006), “Against Desert. Markets, Equality and Pure Procedural Justice”, artículo en el archivo de la autora.

Anderson, Scott (2002), ”Prostitution and Sexual Autonomy. Making Sense of the Prohibition of Prostitution”, Ethics 112: 748-780.

Arrow, Kenneth (1972), “Gifts and Exchanges”, Philosophy and Public Affairs 1(4): 343-362.

— (2001), “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care”, Journal of Health Politics, Policy and Law 26(5): 851-883.

Baldwin, James (1985 [1963]), “A Talk to Teachers”, en The Price of the Ticket. Collected Non-Fiction 1948-1985, Nueva York, St. Martin’s Press, conferencia pronunciada el 16 de octubre de 1963 con el título “The Negro Child. His Self-Image”, publicada en The Saturday Review el 21 de diciembre de ese año.

Baldwin, Margaret (1992), “Split at the Root. Prostitution and Feminist Discourses of Law Reform”, Yale Journal of Law and Feminism 5: 47-120.

Bales, Kevin (1999), Disposable People. New Slavery in the Global Economy, Berkeley, University of California Press [ed. cast.: La nueva esclavitud en la economía global, Madrid, Siglo XXI, 2000].

— (2002), “The Social Psychology of Slavery”, Scientific American, 24 de abril.

Bardhan, Pranab (1979), “Wages and Employment in a Poor Agrarian Economy. A Theoretical and Empirical Analysis”, Journal of Political Economy 87(3): 479-500.

— (1983), “Labor Tying in a Poor Agrarian Economy. A Theoretical and Empirical Analysis”, Quarterly Journal of Economics 98(3): 501-514.

— (1991), “A Note on Interlinked Rural Economic Arrangements”, en The Economic Theory of Agrarian Institutions, ed. de Pranab Bardhan, Óxford, Clarendon Press.

Barnett, Randy (1998), The Structure of Liberty, Óxford, Oxford University Press.

Bartels, Dianne y otros (1990), Beyond Baby M., Nueva York, Springer Verlag.

Basu, Kaushik (1999), “Child Labor. Cause, Consequence and Cure”, Journal of Economic Literature 37(3): 1083-1119.

— (2003), “Economics and Law of Sexual Harassment in the Workplace”, Journal of Economic Perspectives 17: 141-157.

Becker, Gary (1976), The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, University of Chicago Press.

Bennett, John G. (1985), “Ethics and Markets”, Philosophy and Public Affairs 14(2): 195-204.

Bhatty, Kiran (1998), “Educational Deprivation in India. A Survey of Field Investigations”, Economic and Political Weekly, 4 y 18 de julio: 1731-1740.

Bianchi, Suzanne y otros (2000), “Is Anyone Doing the Housework? Trends in the Gender Division of Household Labor”, Social Forces 79(1): 191-228.

Birdsall, Nancy (2005), “The World Is Not Flat. Inequality and Injustice in Our Global Economy”, conferencia anual de WIDER.

Blaug, Mark (1978), Economic Theory in Retrospect, 3ª ed., Cambridge, Cambridge University Press [ed. cast.: Teoría económica en retrospección, México, FCE, 1985].

Bloch, Marc (1961), Feudal Society, Chicago, University of Chicago Press [ed. cast.: La sociedad feudal, Madrid, Akal, 2002].

Böhm-Bawerk, Eugen V. (2007 [1884]), Capital and Interest. A Critical History of Economical Theory, Whitefish, Kessinger Publishing [ed. cast.: Capital e interés. Historia y crítica de las teorías sobre el interés, México, FCE, 1986].

Bowen, William y Derek Bok (1998), The Shape of the River. Long-Term Consequences of Considering Race in College and University Admissions, Princeton, Princeton University Press.

Bowles, Samuel (1989), “Mandeville’s Mistake”, ponencia, University of Massachusetts.

— (1991), “What Markets Can and Cannot Do”, Challenge, julio-agosto: 11-16.

— (1998), “Endogenous Preferences. The Cultural Consequences of Markets and Other Economic Institutions”, Journal of Economic Literature 36: 75-111.

Bowles, Samuel y Herbert Gintis (1990), “Contested Exchange. New Microfoundations for the Political Economy of Capitalism”, Politics and Society 18(2): 165-222.

Brandt, Richard (1979), A Theory of the Good and the Right, Nueva York, Prometheus Books.

Braverman, Avishat y Joseph Stiglitz (1982), “Sharecropping and the Interlinking of Agrarian Markets”, American Economic Review 72(4): 695-715.

Brighouse, Harry (1996), “Egalitarianism and Equal Availability of Political Influence”, Journal of Political Philosophy 4(2): 118-141.

— (2002), “What Rights (If Any) Do Children Have?”, en The Moral and Political Status of Children, ed. de David Archard y Colin Macleod, Óxford, Oxford University Press.

