¿Por qué la Argentina gozó durante las tres primeras décadas del siglo de una estabilidad institucional poco común en Latinoamérica y porqué la frecuencia de la intervención del ejército en la escena política a partir de 1930? La búsqueda de modelos interpretativos adecuados para comprender estos fenómenos remite a un campo de problemas de suma complejidad. El investigador francés Alain Rouquié considera, al respecto, que ninguna teoría sobre el militarismo en general o acerca del militarismo latinoamericano en particular puede por si sola proporcionar las respuestas correctas para el caso argentino. Partiendo de esta premisa su ensayo se interna en un terreno histórico concreto: las fuerzas armadas, con la composición social, estructuras organizativas y sistemas de valores que les son propios, son analizadas en su interacción con la sociedad global en cada coyuntura particular. De tal modo, el presente libro rebasa el marco específico del estudio del problema militar para convertirse en una importante contribución al conocimiento de la Argentina contemporánea y de sus recurrentes crisis políticas.

Alain Rouquié

Poder militar y sociedad política
en la Argentina
I

Biblioteca argentina de historia y política - 064

ePub r1.0

et.al 08.01.2020

Título original: Pouvoir militaire et société politique en République Argentine

Alain Rouquié, 1981

Traducción: Arturo Iglesias Echegaray

Retoque de cubierta: et.al

Editor digital: et.al

ePub base r2.1

Este volumen contiene el trabajo del autor sobre el tema, desarrollado hasta 1943. La segunda parte apareció con el título: Poder Militar y Sociedad Política en la Argentina. 1943-1973. La Bibliografía y fuentes de las dos partes de la obra está incluida en el segundo volumen.

A S. y al gauchito

Introducción

Introducción

¿Por qué?

¿Por qué?

En 1954, sobre veinte Estados latinoamericanos, trece estaban gobernados por militares. En 1975, más de la mitad de la población total del continente vive en Estados cuya administración se encuentra a cargo de regímenes militares, o con predominio militar.[1] En América del Sur, seis naciones, que representan los cuatro quintos del territorio, tienen como presidentes a oficiales que lograron el poder merced a sus pares y a un «feliz» golpe de Estado.

Desde hace cuarenta años, muchos se han interrogado sobre esta inquietante hegemonía del poder militar. Las interpretaciones generales y las teorías globales han prosperado. La amplitud del fenómeno, su permanencia y su carácter endémico en un área cultural relativamente homogénea apenas si incitaban a hacer un esfuerzo de análisis profundo y de investigaciones empíricas. Algunos podían contentarse, en el marco de esas explicaciones insuficientes, con la tautológica psicología de los pueblos. Así pues existiría un sistema de relaciones entre el poder civil y el ejército propio del mundo hispánico. La historia de la antigua metrópoli refirma esta hipótesis. ¿Acaso no ofrece a través de un siglo, desde el general Riego hasta el general Franco, la gama imponente de las formas más variadas de una presencia militarista tan vigilante como eficaz? Además, ¿no es español el vocabulario del poder militar? Juntas de oficiales y pronunciamientos aparecen tras los Pirineos como plantas vivaces, trasplantadas a un terruño propicio más allá del Atlántico.

Con más rigor, algunos historiadores pudieron ver en la frecuencia de las intervenciones militares en la vida política contemporánea «residuos culturales de las guerras civiles del siglo XIX» hispanoamericano. El período de anarquía que conocieron las antiguas colonias españolas inmediatamente después de su independencia habría configurado un tipo de relación política basada en la fuerza, un sistema de actitudes frente al poder que llevaría a un estado de «violencia descentralizada» y difusa. El jinete y los montoneros intrépidos se convirtieron en técnicos de la caballería blindada, los caudillos se metamorfosearon en oficiales de Estado Mayor, pero lo esencial ha persistido. Afinando esta interpretación a partir del positivismo de fines de siglo y sacando irrefutables conclusiones, otros especialistas vieron incluso en este esquema de poder «la constitución real» de la mayoría de las «democracias americanas». Estas repúblicas turbulentas, intrínsecamente inaptas para la práctica de la democracia de tipo occidental, requerirían un poder autoritario, árbitro indiscutible entre grupos e intereses irreductibles, un «gendarme necesario» adaptado a su idiosincrasia. Se recobraba así la virtud «científicamente» somnífera del estereotipo. No es que la singularidad cultural sea insignificante, pero, si bien habría que confirmar mediante comparaciones juiciosas su carácter distintivo, comprobar su existencia no sustituye la explicación. Las raíces del fenómeno no se encuentran en el «clima humano» que, desprovisto de unidad étnica, se extiende más de 80 grados de latitud; es necesario buscarlas en otra parte.

Esa primera interpretación se vio decididamente debilitada a partir de la segunda mitad del siglo XX. Su replanteo coincide con la ampliación del mundo político que significó el acceso a la independencia real o formal de numerosas antiguas colonias, particularmente en África. El rol de los militares en los nuevos Estados, sorprendentemente comparable al de los ejércitos latinoamericanos, provocó el eclipse de la explicación cultural y puso en evidencia la necesidad de un estudio sin «prejuicios» del militarismo americano en su contexto económico, social e internacional. Se observó entonces que, indiscutiblemente, el poder del general Barrientos en Bolivia se parecía más al de su contemporáneo, el general Mobutu del Congo-Kinshasa, que a la presidencia del general Mitre, jefe de Estado argentino del siglo pasado. Asimismo, no se podía negar que pese a enormes diferencias había más rasgos comunes entre los regímenes del coronel Nasser y del general Perón que entre éste y las pintorescas tiranías de Santa Anna o de Cipriano Castro.[2] Así, la enmancipación de África servia para el redescubrimiento de América. El sistema de las relaciones políticas entre civiles y militares, que se creía circunscripto a las naciones de América Latina, era tal vez propio del mundo subdesarrollado.

Las teorías que relacionan el militarismo con el subdesarrollo tienen la ventaja de poseer cierto rigor. Si bien se ignoran los mecanismos del poder militar, se sabe en líneas generales a qué se llama subdesarrollo, se conocen con precisión sus principales indicadores. Resulta generalmente que en los países poco desarrollados, donde las estructuras sociales son débiles y simples, donde los equipos de técnicos son escasos, el ejército profesional constituye una fuerza de encuadramiento moderna y eficaz, una reserva de capacidades al servicio de la unidad nacional y del progreso económico. El revés de tan brillante medalla proviene de la irreprimible tendencia de esa élite técnica a ocupar el poder y substituir al grupo dirigente civil, juzgado incompetente o incapaz de asegurar la modernización en orden. Se ha podido señalar así, que los países de América Latina que se caracterizan por un militarismo tenaz son pequeños Estados muy atrasados cuya poco diversificada sociedad reproduce un esquema casi idealmente dualista.[3] Y concluir que mientras más complejo y pluralista es el sistema social, menos facilidad tienen las Fuerzas Armadas para ejercer sus intervenciones políticas.

La presunción de relaciones significativas entre los indicadores del subdesarrollo y el «grado» de intervención militar en la vida política dio origen a métodos comparativos cifrados. Es así como se han medido las correlaciones entre un índice de intervención militar revelador de la frecuencia del fenómeno en cada país e índices de desarrollo económico y de movilización social.[4] Del mismo modo, los sociólogos han elaborado cuadros de correspondencia entre la estabilidad política y algunos indicadores del «nivel» de evolución de las sociedades en cuestión,[5] tales como el grado de apertura de las estructuras sociales o la variable sintética «indecisión social».[6] Cualquiera que sea el juicio que merezcan estos métodos de explicación «contextuales» y globales para el estudio de un fenómeno evolutivo de variables múltiples, y aunque se piense que la búsqueda de relaciones lineales entre índices sintéticos, algo vagos fuera de toda perspectiva histórica, deja escapar gran parte de la realidad, debe reconocerse que estos esfuerzos de sistematización comparativa valen lo que valen los indicadores elegidos —especialmente su homogeneidad— y responden de manera adecuada a las cuestiones planteadas ya que, con toda evidencia, las intervenciones militares corresponden a un «cierto contexto económico y social».

Sin embargo, al hacer el análisis comparado de la actividad sociológica en ese terreno, se percibe que las interpretaciones recién evocadas tienen un rasgo en común. Un «caso atípico» se desprende persistentemente de los cuadros y de las curvas,[7] que, por su importancia internacional y su valor ejemplificador, limita gravemente el alcance de los resultados obtenidos. La República Argentina, segunda nación del continente por su superficie y su riqueza económica, uno de los tres grandes de América Latina junto con Brasil y Méjico, es también una de las naciones de la región donde la frecuencia de las intervenciones militares es más elevada.

En la Argentina, desde 1930, la hegemonía del poder militar, mediante formas gubernamentales muy variadas, parece haberse vuelto la norma y no constituir una excepción como en la mayoría de los países vecinos. Desde 1930, ningún presidente constitucional, surgido de elecciones libres, sin presión ni veto del ejército, y en el marco de una sucesión normal, completó su mandato de seis años. La duración media de las presidencias, entre 1930 y 1971, es de dos años y seis meses, y de dos años y cuatro meses desde 1955. Esta inestabilidad crónica es igualada solamente por la propensión de los militares a instalarse en la Casa Rosada, sede de la presidencia. Sobre los dieciséis presidentes que conoció la Argentina desde 1930, once eran militares. Gobernaron al país veintiocho años sobre cuarenta y dos. Sólo dos presidentes «electos» conservaron el poder hasta el término de su mandato legal de seis años; ambos eran generales y probablemente jamás habrían sido llevados al poder si un oportuno golpe de Estado no hubiera abierto un paréntesis que les permitiera llegar a la más alta magistratura en forma legal, pero con el apoyo decisivo del ejército. Además, de los dieciséis presidentes, diez lo fueron de facto; alcanzaron el poder por decisión militar sin consagración electoral alguna.

Habría que agregar que la inestabilidad política y la preponderancia del poder militar son en la Argentina productos específicos del siglo XX. Entre el militarismo anárquico, que prolongó las guerras de la Independencia, y el activismo militar de nuestros días hay evidentemente solución de continuidad. En efecto, entre 1880 y 1930, mientras muchos de sus vecinos sufrían todavía una vida política convulsionada y sanguinaria,[8] la Argentina ofrecía la imagen de instituciones sólidas de funcionamiento regular, que no dejaban de evocar desde el exterior a las democracias anglosajonas. Entre 1862 y 1930 ningún presidente fue llevado al poder por un alzamiento armado y la sucesión presidencial se realizó siempre conforme a la Constitución. Por cierto, las tentativas golpistas fueron numerosas, pero siempre se malograron, mientras que la agitación centrifuga en algunas provincias no ponía de ningún modo en peligro al poder federal. No todos los presidentes cumplieron el mandato constitucional de seis años pero, si se dejan de lado los fallecimientos en ejercicio, las renuncias por razones de salud o causas políticas casi no perturbaron el funcionamiento de las instituciones: el reemplazante previsto por la ley fundamental, el vicepresidente, substituía normalmente al presidente saliente.[9] Por lo demás, en un solo caso, en 1890, ese procedimiento fue consecutivo a una «revolución» rápidamente circunscripta y sofocada.[10]

Cuando en septiembre de 1930 se abrió «la era militar» de la historia argentina, fueron numerosos los que creyeron que se trataba de un accidente o de un breve paréntesis. La caída del presidente Yrigoyen, ocurrida en plena depresión y paralela a la avalancha de disturbios políticos que se abatió sobre las dos Américas, podía aparecer en efecto como un extravío excepcional en la conducta de las relaciones entre el ejército y el poder, o como una alteración sin porvenir de las reglas de juego legítimas, tanto tiempo respetadas por todos. En la actualidad, podemos interrogarnos especialmente sobre la incapacidad de la Argentina para cerrar el paréntesis y restablecer la continuidad y la estabilidad de las instituciones. En una palabra, ¿por qué la Argentina no pudo tener la suerte de Chile o Uruguay en los años treinta? ¿Por qué razones los argentinos no han podido restablecer la legalidad constitucional después de un primer golpe de Estado relacionado, aparentemente, con el malestar socioeconómico, y después de un período de dictadura?

De hecho, la hipótesis que relaciona la preponderancia política del poder militar con el subdesarrollo no se aplica a la Argentina como la interpretación «cultural» del militarismo latinoamericano. Las razones son evidentes. Para persuadirse, basta con examinar a la Argentina de la década del sesenta desde el punto de vista de las características constitutivas del subdesarrollo tales como las han aislado geógrafos y economistas.[11] ¡Qué decir de la insuficiencia alimenticia crónica de los países del Tercer Mundo, de su débil consumo de prótidos cuando la Argentina se sitúa al frente de las naciones en cuanto al consumo de carne por habitante! El subdesarrollo se señala por el arcaísmo de la agricultura y por la extrema debilidad de la industrialización. La Argentina, segundo país exportador de trigo y primer exportador de maíz del mundo, está orgullosa con razón de sus haras y de sus establecimientos modelo de cría. País con vocación agrícola y pastoril, hace ya muchos lustros que la participación de su industria en la formación del P. B. I. es superior a la del sector agropecuario. ¿El débil desarrollo de las clases medias, es un índice seguro de una estructura social de subdesarrollo? Ahora bien, la Argentina se presenta ante el observador como una innegable «mesocracia». Los estratos intermedios ocupaban cerca del 40 % del conjunto social a principios de la década del cincuenta.[12] Desde entonces, la amplitud de las clases medias, cuyo estilo de vida inspira a todos los niveles de la sociedad argentina, se vio acrecentada por una no despreciable movilidad vertical. Por fin, la explosión demográfica propia de los países en vías de desarrollo es totalmente desconocida en la República Argentina. La tasa de natalidad de esta nación subpoblada es apenas superior a la de los países occidentales industrializados. En el aspecto sanitario, con una tasa de mortalidad que se encuentra entre las más bajas del mundo, la Argentina puede difícilmente figurar como nación proletaria.

La Argentina, nación semidesarrollada, constituye una sociedad moderna con estructuras complejas y diversificadas. Ese pluralismo social se traduce particularmente por la importancia que revisten tanto la afiliación a las asociaciones voluntarias como la organización y el peso específico de los grupos de interés más diversos. La Argentina posee una tasa de alfabetización y un nivel cultural que no sólo la ubican en el primer lugar en América Latina sino también por encima de varias naciones de la Europa mediterránea. A pesar de un grave problema de desequilibrio económico y demográfico, la Argentina no sufre ni tensiones regionales o raciales, ni problemas de minorías étnicas, no cuenta con amplios sectores de población autóctona mantenidos al margen de la vida nacional.

Ninguna situación social explosiva justifica entonces, a primera vista, la existencia de un poder autoritario y de una apropiación del Estado por parte del ejército. ¿Cómo explicar la preponderancia del poder militar? Desde que apareció este carácter permanente de la vida política argentina, se ha hablado de misterio, de enigma, incluso de paradoja.[13] La Argentina sería un «caso anormal», puesto que las Interpretaciones usuales no sirven. A menos que ellas sean simplemente insuficientes, demasiado simplistas o exógenas para tener un valor operatorio.

Por todas estas razones, nos ha parecido útil y necesario emprender un estudio del caso argentino. Claro es que las interpretaciones continentales y las grandes síntesis alusivas pueden parecer a los politicólogos un campo de actividad más gratificante que la paciente investigación empírica dentro de un estrecho marco nacional. Sin embargo, esas teorías englobantes son un verdadero desafío para el rigor «científico». Partiendo únicamente de las variables «contextuales» suponen, en efecto, que las «unidades» a comparar (intervención militar, golpe de Estado, control político de los militares, inestabilidad política) son homogéneas, aun cuando casi no existe información sobre ellas. Tal comprobación invita a la modestia. Creyendo que no es deshonroso poner el carro detrás de los bueyes, hemos considerado que investigaciones empíricas sobre un caso atípico pero ejemplar podrían ser un punto de partida interesante para aclarar los mecanismos y los condicionamientos del poder militar: la repetición de un mismo fenómeno en un contexto unificado y coherente debería permitir, entre otras cosas, elaborar con más rigor una tipología válida.

Si bien existe una paradoja argentina, se plantea además un problema —y esto no carece de interés para el tema— que concierne al sentido de las intervenciones militares en la Argentina. Mientras que a veces ha podido notarse, por ejemplo, una evolución general lenta y continua de izquierda a derecha en casi todos los países con hegemonía militar del continente —desde el tenentismo (circa 1930) hasta la revolución del 1.º de abril de 1964 en Brasil, desde el coronel Busch (1937) hasta el general Barrientos (1964) en Bolivia— los bruscos movimientos del péndulo militar en la República Argentina no pueden dejar de llamar la atención. El cotejo de dos jornadas históricas que se desarrollaron con casi quince años de intervalo, en climas muy diferentes y con sectores situados en las antípodas de la escala social, ilustra y simboliza esas variaciones.

El 6 de septiembre de 1930, el general J. F. Uriburu, seguido por una tropa poco numerosa, ocupó la Casa Rosada después de haber sido recibido triunfalmente en los barrios residenciales de la Capital. Depuso al popular presidente Yrigoyen y formó un gabinete compuesto por notorios conservadores, grandes propietarios y financistas en su mayoría. El 17 de octubre de 1945, mientras los partidos políticos tradicionales y las organizaciones patronales reclamaban que el poder detentado por los militares fuera transferido a la muy conservadora Suprema Corte, desde el cinturón industrial del gran Buenos Aires, una muchedumbre compacta de hombres, mujeres y niños convergió hacia el centro de la ciudad. Reclamaban la liberación y el retorno al poder del coronel Perón, secretario de Estado de Trabajo y Previsión y vicepresidente, arrestado algunos días antes. En el atardecer del 17 de octubre, el coronel liberado y vencedor apareció en los balcones de la Casa Rosada. Fue aclamado apasionadamente por millares de trabajadores apiñados en la histórica Plaza de Mayo.

¿Cuál es la verdadera cara del ejército argentino? ¿Cuál es su función en la vida nacional? ¿En qué sentido interviene y cómo ha evolucionado su inserción en la escena política? Tantas preguntas difíciles de eludir y que el discurso sintético y las teorías comodines con bases empíricas frágiles dejan sin respuesta. Por eso el primer y más humilde objetivo de este libro es aclarar acciones aparentemente condenadas a la sombra, poner orden en situaciones caóticas, pasar por el tamiz de la crítica cantidad de informaciones contradictorias o demasiado coincidentes; en una palabra encontrar la intriga detrás de las peripecias.

Tenemos también el propósito de ir más lejos y aprehender a la vez el entorno y los fines manifiestos o latentes del poder militar al mismo tiempo que sus efectos reales sobre la sociedad argentina. Estimamos para ello que la inestabilidad política y el rol político de los militares son dos facetas inseparables de una misma realidad. Desde luego, para nosotros las intervenciones militares no son la causa de la inestabilidad sino el instrumento, algo así como su expresión. Pero, de la misma forma en que rechazamos un enfoque continental y macropolitico, descartamos un punto de vista exclusivamente micropolitico. Por una parte, en efecto, pensábamos que la nación es un marco de referencia indispensable y obligado, por lo menos en una primera etapa, y no «un simple principio de organización de la vida social»,[14] dato secundario con relación a las variables transnacionales, como lo han afirmado algunos politicologos. La investigación centrada en una institución que tiene al horizonte nacional como razón de ser, y en un Estado cuya singularidad sobresale entre todos los esquemas hemisféricos, no puede ser encarada desde un punto de vista estrictamente macropolitico y comparativo. Por otra parte, no pueden ignorarse los peligros que presenta el análisis de un aspecto o de un elemento de la vida política nacional separado de su entorno. La innegable factilidad metodológica que ofrece el examen in vitro de una institución o de un grupo aislado del cuerpo social conduce invariablemente a graves errores de perspectiva: al olvidar los otros componentes sociales, que han hecho al elemento estudiado lo que es, se le atribuye una importancia mayor que la que tiene realmente. Ni el ejército en sus cuarteles, ni la marina en sus bases o en el mar, viven en un aislamiento insular. En todos los niveles y por todas partes, los militares se encuentran inmersos en la sociedad global con sus tensiones, su agitación y sus conflictos. Las relaciones del ejército con la política no se limitan al diálogo en forma de partida de ajedrez entre el comandante en jefe y el presidente. Y el ejército, aun cuando parezca controlar el aparato del Estado, sólo es un elemento del sistema político, una pieza maestra por cierto, pero nada más. La micropolítica deforma los hechos de tanto aumentarlos. Los datos significativos quedan fuera de su campo visual así como escapan al enfoque demasiado amplio de la macropolítica.

Teniendo en cuenta esas reservas, tratamos de analizar el poder militar evitando dos tentaciones simétricas: considerar que sus raíces deben buscarse exclusivamente en la sociedad militar y nada más, y aceptar la hipótesis según la cual la intervención constante del ejército en la vida política argentina sería solamente un epifenómeno. Con el primer enfoque nos quedaríamos en una descripción (historia narrativa o sociología militar) que no permitiría apreciar ni las causas ni las condiciones de las «discontinuidades» políticas y menos todavía la orientación y las consecuencias de los regímenes militares. En el segundo caso, afirmar que la función política de los militares no es nada en sí misma y que solamente merecen atención los factores de inestabilidad social y política, permite suponer que el instrumento de poder constituido por el ejército es puramente pasivo, y que aun cuando éste «desobedece», no hace más que responder a impulsos externos que no eligió. Por nuestra parte, hemos preferido ubicarnos a nivel de la sociedad global y de las instituciones militares encaradas de acuerdo con la dinámica de sus relaciones recíprocas.

¿Cómo?

¿Cómo?

Pues bien, nos hemos propuesto estudiar las relaciones del ejército y del poder en el marco de la crisis política argentina. Los golpes de Estado así como las conspiraciones y los gobiernos de facto son la expresión privilegiada de esta larga crisis. La especificidad del poder militar y de su hegemonía en la vida política argentina proviene de su carácter de respuesta «militarista» a una situación nacional particular. La inserción de los militares en la sociedad global y su intervención activa en el sistema político pueden analizarse desde distintos puntos de vista. En este aspecto, la unidad de análisis elegida es determinante. Rechazamos igualmente la atomización, ya sea estadística ya sea psicológica, y la abstracción institucional como métodos de interpretación principal si no única.[15] Por lo tanto, no creemos que el peronismo ni el acceso del coronel Perón al poder puedan explicarse por las características personales del oficial o del hombre Juan Domingo Perón. Ni que la faz de la Argentina habría cambiado si la nariz de Eva Duarte hubiera sido más corta o si el general Justo hubiera vivido algunos años más. Sin embargo, estamos lejos de pensar que la «personalidad» de los protagonistas de la vida política sea un elemento sin importancia. Asimismo, prestamos la mayor atención a las coordenadas sociofamiliares de los militares, sin considerar por eso que las estadísticas de los orígenes sociales «nacionales» o geográficos de los oficiales y de sus familias puedan por sí solas, agregadas, dar cuenta de la actitud de las Fuerzas Armadas en la política y proporcionar una explicación adecuada del activismo militar. Además de que no es evidente que el origen social sea tan determinante en la actitud de los oficiales como su formación propiamente profesional, la influencia de la institución y el molde donde funde sus miembros,[16] habría que agregarle al esquema los casamientos, las amistades, las simpatías ideológicas, de hecho, las múltiples lealtades a veces contradictorias a las cuales se encuentra sujeto el oficial y que limitan todo determinismo unilateral.[17] Por otra parte, como lo señala Clyde Kluckhohn, una pared de ladrillos disgregada en ladrillos no es más una pared, porque en las ciencias sociales[18] «las relaciones son tan reales como los objetos»: la suma de los supuestos determinantes de las actitudes del conjunto de los militares argentinos no puede reproducir para nada la orientación global del ejército, ni siquiera la mentalidad individual de los oficiales.

Sin embargo, no habría que acreditar a las Fuerzas Armadas en cuanto instituciones una coherencia sin fallas. Tomar al «ejército» o a «los militares» como unidad de análisis, o atribuir a esa abstracción impersonal el rol de «actor social», habría sido también inadecuado. Aunque se trate de una organización con una fuerte estructura jerárquica donde, en principio, la autoridad actúa en un solo sentido, un concepto tal, difícil de manejar, no tiene gran valor analítico.

La realidad histórica nos proporciona un hilo conductor metodológico en las diversas rupturas patentes y en los varios enfrentamientos abiertos que han estremecido la unidad de las Fuerzas Armadas argentinas desde 1930. Por ende elegimos analizar a nivel de grupos la sociedad global[19] y la sociedad militar porque la «vida política es conflicto».[20] Por otro lado, la palabra subgrupo sería más exacta en el caso de ésta. Ella comprende a las agrupaciones funcionales (arma, servicio, cuerpo, especialidad) y a aquéllas más informales tales como las camarillas constituidas alrededor de un militar «notable», las logias «secretas» y las asociaciones de defensa corporativa, etc. En este nivel, las perspectivas antes rechazadas (estadísticas, psicológicas) vuelven a tener sentido y valor operatorio. Pensamos haber podido escapar así a los dos peligros que acechan al analista del poder militar: la disolución sociológica que subestima la dimensión institucional, y la aproximación organizacional que la sobrestima, olvidando que por más rígida y vertical que sea la autoridad en el seno de las Fuerzas Armadas, por coercitiva que pueda ser la socialización de sus cuadros, es generalmente con civiles que se hacen los militares, y que el ejército está inmerso en el medio social más de lo que permite suponer la aparente marginalidad de la vida militar, aunque esta situación particular de los oficiales influya notablemente en su percepción de la vida política.

Habiendo definido la unidad de explicación, conviene precisar el alcance de nuestro análisis. Nos propusimos seguir especialmente la génesis del poder militar como tal, y la de sus manifestaciones dentro del sistema político argentino. Nos dedicamos entonces a reconstruir los orígenes de las intervenciones militares: las conspiraciones, los sectores civiles y militares implicados, el apoyo interno y externo obtenido por las Fuerzas Armadas. Desde luego, los orígenes de los golpes de Estado son oscuros, y a veces al observador le resulta algo difícil descubrir móviles precisos: producto de un malestar múltiple y difuso, parecen ocurrir por casualidad. Quedarse en la investigación de las causas inmediatas de las intervenciones militares y de las motivaciones de los actores es arriesgarse a ser muy poco esclarecedor y no conduce más que a arrojar un poco de luz sobre algún episodio histórico mal conocido. Sin embargo, ese enfoque, a condición de no perderse en lo anecdótico, presenta la ventaja de circunscribir la investigación a un contexto restringido y llegar a resultados precisos sin los cuales cualquier investigación global estaría edificada en la arena. Nuestro método es, pues, esencialmente «genético».

Con todo, el poder militar responde a condiciones objetivas, y sus partícipes, a pesar de sus intenciones poco claras,[21] se fijan ciertos fines o alimentan ciertas esperanzas. Además, las intervenciones, sobre todo cuando dan nacimiento a un «régimen militar», producen efectos no sólo en el terreno político sino también en el plano económico y social. Es teniendo en cuenta los efectos y las consecuencias de la ocupación o del ejercicio del poder por los militares que puede comprenderse el fenómeno global y sus causas profundas. Se trata, según la fórmula de Merton, «de interpretar los fenómenos considerando sus consecuencias desde el punto de vista de las estructuras más amplias en las cuales se encuentran implicadas».[22] Lo que no significa que tratemos de explicar los hechos únicamente por sus consecuencias.[23] De ello tampoco se desprende que hayamos elegido exclusivamente una de las teorías de la ciencia política. De la diversidad ambigua de las diferentes concepciones del análisis funcional no extraemos más que una orientación para la investigación explicativa acerca de los orígenes de los fenómenos.

En este estudio monográfico no proponemos ninguna explicación milagrosa. La marcha a tientas de nuestra investigación parecerá a veces vacilante. Identificando los problemas, explicitando con cuidado las hipótesis y aislando las variables decisivas, sólo intentamos elaborar una red de explicaciones útil. La investigación exclusiva de correlaciones entre datos económicos, financieros o sociales y el fenómeno global del poder militar nos parece, como ya lo señalamos, de naturaleza poco explicativa y capaz de dejar escapar la especificidad de situaciones políticas complejas. Pero no por ello nos contentamos con describir «lo que jamás se verá dos veces». Si queremos captar la singularidad del caso argentino, tendremos que determinar, en su seno, las regularidades y los accidentes, descubrir lo permanente. Más allá del fuego fatuo de los acontecimientos y dentro de la unicidad aparentemente irreductible de las situaciones históricas, nos esforzamos, pues, en descubrir constantes y revelar «esquemas de poder» estables a través del torbellino de una vida política explosiva: «los núcleos duros», de alguna manera, en el flujo del devenir histórico.

En definitiva, el carácter reiterativo de las intervenciones políticas del ejército y la estabilidad de la hegemonía militar como «esquema de poder» en el marco de un Estado, donde esos fenómenos constituyen el eje de la vida política desde hace más de cuarenta años, ofrecen interesantes posibilidades por varios motivos. Entre otras, permiten captar la singularidad de un sistema político a través de las regularidades históricas fácilmente comparables. Pasar de la «repetición» de un «acontecimiento» a la investigación de la problemática subyacente implica determinar, a la vez, las distorsiones de la sociedad y las grandes tendencias de la cultura política nacional.[24] El análisis político, justamente en razón de la multiplicación de las «experiencias», adopta así el camino de una disciplina científica casi experimental. Gracias a la «puesta en serie»[25] de unidades comparables, es decir recolectando los casos de un mismo «acontecimiento» con el fin de hacer un inventario interpretativo, delimitando los usos de una palabra determinada como hacen los lingüistas, se entra necesariamente en el terreno fecundo de la política comparada.

Sobre todo que esta «puesta en serie», igual que la de los lexicólogos, no puede ser aislada del contexto, y que por ser completa debe ser sistemática. Era pues indispensable que tuviéramos en cuenta los factores y agentes exteriores, los amplios movimientos continentales que atraen o influyen al sistema político argentino. La dimensión transnacional no podría estar ausente en el análisis de la función política de las instituciones militares en América Latina. El desconocimiento de datos comparativos externos llevaría a graves errores de perspectiva, aunque es esencial no considerar los parámetros continentales como una característica distintiva de la situación argentina. Es por eso que introdujimos varias veces «casos» de poder militar sacados de otros países del subcontinente, no con la ambición apresurada de esbozar una interpretación general del militarismo latinoamericano, sino únicamente con la finalidad de aclarar por comparación el problema argentino.

El plan que elegimos se desprende del enfoque adoptado, otorgándole gran importancia al análisis histórico. Puesto que de la reconstrucción rigurosa de los acontecimientos controvertidos o poco conocidos depende la correcta interpretación del poder militar, no podíamos contentarnos con alusiones o referencias; porque, sobre todo en este orden, la historia de la Argentina contemporánea está aún por hacerse. El orden cronológico seguido en la segunda parte rehúsa privilegiar sólo los golpes de Estado exitosos o aun limitarse a las intervenciones militares. Para seguir la germinación del poder autónomo del ejército, efectuamos cortes analíticos temporales y desiguales sin ser tributarios de discontinuidades espectaculares. Los períodos nodales, las fases en que se entablan nuevas relaciones cívico-militares en lo más profundo del sistema político, presentan a menudo en la superficie una aparente estabilidad. De donde resulta un tiempo estancado, que es la imagen de una vida política en la cual el acontecimiento explosivo es el aliado de las intrigas florentinas más refinadas.

Primera parte
EL SURGIMIENTO DEL PODER MILITAR

«… juzgando por lo que se trasluce y por las apariencias, en Buenos Aires habrá un gobierno central, en que los militares se lleven la primacía por consecuencia de sus divisiones intestinas y guerras externas. Esta constitución degenerará necesariamente en una oligarquía o una monocracia con más o menos restricciones, y cuya denominación nadie puede adivinar…»

SIMÓN BOLÍVAR, Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, Kingston, 6 de septiembre de 1815.

Capítulo 1
La Argentina moderna:
sociedad y sistema político

En una de esas paradojas a las que es afecto, Jorge Luis Borges sostiene «que solamente los países nuevos tienen pasado; es decir, recuerdo autobiográfico de él; es decir, tienen historia viva».[1] Nunca se tendrá demasiado presente esta afirmación del autor de El Aleph para comprender la vida política contemporánea de su país.

El conocimiento del telón de fondo histórico, que es necesario para la inteligibilidad de los fenómenos políticos en los Estados europeos colmados de historia, se torna indispensable en un país de organización económica y social tardía, donde la historia moderna se confunde realmente con el presente. La irrupción aparentemente imprevisible del ejército argentino en la palestra política no podría interpretarse sin relacionar ese fenómeno con la configuración social moldeada por esa breve historia, sin ubicarla dentro de la evolución acelerada de las estructuras estatales. La crisis de legitimidad que se encuentra en el origen de la inestabilidad política crónica remite, sin duda alguna, a las relaciones sociales y a la posición que en ellas ocupa la élite gubernamental, Asimismo, las características propias del ejército argentino y su rol efectivo dependen, tanto de la ubicación de los militares en la estratificación social, como de sus funciones dentro del aparate del Estado. Y todos estos datos son a su vez inseparables de la formación reciente de las bases económicas de la existencia nacional. Es así como las actitudes, las previsiones y las representaciones de la «clase política», de los detentadores del poder social y de los responsables de la actividad económica, reflejan el tipo de desarrollo seguido por el país. Es verdad que el auge del poder militar coincide, por otro lado, con la erosión de un sistema económico que hizo próspera a la Argentina.

Estos aspectos diversos de la realidad nacional no son solamente la tela de fondo o el horizonte móvil sobre los que se destacaría la intervención política del ejército. Son los elementos que constituyen la planta motriz de la maquinaria social con la cual, el ejército, como fuerza política, se convirtió poco a poco en una pieza esencial. Su análisis es fundamental para la comprensión del poder militar.

El nacimiento de una nación

«Polo latino de América»,[2] «Eldorado contemporáneo»,[3] tales son, entre algunos de los más modernos, los títulos ditirámbicos que los visitantes europeos concedían a la Argentina a principios de siglo. Cuando el presidente Figueroa Alcorta recibió a la infanta Isabel de Borbón para la fastuosa celebración del primer centenario de la Independencia, en mayo de 1910, la antigua colonia española parecía por fin merecer su nombre. En Europa se decía por entonces: «Rico como un argentino». A la opulenta élite social de ese nuevo «granero del mundo» le placía repartir su tiempo libre entre las orillas del Río de la Plata y los bordes del Sena, entre el corso de Palermo y el paseo del Bois de Boulogne, no sin temer, es verdad, ser confundida con los «rastacueros» derrochones de misteriosa fortuna que abundaban en el París de la belle époque. Es por eso que el optimismo de los dirigentes argentinos no tenía limites. Embriagados por las alabanzas que repartían publicistas y hombres de letras no todos desinteresados en torno de la Gran República del Plata, no imaginaban más que un futuro de progreso indefinido a imagen y semejanza del prodigioso crecimiento de los treinta años anteriores.

Sin embargo, el territorio de la Argentina actual no fue siempre tan rico en promesas. La rápida expansión que conoció el país a principios de siglo es de reciente data. En razón de su situación geográfica y de las características propias de la conquista española, las colonias del Río de la Plata se mostraban poco atrayentes, en efecto, para la metrópoli. Estaban desprovistas de metales preciosos y de yacimientos mineros importantes. Además, con excepción de las regiones del noroeste, desde Córdoba hasta Salta, que se encontraban bajo el influjo económico del Alto Perú, estas posesiones españolas estaban casi despobladas, a no ser por algunas tribus nómades y belicosas de cultura primitiva. Aisladas de las grandes corrientes económicas y comerciales del Imperio español[4] parecían, pues, condenadas a vegetar.

La marginalidad del Río de la Plata hasta el fin del siglo XVIII y su insignificante participación en el comercio exterior de la América colonial se debían a dos razones: por un lado, la organización técnica del sistema comercial español y, por el otro, la política colonial de la corona.

La apertura ocasional del régimen colonial y sobre todo la organización en gran escala del contrabando, con la ayuda y la complicidad de los intereses comerciales británicos, permitieron sin embargo algún crecimiento en Buenos Aires a partir del siglo XVIII. Puerta de acceso de los productos manufacturados extranjeros y puerto de exportación para el cuero y la carne salada, Buenos Aires se convirtió de a poco en el nuevo polo de crecimiento del Virreinato del Río de la Plata que fue creado en 1776.

Se desprende de esta breve evocación histórica que el aprovechamiento de las colonias del Rio de la Plata preocupaba muy poco a la metrópoli. La subpoblación del territorio argentino es la consecuencia directa de esta negligencia. Según las mejores estimaciones, la población argentina sobrepasaba apenas el medio millón de habitantes en tiempos de la Revolución de 1810.[5] La existencia de inmensas extensiones deshabitadas explica las características singulares de la Argentina moderna. De ello resulta también el sentimiento, profundamente enraizado en la conciencia argentina, de pertenecer a un país nuevo sin tradición colonial ni pasado precolombino. A pesar de que las provincias del noroeste estuvieron plenamente integradas con la economía colonial sudamericana, como principales proveedoras de tejidos, frutas y bestias de carga del Alto Perú, y de que Buenos Aires cuenta en la actualidad con más de cuatro siglos de existencia, la Argentina moderna, fundada en las tierras vírgenes de la pampa, ignora oficialmente a los componentes de una época colonial pobre en realizaciones significativas. La tabla rasa histórica viene a agregarse al vacío geográfico. Es por eso que el carácter desértico e inexplotado de la Argentina de principios del siglo XIX ha sido el punto de partida de todos los proyectos de transformación nacional.

Así, Sarmiento y Alberdi, los dos fundadores intelectuales de la «segunda Argentina», coincidieron en denunciar esa situación y proponer soluciones en sus principales obras. «El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión, escribe Sarmiento en las primeras líneas de Facundo, publicado en 1845, el desierto la rodea por todas partes, se le insinúa en las entrañas…».[6] Juan Bautista Alberdi le hace eco en sus Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, obra redactada en 1852: «Pero ¿cuál es la Constitución que mejor conviene al desierto? La que sirve para hacerlo desaparecer… Luego éste debe ser el fin político, y no puede ser otro… Así, en América gobernar es poblar».[7] La fórmula tuvo éxito. Los dirigentes políticos se inspiraron en el proyecto «civilizador» de estos ideólogos de la organización nacional. Abrieron el país a la Europa de la revolución industrial. La gran disponibilidad internacional de hombres y de capitales así como la transformación del comercio internacional constituían entonces una coyuntura altamente favorable La Argentina se convirtió en una «nación de inmigrantes» que los economistas no dudan en catalogar entre las regiones of recent settlement[8] junto con Australia, Canadá y Nueva Zelandia. ¿Y quién se extrañaría de que Théodore Herzl, fundador del sionismo, se interrogara todavía en 1897: «¿Palestina o Argentina?»,[9] mientras buscaba la tierra más conveniente para crear un Estado judío?

El carácter masivo de la inmigración europea ha dado a la Argentina de nuestros días una fisonomía propia en el arco iris étnico de América Latina. Incluso algunos han querido ver en ella simplemente un «anexo de Europa en el hemisferio sur».[10] Durante su visita a Buenos Aires en el año del centenario de la Independencia, Georges Clemenceau, viajero penetrante, identificó a una nación compuesta «por hombres antiguos trasplantados, aplastados como nosotros por el peso de una larga historia».[11] Esa fórmula, retomarla en la actualidad por un antropólogo brasileño, opone los «pueblos nuevos» del continente, nacidos del mestizaje a los «pueblos trasplantados», descendientes de la inmigración, a la cabeza de los cuales se encuentra la Argentina.[12]

De hecho, la Argentina no nació con la inmigración, a pesar de haber experimentado la mayor transfusión de población de todos los países del mundo en el siglo XIX. Por cierto, no se ha terminado la polémica entre los que pretenden que la auténtica Argentina fue sepultada por la marea inmigratoria y los argentinos que creen que su país sólo comenzó a existir a fines del siglo XIX, cuando se integró humanamente y económicamente con Europa. Con todo, el flujo inmigratorio no se estableció en un espacio abierto. Los recién llegados descubrieron un país que poseía una cultura, una organización política, antiguas estructuras sociales y, sobre todo, un grupo dirigente emprendedor y seguro de si mismo que apelaba a la inmigración para servir a sus propios intereses. Los sociólogos han estudiado la influencia decisiva de la «sociedad receptora» en la asimilación de los inmigrantes.[13] No dejaron de señalar el carácter híbrido de la Nación Argentina. La yuxtaposición de rasgos culturales criollos y extranjeros constituyó la principal característica de esta «sociedad en transición».[14] En 1910 se podría haber dicho, parafraseando la sentencia de Massimo d’Azeglio a propósito de la unidad italiana: «Ahora la Argentina está hecha, pero hay que hacer a los argentinos». Sea lo que fuere, la gigantesca mutación social y cultural que sufrió la Argentina entre 1860 y 1914 dio a luz una nueva nación. Vamos a examinar brevemente sus bases económicas antes de describir su contextura social y su régimen político.

Las bases materiales del proceso social
El crecimiento de una economía
agropastoril de exportación

La «libertad de comercio», que fue el principal objetivo de la Revolución de Mayo, si bien contribuyó eficazmente a arruinar la economía de las provincias interiores, incapaces de resistir la competencia de los productos manufacturados europeos, no enriqueció a la Argentina. En Buenos Aires, puerto por excelencia, un pequeño grupo de importadores y de intermediarios del comercio británico accedió a una modesta prosperidad. El grueso de la nación, presa de los choques de las fuerzas centrífugas y de las luchas intestinas entre los «federales», defensores de las libertades provinciales y de las economías tradicionales, y los «unitarios», liberales centralistas, inclinados hacia Europa, recién salía de su sopor colonial. Es verdad que el país estaba todavía semidesierto: a la ausencia de mano de obra y a la exigüidad del mercado interno se agregaban las dificultades en las comunicaciones. La baja densidad del tejido social acrecentaba la inseguridad permanente que producían las frecuentes incursiones de los indios en las zonas de reciente implantación europea. Además, en la primera mitad del siglo XIX, la producción nacional limitada a los cueros y a la carne de los saladeros presentaba un interés todavía escaso para el mercado mundial. Estas diversas desventajas explican la organización tardía de la economía argentina moderna.

Sólo cuando se hayan dado las precondiciones económicas y políticas el grupo dirigente podrá poner en práctica el proyecto de modernización y transformación integral del país, elaborado por «pensadores» de la organización nacional como Alberdi y Sarmiento. Los maestros de «la utopía argentina» pretendieron insertar a su país en el concierto de naciones civilizadas «trayendo Europa a América», inspirados por el éxito fascinante de los Estados Unidos de Norteamérica que, en menos de un siglo, gracias al flujo de hombres y de capitales, edificaron una poderosa nación agrícola e industrial. Ese proyecto fue posible cuando, como consecuencia del progreso técnico y de la baja de los costos de los transportes marítimos y terrestres, la economía mundial se reorganizó bajo la égida de Gran Bretaña, primer Estado industrial, sobre la base de una división internacional del trabajo que tuvo en cuenta las «ventajas económicas comparativas». Por otra parte, el apaciguamiento de los antagonismos entre los grupos dirigentes de las diferentes provincias, la desaparición progresiva de las luchas civiles y de las tentaciones separatistas, así como la «solución definitiva» dada al problema indio por una vigorosa y despiadada campaña militar, permitieron liberar los recursos políticos y territoriales de la gran mutación. En adelante la Argentina podía «asegurar los beneficios de la libertad… para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino», según la fórmula generosa inscripta en el preámbulo de la Constitución liberal promulgada en 1853. El carácter aparentemente voluntario de ese proceso es un aspecto de la organización económica argentina y de su proyección social que no debe desdeñarse, aunque en realidad haya sido inducido desde el exterior y organizado en interés de un centro de poder europeo. Los dividendos políticos que recibió la élite ilustrada, que «concibió» y guió esa metamorfosis nacional, no deberían ser subestimados.

La unificación de un mercado mundial en el cual se integraría la Argentina y la unidad de la sociedad política nacional se efectuaron a través de movimientos convergentes entre 1860 y 1880. La industrialización de los países europeos y su creciente especialización en la industria manufacturera abrieron, gracias a la mejora de los transportes, los mercados europeos a la producción de productos alimenticios de los países templados de ultramar Las inversiones de las metrópolis del viejo mundo en las actividades destinadas a producir para los países industrializados y a facilitar la comercialización de esa producción, apresuraron la modernización de las naciones «periféricas». El movimiento internacional de capitales tomó, a partir de 1875, una importancia desconocida hasta entonces. La expansión del comercio mundial adoptó un ritmo acelerado y continuo desde 1860, por el impulso de la potencia hegemónica, verdadero «taller del mundo».

Mientras los primeros kilómetros de vías férreas se pusieron en servicio en la Argentina, entre 1857 y 1860, la presidencia de Mitre, en 1862, marcó, con el retorno de Buenos Aires al seno de la Confederación, el fin de la secesión de la provincia más rica, consiguiente a la promulgación de la Constitución de 1853 y a la culminación de la unidad nacional. En lo sucesivo, la provincia dominante impondría sus decisiones a las-demás y pondría término así a la dispersión geográfica del poder. La inmigración, que estaba incluida en la Constitución[15] y era deseada por los gobiernos, fue oficialmente fomentada y organizada por una ley, a partir de 1876, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Por fin, en 1880, el país definitivamente pacificado y unificado pudo ingresar en la era del crecimiento económico y del universo de curvas ascendentes. En efecto, la «federalización» de Buenos Aires[16] impidió desde entonces los enfrentamientos entre las autoridades nacionales y las de la provincia más poderosa. Cierto es que esa victoria a lo Pirro de los federales estuvo lejos de restablecer el equilibrio entre Buenos Aires y «el interior», pero las élites provinciales aumentaron su participación en el poder. Tal fue el precio que garantizó una paz interna duradera. Las luchas entre federales y unitarios o entre provinciales y porteños pertenecían a un pasado perimido. Los intereses divergentes y las tensiones entre las oligarquías locales no desaparecieron, pero, prosperidad mediante, los intereses comunes prevalecieron generalmente. La integración —pero no la unificación— de una élite política nacional posibilitó al fin un crecimiento sostenido. La apertura a la actividad económica de quince mil leguas cuadradas (o sea cuarenta millones de hectáreas) de tierras fértiles situadas al sur de la pampa, al terminar la «campaña del desierto» en 1880, consolidó el nuevo dinamismo de la economía argentina del que la expansión territorial interna seguirá siendo un factor importante.

La coincidencia de condiciones internacionales favorables y de la voluntad del grupo dirigente de sacar partido de las posibilidades apenas explotadas del país no tardó en dar sus frutos. Si bien los historiadores argentinos se remontan a 1880 para ubicar los comienzos de la Argentina moderna, es desde 1889, con motivo de la Exposición Universal de París, que el mundo entero descubrió las realizaciones espectaculares de la Gran República del Sur. «Aquí no se habla más que de la República Argentina», escribe con orgullo el vicepresidente Pellegrini, llegado a París para inaugurar el pabellón argentino.[17] La crisis de 1890, consecuencia de la imprudencia financiera y del exceso de endeudamiento externo, disminuirá apenas ese interés. «Crisis de progreso», repetirán a cual más los dirigentes argentinos cuyo optimismo permanecerá inalterable. Pero el alcance mundial de un crac financiero surgido en el mercado de Londres a causa del desequilibrio de las finanzas argentinas, muestra bastante bien el lugar ocupado por este país en el concierto financiero internacional. Simboliza también la fuerza y la debilidad de ese «milagro argentino» que algunas cifras bastan para evocar.

La primera tarea que se imponía a los dirigentes argentinos era la de dotar al país con los recursos humanos necesarios para su aprovechamiento. El éxito de una inmigración europea enérgicamente fomentada modificó la fisonomía humana de la Argentina en menos de cincuenta años. Mientras que el país recibió alrededor de 160.000 extranjeros entre 1861 y 1870, de 1881 a 1890 la cantidad de inmigrantes llegó a 841.000, y a 1.764.000 entre 1901 y 1910.[18] En total, la Argentina recibió 6.330.000 inmigrantes de 1857 a 1930, lo que deja un saldo neto de 3.385.000, considerando la entrada y salida de los trabajadores temporarios. Cuando se tiene en cuenta que la. Argentina tenía en 1869, fecha del primer censo oficial, 1.737.000 habitantes, se puede juzgar la rapidez del ritmo de crecimiento de la población y la importancia relativa de los extranjeros en la formación de la sociedad argentina moderna.

Hasta 1914 parecía evidente que la población argentina se duplicaría cada veinte años gracias al flujo inmigratorio: en efecto, llegó a 3.954.000 habitantes en 1895, y a 7.885.000 en 1914. Los habitantes nacidos en el extranjero constituían sólo el 12,1 % de la población total en 1869, pero el 25,5 % en 1895, y más del 30 % en el momento del tercer censo en 1914.[19] Y además hay que precisar que la distribución de los extranjeros en el territorio nacional fue muy desigual. «Proporciones del orden del 70 u 80 % de extranjeros en muchas áreas geográficas, centros urbanos y categorías socioeconómicas»[20] no son raras. Es así como en 1914 casi el 50 % de los habitantes de la Capital Federal no son de nacionalidad argentina, mientras que en las provincias pobres del centro, como Catamarca o Santiago del Estero, no se encontraba más de un 3 % de extranjeros. En líneas generales, son evidentemente las zonas ricas de La Pampa y del Litoral y también la Capital Federal, las que atraen el mayor número de inmigrantes. Así nació la segunda Argentina, esa «Argentina universal» cantada por Rubén Darío, que acogía al europeo y enviaba los productos de su tierra fecunda al viejo mundo:

«y sangre universal absorbe

para dar vida al orbe entero».[21]

De hecho, si bien la mayoría de los pueblos de Europa han aportado su contingente de inmigrantes a la Argentina, la inmigración de origen latino predomina ampliamente.[22] No es indiferente para el equilibrio y la cohesión de esta antigua colonia española que el 80 % aproximadamente de los extranjeros que se establecieron en su territorio hayan sido italianos o españoles. Entre 1857 y 1936, los italianos formaban el 47,4 % de los recién llegados, y los españoles el 32,3 %. La incorporación de esa masa extranjera, culturalmente cercana de la sociedad receptora pero procedente de las zonas atrasadas de la Europa mediterránea y no de las «razas dinámicas» y prestigiosas de los países anglosajones con que soñaban Alberdi y Sarmiento, se realizó en condiciones que marcarían por mucho tiempo el equilibrio social y el sistema político argentinos.

El flujo de capitales europeos completó la llegada masiva de mano de obra. Según un estudio británico publicado en 1911, el total de inversiones extranjeras en la Argentina habría llegado a 500 millones de libras esterlinas en 1910.[23] Gran Bretaña, banquero mundial, fue desde luego, el primer proveedor de esos capitales. Al finalizar 1914, contribuía con la mitad de las inversiones privadas en Argentina.[24] En 1913, sobre casi 1000 millones de libras de títulos públicos y privados latinoamericanos cotizados en la Bolsa de Londres, la parte de la Argentina se elevaba a 357 millones.[25] En 1889, entre el 40 y el 50 % de las inversiones británicas en el extranjero se colocaban en ese país. Por último, en 1914 la Argentina recibió la mitad de los capitales privados extranjeros invertidos en toda América Latina. Vemos así su importancia económica y financiera al comenzar el siglo.

La expansión de la red ferroviaria, a la cual se destinó más del 30 % del capital británico[26] entre 1885 y 1890, constituyó el medio y la prueba del dinamismo de la economía exportadora Construida en abanico alrededor del puerto de Buenos Aires, la red ferroviaria permitió integrar progresivamente todas las zonas productivas del país con el mercado internacional. Termitó con el aislamiento regional y unificó el mercado interno, abierto en adelante a los productos manufacturados importados. La extensión total de la red pasó de 10 kilómetros en 1857 a 9254 en 1890. Llegó a 33.478 kilómetros en 1913,[27] resolviendo así el problema de la inmensidad territorial en la cual Sarmiento veía antaño, en su Facundo, una debilidad nacional insuperable.

Ese flujo de hombres y capitales estaba evidentemente al servicio de una producción que no dejaba de incrementarse. Los progresos de la ganadería, y particularmente el crecimiento del ganado bovino, estaban a la altura de las excepcionales condiciones naturales de la pampa, de una demanda internacional sostenida y del progreso de los transportes. La Argentina poseía, según estimaciones dignas de fe, 13 millones de cabezas de ganado vacuno en 1875, las que ascendieron a 21,7 millones en 1895 y llégaron a 29,1 millones en 1908.[28] El mejoramiento cualitativo del ganado mediante la introducción de razas seleccionadas se efectuó paralelamente a ese crecimiento numérico. El cercado de los campos que acompañó a la transformación de la ganadería cambió completamente el paisaje y el medio humano rurales. El alambrado, signo de poder, de modernización técnica y símbolo de la propiedad, marcó el fin de los rebaños de raza criolla semisalvaje y de los gauchos errantes.[29] Según Ezequiel Martínez Estrada, el año 1880 es el año de la «muerte del gaucho».[30] La primitiva «cantera de cuero» que fue la pampa a principios del siglo XIX se convirtió en una «fábrica de carne» dotada de un importante capital fijo y cuidadosamente compartimentada. Por lo demás, la Argentina fue el segundo país del mundo por su ganado ovino, que aumentó a 20 millones de cabezas entre 1875 y 1895.

La necesidad de disponer de praderas artificiales para obtener una mejor producción de carne y el elevado número de campesinos entre los inmigrantes europeos dieron un nuevo impulso a la agricultura, muy descuidada hasta alrededor de 1895. El arrendamiento de parcelas destinadas a cultivos agrícolas y situadas en las mejores tierras permitiría que la agricultura se implantase lenta pero sólidamente hasta convertirse, una vez diversificada, en una de las primeras actividades del país. La superficie cultivada se duplicó entre 1895 y 1903, pasando de 4,9 a 10,6 millones de hectáreas.[31] Se duplicó de nuevo en 1914 aproximándose a los 22 millones de hectáreas. La importancia de la agricultura en el plano social merece ser señalada. Con la aparición de nuevas capas rurales intermedias, ha contribuido a la evolución de la sociedad argentina más que ninguna otra actividad.

El crecimiento vertiginoso del comercio exterior puso de manifiesto el éxito innegable del proyecto de integración de la economía argentina al mercado mundial. De 1869 a 1914, el comercio internacional argentino decuplicó su valor.[32] Las exportaciones casi se triplicaron entre 1900 y 1909. El comercio exterior argentino ocupó el segundo lugar en el continente americano detrás del de los Estados Unidos. Gran Bretaña, su primer cliente pero también su primer proveedor, vendía más a esta lejana nación sudamericana que a los súbditos británicos del Canadá.[33] Por el valor per cápita de sus importaciones Argentina se ubico en el tercer lugar mundial detrás de Bélgica y Holanda, pero delante de cuarenta países, entre ellos Alemania y Gran Bretaña.

La expansión del comercio argentino en el mundo se debió sobre todo a la diversificación de su economía rural. El hecho que se destaca al respecto fue la modificación ocurrida en la composición de las exportaciones. La participación de los productos agrícolas, especialmente cereales y lino, en el conjunto de las exportaciones se incrementó sin cesar, siendo casi nula antes de 1880. Mientras que en el quinquenio 1880-1884 los productos ganaderos representaban todavía el 89 % del total de las exportaciones, frente al 6,5 % de los productos agrícolas, a partir del quinquenio 1900-1904 la agricultura y la ganadería se equilibraron y se repartieron el valor global de las exportaciones más o menos en mitades.[34] Esa transformación de la composición del comercio exterior es tanto más impactante cuanto que hasta alrededor de 1875 la Argentina importaba trigo. Hacia fines de la década de 1870, exportaba las primeras toneladas de trigo candeal. Hacia 1906, la Argentina vendía al exterior un promedio anual de 2,8 toneladas de trigo.[35]

En el orden de las exportaciones de productos ganaderos los cambios ocurridos son igualmente perceptibles. La introducción de los «frigoríficos» en la década del 80 representó una verdadera revolución. El crecimiento de las exportaciones de carne va acompañado por la declinación de la preponderancia lanera. Las carnes argentinas penetraron en los mercados europeos al tiempo que los procedimientos de conservación frigorífica provocaban la instalación de amplios establecimientos industriales, capaces de procesar anualmente miles de toneladas de carne, que necesitaban inversiones considerables. En 1910, la Argentina proveía los dos tercios de la carne de vaca que se consumía en Gran Bretaña.[36]

El «frigorífico» tuvo también consecuencias sociales. Las técnicas de conservación de la carne imponían una cierta racionalización de la ganadería. La utilización de métodos de «refrigeración», chilled beef, en lugar de «congelamiento» permitía obtener productos de mejor calidad, pero acentuaba la especialización de los ganaderos. La división de los productores entre criadores, estancieros tradicionales que se dedicaban a la ganadería extensiva, e invernadores, empresarios que se ocupaban del engorde utilizando las mejores pasturas y que servían de intermediarios entre los primeros y los frigoríficos, fue una consecuencia directa del chilled.[37] A esto podríamos agregar la penetración y, más tarde, la preponderancia de las sociedades industriales extranjeras en un sector particularmente decisivo de la economía argentina. Sin olvidar la aparición de un proletariado numeroso que trabajaba en condiciones muy duras y que tendría una participación muy activa en las luchas sociales de principios de siglo. Observamos así que al mismo tiempo que la economía se volvía más compleja y eficaz, la sociedad argentina se diversificaba sustancialmente.

Si bien las estadísticas económicas pueden dar cuenta del crecimiento vertiginoso de la riqueza argentina, y si bien la imagen de la «pampa ilimitada» surcada por vías férreas, cuadriculada por los alambrados, donde se suceden al infinito las fértiles pasturas y los sembrados de cereales, evoca la opulencia del nuevo paisaje agrario, era en Buenos Aires donde podía percibirse el clima de una época y el perfil de una sociedad. En 1869, Buenos Aires no era todavía más que una «gran aldea» bastante austera de 225.000 habitantes, de casas de un solo piso y de calles polvorientas. En 1914, con sus 2 millones de habitantes, se presentaba como «la capital de un continente».[38] La ciudad creció desmesuradamente: en 1869, el 13 % de la población vivía en ella; en 1914, agrupaba más del cuarto de la población total del país.[39] Esta macrocefalia, de la cual los argentinos se sienten orgullosos, tiene diversas causas. Proviene principalmente del monopolio del comercio de importación que ejerce el puerto de Buenos Aires.[40] Simboliza también un tipo de sociedad y el estilo de vida de su élite.

Buenos Aires, en efecto, refleja el optimismo arrogante del grupo dirigente que se adjudicaba naturalmente la paternidad de la prosperidad nacional. Vitrina del país, indicio de su futura grandeza, la Capital Federal no tenía nada que envidiar en lujo y en comodidades a las capitales europeas que imitaba. Pero este «segundo París», del que no renegaría, el barón Haussmann, lleva también la impronta de la desmesura americana y de la euforia económica. Administradores que pensaban en grande hicieron trazar «la avenida más larga del mundo» y edificar un teatro mayor que el Opera de París. «Una de las particularidades de Buenos Aires, escribe Clemenceau en 1910, es que uno no puede ver dónde termina».[41] Se puede al menos apreciar su riqueza y su modernismo: los urbanistas más estimados, los mejores arquitectos, los escultores más famosos y hasta el mármol, las piedras y la madera vinieron de Europa. Todos los estilos arquitectónicos se entremezclan, observa además Clemenceau, apresurándose en agregar: «y sobre todo el estilo llamativo».

Las mansiones de los ricos estancieros eran palacios fastuosos en los cuales triunfaba el estilo fin de siglo. Pero su lujo ostenta-torio simbolizaba tanto el éxito nacional como el triunfo individual de sus propietarios. Esos monumentos a la vanidad encarnaban el proyecto de la «generación del 80»: la victoria definitiva de la «civilización» europea sobre la «barbarie» americana. Por eso se respira en Buenos Aires «una atmósfera embriagante»[42] que muy a menudo perturba a los dirigentes argentinos, afectándolos con delirios de grandeza ante el espectáculo de una prosperidad innegable y repentina que sólo atribuyen a sus méritos. «Tomad la historia de la humanidad de todos los tiempos y de todos los pueblos, escribe enfáticamente el autor de una obra conmemorativa del centenario de la Independencia,[43] recorred una por una todas sus páginas, y decid luego cuál es la agrupación formada por hombres, cuál es la nacionalidad que en un solo siglo de existencia soberana, y con el número de habitantes que cuenta la Argentina, ha podido llegar no sólo a reunir la colosal fortuna, las inmensas riquezas materiales que posee ésta, sino también alcanzar el grado de civilización y cultura que ha alcanzado la patria de los héroes de Mayo».

Los límites y las debilidades de una economía abierta

Sin embargo, esa prosperidad tan rápida como vistosa es frágil. En efecto, en ese brillante panorama no faltan las sombras. Para comenzar, hay que señalar la vulnerabilidad de un sistema económico estrechamente ligado al mercado internacional y a los centros de decisión europeos. La actividad económica y los recursos financieros de la Argentina se encuentran subordinados al comercio externo. El país exporta productos alimenticios y materias primas, e importa bienes manufacturados y combustibles. En el caso de que se produzca una mala cosecha, las importaciones bajarán a continuación de las exportaciones, provocando una contracción generalizada de la actividad económica. El Estado no puede correr el riesgo de reactivarla por medio del gasto público ya que el presupuesto, esencialmente alimentado por los derechos de aduana, depende del nivel de las importaciones.

Además, la Argentina necesitaba capitales extranjeros para construir la infraestructura necesaria para el comercio exterior (puertos, vías férreas) y para equipar y embellecer las ciudades. A principios de siglo, «90 % de los empréstitos internos eran colocados en el extranjero».[44] El total del «pasivo» —empréstitos públicos e inversiones de las empresas privadas— llegaba a 922 millones de pesos oro en 1892, mientras que el saldo de la balanza comercial no era más que de 21 millones de pesos oro y las exportaciones ascendían a 113 millones de pesos.[45] Durante los períodos de «vacas gordas» y para mantener elevado el nivel de las importaciones, la Argentina contrataba nuevos empréstitos para afrontar el pago de los servicios de la deuda pública. Asimismo, «la entrada de nuevas inversiones cubría una proporción elevada de los intereses del capital extranjero».[46] La élite dirigente concebía como un ideal al endeudamiento externo; demostraba el crédito internacional de que gozaba la República y, por lo tanto, el prestigio nacional. Contraer empréstitos e hipotecar la riqueza del futuro no asustaba en lo más mínimo a los dirigentes argentinos.

La economía del país se ve amenazada por mayores peligros, más allá de esas debilidades coyunturales. En primer lugar, el carácter casi espontáneo de una expansión basada en el uso extensivo de tierras extremadamente fértiles, con costos de producción muy bajos, tiene límites. La incorporación de nuevas tierras y el mantenimiento del consumo interno en un nivel bajo y estable son las condiciones indispensables para preservar las «ventajas comparativas» de que goza la producción agropecuaria argentina. Suponiendo que nada variara, la prosperidad argentina podría proseguir indefinidamente sólo a ese precio.

Por otro lado, el buen funcionamiento de la economía argentina depende de la estructura del mercado internacional y del lugar preponderante que ocupan en él las potencias europeas. Un desequilibrio duradero del mercado mundial, la ruptura de las grandes corrientes de intercambio, el debilitamiento de la especialización internacional en caso de repliegue de Europa, y la economía argentina deberá reconvertirse o verse condenada al estancamiento.

En la eventualidad, las cosas no serán fáciles para la Argentina. La debilidad relativa del mercado interno sacrificado al desarrollo exógeno, el bajo nivel del ahorro utilizable —«la riqueza se inmoviliza a menos que tome el camino del extranjero»[47]— y la especulación desenfrenada con las propiedades rurales y urbanas no facilitan la adaptación a los azares de la evolución económica mundial. Algunos autores han denunciado la «participación casi exclusivamente pasiva de los argentinos en el proceso de su propio crecimiento».[48] Si bien tal juicio incluye una parte de exageración, es cierto que la rapidez de la gigantesca mutación económica que se realizó en aproximadamente treinta años, y que dio a luz a la Argentina moderna, conformó un conjunto de valores, de comportamientos económicos y de expectativas, tanto en el orden de la producción como del consumo, que contribuyeron a que el sistema económico se volviera particularmente rígido en su conjunto.

Otra particularidad negativa de las estructuras de la economía argentina se debe a la distribución de la propiedad rural. En un país de inmigración masiva y de economía agraria exportadora, la distribución desigual de la tierra constituye un dato esencial sobre el cual conviene insistir. Condiciona la composición de la población activa, la evolución social y el control del poder político. Algunas cifras permiten precisar la importancia del problema. Según el censo agropecuario de 1914, 25.000 explotaciones[49] de más de 1000 hectáreas comprendían 127 millones de hectáreas sobre un total de 162 millones, mientras que 281.000 explotaciones de menos de 1000 hectáreas se repartían el resto, o sea 35 millones de hectáreas; las 2000 explotaciones de más de 10.000 hectáreas abarcaban 54 millones de hectáreas y, por último, 506 estancias de más de 25.000 hectáreas se repartían 29 millones de hectáreas. Pero en la misma fecha la mitad de los explotadores no eran propietarios y el 70 % de los arrendatarios y de los aparceros no eran argentinos.

La conformación histórica de la propiedad rural argentina explica fácilmente su concentración en pocas manos. Paradójicamente, cuando se produjo la inmigración masiva, las mejores tierras de ese país casi desierto fueron ocupadas jurídicamente. En efecto, desde 1817, los poderes públicos atribuyeron tierras en propiedad con la mayor facilidad. Unas veces para reforzar la «frontera» mal defendida contra los indios, otras veces para recompensar a los militares que habían participado en las campañas de rechazo de las tribus no sometidas, pero las más para superar las permanentes dificultades del Tesoro. Tierras vírgenes, que nada costaban al Estado, y cuyo valor futuro nadie sospechaba, eran vendidas a bajo precio por legua cuadrada (2500 hectáreas) para pagar a los acreedores o concedidas graciosamente por el poder a los adeptos o como recompensa por servicios prestados. El Estado se desprendió así de inmensas extensiones de tierras ricas y bien ubicadas que se valorizaron rápidamente gracias a los ferrocarriles y a la desaparición de la amenaza india. Cuando se tuvo necesidad de tierras públicas para emprender una colonización sistemática, que asegurara una población estable y equilibrada del país y que sentara las bases de una economía armoniosamente desarrollada, los poderes públicos no dispusieron más que de extensiones difícilmente accesibles o de zonas agrícolas marginales.[50]

Con relación a la masa de recién llegados, el porcentaje de inmigrantes afectados por la colonización o que pudieron convertirse en propietarios por otros medios permanece pues relativamente modesto. La dificultad para acceder a la propiedad constituye una de las características distintivas del proceso inmigratorio argentino. La distribución de la población y su composición social se originan en gran medida en ese aspecto de la estructura productiva. El grupo tradicional de grandes propietarios y sus representantes en el poder no concebían a la inmigración más que como una fuente de mano de obra barata, a pesar de su admiración por el modelo norteamericano. La clase dominante de grandes estancieros no favorecía al pequeño agricultor independiente porque necesitaba mano de obra barata de gran movilidad para construir la infraestructura económica, aprovechar transitoriamente las tierras, realizar tareas agrícolas estacionales y lograr un buen funcionamiento de los servicios que su tren de vida requería.

Por eso, la «frontera» que, al sur de la pampa, separaba hasta 1880 los territorios explotados de las zonas amenazadas por las incursiones de los indios, no era un frente pionero abierto como en América del Norte. Cuando esa frontera fue suprimida por la «campaña del desierto», las nuevas tierras incorporadas al patrimonio nacional no se destinaron a la colonización: fueron vendidas, en parte por adelantado, para cubrir los gastos de la expedición del general Roca. Así funcionaban todavía los mecanismos tradicionales de distribución y de concentración de la propiedad en la época en que los poderes públicos fomentaban la inmigración masiva.

Por otro lado, la permanencia de una inflación continua a partir de 1880, que provocó la transferencia de ingresos de los trabajadores y de todos los sectores de la actividad nacional a los intereses agropecuarios exportadores, reforzó el poder económico de éstos y alejó todavía más a los recién llegados de la posibilidad de adquirir tierras.[51] La valorización ininterrumpida de la propiedad rural y la orientación del sistema bancario ampliamente abierto a los ganaderos y a los grandes propietarios, gracias al crédito hipotecario, constituyeron obstáculos suplementarios para la difusión de la propiedad rural y favorecieron su concentración. Una gran figura de la Argentina finisecular saca la lección de la época de la siguiente manera: «Con el llamado latifundio hemos llegado al progreso actual y a nuestras estupendas capacidades económicas y de producción. El sistema de la gran propiedad nos hizo ricos, pues».[52] Por cierto, podía parecer que los grandes dominios respondían mejor a las necesidades de la explotación agropecuaria extensiva que dictaban la nueva coyuntura económica y el mercado internacional. Lo cual no impidió que se constituyera en el origen de numerosos problemas sociales y políticos ulteriores.

Las consecuencias del acaparamiento de las mejores tierras productivas por un reducido grupo de grandes propietarios aparecen claramente en la composición y en las fluctuaciones del flujo migratorio. No solamente se distingue una categoría particular de inmigrantes, la inmigración golondrina de los trabajadores europeos estacionales que retornan a su país de origen una vez terminadas las cosechas, sino que el número elevado de retornos definitivos indica las dificultades de muchos inmigrantes para radicarse definitivamente en el país. El saldo del balance migratorio supera apenas al 50 % del total de entradas entre 1820 y 1937. Tanto más fácilmente puede atribuirse a las estructuras agrarias una parte de las responsabilidades en ese elevado porcentaje de emigraciones cuanto que los inmigrantes se declaraban agricultores en un 75 % hasta 1890 y en una proporción apenas menor después.[53] Es evidente que esos inmigrantes, provenientes en su mayoría de las capas más pobres de sociedades con predominio rural, aspiraban a la propiedad y que la frustración de esos campesinos sin tierra que venían a América para mejorar su suerte fue negativa para el país receptor.

Si, por un lado, es evidente que el «estimulante de la propiedad rural» es el más apto para atraer nuevos habitantes a un país subpoblado, también es cierto, por el otro, que la posesión de una parcela contribuye a retenerlos permanentemente. A las limitaciones directas e indirectas que se les presentaban a los trabajadores extranjeros para acceder al status de propietario conviene agregar las condiciones de los arrendamientos nada propicias para «ligar con el país y con su destino»[54] al locatario de una parcela. En efecto, los arrendamientos rurales eran casi sin excepciones de muy corta duración en la zona pampeana y en el litoral.[55] Constituían incluso una especie de contrato de locación de servicios que dejaban poca libertad al arrendatario. La obligación de restituir las tierras sembradas en las zonas agrícolas de la provincia de Buenos Aires y el deseo de los propietarios de las mejores tierras de pasar sin trabas de la agricultura a la ganadería según las tendencias del mercado hacían que muy a menudo el arrendatario abandonara su explotación y «no dejara en ella ni siquiera un árbol para recordar su paso».[56] Es evidente que esa movilidad deseada por el grupo que detentaba el poder económico constituyó un factor desfavorable para el proceso de formación de una sociedad nacional integrada y coherente. Los grandes propietarios no estimaban en modo alguno necesario compartir la riqueza agropecuaria, origen del prestigio social y motor de la economía, con los recién llegados, así como no mostraron jamás interés en incorporarlos definitivamente a la comunidad nacional y, por consiguiente, a la sociedad política argentina.

Es por eso que se asiste al curioso fenómeno de una inmigración masiva de origen esencialmente rural que se establece mayoritariamente en las ciudades. La superurbanización de la Argentina se debe conjuntamente al flujo migratorio, al estrangulamiento de las estructuras agrarias y a la deformación de una economía extravertida. En 1914, el 25 % de la población vivía en aglomeraciones de más de 1000 habitantes, y más del 25 % en la ciudad de Buenos Aires únicamente; en ese mismo año, el 68,5 % de los inmigrantes italianos y el 78 % de los españoles vivían en el sector urbano.[57] Todo acontecía como si la élite dirigente, que debía su prosperidad a la división internacional del trabajo, hubiera tratado de recrear en su provecho una especialización similar en el interior del país. Un prestigioso financista argentino apunta en un estudio publicado inmediatamente después de la primera guerra mundial: «La especialidad del argentino “nativo” es la cría de ganado mientras que el comercio y la industria están exclusivamente en manos de extranjeros».[58] En efecto, en 1914 los extranjeros formaban más de la mitad de la población activa en los sectores secundario y terciario. En 1895, el 90 % de los propietarios de establecimientos industriales eran extranjeros. En 1918, sobre más de 47.000 empresarios industriales, 31.500 no eran argentinos.[59]

Sin embargo, no debe creerse que la «industria» se presentaba como un nuevo poder económico autónomo opuesto a los intereses agropecuarios. Como la agricultura en sus comienzos, el comercio y la industria estaban subordinados a la producción primaria. El término industria encubría realidades muy diferentes en la Argentina de esa época: esencialmente, una multitud de talleres semiartesanales y empresas de acondicionamiento o de elaboración de productos primarios, que se situaban en la prolongación de la actividad agrícola y pastoril. Los intereses industriales se insertaban pues estrechamente en el sistema «agroexportador» que dirigían los grandes propietarios.

La modernización y la expansión económicas sin una real industrialización, que se llevaron a cabo en las condiciones que acabamos de ver, dieron a la distribución de la población activa argentina ciertas características inesperadas para un país agrícola. En 1914 se fijaba de la siguiente manera: sector primario, 28 %; secundario, 35,7 %; terciario, 35,9 %. El sociólogo Sergio Bagú señala a este respecto que los porcentajes son muy cercanos a los que corresponden a la estructura de la población activa de Francia en 1954.[60] No porque los niveles de desarrollo sean idénticos sino porque las cifras encubren realidades muy distintas. El sector secundario argentino no corresponde a las manufacturas, y menos aún a la industria pesada. El terciario, cuya preponderancia fue considerada por mucho tiempo como una característica de las sociedades industriales, está abultado, en este caso, por el comercio minorista, los intermediarios y los servicios de todo tipo exigidos por la opulencia de las ciudades y por el lujo de los particulares. Este es un factor económico cuyas consecuencias en las estructuras sociales y en la evolución nacional son fácilmente perceptibles. El sobredimensionamiento del terciario casi parasitario y la poca autonomía del secundario respectó del sector primario exportador constituyen todavía uno de los puntos débiles de la frágil prosperidad de la Argentina moderna.

Una sociedad inconclusa

La sociedad argentina anterior a «la era militar» era tal como la conformaron la evolución histórica antes esbozada y las estructuras económicas cuyas principales articulaciones vimos. La inmigración internacional masiva, que duró medio siglo, no perturbó el esquema esencialmente dualista del período colonial: lo transformó adjuntándole un nuevo elemento. La complejidad de la sociedad argentina moderna es el resultado de dos fuerzas contradictorias: por una parte, el legado de la colonización española, y por la otra, el impacto de la inmigración masiva.

Desde principios del siglo XX hasta la segunda guerra mundial, esta sociedad se caracterizó por cierta fluidez. En ella puede distinguirse «una jerarquía variada de posiciones sociales»; pero apenas si se puede hablar de clases en el sentido sociológico, es decir «grupos cerrados de dignidad desigual», con un status relativamente hereditario y a los cuales sus miembros tienen conciencia de pertenecer.[61]

La capilaridad social es grande, por lo menos hasta cierto nivel de la escala social. En un país de inmigración no puede ser de otra manera. La división de clases «estables», con límites culturales marcados, se efectúa poco a poco y el ascenso de los recién llegados es todavía relativamente fácil. Las grandes esperanzas nacidas en las cubiertas de los transatlánticos no zozobran irremediablemente en el puerto de Buenos Aires. La aspiración fundamental de los inmigrantes de mejorar su condición, que es la razón misma de su partida de Europa, le da un colorido particular a la sociedad entera. La lucha por la vida y en pos del éxito es en ella, como en la de los Estados Unidos, la motivación esencial, a menudo fuera de toda norma moral y de todo sentimiento de pertenencia a una comunidad. El individualismo desenfrenado y la inestabilidad de ese «conglomerado de apetitos anárquicos», denunciados por los autores nacionalistas,[62] se deben al desarraigo de la mayoría de sus elementos. La atomización de la sociedad argentina está inscripta en su formación.

Si bien es prematuro hablar de clases sociales en la Argentina de la primera mitad del siglo XIX, la existencia de grupos sociales distintos y jerarquizados no es menos indiscutible. En líneas generales, pueden percibirse tres conjuntos de grupos estratificados: una estrecha franja superior que presenta, en lo que a ella se refiere, la mayor parte de las características de una verdadera clase social; debajo, una miríada de grupos que podrían calificarse como medios o capas intermedias; en el nivel inferior, el proletariado y el subproletariado que constituyen más del 55 % del cuerpo social.[63] Diversos factores concurren para dar un carácter fragmentario a esa sociedad. La estratificación social está en función del status obtenido por cada grupo, pero el prestigio en el seno de la sociedad global y «la desigual dignidad» de cada segmento social obedecen a criterios a la vez geográficos, étnicos y cronológicos.

Con exclusión de los primitivos habitantes del territorio argentino y de sus descendientes mestizos, cuyo representante más conocido es el gaucho pampeano, que ocupan irremediablemente, según parece, las jerarquías inferiores, la sedimentación social de los componentes europeos se efectuó en capas sucesivas según la fecha de ingreso al país y la nacionalidad de origen. A diferencia de otras naciones de inmigrantes que constituían verdaderos espacios abiertos desprovistos de puntos de referencia antiguos y sólidos, tales como Nueva Zelandia, la Argentina no conoció en absoluto una verdadera nivelación social sino una multiplicación de categorías de prestigio jerarquizadas.

Arriba de la pirámide social se ubican las «antiguas familias» cuyo ascendiente fue descripto pertinentemente por un periodista francés que visitó el país en 1912: «La incógnita, el misterio que flota alrededor de los recién llegados en todos los países de inmigración, escribe Jules Huret,[64] otorgan a las “antiguas familias”, honorables ellas, ya se sabe, una situación aparte, privilegiada y en suma justificable».

En este país sin aristocracia, la memoria familiar hace las veces de rancio abolengo: la antigüedad de los linajes es muy relativa. La línea divisoria entre las familias con antiguos orígenes y los recién llegados se sitúa alrededor de 1870-1880, cualquiera fuese, por lo demás, la posición económica de éstos. Instalada antes de esa fecha, una familia puede pasar por «tradicional». Perdido en la multitud miserable de inmigrantes, el extranjero no era más que un «gringo» de quien desconfiaba instintivamente el argentino de antes y hacia quien no podía esconder un sentimiento de superioridad: ¿acaso no era él el huésped generoso que invitaba a un pobre a su mesa?

A esas divisiones cronológicas se agrega una sutil discriminación por nacionalidades que es inversamente proporcional a su participación en el contingente inmigratorio. El italiano mayoritario, emprendedor y bueno para todo es el más despreciado. El español, incluso, es considerado con desdén. Por cierto, un Fernández de origen peninsular, instalado en la provincia de Buenos Aires en época de Rosas, es un «criollo» notable; pero su homónimo desembarcado en 1890 no es más que un «gallego» que se confunde con la masa de criados, changadores y peones originarios de las provincias menos favorecidas de la madre patria. Si además de esto se tiene en cuenta la multiplicidad de las ascendencias nacionales, los prejuicios favorables mantenidos por las «familias tradicionales» hacia ciertas nacionalidades y la mayor o menor facilidad con que un inmigrante era aceptado como argentino, pudiendo incluso incorporarse a la «alta sociedad», en razón de su origen étnico y de su nombre, se entenderá entonces la complejidad desconcertante del espectro social. Así, un anglosajón recién llegado se beneficiará con el aura atribuido a los laboriosos súbditos del imperio británico. Asimismo, un lechero vasco verá facilitado su ascenso social por la abundancia de patronímicos euzkara en el Gotha argentino. Son los hijos de los inmigrantes, por supuesto, quienes más sentirán esas modulaciones de la conciencia social que, de hecho, se fundamentan todas en el «reconocimiento» selectivo del grupo dominante.

Las categorías superiores: una oligarquía «natural»

El grupo dominante es el eje de la sociedad argentina. Las alineaciones sociales se ordenan en función de sus normas y valores: él otorga el prestigio que detenta totalmente. Para sus miembros, la Argentina está formada sólo por tres «clases» (en el sentido de grupos de status): la «gente distinguida» (la «gente», o la «gente bien» o bien la «gente decente») en la cúspide; el populacho indistinto, la «chusma», abajo del todo; y entre los dos una población entremezclada, bulliciosa, deseosa de confundirse con los «olímpicos» que a veces se califica peyorativamente como, «medio pelo».[65] Esta estratificación caricaturesca pero muy interiorizada no es solamente subjetiva. Así, el grupo dominante argentino, «la élite establecida», no corresponde al conjunto de categorías superiores definidas desde el punto de vista económico. Los extranjeros, numerosos al frente del comercio y de la industria, están excluidos y las familias demasiado recientes no participan en él. Finalmente, un millar de familias, apenas un centenar de hombres, detenta el poder social y constituye «una verdadera oligarquía, núcleo de la sociedad criolla».[66] Se trata realmente de una oligarquía, en el sentido en que los sociólogos emplean el término en la actualidad, más bien que de una élite social.[67] Su reclutamiento restringido, su impermeabilidad y la importancia de los vínculos personales y de las relaciones familiares en su seno distinguen a este grupo prestigioso de una élite abierta. El acceso a esta capa social relativamente estanca no responde a criterios funcionales o institucionales sino a posiciones jerárquicas heredadas.

Conviene, pues, circunscribir a esta oligarquía y analizar sus características particulares. En principio, es decir de la manera más restrictiva, este grupo está formado por los descendientes de las «antiguas familias» que han «hecho» a la Argentina moderna. Tanto los fundadores de la nación soberana, «guerreros de la Independencia» u hombres de Estado de la emancipación cuyos linajes se remontan a la época colonial, como los edificadores de la economía agropastoril y los administradores del proyecto civilizador de la segunda Argentina, de origen mucho más reciente, forman parte de esta categoría. En este país casi nuevo los lustros son siglos y «la historia autobiográfica», para retomar la fórmula de Borges, ennoblece rápidamente. «No se nota diferencia, escribe Huret, entre el aire de orgullo que toma un estanciero al decir que su abuelo plantó los árboles de su estancia hace medio siglo y la digna tranquilidad de un descendiente de los cruzados cuando explica que su escudo de armas figuró en la batalla de Bouvines, a la sombra del estandarte de Felipe Augusto».[68]

Así, pues, los primeros europeos que ocuparon y valorizaron las tierras desérticas, fundaron pueblos en sus propiedades y dejaron sus nombres a los espacios vírgenes, pertenecieron de derecho y de hecho a la oligarquía. Esos «héroes epónimos» de los cuales el escritor español Grandmontagne nos ha trazado atractivas semblanzas en sus cuentos, esos fundadores que pensaban «que no hay posteridad más bella que la creación de un pueblo»[69] formaban parte de una oligarquía «natural», de una élite histórica que todos los argentinos reconocen y respetan.

Huelga decir que la base del poder social de esta capa superior es la propiedad de la tierra. Es verdad que en los orígenes de las «grandes familias tradicionales» se encuentra frecuentemente al comercio y a las finanzas. Pero la posesión de tierras pone los verdaderos cimientos del prestigio oligárquico. ¿No podía ser de otra manera? ¿No es la producción agropecuaria exportada el motor de la economía? La influencia de esta aristocracia terrateniente se vio reforzada además por su semimonopolio territorial y por la idea ampliamente divulgada entre los inmigrantes, en su mayoría de origen campesino, de que la verdadera riqueza y el bien supremo radicaban en la posesión de la tierra.

El doble origen del poder de la oligarquía, antigüedad familiar o función histórica por un lado, gran propiedad por el otro, daba cierta heterogeneidad a este grupo social. La oligarquía tenía su jerarquía interna y sus parientes pobres. Los provincianos conspicuos, viejas familias coloniales del interior que dejaron su nombre en la historia de la Independencia y de las guerras civiles, pero cuyas propiedades se encontraban fuera de las zonas de expansión, eran integrados al grupo porque su poder local era útil al círculo dominante. Asimismo, en ciertas provincias con agricultura moderna, los grandes propietarios que producían para el mercado interno y que habían adquirido posiciones locales envidiables, se incorporaban poco a poco en función de su origen nacional al grupo dirigente. Es el caso de los barones azucareros de Tucumán o, en menor medida, de los empresarios viticultores de la región de Cuyo (Mendoza y San Juan). En otros casos, fortunas comerciales o industriales recientes, a pesar de la compra ritual de campos, hacen antesala: estos nuevos ricos no son admitidos en los clubes y en los salones distinguidos. A fuerza de méritos, quizás sus hijos o sus nietos… Sea como fuere, la oligarquía tenía un centro geográfico: su círculo interno estaba formado por los más grandes ganaderos de la provincia de Buenos Aires. Esos estancieros pertenecían a la famosa Sociedad Rural Argentina, que formaba con el Jockey Club y con el Club del Progreso los tres bastiones tradicionales de la oligarquía triunfante.

Esta élite establecida reunía, pues, a los «dueños de la tierra», pero sus miembros no se conformaban con poseer extensas propiedades rurales y grandes rebaños. Su dominio de la economía era más completo. Tenían en sus manos todos los hilos de la actividad nacional. «Esas antiguas familias son todopoderosas. Casi nada importante se hace en el país sin ellas y fuera de ellas».[70] Conscientes de su poder, los miembros de la oligarquía esperaban obtener de su posición privilegiada un provecho exclusivo. «Argos de cien ojos… Briareo con cien brazos, esta élite está atenta a las buenas ocasiones para comprar y vender tierras, se entera de los informes confidenciales sobre las cotizaciones de la Bolsa, sabe qué grandes empresas van a crearse y qué concesiones forestales restan por acordar, conoce los proyectos para la construcción de fábricas, de frigoríficos, de molinos, de ingenios, de ferrocarriles, de puertos, los contratos previstos para la provisión de maquinarias, las próximas grandes obras…».[71]

Burgueses y capitalistas por su actividad de financistas y empresarios, prontos a adoptar la innovación que hará prosperar sus negocios y reforzará su poder económico, los miembros de la oligarquía se asemejaban a los aristócratas por su estilo de vida y por sus valores sociales. El estanciero próspero era un «gran señor de las colonias cuya morada era un palacio agreste que tenía algo de granja y algo de castillo».[72] En la mayoría de los casos era un propietario ausente que, sin embargo, hacía construir en sus tierras casas señoriales de un lujo inesperado y convertía su estancia en «la forma más suntuosa de la propiedad primitiva». En efecto, ese decorado es simbólico. La casa de campo estilo Tudor o el palacio renacentista que se yerguen, incongruentes, en el medio de la pampa están vacíos la mayor parte del año, pero imponen una imagen de autoridad y traducen la distancia social infranqueable que separa al estanciero de sus peones, de los pequeños funcionarios del pueblo vecino o de sus encandilados subordinados. No nos equivoquemos, el patrón es más familiar con sus servidores de lo que los «burgueses conquistadores» de Europa supieron serlo jamás, porque no mantiene con ellos relaciones funcionales de superior a subordinados sino relaciones «paternalistas» de persona importante a individuo insignificante.[73] Es una diferencia de naturaleza que justifica la condescendencia del gran señor protector de sus súbditos.

Esa «conciencia de clase», o aun de casta, no es más que un aspecto manifiesto de la distribución del poder social. Para sus miembros, la oligarquía argentina se caracteriza por su perfecta e indiscutible legitimidad. Los otros grupos sociales, particularmente los de origen inmigratorio, comparten generalmente tal opinión. Nadie puede disputarles la preeminencia a los descendientes de los fundadores de la Argentina moderna… El tiempo mismo de la historia argentina, con sus extensas zonas silenciosas que preceden a un período de intenso ritmo, refuerza el poder de un grupo dirigente sin igual y, por lo tanto, sin competencia. La oligarquía no sucede ni a lejanas y misteriosas jerarquías precolombinas, ni a una pomposa aristocracia colonial. Por lo demás, la Argentina no conoció ciclos económicos sucesivos capaces de hacer surgir, para arruinarlos después, efímeros grupos dirigentes.[74] Ella es la élite única y natural que condujo al país a la prosperidad y que lo reveló al mundo. Herederos de los padres fundadores, los «patricios» argentinos —como gustaban hacerse llamar— consideraban que tenían derecho de manejar el destino del país. Los «eupátridas» se proponían ejercer un poder hereditario sobre la «masa amorfa» de peones y sobre la «clientela complaciente» de gringos que debían su presencia en suelo argentino nada más que a su buena voluntad. En efecto, el inmigrante sólo era un visitante. Debía saber conservar su lugar y aceptar la suerte que tuviera. La tríada social argentina no puede dejar de evocar a la ciudad antigua. Son varios los autores que esbozaron una comparación. ¿No deben respetar, tanto el gringo como el «meteco» o el «cliente», las leyes del «patriciado» que los acoge y alimenta generosamente? Las masas criollas ¿no forman la «plebe» sin derechos —y sin tribuno todavía— o, mejor dicho, un pueblo de «ilotas» desposeídos, apegados a una tierra que antaño les pertenecía?[75]

A pesar de todo, no habría que creer que el poder de la oligarquía era de naturaleza feudal o arcaica,[76] ni imaginar un despotismo tradicionalista o reaccionario. La oligarquía argentina era un grupo social modernlzador. El proyecto de transformación nacional puesto en marcha a partir de 1880 se proponía introducir «la civilización europea» en el país de los querandíes y de los ranqueles. Liberal y cosmopolita, la élite establecida ejercía sobre el país una dominación ilustrada. Defendía ferozmente sus privilegios, pero se apoyaba en la razón: animadora del progreso, su conservadorismo se teñía de filosofía positivista. Así, rechazando todo lo que representaba a la tradición hispana —luego colonial y católica— asimilada con el obscurantismo más odioso, era resueltamente volteriana y fácilmente anticlerical. El conflicto con la Iglesia a propósito de la enseñanza y del casamiento civil, durante las presidencias de Roca y de Juárez Celman, revela claramente la mentalidad del grupo dirigente. Como escribe uno de los representantes más brillantes de la «generación del 80», Miguel Cané, la élite argentina se caracteriza por un «espíritu abierto a la poderosa evolución del siglo, con fe en la ciencia, y en el progreso humano».[77] Esos valores y la imagen que los miembros de la élite establecida tienen de sí mismos y de su legitimidad no merecerían tanta atención si no estuvieran difundidos en el conjunto del cuerpo social, formando así la opinión pública. «El secreto de su poder», escribe un ensayista contemporáneo, «es una especie de poder tentacular que impregna todas las instituciones sin mostrarse».[78] La prensa y la escuela son los dos conductos institucionales para esa infiltración ideológica que contribuye a moldear las mentalidades. Los dos diarios argentinos más importantes, La Nación, fundada por el general Mitre, y La Prensa son instituciones nacionales hoy día centenarias. Por lo menos hasta 1945, nadie ponía en duda la autoridad de la «prensa seria» que se leía reverentemente en todas partes. Estos órganos, propiedad de grandes familias, reflejan los intereses del grupo dominante. Su trayectoria ideológica se adaptó con mayor o mejor fortuna e inteligencia: no varió. La escuela pareció a los dirigentes argentinos, preocupados por el peligro de desnacionalización, una forma de arraigar en el país a los hijos de extranjeros. En lugar del apego a la tierra que pocos poseen, la admiración por los prohombres de la patria elegida por sus padres para huir de la ancestral miseria europea, parecía capaz de incorporar a los nuevos argentinos a la defensa de los valores tradicionales. La escolarización más amplia tenía que afianzar la cohesión nacional. La «canonización laica»[79] de los héroes civiles (Rivadavia, Sarmiento, Mitre, etc.), precursores o antepasados de la oligarquía, asegura de hecho la continuidad de la evolución argentina. El dogma patriótico permite hacer compartir por todos los ciudadanos los valores dominantes. La exaltación del pasado refuerza el peso presente del grupo dirigente. Entonces, casi se podría decir que criticar a la oligarquía es una actitud antiargentina.

Así reconocida por las otras categorías sociales y dotada de una legitimidad que sus innegables logros económicos vuelven ejemplar, la oligarquía puede ejercitar sin esfuerzo ni violencia una coacción que, a pesar de ser esencialmente asimétrica, nadie la considera sin reciprocidad.[80] Sobre todo los emigrantes son proclives a acreditar al patriciado de la república pastoril las oportunidades que les son ofrecidas para mejorar su condición. Por último, y lo que es más, gracias al contenido de una instrucción ampliamente difundida y a la prensa, el grupo dominante incluso puede «controlar a distancia» los asuntos públicos y la evolución de la sociedad, después de haber dictado su código social y su concepción de la existencia a los grupos intermedios.

Las capas medias: un mosaico heteróclito

Entre el proletariado de las ciudades y del campo y la élite establecida se extiende una vasta zona de grupos muy diversos que a veces se llaman la clase media. En 1914 se estimaba que, desde el punto de vista económico, cerca del 41 % de la población activa no pertenecía ni a las capas inferiores ni a las categorías superiores.[81] Pero, ni el lugar ocupado en el proceso de producción, ni el estilo de vida o la fortuna, ni el status o el prestigio dan coherencia a este conglomerado social. En efecto, ¿qué tienen en común el rico exportador italiano de Rosario y el almacenero español, el viticultor francés de Mendoza y el abogado o el médico argentino, el ganadero galés de la Patagonia y el viajante de comercio alemán o el empleado bancario porteño? Sin embargo, la noción misma de clase media se convirtió en uno de los mitos impulsores y en algo así como el eje ficticio de la sociedad argentina. Se puede señalar todo lo que una imagen semejante le debe a la ideología del grupo dominante. Pero, por sobre todo, traduce bien el apego a un modelo de sociedad abierta, «sin clases», así como la importancia subjetiva y real de la movilidad vertical. Expresa además negativamente los tropismos esenciales de un proceso de estratificación polarizado en los extremos: la comprobación por parte de la franja superior de estas capas medias del carácter cerrado y exclusivo de «la élite establecida»; y la aversión por parte de los que forman la franja inferior, cercanos al proletariado, a ser confundidos, siendo europeos, con una masa criolla radicalmente distinta, a la vez que la esperanza tenaz de elevarse en la jerarquía social.

Las capas medias son esencialmente de origen inmigratorio,[82] pero no comprenden solamente a extranjeros y a hijos de inmigrantes. Debe ubicarse en los grupos intermedios a familias más antiguas, conocidas como honorables, que sufren una situación económica precaria o tienen un débil prestigio por distintas razones históricas. Se las encuentra tanto en el medio ambiente rural como en las zonas urbanas.[83] Medianos propietarios de las zonas marginales, pequeños ganaderos del litoral, familias de funcionarios venidos a menos o mal pagos y negociantes arruinados por la competencia de rivales más exitosos no pertenecen de ningún modo a la élite establecida sino que se confunden con los recién llegados. Su actitud para con éstos y su solidaridad esporádica, varía en función de la mayor o menor facilidad que encuentran para identificarse con la oligarquía, o para ingresar efectivamente en ella.

En estos grupos intermedios conviene separar a los inmigrantes de sus hijos que son argentinos de primera generación. Aun cuando el comportamiento de las capas superiores para con ellos es prácticamente idéntico. Como vimos, los dirigentes argentinos no facilitaron en nada el arraigo definitivo de los inmigrantes. No estimularon la fijación de extranjeros ni en el terreno económico, ni en el orden jurídico. Es por eso que la legislación argentina no previo un sistema de naturalización rápido o ventajoso. Es verdad que la Constitución de 1853 concede a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales sin combinarlos con algunos de los deberes correspondientes, especialmente en materia de fiscalidad y de servicio militar (artículo 20). Además, la protección consular de que gozaba la mayoría de los inmigrantes, y que a menudo resultaba útil en caso de disturbios o ante las exacciones de algunos funcionarios locales, contribuyó a disuadirlos de convertirse en ciudadanos argentinos, sin decir nada de las dificultades morales que podía significar el abandono de la nacionalidad original sin una contrapartida apreciable. Por lo que no es extraño que la cantidad de naturalizaciones haya sido prácticamente despreciable, al menos mientras prosiguió el flujo migratorio.[84] Por otra parte, lejos de intentar asimilarse o de manifestar interés por la vida de su país de adopción, los inmigrantes se reagruparon por nacionalidades, principalmente en asociaciones de socorros mutuos,[85] publicaron boletines y diarios en su idioma materno y siguieron vinculados con su país de origen, contribuyendo así a la atomización de la sociedad argentina en general y de las capas medias en particular.