British Medical Journal (1999), “Renal Transplantation from Living Donors”, editorial, British Medical Journal 318: 409-410.

Brown, Drusilla, Alan Deardorff y Robert Stern (2003), “Child Labor. Theory, Evidence and Policy”, en International Labor Standards. Issues, Theories and Policy Options, ed. de Kaushik Basu, Henrik Horn, Lisa Roman y Judith Shapiro, Óxford, Basil Blackwell.

Brown, Peter (2000), Augustine of Hippo, Berkeley, University of California Press [ed. cast.: Agustín de Hipona, Madrid, Acento, 2001].

Browne, Jude y Marc Stears (2005), “Capabilities, Resources and Systematic Injustice”, Politics, Philosophy and Economics 4(3): 355-373.

Buchanan, Allen (1985), Ethics, Efficiency and the Market, Totowa, Rowman & Allanheld.

Buchanan, James (1975), The Limits of Liberty. Between Anarchy and Leviathan, Chicago, University of Chicago Press [ed. cast.: Los límites de la libertad. Entre la anarquía y el Leviatán, Buenos Aires, Katz, 2009].

Burra, Neera (1995), Born to Work. Child Labor in India, Óxford, Oxford University Press.

Calabresi, Guido y Philip Bobbitt (1978), Tragic Choices. The Conflicts Society Confronts in the Allocation of Tragically Scarce Resources, Nueva York, Norton.

Calabresi, Guido y Douglas Melamed (1972), “Property Rules, Liability Rules and Inalienability. One View of the Cathedral”, Harvard Law Review 85: 1089-1128.

Campbell, Nancy (2006), “The Construction of Pregnant Drug. Using Women as Criminal Perpetrators”, Fordham Urban Law Journal 33, enero: 101-121.

Cohen, Gerald A. (1983), “The Structure of Proletarian Unfreedom”, Philosophy and Public Affairs 12(3): 3-33 [ed. cast.: “La estructura de la privación de libertad del proletariado, en Por una vuelta al socialismo, o por qué el capitalismo nos hace menos libres, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014].

— (1995), “The Pareto Argument for Inequality”, Social Philosophy and Policy 12, invierno: 160-185.

— (2008), Rescuing Justice and Equality, Cambridge, Harvard University Press.

Cohen, Lawrence (1999), “Where It Hurts. Indian Material for an Ethics of Organ Transplantation”, Daedalus 128(4): 135-165.

Coppen, Remco y otros (2005), “Opting-out Systems. No Guarantee for Higher Donation Rates”, Transplant International 18: 1275-1279.

Corea, Gena (1985), The Mother Machine, Nueva York, Harper and Row.

Crow, Ben (2001), The Diversity of Markets. How the Grain Trade Shapes Wealth and Poverty in Rural South Asia, Londres, Macmillan.

Cullenberg, Stephen y Prasanta Pattanaik (eds., 2004), Globalization, Culture and the Limits of the Market, Nueva Delhi, Oxford University Press.

Cunningham, Scott y Todd Kendall (2009), “Prostitution 2.0. The Internet and the Call Girl”, artículo presentado en el primer encuentro anual de la Conferencia de Economía de los Comportamientos Peligrosos, Washington, marzo, disponible en: <iza.org/conference_files/riskonomics2009/Cunningham_S4817.pdf>.

Decker, John (1979), Prostitution. Regulation and Control, Littleton, Fred Rothman.

Drew, Dennis y Jonathan Drake (1969), Boys for Sale. A Sociological Study of Boy Prostitution, Deer Park, Brown Book.

Dreze, Jean y Hans Gazar (1996), “Uttar Pradesh. The Burden of Inertia”, en Indian Development. Selected Regional Perspectives, ed. de Jean Dreze y Amartya Sen, Nueva Delhi, Oxford University Press.

Dworkin, Gerald (1971), “Paternalism”, en Morality and the Law, ed. de Richard Wasserstrom, Belmont, Wadsworth [ed. cast.: Derecho y moral. Ensayos analíticos, ed. de Jerónimo Betegón y Juan R. de Páramo Argüelles, Barcelona, Ariel, 1990].

Dworkin, Ronald (1981), “What Is Equality. Part 2. Equality of Resources”, Philosophy and Public Affairs 10(4): 283-345.

— (1983a), “Comment on Narveson. In Defense of Equality”, Social Philosophy and Policy 1: 24-40.

— (1983b), “To Each his Own”, New York Review of Books, 14 de abril: 4-6.

— (2000), Sovereign Virtue, Cambridge, Harvard University Press [ed. cast.: Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad. Barcelona, Paidós, 2003].

— (2003), “Sovereign Virtue Revisited”, Ethics 113(1): 106-143.

Easterly, William (2001), The Elusive Quest for Growth, Cambridge, MIT Press [ed. cast.: En busca del crecimiento. Andanzas y tribulaciones de los economistas del desarrollo, Barcelona, Antoni Bosch, 2003].

Ehrenreich, Barbara y Deirdre English (1973), Witches, Midwives and Nurses. A History of Women Healers, Old Westbury, Feminist Press [ed. cast.: Brujas, comadronas y enfermeras. Historia de las sanadoras, Barcelona, La Sal, 1988].

Elster, Jon (1989), Solomonic Judgments, Cambridge, Cambridge University Press [ed. cast.: Juicios salomónicos. Las limitaciones de la racionalidad como principio de decisión, Barcelona, Gedisa, 1995].

Epstein, Richard (1998), Principles for a Free Society. Reconciling Individual Liberty with the Common Good, Reading, Perseus Books [ed. cast.: Principios para una sociedad libre. Reconciliando la libertad individual con el bien común, Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Centro de Información, 2003].

Estlund, Cynthia (2003), Working Together, Óxford, Oxford University Press.

Fabre, Cécile (2006), Whose Body Is It Anyway?, Óxford, Oxford University Press.

Fallon, Peter y Zafiris Tzannatos (1998), Child Labor. Issues and Directions for the World Bank, Washington, World Bank Publications.

Field, Martha (1988), Surrogate Motherhood. The Legal and Human Issues, Cambridge, Harvard University Press.

Finkel, Michael (2001), “Complications”, New York Times Magazine, 27 de mayo: 32.

Fogg-Davis, Hawley (2005), “Racial Randomization. Imagining Nondiscrimination in Adoption”, en Adoption Matters, ed. de Sally Haslanger y Charlotte Witt, Ithaca, Cornell University Press.

Foner, Eric (1983), Nothing but Freedom. Emancipation and Its Legacy, Baton Rouge, Louisiana State University Press.

Frank, Robert (1999), Luxury Fever. Money and Happiness in an Era of Excess, Nueva York, Free Press.

Fraser, Nancy y Axel Honneth (eds., 2003), Redistribution or Recognition? A Political Philosophical Exchange, Londres, Verso [ed. cast.: ¿Redistribución o conocimiento? Un debate político-filosófico, Madrid, Morata, 2006].

Freeman, Samuel (2001), “Illiberal Libertarians. Why Libertarianism Is Not a Liberal View”, Philosophy and Public Affairs 30(2):105-151.

— (2007) “Rawls and Luck Egalitarianism”, en Justice and the Social Contract. Essays on Rawlsian Political Philosophy, Óxford, Oxford University Press.

Frey, Bruno y Felix Oberholzer-Gee (1997), “The Cost of Price Incentives. An Empirical Analysis of Motivation Crowding Out”, American Economic Review 87(4): 746-755.

Frey, Bruno, Felix Oberholzer-Gee y Reiner Eichenberger (1996), “The Old Lady Visits Your Backyard. A Tale of Markets and Morals”, Journal of Political Economy 104(6): 1297-1313.

Fried, Barbara (1998), The Progressive Assault on Laissez Faire. Robert Hale and the First Law and Economics Movement, Cambridge, Harvard University Press.

Friedman, Milton (1962), Capitalism and Freedom, Chicago, University of Chicago Press [ed. cast.: Capitalismo y libertad. Ensayos de política monetaria, Madrid, Fundación ICO, 2012].

Fundación Renal (2005), Transplant. International Figures on Organ Donation and Transplantation 10(1), Madrid, Fundación Renal.

Gandy, Patrick y Robert Deisher (1970), “Young Male Prostitutes”, Journal of the American Medical Association 212 (10): 1661-1666.

Gauthier, David (1986), Morals by Agreement, Nueva York, Oxford University Press [ed. cast.: La moral por acuerdo, Barcelona, Gedisa, 1994].

Gelman, David y Daniel Shapiro (1985), “Infertility. Babies by Contract”, Newsweek, 4 de noviembre.

Genicot, Garance (2002), “Bonded Labor and Serfdom. A Paradox of Voluntary Choice”, Journal of Development Economics 67(1): 101-127.

Ghods, Ajad J., Shokoufeh Savaj y Pari Khosravani (2000), “Adverse Effects of a Controlled Living Unrelated Donor Renal Transplant Program on Living Related and Cadaveric Kidney Transplantation”, Transplantation Proceedings 32(3): 541.

Gneezy, Uri y Aldo Rustichini (2000a), “A Fine Is a Price”, Journal of Legal Studies 29(1): 1-17.

— (2000b), “Pay Enough or Don’t Pay at All”, Quarterly Journal of Economics 115(3): 791-810.

Goodwin, Michelle (2006), Black Markets. The Supply and Demand of Body Parts, Cambridge, Cambridge University Press.

Gordon, Deborah (1999), Ants at Work. How an Insect Society Is Organized, Nueva York, Free Press.

Goyal, Madhav y otros (2002), “Economic and Health Consequences of Selling a Kidney in India”, Journal of the American Medical Association 288: 1589-1593.

Greenwald, Harold (1970), The Elegant Prostitute. A Social and Psychoanalytic Study, Nueva York, Walker.