No sucede lo mismo con sus hijos. Los argentinos de primera generación no conocen otra patria que no sea el país donde nacieron. La mayoría de las veces, olvidan o repudian la lengua y la cultura de sus padres, mientras que éstos depositan en ellos todas sus esperanzas de ascenso social. Privados de la posibilidad de ocupar un lugar envidiable en el aparato productivo, los hijos de inmigrantes se esfuerzan en incorporarse a la sociedad tradicional, cuyos valores han asimilado plenamente, gracias a los títulos universitarios y al ejercicio de profesiones liberales. El conformismo «ascensional» de los hijos de inmigrantes no es, por otro lado, un fenómeno propio de la República Argentina. Esos nuevos argentinos, fascinados por el estilo de vida distante y fastuoso y por el exclusivismo histórico de la oligarquía, se identifican gustosos con las capas superiores, en la medida en que su éxito profesional se los permite. Aspirantes de la oligarquía, así como el empleado es, según M. Crozier, «aspirante de la burguesía»,[86] estas nuevas capas medias calcan su comportamiento del de la élite establecida. Pero su vinculación con el país y su deseo de promoción no tardan en tropezar con el monopolio económico y social de la oligarquía. La movilidad social, estrictamente limitada a las categorías «de menos importancia estratégica en la estructura económico-social»,[87] limita su ascenso. La acumulación de tensiones que resulta de tal situación es un factor decisivo del proceso social argentino. Para la élite tradicional, un hijo de extranjero no es del todo un argentino o por lo menos no es suficientemente argentino para ocupar ciertas funciones. En 1957, todavía, los adversarios de la candidatura de un hijo de italianos, futuro presidente de la República, le reprocharán agriamente lo reciente de su ascendencia nacional.[88]

En busca de las clases populares argentinas

En la base de la escala social, también hay que distinguir entre los trabajadores manuales de origen inmigratorio y el proletariado criollo del campo más o menos fuertemente mestizado. Los primeros, cualquiera que sea su grado de calificación anterior, ocupan cuando llegan a la Argentina cualquier empleo y generalmente los más rudos y mal pagos. Pero tratan de acceder a una situación mejor o bien conservan la ilusión de que su condición de trabajadores manuales es sólo transitoria. Su status no es fijo. La mayoría de esos inmigrantes tiene poca conciencia de pertenecer a la clase obrera. Por lo demás, la movilidad ascendente masiva transforma rápidamente a los proletarios en miembros de la clase media a la cual sus aspiraciones los asimilan en cuanto se insertan en la sociedad argentina. Evidentemente, no es el caso de los militantes obreros europeos que traen a la Argentina su pasado de luchas y su cultura proletaria. Éstos no son más que una ínfima minoría, pero asustan al grupo dirigente que los denuncia como peligrosos para la soberanía nacional. En 1902 se votó una ley (la Ley de Residencia), que sería oportunamente exhumada varias veces hasta el presente, para autorizar al gobierno a expulsar sin otra forma de proceso a los extranjeros que se juzgaba subversivos cualquiera fuese la duración de su estadía en la Argentina. Una legislación tal, en flagrante contradicción con la Constitución de 1853, indica cómo se mantiene cuidadosamente al margen de la vida nacional al proletariado extranjero.

El problema con los trabajadores criollos es muy diferente. Descendientes de los primeros habitantes, no cabe duda de su arraigo en el terruño argentino. Sin embargo, para los miembros de una élite establecida que consideran que la Argentina es el «único país blanco al sur del Canadá», su existencia es, si no problemática, por lo menos desdeñable. Es verdad que forman parte del paisaje humano y que contribuyen en mínima medida con el sistema productivo, pero en ningún caso pertenecen a la sociedad política.

La mentalidad de la oligarquía conservó la marca del clima positivista en el que se desarrolló. El darwinismo social fundamenta racionalmente sus prejuicios sobre la superioridad de la raza blanca. Es verdad, como escribe Magnus Mörner, que a principios de siglo «las ideas racistas se confundían con la ciencia moderna».[89] Por lo demás, los precursores de la organización nacional habían mostrado el camino. Para Sarmiento la civilización es europea y «las razas americanas» son irremediablemente inferiores. Su presencia en suelo argentino es un obstáculo para el triunfo de las «luces» y del progreso. En América, «todo lo que no es europeo es bárbaro», insiste Alberdi, quien agrega: «Haced pasar el roto, el gaucho, el cholo, unidad elemental de nuestras masas populares, por todas las transformaciones del mejor sistema de instrucción: en cien años no haréis de él un obrero inglés, que trabaja, consume, vive digna y confortablemente».[90] El «racismo ilustrado» releva así la quisquillosa «pigmentocracia» colonial[91] que impedía el ascenso de las «castas» de sangre mezclada.

Juzgado incapaz de progresar y de aprender, no apto para el progreso —quizás porque rehúsa dejarse proletarizar—, el mestizo, con quien compite el inmigrante europeo, es confinado a las tareas rurales más conformes con su «salvajismo» innato ya que son las menos productivas. Sin embargo, sería totalmente inexacto hablar de problema racial en Argentina en la primera mitad del siglo XX. La diseminación geográfica de la masa de criollos y el carácter limitado de sus rasgos somáticos o culturales distintivos, tanto como el tipo de control ejercido por la oligarquía, evitaron conjuntamente la aparición de una situación conflictiva. Por otro lado, si bien se tiene vergüenza de la existencia de mestizos, se está orgulloso del coraje primitivo del centauro de la pampa cuyo mito compensador se elabora a medida que los hijos de los «gringos» reclaman con más insistencia su lugar bajo el sol. Además, el estanciero es paternal con los peones nacidos en sus tierras. En la medida, es cierto, en que los subalternos saben conservar su lugar, en que el «guaso del campo» no pretende compararse con los «señores», el prejuicio no tiene ninguna necesidad de ser discriminatorio.

Lo cual no quiere decir que sea conveniente hablar de mestizos en la alta sociedad; y mencionar la presencia india en la Argentina está tan fuera de lugar como revelar una tara lejana y olvidada en una familia honorable. Sin embargo, la presencia ausente del criollo de tez cobriza no puede dejar de llamar la atención al observador desprejuiciado. Ya en la Exposición Universal de París, en 1889, el contraste entre la blancura de los turistas y de los oficiales y las características étnicas de los veinte soldados «achinados» de guardia ante el pabellón argentino, había impresionado a la opinión francesa.[92] Clemenceau, que se complace en ver lo que se le desea esconder, insiste con una condescendencia sólida en los claros indicios de sangre autóctona existentes en el organismo social argentino: «El aporte de sangre india no puede ignorarse… sin salir de Buenos Aires es imposible pasar por alto algunos buenos ejemplares de mestizos indios en la policía o en el cuerpo de bomberos, por ejemplo… En cuanto salí de la provincia de Buenos Aires para subir hacia el norte, el mestizaje se me apareció triunfante».[93]

Sin embargo, el mestizo es discreto. Perdido en la inmensidad de la República pastoril, casi no se le ve. En un país prodigiosamente rico, lleva una vida miserable. Al margen de la prosperidad. A veces, un visitante extranjero más perspicaz o más audaz capta en una instantánea reveladora la miseria silenciosa de las masas criollas. Es la otra cara del milagro argentino. El gaucho se resignó a convertirse en peón. Quizás espera ser llamado a la existencia repitiendo los versos proféticos del Martín Fierro, epopeya nacional y réquiem para una Argentina difunta:

«Tiene el gaucho que aguantar

Hasta que lo trague el hoyo

O hasta que venga algún criollo

En esta tierra a mandar».[94]

El sistema político

Puede parecer extraño que todavía no hayamos abordado el aspecto propiamente político de la Argentina moderna. Es verdad que nos explayamos sobre las particularidades del crecimiento económico y sobre las modalidades de la estratificación social y que intentamos circunscribir al grupo poseedor de la riqueza y de la influencia social. Pero se habrá comprendido fácilmente, al seguir ese desarrollo impuesto por la historia y por la sociología, que la concentración del poder económico y del prestigio en manos de una verdadera oligarquía implicaba un cierto orden político. El análisis social ya es una descripción del sistema de poder. El grupo dominante es naturalmente un grupo dirigente. La preponderancia oligárquica se prolonga en el aparato estatal, que la refuerza. El poder político está siempre estrechamente ligado a la riqueza y al poder social. A partir de 1880, la esfera política goza de una autonomía muy reducida en la Argentina.

EL ANTIGUO RÉGIMEN

Así, las estructuras y los mecanismos de la vida pública, que son tributarios de las actitudes y de las representaciones de un grupo dirigente históricamente exclusivo —pero no totalmente impermeable al talento—, son legitimados socialmente. Los «eupátridas» consideran que el Estado les pertenece de derecho. La riqueza y la posición social abren las puertas a la «clase política». El poder sobre todo prepara para el poder: la sabiduría política es considerada el privilegio de las familias consulares. El oficio de gobernante no se aprende, se hereda. La «conciencia de grupo» de la oligarquía constituye su fuerza política. El Parlamento y los gabinetes ministeriales son otros tantos círculos distinguidos donde los clubmen de la élite se reúnen.

«La política se reduce a una política estrictamente personal, señala Huret, acostumbrado a las querellas ideológicas y hasta metafísicas de la Tercera República; nadie se agrupa para sostener un principio, una doctrina política, económica o social. No se es ni librecambista, ni proteccionista, ni conservador, ni liberal, ni socialista, se es partidario de éste o de aquél. Así, al estar de acuerdo en las ideas rectoras de gobierno, los adversarios no son de ningún modo enemigos. Forman parte de los mismos círculos, frecuentan los mismos ambientes».[95]

En efecto, esa clase política restringida y homogénea trata de manejar al país como a una gran estancia que debe producir al menor costo y para el mayor beneficio de sus accionistas. La continua expansión, que justifica esa forma de gobierno, aboga por una despolitización de los asuntos públicos. Habiendo sido dada la orientación esencial una vez por todas entre 1870 y 1880, sólo queda administrar la prosperidad. Para eso, como dice en el Parlamento el presidente Juárez Celman, el hombre de «la crisis de progreso» de 1890, las leyes políticas son «innecesarias», únicamente se requieren «leyes que fomenten el progreso del país… por el aumento… de sus producciones, de sus industrias…».[96] La divisa del presidente Roca, «Paz y Administración», es la del régimen y de la época.[97] Para el grupo dirigente, impregnado de positivismo, la administración de las cosas está de acuerdo con los intereses del país. Las ideas dividen y debilitan el esfuerzo productivo; el ideal del régimen oligárquico es entonces expulsar la política, es decir, de hecho, la competencia por el poder. El mismo Juárez Celman dice muy claramente en uno de sus mensajes presidenciales al Congreso: «Acabo de hablaros de los hechos relativos a lo que en el lenguaje tradicional… se llama la política. La materia prima de ese capitulo como lo habéis podido notar, comienza a ser escasa, para bien de nuestra patria y pronto habremos de prescindir de ella o transportar su sentido a los hechos administrativos, que ninguna conexión tengan con los movimientos electorales…».[98]

En tales condiciones, es evidente que permitir el acceso al poder de grupos recién llegados, y por lo tanto inexperimentados, sólo podría hacer peligrar el futuro del país. La oligarquía y sus representantes políticos están obligados entonces, nobleza obliga, a mantener entre sus manos expertas las riendas del Estado. Como escribe en 1912 un oponente del régimen: «Constitucionalmente el gobierno está abierto a todas las influencias; pero, de hecho, ha estado siempre sometido al de algunas familias influyentes, al de nuestras familias conocidas, que oficialistas u opositores siempre han sabido repartirse la posesión de todos los puestos públicos importantes, ejerciendo un verdadero patronato sobre los inferiores… Así ha llegado a formarse esa clase que gobierna por sí y para sí, y que afirma su superioridad, fundada en la riqueza y el poder».[99] Es verdad que esa desigualdad política, inscripta en las estructuras de la economía y en el perfil de la formación social, no es ratificada en modo alguno por la Constitución.

La ley fundamental de 1853, inspirada en la Constitución de los Estados Unidos, establece un sistema presidencial, democrático y representativo, basado por lo tanto en la soberanía popular. Pero, si bien en ella se proclama solemnemente la igualdad jurídica (artículos 14 y 16), nada se ha previsto para imponer la igualdad política de los ciudadanos. El sistema electoral no se define en absoluto sino que se deja a la discreción del Congreso. Así, en la práctica, la «democracia» está firmemente «dirigida» por las personas de buena posición. Tal monopolio del poder encuentra su justificación en un liberalismo elitista que racionaliza el rechazo de la «voluntad colectiva», a la que se juzga «ciega, caprichosa e irracional». Eduardo Wilde, brillante ministro del Interior de Juárez Celman, resume bien el pensamiento condescendiente de sus pares al respecto cuando escribe: «El sufragio universal es el triunfo de la ignorancia universal».[100] Belín Sarmiento lo apoya, a pesar de ser un empedernido oponente del régimen al que califica como «República muerta», al agregar: «El sufragio universal en las repúblicas sudamericanas, si la falsificación no lo corrigiera, pondría a merced de la parte más ignorante y destituida de la sociedad, las anteriores conquistas de la civilización. Produciría una disminución de la razón central y haría bajar el centro de gravedad intelectual y moral».[101]

Sin averiguar las fuentes europeas de tal actitud —Taine y Renan de seguro— podemos reconocer en ella la autosatisfacción altanera de los «unitarios» urbanos y cosmopolitas de la primera mitad del siglo XIX. La doctrina oficial del empirismo oligárquico se alimenta con el pensamiento político de los intelectuales unitarios cuya síntesis ha hecho Esteban Echeverría en el Dogma socialista, aparecido en 1846, donde puede leerse particularmente:

«La razón colectiva sólo es soberana, no la voluntad colectiva… De aquí resulta que la soberanía del pueblo sólo puede residir en la razón del pueblo, y que sólo es llamada a ejercerla la parte sensata y racional de la comunidad social.

»La parte ignorante queda bajo la tutela y salvaguardia de la ley dictada por el consentimiento uniforme del pueblo racional.

»La democracia, pues, no es el despotismo absoluto de las masas, ni de las mayorías, es el régimen de la razón».[102]

Según este liberalismo aristocrático y conservador, «la razón colectiva» no puede encarnarse, sin duda alguna, más que en los círculos ilustrados, entre los beneficiarios del ocio y la cultura, por lo tanto en los poseedores de la riqueza. La sociedad les reconoce a los más aptos y mejor formados el derecho y el deber de conducir los asuntos públicos por un «plebiscito tácito».[103] La soberanía popular no reside en el campo, donde se esconde la barbarie denunciada por Sarmiento, ni entre las miserables hordas de inmigrantes desarraigados. Se nos dirá que todo eso es una instancia superada por la conciencia política argentina. Sin embargo, su resurgimiento constituye hasta hoy día un elemento permanente del pensamiento político del grupo dominante. Cada vez que el pueblo pierda la confianza de la oligarquía lo veremos surgir de nuevo. El escepticismo de los dirigentes respecto de la capacidad del pueblo para ejercer sus derechos políticos fundamenta racionalmente la superioridad política de las «capacidades» históricas, es decir de las «familias tradicionales», y determina la práctica del antiguo régimen tanto a nivel de sus estructuras como a nivel de los mecanismos de transmisión del poder.

A partir de la primera presidencia del general Roca, en 1880, el funcionamiento concreto del sistema político depende de lo que se ha llamado la Liga de Gobernadores. Antes de ser elegido, el presidente es designado por los gobernadores de las catorce provincias[104] que, como se dice entonces, tienen la situación en sus manos. Esos ciudadanos importantes, pilares del orden político, expresión y garantía de la propiedad territorial, aseguran su control sobre la vida provincial mediante una red de caciques locales, a veces populares y la mayor parte de las veces investidos con funciones ejecutivas (intendentes, comisarios, jueces de paz). El gobernador provee todos los empleos públicos y es al mismo tiempo el gran elector del presidente.[105] Senadores y diputados nacionales no son representantes de los electorados de su circunscripción sino representantes del gobernador que los ha escogido y a quien deben obediencia. La mayoría de las veces, por lo demás, el cargo de senador nacional se reserva para el gobernador saliente, que puede así controlar a su sucesor y preparar su reelección.

Una organización política procede de esa Liga de Gobernadores: el Partido Autonomista Nacional encargado de dar un aspecto institucional y moderno al sistema empírico de acuerdos y negociaciones que trata de aportar a las campañas políticas un mínimo de calor popular. También levanta «la bandera de las autonomías provinciales», que queda bien con sus orígenes. En realidad, de partido no tiene más que el nombre.

La ratificación electoral de los candidatos «oficiales» obliga a los gobernadores a utilizar probados métodos que la conciencia democrática generalmente condena. Porque el sufragio es en teoría universal. Es verdad que la ley electoral facilita, hasta 1902 y de 1904 a 1912, las victorias masivas: diputados o electores presidenciales[106] son elegidos mediante el escrutinio de listas por simple mayoría de votos; la representación de las minorías no está prevista. Pero, para asegurarse una buena elección se prefiere recurrir al variado arsenal del fraude electoral. La mayoría de las veces, entre los años 1880 y 1890, no era raro que el «partido» más poderoso se adueñara de las urnas por la fuerza o que impidiera a su rival acercárseles. Cada candidato iba a las elecciones como a la guerra, seguido por la tropa de electores en armas. «Ganar una elección es ganar una batalla».[107] La literatura argentina de la época nos ha dejado coloridas descripciones de esas costumbres políticas pintorescas que permitían a la «razón colectiva» imponerse.[108]

A principios de siglo, observadores y hombres políticos están de acuerdo en señalar que, teniendo en cuenta que el progreso del saber trae aparejada la evolución de las costumbres, las operaciones electorales se han pacificado. Los votos ya no se arrancan a punta de fusil sino que se compran, y «hacia el final del escrutinio, un voto puede llegar a doscientos pesos».[109] Algunos ven en eso un enorme progreso social. Carlos Pellegrini, por su parte, considera que la venta de los sufragios prueba la libertad del elector «porque no hay voto más evidentemente libre que el voto que se vende».[110] Otros, nostálgicos de los tiempos heroicos de la «política brava», lamentan esta venalidad. «Antes, la política era anarquía entusiasta, escribe en 1912 el ensayista Levillier,[111] se empequeñeció, se volvió venal burguesa, filistea y, si es posible, más inmoral, aunque menos nociva».

Se puede estar a favor o en contra del reclutamiento de electores por dinero, pero lo cierto es que se está lejos de una práctica democrática efectiva. Por supuesto, el escrutinio no es secreto ni obligatorio y, especialmente, la inscripción en las listas electorales depende de la buena voluntad de las autoridades. Además, debido al peligro corrido, y luego a una abstención voluntaria y política, a principios de siglo la participación es generalmente insignificante. En 1907, en Mendoza, sobre 17.000 inscriptos hubo 1955 votantes;[112] el año anterior se habían anulado las elecciones en la Capital Federal en las que participaron sólo 3583 electores sobre 1.200.000 habitantes.[113] Como puede apreciarse, todos los mecanismos electorales están dirigidos a perpetuar a los gobernantes establecidos. Pero hace falta que los gobernados den su consentimiento, aunque sea pasivo, a esas parodias electorales.

LA DEMOCRACIA DE LAS «VACAS GORDAS»

Puede preguntarse por qué la oligarquía argentina se impuso las apremiantes limitaciones del sufragio universal, a las que intenta eludir. ¿Para qué puede servir, de acuerdo con las intenciones de sus creadores y de sus usufructuantes, un régimen de democracia representativa que funciona de hecho según normas particularistas totalmente extrañas al modelo institucional elegido? En principio, hay que señalar que la fachada parlamentaria de la dominación oligárquica es un símbolo de modernización, y esta comprobación banal es válida para toda América Latina. La Argentina sólo puede incorporarse a la civilización europea adoptando las instituciones de las naciones adelantadas. Por añadidura, la sanción de la soberanía popular da una dimensión política a la legitimidad del grupo dirigente. Por lo demás, para los conservadores más lúcidos la democracia y el sufragio universal constituyen un lejano ideal cuya puesta en práctica inmediata sólo podría provocar grandes perturbaciones. Es necesario, entonces, «educar al soberano» para que un día pueda asegurar libremente la preponderancia de los «mejores» y, mientras tanto, adaptar el ideal a una realidad poco satisfactoria institucionalizando el fraude.

Es curioso observar cuánto preocupa a los políticos argentinos de fines de siglo este problema de las «costumbres políticas». Parece reconocerse unánimemente, en teoría, la necesidad de una reforma del sufragio. ¿Homenaje del vicio a la virtud que realizan los beneficiarios del sufragio restringido y controlado? Quizás, pero también reflejo de una nueva preocupación: el auge amenazador de una oposición popular organizada y la liquidación del sistema estructurado por el general Roca.

En 1891 nació la Unión Cívica Radical (UCR), primer partido político dotado con una organización nacional y estructurado con miras a la conquista del poder. Su programa: la Constitución. Fundada por grandes nombres del establishment social[114] y por descendientes de antiguas familias acomodadas que rehusaban avalar el juego fraudulento del régimen «falaz y descreído», la UCR, cuyo objetivo declarado era la honestidad política, atrajo rápidamente a nuevas capas sociales de origen inmigratorio que aspiraban a participar en la vida política. Una pequeña burguesía dinámica, que reclamaba su lugar bajo el sol del «milagro» argentino, se reconoció en el movimiento radical y formó el grueso de sus filas.

Junto a los radicales, el Partido Socialista, fundado en 1896 según modelo europeo, se propuso defender los intereses de la clase obrera naciente. Su reclutamiento se efectuó casi íntegramente en el medio urbano y entre los trabajadores inmigrados. Reformas sociales y representación parlamentaria, constituían los objetivos inmediatos de los socialistas argentinos. La agitación anarquista que se desarrollaba paralelamente en los mismos medios era menos respetuosa del marco político. Pero su basamento sindical la convertía en una fuerza difícilmente integrable.

Sin embargo, mientras la Argentina proseguía su ascenso en el campo económico, el sistema empírico de poder entraba en crisis. Los tiempos habían cambiado desde la primera presidencia de Roca. La sociedad argentina, más diferenciada, era sobre todo menos maleable. La coalición muy débil de grupos políticos locales y el acuerdo momentáneo de personalidades provinciales no bastaban ya para encuadrar a un país en plena efervescencia. La Argentina casi centenaria no tenía un régimen político a su medida. Ahora bien, el grupo en el poder estaba dividido acerca de la solución que debía darse a las demandas de las capas medias y de la clase obrera, mantenidas hasta entonces al margen de la sociedad política. ¿Había que desactivar, mediante recetas homeopáticas, la situación explosiva creada por prácticas electorales que no permitían la representación de las «minorías», o debían aceptarse, por el contrario, las reglas de juego que proponía la oposición, y derrotarla en su propio terreno?

Al principio parece elegirse la primera solución que es, por cierto, menos costosa para los detentadores del poder. En 1902, una nueva ley electoral instaura el escrutinio uninominal con la finalidad de asegurar la representación de las minorías.[115] En efecto, ella permite que sea elegido el primer diputado socialista de América Latina.[116] Pero Quintana, nuevo presidente (1904-1906), la hace anular por el Congreso. La considera peligrosa porque debilita al régimen en el momento en que se encuentra amenazado por las maquinaciones revolucionarias del partido radical. Quintana prefiere entonces llamar al gobierno a desertores del radicalismo[117] y tratar de llegar a un acuerdo con ciertos sectores de la UCR. Su sucesor, Figueroa Alcorta (1906-1910), seguirá la misma política con más amplitud. Sin embargo, la descomposición del régimen prosigue: las relaciones del presidente con el Congreso ya no son francas como antes, las relaciones de la Casa Rosada con los gobernadores provinciales, base del statu quo político, padecen graves tensiones. Por otra parte, la agitación anarquista crece. Sangrientos atentados empañan la euforia que acompaña la preparación de las fiestas del Centenario. Huelgas cada vez más frecuentes y seguidas marcan, de 1907 a 1911, el ascenso de un movimiento obrero organizado y combativo.[118] La brutalidad de la represión enrarece aun más el clima social ya pesado. Para prevenir los peligros que lo amenazan por todos lados, se hace necesario reformar un régimen ya perimido.

En adelante, la apertura política es una obligación tanto más apremiante cuanto que la UCR se mantiene activa y gana terreno. El movimiento radical, que, desde su nacimiento, rechaza cualquier acuerdo con los grupos en el poder, ha decretado la total abstención electoral hasta tanto el sufragio no sea libre y no esté garantizado. A partir de 1902, impulsado por Hipólito Yrigoyen, el radicalismo vive en una semiclandestinidad, conspirando contra el régimen y preparando «la revolución del sufragio universal» por medio de la insurrección armada. El haber rechazado las cartas marcadas del régimen otorga a la Unión Cívica Radical una amplia base popular. Envuelta por un aura «revolucionaria», atrae a los descontentos de todas las clases sociales y amenaza seriamente en lo sucesivo al orden establecido. Las «revoluciones» de 1893 y sobre todo la de febrero de 1905 desataron un agitado mar de fondo que sacudió bruscamente al casco carcomido del régimen que boga a la deriva. A los ojos de las clases dirigentes para quienes, según la expresión atribuida al general Roca, «las revoluciones no se cotizan en la Bolsa de Londres», abstención y rebelión pueden arruinar el crédito externo del país y su prosperidad interna. Por otra parte, si bien el gobierno había logrado contener hasta entonces la oleada revolucionaria, la importante participación de militares de todos los grados en las últimas insurrecciones radicales hacía temer que no siempre sería así.

El año 1910 se vio perturbado por la agitación anarquista. Año del Centenario, fue también un año de elecciones presidenciales. Esa coincidencia hace aparecer en los ambientes oficiales el espectro de una «revolución» radical más intensa que las precedentes, que impediría a Roque Sáenz Peña, el presidente «elegido» (por su predecesor y gracias, al fraude electoral habitual), asumir el poder. Es verosímil que se sobrestimara la capacidad de la Unión Cívica Radical, todavía desorganizada por la derrota del alzamiento de 1905. Sea lo que fuere, como señala un conservador que formaba parte por entonces del poder: «Las gentes se precaven y los negocios se retraen. Las alarmas son permanentes… Se duerme sobre las armas. Se sufre una “guerra de nervios”».[119] Sea que el peligro haya sido real, sea que los políticos encumbrados hayan sido víctimas de una «alucinación colectiva» provocada por el estado de la opinión, el nuevo presidente prefirió tomar contacto, antes de la fecha fatídica, con Yrigoyen, el jefe de los radicales. Le dio seguridades para que su movimiento renunciara a la violencia y levantara la abstención. A cambio, Sáenz Peña se comprometía a promulgar una reforma electoral que asegurara la libertad del sufragio y la representación de las minorías.

Una vez en el poder, el presidente mantuvo su palabra. La ley que lleva desde entonces su nombre fue promulgada efectivamente el 13 de febrero de 1912.[120] Ella prevé la inscripción de los ciudadanos en las listas electorales de acuerdo con los registros de matriculación militar —las autoridades políticas locales están así excluidas de las operaciones—, un sistema de «lista incompleta a una vuelta» (dos tercios más un tercio) y la multiplicación de los atrios para votar. En lo sucesivo, el voto es secreto y obligatorio. El partido radical logró su objetivo cívico: la participación de todos los ciudadanos en la vida de la nación y la «liberación del hombre por el sufragio universal». Sáenz Peña, atento a las apremiantes demandas populares ¿era consciente de asestar un golpe mortal al grupo ultraconservador de la élite a la cual pertenecía, permitiendo así las victorias electorales del «populacho», como se ha sostenido?[121] En otros términos, la nueva ley electoral ¿es una noche del «4 de agosto»[*] argentina o forma parte de un proyecto concreto en auxilio del antiguo régimen?

Notemos primero que esa reforma política es el resultado de un acuerdo en la cumbre dentro de la mejor tradición oligárquica repudiada por el partido radical. El jefe de la oposición acepta su integración al sistema con la garantía de una representación equitativa. «De hoy en más, declara el presidente en su mensaje de apertura de la Asamblea Nacional el 22 de mayo de 1911, no habrá abstenciones nocivas a la vida republicana, ni amenazas ni violencias contra el orden gobernante…».[122] Los hombres del antiguo régimen, que habían tenido tendencia a sobrestimar la capacidad insurreccional de la UCR, no creían en sus posibilidades electorales. Pensaban sin duda que el electorado, deseoso de paz y de progreso material, rechazaría libremente el pasado tumultuoso del partido de la «conspiración» permanente. Los dirigentes, satisfechos y deslumbrados por su propio éxito, juzgaban, más confusamente, que el elector votaría sin titubear por las capacidades históricas comprobadas, es decir por las familias consulares y sus adictos. En realidad, la ley Sáenz Peña, como la reforma de 1902, tendía a permitir la representación de las minorías o, más exactamente, de la primera minoría. Dicho de otro modo, según la intención de sus promotores, permitía la incorporación del radicalismo al sistema con el cometido de ser una oposición a Su Majestad.[123] No se trataba pues de liberar al sufragio, sino de afianzar la estabilidad política del país. Eso era no contar con el ímpetu popular desencadenado por la mística «regeneracionista» de los radicales.

En segundo lugar, esa integración del radicalismo representó un mal menor. Dando una representación a la primera minoría, y sólo a ella, el poder elaboró una ley a medida del radicalismo, tendencia moderada de la oposición, que no se proponía subvertir el sistema económico y social sino ampliar la participación en la prosperidad nacional. El radicalismo era una valla de contención contra un peligro más grave para las categorías dirigentes: el ascenso de un proletariado extranjero combativo y portador de avanzadas ideologías.

Sáenz Peña lo señala a una Asamblea mal elegida, reticente a adoptar una ley de la que percibe más la amenaza que la necesidad: «Yo no temo, lo repito, la legalidad… lo que he temido para nuestro porvenir, es representarme a la República debilitada en su nacionalismo, es concebir una nación sin ciudadanos, ni soberanía interior, neutralizada por el cosmopolitismo, que no tiene en nuestro suelo, divisa ni bandera».[124] El radicalismo, partido popular, profundamente afianzado en la realidad argentina, muy impregnado de nacionalismo criollo, debe facilitar la asimilación de los nuevos argentinos salidos de la marea inmigratoria. Como lo subraya un autor profundamente antirradical: «… el grupo radical criollo de verdad y amante de las tradiciones patrias, repudiador de los trabajos disolventes, de “los gringos” del socialismo y el anarquismo…», parecía a muchos el remedio más indicado «contra la horda extranjera y antiargentina».[125] Se está lejos del suicidio político de la oligarquía. Soltaba lastre, por cierto, pero solamente a nivel político para acrecentar su poderío social. Le confiaba al radicalismo la misión de vehiculizar la ideología dominante en los grupos sociales marginales.

Faltaba todavía aislar a esa minoría inquieta dentro de límites prudentes. El grupo dirigente estaba dividido respecto de los medios a utilizar para lograr ese objetivo. Ahora bien, el tipo de solución elegida condicionó la estabilidad ulterior de la vida política argentina. Resultó poco a poco que la fuerza electoral de la UCR estaba lejos de ser desdeñable. El partido de Yrigoyen crecía con sectores de todos los grupos sociales impresionados por una propaganda ahora pública, que había limado sus asperezas insurreccionales sin perder nada de su discurso meslánico.

Además, el avance radical atrajo a los oportunistas dispuestos a abandonar la bandera del antiguo régimen. Fueron numerosos los conservadores que se jugaron la carta radical porque suponían que la política de lo peor era la mejor, que los radicales en el poder mostrarían rápidamente su incapacidad de políticos sin experiencia y que se descalificarían por mucho tiempo. Otros tomaron la misma actitud porque creyeron que la infiltración del movimiento radical por los miembros de la élite y la solidez —o la inercia— de las estructuras del Estado, dentro de las que se colocaría la administración de Yrigoyen, bastarían para mantener sus privilegios políticos. Entonces, estaban listos a cambiar para que nada cambiara.

Esos comportamientos ingenuamente maquiavélicos, esas intenciones tortuosas y llenas de peligros para el orden institucional no eran compartidos por la fracción más lúcida de los conservadores. Éstos pensaban, por el contrario, que debían proporcionarse los medios para derrotar a los radicales en una competencia electoral libre, con la ventaja reservada a los detentadores del poder. El vicepresidente Victorino de la Plaza pronunció un discurso muy claro en ese sentido, el 27 de mayo de 1914 para la apertura del Congreso. Se felicitó por el «renacimiento del civismo», pero deploró que los moderados y los conservadores no hubieran formado un verdadero partido dotado con un programa de gobierno.[126] Un sistema bipartidista equilibrado, y por lo tanto estable, quizás no estaba lejos de las intenciones del legislador de la reforma electoral.

Un grupo de hombres políticos de primerísimo nivel respondió a los deseos de de la Plaza, convertido en presidente en agosto de 1914, después del fallecimiento de Sáenz Peña. Desde 1914 hasta 1916, esos políticos conservadores, entre los cuales se hallaba uno de los promotores directos de la nueva ley electoral, el antiguo ministro del Interior, Indalecio Gómez, y el ministro de Finanzas de Sáenz Peña, José María Rosa, trataron de crear un partido de gobierno moderno, capaz de movilizar a la opinión pública y de ganar las elecciones contra la UCR. En diciembre de 1914 se reunió una asamblea constitutiva del nuevo movimiento, bajo la presidencia de Lisandro de la Torre, notable dirigente de una importante y original organización política de la provincia de Santa Fe. Se elaboró un manifiesto que subraya la adhesión de los signatarios al «sufragio irrestricto e inviolable como único medio de llegar al fin de (sus) aspiraciones».[127] Fue elegido un comité directivo provisorio. En él se encontraban los grandes nombres de la «aristocracia» provincial, de los que volveremos a hablar (Carlos Ibarguren, Julio A. Roca, el general José F. Uriburu), así como los ministros del antiguo régimen (Joaquín V. González, José María Rosa). Las personas influyentes y los conservadores de todas las provincias fueron invitados a reagruparse en el nuevo partido, bautizado Partido Demócrata Progresista (PDP) por de la Torre. Representaba, en 1914, lo que fue la Liga de Gobernadores en 1880: la organización política de un grupo dirigente seguro de sí mismo, que sabía adaptárse a las circunstancias y que no temía abrirse prudentemente a nuevas fuerzas sociales.

Probablemente esa apertura hizo fracasar al Partido Demócrata Progresista. Los conservadores de Buenos Aires, muy reticentes desde el comienzo, decidieron mantenerse apartados del nuevo partido. En ocasión de las elecciones presidenciales de 1916, Marcelino Ugarte, ambicioso caudillo de la provincia argentina más rica, rehusó avalar la candidatura de Lisandro de la Torre. En realidad, se trataba menos de una oposición personal que de un desacuerdo profundo sobre la orientación del nuevo partido.

Los dirigentes políticos de Buenos Aires y los grandes ganaderos de la provincia, que los apoyaban, podían aceptar si era necesario la preponderancia de las provincias del interior en el nuevo partido: la Liga de Gobernadores ya estaba edificada sobre un equilibrio aparente entre las provincias pobres del centro y la opulenta provincia de Buenos Aires. Pero el Partido Demócrata Progresista quería ser algo más que un partido intrascendente. Lisandro de la Torre, jefe de un partido local de la activa provincia de Santa Fe, la Liga del Sur, representaba a la pampa gringa, al litoral agrícola y cosmopolita y a los ricos comerciantes italianos de Rosario, fuerzas en movimiento que no aceptaban la tutela de las personalidades tradicionales. Además, el programa elaborado por el PDP estaba muy alejado de la ortodoxia librecambista, pieza fundamental del éxito y del poder oligárquicos, que ni siquiera la Unión Cívica Radical cuestionaba.[128] Entonces, el remedio fue peor que la enfermedad. Los «preponderantes» de Buenos Aires prefirieron, en lo que a ellos concernía, atenerse a los métodos probados para ganar las elecciones. Por su clara oposición, sabotearon una experiencia conservadora que quizás hubiera cambiado el aspecto político de la Argentina contemporánea.

Lisandro de la Torre se presentó igualmente en las elecciones presidenciales bajo la bandera del Partido Demócrata Progresista, amputado de Buenos Aires: «Acepté la candidatura, escribe, sin esperanzas ya en el triunfo, pero con la gran aspiración de disciplinar y reforzar al PDP en la lucha, para que más adelante, bajo el gobierno radical, pudiera ser un gran partido de oposición constitucional capaz de fiscalizar los actos gubernativos y de llegar algún día al poder, día quizás no lejano, pues consideraba entonces, como hoy, que el partido radical no conseguiría gobernar ni siquiera mediocremente».[129] En realidad, el PDP no se convirtió jamás en un verdadero partido nacional. Heredero de la Liga del Sur, apenas si sobrepasó los límites de la provincia de Santa Fe. El fracaso de los conservadores modernos fue definitivo. La oligarquía, el grupo dirigente tradicional, jamás consiguió dar vida a una verdadera fuerza política nacional capaz de medirse con los partidos populares. Las distintas transformaciones del conservadorismo no fueron más que coaliciones o ligas electorales sin futuro, construidas sobre la base de agrupaciones locales embrionarias o celosas de su autonomía.

El bipartidismo, que parece tomar forma a partir de 1916, es pues precario y tanto más inestable cuanto que el socio electoral más débil es el que representa el poder económico y social. Claro es que un buen observador de la realidad latinoamericana podía todavía escribir en 1929: «La Argentina es en la actualidad uno de los Estados más estables y más civilizados, no sólo de América Latina sino también del mundo, y allí una revolución es tan improbable como en Inglaterra».[130] Todo concurrirá para darle aparentemente razón, porque el grupo dominante parecía haber aceptado de bastante buen grado el veredicto del sufragio popular y la extensión de la participación política a las nuevas capas, teniendo en cuenta sobre todo, que el radicalismo, sin proyecto económico de recambio, sólo se proponía «democratizar» la prosperidad resultante del sistema agroexportador. No amenazaba, pues, a los detentadores del poder económico —salvo en algunos aspectos secundarios—, ni al equilibrio social que por el contrario reforzaba. El grupo dirigente podía avenirse muy bien a esa «democracia de vacas gordas». Por su control de los resortes de la economía nacional, por su monopolio histórico del prestigio y por su manejo exclusivo de un eficaz aparato ideológico, controlaba el poder político a distancia.

Pero no nos equivoquemos al respecto: la legitimidad del poder legal está condicionada a la vez por su eficacia[131] para asegurar la prosecución de la expansión agropastoril y por el respeto a las reglas de juego oligárquicas. Que una administración popular se muestre indulgente o débil ante los movimientos sociales, o que el partido en el gobierno trate de definir una política económica que se aleje de la doctrina liberal y del modelo de crecimiento extravertido, y la crisis de legitimidad se iniciará. Que lleguen por último los años de «vacas flacas», y los «preponderantes» tratarán de retomar las riendas del poder por cualquier medio, excepto el legal, del que desconfían con razón. En el sistema político de la Argentina moderna, la legitimidad no se comparte, a lo sumo puede delegarse momentáneamente. Un régimen ineficiente desde el punto de vista de la oligarquía es un régimen condenado si no debe su legitimidad más que a la elección popular. Como Napoleón III que pretendía «haber salido de la legalidad para restablecer el derecho», los restauradores del antiguo orden se esforzarán por salir de la legalidad para restablecer la legitimidad de los gobernantes que «la ciega ley del número» había interrumpido.

Capítulo 2
Las Fuerzas Armadas y la sociedad militar en el apogeo de la Argentina

Si la inestabilidad política responde a causas sociales muy complejas, el instrumento militar que la expresa no se ha improvisado al azar de una coyuntura. La dominación militar es el fruto de una larga y lenta gestación. El peso específico del ejército en la sociedad argentina se debe tanto a las representaciones resultantes de una antigua función histórica como a las estructuras o al reclutamiento de las instituciones militares contemporáneas.

En el principio era el ejército

Como los partidarios de la Acción Francesa, que proclamaban melancólicamente que una sucesión ininterrumpida de reyes había «hecho a Francia», la mayoría de los ciudadanos argentinos no está lejos de pensar que su país es una creación de sus generales. En efecto, es lo que enseña «la historia-batalla» de las escuelas, no sin fundamento. La Nación Argentina, forjada en las guerras de la Independencia contra los ejércitos españoles, y después de haberse templado y unificado en un conflicto internacional con el Paraguay (1865-1870), redondeó su territorio a sangre y fuego aplastando a las tribus indias durante la «campaña del desierto».

La Argentina heroica debe su mayor proyección y su gloria más duradera al ejército de los Andes. Al mando del Libertador, el general San Martín, los ejércitos del Plata cruzaron la cordillera y tuvieron una participación decisiva en la emancipación de Chile y del Perú, llegando incluso hasta Guayaquil. Las armas cedieron allí ante la toga: el Gran Capitán se inclinó ante un hombre de Estado más civil que militar, el otro Libertador del continente, Simón Bolívar. Pero la aureola de la victoria de Maipú o de Chacabuco no desapareció. La imagen de un ejército libertador todavía se impone un siglo después.

Expediciones «pacificadoras» y consolidación de la «frontera» se alternaron hasta 1880 contra los malones, razzias de los indios nómades que mantenían la inseguridad al sur de la provincia de Buenos Aires. A partir de 1860 el ejército de línea se asentó de manera estable en un cinturón de fortines que amparaba las tierras cultivadas. De esa forma el ejército creó la frontera, pero la frontera exigía un ejército permanente. En 1880, los rifles Remington y las comunicaciones modernas posibilitaron los cultivos en las llanuras del otro lado del Río Negro. A principios de siglo, el ejército pacificó el Chaco en el norte del país. Hizo las veces de pionero; la expansión territorial interna le debe todo. La guerra del Paraguay, último conflicto internacional en el cual participó la Argentina, movilizó la energía nacional en el momento en que las luchas intestinas se iban debilitando y mientras se afirmaba la preeminencia de Buenos Aires. La amarga gloria que obtuvo el país en la sangrienta guerra de la Triple Alianza (junto al Brasil y a Uruguay) contra un presidente paraguayo nacionalista y antibrasileño, no impidió numerosas acciones brillantes que vinieron a realzar el prestigio de los militares argentinos. En los anales de la Argentina heroica, que concluyó sus efemérides guerreras en 1870, Curupaití (1866) o Humaitá no son indignas de Chacabuco (1817) o de Ituzaingó.

El ejército suministró a la nación independiente valores y símbolos sin los cuales no puede haber, en un país nuevo, existencia nacional duradera. El recuerdo de los grandes hechos de armas y de los héroes militares se encuentra por doquier: en el culto devoto tributado al Libertador, única figura del panteón nacional realmente incontestada, canonizado por los historiadores y por los hombres de letras (San Martín es el «santo de la espada», según Ricardo Rojas); en la toponimia de los pueblos rurales del litoral que invocan a los patronímicos gloriosos de los fundadores militares;[1] en los nombres de las calles de la capital.

Se nos objetará sin duda que esos coroneles y esos generales no eran militares, que en los momentos confusos los señores de la guerra fueron civiles o que las personalidades movilizadas obtuvieron, en cuanto tales, grados eminentes en todas las guerras civiles del siglo XIX en América Latina. Tal reserva, perfectamente fundamentada respecto a otros países del continente, no se aplica totalmente a la situación argentina. Es verdad que durante las luchas intestinas que sacudieron al país desde 1820 a 1870, el jefe de la banda o facción, el capitán de una montonera, banda armada de gauchos harapientos, podía atribuirse un alto grado militar. La mayoría de las veces, además, el gobierno al que se plegaba momentáneamente le otorgaba ese titulo en reconocimiento.[2] El caudillo seguía siendo estanciero, comerciante o aventurero. Sin embargo, al lado de los oficiales espontáneos o efímeros, de quienes es difícil distinguir a los honorables «burgueses» que, por servicios prestados o para recompensar su fidelidad política, fueron hechos coroneles o generales, existieron verdaderos militares de carrera.

Los ejércitos argentinos no fueron por completo, como afirma irrespetuosamente un personaje de Manuel Gálvez, «montoneras con música».[3] Contaban con oficiales de carrera desde muy temprano. San Martín fue uno de ellos: salido del Colegio de Nobles de Madrid, fue incorporado en 1789 como cadete al regimiento de Murcia, siguiendo así el camino normal para acceder al grado de oficial en España. Cuando se retiró del ejército español, en 1811, era teniente coronel. San Martín dio su impronta profesional a la organización del ejército de los Andes.[4] No es éste un caso aislado. La unidad de mando y la estructura jerárquica piramidal, la distribución por armas o servicios y la uniformización del equipo son todas características de los ejércitos regulares que aparecen en seguida en la Argentina. Es cierto que los regimientos, algunos de los cuales se fundaron entre 1810 y 1820, fueron la mayoría de las veces, hasta la presidencia de Mitre, semipermanentes: desmovilizados después de una campaña, reclutados con miras a una nueva guerra, desaparecían o se fragmentaban durante los períodos de anarquía. Pero pese a ello poseyeron cuadros. Y éstos eran en parte oficiales de carrera de acuerdo con los criterios generalmente admitidos por los sociólogos militares: tecnicidad, disciplina y espíritu de cuerpo.[5] No fueron simplemente intrépidos combatientes o conductores de hombres. Aparecen como técnicos profesionales que saben hacer maniobrar un batallón. Estudiaron en los libros las grandes reglas de la táctica y de la estrategia.[6] La Argentina del siglo XX heredó, pues, una verdadera tradición militar. Veamos ahora qué ejército recibe.

El «viejo ejército»

La presidencia de Mitre (1862-1868) abrió el camino a la modernización acelerada del país. Su obra militar puso los cimientos de una organización centralizada de la defensa nacional. El ejército estaba formado por la Guardia Nacional, milicias burguesas, y por «la línea». El proyecto de Mitre, interrumpido y atrasado por la guerra del Paraguay y por numerosos levantamientos en el interior del país, que lo obligaron a movilizar a los guardias nacionales, consistió en transformar a éstos en reserva de los cuerpos de línea que formarían el ejército activo propiamente dicho.

Los efectivos del ejército de linea se fijaron en 6000 en 1864, llegando a 8188 hombres en 1884.[7] La tropa se componía en teoría de voluntarios bajo contrato por dos, cuatro o seis años. Pero a ellos se agregaron los condenados por delitos comunes, «destinados», para quienes el servicio militar hacía las veces de presidio. En los hechos, las dos categorías no se distinguen muy bien. El grueso del reclutamiento se hacia por enganche. Por eso, el ejército absorbía buena parte de los «desperdicios sociales» del país a quienes se agregaban los desafortunados, atrapados en las redadas de los «sargentos reclutadores». Mal visto por el juez de paz, sospechoso a los ojos del comisario o simplemente sin trabajo,[8] el gaucho era bueno para el servicio, es decir para ser desterrado a las fronteras donde serviría durante un período de tiempo indeterminado.

José Hernández cuenta en su Martin Fierro la aventura ejemplar de uno de esos enrolados involuntarios. Fierro, gaucho batallador y valiente, es enviado a un fortín aparentemente por seis meses. El juez de paz le reprocha haber votado mal en las últimas elecciones.[9] Incorporado a una especie de compañía disciplinaria en pleno desierto, el héroe de Hernández no recibe ni uniforme, ni paga, ni armas. Tratado como un presidiario —llueven los castigos corporales—, cultiva la tierra para el coronel «comandante de la frontera» en lugar de combatir a los indios.[10] Es fácilmente comprensible que los «voluntarios» escasearan. El publicista Nicasio Oroño señalaba en 1871: «Chile y el Estado Oriental (del Uruguay) están llenos de argentinos que han abandonado el suelo natal huyendo del servicio militar que se les impone por la fuerza».[11]

El desafecto de los «hijos del país» por el ejército y el elevado porcentaje de deserciones entre los criollos ávidos de espacio y de libertad, sugirieron a las autoridades el proyecto de importar de Europa contingentes de mercenarios. Se enviaron comisiones de reclutamiento a Francia y a Italia (1861-1867), pero los resultados en calidad y cantidad fueron tan decepcionantes que la idea se abandonó rápidamente.[12]

A pesar de la reputación de bravura indomable y de abnegación que los escritores militares de la época atribuyeron a los «heroicos soldados de la frontera»,[13] resistentes y sobrios, los argentinos no estaban muy orgullosos de su ejército. Mal necesario del que se tenía obscuramente vergüenza en tiempos de paz, institución arcaica que no estaba a la altura de los progresos realizados por el país, el ejército de «carrera» argentino no se distinguía por su disciplina y buen comportamiento, ni por su elevado nivel de preparación técnica en el arte de la guerra.

Los cuadros del ejército de linea considerados a lo sumo como militarotes, más bien parecen cómitres que estrategas de Estado Mayor. «Podríamos preguntar, exclama el diputado por Buenos Aires, Demaria, en la Cámara, durante los debates sobre la ley militar en 1901, si es manteniendo en los cuarteles el producto de nuestros enganches como vamos a conseguir la dignificación del oficial. ¿Es obligando a los oficiales a tener que tratar con tropa que no pueden manejar, en la mayor parte de los casos, sino por medio de castigos corporales, como vamos a conseguir el mejoramiento del ejército argentino? ¿Es así como vamos a levantar el concepto de la carrera militar?».[14] Dotado de la aureola de conductor de hombres o de portaestandarte de la civilización en el «desierto»[15] durante el primer medio siglo de la Argentina independiente, el oficial no se lucía mucho en la Argentina pacificada del boom económico.

Sin embargo, esos oficiales del viejo ejército procedían excepcionalmente de la suboficialidad, y menos aún de sectores populares. Existía un abismo social —y a menudo étnico— entre la tropa criolla formada por gauchos prófugos, por vagabundos o rufianes, y los señoritos turbulentos o poco inclinados al estudio que constituían la oficialidad. Los oficiales se formaban en las unidades; por esto eran poco instruidos. Pero para ser admitido como cadete o aspirante junto a un jefe de cuerpo, hacía falta importantes recomendaciones familiares. Oficiales de la Guardia Nacional, con un mayor nivel de instrucción, eran transferidos a veces a la línea con igual grado. Un civil podía recibir un grado militar «por simple decreto» si estaba bien considerado.[16] Para esta última categoría de oficiales, el ejército no era una ocupación permanente. La persona que se consagraba a él de manera intermitente esperaba solamente conseguir la gloria. Tenía fortuna para vivir y consideraba que era un servicio honorífico más que una profesión.

Los criterios de admisión a las funciones de oficial eran pues eminentemente particularistas. Además, las guerras civiles habían contribuido ampliamente a hacer depender al cuerpo de oficiales de los azares de la vida política. Para conocer una carrera típica de oficial del «viejo ejército», basta con seguir la biografía del más ilustre de todos, el general Julio A. Roca.[17] Nacido en Tucumán donde cursó sus estudios primarios, Roca entró en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), fundado por Urquiza en 1849. Siendo todavía alumno, se enroló en las tropas del gobierno nacional que luchaban contra la secesión bonaerense. Participó en la batalla de Cepeda (octubre de 1859). Urquiza, vencedor de las tropas de Mitre, nombró a Roca subteniente. El futuro general retomó sus estudios en el Colegio de Concepción. Dos años después, se encontraba de nuevo bajo bandera en la batalla de Pavón. Esta vez permaneció en el ejército y tomó parte en la guerra del Paraguay. A los 29 años fue ascendido a coronel por su acción contra el levantamiento de López Jordán en la provincia de Entre Ríos. En enero de 1872 accedió al generalato luego de su victoria sobre las tropas de Mitre, que trataba de oponerse por la fuerza a la elección de Avellaneda para la presidencia.

A pesar de que Sarmiento creó el Colegio Militar en 1869, para la formación de oficiales, el reclutamiento paralelo por incorporación directa y sin estudios especiales continuó siendo ampliamente mayoritario hasta la reforma de 1901. Elegidos y sobre todo promovidos por el gobierno y no por decisión de sus pares, los diferenciable de los grupos dirigentes. La sociedad militar, desprovista de la cohesión que da el pasaje por un molde común, se fundía en la élite establecida con la cual compartía o padecía las divisiones y las querellas. Su poder era débil, a la medida del bajo nivel de especialización de los oficiales y de las condiciones sociales o institucionales de reclutamiento. La autoridad política de los civiles no encontraba dificultades para imponerse aunque algunos militares complotaban a título individual o se «pronunciaban» como los caudillos de tiempos pasados. Empleando la fórmula de Huntington, nos encontramos ante un caso perfecto de «control subjetivo» del ejército por el poder civil.[18]

Esto no significa en modo alguno que el ejército no tuviera una función política. Sus relaciones con el poder federal eran simples. Al depender de él, era el instrumento de su preponderancia. El ejército argentino, tal como Mitre y Sarmiento lo pusieron en pie, sirvió para reforzar la centralización estatal. Ya vimos que fue un poderoso factor de unidad nacional al hacer posible la eliminación de los caudillos provinciales y al levantar definitivamente la hipoteca que gravaba las tierras del sur. El ejército nacional sofocó los últimos sobresaltos de los particularismos centrífugos entre 1875 y 1878 y también puso término al autonomismo bonaerense cuando éste se convirtió en un factor disociante. En 1880, el general Roca, al mando de las tropas federales, derrotó al gobernador de Buenos Aires, Tejedor, que se oponía a su candidatura a la presidencia aceptada por los gobernadores de las provincias.[19] Afirmó así la supremacía del Estado nacional y sobre todo el monopolio federal de las Fuerzas Armadas, luego de la violencia institucionalizada y legitimada. La autonomía de las provincias, inscripta en la Constitución, poco pudo resistir a esa nueva relación de fuerzas.

Institución unificadora al servicio del Estado federal, llave maestra de la organización nacional, el ejército de línea era también el brazo secular de la oligarquía en el poder, el instrumento político del grupo dirigente. Los jefes de regimiento y los comandantes de cuerpo, que «representaban» localmente al gobierno nacional, gozaban de poderes y de instrumentos de presión amplios y temibles. Eran ellos quienes seleccionaban a los «voluntarios» para incorporarlos al contingente cuando era necesario. Votar contra el gobierno equivalía entonces a exponerse a las represalias del jefe militar. Por otra parte, si un gobernador se atrevía a pertenecer a la oposición o disgustaba simplemente al presidente, la intervención directa de la guarnición local no tardaría en hacer entrar en razón al rebelde. Es comprensible que el acantonamiento de tropas en el territorio de las provincias haya sido criticado a menudo por los partidarios del pluralismo político o de la autonomía provincial. El jurista Matienzo recuerda que en 1868 el senador Oroño,[20] durante la presidencia de Mitre, propuso una ley prohibiendo al poder ejecutivo mantener fuerzas armadas en el interior de las provincias, y fundamentó su proyecto en la intervención abusiva de los jefes del ejército en las cuestiones locales. Uno de los puntos tratados en la Carta Orgánica de fundación de la Unión Cívica Radical, en 1891, se titula: «El Ejército y las autonomías provinciales».[21] Los radicales denuncian la «inconveniente distribución del ejército en el territorio de las provincias» que «constituye una intervención permanente y clandestina…». Como acabamos de verlo, los militares tenían poder, pero el poder militar era inexistente todavía. El grupo dirigente controlaba adecuadamente al ejército de línea y lo utilizaba para afianzar su dominación. La sociedad militar se encontraba todavía desprovista de los recursos morales, ideológicos e institucionales que le permitirían liberarse de la tutela del poder político. Vamos a ver cómo la ley militar de 1901, profesionalizando estrictamente al cuerpo de oficiales e instaurando el servicio militar obligatorio, va a modificar irreversiblemente las relaciones entre el ejército y el Estado.

«El ejército del sufragio universal»

El «viejo ejército», mal preparado y poco diestro con las técnicas modernas —la artillería, arma científica, se encontraba muy descuidada— era objeto de durísimas críticas. Más de un publicista comparte el severo juicio de Belín Sarmiento sobre esa institución que consideraba politizada y pletórica, mediocre y corrompida: «El ejército argentino, escribe en 1890,[22] es un ejército pretoriano. No está organizado actualmente en vista de la defensa nacional, sino para sostener situaciones que el país repudia». Según Belín Sarmiento, el «viejo ejército», formado por soldados reclutados en la hez de la sociedad y sin nada que perder, encuadrado por oficiales que debían sus promociones a su fidelidad al gobierno y no a sus méritos profesionales, no era el ejército de la nación sino un instrumento de opresión propicio a todas las aventuras políticas.

Sin embargo, cualquiera que haya podido ser la influencia de los censores de esa venerable organización militar, ésta cumplía su misión muy decorosamente desde el punto de vista del grupo dirigente. Y se bastaba a si misma para alcanzar sus dos principales objetivos, los cuales eran el mantenimiento del orden interno y la conservación del statu quo político. Los grupos dominantes nacionales del interior y los intereses de los acreedores extranjeros no tenían ninguna razón para criticar al aparato militar argentino: el crecimiento acelerado de la economía era prueba suficiente. Entonces, no parecía imponerse una reforma; y no existía ningún motivo para que fuera inducida desde el exterior como se ha dicho a veces. Por cierto, se podía mejorar la formación de los oficiales y perfeccionar la instrucción y el equipamiento de los reclutas, pero no se entiende bien el porqué de la instauración repentina del servicio militar obligatorio en reemplazo del ejército de veteranos.

Las razones que se expusieron entonces son de valor y de importancia muy desiguales. La riqueza, de tipo coyuntural, insiste sobre la crisis en las relaciones con Chile. En efecto, la antigua controversia fronteriza, latente desde 1881, se enconó de nuevo hacia 1900. En los años 1900 y 1901, numerosos incidentes hicieron temer el estallido de un conflicto armado, en cualquier momento. El país entero se preparaba para la guerra contra un vecino a quien se consideraba belicista y agresivo, y de quien se temía el valor militar, revelado en la guerra del Pacífico, ganada contra Bolivia y Perú en 1883. En ese clima de paz armada, la opinión se exaltaba y los ánimos se enardecían. Los maestros encargados de la educación patriótica denunciaban la amenaza de allende la cordillera y, con la mirada puesta en la línea azul de los Andes, evocaban a San Martín. Más de una vocación militar nació en esa atmósfera patriotera.[23] Los debates de la Cámara de Diputados deben ubicarse también en ese contexto.

La conscripción existía en Chile, en efecto, desde el 5 de septiembre de 1900. Había permitido duplicar los efectivos del ejército.[24] Pero la rivalidad con Chile, vencedor en el Pacífico, era un argumento demasiado endeble para los adversarios del proyecto de servicio militar obligatorio. Les resultó fácil recordar algunas verdades elementales a la Cámara: un ejército permanente de 10.000 hombres, reforzado eventualmente por la movilización de algunas unidades de la Guardia Nacional, alcanzaba para proteger una frontera muy extendida pero difícil de franquear.[25] Desde el punto de vista de los técnicos, no sería entonces necesario imponer al país, en época de paz, la pesada carga que significaba el sistema de la conscripción. Por lo demás, el nuevo ejército no podía reemplazar de repente a los veteranos aguerridos; sólo podría ser operacional en uno o dos años. La invocación de la amenaza chilena no era pues muy convincente.

Los considerandos del proyecto de ley y la personalidad de quienes lo elaboraron o apoyaron nos permiten ubicar mejor esa iniciativa del gobierno del general Roca. El proyecto de ley que sustentó la reforma de la organización militar argentina entró para su discusión a la Cámara de Diputados el 4 de septiembre de 1901, donde fue defendido por el general Pablo Riccheri, ministro de Guerra desde el 13 de julio de 1900. El texto de presentación —que lo fundamentaba— estaba firmado por el presidente de la República, el general Roca. Insistía especialmente en el hecho de que el proyecto de ley respondía a las «exigencias del progreso».[26] Algunos años más tarde, un comentarista militar dirá de la Ley 4031 emanada de él: fue una «ley de civilización».[27] La carrera del general Riccheri ilustra también acerca de la concepción que tenía del ejército. El ministro de Guerra del general Roca era un militar «moderno» completamente separado del «viejo ejército», más intelectual en uniforme que guerrero. Sus adversarios no dejaron de señalar que el nuevo ministro era un oficial de academia que conocía mejor los ejércitos europeos que los de su propio país. El general Capdevila exclamó en el Congreso: «Terminados sus estudios en el Colegio Militar, el Señor Ministro de Guerra se fue a Europa a estudiar y, allí, ha estado veinte años… ausente de las filas del ejército nacional, sin duda con la información de los colegios y libros circulantes, pero sin la experiencia ni el criterio de la vida de cuartel y de campaña que tanto enaltece, depura y consolida el juicio del soldado!».[28]

El general Riccheri entró al Colegio Militar en 1875 y fue incorporado a la Escuela Superior de Guerra de Bélgica en 1884. Nombrado luego agregado militar en Alemania, fue encargado de una misión de compra de armamentos en Europa. Se proponía dar a la Argentina instituciones militares dignas de los países europeos más adelantados. El ejército francés, «una de las cosas más grandes del mundo» a principios de siglo, al decir de Charles de Gaulle,[29] y el ejército alemán, heredero de la legendaria tradición prusiana, eran sus modelos. Nada era demasiado para la Argentina de Roca. Así como en 1893 Riccheri había hecho enviar a la Argentina los mejores rifles, los Mauser alemanes, ahora intentaría calcar la organización armada de las primeras instituciones militares del mundo, terminando en primer lugar, con el ejército de guerra civil, desaliñado y analfabeto, indigno de la Gran República del Sur.

La instauración del servicio militar obligatorio y la profesionalización acrecentada del cuerpo de oficiales, que preveía el proyecto de ley de 1901, se inscriben entonces en el gran esfuerzo de la sociedad argentina que, como ya vimos, encaraba esencialmente una apertura selectiva a la influencia europea. El ejército de ciudadanos sería el espejo de la nación. El grupo dirigente «progresista» introduciría así una nueva reforma para justificar una vez más su preeminencia y su legitimidad.

Contra los adversarios que subrayaban lo onerosa que era la conscripción, aunque no se incorporara a todos los conscriptos, el ministro de Guerra oponía el apoyo masivo otorgado al proyecto gubernamental por los más eminentes representantes del «viejo ejército», especialmente por todos los tenientes generales: Roca, por supuesto, pero también Mitre, Gelly y Obes, Levalle, Luis María Campos, Donato Alvarez.[30] Podría extrañarnos esa conversión si el establishment militar en ese nivel no estuviera confundido con las capas dirigentes y con los responsables políticos. En realidad, la reforma militar obedecía esencialmente a motivaciones políticas. La introducción del servicio militar obligatorio era militar sólo accesoriamente. Los jerarcas del Estado oligárquico así lo entendieron y así lo manifiestan.

Un diputado, durante el debate en la Cámara, lanzó una fórmula esclarecedora y desdichada a la vez: la conscripción es «el ejército del sufragio universal».[31] Ahora bien, como vimos, el sufragio universal, reclamado por la oposición extraparlamentaria, sólo se haría efectivo once años después, en 1912. En realidad, la observación del diputado Demaría debe ser interpretada. No está lejos de significar que el ejército del servicio obligatorio es una institución preparatoria del sufragio universal. Qué importa si el honorable diputado hacía lirismo democrático gratuitamente y sin malas intenciones. En la realidad, los ciudadanos argentinos serían soldados antes de ser verdadera y libremente electores, lo que tendría consecuencias políticas directas: no en el sentido, señalado a veces,[32] de una preeminencia de las instituciones militares sobre las instituciones políticas representativas por el simple hecho de la cronología, sino porque el ejército de la conscripción estaría encargado de moldear la mentalidad de los futuros electores.

La función de formación cívica y moral del servicio militar, muchas veces señalada en Francia, reviste una particular importancia en un país de inmigración masiva. En la Argentina, la conscripción es el antídoto contra el cosmopolitismo. A falta de la posesión de la tierra que retiene, el hijo de inmigrante se arraigará a través de la escuela y del ejército, encargados de inculcarle el apego patriótico a los valores nacionales. El servicio militar, por la remoción social y la disciplina, neutraliza los virus de disolución social que vinieron del viejo mundo. El ejército, que supo anteriormente doblegar al gaucho, en adelante tiene como objetivo «argentinizar» al «gringo» y formar al argentino. Tal como escribe un teniente coronel en 1911: «Hoy, el ejército es la nación, es como su armazón externa de acero, que le asegura la cohesión de sus partes y la preserva de choques y caídas».[33]

Los ambientes militares comprendieron perfectamente el sentido de la misión que se les encomendaba. En el marco de la conscripción, la responsabilidad del oficial adquiere naturalmente una dimensión política. El jefe o el instructor deben despertar el sentimiento nacional en conscriptos venidos desde todos los horizontes, todavía encariñados con el país de sus padres,[34] y que profesan fácilmente la mayor indiferencia hacia la Argentina y sus tradiciones, cuando no rechazan toda patria y todo ejército: en efecto, el anarquismo logra numerosos adeptos a principios de siglo.[35] Como dice un profesor civil del Colegio Militar durante una conferencia en 1915: el oficial siente que la nación le confía «la redención del conscripto inculto, ignorante y perverso»,[36] «argentinos de nacimiento y bárbaros de condición, constituyendo los tales un peligro para la estabilidad social y una amenaza a nuestra cultura». El objetivo del servicio militar obligatorio es pues, según un oficial, hacer ciudadanos argentinos a partir de un «conglomerado híbrido y confuso»,[37] renacionalizar el alma nacional desembarazándola de «exotismos que la debilitan y de impurezas que la descomponen». El ejército se convierte en «el portaestandarte de la civilización»[38] en el sentido que el grupo dirigente da a este término desde Sarmiento.

Los oficiales son explícitamente formados para esa misión social y política. Tienen conciencia de la importancia de esa misión y, por consiguiente, de la de ellos. El director del Colegio Militar declara en diciembre de 1920 durante la entrega de los diplomas a los nuevos subtenientes: «Entrados a formar parte del cuerpo de oficiales, es decir, de un conjunto de hombres de bien que, guiados por un ideal superior, tienen mayores responsabilidades y cumplen funciones más trascendentales que la mayoría de sus conciudadanos, “porque deben amalgamar” hombres de todas las procedencias», a fin de «moldear en [nuestros] soldados el alma argentina».[39] Espíritu de cuerpo, conciencia de una misión que los coloca de entrada infinitamente por encima de sus conciudadanos, ya se ven aparecer los elementos de un mesianismo que es el motor del activismo militar bajo todos los climas. Porque deberes superiores necesitan derechos más amplios, fuera del orden común.

No es extraño que pueda leerse en 1918, en los escritos de un teniente coronel, fórmulas inquietantes e impensables en el viejo ejército. El teniente coronel Carlos Smith concluye así un apasionado libro que escribió para refutar el pacifismo y defender el ejército: «La patria para el ejército, la política para los políticos».[40] Fórmula audaz y prematura que se convertirá, doce años más tarde, en el lema de un cuerpo de oficiales ampliamente intervencionista. Pero no nos anticipemos.

La misión social impartida al nuevo ejército por la ley de 1901 implica, por lo demás, un cierto tipo de relaciones entre oficiales y conscriptos. Éstos no son simplemente civiles a quienes hay que instruir en los rudimentos del arte militar, sino «extranjeros» a quienes hay que naturalizar, o aun bárbaros que deben ser civilizados. Por eso la distancia social entre la tropa y sus jefes es muy grande. Los signos externos de la jerarquía, así como una rigurosa disciplina, hacen particularmente fuerte y llamativo el dominio militar sobre el conscripto.[41] Un observador extranjero señalaba, en 1907, que a los soldados rasos consignados en sus cuarteles no se los veía por la ciudad.[42] Asimismo, advertía con sorpresa la insólita frecuencia de los crímenes militares (deserciones, rebeliones y asesinatos de oficiales) a partir de 1905.[43] Eran las reacciones ante una severidad disciplinaria que ni los criollos ni los gringos apreciaban. Sin embargo, el formalismo jerárquico reforzado por otros factores seguirá siendo un rasgo distintivo de la organización militar argentina cuya divisa es «subordinación y valor para servir a la patria».

La nueva legislación militar comprendía dos aspectos distintos que contribuyeron conjuntamente a reforzar la rigidez de las relaciones jerárquicas dentro del ejército: por un lado, la incorporación parcial de los conscriptos y, por el otro, la unificación del reclutamiento de los oficiales.

La ley 4031 de 1901, enmendada por la Ley Orgánica del ejército, ley 4707 de 1905, previo que el servicio militar fuera obligatorio, efectivo y personal para todos los ciudadanos argentinos de veinte años de edad. Pero la incorporación al ejército durante un año sólo afectaba a una fracción de la clase concerniente, en función del sorteo y dentro de los límites de las posibilidades financieras determinadas por la ley presupuestaria.[44] Las siguientes cifras así lo demuestran: en 1920 fueron incorporados 17.743 conscriptos de la clase 1899 sobre los 71.288 sorteados; en 1922, las proporciones fueron de 17.599 sobre 74.307.[45]

En la práctica se trata, en realidad, de un servicio militar selectivo a base de criterios sociales. Así, los estudiantes sólo eran incorporados tres meses al pelotón de oficiales de reserva. Asimismo, todo ciudadano que podía probar su experiencia en el manejo de armas, por estar adherido a un club de tiro, era dispensado igualmente. Estas excepciones fueron aplicadas hasta la segunda guerra mundial. En la práctica, ese sistema creó, según juzga un oficial favorable a la universalidad de la obligación, «un organismo militar que, democrático y moderno en teoría, es en realidad aristocrático».[46] Un jefe de cuerpo, irritado por esa discriminación social, exclamaba ante cada nueva incorporación del contingente: «¡Qué extraño, este año sólo los pobres parieron!».[47]

Es evidente que ese sistema selectivo correspondía perfectamente a los objetivos sociales y políticos del servicio militar tales como los hemos definido anteriormente. Los hijos de las familias acomodadas tenían más razones para sentirse argentinos —ubi bene ibi patria— y no amenazaban entonces al orden establecido. No era necesario formarlos respecto de los valores nacionales que aseguraban la cohesión del cuerpo social. Sobre todo que, en la mayoría de los casos, esa función de socialización política fue cumplida por los colegios y por la universidad.

Por otra parte, la nueva ley previó la reforma del reclutamiento de oficiales. En lo sucesivo, el paso por el Colegio Militar sería obligatorio para alcanzar los galones de subteniente. El legislador previó la extinción de todas las otras fuentes de reclutamiento. Después de un período de transición (de 1901 a 1903), el sistema de «soldados de élite», es decir de incorporación directa a una unidad de los aspirantes al grado de oficial, fue suprimido. Además, ni los suboficiales ni los oficiales de reserva podían convertirse en oficiales del ejército activo sin haber sido alumnos del Colegio Militar.

Esa decisiva reforma no tuvo como único mérito el de formar oficiales más instruidos y de elevar el nivel profesional y técnico de los uniformados en su conjunto. El monopolio del Colegio Militar también tuvo como consecuencia asegurar una gran homogeneidad al cuerpo de oficiales, tanto en el plano profesional como en el espiritual. La unidad de origen y de formación de los oficiales; din una cohesión desconocida, hasta entonces, a la sociedad mimar Porque, además, contribuyó a fijar y a codificar, por así decirlo una estratificación jerárquica muy marcada, suprimiendo el principal aliciente de movilidad social interna que poseen las instituciones militares en todos los Estados democráticos: el mito del soldado que lleva en su cartuchera el bastón de mariscal carece ya de vigencia. Esto refuerza el espíritu de cuerpo del estrato de oficiales. La barrera infranqueable colocada entre oficiales y suboficiales puede engendrar en éstos un sentimiento de frustración muy fuerte y, en aquéllos, la conciencia de pertenecer a una élite que lleva los gérmenes de un verdadero espíritu de casta.[48]

Es particularmente significativo notar que si bien la instauración del servicio militar obligatorio en lugar del ejército de leva dividió a los responsables militares y políticos que se enfrentaban en el Congreso, la reforma del reclutamiento de oficiales logró la unanimidad a su favor. El general Capdevila por ejemplo, que denunció, como vimos, la formación y la experiencia europeas del ministro Riccheri, pronunció al mismo tiempo un vibrante elogio del Offizier Korps alemán, «cuerpo de oficiales homogéneo a cuyas órdenes se forman los buenos soldados». Esbozando los grandes rasgos de un sistema ideal para la formación de los oficiales, el defensor del «viejo ejército» expuso consideraciones sociales elitistas que nos parecen particularmente reveladoras:

«Si no debemos pues, copiar las instituciones militares de otros pueblos, debemos inspirarnos en los sistemas de enseñanza, en los métodos de instrucción, en los procedimientos para organizar y para reclutar el cuerpo de oficiales. El ejército alemán nos ofrece el mayor ejemplo y el mejor modelo; allí los oficiales provienen de un solo origen, pertenecen a la misma clase social, y para ser admitidos deben someterse a las mismas pruebas. Constituyen hoy una verdadera familia, extremadamente celosa de su honor y de su fama; están tan estrechamente unidos como si hubieran pronunciado votos, como si pertenecieran a una cofradía, vinculados más que por el sentimiento efímero de camaradería militar, por una alta solidaridad de ideales y de aspiraciones comunes».[49]

Tal admiración por la «clase militar» alemana y por su carácter de colectividad cerrada, particularista y aislada en el interior de la comunidad nacional, sobre todo en boca de un hombre de quien no puede sospecharse que se entusiasme irreflexivamente con los modelos europeos, esclarece un poco la imagen del oficial que pretendían formar los legisladores de 1901. Se ve cómo la preocupación dominante no es el valor profesional o el nivel técnico sino la cohesión social e institucional. Trasplantar el espíritu Junker a las márgenes del Río de la Plata parece ser en última instancia el ideal supremo e inaccesible. Aunque tal orientación no esté contenida explícitamente en la ley 4031, siempre inspiró sus modalidades concretas de aplicación y particularmente la selección del tipo de candidato requerida para ingresar al Colegio Militar o el sistema de valores transmitido a las futuras promociones de oficiales.

La función del concurso de admisión único para todos los candidatos a la carrera militar merece particular atención entre los mecanismos creados por la nueva ley militar. En efecto, gracias a ese procedimiento nuevo[50] y único en la Argentina, los futuros oficiales son seleccionados conjuntamente por sus pares de acuerdo con la imagen que éstos tienen del perfil ideal del jefe militar y de las necesidades de la institución. Por supuesto que el examen de ingreso al Colegio Militar, con sus criterios teóricamente objetivos y universalistas, contribuye a evitar toda interferencia externa. Por consiguiente, la elección de las nuevas promociones de oficiales está completamente en manos de los responsables del ejército, es decir absolutamente sustraída al poder de los gobiernos y a las intervenciones de civiles influyentes. Entonces, a la nueva cohesión que adquiere el cuerpo de oficiales, conviene agregar la autonomía en el reclutamiento que en principio lo pone a resguardo de los cambios políticos. El «control subjetivo» del ejército forma parte, de allí en más, del pasado. La profesionalización a partir del reclutamiento colocó la primera piedra de un poder militar independiente.

En una sociedad donde la tradición liberal, muy fuerte, ha mantenido un Estado débil y poco respetado, y en la cual el spoil system hace de la función pública una recompensa política accidental más que una carrera para la cual se necesita cierta preparación, los oficiales así seleccionados y formados ocupan, pues, una situación aparte. Esta situación fue reafirmada en la misma época por la creación de otras instituciones para el perfeccionamiento de los cuadros militares.

Huelga decir que ellas refuerzan la imagen de un cuerpo profesional bien preparado dentro de un aparato estatal formado por aficionados, a veces ilustrados, pero siempre intercambiables. En el año 1900 fue fundada la Escuela Superior de Guerra. Ella recibe a los capitanes por concurso y forma diplomados de Estado Mayor. El alto mando creó en 1905 en el Colegio Militar un curso técnico superior que fue el embrión de un centro de instrucción de ingenieros militares. Se destina a la especialización de los mejores aspirantes pertenecientes a las «armas científicas». De esa manera, los oficiales, poco instruidos en su mayoría, apenas cubiertos por un tenue barniz de instrucción militar, acceden de alguna manera a los estudios superiores. Si bien todavía no son «intelectuales de uniforme», pueden ya pretender no ser en modo alguno inferiores a los «doctores», abogados o médicos, de la clase política. Señalemos simplemente que en 1919, sobre 1339 «oficiales combatientes», sólo había 51 diplomados de Estado Mayor, entre los cuales no figuraba ningún general, sólo 7 coroneles, pero 22 tenientes-coroneles y 22 mayores.[51] El movimiento había comenzado.

La socialización de los oficiales: modelos y valores

El contenido de una formación no puede disociarse de su duración ni de las condiciones de receptividad en las cuales se dispensa. La socialización específica, por ejemplo, es tanto más fuerte cuando se vive en un aislamiento relativo y a una edad más tierna.

La duración de los estudios en el Colegio Militar varió de tres a cinco años desde su creación. Tres años constituye el promedio en el período que nos ocupa.[52] La edad de incorporación de los cadetes se fijó por ley entre los 14 y los 18 años. La ley parecía bastante elástica al respecto. Pero nosotros observamos, en una muestra tomada al azar de 68 oficiales superiores, incorporados al ejército antes de 1916, y todavía en actividad entre 1928 y 1930, que 42 de ellos entraron al Colegio Militar contando 17 años a lo sumo, mientras que 26 tenían 18 años o más, siendo la edad de 20 años el límite superior alcanzado en un número de casos muy reducido.[53] En realidad, la mayoría de los jóvenes destinados a la carrera militar se convierten en cadetes antes de finalizar el ciclo secundario de cinco años, y generalmente a la edad correspondiente al tercer año del secundario (14 a 16 años), sin que el nivel de ese curso sea exigido para el examen de ingreso. Los exámenes, muy generales y bastante elementales, se preparan, en efecto, al terminar la enseñanza primaria.

Es preciso señalar que los cadetes y muy a menudo incluso los subtenientes recién salidos del Colegio Militar tienen menos edad que los conscriptos. Así, para no tomar más que un ejemplo, el futuro general Justo era oficial a los 16 años,[54] a pesar del reglamento que preveía una edad mínima de 19 años para ese grado. Y no es el único.

La influencia de la formación militar sobre individuos apenas adolescentes y por lo tanto sobre espíritus particularmente maleables no puede dejar de ser profunda y duradera. Sobre todo porque esa instrucción se dispensa en la mayoría de los casos a jóvenes que no han adquirido los fundamentos de la enseñanza general. Eso permite una fuerte interiorización de los valores y de los modelos de conducta propuestos y asegura también el éxito total de la socialización particularista. Por lo demás, el dominio muy fuerte de la institución sobre los cadetes no se contrabalancea con influencias civiles externas. Separados de sus familias, autorizados a una salida por mes como máximo, los cadetes argentinos llevan, como sus homólogos en la mayoría de las academias militares del mundo, una existencia austera y ruda, consagrada por completo al aprendizaje del arte de la guerra y a la formación del carácter con miras al mando. Esa iniciación en la servidumbre a menudo sin grandeza de la vida militar dio origen a una reputación bien establecida de rudeza en el entrenamiento, de rigurosa disciplina y de implacable selección interna. Las autoridades del Colegio Militar se vieron obligadas a veces a disipar con cifras precisas la ingrata leyenda que circulaba sobre el instituto creado por Sarmiento.[55]

La enseñanza del Colegio Militar está enteramente centrada en la profesión. Desde luego, una parte del programa está consagrada a la instrucción general, sobre todo en primer año, pero el porcentaje de las «materias militares» es infinitamente más importante.[56] Sea como fuere, desde el primer año el joven cadete aprende los reglamentos de las diferentes armas y se inicia en las sacrosantas prescripciones de los servicios de guarnición y de los servicios de campaña que representan si no la fuerza principal de los ejércitos por lo menos su singularidad más universal. Así, entre los 15 y 18 años de edad, no ignora nada de la compleja etiqueta de saludos, modales y fórmulas que rigen las relaciones jerárquicas, y tampoco del ceremonial minucioso que regula la vida de la compañía o del escuadrón. Sin una sólida educación general que permita «relativizar» ese puntilloso formalismo, éste constituye muy rápido, si no una segunda naturaleza, por lo menos el horizonte intelectual de buen número de subtenientes.

Para los censores del nuevo ejército, esa enseñanza poco contribuye a «militarizar al militar», es decir a prepararlo para la guerra. Por el contrario, tendería más bien a acentuar una peligrosa inclinación a «la parada por la parada»,[57] lamentable defecto que se origina en la imitación servil de los ejércitos europeos.

La imitación o la influencia de los modelos europeos se encuentra evidentemente en los orígenes de una cierta «ritualización» de la vida militar, que comienza en el Colegio Militar y que ninguna gran pasión guerrera viene a perturbar, en ausencia de toda probabilidad de conflictos internacionales. A pesar de ello, las instituciones militares argentinas llevan un buen lustro siguiendo la escuela de las naciones más adelantadas. Ese ejército que reproduce, en las maniobras, el uniforme, el armamento y aun en el paso de desfile, a los más grandes ejércitos del viejo mundo es un símbolo de progreso. El coronel Reynolds, director del Colegio Militar, deseando alabar el alto nivel del instituto que dirige, no duda en escribir que el Colegio argentino «supera incluso a la Escuela de Guerra de Alemania»,[58] ¡lo que no es un pequeño autoelogio!

Así, se inculca a los jóvenes alumnos-oficiales un sentimiento de satisfacción y aun de superioridad que se alimenta tanto con la función del ejército en la construcción nacional como con el carácter de institución moderna que tiene. Por eso, ese sentimiento concuerda con la orientación que precisan las instrucciones para la enseñanza de la historia argentina en la Escuela Superior de Guerra: «La historia patria será considerada con la mayor amplitud, demostrándose cómo la Argentina ha llegado al puesto que ocupa entre las naciones de América, examinando su situación política y la acción de sus grandes hombres, poniendo también de manifiesto el papel que el ejército ha desempeñado en la constitución de nuestra nacionalidad y los adelantos del país, al mismo tiempo que su importancia como factor y garantía del progreso nacional».[59]

La modernización extravertida de las instituciones militares implica, por razones de racionalidad económica, la elección de un modelo preponderante. No se trata simplemente de traducir reglamentos o copiar uniformes, sino de adoptar —luego de comprar— armamentos y de contratar instructores. El problema supera el plano intelectual, involucrando el comercio exterior y las relaciones internacionales. Además, en este terreno, los vínculos privilegiados con un país determinado tienen prolongaciones ideológicas. Las tradiciones militares de las naciones europeas, firmemente delineadas por siglos de historia, no pueden trasplantarse sin afectar la orientación normativa de los oficiales de las naciones importadoras, aunque más no fuese proponiéndoles una cierta imagen de la institución o de la carrera de las armas.

En una primera fase del desarrollo del ejército profesional, un cierto eclecticismo parece haber presidido la elección de las referencias extranjeras. Sin duda forzosamente al principio. Cuando Sarmiento funda el Colegio Militar en 1869, las misiones militares extranjeras no se disputaban los favores de Buenos Aires. El autor de Facundo se sintió seguramente muy contento y muy conforme de encontrar en el lugar a un coronel austro-húngaro exiliado (J. Czest) y a un comandante francés egresado de Saumur (Lucas de Peslouan) para confiarles la dirección del instituto recién nacido.[60] Es cuando llega la prosperidad que el ejército argentino puede darse el lujo de elegir en ese terreno. Lo que no sucedió sin una profunda reflexión y algunas dudas. Ya vimos cómo el general Riccheri, en Bélgica y en Alemania sucesivamente, había podido apreciar detenidamente las distintas experiencias europeas antes de convertirse en ministro de Roca. Se encuentran rastros de esa búsqueda y de los ensayos comparados para determinar el mejor modelo, en la literatura militar de la época. El Boletín Oficial de 1886,[61] por ejemplo, publica una serie de crónicas sobre las ventajas y los inconvenientes de los diferentes tipos de Estado Mayor de las grandes naciones.

En realidad, por entonces Alemania y Francia eclipsan a los demás países en el plano militar. Las dos naciones son por otra parte, una cosa conlleva la otra, los dos principales fabricantes y exportadores de armas del mundo. Gran Bretaña, verdadera metrópoli de la Argentina independiente, sólo es una potencia marítima. Fuera de la caballería de Saint Georges no tiene, por así decirlo, tradición militar. Su ejército es raquítico.

Francia es por cierto un país vencido pero, a pesar de Sedán y hasta el final del segundo mandato del general Roca (1898-1904), el ejército francés es el espejo del ejército argentino. «El uniforme y el aspecto de las tropas eran completamente franceses».[62] Casi todos los reglamentos se traducían del idioma de Racine. Obras teóricas y manuales de referencia se leían y citaban a menudo en el texto original: es así como muchas promociones de zapadores y pontoneros utilizaron el Aide-mémoire portatif à l’usage des ofticiers du génie de J. Lainé, que data de 1861.[63]

Sin embargo, el armamento es alemán. El fusil Mauser modelo 1891 reemplaza al Remington americano, y el cañón Krupp de 75 mm modelo 1871 equipa a la artillería desde 1884. La preeminencia francesa es, pues, más aparente que real.

Por lo demás, un movimiento de germanización se insinuaba desde que comenzó un viraje en el desarrollo del ejército argentino.

Parece que la tensión con Chile tuvo algo que ver en que Alemania ganara terreno. En efecto, Chile aparecía ante los ojos de las autoridades militares argentinas como una especie de Prusia de América del Sur. El victorioso ejército de la guerra del Pacífico fue eficazmente reorganizado por una misión militar alemana encabezada por el general Koerner, contratado por Santiago en 1886. Pero no hay que ignorar, sobre ese fondo de vieja rivalidad, el papel de la diplomacia imperial que se esforzaba en abrir, secundada por activos «viajantes de comercio», nuevos mercados para la industria pesada del Rhur. La venta de armamentos formó parte de ese esfuerzo público y privado al servicio del comercio exterior. Habría que señalar en cambio la indiferencia altanera de los medios oficiales franceses, más preocupados en esa época por las conquistas coloniales o la línea azul de los Vosgos que por la venta del material Schneider en los confines australes de América. Mientras que los alemanes «abrían de par en par las puertas de su academia militar»[64] y no dudaban en incorporar oficiales sudamericanos a las unidades de su ejército, Francia se contentaba con recibir parsimoniosamente a unos pocos becarios en algunos institutos de perfeccionamiento.

En primer lugar, Alemania vio confiársele lo esencial de la formación de los oficiales de Estado Mayor. Es verdad que desde la victoria de 1870 el ascendiente del Gran Estado Mayor imperial se proyectó al mundo entero. Ya en 1873, en su mensaje al Congreso, Sarmiento anunciaba solemnemente la llegada al Colegio Militar de un capitán de artillería de la academia prusiana, el capitán Otto Rose, contratado por el gobierno.[65] La Escuela Superior de Guerra nació también bajo el patrocinio alemán. En el momento de su fundación, en 1900, el cuerpo docente completo era alemán exceptuando a una profesora de francés y a tres instructores argentinos.[66] Hasta 1914, un importante núcleo de docentes estaba formado por oficiales provenientes de más allá del Rin.

Debe señalarse al respecto que los contratos de los instructores eran de carácter privado y negociados de ejército a ejército. Los oficiales alemanes se elegían generalmente entre los capitanes o mayores y promovidos al grado inmediatamente superior a fin de no tener que pedir al Senado la aprobación constitucional obligatoria, en teoría, para las promociones a partir del grado de coronel.[67] Ese simple hecho es significativo de la voluntad de autonomía de la institución militar. Sea como fuere, los oficiales empleados bajo contrato gozaban de una situación envidiable. Así, un coronel alemán recibía un sueldo superior al de un general de división argentino sin contar numerosas ventajas anexas.[68] La influencia social y la imagen del Offizier Korps resultaban agrandadas a los ojos de los jóvenes capitanes de la Escuela Superior de Guerra.

La ESG siguió siendo pues, hasta vísperas de la segunda guerra mundial, el bastión de la tradición militar germánica. Si bien es perfectamente lógico que los tenientes coroneles von der Goltz y Hans von Below hayan dado como materia de táctica en el concurso de admisión de 1910 un «tema» tomado de la guerra de 1870 donde el protagonista es un batallón prusiano,[69] no deja de ser curioso que en 1926 el comandante von der Becke, que era argentino, haya dedicado un curso anual a la historia de la guerra del 14, vista desde el lado alemán, mientras que además se continuaba analizando la guerra franco-prusiana de 1870 para seguir «paso a paso, el modo de operar de uno de los conductores más eximios de la historia de la guerra: el mariscal von Moltke».[70] Parecería que, para los admiradores argentinos de la maquinaria de guerra prusiana, Alemania no hubiera perdido la Gran Guerra.

La aceleración del proceso de germanización del ejército a partir de 1904-1905 es innegable. Bajo la presidencia de Manuel Quintana (1904-1906), el general Enrique Godoy, ministro de Guerra, favoreció la influencia alemana en forma determinante. El jefe del Estado Mayor General, el general Ramón Jones, decidió en 1904 que los profesores de la Escuela de Guerra, «en su mayor parte oficiales alemanes provenientes del Gran Estado Mayor General del Imperio, dictarán tres o cuatro veces por semana clases de su especialidad en el mismo Estado Mayor»[71] argentino. Se trataba de paliar la falta de oficiales de Estado Mayor. Así fueron a su vez «germanizados» oficiales que no habían recibido hasta entonces la influencia prusiana y que se encontraban en la cúspide de la organización militar.

En octubre de 1905 se publicaron instrucciones en el mismo sentido, concernientes al envío de oficiales en misión de estudios a Europa. En efecto, a partir de 1900, un contingente reducido de oficiales fue enviado cada año a diversos países de Europa para tomar cursillos de perfeccionamiento o de especialización. En lo sucesivo, todos los oficiales propuestos para una estadía de estudios serán incorporados a una unidad del ejército alemán durante un año y medio. «Ninguna autorización será otorgada para seguir estudios en escuelas europeas o para servir en cuerpos de tropa» que no sean los del ejército alemán.[72] Y lo que es más, los oficiales que se encontraban en Europa, cuando se dictó la orden, «en unidades no alemanas», tuvieron que trasladarse en el acto a Berlín para ser integrados en un regimiento alemán.

La voluntad de formar a los mejores oficiales con el mismo molde, el del Offizier Korps imperial juzgado sin rivales, originó seguramente esa decisión. Pero también es probable que Alemania haya querido coronar así su hábil política de penetración, reforzando su audiencia en el mercado argentino en el momento en que las relaciones franco-alemanas entraban en una fase de gran tensión.[73] El Estado Mayor argentino tenía entonces buenas razones para abandonar el eclecticismo observado hasta entonces.

La influencia exclusiva del ejército del Kaiser fue más fuerte aún, ya que las estadías al otro lado del mar sólo concernían a una minoría de oficiales. Un agregado militar brasileño escribió en 1920 en un notable testimonio sobre el ejército argentino: «La mitad de los oficiales actuales pasaron por las academias o por las tropas alemanas».[74] Examinamos una pequeña muestra de 23 generales ingresados al ejército entre 1896 y 1903.[75] Casi la mitad de ellos fueron incorporados a los Husaren Regiment o a los Grenadier Regiment, a no ser que hayan frecuentado la Kriegs Akademie.[76] En una segunda muestra más amplia de 101 oficiales «prestigiosos»,[77] ingresados al ejército antes de 1916 y todavía en actividad en 1928, notamos que sólo un poco menos de un tercio residió en Europa. En efecto, la guerra mundial desorganizó el flujo de oficiales hacia los cuarteles del otro lado del Rin. Además, después de 1918, esas estadías, menos numerosas y más especializadas, se diversificaron: Francia e Italia atrayeron igualmente a sus academias a los oficiales argentinos. Señalemos simplemente que entre 1908 y 1914 encontramos el mayor número de incorporaciones al ejército alemán. Además, varios oficiales se encontraban en unidades del ejército imperial cuando se declaró la guerra. Si se cree a un buen observador francés, en 1912 «cuarenta oficiales argentinos están diseminados en el ejército alemán»,[78] o sea el equivalente a la mitad de una promoción del Colegio Militar, entre 1900 y 1914, y hasta una promoción entera en los años 1895-1896 y entre 1914 y 1918.

No puede dudarse de la profunda penetración que tuvo la influencia unilateral de Alemania en la sociedad militar argentina. No se limitó al uniforme y a los métodos de instrucción, a pesar de que el casco con punta, el monóculo y el paso de ganso, que todavía practican en la actualidad los cadetes del Colegio Militar, sean buenos indicios. Pero, debajo de esa fachada se encuentra un basamento de actitudes, de creencias y de valores, resultantes de la impregnación directa, otorgada por los dieciocho meses pasados en los regimientos alemanes y por las relaciones de camaradería entabladas entonces. Las misiones militares o la visita de prestigiosas personalidades del Gran Estado Mayor mantenían cuidadosamente esa fraternidad profesional y guerrera. Ni qué decir de las recepciones en la embajada o de la asistencia a distintos clubes alemanes que tomarán el relevo después de 1918. Clemenceau observó en 1910: «La reciente visita del Feldmarschall von der Goltz a la Argentina fue ciertamente provechosa para la influencia alemana… El gobierno (alemán), más sagaz que otros, no teme enviar al Plata hombres de gran autoridad que la sociedad argentina recibe naturalmente con la debida consideración».[79]

Un solo hecho alcanza para ilustrar el carácter de las relaciones entre los dos ejércitos donde la autoridad del prestigioso modelo se añade a su habilidad comercial. En 1908 se abrió un concurso para la adopción de un nuevo cañón liviano de campaña. Después de numerosas pruebas, el informe oficial[80] reconoció cierta superioridad al «75» francés. Pero, para gran indignación de las autoridades francesas, se eligió finalmente el cañón Krupp del mismo calibre.[81]

El vigor de las relaciones militares germano-argentinas sólo puede compararse con su carácter duradero. La derrota de 1918 y la posterior instalación de la República de Weimar no las debilitan notablemente. Señalemos, como ejemplo, que la «Biblioteca del Oficial», colección de textos militares, fundada en 1918, publicó, desde su creación hasta 1929, 60 títulos traducidos del alemán sobre un total de 126 obras, contra 20 títulos franceses, siendo el resto de autores nacionales. En una palabra, las tres cuartas partes de los autores extranjeros leídos por los oficiales argentinos son alemanes. Es menester agregar a ello que los nueve décimos de los títulos de la misma colección referidos a la guerra del 14 son traducidos asimismo del alemán.[82] Puede pensarse que los que denunciaban entonces el peligro de «tutela mental»[83] inherente en la imitación mecánica del modelo alemán no se inquietaban sin razón.

Muchos se han interrogado sobre las consecuencias ideológicas o directamente políticas de esa prusianización del cuerpo de oficiales. Algunos han querido ver en ella una de las causas directas de la repetida intervención del ejército en la vida pública, olvidando sin duda que el ejército chileno, cuya germanización comenzó veinte años antes, tuvo un papel extramilitar extremadamente modesto hasta años recientes, o que los ejércitos adiestrados por misiones militares francesas (Perú, Brasil) no han sido menos activistas e intervencionistas.

No tenemos ninguna prueba de que el Ojfizier Korps haya transmitido a los oficiales argentinos su sentimiento de casta, su aristocrático desprecio hacia los civiles y, especialmente, hacia los políticos. Nada demuestra que el sello de la mentalidad Junker haya dado origen a actitudes poco conciliables con el funcionamiento del sistema representativo. Podríamos descubrir una relación directa y palpable en ese sentido, si los oficiales más expuestos a la influencia militar prusiana resultaran ser también los adversarios más determinados de las instituciones constitucionales, los partidarios más decididos de las ideologías autoritarias y los más activistas. O lo que es igual, si existiera una correlación positiva apreciable entre el intervencionismo individual y, por ejemplo, la incorporación a una unidad del ejército alemán. Ahora bien, sin anticiparnos a los capítulos siguientes, podemos afirmar que no hay nada de eso. Puede encontrarse toda la gama de combinaciones entre las dos variables, activismo-estadía en Alemania. «Profesionalistas» o «demócratas» llevaron el uniforme alemán. Impenitentes «putschistas» nunca salieron de la Argentina. Resulta evidente que la formación y la manifestación de una actitud política constituyen la resultante de múltiples variables, de un complejo conjunto de lealtades y de proyectos, que una relación monocausal no podría expresar.

Más aún, el modelo alemán puede orientar en direcciones opuestas, inspirar conductas antagónicas. Así lo testimonian algunos hechos. En abril de 1929, el Círculo Militar ofreció un banquete en honor del general Wilhelm von Heye, jefe de Estado Mayor del ejército alemán de visita en Buenos Aires. Su presidente, el general Mosconi, pronunció el discurso de bienvenida ante un numeroso auditorio de antiguos becarios de los regimientos alemanes. Después de haber reconocido la «insaldable deuda de gratitud»[84] hacia las instituciones militares alemanas, modelo y escuela del ejército argentino, de todos los que fueron incorporados como él a la «más formidable máquina de guerra que jamás haya existido», el orador declara: «Allí adquirimos la firme convicción de que el Ejército no debe apartarse de su cometido constitucional». Algunos años después volvemos a encontrar la misma lección de neutralidad política, bajo una forma más técnica en boca de un prestigioso general alemán. En una conferencia, nuevamente en el Circulo Militar, sobre las enseñanzas de la derrota de 1918, el general Kress von Kressenstein subrayó que su país había perdido la guerra porque los militares, que habían olvidado a Clausewitz, pretendieron ocuparse de política y subordinar la marcha del Estado a la dirección de las operaciones.[85] El modelo alemán es pues ambivalente. A nivel individual, no contribuye de manera unívoca a la adopción de un comportamiento político definido.

En realidad, la política extranjera es el único sector donde la influencia directa, inmediata, de la germanización puede hacerse sentir de manera apreciable. La admiración por un gran pueblo, su historia, su tradición militar y su poderío actual, así como la simpatía hacia los antiguos camaradas de armas, predisponen a un gran número de cuadros del ejército argentino, si no a identificarse totalmente con las causas defendidas por Alemania, por lo menos a tener una clara inclinación hacia el campo alemán durante las crisis internacionales y particularmente durante las guerras mundiales.

Los responsables alemanes son conscientes de ello. El general von Kressenstein comunica a sus auditores argentinos la gratitud de su país con respecto a los «miembros de este ejército, que en las horas más difíciles de nuestra historia (alusión a la Gran Guerra), no creyó lo que difundía la campaña de desprestigio realizada contra Alemania y contra su ejército».[86] Es verdad que muy pocos oficiales argentinos pensaban, en 1914, que la «más formidable maquinaria de guerra que haya existido jamás» pudiera ser vencida. A tal punto que el general José F. Uriburu, que había traído de su incorporación a la guardia del Kaiser el significativo sobrenombre de von Pepe, anunciaba en el Círculo Militar, mapa en mano, la victoria inevitable de los ejércitos imperiales.[87]

Pero la impronta decisiva de la influencia alemana es a la vez indirecta y global. Se encuentra en dos planos cuya distinción es puramente metodológica, porque se condicionan el uno al otro y desembocan en una sola y misma consecuencia.

El ejército adoptó un modelo cultural singular en un país cuyos dirigentes civiles mantenían relaciones privilegiadas con Gran Bretaña en el terreno económico y social, y profesaban accesoriamente un culto más desinteresado por la Francia de las artes y de las letras. Toda tensión entre las mencionadas naciones de esas dos subculturas antagonistas lleva al borde de la crisis las relaciones entre el ejército germanófilo y la oligarquía anglofila. Culturalmente a contracorriente de la sociedad global y de sus valores dominantes, el ejército argentino se aisló del grupo dirigente.

El prestigio de la formidable maquinaria de guerra alemana recayó sobre sus discípulos sudamericanos. No olvidemos que a principios del siglo XX el Gran Estado Mayor alemán encarna, con la Cámara de los Lores y la Academia Francesa, una de las cumbres de la «civilización» europea. La reconocida excelencia del modelo asegura orgullo, conciencia de grupo y, por lo tanto, cohesión. Los oficiales argentinos, cualesquiera que sean sus relaciones reales, familiares u otras con el grupo dominante, tienen el sentimiento de ser una élite, pero también, por las razones que vimos más arriba, una especie de élite independiente.

Aislamiento de la sociedad global, cohesión y prestigio de grupo imponen un cierto encierro altanero en la vida militar, un repliegue altivo dentro de la institución que es el horizonte absoluto. La sobrestimación de sí mismo como grupo singular y cerrado aumenta la autonomía de la sociedad militar ante los poderes públicos. Poco a poco, los oficiales profesionalizados del nuevo ejército proyectan toda su lealtad al ejército, creyendo servir al Estado. El peso político de los militares en la sociedad argentina resulta de esa realidad.

Tal orientación fue además reforzada considerablemente por la adopción de ciertas características propias del ejército alemán. La tendencia a la «ritualización compleja de la carrera militar» o a atribuir un «elevado valor a los signos exteriores de la disciplina»,[88] señalada por historiadores y sociólogos militares respecto del ejército imperial, acentúa en la Argentina el aspecto formalista de un ejército sin funciones militares manifiestas. La atención tradicionalmente prestada en el ejército prusiano a las cuestiones de etiqueta contribuyó aquí a aumentar la distancia social interna entre grupos funcionales cuya amplitud ya señalamos.

Existe una institución que tuvo un papel capital en el ejército imperial y cuya implantación en la Argentina merece una mención particular. Se trata del tribunal de honor, Ehrengericht. Este tribunal juzga en principio los conflictos y las querellas entre oficiales y cuida el honor del ejército. Tiende a reducir las tensiones internas que amenazarían la unidad de cuerpo. ¿Refuerza pues la unidad corporativa y la solidaridad?[89] Además el tribunal de honor, por lo menos en su versión argentina,[90] puede privar del grado y del uso del uniforme a los militares retirados que se comportaron mal, «cometieron faltas contra la disciplina», o actos que pueden «perjudicar el prestigio de la jerarquía». Esto demuestra cuán duradero es el dominio de la institución sobre el individuo. El oficial, miles in aeternum, no abrazó una profesión; entró en una orden donde la fidelidad a normas no escritas hace las veces de votos.

Por otro lado, la hipertrofia de los valores institucionales no es sólo una consecuencia de la germanización. La sociedad militar no es una caballería moderna. El ejército profesional es también, y quizás ante todo, un gran cuerpo burocrático y, como tal, celoso de sus privilegios y de su independencia, y de difícil penetración desde afuera. La burocratización es aun más rígida ya que los valores «heroicos» no tienen vigencia en la Argentina de los «ganados y de las mieses». La existencia del oficial está consagrada a la aplicación de los «reglamentos». Su redacción, comenzada con el siglo, concluyó en 1911. A partir de esa fecha, no existe ninguna laguna en la vida militar argentina, nada se deja al azar y a la fantasía del ejecutante.[91] Por otro lado, la lista de ascensos ritma la carrera y las esperanzas de los oficiales. El escalafón estipula la antigüedad requerida, y los consejos de calificación, formados por oficiales superiores, examinan cada año, como en todas las administraciones modernas del mundo, las promociones. Aquí encontramos de nuevo las características de un organismo independiente del poder político que no admite intromisiones externas: la independencia burocrática es la contraparte de la opción de los cadetes. La profesionalización dio así al nuevo ejército una consistencia y una libertad de maniobra desconocidas anteriormente y que constituyen los gérmenes del poder militar.

La marina, esa desconocida

Hasta aquí, hemos hablado del ejército solamente. Es útil abrir un paréntesis para la marina. En verdad, su función no tuvo relieve hasta una fecha relativamente reciente. Frecuentemente, cuando se habla de la intervención política de los militares en la Argentina, no se menciona a los marinos. Así como el ejército se encuentra al margen de la sociedad global, la marina se mantiene relativamente aislada de la sociedad militar. En sus bases o sobre sus embarcaciones, los marinos parecieron durante mucho tiempo, ausentes del escenario histórico. Quizás no sea una mala idea preguntarse por qué.

La marina de guerra adquirió tardíamente su personalidad jurídica. El Ministerio de Marina fue creado en 1898, por desdoblamiento del Ministerio de Guerra.

A partir de las leyes de 1901, 5000 conscriptos se incorporan a la marina para un servicio de dos años.[92] Pero sólo a partir de 1910 la marina de guerra argentina conoció la expansión material que hizo de ella un arma moderna. La «paz armada», que provocó una brusca tensión con el Brasil en 1907, incrementó notablemente su importancia en el aspecto presupuestario. En efecto, Brasil encargó desafortunadamente en 1907 varios Dreadnoughts, como se decía entonces a los acorazados pesados, que eran el nec plus ultra de la técnica naval contemporánea. Habiéndose roto el equilibrio de poderes en el Río de la Plata, según las autoridades de Buenos Aires, la Argentina replicó y siguió el ejemplo encargando 15 destructores de 900 toneladas y 2 acorazados de 28.000 toneladas.[93] Chile hizo lo mismo, para no ser menos, y compró un crucero de 20.000 toneladas. Como consecuencia de esa carrera armamentista, la potencia de la flota argentina pasó de 58.000 toneladas en 1912 a 121.096 toneladas en 1916.[94]

La organización de la marina de guerra enfrentó serios obstáculos en la Argentina. El país poseía en Río Santiago (La Plata) y en Puerto Belgrano (Bahía Blanca) dos bases navales convenientemente equipadas; pero no tenía un puerto de aguas profundas. El puerto de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata, no era utilizable por los navíos de guerra. Otra seria desventaja: la República Argentina, país de hombres de tierra adentro, donde la pesca de mar era prácticamente desconocida a principios de siglo, no poseía ninguna población marítima donde reclutar tripulaciones aguerridas.

A pesar de todo, la Escuela Naval Militar fue fundada en 1872 en Río Santiago a base del modelo del Colegio Militar. Ella alcanzaba a suministrar los oficiales que necesitaba la flota. Los aspirantes ingresaban contando entre 14 y 18 años, como en el Colegio Militar, pero los estudios duraban un año más. Además, al terminar los cursos, como en todas las marinas, los cadetes se embarcaban para un viaje alrededor del mundo en el buque escuela que en ese momento era la fragata Presidente Sarmiento, construida en Gran Bretaña en 1898.

La vida del oficial de marina embarcado se parece muy poco, se comprenderá fácilmente, a la existencia profesional del oficial de ejército. No insistiremos al respecto sobre la particular psicología del marino que resulta de ello. Digamos para resumir que el oficial de marina a bordo de una embarcación está técnicamente aislado y socialmente disponible: mantiene una vida de relación intensa, a la vez cosmopolita e irreal, al azar de las escalas. Inversamente, el oficial de ejercito, técnicamente inmerso en la sociedad, está socialmente replegado sobre su medio corporativo. Además, el oficial de marina es a menudo poco formalista. Enfrentado a un medio hostil que debe vencer gracias a sus conocimientos técnicos y al equipo que él conduce, a menudo se siente más civil que su homólogo de la infantería o de la caballería. En los motivaciones de los oficiales de marina se encuentran más frecuentemente el afán de aventuras y el deseo de viajar que la afición a la disciplina o la mística del uniforme.

Finalmente, es bastante frecuente que tenga hacia aquellos que no son hombres de mar el mismo sentimiento de superioridad que el militar reserva para todos aquellos que no visten uniforme. Esos aspectos, que podrían calificarse de civiles, a veces de mundanos, y que se encuentran en las marinas de guerra de todas las latitudes, se ven aun más acentuados en la Argentina por la filiación británica de la marina nacional que acerca a sus miembros a la élite establecida.

La tradición británica de la marina argentina se remonta, en efecto, a su creación por el irlandés Guillermo Brown, su primer «almirante». «El Nelson del hemisferio sur», que se había radicado en 1812 en Buenos Aires para dedicarse al comercio marítimo, armó una pequeña flota de guerra para liberar al Río de la Plata bloqueado por los españoles y permitir así la reanudación del intercambio comercial con la nueva metrópoli europea.[95] A partir de entonces, en perfecta armonía con la orientación de la economía nacional y con sus dirigentes, la marina de guerra argentina evidentemente tomó como modelo a la Royal Navy que reinaba sin rivales en todos los mares del mundo.

Sin embargo, esa influencia británica no puede compararse con la germanización del ejército; fue infinitamente más discreta. Gran Bretaña ocupó un lugar privilegiado principalmente en el equipamiento de la flota. En 1912, 54 unidades sobre 66 fueron construidas en Gran Bretaña. Esto implica no sólo una relación comercial episódica sino continuos contactos. En general se enviaban comisiones de oficiales a los astilleros navales para supervisar la construcción y el armamento de los navíos encargados. Pero Gran Bretaña no fue tan acogedora como Alemania. La Royal Navy no recibió becarios en sus escuelas, no embarcó oficiales argentinos en sus unidades. Por otra parte, hasta 1920 los uniformes fueron similares a los de los marinos franceses. En la Escuela Naval, los cadetes podían elegir entre el francés y el inglés hasta 1929, desapareciendo luego el francés.[96] Si la marina argentina puede ser considerada como pro británica, en concordancia al respecto con el fervor anglómano de la gentry nacional, sin duda es mucho más por admiración hacia la primer flota del mundo o por tradición que debido a lazos orgánicos y permanentes.

Se ha subrayado a menudo la importancia de la referencia británica para, la flota argentina pero se ha puesto raramente el acento en la antigua y profunda influencia de la marina norteamericana. Las primeras, relaciones estrechas entre la marina y la US Navy se remontan a la presidencia de Taft (1909-1913) durante la cual la política marítima norteamericana recibió un impulso decisivo. Los dos cruceros pesados que la Argentina decidió hacer construir en 1910 fueron encargados a astilleros navales de los Estados Unidos.[97] Además, a diferencia de la flota de Su Graciosa Majestad, la US Navy abrió las puertas de sus institutos técnicos y los portalones de sus embarcaciones a los marinos argentinos. La Academia Naval de Annapolis y la Escuela de Submarinos de New London, en particular, comenzaron a recibir desde esa época a la élite de los marinos argentinos. Sobre una muestra de 46 oficiales «prestigiosos»,[98] ingresados a la marina de guerra antes de 1916 y todavía en actividad en 1930, observamos que 9 habían participado en «misiones navales» en Gran Bretaña, pero 11 fueron miembros de comisiones enviadas a los Estados Unidos y 9 fueron incorporados a la marina norteamericana. De estos últimos, 5 sirvieron a bordo de unidades de la escuadra norteamericana en 1917 y 1918, o sea después de la declaración de guerra.

Esta última situación, pese a no ser muy frecuente, es sin duda significativa de las simpatías del alto mando naval. Mientras que la Argentina permanece oficialmente neutral —y justamente a causa de esa neutralidad— la marina no disimula en modo alguno su preferencia por el campo aliado. Basta señalar que en 1914 numerosos oficiales del ejército estaban incluidos en las tropas del Kaiser para comprender que las dos armas tienen, por lo menos, marcos de referencia discordantes. Tendremos que recordarlo.

La sociedad militar

EL RECLUTAMIENTO DE LOS OFICIALES

La influencia de la socialización específica sobre la que acabamos de insistir reduce a sus justas proporciones el problema del origen social de los oficiales al que observadores y publicistas han dado frecuentemente una importancia excesiva, acorde con la ignorancia generalizada sobre las condiciones y el contenido de la instrucción propiamente militar. En lo que se refiere a la Argentina, quizás se nos concederá que un joven ingresado a los 15 o 16 años al Colegio Militar de donde sale a los 19 años, después de un «adiestramiento» intensivo, para ser enviado a vivir durante varios años a alguna de las numerosas guarniciones diseminadas desde los Andes hasta la frontera brasileña, se ubica y se determina más en función de la institución que lo ha formado que con relación a su grupo familiar, lo que no significa de ningún modo descuidar a éste en beneficio de aquélla. Pero, la importancia que tiene el grupo familiar para el oficial es, según nuestra opinión, más precisa y más indirecta de lo que se cree generalmente.

En efecto, la familia de origen no constituye el grupo de referencia privilegiado pero condiciona sin embargo la inserción del oficial en la sociedad global. Porque no es ajena, en la mayoría de los casos, al tipo de sociabilidad que adopta y al modo de relación que lo distingue. En una palabra, en la medida en que el oficial argentino vive, por múltiples razones, en simbiosis con la institución que ha elegido como marco de referencia, la familia constituye muchas veces su principal posibilidad de establecer contactos con los ambientes civiles. Y lo mismo sucede con la familia política de los oficiales casados. Luego, la situación social de la familia juega un cierto papel en el proceso político de las relaciones cívico-militares: fija la imagen de los militares entre los civiles y canaliza las reacciones políticas o las inquietudes ideológicas de un medio ambiente hacia el otro.

Pero en la Argentina el origen de los oficiales merece tanto más atención cuanto que las coordenadas socioprofesionales no son las únicas ni las más importantes. En una sociedad cosmopolita afectada por disparidades regionales profundas, se atribuye una coloración social y a veces incluso política a las divisiones geográficas y a las diferentes extracciones nacionales. Es por eso que tratamos de ilustrar, a base de dos muestras restringidas, las tendencias generales del reclutamiento en sus distintos aspectos.

El primer indicador global es el origen geográfico. Distribuimos las dos muestras utilizadas precedentemente, A (=23) y B (=101), entre las siguientes categorías, que vale la pena consignar: a) la Capital Federal y las de las zonas residenciales del Gran Buenos Aires que comprenden casi un tercio de la población total; b) el Litoral (provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes) y la región vitivinícola de Cuyo (Mendoza y San Juan) que son zonas dinámicas y modernas de inmigración masiva que agrupan más de la mitad de la población total, constituyendo con el Gran Buenos Aires lo esencial del potencial demográfico (76 %) y económico del país; c) las provincias tradicionales del interior (Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán), o sea las provincias históricas del centro y del norte que tuvieron cierta prosperidad en la época virreinal y que, salvo algunas excepciones (Tucumán, sur de Córdoba), casi no participan en la nueva prosperidad, distinguiéndose por estructuras sociales más rígidas, un débil aporte inmigratorio y aristocracias locales firmemente establecidas; d) los territorios nacionales.

Cuadro 1
Distribución geográfica del reclutamiento de los oficiales

Zonas | Porcentaje de la población nacional | Muestra A (unidades) | Muestra B (unidades)
Capital Federal y Gran Buenos Aires | 30 | 13 | 36
Litoral (menos el Gran Bs. As.) | 41 | 4 | 33
Mendoza - San Juan | 5 | 2 | 8
Provincias «tradicionales» del interior | 22 | 3 | 14
Territorios nacionales | 2 | 0 | 2
|  | s. d. = 1 | s. d. = 8
| 100 | 23 | 101
Fuentes: Ministerio de Guerra, Dirección General del Personal, Escalafón del Ejército Argentino, 1919 y 1938; Quién es quién, 1939; La Nación; Revista Militar.

Cuadro 2
Urbanización y reclutamiento

| Repartición nacional de la población (%) | Muestra A (%) | Muestra B (%)
Población urbana | 52 | 69 | 53
Población rural | 48 | 26 | 39
|  | s. d. 5 | s. d. 8
| 100 | 100 | 100

De los cuadros 1 y 2 podemos extraer un cierto número de indicaciones concernientes a las grandes tendencias que afectan a los reclutamientos de los oficiales.

— La población urbana se encuentra claramente sobrerrepresentada. Podríamos agregar, para generalizar lo menos posible teniendo en cuenta la naturaleza de nuestras muestras, que los oficiales que han hecho una buena carrera en el ejército son, en su mayoría, nativos de las ciudades. La proporción de porteños es muy elevada y superior a la importancia ya impresionante de la capital con relación a la población del país.

— En la zona moderna de fuerte inmigración en su conjunto, el reclutamiento de oficiales corresponde a la repartición demográfica nacional.

— Las provincias tradicionales del interior están relativamente subrepresentadas.

Se puede decir en líneas generales, mirando estos datos, que los oficiales argentinos raramente proceden de las familias hidalgas de las viejas provincias coloniales. En su mayoría son originarios de las zonas más modernas, más urbanizadas y cosmopolitas. Asi, pues, los oficiales forman un grupo abierto y no una casta hereditaria reservada a las viejas familias tradicionales de ascendencia militar o consular, particularmente vivaces en las provincias del centro y del norte. El examen del origen nacional de las familias de los oficiales confirma esta primera observación.

Con esa finalidad, analizamos tres muestras referidas a generales sobre quienes pudimos obtener una información confiable. El primer grupo está constituido por los generales en actividad en 1919 (=17). Ingresaron al arma entre 1875 y 1885. A la muestra A (=23), precedentemente utilizada, adjuntamos un tercer grupo, el de los generales de brigada de 1943 (=26), ingresados al Colegio Militar entre 1904 y 1908.

De esos 66 hombres, como muestra el cuadro 3, un tercio (22) está compuesto por hijos de extranjeros, argentinos en primera generación. Este porcentaje es bastante considerable, teniendo en cuenta el grado alcanzado por esos oficiales. Refleja el carácter abierto y no discriminatorio de la institución.

Cuadro 3
Origen «nacional» de los oficiales

Nacionalidad del padre | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3
Argentino | 8 | 13 | 12
Italiano | 2 | 5 | 5
Español | 1 | — | 3
Alemán | 1 | — | 1
Francés | — | — | 1
Portugués | 1 | — | —
Uruguayo | 1 | — | —
Británico | — | 1 | —
s. d | 3 | 4 | 4
Total | 17 | 23 | 26
Fuentes: Ministerio de Guerra, Dirección General del Personal, Escalafón del Ejército Argentino, 1919 y 1938; Quién es quién, 1939, 1944; La Nación; Revista Militar; entrevistas realizadas por el autor en 1969 y 1970.

El cuadro anterior induce a una primera observación. En él se puede leer, en efecto, que la proporción de extranjeros no varía fundamentalmente del grupo 1 al grupo 3, es decir que hay tantos argentinos de primera generación entre los oficiales ingresados al ejército durante el período 1875-1885 como entre los que ingresaron al Colegio Militar durante el período 1904-1908. La tendencia a la estabilidad antes y después de la marea inmigratoria es sorprendente. Los padres de los oficiales del grupo 1 llegaron a la Argentina a más tardar en la década de 1860. En esa época, los extranjeros todavía eran poco numerosos y, sobre todo, eran inmigrantes calificados que habían accedido inmediatamente a cierta prosperidad, situándose pues relativamente alto en la escala social. Las cosas son muy diferentes después de 1880. Si el porcentaje de hijos de extranjeros se mantuvo estable mientras que el número de inmigrantes en la sociedad argentina se incrementó masivamente, puede concluirse que se produjo una compresión relativa de los hijos de no argentinos contradictoria con la evolución nacional. Así pues, los hijos de inmigrantes estaban sobrerrepresentados antes de 1880, cuando formaban un elemento de dinamismo y modernismo, y están más bien subrepresentados cuando la ecuación inmigrantes = capas inferiores de la sociedad argentina se convirtió en realidad. Puede inferirse de ello que los cadetes de principios de siglo se reclutaban presumiblemente entre las familias acomodadas de inmigrantes, como antes de 1880.

Sea como fuere, el elevado porcentaje de hijos de extranjeros que alcanzaron las más altas responsabilidades dentro del ejército argentino merece que nos detengamos sobre ello y nos esforcemos por interpretarlo. La extracción geográfica, que parece ser predominante en el caso de los oficiales argentinos (medio urbano, zonas de economía moderna), permite sugerir una primera hipótesis:[99] el ascenso social no sería un móvil determinante para la elección de la carrera militar. En un medio ambiente como ése, el oficio de las armas no es la única fuente de prestigio accesible, como podría ser el caso en pueblos rurales o en regiones de economía deprimida. En las zonas urbanas y en expansión, la gama de profesiones socialmente remuneradoras es muy amplia; en ellas, la movilidad ascendente puede tomar caminos múltiples y diversos, más seguros y más rápidos que el de la carrera de oficial. El deseo de arraigarse en la realidad nacional, gracias a la elección de una profesión eminentemente patriótica, parece haber sido, por el contrario, uno de los móviles profundos y significativos de muchos hijos de extranjeros.

De las entrevistas realizadas a oficiales superiores que habían ingresado al Colegio Militar antes de 1916,[100] extrajimos dos elementos significativos. En primer lugar, no es raro que los oficiales tengan un hermano o un pariente cercano abogado o médico —cúspide de la pirámide profesional— o que ellos mismos hayan sido impulsados en esa dirección por su familia. En segundo lugar, las motivaciones reconocidas (y por lo tanto reconstruidas) por los entrevistados son la mayoría de las veces de orden «romántico-institucional». Evidentemente, rara vez se menciona la falta de afición a los estudios prolongados. En cambio, la educación nacionalista y el culto de San Martín, por ejemplo, y el atractivo de la parada, los desfiles, la bandera y los uniformes constituyen el basamento emocional de muchas elecciones.

A veces, en el caso de algunos hijos de extranjeros, la vocación toma caminos tan inesperados como cargados de sentido. Así, un futuro teniente general, hijo de alemán, decidió entrar al Colegio Militar cuando en 1910 el mariscal von der Goltz, en uniforme de gala, vino a visitar la escuela alemana de la que era alumno y lo felicitó.[101] En ese caso, no cabe ninguna duda de que, identificándose el uniforme alemán con el prestigio militar, la elección de la carrera militar traducía un «proyecto puramente institucional».[102] Es así a menudo, aunque los móviles no sean tan claros como en el caso recién citado. Tales motivaciones llevarían a confirmar las observaciones presentadas anteriormente sobre la jerarquía de lealtades en el seno de la sociedad militar.

Los datos sobre la ocupación de los padres de oficiales constituyen indicadores esenciales para situar socialmente a sus familias. Las fuentes oficiales resultan a la vez incompletas y poco confiables.[103] Son insuficientes para realizar un análisis válido, aun partiendo de muestras reducidas.[104] Además, la singularidad de la sociedad argentina, esencialmente urbana pero con bases económicas agrícolas, dificulta la interpretación social de los datos profesionales en bruto.[105]

Mediante informaciones escasas confirmadas o completadas por entrevistas se llega finalmente a un lugar común: los oficiales argentinos parecen proceder en su mayoría de la clase media.[106] ¿Qué significa eso? ¿Cómo precisar o matizar a esa categoría comodín? El concepto de clase(s) media(s), del que la sociología latinoamericana ha usado y abusado, es en realidad esencialmente negativo, es decir residual. Recubre todas las capas sociales que no se encuentran ni arriba del todo ni abajo del todo de la escala. Ahora bien, es cierto que la carrera militar es poco apreciada por la mayoría de los grandes propietarios. Su ideal es vivir noblemente y ocuparse de «grandes negocios». Por lo tanto, prefieren para sus hijos las profesiones liberales tradicionales. El hijo de estanciero está obligado a ser doctor —en leyes preferentemente— porque ese diploma es el título indispensable para conservar su rango en la clase política y en las esferas de las altas finanzas.

Por otro lado, las clases populares no están representadas en nuestras muestras. Por supuesto, los trabajadores no calificados, los peones, están totalmente ausentes; y en cuanto a los casos de extracción popular, encontramos sólo uno, el de un coronel de 1943 (Mercante), hijo de un ferroviario mecánico de locomotoras. Ese caso es excepcional y por lo tanto atípico, y justamente nos fue mencionado en muchas entrevistas como prueba del reclutamiento democrático del cuerpo de oficiales. Notemos al pasar que se trata de un técnico de origen europeo perteneciente pues a la clase media baja.

¿Por qué sucede esto? Numerosas becas son concedidas generosamente a los cadetes. Incluso las primeras promociones del Colegio Militar estaban enteramente compuestas por becarios.[107] A principios de siglo varían las proporciones y sólo se beneficia con una beca de estudios el primer tercio de cadetes. Pero en realidad esto no es un obstáculo. Si lo es el nivel de estudios exigido para el concurso de admisión. Los candidatos tienen que haber frecuentado regularmente una escuela hasta la edad de 14 o 15 años, lo que estaba fuera del alcance, en la Argentina de esa época, de los niños de las clases más postergadas. A pesar de que la enseñanza elemental sea obligatoria y gratuita en teoría, el trabajo infantil se encuentra tan difundido como en Europa en los primeros tiempos de la revolución industrial. La ley del 14 de octubre de 1907 que lo reglamenta estipula que el trabajo de los menores de 10 años «no puede ser objeto de ningún contrato» pero que puede ser autorizado «si se juzga indispensable para la subsistencia de éstos y de su familia».[108] Por eso no es sorprendente que una encuesta sobre las fábricas de tabaco, llevada a cabo por el Departamento Nacional del Trabajo en 1910 revele que la mayoría de los obreros jóvenes o aprendices de entre 12 y 15 años no sabe leer ni escribir.[109] Además, a partir de la segunda década del siglo, el concurso de admisión al Colegio Militar se hizo más selectivo y tuvo que ser preparado mediante cursos privados, o sea pagos.

Es comprensible que se requiera un cierto desahogo económico para abordar los estudios militares a pesar de su corta duración. Pero contrariamente a lo que podría pensarse, los jóvenes procedentes de las clases medias que accedieron al nivel secundario no parecen haber sido tentados sino tardíamente por la carrera militar. Sucede que debido a la conformación de la sociedad y a sus valores dominantes, los hijos de inmigrantes acomodados, que querían ser «reconocidos» y acceder a elevadas posiciones en la pirámide social, aspiraban a ser «doctores» y así, pues, se orientaban hacia las facultades de Derecho o de Medicina. A tal punto que a principios de siglo el Colegio Militar tenía reales dificultades de reclutamiento. Las promociones del Colegio no alcanzaban para proporcionar los oficiales que necesitaba el ejército, aun después de promulgada la ley de 1901. Sólo en 1904 todos los oficiales provienen del Colegio Militar.[110] En 1907 no fueron solicitadas todas las becas ofrecidas para seguir estudios militares.[111] En 1909, finalmente, quedando sin cubrir numerosos puestos de oficiales, un decreto permitió excepcionalmente el reclutamiento de oficiales de activa entre los oficiales de la reserva.[112] El número de candidatos a las becas superó la cantidad de becas ofrecidas recién en 1910.[113] Será útil recordar esta fecha, ya que a partir de ella la imagen del ejército dejará de ser negativa. ¿Fue la atmósfera del Centenario propicia para la exaltación patriótica? ¿Tuvo algo que ver el buen comportamiento del nuevo ejército desfilando a paso de parada prusiano? Tenemos otra vez ante nosotros la prueba de que las instituciones militares adquirieron un prestigio del que estaban totalmente desprovistas algunos lustros antes.

La voluntad de los legisladores de formar oficiales reclutados en una misma clase social no fue del todo un deseo piadoso. Según las informaciones con que contamos, los oficiales se reclutaban en las clases medias acomodadas, entre la «gente bien», es decir en la franja superior de las capas intermedias que es la que asimiló mejor la mentalidad o los valores del grupo dirigente. Por cierto, no existían todavía reglamentos o mecanismos que aseguraran una perfecta homogeneidad, pero la selección mediante la enseñanza previa y sobre todo por concurso aseguraba la concordancia del candidato admitido con un modelo cultural de bases sociales bien delimitadas.

Si examinamos ahora a la vez los datos profesionales y los ambientes familiares según su nivel de prestigio[114] en la sociedad argentina, podremos completar esa comprobación. Retomando la muestra A desde ese punto de vista, notaremos la presencia de distintos grupos individualizables:

— Un grupo de oficiales de origen inmigratorio donde predominan, junto a los descendientes de españoles y de otras nacionalidades europeas, los hijos y los nietos de italianos: Alvarez, Mohr, Accame, Cassinelli, Pistarini, Rocco, Ruzo.

— Un grupo procedente de la clase media acomodada de Buenos Aires y de las provincias del Litoral, argentinos desde hace varias generaciones: Márquez, Menéndez, Mones Ruiz, Ramírez.

— Descendientes de las familias tradicionales de provincia, representantes a veces de verdaderas «familias militares»: Arana (Corrientes), Espíndola (Entre Ríos), Molina (Salta).

— Por último, un grupo relacionado con las grandes familias de Buenos Aires: Guido y Lavalle, Quiroga, Reynolds.

Si efectuamos la misma operación con nuestra muestra de marinos, obtendríamos resultados muy comparables salvo algunas particularidades. Se advierte:

— Un importante grupo de descendientes de inmigrantes españoles o italianos: Beascochea, Guisasola, Ugarriza; Casari, Fincati, Pertusio, Repetto, Resio, Scasso, Secco y Storni.

— Un importante contingente, propio de esta arma, de descendientes de franceses y de británicos, al que debe agregarse un grupo de origen germánico que parece estar sobrerrepresentado en nuestra muestra: Daireaux, Lajous, Malleville, Renard; Fliess, Pillado Ford, Mac Lean, Steward; Hartung, Schilling, von Rentzell.

— Un grupo de hijos de familias antiguas y notables, inclusive las «familias militares», de Buenos Aires y del litoral: Bengolea, Campos Urquiza, Martín, Sáenz, Videla, Videla Dorna.

Para no limitarnos a la muestra, cuya representatividad para el conjunto de la sociedad militar puede ponerse en duda ya que incluye solamente a los oficiales generales, nos proponemos examinar, en el otro extremo de la pirámide de los grados, una promoción del Colegio Militar. La promoción de 1913 que elegimos no se diferencia en nada, a primera vista, con sus 110 aspirantes, de cualquier otra. Sin embargo, está destinada a tener alguna celebridad: en efecto, el 43.º lugar está ocupado por un cadete de infantería de 18 años llamado Juan Domingo Perón.[115]

El futuro general Perón nos parece, justamente, un buen representante del perfil familiar medio de los cadetes argentinos. J. D. Perón pertenece a una buena familia de la provincia de Buenos Aires. Su abuelo, médico, fue un notorio político mitrista. Su padre, que no pasó por la Universidad como quería su familia, se ocupó primero de una explotación rural en Lobos, en la provincia de Buenos Aires. No hizo muy buenos negocios ni realizó un muy buen casamiento.[116] Dejó la provincia de Buenos Aires por la lejana Patagonia (Chubut) donde el joven Juan Domingo pasó su infancia antes de ingresar a un distinguido colegio del aristocrático barrio de Olivos, gracias a su abuela paterna, según parece. Buena familia, pues, pero en plena decadencia: una de las modalidades, como ya vimos, de la clase media argentina.

¿Qué vemos, por lo demás, en esa lista de diplomados del Colegio Militar? En primera instancia, una abundancia de nombres plebeyos que no figuran para nada en el Gotha argentino y entre los cuales prevalecen los patronímicos italianos. Pero junto a esos oficiales de baja extracción, reconocemos algunos «apellidos» pertenecientes a las mejores familias de la gentry nacional y de los medios dirigentes: Roque Lanús, Pedro Flores Pirán, W. Sánchez Bazán, F. A. de Lezica, Rodolfo Fraga. Mucho se hablará de ellos treinta años más tarde.

Surge a la luz de la lectura social de las muestras que los hijos de las grandes familias, o más simplemente de las categorías superiores, no están totalmente ausentes del ejército. Desde luego, en la Argentina industriosa y febril de la belle époque, esas familias no envían de buen grado a sus hijos al ejército. Sin embargo, un cierto número de hijos de buena familia, sin duda embargados por una irreprimible vocación, ingresa al Colegio Militar y a veces incluso contra la voluntad de sus padres.[117]

¿Cómo explicar el fenómeno de la presencia de descendientes de las capas superiores en una institución burocrática ampliamente abierta a los hijos de los recién llegados? ¿Se trata simplemente de casos individuales que afectan solamente a elementos turbulentos o poco dotados para el estudio y, por lo tanto, incapaces de abocarse a las nobles actividades del grupo dominante —la ganadería, las finanzas y la política? No es ciertamente el caso de la mayoría de ellos.

En primer lugar, en la mayoría de las viejas familias argentinas existe una verdadera tradición militar. Casi podría decirse que la antigüedad del linaje se mide en militares. Las familias más antiguas son aquellas que pueden enorgullecerse de descender de un oficial de los ejércitos de la Independencia. A falta de un «guerrero de la Independencia», es de buen tono tener un pariente que se haya alistado en la guerra del Paraguay. «Guerrero del Paraguay» es, en efecto, un título de nobleza del que se tiene algún orgullo. Como prueba de ello, existe en la actualidad una asociación de descendientes de los «guerreros del Paraguay».[118] Jorge Luis Borges, buen representante de las grandes familias de la provincia de Buenos Aires, evoca así a sus antepasados:

«Una amistad hicieron mis abuelos con esta lejanía

y conquistaron la intimidad de la pampa…

Fueron soldados y estancieros…

Uno peleó contra los godos, otro en el Paraguay cansó su espada…».[119]

Esos valientes antepasados, que ofrecieron su vida para la edificación de la Nación Argentina, son objeto de un verdadero culto por parte de sus familias. ¿No fundamentan sus hazañas, o por lo menos su uniforme, la legítima aptitud para mandar y gobernar de sus descendientes?

Como lo señala el sociólogo Imaz en una investigación sobre la «clase alta de Buenos Aires» realizada en 1959, entre los indagados que tienen detrás de ellos tres generaciones de argentinos, se descubre un gran número de militares en la primera generación (la de los bisabuelos). «En muchos casos, agrega, ese grupo militar está en el origen mismo del prestigio de las familias»[120] que forman en la actualidad la clase alta de Buenos Aires. Y lo mismo sucede en las otras provincias. Es así como para muchas familias «distinguidas» y aun poderosas, ser militar es siempre honroso, a pesar de que en la sociedad global el ejército argentino no parezca una institución muy atractiva para los privilegios durante las primeras décadas del siglo XX. No olvidemos, por otra parte, que hacia 1860 un joven bien nacido no podía elegir más que entre la profesión de abogado y la carrera de las armas. Los tenientes generales de fines del siglo pasado y principios de éste lo atestiguan: prueban también que el ejército podía conducir a un destino de grandeza. Todo el pasado militar de la Argentina se encuentra lo bastante próximo y presente en la memoria familiar de las capas dirigentes como para que la carrera de oficial no se perciba todavía de manera negativa.

Estas observaciones sociológicas podrían parecer ociosas si no sirvieran para nuestros fines. El ejército argentino, como vimos, es una institución abierta que recluta sus oficiales en las capas medias y en particular en los estratos superiores de éstas. El acento puesto en la homogeneidad del reclutamiento y el tipo de orientación normativa de la sociedad argentina (ver capítulo 1), y de las clases intermedias en particular, nos hacen pensar que los hijos de las familias tradicionales gozan de una autoridad particular, o tienen por lo menos una singular influencia, en el interior de la sociedad militar. La interiorización del modelo prusiano y del espíritu Junker no pueden más que reforzar el ascendiente de la élite establecida. ¿No afirma el Feldmarschall von der Goltz,[121] tan admirado en la Argentina, que el nacimiento aristocrático le da a un joven la costumbre de mandar a los demás y lo hace, por consiguiente, más apto para la profesión militar? Todo hace creer que la minoría de oficiales emparentada con el grupo dirigente «marca la tónica» en el ejército. Tal cosa puede parecer evidente si agregamos que con anterioridad a 1916 oficiales procedentes de la oligarquía ocuparon repetidas veces la dirección de los institutos de formación para oficiales.[122] Las consecuencias de esos hechos sobre la ideología de los medios militares o sobre las actitudes políticas de los oficiales son evidentes.

LOS MILITARES EN LA SOCIEDAD

El oficial argentino tiene poco contacto con los civiles durante una parte de su vida. El joven oficial recibe precozmente una formación profesional que lo separa muy pronto de los estudiantes de su edad y, habiendo salido del Colegio Militar, raramente puede emprender estudios superiores civiles.[123] Enviado a guarniciones alejadas, el oficial lleva una existencia confinada a la sociedad de sus pares.

Su horizonte se amplía si es trasladado a una capital provincial. Sin embargo, la puntillosa disciplina así como las servidumbres profesionales no facilitan en nada una asidua frecuentación de los ambientes civiles. Con más razón si se tiene en cuenta que el nomadismo inherente a la función pública y especialmente a la carrera de las armas, no favorece el arraigamiento local ni las relaciones duraderas. Habría que agregar a ello, la aparición, a principios de siglo, de «barrios de oficiales» que, al instaurar una suerte de segregación respecto a la vivienda, acentúa el repliegue forzado del oficial sobre la institución y por consiguiente la cohesión de la sociedad militar.[124]

Sin embargo, la «subcultura» militar, aunque sea decisiva a nuestro entender, no basta para explicar la percepción diferencial de los procesos sociales que tienen los oficiales y el surgimiento de actitudes políticas manifiestas en ellos. Es conveniente precisar la situación social concreta de los oficiales, estableciendo su nivel de vida así como las diversas relaciones sociales que determinan su socialización política (casamiento, amistades privadas, afiliación voluntaria a asociaciones civiles).

Cuadro 4
Cuadro comparativo de los sueldos civiles y militares en 1916-17

Oficiales
Funcionarios civiles
Sueldos brutos mensuales
(en pesos papel)

Ministro del gobierno federal
2400

Procurador de la Suprema Corte
1800

Teniente general

1600

Juez federal
1400

General de división

1350

Obispo
1200

General de brigada

1150

Director Gral. del Ministerio de Hacienda
1000

Director de la Biblioteca Nacional
900

Coronel
Subdirector del servicio ministerial
800

Inspector de la enseñanza secundaria
700

Director de escuela
650

Teniente coronel

600

Mayor
(oficial de 1.ª) Ayudante administrativo
500

Subdirector de escuela
450

Capitán

340

Teniente 1.º

260

Teniente

235

Subteniente
Maestro titular
210

Fuente: Ley del Presupuesto General de la República Argentina para el Ejercicio de 1917.

En lo que se refiere a los ingresos, los generales (cuadro 4) igualan a los altos dignatarios civiles y religiosos del Estado. No se encuentran en el primer lugar de la escala de sueldos públicos pero, en términos relativos, su posición es muy honorable. Por el contrario, los grados subalternos son remunerados bastante mediocremente, aun en términos absolutos. Los sueldos son escasos, no sólo para los subtenientes, que son muy jóvenes, sino también hasta el grado de capitán, cuyos titulares tienen entre 31 y 37 años.

En realidad, para que la comparación entre sueldos civiles y militares sea convincente, es necesario señalar algunas particularidades de la función pública en la Argentina. Debido a la práctica del spoil system y del amateurismo administrativo, el empleo público es muy pocas veces la única fuente de ingresos del civil, o incluso su profesión principal y permanente. Se trata a veces de un paréntesis honorífico y frecuentemente de una especie de renta que desembolsa el gobierno para recompensar los servicios prestados o la fidelidad política. No nos extenderemos sobre prácticas tales como la distribución de nombramientos en blanco a personalidades locales, o los numerosos casos de puestos delicados o técnicos confiados a amigos políticos sin experiencia ni calificación. La sabiduría popular argentina vio por mucho tiempo al funcionario argentino como a un hombre que «viene a su oficina, firma y se va». Además, al no existir una estructura burocrática codificada, el ascenso se obtiene de favor: puede ser meteórico o desesperadamente lento. Las cosas son muy distintas en el ejército. El oficial es un funcionario profesional permanente y calificado que pertenece a una organización burocratizada. Si se tiene en cuenta esta diferencia, entonces el oficial está bastante peor remunerado que sus homólogos civiles, sobre todo en los grados inferiores. Es cierto que goza, además de algunas remuneraciones en especies no contabilizadas, de ciertas disposiciones legales no desdeñables que constituyen la otra cara positiva de la profesionalización: la propiedad del grado,[125] garantía de estabilidad en el empleo y la jubilación cobrando el sueldo completo después de 35 años de servicio.

Es evidente, sin embargo, que debido a lo exiguo de su sueldo, los jóvenes oficiales tienen algunas dificultades para establecerse. Los precios no dejaron de subir desde 1910. La inflación provocada por la guerra realimentó el alza súbita de precios que acompañó a la euforia del Centenario. Se pensaba, en aquel momento, que un funcionario intermedio necesitaba 200 a 300 pesos por mes para alquilar una vivienda decente en Buenos Aires.[126]

Un obrero calificado ganaba de 6 a 9 pesos por día,[127] es decir casi el equivalente del sueldo de un subteniente o de un teniente. Ese nivel de ingresos ubicó al grueso de los oficiales, de teniente a mayor,[128] en la fracción inferior de la clase media.

Esta situación no facilitó las relaciones con los civiles. El oficial tiene aspiraciones demasiado altas y una mentalidad demasiado elitista como para frecuentar los ambientes correspondientes a su nivel de ingreso. Pero se encuentra en la imposibilidad material de mantener su fango en la buena sociedad civil. De ello resulta, además de una concentración en la profesión y un «encerramiento» en el interior de la sociedad militar, una exaltación moralizadora del servicio y una mística de la austeridad que forman el sustrato de la mentalidad militar en la Argentina.

Los militares argentinos tenían algunas dificultades para codearse con los «olímpicos» de la oligarquía, aun al llegar a la cima de su carrera, salvo, por supuesto, que poseyeran una fortuna personal. Es por eso que los más civiles de los militares proceden generalmente de las grandes familias. Son los generales que frecuentan la alta sociedad y los clubes más distinguidos.

El Jockey Club, que cuenta con 2000 miembros y con todos los grandes apellidos del país, casi no se abre para los oficiales, aunque sean prestigiosos. Hay que aclarar que el filtro social no es el único obstáculo: la cuota de ingreso equivale, en 1917, a 3 meses de sueldo de un general de brigada. Sólo uno de los generales de 1919 pertenece al Jockey Club: José F. Uriburu, sobrino de un presidente de la República y descendiente de una histórica y poderosa familia salteña. Otros oficiales pueden frecuentar las salas de esgrima o el pesaje del Club, si son invitados por miembros que aprecian su habilidad o sus conocimientos hípicos. A pesar de todo, allí son extranjeros.

En el Círculo de Armas, «masonería amistosa»[129] y sanctasanctórum de la oligarquía que sólo tiene 300 miembros, también se encuentra en verdad a algunos oficiales. Pero fueron admitidos, aunque militares, porque forman parte de la élite establecida. En el único anuario que haya jamás sido publicado por este club muy cerrado, contamos 16 antes de 1916.[130] Entre los oficiales del ejército, se encontraban: el general José F. Uriburu, el general Francisco Reynolds, el general Angel Allaria (ministro de Guerra en 1912), el coronel Agustín P. Justo y los generales Rosendo Fraga y Severo Toranzo. Y entre los marinos: los almirantes Domecq García, Juan A. Martín y Campos Urquiza.

Los demás oficiales, para evadirse de los estrechos límites del comedor y del casino de oficiales, disponen en Buenos Aires del Círculo Militar. Pero aquí nos encontramos de nuevo con el ghetto militar. El Círculo tiene 1179 socios en 1917,[131] y en esa misma fecha hay 1304 oficiales. A pesar de que cierta cantidad de provincianos no están inscriptos, queda poco lugar para los civiles quienes, por lo demás, son aceptados con mucha parsimonia.[132] Las instalaciones deportivas pueden atraer a algunos esgrimistas pero, en realidad, el Círculo se convierte poco a poco en un simple foro militar complementado por servicios baratos (restaurante, hotel, sastrería, etc.) para los oficiales y sus familias.[133]

Por lo tanto, la mayoría de los militares frecuenta poco a los civiles. Aquellos que mantienen contactos continuos e «institucionalizados» con los ambientes extraprofesionales son, la mayoría de las veces, los hijos de las familias tradicionales que llevan la vida de relaciones de su grupo social de origen. Segregación para la inmensa mayoría, relación de una minoría aristocrática con la élite establecida, así se presenta, grosso modo, la inserción de los oficiales en la sociedad que los rodea a principios de siglo.

Es verdad que habría que matizar estas conclusiones. No todos los descendientes militares de familias «históricas» frecuentan a la «gente bien», así como tampoco se casan necesariamente en la alta sociedad. El prejuicio contra los militares toscos y groseros del viejo ejército les es todavía perjudicial en los salones o en los corazones de las señoritas bien dotadas. Huret, preguntándose en qué sueñan las muchachas de Buenos Aires, responde así, caricaturizando apenas: «¿Soñaría ella con un oficial? No, los oficiales aquí todavía no cuentan. Por mucho tiempo, la mayoría no fueron más que soldados de fortuna, sin instrucción, ni educación, ni haberes, cuyo único mérito era su audacia contra los indios. Ahora, es verdad, hijos de las mejores familias comienzan a seguir la carrera de las armas y se reciben en las academias, jóvenes oficiales instruidos y atractivos. Pero la moda todavía no ha llegado, no ha pensado aún en ellos».[134] Sobre todo que algunos de esos hijos de buena familia no se definen ni por su apellido ni por sus orígenes y están lejos de tener en los salones la soltura de gran duque austríaco que se le reconocía fácilmente al general Roca. La impronta del espíritu militar es más fuerte que los determinismos familiares. Porque el ejército es también una forma de vida.

Por otra parte, no se puede equiparar a todas las armas en sus relaciones con el grupo dirigente. A diferencia de los infantes, conductores de plebe y guardianes de dormitorios, la caballería tiene más facilidad para acceder a la oligarquía. Es preferida por los vástagos de las grandes familias que se aventuran en el ejército. En esa civilización del caballo, las armas montadas están próximas a la aristocracia o por lo menos a la imagen que ella se hace halagüeñamente de sí misma. El oficial de caballería es el más civil y el más tratable de los militares. Será festejado, si no en los salones por lo menos en las estancias, a poco que se destaque en los concursos hípicos. Podrá relacionarse con los señores del Jockey. O por lo menos, podrá inscribirse en un club hípico —Club Hípico Argentino o Club Alemán de Equitación, por ejemplo— y jugará al polo o al pato con civiles importantes. El caballo lo llevará así al asalto del éxito social.

No evocamos hasta aquí la situación un poco particular del oficial del interior del país. Desde el punto de vista del prestigio y de las posibilidades matrimoniales, se encuentra relativamente privilegiado. El joven oficial recién salido de las academias presenta, en las soñolientas guarniciones o en las activas capitales provincianas, todas las seducciones de la novedad y de la metrópoli de la cual proviene. Si lleva bien el uniforme, no pasa inadvertido; sobre todo si se tiene en cuenta que los oficiales superiores son considerados como personalidades. El coronel comandante de la plaza es recibido en todos lados, es invitado por el mundillo local. ¿No representa acaso al poder central? Algunos regimientos establecidos de muy antiguo gozan a veces de una halagüeña tradición local: tal es el caso de la caballería en Salta o de la infantería de Entre Ríos. Por eso la sociedad provincial recibe a algunos militares en sus clubes tradicionales. Con tal que tenga buenos modales y que sea atractivo, el teniente o el capitán acantonado en la ciudad podrá quizás asistir al gran baile anual del Jockey Club de Rosario o al del Club del Orden de Santa Fe. También harán un buen papel en la feria de beneficencia del Club Social de Tucumán. Su unidad acantonada en Salta recibirá algunas invitaciones para el garden-party del prestigioso «20 de febrero».

En el interior y sobre todo en las pequeñas localidades, el militar no es del todo extranjero. «Todas las noches se ve en el corso, en la polvorienta ciudad guarnición de Río Cuarto (provincia de Córdoba), nos dice un testigo, a la caballería y a la infantería rivalizando en seducción»,[135] bajo la mirada casta pero interesada de las jóvenes del sexo opuesto. Las muchachas no se quedan indiferentes ante esos recién llegados deportivos y muchas veces más cultos que sus toscos primos, únicamente preocupados por el engorde de los novillos y por las cotizaciones del trigo.

Además, esos oficiales pueden ser aceptables partidos, a pesar de la modestia de sus remuneraciones.[136] Las viejas familias coloniales un poco venidas a menos, y que, a mal traer con el progreso económico, no nadan en la abundancia, aprecian el aporte de la nueva sangre que representan esos hijos de inmigrantes. Es así como un bello artillero, hijo de un modesto músico italiano, incorporado al ejército,[137] contrajo matrimonio con la hija de una antiquísima familia católica de Córdoba. Cuando el joven artillero, que se llamaba Eduardo Lonardi, se convirtió en presidente de la República, se advirtió que esa alianza no era simplemente la unión de dos destinos individuales: la política tenía un gran lugar en ella. Algunos creen incluso que por eso el destino de la Argentina estuvo a punto de ser cambiado.

Capítulo 3
Radicales y militares:
connivencias y desacuerdos
El fin del antiguo régimen
y la ampliación de la sociedad política

La ley Sáenz Peña se aplicó por primera vez en 1916, en ocasión de una elección presidencial. El voto fue entonces secreto y obligatorio. De conformidad con la nueva ley electoral se tomaron todas las medidas para garantizar la honestidad del sufragio. Finalizaron, teóricamente, los simulacros electorales que permitían el triunfo de la razón y de las luces de la élite establecida. Para muchos argentinos, sobre todo entre los más modestos, el sufragio universal fue un auténtico medio de liberación. Prueba de ello es esta ingenua copla seudopopular en elogio del cuarto oscuro, recogida en el norte del país, que dice:

«¡En el cuarto oscuro

vidalitá

no manda el patrón:

cada ciudadano

vidalitá

tiene su opinión…!».[1]

Las circunstancias de la vida política argentina resultaron considerablemente modificadas por la nueva ley. Las posibilidades de participación política, hasta entonces muy limitadas, se ampliaron considerablemente. La proporción de electores con relación a la población masculina adulta (de veinte años de edad y más) aumentó de la manera siguiente:

Cuadro 1

Con relación a la población total
Con relación al total de argentinos
(extranjeros excluidos)

1910
9 %
20 %

1916
30 %
64 %

Fuente: Germani (Gino), Política y Sociedad en una época de transición, op. cit., pág. 225.

A partir de entonces, las capas populares que habían permanecido al margen de los juegos electorales reservados a la élite tradicional y a sus clientelas pasivas, entraron progresivamente en la vida política. Se pasó de una «democracia limitada» a un sistema de «participación ampliada»:[2] los individuos se transformaron en ciudadanos. En lo sucesivo, los estratos populares estarían en condiciones de movilizarse en pos de objetivos políticos.

Por otra parte, la ampliación de la sociedad política recién comenzaba. Todavía se encontraba muy contenida por la importancia de los vínculos de dependencia personal, así como por la gran proporción de extranjeros desprovistos de derechos cívicos, comprendidos en la población masculina en edad de votar.[3] Pero, en realidad, la nueva ley sólo estaba destinada a entreabrir el acceso a la función pública a las nuevas capas que consideraban tener derecho a ser asociadas a los negocios, en razón a sus riquezas y a su talento, y que pataleaban frente a las puertas del poder desde hacía veinte años.

Los partidarios del antiguo régimen y los que deseaban modernizarlo, sin por eso librar el Estado a los violentos apetitos de los golpistas radicales, no llegaron a ponerse de acuerdo sobre un candidato presidencial y una táctica política comunes. Los conservadores de Buenos Aires, fieles a las viejas recetas, estaban resueltos a no hacer concesiones al sufragio secreto ni a los elementos antirradicales de las demás provincias. Habiendo rechazado la candidatura de Lisandro de la Torre, líder del Partido Demócrata Progresista, los conservadores bonaerenses no presentaron candidatos presidenciales. ¿Tan seguros estaban de una victoria radical que preferían favorecerla, ofreciendo incluso sus servicios a un partido turbulento que aparentaba estar desprovisto de dirigentes bien arraigados y capaces? ¿O los tentaba la política catastrofista de cuanto peor, mejor? Más simplemente, puede pensarse que, no habiendo podido imponerse a sus aliados, prefirieron negociar sus votos dentro del colegio electoral donde habrían de ocupar una posición de fuerza como grupo independiente.[4]

Es verdad que en 1916 no hubo un aluvión electoral a favor de la Unión Cívica Radical: los radicales obtuvieron el 45,5 % de los sufragios emitidos, y el 47,7 % de los electores inscriptos. Yrigoyen fue elegido presidente por una mayoría de sólo dos votos en el colegio electoral y después de varios intentos de soborno de los grandes electores y de combinaciones antirradicales que estuvieron a punto de tener éxito.[5]

Todo se desmoronó para aquellos que denunciaban en las tribunas o en la prensa el «peligro radical»; era el fin del mundo. Como lo admitirá luego un colaborador del gobernador de la provincia de Buenos Aires: «En 1916, todo cambió. Por primera vez la aritmética electoral maniobrada por un nuevo sentido colectivo se impuso secamente sobre los valores consagrados por un largo examen de capacidad ante la opinión. El imperio de la mitad más uno decisivo como la espada de Breno gravitó en la balanza de nuestros destinos. Extrajo de la oscuridad o del misterio en que vivían a los nuevos rectores de la nación. Con la irrupción de las masas la política comienza a hacerse de abajo para arriba…».[6]

La mayoría de los argentinos experimentó una especie de mutación fundamental que permitió el ascenso social y político de las clases subestimadas hasta entonces por la oligarquía. Se inicia una nueva etapa de la historia política del país, signada por la «disociación de los honores, del poder y de la riqueza».[7] Esta fase adelantada del desarrollo político parece terminar pacíficamente con el antiguo régimen de hegemonía oligárquica. Al mismo tiempo, la «revolución de las urnas» parece dar un carácter definitivo al fracaso político de la élite establecida, demasiado segura de sí misma e incapaz de asegurar, en su provecho, una progresión controlada de la participación política.

La Argentina transformó su sistema político, a partir de 1916, en contra de los deseos del grupo dominante enredado en su propia trampa. Abandonó un modelo tradicional, basado en la manipulación de las clientelas y en las relaciones de dependencia personal, por un sistema moderno de pluralismo y de adhesión voluntaria. Un gobierno de opinión substituyó al poder de las élites hereditarias. Pero no es menos cierto —e importante— señalar que la instauración de un nuevo tipo de estructura política «completa el ciclo de modernización institucional»[8] iniciado por el grupo dirigente a partir de 1880. Esa transformación habría sido imposible de realizar sin sacrificios exagerados y en condiciones pacíficas, si la élite establecida, por su proyecto progresista en el terreno económico y social, no hubiera desencadenado ella misma la exigencia de modernización política. A pesar de que la oligarquía parece haber respondido con torpeza a esas demandas, ella es, sin embargo, quien creó los recursos necesarios para satisfacerlas. Teniendo en cuenta que la racionalización de la actividad económica, clave para la integración al mercado mundial y la secularización de las instituciones y de las prácticas sociales, imitación de la Europa liberal, no podían coexistir con una «cristalización» intangible del área del poder político, puede decirse que el grupo dominante había preparado, si no deseado, la ampliación de la sociedad política que se produjo durante el año 1916.

Así, pues, la victoria radical fue más el coronamiento paradójico de «la Argentina oligárquica del ganado y de las mieses» que su derrota. Aparece como una reacción contra ella, pero es su complemento. Primero, porque el partido radical no tenía un proyecto socioeconómico de recambio y no encaró reformas estructurales capaces de asegurar las bases materiales duraderas para la hegemonía de los antes excluidos del poder. La UCR exigió simplemente la «democratización» de la prosperidad económica y del aparato estatal para las nuevas capas y para los sectores marginados. Luego, porque el presunto fin del antiguo régimen coincidió con la fase de prosperidad de un ciclo, lo que favoreció, si no la generosidad, por lo menos una serena resignación. Se puede ceder más fácilmente una tajada de tarta cuando ésta no cesa de aumentar.

La guerra mundial interrumpió el flujo de las importaciones de bienes y de capitales, pero las exportaciones de productos argentinos se mantuvieron en muy buenos niveles y el balance comercial presentó cómodos saldos positivos. El total de intercambios casi se duplicó entre 1910 y 1918. En 1920 es más de dos veces y media superior al nivel de 1910. El saldo favorable para la Argentina del balance comercial se cuadruplicó entre 1914 y 1920.

A causa precisamente de la desorganización temporaria de los intercambios internacionales, pero también como consecuencia de una demanda muy grande de productos alimenticios, el valor de las exportaciones argentinas absorbido por los servicios financieros (deuda pública, dividendos) bajó a la mitad entre 1913 y 1920: pasó del 34,3 % al 12,8 %.[9] En 1915 se colocó el último gran empréstito en el mercado financiero británico. Hasta 1923 no habrá ninguna nueva emisión argentina en las plazas financieras.[10] Esa momentánea interrupción del financiamiento externo coincidió con una inversión de la situación del balance de pagos. La Argentina se enriqueció en el comercio con las naciones beligerantes, como todos los países que se mantuvieron neutrales durante el conflicto mundial. De país deudor, pasó a ser una nación acreedora. Las arcas estaban llenas. Las reservas de oro se duplicaron entre 1913 y 1921, pasando de 225 millones de dólares a 450 millones de dólares.[11] El balance de pagos de 1918 presentaba un pasivo de 160 millones de pesos oro, pero correspondió a un préstamo otorgado a Francia y a Gran Bretaña para facilitarles la compra de productos argentinos.[12]

Cuadro 2
El comercio exterior de la Argentina (en pesos oro)

Año | Intercambio total | Importaciones | Exportaciones |  | Saldo
1910 | 768.428.875 | 379.352.515 | 389.076.360 | + | 9.718.845
1911 | 747.337.250 | 405.019.992 | 342.317.258 | − | 62.702.734
1912 | 948.530.371 | 446.863.002 | 501.667.369 | + | 54.804.367
1913 | 1.015.383.105 | 496.227.094 | 519.156.011 | + | 22.929.917
1914 | 725.661.481 | 322.529.964 | 403.131.517 | + | 80.601.553
1915 | 887.667.285 | 305.488.006 | 582.179.279 | + | 276.691.273
1916 | 939.130.093 | 366.130.571 | 572.999.522 | + | 206.868.951
1917 | 930.491.227 | 380.321.178 | 550.170.049 | + | 169.848.871
1918 | 1.302.069.240 | 500.602.752 | 801.466.488 | + | 300.863.736
1919 | 1.686.737.552 | 655.772.294 | 1.030.965.488 | + | 375.192.964
1920 | 1.979.053.609 | 934.967.699 | 1.044.085.370 | + | 109.117.671
Fuente: República Argentina, Dirección General de Estadísticas de la Nación, Anuario del comercio exterior de la. República Argentina, año 1930, Bs. As., 1931.

Claro es que no se puede dejar de señalar las distorsiones provocadas por la guerra, sobre todo dadas las dificultades del transporte marítimo, en el crecimiento de la economía argentina. Pero también debe notarse que, para sustituir las importaciones y paliar su escasez, se acrecentó significativamente la cantidad de establecimientos industriales que producían para el mercado interno o que elaboraban productos exportables. Una cosa compensó a la otra. En suma, la asunción de Yrigoyen se produjo, por así decirlo, en pleno desarrollo de la economía agroexportadora que hizo la prosperidad del país. Es por ello que su presidencia no constituye una ruptura, sino que es una resultante, cuando no un verdadero apogeo. Es necesario señalarlo con precisión para ubicar las verdaderas raíces del antiyrigoyenismo conservador y de la actividad de los militares ante el gobierno del caudillo radical. Y no lo es menos saber con qué hombres y con qué ideas, se accedió al gobierno en 1916, para esclarecer la verdadera orientación de las administraciones radicales y el alcance de las críticas de la oposición civil y militar. ¿Qué se proponía hacer el partido radical, cuya historia es inseparable de la aparición del poder militar?

El radicalismo y los radicales

Sin participar por eso en la controversia, siempre viva en la República Argentina, sobre la naturaleza social del radicalismo, creemos necesario precisar cómo se ubicaban socialmente sus dirigentes, sus militantes y sus electores. Dejemos de lado, para empezar, una interpretación que tuvo mucha aceptación en su momento y que procede de un razonamiento por analogía totalmente erróneo: según algunos historiadores, en efecto, el radicalismo expresaría los intereses de las clases medias urbanas, reformistas y favorables a la industrialización, opuestas a la aristocracia latifundista.[13]

La mejor aproximación se obtiene ciertamente con la imagen de un «corte vertical en la estructura de la Nación Argentina» propuesta por A. Whitaker.[14] En efecto, la UCR es por definición y en los hechos un movimiento político socialmente heterogéneo, un partido de masas que reagrupa a la mayoría de los que no aceptan el monopolio político del grupo dominante de Tas grandes familias. Es un partido fuertemente arraigado en las capas medias, particularmente en la pequeña burguesía urbana. El partido radical está apoyado «por multitud de modestos empleados de comercio y de la administración, por casi todo el magisterio, por innumerable cantidad de personas dedicadas a profesiones liberales, por millares de jóvenes egresados de las universidades, y por la gran masa de hijos de los inmigrantes…».[15] Se insinúa también en las clases populares y tiene una audiencia cierta en sectores sociales que podrían llamarse la «gente humilde» más que la clase obrera propiamente dicha. Pero no es, ni mucho menos, un fenómeno exclusivamente urbano. Por lo demás, la Unión Cívica Radical no es el partido de las clases medias. Los observadores más perspicaces ya lo señalaban antes de su llegada al poder. Leopoldo Maupas escribía en 1912: «… muchos de sus dirigentes, por su origen, por su condición social y por su temperamento, tienen intereses contrarios al de la clase media».[16]

En efecto, numerosos dirigentes nacionales del partido radical estaban relacionados con las familias tradicionales de la oligarquía. Se bautizó como «grupo azul», en alusión al color del Gotha argentino, al círculo de hijos de buena familia radicales. Se llamaban Alvear. Saguier, Pereyra Iraola, Herrera Vegas, Castillo, Meló, Pueyrredón[17]… Se puede creer que fueron auténticos demócratas atraídos por la «causa». Algunos sospechan, sin embargo, que fueron el caballo de Troya de la élite establecida en el interior del partido popular. Sea lo que fuere, formaban el núcleo de la oposición interna a Yrigoyen.

Al lado de ellos, los dirigentes de menor importancia, el grueso de las personalidades radicales de 1916 (candidatos a las funciones electivas provinciales y nacionales), no diferían fundamentalmente de los miembros del grupo dominante, ni por su educación, ni por su situación económica. Esos cuadros del radicalismo en ascenso fueron en su mayoría hombres prósperos consagrados a las actividades agropastoriles.[18] El sector secundario no estaba representado en sus filas. Sólo un pequeño número de ellos provenía de las clases medias (profesionales, comerciantes). Fueron entonces, en general, grandes propietarios a quienes les faltó muy poco para ser aceptados por la aristocracia. La falta de un «status heredado», debido al pasado de su familia o a la insuficiente «antigüedad» de ella, los apartó de los medios dirigentes. No pertenecían a las familias consulares; encabezaban, pues, el movimiento radical.

El mismo Hipólito Yrigoyen[19] era un estanciero acomodado de la provincia de Buenos Aires. Descendía de una familia honorable y relativamente antigua, únicamente la leyenda dorada del populismo radical —o la leyenda negra de la polémica antiyrigoyenista— pudo hacer de él el hijo de un peón. Uno de sus partidarios nos relata con admiración que no dudó en vender uno de sus campos para financiar la causa radical: ¡es así como negoció sucesivamente dos estancias de un millón de pesos cada una y una tercera propiedad de 250.000 pesos![20] Profesor de filosofía, donó todos sus sueldos a la Sociedad de Beneficencia de Buenos Aires.[21] Haría lo mismo cuando estuviese en la Casa Rosada. Nobleza obliga: la función pública es un honor o un deber, no una profesión; una práctica aristocrática que muestra bastante bien la corta distancia que separa a este «revolucionario», miembro del Club del Progreso y del Círculo de Armas, de sus adversarios conservadores.

Pero no olvidemos a los partidarios, a los adherentes, a los electores, a las masas radicales, o sea el estilo de sus dirigentes. Así como el tío de Yrigoyen, Leandro Alem, fundador del movimiento radical, encarnó una tradición criolla y federal, eco de un rosismo suburbano y popular, así Yrigoyen fue «el amigo del pueblo»: fue escuchado por los humildes y fue accesible a todos. Su vestimenta modesta de patrón de comité contrastaba con la distinción severa y el porte acompasado de los «personajes» del antiguo régimen. Por ello parecía del pueblo. La pose plebeya de las élites radicales respondía así a la afectación aristocrática de sus adversarios. Pero no hay que dejarse engañar; sólo los separaban algunos matices sociales.

En definitiva, al exaltar los valores criollos y populares tradicionales, la Unión Cívica Radical se encontraba muy próxima ideológicamente de instituciones tales como la Iglesia y el ejército, las que, en la Argentina cosmopolita de la marea inmigratoria, se presentaban como verdaderos «conservatorios» del espíritu nacional. Un autor católico, cargando sin dudas las tintas de acuerdo con sus preferencias políticas, escribe al respecto:[22]

«El radicalismo, a pesar de su sentido revolucionario, es más un partido de derecha que de izquierda. Se preocupa del proletariado, pero no acepta la lucha de clases, tiene un fondo cristiano y espiritualista y respeta a la Iglesia y a la familia. La mayoría de los católicos son radicales y la mayoría de los radicales son católicos. Los conservadores… pertenecen, en cierto modo, a la izquierda, por su liberalismo, su europeísmo… Entre ellos abundan los divorcistas y los partidarios de la separación de la Iglesia y del Estado».

Además, al acoger «al hijo del inmigrante y al nieto del patricio», el partido radical se distinguía como una «institución» abierta y moderna a la vez, semejante a la sociedad militar que hemos descripto. Esta afinidad no dejó de aparecer durante las primeras tentativas radicales para acceder al poder.

El radicalismo y el ejército

LOS DEMÓCRATAS «GOLPISTAS»

Ya hemos visto que, hasta la promulgación de la ley Sáenz Peña, el partido radical depositó todas sus esperanzas de cambio político en la táctica insurreccional. Las «revoluciones radicales» movilizaron grupos de militantes que trataban de llegar al sufragio libre por el camino de las armas. Debemos señalar que los militares de carrera, y el ejército en general, no estaban ausentes de esas «puebladas», e incluso participaron en ellas en cantidades crecientes a medida que pasaron los años. A tal punto, que un autor radical pudo escribir en 1915: «Las dos fuerzas del partido radical han sido la juventud y la fuerza armada, porque ambas se han mantenido incontaminadas en medio de la claudicación general».[23] En las esferas dirigentes de la UCR se nota la presencia de oficiales de alto rango, entre ellos el hermano del líder del partido, el coronel Martín Yrigoyen.[24]

La primera insurrección nacional, en la que participaron los que años después se harían llamar «radicales», se produjo en 1890. Merece la pena que nos detengamos en ella aunque no se trate de una revolución radical propiamente dicha. El levantamiento de 1890, provocado por los desaciertos económicos y por la soledad política del presidente Juárez Celman, resulta de la convergencia de fuerzas muy dispares. Tomaron parte en él partidarios del ex presidente Mitre, hostiles a un gobierno demasiado federalista, católicos ulcerados por el laicismo militante del régimen, los amigos de Alem y de Yrigoyen que, ellos sí, combatían «radicalmente» al sistema político entero. Lo que nos interesa en esta revolución abortada, de la que el régimen sacó exclusivamente provecho, es la actitud de los medios militares.

La sublevación del 26 de julio fue una revolución civil, desde luego, pero apoyada por cuartelazos en la mejor de las tradiciones. Algunos batallones se «pronunciaron» para apoyar a los rebeldes adversarios del gobierno en funciones. Fue así como, de acuerdo con los planes civiles y militares de la insurrección se le confió a Hipólito Yrigoyen la delicada misión de sublevar al Colegio Militar donde varios cadetes habían manifestado su simpatía a los conspiradores. Lo logró, e incorporó al 9.º Regimiento de Infantería a los cadetes de los dos últimos cursos.

Nunca se insistirá demasiado sobre el alcance simbólico de esos hechos. Esos «militares de academia» que participaron en la sedición junto al futuro líder radical no eran los toscos militares politizados que se alistaban y resultaban promovidos gracias al favoritismo y a las intrigas. Quienes tomaron parte en el golpe fueron los cadetes profesionalizados, acostumbrados a una obediencia a la prusiana. Y lo que es más, el 1.º de septiembre de 1889, cuando se creó la Unión Cívica que reunía a todos los descontentos con el régimen y a los futuros conspiradores y de la cual surgiría el partido radical, cadetes uniformados participaron ostensiblemente en el mitin. La ovación espontánea e imponente que los recibió fue un signo de la época.[25] Según cuenta un testigo,[26] algunos jóvenes oficiales ofrecieron además sus servicios a Alem, presidente de la junta revolucionaria. Entre ellos el subteniente José F. Uriburu que cuarenta años después encabezaría otra sublevación, pero, esta vez, contra el partido fundado por Alem. Treinta y tres oficiales subalternos se reunieron en casa del subteniente Uriburu para formar una especie de logia destinada a conspirar junto a los adversarios de Juárez Celman. Es cierto que también es anecdótico, pero veamos brevemente la composición de ese grupo de conspiradores militares. Se cuentan en él 9 capitanes, 19 tenientes, 4 subtenientes, e incluso un sargento.[27] De ellos 12 son artilleros, 12 infantes, 3 pertenecen al cuerpo de ingenieros y 6 están afectados al Estado Mayor. Puede notarse, pues, el predominio de las «armas científicas» —y por consiguiente, de los oficiales que frecuentaron academias— o de los servicios técnicos, y la total ausencia de la caballería, sin duda un poco aparte en el ejército y poco relacionada con los ambientes políticos.[28]

Los ardorosos tenientes y los románticos cadetes no fueron los únicos militares implicados en la revolución. El ejército entero estaba dividido. Un número considerable de oficiales superiores se encontraba comprometido. La lista de oficiales sancionados y reincorporados, a consecuencia de la amnistía, puede darnos algunas indicaciones sobre la amplitud de la participación militar. Aunque no comprenda, evidentemente, a todos los que participaron en el movimiento insurreccional o que lo siguieron con simpatía más o menos activa. En todo caso, es un testimonio de la ambigüedad de una sublevación que comprometió a un importante sector de la élite establecida.

Sería singularmente vano comparar estas cifras con la pirámide de los grados de la misma época. La «visibilidad» de los oficiales superiores y sus responsabilidades jerárquicas explican una sobrevalorización poco conforme a la realidad histórica.

Cuadro 3
Oficiales reincorporados al servicio activo
(decreto de amnistía general del 1.º de septiembre de 1890)

Generales de división | 3 | Capitanes | 19
Generales de brigada | 3 | Tenientes primeros | 14
Coroneles | 4 | Tenientes | 27
Tenientes coroneles | 5 | Subtenientes | 19
Mayores | 12 |  |
Fuente: Boletín oficial del Estado Mayor General del Ejército, septiembre de 1890.

Sea como fuere, se pueden sacar algunas enseñanzas de esa revolución de incautos virtualmente victoriosa en el plano militar, y vencida por un acuerdo político pactado ocultamente entre los sectores en pugna del grupo dominante: la importancia y el compromiso del ejército en un movimiento que reivindicaba de manera manifiesta el libre ejercicio del derecho al sufragio, hacen pensar que muchos oficiales aprobaban los objetivos cívicos de Alem y de Yrigoyen. Por lo demás, la participación de los oficiales no aparece como fenómeno «residual» propio del antiguo ejército estrechamente ligado a las vicisitudes de la vida política. Los «oficiales de academia», y entre ellos los oficiales de los cuerpos más técnicos, no fueron los últimos en tomar parte en los golpes «democráticos».

A los movimientos sediciosos fomentados únicamente por la Unión Cívica Radical tampoco les faltó el apoyo de unidades militares amotinadas. Las revoluciones provinciales de 1893, cuyo epicentro fue el interior de la provincia de Buenos Aires, estuvieron acompañadas por una serle de pronunciamientos contra las autoridades locales en muchas ciudades del país. El alzamiento del 11.º Regimiento de Infantería de Tucumán fue reprimido muy enérgicamente por el poder central. El 3.º de Línea de Rosario se rebeló acompañado por algunas unidades de la marina de guerra. Para dominar a los amotinados se necesitaron no menos de tres divisiones del ejército y un combate naval sobre el Paraná.[29]

La conspiración civil y militar del 4 de febrero de 1905 comprometió a los militares radicales todavía más profundamente. Hablando con propiedad, fue la última sublevación del siglo XIX, y también la última de un ciclo de rebeliones políticas que sólo se reanudaría veinticinco años después. Pero también fue el primer golpe del ejército, que estuvo integrado por conscriptos provenientes del servicio militar, y la primera falta al principio de la obediencia reglamentaria. Los radicales trataban de hacer salir al ejército de los cuarteles desde 1898. El general Riccheri, el «padre» del ejército moderno, no ignoraba esas maquinaciones y se dedicaba a desbaratarlas hábilmente. Los oficiales sospechosos fueron inmediatamente trasladados: la trama de la conspiración debió reiniciarse en cada guarnición, pero, en desquite, la propaganda radical circuló de regimiento en regimiento. El golpe fue postergado muchas veces porque el gobierno estaba bien informado:[30] cuando algunos oficiales jóvenes se reunían con Yrigoyen en gran secreto, eran excluidos de las listas de ascensos.[31]

La prudencia del jefe de los radicales se explica por la táctica adoptada. Quería dar un gran golpe gracias a una sublevación masiva que eliminara en algunas horas todo riesgo de resistencia, por consiguiente la eventualidad de una guerra civil, aunque fuera breve. El día D llegó por fin. Un joven oficial de familia conservadora comprometido con la rebelión, Francisco Reynolds, de quien volveremos a hablar, consigna que se sublevaron los dos tercios del ejército.[32] Algunos años después, Yrigoyen afirmará en un mensaje al Congreso que más de 1000 oficiales del ejército y de la marina estuvieron implicados en esa acción «revolucionaria».[33] Sea como fuere, la rebelión pareció triunfar rápidamente en todo el territorio nacional. Pero una resistencia imprevista, insignificante para los militares, desanimó a la dirección política y civil del movimiento. La recuperación del arsenal de Buenos Aires hizo fracasar una sublevación cuya organización no estaba sin dudas a la altura de las ambiciones y de la energía desplegada.

En todo caso, no puede dudarse de que la causa radical era popular entre los oficiales el 4 de febrero de 1905. La rebelión inflamó al país de norte a sur. Se sublevó la guarnición de Bahía Blanca. El 3.º Regimiento de Artillería de Santa Fe y el 5.º de Rosario se amotinaron. El gobernador de Mendoza fue depuesto por tropas revolucionarias. El gobierno de Córdoba fue derribado y el vicepresidente Figueroa Alcorta, que se encontraba en el lugar, fue hecho prisionero. El senador radical Ricardo Caballero relata que antes de pasar a la acción, el comandante del 8.º Regimiento de Línea, rodeado por los representantes «de las viejas familias federales» de la ciudad, arengó a las tropas en estos términos: «Soldados, vamos a realizar una cruzada trascendental para la argentlnidad próxima a morir…».[34] Los oficiales respondieron a la llamada de Yrigoyen para oponerse a la élite cosmopolita. Concibieron este gesto de rebelión como un deber patriótico: el radicalismo se les presentaba como la forma popular del nacionalismo.

La concepción radical de las relaciones entre los militares y la política estaba muy alejada de un legalismo inflexible. Es verdad que para la Unión Cívica Radical los gobiernos del «régimen» eran, si no ilegales, por lo menos ilegítimos. Es por ello que Yrigoyen rechazó la pretensión de los medios gubernamentales o del Estado Mayor de instaurar un profesionalismo estricto en el seno de las Fuerzas Armadas. Para él, el militar era un ciudadano que tenía el sagrado deber de «ejercitar el supremo recurso de la protesta armada».[35] Cualquier otra actitud conduciría a un ejército pretoriano capaz de defender al poder de turno pero no a la nación y a su Constitución. Luego del fracaso del 4 de febrero de 1905, Yrigoyen redactó una proclama, dirigida a las Fuerzas Armadas, en la cual definió así su misión:

«La unión del ejército con el pueblo en las horas de prueba ha sido, durante la historia del mundo, la más augusta y solemne demostración de solidaridad. Ninguna acción tiene mayor intensidad de luz, más poder de fuerza y más grandiosa conjunción de ideales y esperanzas. El ciudadano militar lleva el símbolo de la patria y siente con vigor intenso sus infortunios y su grandeza. Pretender que abdique de su personalidad moral sustrayéndose a las inspiraciones de su razón y de su conciencia es convertir la institución militar en fuerza ciega y entregar indefensa la sociedad a la arbitrariedad de gobiernos sin origen ni sanción popular. Tal tendencia es completamente contraria a los principios de la justicia y de las leyes inmutables que rigen al mundo y marcan su civilización».

Veinticinco años después, algunos militares, compañeros de aventuras de los radicales de principios de siglo, se acordarán de estas palabras y las utilizarán en contra de Yrigoyen.

Es verdad que desde el punto de vista moralista de los radicales, el ejército debía estar sometido a los civiles; pero solamente a los que defendían, en el gobierno o desde la oposición, al ideal democrático.

«La acción militar del radicalismo, escribe uno de sus jefes en 1915, meditando sobre los acontecimientos pasados,[36] ofrece características semejantes. Sus revoluciones se diferencian fundamentalmente de las que han anarquizado tantas repúblicas americanas. Lejos de ser movimientos de cuartel, han sido inspiradas por reclamaciones de opinión: sus direcciones han sido civiles; al lado del ejército ha luchado el pueblo por ideales cívicos comunes. En realidad, el ejército ha actuado como el brazo armado de la opinión, civilmente organizado. No lo ha movido la ambición del ascenso, ni ha corrido tras los prestigios de ningún jefe prepotente».

Según la ortodoxia radical, el ejército debía subordinarse a la «causa de la reparación nacional» que encarnaba la UCR, pero parece que después de 1905 tal opinión fue cada vez menos compartida por los oficiales argentinos, aun simpatizantes de Yrigoyen. Las relaciones entre éste, jefe todavía indiscutido del radicalismo, y el ejército parecen haberse deteriorado después del fracaso de febrero de 1905. Una suspicacia recíproca se adueñó de ambas partes. En adelante, un buen número de oficiales rehusaría actuar, sin por ello replantearse sus convicciones democráticas. Su prudencia tomó la forma de un estricto profesionalismo. El repliegue de los oficiales, escarmentados por aventuras golpistas que les parecían mal organizadas, cuando no improvisadas, sería duradero. También es verdad que en 1905 la represión fue relativamente firme: numerosos oficiales fueron desterrados a Tierra del Fuego o forzados a exiliarse. Sólo pudieron regresar a sus hogares cuando el Congreso votó una ley de amnistía en junio de 1906.[37]

Por su parte, Yrigoyen, golpista incurable pero indudablemente táctico mediocre de la acción directa, temía que el ejército se volviera indiferente al destino nacional. Temía también la falta de firmeza en la defensa de la democracia de oficiales menos abiertos ahora a la propaganda radical. Yrigoyen no disimuló, a veces, un cierto rencor hacia ellos. En una carta fechada en 1909, y hecha pública, escribió:

«Habrían cesado antes las causas de nuestros males o no hubieran existido nunca si el Ejército de mar y de tierra, leal a su misión y a su investidura, no siendo obediente a cualquier reo y profano mandón… fuera custodia de la soberanía nacional, respetando la Constitución y las leyes que fundamentan su tradición, su progreso y su civilización. El día que eso suceda, se acabarán los atentados y delitos políticos, la República remontará su vuelo hacia sus inconmensurables horizontes».[38]

Entonces, los radicales e Yrigoyen esperaban mucho del ejército. Y no habría que exagerar las consecuencias del enfriamiento de las relaciones entre el importante núcleo de oficiales radicales y el líder de la oposición popular. Un historiador del partido[39] afirma que un grupo de entusiastas oficiales del ejército y de la marina propuso una nueva sublevación durante las fiestas del Centenario. Ya vimos cómo los rumores de una nueva revolución radical contribuyeron a precipitar la adopción de la ley Sáenz Peña. No olvidemos tampoco que, a pedido de los radicales, se confió únicamente a la autoridad militar la confección de las listas electorales: la libreta de enrolamiento individual daba derecho a votar. Por otra parte, Yrigoyen no dudaba de que los oficiales, cualquiera fuera la actitud ante el movimiento radical y la opinión que tuvieran de él, no podían dejar de ser partidarios de la aplicación sincera de la Constitución. Es por eso que Yrigoyen, seguro de esa confianza, no dudó en pedir al presidente Sáenz Peña, en 1912, que garantizara la elección del gobernador de Santa Fe por las Fuerzas Armadas de la provincia, cuyo jefe no era en modo alguno uno de sus partidarios.[40]

Cuando Yrigoyen llegó a la presidencia, no olvidó la afinidad del radicalismo y del ejército, ni la fraternidad de los amaneceres inciertos que a menudo los vieron unidos en un mismo combate. Si bien desconfiaba de los prudentes y de los «legalistas», mantuvo excelentes relaciones con los oficiales fieles y trató de demostrarlo. Pero el desgaste del poder, y sobre todo la actitud de su gobierno ante los problemas sociales, contribuirían rápidamente a modificar y a desvanecer las perspectivas de un entendimiento fiable entre un ejército constitucional y el elegido del pueblo.

EL GOBIERNO PLEBEYO

12 de octubre de 1916: el radicalismo entró en la Casa Rosada. Yrigoyen ocupa el «sillón de Rivadavia» pero no detenta el poder. En el Congreso, la UCR no tenía más que 45 diputados sobre 115 y 4 senadores sobre 29. Sólo en 1919 los radicales obtendrán una pequeña mayoría en la Cámara de Diputados (59 diputados sobre 110). Sólo 3 de los gobernadores provinciales, elegidos también por sufragio universal, conforme a la Constitución federal del Estado, eran radicales: los de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe; y aun así, este último representaba a un sector disidente de la UCR. Las 11 provincias restantes estaban gobernadas por la oposición.

Por lo tanto, los partidarios del antiguos régimen no estaban mal ubicados para paralizar al radicalismo y recuperar el terreno perdido, a pesar de los amplios poderes de que dispone un presidente constitucional argentino. A la magnífica caja de resonancia que constituía el Congreso en un país y en una época en que el parlamentarismo gozaba de un prestigio incomparable, hay que agregar el peso de la gran prensa conservadora, hostil hacia los nuevos hombres. Pronto se constituyó una unión sagrada contra el ascenso irresistible de los «usurpadores». Desde los primeros días del nuevo mandato presidencial, todo lo radical fue desnudado, examinado atentamente, desmenuzado, denunciado: el estilo y el aspecto del caudillo de pocas palabras, sus colaboradores, frecuentemente militantes desconocidos en la buena sociedad, y sus partidarios de entusiasmo irrespetuoso. El nuevo presidente sabía muy bien que se le reprochaba no ser del todo de cuna oligárquica. Es por eso que, con un desprecio olímpico, se distanció de las minorías ilustradas. Encarnó la «reparación» popular. El día en que asumió la presidencia, la muchedumbre desenganchó los caballos de la carroza presidencial para conducirlo en triunfo a la Casa Rosada.[41] Horrorizados, los conservadores denunciaron la intrusión de la plebe, de los «bárbaros», en la vida política argentina. El secretario general del Senado, contemplando con el corazón en la boca al populacho radical que ese mismo día invadía el palacio presidencial, observó con tristeza: «Hemos pasado del escarpín a la alpargata».[42]

Los ámbitos dirigentes tradicionales parecen descubrir súbitamente la amplitud de la derrota y de la novedad política que encarnaba Yrigoyen. En lo sucesivo, ¿deberá la gente decente encarar el futuro con inquietud? No tendrían razones para alarmarse si se esforzaran con sangre fría en entender el contenido real de la política radical. En efecto, Yrigoyen era el representante en el poder de un partido que parecía haber alcanzado repentinamente la mayoría de sus objetivos manifiestos: ¿acaso su objetivo principal no era la verdad del sufragio y la emancipación por las urnas? La «reparación nacional», de la que era abanderado el nuevo presidente, fue estrictamente política y no ocultó ninguna intención de revancha económica sobre los beneficiarios del antiguo régimen. Como ya lo dijimos, los radicales de 1916 no encaraban en ningún momento reformas estructurales. Yrigoyen fue un propietario. En su gabinete, cinco ministros sobre ocho eran miembros de la prestigiosa Sociedad Rural, o sea la misma cantidad que bajo Sáenz Peña y de la Plaza (1914-1916), últimos dos presidentes:[43] perfecta continuidad, pues, en lo que concierne a las bases económicas de quienes habían detentado el poder.

Por otra parte, la «cuestión social» preocupaba muy poco al nuevo presidente, que compartía el credo optimista de las clases superiores argentinas. Sus ideas sobre esta materia eran escasas y ambiguas como lo atestigua la breve referencia al mundo del trabajo contenida en el manifiesto de la revolución del 4 de febrero de 1905:[44] «Las reivindicaciones de la clase obrera, aun las más justas, proclama ese texto, han sido descuidadas. Ésta constituye entonces, debido a sus reclamos, un elemento de perturbación económica, y engendra graves problemas que el gobierno tendría que haber prevenido y resuelto en su momento». Aunque, reclamaba soluciones, la UCR en el gobierno adoptó una actitud de paternalismo comprensivo. La buena voluntad del presidente hacía las veces, al respecto, de reformas o de una legislación social progresista.

Sin embargo, Yrigoyen llegó a la presidencia en un período de gran efervescencia social. La tensa coyuntura de la posguerra inmediata hacía que la imaginación política fuera más necesaria que nunca. Paradójicamente, la falta de audacia y la indecisión del jefe del partido popular le valdrían una reputación de demagogo, partidario de los trabajadores, ante las clases adineradas y en amplios sectores del ejército.

La política social de Yrigoyen y el ejército

La guerra del 14 generó una elevación del nivel de los precios internacionales que tuvo consecuencias gravemente inflacionarias en la Argentina: los salarios reales no dejaron de bajar de 1914 a 1921.[45] Además, la firma del armisticio puso término bruscamente a un período de prosperidad y de pleno empleo sin precedentes. La demanda de productos alimenticios disminuyó como consecuencia de la finalización del conflicto: aumentó el desempleo y los precios continuaron su carrera ascendente. El nivel de las exportaciones, que no había dejado de subir desde 1914, cayó en un 40 % en 1921 con relación a los dos años precedentes. El balance comercial presentó de nuevo un saldo negativo.

La multiplicación de huelgas a partir de 1914 fue la expresión de una situación económica poco sana pero dinámica. Su número pasó de 64 en 1914 a 367 en 1919. Pero en 1920, cuando comenzaba a percibirse un cambio en la coyuntura, se alcanzó el record de días de trabajo perdidos. No será igualado durante los veinte años siguientes.[46] Tal deterioro del clima social fue más alarmante aún en el plano político ya que fue contemporáneo de amplios movimientos revolucionarios que se produjeron en Europa. La proyección de la revolución rusa o de la comuna espartaquista atemorizaba a la burguesía argentina que temía su propagación universal. Hacía tiempo ya que las clases dominantes miraban con creciente inquietud al proletariado cosmopolita, inflamado por «ideologías exóticas», acampar en la entrada de la ciudad. En la presente situación, esperaban un gobierno que mostrara la mayor firmeza con respecto a los «agitadores extranjeros» y a eventuales «complots bolcheviques».

Ahora bien, la actitud de Yrigoyen ante los conflictos sociales está lejos de responder a las expectativas. A la vez confusa en el plano social y muy clara desde el punto de vista político, corresponde a una mutación de las funciones del Estado que obedece a la naturaleza del poder de los radicales. Por un lado, Yrigoyen no derogó la legislación represiva promulgada durante el antiguo régimen. Las leyes de residencia y de seguridad social siguieron en vigencia. Por el otro, supo reprimir una huelga cuando lo consideró útil u oportuno. Para no tomar más que un ejemplo, hizo aplastar por la infantería de marina la gran huelga de los frigoríficos de fines de 1917.[47]

Pero, generalmente, el presidente radical no responde con la represión sistemática a las huelgas que estallan en el país entero desde que entró en la Casa Rosada. Pretende, según parece, oponer su sensibilidad social de presidente elegido por el pueblo a la brutalidad del poder de clase anterior a 1916. Rehúsa seguir el ejemplo de sus predecesores y encarar los problemas sociales como simples cuestiones policiales. Intenta también manifestar a los trabajadores su simpatía paternal porque teme enajenarse las clases populares donde encuentra parte de su electorado. En cambio, a veces no responde a las solicitudes del empresariado, nacional y extranjero, acostumbrado a la firmeza y a la colaboración benevolente del Estado gendarme.

Los propietarios no ven en esta actitud más que la búsqueda electoralista de la popularidad a cualquier precio, aunque se perjudique la economía del país. Para el grupo dirigente y sus clientelas, el estilo de la autoridad del primer «gobierno de opinión» que haya conocido la República Argentina es incomprensible y hasta escandaloso. La autonomía relativa del poder político respecto de los que manejan la economía les parece un crimen de lesa nación. Les es difícil aceptar la función de arbitraje del Estado que Yrigoyen, en conformidad con su mística «reparadora», querría situar por encima de los antagonismos sociales y de los intereses clasistas. De ahí el mito de un Yrigoyen social, incluso decidido partidario de los trabajadores, difundido por los adversarios del caudillo, que recoge la izquierda radical después de 1930. Esa imagen, que Yrigoyen mismo contribuyó a acreditar durante su primera presidencia, más por sus actitudes que por su política social de muy pobre balance legislativo, tuvo un importante papel en la transformación de las relaciones entre los radicales y el ejército. La desconfianza creciente que éste le tiene al presidente radical se origina principalmente en la sensación de ser utilizado demasiado frecuentemente y, en contradicción con las tendencias populistas oficiales, para restablecer el orden. En efecto, cuando las huelgas «toleradas» por el gobierno, los arbitrios propuestos o las declaraciones moralizantes no obtienen ningún resultado, Yrigoyen envía a la tropa, ultima ratio de su política social.

Sin embargo, en el origen de la interpretación «progresista» de la política del radicalismo yrigoyenista se encuentran cierta cantidad de hechos y de acontecimientos. Algunos con placer y otros horrorizados, pudieron ver por primera vez a un presidente de la República recibir delegaciones de obreros en la Casa Rosada. Durante la huelga general de ferroviarios de septiembre de 1917, Yrigoyen, escandalizando a la Bolsa de Valores de Buenos Aires y a los inversores extranjeros, lauda a favor de los trabajadores e invita a los dirigentes de las compañías ferroviarias a acceder en parte a las reivindicaciones de sus empleados. Recordando esos acontecimientos en su mensaje al Congreso de 1918, el presidente critica «las condiciones precarias en que se desenvolvía el trabajo del personal ferroviario debido al poco empeño que las empresas habían puesto en mejorar su situación, antes de producirse la huelga de septiembre…».[48] Y agrega: «Ese movimiento de reivindicación obrera (estaba) justificado en sus causas determinantes». Nuevo lenguaje, ya que no se habla más de agitadores o de delincuentes sociales y que el mismo presidente da la razón a los huelguistas.

Pero, sin duda, la actitud de la nueva administración radical ante las huelgas sangrientas de enero de 1919 alejó del gobierno de Yrigoyen a los partidarios del orden a cualquier precio, a cuya cabeza puede ubicarse a la mayoría de los militares. Esos acontecimientos revelan también la ambivalencia del gobierno ante el mundo obrero, la que traduce quizás el carácter contradictorio de las bases sociales del radicalismo.

La «semana trágica» de enero de 1919 (del 9 al 16)[49] fue provocada por enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los huelguistas de una gran empresa metalúrgica de Buenos Aires, que dejaron un saldo de muchos muertos entre los trabajadores. Durante el entierro de las víctimas al que concurrió una muchedumbre, estalló un violento tiroteo entre manifestantes y la policía. Las exequias de los huelguistas se transformaron en motín. En un Buenos Aires paralizado por la huelga general, se realiza durante tres días una caza de obreros que responde al pillaje y a los ataques de edificios públicos. La policía desbordada utiliza sus armas y detiene indiscriminadamente a innumerables sospechosos. Ante esa situación explosiva, Yrigoyen, sin duda poco sensible al clima afiebrado de la posguerra, intentó parlamentar con los huelguistas desde el primer día, y nombró como jefe de policía a un importante dirigente radical, Elpidio González, ministro de Guerra hasta septiembre de 1918. Éste fracasó y estuvo a dos pasos de ser linchado por los sediciosos. La violencia policial se volvía tan incontrolable como la agitación obrera. El ejército parecía imponerse como único recurso.