Grootaert, Christiaan y Ravi Kanbur (1995), “Child Labor. An Economic Perspective”, International Labour Review 134(2): 187-203.

Haddad, Lawrence, John Hoddinott y Harold Alderman (eds., 1977), Intrahousehold Resource Allocation in Developing Countries. Models, Methods and Policy, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Hakin, Danny y William Rasbaum (2008), “Spitzer Linked to a Sex Ring as a Client, Gives Apology”, New York Times, 11 de marzo, edición vespertina, A1.

Harris, John (1975), “The Survival Lottery”, Philosophy 50: 81-87.

Haslanger, Sally (2000), “Gender and Race. (What) Are They? (What) Do We Want Them to Be?”, Nous 34(1): 31-55.

Hausman, Daniel y Michael McPherson (1996), Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press [ed. cast.: El análisis económico y la filosofía moral, México, FCE, 2007].

Havel, Václav (1992), Summer Meditations. On Politics, Morality and Civility in a Time of Transition, Londres, Faber and Faber [ed. cast.: Meditaciones estivales, Barcelona, Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 1994].

Healy, Kieran (2006), Last Best Gifts. Altruism and the Market for Human Blood and Organs, Chicago, University of Chicago Press.

Herzog, Don (2000), “Externalities and Other Parasites”, University of Chicago Law Review 67(3): 895-923.

Hill, Thomas (1991), Autonomy and Self-Respect, Cambridge, Cambridge University Press.

Hirschman, Albert O. (1970), Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge, Harvard University Press.

— (1977), The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before Its Triumph, Princeton, Princeton University Press.

— (1992), Rival Views of Market Society, Cambridge, Harvard University Press.

Hobbes, Thomas (1994 [1651]), Leviathan, Indianápolis, Hackett [ed. cast.: Leviatán, Buenos Aires, Losada, 2004].

Hobson, Barbara (1990), Uneasy Virtue. The Politics of Prostitution and the American Reform Tradition, Chicago, University of Chicago Press.

Hochschild, Arlie (1983), The Managed Heart. The Commercialization of Human Feeling, Nueva York, Basic Books.

Humphries, Jane (1999), “Cliometrics, Child Labor and the Industrial Revolution”, Critical Review 13(3-4): 269-283.

Ibrahim, Hassan N. y otros (2009), “Long-Term Consequences of Kidney Donation”, New England Journal of Medicine 360, 29 de enero: 459-469.

Ishiguro, Kazuo (2005), Never Let Me Go, Nueva York, Knopf [ed. cast.: Nunca me abandones, Barcelona, Anagrama, 2007].

Jejeebhoy, sir Jamsetjee (1992), “Family Size, Outcomes for Children and Gender Disparities. The Case of Rural Maharashtra”, en Fertility, Family Size, and Structure. Consequences for Families and Children, ed. de Cynthia B. Lloyd, Nueva York, Population Council.

Jevons, W. Stanley (1970 [1871]), The Theory of Political Economy, Nueva York, Penguin [ed. cast.: La teoría de la economía política, Madrid, Pirámide, 1998].

Kabeer, Naila (2001), “Deprivation, Discrimination and Delivery. Competing Explanations for Child Labor and Educational Failure in South Asia”, documento de trabajo 135, Institute of Development Studies, University of Sussex.

Kahneman, Daniel y Amos Tversky (1979), “Prospect Theory. An Analysis of Decision under Risk”, Econometrica 47: 263-291.

Kahneman, Daniel, Jack Knetch y Richard Thaler (1987), “Fairness and the Assumptions of Economics”, en Rational Choice. The Contrasts between Economics and Psychology, ed. de Robin M. Hograth y Melvin Reder, Chicago, University of Chicago Press.

Kanbur, Ravi (2004), “On Obnoxious Markets”, en Globalization, Culture and the Limits of the Market. Essays in Economics and Philosophy, ed. de Stephen Cullenberg y Prasanta Pattanaik, Nueva Delhi, Oxford University Press.

Kane, Elizabeth (1988), Birth Mother, Nueva York, Harcourt Brace Jovanovich.

Kant, Immanuel (1988 [1785]), Groundwork of the Metaphysics of Morals, Cambridge, Cambridge University Press [ed. cast.: Fundamentación de la metafísica de las costumbres, México, Porrúa, 2007].

Kymlicka, Will (2002), Contemporary Political Philosophy. An Introduction, Óxford, Oxford University Press.

Lane, Robert (1991), The Market Experience, Cambridge, Cambridge University Press.

Lindblom, Charles (2002), The Market System. What It Is, How It Works, and What to Make of It, New Haven, Yale University Press [ed. cast.: El sistema de mercado. Qué es, cómo funciona y cómo entenderlo, Madrid, Alianza, 2002].

Lindquist, John y otros (1989), “Judicial Processing of Males and Females Charged with Prostitution”, Journal of Criminal Justice 17: 277-291.