La 1.ª división acantonada en Buenos Aires no era segura porque se reclutaba esencialmente en los barrios populares de la Capital Federal. El general Luis J. Dellepiane, comandante de la 2.ª división de Campo de Mayo, a pocos kilómetros de Buenos Aires, tomó entonces la situación en sus manos. Nombrado jefe militar de la capital, ocupó la ciudad con sus tropas para poner término al conflicto social y contener al mismo tiempo los desbordes de la represión, para la cual la policía recibió el refuerzo de grupos de voluntarios civiles que se propasaron.[50]

El general Dellepiane negociaría, él también, con los sediciosos, esta vez por intermedio de dirigentes anarco-sindicalistas. El 14 aceptó las condiciones de los sindicatos referidas a eventuales persecuciones y a la liberación de prisioneros. Tres días antes, el propietario de la empresa, recibido por Yrigoyen, había aceptado satisfacer las reivindicaciones de los huelguistas. Todo volvió entonces a la normalidad. Sin embargo, todo había cambiado y en lo sucesivo nada sería como antes. Los huelguistas, los sediciosos, los «bolcheviques» saquearon la ciudad, atacando bienes y personas. No sólo los cabecillas quedaron sin castigo, sino que el gobierno dio la razón a los obreros rebelados: los propietarios, que así juzgaban la situación, se encontraban aterrados y descontentos.

Debe tenerse en cuenta sobre todo que Buenos Aires vivió el clima de una insurrección al borde de la guerra civil. Se ignora el número exacto de muertos en los acontecimientos de enero,[51] pero deben contarse por centenares. El verano caliente de 1919 provocó un verdadero pánico en la burguesía porteña. Luego de rumores alarmistas, en todas las aglomeraciones residenciales a orillas del río de la Plata «donde pasaban el verano millares de familias pudientes, los vecinos trataban de organizar la defensa de sus domicilios, pues se temía, según murmuraciones públicas, que bandas de anarquistas —se les llamaba también “maximalistas” (sic)— atacaran las hermosas quintas que pueblan esos parajes».[52]

Muy pocos son los oponentes que piensan, como C. Ibarguren,[53] que la existencia de un «gobierno realmente popular» como el de Hipólito Yrigoyen salvó al país de las consecuencias más graves de esas trágicas jornadas. Para la mayoría de los conservadores, por el contrario, la «demagogia» de Yrigoyen es la causa principal de la rebelión obrera de 1919. «Las gentes sensatas, escribe al respecto en sus memorias Juan E. Carulla, no vacilaban en censurar la política “obrerista” del gobierno. Se había comenzado por adular a las masas y por permitirles transgredir la ley y llegar incluso a las vías de hecho no sólo contra los patronos, sino contra la misma sociedad a la que se agraviaba con cualquier motivo».[54] Muchos de ellos incluso piensan que, por haber aflojado las riendas de la autoridad pública, Yrigoyen fue ampliamente responsable de la oleada de huelgas que sacudió al país desde los años 1916 y 1917.

Es verosímil que el gobierno reste importancia, por exceso de optimismo, a la gravedad de la situación en enero de 1919, pero en sus orígenes ésta no puede imputársele. No obstante, las clases dominantes tuvieron miedo. El gobierno, que deja que las huelgas se terminen solas en lugar de reprimirlas, cuando no toma partido por los obreros contra los patrones, no inspira confianza. Los medios antirradicales estimaban que el país no era gobernado desde hacía tres años; la amplitud de los movimientos sociales hace pensar que de ahora en adelante no estarán protegidos. El país bordea el caos social. Además, parece que a los medios conservadores no les habría parecido mal que el general Dellepiane aprovechara la ocasión para derrocar a Yrigoyen. En ese momento corre el rumor de que había tomado de por sí la iniciativa de restablecer el orden, y que Yrigoyen, nombrándolo responsable de la situación en Buenos Aires y otorgándole poderes discrecionales, ratificó esa decisión y se aseguró así la lealtad del general.[55] Por lo demás, éste creyó que era su deber desmentir ante el ministro de Guerra las intenciones que se le adjudicaban y recordar su fidelidad sin fallas al presidente constitucional.

Pero existen otros hechos todavía más reveladores de la creciente desconfianza de los medios patronales y dirigentes hacia el nuevo régimen, así como de la ambivalencia —para no decir de la duplicidad— del radicalismo ante los movimientos sociales. Se trata, en particular, de la creación de organizaciones privadas de defensa social. Esas asociaciones se proponen organizar la resistencia contra las reivindicaciones obreras o los movimientos sociales que se juzga subversivos. Reviste especial interés señalar que las dos principales asociaciones, la Asociación del Trabajo y la Liga Patriótica, están encabezadas por radicales, antiguos colaboradores del presidente Yrigoyen.[56] Por un lado, estas asociaciones dan crédito implícita o explícitamente a la idea cada vez más difundida de la demagogia pro obrera y de la debilidad intrínseca del gobierno; por el otro, lo apoyan —por lo menos al principio— encargándose de algunas tareas represivas.

La Asociación del Trabajo es una organización patronal que provee rompehuelgas profesionales[57] a las empresas en dificultades. Fue fundada en 1918, y permitió, según dice su propaganda, «emancipar al patronato de la odiosa tutela de las llamadas sociedades de resistencia que, en cierto momento, amenazaban someter bajo la férula de su acción negativa y estéril a todas las actividades del trabajo nacional».[58] Pero ella nos interesa menos que la Liga Patriótica cuyo nacimiento está relacionado a la vez con la «semana trágica» y con ciertos sectores del ejército.

Durante esa semana de enero, respetables ciudadanos y vástagos de buenas familias formaron grupos armados que se proponían secundar a la policía contra los obreros rebelados. La oleada de pánico que se abatió sobre los barrios residenciales daba crédito a los rumores más fantásticos y provocaba los incidentes más trágicos. Muchos creían, incluso en el seno del partido radical, que los disturbios eran fomentados «por agitadores rusos, agentes revolucionarios del soviet, quienes aprovechaban para ese levantamiento el clima de malestar obrero dominante entre nosotros».[59] Se habla mucho del descubrimiento de un «plan maximalista» y de la existencia de un soviet a punto de tomar el poder, pero jamás se presentó prueba alguna para apoyar tal aseveración. ¿Fantasmas nacidos del miedo en un país próspero, sin problemas sociales, súbitamente presa de las rebeliones de las clases peligrosas o bien puro y simple invento para justificar con el «peligro exterior» la dureza de la revancha de los guardianes del statu quo? Las milicias burguesas, bautizadas «guardias blancas» —el espectro de la revolución de octubre estaba presente por todos lados—, atacaron la sede de los sindicatos, saquearon las imprentas y las bibliotecas obreras. Y lo que es más grave, los «patriotas», identificando a los «maximalistas soviéticos» con los inmigrantes originarios del antiguo imperio ruso, judíos en su mayoría, llevaron a cabo pogroms contra los israelitas originarios de Europa central. El activismo antisemita irrumpía en la Argentina mientras nacía «el anticomunismo sin comunistas» de la derecha nacional que tanto influiría en el destino del país.

Los grupos mejor organizados de la juventud dorada de las guardias cívicas recibían armas de la policía y se reunían en el Centro Naval. El presidente del club de la marina de guerra, el contralmirante Domecq García, les hizo dar algunos rudimentos «de instrucción militar», mientras que el contralmirante O’Connor los arengaba. A éste se le adjudica una frase desafortunada sobre la culpabilidad de los anarquistas y de los bolcheviques, que lanzó a las «juventudes patrióticas» contra «catalanes y rusos» indefensos, sospechosos de encarnar esas ideologías odiosas.[60] Hacia fines del mes de enero, las «guardias cívicas» se transformaron en la Liga Patriótica Argentina, presidida por el antiguo diputado Manuel Carlés.

Los vínculos de la Liga con el radicalismo son innegables. Esta organización prevenía básicamente del comité nacional de la juventud que animaba el gran escritor radical Ricardo Rojas y que se oponía, dentro del partido, a la actitud neutralista del gobierno ante la guerra mundial. En eso, estaba próximo a los medios conservadores anglófilos. Durante la «semana trágica», los radicales yrigoyenistas y el comité de la juventud organizaron manifestaciones públicas para apoyar al poder ejecutivo contra el «complot subversivo».[61] Y el comité, después de haber formado sus «guardias cívicas», ofreció sus servicios a Elpidio González, jefe de la policía y allegado del presidente. En su origen la Liga Patriótica, reflejaba bien la ambigüedad del yrigoyenismo. No era antigubernamental ni antirradical.

La Liga Patriótica se define como una «asociación de ciudadanos pacíficos armados (sic)» que monta guardia para velar por la sociedad y defenderla de la «peste exótica».[62] Es antisocialista y xenófoba. Su eslogan es: «Orden y patria». Comparte el optimismo con anteojeras de la ideología dominante sobre la situación social argentina: en esta bendita tierra donde las distinciones sociales permanentes supuestamente no existen, donde la sociedad está abierta al talento y al trabajo, las «ideas avanzadas no pueden ser más que imitaciones artificiales del viejo mundo injusto y miserable». Para luchar contra la oleada roja que viene de ultramar, en nombre de un «nacionalismo de clase», los «patriotas» organizan «brigadas» antisubversivas que envían a todos los rincones agitados del país para poner en vereda a los «agitadores» que vienen a apartar de su deber a trabajadores inocentes y sumisos.[63] Accesoriamente, hombres armados de las brigadas de choque atacan a manifestantes obreros de la FORA (Federación Obrera Regional Argentina) anarquista.[64] Es cierto que las bravuconadas de Manuel Carlés, el teatral presidente de la Liga, logran una influencia política más real que las hazañas de los «escuadristas» criollos, sin embargo éstos existen.

Ahora bien, aunque el gobierno no haya estado descontento del papel desempeñado por los miembros de la Liga en los sucesos de 1919, no puede aceptar perder el «monopolio de la violencia legítima» en provecho de formaciones paramilitares privadas. Por lo tanto, no puede permanecer indiferente ante las brigadas «patrióticas» de Manuel Carlés. Sobre todo si se tiene en cuenta que la agitación antiobrera no realza el prestigio del poder, ni en los medios populares, ni en la buena sociedad o en el ejército. Es quizás por eso que la Liga Patriótica se distancia poco a poco de Yrigoyen. Mientras sigue proclamando su adhesión a la democracia contra el «peligro rojo», no tardará en manifestar su simpatía por los regímenes autoritarios europeos, y en particular —desde su nacimiento— por el fascismo italiano.[65]

Con una posición semejante, los partidarios del orden y los activistas de la patria no podían dejar de atraer a los profesionales del patriotismo que son los militares. Oficiales de primera línea adhirieron a la Liga. Hacia fines del sexenio de Yrigoyen, todas las instancias directivas de la asociación tienen por lo menos un 10 % de oficiales,[66] de alto rango en su mayoría. No son todos antiyrigoyenistas, ni mucho menos. Pero seguirán la trayectoria de la Liga. Y no pueden dejar de compartir el sentimiento implícito de los liguistas sobre la debilidad de la autoridad gubernamental, particularmente grave en una época agitada.

El divorcio entre los radicales yrigoyenistas y la opinión militar respecto de los problemas sociales se acentúa todavía más durante los acontecimientos de la Patagonia, en los cuales, desde luego, la Liga Patriótica trató de desempeñar su papel habitual. Los territorios de la Patagonia argentina (Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) vivían en una situación realmente colonial. Divididos en inmensas estancias de varias decenas de miles de hectáreas dedicadas a la ganadería ovina, pertenecientes en su mayoría a propietarios extranjeros —especialmente británicos—, esos territorios totalmente subadministrados carecían de medios de comunicación. En ese Far South, los propietarios hacían las leyes o mejor dicho ignoraban las leyes de la República Argentina. Se imponía la violencia de los más poderosos. La condición de los trabajadores era muy penosa Y se agravó aun más al finalizar el conflicto mundial.

En efecto, mientras el precio de la lana bajaba bruscamente[67] y la carne de oveja perdía gran parte de sus mercados de guerra, los propietarios y los comerciantes se encontraban con grandes existencias de lana y con majadas en plena expansión. Paralelamente, el costo de la vida, que ya era muy elevado en esos territorios relacionados más frecuentemente con Gran Bretaña que con la Argentina, se incrementó aceleradamente, y las condiciones de vida de los obreros, ya precarias, se deterioraron rápidamente. A la disminución de sus ingresos se agregó la amenaza del desempleo.[68] Hacia fines de 1920 estallaron huelgas: el movimiento se extendió a la mayoría de los trabajadores de los frigoríficos y de los obreros agrícolas. Sus reivindicaciones eran muy moderadas, pero los propietarios, aterrorizados por esa «rebelión de esclavos», rehusaron satisfacerlas, debido también a la crisis que los sorprendía.

Por el contrario, los hacendados llamaron a las fuerzas represivas para dominar a los que calificaban como «bandas de malhechores», «bandidos que se dicen huelguistas»[69] y que amenazaban bienes y vidas. Los grandes propietarios, que temían el abandono de las majadas en pleno período de esquila y la insubordinación de sus peones, dramatizaron la amplitud y el alcance del movimiento para que el gobierno se decidiera a intervenir. No ignoraban que éste había dejado desarrollarse huelgas de obreros agrícolas en las provincias del Litoral sin reprimirlas. Por eso, los propietarios censuraron la indiferencia oficial y denunciaron que la situación tenía «un carácter de gravedad que únicamente en las esferas oficiales se trata de desvirtuar».[70]

Sin duda, Yrigoyen está mal informado sobre los «acontecimientos» de la Patagonia, pero no toma en serio las visiones apocalípticas que la gran prensa divulga complacientemente. Los refuerzos se hacen esperar. Envía por fin una pequeña expedición militar integrada por tropas del 10.º Regimiento de Caballería, al mando del teniente coronel Varela, un auténtico militar radical que había sido destituido por haber participado en la revolución de febrero de 1905. Éste logra restablecer la calma imponiendo su arbitraje. Los estancieros, con la muerte en el alma y con el sentimiento de haber sido traicionados, deben aceptar algunas de las reivindicaciones de sus empleados cuando sólo deseaban una represión brutal que les habría asegurado muchos años de paz social. Es cosa diferida.

Porque la crisis de la lana continúa. Tres cuartas partes de los peones se encuentran sin trabajo hacia fines de 1921. Manuel Carlés, de quien no puede sospecharse sensiblería obrera, reconoce que el desempleo reviste una gravedad excepcional en Chubut y Santa Cruz debido al clima riguroso y a la monoproducción ovina.[71] Por eso se reagrupan equipos ambulantes de esquiladores estacionales, sin familia y sin casa y se organizan bandas de desempleados. Esos trabajadores sin labor vagan por la zona; si se topan con estancieros o mayordomos, los hacen prisioneros. El pánico se apodera de los «dueños de la tierra» que se refugian con sus familias en las ciudades del Litoral.

El 10.º Regimiento de Caballería, siempre al mando del teniente coronel Varela, vuelve a la Patagonia. Por la atmósfera revolucionaria que acompaña al movimiento desesperado de los «condenados de la Patagonia», por el temor a la fraternización entre la tropa y los obreros en huelga, o más bien por el éxito de la campaña de seducción emprendida por los hacendados ante los oficiales del 10.º Regimiento de Caballería, lo cierto es que la segunda expedición no se parece en nada a la primera. Varela parece prisionero de los asustados propietarios. Se extralimita en sus atribuciones. Aplica la ley marcial sin que haya sido declarado el estado de sitio, olvidándose de la Constitución y de la ley, de la justicia civil y militar. Los rebeldes son fusilados en masa. La represión es atroz y sin relación con los delitos. Los medios anarquistas hablan de 1500 muertos; la cantidad de 300 a 400 parece un mínimo verosímil.[72] La buena sociedad de Río Gallegos y todas las «fuerzas vivas» de Santa Cruz festejan al heroico teniente coronel que libró a los hacendados de la pesadilla de la rebelión popular.

Las cosas son distintas en Buenos Aires. Varela hizo su deber, por supuesto, pero se piensa que se propasó. Volvió con las manos manchadas de sangre: no se le pedía tanto. El gobierno, que no había precisado las atribuciones del teniente coronel, no está muy orgulloso de ese episodio desgraciado. Varela estorba: sus hazañas no convienen a la imagen del partido radical. No sólo no será colmado de honores, como él esperaba, sino que ni siquiera será ascendido a coronel. Con más razón tomando en cuenta que la prensa de izquierda y los representantes del Partido Socialista en el Parlamento exigen una comisión investigadora de las ejecuciones sumarias de la Patagonia, únicamente la Liga Patriótica, que había intervenido para caldear los ánimos durante los acontecimientos, formando 200 brigadas de milicianos al servicio de los estancieros, recompensa a Varela y a sus hombres en abril de 1922. Manuel Carlés entrega una «medalla de oro al mérito» al bravo teniente coronel, quien le agradece, durante una ceremonia pública, pronunciando un apasionado elogio a la Liga.

Este triste asunto hizo nacer en el ejército un profundo rencor contra Yrigoyen. La mayoría de los oficiales no olvidará la ingratitud de un gobierno más preocupado por su imagen que por recompensar o justificar a sus ejecutantes. Le reprocharán a Yrigoyen, con algún fundamento, utilizar con fines policíacos a hombres entrenados para hacer la guerra, y, lo que es más, apelar al ejército demasiado tarde, por no haber previsto una situación social peligrosamente tensa y por no haberla remediado con medidas de gobierno.

Por eso, los ataques contra la actitud social del gobierno, que se despliegan en la prensa o que se multiplican en las declaraciones de los responsables de la Liga Patriótica, encuentran cierta receptividad en esos oficiales «mal queridos».

Manuel Carlés acusa a los gobernadores radicales de los territorios del sur de condescendencia con los «secuaces de las asociaciones ácratas».[73] Confía incluso a un gran diario que las «ideas subversivas» llegaron hasta los peones del gran sur a través de los sindicatos de ferroviarios cuyas reivindicaciones favoreció Yrigoyen.[74] Carlés no pierde ocasión para confundir a los hombres fieles al partido del presidente con los «agentes de la subversión». Con respecto a la prensa conservadora, ella es todavía más explícita. La Prensa, al mismo tiempo que comprueba con razón que el gobierno no «hizo gran cosa en materia de legislación social»,[75] se alza contra su «tendencia de acercamiento a ciertos gremios de obreros, a aquéllos más susceptibles de levantamiento y agitaciones, con los que ha cooperado a la formación del espíritu de resistencia, de huelga y de subversión que todos contemplan». El mismo periódico, realizando el balance del período presidencial, hace responsable a la política obrera del gobierno de la mayoría de las grandes huelgas: «La huelga ferroviaria de 1917, la huelga de correos de 1918, la huelga de obreros metalúrgicos y el paro general de 1919 y la huelga portuaria de 1920-1921 son términos más que abundantes para apreciar las consecuencias de la “política obrerista” que se preció de desarrollar el Poder Ejecutivo».[76]

De todas esas acusaciones, afirmaciones y denuncias, cualesquiera que hayan sido sus fundamentos o su veracidad, para la opinión pública se deduce que Yrigoyen eligió el campo del «desorden» contra los intereses de los propietarios, que están identificados con los del país desde siempre. El Estado ya no está al servicio de los «preponderantes». Por cierto, Yrigoyen nada tiene de revolucionario. Pero en lo sucesivo el menor proyecto administrativo es objeto de un verdadero proceso de intención. Si quiere realizar una revisión catastral para recuperar tierras públicas usurpadas y alquilarlas eventualmente o venderlas a sus ocupantes actuales, especialmente en la no man’s land de la Patagonia, los grandes propietarios se inquietan y denuncian una reforma maximalista. Si acepta democratizar y renovar la Universidad bajo la presión de los estudiantes y de la juventud radical, se lo acusa de socavar los valores de autoridad y de fomentar el intervencionalismo revolucionario. Ninguna decisión le valdrá a Yrigoyen y a su ministro de Instrucción Pública, Salinas, un odio tan duradero como la que introduce, en mayo de 1918, la reforma del estatuto de las Universidades e instituye la participación de los estudiantes en su gestión.

La campaña de oposición sistemática de los medios conservadores a un «gobierno de opinión», que se empeña en recordar sus orígenes populares y su vocación «redentora» (la expresión es de Yrigoyen), se nutre con las dificultades suscitadas en el país en la inmediata posguerra. El clima social muy cargado de esos años capitales, tanto para la historia institucional argentina como para la historia mundial, contribuye al deterioro de las relaciones entre el ejército y el primer presidente radical. Prevalece la impresión de que Yrigoyen, utilizando a las tropas para tareas de mantenimiento del orden, hace quedar mal al ejército para preservar su propia popularidad. Hasta se lo acusa de avivar el fuego que deben apagar luego los militares. Por lo tanto, mucho más que los problemas de presupuesto o de salarios, a los que se dio a veces una importancia exagerada, es la política social del gobierno de Yrigoyen, con todas sus implicaciones políticas o corporativas, la que puso una valla, cada vez más alta, entre la mayoría de los oficiales y el gobierno de la «reparación nacional».

La política militar del primer gobierno radical

En realidad, la política militar de Yrigoyen no hace más que acentuar el malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Confirma el distanciamiento creciente de la opinión militar ante un poder «demagógico» que la deja de lado por la «chusma». El ejército no es, por cierto, la principal preocupación del antiguo profesor de filosofía. Al no tener un programa, nunca definió una política de defensa nacional; además, su política improvisada cada día está imbuida de pacifismo.

Sin embargo, la desavenencia entre Yrigoyen y los militares sobrevendrá tardíamente. Sucede a la luna de miel que duró durante toda la guerra. En efecto, la diplomacia de firme neutralidad que el presidente radical mantiene durante todo el conflicto, en contra del deseo de la oposición conservadora y de una fracción intelectual y francófila de su propio partido, le acerca a los oficiales formados a la prusiana. Como en época de las revoluciones radicales, Yrigoyen no vacila en depositar su confianza en oficiales de las Fuerzas Armadas para misiones civiles a veces delicadas. Es así como la marina, arma de alto nivel técnico, es utilizada en varias ocasiones a la manera de un cuerpo de funcionarios polivalentes. Oficiales de marina se encargan de la explotación del petróleo de Comodoro Rivadavia desorganizado por las huelgas. A otros se les encomienda inspeccionar las tierras de colonización del Ministerio de Agricultura.[77] Como vimos, militares de las dos armas reemplazan muchas veces a las policías provinciales claudicantes o incompetentes. Y lo que es más frecuente, se nombra a oficiales para desempeñar puestos administrativos (jefe de policía, jefe de distrito, etc.) en provincias puestas bajo control federal, o sea sujetas a una intervención, en razón a la reputación de eficacia e imparcialidad política de que gozan entonces los militares. Como Yrigoyen puso en práctica el procedimiento «de intervención» federal veinte veces, para reemplazar a las autoridades heredadas del antiguo régimen y consideradas como surgidas del fraude, por otras libremente elegidas, la colaboración de los militares fue ampliamente requerida.

Sin embargo, Yrigoyen y sus colaboradores no mezclan los poderes y se preocupan por marcar claramente la supremacía de la autoridad civil. Además, el único corte significativo para los radicales ortodoxos es el que opone la oligarquía al pueblo —en el lenguaje radical, la causa popular al régimen injusto y fraudulento—, y no la dicotomía civiles/militares. Éstos, muy comprometidos en las luchas cívicas del antiguo régimen, no forman todavía un sector separado, y menos aún un poder independiente.

Por eso, seguramente Yrigoyen no piensa que ofende a los oficiales del ejército cuando designa a civiles como ministro de Guerra (Elpidio González y luego Julio Moreno). Pero rompe con una tradición, escrupulosamente respetada desde la primera presidencia de Roca (1898), que reservaba ese ministerio para un militar. El gesto fue sentido por el ejército como una falta de consideración, cuando no como una afrenta.

Las Fuerzas Armadas argentinas tienen, pues, la sensación de ser ignoradas y hasta despreciadas por un partido y un hombre que deben mucho a los militares, y que esperaron siempre mucho de su ayuda o de su colaboración. Algunas dificultades profesionales van a reforzar esa convicción. La cantidad de oficiales del ejército se encuentra estancada. Había 1394 oficiales operacionales en actividad en 1911;[78] son 1304 en 1917.[79] Se está lejos todavía de la cantidad de 2000 oficiales combatientes reclamada por algunos comentaristas militares.[80] En 1929, solamente se contemplará en el presupuesto a 1502 oficiales del escalafón combatiente. Por cierto, las promociones del Colegio Militar son escasas. Entre 1916 y 1918 egresan apenas unos cincuenta subtenientes por año.[81] El nivel se eleva recién en 1923, cuando los cadetes ingresados bajo la presidencia de Yrigoyen obtienen sus galones, fluctuando en el centenar.

También es cierto que el nivel de conscripción, definido por la ley de presupuesto, permanece estacionario en alrededor del 0,20 % de la población nacional. En 1920 son incorporados 17.743 jóvenes argentinos, sobre un total de 69.711 sorteados.[82]

Sin embargo, los gastos militares crecen. Casi se duplican de 1916 a 1922, pasando de 52 a 97 millones de pesos.

Cuadro 4
Gastos de los Ministerios de Guerra y de Marina 1916-1922
(en miles de pesos)

Años | Guerra | Marina | Años | Guerra | Marina
1910 | 37.414 | 34.516 | 1917 | 29.576 | 24.355
1911 | 32.656 | 20.268 | 1918 | 31.280 | 31.958
1912 | 28.316 | 26.650 | 1919 | 37.282 | 29.189
1913 | 33.517 | 24.635 | 1920 | 43.259 | 36.023
1914 | 30.508 | 37.866 | 1921 | 50.478 | 40.990
1915 | 35.236 | 23.406 | 1922 | 54.823 | 42.721
1916 | 28.687 | 23.395 |  |  |
Fuente: «Comparativo por anexo de gastos autorizados y efectuados con imputación a leyes especiales y acuerdos de gobierno 1910-1927; anexo F, Guerra; anexo G, Marina», Cámara de Diputados, Diario de sesiones, V, 1928, págs. 450 y subsiguientes.

Aunque hay que aclarar que en 1916 y en 1917 los gastos eran menores que en años precedentes (ver cuadro 4), aun eliminando 1910, año excepcional del Centenario; habría que tener en cuenta, además, la depreciación de la moneda; pero, de todas maneras, los gastos militares pasan del 16,8 % del presupuesto nacional total en 1915, al 18,7 % en 1919.[83] Vemos entonces que la progresión es real.

Examinando la clasificación de los gastos, se advierte que el incremento presupuestario se debe esencialmente al aumento de los sueldos y de las pensiones,[84] provocado por el alza de los precios. Mientras los gastos en personal y los gastos operativos aumentan, las inversiones en construcciones y en armamentos caen a su nivel más bajo. La partida «trabajos públicos» correspondiente a los dos ministerios es prácticamente nula durante todo el sexenio.[85] Después del agotamiento de los fondos previstos por la ley especial 6492 para la construcción de cuarteles —anterior a la llegada de los radicales al gobierno— Yrigoyen reconoce públicamente, en 1920, que la cuestión del alojamiento de las tropas está lejos de estar resuelta[86] y que una nueva ley será necesaria para resolverla. Pero una nueva serie de trabajos y la construcción de los nuevos edificios del Colegio Militar recién se inician en 1922.[87] La situación es idéntica en materia de armamentos. El rubro «adquisición de armas» del presupuesto del ejército es casi nulo durante el mismo período. Es verdad que la guerra mundial hizo imposible la compra de material militar a los proveedores europeos habituales. Pero los gastos en armamentos de la marina, que se mantienen todavía elevados en 1917,[88] bajan después de 1918, llegando a ser prácticamente nulos en 1920.

Claro es que ningún peligro exterior justifica compras masivas de armamentos, pero el ejército argentino, muy profesionalizado y siempre pendiente de Europa porque sigue de cerca el progreso de la técnica en ese terreno y porque tiene la mejor opinión de sí mismo en tanto que institución moderna, se siente subestimado, incluso en decadencia, por ese estado de abandono. Uno de los principales reproches de los oficiales argentinos contra el gobierno de Yrigoyen es la supresión de las maniobras generales por razones de economía.

Algunos medios militares, sensibles a las «dependencias críticas» con respecto al material, desean la creación de industrias de guerra que aseguren cierta autonomía a la defensa nacional. Es así como la consideración de los problemas de seguridad y de infraestructura defensiva inducen a algunos oficiales a denunciar la subordinación de la Argentina en lo referente a los bienes manufacturados. Su «conciencia industrialista», originada en preocupaciones profesionales, está adelantada en relación a las concepciones económicas de los medios gubernamentales y de la clase política que creen intangible la división internacional del trabajo, fuente de la prosperidad de la Argentina moderna. Los ingenieros de la Dirección General de Arsenales, cuyo subdirector es, entre 1914 y 1918, el coronel Enrique Mosconi, elaboran planes de sustitución de importaciones que el poder ejecutivo parece acoger favorablemente. Los mensajes presidenciales se hacen eco de ellos repetidas veces. Ya en 1917 Yrigoyen anuncia: «Se está en vías de resolver el problema de independizar la fabricación de los elementos de guerra, de la industria extranjera».[89] Lo repite año a año sin mayores precisiones. En 1922, anuncia para un «futuro más o menos cercano» (sic) la fabricación de material de guerra en la Argentina.[90]

En realidad, Yrigoyen sólo consideró la creación de una industria de guerra como un paliativo momentáneo para períodos de escasez. El presidente radical no tiene la más mínima mentalidad industrial. Por eso, mientras los proyectos de fabricación de armamento se encuentran detenidos, la gran prensa conservadora se hace eco con complacencia, o se convierte en el portavoz, de la inquietud, y hasta de la irritación, de los medios militares al respecto. La Prensa, después de haber elogiado en enero de 1921 el «estado de instrucción del ejército,[91] muy satisfactorio a pesar de la falta de maniobras», publica algunas semanas más tarde un artículo muy critico sobre la cuestión del «armamento nacional».[92] Según el diario, el gobierno debe hacer un esfuerzo en favor de la independencia en materia de equipamiento y de material de guerra, sobre todo creando una fábrica de explosivos y utilizando las «ricas minas de hierro y de otros metales, a fin de establecer inmediatamente la fundición de aceros proyectada por la Dirección General de Arsenales».

La toma de partido de la prensa traduce la tensión que existe entre el gobierno y el Estado Mayor, que alcanza un umbral crítico en 1921. La sorda presión del ejército para que sean satisfechas sus exigencias presupuestarias adquiere entonces un carácter particularmente insistente El debate técnico sobre las industrias militares se transforma en un conflicto político disfrazado. Por lo menos, así trata de presentarlo la oposición. Algunos meses antes de finalizar el mandato presidencial de Yrigoyen, La Nación examina sin contemplaciones la política militar del gobierno saliente y revela que después de un «abandono de cinco años» el gobierno ha pedido por fin a la Dirección General de Arsenales de Guerra el balance del estado actual de los armamentos, problema que jamás había preocupado al ejecutivo, según el diario, trabando así el progreso de las «instituciones militares hasta entonces ininterrumpido».[93] En el mensaje dirigido al Parlamento en mayo de 1922, se pudo ver detrás de las palabras sibilinas del presidente una especie de denegación, opuesta a los urgentes pedidos de los militares.

«Es viable el grado de progreso alcanzado por el Ejército durante los últimos cinco años, y, sin duda él hubiera sido aun mayor a no mediar circunstancias conocidas que han influido sobre la economía general, obligando a restringir los gastos de la administración y a diferir para épocas más propicias la ejecución de importantes proyectos en estudio o aprobados ya por el Ministerio.

»El Poder Ejecutivo considera que las instituciones armadas deben guardar armonía con el desenvolvimiento natural y lógico del país y que su desarrollo ha de ser gradual, compatible con las exigencias de su progreso».[94]

En otras palabras, las Fuerzas Armadas no deben ir más rápido que la nación, ni adelantársele, ni sobrecargar su presupuesto con gastos de prestigio desconsiderados.

Puede afirmarse que a fines de su primer mandato Yrigoyen se enajenó la enemistad de una gran parte del cuerpo de oficiales donde reinaba un malestar creciente. Yrigoyen ignoró abiertamente al ejército y le hizo sentir el peso de su descontento. A partir de 1920 los oficiales superiores se vieron privados de sus ascensos, pues el presidente dejó de enviar al Senado las listas elaboradas por la junta de calificaciones del Estado Mayor.[95] Por otro lado el gobierno no se dio por enterado de las reiteradas demandas de ayuda financiera que, a partir de 1920, le hicieron llegar las autoridades del Círculo Militar, deseosas de adquirir una nueva sede social. El ministro de Guerra ni se molestaba siquiera en responder a las notas que le enviaban con ese objeto las autoridades del Círculo Militar.[96]

Es en esa atmósfera de recelo recíproco y de agria frialdad que Yrigoyen decide introducir la idea rectora de su régimen: la «reparación» en el seno del ejército. En septiembre de 1922 somete al Parlamento un proyecto de ley encaminado a resarcir a los oficiales cuya carrera había quedado trunca como consecuencia de su participación en los «acontecimientos políticos» de 1890, 1893 y 1905,[97] reintegrándolos y restituyéndoles sus derechos a una pensión. Teniendo en cuenta la fecha del proyecto, era como firmar una orden de pago en favor de los sectores militares radicales, que el sucesor de Yrigoyen se vería forzado a reconocer. Desde el punto de vista legal, un proyecto semejante, destinado al futuro ocupante de la Casa Rosada, sólo sorprende por su fecha. Pero, no obstante, uno puede interrogarse sobre su oportunidad. Como vimos, a todos los movimientos «revolucionarios» en que participaron los radicales siguieron decretos de amnistía o leyes de reincorporación de los funcionarios civiles y militares destituidos. Es por ello sin duda que la opinión militar, muy escéptica en cuanto a la sinceridad del gobierno, ve inmediatamente en el proyecto no una manera de reparar antiguas injusticias, sino la firme voluntad de politizar al ejército favoreciendo a los incondicionales de la causa radical. En realidad, se exageró mucho la importancia de esa ley, seguramente debido a la repercusión que tuvo en el ejército. Una vez votada bajo la presidencia de Alvear (ley 11.268) y promulgada en 1924, tuvo muy pocos beneficiarios y las intenciones atribuidas a Yrigoyen se revelaron sin fundamentos. Sin embargo, la prensa y los oficiales antiyrigoyenistas la utilizaron en su campaña contra el popular caudillo. Para los militares fue la gota de agua que hizo rebalsar el vaso.

Los dos últimos años del período presidencial de Yrigoyen se encuentran signados por la consolidación de una fuerte oposición política dentro del ejército. Algunos oficiales superiores, vinculados a las categorías dirigentes tradicionales, censuran abiertamente al poder. El coronel Agustín P. Justo, director del Colegio Militar, hace participar a los cadetes en un homenaje al general Mitre en ocasión del centenario de su nacimiento. La opinión pública no se equivoca: se trata de un acto de oposición. Mitre encarna al antiguo régimen. Pero, el antimitrista Yrigoyen, preocupado en parecer liberal y en hacer suyas todas las glorias nacionales, deja hacer.

Puede leerse en los Anales del Círculo Militar de 1922 que la indiferencia, que hasta entonces acompañaba a las elecciones internas, había desaparecido. Las elecciones fueron muy disputadas: los antiyrigoyenistas presentaron una lista contra la de los legalistas o partidarios del poder. En la sociedad militar las divisiones políticas se afirman, se forman clanes. El Círculo Militar se convirtió en el foro político del ejército y en el centro de sus luchas intestinas. Surge entonces otra innovación, que rápidamente se transformaría en una institución: el banquete anual de las Fuerzas Armadas. Los presidentes del Círculo Militar y del Centro Naval invitan a los ministros de Guerra y de Marina y al presidente de la República a esa reunión plenaria de los oficiales de las dos armas que simboliza su unidad. Ante ese «parlamento» militar, los discursos se cargan a menudo de un contenido político. Los representantes del poder ejecutivo pueden dirigirse a los oficiales y, al mismo tiempo, tomarle el pulso al ejército. El primero de esos banquetes tuvo lugar sin Yrigoyen. Éste acogió muy mal la iniciativa, a la que consideraba como una manifestación de desconfianza hacia él. En el estado en que se encontraban sus relaciones con el ejército, el presidente no estimaba conveniente que un cuerpo del Estado se permitiera invitar al primer magistrado de la nación tratando así con él de igual a igual.

Además, la oposición militar intentaba estructurarse clandestinamente en «logias» sin duda efímeras pero cuya orientación y cuyos objetivos paralelos a las manifestaciones públicas indicaban claramente el endurecimiento de algunos medios militares ante la política de Yrigoyen, a partir de 1920.

Los documentos extraídos de los archivos del coronel Luis Jorge García, primer presidente de una de esas asociaciones, publicados en parte por el coronel Orona, ilustran sobre las motivaciones de los oficiales más antiyrigoyenistas. En enero y en julio de 1921 fueron fundadas dos «logias» por oficiales de grado intermedio (de capitán a teniente coronel). Se unificaron algún tiempo después. En el preámbulo del estatuto del «sindicato» militar así formado, puede leerse que los males más graves que afligen al ejército argentino son «la politización» y el «relajamiento del sentido del deber»[98] En realidad, las causas que motivaron la creación de esa sociedad secreta fueron eminentemente políticas y coincidieron con los temas de la oposición conservadora. Los aspectos de defensa profesional parecen bastante secundarios. Según el coronel García, el «deseo del presidente de hacerse reelegir indefinidamente», así como el «relajamiento de la disciplina» son los dos motivos determinantes del compromiso de los «logistas». Otro responsable, el coronel Enrique R. Pilotto, es todavía más explícito. Cuenta que «en el 2.º (Regimiento) de Artillería funcionaba un soviet del que participaban suboficiales y soldados… e incluso algunos oficiales».[99] Nos encontramos de nuevo con la fobia al bolcheviquismo, tan corriente en el clima de la época. La amalgama entre la pretendida debilidad de Yrigoyen frente a los movimientos sociales y su supuesta voluntad de «politizar» al ejército llevó a los oficiales más conservadores a ver la complicidad del gobierno detrás de toda falta a la disciplina y de toda alteración de las jerarquías. Sin duda, Yrigoyen no «politizó» al ejército, favoreciendo a sus partidarios, más que los presidentes que lo precedieron. Pero lo cierto es que, a partir de la «semana trágica», el menor gesto del líder «populista» resultaba sospechoso y lleno de intenciones tortuosas, incluso subversivas, para amplios sectores de las Fuerzas Armadas.

La propaganda antiyrigoyenista y el ejército:
el control ideológico de la opinión militar

Esa actitud de algunos, medios militares prueba ante todo la permeabilidad del ejército a la implacable campaña lanzada por la oposición conservadora contra el gobierno radical. La capacidad para influenciar a la opinión pública es, como vimos, cuasi monopolio de los partidarios del antiguo régimen que controlan la gran prensa y poseen el prestigio social. Los ataques de la «prensa seria» o de los líderes de la Cámara contra la política de Yrigoyen y sus partidarios encuentran un eco cierto en las filas de un ejército descontento con la política social y militar del gobierno. El ejército se siente interpretado y aun comprendido por los órganos de prensa de la élite establecida. De ahí a compartir por completo los puntos de vista del grupo dominante sobre los radicales en el poder no hay más que un paso que algunos oficiales no vacilan en dar. De todas maneras, los grandes temas de la propaganda antigubernamental no pueden dejar de ser bien recibidos por el ejército, aun y sobre todo cuando ésta se vuelve violenta, despiadada, y cuestiona, no tal o cual medida del gobierno, sino la legitimidad misma del poder.

Porque los conservadores no se conforman con asumir los diversos descontentos, como conviene a una oposición «respetuosa»; intentan desacreditar a los novi homines del radicalismo o discriminar, dentro de la UCR y sobre una base clasista, a los aliados potenciales de los outsiders peligrosos. El rencor de las «familias consulares», despojadas de un poder político que consideran que les corresponde por derecho, sólo puede compararse con su incapacidad para comprender la nueva realidad política. A tal punto que, ya en 1916, luego de la victoria de Yrigoyen, se rumoreaba que la marina se opondría a la toma del gobierno por los radicales.[100] Y numerosos oficiales, provenientes de familias tradicionales, tuvieron la intención de renunciar[101] para no depender del nuevo régimen. Rumores o tentativas, todos los medios son válidos para presionar al ejército.

Pero a la élite establecida le resulta fácil racionalizar la pérdida del poder en nombre de sus propios valores. Los representantes de las grandes familias ven la ampliación de la participación política, que significa un paso adelante en el desarrollo institucional del país, como «una regresión en la evolución nacional».[102] Para ellos, la victoria del radicalismo no es más que la revancha de las fuerzas oscuras de la tiranía rosista, el retorno de los vencidos de Caseros: el país retrocede más allá de 1852. La «razón» colectiva ha sido derrotada por el despotismo de las masas.

Esas masas, en realidad la pequeña burguesía, encarnan a los ojos de los «oligarcas» altivos la incultura y la mediocridad política. Ahora bien, están por todas partes. En adelante tienen acceso físico al paraíso del poder de donde fueron echados los «preponderantes». La Casa Rosada ha dejado de ser «bien frecuentada». «El espectáculo que presentaba la casa de gobierno, escribe condescendientemente un conservador esclarecido,[103]… era pintoresco y bullicioso; como en un hormiguero la gente, en su mayoría mal trajeada, entraba y salía hablando y gesticulando con fuerza; diríase que esa algarabía era más propia de comité en vísperas electorales que de la sede del gobierno». Además, a Yrigoyen le complace mucho hacer esperar a las personalidades y a la gente «distinguida», mientras recibe solícitamente a la gente simple. En los salones de los barrios residenciales las conversaciones de las familias tradicionales se nutren con un sinnúmero de anécdotas en las que se ve a Yrigoyen recibir con los brazos abiertos, ante un parterre de personalidades ulceradas, a un almacenero, un maestro o un «pedicuro desconocido».[104] La élite establecida ya no siente más como suya a la presidencia. Yrigoyen se lo hace notar: eso forma parte de la «reparación».

Pero esas «provocaciones» dan argumentos de peso a los conservadores que se esfuerzan en confundir al caudillo popular con la gente humilde que lo sigue. Aunque Yrigoyen sea un estanciero acomodado, miembro del Club del Progreso, y aunque en su primer gobierno no falten las personalidades pértenecientes a las viejas familias,[105] es de buen tono pretender que en su gabinete predomina la «gente inferior por su incultura e ineptitud».[106] En realidad, la capacidad política se mide según la experiencia de la familia y no según la aptitud individual. Y los miembros de familias consulares, supuestamente herederos del saber cívico, no son numerosos en los círculos allegados a Yrigoyen. Los «mejores» ciudadanos, los «espíritus ilustrados», los «directores naturales del cuerpo social», es decir las personalidades tradicionales, no son mayoría allí. Gran parte de los colaboradores del presidente radical son desconocidos que se «distinguieron en las luchas cívicas»,[107] o sea militantes: está naciendo una nueva especie de hombres políticos.

Para desacreditar al gobierno radical, no basta criticar sistemáticamente sus decisiones ni probar que por su naturaleza no puede ser más que mediocre. La lucha contra el usurpador toma la forma de la caricatura exagerada y hasta de la calumnia. La polémica se inspira en la voluntad de ridiculizar a los nuevos gobernantes. Por supuesto, esos son los procedimientos usuales de la lucha política. Aclaremos sin embargo que se trata de una lucha a muerte que debe acabar con la desaparición de uno de los dos adversarios, de aquel cuya pretensión del poder no se considera legítima. Que se juzgue si no fue así leyendo la descripción del primer gobierno radical que nos dejó un testigo furiosamente hostil a Yrigoyen, en un libro que pretende ser perfectamente serio y que, además, no fue escrito con la fiebre de la acción, sino unos diez años después:

«… gobierno de ladrones públicos y coimeros, aduladores, cínicos y tipos grotescos, con que el criminal Yrigoyen quiso substituir a las personalidades respetables y gente de abolengo… Los comienzos fueron francamente jocosos. Basta recordar la vera efigie del antropoide Salinas (ministro de Instrucción Pública), la que diera lugar a la carcajada inicial del auditorio, el ojo a media asta de algún otro magistrado eminente, el lenguaje atrabiliario del Megaterio Yrigoyen…».[108]

El mismo autor continúa: «Ya por entonces el Congreso estaba lleno de chusma y guarangos inauditos. Se había cambiado el lenguaje parlamentario usual, por el habla soez de los suburbios y de los comités radicales. Las palabras que soltaban de sus bocas esos animales, no habrían podido ser dichas nunca ni en una asamblea del África o del Asia. En el Congreso ya no se pronunciaban solamente discursos, sino que se rebuznaba».

Esta serie de improperios de mal gusto es significativa de una actitud. El procedimiento utilizado por Bosch, excelente intérprete de los medios políticos y sociales tradicionales, consiste en «bestializar» a los hombres del radicalismo a fin de excluirlos de la sociedad política a la que penetraron por la fuerza. Todos los medios son buenos para ello, desde el libelo satírico o la ocurrencia graciosa, que descalifican sin exponer críticas concretas o fundamentadas, hasta el derrocamiento por medios extraconstitucionales de un poder cuya ilegitimidad fue así probada. Nos encontramos aquí con uno de los mecanismos de la inestabilidad política que es al mismo tiempo una manera de llevar al ejército a una oposición activa.

Porque esos temas de propaganda y esas declaraciones satíricas no están solamente destinadas a hacer reír en los salones del Barrio Norte a expensas de hombres que no pertenecen a la buena sociedad. No se predica ante convertidos. La propaganda se dirige ante todo a la clase media y en particular a ese sector privilegiado de las capas intermedias que es la sociedad militar. Un presidente del antiguo régimen, Carlos Pellegrini, gustaba decir: «En nuestro país no se gobierna, se manda». Yrigoyen intenta gobernar por primera vez, aunque sea con muchas imperfecciones: la oligarquía por interés y los militares por reflejo profesional no le perdonarán esa actitud.

El sucesor indócil y la alianza militar

De conformidad con el artículo 77 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de un presidente, Yrigoyen no podía pretender un nuevo mandato presidencial antes de 6 años. Aunque había cumplido 70 años en 1922, no tenía la menor intención de abandonar la vida política. No ignoraba que el candidato radical a la presidencia tenía grandes posibilidades de ser elegido. Ahora bien, su opinión era predominante respecto a la designación del hombre político llamado a sucederle, quien prepararía eventualmente su reelección en 1928. El gran sacerdote impenetrable de la «religión civil de los argentinos» apoyó a su manera, sin que pareciera una imposición, a un candidato inesperado: Marcelo T. de Alvear.

Alvear parecía estar ubicado en las antípodas del caudillo popular. Descendía de una familia rosista, por cierto, pero que formaba parte de la oligarquía y él mismo era un auténtico aristócrata; más parisiense que porteño, en el momento de su elección se encontraba en Francia como embajador. Esa elección respondió sin duda a múltiples preocupaciones políticas. En primer lugar, al favorecer a un hombre de segundo plano e indolente, viejo militante en verdad, pero alejado del país desde 1917 y sin base popular, Yrigoyen se aseguraba la lealtad de su sucesor. Sirviéndole la presidencia en bandeja de plata, sin que ni siquiera tuviera que hacer una campaña electoral, el antiguo presidente preparaba su futuro, ya que Alvear le debería todo. Para muchos radicales Alvear sería un presidente de transición. Algunos creían incluso que Yrigoyen continuaría gobernando por interpósita persona, y tenían motivo, ya que el vicepresidente era Elpidlo González, un incondicional del presidente saliente.

Pero no sólo estaba en juego la ambición personal del viejo luchador radical. Dando momentáneamente el poder al grupo azul de hijos de buenas familias, que comenzaba a distanciarse de él, Yrigoyen trataba de disipar el malestar —que amenazaba con una escisión— latente en el seno del partido. Sabía también que la candidatura de Alvear no podía desagradar al ejército, sensible a la propaganda conservadora contra los políticos oscuros y de origen humilde. Las tradiciones familiares del futuro presidente estaban entretejidas de glorias militares: nieto de Carlos María de Alvear, compañero de San Martín y vencedor en Ituzaingó, también descendía por línea materna del general Angel Pacheco, otro héroe de la Independencia.[109] Alvear presidiría entonces un gobierno de distensión. El partido radical tanto como el país necesitaban un periodo de aplacamiento de las pasiones. La coincidencia entre la instauración de un nuevo sistema político, las dificultades provocadas por la guerra y los disturbios sociales de la posguerra había exasperado las críticas y endurecido los ataques contra los radicales. Era necesario un paréntesis para que cedieran. Sobre todo porque algunas críticas estaban ampliamente fundamentadas: el desorden financiero y el descuido administrativo eran males tan reales como la obstinación mesiánica del presidente saliente.

La élite tradicional estaba encantada. Alvear era radical, pero era de los suyos y de los más ilustres. Así, pues, un clubman elegante, amable, gran viajero y bon vivant sucedería al caudillo hosco y taciturno que vivía escondido en su «cueva» de la calle Brasil.[110] La gran prensa estaba exultante. La Nación, el diario de Mitre, en su edición del 12 de octubre de 1922 se regocija de que el país se haya desembarazado de un «presidente que se dedicó en cuerpo y alma a cultivar el favor de las masas menos educadas… en detrimento y con desprecio de los sectores superiores de la sociedad y de su propio partido, y que trató de adular a los supuestos necesitados y otros proletarios».

Alvear tuvo mucha suerte. Alcanzó el poder sin esforzarse. Además, detrás de él, tenía por lo menos en teoría a un gran partido. La gran prensa y los círculos, donde se hacen y deshacen las reputaciones, le eran adictos. Su mandato presidencial se situó entre dos crisis: la de la inmediata posguerra y la gran depresión. Es cierto que el gobierno de Alvear tuvo que sobrellevar serias dificultades en los años 1922 y 1923 a causa de la brusca calda de la demanda internacional de productos argentinos, artificialmente abultada por la guerra: el precio de la carne de vaca bajó a la mitad.[111] Pero una política de estricta economía presupuestaria así como la expansión de la agricultura —y especialmente de los cultivos industriales cuyos precios permanecían más firmes— en detrimento de la ganadería, permitieron restablecer bastante rápidamente la situación. La economía argentina, mareada por el boom de la demanda de guerra, volvió a bases realistas y aparentemente más sólidas. El país retomó su ritmo de crucero.

Entre 1923 y 1928, el intercambio comercial total se mantiene casi estable: es levemente inferior al de los años 1919-1920, pero casi el doble del nivel de preguerra.[112] Como la coyuntura mejora a partir de 1925, durante los últimos años de la presidencia de Alvear el saldo del comercio exterior es ampliamente positivo. Por otro lado, el presupuesto nacional había dejado de ser deficitario ya en 1924.[113] Las reservas de oro, que llegaban a 450 millones de dólares en 1921, pasan a 619 millones en 1928: casi tres veces la cifra de 1913. El peso es una divisa universalmente respetada. El país recobra el crédito externo: retomando las costumbres financieras de un pasado fácil, el gobierno de Alvear contrata importantes empréstitos en la plaza de Nueva York que a partir de entonces sustituyó al mercado de capitales inglés. La Argentina toma prestados 350 millones de dólares de 1921 a 1928.[114] Es una pesada deuda que muestra la confianza del gobierno en el futuro del país y revela el interés de la nueva potencia crediticia por la Gran República del Sur.

A partir de esa época, los capitales norteamericanos comienzan poco a poco a desplazar a los intereses británicos. En 1927, al terminar un nuevo episodio de la «guerra de la carne» entre las grandes sociedades extranjeras que controlan el 90 % de la exportación de productos argentinos, el grupo de frigoríficos norteamericanos logra que su participación en el mercado alcance el 60 % contra el 30 % de las sociedades británicas; los argentinos se conforman con el resto. Alvear, en la conjunción de dos épocas, es el último presidente del siglo XIX argentino.

El país vive entonces seis años de prosperidad y de relativa tranquilidad. La moneda es fuerte, el pleno empleo está asegurado, la industria de la construcción se encuentra en auge, los capitales retoman la ruta de Buenos Aires y los inmigrantes también; entre 1921 y 1930 llegaron a la Argentina 1.432.000 extranjeros, de los cuales 865.000 permanecerían en esa tierra de abundancia.[115] Las fiestas de la oligarquía son más brillantes que nunca. El presidente de los «años locos» es un hombre sin problemas, puede exaltar por última vez en mucho tiempo la evolución económica y social ascendente del país. Alvear declara en un discurso público el 15 de septiembre de 1928: «En estos momentos… la nación desenvuelve sus progresos sin dificultades políticas ni morales dignas de ser mencionadas». La despreocupada presidencia de Alvear tiene «los esplendores de una puesta de sol».[116]

Respondiendo a las críticas hechas al gabinete saliente por la alta sociedad a la que pertenece, Alvear forma un «gran» ministerio compuesto por personalidades brillantes, todas «presidenciables» por igual. Se ha dicho que si el gobierno precedente constaba de un presidente y ocho secretarios, el de 1922 cuenta con ocho presidentes y un secretario general. Los ministros no son militantes radicales probados en los comités, sino figuras consulares conocidas en el mundo, tibiamente radicales o incluso francamente apolíticas.

Merece señalarse la elección de los ministros militares. Rompiendo con la política de su predecesor y deseoso de acercarse a las Fuerzas Armadas, Alvear confía los dos ministerios a oficiales. Trata incluso de elegir a los militares que le parecen representativos de su arma. El ministro de Marina es el almirante Domecq García, presidente del Centro Naval. Para el Ministerio de Guerra era necesario un militar prestigioso pero «tratable». Alvear habría pensado en su viejo amigo de juventud, el general José F. Uriburu, a pesar de que (o quizás porque) había sido diputado conservador en 1914. Se sostiene que ante la presión de los aliados y más precisamente del general Joffre —¡porque Marcelo de Alvear formó su ministerio en París!—,[117] el sucesor de Yrigoyen habría abandonado la idea de confiar el Ministerio de Guerra al muy germanófilo von Pepe. Le Breton, que tendría a su cargo la importante cartera de Agricultura, y que cumplía las funciones de un primer ministro oficioso, le propuso al coronel Agustín P. Justo, director del Colegio Militar. Este ingeniero, culto y bien nacido, era el más civil de los militares: era miembro del Círculo de Armas y de la Sociedad Rural. Admiraba a Mitre y no carecía de prestigio en el seno del ejército. Le Breton lo conocía bien. Y su nombre se imponía tanto más fácilmente cuanto que era el hombre que la oficialidad consideraba idóneo para el cargo. Se ha dicho incluso que Justo era el candidato de la logia antiyrigoyenista cuya formación vimos anteriormente.[118] Así comenzó la carrera política del futuro general Justo.

Ese primer paso hacia los militares sería seguido por algunos otros. No es menos cierto que el nuevo presidente percibió todo el alcance político de las buenas relaciones con el ejército que, con razón o sin ella, se sentía dejado de lado por los radicales. Entonces, intentaría reconciliarse con los militares mediante gestos espectaculares y una política de simpatía activa hacia ellos. Alvear se distanció así de manera evidente, y provechosa, de su ilustre predecesor.

Marcelo de Alvear asumió la presidencia el 12 de octubre de 1922. El 14, realizó su primera visita oficial acudiendo al Círculo Militar. El gesto fue interpretado, tanto en el ejército como en los órganos de opinión, como el restablecimiento solemne de las relaciones amistosas entre el ejército y el poder, casi como el acto de reparación por las desavenencias pasadas.[119] La Memoria del Círculo Militar del año 1922 subraya con cuidados términos, para agradar al presidente, el singular relieve que adquirió esa visita: «Tuvimos también el honor de que el jefe supremo de las fuerzas de mar y de tierra, doctor Marcelo T. de Alvear, visitara nuestro Círculo, lo que tuvo lugar una vez asumido el mando, el 14 de octubre. Los señores consocios sabrán valorar esta distinción del Excelentísimo señor Presidente de la Nación, cuyo primer recuerdo al asumir el mando fue para las instituciones armadas, y su primera visita para nuestro Círculo».[120] Parece que no se trataba de una simple visita de cortesía; los militares, logistas para ser exactos, habrían aprovechado incluso para comunicar al primer magistrado algunas de sus exigencias políticas. Las que no le habrían disgustado, a pesar del carácter poco protocolar de la visita ya que los logistas le pedían que no delegara el poder en el vicepresidente Elpidio González, ex ministro de Guerra, y que no nombrara al general Dellepiane en ese ministerio.[121] Así comenzó la luna de miel entre el presidente Alvear y el ejército. El 9 de julio el presidente asistió a la cena de camaradería de los oficiales. Durante su mandato, no faltará a ninguna de estas ceremonias gastronómico-políticas.

El coronel Justo, ministro de Guerra, parece ser tanto el representante del ejército dentro del gabinete —permanece en actividad— como el portavoz del presidente ante los militares. Por eso, multiplica las iniciativas que ponen de manifiesto la nueva comprensión del poder con respecto al ejército, a los oficiales y a sus problemas. El ministro de Guerra asiste a la asamblea general de miembros del Círculo Militar, dedicada a examinar la cuestión de la transferencia de la sede social y de la compra de locales más espaciosos. También pide oficialmente al ministro del Interior que restrinja las nominaciones de oficiales encargados de las «intervenciones» federales en las provincias, porque sus funciones «directa o indirectamente políticas»[122] son, a su entender, muy perjudiciales para la disciplina y la cohesión de las Fuerzas Armadas. El coronel Justo ratifica de esa manera las acusaciones de politizar a los cuadros del ejército que algunos sectores militares le habían hecho a Yrigoyen. En el mismo sentido, el ministro hace promulgar dos decretos prohibiendo a los militares toda participación en la vida política.[123] Ese visible esfuerzo para despolitizar al ejército, que disimula mal su objetivo, apunta en realidad a la «desradlcalización» del cuerpo de oficiales. En efecto, tendrá como consecuencia acrecentar la homogeneidad ideológica de la institución militar y reforzar así su autonomía. Evidentemente, Alvear no ignora la ventaja que representan para él las condiciones muy particulares de su elección. Todo ocurre como si, para tener libertad de acción, Alvear deseara apoyarse en una fuerza social, independiente de Yrigoyen, o aun francamente hostil al anterior presidente. Para asentar su poder y resistir a las presiones de su gran elector, Alvear se acerca al ejército. Por primera vez en la historia argentina, el poder ejecutivo no se contenta con asegurarse la lealtad de esta rama del aparato estatal, sino que además entra en componendas con ella.

Alvear y sus colaboradores necesitan un ejército fuerte y satisfecho Si bien ellos no crean el poder militar, cuya lenta germinación hemos visto, contribuyen a su desarrollo. El crecimiento del poderío militar, en conformidad con las reivindicaciones profesionales (y presupuestarias) del alto mando, aumenta el peso específico del ejército dentro del Estado. Si se estudian la composición del gasto y la coyuntura internacional a partir de 1922, aparece claramente el carácter político del crecimiento acelerado de los presupuestos militares. Los gastos totales del Ministerio de Guerra (Ejército) pasan de 54 millones de pesos en 1922 a 111,5 millones en 1927, o sea más del doble. Pero los gastos autorizados por la ley del presupuesto —en líneas generales gastos operativos y de personal— tienen un aumento menos espectacular: 42,5 millones en 1922, 61,9 millones en 1927. La diferencia corresponde a «ampliaciones» presupuestarias autorizadas por leyes excepcionales de financiamiento para inversiones, principalmente para la compra de armamento.[124]

Ahora bien, ningún peligro exterior justifica un reequipamiento masivo y acelerado del ejército argentino en ese momento. Por el contrario, la diplomacia argentina hace hincapié en el pacifismo del país y se declara favorable, todavía a fines de 1923, a un desarme continental. En la 5.ª Conferencia Panamericana reunida en Santiago de Chile, la delegación argentina, muy representativa de la élite azul y cuyo consejero militar es el mayor J. M. Sarobe, colaborador cercano del coronel Justo, insiste en que «la Argentina no ha comprado ni fabricado una sola arma»[125] desde 1911 y que piensa atenerse a esa conducta. Algunas semanas más tarde, el gobierno solicita al Parlamento la autorización para emplear 618 millones de pesos papel (es decir una suma superior al presupuesto de 1922) en la compra de armamentos para el ejército. Los gastos serían cubiertos con un empréstito. El Congreso vota la autorización para la emisión de un empréstito de 100 millones de pesos oro (227 millones de pesos papel) con tal finalidad. La modalidad de los gastos (objeto y escalonamiento) está consignada en una ley secreta (ley 11.266), una de las trece leyes secretas de la legislación argentina desde 1862.[126]

Siempre para el ejército, el poder ejecutivo envía en 1923 al Congreso un proyecto de autorización de gastos por 125 millones de pesos papel para la construcción de edificios militares.[127] Los gastos, discriminados en el anexo «Obras Públicas» del presupuesto en el rubro «Ministerio de Guerra y Ministerio de Marina», pasan de un valor nulo en 1922 a 2,8 millones de pesos en 1925, 4,6 en 1926 y 10,28 en 1927. A las construcciones de cuarteles necesarios para llenar el déficit acumulado durante la administración precedente, se agregan proyectos sociales tales como los «barrios de oficiales» edificados en las principales guarniciones. Hay que mencionar también las realizaciones de prestigio: la sede del Estado Mayor y la reubicación de algunas academias militares (Colegio Militar, Escuela de Mecánica de la Armada). Las propiedades inmobiliarias de las Fuerzas Armadas no habían sido nunca tan imponentes. Parece ser una cuestión de honor para el coronel Justo. Se dedica también a realizar exitosas e importantes maniobras.

La marina no permanece olvidada. Se envían al Congreso una ley para la modernización de la flota, de 29 millones de pesos, y un proyecto de compra de armamentos navales y de construcción de fortificaciones costeras por 223 millones de pesos. La ley secreta 11.378 sanciona una autorización para gastos y empréstitos, escalonados en varios años, por 75 millones de pesos oro.

Para cubrir los considerables gastos previstos por las leyes secretas de armamento, el Estado se endeuda en los mercados financieros extranjeros. Entre 1926 y 1928, únicamente para comprar armamentos, el gobierno argentino emite sucesivamente dos empréstitos por un monto de 20 millones de dólares y un empréstito por 100 millones de pesetas.[128] Se destinan comisiones permanentes para comprar material de guerra en Europa y en los Estados Unidos. La que tiene su sede en Bruselas, luego en París, cuenta con un importante personal civil y militar: en sus comienzos está compuesta por 28 oficiales, pero llegará a emplear hasta 200 personas.[129] Se cree que con esas sinecuras europeas el coronel Justo recompensa a los oficiales bien conceptuados. Pero los delegados, con frecuencia ingenieros militares, al estar en contacto con países industrializados, toman conciencia de la dependencia de su país (y de su ejército) en materia de equipos y de tecnología. Muchas vocaciones «industrialistas» o hasta convicciones nacionalistas nacieron de esas misiones comerciales.

Sin embargo, la sensibilidad de los militares argentinos ante el problema de las «dependencias críticas» no es privativa de los privilegiados de las comisiones de adquisición. En los servicios técnicos del ejército se desea, como vimos, Una mayor independencia del país. El coronel Justo, atento a las inquietudes de sus camaradas de armas, es muy receptivo a esas sugerencias. El presidente Alvear, siempre listo para satisfacer al ejército, se interesa en la cuestión. Es así como se asistirá a una nueva paradoja: un presidente liberal y cosmopolita, impregnado por el credo librecambista de una clase y de su época, pone en acción una política nacionalista en ciertos terrenos, en nombre de la defensa nacional.

Alvear conoce los proyectos de la Dirección General de Arsenales. Un antiguo subdirector del organismo, el coronel Mosconi, dirige la aviación. Un reportaje sobre el talento organizativo de este ingeniero militar, oficial bien conceptuado y administrador competente, lo puso en primer plano.[130] El 19 de octubre de 1922 Alvear lo nombró al frente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que explota los yacimientos patagónicos de Comodoro Rivadavia. Bajo su impulso, la producción diaria media pasó de 942 m³ en 1922 a 2000 m³ en 1939. El activo de YPF casi se duplicó entre 1922 y 1925.[131] En 1923 Mosconi obtiene del poder ejecutivo un decreto autorizando la construcción de una refinería en La Plata (provincia de Buenos Aires). Los trabajos comenzaron en 1925, las instalaciones fueron inauguradas a fines de 1926: la primera refinería de petróleo del país entró en funcionamiento.

En los medios militares, YPF se convierte en el símbolo de la independencia económica, incluso de la soberanía nacional. Más aún, en la década del veinte, cuando la penetración de los trusts petroleros internacionales y sus métodos de explotación y de comercialización hacen que la producción de hidrocarburos sea un asunto candente en América Latina. El mismo coronel Mosconi contribuye a defender, con sus escritos y sus alocuciones, el desarrollo de una industria petrolera nacional, en nombre de los imperativos de la seguridad nacional, así como el control nacional de las riquezas minerales. Escribe al respecto: «En 1922, nuestro país, que poseía ricos yacimientos en la Patagonia, importaba el combustible líquido necesario para su vida, su defensa y su seguridad. Los cañones de nuestros buques hubieran quedado inmovilizados y nuestros aviones encerrados en sus hangares tan pronto terminaran las reservas existentes si por cualquier circunstancia la República viese cortar sus rutas marítimas y el aprovisionamiento… Si esto se produjese en caso de conflicto armado la suerte de las armas quedaría resuelta inmediatamente. Esto importaba una situación de peligro».[132] Mosconi, considerando que YPF constituye un instrumento de liberación nacional, es partidario de una política de monopolio nacional (pero no estatal) de la industria petrolera, que rechazaría cualquier concesión a sociedades extranjeras.[133] En 1926, los medios nacionalistas civiles y militares consideraron el ascenso del director de YPF a general, como una aprobación sin reservas, por parte del poder ejecutivo, de la orientación general de la empresa nacional.

El ministro de Guerra inauguró en 1927 en Córdoba una fábrica de construcciones aeronáuticas, la Fábrica Militar de Aviones, que comienza a partir del año siguiente la producción en pequeña escala de modelos bajo licencia europea. El Estado liberal, impulsado por los militares, juega aquí también un papel de pionero en la industrialización del país.

Tales iniciativas gubernamentales responden a una «conciencia industrial» que se manifiesta cada vez con mayor claridad en las filas del ejército. Se le pueden asignar diferentes motivaciones. Surge a menudo de una reflexión sobre la vulnerabilidad estratégica de la Argentina, raramente de una elección ideológica. Los administradores militares enfrentados a los problemas cotidianos, que ponen en juego a las relaciones del ejército con los proveedores extranjeros, descubren las peligrosas debilidades de la economía nacional. Mosconi relata, por ejemplo, cómo decidió «quebrar el poder de los trusts petroleros»[134] en la Argentina el día en que una filial de la Standard Oil rehusó entregarle nafta a crédito para la aviación militar. Pero el nacimiento de esta actitud «industrialista» tiene que ver también con la idea que los militares argentinos se hacen de ellos mismos como cuerpo técnico moderno. El sentimiento que tiene el ejército de su destino se adapta mal, en efecto, a una prosperidad exclusivamente agro-pastoril que lo mantenga relegado. Las posiciones favorables a la industrialización del país provienen, pues, también de una voluntad de afirmación corporativa. Es por ello que se propagan rápidamente en el seno de la opinión militar.

Recordemos simplemente, por ejemplo, la famosa conferencia del coronel Luis Vicat, pronunciada en el Círculo Militar en julio de 1926. Este especialista en material militar traza un panorama muy sombrío de la probable situación del país en caso de guerra: sería imposible resistir a un bloqueo efectivo del país porque se carece de industrias de guerra Ahora bien, el incremento de la riqueza agropecuaria, que permite importar más, refuerza «en proporciones alarmantes la actual dependencia económica».[135] Es entonces necesario «organizar industrias nacionales al servicio de las fuerzas armadas, comenzando por la siderurgia». Con más razón cuando los países vecinos, especialmente Brasil, Chile y Bolivia, tienen una importante actividad minera. Debe evitarse que esas naciones se conviertan a largo plazo en los proveedores de productos manufacturados de una Argentina reducida para siempre al estado pastoril.

Temas de reflexión semejantes aparecen en varios artículos de la Revista Militar que circula ampliamente entre los oficiales del ejército. Pero el problema que preocupa ampliamente a la opinión militar es el problema del petróleo, a causa sin duda de su fuerte poder emocional desde que la cuestión de la explotación de los hidrocarburos se convirtió en la Argentina en un problema político, alrededor de 1926-1927. Señalemos al pasar, por su repercusión y su contenido político, la conferencia pronunciada por el general Alonso Baldrich a fines de 1927 en el Centro Naval, reproducida en la Revista Militar. Este ingeniero civil, antiguo director del cuerpo de ingenieros y administrador de los yacimientos de Comodoro Rivadavia, denuncia la invasión de la provincia de Salta por la Standard Oil, que, según él, pretende «ahogar nuestra independencia económica sin la cual es ficticia la independencia política».[136] Acusa igualmente a las compañías extranjeras de maquinaciones antinacionales, sobre todo por sus campañas contra el Estado e YPF, y la corrupción de funcionarios locales. En conclusión, el general Baldrich reclama la total e inmediata nacionalización de los recursos petrolíferos. Según parece, en ese punto Marcelo T. de Alvear no siguió ciegamente las recomendaciones de los militares, a pesar de haberles dado numerosas pruebas de su buena voluntad.

Sea lo que fuere, a partir de entonces el poder militar es una realidad. Los militares, lejos de despolitizarse realmente, toman partido. Alvear no controla al ejército: es la institución militar la que da su apoyo al presidente. Sus motivaciones son esencialmente negativas: contra Yrigoyen y contra la subversión «anarco-maximalista». La tendencia predominante en los grados más altos parece cercana a la orientación de los liguistas de Manuel Carlés. La presencia militar se refuerza constantemente en el seno de la Liga Patriótica. En 1926, el consejo directivo de ese grupo de presión ideológica comprende a dos militares (el contralmirante Elías y el general Francisco Zerda) sobre cuatro vicepresidentes. La asamblea general, reunida para el 7.º congreso nacionalista, en mayo de 1926, comprende a 46 oficiales (de capitán a teniente general) sobre un total de 252 miembros.[137]

El poder militar y la escisión del radicalismo

Por otro lado, un acontecimiento trágico unió a las autoridades militares y a la nueva administración, sellando así la alianza antiyrigoyenista que pronto aparecerá a plena luz. Se trata del asesinato del teniente coronel Varela, «pacificador» de la Patagonia, por un «anarquista extranjero» en enero de 1923. Se le levanta una capilla ardiente en el Círculo Militar. Elpidio González e Hipólito Yrigoyen acudieron rápidamente ante los restos mortales de su celoso colaborador «incomprendido»: fueron objeto de una recepción glacial en la que se adivinaban mudos reproches. En los funerales organizados por la Liga Patriótica, el coronel Justo y Manuel Carlés tomaron la palabra, uno después del otro. En un discurso muy comentado y cargado de implícita reprobación, el capitán Elbio Anaya, antiguo adjunto de Varela, al frente del 10.º Regimiento de Caballería, recordó al anterior gobierno, que durante la campaña en Santa Cruz el teniente coronel Varela «sólo cumplió las órdenes recibidas de la superioridad con abnegación y disciplina ejemplares».[138]

Los partidarios y los colaboradores de Alvear creen que ha llegado la hora de afirmar la personalidad propia de la corriente política encarnada por el actual presidente. Piensan que Alvear goza de un apoyo suficientemente sólido dentro del aparato del Estado como para hacer oficial y orgánica una división del partido radical, perceptible desde hace mucho tiempo. No tienen todavía una maquinaria electoral y comités bien implantados, pero en la Cámara los alvearistas mezclan sus voces con las de los conservadores y de los socialistas contra los partidarios de Yrigoyen. En el Senado, los partidarios de Alvear no pierden ocasión de oponerse con todos los demás partidos al vicepresidente, Elpidio González, constitucionalmente presidente de la asamblea, manifestando así su desconfianza de los incondicionales de Yrigoyen. Curiosa situación la de una oposición que apoya sistemáticamente o casi al gobierno contra el partido del que emana: evidentemente, los gérmenes de una escisión están presentes. Alvear no lo desea. Quiere tener mayor libertad de maniobra, por cierto, pero sigue unido por vínculos sentimentales a la «vieja casa» y a la imponente figura de su jefe. Sus allegados lo apremian. Él deja hacer, pero no rompe con los ortodoxos. Aprueba, pero tiene la intención de mantenerse apartado de la lucha.

Vicente Gallo, radical de primer plano del grupo azul, es nombrado ministro del Interior en diciembre de 1923. No tarda en convertirse en el líder de los antiyrigoyenistas o mejor dicho de los antipersonalistas, como ellos prefieren que se los designe. En el Congreso, da abiertamente su apoyo al ala alvearista del bloque radical. Esa tendencia se organiza y, el 23 de agosto de 1924, nace la Unión Cívica Radical «antipersonalista» dotada con autoridades dirigentes y con estructuras nacionales. Dos partidos distintos invocan desde ese momento al radicalismo.

No es más que la primera maniobra para debilitar al partido de Yrigoyen. Se revela insuficiente. Después de la escisión, cada uno cuenta sus fuerzas electorales y todo indica que Yrigoyen gana. En adelante, Yrigoyen no disimula más que será candidato en 1928. Entre los conservadores se buscan los medios legales para impedir su retorno al poder. Y la perspectiva de una nueva presidencia de Yrigoyen provoca cierto malestar en algunos sectores del ejército, que no pasa inadvertido para los medios políticos bien decididos a cerrar el camino de la Casa Rosada al Peludo. Se piensa todavía muy confusamente en el supremo recurso de las armas. Un preventivo golpe de Estado está en el aire. El ejército ha sido «rehabilitado». Es mimado por el poder que aumentó su capacidad militar y su prestigio social. ¿No debería oponerse al retorno de la «barbarie» yrigoyenista? Ciertas soluciones se vuelven familiares por lo que sucede en el extranjero. Así, los pronunciamientos chilenos de septiembre de 1924 y enero de 1925 fueron ampliamente comentados en la Argentina. La experiencia del directorio español del general Primo de Rivera no fue ignorada.

Leopoldo Lugones, gran poeta que frecuenta mucho a los militares, lanza un resonante llamado al soldado, en diciembre de 1924, desde Lima, donde acompaña al ministro de Guerra en viaje oficial. En un discurso a la vez encendido y ampuloso, pronunciado ante el asombro de las autoridades protocolares de los dos países, el D’Annunzio argentino declara para el centenario de la batalla de Ayacucho: «Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada… Pacifismo, colectivismo, democracia, son sinónimos de la misma vacante que el destino ofrece al jefe predestinado, es decir, al hombre que manda por su derecho de mejor, con o sin ley… Considero mejores a los militares que los políticos, y… deseo con imparcialidad el gobierno de los mejores».[139]

¿Qué significado político dar a tales palabras? ¿Debe verse en ese nietzscheísmo de pacotilla la retórica compensatoria de un pequeño burgués aterrorizado por el ascenso de las masas o un solemne llamado a los políticos lanzado por el portavoz elocuente y autorizado de algunos sectores militares?

Sea como fuere, las autoridades militares se conmueven y, por boca del teniente general Riccheri, decano respetado del ejército profesional, ponen en guardia a los jóvenes oficiales contra la tentación de apartarse de sus «objetivos específicos». Para el creador del servicio militar, el deber de los oficiales en una democracia se reduce a la obediencia y la actividad profesional en sentido estricto.[140] La gran prensa, fiel a su credo liberal y convencida del carácter excepcional de la sociedad argentina en el subcontinente latino, desaprueba la agitación militar de los países vecinos y condena los regímenes de fuerza en nombre de la «civilización» europea. «No somos un pueblo militar, escribe La Nación, y no se percibe la menor tendencia al militarismo. Hemos aceptado al ejército como a una necesidad ineludible y le hemos dado una organización que no le otorga ni un realce particular ni un lugar preponderante. Es un órgano de nuestra soberanía que sirve para fines muy precisos, sin salir de sus límites naturales o de la misión que se le ha asignado».[141] Respondiendo de alguna manera a Lugones, el diario de Mitre refuta el argumento según el cual «los militares serian especialmente aptos para gobernar en razón de su formación», ironizando: «Es como afirmar que la nación debe ser gobernada únicamente por ingenieros o médicos». Todavía se está lejos de un consenso militarista y los órganos de prensa de los grupos dominantes se sienten bastante seguros como para poner en su lugar al ejército y a sus aduladores.

La sombra del caudillo

Toda esta efervescencia política resume la dificultad de los conservadores de todos los partidos para encontrar la mejor táctica contra el irresistible retorno de Yrigoyen. Las mentalidades más políticas buscan la solución menos costosa desde el punto de vista institucional. Para ello, imaginan medidas políticas que prolonguen y completen la escisión radical. Pero es preciso que Alvear consienta en servir de máquina de guerra contra Yrigoyen. La clase política tradicional así como los dos principales responsables del ejército (el ministro de Guerra y el inspector general del ejército, el general José F. Uriburu) alimentan el proyecto de colocar bajo el control federal (mediante una intervención) a la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador es un radical ortodoxo. El dominio de esa provincia clave, la más poblada del país, por parte de los antipersonalistas, permitiría, gracias al empleo de probados métodos, corregir la «aritmética electoral».

El ministro del Interior, Vicente Gallo, es resueltamente partidario de «salvar al país de la catástrofe política que se avecinaba»[142] tomando medidas «patrióticas» para contener y reducir al electorado yrigoyenista. Pero le falta el consentimiento del presidente. Por escrúpulos legalistas, Alvear rechaza el principio mismo de una «intervención federal», inconstitucional, que considera totalmente injustificada. Se debe a su clase, pero no puede hacer tabla rasa con el partido al que debe su presidencia, como tampoco puede renegar de su pasado de defensor de la democracia. Además no ha cortado los lazos con los incondicionales del caudillo. Tanto más cuanto que la ruptura entre las dos ramas de la UCR no se produce siempre de acuerdo con una división social. Precisamente, el gobernador de Buenos Aires es José Luis Cantilo, que es por cierto un radical fiel, pero que pertenece a las grandes familias y es además unánimemente respetado, lo que no facilita las cosas. Por eso, en junio de 1925, Gallo prefiere renunciar.

Los «anti» no se desaniman a pesar de todo. No les faltan ideas y expedientes para enmendar el veredicto del sufragio universal. Piensan revisar las listas electorales que favorecen a los yrigoyenistas. Presentan un proyecto de ley en tal sentido con ayuda de los conservadores y de los socialistas. Un antiguo diputado de esta última tendencia, Joaquín Coca, recuerda que «el 16 de julio fue presentado el proyecto a la Cámara y se discutió en un gran número de sesiones, pero a pesar del empeño puesto por los propulsores de la iniciativa, particularmente por el entonces ministro de la Guerra, general Justo, que más bien parecía el ministro del Interior, pasó el período de 1925 sin que esos proyectos fueran aprobados».[143]

Como las elecciones se aproximan, la UCR antipersonalista designa sus candidatos a la presidencia. Leopoldo Melo y Vicente Gallo reciben la investidura de su formación política. «Candidatos de las clases distinguidas», han recibido «la adhesión desinteresada, valiosa y altiva, según el manifiesto de su partido publicado a principios de 1928,[144] de las fuerzas políticas de la derecha, de los representantes de la banca, el comercio y la industria, y de respetables grupos del proletariado conscientes…».[145]

Las presiones sobre Alvear se hacen más y más insistentes. El jefe de su secretariado político evoca en sus Memorias el asedio a que está sometido el presidente a quien se le pide «salvar al país de la resurrección de la demagogia, salvarlo de Yrigoyen».[146] Alvear se encuentra desgarrado, pero, eterno indeciso, hace oídos sordos a esas solicitudes. Entonces, se intentará el último recurso: el llamado al ejército. Algunos pensaron sin duda en un golpe de Estado que permitiera suprimir u «organizar» las elecciones. Pero, en definitiva, la solución elegida parece haber sido más bien la amenaza de una intervención militar que debía terminar con los últimos escrúpulos del presidente. A principios de 1928 corre el, rumor de que el general Justo —fue ascendido a ese grado en 1927— conspira desde el interior del gobierno con la finalidad de instaurar una dictadura militar que terminaría con el espectro del retorno de Yrigoyen. Ese ruido de sables parece tanto más verosímil cuanto que el general Justo, cuyas ambiciones políticas ya nadie ignora, ha multiplicado, desde 1927, las tentativas para acercar los militares a los medios civiles. Hacia mediados de 1927 se malogró un intento de cooperación entre el ejército y la Universidad. Las conferencias organizadas por los militares en la Facultad de Derecho, bajo los auspicios del decano Ramón S. Castillo, terminan, desde la primera, con un escándalo gigantesco. La campaña de militarización de la opinión pública seguramente no estaba desprovista de segundas intenciones políticas y tampoco el cuidado con que Justo había ubicado hombres confiables en los puestos clave del ejército. En todo caso, tales hechos hacían más creíbles los rumores, lanzados probablemente para forzar a Alvear a franquear los límites de la legalidad.

Lo cierto es que, para presionar al presidente, o presionado por él, el ministro de Guerra creyó atinado publicar un desmentido en la prensa, bajo la forma de una carta abierta.[147] Su texto no carece de interés. Puede leerse en él la seguridad de un ejército cuyo portavoz no duda en tomar partido en el debate político, proclamando al mismo tiempo muy alto el apolitismo intangible de los militares argentinos. En síntesis, el general Justo declara que es inverosímil que pueda conspirar contra Alvear, que es un «amigo», y con quien debe conducirse «como caballero». Asegurando al presidente su indefectible fidelidad y la lealtad constitucional del ejército, Justo aprovecha la ocasión para denunciar con rudeza el electoralismo de los que no supieron elevar a «la masa» sino que sólo supieron adularla, y luego acusa, siempre sin nombrarlos, a los radicales de Yrigoyen de querer introducir «propaganda de índole social y política» en los cuadros subalternos del ejército con el fin de «minar su disciplina». Paradoja del apolitismo: no olvidemos que Justo es un militar en actividad.

Finalmente, el golpe de Estado no se produce y Alvear, a pesar de una campaña bien orquestada, no se deja doblegar. Respetuoso de la Constitución, no traicionará sus propias convicciones de demócrata. La campaña electoral está en su apogeo. El comité nacional de la UCR antipersonalista advierte a los electores que «el supremo deber del momento es impedir el funesto retorno del sistema que practica el personalismo yrigoyenista, propiciando en cambio la organización de un gobierno de ideas».[148] Los hombres políticos hostiles a Yrigoyen no comparten esta actitud serena. El ex gobernador de Jujuy, Benjamín Villafañe, declara una guerra a muerte al antiguo presidente, a quien juzga bárbaro, bolchevique y criminal. «Si Yrigoyen (sic) vuelve al poder, dice Villafañe, veremos levantarse en el país los patíbulos de Méjico, y quemarse la riqueza de la Nación con excesos semejantes a los que han destruido a Rusia. El dilema que el pueblo argentino tiene por delante es el de seguir la bandera de la moral y de la justicia, o la del fraude y de la mentira, del delito y del crimen».[149]

El golpe de Estado está en marcha: antes ya del resultado de las elecciones, el ejército (como cuerpo) y los medios conservadores más combativos consideran ilegítima la nueva presidencia de Hipólito Yrigoyen.

Yrigoyen triunfa ampliamente en las elecciones presidenciales de marzo de 1928. Obtuvo 839.000 votos contra 440.000 de los candidatos del Frente Único y 65.000 de los socialistas. La participación electoral fue fuerte (81,1 % de los inscriptos contra 63,1 % en 1916), lo que indica que los electores se daban cuenta de la relativa importancia de lo que estaba en juego. Yrigoyen obtiene el 57,3 % de los sufragios emitidos; tiene 245 electores en el colegio electoral contra 74 de los otros partidos. Sus frustrados adversarios denuncian el «plebiscito del caudillo», aun cuando son ellos mismos quienes han contribuido a, personalizar y a dramatizar el escrutinio.

Convendría más preguntarse por qué razones el antiguo presidente mejoró su score electoral. Sin duda, los candidatos de las clases distinguidas no despertaban simpatía popular, y el voto por Yrigoyen fue en gran medida un voto contra el «peligro de reacción aristocrática»,[150] representado por la victoria del Frente Único.

Así, pues, Yrigoyen retorna a la Casa Rosada convencido más que nunca de su rol histórico. Tiene 76 años.

Segunda parte
PRÁCTICA Y MECANISMOS
DEL PODER MILITAR

«En América del Sur, las Repúblicas sólo se apoyan en el poder militar, toda su historia es una revolución continua».

FEDERICO HEGEL

«Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada.
Así como ésta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, y es la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado hasta hoy, fatalmente derivada, por el socialismo».

LEOPOLDO LUGONES

Capítulo 4
La gran depresión
y la restauración oligárquica

La triunfal elección de Yrigoyen como presidente no le asegura sin embargo bases sólidas para su segundo mandato. El plebiscito, como sus adversarios llaman al aplastante éxito electoral, traduce menos una elección entusiasta hacia su persona que la aversión del electorado por los candidatos de la oposición. Pero muy pocos radicales ortodoxos hicieron un análisis semejante. El éxito electoral, que ninguna salvedad podrá empañar, se subió a la cabeza incluso de aquéllos que creían por fin llegado el momento de gobernar efectivamente. El Peludo es un anciano; más taciturno que nunca, es considerado por muchos como el símbolo de la causa radical y no como jefe del ejecutivo. Esta vez se tiene vía libre para una verdadera política de «reparación». Ya no existen más las barreras de contención que limitaban la acción (o los apetitos) de los nuevos hombres de la Unión Cívica Radical en 1916. Ampliamente mayoritarios en la Cámara de Diputados (con 98 representantes sobre 159), su posición es muy sólida en las provincias. Sólo el Senado se encuentra fuera de su alcance, provisoriamente sin duda: 8 radicales enfrentan por el momento a 19 opositores (9 conservadores, 9 antipersonalistas y 1 socialista).

El radicalismo se siente fuerte; y por ello justamente se encuentra más amenazado. La inquietud de los conservadores y de los grupos dirigentes tradicionales ha ido en aumento porque han fracasado doblemente: no han debilitado al yrigoyenismo escindiéndolo y tampoco han ganado por cualquier medio las elecciones de 1928. Tanto más cuanto que en la nueva administración, a diferencia de la primera presidencia, los miembros de familias consulares brillan por su ausencia. Los grandes nombres radicales se han pasado al alvearismo y el nuevo gobierno de Yrigoyen está formado por oscuros militantes de comité, por políticos de «familia desconocida». No debe imaginarse por ello que el gabinete está compuesto por representantes de las capas populares. Con excepción de los dos ministros militares, que esta vez son oficiales, todos los ministros son abogados, salvo el de Obras Públicas que es médico. Pero, de los diez miembros del ejecutivo (presidente, vicepresidente y los ocho ministros) sólo dos pertenecen a la Sociedad Rural, contra cinco en 1916. Por lo tanto, la situación es más grave para la élite establecida. Sus miembros tienen todavía menos confianza que antes en un gobierno radical poco moderado.

Para muchos opositores, además, esta segunda presidencia representa una verdadera catástrofe personal. Los oficiales allegados a Justo, los antiguos logistas de 1921, temen una revancha de los partidarios del caudillo a quienes habían tratado de proscribir del ejército, en tiempos de Alvear. El nombramiento del general Dellepiane en el Ministerio de Guerra no es como para disipar sus inquietudes. No olvidemos que en 1922 habían logrado que Alvear mantuviera alejado de ese puesto a este brillante oficial, muy popular dentro del ejército y considerado como lealmente radical. Algunos conservadores, dando todo por perdido, llegan a preconizar un exilio dentro del país a la espera de días mejores.[1] Otros, más numerosos, se preparan para luchar. Porque el control a distancia que puede ejercer la élite establecida no basta ya para garantizarle el poder. Se siente desposeída. ¿No estaría naciendo una nueva clase dirigente?

Las grandes maniobras de los conservadores

Hay acuerdo unánime sobre la necesidad de expulsar del poder a Yrigoyen y a sus partidarios, pero difieren las modalidades de acción encaradas. La clase política tradicional desea, en su inmensa mayoría, conservar una apariencia de legalidad al «derribar al tirano». La connotación oligárquica del Frente único de conservadores y antipersonalistas, que apoyaba la candidatura Melo-Gallo, hizo perder a los antiyrigoyenistas las ventajas de la escisión de 1924. Deben encontrar entonces una fórmula electoral más propicia para captar votos populares y completar la maniobra emprendida.

El ala derecha del partido de Juan B. Justo se escindió en 1927 para fundar el Partido Socialista Independiente (PSI). Los conservadores dicen que se trata de una «fuerza nueva y dinámica» compuesta por elementos jóvenes y capaces del Partido Socialista, cansados de soportar la dictadura de los viejos dirigentes.[2] En efecto, al frente de esa nueva agrupación, implantada casi exclusivamente en la Capital Federal, se encuentra a hijos de las familias conservadoras más tradicionales tales como Pinedo, Bunge, González Iramain. Estos jóvenes desertores del partido obrero, que algunos socialistas acusan de haber entrado a la sección argentina de la Segunda Internacional con el único fin de «servirse de ella como un instrumento contra el radicalismo»,[3] van a convertirse en la punta de lanza del antiyrigoyenismo.

En las elecciones legislativas parciales del 2 de marzo de 1930, los estrategas más hábiles de la derecha piden a los electores conservadores, con mayor o menor discreción, que den sus votos a los alvearistas y a los socialistas independientes. Esa nueva derecha de apariencia popular y progresista no asusta. Es por eso que los socialistas independientes logran una brillante victoria en Buenos Aires, donde la UCR antipersonalista, que expresa localmente los intereses del partido conservador, no presenta candidato. El PSI gana en la capital con 109.000 votos (37,4 % de los sufragios emitidos) y 10 diputados. La UCR, que no recibe más que 82.251 votos (28,0 % de los sufragios) contra 152.000 (54,6 %) en 1928, sólo obtiene 3 bancas. En el plano nacional, la UCR retrocede del 57,41 % de los sufragios emitidos al 41,57 %; y los dos partidos socialistas, con el 15,7 % de los votos frente al 4,49 % para el PSI en 1928, obtienen un resultado superior al del partido conservador.

Más que el desgaste del poder, este resultado muestra la ambigüedad del plebiscito «negativo» de 1928. Yrigoyen no fue elegido tan triunfalmente como creían sus adversarios. Además, si se observa más allá de las etiquetas políticas engañosas, puede verse la continuidad en el esfuerzo de la clase alta tradicional para recuperar poco a poco el terreno perdido en el aparato del poder. El porcentaje de diputados pertenecientes a familias de la élite establecida en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires vuelve a subir rápidamente: estimado sólo en un 2,7 % en 1926, pasa al 5,7 % en 1928, y, gracias a los socialistas independientes, alcanza el 10,4 % en marzo de 1930.[4]

El restablecimiento de la UCR por la «izquierda», cuyo contenido social es tan claro como paradójico, parece dar sus frutos. Es verdad que no le faltan medios. Mientras la gran prensa emprende una guerra sin cuartel contra la demagogia de Yrigoyen, los panfletos periodísticos se han especializado en el antirradicalismo. Tal es el caso del diario La Fronda. Pero el cotidiano Critica parece ser el instrumento privilegiado de la táctica populista contra la UCR.

Este diario de gran difusión fue fundado por Natalio Botana, periodista emprendedor que mantiene excelentes relaciones con el antiguo ministro de Guerra, el general Agustín P. Justo. Es un periódico sensacionalista con una tirada de 450.000 ejemplares, que atrae al público en general por sus fotos tomadas en vivo, sus historietas de hechos policiales, su sección de automovilismo y el espacio considerable dedicado a los deportes populares. Pero no sólo representa una innovación periodística que contrasta con la severidad de los dos grandes de la prensa porteña. A su contenido popular corresponde una orientación política netamente populista. El diario de Botana se presenta a sí mismo como llevando a cabo «una acción a favor del trabajo, de la democracia y de la dignidad del hombre». Critica adopta, en agosto de 1930, una divisa muy sugestiva, pretendiendo ser el «único cotidiano totalmente comprometido con la defensa del pueblo». Por lo tanto, tiende a la izquierda: Critica endiosa a los grandes precursores del socialismo[5] y milita contra el fascismo italiano.[6] Pero, en política interna, sus críticas se dirigen a Yrigoyen solamente, y sus elogios son para los valientes defensores de las libertades: di Tomaso, Pinedo, los socialistas independientes.

La estrategia de la oposición legalista parece simple: debilitar y aislar a Yrigoyen con nuevas victorias electorales, para exigir luego su renuncia, gracias a la formación de una unión de todos los partidos de la oposición. La mayoría de los militares antiyrigoyenistas que rodean al general Justo se inclinan por esa solución indolora que tiene el consentimiento de los radicales antipersonalistas y presumiblemente del mismo Alvear. Pero algunos grupos de civiles y de oficiales, que miran más allá del derrocamiento del actual presidente, encaran la situación de muy distinta manera.

La conspiración: militaristas y liguistas

Vimos ya el desmesurado elogio del militarismo que hacía el poeta Lugones. El glorificador de «la hora de la espada» lleva a cabo una incansable campaña antidemocrática. Contra las alianzas de los «políticos», apela al sable purificador que acabará con el «liberalismo pútrido» que debilita a la Nación Argentina. En un volumen de comentarios políticos publicados en junio de 1930, Leopoldo Lugones estigmatiza la victoria de los socialistas independientes en Buenos Aires en marzo, recordando que «“la politique du pire”… resulta… “la pire des politiques”» y que los socialistas, aun independientes, son libertarios más peligrosos que los radicales.[7] Para el autor de La guerra gaucha, la Argentina llegará a ser una gran nación el día en que no deje más la designación de sus dirigentes librada al sufragio universal, verdadero «culto de la incompetencia» del que sólo puede resultar un gobierno «inepto».[8]

Pocos son los que toman en serio, en los ambientes políticos, a este Charles Maurras criollo; pero no sucede lo mismo con los jóvenes intelectuales y con ciertos sectores del ejército. Oficiales descontentos con el gobierno de Yrigoyen no permanecen insensibles ante la exaltación de la disciplina, de la jerarquía y de la carrera de las armas, tema principal del «pensamiento» político lugoniano. No parecerá extraño que la subcomisión de instrucción del Círculo Militar —de la que forma parte Lugones, es cierto— haya decidido, en enero de 1930, la publicación de artículos del poeta (entre otros, los que aparecieron en La Nación a partir de 1927) bajo el titulo de La patria fuerte, en los que éste desarrolla su concepción de un poder fuerte después de haber denunciado los males provocados por el parlamentarismo. Ese volumen es la primera obra dedicada a la política argentina stricto sensu publicada por la Biblioteca del Oficial. Claro es que figuran en el libro, junto al discurso de Ayacucho, una serie de halagos a los editores de uniforme, considerados «una verdadera nobleza».[9]

Pero si bien las ideas de Lugones, poeta reverenciado (y talentoso) y veleta política, acceden paradójicamente a la gran prensa liberal, la personalidad proteiforme del autor de La Grande Argentina les quita mucho de su valor. Precursor, en cierta forma, es de los que «popularizan» la ideología autoritaria y antidemocrática sembrándola a los cuatro vientos. Otros, menos ilustres, cosechan: su audiencia es de menor alcance, pero su acción política es más profunda y directa.

Las voces antidemocráticas que se elevaban antes del retorno de Yrigoyen a la presidencia eran muy aisladas. Juan E. Canilla, joven médico de Entre Ríos, admirador de L’Action Frangaise, que se inició en el pensamiento de Maurras durante una temporada de estudios en París, funda La Voz Nacional en 1925. Esta hoja confidencial cuenta entre sus pocos abonados al general José F. Uriburu, inspector general del ejército.[10]

La fecha capital es, sin duda, la de aparición de la Nueva República, el 1.º de diciembre de 1927. Este semanario fue fundado por jóvenes periodistas, en su mayoría de origen provinciano, que invocan al nacionalismo.[11] El diario creado por Ernesto Palacio, los hermanos Julio y Rodolfo Irazusta, Juan E. Carulla y César E. Pico lleva como subtítulo el de «órgano del nacionalismo argentino». Los redactores de la Nueva República están unidos más que nada por un antiyrigoyenismo virulento. Se conocieron en el diario La Fronda, instrumento de guerra conservador y cuartel general del activismo antirradical, cuyo propietario es Francisco Uriburu, primo del general.

Estos jóvenes de buena familia se interrogan sobre lo que llaman la crisis argentina, la que se reduce según ellos a la evicción del poder de las categorías dirigentes tradicionales. Buscan la manera de reformar a la élite establecida asegurando sus «derechos» al poder.[12] A pesar de que los editoriales de la Nueva República son bastante confusos, surge de ellos una condena de la democracia, «dictadura incontrolable de la chusma y de los demagogos».[13] Sus redactores sostienen «la necesidad de gobiernos fuertes que mantengan enérgicamente el orden social, las jerarquías y la disciplina para evitar la amenaza del comunismo soviético»,[14] al que conduce la demagogia radical. El semanario refiere con admiración los éxitos de la Italia mussoliniana o de la España de Primo de Rivera. Pero el nacionalismo aristocrático de esos intelectuales desprecia demasiado al pueblo para ser de inspiración fascista. Charles Maurras es la referencia obligada de esos ideólogos autoritarios, vástagos de una oligarquía liberal culturalmente puesta bajo la advocación de Francia.

Estos jóvenes maurrasianos no son los únicos en rechazar el sufragio universal y desear una reforma de las instituciones que permita recuperar el poder a las clases ilustradas. Las ideologías autoritarias se abrieron camino entre los conservadores «modernistas» que, en 1914, intentaron crear un gran partido de derecha para rivalizar con la UCR en igualdad de condiciones. Si los conservadores más esclarecidos no pueden vencer a les radicales en su propio terreno, entonces hay que cambiar de terreno. Los hombres que, catorce años antes, habían depositado su confianza en un poderoso Partido Demócrata Progresista que equilibrase a la UCR, buscan ahora la manera de organizar «un Estado vigoroso y un gobierno representativo del país real y no de los comités electoralistas», gracias a una «democracia funcional basada en las fuerzas sociales».[15] Se encuentra entre ellos a José María Rosa, abogado y financista renombrado, fundador de un club político de sugestivo nombre, la Defensa Social Argentina, a Carlos Ibarguren, brillante secretario de la Suprema Corte y a su primo, el general José F. Uriburu, antiguo diputado.

El triunfo de la «plebe radical» y el despertar del proletariado hacen vacilar la confianza de los conservadores, desilusionados del credo liberal de la oligarquía ascendente. A grandes males, grandes remedios. Su catastrófica lucidez encuentra muy rápido el camino y los medios para alcanzar su objetivo leyendo a Maurras y a L’Action Française. Nace la idea de que sólo un golpe militar puede cambiar las condiciones políticas presentes. Hacia fines de diciembre de 1927, cuando ya no cabe duda de la cercana victoria de Yrigoyen, Juan E. Carulla y R. Irazusta, de la Nueva República, toman contacto con el general Uriburu. El inspector general del ejército responde a los jóvenes periodistas que le presionan para que levante al ejército contra Yrigoyen: «¿Olvidan que soy un militar en actividad?».[16] Pero no por mucho tiempo; en cuanto es reelegido Yrigoyen, Uriburu pide el retiro, con gran satisfacción de los nacionalistas que ven confirmarse las esperanzas que depositaron en él.

En diciembre de 1928, la Nueva República festeja su primer aniversario con un banquete. El general Uriburu, invitado de honor, pronuncia un discurso pleno de vitalidad ante un juvenil auditorio. Afirma particularmente «que no vacilará en ponerse al frente de un movimiento político bien definido y organizado, cualesquiera que fueran los peligros y las consecuencias que importara su acción».[17]

Von Pepe incluso se compromete solemnemente a poner su «espada… al servicio del movimiento» que promovían sus impacientes admiradores. La conspiración está en marcha. El golpe de Estado, que viene de lejos, ha franqueado una etapa decisiva. Sólo falta convencer al ejército y preparar a la opinión pública.

Uriburu está demasiado vinculado con la élite establecida y conoce demasiado las tradiciones políticas de la clase dirigente como para ignorar el carácter incongruente, hasta sacrílego, de un derrocamiento de las autoridades elegidas en la República Argentina después de más de medio siglo de estabilidad. Es por ello que dice a sus partidarios: «Para pensar en la posibilidad de una revolución, es necesario primero crear el ambiente revolucionario en la calle».[18] Y los valerosos redactores de la Nueva República, atentos a las hazañas de los camelots du roi, organizan la Liga Republicana hacia fines de 1929. Así, pues, el «nacionalismo integral» estilo argentino invade las calles con sus «liguistas», periodistas o estudiantes. Roberto de Laferrere, redactor del diario La Fronda de Francisco Uriburu, es el animador de la liga en la cual participan, entre otros, Carlos y Federico Ibarguren, hijos del fundador del Partido Demócrata Progresista.

Los nacionalistas fijaron su estrategia: el ejército, única fuerza sana en una sociedad contaminada por el virus democrático y la demagogia radical, será el instrumento de la «regeneración» revolucionaria cuya dirección tomaría el bravo general Uriburu.

El hombre que los nacionalistas eligieron para derrocar a Yrigoyen por la fuerza, tenía muy en claro los objetivos políticos del movimiento y la táctica a seguir para llevarlos a la práctica. El «salvador» de la Argentina exigió desde el principio que los políticos, los hombres de los partidos opositores, fueran apartados de la dirección de la conjura. Según él, los conspiradores civiles debían estar totalmente subordinados al comando militar. El ex teniente golpista conservaba un mal recuerdo del fracaso político de la revolución de 1890, virtualmente victoriosa en el plano militar. Además, siguiendo a los ideólogos antiliberales, desconfiaba de los parlamentarios y de los partidos políticos. Estaba resuelto sobre todo a cuidarse de todo compromiso con las formaciones políticas opositoras que frenarían sus proyectos de transformación institucional. Porque el general Uriburu pensaba que, una vez derrocado Yrigoyen, nada cambiaría si no se reformaba la Constitución para restringir y dirigir la expresión del sufragio. Algunos testigos, a los que no puede acusarse de excesiva simpatía hacia el jefe de la conspiración, atribuyeron esas preocupaciones constitucionales tanto a la deformación profesional como a las pocas luces del general en materia política: como buen soldado, habría creído que bastaba con cambiar de reglamento para que todo cambiara.[19] En realidad, los proyectos de reforma de Uriburu y de sus allegados no estaban bien determinados. Se sabía que tenían que ver con el sufragio calificado, con la abolición del escrutinio secreto quizás. Carulla, que hizo leer al general la Carta del Lavoro fascista, se inclinaba por la representación corporativa.[20]

Uriburu confió sus proyectos a su viejo amigo político Lisandro de la Torre. Deseaba confiarle un ministerio o incluso llevarlo a la presidencia en caso de triunfar el golpe de Estado.[21] El jefe de la conspiración, que pretendía instaurar una dictadura militar temporaria —adoptando para sí mismo el modesto título de dictador y no el de presidente provisorio—, confesó a de la Torre que la derogación de la ley electoral Sáenz Peña era el objetivo número uno de su programa político. Pero, para llegar a revisar una ley tan popular, era necesario que el ejército siguiera al general retirado y compartiera su filosofía política.

El ejército y la conspiración

El malestar que existía en ciertos sectores bien definidos del ejército durante la primera presidencia de Yrigoyen, no hizo más que acentuarse bajo la segunda. La influyente minoría vinculada al general Justo, que, como vimos, se había opuesto frontalmente y con la mayor energía a la reelección del caudillo radical, temía el retorno de sus adversarios a la dirección del ejército y del gobierno. Los logistas de 1921 tenían muchas razones para temer un ministerio de Dellepiane porque los oficiales radicales no olvidaron cómo, en nombre del apolitismo, la administración saliente les había complicado la vida mientras prosperaba el clan Justo. El fantasma de la revancha se insinuaba.

El nuevo gobierno se conforma, en un primer momento, con retomar el control de las instituciones militares nombrando oficiales confiables en los puestos clave o alejando de ellos a los oficiales más comprometidos con la administración precedente. Esta aplicación limitada del spoil system no es nueva en la Argentina: Alvear y Justo ya la habían practicado. Se asiste a una especie de «vals» del personal militar que habría afectado, según la oposición, a un 60 % de los oficiales en 1929.[22] Algunos, poco numerosos, son pasados a revistar en disponibilidad. Es el caso del coronel Luis J. García, ex presidente de la logia antiyrigoyenista, relevado del cargo de director del Colegio Militar el 17 de enero de 1929 por un «revolucionarlo» de 1905, el coronel Reynolds.

La gran prensa conservadora no deja pasar la ocasión de denunciar, como en el pasado, el favoritismo indecente que utiliza el gobierno radical, violando los reglamentos. El coronel Luis J. García, inmediatamente después de haber sido relevado por Dellepiane, se encarga de la crónica militar en La Nación. Este oficial superior, allegado al general Justo, publica, entre el 14 de julio de 1929 y el 5 de septiembre de 1930, 137 artículos destinados a denunciar carencias, abusos y desórdenes dentro del ejército.

Las pequeñas injusticias, las violaciones al escalafón y al cumplimiento de las prescripciones reglamentarias merecen la atención de los cronistas especializados de La Prensa y La Nación, que se dirigen evidentemente a un público militar. ¿Se han hecho algunas excepciones en las promociones del cuerpo de sanidad del ejército? Entonces, «el ejército no tiene ley».[23] Ninguna peripecia escapa a la «revista severa» de los oficiales periodistas: los ascensos en la administración,[24] el aumento arbitrario de una pensión o su reversión indebida,[25] la falta de calefacción en los hospitales militares. Cualquier cosa es buena para criticar al gobierno abominado. Pero, se pone el acento especialmente en las decisiones administrativas, y hasta presidenciales, que afectan la disciplina. Es así como se censura la reincorporación a la Escuela Naval de un cadete sancionado por su director,[26] o la participación de oficiales subalternos en las decisiones que competen únicamente a los jefes según los reglamentos.[27] Se pone en la picota al mismo Yrigoyen cuando nombra edecán naval a un oficial que se encontraba detenido.[28] Tales sanciones y conflictos de competencia, que se disimulan amparados en diversos apartados de los reglamentos militares, traducen enfrentamientos de grupos y ajustes de cuentas políticas en el interior de las Fuerzas Armadas.

Crítica no guarda la misma discreción que los dos grandes de la «prensa seria». El diario de Botana no vacila en revelar al público los nombres de los oficiales ascendidos por favoritismo y en precisar las situaciones sin preocuparse por las personas.[29] Y lo que es más, Crítica denuncia la acción política de las altas autoridades militares al servicio de la causa radical y especialmente del sucesor de Uriburu en la inspección general del ejército, el general Toranzo.[30]

Los militares tienen más o menos las mismas razones profesionales para quejarse o declararse satisfechos que en el período 1916-1922. Los gastos globales no bajan sensiblemente con relación a la administración precedente: 19,8 % del presupuesto nacional en 1925, 19,8 % en 1928, 19,1 % en 1930.

Cuadro 1
Gastos presupuestarios de los Ministerios de Guerra y de Marina
(en miles de pesos)

Años | Guerra | Marina | Años | Guerra | Marina
1924 | 58.596 | 45.116 | 1928 | 63.834 | 45.265
1925 | 65.203 | 54.056 | 1929 | 77.894 | 48.423
1926 | 66.124 | 47.837 | 1930 | 80.136 | 51.856
1927 | 80.153 | 48.117 |  |  |
Fuente: Ministerio de Hacienda. Comparativo por anexo, El ajuste de los resultados financieros de los ejercicios de 1928 a 1936, Bs. As., 1938, cuadros 1, 2 y 3.

Pero los gastos en equipamiento (no presupuestados) tienden a disminuir. Caen de 42 millones de pesos en 1928 a 16,7 millones en 1929. Por el contrario, en lo que hace a sueldos y pensiones, Yrigoyen es más generoso que su predecesor. En septiembre de 1928, ya elegido Yrigoyen pero sin haber asumido todavía, el diputado socialista Repetto reprocha a la mayoría parlamentaria radical ortodoxa de cortejar al ejército votando el aumento de los sueldos de los oficiales en el marco de un presupuesto que califica como militarista.[31] Las pensiones militares (Guerra y Marina) pasan de 18,8 millones de pesos en 1926, a 23,73 millones en 1928, y a 30,5 millones en 1930. El nivel global de los gastos militares se considera incluso tan elevado que los comentaristas militares llegan a quejarse de ello en 1929. Después de la presentación del presupuesto total del Ministerio de Guerra para el año 1929, puede leerse en La Nación (12 de marzo de 1930): «Sólo queda por agregar que una suma tan considerable como la que acabamos de citar, muy superior a los gastos permitidos por la administración precedente para periodos idénticos… se justifica (sin embargo) menos…». ¿Crítica sistemática, oposición política sin más fundamento de orden profesional que aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno? Quizás no. En efecto, al retroceso en las compras de armamentos, hay que agregar la detención de las construcciones y el abandono de las industrias militares.

El material de la aviación de guerra se encuentra en un estado desastroso.[32] El poder ejecutivo reconoce que sus actividades se reducen de manera alarmante por falta de recursos.[33] La Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, obra del general Justo, estuvo prácticamente cerrada por falta de créditos desde la llegada de Yrigoyen al poder hasta principios de 1930.[34] Además, lo que es todavía más grave para los interesados, en 1929 el gobierno congela de nuevo los ascensos a grados superiores (a partir de coronel para el ejército y de capitán de navío para la marina).

A diferencia de su predecesor, Yrigoyen rehúsa no sólo reconocer el poder militar sino también acordar a los cuadros del ejército la posibilidad de manifestar una voluntad política. El presidente radical piensa con razón que, en la primera mitad del siglo XX, el ejército argentino sólo tiene el poder que se le quiera conceder y que ninguna legitimidad ratifica. Se abstiene, pues, de participar de las cenas anuales de camaradería cuyo carácter político no ignora.

Sin embargo en 1930, para poner de relieve que no es hostil al ejército, Yrigoyen responde a la invitación de las autoridades militares convidando a almorzar en la presidencia a los oficiales superiores de las dos armas, él mismo día en que estaba prevista la cena de camaradería, el 8 de julio. La comida se desarrolla sin incidentes. No se pronuncia ningún discurso. Para Yrigoyen, el ejército es realmente el «gran mudo». Por lo demás, muchos oficiales toman esa actitud por legalismo y convicción personal, por un lado, y por adhesión a todo lo que encarnan Yrigoyen y el radicalismo, por el otro. Porque, en 1930, contrariamente a una opinión que difundieron los conspiradores, el ejército no es opositor en su conjunto. La mayoría de los cuadros se mantiene, sea indiferente, sea lista a confiar en los radicales aunque no desconozca ninguna de las dificultades del momento. A tal punto que Crítica, punta de lanza del antiyrigoyenismo, comenta con una expresión significativa el banquete ofrecido por el presidente: «Yrigoyen querría que el ejército de la nación sea para él el ejército de salvación» (8 de julio de 1930). A esta altura los medios bien informados sobre la conspiración, no la consideran como un movimiento con el cual estuviera naturalmente comprometido el ejército.

Otros indicios aclaran la verdadera actitud de la sociedad militar. La lista de los antiyrigoyenistas, encabezada por el general Uriburu (acompañado por los coroneles Manuel Rodríguez y Juan Pistarini), presentada en las elecciones de 1929 para la renovación del consejo directivo del Círculo Militar, fue derrotada. De 1928 a 1929, y de 1929 a 1930, el general Enrique Mosconi y el coronel Grosso Soto fueron, respectivamente, presidentes del Círculo Militar: ambos estaban considerados como radicales favorables al gobierno. La explicación del fracaso de las listas opositoras, por presiones gubernamentales o manipulación de los estatutos sólo es convincente en parte.[35] El desarrollo de la conspiración serviría para demostrar el aislamiento relativo de los activistas antirradicales.

Es cierto que existen divergencias muy marcadas, incluso entre los militares convencidos de la necesidad de derrocar a Yrigoyen. El general Justo es favorable a la evicción del presidente radical. Hasta tiene interés personal en la caída del caudillo: la nueva administración le ha atribuido la responsabilidad de ciertas anormalidades contables en la adquisición de material militar en el extranjero.[36] Pero, cuando el general Uriburu propone al antiguo ministro de Guerra, por fuerza de las circunstancias, la codirección del golpe de Estado, éste la rechaza. A su situación personal se agregan divergencias de fondo a la vez tácticas y políticas. Justo desea solamente derrocar a Yrigoyen y expulsar a sus partidarios del poder. Uriburu quiere transformar las instituciones y poner fin al liberalismo.

En efecto, el general Uriburu precisó poco a poco sus ideas «revolucionarias». Se las comentó al teniente coronel Sarobe, amigo íntimo del general Justo, que actuaba como oficial de enlace entre los dos generales desde el 15 de junio de 1930. Según las memorias de Sarobe, el programa de gobierno de Uriburu preveía una reforma de la Constitución liberal de 1853 inspirada en el modelo italiano, con la instalación, entre otras cosas, de una Cámara corporativa donde estarían representadas las profesiones. Según su promotor, semejante solución permitiría librar a la institución parlamentaria de las intrigas de comité y de las ambiciones de los políticos profesionales.[37] Justo, antiguo ministro de formación política eminentemente pragmática, tenía aversión por las soluciones milagrosas y por los entusiasmos súbitos. Compartía el punto de vista mayoritario en la clase política tradicional: la aventura que representaba una dictadura inspirada en el fascismo parecía ser un riesgo desproporcionado. Tanto por tradición cultural como por interés, la oligarquía confiaba en la Constitución liberal y en la política parlamentaria: el salto al vacío que significaría un cambio de régimen no le parecía necesario para desembarazarse de los plebeyos.

Además, el general Justo y sus amigos, que conocían bien a «su» ejército, se resistían a comprometerlo en un atolladero político. Sin el aval de los grupos influyentes de la oposición conservadora, tal compromiso no haría más que agregar a los diferendos entre yrigoyenistas y antipersonalistas un nuevo elemento de tensión. El general Justo, por su lado, pretendía preservar la autonomía y la relativa homogeneidad política del cuerpo de oficiales que son las condiciones del poder militar. No excluía en lo absoluto la participación militar en un golpe de Estado si éste apelaba a motivaciones estrictamente profesionales y legalistas. A su parecer, aun oficiales indiferentes o radicales podrían incorporarse a un complot que hiciera hincapié en el restablecimiento de la disciplina y el respeto de la Constitución, violadas una y otra por el gobierno vigente. Las crónicas incansables del coronel García en La Nación apuntaban en esa dirección.

Las maquinaciones del general Uriburu tienen poco éxito a consecuencia del rechazo de Justo y de los esfuerzos de sus partidarios para controlar a los oficiales descontentos y a los virtuales opositores dentro del ejército. El capitán Juan Perón, que respondió al llamado del general corporativista, informa en un memorándum sobre los acontecimientos que el jefe de la conspiración no deseaba actuar antes de contar con el 80 % de los oficiales. A esa exigencia técnica, acorde con las modalidades de acción elegidas, se agrega otra estrictamente política que contribuye a limitar las adhesiones. Según el teniente coronel Pedro P. Ramírez, cercano colaborador de Uriburu,[38] cada conjurado se comprometía a aceptar la ideología y los objetivos de los conspiradores, principalmente la reforma de la Constitución y la supresión de la ley Sáenz Peña.

Entonces es lógico pensar, con el capitán Perón, que «la mayor parte de los Oficiales no habían intervenido porque no se los había hablado».[39] Además, es probable que los activistas antiliberales, que no podían ignorar todo lo que la ley electoral de 1912 debía al ejército, se hayan mostrado prudentes por temor a recibir demasiadas negativas.

Solamente jóvenes subalternos se dejan tentar por las drásticas y definitivas soluciones que proponen los ideólogos nacionalistas para el «desorden liberal». La solidaridad generacional con la juventud de las universidades, donde la oposición al régimen desemboca a menudo en actitudes autoritarias, explica en parte esa división de la que dan cuenta los testigos. Se habló incluso de una «revolución de los tenientes».

Sea como fuere, el número de oficiales que apoyan la conspiración no corresponde, ni mucho menos, a las expectativas del general Uriburu. La personalidad de este Junker criollo no es ajena al fracaso. Ella explica, en líneas generales, las ambigüedades y los límites del movimiento sedicioso. En realidad, este general retirado, que rechaza toda alianza orgánica con las formaciones políticas y los grupos civiles, no es el indicado para arrastrar tras de sí, en una aventura golpista, a un gran contingente de oficiales. Quienes lo conocieron de cerca señalan, por lo demás, que recibía «muy pocas visitas de sus compañeros de arma». Carulla precisa: «Durante los largos meses en que frecuenté su casa, sólo vi uno que otro de estos militares, y como él en situación de retiro».[40] El prestigio de von Pepe dentro del ejército es relativo. No representa para nada al oficial ideal y a las virtudes militares. Es un gentilhombre que hizo, además, un muy buen casamiento. En los comedores de oficiales se murmura que los favores de un tío presidente de la República y de una familia influyente contribuyeron en su brillante carrera. El hecho de que Uriburu haya pasado como un diletante de un arma a otra, según su fantasía o las posibilidades de ascenso, no es muy apreciado por la sociedad militar.

Manuel Gálvez, que frecuentó mucho los medios nacionalistas, nos ha dejado un retrato significativo de este hidalgüelo, fundador del Partido Demócrata Progresista y admirador incondicional del ejército prusiano. «Era de regular estatura, escribe Gálvez en sus memorias,[41] sólido, tranquilo, de aspecto bondadoso, ojos mansos y algo saltones y maneras amables. Ningún espíritu militar trascendía de su persona. Hacia pensar en un estanciero rico y distinguido, con algo de gran señor. En su fisonomía, poco o nada expresiva, llamaban la atención unos bigotazos de largas guías. Era campechano e igual con todos… No me pareció hombre de talento ni de saber…».

Este conspirador militarista recibe a los conjurados en el Jockey Club[42] donde instala su cuartel general. No es un lugar frecuentado por muchos militares, por cierto. En cambio, se codea diariamente con las personalidades de los medios políticos tradicionales, con los líderes del mundo de los negocios y con la élite establecida cuya quintaesencia se reúne también en el Círculo de Armas adonde él concurre asiduamente.

En el curso del mes de julio de 1930, Uriburu y sus colaboradores más cercanos, los coroneles Kinkelin, Juan Bautista Molina, Alvaro Alsogaray y el teniente coronel Pedro P. Ramírez, deben admitir la realidad: ninguna unidad de la Capital Federal o de Campo de Mayo apoya firmemente la conspiración. Gran parte de los conspiradores son oficiales retirados o en actividad sin mando de tropas. No parece muy posible un golpe de Estado estrictamente militar. Se entra entonces en contacto con los abominados partidos políticos, pero sin transar con los principios. No obstante, el general Justo puede alegrarse.

Un senador conservador, convertido al nacionalismo y amigo de Uriburu, hará de puente entre los conjurados y los partidos. Se suceden muchas entrevistas entre Uriburu y los representantes de los partidos conservador y socialista independiente. Uriburu se da cuenta inmediatamente que éstos se oponen resueltamente a toda «revisión del régimen constitucional».[43] Uriburu prolonga las discusiones y da seguridades evasivas, sin renunciar a sus proyectos. A pesar de todo, los partidos opositores aceptan apoyar el golpe de Estado y participar en su puesta en marcha. A partir de entonces, los acontecimientos van a precipitarse.

Técnicas del golpe de Estado

Se entabla una virulenta campaña política. El 9 de agosto, cuarenta y cuatro diputados y senadores conservadores y socialistas independientes lanzaron un manifiesto denunciando la crisis institucional y los actos ilegales del gobierno, anunciando «acciones opositoras extraparlamentarias» y previendo un frente nacional para dotar a «la República con un gobierno constitucional y democrático».[44] Los cuarenta y cuatro signatarios organizaron una serie de reuniones públicas: se realizaron tres mítines durante el mes de agosto. El último, que se llevó a cabo el 4 de septiembre, recurrió a «la opinión pública ilustrada» para el respeto de la ley y de la Constitución.

No por eso los nacionalistas se quedan atrás. El 25 de agosto, un diputado conservador y algunos jóvenes intelectuales fundaron la Legión de Mayo, que declaró a «la patria en peligro» y pidió al pueblo argentino que echara a los malos gobernantes. El 29 de agosto, Manuel Carlés, cuya encendida verborragia no podía faltar en tales circunstancias, declaró dirigiéndose a Yrigoyen: «Renuncie, señor. Sea honrado como Rivadavia…».[45]

El 30 de agosto abrió sus puertas la exposición anual de la Sociedad Rural. A la inauguración de esta importante manifestación de la aristocracia de los estancieros asiste habitualmente el presidente de la República en persona. Esta vez, fue acompañado por el ministro de Agricultura Juan B. Fleitas. La ceremonia se suspendió como consecuencia de un concierto de silbidos orquestado por las juventudes de las ligas.

El 4 y 5 de septiembre, manifestaciones estudiantiles exigiendo la inmediata renuncia del presidente provocaron choques muy violentos con la policía. El 5 de septiembre, Yrigoyen, enfermo, delegó el poder en el vicepresidente, Dr. Martínez, quien decretó el estado de sitio en Buenos Aires.

Se llevan a cabo los últimos preparativos para dar el golpe de gracia al régimen agonizante. Uriburu pidió al poeta Lugones, profeta del golpe de Estado y uno de los primeros en ofrecer sus servicios, que redactara una proclama «revolucionaria». El 5 de septiembre el coronel Sarobe leyó el texto y le pareció aceptable porque preveía que el gobierno de facto, cuyo carácter provisional se reconocía claramente, se comprometería a respetar las libertades fundamentales. Pero una pequeña frase llamó la atención del coronel demócrata. Según ella se debería «encarar las reformas constitucionales necesarias». Justo, al ser consultado, rechazó la versión del texto. Sarobe propuso a Uriburu otro manifiesto. En éste ya no se habla de la revisión de la Constitución, sino de su respeto y de «retorno a la normalidad».

En la tarde del 5 de septiembre, el teniente coronel Bartolomé Descalzo, brazo derecho del general Justo, se encontró con Uriburu para puntualizar la función de los políticos civiles en el levantamiento fijado para el día siguiente. Uriburu admitió que éstos se presentaran en grupos en las guarniciones a fin de convencer a los oficiales de plegarse al movimiento. Se volvía a caer en el esquema de 1890: los civiles sublevarían a los militares. Pero la novedad es que Uriburu no comparte la dirección con ningún político civil. Sin embargo, el general Justo parece haber logrado sus propósitos. ¿Acaso Critica no reclamaba en julio, al comparar a Yrigoyen con Juárez Celman, un nuevo 1890 y no un golpe de Estado militar?[46]

En la mañana del 6 de septiembre, Campo de Mayo no quiere moverse. El general Álvarez, comandante de la guarnición, es legalista. Unos cincuenta civiles, entre los que se encuentran diputados conservadores y los dirigentes del Partido Socialista Independiente, se presentan a la puerta de la guarnición. Son rechazados o detenidos.[47] Sólo un escuadrón de caballería se escabulle subrepticiamente para marchar sobre Buenos Aires. En la Capital las fuerzas de la 1.ª División de ejército responden a las órdenes del gobierno. Lo mismo hace la policía. La marina observa. Siempre se puede decir a posteriori que «efectivos considerables» esperaban que se los quisiera utilizar, o que no todas las unidades comprometidas participaron en las operaciones revolucionarias porque no fue necesario.[48] Media docena de oficiales con mando de tropa, hicieron saber públicamente, después de los acontecimientos, que estaban totalmente a favor de los vencedores. Pero todos saben que la victoria tiene muchos padres y que los oportunistas nunca dejan de correr en su auxilio. Sin embargo, esta inacción indica claramente el grado de popularidad del movimiento, la lealtad de los oficiales y las supuestas posibilidades de éxito del golpe de Uriburu.

Así, pues, en la mañana del día D, se reveló que el plan de levantamiento militar era inaplicable por falta de combatientes. Sólo quedaba entonces intentar la aventura únicamente con el Colegio Militar, cuna del ejército, y la ayuda de civiles. El coronel Reynolds, director del Colegio Militar, fue puesto al corriente de la conspiración recién en la víspera. «Revolucionario» de 1905, su simpatía por el radicalismo era conocida. Por eso, se desconfía de él. Reynolds admira a Yrigoyen, pero admite que hay que derrocarlo porque está enfermo y prisionero de sus partidarios.[49] Así es que acepta entrar en la conspiración. Uno de sus amigos, un civil, Julio Figueroa, es quien lo convence. El coronel Reynolds, que había notado cierta efervescencia en sus cadetes, compromete al Colegio Militar sin consultar al personal. Después, cuando reúne a los oficiales de mayor graduación, un mayor y siete capitanes rehúsan adherir al movimiento. Objetan que con la delegación del poder en el vicepresidente y con una reorganización del gabinete se lograría una solución razonable para los males del país, cuya única causa es Yrigoyen, de acuerdo con los conspiradores. Seria inútil intentar una aventura peligrosa para la Nación y sobre todo para el ejército, con la única finalidad de derrocar a un hombre que ya no gobierna.

En cambio, los tenientes aceptan con entusiasmo participar en el golpe de Estado. Gran parte de estos jóvenes oficiales no se conformarán con este ensayo. Se aficionarán al activismo, y sus nombres estarán ligados a la crónica turbulenta del poder militar. Volveremos a encontrarlos. Se llaman Juan José Valle, Héctor Ladvocat, Darío Saráchaga, José María Sosa Molina, Arturo Ossorio Arana, Julio A. Lagos, Francisco Imaz. Algunos son apenas subtenientes. En cuanto a los cadetes, la necesidad de acción, el afán de aventuras y el ejemplo de sus compañeros civiles explican una adhesión masiva y sin fallas; sólo los cadetes cuyos padres se encuentran en el campo gubernamental rehúsan seguirlos. Es el caso, entre otros, del joven Federico Toranzo Montero, hijo de un general yrigoyenista.

El general Uriburu hace distribuir (a cambio de un recibo) alrededor de 500 armas a los jóvenes civiles que acudieron al Colegio Militar, y se pone a la cabeza de su «marcha sobre Buenos Aires».

Sus efectivos ascienden a 600 cadetes y oficiales del Colegio Militar a los que se une un destacamento de la Escuela de Comunicaciones de El Palomar, alzado por el teniente coronel Pedro Rocco, que cuenta con 800 hombres de tropa. Evidentemente, a ellos podemos agregar los civiles más o menos armados y disciplinados, cuya cantidad aumenta a medida que los insurrectos se aproximan a la Capital Federal.

El coronel Reynolds evocaría treinta años más tarde, con un escalofrío retrospectivo, el «grave delito rigurosamente sancionado por el código de justicia militar» del que se hacían culpables Uriburu y él mismo al sublevar a una unidad militar contra el gobierno constitucional.[50] Más que la pena de muerte, con la que se habría podido castigar a los golpistas en caso de fracaso, era la sensación de cometer una transgresión, casi un sacrilegio, lo que oprimía a los conspiradores militares.

Su angustia duró poco. Mientras algunos aviones que despegaron de la base de El Palomar inundan, volando a baja altitud, el centro de Buenos Aires con volantes llamando a los porteños a colaborar con los insurrectos, ninguna resistencia entorpece el avance del pequeño ejército rebelde, con excepción de un breve tiroteo en la plaza del Congreso que provocó dos muertos entre los cadetes y algunos heridos entre los civiles. Aunque hay que señalar que las pérdidas se debieron mucho más a la incapacidad militar de los jefes del movimiento, que ni siquiera tomaron la precaución de hacer rodear el Congreso, que a la decisión o combatividad de los partidarios de Yrigoyen. En realidad, como lo hace notar el capitán Perón, observador y partícipe, el éxito del movimiento parece un milagro[51] o, mejor dicho, se debe a la apatía y a la desintegración gubernamental que la indiferencia popular acrecienta.

Yrigoyen, enfermo, es conducido rápidamente a La Plata, donde firma su renuncia, mientras que los insurrectos, «dudando todavía de su triunfo cuando penetran en la Casa Rosada»,[52] obtienen la dimisión del Dr. Martínez amenazándolo con bombardear el Arsenal y el Departamento de Policía. Así se materializa este bluff histórico. Uriburu se proclama presidente y declara el estado de sitio en todo el territorio. Disuelve el Congreso y destituye a todos los gobernadores, menos dos (los de San Luis y Entre Ríos), que pertenecían a la oposición. Finalmente, forma su gobierno.

La restauración

Uriburu ofrece la vicepresidencia al general Justo, que actuó como testigo durante el «paseo militar». Pero el antiguo ministro de Alvear no acepta ni siquiera un ministerio. El gabinete de Uriburu está totalmente formado por clubmen distinguidos, por sus amigos, por personalidades conservadoras y por ministros o altos funcionarios del «antiguo régimen»: hombres de 60 años en su mayoría. El peso social de los círculos allegados al general Uriburu instala de nuevo en el poder, a pesar de su aparente hostilidad por los «políticos», a los colaboradores de Roque Sáenz Peña (1910-1914), e incluso a los de José Evaristo Uriburu (1895-1898), tío del presidente provisional.

El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Bosch (67 años), había ocupado ese cargo en 1910. El ministro de Hacienda, Enrique S. Pérez (67 años), el mismo cargo de 1912. El subsecretario de Justicia e Instrucción Pública desde 1895 a 1898, Octavio S. Pico, es nombrado ministro de Obras Públicas. El vicepresidente, Enrique Santamarina (57 años), dirigente del partido conservador, fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires antes de la llegada de Yrigoyen al poder. Ernesto E. Padilla (57 años), nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, fue gobernador de Tucumán de 1913 a 1917. El ministro de Agricultura, Horacio Beccar Varela (55 años), fue alto funcionario de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional antes de 1916. Únicamente los ministros militares, el general Francisco Medina y el almirante Abel Renard, nunca habían ocupado cargos políticos.

El retorno de los «ex» del antiguo régimen no parece corresponder en nada a la renovación política o al gobierno fuerte y dinámico que deseaban los jóvenes nacionalistas de la Nueva República. Uno de ellos dirá sin indulgencia algunos años más tarde: «En vez del grupo joven y ágil que habría exigido la realización de un programa revolucionario, Uriburu exhumó un elenco de valetudinarios… que parecían haber sido conservados en naftalina durante los tres lustros de auge radical…».[53]

Los miembros del gabinete son en su mayoría prósperos hombres de negocios y grandes propietarios. La Sociedad Rural, en particular, se encuentra bien representada. El ministro de Relaciones Exteriores (Ernesto Bosch) fue su presidente en 1921. Enrique Pérez, ministro de Hacienda, es miembro del consejo directivo. La economía está en buenas manos.

No todo está resuelto sin embargo y las distintas modalidades para conservar el poder de las élites tradicionales restauradas dividen a los nuevos dueños de la Argentina. En el seno del gabinete, un hombre, por lo menos, comparte los puntos de vista antiliberales de los jóvenes nacionalistas: Matías Sánchez Sorondo (50 años), antiguo conservador convertido en liguista, que ocupa la cartera eminentemente política del Interior, desea una revisión constitucional para eliminar definitivamente el fantasma de la demagogia plebeya.

Cuadro 2
La Sociedad Rural y el Jockey Club durante el gobierno provisional
(1930)

| Presidente | Vicepres. | Interior | Rel. Ext. | Agricultura | Hacienda | Inst. Públ.* | Obras Públ. | Guerra | Marina
Jockey Club | + | + | + | + | + | + | 0 | + | 0 | 0
Sociedad Rural | 0 | + | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0
Fuentes: Sociedad Rural, Lista de socios; Jockey Club, Anuario de socios.
* Padilla, industrial azucarero y ministro de Instrucción Pública, es una personalidad de Tucumán, que reside en su provincia.

¿Qué papel desempeñó exactamente el ejército en el golpe de Estado y cuál fue su actitud ante el gobierno provisional? Puede encontrarse una sola respuesta para estas dos preguntas interrelacionadas. Resulta evidente que el golpe de Estado del, 6 de septiembre no fue una intervención militar institucional. Un general retirado, rodeado por personalidades políticas, logró empujar contra el gobierno a algunas escasas unidades; cierta cantidad de civiles completó el dispositivo operacional de los insurrectos. Las fuerzas leales, por su lado, esperaron en vano las órdenes del gobierno. Mientras la marina permanecía pasiva, los jefes de las guarniciones extrametropolitanas se negaban a violar la disciplina y a apoyar la conspiración.[54] En cuanto se asegura el poder, Uriburu hace telegrafiar a los comandantes de las distintas regiones militares para ponerlos al corriente de la nueva situación y pedirles su adhesión. Si el general Aníbal J. Vernengo, comandante de la III División, responde inmediatamente al mensaje del general Medina «secundando» al nuevo gobierno, el general Pertiné (IV División) pide un día de reflexión antes de plegarse al poder de facto. El general Vacarezza (V División) se pone, sin entusiasmo, a las órdenes de las nuevas autoridades.[55] Muchos generales, y no los menos, se mantienen fieles al gobierno constitucional y son detenidos. Están entre ellos los generales Baldrich, Mosconi y Toranzo, inspector general del Ejército. Por eso no es sorprendente que la orden del día número uno del ejército firmada por el general Justo, comandante en jefe, estipule que, después del «cambio de rumbo» dispuesto «por el pueblo y el ejército», el «retorno a la normalidad» impone a las instituciones militares volver a sus actividades profesionales corrientes.

Un batallón habría bastado, sin duda, para derrotar a algunos centenares de cadetes imberbes y de civiles mal armados. El capitán Perón, que afirma por su parte, que «sólo un milagro pudo salvar a la revolución», precisa: «Ese milagro lo realizó el pueblo de Buenos Aires, que en forma de una avalancha humana se desbordó en las calles al grito de “viva la revolución”».[56] Matías Sánchez Sorondo, nuevo ministro del Interior, nos dejó un cuadro todavía más idílico del «paseo militar» del 6 de septiembre: «La ciudad entera, escribe veintiocho años después, acompañó a los cadetes del Colegio Militar y de la Escuela de Comunicaciones, desde San Martín hasta la Plaza de Mayo, entre apretadas filas de hombres, mujeres, ancianos y niños que los vitoreaban y arrojaban flores a su paso, irrumpían en la columna revolucionaria, quebrando la rigidez militar al punto de convertirla en una oleada clamorosa…».[57] En cambio, muchos comentaristas e historiadores afirman, a base de otros testimonios y posteriores manifestaciones de la opinión pública, que la «revolución de 1930… careció de apoyo popular».[58]

Es verdad que el sentido de la palabra «pueblo» varía considerablemente según las preferencias ideológicas de los autores. Pero el testimonio de los documentos fotográficos aclara un poco el problema[59] de la extracción social de los «revolucionarios» o de los manifestantes civiles. La multitud que participa, por ejemplo, en el saqueo de los diarios yrigoyenistas La Calle y La Época, se compone principalmente de jóvenes de traje, camisa blanca, corbata y sombrero. Se puede afirmar sin riesgo de equivocarse que esos revolucionarios pertenecían a la juventud dorada de Buenos Aires La presencia de algunos de ellos disfrazados de «escuadristas» mussolinianos —camisa negra y boina— no desmiente la impresión de conjunto. Los electores de Yrigoyen —la chusma, la plebe, no el pueblo, según la terminología de la élite tradicional— están ausentes. Las clases populares pueden haber mirado el insólito desfile de los insurrectos por curiosidad, pero permanecieron aparte.

Manuel Gálvez, ardiente partidario de un movimiento revolucionario purificador y de una regeneración de la Argentina por el fascismo,[60] confirma la última apreciación. Es el «pueblo» de los barrios residenciales que hizo la revolución junto al barón de Salta:

«Pero la masa revolucionaria —si puede darse ese nombre a una multitud de pequeños grupos, muchos de ellos sin organización ni contacto con los otros— está formada por los jóvenes de las familias distinguidas, muchos de ellos influidos por las ideas fascistas. En cada casa hay uno o dos revolucionarios, a veces de diecisiete y aun de dieciséis años. Mientras el padre permanece a la expectativa, los muchachos se embarcan en la aventura… Lo odian (al gobierno de Yrigoyen) con un odio de clase, aunque no se den cuenta. No quieren echarlo abajo por interés personal, sino por patriotismo, por “decencia”. Están convencidos de que, empezando por Yrigoyen, los radicales son ladrones y no se bañan. No piensan estos muchachos en puestos ni otras ventajas para sus padres o para ellos. Son sinceros, nobles y exaltados. Muchos de ellos han abandonado su vida de cabarets y copetines para hacerse revolucionarios. Ya no son escépticos, ni frívolos. Ahora viven en ardiente exaltación y quieren pelear por la patria… Es una revolución de clase la que se prepara. El pueblo desea la caída del gobierno, pero no interviene. La actividad se concreta en los clubes aristocráticos, en los centros militares y en las casas del barrio norte, en donde vive la sociedad distinguida».[61]

El presidente del Círculo de Armas, Julio A. Roca, conmemorando en un discurso el cincuentenario de ese club muy cerrado, declara cinco años después: «De aquí salieron al rayar el alba listos a jugar sus vidas, los jóvenes patricios vencidos en el Parque (1390) o victoriosos en pos de su caudillo, en la jornada de septiembre».[62]

No cabe duda dé la exaltación de los civiles, pero los sentimientos de los militares golpistas son muy confusos y prudentes. Con excepción de aquellos a quienes les fue dada la «gracia nacionalista», que tienen conciencia de haber salvado al país y que esperan transformarlo a la luz de ciertas experiencias autoritarias europeas, los oficiales activistas parecen a veces asustados de su audacia. Experimentan penosamente esa primera mancha en su apolitismo, esa primera ruptura con su formación profesional. Uno de ellos, «revolucionario» no obstante, manifiesta públicamente la impresión desagradable que sintió al ver al ejército rebelado avanzar sobre Buenos Aires, tal es «la rigidez de la doctrina existente en el sentido de apartarlo de toda cuestión política…».[63] Para la mayor parte de los militares, el cuartelazo de Uriburu, que adopta el más clásico esquema del siglo XIX, marca una regresión en el desarrollo del ejército profesional moderno. Los más lúcidos desean que «nunca más la situación de nuestro país pueda obligar al ejército a la repetición de estos hechos, porque, en último término, ellos son atentatorios a los sagrados intereses de la Nación…».[64] Pero el último pronunciamiento del siglo XIX argentino es también el primer golpe de Estado de la era militar.

Podemos preguntarnos sin embargo por qué los conjurados derrocaron a Yrigoyen menos de dos años después de su llegada al poder y por qué razón los radicales no se defendieron. ¿Cómo puede ser que el toque asestado en septiembre de 1930 por unas tropas mal organizadas pudo haber sido suficiente para poner término provisionalmente al régimen democrático representativo y al gobierno del partido popular?

Un gobierno inseguro y dividido

Sin duda, la victoria de Uriburu no habría sido de una facilidad tan irrisoria si el régimen radical no hubiera estado profundamente socavado y si, por consiguiente, hubiera sido capaz de reaccionar ante los peligros. A pesar de las campañas de la prensa, de los parlamentarios de la oposición y de las ligas, el clima no parecía nada propicio para un golpe de Estado «militar» en una nación liberal y civilizada como la Argentina del siglo XX. Cecil Jane no es el único en pensar, en 1930, que una revolución es tan improbable en Buenos Aires como en Londres. La muy influyente publicación local, The Review of the River Plate, escribía el 5 de septiembre de 1930: «Conscientemente o inconscientemente, se ha terminado por aceptar como un postulado que, pase lo que pase en Perú, Brasil, Chile, Paraguay o Bolivia, la Argentina entró en una etapa de su historia en la cual el recurso a la violencia política es inimaginable, unthinkable». ¿Qué sucedió entonces en el seno mismo del poder para precipitar la caída casi espontánea de un partido y de un hombre masivamente «plebiscitado» dos años antes? ¿Cómo la descomposición de un régimen hizo posible lo imposible?

Ya señalamos que la segunda presidencia de un Yrigoyen de 76 años de edad se iniciaba con auspicios sombríos. El Peludo, cada vez más secreto e insondable, vive aislado del mundo. Algunos dirán incluso, a juzgar por el misterio que lo rodea, que se encuentra secuestrado por una camarilla de fieles. Su gobierno no sale de la apatía más que por momentos: se caracteriza tanto por su confiada inactividad como por sobresaltos de severa autoridad. La «causa», caricatura de la «religión cívica» que pretende encarnar el radicalismo, parece a menudo una mística sin política. ¿Qué hace el presidente? Se le reprocha no despachar ni siquiera los asuntos corrientes y es avaro con su firma. La suspensión de los ascensos militares no es un hecho aislado. Numerosos puestos administrativos y diplomáticos quedan sin cubrir. En 1930, la Argentina no tiene representantes en Washington, ni en la SDN, ni en la OIT. ¿Política deliberada de independencia y neutralidad o abandono administrativo? La esfinge calla. La oposición exclama que la Argentina va a la deriva. A modo de lección del golpe de Estado, Alvear declara el 6 de septiembre: «Gobernar no es payar».

Pero suceden hechos más graves. Los presuntos herederos se agitan en torno del león que envejece. Su servilismo interesado sólo es igualado por sus ansias de poder. La sucesión está abierta y las querellas de los pretendientes ocupan el centro de la escena y derrochan las energías del gobierno. Según un testigo de los hechos, «en la mañana del 6 de septiembre seguía siendo tan apasionada la lucha entre los presuntos herederos del poder, que nadie se acordó de adoptar medidas efectivas».[65]

Esos genuflexos, como los llama la oposición, se entregan al culto de la personalidad para aplacar la desconfianza del caudillo y crecer a su sombra, si es preciso, a sus expensas. El diario La Época en un editorial del 2 de julio de 1930, pinta así al presidente: «Alto, fuerte, afable, comunicativo, sereno, inmutable, de mirada escrutadora de águila, de suaves y dignos modales de gran señor. Silueta bien plantada, tranquila, como para entrar segura y bien erguida en la Historia… De palabra fácil, castiza, persuasiva; acaricia, seduce, encanta, subyuga, fascina…».

Los aduladores mejor ubicados en los círculos más allegados a la presidencia tranquilizan a Yrigoyen, le disimulan la realidad. Detrás de la incapacidad de estos políticos ambiciosos aparece la traición. Los medios radicales lo saben, pero guardan silencio por solidaridad. Es casi seguro que el vicepresidente Martínez haya tomado contacto con Uriburu, quien le habría ofrecido hábilmente la presidencia a cambio de su complicidad. Se trataba de un engaño. El ministro del Interior, el fiel Elpidio González, que nunca brilló por su habilidad, se dejó arrastrar a esa conjura de palacio por hostilidad hacia el ministro de Guerra (porque recordaba 1919), por debilidad sin duda y por falta de visión política.

A pesar de todo, Yrigoyen se mantiene invisible. No recibe a nadie. Las informaciones le llegan filtradas por los mismos colaboradores que lo traicionan. No obstante, el general Dellepiane, que gracias al servicio de informaciones conoce todos los detalles de la conspiración, intenta convencerlo para que reaccione. Despedido por el presidente, el ministro de Guerra renuncia estrepitosamente el 2 de septiembre de 1930. Nada puede ya detener la irresistible caída de Yrigoyen. En una carta de renuncia que provoca gran alboroto, Dellepiane escribe: «He visto y veo alrededor de V. E. pocos leales y muchos intereses. Habría que nombrar un tribunal que analizara la vida y los recursos de algunos de los hombres que hacen oposición a V. E. y de otros que gozan de su confianza». El general Dellepiane, al tiempo que advierte al presidente sobre sus allegados, le suplica que examine «la parte de verdad, que para mí es mucha, que puede hallarse en la airada protesta que está en todos los labios y palpita en muchos corazones». Pero Yrigoyen prefiere la versión rosa que le pinta el vicepresidente, a una realidad inquietante.

Irregularidades, corrupción

Siempre se busca un pretexto. No existe un golpe de Estado digno de ese nombre sin denuncia de la corrupción desenfrenada de los medios gubernamentales. ¿Era el gobierno de Yrigoyen más deshonesto que los de sus predecesores o de sus sucesores? ¿Estaban los radicales más predispuestos a las malversaciones, tenían una fibra moral menos exigente que los conservadores? No parece que los representantes del partido popular hayan estado más ávidos de enriquecerse gracias al poder que las personalidades de la oligarquía. No se les imputa ningún gran escándalo. Es menos la malversación de fondos que la «irregularidad» presupuestaria, o mejor dicho la falta de rigor en el manejo de la Tesorería, lo que sus adversarios reprochan a los radicales. En realidad, no se trata de críticas morales propiamente dichas. ¿Acaso un ensayista no habla de «política de espórtula»,[66] mientras que Uriburu denuncia «las fuerzas de la orgía» radical?

Se reprocha a los radicales los excesivos gastos del Estado. Descontrol presupuestario y favoritismo político son los dos frentes de ataque. Benjamín Villafañe, senador de Jujuy y gran perseguidor de radicales, evoca la incongruente distribución de empleos públicos para recompensar «servicios» políticos: un condenado por la justicia, indultado por Yrigoyen, habría estado percibiendo un sueldo de capellán militar; mientras que ¡oh poder del Estado!, un joven habría sido nombrado nodriza del orfanato de Belgrano.[67] ¡Y qué decir de los 1400 empleos de aduana no presupuestados, sino que los hubo siempre y que, incluso en el ejército, los oficiales «extrapresupuestarios» no eran raros antes de Yrigoyen! Acusaciones políticas, pues: la «demagogia radical» descuida a los argentinos distinguidos en beneficio del vulgo. El equilibrio presupuestario y el rigor financiero fueron siempre el punto débil del partido popular cuya función parece ser la de redistribuir las riquezas del país mediante los poderes públicos.

Pero, durante esta segunda presidencia, el radicalismo muestra una nueva y poco amable faceta. Los paladines de la democracia y del sufragio universal, en distintas ocasiones dejan fácilmente de lado sus principios. El partido mayoritario se muestra a veces tan autoritario como los conservadores. La violencia del poder renace en ciertas provincias. Los rumores sobre prácticas fraudulentas durante las elecciones de San Juan y Mendoza no fueron desmentidos. Al socialista Nicolás Repetto, para quien conservadores y radicales representan las dos caras de una misma «política criolla» de poder personal sin principios ni doctrina, le es fácil indignarse:

«El abanderado de la libertad del sufragio, escribe, que en la defensa de las instituciones libres había apelado muchas veces a la insurrección reiterada y a la abstención política, coronó su carrera en 1930 dejando aplicar por sus partidarios, en San Juan, Mendoza y Córdoba, los peores métodos de fraude tomados del viejo arsenal oligárquico: secuestro de libretas, persecución de los opositores, vuelco de los padrones, empleo de la cadena, intervención de empleados policiales y tropas para registrar e intimidar a los ciudadanos electores».[68]

El radicalismo, impugnado por una parte del cuerpo electoral, rechaza las reglas constitucionales que le resultan desfavorables y recurre incluso a la violencia pura y simple, particularmente en las provincias tradicionalmente más agitadas. El gobernador antiyrigoyenista de Mendoza, Carlos W. Lencinas, es asesinado por un militante radical. En San Juan, donde se mantiene en prisión al líder de la oposición, Aldo Cantoni, uno de sus lugartenientes, el abogado Manuel I. Castellanos, es asesinado en pleno día en su propia casa. La degradación de las costumbres políticas marca un retorno a la «política brava» anterior a 1916, pero el gobierno nacional sólo la repudia con desgano.

¿Cómo explicar ese retorno a la «barbarie política» tantas veces condenada por los radicales? Tales excesos locales son imputables sin duda a la ausencia de un contrapeso político eficaz a nivel nacional. Para el partido dominante, ante oposiciones dispersas y personalidades provinciales sin organización ni estructuras comparables a la UCR, la tentación de erigirse en partido único o, por lo menos, de hacer permanente un sistema de dominación mayoritario, es grande. Pero la utilización de métodos del antiguo régimen muestra sobre todo, el debilitamiento de la autoridad central frente a las secciones locales de un partido donde hay cada vez más oportunistas que hacen carrera.

Las acciones violentas de los radicales son también a veces reacciones ante los ataques sin piedad de la oposición. Así, para no ceder la calle a las ligas de los nacionalistas, los militantes de la UCR forman una legión radical con policías de civil y funcionarios del gobierno, según se dice, cuyos comandos no sólo manifiestan aquí y allá su adhesión al régimen sino que también atacan directamente ciertas destacadas instituciones de la oligarquía (Jockey Club, Círculo de Armas). Los destacamentos de ese «clan radical», armados con garrotes y circulando en camión al estilo «escuadrista» para ser más vistosos, no son muy eficaces. El 6 de septiembre se evaporan. Pero su existencia es sintomática de un clima prerrevolucionario y sitúa el escenario de los debates políticos.

Sin embargo, la resurrección del folklore «cívico» tradicional, donde el voto de las armas reemplaza al arma del voto, no debe ocultarnos la realidad de una política gubernamental que no por veleidosa deja de tener una trayectoria precisa.

Una política nacionalista y popular

La hostilidad inextinguible de la élite establecida hacia los radicales se explica por la sensación de que otros han usurpado la función dirigente que le corresponde y, sobre todo, por la convicción bien afianzada de que un «gobierno de opinión» es por definición demasiado débil frente a las «clases populares». Todas las disquisiciones opositoras sobre la demagogia yrigoyenista y sobre los radicales que «adulan a la plebe» traducen ese sentir. Las huelgas y los movimientos sociales de 1919 y 1920 confirmaron los temores de los propietarios. Pero también hicieron vacilar la confianza de muchos demócratas amantes del orden, particularmente en el ejército.

El general Perón, evocando en 1970[69] su participación en el golpe de Estado de Uriburu, recuerda que él había votado por Yrigoyen en 1916 y que la caída de este último en 1930 «había sido preparada por la semana trágica de 1919». La asociación de los dos hechos y la confusión cronológica nos parecen muy significativas. Los propietarios y los partidarios del statu quo social tienen motivos más serios para temer las debilidades de un gobierno preocupado por la opinión pública en 1928 que en 1919.

En efecto, alrededor de 1919-1920, la psicosis de la Revolución de Octubre provocó en las márgenes del Río de la Plata una ola de pánico sin fundamentos a la par que un antibolchevismo sin comunistas.[70] Ahora bien, la segunda presidencia coincide con la organización en América Latina del sindicalismo «clasista» y de los movimientos de extrema izquierda afiliados a la III.ª Internacional. En mayo de 1929 se efectúa en Montevideo el congreso constitutivo de la Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA), rama regional de la Internacional sindical roja. En junio del mismo año se reúne en Buenos Aires la primera conferencia comunista latinoamericana. El Partido Comunista argentino legal no obtiene más que el 2,24 % de los sufragios de la Capital Federal y el 0,80 % de los del conjunto del país en 1926, su mejor campaña. Pero el «peligro rojo» asusta a los grupos dominantes más aún cuando el clima social se deteriora hacia fines de 1929. Reina el desempleo, situación que no puede ser ajena al recrudecimiento del bandolerismo, simbolizado por la bande à Bonnot porteña de los gangsters anarquistas Di Giovanni y Scarfó.

Por lo demás, si la élite establecida y el conjunto de fuerzas conservadoras desean fervientemente la caída de Yrigoyen, no es sólo a causa de la inacción y aun de la abulia de su gobierno. La oposición ataca también la política concreta y real de la administración radical. Se denuncian abusos para poner término a las realizaciones. Porque el balance de la segunda presidencia está muy lejos de ser nulo.

En efecto, el segundo mandato de Yrigoyen está colocado bajo el signo de las reformas sociales. En su mensaje al Congreso del 24 de mayo de 1929,[71] el presidente radical critica la insuficiencia de la política social de su predecesor y declara: «La legislación nacional es inferior a las exigencias sociales de nuestra época». El gobierno de la UCR aumenta la parte del presupuesto destinada al bienestar social. Realiza un esfuerzo muy particular en favor de la instrucción pública descuidada bajo Alvear. Entre 1916 y 1922, de acuerdo con el índice base 1908 = 100, el número de escuelas había pasado del índice 131,9 a 162,4; en 1925 apenas llegaba a 174, y en 1928 a 182; pero alcanza a 190 en 1930.[72] Para la oposición, la reforma de 1918 condujo a la «anarquía universitaria».[73] Es hostil a la política educativa del radicalismo y aprecia muy poco ese tipo de gastos.

En materia de legislación laboral, pasan a estudio muchos proyectos de leyes. La ley 11.544 del 29 de agosto de 1929 instaura la jornada de 8 horas (48 horas semanales). Es enérgicamente atacada por la derecha política que sólo ve en ella la institucionalización del «derecho a la pereza». Los industriales consideran que esta ley «generosa pero poco realista» llevará a las empresas, que ninguna barrera protege de la competencia extranjera, a la quiebra, al elevar desmesuradamente los costos de producción.[74]

Una medida semejante, aislada, no tuvo, por cierto, una incidencia directa en el desencadenamiento del golpe de septiembre, aunque hombres favorables a la industria nacional hayan participado en el movimiento (Alejandro Bunge, B. Villafañe y muchos oficiales superiores, por ejemplo). Las motivaciones de los revolucionarios son a la vez múltiples y globales. Pero la importancia de las leyes sociales promulgadas por Yrigoyen demuestra una orientación global que los directores de empresa y muchos propietarios juzgan peligrosa: los radicales yrigoyenistas favorecen el consumo popular y protegen la producción agropastoril; no creen en la industria nacional.

Asimismo, cuando a consecuencia de la crisis los salarios reales caen de 100 en 1929 a 91 en 1930, Yrigoyen decide bajar autoritariamente los alquileres y los arrendamientos. Esas medidas atinadas son condenadas en seguida por los conservadores como manifestaciones de una voluntad deliberada de corrupción social. «Adular a las masas, ceder ante los sindicatos, hacer votar altos salarios mínimos… todo eso no es más que demagogia pura», escribe en La Nación del 4 de septiembre de 1930 Alfredo Colmo, que acusa a Yrigoyen de ser «esclavo de los sindicatos». Es verdad que algunos sindicatos, los de los ferroviarios entre otros, donde la presencia radical es fuerte, apoyaron al presidente el 5 de septiembre. ¿Yrigoyen obrerista? Así se resume realmente la crítica fundamental de la oligarquía. La crisis económica agrava la aprensión de la élite establecida y su impaciencia en retomar el poder.

A pesar de no tener una mentalidad industrial, Yrigoyen pone en práctica una política económica nacionalista, especialmente en el campo del comercio internacional y de la explotación minera. Trata de instaurar un control estatal en ciertos sectores donde hasta entonces el poder público argentino no se había aventurado.

En 1929, la Argentina suscribe con Gran Bretaña el pacto de Abernon, nombre del principal negociador británico. El acuerdo comercial tenía previsto el otorgamiento de créditos recíprocos por más de 100 millones de pesos. Gran Bretaña debía comprar cereales y carne. La Argentina, material ferroviario. Pero el gobierno argentino se reservaba el monopolio de las transacciones. Este acuerdo de trueque, aceptado por la Sociedad Rural y muy criticado por los medios políticos antiyrigoyenistas, jamás entró en vigor. Ratificado únicamente por la Cámara de Diputados, fue archivado por el gobierno provisional de septiembre.

Lograr que el Estado asumiera nuevas responsabilidades no podía ser del agrado de los grupos dominantes que hacían del liberalismo una religión tanto más exigente cuanto ellos mismos no controlaban el aparato estatal. Pero estos partidarios de un Estado llevado a su mínima expresión, oportunistas sin duda, sólo podían oponerse con más decisión todavía, a las tentativas del gobierno radical dirigidas a nacionalizar los recursos mineros.

Abordamos aquí una de las decisiones políticas del radicalismo que más tinta ha hecho correr. Algunos han visto en ella el verdadero motivo, si no el único, del golpe de Estado de 1930. La presunta responsabilidad de los intereses petroleros internacionales en la caída de Yrigoyen fue citada tantas veces que tal hipótesis no puede eludirse. Sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un asunto pasional ante el cual los autores reaccionan de acuerdo con sus convicciones: unos afirman que misteriosos intereses petroleros inspiraron o apoyaron el golpe de Estado, otros borran de un plumazo y sin examen una explicación que se inspira a la vez en la teoría conspirativa de la historia y en una interpretación monista.

Mitos y realidades de un golpe de Estado

POLÍTICA Y PETRÓLEO

Independientemente de los hechos y del carácter inflamable del nacionalismo petrolero en América Latina, cuyas raíces objetivas no cabe analizar aquí, la incidencia de la cuestión petrolera plantea vastos problemas teóricos. En efecto, ¿cómo puede un sector secundario de la economía, la producción de petróleo, tener una influencia decisiva en la vida política de una nación exportadora de carne y cereales? En otros términos, ¿existe una relación monocausal entre economía y política, y el «reduccionismo» propuesto por algunas teorías puede prescindir de ciertas mediaciones? Finalmente, la explicación «por el petróleo» implica concebir a la clase dominante, cuya heteronomía habría que probar, como débil y dependiente a la vez.

Rumores y «revelaciones» periodísticas están en los orígenes de esta interpretación. Un ministro francés, al recibir la noticia del golpe de Estado, habría dicho al embajador argentino en París, Álvarez de Toledo: «Señor embajador, su revolución huele a petróleo».[75] El diputado radical Néstor Aparicio publica el 10 de septiembre en El Nacional de Montevideo un artículo titulado: «La nacionalización del petróleo es la única causa de la insurrección militar en su país».

Waldo Frank, en los Estados Unidos, vuelve a tomar esta tesis desarrollándola:[76] los monopolios internacionales habrían financiado el golpe de Estado. Autores dignos de estima han hecho suya la acusación, que encontró en la Argentina gran número de partidarios y que se convirtió en la interpretación oficial del partido radical. En 1943, el economista Félix J. Weil presenta a los intereses petroleros extranjeros como a «la partera de la insurrección».[77] El futuro presidente Arturo Frondizi, en su monumental ensayo «antiimperialista», Petróleo y política, habla más precisamente de «golpe petrolero yanqui».[78]

La cuestión del petróleo hace su aparición en la escena política argentina en el transcurso del año 1927. El 3 de mayo de 1927, un «intelectual de izquierda», el Dr. Arturo Orzábal Quintana, funda la Alianza Continental para la Nacionalización del Petróleo Argentino. Numerosos jóvenes radicales (Moisés Lebensohn, Federico Monjardín, Diego Luis Molinari) participan en las acciones públicas de la Alianza que recibe el apoyo de las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cuya política nacionalista y cuya expansión apoya. El general Alonso Baldrich es consejero honorífico de la asociación. En junio de 1929 el general Mosconi, director de YPF, conviene con el presidente de la Alianza Continental en financiar una campaña de opinión de seis meses «para defender la soberanía argentina cada vez más amenazada por la penetración del capitalismo norteamericano».[79]

A partir de 1927 se desarrolla en el mundo una competencia/, muy intensa entre las dos sociedades más importantes: la Standard Oil of New Jersey, de los Estados Unidos, y la británica Royal Dutch Shell. Violentos conflictos comerciales, cuyas consecuencias políticas nunca son desdeñables, jalonan en muchas regiones del mundo la espectacular rivalidad de los dos mastodontes petroleros. El acuerdo de Achnacarry entre los dos grandes (a los que vino a agregarse la Anglo-Iranian) pone término provisionalmente a esa competencia agotadora en septiembre de 1928. El acuerdo, que crea un frente único de grandes compañías, reparte los diferentes mercados consumidores de acuerdo con la situación existente al momento de la firma. El cartel pretende controlar la comercialización y la producción a escala mundial sin preocuparse por los intereses nacionales en juego. En cuanto a la Argentina, las cuotas habrían sido fijadas de la manera siguiente: Standard Oil, 45,8 %; Royal-Dutch Shell, 27,6 %; YPF, 14,6 %; repartiéndose el resto entre las demás compañías.[80] Por lo demás, el precio de venta al consumidor es fijado en forma unilateral por la compañía extranjera más poderosa.

Es por ello que, cuando el gobierno decide el 1.º de agosto de 1929 bajar autoritariamente el precio de la nafta y dar a YPF la facultad de imponer un precio uniforme en el mercado argentino, los radicales nacionalistas y los militares que apoyan la acción del general Mosconi, exultan. Pero, mientras la Alianza Continental considera que el 1.º de agosto de 1929 es una fecha fundamental para la independencia económica del país, las sociedades extranjeras, cuyos beneficios se ven recortados por la política gubernamental, denuncian con energía la intromisión del Estado en los negocios privados como un grave atentado a la libre empresa. Ante todo resulta que la política nacionalista de YPF sustentada por el gobierno de Yrigoyen pone en serio peligro sus intereses en el preciso momento en que esas compañías, hasta entonces esencialmente importadoras y distribuidoras, se interesan en las reservas petrolíferas argentinas. Queda planteado el conflicto entre el cartel petrolero y el gobierno.

El general Mosconi desea, por su lado, que las sociedades extranjeras sean proscritas de la explotación del subsuelo argentino. Un proyecto de ley, que fue presentado al Congreso bajo Alvear, crea el monopolio nacional de los recursos petrolíferos. El proyecto, votado por los diputados en 1927, es bloqueado por el Senado en 1929, mientras la Standard Oil obtiene concesiones de las autoridades provinciales, particularmente en Salta, en el norte del país. El 7 de octubre de 1929 Yrigoyen envía un mensaje extraordinario al Senado urgiéndolo a examinar y sancionar el proyecto de nacionalización del petróleo. Las discusiones en el Senado (septiembre-octubre de 1929) se desarrollan en un clima de gran pasión. El debate alcanza la calle. La Alianza Continental organiza grandes reuniones populares durante las cuales los oradores fustigan a los «senadores traidores», representantes del capital extranjero, que obstaculizan la ley de nacionalización.[81]

La nacionalización del petróleo se convierte en uno de los temas importantes de la vida política. Durante la campaña electoral de marzo de 1930 el partido radical hace hincapié en la «defensa del petróleo argentino» contra los «trusts internacionales». Un editorial del órgano del partido, La Época, del 8 de enero de 1930 lleva por título: «Ni un centímetro de tierra, ni una gota de petróleo». El mismo diario dedica un espacio privilegiado para anunciar los mítines de la Alianza Continental. Ésta recurre a la radio para intensificar su «lucha contra los trusts petroleros»: el general Alonso Baldrich analiza por este medio los peligros que representa para la soberanía nacional la penetración de las compañías extranjeras.[82] El partido radical entero, y más particularmente su juventud, parece movilizarse para la «defensa del petróleo». El comité universitario radical de Buenos Aires publica en febrero de 1930 una recopilación de conferencias sobre la nacionalización titulada El petróleo argentino. El comité radical de la Capital Federal hace imprimir afiches con el tema: «Defended la riqueza nacional», en los que se ve la mano de la UCR aplastando la hidra de los trusts petroleros.

Hay que decir que es un tema de propaganda popular y que agita a la opinión. Ciertos incidentes acontecidos en la provincia de Salta entre la Standard Oil y los habitantes han sensibilizado a la población contra una compañía yanqui que parece conducirse en todas partes como en un país conquistado.[83] Además, el compromiso de los jefes militares, respetados tanto dentro como fuera del ejército, a favor de las nacionalizaciones no favorece Ja labor de los partidarios de las grandes compañías extranjeras. Como escribe uno de ellos en una revista económica: «El tono patriótico dado a la campaña y el hecho de ser ella dirigida por dos prestigiosos generales de la Nación, cuando fue iniciada durante la anterior presidencia, despertó gran interés y aun excitación, es particular en ciertos círculos populares poco avezados al estudio de estos problemas…».[84]

Un documento esencial en el legajo de la tesis petrolera está constituido por el problema de la Iuyamtorg. Se trata de la agencia comercial del gobierno soviético que se estableció legalmente en la Argentina en diciembre de 1922 bajo la forma de una sociedad anónima. Goza de un crédito seguro en las instituciones oficiales: el mismo Banco de la Nación le concedió un préstamo de 7 millones de pesos. Los medios económicos no pueden más que felicitarse por sus actividades —hasta 1930. En efecto, el saldo de los intercambios entre Argentina y la URSS, canalizados por la Iuyamtorg, es ampliamente favorable a la República Argentina (12 millones de pesos en 1927). Pero en el mes de agosto de 1930 la sociedad comercial soviética, instada sin duda por el gobierno de Buenos Aires, se compromete a entregar a la República Argentina petróleo soviético por debajo del curso mundial a cambio del pago en productos agrícolas (trigo, cueros, etc.) La emoción es grande en los medios económicos y especialmente en las grandes compañías que temen la competencia del petróleo soviético y una caída de los precios de venta a los consumidores.

El golpe de Estado de septiembre aleja esas amenazas. El acuerdo se convierte en letra muerta. La Iuyamtorg parece olvidada cuando, el 1.º de agosto de 1931, un allanamiento policial se lleva a cabo en las oficinas de la sociedad, a fin de establecer «sus verdaderas actividades» y sus «relaciones con los sindicatos extremistas». La sociedad es disuelta algunos días después con falsos pretextos y sus dirigentes son expulsados. Las primeras explicaciones oficiales de esas medidas son de lo más confusas; y a menudo contradictorias. El Ministerio de Agricultura declara el 4 de agosto de 1931 que el saldo comercial con la URSS «iba a volverse negativo»; la sociedad «depende de un gobierno extranjero no reconocido por la Argentina» que tiene con Moscú un litigio no resuelto desde 1927, según se hace saber el 13 de agosto. Pero aparecen acusaciones más precisas que presentan un vínculo evidente con el problema petrolero. Las fuentes oficiales declaran que «el sindicato comercial de los soviéticos» se proponía destruir mediante el dumping una riqueza minera argentina y que la agencia soviética pretendía debilitar al país, «haciendo bajar en forma ruinosa (sic) el precio del petróleo»,[85] en el marco de un plan de «subversión roja». Para los abogados defensores de la Iuyamtorg fue fácil demostrar[86] que el acuerdo no podía poner en peligro la producción nacional: el petróleo ruso debía reemplazar las importaciones de otra procedencia y las cantidades adquiridas habían sido fijadas por el gobierno en función de las necesidades del momento y del monto de los productos agrícolas argentinos vendidos a la URSS.

Algunos deben de haber visto en el asunto un indicio irrebatible de la intervención de los grandes intereses petroleros en la vida política argentina. Podemos preguntarnos sin embargo por qué el gobierno provisional esperó casi un año para atacar a la sociedad anónima Iuyamtorg. A pesar de estar indirectamente vinculada con el petróleo, la cuestión de la Iuyamtorg permitió revelar mejor el descontento de ciertos medios económicos por la política comercial de Yrigoyen. La llamativa disolución de la sociedad, la denuncia de sus maniobras económicas «subversivas» o de sus relaciones con los comunistas locales responden a una maniobra política dirigida en realidad contra los radicales. Por diversas razones que tienen que ver con la evolución de la situación política interna (y que examinaremos en el capítulo siguiente), el gobierno del general Uriburu trata de desacreditar a los radicales de todas las tendencias. Se esforzará pues en demostrar, que el radicalismo es el partido del desorden y que existe una verdadera colusión entre sus jefes y el comunismo internacional. Como los abogados de la firma soviética, Honorio Pueyrredón y Mario Guido, son dos radicales notorios que ocupan el centro de la escena política, no había mejor manera de descalificar a estos distinguidos alvearistas que implicarlos en un «complot comunista».

En todo caso, el asunto de la Iuyamtorg, quizás totalmente preparado, no confirma las presunciones que recaen, según los radicales, sobre las compañías del cartel. No obstante, una serle de hechos innegables no puede dejar de llamar la atención de los observadores: los intereses petroleros se encuentran ampliamente representados entre los conjurados y en el seno del gobierno provisional.

Nos limitaremos a hechos comprobados, basándonos en fuentes indiscutibles.[87] El brazo derecho militar de Uriburu, Emilio Kinkelín, fue el principal accionista de una compañía que llevaba su nombre.[88] El influyente economista Alejandro Bunge, consejero de la Unión Industrial Argentina, la confederación patronal que critica enérgicamente la política económica radical en 1930, forma parte del consejo de administración de la Andes Petroleum Corporation. Después del golpe de Estado, se convierte en ministro de Hacienda y Obras Públicas del gobernador «provisional» de la provincia de Santa Fe. El ministro de Obras Públicas del gobierno del general Uriburu, Octavio S. Pico, preside dos sociedades de explotación petrolera, la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia y la Petrolífera Andina. Es miembro también del directorio de la refinería El Cóndor del que forma parte Horacio Beccar Varela, ministro de Agricultura. Este último pertenece también al consejo de administración de la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia de la que es accionista. Ernesto Bosch, ministro de Relaciones Exteriores, es presidente de la Compañía Industrial y Comercial Petrolífera, filial de la Anglo-Persian. El ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo, es profesor de derecho minero en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y abogado de la Standard Oil.

¿Qué conclusiones sacar de esta reveladora lista de representantes de los intereses petroleros? En primer lugar, que en la mayoría de las sociedades citadas capitales nacionales y capitales extranjeros se encuentran asociados, sea simultáneamente, sea sucesivamente. El juego de intereses y participaciones es difícilmente desentrañable sin estudiar cada caso en particular. En segundo lugar, que el gobierno de la dictadura no es insensible a las demandas de los petroleros privados. Los hechos prueban esta perogrullada. No se prosigue con la política petrolera de Yrigoyen. Uno de los primeros decretos del gobierno provisional destituye a las autoridades de YPF. Se detiene incluso al general Mosconi y se le abre una causa judicial. Desde luego, se abandona el proyecto de nacionalización del petróleo: se confirman las concesiones provinciales a la Standard Oil.

Entre las medidas del gobierno de Uriburu en materia de hidrocarburos, los defensores de la tesis petrolera pasan de buen grado por alto el decreto del 30 de noviembre de 1930 que declara zona de reserva inalienable a todo el territorio de Tierra del Fuego. Los conservadores y los partidarios de Uriburu ven en él una acción para defender al petróleo argentino.[89] Esa medida puramente conservatoria revela en realidad el conflicto de intereses que divide a las esferas gubernamentales, conflicto que se solucionó con la sabia decisión de dejar que el futuro gobierno constitucional resuelva. Asimismo, el aumento del precio de los productos petroleros en enero de 1931 fue presentado a veces como una concesión a las exigencias de las grandes compañías: se trata en realidad de un alza en las tasas, destinada a alimentar un fondo para inversiones viales y Beccar Varela rehúsa acordar a las compañías, como deseaban, una parte del producto del alza. De alguna manera, el ministro de Uriburu defendía a largo plazo los intereses de las compañías petroleras contra sus intereses a corto plazo.

De todos estos datos aparentemente dispares sin duda, podemos sacar algunos elementos de reflexión. Se nos perdonará habernos extendido sobre un mito que, siendo ahora parte de la historia, condiciona la interpretación global que pueda elaborarse de un proceso político reiterado. Es evidente que al no contarse con archivos accesibles de las compañías sospechosas de haber fomentado o financiado el golpe de Estado, puede afirmarse provisionalmente que ninguna prueba irrebatible puede apoyar la «tesis petrolera». Pero, aunque semejante prueba apareciera, la responsabilidad «únicamente» de los intereses petroleros en la caída de Yrigoyen, o incluso su intervención decisiva, estaría fuera del campo de interpretación rigurosa de los procesos sociales que debe tener en cuenta la interdependencia de los distintos niveles de la realidad.

No es menos cierto que la oligarquía argentina, tradicionalmente ligada a las inversiones de los países industrializados, normalmente los defiende como a sus propios intereses. La élite establecida, «Briareo de cien brazos», controla los centros neurálgicos de la economía nacional. Está constantemente a la busca de buenos negocios. Ahora bien, como en el último quinquenio de la década del veinte la actividad petrolera va viento en popa, no es extraño que la política nacionalista de Yrigoyen provoque una protesta general. Pero transferir la responsabilidad a los «trusts extranjeros» no puede hacer olvidar que el 6 de septiembre de 1930 es un movimiento de reacción oligárquica. Tales alegatos tampoco pueden disimular la debilidad del radicalismo en el poder.

El problema petrolero es uno de los aspectos del conflicto entre Yrigoyen y la oligarquía. Pero es la esencia de la política del Estado radical la que está en tela de juicio. Cuando los economistas conservadores atacan el proyecto de nacionalización de los recursos petroleros, lo hacen en nombre de la «libertad de la industria y del comercio», o sea de una causa más amplia que la de la industria petrolera privada. El petróleo desencadena pasiones, pero en la Argentina tiene infinitamente menos importancia que la carne; excepto que, como en el caso de los frigoríficos exportadores de carne, pero en forma más evidente —Swift no encarna el capitalismo «tentacular» como la Standard Oil—, la cuestión petrolera forma parte de una transformación de las relaciones económicas externas de la Argentina, y por lo tanto de la rivalidad entre Gran Bretaña y Estados Unidos.

GOLPE DE ESTADO E INFLUENCIAS EXTRANJERAS

En Europa, decir que un hecho político es «obra del extranjero» sólo aparece como una cómoda ficción policial, pero no sucede lo mismo en los países «dependientes». En este tipo de formaciones sociales con una economía «penetrada», es indispensable examinar las vinculaciones existentes entre la política interna y las relaciones internacionales para comprender los mecanismos del poder.

¿Fue la revolución de 1930 un «golpe de Estado británico» como pretende perentoriamente un ensayista contemporáneo?[90] Por cierto, la oligarquía «restaurada» en septiembre mantiene vínculos preferenciales con la City y con el mercado de carnes de Smithfield y Gran Bretaña sigue siendo el primer cliente y el primer inversor del «séptimo dominio». Pero Yrigoyen no fue menos en este aspecto y la realidad es sin duda más compleja.

La política externa del presidente Yrigoyen se inscribe en la tradición pro europea de la diplomacia argentina. De acuerdo con los imperativos poblacionales y sobre todo con los intereses permanentes de la economía agropecuaria, los radicales, así como los conservadores de tiempos de Sáenz Peña, se oponen a las tentativas hegemónicas de los Estados Unidos en el continente. En la Conferencia Panamericana de La Habana de enero de 1928, los delegados argentinos encabezaron la ofensiva contra el intervencionismo norteamericano[91] en América Latina, particularmente en Nicaragua. Asimismo, la Argentina de Yrigoyen pretende ser rival pacífico de los Estados que llevan a cabo una política imperial en el Caribe y en América Central. Yrigoyen no vacila en aleccionar, en forma poco diplomática, al presidente Hoover, declarándole que el progreso de la civilización apunta a la instauración de un orden internacional en el cual «los pueblos (serán) sagrados para los pueblos».[92]

Una actitud de profunda desconfianza hacia la política continental de los Estados Unidos permite explicar, por ejemplo, que el gobierno radical deje vacante, para manifestar su mal humor, el puesto de embajador en Washington. Las relaciones con la Gran República del Norte se mantienen tensas a partir de 1929.

Ahora bien, parte de la oposición «oligárquica» parece fascinada por el modelo norteamericano. Se compara de buena gana el poderío económico de la Gran República Liberal, paraíso de la libre empresa, donde el Estado evita escrupulosamente intervenir en la vida económica, con la debilidad de la Argentina desorientada por el dirigismo obrerista de los radicales.[93] Se desea que la Argentina siga el rudo y exaltante ejemplo de los yanquis y se distancie del viejo mundo, minado por la lucha de clases y el socialismo. Es un tema recurrente, incluso y sobre todo en los nacionalistas autoritarios como Lugones.

Esa imagen positiva de los Estados Unidos constituye el aspecto cultural e ideológico de la penetración norteamericana. Mientras Yrigoyen favorece las importaciones británicas por el pacto de Abernon, de conformidad con los intereses de los productores y de los exportadores, los Estados Unidos aumentan su participación en la economía. Después de la primera guerra mundial, Nueva York reemplazó a Londres como mercado financiero para los empréstitos argentinos. Los Estados Unidos son los primeros proveedores de la Argentina desde 1925. Ya vimos cómo las sociedades británicas tuvieron que ceder terreno al terminar la guerra de las carnes. El dinamismo de la república norteamericana hace retroceder poco a poco al Reino Unido.

La política de Yrigoyen no es muy favorable a la impetuosa ofensiva de los capitales norteamericanos. Pero eso no significa que Wall Street haya tomado parte en el golpe de Estado. Desde luego, porque el 6 de septiembre la firma Packard haya puesto a disposición de Uriburu seis automóviles y dos camiones, no puede decirse que el golpe de Estado recibió apoyo directo de una empresa norteamericana.[94]

Es evidente, sin embargo que el mundo norteamericano de los negocios recibió con satisfacción la noticia de la caída de Yrigoyen. Así lo atestigua el alza de los valores argentinos en la Bolsa de Nueva York[95] y, en menor medida, la franca recuperación del peso con relación al dólar.

Pero, más que tratar de descubrir indicios de una ayuda o de una complicidad norteamericana en la conjura de septiembre, sería interesante analizar la actitud del gobierno provisional hacia los Estados Unidos inmediatamente después de la caída de Yrigoyen. Cuando el general Uriburu otorga su primer entrevista a un periodista extranjero, el 9 de septiembre, declara a la agencia Associated Press que la Argentina se propone colaborar «de ahora en más con los Estados Unidos» y participar de nuevo «en las actividades panamericanas». El 10 de septiembre, el presidente provisional hace una declaración telefónica al New York Times para anunciar que su gobierno va a nombrar sin demora un embajador en Washington. El 11 de septiembre, en un discurso difundido por la cadena NBC para el público norteamericano, Uriburu explica las causas y los proyectos de la revolución, recalcando que el gobierno provisional intentará devolver al país «la normalidad constitucional dando a la opinión pública todas las garantías necesarias».

Todas esas declaraciones tienen doble sentido. En el plano de las relaciones entre Estados, los revolucionarios quieren ganarse el reconocimiento de la potencia dominante del continente. Pero el gobierno procura Igualmente obtener créditos norteamericanos para refinanciar parte de la deuda externa. El 23 de septiembre la prensa conservadora exulta: un préstamo de 50 millones de dólares es acordado por el Banco Brow Brothers, a una tasa del 5 %, la «tasa más baja ofrecida a la República Argentina», ¡y por un año!

El acercamiento entre la Argentina y los Estados Unidos puede también detectarse en ciertas elecciones políticas, como por ejemplo en el campo de los transportes. Al optar por los caminos e incrementar así el uso de los automotores, mientras que Yrigoyen pensaba emplear 100 millones de pesos en la modernización de los ferrocarriles, Uriburu prefiere el petróleo al carbón y amplía un mercado dominado por las grandes firmas de Detroit.

¿Puede por ello decirse que la política de Uriburu es abierta y resueltamente pro norteamericana? De ninguna manera. Los grupos revolucionarios y los medios económicos dirigentes se encuentran divididos en cuanto a la táctica a seguir frente a la crisis mundial. El reflejo espontáneo de una clase extravertida, consciente de su inseguridad y de la vulnerabilidad del sistema, consiste en acercarse a una nación fuerte. ¿Pero cuál? ¿Gran Bretaña o Estados Unidos? La búsqueda de una solución económica es paralela a la respuesta política a la situación: el derrocamiento de Yrigoyen. Es por eso que las explicaciones que acabamos de proponer deben ahora ser reubicadas en el contexto de la gran crisis de 1929.

Depresión económica y participación política

El derrocamiento de Yrigoyen, después de setenta años de estabilidad, no es una peripecia de la historia política argentina, ni la simple traducción política de una recesión coyuntural, resultado de la depresión mundial. Por el contrario, la revolución de septiembre se sitúa en un amplio sismo político que afecta al continente americano entero.

En efecto, durante diez meses, de marzo a diciembre de 1930, se asiste en América Latina a la realización de seis golpes de Estado exitosos (en la República Dominicana, Haití, Bolivia, Perú, la Argentina y Brasil), mientras que la oposición intenta sin éxito tomar el poder por la fuerza en otros cuatro países. La intensidad del fenómeno apenas si disminuye en los años 1931 y 1932. Además, en la campaña llevada a cabo por los medios conservadores contra el gobierno radical para convencer a la opinión pública, los precedentes boliviano y peruano fueron ampliamente utilizados. El 6 de julio de 1930, La Nación dedica cuatro columnas de su primera página a la «revolución de Bolivia», precisando que el presidente Siles Reyes fue derrocado por los militares gracias a la ayuda de los estudiantes y cadetes de la Escuela Militar. Luego de la rebelión de Arequipa, en el Perú, que provocó la caída de Leguía después de 11 años de poder, La Prensa advierte al gobierno en su editorial del 26 de agosto, que la existencia de dictaduras genera abusos de autoridad lamentables. Los comentarios generales de la prensa sobre esa oleada de golpes de Estado no son menos edificantes. El 25 de enero de 1931 La Prensa da por descontado que la corrupción es la causa principal de esa seguidilla de revoluciones. El diario considera que «la crisis económica» surge «como consecuencia de la corrupción…».

Es sin duda conveniente, para entender este primer golpe de Estado «militar» de la historia argentina contemporánea, no aislar a un proceso nacional del entorno más amplio que representan las relaciones económicas mundiales. Pero la situación económica argentina de 1930, sin ser brillante, no es catastrófica. El fracaso de las autoridades gubernamentales no fue la consecuencia inmediata de un súbito derrumbe económico. Los que pudieron tener una incidencia política decisiva son, en primer lugar, mecanismos sociales e incluso psicológicos, puestos en movimiento por las dificultades económicas.

La economía argentina padece una coyuntura mediocre, incluso antes de que el «jueves negro» de Wall Street proyecte su sombra sobre la City de Buenos Aires. La cosecha de cereales de la campaña 1929/30 es mala, mientras que la de los países europeos productores es excedente. La situación del balance de pagos se deteriora en 1929 a pesar de un saldo positivo del balance comercial. Ya no llegan capitales extranjeros y los egresos financieros asumen características de sangría. Las reservas de oro, que eran de 619 millones de dólares en 1928, disminuyen en 174 millones en 1929.[96] Además, a partir de septiembre de 1929, la caída de los precios mundiales desequilibra el balance comercial argentino. La situación del comercio exterior empeora en 1930. El tonelaje embarcado disminuye en un 35 %.[97] El año termina con un saldo negativo de 125 millones de pesos. Las exportaciones, que habían llegado a un tope de mil millones de pesos (en 1927 y 1928), caen a 614 millones, la cifra más baja desde 1916.

El marasmo del sector exportador agudiza la desconfianza de los inversores y de los medios financieros. Los Bancos extranjeros se deshacen de sus pesos papel contra oro que exportan rápidamente. La especulación desenfrenada perturba profundamente al mercado financiero y por consiguiente a todo el sistema económico. El 16 de diciembre de 1929, Yrigoyen decide cerrar la Caja de Conversión, es decir suprimir la libre convertibilidad del peso. Esa medida era indispensable para hacer frente a la fuga ininterrumpida del metal precioso. Pero desde el punto de vista psicológico la repercusión de la medida es tremendamente desfavorable para Yrigoyen. Muchos argentinos piensan que al abandonar el patrón oro en diciembre de 1929 la República Argentina dejó el pelotón de países ricos y adelantados. La no convertibilidad del peso es tanto más fácil de criticar cuanto que el país posee todavía substanciales reservas de oro que llegan a 445 millones de dólares.

Es así como en el tenso ambiente de la época, la contracción general de la economía se atribuye fácilmente a la mala gestión de los radicales. La caída del volumen de negocios bursátiles en un 60 %, el incremento de las quiebras comerciales en un 72 % durante los primeros meses de 1930[98] y el debilitamiento de la cotización del peso se deberían a una simple cuestión de confianza. Si la Argentina «bordea el abismo» ¡es culpa de Yrigoyen!

Así, pues, en 1929 y 1930 la crisis internacional azota severamente a la economía del país. Pero el año 1930 también marca un viraje decisivo en la evolución de la economía argentina: la finalización de un ciclo de progreso ininterrumpido. En efecto, la detención de la expansión horizontal de la economía agropecuaria puede fecharse en 1930. Todas las tierras buenas utilizables para incrementar la producción sin modificar los métodos de explotación ya fueron incorporadas a la actividad económica. La superficie cultivada casi se duplica entre 1900 y 1905,[99] y de nuevo entre 1905 y 1915, pasando sucesivamente de 6,1 millones de hectáreas a 11 millones y luego a 21,3 millones, haciéndose más lenta la progresión de la década del 20 y estabilizándose en 1930 en alrededor de 25 millones de hectáreas (25,9 millones en 1930, 25,4 millones en 1936, 24,7 millones en 1946).

A partir de entonces, el progreso indefinido y vertiginoso, el universo de curvas ascendentes, parece pertenecer al pasado. La desorganización de las grandes corrientes mundiales de intercambio y el nuevo cuestionamiento de la división internacional del trabajo coinciden con la detención del crecimiento horizontal. La belle époque argentina llega a su fin. Yrigoyen, que coronaba en 1916, con su ascenso al poder como representante de las «nuevas capas» rurales y urbanas, el éxito del modelo agroexportadora preside el estancamiento de ese modelo económico y su cuestionamiento. Se comprende que un político y un partido sospechosos para los detentadores del poder financiero y económico no hayan podido resistir esa crisis estructural.

Ante la conjunción de recesión coyuntural y de estrangulamiento estructural, Yrigoyen no es suficiente garantía para los intereses del grupo dominante. Muy al contrario. Su falta de firmeza ante las reivindicaciones obreras, en un momento en que el desempleo aumenta y en que las «ideologías extremistas» actúan intensamente, inquieta profundamente a la élite establecida y a muchos propietarios. La oligarquía se propone retomar el poder para defender directamente sus posiciones: quiere determinar ella misma quién soportará el peso de las dificultades económicas. En otras palabras, la lucha de los grupos sociales por la repartición de un ingreso nacional estancado impone recurrir a la violencia. La participación política ampliada se avenía con la prosperidad. El control a distancia ejercido por la oligarquía ya no basta en período de «vacas flacas». Es por ello que la «dictadura de depresión»[100] del general Uriburu intenta restaurar el antiguo régimen.

Capítulo 5
Una dictadura militar sin militares
El ejército entre la democracia fraudulenta y el Estado corporativista

El general Uriburu se halla instalado en la Casa Rosada. La mayoría de los miembros de su gabinete vuelven, no sin placer, a encontrarse en la función pública, después de una «travesía del desierto» de catorce años. ¿Tienen estos «hombres de experiencia» un proyecto político preciso en común, acorde a las condiciones imperantes en la Argentina de 1930? Muchos observadores lo dudan. El programa de restauración de las élites tradicionales es tan vago como el de los turbulentos revolucionarios de septiembre, «personajes en busca de autor: ninguno sabía lo que iba a hacer».[1]

A primera vista, por cierto, sus objetivos parecen relativamente simples y explícitos: echar a los radicales y encontrar una solución conservadora al problema político argentino. Pero es más fácil ponerse de acuerdo para extirpar todo lo que parece llevar la marca de la demagogia yrigoyenista, en materia económica, social o política, que para asegurar el mantenimiento en el poder de las clases ilustradas. Sobre el primer punto existe una unanimidad sin fallas. La «desradicalización» no se limita al ámbito del Estado. Toma incluso un cariz de revancha social. Todo aquello que de alguna manera puede ser atribuido al régimen depuesto sufre los rigores del «gobierno provisional». Y la dictadura conservadora tiene la mano dura: se instaura la ley marcial y se restablece la pena de muerte abolida por el Congreso desde 1921.

Para los vencedores de septiembre, el orden debe restaurarse en primer término en el terreno laboral mediante severas medidas contra los movimientos subversivos: es por ello que el gobierno autoritario del general Uriburu se caracteriza por la práctica de una represión extrema. Los conservadores restaurados, que no olvidaron el miedo de 1919, intentan quebrar las organizaciones obreras. Los sindicatos dirigidos por los anarquistas y los comunistas son disueltos y sus dirigentes detenidos en masa o, si son extranjeros, deportados a veces a sus países de origen, de conformidad con la «ley de residencia»: es así como muchos delegados sindicales son expulsados hacia la Italia fascista.[2] Se toman drásticas disposiciones particularmente contra los sindicatos recientemente organizados por un Partido Comunista en pleno auge. Es el caso de la importante Federación Gremial de la Industria de la Carne.

Porque una de las principales preocupaciones revolucionarias es la vigilancia del «bolchevismo», hacia el cual Alvear e Yrigoyen mostraron una complacencia culposa autorizando el funcionamiento legal del Partido Comunista. Uriburu crea la Sección Especial contra el comunismo, que adquiere rápidamente una reputación siniestra. Organizada por un coronel (Carlos H. Rodríguez), esta policía anticomunista, pronto rebautizada con el nombre de Orden Político, persigue indistintamente, dirigida por el «entusiasta revolucionario» Leopoldo Lugones (hijo), a comunistas, socialistas o simples opositores civiles y militares.[3] En las antípodas de las debilidades democráticas del régimen plebeyo, el aristócrata Uriburu aplica una justicia de clase expeditiva. Un ejemplo de ella es la condena a muerte y la ejecución el 1.º de febrero de 1931 del anarquista Di Giovanni, culpable de falsificar dinero y de robar a mano armada.

En realidad, la represión no es más que un medio para la revancha social. La policía sofoca las huelgas. Los sindicatos amarillos y los infiltrados limitan la libertad de acción de las organizaciones obreras. La legislación laboral impuesta por Yrigoyen cae en desuso. El mismo general Uriburu denuncia públicamente que la ley de salario mínimo para los funcionarios[4] es ruinosa para el Estado. El clima de restauración llega a tal punto en el campo social que una federación patronal, poco representativa en verdad, pide al departamento del trabajo del Ministerio del Interior, en abril de 1931, que se anule la ley sobre descanso dominical.[5]

Sin caer en tales excesos, la Unión Industrial Argentina, por su parte, se pone «a disposición del nuevo gobierno» favorable a los intereses industriales. La confederación patronal pregunta al departamento del trabajo «cómo interpretará y aplicará el gobierno provisional la legislación obrera». La respuesta oficial, publicada por la revista de la UIA, responde a los deseos del empresariado. Precisa que «los conflictos obreros que el gobierno depuesto utilizaba cuando no fomentaba, con fines exclusivamente electorales, de carácter demagógico, serán contemplados con inspiración y móviles de gobierno». El gobierno se compromete a hacer respetar el orden y la autoridad en las empresas y a imponer su arbitraje entre las partes.[6] Al inaugurar el 21 de marzo de 1931 un congreso nacional del trabajo dedicado a realizar «la coordinación de las disposiciones existentes» en las «leyes obreras», el ministro del Interior, Sánchez Sorondo, advierte a los trabajadores contra la impaciencia y la agresividad, y señala que la finalidad de la acción gubernamental en la materia es asegurar «la continuidad del trabajo» y conjurar «el espectro de la huelga roja».[7]

El gobierno de septiembre considera que poner en vereda a la clase obrera y restablecer las jerarquías sociales son tareas prioritarias. Pero no por eso se olvida de los radicales. La depuración y la reducción del aparato estatal, así como el rigor policial, buscan eliminarlos. En cuanto se intenta cualquier tipo de agitación o se insinúa algún complot, una amplia redada llena las cárceles de militantes y de delegados sindicales radicales. El dirigente cordobés Amadeo Sabattini es detenido en diciembre de 1930 junto a todos los partidarios importantes de Yrigoyen con que cuenta la provincia. Liberado en febrero de 1931, se lo encarcela nuevamente de julio a noviembre.[8] El ex vicepresidente Elpidio González, detenido después del golpe de Estado, liberado y luego vuelto a encarcelar, pasa casi dos años en prisión. Numerosos dignatarios radicales se exilian. Los oficiales sospechosos de simpatizar con los radicales son declarados en disponibilidad, y muy a menudo sus promociones militares son anuladas alegando pretendidas irregularidades que habrían viciado los procedimientos que permitían el ascenso bajo el antiguo régimen.[9]

Los funcionarios federales y provinciales, principales beneficiarios de la generosidad del Estado radical, son las víctimas indicadas de la racionalización administrativa encarada por el nuevo gobierno. El reordenamiento presupuestario era una de las ideas clave de la oposición antipersonalista. En primer término, un decreto prohíbe la acumulación de empleos públicos.[10] El mismo presidente sugiere algunas drásticas soluciones características de los militares. «La eliminación sistemática de los empleados incapaces y la rebaja de los sueldos de los que no estuviesen en condiciones para seguir ocupando su categoría en el nuevo escalafón, permitirán desprenderse del personal redundante y restringir sensiblemente los gastos», declara el general presidente el 5 de diciembre de 1930, antes de agregar: «tal ha de suceder especialmente en aquellas reparticiones más codiciadas por las clientelas electorales del régimen difunto». Algunas semanas más tarde, sin embargo, consciente de la gravedad de la coyuntura económica, el gobierno no se decide entre dos posibilidades para disminuir el gasto público —licenciamiento de personal o disminución de salarios—, mostrando una amplia preferencia para la última solución. En efecto, como la crisis económica reducía las fuentes de trabajo, el gobierno no podía tomar la responsabilidad de arrojar varios miles de desempleados a un mercado muy deprimido. Hacia fines de enero de 1931 se dispone una baja autoritaria de las retribuciones de todos los funcionarios civiles y militares, reducción que llega hasta un 20 %, excepción hecha de los jueces, cuyos sueldos son constitucionalmente intangibles.[11] De todas maneras, varios miles de funcionarios renuncian.