Loeb, Susanna (2001), “Estimating the Effects of School Finance Reform. A Framework for a Federalist System”, Journal of Public Economics 80: 225-247.

Loury, Glenn (2002), The Anatomy of Racial Inequality, Cambridge, Harvard University Press.

MacKinnon, Catherine (1989), Toward a Feminist Theory of the State, Cambridge, Harvard University Press.

MacLeod, Colin (1998), Liberalism, Justice, and Markets, Óxford, Clarendon Press.

Marglin, Stephen (1974), “What Do Bosses Do? The Origins and Functions of Hierarchy in Capitalist Production. Part I”, Review of Radical Political Economics 6(2): 60-112.

— (2008), The Dismal Science, Cambridge, Harvard University Press.

Marshall, Thomas H. (1977), “Citizenship and Social Class”, en Class, Citizenship and Social Development. Essays by T. H. Marshall, Chicago, University of Chicago Press [ed. cast.: “Ciudadanía y clase social”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas 79, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1997].

Marx, Karl (1977 [1867]), Capital, vol. I, Nueva York, Vintage [ed. cast.: El capital. Crítica de la economía política, libro I: El proceso de producción del capital, 3 vols., Buenos Aires, Siglo XXI].

— (1978a), The Communist Manifesto, en The Marx-Engels Reader, ed. de Robert Tucker, Nueva York, Norton [ed. cast.: El manifiesto comunista, en Antología, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015].

— (1978b), “Critique of the Gotha Program”, en The Marx-Engels Reader, ed. de Robert Tucker, Nueva York, Norton [ed. cast.: “Crítica al Programa de Gotha”, en Antología, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015].

— (1978c), Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, en The Marx-Engels Reader, ed. de Robert Tucker, Nueva York, Norton [ed. cast.: Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Buenos Aires, Colihue, 2004].

McMillan, John (2002), Reinventing the Bazaar. A Natural History of Markets, Nueva York, Norton.

McNamara, Eileen (1989), “Fetal Endangerment Cases on the Rise”, Boston Globe, 3 de octubre.

Mill, John Stuart (1957 [1863]), Utilitarianism, Nueva York, Macmillan [ed. cast.: El utilitarismo, Madrid, Alianza, 2014].

— (1984 [1859]), On Liberty, Harmondsworth, Penguin [ed. cast.: Sobre la libertad, Madrid, Tecnos, 2008].

Mistry, Rohinton (2001), A Fine Balance, Nueva York, Vintage [ed. cast.: Un perfecto equilibrio, Barcelona, Debolsillo, 2006].

Mnookin, Robert H. y Lewis Kornhauser (1979), “Bargaining in the Shadow of the Law. The Case of Divorce”, Yale Law Journal 88(5): 950-997.

Murphy, Liam y Thomas Nagel (2002), The Myth of Ownership. Taxes and Justice, Óxford, Oxford University Press.

Murthi, Mamta, Anne-Catherine Guio y Jean Dreze (1995), “Mortality, Fertility and Gender Bias in India. A District Level Analysis”, Population and Development Review 21(4): 745-782.

Myadms, Seth (1990), “Surrogate Denied Custody of Child”, New York Times, 23 de octubre, 1ª sección: 14.

National Institute of Justice (2000), Full Report of the Prevalence, Incidence and Consequences of Violence against Women. Findings from the National Violence Against Women Survey, Washington, National Institute of Justice y Centers for Disease Control and Prevention, noviembre: 26.

Nozick, Robert (1969), “Coercion”, en Philosophy, Science and Method. Essays in Honor of Ernest Nagel, ed. de Sidney Morgenbesser, Patrick Suppes y Morton White, Nueva York, St. Martin’s Press.

— (1974), Anarchy, State and Utopia, Nueva York, Basic Books [ed. cast.: Anarquía, Estado y utopía, México, FCE, 1988].

Okin, Susan Moller (1989), Justice, Gender and the Family, Nueva York, Basic Books.

— (1990), “A Critique of Pregnancy Contracts. Comments on Articles by Hill, Merrick, Shevory, and Woliver”, Politics and the Life Sciences 8(2): 205-210.

Okun, Arthur (1975), Equality and Efficiency. The Big Tradeoff, Washington, Brookings Institution Press [ed. cast.: Igualdad y eficiencia. La gran disyuntiva, Buenos Aires, Sudamericana, 1975].

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2005), “A Global Alliance against Forced Labour. Global Report under the Follow-up of the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Report of the Director-General”, disponible en: <ilo.org> [ed. cast.: “Una alianza global contra el trabajo forzoso”, Ginebra, OIT, 2005].

Ostrom, Elinor (1990), Governing the Commons, Cambridge, Cambridge University Press [ed. cast.: El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, México, FCE, 2000].

Otsuka, Michael (2003), Libertarianism without Inequality, Óxford, Oxford University Press.