La disminución de los «gastos desenfrenados» de la era radical implica también investigar y dar a conocer las irregularidades administrativas de los radicales. Se logra un magro balance que no responde para nada a las intenciones políticas de los «moralizadores». Las comisiones investigadoras descubren algunas infracciones en el cumplimiento de los estatutos de tal o cual administración: en la Lotería Nacional, se vendieron billetes sin autorización, y se nombraron empleados sin el decreto correspondiente del poder ejecutivo; pero ninguna malversación espectacular, ningún escándalo significativo facilita la tarea de los «revolucionarios» interesados en desacreditar a los «plebeyos incapaces».

Subsiste la preocupación por el futuro político de la Argentina, es decir por encontrar los medios para eliminar por un tiempo más o menos largo a los radicales de la escena política. La restauración de los grupos dirigentes del antiguo régimen es precaria. ¿Cómo impedir que, gracias al sistema mayoritario, recién llegados, o incluso representantes de las capas populares, se apoderen otra vez del poder? ¿Cómo reservar el gobierno a las «élites naturales»? La situación es compleja. ¿Acaso, a pedido de Justo, portavoz de los partidos de la oposición, Uriburu y sus partidarios no tuvieron que comprometerse a realizar elecciones en el menor tiempo posible?

Para los círculos allegados a Uriburu no fue más que un ardid táctico. Para ellos, se impone una reforma constitucional. El presidente tratará de forzar la mano a los partidos, a los liberales civiles y militares y a su rival, el general Justo. Tiene a su favor la lógica de un antirradicalismo consecuente. El pueblo demostró su incapacidad eligiendo a los demagogos radicales. Por lo tanto es imprescindible suprimir, limitar u orientar el sufragio. Debe abolirse la ley Sáenz Peña, pues entrega el país a la obcecación de las masas. Como dice sin ambages uno de los admiradores del general: «Una ley fatídica —la ley Sáenz Peña— derriba las barreras que aún se oponían a los desbordes de la masa bárbara. Pone el sufragio en las manos inexpertas de los adolescentes; establece la obligatoriedad del sufragio y el secreto del mismo fomentando así el desarrollo de la cobardía moral y lo más vituperable: el temor absurdo de hacer públicas las propias convicciones».[12] Para los medios «nacionalistas» allegados al presidente Uriburu no cabe ninguna duda de que la revolución de septiembre se ha hecho contra el régimen electoral.

El general Uriburu se esfuerza por convencer, si no a la opinión pública, por lo menos a auditorios selectos, de la necesidad de restringir la participación política. Con tenacidad y rudeza, lleva a cabo una verdadera campaña explicativa de los problemas institucionales y de los objetivos de la revolución de septiembre. Rebatiendo el pensamiento de los partidos de la oposición y de los militares liberales, «prueba» con argumentos terminantes, que nada tienen que ver con la sociología política, el fracaso y los peligros de la democracia representativa. El 1.º de octubre el presidente lanza un manifiesto resonante que precisa su pensamiento y sugiere la solución a los problemas de las clases dirigentes:

«Si el gobierno surgido de la Revolución se limitase a substituir hombres en el poder, es seguro que recogería el aplauso de los partidos beneficiados, pero la Revolución no se ha hecho para cambiar valores electorales…

»Creemos que es necesario… que la Constitución sea reformada, de manera que haga posible… el perfeccionamiento del régimen electoral, de suerte que él pueda contemplar las necesidades sociales, las fuerzas vivas de la Nación. Consideramos que cuando esos intereses puedan gravitar de manera efectiva, no será posible la reproducción de los males que ha extirpado la Revolución. Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de comités políticos y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etc., la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra».

La voz del presidente no es la única en hacerse oír. La campaña contra los partidos y a favor de una representación corporativista es cuidadosamente orquestada por los ideólogos nacionalistas. Lugones, siempre en la brecha, inunda la gran prensa con artículos doctrinarios y análisis políticos. La Nación publica, en la antevíspera del manifiesto del 1.º de octubre, un vehemente, artículo del poeta «septembrino», del cual la dirección del diario de Mitre indudablemente liberal, se desolidariza por anticipado. El historiador del Imperio jesuítico ataca hoscamente a quienes «tratan de escamotear la Revolución y de olvidar a su jefe». Para él la «revolución» no podría contentarse con «la tarea subalterna de barrer a Yrigoyen», menos aún de hacer «la limpieza de la vajilla oficial para el servicio de los nuevos comensales». La juventud, de la cual se declara portavoz, no quiere un cambio de políticos, sino una renovación nacional.

El 15 de octubre, en el teatro Rivera Indarte de Córdoba, el «gobernador provisional» de la provincia, Carlos Ibarguren, pariente del presidente y aparentemente su consejero privado, repite los mismos ternas revolucionarios. Hablando ante los jefes de la guarnición local, Ibarguren declara en un discurso transmitido por radio a todo el país: «Una revolución política, a diferencia del motín, de la asonada o del simple derrocamiento de un gobierno, no es un cambio de hombres dentro de un mismo cuadro…». Después de haber instruido en algunas frases el proceso del radicalismo, el «gobernador» de Córdoba propone a su vez reformas constitucionales. Parece haber tenido en cuenta las objeciones y las críticas provocadas por los proyectos corporativistas del presidente, pero no por ello las soluciones propuestas son más claras. Ibarguren tranquiliza a los liberales sobre el futuro del sufragio universal, pero condena los comités y parece desear una reforma de los partidos para «que en el Estado actúen los representantes genuinos de los verdaderos intereses sociales». Finalmente, niega querer introducir en la Argentina reformas fascistas.

Los ardores revisionistas del jefe de la revolución de septiembre culminan el 15 de diciembre con un discurso de combate, dirigido a los oficiales de la Escuela Superior de Guerra. Ante ese auditorio selecto, el presidente exalta las virtudes militares, condena «la política», descarta «la democracia», de la que «nos embriagamos hablando a cada momento», antes de precisar sus ideas en la materia. Considera, como toda la oligarquía argentina, que la democracia es «el gobierno de los más ejercitados por los mejores». Por ello, «la dificultad está justamente en hacer que lo ejerzan los mejores, es decir, aquellos elementos más capacitados para dirigir la nave, y manejar el timón. Eso es difícil que suceda en todo país en que, como en el nuestro, hay un sesenta por ciento de analfabetos (sic), de lo que resulta claro y evidente, sin tergiversación posible, que ese sesenta por ciento de analfabetos es el que gobierna al país, porque en elecciones legales ellos son una mayoría».

Ese razonamiento de claridad meridiana, expuesto con una fuerza de convicción que la ignorancia de la cosa pública no hacía más que reforzar, no pareció ser del agrado de la clase política. Los hombres de los partidos refutaron fácilmente los argumentos aparentes de este político improvisado y contestaron a la injuria sin fundamento hecha al pueblo argentino: en la Argentina no había un 60 % de analfabetos, sino apenas el 21,96 %,[13] lo que reducía el alcance de la argumentación. Y el Partido Socialista, paladín de la democracia representativa, declaró: «El problema de la cultura electoral no es del resorte de la ley electoral. Después de cincuenta años de vigencia de la ley de enseñanza primaria gratuita y obligatoria, no debía haber analfabetos en el país…» y «privados del voto los analfabetos, se continuaría exigiéndoles el servicio militar y el pago de contribuciones».[14]

En realidad, detrás de tan pobres argumentos se disimula una condena radical del principio electoral en nombre de una moral de clase. El desprecio aristocrático por el ciudadano común se traduce en el rechazo de la igualdad política que ignora las disparidades sociales. Uriburu no está lejos de pensar, sin duda, como el estruendoso ex gobernador de Jujuy, Benjamín Villafañe, nacionalista de la primera hora, que «el 90 % de los hombres son larvas que se mueven al impulso de sentimientos dignos de los animales»[15] y que la igualdad es una peligrosa quimera. No nos equivoquemos. Ni la retórica nacionalista, ni el antillberallsmo, ni siquiera las reformas corporativistas propuestas por los revolucionarios de septiembre son de corte fascista. Se ha asimilado demasiado ligeramente, sin duda —a partir de semejanzas externas o de coincidencias personales— la voluntad política de los partidarios de Uriburu con el modelo mussoliniano. Los grupos fascistas argentinos posteriores a 1930 contribuyeron mucho a esta asimilación. Viendo un precursor en el general Uriburu, no dudan en colocar su «revolución» bajo la advocación de la «figura mundial que lanzó un desafío tanto a los comunistas como a los capitalistas, Benito Mussolini».[16] Pero también los historiadores y los politicólogos, al analizar a Uriburu, han contribuido a refirmar la idea de que «su propósito era transformar a la Argentina en un Estado fascista».[17]

No se trata, sin embargo, de una cuestión académica. Los objetivos reales de los uriburistas, sus motivaciones, condicionan el proceso político posterior y sobre todo la afirmación del poder militar.

Desde luego, los nacionalistas argentinos comparten con el fascismo italiano algunos elementos ideológicos: nacionalismo, militarismo, anticomunismo y antiliberalismo entre otros.[18] No es raro encontrar en los ideólogos de septiembre[19] elogios a Mussolini y a la «gran revolución» que conoce Italia, cuyo «progreso y poderle alcanzan deslumbradora evidencia», según Lugones. Puede también hacerse notar el acento puesto por muchos colaboradores del gobierno provisional en el poder económico y en las necesidades de un desarrollo industrial acelerado mediante una política proteccionista,[20] incluso autárquica. La unión del gobierno, de los medios militares y de los responsables industriales en un rechazo común de la política económica radical, ilustra este fenómeno. El presidente de la Unión Industrial Argentina, en una conferencia pronunciada en el Círculo Militar, pone como ejemplo de una política industrial exitosa a la Italia mussoliniana que, «sin minerales y sin carbón, ni petróleo, ni leña como combustible, crea sobre la base de protección una gran industria siderúrgica, que alimenta una poderosa industria metalúrgica…».[21]

No obstante, en un estricto sentido histórico, falta la verdadera esencia del fascismo, «extremismo de derecha» que se distingue de los conservadorismos comunes, como lo señala Talcott Parsons, porque se apoya en «movimientos populares de masas».[22] Ahora bien, el uriburismo desconfía de las masas. Este «conservadorismo aristocrático» cree en el orden y en las jerarquías; en su «revolución nacional» no hay cabida para el estilo plebeyo de los fascismos, pero sí para una severidad puramente militar.

Algunos colaboradores del general intentaron, en varias ocasiones, organizar un partido oficialista. El 8 de noviembre de 1930, un grupo de jóvenes nacionalistas lanza un manifiesto «por la formación de un Partido Nacional», cuyos objetivos serían: la grandeza nacional, el fortalecimiento del Estado y «el reemplazo del egoísmo individual por el altruismo general».[23] El intento fracasa. Carulla, que se cuenta entre los promotores, confirma la existencia de varios miles de adherentes y de una veintena de comités, pero reconoce el carácter efímero de la agrupación.[24] A comienzos de 1931, el ministro del Interior, Sánchez Sorondo, intenta a su vez, sin mayor éxito, formar un partido uriburista.[25] Ernesto Palacio, antiguo redactor de la Nueva República, lanza, el 12 de junio de 1931, con algunos amigos de buena familia (Anchorena, Paz, Bullrich, Ocampo, Bunge, Urquiza, etc.), un comunicado apoyando «La reacción nacional», que invita a los buenos ciudadanos a «constituir una fuerza destinada a ofrecer al jefe de la revolución el apoyo necesario para que pueda cumplir sin tropiezos la obra de saneamiento y de reforma» que ha encarado. Esta última tentativa no tuvo consecuencia alguna.

En realidad, el general Uriburu no confía más que en el ejército. Es sincero cuando declara a sus compañeros de armas que la política es dañina y que él no hace política.[26] Los partidos, cuya utilidad no ve en absoluto, le parecen facciones perjudiciales para la unidad nacional, incluso sectas parasitarias con designios inconfesables. Pero la falta de éxito de los intentos para formar un partido revolucionario no se explica únicamente por la indiferencia suspicaz del antiguo inspector general del ejército ni por la aversión de sus allegados por toda «mesocracia». En 1930, el clima no es favorable para el desarrollo de un partido de tipo fascista. Sería necesaria una profunda desorganización social para desprender un movimiento de tipo fascista de las masas desorientadas y movilizables.[27] Esas masas «inhallables» no pueden ser reemplazadas por los jóvenes petimetres de los barrios residenciales que juegan a los «escuadristas» o a los camelots du roi.

Por poco que se analice en profundidad la ideología autoritaria de los grupos nacionalistas, se descubrirá que se encuentra muy alejada del fascismo. Más defensiva que dinámica, trata de inmovilizar una sociedad que se siente amenazada, sin proponer por ello la construcción de un nuevo orden. Las admiraciones y las referencias positivas se inscriben claramente en la tradición del liberalismo político argentino. El análisis de contenido de una muestra representativa de la ideología «septembrina» nos aclara, mediante la combinación de sus temas principales, el camino seguido por un pensamiento esencialmente «contrarrevolucionario». El encadenamiento de las secuencias conceptuales entre dos polos en tensión permite reconstituir su desarrollo natural. El ideal de estos supuestos fascistas no es la Italia mussoliniana, sino los Estados Unidos, modelo de nación cuyos logros ya fascinaban en el siglo XIX a los «organizadores» liberales de la Argentina moderna, como Sarmiento y Alberdi. La Gran República del Norte presenta los atractivos del poderío económico, siendo al mismo tiempo un paraíso para la libre empresa exento de los conflictos sociales y de los disturbios revolucionarios que agitan al viejo mundo. Precisamente, el extranjero (de hecho, el inmigrante europeo) es rechazado por ser portador de gérmenes subversivos. En realidad, el nacionalismo social no es otra cosa que el anticuerpo del «internacionalismo proletario», principal polo negativo. Por el contrario, las inversiones extranjeras son recibidas favorablemente. De todas maneras, la industrialización no es el objetivo primordial de este autoritarismo; sólo es uno de los medios necesarios o útiles para lograr el desarrollo económico, el cual seria, de acuerdo con el modelo norteamericano, garantía de paz social. Así, los términos intercambiables «industria» y «autarquía» revisten una connotación más política que económica, y el binomio antitético poderío económico/legislación obrera resulta revalorizado. Por lo demás, la condena de la democracia se evidencia en la carga negativa conferida al concepto de socialismo. Temas francamente fascistas como «Estado» o «potencial demográfico» son apenas percibidos. Lejos de señalar una ruptura con las concepciones políticas del liberalismo elitista, la ideología de los grupos nacionalistas renueva y prolonga, en contra del radicalismo, los grandes temas del conservadorismo prerradical.

Cuadro 1
Análisis del contenido de una muestra de la ideología «revolucionaria» de 1930

Temas | Categorías
P | I | N
1. Democracia («legalidad política», «sufragio universal», «Parlamento») | 0 | 0 | 169 u
2. Legislación obrera («legislación de clase», «legislación socialista», «obrerismo») | 0 | 0 | 82 u
3. Poderío económico («industrialización», «autarquía») | 108 u | 0 | 0
4. Potencial demográfico | 15 u | 0 | 0
5. Extranjero | 0 | 3 u | 84 u
6. Inversiones extranjeras | 41 u | 0 | 1 u
7. Militares («superioridad de los…», «poder militar») | 78 u | 0 | 0
8. Libertad (= disciplina), «liberalismo» | 6 u | 7 u | 95 u
9. Socialismo («comunismo», «colectivismo», «bolcheviquismo», «Rusia soviética») | 0 | 0 | 360 u
10. Estado | 0 | 0 | 29 u
11. Pacifismo | 0 | 6 u | 59 u
12. Italia («fascismo») | 4 u | 7 u | 0
13. Estados Unidos | 147 u | 13 u | 0
Textos analizados: La patria fuerte, recopilación de Leopoldo Lugones aparecida en 1930, y La grande Argentina, op. cit.
Método: P = positivo, I = indiferente, N = negativo.
Unidad de registro: frase afirmativa o negativa simple o compleja con inclusión explícita del tema de referencia.
Unidad de medida (u): línea impresa de 45/50 signos.

La ideología autoritaria de los nacionalistas partidarios de Uriburu no es en modo alguno un injerto extranjero practicado en el viejo tronco de la política criolla. Aparte del problema institucional, no se produce ninguna ruptura con el liberalismo elitista de la oligarquía tradicional. Por sus orígenes sociales,[28] e incluso por su pasado político, los revolucionarios de septiembre son conservadores que sólo pretenden adoptar de las experiencias europeas los medios políticos para preservar la sociedad que consagra sus privilegios, sin ceder nada de lo esencial a un partido o a aliados populares. Es por ello que esta reacción aristocrática desea instaurar un orden corporativista, pero apoyándose en el, ejército y no en un movimiento de masas. La estrategia política de Uriburu reside por completo en recurrir al ejército para reformar la Constitución. No escatima esfuerzos para convencer a militares abstencionistas y hasta indiferentes, no sólo de lo bien fundado de una revisión antiliberal de las instituciones, sino de su compromiso y de sus responsabilidades dentro de una auténtica revolución.

El general Uriburu en búsqueda de un partido militar

A pesar de tener una audiencia limitada en las guarniciones de Buenos Aires, y entre los principales jefes militares, los nacionalistas del golpe septembrino son militaristas. Por convicción, como Lugones, o por necesidad táctica en su mayoría.

El profeta de la «hora de la espada» que, desde 1926, anunciaba: «El que nos dé la patria limpia y hermosa del orden y de la fuerza. El extirpador de demagogos y conforme a la exigencia de esta hora histórica, el nuevo jefe, el otro general»,[29] no pierde un minuto en afirmar que «el movimiento del 6 de septiembre fue militar y ajeno completamente a la política».[30] Tampoco pierde ocasión de hacer la apología del ejército, único capaz de revigorizar «el Estado liberal» demasiado vulnerable frente al ascenso de las «fuerzas antisociales».[31] Por lo demás, la eficacia está de parte de los hombres en uniforme, porque «el experimento más fecundo de la guerra mundial consistió, según el laureado poeta del nacionalmilitarismo, en la imposición de la técnica militar al desempeño gubernativo…».[32]

No obstante la capacidad de convicción puesta de manifiesto por este prestigioso escritor, no es nada fácil transformar la institución militar en partido al servicio de una minoría de políticos neófitos. Durante la conspiración antirradical el ejército mantuvo una prudente reserva, y los oficiales participaban muy poco del poder revolucionario. Paradoja de una dictadura que pretende ser militar y hostil a los partidos políticos: el gabinete es íntegramente civil, con excepción de los ministros de Guerra y Marina. Apenas tres de los gobernadores provinciales nombrados por el nuevo gobierno son oficiales superiores; así y todo, los «gobernadores» de La Rioja, Jujuy y Salta son dos almirantes (el contralmirante José Moneta y el vicealmirante Carlos G. Dalreaux) y un general retirado (el teniente general Gregorio I. Vélez) que no participaron en el movimiento de septiembre. Vemos, pues, que los cuadros del ejército no se beneficiaron mucho con los despojos del radicalismo.

Pero Uriburu no cedió todo el poder a la clase política tradicional. Mientras los ministerios despachaban los asuntos corrientes, la presidencia se ocupaba de política, secundada por el ministro del Interior. Ahora bien, entre los allegados al presidente no faltaban los oficiales. El estilo de la Casa Rosada ha cambiado. El general Uriburu la ha convertido en un cuartel, echando al olvido el ir y venir campechano de un comité radical que se vivía bajo la presidencia de Yrigoyen. Los puestos de confianza de la casa de gobierno están a cargo de oficiales revolucionarios en quienes Uriburu puede confiar. El secretario general de la Presidencia es el teniente coronel Juan Bautista Molina, los secretarios militares son el teniente coronel Emilio Faccione y el mayor Angel J. Solari, y el jefe de la Casa Militar de la Presidencia es el teniente coronel Alsogaray, uno de los principales organizadores de la conspiración.[33]

Uriburu también multiplicó los edecanes, nombrando siete en dos años, mientras que Yrigoyen no había tenido más que tres en seis años. Así es como el mayor Humberto Sosa Molina y los capitanes Ricardo Mendioroz y Oscar R. Silva van a descubrir la política al amparo del general presidente. La depuración del Ministerio de Guerra coloca modestos oficiales en puestos administrativos de bastante importancia. El general Francisco Medina tiende una mano al teniente coronel Luis C. Perlinger y al capitán Juan D. Perón, nombrándolos en la secretaría del ministerio como recompensa por su celo revolucionario.[34]

Pero no basta con ubicar a oficiales nacionalistas en puestos clave para obtener el apoyo político del ejército. Sobre todo si se tiene en cuenta que el respeto por el escalafón y la ley orgánica limitan la libertad en los nombramientos. Para no decir nada de la vigilancia ejercida por el general Justo, comandante en jefe del Ejército[35] durante las tres decisivas semanas siguientes al golpe de Estado. Uriburu logró ubicar dos hombres de confianza al frente de dos de las cinco divisiones que comprende el ejército argentino: el general Francisco M. Vélez, viejo amigo salteño, al mando de la V División, y el coronel Nicolás C. Accame al mando de la III División. Los comandantes de la I y de la IV División, el coronel José M. Mayora y el general Basilio B. Pertiné, son leales al nuevo poder pero poco confiables políticamente. ¿Acaso el general Pertiné, único comandante que sigue en funciones después del 6 de septiembre, no solicitó un día para reflexionar antes de ponerse a las órdenes del ministro Medina? Finalmente el comandante de la poderosa II División (Campo de Mayo) es el coronel Manuel A. Rodríguez, antiguo secretario del Ministerio de Guerra bajo Alvear, adicto del general Justo que no lo ubicó en ese puesto por casualidad.

Las gestiones llevadas a cabo por Uriburu y sus colaboradores para hacer que los jefes militares adopten sus propias posiciones consistirán en acentuar el rol decisivo que tuvo el ejército en la caída de Yrigoyen. Esta revolución les pertenece, no deben dejársela arrebatar ni por civiles ni por los políticos. Uriburu cree que conseguirá renovar por completo las instituciones del país oponiendo a los militares contra los civiles y halagando al ejército.

En estos delicados manejos recibe la ayuda inconsciente de toda la élite dirigente y de ciertos grupos políticos que, por distintas razones, se dedican a exaltar a las Fuerzas Armadas. La «divina sorpresa» que fue la caída de Yrigoyen revela a todos los opositores la capacidad de los militares, incluso siendo pocos, para resolver una situación política. Es un hecho nuevo, ya que desde 1890 todos los golpes habían fracasado. Por eso, la popularidad del ejército en los barrios distinguidos no tiene límites. El Colegio Militar y la Escuela de Comunicaciones expulsaron a los usurpadores y liberaron a la «gente decente» de la «tiranía» de la «chusma» radical. Se les debe un sincero reconocimiento. Por otro lado, los elementos más lúcidos de la élite establecida están conformes en poner de relieve a un ejército «ejemplarmente legalista» que ha evitado que grupos nacionalistas aventureros y confundidos saquen provecho de la situación.

El 16 de septiembre se realiza una velada de gala en el teatro Colón, en honor de la marina y del ejército por su «participación en la jornada histórica del 6 de septiembre».[36] El Club del Progreso les hace también un homenaje. El Jockey Club, sanctasanctórum de la oligarquía, ofrece un banquete a los cadetes del Colegio Militar y de la Escuela Naval. Se festeja particularmente a los «heroicos cadetes» que formaron el grueso de las tropas revolucionarias. Los gobernadores se hacen fotografiar rodeados por ellos. En un teatro se monta una revista titulada Viva la Libertad, cuyo apoteótico final presenta, frente a una Casa Rosada de cartón, a un Uriburu más olímpico y bigotudo que el verdadero, rodeado por encantadoras bailarinas disfrazadas de cadetes (título del cuadro: «Son los cadetes de la Argentina»).[37] En febrero de 1931, un editor sagaz ofrece al público el libro de Julio A. Costa titulado El romance de un cadete, «historia de amor romántica y patriótica» que tiene como telón de fondo la caída de Yrigoyen.

Así, pues, los militares están de moda. Se han hecho dignos de las clases dirigentes. Nunca su prestigio fue tan grande. Las «comisiones de damas» están encantadas de ir a las guarniciones para honrar con su presencia la entrega de la Cruz de Hierro, creada para la ocasión, a participantes del movimiento revolucionario.[38]

Un autor anónimo escribe en la Revista Militar, respecto del desfile del 12 de octubre, estas frases sobre la popularidad del ejército, que ponen de manifiesto una orientación ideológica y un malestar social:

«El pueblo ha interpretado, pues, al Ejército y a su misión. No había bastado el estrecho vínculo que el servicio militar obligatorio establece entre la institución y aquél, sin duda porque esa acción de beneficio queda en parte destruida por prédicas insanas, del elemento disolvente que, viniendo del extranjero, procura sembrar las utópicas y malvadas teorías comunistas y otras similares que, desgraciadamente, hacen presa de muchos espíritus ingenuos. Aquel movimiento dio al pueblo el concepto de la nobleza de la institución armada y esa compenetración fue exteriorizada en la apoteosis que aquél ofrendó, en unanimidad conmovedora, al brillante núcleo de fuerzas defensoras de la Nación que desfilaron…».[39]

Hasta los partidos de izquierda elogian al ejército. El Partido Socialista, poco propenso al militarismo pero favorable al derrocamiento de Yrigoyen, tranquiliza su conciencia democrática ante la reacción oligárquica de la extrema derecha nacionalista y de los conservadores, haciendo hincapié en la participación del «ejército del sufragio universal» en el movimiento de septiembre. «En el seno de la marina y del ejército se confunden para una tarea que es principalmente de orden técnico, los hombres de todas las regiones del país, los hijos de todas las razas nacidos en el suelo argentino, todos los sentimientos, todas las tradiciones, todas las ideologías, para no tener otro destino que el de la unidad de la nación y de la defensa de su autonomía jurídica, social y política, como entidad superior que condensa todos esos factores morales». El ejército melting-pot (crisol), emanación de la Nación, no puede defender más que el interés general. No obstante, el Partido Socialista argentino, del que se ha dicho que era un partido de maestros, no deja de advertir a las Fuerzas Armadas contra los políticos que pretenden utilizarlas, concluyendo: «El elogio no es siempre expresión de desinterés, ni siempre es prenda de desinterés el abrazo».[40]

No podría decirse algo mejor, ya que Uriburu, que deseaba derrocar a Yrigoyen mediante una revolución militar, no pierde las esperanzas, desde el 6 de septiembre, de arrastrar al ejército detrás de si. Desde su llegada a la Casa Rosada, el general Uriburu entabla relaciones especiales entre él y el ejército. El 8 de septiembre se expresa así: «Ante vosotros, soldados de nuestra patria, y ante el pueblo soberano, voy a prestar juramento». Para luego agregar: «A mi vez voy a recibir vuestro juramento. ¡Soldados! ¿Juráis por Dios y por la Patria ser fieles a las autoridades que habéis impuesto por voluntad del pueblo…?».[41]

Por eso, no es sorprendente que Uriburu se crea habilitado para reclamar el apoyo de la oficialidad para reformar la Constitución. Lo dice sin rodeos en la Escuela de Infantería el 18 de diciembre de 1930: «Es indispensable que el cuerpo de oficiales del Ejército y de la Armada preste todo su apoyo para que pueda realizar la obra institucional en que está empeñado el Gobierno». Vuelve a la carga, con una mordacidad muy particular, en un discurso pronunciado en la Escuela Superior de Guerra el 15 de diciembre de 1930. Después de haber condenado la política por ser «un elemento disolvente» del que todo militar debe mantenerse cuidadosamente alejado y de haber estigmatizado el sufragio universal, el jefe del Estado recuerda a sus camaradas de armas que el país «tiene obligaciones para el cuerpo de oficiales» que cumplió con el patriótico deber de echar a Yrigoyen. Habiendo halagado así a los militares, puede responder a quienes rechazan sus reformas en nombre de la legalidad constitucional: «Está todavía preso el ex Presidente que es la legalidad misma. Fue electo por ochocientos mil votos del país, como ningún otro presidente argentino». Dicho de otro modo, si quieren consolidar su victoria del 6 de septiembre deben seguirme. No es un razonamiento carente de lógica. Pero no alcanza para obtener la adhesión del ejército.

En efecto, el gobierno no cuenta con otros argumentos más concretos. Contra el despilfarro radical, la revolución ha elegido la austeridad. Los sueldos de los militares, así como los de otros funcionarios, bajan. Las reducciones presupuestarias afectan igualmente a los Ministerios de Guerra y Marina. Disminuyen los gastos en armamento. Sin duda, se honra al ejército, pero no queda exceptuado de la política deflacionista; materialmente la revolución no le aporta nada, al contrario.

Cuadro 2
Gastos militares bajo el gobierno provisional
(en millones de pesos)

| 1930 | 1931 | 1932
Armamentos | 27.927 | 11.670 | 8876
Ministerio de Marina | 51.856 | 53.493 | 47.541
Ministerio de Guerra | 80.136 | 80.752 | 72.294
Pensiones militares | 30.519 | 34.609 | 30.919
Fuente: Ministerio de Hacienda, Ajuste de los resultados financieros de los ejercicios de 1936 a 1932, Bs. As., 1938.

Para mitigar el descontento suscitado en la oficialidad por la reducción de sus ingresos, el gobierno consagra cinco millones de pesos destinados a préstamos personales que permitan a los militares enjugar sus deudas. La opinión pública se enteró de la medida, a pesar de ser confidencial, y entender que era una tentativa poco elegante de comprar el apoyo de los «salvadores» de la República;[42] interpretación indiscutible si se considera que los créditos debían ser aprobados individualmente por el teniente coronel Juan Bautista Molina, a la sazón secretario general de la Presidencia.

El ejército contra la dictadura militar

Por más que Uriburu multiplique las visitas y los discursos en las escuelas y en las guarniciones, pague las deudas de los oficiales leales o invite una división entera a un copioso asado,[43] el ejército en su conjunto no abandona su taciturna prudencia. Por lo demás, el presidente provisional no es el único que habla en nombre de un ejército que dejó definitivamente de ser el convidado de piedra.

En respuesta al presidente, algunos oficiales revolucionarios precisan en la prensa las razones que los impulsaron a participar en el movimiento del 6 de septiembre. En una nota publicada por La Nación el 2 de noviembre, el teniente coronel Enrique I. Rottjer, secretario general del Ministerio de Guerra, dice que el ejército salló de los cuarteles con el único fin de «restablecer la disciplina debilitada por la violación de todas las leyes» imputable al régimen precedente. El artículo desata una polémica dentro de las Fuerzas Armadas. El teniente coronel Ramírez, allegado a Uriburu, refuta el carácter estrictamente profesional y apolítico de la participación del ejército en el golpe septembrino, en una carta dirigida a La Nación, publicada el 13 de noviembre. Según él, el verdadero objetivo de los militares era «cambiar el sistema» reformando en particular la ley Sáenz Peña: «Los que participamos en la revolución del 6 de septiembre… teníamos, además, una ideología más amplia que la necesidad de restablecer la disciplina en el ejército». Pero el ejército, en su gran mayoría, no comparte esta opinión.

De hecho, la escasa participación de los militares en el golpe de Estado, tema de polémicas[44] por mucho tiempo, hace pensar que la mayoría de los oficiales no compartía con el presidente provisional opiniones antidemocráticas. Las negociaciones llevadas a cabo entre jefes del ejército y grupos nacionalistas habían inducido a Uriburu a enmendar la proclama revolucionaria redactada por Lugones dándole un sentido constitucionalista. Un compromiso subscripto por oficiales de la marina el 5 de septiembre de 1930, publicado por Lisandro de la Torre en febrero de 1932 y nunca desmentido, no deja dudas sobre el legalismo de ciertos militares antiyrigoyenistas. El texto estipula los límites de la acción política de los marinos en contra de Yrigoyen. Los puntos 4 y 5 expresan:[45] «4.º, que lucharán con las mismas armas contra todo intento de dictadura civil o militar; 5.º, que defenderán el fiel y estricto cumplimiento de la Constitución Nacional…».

Un texto firmado por los oficiales del ejército y publicado en condiciones similares presenta la misma orientación.

Se puede suponer que la mayoría de los cuadros de las Fuerzas Armadas, pasiva e indiferente ante los problemas políticos, no tiene la menor intención de servir de trampolín a una «secta» rechazada por los centros de poder y por los órganos de prensa que forman la opinión. Amén de que es difícil separar la actitud manifiesta del cuerpo de oficiales de las convicciones y ambiciones del general Justo. Éste, además de gozar de un prestigio inigualado entre sus antiguos subordinados, que su paso por el ministerio reforzó, es el favorito de los medios civiles influyentes hostiles al corporativismo uriburista. Hábil estratega, ubicó sus hombres en puestos clave. Para desgracia de los oficiales nacionalistas, el clan Justo parece incluso controlar ampliamente el ejército. Uriburu es consciente de la situación y es por eso que intenta desembarazarse discretamente de algunos de ellos. Así es como el teniente coronel Sarobe,[46] brazo derecho del general Justo durante la conspiración, es nombrado agregado militar en Tokio. Con todo, el coronel Rodríguez, antiguo secretario del general Justo, permanece al mando de la II División, poderosa unidad que, como se sabe desde 1919, es decisiva en materia política.

El teniente coronel Rodríguez, que, como veremos, comparte todas las opiniones del antiguo ministro de Guerra, no es sólo el hombre de Justo: es estimado por sus compañeros de arma. En 1931, es elegido presidente del Círculo Militar. Por lo tanto, se puede suponer que es suficientemente representativo de la orientación predominante en el cuerpo de oficiales: eminente «profesionalista», rehúsa embarcarse en la aventura que significaría una dictadura militar.

Si los oficiales liberales y antiautoritarios pueden hacer elegir a uno de los suyos como presidente del Círculo Militar, bajo el gobierno de Uriburu, es verosímil pensar que los nacionalistas son absolutamente minoritarios, salvo en la intimidad del poder. En cambio, los oficiales radicales existen. Las desgracias que sufre la UCR no los han hecho desaparecer, muy al contrario. Conspiran con el ejército, desde afuera o desde adentro y en sus filas; y su accionar parece haber encontrado cierta respuesta, hasta fines de 1931, entre la oficialidad y la suboficialidad.

El 6 de febrero de 1931 el interventor en Córdoba, Carlos Ibarguren, publica un comunicado en el que habla de un complot yrigoyenista descubierto dos meses antes, en el cual oficiales radicales habrían conseguido la colaboración de suboficiales «gracias a promesas absurdas»: «la posibilidad de convertirse en oficiales por la creación de escuelas especiales», el aumento de los sueldos y la adjudicación de viviendas. Tales promesas, agrega el comunicado, demuestran «la inspiración anarquista del movimiento». Treinta y cuatro suboficiales se ven implicados en ese misterioso complot. Algunos días más tarde, por extraña coincidencia, se descubre una conspiración de oficiales radicales en Buenos Aires. El levantamiento estaba previsto para el 14 de febrero. Son detenidos numerosos oficiales subalternos, entre ellos el teniente Carlos Toranzo Montero, hijo del general Severo Toranzo, así como el general Baldasarre. Una tentativa para implicar también al general Dellepiane fracasa. Sin embargo, es cierto que los radicales complotan, y no están solos.

Algunos regimientos fieles a sus antiguos jefes, especialmente en la infantería, no son insensibles a los argumentos de los oficiales radicales. El teniente coronel Gregorio Pomar, antiguo edecán de Yrigoyen, logra sublevar, durante los días 20 y 21 de julio de 1931, el 9.º Regimiento de Infantería de Corrientes. La tropa y los suboficiales lo siguen. Son varios los oficiales comprometidos: seis tenientes, un mayor y un teniente coronel. Los rebeldes huyen al Paraguay y el teniente coronel Pomar pasa la frontera con 15 suboficiales y 154 hombres de tropa.

Se pretende que oficiales del clan Justo habían planeado semejantes acciones para presionar a Uriburu, incluso para derrocarlo. Hacia mediados del año 1931, los hombres del general Justo se habrían puesto en contacto con los conspiradores radicales para lograr que su jefe reuniera bajo su mando al movimiento y lo orientara en su favor. Según el teniente coronel Atilio Cattáneo, radical conspirador, en ese momento el «70 % de las Fuerzas Armadas argentinas» habrían estado comprometidas en la conspiración contra Uriburu.[47] Pero, habiendo sido impuesta al presidente provisional la candidatura de Justo para las elecciones presidenciales, el antiguo ministro de Alvear aplazó indefinidamente el pronunciamiento. El levantamiento prematuro y aislado de Corrientes habría formado parte de ese plan revolucionario nacido muerto.[48]

Porque de hecho Uriburu sabe desde mediados de julio de 1931 que el ejército está en contra de él y de sus proyectos políticos. El coronel Manuel A. Rodríguez, presidente del Círculo Militar y portavoz autorizado del ejército, se lo ha hecho saber públicamente y sin ambages. En un discurso de inapelable firmeza, pronunciado en el banquete de camaradería de las Fuerzas Armadas el 7 de julio de 1931 en presencia del presidente provisional, el comandante de la II División se opone rotundamente a toda tentativa de utilizar el ejército con fines partidistas. Después de haber precisado que sus palabras «interpretan el pensamiento de sus camaradas», «el hombre del deber» declara: «La constitución actual del ejército es tal que nadie puede pretender disponer del mismo a su arbitrio para misiones ajenas a las que son razón de su existencia… No, el ejército actual no es una fuerza política al servicio de los hombres o los partidos… La historia, además, demuestra que nunca las bayonetas argentinas, destinadas a la defensa de la Nación, pretendieron reemplazar la base más sólida, más estable del derecho que sustenta el edificio de la organización nacional… El ejército no tiene aspiraciones propias, no pretende arrogarse poderes o facultades reservadas a otras entidades… el solo hecho de buscar su apoyo conspira contra su disciplina y constituye un hecho ilícito e intolerable».[49]

Estas declaraciones no resultan únicamente de las tensas relaciones existentes entre Uriburu y el ejército. Ya hacía varios meses que los acontecimientos políticos, de los cuales el ejército era atento testigo, venían debilitando la autoridad del presidente provisional y de sus amigos nacionalistas en exclusivo provecho del hábil general Justo.

El ascenso del general Justo

La perentoria advertencia del coronel Rodríguez viene a coronar el fracaso político de los «nacionalistas» que se encuentran en el poder. El ejército niega su apoyo al general Uriburu porque los grandes partidos se le oponen y porque el repudio de la opinión pública ha mostrado el aislamiento del gobierno provisional.

El 23 de octubre se produce una primera crisis de gabinete que revela el conflicto existente en el seno del gobierno entre «restauradores» y «revolucionarios». El vicepresidente Enrique Santamarina entrega su renuncia «por motivos de salud». En realidad es hostil a las reformas constitucionales que desea el presidente.[50]

La gran prensa se hace eco de las porfiadas discusiones sobre el problema de la revisión constitucional que prosiguen entre los miembros de la clase política. Los partidos opositores dan por sentado que la revolución se ha hecho contra hombres, Yrigoyen y sus colaboradores, y no contra la sacrosanta Constitución de 1853. Los partidos opuestos a Yrigoyen, esencialmente los socialistas independientes y los conservadores, constituyen una alianza, la Federación Nacional Democrática, cuyo objetivo es la convocatoria a elecciones a corto plazo retornando a la Constitución.

El 11 de noviembre de 1930 el ministro del Interior, Sánchez Sorondo, recibe a una delegación de la Federación Nacional Democrática, encabezada por el socialista independiente Federico Pinedo.[51] El ministro asume prácticamente, como muestra de buena voluntad, el compromiso de organizar elecciones provinciales a comienzos de 1931 para elegir gobernadores y legisladores en Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. La provincia de Buenos Aires servirá de prueba. Consultado sobre el «estado electoral» de su circunscripción, el «gobernador» provisional da su aprobación. Está convencido de controlar la situación. ¿No es Buenos Aires, para el partido conservador, la tierra elegida de las «elecciones canónicas», donde escrutador y elector se confunden, cuando no gana por un cuerpo «el caballo del comisario»?

El interventor Meyer Pellegrini declara, en vísperas del escrutinio, que no concibe que «la revolución triunfante en el corazón del pueblo pueda ser derrotada en las urnas».[52] Por el contrario, según él «las urnas devolverán el eco jubiloso del 6 de septiembre». Se levanta provisionalmente el estado de sitio en la provincia para que radicales, socialistas y conservadores hagan su campaña libremente. No obstante, antes de la consulta, Uriburu denuncia a los radicales, «a quienes el gobierno ofrece garantías pero que no ofrecen ninguna garantía a la República»;[53] los hombres de la UCR son presentados a los electores con los más negros colores como «conspiradores y revolucionarios vinculados a los anarquistas».

Contra toda previsión, el veredicto de las urnas es desfavorable para la revolución. El desenlace de las elecciones, que se desarrollaron en condiciones normales y en las cuales participó el 76 % de los inscriptos, es una derrota para los conservadores que esperaban un brillante triunfo. Los candidatos de la Unión Cívica Radical triunfan ampliamente.

Cuadro 3
Elecciones para gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires
(5 de abril de 1931)*

UCR | 218.783 | Diversos | 2605
Conservadores | 187.734 | En blanco | 12.464
Partido Socialista | 41.573 |  |
* Inscriptos: 601.479; votantes: 453.847.
Fuente: Ministerio del Interior, Las Fuerzas Armadas restituyen el imperio de la soberanía popular, 1946, tomo I, pág. 447.

El 11 de abril, aun antes de que los resultados definitivos sean conocidos, ya que el recuento de votos recién termina el 27, el presidente Uriburu reacciona y declara en Santa Fe: «Si he creído que era necesario acudir al supremo recurso de las armas para destruir el sistema que arruinaba a la República, debo seguir creyendo que mi deber es tratar de impedir que el país vuelva a caer en las manos que lo explotaron y envilecieron. La revolución tiene su lógica. No ha terminado el 6 de septiembre». Se aplazan sine die las elecciones previstas en las otras provincias para el 19 de abril y el 24 de mayo, y se reimplanta el estado de sitio. Un comunicado embarazoso expresa que «el gobierno aceptará el resultado de las urnas en la provincia de Buenos Aires, pero no puede aceptar que los elegidos sean hombres del régimen depuesto», dando a entender que se anulará el resultado de la consulta del 5 de abril. Tal es el caso precisamente de Honorio Pueyrredón y de Mario M. Guido, elegidos gobernador y vicegobernador.

Para los nacionalistas, el pueblo ha mostrado una vez más su «incapacidad cívica». Pero la revolución ha recibido un golpe fatal. El radicalismo se encuentra muy bien, no está muerto como se creía; el mito del golpe de Estado popular, traducción indiscutible de la soberanía y de la voluntad del pueblo, se derrumba. ¿Quién podrá decir, de ahora en adelante, que la «revolución fue aceptada y aclamada por una mayoría más amplia que la que eligió a Yrigoyen», como escribía Tomás D. Casares en octubre de 1930? La revolución aparece en toda su desnudez de reacción minoritaria.

Los militares exigen la separación de Sánchez Sorondo, responsable del fiasco electoral. El gabinete renuncia el 13 de abril para permitirle una honrosa retirada. El 17 de abril, un millar de oficiales se reúne en el Círculo Militar antes de ir a saludar al presidente, en una «manifestación espontánea de simpatía», según dice La Prensa. La entrevista se lleva a cabo sin periodistas ni testigos civiles. Pero nadie puede llamarse a engaño sobre sus fines. El ejército presenta un verdadero ultimátum al presidente, que sigue reafirmando los principios del 6 de septiembre, para que convoque a elecciones presidenciales antes de finalizar el año respetando la Constitución.

Uriburu se inclina. Su posición es tanto más débil cuanto que la reorganización ministerial alejó del Cargo político de ministro del Interior al único nacionalista. Octavio S. Pico, hasta entonces ministro de Obras Públicas, se hace cargo de la cartera del Interior el 18 de abril, después de múltiples negociaciones. Conservador tradicional, desea una candidatura de unión nacional para las elecciones presidenciales. De acuerdo con el testimonio de Lisandro de la Torre, ya tiene un candidato: el general Justo, que fue quien le permitió acceder a ese puesto de primer plano.[54] Sin embargo, para asegurar la victoria de los «demócratas antiyrigoyenistas», todavía falta eliminar a los radicales sin por ello imponer «ideologías exóticas».

La eliminación de los radicales

El nuevo ministro del Interior no pierde un instante en poner en práctica el programa que la Federación Nacional Democrática había presentado a Sánchez Sorondo cinco meses antes. El 17 de abril, Octavio S. Pico declara que «el Sr. Presidente del gobierno provisional ha resuelto convocar a los representantes de los partidos que han repudiado y que repudian todavía a la fracción del partido radical que sostenía al régimen depuesto por la revolución, a fin de exhortarlos a la concordia necesaria para promover las soluciones que exige la hora presente»[55], invitando a constituir un frente político para impedir que los radicales lleguen al poder.

Este amplio frente, que incluye a todos los partidos menos a los «personalistas», cuenta desde luego con el asentimiento de los militares. Volviendo a las bases del alvearismo, la coalición antiyrigoyenista encarna en líneas generales el ideal político del ejército de la época: una democracia parlamentaria moderada, prudentemente abierta a la participación popular, dotada con un poder ejecutivo fuerte.

El candidato del frente no puede ser otro que el general Justo. Antiguo ministro de Alvear y revolucionario septembrino, miembro del Jockey Club y general de división, ha dirigido su carrera con mano maestra. El 25 de septiembre renuncia a su cargo de comandante en jefe del ejército para que una comisión investigadora pueda aclarar las acusaciones de malversación que se le han hecho. Lo que busca en realidad es distanciarse de los proyectos y métodos del general Uriburu. A la espera de servir a la República, urde sus maniobras políticas (no es el único). La influyente Review of the River Plate le dedica su editorial del 3 de octubre de 1930. El elogio a su decisión de renunciar va junto con varias páginas muy favorables a la acción de la Federación Nacional Democrática publicadas en el mismo número. ¿Simple coincidencia, o es que la candidatura del antiguo director del Colegio Militar ya estaba en germen?

Todo sería muy simple si la reaparición de un personaje algo, olvidado no viniera a poner trabas a la candidatura de Justo. El ex presidente Alvear, a quien no le había parecido oportuno abandonar los deleites de la vida parisiense a causa de un golpe de Estado ocurrido en su país, cree llegada su hora después de la victoria electoral del 5 de abril. Desembarca en el puerto de Buenos Aires el 25 de abril de 1931, donde lo esperan 6000 personas.[56] Uriburu, con quien lo vincula una vieja amistad, envió uno de sus edecanes para recibirlo. También está presente el general Justo para darle la bienvenida.

Tanto Uriburu como Justo están preocupados por el regreso de Alvear. Temen esencialmente que éste se proponga reunificar la Unión Cívica Radical, respondiendo al llamado de Yrigoyen en razón de su fidelidad al partido. El proyecto político de Justo sólo es posible con el apoyo y aval del radicalismo «distinguido» y el aislamiento de los yrigoyenistas. Para Uriburu, la reunificación significaría el renacimiento del partido popular, un eterno retorno que exigiría comenzar todo de nuevo; y precisamente cuando se encuentra privado del arma absoluta de la reforma corporativista.

Uriburu se pone en contacto con don Marcelo para intentar precaverse del peligro. Justo frecuenta asiduamente la antecámara del ex presidente en el City Hotel.[57] Pero Alvear no renuncia a su proyecto. En su residencia y cuartel general, donde confluyen alvearistas e yrigoyenistas, viejos radicales y nuevos adherentes antiuriburistas, constituye un consejo para la reorganización del partido. Justo comprende que no puede esperar nada de Alvear y de sus amigos; nunca obtendrá la investidura para las elecciones del 8 de noviembre de parte de una Unión Cívica Radical reconstituida, por haber sido un golpista septembrino. El proceso de reunificación del radicalismo está en marcha.

Entonces se produce providencialmente, el 20 de julio, el levantamiento frustrado de los oficiales radicales de Corrientes. ¿Era Pomar un eslabón de una conspiración a nivel nacional contra Uriburu, como pretende el teniente coronel Cattáneo, con la cual habría estado comprometido Justo? ¿Fue éste quien dio vía libre a los conjurados abrigando la maquiavélica esperanza de ver su fracaso repercutir en el partido radical? ¿O, simplemente, dejó que se sublevaran? Lo cierto es que el pronunciamiento fue el pretexto soñado para poner a los radicales fuera de la ley.

El 25 de julio el gobierno provisional hace saber que el partido radical, culpable de maniobras revolucionarias, no puede presentar listas de candidatos en las elecciones. El mismo día son expulsados del país Marcelo T. de Alvear, Honorio Pueyrredón, José P. Tamborini y Carlos M. Noel, principales dirigentes del radicalismo reorganizado. Se produce una ola de arrestos que alcanza a los dirigentes radicales de todas las provincias, dirigida particularmente en contra de la juventud radical y de los sectores populares (empleados y obreros) de la UCR. Se intenta mostrar la colusión del radicalismo con los sindicatos, o sea con las «ideologías extremistas». Idéntico objetivo subyace, sin duda, en el asunto de la Iuyamtorg que evocamos en páginas anteriores. El cierre de la agencia comercial soviética el 5 de agosto de 1931 y las acusaciones que se le hacen no pueden ser disociados de la personalidad de los dos abogados de la sociedad, Honorio Pueyrredón y Mario Guido, los dos triunfadores de la elección del 5 de abril: dos «peligrosos comunistas» según los amigos de Uriburu, a quienes no sería decente entregar el gobierno de la provincia de Buenos Aires.[58]

El ostracismo que afecta a los dirigentes radicales beneficia enormemente al general Justo. La campaña de Uriburu contra la UCR allana el terreno para la candidatura presidencial del antiguo ministro de Alvear. La intensa polémica que se desata entre el ex presidente y el presidente provisional en el momento de la partida de aquél al exilio, favorece las ambiciones del general Justo, que se convierte así en el hombre del justo medio. En efecto, el 5 de agosto Alvear publica en la prensa una violenta denuncia de la dictadura. El manifiesto aparece en todos los diarios junto a una refutación llena de ataques personales redactada por Uriburu.[59]

Alvear reprocha a Uriburu por corromper al ejército, por haber instaurado una «grosera dictadura» que practica la tortura de los prisioneros políticos, haber suspendido las elecciones en la provincia de Buenos Aires y haber anulado las demás elecciones previstas. Alvear dedica su argumentación especialmente a la política del gobierno provisional con respecto al ejército:

«Dádivas grotescas ofenden sin motivo su dignidad consagrada (de jefes y oficiales), como si se creyera posible convertirlos con ellas en guardias pretorianas… El ejército de la Nación es la Nación misma… Ese ejército llevó por toda la América la libertad… No se concibe que pueda ser empleado para abusar de su fuerza ajando a su pueblo. Yo tengo el derecho de elevar mi más firme protesta contra los que creen posible hacerlo descender de su nivel moral, subordinándolo a su ciego servicio, porque el culto de las virtudes militares ha conmovido siempre mi espíritu. Lo demostré durante mi gobierno en la celosa preocupación de fomentar su progreso, afrontando todas las dificultades financieras para mantenerlo en la altura que le corresponde…».

Todas estas excelentes razones se prestan para que el antiguo ministro de Guerra de Alvear las utilice en su provecho. Porque el general Justo, que se niega a tomar partido en el debate entablado entre estos dos adversarios, está resuelto a servirse de su pasado de ministro de un gobierno radical. Es antiyrigoyenista, pero conoce sin embargo la reacción que produce la mención de los radicales en las clases medias civiles y militares. No desea ser considerado como el candidato de los conservadores, sino como el representante de un radicalismo respetable y de buena sociedad. Es por eso que un grupo de radicales antipersonalistas, comandados por el caudillo Laurencena lanza oficialmente su candidatura a la presidencia el 1.º de agosto de 1931. Laurencena, de Entre Ríos, se propone como candidato a vicepresidente. El comunicado publicado entonces no deja lugar a dudas. Se trata de una candidatura radical: «Entre los argentinos vinculados a la Unión Cívica Radical, que reúnen a nuestro juicio aquellas calidades y comprenden estas necesidades de la República, se destacan en primer término los ciudadanos don Agustín P. Justo y don Eduardo Laurencena».[60]

El 11 de septiembre de 1931, una convención radical antipersonalista ratifica la candidatura del general Justo. Lo menos que se puede decir de ella es que su radicalismo y su representatividad son sospechosos, puesto que Alvear reunió a la mayoría de sus partidarios en la UCR reorganizada que controlan los ex antipersonalistas.

En esa ocasión Justo pronuncia un discurso muy interesante. Contestando a los que critican la candidatura de un militar a la presidencia, el general explica que sólo un militar puede restablecer un gobierno auténticamente civil: «Creo yo también, y muy firmemente, que la República reclama un gobierno civil. Pero no fueron sino gobiernos civiles los de todos los militares salidos de las filas del ejército nacional. Pensar lo contrario es ignorar la historia de la patria…».

Justo pasa revista a los militares argentinos que fueron hombres de Estado, desde el coronel Cornelio de Saavedra hasta el general Urquiza, prosiguiendo: «Ninguno de estos grandes hombres hizo gobierno militar; ninguno puso la Nación al servicio del ejército… y nadie quiso ni pudo ver en ellos una amenaza para las instituciones civiles sobre las que se asienta el orden constitucional del Estado». Luego, para tranquilizar a la clase política, Agustín P. Justo precisa su concepción de la función del ejército: «He creído siempre y lo he dicho siempre públicamente y sin ambages que el ejército tiene una misión circunscripta que llenar durante la época de paz: en los cuarteles y en los campos de maniobras». Sobre el papel jugado recientemente por el ejército, Justo parece estar replicando al general Uriburu cuando afirma, tomándose algunas libertades con la verdad histórica: «Por eso acompañó al pueblo el 6 de septiembre, como lo acompañó en las grandes revoluciones de nuestra corta historia…».

La candidatura de Justo recibe el apoyo de los conservadores y de los socialistas independientes, realizándose así el frente antiyrigoyenista: es la Concordancia, unión sagrada contra el retorno de los plebeyos. Desde el 5 de abril Uriburu está ausente del juego político, reina pero no gobierna. El futuro del país se determina sin él y en contra de él. No puede de ninguna manera oponerse a la candidatura de un militar «revolucionarlo de septiembre» que tiene un enorme prestigio en el ejército.[61] Pero no por ello se resigna a abandonar sus proyectos políticos.

El 20 de mayo de 1931 el gobierno reconoce a la Legión Cívica Argentina. Se trata de una organización paramilitar fundada por dos fieles seguidores del general: el infatigable Dr. Carulla y el coronel Juan Bautista Molina. Esta milicia, que reagrupa a nacionalistas miembros de la Liga Republicana y de la ex Legión de Mayo, se considera oficialmente, según el texto del decreto, como una «Asociación de hombres patriotas que moral y materialmente están dispuestos a cooperar a la reconstrucción institucional del país».[62] La Legión Cívica Argentina, considerada de utilidad pública, obtiene el privilegio de concurrir a los cuarteles y a otros establecimientos del ejército para recibir instrucción militar. Sus brigadas instruidas por oficiales voluntarios constituyen la fuerza de choque del régimen. Así es como la Argentina, siguiendo la moda mundial, tiene sus «camisas»; pero estas «milicias ciudadanas» están bajo el control del ejército, no forman el fuerte partido único con el que sueñan Carulla y sus amigos.

En el banquete de camaradería de las Fuerzas Armadas del 7 de julio de 1931, cuando ya está previsto que efectivos en uniforme de la Legión Cívica desfilen al lado de las fuerzas regulares para el aniversario de la Independencia, el general Uriburu declara a los oficiales allí reunidos:

«Una considerable fuerza cooperadora del Ejército se está formando en toda la República. Ella es hija y sostenedora de la Revolución, que actuará decisiva y patrióticamente para cumplir su programa. La Legión Cívica, que tanto ha alarmado a los demagogos, es fuerza apolítica y de orden, es columna popular instruida y disciplinada por oficiales, que constituye una reserva de emergencia, ya que por razones de economía financiera no es posible el llamamiento anual de las reservas de la ley».

Los objetivos de la Legión Cívica no dejan lugar a dudas y las intenciones de Uriburu están muy claras. Conformando a un grupo de presión ideológica adicto a sus designios como cuerpo armado, apéndice del ejército, piensa que logrará propagar las ideas antiliberales en la oficialidad y superar sus reticencias con respecto a las reformas autoritarias que él propone. Es también para que la compenetración entre los cuadros del ejército y los legionarios activistas sea lo más estrecha posible, que pone a la Legión Cívica bajo el control del ejército. En lo sucesivo, la Legión Cívica siempre estará presente o será evocada cuando el presidente provisional visite guarniciones o se dirija a oficiales. Además, las funciones inmediatamente asignadas a los legionarios a partir de la creación de la institución, y sobre todo después del 20 de julio, no pueden resultar indiferentes al cuerpo de oficiales: «lucha contra la amenaza interna»,[63] contra las intrigas subversivas de los radicales, particularmente en el ejército.

La maniobra es hábil, aunque tardía. No perturba ni detiene la marcha de Justo hacia la presidencia. Al contrario, la campaña anti UCR le favorece. El 28 de agosto de 1931 se promulga el derecho de convocatoria a elecciones para el 8 de noviembre. El texto estipula igualmente: «El gobierno provincial ha resuelto… la eliminación de las listas de candidatos para las funciones gubernativas y representativas nacionales y provinciales de las personas que actuaron en ellas como adictas al régimen depuesto por la revolución del 6 de septiembre y a los considerados como autores o cómplices del movimiento subversivo de la provincia de Corrientes».

Después de muchas dificultades debidas al exilio de sus principales jefes, a la indocilidad de los yrigoyenistas y a las tentativas de soborno de los amigos de Justo, el 28 de septiembre la UCR presenta su fórmula presidencial: Marcelo T. de Alvear y Adolfo Güemes. Esto no conviene ni a Uriburu ni a Justo, cuyos intereses coinciden por una vez. Ahora bien, el decreto del 28 de agosto, su primera parte al menos, se aplica difícilmente a Alvear. Entonces, el 6 de octubre se publica un nuevo decreto refrendado por los ocho ministros. Proscribe la candidatura radical en nombre de la estricta aplicación del artículo 77 de la Constitución («El presidente y vicepresidente duran en sus empleos el término de seis años, y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un período.»), que no prevé el acortamiento de los períodos presidenciales a causa de golpes de Estado. Semejante legalismo sorprende viniendo de un gobierno que llegó al poder mediante la violencia. Esta estratagema poco gloriosa, acompañada por los acostumbrados considerandos donde desfilan antecedentes sacados de la historia del mundo entero, no consigue ocultar la razón fundamental del veto: Alvear y Güemes son los candidatos del radicalismo fusionado. El decreto termina con un párrafo que expresa que «los considerandos expuestos y aquellos que fundan el decreto del 24 de julio de 1931 comprenden al Dr. Güemes que se ha revelado solidario del régimen depuesto, que ha presidido con el Dr. Alvear la pretendida reorganización de los elementos expulsados por la revolución y que ha participado en actos destinados a desacreditar los objetivos y a anular los resultados de la misma».[64] Respondiendo al veto que viola la Constitución y la ley electoral en forma evidente, la Mesa Directiva de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, por un reflejo natural de retorno a las fuentes, proclama el 27 de octubre la abstención absoluta para las elecciones del 8 de noviembre.

Una sola fórmula opositora subsiste contra los candidatos del poder y de la Concordancia, Justo y Julio A. Roca (candidato a la vicepresidencia de los Partidos Conservador y Socialista Independiente),[65] la de Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto que propone la alianza de los Partidos Demócrata-Progresista y Socialista.

Estos dos partidos tienen pocas posibilidades de obtener los votos radicales. Violentamente hostiles a «la demagogia de Yrigoyen» a la política de la UCR, recibieron con entusiasmo la revolución del 6 de septiembre. Empero, Uriburu y los amigos de Justo en el gabinete temen tal eventualidad. Es por eso que los comicios del 8 de noviembre se encuentran entre los más fraudulentos que haya conocido la Argentina desde principios de siglo: secuestro de libretas de enrolamiento, expulsión de veedores y escrutadores pertenecientes a la oposición, intimidación de electores indecisos.[66] Todo el arsenal clásico de la política criolla fue utilizado como si no bastara la proscripción del partido mayoritario. ¡Es así como los defensores del liberalismo restablecían la legalidad democrática violada por Yrigoyen! Se iniciaba para la Argentina una nueva era de democracia restringida.

En nombre del interés nacional amenazado por la debilidad y por «la incapacidad intrínseca» de los responsables radicales, los grupos dirigentes tradicionales repuestos en el poder por el golpe de Estado del 6 de septiembre ponían fin a la experiencia de participación ampliada consagrada por la ley Sáenz Peña y garantizada por las Fuerzas Armadas. Es el «fraude patriótico». Pero los principios están a salvo: la Constitución intacta, la ley electoral en aplicación. ¿Para complacer al ejército, tutor del sufragio universal? Tal vez, pero también por conservadorismo: la élite establecida no ignora que su poder necesita la legitimación popular que sólo puede darle una sanción «democrática», aunque sea una parodia.

El 8 de noviembre de 1931 la fórmula Justo-Roca obtiene 606.526 votos, y la de De la Torre-Repetto 487.955. El general Justo es elegido presidente. Es el primer militar que se sienta legalmente en el sillón de Rivadavia desde la última presidencia del general Roca, que se remonta a 1898. Símbolo de continuidad por sobre el paréntesis popular, el vicepresidente de Justo es precisamente Julio Argentino Roca, hijo del vencedor del desierto.

El general Justo asume la presidencia el 20 de febrero de 1932. Uriburu no pudo imponer las ideas de sus amigos nacionalistas. Realiza sin embargo un último intento depositando ese día en manos de su sucesor un proyecto de reforma constitucional que prevé «un sistema mixto de representación proporcional popular y gremial».[67] Por supuesto, ese manifiesto es desechado: el vehemente von Pepe se dejó manejar por los políticos conservadores y por el hábil general Justo. Con la obcecación propia de un militar, no supo obrar más que con la fuerza contra adversarios que dominaban el arte de la esquiva. Enfermo, morirá en Francia el 29 de abril de 1932.

Pero, a pesar del fracaso de Uriburu, la oligarquía «parlamentaria» no logró desembarazarse de sus ideas. Los contactos que estableció entre los grupos nacionalistas y la oficialidad tendrán consecuencias. El fermento autoritario ejerce su acción sobre el ejército. El modelo de Estado jerarquizado y antiliberal, que no deja de tener afinidades con la organización militar, va a despertar cada vez mayor interés entre los oficiales. El débil dictador de 1930 tendrá su revancha póstuma.

Capítulo 6
Las crisis militares bajo
los gobiernos conservadores

La campaña electoral del general Justo prometía «el retorno a la normalidad». Con esa promesa ambigua, el Monk argentino aliaba la restauración de las clases dirigentes tradicionales al restablecimiento de la legalidad constitucional. Para él, el golpe de Estado del 6 de septiembre no fue más que «el último recurso constitucional» al cual el pueblo se había visto obligado a recurrir para defender la democracia.[1] El diario Critica, dirigido por Natalio Botana, amigo personal del nuevo presidente, titula el 20 de febrero de 1932, día del traspaso del poder: «El país experimenta un sentimiento de alivio». En su primera página señala el regreso de los exiliados y de los prisioneros políticos (entre ellos Yrigoyen), denuncia las «torturas policiales» y pide amnistía para los militares que se habían sublevado contra «la tiranía» (sic) de Uriburu. En una muestra de suma habilidad, el candidato oficial reniega del gobierno saliente, el elegido gracias al fraude y las proscripciones se erige en paladín de las instituciones democráticas y se asigna como tarea la «reconciliación nacional». Su legitimidad se encuentra en juego. Pero las decisiones adoptadas por la nueva administración para enfrentar la crisis económica, ponen en evidencia la firme determinación de gobernar en beneficio de los grupos tradicionalmente dominantes: grandes estancieros y monopolios frigoríficos.

La depresión mundial afectó gravemente a un país cuya economía se encontraba totalmente orientada hacia el mercado internacional. El comercio exterior proseguía su curso descendente. El valor de las exportaciones argentinas decrecía inexorablemente desde 1929.[2] El intercambio total, que alcanzaba a 1815 millones de pesos oro en 1929, cayó a 1157 millones en 1931 y a 934 millones en 1932. Las exportaciones, que superaban los mil millones de pesos en 1929, bajaron bruscamente hasta 566 millones en 1932. Las reservas de oro se redujeron a la mitad. La deuda externa aumentó paralelamente con la caída de los precios internacionales. Los términos del intercambio, que de acuerdo con el índice base 1913 = 100 habían pasado de 79 a 56,9 entre 1930 y 1933,[3] retrocedieron marcadamente.

La economía argentina se encontraba al borde del colapso. La cantidad de desocupados aumentaba de manera dramática. Peones y jornaleros sin trabajo se apiñaban en las villas miseria que crecían a las puertas de Buenos Aires y de Rosario. Estos nuevos centros de la pobreza obrera hicieron su aparición en el paisaje social argentino. En el país de la abundancia y de la prosperidad, sociedades de beneficencia comenzaron a organizar veladas «a beneficio de los enfermos sin recursos y hogares sin alimentos… que tanto abundan en las actuales y felizmente transitorias circunstancias de pobreza y de dolor».[4] Las ollas populares del granero del mundo son el símbolo de una crisis sin precedentes.

Ante la gravedad de la situación socioeconómica, la élite establecida puede sentirse satisfecha con las consecuencias de la revolución del 6 de septiembre. El gobierno conservador del general Justo no le impondrá sacrificios excesivos en favor de las capas sociales más duramente afectadas por la recesión. Ya era hora de reunir en las mismas manos el poder político y el poder económico, apartando a los «demagogos» de la conducción de los asuntos públicos.

Los grupos dominantes y los grandes propietarios no encaran, en un primer momento, ninguna acción voluntaria o proyecto de recambio susceptibles de reactivar la economía. Partidarios de la división internacional del trabajo, por lo tanto de un mundo liberal que está agonizando, consideran que la crisis es meramente coyuntural; después de un período de adaptación, todo volverá a ser como antes. Alberto Hueyo, ministro de Hacienda y prestigioso hombre de negocios,[5] se contenta con realizar economías mediante un escrupuloso equilibrio presupuestarlo. Cree que un estricto respeto de los compromisos externos reforzará el crédito del país y, a pesar de las dificultades de la hora, le permitirá encontrar nuevos recursos para estimular su alicaída actividad. Pero la pasividad y la extraversión no son de ninguna manera privativas del primer ministro de Hacienda de Justo.

El «dominio voluntario»
o una política económica clasista

Una nueva amenaza se cierne en 1932 sobre la economía argentina. Representantes de Gran Bretaña y de los dominios británicos se reúnen en Ottawa para luchar contra la crisis. Se ponen de acuerdo para establecer un régimen discriminatorio hacia terceros países en el marco de una política de preferencia imperial. Gran Bretaña se compromete con Australia y Nueva Zelandia a mantener sus importaciones de carne argentina «enfriada», chilled beef, en los niveles relativamente bajos de 1932 y a reducir en un 35 % las cuotas de carne «congelada» provenientes del mismo país. Nada muy grave en apariencia, pero podía vislumbrarse en ello un inicio.

Para los responsables de la economía argentina, la posibilidad de ver cerrarse el mercado del Reino Unido —su primer cliente— sumada al descenso de los precios y a la caída de las exportaciones adquiere la dimensión de una catástrofe nacional. Vientos de pánico se abaten sobre la City de Buenos Aires. No se piensa en buscar nuevos mercados más de lo que se concibe una conversión de la economía en función de las nuevas condiciones internacionales. La Argentina, con su comercio exterior dependiente de un solo país (o casi), se encuentra en una posición de extrema vulnerabilidad que a nadie se le ocurre modificar.

Muy al contrario, los responsables de la economía consideran que la solución reside en implementar una política de importantes concesiones al Reino Unido. Las estrechas relaciones comerciales entre Gran Bretaña y la Argentina parecen ser para ellos la única manera posible de preservar cuotas de importación convenientes en ese mercado; integrándose al bloque imperial británico, la Argentina podrá asegurarse una salida estable para su producción Con el propósito de lograr tales objetivos, el 1.º de mayo de 1933 una delegación encabezada por el vicepresidente Roca firma en Inglaterra el Pacto Roca-Runciman o Tratado de Londres.

Este tratado ha dado mucho que hablar. Los nacionalistas de todas las tendencias han estigmatizado las ansias de sometimiento de los firmantes y su predisposición a solicitar un verdadero estatuto colonial. Lo cierto es que por este acuerdo Gran Bretaña no asume obligaciones significativas; en cambio, las exigencias inglesas aceptadas por los negociadores argentinos son relevantes. En efecto, Gran Bretaña se contenta con comprometerse a no reducir durante tres años las cuotas de importación de carne argentina fijadas unilateralmente en Ottawa; pero el compromiso está condicionado por otras cláusulas del tratado. En cuanto a la Argentina, concede al pabellón británico el monopolio del transporte de sus exportaciones de carne y acepta gastar las divisas obtenidas por esas ventas únicamente en el mercado del Reino Unido. Además, se acuerda dar un tratamiento preferencial a las importaciones inglesas: se mantienen libres de derechos los productos que no los pagaban hasta entonces y se vuelve a las tarifas de 1930 para los restantes. Finalmente, la Argentina promete dispensar «un tratamiento benévolo» al capital británico, particularmente a las compañías de ferrocarriles y de tranvías.[6]

Mientras que el general Uriburu no había manifestado ninguna simpatía especial por la metrópolis económica tradicional de la República Argentina, el general Justo orienta su gobierno hacia una marcada política pro británica que corresponde a los intereses inmediatos de los sectores dominantes de la economía argentina. Respondiendo a la crisis, los conservadores «restaurados» toman partido en la rivalidad económica anglo-norteamericana. Desde 1925, los Estados Unidos han suplantado al Reino Unido como primer proveedor de la República Argentina,[7] pero sin ofrecer más que un mediocre mercado para los productos argentinos. Es por eso que, desde 1927, los grandes ganaderos agrupados en la Sociedad Rural Argentina lanzaron el slogan comercial que decía: «Compremos a quien nos compre». La reciprocidad comercial es el fundamento de la política de Justo, que procura asegurar por todos los medios la venta de las carnes argentinas en el mercado británico.

Podría creerse que se trata de un acuerdo comercial políticamente neutro que no busca más que salvaguardar el interés nacional, pero no es así: el Pacto Roca-Runciman es un tema que provoca discusiones e inquietud, sobre todo en los medios militares. Su preámbulo señala una preocupación, e incluso un objetivo, que parece restringir el alcance del acuerdo: el gobierno del Reino Unido reconoce «plenamente la importancia de la carne vacuna enfriada (chilled beef) en la vida económica de la República Argentina».[8] De lo que se trata, por lo tanto, es esencialmente de favorecer el chilled beef, es decir los frigoríficos exportadores y los invernadores que producen para ellos. En su mayoría, los frigoríficos están en manos de sociedades inglesas o norteamericanas. Según los propios términos del tratado, el Reino Unido permite a las empresas argentinas una cuota de exportación de sólo el 15 %. Los invernadores representan un grupo de ganaderos privilegiados instalados en las mejores tierras, cuya actividad más comercial que pastoril requiere elevadas disponibilidades financieras y estrechas relaciones con la industria frigorífica extranjera. Este sector económicamente dominante tiende a coincidir socialmente con la élite establecida que se encuentra políticamente representada por la Concordancia de conservadores y antipersonalistas. Así, pues, el interés nacional parece confundirse con los intereses de una minoría nacional e incluso con las exigencias del pool de los frigoríficos anglonorteamericanos. No importa mucho saber si los negociadores argentinos no pudieron, no supieron o no quisieron dar un contenido diferente al convenio, ya que la Sociedad Rural lo aprobó. Los economistas Guido di Tella y Manuel Zymelman resumen así el alcance del acuerdo: «como la diversificación de la economía no contemplaba sus intereses (de los grandes estancieros), fueron así inducidos a adherir a un esquema económico que ya había perdido su eficacia en el país. Toda la economía argentina fue sacrificada para mantener el status de la clase dirigente».[9]

Semejante política de entrega hirió el orgullo nacional. Algunas manifestaciones de excesiva cortesía diplomática y los argumentos desarrollados públicamente por los negociadores argentinos en Londres para convencer a las autoridades británicas de dar a la República Argentina el mismo trato que a los dominios, impresionaron por su inquietante servilismo.[10] El elogio de la dependencia argentina para con Gran Bretaña no podía dejar indiferentes a los defensores, profesionales o no, de la soberanía nacional.

Además, de los discursos se pasa a los hechos. El gobierno argentino aplica al pie de la letra los compromisos asumidos. Los capitales británicos reciben pues un trato preferencial: en el terreno de los transportes urbanos, por ejemplo, los privilegios acordados son tan exorbitantes e inoportunos que provocan un clamor de indignación generalizado.

Los tranvías de Buenos Aires, cuya red había sido instalada en el siglo pasado, pertenecen a una compañía británica, la Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, que está perdiendo terreno ante la tremenda competencia del transporte automotor. Desde 1922-1923 la Compañía no invierte más y sigue perdiendo pasajeros en beneficio de los colectivos, que son más rápidos, menos caros y permiten un traslado más flexible. Contra esta competencia que juzga desleal, la compañía inglesa obtiene del gobierno y del Congreso un plan para la «coordinación del transporte» urbano y la concesión del monopolio de los transportes a la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Se autoriza a esta sociedad, cuyo accionista mayoritario es la compañía inglesa, a absorber todos los medios de transporte de la Capital Federal. Los propietarios de colectivos deben entregar obligatoriamente sus vehículos a la corporación a cambio de acciones. Esta expropiación forzosa, que hace caso omiso de la libre empresa tan cara a los conservadores, tiene como principal efecto frenar el desarrollo del transporte automotor y en consecuencia provoca un deterioro evidente en la calidad del servicio. Pocas medidas del gobierno del general Justo fueron tan impopulares.

La creación del Banco Central en 1935, a base de un proyecto británico presentado por sir Otto Niemeyer, tampoco fue aprobada unánimemente; aunque era de carácter más técnico y de una eficacia menos discutible. La institución, que demostró ser muy útil para regular la circulación monetaria y el crédito, fue ásperamente criticada en nombre de la defensa de la soberanía nacional.[11] Es verdad que el proyecto retiraba al gobierno el poder discrecional de emisión para confiarlo a una sociedad mixta donde se encontraban representados los Bancos extranjeros.

Gran Bretaña y sus intereses no son los únicos favorecidos por la política económica de Justo que intenta recuperar la pasada prosperidad restableciendo a toda costa la confianza de los inversores europeos. La Argentina, el único país de América Latina que nunca dejó de reembolsar su deuda externa,[12] se muestra muy complaciente con el capital extranjero. En 1936, en circunstancias particularmente escandalosas, se decide renovar los contratos de concesión de las empresas privadas de servicios eléctricos de Buenos Aires, poco tiempo después del resonante escándalo de la ampliación del puerto de Rosario. Ya se había olvidado que los radicales fueron derrocados en 1930 en nombre de la moral administrativa y de la austeridad cívica.

Es verdad que ahora, como bajo aquel régimen, las apariencias están a salvo: el Congreso da fuerza de ley a los proyectos gubernamentales más discutibles. Es una de «las mejores asambleas legislativas que ha conocido la República», escribe el socialista independiente Federico Pinedo,[13] muy sensible a las demandas de los ambientes de negocios. Todos los medios son buenos para reducir a silencio a una oposición parlamentaria muy minoritaria las exportaciones de carne y de los frigoríficos que Lisandro de las[*] exportaciones de carne y de los frigoríficos que Lisandro de la Torre suscitó el 23 de julio de 1935, se vio brutalmente interrumpido, en plena sesión de la Cámara Alta, por el asesinato del senador demócrata progresista de Santa Fe, Enzo Bordabehere. Es comprensible entonces que los mandatos de Justo y de su sucesor, que aseguran el «funcionamiento normal de las instituciones» mediante el fraude electoral y la violencia política, hayan merecido los calificativos más mordaces, tanto de parte de la extrema derecha nacionalista —«década infame»—,[14] como de la izquierda democrática —«período de fraude y de privilegio»—.[15] La política del general Justo respecto de un ejército al que mucho debe se inscribe en un marco de corrupción, de mercantilismo desenfrenado y de retorno a un cosmopolitismo económico sin límites.

La política militar del general Justo

El ejército es la niña mimada del régimen. El general Justo y sus colaboradores lo tratan con el mayor miramiento, pero también lo vigilan constantemente. El antiguo ministro de Alvear considera que debe restablecer con la mayor urgencia la disciplina que ha sido descuidada desde el 6 de septiembre de 1930. Justo, que permanece fiel a los principios de la logia antiyrigoyenista, quiere un ejército apolítico al servicio, esta vez, de las autoridades constitucionales y legales. Ante todo, necesita mucho tacto, ya que el cuerpo de oficiales se encuentra muy dividido. Depurar o favorecer abiertamente tal o cual sector no haría más que agravar el clima que se vive en las guarniciones sin restablecer el orden en las instituciones militares. Pero, si bien no quiere reestructurar los cuadros del ejército basándose en una sola opinión, desea reconciliar en su provecho a las diferentes corrientes internas. Exige que la disciplina se imponga con el mayor rigor, y que ninguna falta sea tolerada. Por lo demás, como Alvear, su predecesor y maestro, Justo pone todo su empeño en satisfacer a los militares en el terreno procesional. Un ejército numeroso, bien organizado, dotado con armamentos modernos e instalaciones confortables, cuando no prestigiosas, es a priori un ejército sin problemas, despolitizado y difícilmente conmovible. El general presidente, civil para los políticos y oficial superior para los militares, se esforzará en satisfacer las necesidades de las instituciones y de la sociedad militares en cuanto los años negros de la depresión hayan sido superados; podrá entonces exigir a cambio el profesionalismo más estricto.

No es sólo para restablecer la situación del sector militar del aparato estatal que las Fuerzas Armadas reciben mayor apoyo después de cuatro años de abandono. La coyuntura internacional impone una activa política de defensa nacional. El rearme no está a la orden del día únicamente en Europa y en Asia, donde a partir de 1933-1934 las «potencias» entran en el período de paz «armada», preludio de una guerra que algunos consideran inevitable. También América del Sur, donde la rivalidad económica entre las dos naciones tutelares, la antigua y la nueva, el Reino Unido y los Estados Unidos, se hace cada vez más encarnizada, es un foco de tensiones internacionales. Dos vecinos de la Argentina, Paraguay y Bolivia, tradicionalmente en la órbita de Buenos Aires, se disputan la zona fronteriza del Chaco. Las escaramuzas se suceden, y en 1932 se desatan sangrientas hostilidades. La activa diplomacia arbitral dará a la Argentina un premio Nobel de la Paz, concedido al ministro de Relaciones Exteriores, Saavedra Lamas, un sólido prestigio internacional y una intimidad no menos sólida con el Departamento de Estado norteamericano.[16] En semejante contexto, un ejército fuerte se convierte en una necesidad. Porque si bien la guerra del Chaco aleja a los militares de la política interna casi hasta el final del mandato del general Justo,[17] ella también acrecienta sus exigencias profesionales.

Así, pues, los efectivos del ejército son substancialmente aumentados. Por primera vez desde 1922, los ciudadanos incorporados anualmente superan al 0,22 % de la población del país. En 1937 se convoca a casi el doble de ciudadanos que en 1920: 34.553 conscriptos contra 17.743 (mientras tanto la población total ha pasado de 8,7 millones de habitantes a 12,7 millones).[18] Por razones de economía, desde 1928 no aumentaba la cantidad de 25.000 nuevos conscriptos por año. El súbito aumento de 1935 revela quizás que existía cierto desfasaje entre las demandas del Estado Mayor y las decisiones de las autoridades acerca de las finanzas. Pero también corresponde a la finalización del ciclo depresivo: desde 1934, los precios internacionales de los productos argentinos se vienen recuperando, y la maquinaria económica se ha vuelto a poner en marcha. Hacia la misma fecha, coincidiendo con el retorno a una relativa prosperidad, los gastos militares crecen abruptamente.

La nueva administración no rompe inmediatamente con la austeridad presupuestaria impuesta por el general Uriburu, salvo en lo que se refiere a las pensiones militares que suben rápidamente a partir de 1932. En 1935 los gastos de los dos ministerios castrenses vuelven a su nivel de 1930.[19] También hay que esperar hasta este año para que los gastos en armamento recuperen la magnitud que habían tenido antes de 1929.

El presupuesto de los Ministerios de Guerra y de Marina no es mas que un indicio entre otros de la actitud del poder ante las instituciones militares. Ya vimos con Yrigoyen cómo altos niveles de gasto pueden ir parejos con una profunda insatisfacción profesional. Los grandes cortes que se practicaron en los gastos destinados a la defensa nacional durante el gobierno provisional del general Uriburu no provocaron ningún malestar apreciable en las filas del ejército. Sería erróneo, pues, sobrestimar el aspecto cuantitativo de la cuestión. La clase militar tiene intereses de cuerpo más amplios. Aparte de las relaciones entre la orientación global de las políticas gubernamentales y la concepción estratégica del Estado Mayor, las iniciativas francamente cualitativas (o referidas a la clasificación de los gastos) pueden ser mejor apreciadas que los aumentos rutinarios de los gastos de operación. La moral del ejército depende de ellas. La sociedad militar no perdona que se la desatienda.

1928 | 42 | 1933 | 8,9
1929 | 16,7 | 1934 | 9,8
1930 | 27,9 | 1935 | 37,9
1931 | 11,7 | 1936 | 46,8
1932 | 8,9 |  |
Fuente: Ministerio de Hacienda, Ajuste de los resultados financieros de los ejercicios de 1928 a 1936, Bs. As., 1938.

Es por eso que la presidencia de Justo está jalonada por medidas apropiadas para asegurar el perfeccionamiento técnico de los cuadros, una mejor organización de las unidades y un entrenamiento completo de las tropas. En San Nicolás se inaugura la Escuela de Zapadores y Pontoneros y en El Palomar la Escuela de Aplicación de Aviación, que es una escuela de arma de aviación.[20] Estas dos escuelas completan el abanico de escuelas de armas (Escuelas de Caballería, de Infantería, de Artillería, de Comunicaciones), que habían sido creadas o reorganizadas a partir de 1924 por el futuro general Justo, por entonces ministro de Guerra.

Para que las Fuerzas Armadas argentinas estén a la altura de la evolución técnica mundial, el gobierno decide igualmente enviar a los mejores ingenieros navales y aeronáuticos a capacitarse en las academias o en las instituciones militares europeas. La multiplicación de maniobras permite juzgar en el terreno el grado de preparación alcanzado por las tropas. El Estado Mayor está particularmente interesado en que se realicen. Las primeras maniobras generales de la aviación se organizan en 1935 en la provincia de Entre Ríos. Durante los meses de octubre y noviembre de 1936, en la provincia de Córdoba se desarrollan maniobras terrestres de una importancia hasta el momento inusitada.

La creación o reestructuración de unidades y organismos administrativos traduce la preocupación constante por adaptar y perfeccionar las instituciones militares a las necesidades de la defensa nacional y a la evolución del arte de la guerra. Se crea la VI División, que abarca el sur del país, así como dos divisiones de caballería (la I y la II, con asiento en Buenos Aires y Entre Ríos). Dos nuevas direcciones generales (la de Institutos Militares y la de Material del Ejército) vienen a agregarse al organigrama del Ministerio de Guerra. El Cuartel Maestre General del Interior atiende todos los aspectos logísticos. El Consejo de Defensa Nacional se encarga de coordinar los esfuerzos tendientes a garantizar la defensa nacional. Así, pues, el gobierno no escatima esfuerzos para modernizar las estructuras de las Fuerzas Armadas y acrecentar su eficacia ante cualquier posible eventualidad.

Pero el signo distintivo de la política militar de Justo puede encontrarse en el capítulo de las construcciones militares. Ningún presidente ordenó la construcción de tantos edificios militares. El tamaño y el lujo de todos los que fueron comenzados o inaugurados durante su presidencia dan prueba del prestigio que pretendía conferir a las Fuerzas Armadas. Es un homenaje llamativo que no puede dejar de impresionar. En efecto, el general Justo quiere que su paso por la presidencia sea recordado. La mayoría de los edificios militares de alguna importancia que se utilizan actualmente como escuelas o ministerios datan de su mandato. Pero en la piedra y el cemento de las obras de este constructor de cuarteles también ha quedado inscripta la importancia del poder militar. Teniendo en cuenta todos los gastos, incluidas las inversiones en construcciones y las pensiones, en 1936 la Argentina dedicó más del 24 % del presupuesto nacional a la defensa.

Los nuevos y majestuosos locales del Colegio Militar se inauguraron en diciembre de 1936 en El Palomar. Según dice el balance de su periodo presidencial, el presidente «ha realizado una patriótica aspiración personal gestada durante su desempeño en el cargo de Director de este Instituto en San Martín».[21] Los trabajos para edificar el nuevo Ministerio de Guerra en la avenida Azopardo se inician en julio de 1937. A orillas del río y no lejos de la plaza de Mayo va a levantarse la masa imponente y ultramoderna de la nueva sede del Estado Mayor. Mirándolos en perspectiva, los quince pisos del «elefante blanco» parecen aplastar la modesta Casa Rosada que, en una simbólica vecindad, se encuentra situada a algunas cuadras de allí. En las cercanías, en el ángulo formado por la calle Bouchard y la avenida Madero, se alza una torre de catorce pisos que alberga los servicios del Ministerio de Marina. Podríamos continuar con la enumeración: la Escuela de Aviación de Córdoba, la Escuela de Artillería y el Hospital Militar de Campo de Mayo se edifican entre 1932 y 1938. La progresión de las construcciones militares da cuenta de una continuidad en el esfuerzo para renovar el patrimonio inmobiliario de las Fuerzas Armadas. Las construcciones militares costaron a la Argentina[22] 3,8 millones de pesos en 1932; 5,10 en 1933; 7,3 en 1934; 9,5 en 1935; 13,95 en 1936, y 26,99 en 1937.

El presidente contribuyó a hacer realidad los deseos de las autoridades del Círculo Militar: gracias a un primer subsidio oficial, el Círculo Militar podrá cambiar de sede social y comprar el lujoso Palacio Retiro de la plaza San Martín perteneciente a la familia Paz. El nuevo Círculo será inaugurado en 1939 debido a los trabajos de renovación y de transformación.[23] Justo, que se venía ocupando del problema desde 1922, es nombrado miembro permanente y benefactor por los servicios prestados a la institución. El dinamismo y la solicitud de la administración en materia militar tenían que ser forzosamente del agrado de los interesados.

El otro aspecto de la política implementada para controlar el ejército consiste en restablecer la situación imperante en el cuerpo de oficiales y en «despolitizarlo». La disciplina se había resentido mucho con la sacudida del 6 de septiembre. Los más firmes principios del ejército profesional quedaron quebrantados después de la campaña emprendida contra el presidente constitucional Yrigoyen. Algunos oficiales piensan que en lo sucesivo la obediencia a los poderes constituidos es condicional y que el ejército tiene a su cargo la defensa de la Constitución y su reforma o modificación si fuera necesario, como no dejó de afirmarlo Uriburu durante toda su breve presidencia.

La política ha penetrado realmente en el ejército. Los oficiales con mando debieron definirse dos veces respecto de un problema nacional y extraprofesional: primero, acerca del derrocamiento de Yrigoyen y la obediencia debida al gobierno revolucionario, y luego, referente a la actitud a adoptar ante los proyectos del general Uriburu. Hubo discusiones en el seno de la oficialidad. El ejército deliberó y se dividió en dos ocasiones. En la mayoría de estos hombres a quienes su formación profesional volvía indiferentes y hasta hostiles al universo de la política, se han cristalizado actitudes negativas. Han surgido líderes. Muchos oficiales desean sinceramente no verse mezclados en las embarazosas peripecias de la vida pública. A sus ojos, la intrusión en la política es un grave peligro para la defensa nacional: pérdida de disciplina, alteración de la verticalidad jerárquica, negligencia en la atención de las funciones específicas y, a más largo plazo, riesgo de disgregación de las instituciones militares. Pero los mismos que pretenden mantener al ejército apartado del ajetreo de los asuntos políticos y sin opinar al respecto, saben ahora, con mayor o menor claridad, cuál es el tipo de régimen o de gobierno que no quieren ni para su país ni para su ejército.

Las opiniones militares se canalizan en tres tendencias. Podemos decir, en grandes líneas, que a la división marcada por el binomio radical/antirradical se ha agregado el conflicto entre liberales y nacionalistas. Pero, de hecho, para la mentalidad militar, habituada por la práctica del mando a hacer hincapié en los valores individuales más que en las ideas, y a obedecer a hombres y jefes más que a doctrinas, los oponentes son los partidarios de Yrigoyen, de Uriburu y de Justo. No hay que creer, sin embargo, que los oficiales (y los suboficiales) se alistan detrás de estas tres banderas. El ejército no es una organización partidaria ni una asociación voluntaria, sino una burocracia moderna dotada de valores tradicionales (fidelidad, honor, sacrificio, subordinación personal, etc.) Por lo tanto, los frentes ideológicos presentan una gran fluidez, raramente están manifiestos, y sus contornos no pueden ser descubiertos más que a partir de escasos y precarios indicios. La parte sumergida del iceberg ideológico encierra muchas sorpresas, ya que sólo afloran a la vista de todo el mundo las actividades y los líderes. El abanico de la politización es amplio y está en función del grado, de las circunstancias, de los proyectos de movilidad o de carrera. Los oficiales son en su mayoría indiferentes, prudentes, seguidores o partidarios de esperar los acontecimientos; pero los núcleos de actividades desarrollan su influencia, particularmente entre los oficiales «anti» que reaccionan más de lo que actúan. Siempre existieron clientelas, muy indefinidas, según las promociones y al azar de las guarniciones y de los comandos. Desde 1930, dos hombres se dedicaron a formarlas y a encauzarlas: Uriburu y Justo. Y las camarillas de subordinados fieles y abnegados se convirtieron en clanes que se disputan el control del ejército.

Pero Justo, que sabe, desde el poder, cuán frágil es la institución militar, y cómo la disciplina estricta y la obediencia a las autoridades constitucionales juegan a su favor, no ve la necesidad de agravar las tensiones internas favoreciendo a sus partidarios. Las primeras promociones de oficiales superiores, suspendidas desde 1928,[24] se producen en julio de 1932. Aunque es difícil atribuir a cada uno una filiación ideológica precisa, entre los cuarenta nuevos coroneles es posible identificar, junto a los abiertos partidarios del presidente, a varios allegados al radicalismo y al uriburismo.[25] Fuera de todo sectarismo aparente, se busca un apaciguamiento.

Para restablecer «la principal fuerza de los ejércitos» y hacer recuperar la razón a los nostálgicos de la «causa» radical o del «nuevo orden» corporativista, Justo confió el Ministerio de Guerra a un oficial que poseía todas las cualidades de autoridad necesarias. El coronel, más tarde general de brigada, Manuel A. Rodríguez, ministro de Guerra desde el 20 de febrero de 1932 hasta el 23 de febrero de 1936, día de su muerte, había colaborado desde siempre con el presidente. Fue su secretario ayudante y luego su secretario general cuando éste era ministro de Alvear. Después del golpe de Estado de septiembre, Justo obtuvo, sin duda, que Uriburu nombrara a Rodríguez comandante de la II División con asiento en Campo de Mayo. En efecto, de acuerdo con el reglamento, Rodríguez, que sólo era coronel, no podía pretender semejante comando.

Delgado, frío, con una mirada imperiosa detrás de sus finos anteojos, este devoto de la disciplina, animado por una inquebrantable fe en la institución militar, aplica los reglamentos al pie de la letra y de manera implacable.[26] Cuando muere, se asiste a un verdadero «proceso» público de beatificación. El nuevo «santo de la espada», bautizado como «el hombre del deber»,[27] sigue siendo celebrado y venerado en los anales del ejército argentino. La muerte prematura del «eminente soldado» permite esta rentable operación ideológica: el culto del deber y de las virtudes disciplinarias impide las preguntas indiscretas de los oficiales respecto de una realidad política hecha de fraude, de corrupción y de privilegio. Mediante la exaltación de la obediencia, el general Rodríguez y su sucesor intentaron terminar con la disidencia militar que había surgido en los dos extremos del espectro ideológico.

En cuanto asume sus funciones, el primer ministro de Guerra del general Justo emprende una lucha en dos frentes. Con inflexible vigilancia, se dedica a desbaratar las tentativas facciosas, tanto de los decepcionados revolucionarios de septiembre como de los oficiales radicales. En un discurso pronunciado en el Colegio Militar el 22 de diciembre de 1932, el coronel Rodríguez pone en guardia a los jóvenes oficiales contra «los que buscan al ejército para que éste imponga la solución por la fuerza».[28] Si bien esta frase se aplica especialmente a los golpistas radicales, la fuerza con que «el hombre del deber» denuncia en la misma ocasión la acción solapada de los nacionalistas indica una jerarquía de peligros o la situación de las relaciones de fuerza ideológicas en el ejército y en su medio ambiente. «El otro adversario es más peligroso porque busca herir las cuerdas más sensibles de las almas juveniles, porqué estudia las debilidades humanas y las explota, porque infiltra en el ejército las seducciones del poder envueltas en el noble manto del patriotismo, porque crea el espejismo de los beneficios colectivos cuando no existe sino el mezquino beneficio personal…».[29] Así, pues, los partidarios de Uriburu y los admiradores de los regímenes autoritarios comienzan a actuar realizando una activa propaganda dirigida a los jóvenes oficiales.

No obstante, el trabajo de captar conciencias, llevado a cabo por los nacionalistas, no da sus frutos de inmediato. Hasta 1935, el peligro se encuentra a la izquierda. La Unión Cívica Radical, víctima de la proscripción, recobra sus reflejos insurreccionales. La restauración de las estructuras políticas del antiguo régimen hace despertar al golpismo radical de antes de 1916. La dirección del ejército y los servicios de seguridad están en una alerta constante. Circulan rumores de pronunciamientos y se descubren conjuras, pero también estallan complots o se los hace abortar con el mayor rigor.

El 28 de junio de 1932, el teniente coronel Regino P. Lascano, amigo personal del Dr. Yrigoyen y ex revolucionario del año 1905,[30] es asesinado por la policía en la pieza de un hotel de Curuzú Cuatiá. Según el comunicado del gobierno, este oficial radical «preparaba un movimiento subversivo». Se habrían encontrado en su poder, entre otros documentos comprometedores, una lista de los oficiales y suboficiales del 9.º Regimiento de Caballería que incluía las simpatías políticas de cada uno de ellos,[31] el borrador de un manifiesto dirigido a los suboficiales y un memorándum titulado: Instrucciones para la organización de la fuerza revolucionaria cívica radical. Este documento, cuya existencia reconoce el teniente coronel Atillo Cattáneo, jefe del proyectado levantamiento radical,[32] habría contenido un minucioso plan de acción para derrocar el gobierno del general Justo. Varios sargentos y cabos que habían mantenido contactos con el teniente coronel Lascano son detenidos. Sin embargo, el Ministerio de Guerra declara que ningún oficial se encuentra implicado en este asunto cuyos instigadores no pertenecen al ejército.

Los servicios de seguridad del Ministerio de Guerra conocen a los oficiales simpatizantes del partido de Yrigoyen. Se los vigila muy de cerca. Para impedir que en las unidades se formen núcleos rebeldes propensos a la acción, se utilizan todas las medidas reglamentarias posibles, tales como traslados, ascensos o destinos sin responsabilidades ni mando de tropa. El sistema demuestra ser eficaz. El complot del teniente coronel Roberto Bosch culmina el 29 de diciembre de 1933 en una sublevación esencialmente civil.[33] Es la clásica pueblada radical. Grupos armados dirigidos por oficiales de la reserva atacan puestos de policía de Rosario y de Santa Fe. Ninguna unidad del ejército se mueve. Se declara nuevamente el estado de sitio en todo el país. Se desata una redada contra los jefes nacionales y los responsables locales del radicalismo, quienes se desolidarizan sin embargo del movimiento sedicioso. Según dice un testigo, habrían sido apresados más de tres mil radicales.[34]

La «dictablanda» del general Justo dificulta la vida de los conspiradores y hasta de los simples opositores activos. En cambio, prevalece cierta moderación para con los militares respetuosos, aunque sean allegados del radicalismo. El 6 de julio de 1932, durante el banquete de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente del Centro Naval, vicealmirante Irizar, elogia a San Martín que «jamás quiso poner su potestad militar al servicio de las facciones políticas». Hace notar que la presencia de los oficiales en ese acto no es una demostración de «militarismo» ni la expresión de una censurable «servidumbre pretoriana». El presidente Justo le responde que, a pesar de los «incidentes» provocados por la UCR debe reinar la mayor serenidad en las instituciones militares, y que los criterios profesionales deben permanecer intangibles. Se trata de mantener al ejército alejado de los asuntos públicos, procurando en particular no introducir consideraciones políticas en la gestión de las carreras. No será el Estado el que hará entrar la política en los cuarteles. Pero el general Justo, conocedor de los militares y con mucha experiencia política, sabe muy bien que para «liberarse» de los radicales tendría que convertirse en un prisionero de los nacionalistas y de los partidarios de Uriburu.

Sería difícil controlar un ejército estrictamente profesional si se eliminase su ala izquierda. Los clanes o grupos «democráticos» o francamente yrigoyenistas son el contrapeso de los sectores antiliberales que se fortalecen a partir de 1933-1934. El general Justo, heredero de septiembre, no importuna a la Legión Cívica: de esa manera mantiene cierto equilibrio entre sus adversarios. Podemos admirar la habilidad puesta de manifiesto por el general presidente para preservar el delicado equilibrio de unas Fuerzas Armadas ideológicamente divididas. Pero la medalla tiene su revés. La habilidad también es concesión. Absteniéndose de enfrentar a sus adversarios militares, Justo reconoce el poder autónomo de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera la inflexibilidad del general Rodríguez puede cambiar las cosas. Así lo demuestran las peripecias de la oposición militar al «gobierno hermafrodita del general Justo».[35]

La oposición armada

Los aventurados pronunciamientos de un puñado de jóvenes oficiales idealistas atraídos por la «causa» popular o el descontento de algunos discípulos de Lugones no ponen en tela de juicio a las instituciones. La nostalgia de los oficiales de mayor rango por antiguos fervores es fácilmente neutralizable. Pero no ocurre lo mismo cuando las críticas provienen de los comandos de las divisiones y hasta del alto mando, y cuando se basan no en el pasado sino en un presente cuyos defectos son demasiado evidentes.

Los oficiales con rango de generales, que están menos replegados en la institución militar que aquellos con un rango inferior y que a menudo mantienen relaciones continuas con los medios civiles, no pueden dejar de interrogarse acerca de la política económica del gobierno o de sus métodos electorales. El fraude, que se ha hecho una institución, contradice las virtudes militares exaltadas por la retórica moralizara que se estila en el ejército argentino, y no coincide con la noble imagen que los oficiales tienen en sí mismos.

Para colmo, por sus funciones legales en el proceso electoral, el ejército parece asumir la responsabilidad de legitimar la alteración desvergonzada de los escrutinios, que se califica como fraude patriótico en algunos medios oficiales. Es verdad que los oficiales de mayor rango están generalmente tan bien integrados al sistema de poder y a la élite establecida que su desaprobación o sus desacuerdos quedan en privado o no se manifiestan. Sin embargo, el impacto provocado por el golpe septembrino despertó la conciencia política de muchos oficiales y a veces sus ambiciones personales. A partir de entonces, el descontento de los generales pasa a ser un dato permanente de la vida política argentina.

Desde luego, las posibilidades que tienen los defensores de la Constitución y la extrema derecha autoritaria no son las mismas; pero, de todas maneras, merece señalarse cómo repercute la toma de partido político del general Ramón Molina a favor de un retorno a la democracia. Molina es muy respetado y goza de gran prestigio dentro del ejército, particularmente en el arma de artillería. Oficial de estilo prusiano, incorporado al ejército alemán en 1911 y al ejército búlgaro en 1912 durante las guerras balcánicas, admira las instituciones militares germánicas. Profesor de la Escuela Superior de Guerra e inspector de artillería, su desempeño fue de considerable importancia para la modernización de esta arma y tuvo una destacada actuación en el Estado Mayor.

En 1930 Molina se ausenta de la Argentina, cuando lo nombran agregado militar en Madrid, pero al regresar se declara hostil al golpe de Estado: «Experimenté a mi regreso, en mis sentimientos de soldado de corazón, escribe en 1935,[36] honda congoja por los sedimentos de resentimiento que aquellos hechos dejaron en gran parte del pueblo argentino contra su ejército». Es un profesional, por lo que se lo puede considerar allegado a Justo. El elogio de la presidencia de Alvear (publicado en La Nación del 31 de julio de 1935), basado en argumentos estrictamente profesionales, repercute sobre el ministro de Guerra de Don Marcelo. Además, en 1936, asciende a general de división.[37] En lo sucesivo, las declaraciones públicas del general Ramón Molina desbordan los límites corporativos. Las palabras pronunciadas por el presidente Roosevelt el 19 de diciembre de 1936 al dejar inaugurada la Conferencia Interamericana Extraordinaria de Buenos Aires, le abren los ojos. Es al menos lo que él sugiere. No son ajenas, en todo caso, a la relación que establece entre libertades políticas y defensa nacional. En efecto, el presidente de los Estados Unidos había, exaltado «la forma democrática del gobierno representativo»[38] y la importancia de la libertad para disminuir las tentaciones belicosas. Estas ideas se vuelven a encontrar en los escritos del general Molina que cita repetidas veces al presidente del New Deal.

«El ejercicio de la soberanía popular» y «elecciones libres y honestas» son, según el general argentino, el único remedio existente para los males que sufre el país.[39] Militar en actividad, recientemente ascendido por un presidente y un ministro «moderados», Molina reclama sin embargo una legislación social avanzada y reformas económicas que incluyen principalmente la nacionalización de los servicios públicos. Escribe que sólo puede lograrse la seguridad del Estado desterrando «la tiranía, la miseria y la ignorancia», para lo cual es conveniente que la mentalidad democrática penetre en las Fuerzas Armadas.

Estas resonantes declaraciones tienen un eco inesperado entre los estudiantes de la Federación Universitaria Argentina, cuyos dirigentes se ubican en la extrema izquierda del espectro político argentino. Una delegación de la FUA visita al general demócrata para manifestarle su adhesión y apoyar su acción. Frente a tan insólito auditorio, el general Molina eleva su voz contra el «criterio extraviado, gravemente pernicioso, que se pretende poner en boga, por el que se hace la apología de la fuerza como el mejor remedio para el manejo de los pueblos».[40] Revela asimismo que después de haber tomado partido por la democracia ha recibido «por centenares cartas de camaradas del Ejército» expresándole su satisfacción.

Esto es demasiado para el presidente Justo que, al acercarse las elecciones, no aprecia la actitud del antiguo jefe de Estado Mayor. Un general de división que preconiza elecciones libres y honestas, y que goza de mucho prestigio en el ejército y de cierta popularidad en los ambientes civiles, podría representar un peligroso obstáculo para los planes políticos del presidente. El ministro de Guerra le hace cumplir durante dos meses el arresto de rigor. Por consiguiente, el general Ramón Molina se retira del servicio activo en julio de 1937. Con tal motivo, se organiza un mitin el 28 de julio. Varios miles de personas participan en esta manifestación netamente antigubernamental; oradores tan diferentes como el líder socialista Alfredo Palacios, el antiguo presidente Alvear y Manuel Carlés toman la palabra para rendir su homenaje al «general republicano» y rechazar las acusaciones de «comunismo» que se le han hecho «insidiosamente» a este patriota y a este demócrata.[41]

Como general retirado, Molina prosigue con la misma determinación su campaña en pro de elecciones libres y honestas. Se dirige a sus camaradas de armas para decirles que «imposible resulta para un componente de las Fuerzas Armadas suponer la existencia del fraude». Llega incluso hasta apelar al honor militar del presidente para exigir la «legalidad» electoral. Le advierte que si, tal como se dice, abriga la intención de «darse un sucesor», entonces abriría las puertas al «despotismo y la anarquía».[42] El general Molina, oficial legalista que había luchado en 1905 contra la revolución radical, adhiere en 1939 al partido del Dr. Alvear.

El general Justo actuó con firmeza pero con moderación contra un hombre que podía llegar a ser un rival político peligroso. Sucede que la situación es delicada. En enero de 1935, la Unión Cívica Radical decidía, impulsada por su ala moderada, encabezada por Alvear y Pueyrredón, poner término a su política de abstención electoral. El presidente no puede castigar rigurosamente a un militar que profesa las mismas ideas liberales que él invocó contra Uriburu y sus partidarios. En efecto, la sinuosa política de Justo se inserta entre dos escollos: por un lado, la práctica que lo acerca a los sectores autoritarios antiliberales, y por el otro los principios de legitimidad, la retórica parlamentaria y democrática que fundamentan su poder. «El general Justo… se había internado en el camino largo de una política de círculo… alternando sonrisas, halagos, engaños y violencias, siempre sobre aviso y siempre dispuesto a contener de cualquier manera, con maniobras hábiles y astutas, si era posible, o con la fuerza cuando aquéllas fracasaban, la avalancha popular que manifiestamente no transitaba por las rutas del gobierno».[43]

Los radicales alvearistas creen que el general Justo se verá forzado a recurrir a ellos por no contar con un apoyo político organizado. Sería el fin de su reinado, evidentemente. Es tal vez para mantener esa ilusión que el presidente nombra como ministro de Guerra, cuando muere el general Rodríguez, a un oficial a quien «la clase política» atribuye simpatías radicales. Se trata del general Basilio B. Pertiné, que no está considerado como un incondicional del clan presidencial aunque haya ascendido a general durante el ministerio del general Justo y haya sido nombrado en 1933 en el puesto honorífico y enviado de presidente de la Comisión que se dedicaba a la compra de armamentos en el extranjero. Su germanofilia parece ser la garantía de su legalismo. Pertiné, ex alumno de la Escuela de Tiro de Spandau integrado al 81.º Regimiento de Infantería de Francfort, siguió todas las operaciones de la Gran Guerra desde el cuartel general del ejército alemán en su calidad de agregado militar, puesto que ocupó desde 1910 hasta 1918.

La situación política del gobierno del general Justo se vuelve crítica a partir de 1935, mientras que la coyuntura económica mejora. El retorno a la lucha electoral del partido de Yrigoyen, bajo la égida de los sectores moderados y «conciliadores», va acompañado por un crecimiento de su ala izquierda. Paralelamente se multiplican los partidarios de las ideologías reaccionarias y de las tendencias antidemocráticas, tanto en los medios civiles como militares. Los hombres que detentan el poder realizan sus maniobras al borde del abismo. Contra el dinamismo renaciente de la UCR, el gobierno adopta las armas de la extrema derecha nacionalista que lo combate. En consecuencia, su posición no es de lo más confortable.

En el seno del partido radical, las generaciones jóvenes, fieles al espíritu progresista y universal (o al menos continental) de la Reforma Universitaria de 1918, intentan restablecer la intransigencia y el hálito revolucionario del movimiento popular. Se organizan distintas tendencias con miras a una renovación radical opuestas a la dirección alvearista que, fascinada por el poder, sirve a los propósitos del régimen y se enreda en sus compromisos. Uno de esos renovadores, Amadeo Sabattini, es elegido gobernador de Córdoba en 1935, a base de un avanzado programa de reformas sociales.[44] Núcleos de jóvenes radicales intransigentes hacen su aparición en 1936 en Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe. La UCR, que parecía haber caído en un letargo desde la muerte de su fundador ocurrida en 1933, demuestra otra vez ser capaz de atraer nuevas fuerzas.

Tanto la coyuntura internacional como la situación interna favorecen este resurgimiento. El partido derrocado en septiembre por la reacción oligárquica y los «intereses petroleros» encarna el antifascismo y el antiimperialismo. Los «mártires» caídos mientras defendían la esperanza democrática sirven a la «causa». El ala izquierda de la UCR y los intelectuales radicales mantienen buenas relaciones con los partidos «obreros» que la represión ha acercado a las agrupaciones «burguesas». Un diputado radical preside el Comité para la Amnistía de los Presos y Exiliados Políticos. La Liga de los Derechos del Hombre y el Comité por la Paz en América reciben el apoyo de los radicales más progresistas, donde militan junto a los comunistas, a los demócratas progresistas de Lisandro de la Torre, a los sindicalistas de la CGT y a los estudiantes de la FUA.

Estos múltiples contactos y continuos compromisos con la izquierda preocupan al gobierno. Como los frentes populares están de moda, teme que, además del fortalecimiento de la UCR, se produzca la formación de una alianza antifascista unitaria en torno del partido radical. El 1.º de mayo de 1936, una gran manifestación de masas, organizada por la Confederación General del Trabajo, reúne a todos los partidos democráticos y de izquierda en contra de los herederos del «golpe de Estado fascista del 6 de septiembre». Inspirándose en el Frente Popular de Francia, que está a punto de asumir el poder, y en el de España, que acaba de ganar las elecciones en febrero, la Argentina parece encaminarse hacia un reordenamiento político capital, a pesar de la debilidad de sus partidos obreros.

Los conservadores no ignoran la amplitud del peligro. Habían podido ver en Córdoba, en 1935, que el fraude es difícilmente utilizable contra un movimiento vigoroso y rico en militantes jóvenes y decididos. Quizás haya llegado el momento para ellos de inspirarse en el espíritu si no en la letra del testamento de Uriburu. El 19 de junio de 1935, algunos amigos del presidente Justo presentan a la Cámara de Diputados un proyecto de revisión de la ley electoral que suprime la representación de las minorías en las elecciones del colegio presidencial y de senadores. Según sus autores, la nueva organización electoral está encaminada a reducir a dos el número de partidos argentinos; se trata en realidad de impedir que el «partido mayoritario» pueda alcanzar el poder, gracias al desequilibrio demográfico existente entre las provincias del Litoral y el resto del país. Esta legalización del fraude, verdadero «asesinato de la ley Sáenz Peña», de acuerdo con las palabras de Lisandro de la Torre que condena enérgicamente el proyecto durante su debate en el Senado, no deja a la oposición otro camino que la revolución. El líder del Partido Demócrata Progresista lanza una solemne advertencia al gobierno: «El día en que suene el primer tiro, provocado por medidas como las que esta ley incuba, el pueblo y el ejército unidos a la sombra de la bandera nacional defenderán las instituciones libres».[45]

El 1.º de junio de 1936 se da a conocer el «manifiesto de las derechas» contra el virtual frente popular, titulado: «Por un Frente Nacional».[46] Redactado por el ex socialista independiente Federico Pinedo, convertido en ministro de Hacienda de Justo en 1933, preconiza una «reforma de la legislación electoral» y la unión sagrada de todas las fuerzas nacionales contra «las montoneras ensoberbecidas ávidas de repartirse el botín». Esta apertura hacia la extrema derecha nacionalista está llena de afirmaciones contradictorias sobre el origen popular del gobierno y el rechazo del veredicto del sufragio universal. Volvemos a encontrar la distinción, propia del antiguo régimen, entre razón popular y voluntad popular, entre la democracia ilustrada de la élite y los apetitos desenfrenados de las masas, entre la cultura de la oligarquía y la incultura de la plebe. Es la teoría misma del «fraude patriótico».

«Sería querer bien poco a la democracia, sería faltar en absoluto al respeto debido a esa soberanía del pueblo argentino en el suelo argentino admitir que por la voluntad perturbada de una parte del pueblo pudiera la Nación negarse a sí misma, abdicar de su soberanía o renunciar a su destino… Estamos bien lejos de reclamar para nosotros el derecho a una tutela que nadie nos ha discernido, pero afirmamos que la Nación, como entidad indestructible tiene derecho inalienable a conservar su individualidad de país civilizado, ordenado, culto, dueño de un acervo moral o histórico tan cuantioso como sus inmensas riquezas morales… no hay razón para que las masas ciegas pongan todo esto en peligro…» a través del «ejercicio inconsciente del sufragio universal por masas populares ignorantes, perturbadas por una prédica insensata…».

El editorial de La Nación del 1.º de junio señala que el manifiesto no contribuye a la pacificación anunciada por el general Justo, sino que más bien anuncia nuevas proscripciones. Es en este clima que debe ubicarse el proyecto de ley sobre la represión del comunismo discutido en el Senado en diciembre de 1936. Durante los debates, Lisandro de la Torre refutó los argumentos de la mayoría parlamentaria con su habitual vehemencia. Denunció el proyecto como una maquinación destinada a eliminar el «Frente Popular contra el fraude» que intentaban organizar los partidos democráticos y de izquierda. Su interpretación parece tener fundamentos. El proyecto, que databa de 1932 y nunca había sido considerado por la Comisión de Leyes del Senado, es exhumado a fines de 1936 para ser incluido en una sesión extraordinaria. Esta iniciativa circunstancial muestra el endurecimiento del régimen y significa un acercamiento a los nacionalistas puros y duros cuyo enemigo número uno es «la delincuencia roja».[47] En 1932, en efecto, los admiradores del general Uriburu habían organizado en vano una intensa campaña para lograr que se ratificara la ley de represión del comunismo. Una petición al respecto habría reunido más de 200.000 firmas.[48] El 20 de agosto de 1932 se realizó incluso una manifestación frente al Congreso.

Con todo, los nacionalistas y los partidarios de la reacción antiliberal, no tomaron la mano extendida del general Justo. El acercamiento de su jurado enemigo no les interesaba. Algunos lo hicieron saber públicamente. El 4 de junio de 1936 se publica en el diario un comunicado, firmado por Roberto de Laferrere, titulado «El Nacionalismo Argentino al pueblo de la Nación». Desmiente «la noticia de una imprevista alianza que habrían trazado las fuerzas del Nacionalismo con elementos políticos allegados al general Justo». Según este texto, el frente nacional del manifiesto de las derechas sólo es una nueva expresión del Frente único de 1931 y de la Concordancia de 1932. Los nacionalistas no tienen nada que ver con él. Laferrere afirma que el manifiesto en cuestión sólo busca obtener el apoyo del ejército. Dice el comunicado que «es legítimo aplicar las fuerzas armadas a una empresa heroica de salvación del país. Ese es el ejemplo que nos dio el Teniente General Uriburu. No lo es, subordinarlas al servicio de una bandería política agitando el fantasma de otra bandería más poderosa». Los nacionalistas sobrestiman sin duda su ascendencia sobre el ejército. Es verdad que ella se encuentra en plena expansión. Es por eso que se sienten lo suficientemente fuertes como para despreciar los pasos del restaurador de los partidos políticos que, según dicen ellos, vende el país al mejor postor.

Nacimiento de un militarismo

En efecto, una irresistible ola mundial parece arrastrar a los adeptos de ideologías reaccionarias y contrarrevolucionarias. La eclosión de gobiernos autoritarios, tradicionalistas por lo general, pero que adoptan varios de los rasgos propios de la Italia mussoliniana, atestiguan «la universalidad del fascismo» entre los años 1933 y 1935. «La revolución fascista se ha convertido en la consigna y en la esperanza del mundo», declara Mussolini, «jefe del nuevo orden». El congreso de Montreux, en diciembre de 1934, y luego el de París, en junio de 1935, sientan las bases de una Internacional negra: el Comité de Acción para la universalidad de Roma. La proyección dé este «renacimiento latino», supuestamente ejemplar, halaga a muchos argentinos de recientes raíces itálicas y de frágiles convicciones democráticas.

La llegada al poder de los nazis en 1933, el éxito de las políticas de fuerza en Etiopía y Renania en 1936, el alzamiento franquista en España y la firma del pacto anti-Komintern el 25 de noviembre de 1936 son otros tantos hechos que fortalecen a los partidarios de un poder autoritario y antidemocrático. La historia parece ir por fin en el sentido de sus convicciones.

La extrema derecha «nacionalista» ya no se encuentra aislada, incluso en el interior del país. La renovación católica de los años treinta se efectúa en la Argentina bajo la advocación de la derecha autoritaria y antiliberal. La «reacción espiritualista» adquiere una dimensión política que se nutre en el pensamiento tradicionalista europeo, nucleándose en torno a la influyente revista Criterio de la Acción Católica fundada en 1928 y a los cursos de cultura católica organizados en 1932 para servir como centro de formación de los miembros de las asociaciones de propaganda laicas. Contra el «peligro comunista» y la impotencia de las democracias para detener la lucha de clases, los intelectuales y militantes católicos se fijan como objetivo la instauración de un «orden cristiano».[49] La restauración de las jerarquías naturales como corolario de una revolución nacional les parece la panacea contra la perversión de la democracia y del liberalismo que corrompen a las masas.

El clima ideológico del catolicismo argentino se hace particularmente sensible durante el XXXII.° Congreso Eucarístico Internacional que se desarrolla en Buenos Aires en octubre de 1934. El presidenta Justo, que no es creyente y que es seguramente francmasón, pero que tiene conciencia del interés político del evento, dio su apoyo oficial a los organizadores. Se aprovecha la ocasión para realizar imponentes manifestaciones masivas que no ocultan un innegable aire triunfal. Vientos de cruzada soplan sobre Buenos Aires. Congreso fascistizante, dicen algunos; y en efecto, para la mayoría de los participantes la política se reduce en lo sucesivo a la alternativa Roma o Moscú.

Algunos miembros de la Acción Católica crean en 1935 un movimiento político-religioso bautizado Restauración, cuyo himno que es muy evocador comienza con estas palabras: «Con la cruz convertida en espada, restauraremos la fe nacional».[50]

Las ideas de los cruzados del «nacionalcatolicismo» confluyen, pues, con el fervor político de los liguistas y de los «legionarios» uriburistas. La acción de los partidarios civiles y militares de un autoritarismo de derecha encuentra un eco favorable en los medios católicos argentinos. La crisis del sistema económico mundial, con la cual parece estar relacionado el crepúsculo de las democracias, facilita la confluencia. Para los sectarios del nuevo orden, es decir de una «sociedad de órdenes», la caída del mundo liberal de los intercambios internacionales trae irremediablemente aparejada la decadencia del liberalismo político. El restablecimiento del sistema de partidos en 1932 no es más que un paréntesis. Es por eso que los adversarios nacionalistas de Justo, más resueltos y más numerosos que bajo Uriburu, someten los cuadros del ejército a una propaganda intensa y redoblada. Tratan de utilizar la desazón de muchos oficiales ante el fraude electoral y sobre todo el patriotismo profesional de los militares. La complacencia del gobierno hacia Gran Bretaña es fácilmente explotable. Las concesiones acordadas al Reino Unido por el Pacto Roca-Runciman hieren el orgullo nacional y las antiguas tendencias corporativas de los oficiales. El nacionalismo político de la derecha antiliberal busca su apoyo en el nacionalismo económico del ejército.

En efecto, los problemas planteados por la industrialización acercan ciertos medios militares a antiguos colaboradores del gobierno de Uriburu que quieren una política de afirmación nacional y de poderío económico. El problema de los armamentos y de la independencia en materia de equipamiento se ha convertido para el ejército en un tema de preocupación inmediata. Entre 1932 y 1938, la guerra ya no es una hipótesis académica, sino que se convierte en una perspectiva cercana. La guerra del Chaco en la frontera argentina, la ocupación de Manchuria por el Japón y luego la guerra chinojaponesa, la crisis de Etiopía y la remilitarización de Renania, la guerra civil española, el Anschluss y la conferencia de Munich, anuncian la tormenta. La autonomía militar del país se inscribe entonces en un contexto acuciante.

Los expertos militares se interrogan sobre los planes de movilización industrial concebidos por el Estado Mayor y particularmente por el coronel Manuel N. Savio, director de la Escuela Superior Técnica.[51] Sus conclusiones son pesimistas: no es posible contar con suficientes stocks de armas y municiones como para sostener una guerra, aun relativamente breve.[52] El país debe entonces bastarse a sí mismo, porque puede verse obligado además a soportar un bloqueo marítimo, obsesión de los responsables del ejército. La Argentina debe crear fábricas de armamentos[53] y las industrias básicas necesarias para su funcionamiento.[54] Los recursos mineros argentinos no son tan escasos como se ha dicho. «No es la falta de capacidad, sino la de estímulo, lo que frena, por así decirlo, el paso decisivo» que permitiría la industrialización integrada del país, escribe un ingeniero militar en 1937. Algunos militares piensan que el Estado debe tomar la iniciativa creando barreras aduaneras eficaces y empresas estatales o mixtas que permitirán alcanzar el fin deseado.[55]

A veces estos militares van todavía más lejos. Pretenden para la Argentina un futuro de gran potencia y preconizan una autarquía industrial condicionante de toda la política económica y hasta de las relaciones internacionales del país.[56] Pero el tema es motivo de debates en el seno de la sociedad militar. Algunos, poco numerosos en verdad, consideran que la Argentina no puede autoabastecerse en materia industrial.[57] Los que dudan del futuro industrial del país, como el coronel Carlos A. Gómez, comparten con los grupos dirigentes una fe inalterable en la vocación agropastoril de la Argentina.[58] Los resultados poco convincentes de la Fábrica Militar de Aviones, la longitud de las costas que permite descartar el peligro de un bloqueo total, la escasa probabilidad de que una coalición agrupe a todos los países vecinos, tales son los argumentos que utilizan los oficiales librecambistas contra los nacionalistas. No obstante, los militares son en su mayoría «industrialistas».

La intensa campaña lanzada por la Unión Industrial Argentina en mayo de 1933[59] en favor del proteccionismo y de la industria nacional viene a respaldar el esfuerzo realizado por los nacionalistas para convencer al ejército. Entre los dirigentes de la UIA más empeñados en la lucha se encuentran uriburistas como Alejandro Bunge. Además, los argumentos utilizados por Luis Colombo, presidente de la confederación patronal, son justamente los que pueden impresionar a los militares: hace hincapié en la solidaridad existente entre capital y trabajo, en la vulnerabilidad de un país agrícola, en el desempleo que indudablemente producirían las concesiones aduaneras. Finalmente, los partidarios de los Estados autoritarios pueden regocijarse al ver que la UIA toma constantemente como ejemplo a la Italia fascista.

Es un conjunto de factores, pues, el que favorece la penetración de la ideología autoritaria en el ejército. Es normal que los ataques de los nacionalistas contra el imperialismo y la colonización británica hagan efecto en oficiales formados a la prusiana y en la admiración a Alemania. Sobre todo si se tiene en cuenta que se percibe el tratado de 1933 como una humillante concesión a intereses extranjeros que traban la industrialización del país.

El prestigio de Alemania es probablemente un arma decisiva en esta conquista del ejército. Hitler tomó el poder en 1933. La simpatía y la gratitud de los antiguos becarios de Francfort o Stuttgart, de los antiguos alumnos de la Kriegsakademie, se vuelcan entonces de la Alemania de los Junkers al Reich nazi. Durante la República de Weimar, pluralista, dividida y débil, la adhesión del cuerpo de oficiales al modelo del Offizier Korps no tenía consecuencias políticas directas. No puede suceder lo mismo bajo el Estado totalitario de Adolfo Hitler. Los diplomáticos y los militares nazis, dedicados a preparar la guerra, saben que pueden sacar mucho provecho de estas relaciones privilegiadas. Con la llegada al poder de los nazis, Alemania eleva los efectivos de su misión militar en Buenos Aires a seis hombres; y cuando la guerra estalla, casi veinte oficiales argentinos se encuentran efectuando cursillos de capacitación del otro lado del Rin.[60]

En mayo de 1936, un grupo de oficiales superiores ofrece un banquete en el Jockey Club en honor del embajador del III Reich, Edmundo von Therman, que había sido solemnemente recibido en Buenos Aires en 1933 por el ex ministro nacionalista de Uriburu, Matías Sánchez Sorondo.[61] A los postres del banquete, en el que participa el general Pertiné, ministro de Guerra, el general Rodolfo Martínez Pita declara, para expresar «el agradecimiento de sus camaradas»: «Los oficiales superiores aquí presentes, jóvenes oficiales de otros tiempos, no han olvidado ni pueden olvidar todo el bagaje cultural y técnico que recibieron de la diligente y generosa cooperación del glorioso ejército imperial; como tampoco olvidará, a su vez, y de ello, estoy seguro, la nueva pléyade de oficiales argentinos que se inicia en el trato directo y de relación profesional con el vuestro».[62]

Así, pues, para muchos oficiales argentinos la admiración por el drill prusiano se extenderá a la Wehrmacht. Serán numerosos los que, a partir de 1939, seguirán don fervor las «hazañas» del gran ejército alemán conducido por Adolfo Hitler.

Pero el ejército también encuentra en sí mismo razones para apartarse de sus funciones especificas. Sus responsabilidades civiles se acrecientan a medida que se profundiza la crisis económica y social.[63] Después de la ruptura de septiembre, las Fuerzas Armadas toman conciencia de su poder y de su ubicación en la sociedad argentina al tener que enfrentarse con un incremento de sus funciones extramilitares. Los conservadores ponen en relieve este hecho. Es por eso que, ante la desmoralización que provocan la acentuación de los contrastes sociales y el fraude desvergonzado, los militares, «puritanos del honor» al «servicio de sus compatriotas», experimentan un intenso sentimiento de superioridad sobre los medios civiles. La hipertrofia del sentido del honor y del deber que surge de algunos artículos de la Revista Militar va mucho más allá del simple ejercicio de la retórica profesional:

«¿Qué es lo que significa el oficial argentino dentro de nuestro medio social? —se pregunta el mayor Jacinto Hernández—. Es un hombre que, como el fraile y, vocacionalmente, se ha entregado a servir un ideal, el más puro ideal, consubstanciado con Dios… Ajenos estos militares a las pasiones que enceguecen y no poseídos de otro afán que el servir a sus compatriotas, son algo así como el agua regia que disuelve las impurezas de los medios en que actúan, no dejando al retirarse, sino ambientes de tranquilidad y ejemplos de funcionarios de austera corrección».[64]

Las repetidas invocaciones de los nacionalistas a las Fuerzas Armadas contribuyen a convencer a los oficiales argentinos, que reflexionan sobre su acción civil y que juzgan con una moral severa y estrecha a sus compatriotas, de que tienen responsabilidades especiales hacia la nación. Por otra parte, las exhortaciones militaristas no siempre son directas. Cuando Manuel Gálvez publica en 1933 una serie de artículos resonantes, en los cuales exalta el patriotismo, el «sentido heroico de la vida», la jerarquía y la disciplina[65] que, según él, la Argentina necesita con urgencia, no se refiere directamente al ejército. Pero, desde luego, numerosos oficiales concluyen que su institución es la más indicada para responder a las exigencias de renovación nacional deseada por el escritor. Otros publicistas ajenos a las instituciones militares expresan más directamente lo urgente que es dar al ejército un rol tutelar, ya que «el mundo ha estado en camino de perder la noción de jerarquía, condición indispensable del orden en la sociedad y de la disciplina en los espíritus».[66]

Las voces nacionalistas se hacen oír incluso dentro de las instituciones militares, donde la exaltación de las virtudes profesionales toma un sesgo netamente político. Militarismo y nacionalismo se infiltran sobre todo en el cuerpo docente civil de las escuelas militares. Que un profesor de historia del Colegio Militar diserte sobre la bandera argentina, que «contra la obstinación de los civiles, los militares dieren al pueblo», no es sin duda nada nuevo; pero que la revista del Círculo Militar publique el texto de la conferencia ya es más significativo.[67] Y qué decir de ese profesor de psicología del mismo establecimiento, discípulo de Le Bon, que en una conferencia pronunciada en el casino de los oficiales, titulada «Misión del oficial frente a los problemas sociales contemporáneos», concluye que los valores de los militares, «la casta mejor organizada de la colectividad», deben penetrar en todas las esferas de la vida nacional, porque «el militar es el único elemento que permanece incontaminado en medio de la vorágine del… vértigo social».[68]

No puede negarse que la opinión militar se siente conmovida por estas interesadas declaraciones y por estas adulaciones a menudo burdas. El acento que la extrema derecha autoritaria, que sueña con reorganizar la Argentina a base del modelo de las instituciones militares, pone en la jerarquía y en la disciplina, es del agrado del cuerpo de oficiales. Los temas xenófobos de la extrema derecha resultan muy atractivos para estos profesionales del patriotismo. ¿No es misión primordial de las Fuerzas Armadas «salvar la civilización del país, sus leyes, la familia, la patria, en una palabra»?[69] Así es como la influencia de la tendencia antidemocrática se acrecienta y los contactos entre militares y nacionalistas se multiplican. La nostalgia por el régimen aparentemente austero e implacable del general Uriburu y la frustración que sienten algunos oficiales al ver que el ejército es apartado del poder en beneficio de partidos que consideran corruptos o incapaces, a pesar de su prominente papel en septiembre de 1930, alimentan el fervor autoritario. La colusión entre los grupúsculos fascistizantes y ciertos sectores del ejército se hace más evidente.

Los antiguos revolucionarios de septiembre se reúnen de buena gana. No se esconden para proclamar que su revolución ha sido traicionada. Justo tiene las manos atadas, ya que pretende ser a la vez el reconciliador y el heredero de la revolución. Es por eso que, bajo su presidencia, la Legión Cívica continúa funcionando y desarrollándose.

Algunos uriburistas intentan estructurarse con mayor eficacia en el plano político. En octubre de 1932 se crea la Acción Nacionalista Argentina a base de un programa corporativista y antiparlamentario. Junto a civiles que desde hace tiempo forman parte de esa corriente política (Juan P. Ramos, Alberto Uriburu, Luis F. Gallardo), se encuentran militares que participaron en la administración pública de la dictadura. Durante una reunión política de la ANA, el 11 de octubre de 1932, hacen uso de la palabra el coronel Angel Alegre y el contralmirante José Moneta; pero es el teniente coronel Kinkelín quien expresa con mayor claridad el sentir de los oficiales nacionalistas, «albaceas de la revolución de septiembre».[70]

Para el antiguo conspirador antiyrigoyenista el país se encuentra en la misma situación que antes del 6 de septiembre porque «el Ejército y la Armada no cuentan con ninguna representación parlamentaria» o de otro tipo dentro del régimen vigente. En otros términos, la revolución está aún por hacerse.

Es también lo que piensan los dirigentes de la Legión Cívica y los uriburistas civiles y militares que se congregan en 1934 en el asiento de la I División en torno del general Nicolás Accame.[71] Accame, que desde su estadía en Roma como agregado militar entre 1923 y 1924 manifiesta una inocultable simpatía hacia el fascismo italiano, conspira; y no es el único.

Los rumores de complot y los signos de agitación militar se hacen más numerosos a partir de 1936. Esta situación se explica tanto por el fortalecimiento de la corriente antlliberal y la multiplicación de los grupos y de las publicaciones nacionalistas como por la desaparición del inflexible general Rodríguez, ministro de hierro. También es verdad que el régimen se debilita tanto en el ala izquierda como en la derecha. Las elecciones provinciales de 1935 dan la victoria a un gobernador radical de ideas progresistas en Córdoba y a un gobernador profascista en Buenos Aires. Sabattini en Córdoba y Fresco en Buenos Aires parecen poner de manifiesto cierta pérdida de control —política en el primer caso e ideológica en el segundo— por parte del poder ejecutivo nacional.

Bajo la fuerte autoridad del nuevo gobernador Manuel Fresco, político conservador y conspirador activo en 1930, la provincia de Buenos Aires se convierte en una «base negra» y en un verdadero modelo para la extrema derecha argentina. Algunos hasta se entusiasman con las medidas reaccionarias que toma este caudillo que ha sabido renovar la «política brava» tradicional de la provincia. Carlos M. Silveyra, presidente de la Comisión Argentina contra el Comunismo, para quien sólo el ejército salvará al país tambaleante del marxismo,[72] escribe en julio de 1936:

«En nuestro ambiente, se ha perfilado un Gobernante, el primer Gobernante argentino que ha tenido el honor de cuadrarse con valentía sin igual ante las hordas rojas, y… por un simple decreto, obedeciendo a una inspiración patriótica, que Dios la bendiga, ha prohibido las actividades comunistas en todo el territorio de su Provincia…

»Comprendiendo el principio de corrupción moral que se opera en el niño, alejándolo de los principios de la moral cristiana, para imbuirle en su tierna cabecita ideas venenosas de un liberalismo marxista, también por simple decreto, ha ordenado la enseñanza de la Religión, de nuestra Religión Católica Apostólica Romana, en las Escuelas de su Provincia…

»El deber, entonces, de todos los argentinos es rodear a ese Gobernante, estimularlo…».[73]

Alentadas por el aparente debilitamiento del poder de Justo en las provincias, aparecen en el ejército vocaciones de «salvadores de la Patria». Y es que el momento resulta propicio. El general de brigada Francisco Fasola Castaño sueña con reemplazar al presidente que, según él, no debe su poder más que a tres generales. Se hizo notar en 1935 por sus conferencias radiales violentamente nacionalistas tituladas «La Argentina para los argentinos»; en ellas explicaba que «tomar posesión del alma argentina es querer vigorizar el alma nacional en sus más nobles atributos… es desear afianzar nuestra propia ideología, buena o mala, y oponerse a que ideologías exóticas pretendan venir a enturbiarla y quizá a mancillarla…».[74] Nada parecía destinar al militarismo xenófobo a este antiguo subjefe de Estado Mayor de Yrigoyen (1929), salvo la misión de estudios que había cumplido en la Europa desgarrada por la gran crisis entre los años 1931 y 1933. Conspirador aislado, después de una carta abierta atacando al gobierno, es dado de baja del ejército sin contemplaciones.[75] Esta medida tan extrema provoca agitación en los ambientes militares. Los órganos de opinión y la clase política comienzan a interrogarse acerca del apolitismo del ejército y de la tendencia ideológica de la mayoría de los oficiales.

El 9 de julio de 1936, durante el banquete de camaradería de las Fuerzas Armadas, el presidente Justo insiste una vez más sobre la necesidad de que las instituciones militares estén «al servicio exclusivo de la Nación» y se mantengan ajenas a las «querellas y disidencias políticas».[76] Porque el asunto Fasola Castaño no es sólo una nube de verano. El general Justo tomó las medidas ejemplares que la situación exigía. En efecto, también complotan militares de mayor renombre y con un apoyo político más amplio: entre ellos se cuenta un incurable golpista, brazo derecho de Uriburu y secretario de su presidencia, el coronel Juan Bautista Molina. Justo lo había enviado a Berlín como agregado militar en 1933 para alejarlo de la Legión Cívica de la que era fundador y mentor. No hubiera podido hacer una mejor elección. En diciembre de 1933 los nacionalistas civiles festejan su retorno de Alemania, viendo en él al Führer tan esperado.[77] La conspiración que prepara en julio de 1936 junto, según parece, con grupúsculos nacionalistas (congregados en torno al diario Bandera Argentina fundado por el incansable Carulla) y en colaboración con el gobierno de la provincia de Buenos Aires es poco discreta y sin resultados aparentes.[78] Todo el mundo habla de ella, pero no pasa nada.

«Falsas alarmas… cuatro generales ambiciosos, no son, todavía, el Ejército», escribe Deodoro Roca, intelectual socializante, en julio de 1936.[79] No obstante, hubo un intento de conspiración, y Justo, siempre pendiente de las faltas militares, no actuó con rigor; no tomó ninguna medida contra Molina; por el contrario, lo ascendió a general de brigada. Y en 1937, este general fue elegido presidente del Círculo Militar.[80] Desde entonces los partidarios de Justo se encuentran aislados y los sectores activos del ejército parecen haber sido ganados en su mayoría por el nacionalismo autoritario. La agrupación de la extrema derecha católica, Restauración, organiza el 12 de junio de 1937 una manifestación en honor de los héroes de la Independencia, a la que adhiere el Círculo Militar junto con la Falange Española y la Unión Nacionalista fascista de Córdoba.[81]

En vísperas de la sucesión presidencial, los uriburistas han tomado el control ideológico del ejército, pero no por ello han logrado dominarlo. De todas maneras, Justo se ve obligado a ceder, a contemporizar con sus adversarios. Las únicas cartas que le quedan son su condición de general y antiguo ministro de Guerra y un dispositivo de mando armado desde hace mucho tiempo. El poder militar se afirma, y la situación se presenta incierta para un eventual presidente civil.

Un presidente civil entre el fraude y el ejército

Como se esperaba, Justo eligió al candidato oficial a la presidencia en la Concordancia de conservadores y radicales antiyrigoyenistas. Es un civil. Se dice que de esta manera, y gracias a su influencia sobre el ejército, el general Justo no quedará totalmente apartado del poder y podrá preparar su reelección en 1943. El candidato elegido es además un radical antipersonalista allegado a Alvear. Roberto M. Ortiz fue ministro de Hacienda en 1935 durante el gobierno de Justo y ministro de Obras Públicas bajo la presidencia de Alvear. No pertenece a una familia ilustre, pero dentro de la UCR formó parte, junto con Don Marcelo y algunos otros apellidos distinguidos, del grupo Azul de los jóvenes antiyrigoyenistas.

Justo deseaba ubicar en la vicepresidencia a su último ministro de Agricultura, el brillante Miguel Angel Cárcano, pero las presiones de los conservadores imponen, después de largas negociaciones, a su antiguo ministro del Interior, Ramón S. Castillo, ex decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires y senador por la provincia de Catamarca. La continuidad parece estar asegurada.

Contra los candidatos oficiales, la Unión Cívica Radical presenta una fórmula integrada por Alvear y Enrique M. Mosca, antiguo gobernador de Santa Fe bajo la presidencia de Yrigoyen.

Después de una agitada campaña electoral durante la cual la oposición denuncia principalmente el fraude, los comicios del 5 de septiembre otorgan una amplia victoria a Ortiz: 1.100.000 sufragios contra 815.000 de Alvear, es decir el 53,7 % de los votos emitidos contra el 40 %. Estos resultados esperados son evidentemente el fruto de métodos comprobados: arresto de radicales en Salta y voto público (a la vista) sin escrutadores de la oposición en Santa Fe y Buenos Aires. Irregularidades y violencia en todos lados: incluso fue necesario organizar elecciones complementarias en nueve provincias.

El 20 de febrero de 1938 el Dr. Ortiz asume la presidencia que consiguió a tan alto precio. Su gabinete está formado por distinguidas personalidades del mundo de la política y los negocios: el ministro del Interior, Diógenes Taboada, es abogado y administrador de compañías de ferrocarriles británicos; el ministro de Agricultura, José Padilla, es un importante industrial del azúcar. Pero las personalidades elegidas tienen poco relieve político. Ningún conservador militante, y mucho menos nacionalista, recibe una cartera. Tres meses después del ascenso al poder de Ortiz, el embajador del Reich, von Therman, envía un despacho a su ministro donde le dice que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, José María Cantilo, diplomático de carrera y embajador en Roma durante cinco años, es decididamente antifascista y no es en lo más mínimo antiamericano a diferencia de su predecesor Saavedra Lamas.[82] El gabinete exhala el discreto aroma de un liberalismo de buen tono.

Por lo demás, Ortiz deja que se filtre de la Casa Rosada su intención de orientar la acción gubernamental en un sentido más democrático volviendo a prácticas electorales honestas. No están en tela de juicio las convicciones profundas del hombre de Justo y amigo del Dr. Carulla,[83] por supuesto. Sucede que el primer presidente civil después de Yrigoyen, cuya situación es muy incómoda, ha elegido la apertura democrática para fortalecer su poder.

En efecto, Ortiz detenta el poder pero no tiene ninguna base política. La Concordancia no es un partido, no el suyo por lo menos. La maquinaria administrativa se encuentra manipulada por caudillos conservadores totalmente independientes, surgidos de la violencia y el fraude; leales a su protector, el general Justo, en el mejor de los casos. El presidente tampoco controla el aparato militar montado por Justo que se ve fuertemente sacudido por los embates de la extrema derecha antiliberal. En 1938, esta corriente se fortalece aun más en el país. El ario del Anschluss (marzo) y de Munich (septiembre) señala también el comienzo del fin para la República Española. El margen de acción de un presidente aislado y mal elegido es escaso en un país tan sensible como la Argentina a los vaivenes de la historia europea y donde el alzamiento franquista fue saludado por la extrema derecha como un acontecimiento nacional. Hombre de Justo, y radical por añadidura, no puede esperar mucho de los medios nacionalistas. Es por eso que poco a poco va a ir acercándose al partido radical, a sus antiguos amigos, como si estuviera «sobre un plano inclinado».[84]

Ortiz se aferrará a la tabla de salvación que representa, puesto que le asegura el apoyo de los radicales, luchar o tratar de luchar contra el fraude. Pero para ello hay que poder impedirlo en las elecciones locales y extirpar a las autoridades constituidas, para organizar un sufragio libre. En 1937, el general Ramón Molina sugería al presidente Justo «emplear el ejército nacional para garantizar la legalidad electoral». Ortiz hace suyo el consejo, aunque no lo sigue. Es imprescindible que el presidente pueda contar efectivamente con el ejército, ya que sólo él es capaz de eliminar a los partidarios del fraude. Utilizar al ejército para sanear las costumbres electorales significa reforzar el ala democrática de la sociedad militar, en desmedro de los nacionalistas, desde luego, pero también de Justo que institucionalizó el fraude en nombre del liberalismo.

Ortiz, consciente de lo precario de su situación, se muestra muy atento a los intereses del ejército. Su ministro de Guerra, el general Carlos D. Márquez, oficial de artillería ascendido a general en 1937, que presidió la Comisión para compra de armamentos en el extranjero bajo el gobierno precedente, pasa por formar parte del clan de Justo; no obstante, asiste activamente al presidente en su tarea.

A pesar de la orientación antiliberal de las autoridades electas del Círculo Militar, Ortiz concede, en cuanto llega al poder, un importante crédito para la compra y refacción del Palacio Retiro, nueva sede social de la institución que se inaugurará oficialmente en mayo de 1939.

Pero la presidencia de Ortiz está marcada ante todo por una importante reorganización de las estructuras militares. La reforma orgánica del ejército contenida en los decretos de diciembre de 1938 responde a las necesidades de modernización invocadas por el Estado Mayor. Se crean varios nuevos comandos, entre ellos el Comando de Caballería del Ejército con asiento en Campo de Mayo. Las brigadas y las divisiones de caballería son puestas directamente bajo sus órdenes y ya no dependen de comandos interarmas. Este statu privilegiado, consecuencia de la mecanización, tendrá una importancia significativa hasta nuestros días. El Estado Mayor pasa a depender del inspector general cuyos poderes se amplían. La división en regiones y distritos militares es modificada, estableciéndose circunscripciones militares de menor tamaño.

Asimismo, la formación de los oficiales se ve sustancialmente mejorada. Se dispone que el ingreso al Colegio Militar se efectúe un año más tarde que antes. Se crea un Centro de Altos Estudios militares para la formación de los oficiales superiores, institución que acentúa el profesionalismo y la importancia de los estudios, y por lo tanto del mérito, dentro de la carrera militar.[85] El primer liceo militar se funda en 1938: un instituto de enseñanza secundaria era reclamado desde hacía mucho tiempo por distintas personalidades del ejército.[86]

La reorganización del ejército no deja de tener intenciones políticas. No se trata únicamente de ganarse a los militares mediante favores globales y un apoyo continuo. La reestructuración permite a Ortiz ubicar en puestos importantes a liberales antiuriburistas, la mayoría de las veces hombres de Justo que gozan de su confianza. ¿Es impulsado por la mano invisible del ex presidente o piensa extraer auténticos demócratas del clan del «heredero de septiembre»? Lo más probable es que las listas de ascensos no le permitieran hacer una mejor elección. El general José María Sarobe es nombrado comandante de la IV División en 1939; Juan Manuel Monferini, ascendido a general de brigada en 1939, recibe ese mismo año el mando de la II División; el general Juan N. Tonazzi, que fue director del Colegio Militar de 1936 a 1938, edecán del presidente Justo como Sarobe y que accedió al generalato en 1939, es el nuevo comandante de la III División; al ser ascendido, el general Avelino Alvarez, supuestamente radical, es destinado en 1939 para dirigir el Cuartel Maestre General de Interior.

Uno solo de estos nuevos integrantes del alto mando se revelará nacionalista, el efímero comandante de la Caballería, Benjamín Menéndez, cuyo ascenso le había sido concedido por Justo en 1936. Pero Ortiz aprovecha estas transformaciones para desembarazarse del jefe de la I División, Nicolás Accame, nacionalista y presunto conspirador. Asimismo, el general Juan Bautista Molina pierde su puesto de director general de Material del Ejército y se retira del servicio activo en 1939. A principios de 1940, en definitiva, la situación de Ortiz respecto del ejército se encuentra estabilizada y fortalecida, lo que le da mayor libertad de acción para ejecutar sus designios políticos.

Desde el instante en que el presidente suspendió al gobernador conservador de San Juan, en marzo de 1938, quedó demostrado que estaba decidido a romper con las prácticas electorales en boga bajo el gobierno de su predecesor. Para limitar las irregularidades más evidentes, debe alejar a los potentados locales que se han vuelto maestros en el arte de hacer votar a los muertos, secuestrar las libretas de enrolamiento y no respetar el secreto del sufragio. Pero si algún gobierno provincial resiste la intervención federal, el poder ejecutivo, en ausencia de otra policía que no sea provincial y que en consecuencia está a las órdenes de las autoridades locales, sólo puede contar con el ejército. Es imprescindible, pues, que éste sea leal.

Las flagrantes irregularidades que marcaron la elección del gobernador de la provincia de Catamarca permitirán al presidente Ortiz, a comienzos de 1940, poner en práctica sus principios democráticos. El fraude y las maniobras organizados por un senador conservador han sido denunciados por el partido radical con pruebas al canto. Ortiz hace saber en un mensaje que considera nulas las elecciones.

El mensaje cae como una bomba en la coalición gubernamental. El gobernador «elegido» es un conservador que goza del apoyo del vicepresidente Castillo, ex senador por Catamarca, quien públicamente se declara solidario de su compatriota. La actitud del presidente equivale a deshacer la alianza que lo ha llevado al poder. Los conservadores denuncian su actitud en nombre del respeto de las autonomías provinciales. La Concordancia parece haber muerto: tres ministros conservadores, Padilla de Agricultura, Alvarado de Obras Públicas y Groppo de Instrucción Pública, amenazan con renunciar.

Los parlamentarios radicales, que exultan, envían al presidente un telegrama de felicitaciones. Ortiz da el gran paso a principios de febrero e interviene la provincia de Catamarca. Nombra como interventor a un prestigioso militar retirado del servicio activo, el general de división Rodolfo Martínez Pita.[87] El interventor elegido y la reputación de equidad y apolitismo de que todavía gozan los jefes del ejército desarman momentáneamente a los conservadores, los que además se ven solicitados por asuntos más acuciantes.

Es una victoria para los radicales. ¿Acaso Ortiz no está a punto de seguir los consejos que le daba el general Ramón Molina en 1939,[88] ahora miembro del partido de Alvear, en el sentido de hacer garantizar por los militares la honestidad de las elecciones? Algunos temen que lo haga. Un editorial de La Prensa del 21 de febrero de 1940 reconoce que:

«Casi siempre que se producen situaciones anormales en el orden político, surgen iniciativas tendientes a encomendar al ejército misiones de fiscalización o de seguridad y garantías en materia electoral. Dichos propósitos se advierten, desde luego, en los partidos de oposición, los cuales desean obtener, de esa manera, la mayor corrección posible, pues el ejército se halla a cubierto de influencias políticas y no puede dar origen a sospechas de parcialidad…

»El consenso general del país no admite dudas respecto de la conducta de un soldado, y esa circunstancia basta para provocar la necesaria confianza en la verdad, cada vez que se pone en juego alguna cuestión fundamental para la vida del país».

Pero, al mismo tiempo, La Prensa manifiesta las mayores reservas sobre una utilización que aparta al ejército de sus funciones específicas y que puede exponer a los militares a las críticas de una opinión apasionada y políticamente dividida.

De todos modos, las cosas no han llegado aún a tanto. Las elecciones que deben realizarse en la provincia de Buenos Aires el 25 de febrero constituyen la piedra de toque de las intenciones presidenciales. La maquinaria montada por Manuel Fresco, el «Mussolini criollo», deja poco margen de acción para ejercer la libre elección y ninguna esperanza a la oposición radical o socialista. En Buenos Aires, escribe La Prensa el 25 de febrero, la incógnita no es «el resultado de la elección» sino «si el derecho del sufragio podrá ejercerse libremente».

El candidato conservador para suceder a Fresco, elegido por éste, es Alberto Barceló, caudillo de Avellaneda, cuyo nombre ha quedado en la historia argentina como sinónimo de corrupción y de violencia política.[89] Su elección está asegurada mediante los procedimientos acostumbrados: votación con sobres abiertos, selección de electores por la policía, escrutadores que votan, comercialización de libretas de enrolamiento, desaparición de boletas de la oposición, etc. La oposición denuncia una vez más las «graves irregularidades».

El 27 de febrero, el ministro del Interior Diógenes Taboada ordena que las autoridades militares elaboren un informe sobre las elecciones provinciales. El coronel López, comandante de la II División, y el comandante de la 2.ª Región Militar se encargan de la investigación. De esta manera, Ortiz toma el pulso del ejército antes de deponer a Fresco y de anular las elecciones, porque está decidido a utilizar el procedimiento de intervención federal; pero el apoyo del ejército es indispensable para enfrentarse con el gobernador de la provincia más rica, que cuenta con una policía militar y un aparato político de cuidado. Los jefes militares son favorables al gobierno, a pesar de las presiones del general Justo, que defiende al gobernador de Buenos Aires.[90]

El 3 de marzo se llevan a cabo elecciones legislativas nacionales. La noche del 2 de marzo, el presidente de la República pronuncia un discurso solemne que ratifica la ruptura con las prácticas de la Concordancia. Ortiz declara: «No puede tolerarse la simulación de ideales democráticos para contener la voluntad de las multitudes y retener posiciones y privilegios si se abriga la convicción de que la democracia es un mal para el progreso del país». Fresco, sintiendo el peligro, frena el ímpetu de sus partidarios y de sus secuaces. Pero se producen graves disturbios que debilitan aun más su causa: algunos conservadores asesinan al senador Luis Guerci, cuando iba a votar. El 8 de marzo, durante una agitada reunión de gabinete, se decide la intervención federal. Los ministros de Agricultura y de Obras Públicas entregan su renuncia.

El coronel Miguel Angel Mascaró, que lleva el decreto de intervención, rodea con sus tropas la Casa de Gobierno de La Plata. Trata de evitar que el ex gobernador Fresco se oponga a la decisión presidencial, recurriendo al «pueblo» y a su «ejército». El gobierno nombra interventor provisional al general Luis A. Cassinelli, comandante del 1er. Ejército, que se encontraba de inspección en la capital provincial desde hacía varios días. Bajo sus órdenes, la operación se conduce con toda prontitud sin que se produzca enfrentamiento alguno.

Antes de dejar la gobernación, Fresco declara la guerra a Ortiz, el mal elegido, y a sus aliados radicales:

«El gobernador de Buenos Aires sólo podría ser considerado como defraudador electoral por haber presidido en su distrito la elección del primer mandatario actual de la República, señalada como ilegal y fraudulenta por los mismos denunciantes que hoy impugnan la del 25 de febrero. En esa hipótesis inadmisible el Poder Ejecutivo nacional carecería de autoridad moral para realizar tan inicuo atropello contra la magistratura que invisto».

En un manifiesto que se publica el mismo día, el duce de La Plata aprovecha la lección de la crisis: «Llegué al alto sitial de gobernador… traía el programa de la revolución de septiembre y el firme propósito de cumplirlo. Me juzgué, en cierto modo, un abanderado… del movimiento que encabezara el general Uriburu, que encauzara luego el general Justo y que debía proseguir el actual presidente».[91] Pero Ortiz ha abandonado «los ideales de septiembre de 1930… la opinión pública y la posteridad dirán si ha sido leal con el gobernador de Buenos Aires y con el partido que lo llevó al poder».

En efecto, Ortiz rompió con los nostálgicos de Uriburu, con los nacionalistas antiliberales e incluso con los demócratas vergonzantes del partido conservador, y ganó una innegable popularidad: se lo aplaude en sus viajes al interior de la provincia de Buenos Aires.[92] Sin embargo, ya es tributario de los radicales, que son los grandes beneficiarios de la nueva operación presidencial.

Las elecciones legislativas parciales de 1940 se desarrollan en condiciones aceptables. Los radicales encabezan el comicio con el 45,22 % de los votos, cuando en 1938 no obtenían, más que el 23,78 %. El milagro tan esperado por Alvear se produjo al fin: la UCR logra la mayoría de la Cámara con 80 diputados. Las relaciones entre el radicalismo y la presidencia son tan estrechas que Alvear se ve obligado a precisar en una reunión del Comité Nacional: «Nosotros no somos el partido del presidente».[93] Pero otros acontecimientos más graves vienen a condicionar la elección política. La guerra estalló en Europa en septiembre de 1939. Los ejércitos de Hitler van de victoria en victoria. Después de aplastar a Polonia en mayo de 1940, las Panzer Divisionen invaden los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Las ataques de la Wehrmacht derrumban la resistencia militar francesa. En junio, Francia pide un armisticio. Los admiradores de la maquinaria de guerra germánica y los partidarios de los fascismos se apasionan y aplauden; la Blitzkrieg realiza sus esperanzas históricas y fortalece sus creencias en un «nuevo orden».

Reclamar elecciones libres y sinceras en el momento en que sucumben las democracias occidentales va más allá de una simple exigencia de honestidad —o de oportunismo— partidario. Frente a la guerra mundial, todos toman partido. Las preocupaciones por la política internacional se entremezclan inextricablemente con los problemas internos, cuando no los subordinan. Quienquiera que manifieste su apoyo a Gran Bretaña es considerado partidario del régimen representativo pluralista, y viceversa. Los partidarios del Eje son en su mayoría nostálgicos del corporativismo uriburista, se convierten en tales o son considerados como tales. Los intereses del país parecen estar ausentes de los debates. Desencuentros y supuestas intenciones siembran aun más la confusión y las embajadas de los países beligerantes u otras oficinas más discretas echan leña al fuego. Las influencias externas, no siempre confesables, y la propaganda enemiga acentúan el desencuentro de opiniones. Los argentinos luchan entre sí por interpósitos. La Argentina se encuentra sumida en una guerra civil fría.

Frente a la guerra, «que, según dice el presidente Ortiz en su mensaje al Congreso de mayo de 1940,[94] asume las proporciones de una lucha vital donde pugnan dos conceptos antagónicos sobre el ordenamiento social, político y económico de los pueblos», la Argentina se declara nación no beligerante el 4 de septiembre de 1939. Esta neutralidad no significa de ninguna manera indiferencia. El gobierno manifiesta su rechazo a «reconocer conquistas realizadas por la fuerza». La Argentina participa activamente en las reuniones interamericanas (Panamá, septiembre de 1939) y afianza sus relaciones con los países vecinos, adoptando hacia las potencias del Eje una actitud vigilante bastante análoga a la de los Estados Unidos, a pesar de su tradicional desconfianza hacia la «República imperial».

La internacionalización de la política interna argentina irá acentuándose. Los nacionalistas, partidarios del Eje y de los Estados autoritarios, no escatiman esfuerzos contra la orientación diplomática del gobierno y los hombres encargados de llevarla a la práctica. Todo se les facilita debido a que el presidente Ortiz, gravemente enfermo desde 1938, se ve forzado a delegar sus poderes en el vicepresidente y sigue con dificultad la evolución de les asuntos públicos. El futuro político del país es indisociable tanto del conflicto mundial como de la salud del presidente; pero, en adelante la clave del poder se encuentra en el ejército.

Capítulo 7
La Argentina ante la guerra mundial
El ejército en marcha hacia el poder

La guerra europea, que divide profundamente a los argentinos, sirve también para poner en primer plano los problemas de seguridad nacional. Aunque todavía se encuentre circunscripta a las naciones del viejo continente, su teatro de operaciones ya es mundial. Y a pesar de la enérgica declaración de neutralidad de la Conferencia de Panamá, que prohíbe a los beligerantes perpetuar actos de guerra en el interior de una amplia zona marítima panamericana, la lucha gana las aguas del Río de la Plata. El 13 de diciembre de 1939, el acorazado alemán Graf Spee y tres cruceros británicos combaten frente a las costas de Montevideo. La Argentina debe reforzar su defensa para hacer respetar su neutralidad.

Los militares tienen clara conciencia de esto. Se esfuerzan en advertir a los poderes públicos y en alertar a la opinión contra un pacifismo sin visión. Ante una situación internacional crítica, el «deber de la hora» es para ellos reforzar espiritual y materialmente el potencial defensivo del país; escritos militares sobre el consagrado tema si vis pacem… aparecen constantemente.[1] Todas estas solicitudes no dejan indiferente al gobierno. El 19 de junio de 1940 se vota una ley secreta para la compra de armamentos. Se somete a consideración del Congreso un proyecto para la expansión coordinada de las industrias militares. Los gastos militares, que venían disminuyendo paulatinamente desde 1938, aumentan en 1941; aunque a pesar de todo permanecen en un nivel bastante modesto: en ese año representan el 17,9 % de los gastos gubernamentales.[2]

Pero el énfasis puesto en preparar la guerra no sólo abarca los aspectos puramente técnicos sino que además se traslada, en forma manifiesta, al plano político. El ejército no se contenta con recibir apoyo financiero. La concepción estratégica de la «nación en armas» y la gran preocupación que despierta el tema de las «dependencias críticas» llevan al alto mando a interesarse muy de cerca en las decisiones de política interna y hasta a presionar directamente al gobierno en sus opciones. Numerosos oficiales piensan también que la conducción de las relaciones exteriores debería estar subordinada a la defensa nacional y controlada por el ejército; creen que así podría asegurarse una continuidad indispensable, a pesar de la incertidumbre provocada por la evolución política y por la enfermedad del presidente Ortiz.[3]

Por otro lado, en el ejército la guerra despierta simpatías hacia los beligerantes. La Blitzkrieg entusiasma a muchos oficiales argentinos admiradores de la maquinaria de guerra alemana. Los oficiales que estuvieron en la Reichswehr siguen apasionadamente el avance fulgurante de la Wehrmacht en Europa occidental. Estos espectadores privilegiados del conflicto mundial se inclinan tanto más a tomar partido por Alemania cuanto que consideran a las naciones anglosajonas como una amenaza para la soberanía nacional. La reserva casi hostil que los militares argentinos manifiestan hacia Gran Bretaña está en las antípodas de la subordinación voluntaria de los responsables de la economía. Para los defensores de la integridad territorial, el Reino Unido es el invasor rechazado en 1806 y el ocupante ilegal de las islas Malvinas, casi un enemigo hereditario. En el ejército el sentimiento antibritánico se nutre de las grandes fechas históricas, como la reconquista y la defensa de Buenos Aires y en un irredentismo profesional que por ser retórico no deja de afectar los comportamientos. Las concesiones del Pacto Roca-Runciman, renovadas en 1936, que algunos oficiales consideran humillantes, son también un motivo de irritación hacia la pérfida Albión. Los militares tampoco miran con benevolencia a los Estados Unidos porque comparten la tradicional desconfianza de la diplomacia argentina.

Las reacciones de los sectores representativos del ejército quedan claramente manifiestas con los comentarios que hace el coronel Carlos A. Gómez en ocasión de la convocatoria a la 8.ª Conferencia Interamericana patrocinada por el Departamento de Estado para perfeccionar el sistema de seguridad continental ante el expansionismo alemán.[4] El objetivo de esta conferencia que se reúne en Lima en diciembre de 1938, inmediatamente después de la de Munich, es denunciado enérgicamente por el redactor de la Revista Militar. El autor rechaza la idea expuesta por Sumner Welles de un eventual ataque al nuevo mundo por parte de los Estados fascistas europeos, viendo en esta amenaza un pretexto de los Estados Unidos para ejercer su tutela sobre las naciones de América Latina, tomando la dirección de la defensa continental. Es esta una forma de expresar crudamente los móviles de la diplomacia argentina. Gómez condena, a la luz de la desgraciada suerte corrida por Checoslovaquia, las alianzas y las «combinaciones internacionales», precisando luego su pensamiento político: la hostilidad hacia los «países totalitarios de Europa» es inaceptable en la Argentina: «Ahora bien, la Argentina, país típicamente de inmigración, no ha sido poblada por Norteamérica, sino por Europa, y en particular por dos países que figuran entre los denominados Estados totalitarios: Italia y… la España que está bajo el gobierno del generalísimo Franco…».[5]

Así, pues, a la germanofilia técnica y profesional del ejército argentino viene a agregarse la simpatía por los «regímenes de orden» mediterráneos. Para la opinión militar, la dictadura de Mussolini sacó a la Italia glolittiana del caos social. En la guerra civil española, son los generales facciosos del 18 de julio, rebelados contra «la anarquía republicana», quienes cuentan naturalmente con la simpatía de los oficiales argentinos. Incluso los menos politizados o los más sinceros partidarios de las instituciones democráticas comparten tales opiniones y tal fervor. La Alemania nazi no los asusta, sobre todo porque nada saben de la realidad del nuevo orden pardo en el que únicamente ven el resurgimiento «admirable» del espíritu de disciplina y de empresa del pueblo alemán.

¿Permite todo esto concluir, como lo hacen los diplomáticos norteamericanos a principios de 1940, que «los oficiales del ejército son en su mayoría nazis»?[6]

Semejante generalización es excesiva y a la vez está mal fundamentada. Los oficiales germanófilos son numerosos, pero siguen siendo liberales o demócratas. Los problemas de la política europea no les conciernen. Sólo sucede que se sienten más cercanos de los oficiales alemanes que de los militares británicos o belgas. Por cierto, entre 1939 y 1941 el presidente del Círculo Militar es el general Juan Bautista Molina, cuya orientado, antiliberal y extremista de derecha no deja lugar a dudas. Pero el ejército se encuentra dividido. Tres listas se presentan para renovar las autoridades del Círculo, con las que, mediante un sorteo, se constituye una sola para evitar los conflictos internos.[7]

Por lo demás, el ejército argentino, cuyo poder politico real es bien conocido por los medios diplomáticos y militares alemanes, es objeto de una intensa acción propagandística. La embajada, el servicio de informaciones y la misión militar que dirige el general Niedenführ[8] rivalizan en sus esfuerzos: publicaciones, recepciones, viajes, contactas personales. La prensa de la extrema derecha nacionalista sirve gustosamente como órgano de propaganda del Tercer Reich. Estas hojas, antes efímeras, que penetran en la sociedad militar con mayor facilidad y eficacia que el boletín de la embajada, tienen de repente tiradas sostenidas.[9] Los responsables nacionalistas, que no se reconocen en la Alemania nazi y que desean preservar su autonomía, aceptan incluso recibir gratuitamente o casi los cables de la agencia de prensa Transocean[10] y las revistas y los informes del Instituto Iberoamericano de Berlín que dirige el general Wilhelm von Faupel, que había sido durante mucho tiempo instructor del ejército argentino.[11] Carulla, fundador y director de Bandera Argentina, cuenta que un rico residente alemán recibió simultáneamente varias decenas de suscripciones que hizo enviar a personas «vinculadas con el ejército». También sostiene que un general argentino le propuso financiar su diario si aceptaba una orientación política tendiente a «unificar las directivas del movimiento» nacionalista según un plan nacionalsocialista.[12] Los principales defensores de la ofensiva alemana ante la opinión pública argentina son los diarios Cabildo, Crisol y El Pampero. Esta última publicación aparece en 1939. Su título «archicriollo» («el más gaucho de todos los vientos», dice su primer editorial) no demuestra para nada que se trata de un semanario hitleriano que apoya el esfuerzo de guerra alemán. Las firmas internacionales de todos los Quisling europeos, las fotos del servicio de informaciones alemán, el vocabulario, así como los temas tratados (virulento antisemitismo entre otros) hacen del diario de Enrique Osés un órgano de propaganda nazi comparable a los que difunde en el mundo entero el Deutscher Verlag de Berlín.[13]

Verdad es que, en este país teóricamente neutro, los responsables alemanes de la guerra psicológica tienen mucho trabajo para vencer la influencia de la gran prensa que les es hostil. Todos los diarios de gran tirada son abiertamente partidarios de las democracias europeas. La Prensa no deja escapar ninguna ocasión para exaltar la solidaridad del «mundo libre» y para pedir el fortalecimiento de la lucha contra las infiltraciones totalitarias.[14]

Por otro lado, los servicios de la Propaganda Abteilung no son los únicos en preocuparse por la moral del ejército argentino. Los partidarios de las democracias no se quedan atrás y se dedican a compensar la profunda influencia proalemana de los diarios nacionalistas. En enero de 1941 aparece una lujosa revista mensual llamada Ejército y Armada, dirigida a los oficiales argentinos, que se propone «emprender la lucha en pro de las fuerzas armadas de la Nación y bregar, constantemente, para que el alma de los argentinos se mantenga libre de infiltraciones extrañas a nuestro nacionalismo… sin tendencias ni propósitos que se aparten de los principios fundamentales que nos señala nuestra Constitución». Esta revista, que exalta a las instituciones democráticas, publica numerosos artículos discretamente probritánicos, a veces traducidos incluso de la prensa especializada inglesa.

La guerra, al desatar una áspera lucha de influencias entre los dos bandos, en la que está en juego el ejército argentino, aumenta el poder de los militares; pero también impone un realineamiento de las fuerzas políticas. Se producen nuevas divisiones a partir de los problemas planteados por la situación internacional, los que a primera vista parecen relegar a un segundo plano los asuntos internos; pero en muchos casos las opciones internacionales obedecen a consideraciones tácticas y hasta a ambiciones personales inmediatas. Así, algunos paladines del fraude van a recuperar una virginidad democrática apoyando calurosamente la causa de los Aliados contra los Estados totalitarios.

El naufragio de los demócratas

La ofensiva contra el gobierno de Ortiz, que puso término por mucho tiempo a una política de honestidad electoral y de apertura, debe ubicarse en este marco complejo y a menudo desconcertante, cuyos actores parecen empecinados en sembrar la confusión.

Ortiz cayó gravemente enfermo pocos meses después de su entrada a la Casa Rosada. El 3 de julio de 1940, semiciego y muy debilitado, se ve obligado a delegar el mando en el vicepresidente Castillo. Su gabinete permanece en funciones y se mantiene el rumbo que él ha fijado: elecciones libres y neutralidad contraria al Eje en política externa. El partido radical, que obtuvo 80 escaños sobre 158 en las elecciones de 1940, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados.

Ante esta reconquista radical, que no se limita al poder legislativo, las perspectivas futuras de la Concordancia parecen ser bastante sombrías, a menos que una crisis lo suficientemente grave provoque la caída del gabinete y la renuncia del presidente. Los conservadores y los nacionalistas están muy interesados en precipitar tales acontecimientos. Un hombre a quien muchos testigos atribuyen una habilidad diabólica está decidido a intentar la operación: es el general Justo. Es verdad que Justo ejerce detrás de la escena una especie de presidencia paralela, mientras prepara pacientemente la reelección en 1943;[15] pero su ex ministro de Hacienda, que gracias a él se convirtió en su sucesor, ha escapado al control. El presidente de transición hace peligrar los proyectos de su tutor. Ahora bien, las buenas relaciones que Justo mantiene con la extrema derecha nacionalista no bastan en esta intriga contra Ortiz, también es necesario contar con el apoyo del ejército. Y si bien el ex ministro de Guerra tiene aún una gran influencia, el presidente en ejercicio ha reforzado singularmente su posición en los medios militares.

Son los sectores de la extrema derecha antiliberal y los uriburistas quienes lanzan la ofensiva contra Ortiz. El senador por Jujuy, Benjamín Villafañe, se especializa en interpelaciones parlamentarias que estigmatizan la corrupción del régimen. El periodista José Luis Torres le sirve de portavoz y le facilita las informaciones, y las diversas revistas nacionalistas orquestan sus revelaciones. Leyéndolas parece que el auge de los radicales y la vuelta a elecciones libres hubieran multiplicado malversaciones y exacciones, mientras que bajo la presidencia de Justo los nacionalistas refrenaban sus ataques contra los escándalos financieros y los fraudes del poder.

José Luis Torres publica en 1940 un panfleto titulado Algunas maneras de vender la patria en el que denuncia, entre otras cosas, las contribuciones del grupo Bemberg a las finanzas de los dos partidos mayoritarios, radicales y conservadores.[16] Verdaderas o falsas, estas acusaciones no tienen ninguna repercusión política. Los adversarios de Ortiz saben que para desencadenar una crisis capaz de hacer tambalear al régimen deben tocar un punto neurálgico: el ejército. Mientras el alto mando guarde lealtad a Ortiz y apoye su política de apertura, la indignación complaciente de los nacionalistas no conducirá a nada.

Finalmente, el 16 de mayo de 1940, el senador Benjamín Villafañe recurre en la Cámara a una temible arma secreta contra Ortiz y su programa de elecciones libres: un asunto de ventas de terrenos militares en el que se encuentran implicados en distinto grado diputados y generales. Se trata de un negociado hecho posible por la imprudencia e irreflexión con que utilizaron su influencia algunos jerarcas civiles y militares. Dos estafadores vendieron al Ministerio de Guerra un terreno que no poseían situado en El Palomar, cerca del Colegio Militar, prometiendo a los propietarios 65 centavos por metro cuadrado y revendiéndolo al Estado por 1,10 pesos. El Ministerio de Guerra había rechazado varias veces la transacción porque el precio exigido le parecía excesivo. Pero en diciembre de 1937 la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dio una opinión favorable a la compra, incluyéndosela en la ley de presupuesto de 1938. El nuevo presidente, que había asumido el poder el 20 de febrero, firmó el decreto de compra el 31 de diciembre de 1938, a pesar de la oposición de varios generales; la escritura de venta fue refrendada el 22 de marzo de 1939.[17]

En un clima que recuerda al del 6 de febrero de 1934 en París, se nombra a una comisión investigadora del Senado. Salen a la luz innegables complicidades: el ex presidente de la Cámara, Kaiser, el antiguo presidente de la Comisión de Presupuesto, Godoy, los diputados Bertotto y Guillot y algunos conservadores y radicales recibieron gratificaciones. La comisión senatorial acusa al general Carlos D. Márquez, ministro de Guerra, de faltar a los deberes del funcionario público. El general Márquez comparece ante el Senado, donde se defiende con poca habilidad. Esta en lo cierto al afirmar que no hizo más que llevar a cabo una operación autorizada legalmente bajo el gobierno anterior, pero hace mal en defender el principio mismo de compra de un terreno que, por otra parte, el ejército no ocupa. Además, para apoyar lo que dice, presenta documentos procedentes de altos mandos militares, todos favorables a la compra del terreno.

La defensa del general Márquez así como su eventual culpabilidad provocan gran agitación en el ejército. El general Ramón Molina felicita públicamente al senador Palacios, presidente de la comisión investigadora, y declara contra el ministro. El general Juan Bautista Molina, todavía director general de Material del Ejército, es acusado por Márquez y se dirige entonces al Senado replicando sin miramientos al ministro de Ortiz, a quien los nacionalistas infaman con el sobrenombre de «Palomárquez». Los dos generales indisciplinados son detenidos. Pero, y lo que es muy grave, las repercusiones del asunto de El Palomar alcanzan al presidente. Los investigadores han pronunciado su nombre y los ultras lo han cubierto de oprobio.

El 22 de agosto Ortiz contraataca y presenta solemnemente su renuncia a la Cámara. En su mensaje denuncia vigorosamente la operación montada en su contra con términos bien elegidos para conmover a los parlamentarios. «El escándalo de las tierras de El Palomar, dice, ha sido puesto enfrente de nuestro sistema democrático como si fuera una consecuencia necesaria del mismo, relación que se establece para conmoverlo». Para el presidente, «esta menguada confabulación de intereses» no es más que la venganza de quienes se oponen a su intención de restablecer una democracia integral. Así, dejando de lado las figuras jurídicas y los detalles administrativos, Ortiz presenta las cosas desde un punto de vista que le es favorable y que corresponde bastante bien a la realidad.

La opinión pública se encuentra dividida en dos bandos. En realidad, este caso Dreyfus argentino opone a los partidarios y a los adversarios de las instituciones democráticas. La corrupción de algunos parlamentarios no es más que un pretexto para atacar al régimen. Para unos, hay que impedir a toda costa el restablecimiento del sufragio libre; para otros, hay que tirar abajo al «pútrido liberalismo» y erigir sobre sus ruinas un «nuevo orden», análogo al que está naciendo allende los mares en las huellas de los Panzer.

Integrantes de la Concordancia traicionados por Ortiz y activistas fascistizantes hacen causa común. Se les oponen los partidos políticos, incluso los conservadores, todos los partidarios de los países occidentales en la guerra (todavía no se dice «los Aliados») y los defensores de las libertades y de la democracia parlamentaria. El 24 de agosto la renuncia del presidente es rechazada en forma unánime por la Cámara con la excepción de un voto. Radicales, socialistas y demócratas nacionales —nuevo nombre del partido conservador— renuevan su confianza en Ortiz. El joven diputado socialista Américo Ghioldi eleva su voz contra «la sorda conspiración de los que se niegan a abandonar las posiciones conquistadas por el fraude».[18] En la noche de la víspera, la Confederación General del Trabajo había organizado un gran mitin en el Luna Park en defensa de la democracia. Los dirigentes sindicales socialistas y comunistas declaran su apoyo conjunto tanto al presidente como a los Aliados y a las instituciones y lanzan un slogan: «El país quiere a Ortiz».[19] Un frente antifascista está en vías de formación.

Ortiz parece entonces haber ganado la partida. En realidad, la relación de fuerzas es tal que las grandes cuestiones ya no se deciden en el Parlamento. El ministro de Guerra es relevado de sus funciones, temporariamente y a su pedido, hasta que una comisión competente se pronuncie sobre su participación en el sonado caso. El 23 de agosto, la Alianza Nacionalista, cuyo jefe es el general Juan Bautista Molina,[20] organiza en pleno centro de Buenos Aires un mitin tumultuoso, calificado como profascista por La Prensa, dirigido contra el presidente y las instituciones, para pedir la renuncia de Ortiz y su reemplazo por Castillo. La posición de Taboada y del resto del gabinete, que colaboran con un vicepresidente aparentemente ubicado en el bando de los adversarios de Ortiz y que no pueden contar con un firme apoyo militar, es insostenible: el 27 renuncian todos los ministros, con la excepción puramente formal del ministro de Guerra. Castillo tiene vía libre para formar el nuevo gobierno. El negociado de El Palomar acaba con la política aperturista y el espejismo de las elecciones vuelve a desaparecer.

Los medios radicales y, en términos generales, numerosos partidarios del régimen democrático se conmueven, sobre todo en el ejército. Según parece, ya el 26 de agosto un movimiento militar habría intentado apartar a Castillo del poder. Esta conspiración de los leales, apoyada por dirigentes radicales y por el socialista Mario Bravo, habría estado encabezada por el general Márquez.[21] En caso de éxito, se habría llamado a nuevas elecciones, resolviendo así la crisis. La oposición de Alvear, siempre escrupuloso, habría puesto término a la tentativa. El intermedio del vicepresidente solitario va a comenzar.

Castillo: apoyo militar y división de los conservadores

El vicepresidente «en ejercicio del poder ejecutivo» cuenta con la simpatía del ala derecha del conservadorismo y de la mayoría de los nacionalistas. En efecto, este profesor de Derecho especialista en quiebras se había opuesto a la destitución de los gobernadores de Catamarca y de Buenos Aires. Defendió a Manuel Fresco, el duce de La Plata, quien no sólo sentía aversión por el voto secreto sino que había instaurado en su provincia una legislación reaccionaria inspirada en la de los Estados autoritarios de Europa. Además, Castillo es considerado uriburista: empezó su carrera política como gobernador provisional de Tucumán en septiembre de 1930. También se recuerda que cuando era decano de la Facultad de Derecho, cargo que ocupó de 1923 a 1928, intentó, aunque sin éxito, introducir a los militares en la Universidad. Los partidarios y los detractores de este antiguo senador por Catamarca, cuyo acento causa gracia en Buenos Aires, lo toman por un notable provinciano tradicionalista. Su experiencia política es escasa: fue dos veces ministro de Justo, pero por poco tiempo. Es conocido por su habilidad negociadora y por su tenacidad, su terquedad dicen algunos, cualidades que va a mostrar al formar gabinete.

Castillo se conforma con un triunfo modesto porque no tiene fuerza ni cuenta con un aparato político; además es un pragmático dispuesto a hacer todas las concesiones menos una: nunca dejará que los radicales vuelvan al poder. Sabe todo lo que le debe al general Justo y no desconoce su poder oculto. Forma, pues, un gabinete de «conciliación» fiel al espíritu de la Concordancia. Es por eso que no resulta extraño ver en este gabinete a por lo menos tres ministros que pertenecen a los medios allegados al ex presidente: Julio A. Roca, antiguo vicepresidente de la República, es ministro de Relaciones Exteriores, Federico Pinedo de Hacienda y el general Juan A. Tonazzi de Guerra. Los dos primeros no son recién llegados, y su tendencia política así como sus fervores internacionales son bien conocidos. El firmante del tratado argentino-británico de 1933 y el antiguo líder socialista disimulan tan poco su simpatía por las potencias anglosajonas que se ha podido hablar de «gabinete británico».[22] El más cercano a Justo es sin duda Tonazzi, de quien se dice que es particularmente sensible a las solicitudes del antiguo presidente; los medios militares le reprochan incluso cierta falta de carácter y los privilegios que habría obtenido por su fidelidad al general Justo.[23]

Evidentemente, al Dr. Castillo no le complace gobernar con ministros que no comparten sus puntos de vista y que de alguna manera le han sido impuestos. Es por eso que se desembarazará bastante rápidamente de los dos civiles, para reemplazarlos por hombres políticamente confiables. Federico Pinedo no tiene tiempo de poner en ejecución el plan de reactivación económica que proyectaba para superar las dificultades causadas por la guerra. El antiguo líder de los socialistas independientes, brillante especialista en finanzas y notable personalidad parlamentaria, pretendía implementar a su modo una audaz política económica. Sus pretensiones de actuar como si fuera un primer ministro y de formar una alianza con los radicales para reactivar la economía le merecen la desconfianza de los conservadores y de Castillo.[24] Es sustituido por Carlos A. Acevedo, clubman conservador, presidente de la impopular Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires y ex ministro de Hacienda de Justo. El muy anglofilo ministro de Relaciones Exteriores, enfermo y renunciante,[25] es reemplazado por Enrique Ruiz Guiñazú, historiador y jurista, descendiente él también de una familia consular pero sin pasado político. Tonazzi queda en su puesto demostrando claramente la autonomía y el peso del ejército. Uno de los principales objetivos de Castillo consistirá en quitarse de encima la tutela de Justo confiando la cartera de Guerra a un militar independiente.

El cambio de gabinete se hace sentir rápidamente en el plano de la política interna. El fraude vuelve a imperar. El conservador Rodolfo Moreno, digno sucesor de Manuel Fresco, gana las elecciones realizadas en la provincia de Buenos Aires el 7 de diciembre de 1941 para elegir gobernador. El probado sistema de los conservadores notables, suspendido durante un tiempo, vuelve a utilizarse: el sufragio secreto se convierte de nuevo en un ideal inaccesible. El Partido Demócrata Nacional, nombre que los conservadores adoptaron sin duda por antífrasis, alcanza resultados asombrosos en las elecciones legislativas de 1942: 72 % de los votos emitidos en la provincia de Buenos Aires, 75,3 % en Corrientes, 84,1 % en La Rioja, 73 % en Mendoza, 73,3 % en Salta. En los comicios parciales de 1940, el mismo partido había obtenido el 41,3 % de los votos en la provincia de Buenos Aires, el 47 % en Corrientes, el 36,4 % en Mendoza. A nivel nacional, el radicalismo no logra captar más que el 24,40 % de los votos, ¡siendo que bajo Ortiz había obtenido el 45,22 %! Otra vez la democracia es dirigida con rigor. El radicalismo no pasará.

Los partidarios del funcionamiento normal de las instituciones no permanecen inactivos. La destitución del ministro Pinedo, a consecuencia de sus contactos con los dirigentes de la Unión Cívica Radical, acaba con la política aperturista del presidente titular. Ante tal situación, Ortiz hace un último intento para impedir que triunfe la orientación antidemocrática del jefe del poder ejecutivo. El 11 de febrero de 1941 publica un manifiesto condenando el fraude en términos muy duros.[26] Esta declaración inesperada que proviene de un hombre enfermo al que se creía definitivamente alejado de la actividad pública inquieta al gobierno, que se decide a terminar definitivamente con la dualidad presidencial. Se crea una comisión senatorial para informar sobre el estado de salud del presidente, la que declara, previa consulta con especialistas médicos, que está incapacitado para asumir nuevamente sus funciones a causa de una ceguera prácticamente total; Ortiz es descalificado en forma oficial, pero recién renunciará definitivamente el 24 de junio de 1942, poco tiempo antes de su muerte.[27]

Castillo se empeñará en restablecer el conservadorismo clásico anterior a la era radical. Las dificultades económicas y sobre todo sociales provocadas por la guerra no son propicias para que los grupos dirigentes compartan sus responsabilidades. Para impedir el retorno de los plebeyos y asegurar su poder, Castillo piensa establecer una red de caudillos locales que mantengan bien controlada la situación, quienes le deberán su elección y su cuota de poder. Pretende crear una provechosa «maquinaria» política como la de Roca en el siglo XIX o seguir el ejemplo de Justo, pero rechazando las concesiones y el juego pendular de éste. Los conservadores, particularmente los de la provincia de Buenos Aires, están de acuerdo con los proyectos del poder ejecutivo: Castillo, más que Justo, está identificado con ese grupo.

Pero Justo controla la dirección del ejército hasta dentro del propio gobierno, y sin el ejército nada es posible o, más exactamente, no se puede gobernar en contra del ejército. Así, pues, el vicepresidente debe ganarse a la sociedad militar, sobre todo si se tiene en cuenta que su poder no cuenta aún con base alguna.

Para ello, el gobierno debe satisfacer primero las demandas profesionales del ejército y sus preferencias en materia económica. Luego, Castillo debe buscar el apoyo en los sectores ideológicos hostiles a Justo o en aquellos donde él mismo goza de prestigio: los oficiales uriburistas y, en general, todos los grupos antiliberales.

En consecuencia, la primera preocupación de la nueva administración es incrementar el potencial humano y material de las Fuerzas Armadas. La guerra y la neutralidad argentina justifican ampliamente un esfuerzo que Castillo torna espectacular. Los gastos militares llegan al 22,8 % del presupuesto nacional de 1942 (contra el 16,9 % en 1940) y en el presupuesto de 1943, votado en 1942, alcanzan el 27 %.

El 28 de mayo de 1941, en un mensaje al Congreso, el vicepresidente Castillo anuncia importantes reformas para mejorar la preparación militar de la Nación de conformidad con los deseos del Estado Mayor. Planea aumentar los efectivos militares hasta que éstos alcancen el 1 % de la población total.[28] En 1942, los oficiales y suboficiales de carrera y los empleados civiles del Ministerio de Guerra (excluidos los conscriptos, los aspirantes y los suboficiales voluntarios) comprenden a 18.742 personas, contra 10.309 en 1935 y 11.878 en 1938; la marina cuenta en la misma fecha con 18.159 «asalariados».[29]

Se reforman los planes de estudio del Colegio Militar y a partir de entonces los estudios duran cinco años. Los cadetes ingresan un año más tarde, con el tercer año del secundario. Las promociones anuales de subtenientes se fijan en 110 a 115 hombres. El número de alumnos de la Escuela de Suboficiales aumenta, pasando de 700 a 1050.

Una ley promulgada el 11 de octubre de 1941 (ley N.º 12.737) prevé el otorgamiento de un crédito de 127,4 millones de pesos destinado a construcciones militares, para comenzar en 1942 las obras de un primer grupo de 19 cuarteles.

Pero las preocupaciones de los militares se circunscriben más que nunca al problema de las «dependencias estratégicas»: autonomía de equipamiento y comunicaciones exteriores. Durante la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, el 8 de junio de 1941, el presidente del Centro Naval, contralmirante Saba H. Sueyro, expresa claramente la posición de la marina: «Nuestro país… tiene necesariamente que… fomentar al máximo sus industrias, especialmente las que tengan conexión directa con la defensa nacional».[30] El almirante Sueyro, ampliando sus palabras, agrega una observación que resume la posición invariable en materia social de una parte del cuerpo de oficiales durante la década del 40, que estuvo marcada por un éxodo rural masivo: «El aumento de la industrialización contribuirá, por su parte, a solucionar más fácilmente los problemas obreros, y los capitales encontrarán más campo de inversión en el país, repercutiendo así favorablemente en el bienestar del pueblo y en la faz económica del Gobierno». En el mismo foro político-militar, el portavoz de la armada recuerda la indigencia en que se encuentra la marina mercante e insiste sobre la urgencia de contar con «buques para llevar nuestros productos a puertos extranjeros» y disponer de «bodegas para traer al país lo que éste necesita».

Castillo, atento a las opiniones de los militares y preocupado por ampliar la autonomía de una Argentina decididamente neutral en el conflicto mundial, hizo sancionar dos leyes de una importancia fundamental para el futuro económico del país. La ley 12.736 del 4 de octubre de 1941 crea la Flota Mercante del Estado, constituida mediante la adquisición de barcos extranjeros inmovilizados por la guerra en puertos argentinos. Un acuerdo firmado con el gobierno italiano prevé la compra de la totalidad de los barcos de esa nacionalidad, sorprendidos por la guerra marítima en puertos del Río de la Plata e imposibilitados de retornar al Mediterráneo, en condiciones muy ventajosas para el gobierno argentino (la mitad pagadera en bonos del Tesoro y la otra mitad en productos argentinos).[31] La Flota Mercante, institución nacida con la guerra, se coloca bajo el control del Ministerio de Marina.

El mismo año, casi simultáneamente, se crea a instancias del ejército la Dirección General de Fabricaciones Militares. No puede dejar de señalarse la importancia de este organismo autónomo puesto bajo la dependencia del Ministerio de Guerra. La creación de la DGFM traduce concretamente la voluntad industrializadora de la clase militar y la intervención deliberada del Estado en la construcción de una industria nacional. En efecto, la ley 12.709 que establece esta Dirección General atribuye a Fabricaciones Militares tareas que superan ampliamente la simple producción de armamentos y municiones. Ubicándose en una etapa muy anterior a la fabricación de material de guerra, el artículo 3 prevé entre sus misiones: «Realizar estudios, investigaciones y estadísticas conducentes al conocimiento de las posibilidades industriales del país relacionadas con la preparación de la movilización industrial correspondiente».[32] La ley otorga a la DGFM la facultad de explorar y explotar el cobre, el hierro, el manganeso, el aluminio y el berilo así como todas las materias primas y minerales necesarios para la fabricación del armamento de guerra. «Además de la misión esencial relativa a la manufactura de materiales de guerra y en cuanto resulte conveniente dentro de su particular organización y para el mejor aprovechamiento técnico-económico de la industria, las fábricas militares podrán elaborar elementos similares destinados al consumo general cuando a juicio del Ministerio de Agricultura no sean producidos por la industria privada, o lo sean en cantidad insuficiente para la necesidad del país».

La amplitud de las responsabilidades así asumidas por el Estado en materia industrial y confiadas a los militares es notable en muchos aspectos. La organización de un sector industrial estatal y el control por parte del ejército de industrias básicas nacionalizadas están inscriptos en la ley. La naturaleza del Estado y especialmente de la rama militar del aparato estatal dependen de la realización concreta de las posibilidades evocadas en este texto, que fue publicado por el Boletín Oficial del 9 de octubre de 1941, pasando casi inadvertido para los civiles. El poder militar se ve fortalecido por esta nueva dimensión económica: las diversas facilidades que la ley otorga a la DGFM y las necesidades coyunturales dejan prever una rápida expansión. En efecto, la nueva Dirección General es autorizada a formar sociedades mixtas con capitales privados nacionales (o al menos, según el artículo 7, que no formen parte de trusts o holdings extranjeros fabricantes de armas) y sus fábricas se benefician con numerosas exenciones impositivas.[33]

Porque, si bien la nueva Dirección General permite en un primer momento mejorar la coordinación de las fábricas existentes, algunas de las cuales aún se encuentran en un estadio experimental —Fábrica de Pólvora y Explosivos de Villa María, Fábrica de Munición de Artillería de Río Tercero, Fábrica Militar de Aceros de Valentín Alsina y Fábrica de Munición para Armas Portátiles de Rosario, etc.…—, sirve sobre todo de marco jurídico para el incremento de la industria militar y, a más largo plazo, para la implantación de una industria pesada (siderurgia, petroquímica) totalmente descuidada hasta entonces por los inversores argentinos. Reconociendo al Estado y al ejército el derecho de sustituir a una iniciativa privada claudicante, la ley colma los deseos de numerosos oficiales.

El primer director de la DGFM, el coronel Manuel N. Savio, ingeniero militar y director de la Escuela Superior Técnica que defiende desde hace tiempo las tesis industrialistas, parece decidido a no dejar caer al nuevo organismo en una somnolencia burocrática. Entre otras cosas, da un impulso decisivo al proyecto de creación de una industria siderúrgica nacional. ¿A quién se le habría ocurrido pensar, fuera de los militares, en construir altos hornos en la Argentina? Ningún político incluyó semejante cosa en su programa. El coronel Savio no sólo tiene la intención de desarrollar las fundiciones de chatarra existentes, sino que pretende además basar la independencia siderúrgica del país en la utilización de minerales argentinos. A quienes objetan el costo de explotación o la mala calidad del mineral, el coronel Savio responde que la Argentina «a cualquier precio debe explotar sus yacimientos de hierro».[34] Está en juego la independencia nacional. Los imperativos de la seguridad barren con los cálculos económicos, los cuales disimulan a menudo un comportamiento tradicional o una opción ideológica. La Argentina, granero del mundo, se limita voluntariamente a la industria liviana y a la transformación de productos agrícolas. El proyecto de Altos Hornos Zapla, en el norte del país, comienza a tomar forma a partir de octubre de 1942.

Castillo no considera suficiente lo mucho que ha hecho por los militares. Por ley 12.696 se crea el Instituto Geográfico Militar, encargándosele un relevamiento topográfico de todo el territorio nacional, lo que aumenta las responsabilidades del ejército aprovechando su capacidad técnica y concurre a la transformación económica que se está llevando a cabo. La industria parece estar a la orden del día. En su mensaje al Congreso del 28 de mayo de 1942,[35] Castillo señala que es imposible implementar una política económica racional en un país donde no se efectúan censos con regularidad y que carece de estadísticas. Se compromete entonces a tomar todas las medidas necesarias para dotar al país de los instrumentos estadísticos sin los cuales prepararse para la defensa se hace a ciegas.[36]

Así, pues, el ejército parece inspirar gran parte de la actividad legislativa del nuevo gobierno, o al menos no es ajeno a algunas grandes decisiones económicas, sin olvidar por ello sus preocupaciones inmediatas en materia de armamentos. En octubre de 1941, el Congreso sanciona las leyes secretas 12.690 y 12.691 sobre compra de material naval para la marina; anteriormente había sido promulgada una ley idéntica para el ejército. Pero en 1941 no basta con otorgar créditos y poseer divisas, además hay que encontrar vendedores y barcos. Los países europeos que están en guerra y los neutrales que se preparan para entrar en ella no están dispuestos a vender armas y menos sin una contrapartida política. En mayo de 1942, Castillo reconoce que la aplicación de la ley 12.672 sobre compras de armas para las fuerzas terrestres se encuentra considerablemente atrasada a causa del conflicto mundial.[37] Hasta que se produzca el hipotético desarrollo de una industria nacional, el suministro de equipos militares es un problema de política externa que compete, por lo tanto, al poder ejecutivo y no a los militares. Para un ejército moderno, las dificultades en el aprovisionamiento son forzosamente motivo de gran preocupación y descontento.

El gobierno conservador de Castillo no se contenta con responder a las necesidades y aspiraciones de las instituciones militares. También persigue fines políticos en pos de los cuales el ejército es un instrumento privilegiado. La alianza con la derecha militar y con los oficiales nacionalistas constituye el eje de la táctica presidencial. Para alcanzar los objetivos políticos que se propuso, Castillo necesita afirmar su poder y desembarazarse de los hombres de Justo.