Overall, Christine (1987), Ethics and Human Reproduction. A Feminist Analysis, Boston, Allen & Unwin.

Overvold, Amy Z. (1988), Surrogate Parenting, Nueva York, Pharos.

Parfit, Derek (1984), Reasons and Persons, Óxford, Clarendon Press.

Parker, Philip (1983), “Motivation of Surrogate Mothers. Initial Findings”, American Journal of Psychiatry 140: 117-118.

Pateman, Carole (1983), “Defending Prostitution. Charges against Ericsson”, Ethics 93: 561-565.

— (1988), The Sexual Contract, Stanford, Stanford University Press [ed. cast.: El contrato sexual, Barcelona, Anthropos, 1995].

Patterson, Orlando (1982), Slavery and Social Death, Cambridge, Harvard University Press.

Peterson, Richard (1996), “A Re-Evaluation of the Economic Consequences of Divorce”, American Sociological Review 61(3): 528-536.

Pettit, Philip (1997), Republicanism. A Theory of Freedom and Government, Óxford, Oxford University Press [ed. cast.: Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Barcelona, Paidós, 1999].

Philips, Anne (1999), Which Equalities Matter?, Cambridge, Polity Press.

Polanyi, Karl (2001), The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time, Boston, Beacon Press [ed. cast.: La gran transformación. Los orígenes politicos y económicos de nuestro tiempo, México, FCE, 2003].

Pollack, Andrew (2010), “Is Money Tainting the Plasma Supply?”, New York Times, 6 de diciembre, sección Negocios [Business]: 1.

Pollan, Michael (2006), The Omnivore’s Dilemma. A Natural History of Four Meals, Nueva York, Penguin [ed. cast.: El dilema del omnívoro, Navarra, Gourmandia, 2011].

Pollit, Katha (1990), “When Is a Mother Not a Mother”, The Nation, 31 de diciembre: 843.

Posner, Richard (1985), “An Economic Theory of Criminal Law”, Columbia Law Review 85: 1193-1231.

— (1992), Sex and Reason, Cambridge, Harvard University Press.

— (1993), “Obsession”, New Republic, 18 de octubre: 31-36.

Potterat, John y otros (2004), “Mortality in a Long Term Cohort of Prostitute Women”, American Journal of Epidemiology 159(8): 778-785.

Putterman, Louis (1984), “On Some Recent Explanations of Why Capital Hires Labor”, Economic Inquiry 22(2): 171-187.

Radin, Margaret Jane (1986), “Residential Rent Control”, Philosophy and Public Affairs 15(4): 350-380.

— (1987), “Market-Inalienability”, Harvard Law Review 100(8): 1849-1937.

— (1996), Contested Commodities, Cambridge, Harvard University Press.

Rawls, John (1999), A Theory of Justice, ed. revisada, Cambridge, Harvard University Press. [ed. cast.: Teoría de la justicia, México, FCE, 2006].

Reich, Rob (2002), Bridging Liberalism and Multiculturalism in American Education, Chicago, University of Chicago Press.

Ricardo, David (1815), “An Essay on Profits. An Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profits of Stock”, Londres, John Murray, disponible en <socserv. mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ricardo/profits.txt> [ed. cast.: “Ensayo sobre la influencia del reducido precio de los cereales sobre las utilidades del capital”, en Obras y correspondencia, vol. IV, Folletos y artículos. 1815-1823, México, FCE, col. “Las obras maestras de la economía”, 1959].

— (1986 [1817]), On the Principles of Political Economy and Taxation, ed. de Piero Sraffa, Cambridge, Cambridge University Press [ed. cast.: Principios de economía política y tributación. México, FCE, 1959].

Rich, Adrienne (1976), Of Women Born. Motherhood as Experience and Institution, Nueva York, Norton [ed. cast.: Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución, Madrid, Cátedra, 1996].

Rix, Sara (ed., 1990), The American Woman 1990-91, Nueva York, Norton.

Robbins, Lionel (1932), An Essay into the Nature and Significance of Economic Science, Nueva York, New York University Press [ed. cast.: Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica, México, FCE, 1944].

Roemer, John (1995), “Equality and Responsibility”, Boston Review 20, abril-mayo: 3-16.

Rosen, Ruth (1982), Prostitution in America. 1900-1918, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

Roth, Alvin, Tayfun Sonmez y M. Utku Unver (2005), “Pairwise Kidney Exchange”, Journal of Economic Theory 125(2): 151-188.

Rothschild, Emma (2001), Economic Sentiments. Adam Smith, Condorcet and the Enlightenment, Cambridge, Harvard University Press.

Rousseau, Jean-Jacques (1988 [1762]), Social Contract and Discourses, Londres, J. M. Dent [ed. cast.: El contrato social, Barcelona, Tecnos, 1988].

Saletan, William (2009), “Fetal Foreclosure”, Slate, 24 de marzo, disponible en <slate. com>.

Sandel, Michael J. (2000), What Money Can’t Buy. The Moral Limits of Markets, ed. de Grete B. Peterson, Salt Lake City, University of Utah Press, “The Tanner Lectures on Human Values”, vol. 21 [ed. cast.: Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado, Barcelona, Debate, 2013].

Satz, Debra (1992), “Markets in Women’s Reproductive Labor”, Philosophy and Public Affairs 21(2): 107-131.

— (1995), “Markets in Women’s Sexual Labor”, Ethics 106(1): 63-85.

— (2001), “The Limits of the Market. A Map of the Major Debates”, en International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, ed. de J. Smelser y Paul Baltes, Óxford, Pergamon.

— (2003), “Child Labor. A Normative Perspective”, World Bank Economic Review 17(2): 297-309.

— (2004), “Noxious Markets. Why Some Things Should Not be for Sale”, en Globalization, Culture, and the Limits of the Market. Essays in Economics and Philosophy, ed. de Stephen Cullenberg y Prasanta Pattanaik, Nueva Delhi, Oxford University Press.

— (2007a), “Equality, Adequacy and Education for Citizenship”, Ethics 117(4): 623-648.

— (2007b), “Remaking Families. A Review Essay”, Signs 32(2): 523-538.

— (2008), “The Moral Limits of Markets. The Case of Human Kidneys”, Proceedings of the Aristotelian Society 108(3): 269-288.

— (2009), “Voluntary Slavery and the Limits of the Market”, Law and Ethics of Human Rights 3(1), art. 5.

Scanlon, Thomas M. (1975), “Preference and Urgency”, Journal of Philosophy 72(19): 655-669.

Schaffner, Julie (1995), “Attached Farm Labor, Limited Horizons and Servility”, Journal of Development Economics 47: 241-270.

Schapiro, Tamar (1999), “What Is a Child?”, Ethics 109(4): 715-738.

Schelling, Thomas (1984), Choice and Consequence, Cambridge, Harvard University Press.

Scheper-Hughes, Nancy (2003), “Keeping an Eye on the Global Traffic in Human Organs”, Lancet 36: 1645-1648.

Schultz, Vicky (2000), “Life’s Work”, Columbia Law Review 100: 1881-1964.

Schwartzenbach, Sybil (1990-1991), “Contractarians and Feminists Debate Prostitution”, New York University Review of Law and Social Change 18: 103-130.

Seabright, Paul (2004), The Company of Strangers. A Natural History of Economic Life, Princeton, Princeton University Press.

Sen, Amartya (1985), “Well-Being, Agency, and Freedom. The Dewey Lectures 1984”, Journal of Philosophy 82(4): 169-221.

— (1987), On Ethics and Economics, Óxford, Blackwell Publishing [ed. cast.: Sobre ética y economía, Madrid, Alianza, 1989].

— (1992), Inequality Reexamined, Cambridge, Harvard University Press [ed. cast.: Nuevo examen de la desigualdad, Madrid, Alianza, 1995].

— (1997), On Economic Inequality, Óxford, Oxford University Press [ed. cast.: La desigualdad económica, México, FCE, 2001].

— (2000), Development as Freedom, Nueva York, Knopf [ed. cast.: El desarrollo como libertad, México, Instituto Nacional de Ecología, 2000].

Sereny, Gita (1984), The Invisible Children. Child Prostitution in America, West Germany and Great Britain, Londres, Andre Deutsch.

Shalev, Carmel (1989), Birthpower, New Haven, Yale University Press.

Shapiro, Joseph (2003), “The Ethics and Efficacy of Banning Human Kidney Sales”, tesis de grado aprobada con honores, Programa de Ética en la Sociedad, Stanford University.

Shaw, George Bernard (2006 [1906]), Mrs. Warren’s Profession, Nueva York, Cosimo Classics [ed. cast.: La profesión de la señora Warren, Barcelona-México, Andrés Bello, 2000].

Shrage, Laurie (1989), “Should Feminists Oppose Prostitution?”, Ethics 99: 347-361.

— (1994), Moral Dilemmas of Feminism. Prostitution, Adultery and Abortion, Nueva York, Routledge.

Shue, Henry (1996), Basic Rights. Subsistence, Affluence and U.S. Foreign Policy, Princeton, Princeton University Press.

Silbert, Mimi (1982), “Sexual Assault on Prostitutes. Phase II, Final Report, Grant 1 RO1 MH 32.782”, Washington, National Institute of Mental Health.

Smith, Adam (1976a [1759]), The Theory of the Moral Sentiments, ed. de D. D. Raphael y Al Macfie, Indianápolis, Liberty Classics [ed. cast.: Teoría de los sentimientos morales, México, Colegio de México, 1941].

— (1976b [1776; últ. ed. revisada: 1784]), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Indianápolis, Liberty Classics [ed. cast.: Investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, México, FCE, 1958].

Smith, Howard y Brian van der Horst (1977), “For Women Only. How It Feels to Be a Male Hooker”, Village Voice, 7 de marzo.

Snyder, Brad (2006), A Well-Paid Slave. Curt Flood’s Fight for Free Agency in Professional Sports, Nueva York, Viking.

Srinivasan, Thirukodikaval Nilakanta (1989), “On the Choice among Creditors and Bonded Labor Contracts”, en The Economic Theory of Agrarian Institutions, ed. de Pranab K. Bardhan, Óxford, Oxford University Press.

Steiner, Hillel (2002), “Self-Ownership, Begetting and Germ-Line Information”, en A Companion to Genethics, ed. de Justine Burley y John Harris, Londres, Blackwell.

Steinfeld, Robert J. (2001), Coercion, Contract and Free Labor in the Nineteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press.

Stiglitz, Joseph (1987), “The Causes and Consequences of the Dependence of Quality on Price”, Journal of Economic Literature 25, marzo: 1-48.

Strahilevitz, Lior Jacob (2000), “How Changes in Property Regimes Influence Social Norms. Commodifying California’s Carpool Lanes”, Indiana Law Journal 75: 1231-1296.

Sunstein, Cass (1992), “Neutrality in Constitutional Law (with Special Reference to Pornography, Abortion, and Surrogacy)”, Columbia Law Review 92(1): 1-52.

Sunstein, Cass y Richard Thaler (2003), “Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron”, University of Chicago Law Review 70(4): 1159-1202.

Taylor, Michael (1976), Anarchy and Cooperation, Londres, Wiley.

Terasaki, Paul I. y otros (1995), “High Survival Rate of Kidney Transplants from Spousal and Living Unrelated Donors”, New England Journal of Medicine 333: 333-336.

The Economist (1992), “Let Them Eat Pollution”, Londres, 8 de febrero: 66.

The New Shorter Oxford English Dictionary (1993), Óxford, Clarendon Press.

Titmuss, Richard (1971), The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy, Nueva York, Pantheon.

Tobin, James (1970), “On Limiting the Domain of Inequality”, Journal of Law and Economics 13(2): 263-277.

Treblicock, Michael (1997), The Limits of Freedom of Contract, Cambridge, Harvard University Press.

Tremain, Shelley (1996), “Dworkin on Disablement and Resources”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence 9: 343-359.

Tribe, Lawrence (1990), Abortion. The Clash of Absolutes, Nueva York, Norton.

Varian, Hal (1999), Intermediate Microeconomics. A Modern Approach, 5ª ed., Nueva York, Norton [ed. cast.: Microeconomía. Un enfoque actual, Barcelona, Antoni Bosch, 2011].

Veblen, Thorstein (1899), The Theory of the Leisure Class, Nueva York, Macmillan [ed. cast.: Teoría de la clase ociosa, México, FCE, 1963].

Walkowitz, Judith (1980), Prostitution and Victorian Society, Cambridge, Cambridge University Press.

Walzer, Michael (1983), Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, Nueva York, Basic Books [ed. cast.: Las esferas de la justicia. Una defensa del pluralismo y la igualdad, México, FCE, 2004].

Warnock, Mary (1985), A Question of Life. The Warnock Report on Human Fertilisation and Embryology, Óxford, Basil Blackwell.

Weiner, Myron (1992), Child and State in India, Princeton, Princeton University Press.

Weitzman, Leonore J. (1985), The Divorce Revolution. The Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America, Nueva York, Free Press.

Wertheimer, Alan (1987), Coercion, Princeton, Princeton University Press.

White, Stuart (2002), The Civic Minimum. On the Right and Obligations of Economic Citizenship, Óxford, Oxford University Press.

Williams, Andrew (2002), “Dworkin on Capability”, Ethics 113( 1): 23-39.

Williams, Bernard (1985), reseña de Choice and Consequence de Thomas Schelling, Economics and Philosophy 1: 142-146.

Williams, Christian (1994), “Note. Combating the Problems of Human Rights Abuses and Inadequate Organ Supply through Presumed Donative Consent”, Case Western Reserve Journal of International Law 26: 315.

Wolff, Jonathan (2002), “Addressing Disadvantage and the Human Good”, Journal of Applied Philosophy 19(3): 207-218.

— (2007), “Market Failure, Common Interests, and the Titanic Puzzle”, en Egalitarianism. New Essays on the Nature and Value of Equality, ed. de Kasper Lippert-Rasmussen y Nils Holtung, Óxford, Oxford University Press.

Wood, Allen (ed., 2010), Nineteenth Century Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press.

Yardley, William (2007), “Alpines vs. Armchairs”, New York Times, 25 de febrero.

Young, Iris (1990), Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press.

Zelizer, Vivianna (1985), Pricing the Priceless Child. The Changing Social Value of Children, Nueva York, Basic Books.

Zimmerman, David (1981), “Coercive Wage Offers”, Philosophy and Public Affairs 10(1): 121-145.