Todos los testimonios coinciden en afirmar que la agitación que se produjo en septiembre de 1941 en varias bases aéreas correspondía a un golpe de Estado fallido, del cual Castillo estaba al corriente. Según parece, el vicepresidente y sus aliados militares quisieron aprovechar un viaje al extranjero del ministro de Guerra, el general Tonazzi, para instaurar un régimen fuerte que habría abolido las instituciones liberales y apartado definitivamente del poder a los demócratas y a sus compañeros de ruta. En ese momento, sólo se supo de este golpe de Estado casi institucional, al que Castillo por lo menos no se opuso, a través de rumores imprecisos.

Los acontecimientos se sucedieron rápidamente. El 23 de septiembre, mientras el general Tonazzi se encuentra de visita oficial en Chile (el ministro de Marina, Fincati, asume interinamente la cartera de Guerra), se conoce el arresto de varios oficiales en distintas bases aéreas: el mayor Bernardo Menéndez en Paraná, el teniente coronel Edmundo Sustaita en Córdoba y el teniente Adolfo Belluci en Tucumán son relevados de sus cargos acusados de maquinaciones subversivas.[38] La Escuela Militar de Aviación de Córdoba es puesta bajo el control de la Infantería. El comandante de Aviación del Ejército, general Ángel María Zuloaga, presenta su renuncia.[39] En La Prensa del 24 de septiembre se dice que los oficiales detenidos estaban «vinculados con los dirigentes del movimiento nazi en la Argentina». En el lenguaje político en código y de doble lectura de la época, esto significa que el golpe estaba inspirado por la extrema derecha nacionalista y, asimismo, que contaba con la bendición de las embajadas del Eje y que servía a sus propósitos. Dos grandes sindicatos condenan esta sublevación fallida: la Sociedad de Conductores Ferroviarios de Locomotoras, La Fraternidad, relacionada con los socialistas y los radicales, y la Unión Obrera de la Construcción, controlada por el Partido Comunista.[40]

Sea lo que fuere, la clase política se entera rápidamente de estas intrigas. Dos diputados de la oposición se apresuran a propalar la supuesta connivencia de Castillo.[41] Reuter y las dos agencias de noticias norteamericanas difunden el suceso en el mundo entero. Estas aserciones se ven prácticamente confirmadas por el tratamiento que el órgano nacionalista y proalemán El Pampero da al asunto. El diario argentino más allegado a la embajada alemana defiende con vehemencia a Castillo y ataca a las agencias de noticias de las «democracias». El editorialista de El Pampero hace causa común con los militares nacionalistas, denuncia que «se coaligaron contra el Ejército las fuerzas de la antipatria»[42] y fustiga a la «plutocracia yanqui» que «puso sus manos sucias en nuestro ejército».[43] El 2 de noviembre, el «primer camarada» Enrique P. Osés, director de El Pampero, es detenido por haber publicado una carta abierta, que el mayor Martín R. Cairo, ex subdirector de la Escuela de Aviación, detenido durante los acontecimientos, había dirigido al general Tonazzi.

Con este golpe de Estado frustrado en la etapa conspirativa, lo cual permite suponer que fue cortado de raíz, entra en la escena política una nueva arma, la aeronáutica, ubicada en uno de los extremos del espectro ideológico. Otras fuerzas estaban listas para unirse a la aeronáutica, cuyo apoyo a nivel táctico (movilidad y transmisión) podría ser el indicio de una avanzada elaboración técnica. Se nos dirá que esto no es más que una conjetura gratuita, porque de estos complots, tramados de boca en boca, no quedan archivos. Pero, en este caso al menos, no es arbitrarlo tratar de imaginar la parte escondida del iceberg «conspirador».

La ausencia de las unidades de tierra en el golpe, al menos de manera manifiesta, prueba que el aislamiento de los conspiradores fue menos importante que la celeridad del alto mando para desbaratar la tentativa. La reacción legalista de Mario Fincati, ministro de Marina, a quien se considera allegado a Justo o al menos antinacionalista,[44] no se hizo esperar; fue secundado por el «profesionalismo» sin fallas del inspector general del Ejército, el general Luis A. Cassinelli, jefe del 1er. Ejército bajo la presidencia de Ortiz y de sus subordinados en Córdoba y Paraná, el general Carlos von der Becke, comandante de la IV División, y el coronel Juan Carlos Bassi, jefe de la III División. A esto hay que agregar, claro está, la influencia disuasiva del general Justo, que cuenta con hombres confiables y bien ubicados en todas partes, como el general Adolfo Salvador Espíndola, jefe de la guarnición de Buenos Aires, o como el general Santos V. Rossi, el más fiel de entre los fieles, director de la Escuela de Suboficiales en la poderosa guarnición suburbana de Campo de Mayo. Por lo demás, en 1942, inmediatamente después de los sucesos, este último será ascendido por el general Tonazzi, jefe de esa misma guarnición; tal vez este ascenso no sea políticamente neutro y esté relacionado con la crisis de septiembre de 1941.

A primera vista, la connivencia entre el vicepresidente Castillo y la conspiración de los aviadores militares parece no tener mucho fundamento. Castillo desmiente los rumores de golpe y reacciona blandamente cuando el almirante Fincati adopta medidas rigurosas. Ni siquiera se declara el estado de sitio. Sin duda el vicepresidente dejaba hacer más de lo que instigaba. No obstante, parece innegable que hayan existido contactos entre la derecha militar y la presidencia. Diez días después de finalizadas las sesiones ordinarias del Congreso, el 10 de octubre de 1941, Castillo disuelve el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Esta asamblea, entre cuyos miembros había varios implicados en escándalos financieros y en malversaciones, era, desde hacía algunos meses, el blanco preferido de los ataques de los nacionalistas civiles y militares. Como el Parlamento con el negociado de El Palomar, el Concejo Deliberante simbolizaba todos los vicios de una democracia «corrupta y decadente» estigmatizada por el antiparlamentarismo de la extrema derecha. Los partidos políticos y la gran prensa liberal condenan unánimemente este verdadero abuso de autoridad presidencial. En efecto, los considerandos del decreto de disolución no dejan de evocar el revisionismo constitucional de los revolucionarlos de septiembre.[45] ¿Se ha dado el primer paso hacia la instauración de un régimen autoritario? Muchos son los que piensan que Castillo está demasiado bien encaminado como para detenerse y que el Parlamento se encuentra amenazado.

Un autor radical, cuya información sobre este período es casi siempre confiable,[46] sostiene sin ofrecer pruebas verificables, que en octubre de 1941 un grupo de coroneles se reunió con Castillo para discutir las condiciones de un apoyo del ejército al régimen: habrían figurado entre ellas, además de la continuidad de la política exterior, la disolución del Congreso y del Concejo Deliberante. Para evitar un golpe de Estado, Castillo, presionado por un verdadero chantaje, habría aceptado todas las condiciones salvo la disolución del Congreso. De esta manera se establecía un pacto tácito entre el presidente interino y los oficiales antiliberales.

El comportamiento público de Castillo con el ejército parece confirmar esas negociaciones. A partir de noviembre de 1941, el vicepresidente multiplica las ocasiones para encontrarse con los militares. Castillo no va a ninguna parte sin los oficiales y toda excusa es buena: desfiles, maniobras, recepciones, banquetes; todo acontecimiento militar de alguna significación cuenta con su presencia. Se critica de buena gana el «esnobismo castrense» del presidente y «esa insospechada vocación por los uniformes y las espadas marciales, que lo llevó a exhibirse constantemente rodeado de generales y altos oficiales del ejército durante su ejercicio presidencial»[47] y a fotografiarse solamente con un fondo de quepis y de galones.

Castillo recibe en su domicilio de Martínez a los jefes militares tan a menudo como si se tratara de los diputados de su partido o de sus amigos políticos. En 1942, da un banquete en su honor cada dos meses. Es sumamente interesante recorrer la lista de invitados a una de esas recepciones. En la del 19 de marzo figuran las personalidades militares que a partir del año siguiente van a jugar los papeles más importantes: el general Pedro P. Ramírez, comandante de la Caballería; los generales Edelmiro J. Farrell, inspector de Tropas de Montaña; Diego I. Mason, comandante de la II División; Angel Zuloaga, director general del Personal después de haber comandado la Aviación del Ejército hasta septiembre de 1941 y el general de división Juan Pistarini, presidente del Tribunal Militar. Exceptuando a Farrell y Pistarini, todos estos generales fueron nombrados en puestos importantes por Castillo, cuyo estilo autocrático deja poca autonomía a los responsables de los distintos departamentos ministeriales, aunque ellos sean militares.[48]

La política internacional y el ejército

¿A qué se debe esta llamativa alianza con el ejército? ¿Habría sido dominado el terco y maduro profesor por la embriaguez del poder y del mando? ¿Este autoritario tímido y cortés habría renegado súbitamente de su pasado parlamentario para entregarse al ejercicio solitario del poder? ¿«La unanimidad de uno» sería la única explicación de este episodio enigmático que condicionará en gran medida toda la historia argentina reciente, particularmente el nacimiento del peronismo?

Los contemporáneos no han examinado mucho el aspecto ideológico de la cuestión. Incluso la explicación política en términos de equilibrio de fuerzas ha quedado en un segundo plano. Huelga decir que Castillo se puso de acuerdo con los sectores antiliberales del ejército para fortalecer su poder e impedir que los radicales, ya mayoritarios en la Cámara de Diputados, llegaran al poder. Pero semejante evidencia casi no se pone de manifiesto en las reacciones, las más de las veces apasionadas, que provoca la orientación del régimen de Castillo.

Lo que sucede en realidad es que el tema de la neutralidad en la guerra mundial invade totalmente la vida política, obscureciendo sus mecanismos profundos. No es extraño que en una nación tan extravertida como la Argentina se quiera, aunque sea de palabra, morir por Danzig antes que vivir en Avellaneda. De hecho, mientras que las noticias de la Somme o de Tobruk, de Minsk o de Guam, salen en la primera plana de los grandes diarios —y por supuesto en las hojas subvencionadas por las potencias beligerantes—, las noticias nacionales parecen no interesar a la opinión pública más que por su relación con el conflicto mundial.

Los ciudadanos activos ven todos los conflictos internos a través del prisma deformante de la guerra. Ya no se es conservador, radical o nacionalista, sino que se está a favor de los Aliados o de la neutralidad. Dicotomía simplista que se torna más esquemática aún por el desencadenamiento de las pasiones que oscurece los móviles y amalgama los matices de opinión. Se puede ser partidario de la neutralidad por germanofilia cultural o por simpatía política hacia la causa hitleriana, pero también por ser de derecha y considerar que el interés nacional prima sobre las luchas de las grandes potencias o por ser de izquierda y juzgar que una guerra «interimperialista» no concierne a los argentinos. Para los partidarios de las democracias que apoyan con entusiasmo a los Aliados —a falta muchas veces de haber sido adeptos de la democracia—, quien no es favorable a la causa del imperio Británico y luego a la de las «Naciones Unidas», no puede ser sino «nazifascista». Por su parte, los verdaderos «fascistas» les corresponden: según ellos, únicamente los traidores vendidos a la City o al oro de Wall Street pueden indignarse por las conquistas hitlerianas y desear la victoria de las naciones antifascistas.

El insulto terminante o el epíteto polémico y nebuloso no califican al adversario sino que buscan descalificarlo. ¿Acaso Castillo, firme partidario de la neutralidad argentina, no es autoritario y conservador? ¡Nazifascista!, exclama la oposición por una vez de acuerdo. Este tipo de polémica superficial no puede conformarnos. ¿Cuál es la naturaleza de la neutralidad argentina bajo el gobierno de Castillo, cuáles son sus verdaderos móviles y hasta dónde influye el ejército en esa orientación? Responder a estas preguntas a las que generalmente se presta poca atención —tan poca atención como a los tres años capitales durante los cuales germinará un fenómeno sociopolítico que cambiará la faz del país—, es también definir la situación del poder militar con relación a las fuerzas sociales en pugna.

La historia argentina —ya sea liberal o nacionalista— señala un solo elemento de la efímera presidencia de Castillo: la negativa a abandonar la neutralidad. A pesar de todo, pueden proponerse dos interpretaciones de sus relaciones con el ejército: o bien el grupo político conservador que sustituye a Ortiz pretende fortalecer su preeminencia obteniendo el apoyo de un ejército decidido, por múltiples razones, a mantener una estricta neutralidad, así como los banquetes o la compra de armas, algunas de las maneras de seducir a la clase militar—; o bien, el poder ejecutivo, convencido de la necesidad de mantener a la Argentina alejada de la tormenta, busca el apoyo de un ejército donde los elementos nacionalistas o germanófilos llevan la voz cantante. La neutralidad, ¿medio o fin, táctica o estrategia, móvil estrictamente político o elección conforme al interés nacional tal como los grupos dominantes la perciben? Puede ser que estas dos explicaciones no se opongan sino que encajen una en la otra, siendo la lucha política propiamente dicha a nivel de participación y de formas del Estado sólo la expresión de intereses sociales que conviene situar. Pero antes de llegar a las explicaciones, hay que describir y reubicar en su contexto a la política exterior supuestamente «pronazi» del presidente Castillo.

Desde su llegada al poder, Castillo había refirmado su adhesión a una estricta neutralidad. Su segundo ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Ruiz Guiñazú, era considerado mucho menos favorable a Gran Bretaña que Julio A. Roca. Con su nominación, la política exterior, caracterizada además por su continuidad, adquiere un tinte militante y hasta nacionalista. Castillo y su ministro aprovechan toda ocasión para proclamar públicamente «la tradicional política de paz y armonía con todos los pueblos del mundo, practicada lealmente por la Argentina»,[49] y la intangible soberanía nacional que ninguna solidaridad continental puede socavar.

La opinión pública urbana e ilustrada está mayoritaria y sentimentalmente a favor de la causa de los Aliados. El corazón de los porteños late al unísono del París ocupado. La gran prensa mira a Churchill con los ojos de Roosevelt. Pero en el interior del país, lejos del Litoral pendiente de Europa, los peones y los comerciantes, los chacareros y los artesanos, no se sienten para nada involucrados en el problema de la guerra mundial, y lo mismo sucede en los suburbios populares de Buenos Aires, donde una clase obrera reciente, ajena a las organizaciones políticas y sindicales, no se apasiona en lo más mínimo por un lejano conflicto entre países del viejo mundo. El exótico teatro de sombras de la clase política es posiblemente artificial pero fascina al país legal y, dentro de él, los partidarios de la neutralidad conforman una minoría heterogénea.

El problema internacional llega incluso a convertirse en un arma de guerra utilizada contra el poder personal de Castillo. Su estilo de gobierno inquieta a una fracción cada vez más amplia de los medios políticos. Bajo la consigna de la solidaridad democrática y panamericana, los excluidos del poder se agrupan en un frente común que desborda ampliamente la alianza de tipo frente popular o cartel antifascista esbozada bajo la presidencia de Ortiz pero que retoma sus principales temas.

No nos extenderemos sobre la política exterior argentina durante la guerra, a la que le han sido dedicados estudios muy estimables,[50] pero querríamos recordar sus hechos sobresalientes así como su incidencia en la vida política interna. El ataque japonés desencadenado contra Pearl Harbour el 7 de diciembre de 1941 puso fin a la neutralidad formal del continente. Al entrar los, Estados Unidos en la guerra, su peso en los asuntos hemisféricos implicaba poner en práctica las declaraciones de La Habana respecto de la solidaridad interamericana en caso de ataque de un Estado extracontinental. La continentalizaclón de la doctrina Monroe, contenida en la declaración XV de la Reunión de La Habana, había sido aceptada por la Argentina.

El 9 de diciembre, el gobierno argentino, refiriéndose al compromiso de «solidaridad, asistencia recíproca y cooperación defensiva» asumido con las naciones americanas, declara a los Estados Unidos no beligerante; considerando como beligerantes a las naciones del bando contrario, lo que traduce una concepción unilateral de la neutralidad. El gobierno está firmemente decidido a no ir más lejos. Es por eso que, el 16 de diciembre de 1941, para detener la agitación pronorteamericana y las diversas presiones que intentan ejercer partidos y asociaciones sobre sus intenciones de mantener al país apartado de la guerra, se declara por decreto el estado de sitio en todo el territorio: «La gravedad de la situación internacional impone al Poder Ejecutivo la obligación de extremar las medidas conducentes a vigorizar la unidad moral de la Nación para poder mantener íntegra y eficazmente la posición adoptada frente al conflicto bélico». El primer efecto de este decreto es impedir la realización de una gran manifestación política de los partidos de la oposición en apoyo del presidente Roosevelt y de «la política norteamericana… de defensa de la democracia en el mundo».[51] «Medida fascista que demuestra que Castillo desea la victoria de las hordas hitlerianas y de los enemigos de la libertad», proclama la oposición. Y el líder socialista Nicolás Repetto envía un telegrama personal al presidente de los Estados Unidos para asegurarle que puede contar con el pueblo argentino: «Roosevelt es la expresión de todo un continente», escribe.[52]

Para compatibilizar las actitudes diplomáticas de los países del continente y retomar el control de las cancillerías insumisas, los Estados Unidos convocan a la Tercera Reunión de Cancilleres que se lleva a cabo en Río de Janeiro entre los días 15 y 29 de enero de 1942. Sus objetivos son muy concretos:

«Primero, persuadir a todos los gobiernos americanos de la urgencia de romper relaciones diplomáticas y todo intercambio comercial con el Eje, a fin de acabar con el espionaje y la subversión en este hemisferio; segundo, buscar una base de acuerdo sobre las medidas de cooperación militar y naval necesarias para la seguridad de las repúblicas americanas, así como las medidas de colaboración indispensables para que los países de América puedan soportar la tensión económica resultante de la guerra».[53]

La delegación argentina, presidida por el doctor Ruiz Guiñazú, ministro de Relaciones Exteriores, se opone no sólo a toda declaración de guerra al Eje sino también a una ruptura automática e impuesta de relaciones diplomáticas. El subsecretario de Estado norteamericano, Sumner Welles, intenta en vano sobrellevar la oposición de aquél a quien califica como «desastroso personaje»[54] en sus memorias, ya que la delegación argentina no cede en sus posiciones. El representante de los Estados Unidos señala al respecto: «La línea seguida por el ministro (argentino) era dictada en gran medida por los grupos ultranacionalistas, por los elementos del ejército argentino, abiertamente pronazis, y por otros elementos reaccionarios con influencia en la República».[55] Sea lo que fuere, la Conferencia de Río de Janeiro es un fracaso para el Departamento de Estado. Para lograr la unanimidad, la resolución sobre ruptura de relaciones se reduce a una simple recomendación librada a la apreciación de los gobiernos interesados, los que podrán actuar en este caso en «función de las circunstancias». La modesta república sudamericana ha resistido al gigante del norte. Los nacionalistas manifiestan su alegría y los verdaderos fascistas se congratulan.[56] Es una victoria diplomática que costará caro a la Argentina.

No cabe duda de que el gobierno es consciente de ello. El 16 de enero decide por decreto prolongar por un período indeterminado el servicio de los conscriptos que se encuentran bajo bandera: de esta manera se mantiene en actividad a 31.000 hombres.[57] El 4 de febrero, dos camadas de suboficiales de la reserva (3000 hombres) así como 900 subtenientes de reserva son llamados al servicio activo. El aislamiento diplomático de la Argentina aumenta aun más cuando, el 22 de agosto de 1942, Brasil declara la guerra a las potencias del Eje. Los Estados Unidos, que tratarán de compensar por todos los medios el vacío que se ha producido en la solidaridad continental, declaran una guerra psicológica e ideológica Contra el gobierno argentino. El eco de la propaganda norteamericana sigue deformando en la actualidad las apreciaciones que generalmente se hacen de los acontecimientos de aquella época.

Dejando de lado la repercusión y el furor de una propaganda de guerra sin matices, ¿cuál es el sentido que debe atribuirse a la neutralidad argentina? Castillo y su ministro de Relaciones Exteriores, Ruiz Guiñazú, a quien, según Sumner Welles, el presidente deja conducir en gran medida la política exterior, ¿son partidarios de los Estados totalitarios, desean ver triunfar a las potencias del Eje para instaurar un régimen fuerte y militarista en su país? ¿Son los dos «notoriamente pronazis»,[58] según la versión oficial de la diplomacia norteamericana? La afirmación es poco convincente si se piensa, como Sumner Welles, que ¡el dictador Vargas, creador del Estado Novo, es un perfecto demócrata porque no dudó en apoyar la causa de las democracias![59]

Por otra parte, ¿a quién se le hubiera ocurrido en 1937 acusar de totalitarismo o de actitud antidemocrática al ministro de Ortiz, José María Cantilo, por oponerse a los Estados Unidos en la Conferencia de Lima sobre el problema de la solidaridad continental con argumentos muy parecidos a los de Ruiz Guiñazú en la Conferencia de Río de Janeiro? Asimismo, es paradójico comprobar que los radicales atacan la política de neutralidad seguida por Castillo en 1942, cuando Hipólito Yrigoyen había preservado a toda costa la neutralidad argentina durante la primera guerra mundial. ¿Acaso los conservadores de entonces no le reprochaban ser partidario de los alemanes? Justamente, el embajador británico, sir David Kelly, observa: «El gobierno de Castillo, tachado de germanofilia, está formado exactamente por el mismo grupo de familias que encabezaban la oposición a la diplomacia de Yrigoyen durante la primera guerra mundial».[60]

Neutralidad en el poder, intervencionismo en la oposición, la inversión de roles parece expresar una constante política. ¿Las tradiciones diplomáticas profundamente arraigadas en la realidad económica y geopolítica prevalecen sobre las preferencias ideológicas? ¿Cómo no notar la sorprendente continuidad que va de Roque Sáenz Peña, opuesto al resurgimiento de la doctrina Monroe durante la Conferencia de Washington en 1890, a Ruiz Guiñazú, que se niega a que la política exterior de Buenos Aires sea dictada por el Departamento de Estado? Seguramente Castillo no era más pronazi que germanófilo. Que este «reaccionario de mente estrecha»[61] tuviera poca simpatía por los Estados Unidos, es innegable, y además acorde con las más tradicionales tendencias del conservadorismo argentino. Pero no era antibritánico; podemos creer lo que asegura sir David Kelly, embajador de Su Graciosa Majestad.[62] Su germanofilia es por lo tanto un mito.

Podemos preguntarnos entonces si la neutralidad no obedece a intereses más permanentes de la República Argentina. A pesar de su hostilidad por la política de Ruiz Guiñazú, el subsecretario de Estado Welles señalaba que los argentinos de todas las tendencias «identifican fácilmente neutralidad y prosperidad económica».[63] Un periodista norteamericano que es poco indulgente con las veleidades de independencia de los gobiernos argentinos durante la guerra, y que más bien se inclina a ver camisas pardas debajo de todos los ponchos, escribe en 1944 respecto de los estancieros que encuentra en la provincia de Buenos Aires: «Aun quienes desean que se rompa con el Eje por razones ideológicas, reconocen que en la presente situación mundial Gran Bretaña no puede prescindir de carne, cuero, lana, etc. Y algunos británicos bien informados no vacilan en admitir que tal argumento está bien fundamentado».[64]

Es innegable que la neutralidad es materialmente probritánica y no proalemana. Fuera de toda polémica, el balance comercial indica claramente quien se beneficia con la política exterior de Castillo: el comercio con Alemania es prácticamente nulo, en cambio las exportaciones al Reino Unido rara vez fueron tan importantes.[65] Vemos, pues, que el pronazi Castillo colabora eficazmente con el mundo libre. La neutralidad corresponde a los intereses de Gran Bretaña, de los estancieros y de los exportadores argentinos. En efecto, el mantenimiento de las relaciones diplomáticas con Alemania es imprescindible para salvaguardar el intercambio económico con el Reino Unido; cualquier medida hostil hacia los países del Eje desencadenaría severas represalias contra el comercio argentino. La implacable guerra submarina llevada a cabo por Alemania en el Atlántico no siempre perdona a los barcos neutrales. La prosperidad de la Argentina y del grupo dirigente conservador parece pues depender de las relaciones amistosas que mantiene el país con todas las potencias europeas. ¿No señalaba sir David Kelly, en 1942, que el Jockey Club y el Círculo de Armas eran mayoritariamente neutralistas? Y es también cierto que la vehemencia de las críticas norteamericanas contra la actitud antidemocrática del gobierno argentino, que en los hechos favorece al Reino Unido reforzando los vínculos económicos entre los dos países, traduce igualmente la intención de los economistas norteamericanos que aprovechan la guerra para tratar de suplantar a la antigua metrópoli y hacer de la Argentina un país dependiente de los Estados Unidos.

Neutralidad y política interna

La neutralidad «racional» adoptada por el gobierno francamente conservador de Castillo choca a una opinión organizada y ganada en su mayoría por la causa aliada. En efecto, la estricta neutralidad que apoyan la diplomacia alemana y sus representantes locales se confunde con la práctica autoritaria de un gobierno opuesto a una amplia participación popular; además, todos los grupos reaccionarios que sueñan con instalar un Führer criollo en Buenos Aires la respaldan. Es por eso que los sindicatos obreros abrazan la causa aliada; sobre todo después de que la URSS entró en la guerra, el 21 de junio de 1941. Hasta ese momento, algunos sindicatos, relacionados con el Partido Comunista, se negaban a definirse en el conflicto «interimperialista». Todos los partidos favorables a las instituciones democráticas y especialmente a la práctica del sufragio universal —socialistas, demoprogresistas y radicales— se ponen inmediatamente del lado de las «democracias», fortaleciendo así su capacidad de oposición al régimen. El apoyo a la lucha mundial por la libertad y contra los totalitarismos suscita un entusiasmo activo. Ninguna conducción política ignora lo beneficioso que puede ser el idealismo de una causa capaz de unir a numerosos argentinos sin partido o apolíticos contra el gobierno de Castillo. Así es como se crean organizaciones pro-aliadas de intelectuales, femeninas y juveniles como la Acción Argentina o la Junta de la Victoria.

Los prohombres del radicalismo, que rodean a Alvear en la dirección del partido, salpicados por muchos escándalos, comprometidos en asuntos nada gloriosos y enredados en los múltiples compromisos asumidos en las Asambleas, están bastante felices de encontrar a mano una causa tan noble.[66] No dejan pasar esta inesperada ocasión que se les presenta para redorar un escudo descolorido, y pondrán tanto más ardor en defender la democracia cuanto menos la hayan servido con su conducta.

Debe tenerse en cuenta que la línea oficial de la UCR en materia de política externa no cuenta con la unanimidad. Las corrientes «renovadoras» que invocan a Yrigoyen se niegan a optar por unas u otras naciones beligerantes en nombre del antiimperialismo. Tal es la posición del sector «intransigente» de Amadeo Sabattini en Córdoba, o la de los jóvenes progresistas del grupo FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina) y de la juventud de la provincia de Buenos Aires. Aunque son minoritarias, la gran prensa y los órganos de opinión mantienen contra estas tendencias una conspiración de silencio para no poner en evidencia que la coincidencia entre autoritarismo antiliberal y defensa de la neutralidad no lo explica todo, y que, en nombre de la independencia nacional, algunos hombres de izquierda no aceptan que se los chantajee con el nazismo.

En función de la división que impone el conflicto mundial, se producen las reubicaciones políticas más singulares, que conciernen, sin embargo, a una parte de los grupos dirigentes tradicionales. Las capas superiores consideran justa la causa de los Aliados. ¡Cuántos apellidos, cuántos miembros de la élite establecida aparecen encabezando grupos de presión proaliados! La Junta de la Victoria es un verdadero Gotha porteño. ¡Y cuán inesperado resulta encontrar, dentro del liberalismo de buen tono de la gran prensa, semejante vehemencia antitotalitaria! Pero el viraje más sorprendente es el del general Justo, restaurador del fraude electoral y protector de la Legión Cívica, que no hace mucho coqueteaba con la extrema derecha nacionalista.

El ex presidente se declara solidario de las Naciones Unidas en su lucha contra el Eje, con una ostentación digna de su reputación y de sus ambiciones. Algunos días después de que Brasil entrara en la guerra, viaja a Río de Janeiro como invitado de honor del presidente Vargas para asistir a los festejos del 120.º aniversario de la independencia de ese país. Se lo recibió con todos los honores y se impone su nombre a una avenida de la capital carioca.[67] Nada de esto es gratuito. El general Justo aparece fotografiado en todos los diarios junto a las autoridades brasileñas haciendo la V de la victoria y multiplica las declaraciones favorables a la entrada en guerra de su país y al triunfo aliado. Antes de su partida, en su condición de general honorario del ejército brasileño, comunica al doctor Aranha, ministro de Relaciones Exteriores de Vargas, «su decisión de acudir al primer llamamiento para ponerse a las órdenes del gobierno».[68] Asimismo, al marcharse de Río ofrece su colaboración personal al Estado Mayor brasileño y formula votos por la victoria. A su llegada a Buenos Aires lo recibió el ministro de Guerra, general Juan N. Tonazzi, quien se coloca así en una posición muy delicada con respecto al gobierno a que pertenece.

Pueden invocarse, en el caso de Justo, preocupaciones políticas e incluso electorales inmediatas. Castillo, que nunca fue uno de sus seguidores, se ha vuelto adversario del antiguo ministro de Alvear. ¿No intentó acaso controlar el ejército sacándole así su principal sostén político? Justo nada puede esperar del presidente. Además, no es posible resucitar a la Concordancia. Los conservadores consecuentes y los caudillos sólidamente instalados están por el momento del lado de Castillo. El antipersonalismo radical, por su parte, ya es inexistente. Justo tiene entonces razones para temer que la alianza en gestación, del tipo de un frente popular, lo deje totalmente aislado y sin esperanzas de acceder a un segundo mandato presidencial. En efecto, se comienza a vislumbrar claramente una estrategia de Unión Democrática encaminada a «terminar con la neutralidad y a evitar la fascistización del régimen de Castillo».[69] En noviembre de 1941 el X.º Congreso del Partido Comunista aprueba esta idea; también el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista son favorables a esta iniciativa que la UCR aprobará a fines de 1942. Así, pues, Justo dispone de un margen de maniobra muy estrecho, a menos que se coloque a la cabeza de una gran agrupación «antifascista» capaz de conseguir el apoyo de los conservadores hostiles a la política exterior de Castillo y que el vigor de su compromiso proaliado pueda otorgarle un título de buen demócrata. Esta situación permite entender mejor su comportamiento un tanto excesivo.

Pero no podemos quedar satisfechos con una explicación individual de este tipo. La división de los grupos dominantes obedece a problemas de fondo, no a tácticas electoralistas transitorias de camarillas o clanes. La impopularidad de Castillo y su autoritarismo de político provinciano sin prestigio pueden hacer olvidar, por cierto, su eficaz defensa de los intereses económicos de la élite establecida. Los intereses reales y las elecciones políticas no coinciden automáticamente, muy por el contrario. La opacidad de la acción política con relación a los determinantes sociales constituye un dato de la realidad que debe tenerse en cuenta. La afección cultural de los medios intelectuales por Francia y Gran Bretaña y, en general, de una burguesía urbana bien informada de lo que sucede en Europa y su generosa indignación ante la barbarie nazi explican en parte las reacciones hostiles a la neutralidad. A la buena burguesía anglofila le resulta bastante difícil permanecer neutral. Raros son los argentinos que conocen los enredos de las relaciones económicas internacionales y que son capaces de ajustar su actitud a las exigencias del comercio exterior.

Con todo, no debemos caer en interpretaciones idealistas y dejar de lado los móviles profundos. La división de las capas dirigentes no ha dejado de agudizarse desde 1930. La puja de intereses entre la antigua metrópoli y la potencia tutelar continental repercute directamente en los grupos dominantes favorables a la penetración extranjera. Muchos hombres de negocios y muchos políticos consideran que, ante el debilitamiento de Gran Bretaña, los Estados Unidos son el único recurso disponible para la supervivencia del sistema socioeconómico argentino. Un conservadorismo que pretende ser moderno se inclina, pues, a repudiar a Europa en nombre del realismo. El Reino Unido representa el pasado; el porvenir se encuentra siguiendo los pasos de la gran República del Norte.[70] No obstante, la mayoría de los responsables de la economía siguen siendo fieles al Reino Unido, principal mercado para los productos argentinos de exportación. Algunos, empero, desesperanzados de una victoria británica, se interrogan sobre la Europa de la posguerra y se disponen a transferir al Tercer Reich su interesada simpatía. Sin que se pueda hablar con propiedad de una «conversión instantánea al nazismo de amplias capas de la oligarquía hasta entonces probritánicas»,[71] semejante actitud muestra el desarraigo en que se encuentra sumida esta burguesía dependiente y decidida a seguir siéndolo ante la incertidumbre de la guerra.

Es por eso que la lucha política va a centrarse en el problema internacional. En junio de 1941, la Cámara de Diputados crea, a instancias de la mayoría, una Comisión encargada de investigar las actividades antiargentinas, es decir la infiltración nazi, el espionaje de los países del Eje y la propaganda antidemocrática.[72] Evidentemente al tanto de las segundas intenciones de los miembros de la Comisión, Castillo traba su funcionamiento. Sin embargo, en septiembre de 1941 la Comisión publica sus primeras conclusiones sobre los organismos oficiales nazis que actúan en la colonia alemana. En una conferencia de prensa Castillo desautoriza inmediatamente estas investigaciones y toma distancias respecto de sus «revelaciones». Podemos señalar que el concepto de actividades antiargentinas utilizado por los diputados era indudablemente demasiado riguroso. Según ellos, la afiliación de un ciudadano alemán al NSDAP podía considerarse como una actividad antiargentina, en cambio la constitución de una asociación para la victoria de los Aliados (como la Junta de la Victoria) debía juzgarse como algo perfectamente «argentino».

La mayoría radical de la Cámara de Diputados que se enfrenta a Castillo vuelve a la carga el 28 de septiembre de 1942, aprobando, por 67 votos contra 64, la ruptura de relaciones diplomáticas con los países del Eje. El Senado, de mayoría conservadora, se rehúsa a examinar la resolución tomada por la Cámara de Diputados. En un mensaje, el 1.º de octubre, Castillo recuerda a los diputados que «la conducción efectiva de las relaciones exteriores de la República compete al Poder Ejecutivo».[73]

Expuesto a la hostilidad de la gran prensa, al hostigamiento de las más importantes agrupaciones políticas y del Congreso, verdadero detonante interno de una presión norteamericana cada día más dura, Castillo, convencido de la rectitud de una posición cuyos móviles profundos no puede explicar, busca los apoyos más diversos. Parecería dispuesto a aliarse con el mismo diablo para mantener el rumbo de la política exterior argentina. Por eso ve con buenos ojos a las asociaciones que los nacionalistas crean para apoyar la neutralidad argentina, tales como Afirmación Argentina, o como la Comisión investigadora de las actividades contrarias a la soberanía nacional, presidida por el almirante Abel Renard, y de la cual forma parte el general P. P. Ramírez, que fue una réplica directa a los diputados proaliados. El «plebiscito de la paz», campaña de recolección de firmas en favor de la política internacional de Castillo que obtuvo la conformidad de dos millones de argentinos, alentó al presidente a mantenerse firme y facilitó la tarea de Ruiz Guiñazú. Pero éste puede deplorar sin embargo, la existencia de ciertos aliados molestos: El Pampero exalta a la vez «el Reich milenario» y el vigor del patriotismo de Castillo. Se acusa a los agentes del Eje de haber fomentado y organizado el manifiesto en favor de la neutralidad.

Durante el año 1941, el vicepresidente recibe con frecuencia a representantes de los movimientos nacionalistas.[74] En 1942 hace llamar a Arturo Jauretche, dirigente y fundador del grupo FORJA de los jóvenes radicales antiimperialistas, para consultarlo,[75] preguntándole en particular cómo limitar las presiones belicistas de los radicales ortodoxos. A Castillo se le había ocurrido que podía alcanzar cierta libertad de acción mediante la expansión de las tendencias neutralistas existentes en el seno de la UCR. El aparente eclecticismo de los contactos presidenciales habla a las claras de la importancia que reviste para el poder ejecutivo el problema internacional.

Desde esta perspectiva debe considerarse la actitud de Castillo hacia el ejército, que se siente perfectamente comprendido por el vicepresidente. En el banquete de camaradería de las Fuerzas Armadas, el 7 de julio de 1941, el general Basilio B. Pertiné, presidente del Círculo Militar, declara ante las más altas personalidades del Estado:

«El origen de nuestra estructura y formación espiritual deriva del viejo mundo.

»Esta circunstancia nos hace sentir más intensamente la tragedia que allá se vive y nos hace desear con mayor vehemencia, que el incendio, lejos de propagarse, se reduzca y se extinga, para alivio de la humanidad que se desangra.

»Por ello, camaradas, las fuerzas armadas argentinas abrigan el más ferviente deseo de que la Nación mantenga, ante la espantosa guerra que asola a Europa, el estado de neutralidad declarada por el Excmo. Sr. Presidente, Dr. Roberto M. Ortiz, refirmado, con elevada inspiración patriótica por el Excmo. Sr. Vicepresidente de la Nación en ejercicio del P. E., Dr. Ramón S. Castillo».

Estas palabras hacen eco a lo expresado por el contralmirante Saba H. Sueyro, presidente del Centro Naval, durante su discurso: «Uno de los principales deberes de las fuerzas armadas, es sostener la política diplomática que sigue el gobierno». Esta identidad de opiniones es el principal sostén del régimen de Castillo.

La inquietud de las legiones

La luna de miel que parece esbozarse entre el presidente y los militares está llena de amenazas.

El acuerdo en política exterior no disimula la existencia de graves problemas. Hasta la renuncia del general Tonazzi en noviembre de 1942, el ejército parece estar implícitamente sometido a una doble orientación contradictoria, a causa de la toma de posición del general Justo y de los estrechos vínculos que unen a Tonazzi y a los oficiales superiores del «clan» con el antiguo presidente. Los intentos de golpe de Estado son la prueba del malestar que persiste en los medios nacionalistas del ejército.

El general Juan Bautista Molina, experto en tales prácticas, organiza una conspiración de cierta envergadura a principios de 1941, año fértil en complots militares diversos. El golpe previsto para mediados de febrero contaba con la participación de oficiales nacionalistas convencidos, como el coronel Fortunato Giovannoni, de la I División con asiento en la Capital Federal, y el coronel Eduardo Lonardi, comandante del Centro de Instrucción Antiaérea; el jefe del Estado Mayor de los conspiradores era el coronel de artillería Urbano de la Vega, y el aviador Edmundo Sustaita estaba al mando de las operaciones.[76] La determinación de los generales Espíndola y Tonazzi hace fracasar el movimiento que, sin lugar a dudas, estaba dirigido más contra ellos que contra Castillo. Por lo demás, este intento fallido tuvo poca repercusión en las filas del ejército, y la opinión pública no fue informada sobre él.

Otros conjurados toman el relevo, con más ruido pero sin mejores resultados, hacia fines del mismo año. Esta nueva conspiración está encabezada por el general Benjamín Menéndez, personaje quijotesco, místico del deber militar y de las virtudes patrióticas, siempre listo a montar el Rocinante de la acción política directa. El objetivo de los conjurados habría sido derrocar a Castillo para reemplazarlo por el almirante Abel Renard, antiguo ministro de Marina de Uriburu. Con este fin, el jefe del movimiento habría tratado de agrupar a militares hostiles al fraude electoral y partidarios de Ortiz junto con oficiales antiliberales admiradores de los Estados autoritarios.[77] Pero en los hechos, este general de ideas confusas, que parece ignorar todo respecto de las divisiones políticas del momento, sólo tiene éxito en los medios nacionalistas. Efectúa incluso una tentativa para unificar su movimiento con los seguidores del general Juan Bautista Molina.[78] Es verdad que una estruendosa declaración pública bastó para que Benjamín Menéndez quedara catalogado entre los fanáticos de la extrema derecha pronazi.

El 7 de septiembre de 1941 este general en actividad publica en la primera página de El Pampero (N.º 670) una carta abierta dirigida «al país» en respuesta a un artículo sobre los Estados Unidos que Federico Pinedo había publicado en La Nación el mismo día.[79] Pero la carta abierta, de una inusitada violencia, va mucho más allá de la simple refutación de las observaciones pronorteamericanas de Pinedo. Se trata de una denuncia en regla de los «políticos», cobardes e incapaces, a quienes se acusa de todos los crímenes, de los partidos que dividen a la nación y finalmente del régimen liberal. Corre el rumor de que la carta fue escrita en el Club Alemán por funcionarios de la embajada del Reich.[80] Es más verosímil pensar que los nacionalistas allegados al general Menéndez supieron hábilmente sacar el mejor partido de la tremenda indignación del ex comandante de la Caballería.[81]

Durante una semana, El Pampero reproduce cotidianamente la carta o le dedica sus editoriales. La finalidad política de semejante orquestación es simple: mostrar, mediante el cotejo con citas o telegramas de simpatía, que la carta de Menéndez es perfectamente representativa del estado de ánimo del ejército.[82] De todas formas, el general Menéndez es castigado con dos meses de detención por el almirante Fincatti, ministro de Guerra interino.

Estas peripecias políticas no facilitan la conjura militar. En febrero de 1942, el Estado Mayor de los conspiradores se reúne por la noche para analizar una situación muy poco propicia.[83] El jefe del complot lee una carta de renuncia del almirante Renard en presencia del general Pedro P. Ramírez, su yerno, del mayor Juan Rawson Bustamante, del capitán Francisco Filippi y de dos oficiales de la aeronáutica. Por su parte, Menéndez declara que renuncia a proseguir su tarea en vista de las dificultades encontradas al dirigirse a los jefes de unidades de alguna importancia y de las acusaciones que se le hacen de simpatizar con los nazis desde la publicación de la carta abierta de septiembre de 1941.

Con gran indignación de Menéndez, conspirador leal, los oficiales presentes sacan una lección del fracaso: los jefes de unidad aceptarán rebelarse sólo cuando el Ministerio de Guerra forme parte de la conspiración. En un ejército dividido, tironeado por las voces contradictorias de la política nacional e internacional, y que se aferra con aprensión «a la verticalidad» reglamentarla del mando, un golpe de Estado debe ser institucional. Son vanas las objeciones del general Menéndez en el sentido de que un golpe así sería el fruto de una traición del ministro de Guerra.

Pero no es momento de escrúpulos rebuscados. Mientras la opinión ilustrada se apasiona por el conflicto mundial, los cuadros del ejército se preocupan por la situación del país. A fin de cuentas, para la mayoría de los militares argentinos el resultado de la guerra mundial es secundarlo, contrariamente a la pertinaz interpretación heredada de la guerra ideológica que conducen los Estados Unidos contra la neutralidad de Buenos Aires. La polémica desatada por entonces y sus duraderas repercusiones enturbian aun más las perspectivas, haciendo aparecer a un ejército no comprometido en su mayoría como vinculado con los éxitos del Eje. Es cierto que tanto los germanófilos como los antibritánicos, los nacionalistas como los profascistas, sienten muy poca simpatía por la causa de los Aliados; pero, salvo algún caso individual, esta inclinación no pasa de ser puramente intelectual y no constituye el móvil de las actitudes militares frente al poder político.

Podríamos dejarnos llevar por la tentación de explicar las conspiraciones, tentación permanente en ese agitado período en que los países neutrales fueron a la vez objetivo y campo de batalla de los servicios de espionaje de los beligerantes que, en el caso de la Argentina, se esforzaban en volcar a su favor a la mayor cantidad posible de oficiales superiores. Pero es una tentación que no resiste a dos observaciones simples: en este país de inmigrantes, los lejanos sucesos europeos se emparentaban más con un espectáculo emocionante y nostálgico que con una causa capaz de suscitar un compromiso personal o nacional. Si bien la guerra civil española despertó el entusiasmo de los militares porteños, raros son los argentinos que combatieron en la batalla del Ebro, en Teruel o en Guadalajara. Por otro lado, suponer que las Fuerzas Armadas de una nación sean capaces de pronunciarse en función del resultado probable o deseado de un conflicto en el cual se niegan a participar porque no les concierne, es menospreciar la naturaleza de las instituciones militares. El aparato militar elabora un proyecto estratégico en función de las amenazas (reales o supuestas) que pesan sobre la seguridad nacional. Los requerimientos de los civiles y los llamamientos a los soldados pueden influenciar la determinación de las «amenazas» potenciales. En líneas generales, los diferentes niveles de la jerarquía militar sólo perciben los mensajes políticos que tienen alguna afinidad con la respuesta estratégica central preparada por el Estado Mayor para enfrentar las circunstancias del momento.

Estas observaciones banales pero necesarias pueden ayudarnos a entender dónde se origina el ambiente de callada insatisfacción que reina en las Fuerzas Armadas. La principal preocupación, y por ende la razón esencial del descontento y de la inquietud militaras, sigue siendo el problema de los armamentos y de la independencia en materia de equipamiento. A este respecto, la situación no dejó de empeorar. Los efectivos aumentan, mientras que las compras de armas son cada vez más dificultosas y escasas. Mientras la Argentina, sujeta a una estricta neutralidad y aislada en el continente, se encuentra expuesta a las presiones cada vez menos diplomáticas de los Estados Unidos, los países vecinos equipan y modernizan rápidamente sus fuerzas armadas.

La única potencia industrial que podría entregar material de guerra a la Argentina son los Estados Unidos. Ahora bien, ya antes de que los Estados Unidos entraran en la guerra, sus autoridades manifestaban gran reticencia al respecto. Para los diplomáticos norteamericanos, los oficiales argentinos son proalemanes y el interés estratégico que presenta la Argentina es muy relativo.

El 11 de marzo de 1941, el Congreso norteamericano vota la famosa Ley de Préstamo y Arriendo (Lend Lease Act) que prácticamente permite al gobierno de los Estados Unidos «ofrecer» armas modernas a las naciones aliadas. El gobierno argentino, qué no desea aceptar las condiciones políticas y militares a que obliga necesariamente este sistema, envía sin embargo una misión a Washington para gestionar la adquisición de armamentos. Las dos partes buscan objetivos contradictorios, dilatándose las negociaciones hasta que se produce el ataque a Pearl Harbour.

Un mes más tarde, los cancilleres americanos se reúnen en Río de Janeiro. El ministro argentino, Ruiz Guiñazú, se opone a la obligación de declarar la guerra a las potencias del Eje, impuesta por los Estados Unidos, y rechaza incluso la simple ruptura de relaciones diplomáticas. Se eligió, pues, un muy mal momento para informar sin preámbulos a Sumner Welles que los ministros argentinos de Guerra y Marina deseaban «concluir un acuerdo que permitiera una transferencia de aviones, barcos de guerra, armas y municiones al gobierno argentino por el sistema de Préstamo y Arriendo».[84] La respuesta fue evidentemente negativa, fundamentándose en los propios términos de la ley (la contribución a la defensa de los Estados Unidos) y en las resoluciones de la Conferencia cuya aplicación la Argentina quería eludir. Ruiz Guiñazú se indigna con fingida ingenuidad ante «esta discriminación» de la que es víctima su país. La presión del Estado Mayor argentino debe haber sido, sin duda, particularmente fuerte para que el jefe de la diplomacia se haya permitido cometer semejante traspié en una conferencia internacional en la que su país había logrado hacer frente a los Estados Unidos.[85]

El gobierno de Castillo recurre entonces discretamente a Alemania. Entre julio y octubre de 1942 se llevan a cabo conversaciones dentro del mayor secreto;[86] pero las negociaciones se interrumpen a pedido del alto mando alemán hacia fines de 1942, en plena batalla de Stalingrado, en razón de las necesidades propias de la Wehrmacht. Lo único que consiguió Castillo fue probar así su «colusión» con la Alemania nazi. El Departamento de Estado había puesto a la Argentina en un dilema: negándose a entregarle armas, Washington debía forzar a Buenos Aires a modificar su política exterior y a alinearse junto a él. Esta forma indirecta de ejercer presión sólo logró confirmar aquello que los Estados Unidos reprochaban a la neutralidad argentina: sus simpatías por el Eje. El episodio sirvió sin duda para que la propaganda norteamericana encontrara argumentos, pero la causa de los Aliados nada ganó con este resurgimiento de la política del big stick.

Los apremiantes pedidos del Estado Mayor impulsan al gobierno argentino a empeñarse en continuar la búsqueda de proveedores de armas, no para intervenir en la guerra mundial, sino para restablecer el equilibrio militar en América del Sur. Los oficiales argentinos aprendían, desde su ingreso al Colegio Militar, que el poderío militar de su país era el mayor del subcontinente; la superioridad marítima, aérea y técnica de las Fuerzas Armadas argentinas era un dogma intangible. Ahora resulta que Brasil, gracias a una ayuda norteamericana que parece inagotable, fortalece su poderío militar. ¿Acaso Brasil no es, desde el barón do Rio Branco, «el amigo más seguro» de los Estados Unidos, según dice Sumner Welles? Es evidente la importancia geopolítica que reviste para la defensa del Atlántico Norte el cabo que sobresale en dirección a África. Vuelve a renacer la vieja rivalidad que se remonta a la época colonial. La frontera brasileña, nunca ausente de las hipótesis de guerra del Estado Mayor argentino, parece de nuevo amenazante. El espectro de la invasión o de la «frontera viva» obsesiona a los responsables de la defensa nacional.

Los oficiales argentinos que visitan la República todavía «hermana» pueden apreciar los nuevos aeropuertos, los trabajos de infraestructura y los modernos medios de transporte que son el frute de la alianza norteamericana. El Estado Mayor tampoco ignora la puesta en marcha del complejo siderúrgico de Volta Redonda, posibilitada por un crédito del Export-Import Bank.[87] ¿Habrá de concluir la preponderancia argentina en el Cono Sur? La disyuntiva es de hierro: o «defender» la soberanía y la independencia nacionales de acuerdo con la tradición diplomática del país, sin armas ni equipos, o bien, obtener material de guerra aceptando el liderazgo de los Estados Unidos y subordinando la defensa nacional a la seguridad norteamericana; elección imposible o, lo que es peor, absurda.

A falta de industrias de guerra suficientemente desarrolladas o de compras de material moderno, se busca por todos los medios utilizar lo mejor posible el potencial humano y concentrar todas las energías en función de un esfuerzo de guerra intensivo. Algunos creen ver a la bucólica Argentina transformada en una formidable maquinaria de guerra. Un coronel sugiere establecer una «conscripción obrera» utilizando como modelo al servicio militar, para resolver fácilmente los problemas de mano de obra. En la Escuela de Guerra Naval, un conferencista, después de comentar las relaciones entre la economía y la capacidad militar del país, concluye: «la movilización del potencial económico de un país de tradición civil y de gobierno representativo como el nuestro tiene que ser necesariamente lenta en comparación con la de un país militarista gobernado dictatorialmente».[88] Para muchos oficiales, el régimen liberal, o lo que queda de él bajo Castillo, constituye un obstáculo para la preparación militar integral que imponen los peligros del momento. Los más audaces se encuentran seducidos por un sistema autoritario controlado por el ejército que organice con firmeza todo el cuerpo social.

También abundan en ese sentido otros motivos dignos de atención que aparecen dentro del mismo país. El ejército está preocupado por la situación económica y social que se vive, mientras que la fragilidad de un poder ejecutivo solitario, cuyo mandato vence en 1943, inquieta igualmente a los cuadros. La pregunta que se plantea en los institutos militares y en los casinos de oficiales no es «¿Quién ganará la guerra?» sino «¿Qué sucederá en la Argentina cuando finalice el conflicto?». La principal preocupación de la mayoría de los oficiales superiores es prever y preparar la posguerra, evitando que vuelva a estallar en la Argentina una agitación «revolucionaria» similar a la iniciada en 1918. Los coroneles de 1942-1943 recuerdan muy bien la semana trágica de Buenos Aires en 1919 y las rebeliones de la Patagonia, fruto, según ellos, de la imprevisión gubernamental; muchos de los hombres que ocupan cargos de primera línea participaron como tenientes o capitanes en la represión de esos movimientos populares. Todos ellos piensan que la paz puede provocar una crisis económica y temen la explosión social que resultaría de ella, seguramente más grave que la de veinte años atrás. «El peor aspecto de la posguerra es el caos económico», escribe el coronel Savio en octubre de 1942.[89]

La obsesión de la posguerra

El mantenimiento del orden preocupa a los militares, porque temen una eventual repetición de la situación de 1918. Pero no son los únicos. El problema alcanza estado público. Ya en 1940, el presidente de la Unión Industrial escribe: «Corremos el riesgo de ser víctimas de la posguerra». Por su parte, y considerando la guerra comercial que se desencadenará entre las grandes potencias industriales para reconquistar los mercados perdidos, Alejandro E. Bunge se pregunta qué sucederá entonces con las vulnerables industrias que se levantaron ante la necesidad de sustituir las importaciones y qué suerte correrán los miles de obreros que trabajan en ellas.[90]

El problema es político. Luis Colombo, que en su calidad de presidente de la asociación patronal traduce el sentimiento de numerosos empresarios, también se inquieta, en enero de 1943, por el porvenir industrial que espera al país en la posguerra.[91] No es el único en hacer una observación política que merece ser señalada: «Estamos, escribe Colombo, bajo el amparo de un gobierno constructivo y en ese sentido histórico. Pero ¿qué nos deparará el gobierno de mañana?».

Para la Argentina, la guerra significa la prosperidad. Pero el efímero período de expansión que provoca, crea una situación tanto más peligrosa cuanto que es exagerado y que va acompañado por transformaciones sectoriales de imprevisibles consecuencias sociales. Después de la interrupción de 1940, el sostenido ritmo de las exportaciones corre parejo con la rápida disminución de las importaciones. Las ventas argentinas, reorientadas casi exclusivamente hacia Gran Bretaña, Estados Unidos y América Latina, progresan enormemente —más del 35 % entre 1940 y 1943—, mientras que las importaciones bajan bruscamente. Tomando al índice base 1910 = 100 del volumen físico del intercambio, durante la guerra las exportaciones pasan de 140 a 170 y las importaciones de 88 a 36. De este estado de cosas resulta una acumulación espectacular de los saldos positivos del balance comercial. Además, los capitales buscan refugio en los países neutrales. La Argentina posee, en 1941, reservas metálicas por un valor de 2000 millones de pesos y cada billete de Banco tiene un respaldo en oro del 127 %. Esta gran disponibilidad, así como la imposibilidad de importar de Europa numerosos productos manufacturados, generan una intensa actividad económica que satisface la demanda interna. El monto de las quiebras comerciales baja en casi un 50 % entre 1940 y 1943. El valor de la producción industrial pasa de 2300 millones de pesos en 1935 a 7800 millones en 1943.[92]

La industrialización, fomentada en la década del treinta como respuesta a la gran crisis, está modificando considerablemente la situación económica del país. Desde 1935, el producto industrial crece más rápidamente que el producto agropecuario. La contribución de la industria al Producto Bruto Interno supera a la del sector agropecuario en 1943.

La fisonomía de la sociedad argentina evoluciona muy rápidamente debido a la influencia de la guerra y de las transformaciones económicas que ella provoca o acelera. Los asalariados del sector industrial, que eran 410.000 en 1914 y 730.000 en 1941, son casi 800.000 en 1943. Empero, el impulso dado por la guerra a la industrialización no se limita a aumentar en forma sostenida el nivel de ocupación; la composición cualitativa de la fuerza de trabajo ya no es la misma que en 1914.

La mayoría de los obreros industriales eran, en ese entonces, extranjeros recientemente llegados al país. Luego, la inmigración se detuvo, y los movimientos migratorios internos aumentaron considerablemente el número de obreros argentinos de origen rural. El éxodo rural ininterrumpido explica el desmesurado crecimiento demográfico de las zonas urbanas, donde están la mayoría de las fábricas, y especialmente del Gran Buenos Aires. Buenos Aires cuenta, en 1943, con más de 4 millones de habitantes, o sea el 27 % de la población total del país. Cerca del 30 % de esa población ha nacido en el interior (contra 16 % en 1936). Entre 1936 y 1943, Buenos Aires recibe anualmente 72.000 nuevos habitantes, contra 8000 entre 1895 y 1936.[93]

No debe extrañar entonces que los salarlos se encuentren estancados. La Argentina se enriquece y los Bancos reciben depósitos, pero los trabajadores no están satisfechos: es el período de las vacas gordas y de los peones flacos. Desde 1939, el salario real se ha mantenido prácticamente en su nivel. El malestar social se ve favorecido por una súbita alza de precios, inusitada en esa época, causada por la carencia de ciertos productos importados y por la especulación realizada con los artículos de primera necesidad, así como por la situación financiera general. En 1942, la distribución del Ingreso Neto Interno presenta la relación más desfavorable para los trabajadores asalariados desde 1935. La remuneración del trabajo ha caído al 43,1 % contra el 56,9 % para la retribución del capital.[94] La relación de fuerzas políticas, claro, nunca fue tan adversa a los intereses de los sectores asalariados. La mayoría de las reivindicaciones obreras permanecen insatisfechas. La cantidad y el alcance de las huelgas no dejan de aumentar, pero siempre fracasan. El número de paros se duplica en 1942 con relación a 1930 y las jornadas perdidas por huelga se triplican.[95]

La ebullición que se está produciendo en el seno de la clase obrera en expansión y poco integrada que «acampa en las puertas de la ciudad», no escapa a la vigilancia militar.

Las Fuerzas Armadas piensan que debe darse una rápida solución a todo lo que pueda disminuir la capacidad defensiva del país o afectar su seguridad. En caso de producirse una crisis económica, lo que al fin de cuentas es probable, la consiguiente agitación industrial podría colocar al país en una situación más delicada que en 1919. La moral del ejército depende de la paz social. La función de los militares también es defender el orden interno.

Pero los oficiales argentinos están en contacto directo con las capas populares, cuya evolución física y moral pueden comprobar en cada nueva incorporación de conscriptos, y es por ello que no ignoran la gravedad de la situación y la necesidad de mitigarla con otros medios que la represión. El estado a menudo lastimoso en que se encuentran los conscriptos, particularmente en las zonas rurales, habla a las claras de la desnutrición permanente a que se encuentra condenada una parte de la población. Dos años antes de la guerra, el 45 % de los jóvenes de veinte años del Distrito Militar 61 de Santiago del Estero eran declarados no aptos para el servicio «por debilidad, falta de peso, insuficiente capacidad torácica». Desde entonces, la situación ha empeorado. Algunos jefes de unidad pueden quejarse a comisiones investigadoras parlamentarias[96] o distribuir alimentos a los niños de las escuelas; no obstante, el «material humano» que recibe el ejército es marcadamente deficiente.

Así, pues, el ejército desearía que se implementase una política social global para fortalecer el factor humano de la defensa. Como dice con toda claridad un conferencista en la Escuela de Guerra Naval en 1942: «La política económica y social debe orientarse en el sentido de asegurar a una población trabajadora eficiente y satisfecha capaz de soportar los mayores sacrificios en defensa del país. Los altos salarlos, la vivienda barata, la tierra en propiedad, los servicios de ayuda social se destacan como los más importantes elementos de esa política».[97]

Además, para los militares, la situación política es incomparablemente más peligrosa que en 1919. Se encuentra en formación la Unión Democrática antifascista, que agrupa a todos los partidos favorables a los Aliados, desde los demócratas progresistas hasta los comunistas. No hay nada que oponerle más que un presidente aislado y el fraude insostenible. La idea de un frente popular provoca reacciones muy negativas en todos los oficiales argentinos: guerra civil española, derrota de Francia,[98] propagación del comunismo. Si las nuevas masas obreras disponibles e insatisfechas, amontonadas en los suburbios de las ciudades, se dejaran seducir por las «ideologías avanzadas» y fueran «presa de los agitadores comunistas», entonces estallaría la revuelta generalizada que pudo evitarse en 1919.

Son numerosos los oficiales que así piensan y que discuten entre ellos sobre tales ideas. La experiencia de los países donde la cuestión obrera «ha sido resuelta», donde el comunismo «ha sido vencido», apasiona a la opinión militar. La Revista Militar publica en octubre de 1942 un artículo que llama mucho la atención, titulado: «El nuevo orden económico en Europa». En él, el autor condena, tanto el comunismo como el liberalismo, elogiando al Estado autoritario y señala que la intervención estatal en la vida económica se hace «indispensable para restablecer el equilibrio entre los factores de la producción»;[99] no manifiesta ningún entusiasmo por Hitler o Mussolini, pero si una gran admiración por la organización corporativa de la Carta del Trabajo de Vichy y evoca calurosamente al doctor Salazar. Un joven y brillante oficial, diplomado de Estado Mayor y profesor de la Escuela Superior de Guerra, fue enviado a Italia en 1938 para perfeccionarse y estudiar la coyuntura europea. En 1938 pasa un tiempo en la España nacionalista, luego recorre Europa y cuando vuelve a la Argentina no disimula su admiración por el «nuevo socialismo, de carácter nacional» y antimarxista, que florece en el viejo continente. Se llama Juan Domingo Perón.[100] Es muy escuchado por sus camaradas de armas.

Por eso, cuando a principios de 1943 cierto número de oficiales superiores con inquietudes políticas convergentes se reúnen para organizar una especie de asociación o club que algunos meses después será conocido por la sigla GOU —Grupo de Oficiales Unidos, Grupo Obra de Unificación o ¡Gobierno! ¡Orden! ¡Unidad!—, deciden sobre la base de la conciencia política adquirida que la oposición a un eventual frente popular es prioritaria.[101] Uno de los fundadores de esta logia informal, a la que se le adjudicaron muchas cosas, nos dijo: «El GOU fue imaginado y creado… con la finalidad de reunir a los oficiales más prestigiosos del ejército argentino para prepararlos a luchar contra el auge comunista que coincidiría con el fin de la guerra mundial».[102] El segundo número del boletín del GOU precisa: «El ejército será el antídoto contra el veneno de la alianza pseudodemocrática, constituida en realidad por elementos comunizantes».[103]

La inusitada importancia de las manifestaciones organizadas en ocasión del 1.º de mayo de 1943 por la principal confederación obrera,[104] dirigida por socialistas y comunistas, sirve para confirmar las aprensiones y las fantasías de muchos oficiales. El desfile en perfecto orden de miles de manifestantes cantando la Internacional y gritando consignas en pleno centro de Buenos Aires, impresionó vivamente a algunos de ellos.[105] No les importa que sea el muy liberal Partido Socialista el que haya contribuido al éxito de esta fiesta del trabajo, transformada gracias a su esfuerzo en el lanzamiento de la campaña en favor de la unión de las fuerzas democráticas: en efecto, se le daba más trascendencia al 90.º aniversario de la Constitución de 1853 que a la Revolución de Octubre y, a fin de cuentas, la participación comunista era de lo más reducida.[106] En el ambiente de guerra psicológica y de autointoxicación en que vive la clase militar argentina, acosada por las ideologías de extrema derecha y por los aduladores del pacto antikomintern, la hidra de la subversión está por todas partes.

Castillo multiplica las demostraciones de buena voluntad para apaciguar al ejército, su único sostén. Obtiene la renuncia del general Tonazzi, junto con quien se alejan del Ministerio numerosos oficiales del clan Justo, en noviembre de 1942. Su reemplazante es el general Pedro Pablo Ramírez. Este antiguo colaborador de Uriburu, allegado a los medios nacionalistas, había sido un convencido partidario de una reforma autoritaria de la Constitución en 1930, por lo cual no es favorable a la causa de los demócratas. El presidente responde igualmente a inquietudes de los medios militares que comparte hasta cierto punto —porque en realidad el comunismo le parece menos peligroso que el radicalismo— tomando medidas represivas contra el Partido Comunista. Tres de los principales dirigentes encargados de las negociaciones con la UCR, Codovilla, Rodolfo Ghioldi y Juan José Real, son desterrados o encarcelados.[107] Pero el ejército sostiene a Castillo como la soga sostiene al ahorcado.

La Argentina vive una drôle de guerre no declarada, a cuyo ambiente deletéreo, agudizado por las prácticas de un gobierno que muchos militares identifican con la democracia, no puede escapar el ejército. Una serie de resonantes escándalos, desde tráfico de documentos hasta cuestiones de moralidad, pasando por estafas en la compra de armamentos, afectan desde 1940 a la jerarquía militar.[108] La sacrosanta institución no puede ser puesta en duda. Pero la vergüenza experimentada une a oficiales de tendencias políticas divergentes en un intento por restablecer la disciplina y la ética profesional. El cuerpo de oficiales, en una reacción de solidaridad corporativa, responsabiliza al régimen del estado de «descomposición moral» en que ha caído el ejército. Se vuelve a conspirar. Pocas veces los móviles de la actividad militar han sido tan heterogéneos, contradictorios e imperativos.

ALAIN ROUQUIÉ (Millau, Francia, 1939). Politólogo, posee un máster de investigación en Ciencia Política y en 1978 obtuvo un doctorado en Literatura y Ciencias Humanas en el Institut d’Ètudes Politiques de París. Es director de investigación emérito de la Fondation Nationale des Sciences Politiques y desde 2003 es presidente de la Maison de l’Amerique Latine en Francia. Se ha desempeñado como director de estudios del Institut des Hautes Ètudes de l’Amérique Latine y director de investigaciones en el Centre d’Ètudes et de Recherches Internationales. Entre 1981 y 1985 fue consultor permanente del Centro de Análisis y Previsión del Ministerio de Relaciones Exteriores francés y luego embajador en distintos países, entre ellos, Brasil y México.

En Francia recibió el Laureado de la Academia de Ciencias Morales y Políticas (1981) y fue nombrado Caballero de la Legión de Honor (1999), y en Argentina la Universidad de Buenos Aires lo designó doctor honoris causa (2010). Entre sus obras se destacan: Poder militar y sociedad política en la Argentina (1981); El Estado militar en América Latina (1984); ¿Cómo renacen las democracias? (1985) y América Latina. Introducción al Extremo occidente (1989).

Notas a la Introducción

[1] Los Estados bajo dominio militar son aquéllos donde, cualesquiera que sean los titulares del poder ejecutivo y las disposiciones institucionales, las grandes decisiones deben recibir el aval del Estado Mayor. Es el caso, por ejemplo, del Uruguay a partir de julio de 1973, que ha conservado un ejecutivo nominalmente civil. <<

[2] El general Antonio López de Santa Anna fue varias veces presidente y dictador de Méjico entre 1833 y 1855. El general Cipriano Castro gobernó Venezuela con mano dura entre 1899 y 1908. <<

[3] Es la tesis que sostiene Wyckoff (Theodore) en su artículo: «Tres modalidades de militarismo latinoamericano», Combate (San José de Costa Rica), septiembre-octubre de 1960, págs. 7-15. Coloca en la categoría de países con militarismo permanente a: la República Dominicana, Guatemala, Haití. Honduras, Nicaragua y Paraguay. <<

[4] Putnam (Robert D.), «Toward explaining military intervention in Latin American Politics», World Politics, octubre de 1967, págs. 83-110. <<

[5] Ver el estudio de Passos (Alaor S.), Faria (Vilmar S.), Militarism in Latin America. Social indecision and political instability. Some data for Latin America, Santiago de Chile, 1966, 46 págs. multigr. (Paper presented at the Sixth world congress of sociology, Evian, Francia, 4-11 de septiembre de 1966). <<

[6] El concepto de social indecision utilizado por los autores fue elaborado por Peter Heintz en el marco de una sociología del desarrollo inspirada más particularmente por situaciones latinoamericanas. Cf. Heintz (Peter), «El problema de la indecisión en el desarrollo económico», Anales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, enero-diciembre de 1964, págs. 9-11 y 95-116. <<

[7] Passos (Alaor S.), Faria (Vilmar S.), op. cit., págs. 19 y 26. Para Putnam, ver art. cit., pág. 108. <<

[8] Por no decir nada de la agitación y de las «revoluciones de palacio» casi incesantes en Bolivia, el Uruguay, que mereciera alrededor del 30 el título de «Suiza de América Latina», se caracterizaba, hasta 1904, por un bipartidismo armado dentro del cual la oposición no dudaba en recurrir a la acción directa. La denota de la revolución de 1904 y la muerte del caudillo Aparicio Saravia marcaron el fin de las guerras civiles entre Blancos y Colorados. <<

[9] Así, el presidente Luis Sáenz Peña, elegido en 1892, renunció en enero de 1895 luego de varias crisis de gabinete ocasionadas por los graves disturbios políticos ocurridos en el país en julio de 1893. El vicepresidente José Evaristo Uriburu asumió el poder en su lugar y terminó el mandato presidencial. El presidente Manuel Quintana, elegido en 1904 y fallecido en marzo de 1906, fue reemplazado por su vicepresidente, José Figueroa Alcorta. De la misma manera, cuando murió Roque Sáenz Peña, presidente desde 1910 hasta agosto de 1914, el vicepresidente Victorino de la Plaza ocupó la presidencia hasta 1916. <<

[10] El movimiento revolucionario de 1890 provocó la renuncia del presidente Juárez Celman, que fue inmediatamente reemplazado por el vicepresidente Carlos Pellegrini. <<

[11] Por ejemplo, Yves Lacoste en Les pays sous-développés. París, Presses Universitaires de France, 1963, págs. 7-27. <<

[12] Germani (Gino), Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, Raigal, 1955, pág. 195. <<

[13] Ver por ejemplo Weill (Felix), Argentine riddle, Nueva York, John Day, 1944; Bruce (James), Those perplexing Argentine, Nueva York, Eyre and Spottiswoode, 1954; Whitaker (Arthur P.), «The Argentine paradox», Annals of the American Academy of Political and Social Science, marzo de 1961. <<

[14] Horowitz (Irving Louis), «The norm of illegitimacy. The political sociology of Latin America» en Horowitz (I. L.), Gerassi (John), Castro (Josué) y otros. Latin American radicalism. A documentary report on left and rationalist movements, Londres, Cape, 1969, pág. 10. <<

[15] Ver la crítica de algunas de esas ideas en Míguens (José E.), «Una nueva metodología para el estudio de los golpes militares en Latinoamérica». Estrategia (Buenos Aires), julio-agosto de 1969, págs. 152-166. <<

[16] Cf. Milis (Charles Wright), The power elite, Oxford, Oxford University Press, 1956. <<

[17] No es para nada evidente, por lo demás, que la extracción o la pertenencia social condicione de manera determinante y fatal la actitud política. Y aunque así fuera, una conciencia lúcida de los intereses de clase no es quizás la cosa mejor repartida en el mundo. No nos extenderemos sobre el autoritarismo y el irracionalismo comprobados en algunos sectores de la clase obrera, el conservadorismo plebeyo y el progresismo ilustrado de la gran burguesía en ciertas sociedades. <<

[18] Kluckhohn (Clyde), «Le concept de culture» en Lasswell (H. D.), Les «sciences de la politique» aux États-Unis, París, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1951, pág. 137. <<

[19] Jouvenel (Bertrand de), De la politique pure, París, Calmann-Lévy 1963, pág. 263. <<

[20] Es decir de categorías socioprofesionales, de «grupos de status» y de estratos sociales. <<

[21] Señalado generalmente por los americanistas, ver particularmente Needier (M.), Political development in Latin America: instability, violence, evolutionary change, Nueva York, Random House, 1968, pág. 63. <<

[22] Merton (Robert K.), Eléments de théorie et de méthode sociologique, París Plon, 1965, pág. 97. <<

[23] Ver la interpretación y la crítica a Merton en Kingsley (Davis), «Le mythe de l’analyse fonctionnelle en tant que méthode sociologique et antropologique particuliére», traducción, de «The myth of functional analysis as a special method in sociology and anthropology», American sociological review, 1959, págs. 757-777, publicada por Mendras (Henri), Éléments de sociologie, Paris, A. Colin, 1968, págs. 97-98. <<

[24] Entenderemos por cultura política simplemente el conjunto de creencias, valores, esperanzas y actitudes de los ciudadanos ante la política. Cf. la definición formulada por Sidney Verba en Pye (Lucien), Verba (Sidney) ed., Political culture and political development, Princeton, Princeton University Press, 1965, pág. 513. <<

[25] Ver Veyne (Paul), Comment on écrit l’histoire, Essai d'épistémologie, París, Le Seuil, 1970, pág. 209. <<

Notas al Capítulo 1

[*] Fecha del abandono de los privilegios feudales por la nobleza durante la Revolución francesa. <<

[1] Borges (Jorge Luís), Evaristo Carriego, Buenos Aires, Emecé, 1967, pág. 20. <<

[2] Sisson (H. D.), Le pôle latin de l’Amérique. La République Argentine. Description, étude sociale et histoire, París, Pión, 1910, 328 págs. <<

[3] Koebel (W. H.), Modern Argentine. The Eldorado of today. With notes on Uruguay and Chile, Londres, Griffiths, 1907, 380 págs. <<

[4] Ver Bagú (Sergio), Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia comparada de América Latina, Buenos Aires, El Ateneo, 1949, págs. 128-129. <<

[5] Según cálculos efectuados por los demógrafos a partir de datos oficiales y de estimaciones de viajeros o de geógrafos. Ver Mader (J. A.), Evolución demográfica argentina desde 1810 a 1869, Buenos Aires, Eudeba, 1969, págs. 21-23. <<

[6] Sarmiento (Domingo F.), Facundo. Civilización y barbarie, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1962, págs. 9-10. <<

[7] Alberdi (Juan Bautista), Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1966, pág. 178. <<

[8] Cf. Nurkse (Ragnar), “Patterns of trade and development”, en International trade and finance. Estocolmo, Almquist & Wiksel, 1965, pág. 49. <<

[9] Herzl (Théodore), L’État juif, Essai d’une solution de la questión juive (edición aumentada con una introducción de Baruch Hagani), París, Librairie Lipschutz, 1926, pág. 94. <<

[10] Gunther (John), L’Amérique Latine, París, Editions de l’Arbre, 1943, pág. 48. <<

[11] Clemenceau (Georges), Notes de voyage dans l’Amérique du Sud. Argentine, Uruguay, Brésil, París, Hachette, 1911, pág. 5. <<

[12] Ribeiro (Darcy), Las Américas y la civilización, III, Los pueblos transplantados, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1969, 210 págs. <<

[13] Especialmente los trabajos de Juan F. Marsal sobre el retorno de los inmigrantes a su país de origen. Ver particularmente las notas apéndices de la autobiografía de un inmigrante catalán, que él publicó con el título de: Hacer la América. Autobiografía de un inmigrante español en la Argentina. Buenos Aires, Editorial del Instituto, 1969, 434 págs. <<

[14] Ver Germani (Gino), «La inmigración masiva y su papel en la modernización del país» en Política y sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos Aires, Paidós, 1962, págs. 180-216. <<

[15] Articulo 25: «El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes». <<

[16] Buenos Aires forma un distrito federal cuya administración corresponde en adelante al gobierno nacional. <<

[17] Pellegrini (Carlos), Discursos y escritos (Selección y estudio preliminar de José María Bustillo), Buenos Aires, Estrada, 1959, pág. XCI. <<

[18] Davie (Maurice R.), World immigration, Nueva York, Macmillan, 1936, pág. 449. <<

[19] Ibid., pág. 450 y Germani (Gino), «La inmigración masiva y su papel en la modernización del país», art. citado, pág. 185. <<

[20] Germani (Gino), Ibid., pág. 199. <<

[21] Darío (Rubén), Canto a la Argentina, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1949 pág. 33. (La primera edición data de 1910). <<

[22] Davie (Maurice R.), op. cit., pág. 451, enumera no menos de quince naciones, cada una de las cuales ha provisto una cuota superior a 12.000 inmigrantes entre 1857 y 1926. Debe señalarse que las diferentes nacionalidades de los emigrantes de los imperios turco y austro-húngaro no se especifican. <<

[23] Twentieth century impressions of Argentina. Its history, people, commerce, industries and resources, Londres, Lloyd’s Greater Britain Publishing Company, 1911, pág. 8. <<

[24] United Nations (Naciones Unidas), External financining in Latin America, Nueva York, 1965, pág. 17. <<

[25] Twentieth century impressions of Argentina, op. cit. <<

[26] Ferns (H. S.), Britain and Argentina in the XIXth century, Oxford, Oxford University Press, 1960, pág. 421. <<

[27] Ver Cortés Conde (Roberto), Gallo (Ezequiel), La formación de la Argentina moderna Buenos Aires, Paidós, 1967, pág. 47, cuadro IX. <<

[28] Cifras citadas en Ortiz (Ricardo M.), Historia económica de la Argentina, Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1964, tomo II, págs. 50 y 63. <<

[29] Según Noel H. Sbarra, en su Historia del alambrado en la Argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1964, pág. 94. La Argentina importó, entre 1876 y 1907, 1.805.000 toneladas de alambre, ¡con las que, «alzando un alambrado de siete hilos, podría rodearse ciento cuarenta veces el perímetro de la República»! <<

[30] Martínez Estrada (Ezequiel), Radiografía de la Pampa, Buenos Aires, Losada. 1953, pág. 50. <<

[31] Censo Nacional Agropecuario, 1937 (Ley 12.343). Agricultura, pág. XIX. <<

[32] Cortés Conde (Roberto), Gallo (Ezequiel), op. cit., pág. 34. <<

[33] Ver Twentieth century impressions of Argentina, op. cit., y también Platt (D. C.), “British diplomacy in Latin America since the emancipation”, Interamerican economic affairs, invierno de 1967, pág. 21. <<

[34] Ortiz (Ricardo M.), op. cit., tomo I. pág. 312. <<

[35] Cortés Conde (Roberto), Gallo (Ezequiel), op. cit., pág. 40 y Ortiz (Ricardo M.), op. cit., tomo II. pág. 89. <<

[36] Twentieth century impressions of Argentina, op. cit., pág. 8. <<

[37] Ortiz (Ricardo M.), op. cit., tomo II, págs. 26-31 y Giberti (Horacio), Historia económica de la ganadería argentina, Buenos Aires, Solar/Hachette, 1961, pág. 179. <<

[38] Clemenceau (Georges), op. cit., pág. 22. <<

[39] Germani (Gino), Estructura social de la Argentina, Buenos Aires, Raigal, 1955, pág. 74. <<

[40] La aduana de Buenos Aires controlaba, hacia 1905, el 803 ‰ de las importaciones, según Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), L'Argentine du XXe siècle, Paris, A. Colin, 1912 (4.ª edición); pág. 237. <<

[41] Clemenceau (Georges), op. cit., pág. 28. <<

[42] Huret (Jules), En Argentine. De la Plata à la Cordillère des Andes, París, Fasquelle, 1913, pág. 75. El autor es un corresponsal del diario Le Figaro. Nos dejó, en dos preciosos volúmenes, una notable descripción de la sociedad y de la economía argentinas hacia 1910. <<

[43] Chueco (Manuel C.), La República Argentina en su primer centenario, s. e., 1910, tomo I, pág. 531. <<

[44] Williams (John D.), El comercio internacional argentino en un régimen de papel moneda inconvertible. 1880-1900, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, 1912, pág. 11. <<

[45] Williams (John D.), op. cit., pág. 61, Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), op. cit., pág. 226. <<

[46] Ferrer (Aldo), La economía argentina. Las etapas de su desarrollo y problemas actuales, México, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1963, págs. 126-127. <<

[47] Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), op. cit., pág. XV. <<

[48] Dufourq (Esteban), El país de los argentinos, Buenos Aires, Pleamar, 1966, pág. 5. <<

[49] Tercer censo nacional, 1914, tomo V, pág. 3 (Explotaciones agropecuarias). Ver también Taylor (Carl C.), Rural life in Argentina, Baton Rouge, Louisiana State University, 1947, pág. 191. <<

[50] Ver particularmente Schopflocher (Roberto), Historia de la colonización argentina, Buenos Aires, Raigal, 1955, 97 págs.; Oddone (Jacinto), La burguesía terrateniente argentina, Buenos Aires, Libera, 1967 (4.ª edición), 284 págs. <<

[51] Sobre los mecanismos de la inflación, ver el trabajo de Williams (John D.), op. cit., pág. 9; Ferrer (Aldo), op. cit., págs. 135-136, examina más particularmente, la incidencia de la depreciación del dinero en la distribución del ingreso. <<

[52] Ayarragaray (Lucas), Cuestiones y problemas argentinos contemporáneos, Buenos Aires, s. e., 1937, pág. 161, citado por Cortés Conde (Roberto), y Gallo (Ezequiel), op. cit., pág. 60. <<

[53] Germani (Gino), «La inmigración masiva y su papel en la modernización del país», art. citado, pág. 89. <<

[54] Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), op. cit., pág. 113. <<

[55] Son generalmente inferiores a cinco años en toda esa zona. En otras regiones, que no se dedican a cultivos anuales, a menudo los arrendamientos son más prolongados en función de la duración de los ciclos productivos. Es así como los viticultores de la provincia de Mendoza, o los agricultores productores de frutas de la provincia de Corrientes, gozan de condiciones de estabilidad muy superiores. Ver Taylor (Carl C.), op. cit., cuadros XXVIII y XX; Huret (Jules), op. cit., pág. 228. <<

[56] Martínez (Albert), Lewandowski (Maurice), op. cit., pág. 113. <<

[57] Cornblit (Oscar), “European immigrantes in Argentina. Industry and politics” en Veliz (Claudio), ed., The politics of conformity in Latin America, Londres, Oxford University Press, 1967; pág. 223. <<

[58] Tornquist (Ernesto), El desarrollo económico de la República Argentina en los últimos cincuenta años, Buenos Aires, s. e., 1920, pág. XX. <<

[59] Ibid., pág. 34. <<

[60] Bagú (Sergio). Evolución histórica de la estratificación social en la Argentina, Caracas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Central, pág. 33. Para la población en Francia, ver Fourastié (Jean), Le grand espoir du XXe siècle, París, Gallimard, 1963, pág. 133, cuadro 25. <<

[61] Para una reflexión sobre las definiciones sociológicas de las clases sociales, ver Aron (Raymond), «Science et conscience de la société». Archives européennes de sociologie, I (1), 1960, págs. 1-30 y Crozier (Michel), «Classes sans conscience ou préfiguration de la société sans classe», ibid. I (2), 1960, págs. 233-247.

Por cierto, en la Argentina existen clases en el sentido estrictamente lógico de categorías de elementos que tienen uno o más rasgos en común; asimismo, no puede dudarse de que en la sociedad argentina pueden distinguirse clases en el sentido marxista del término, si se las entiende no sólo como una jerarquía variada de posiciones sociales («Manifiesto comunista» en Marx (K.), Oeuvres, París. Gallimard, 1965, tomo I, pág. 162), sino además como grupos que ocupan posiciones diferentes en el proceso de producción. Por lo demás, para Marx y los marxistas la conciencia de pertenecer a uno de esos grupos es esencial para su existencia: Karl Marx en el Manifiesto fija como uno de los principales objetivos de los comunistas la «constitución del proletariado en clase» (ibid., pág. 174). La clase social no es enteramente un dato, en parte es construida. Algunos autores piensan, por otro lado, que en la Argentina, aun más que en los Estados Unidos, el esquema marxista de las clases sociales inspirado por la evolución social del viejo mundo no es operatorio. El escollo está constituido por la importancia considerable de la «clase media» que, en su mayoría, no agrupa a pequeños o medianos propietarios sino a profesionales independientes y a asalariados. Desde un punto de vista marxista ¿tales grupos participan de la apropiación privada de la plusvalía o venden a la «burguesía» su fuerza de trabajo? Además, se ha preguntado quién produce la plusvalía en el sistema pastoral extensivo, en el corazón de la economía argentina. A diferencia de los sistemas de plantación o de las haciendas arcaicas, la plusvalía provendría, según ciertos autores, principalmente en razón del bajo nivel del «trabajo acumulado», de la «renta diferencial» procurada de manera casi natural por incomparables condiciones de producción. Ver al respecto a Laclau (Ernesto), «Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación histórica de los casos argentino y chileno», Revista latinoamericana de sociología, 2, 1969, págs. 276-312. Todo esto no reduce para nada la consistencia y la extensión de los antagonismos entre grupos o conjuntos de grupos, se le dé o no a ese fenómeno el nombre de «lucha de clases». <<

[62] Especialmente Manuel Gálvez, novelista popular y ensayista. Ver Rouquié (Alain), «Manuel Gálvez, écrivain politique. Contribution à l’étude du nationalisme argentin», Cahiers des Amériques latines, 3-4, 1970, pág. 96 <<

[63] Ver Ortiz (Ricardo M.), op. cit., tomo II, pág. 191. <<

[64] Huret (Jules), op. cit., págs. 2-3. <<

[65] Esos términos afectivos, reservados generalmente para la conversación o la polémica sociopolítica, aparecen como categorías estables y reconocidas en las memorias de un notorio conservador, Angel Carrasco, Lo que yo vi desde el 80. Hombres y episodios de la transformación nacional. Buenos Aires, Procmo, 1947, pág. 354. Ver también, una crítica corrosiva y apasionada de esta distinción, en el libro de Arturo Jauretche, El medio pelo en la sociedad argentina. Apuntes para una sociología nacional, Buenos Aires, Peña Lillo, 1966, 369 págs. <<

[66] Huret (Jules), op. cit., pág. 2. <<

[67] Ver Graciarena (Jorge), Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1967, capítulo II: «De la oligarquía a la élite de poder: una transición incompleta»; y sobre todo los trabajos de François Bourricaud sobre las categorías dirigentes en el Perú, «Remarques sur l’oligarchie péruvienne», Revue française de science politique, XIV (4), págs. 675-708 y «La classe dirigeante péruvienne: oligarchie et industriéis», Revue générale belge, diciembre de 1967, págs. 3-53. Para localizar y comprender la función de la oligarquía argentina, seguimos aproximadamente el esquema propuesto por François Bourricaud en «Règles du jeu en situation d’anomie, le cas péruvien», Sociologie du travail 3, 1967, págs. 330-334. <<

[68] Huret (Jules), op. cit., pág. 2. <<

[69] Grandmontagne (Francisco), «Los epónimos» en Los inmigrantes prósperos, Madrid, Aguilar, 1960, págs. 19-40. <<

[70] Huret (Jules), op. cit., pág. 4. <<

[71] Huret (Jules), En Argentine. De Buenos Aires au Grand Chaco, París, Fasquelle, 1911, pág. 36. <<

[72] Clemenceau (Georges), op. cit., págs. 155-156. <<

[73] Para un documentado análisis de «la mentalidad de la oligarquía paternalista» ver Pérez Amuchástegui (A. J.), Mentalidades argentinas (1860-1930), Buenos Aires, Eudeba, 1965, págs. 16-19. <<

[74] Como en el Brasil por ejemplo, donde a principios de siglo la oligarquía republicana, propietaria de las plantaciones de café del sur, sucede a la aristocracia del azúcar del nordeste, sostén de la monarquía imperial. <<

[75] El paralelo entre las estructuras argentinas y las de la antigua Roma o de la antigua Grecia, cuyas reminiscencias clásicas agradaban a principios de siglo a unos pocos autores antioligárquicos, es más frecuente en la actualidad en la pluma de escritores de la «izquierda nacionalista». Ver Wilmart (Raimundo), «Patricios, clientes, plebeyos. Roma antigua y Argentina moderna; comparaciones y sugestiones», Revista argentina de ciencias políticas, noviembre 12 de 1912, págs. 129-138, que fue una de las primeras publicaciones sobre el tema; más recientemente, Spilimbergo (Jorge Enea), Nacionalismo oligárquico y nacionalismo revolucionario. Buenos Aires, Amerindia, 1958, pág. 23. <<

[76] Se ha comprobado que el sector precapitalista de la economía argentina fue absorbido por las necesidades de la expansión y en razón de la subpoblación del país. La afluencia de mano de obra extranjera indica cuan unificado estaba el mercado de trabajo desde 1880. Ver al respecto Furtado (Celso), «Développement et stagnation en Amérique latine». Annales. Economies. Sociétés. Civilisations, enero-febrero de 1966, pág. 15. <<

[77] Citado por Romero (José Luis), Las ideas políticas en la Argentina, México, Fondo de Cultura Económica, 1959 (3.ª edición), pág. 197. <<

[78] Hernández Arregui (J. J.), La formación de la conciencia nacional (1930-1960), Buenos Aires, Hachette, 1960, pág. 92. <<

[79] Sobre el «catecismo nacional», ver las anotaciones de Huret (Jules), De la Plata à la Cordillère des Andes, op. cit., pág. 398; asimismo, las reflexiones de Pérez Amuchástegui (A. J.), op. cit., pág. 74. <<

[80] Utilizamos los términos empleados por F. Bourricaud para definir la dominación oligárquica. Ver «Remarques sur l’oligarchie péruvienne», art. citado, pág. 676. <<

[81] Según Ortiz (Ricardo M.), op. cit., tomo II, pág. 191. <<

[82] Para la importancia de los inmigrantes dentro de la población activa y en la jerarquía social, ver Germani (Gino), «La movilidad social en la Argentina» en Lipset (Seymour Martin), Bendix (Reinhard), Movilidad social en la sociedad industrial, Buenos Aires, Eudeba, 1963, págs. 358-363, así como Beyhaut (Gustavo), Cortés Conde (Roberto), Gorostegui (Haydée), Torrado (Susana), «Los inmigrantes en el sistema ocupacional argentino», en Di Tella (Torcuato), Germani (Gino), Graciarena (Jorge), y otros, Argentina, sociedad de masas, Buenos Aires, Eudeba, 1965, págs. 119-122. <<

[83] En efecto, la Argentina no tiene, como otras sociedades latinoamericanas, una jerarquía social doble; una de tipo dualista propia del campo, otra claramente pluralista limitada a las zonas urbanas. <<

[84] 0,1 % en 1895 y 0,9 % en 1914 según Germani (Gino), «La inmigración masiva y su papel en la modernización del país», art. cit., pág. 203. En 1910, para tomar un año con mucha inmigración, Argentina recibe 345.275 extranjeros, pero sólo 2422 piden ser naturalizados argentinos. Ver Tornquist (Ernesto), op. cit., pág. 12. <<

[85] Su cantidad pasa de 41 a 559 entre 1864 y 1910 según Bagú (Sergio), op. cit., pág. 59. <<

[86] Crozier (Michei), «L’ambigúité de la conscience de classe chez les employés et les petits fonctionnaires», Cahiers internationaux de sociologie, XVIII, 1955, pág. 86. <<

[87] Beyhaut (Gustavo) y otros, «Los inmigrantes en el sistema ocupacional argentino», art. cit., pág. 119. <<

[88] Se trata del presidente Arturo Frondizi cuyo patriotismo, o mejor dicho cuyo auténtico sentimiento nacional, es puesto en duda por Esteban Rey en su panfleto ¿Es Frondizi un nuevo Perón?, Buenos Aires, Lucha Obrera, 1957, págs. 13 y 14. Por otra parte, Frondizi parece haber experimentado penosamente su condición de hijo de extranjero, puesto que llegará a calificar de «odio racial» a las reacciones hostiles de los «viejos» argentinos hacia los «gringos», en Luna (Félix), Diálogos con Frondizi, Buenos Aires, Desarrollo, 1962, pág. 153. <<

[89] Mörner (Magnus), La métissage dans l’histoire de l’Amérique latine, París, Fayard, 1971, pág. 165. Para convencerse es suficiente recorrer las obras de los «sociólogos» argentinos de principios de siglo. Aun los más brillantes y adelantados como José Ingenieros adoptan una sociología «biológica» sacada de Spencer, que es a la vez una ideología racista y la última palabra europea en ciencias humanas. <<

[90] Alberdi (Juan Bautista), op. cit., pág. 68. <<

[91] Mörner (Magnus), op. cit., pág. 69, y para la Argentina colonial Endrek (Emiliano), El mestizaje en Córdoba. Siglo XVIII y principios del XIX, Córdoba, Universidad Nacional de…, Facultad de Filosofía y Humanidades, Instituto de Estudios Americanistas, 1966, pág. 151. <<

[92] Pellegrini (Carlos), op. cit., pág. XCI. <<

[93] Clemenceau (Georges), op. cit., pág. 99. <<

[94] Hernández (José), Martín Fierro (1.ª edición aparecida en 1872), canto XII, verso 358. <<

[95] Huret (Jules), En Argentine, De la Plata à la Cordillère des Andes, op. cit., pág. 494. <<

[96] Mabragaña (H), Los mensajes, Buenos Aires, Compañía General de Fósforos, 1910, tomo IV, 1881-1890, pág. 259. Citado por Cornblit (Oscar), «La generación del 80 y su proyecto», en Argentina, sociedad de masas, op. cit., pág. DR. <<

[97] Es también el ideal de los fundadores de la República en Brasil que adoptan como divisa: «Orden y progreso». Porfirio Díaz, en Méjico, y su círculo de «científicos» encaran similarmente la acción gubernamental. <<

[98] Mabragaña (H.), op. cit., pág. 215. <<

[99] Maupas (Leopoldo), «Transcendencias políticas de la nueva ley electoral», Revista argentina de ciencias políticas, julio 12 de 1912, pág. 424. <<

[100] Citado por Etchepareborda (Roberto), La revolución argentina del 90, Buenos Aires, Eudeba, 1966, pág. 9. <<

[101] Belín Sarmiento (Augusto), Una república muerta, Buenos Aires, s. e., 1892, pág. 104. <<

[102] Echeverría (Esteban), Dogma socialista y otras páginas políticas, Buenos Aires, Estrada, 1948, pág. 157. <<

[103] Según la expresión de Joaquín V. González en su libro El juicio del siglo o cien años de historia argentina, Buenos Aires, Librería La Facultad, 1913, pág. 202. <<

[104] La Argentina tiene entonces 14 provincias. Los 10 territorios nacionales (nueve en realidad porque uno de ellos desaparecerá), que abarcan casi la mitad de la superficie del país, son administrados directamente por el poder federal. Serán admitidos al rango de provincia muy progresivamente y sobre todo después de 1945. En la actualidad, la Argentina está dividida en 22 provincias y un territorio nacional (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), además de la Capital Federal. <<

[105] José Nicolás Matienzo fue quien explícito con mayor claridad esas estructuras de poder en su clásico libro, El gobierno representativo federal en la República Argentina, Buenos Aires, Coni Hermanos, 1910. Ver especialmente las páginas 208 a 250. <<

[106] En efecto, el presidente es elegido en segundo grado (artículo 81 de la Constitución). <<

[107] González (Joaquín V.), op. cit., pág. 143. <<

[108] Ver particularmente las novelas y los cuentos de Roberto J. Payró (Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira y Pago Chico). <<

[109] Huret (Jules), En Argentine. De la Plata à la Cordillère des Andes, op. cit., pág. 502. <<

[110] Pellegrini (Carlos), op. cit., pág. 57. <<

[111] Levillier (Robert), Les origines argentines. La formation d’un grand peuple, París, Charpentier et Fasquelle, 1912, pág. 283. <<

[112] La Prensa, 30 de septiembre de 1908, citado en Bagú (Sergio), Evolución histórica de la estratificación en la Argentina, op. cit., pág. 81. <<

[113] Del Mazo (Gabriel), El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina, I, Desde sus orígenes hasta la conquista de la República representativa y primer gobierno radical, Buenos Aires, Gure, 1957, pág. 121. <<

[114] Entre los signatarios de la Carta Orgánica de la UCR y entre los miembros de las primeras convenciones nacionales y de los primeros comités del partido, se advierte una elevada proporción de nombres prestigiosos: Alvear, Pueyrredón, Beccar Varela, Santa Coloma, Quesada, Rodríguez Larreta, Saguier, Ocampo, Paz, etc. <<

[115] Y más precisamente de los socialistas como surge de los discursos pronunciados por el ministro del Interior de la segunda presidencia del general Roca,. Joaquín V. González, quien defendió, en 1901-1902, esa audaz reforma alegando que «el ideal de las clases obreras modernas» es «hacerse oír en las asambleas legislativas» y que «la causa profunda de las perturbaciones de la época reside en que las clases obreras no tienen sus propios representantes en el Congreso». Ver González (J. V.), La reforma electoral argentina. Discursos del ministro del Interior Dr. Joaquín V. González (1901-1902), Buenos Aires, [Didot], 1903, pág. 134. <<

[116] Se trata de Alfredo L. Palacios (1880-1965). <<

[117] Como Torino y Rodríguez Larreta. <<

[118] Hubo 231 huelgas en 1907 y 298 en 1910. La cantidad de jornadas de trabajo perdidas es oficialmente de 911.656 en 1907; llega a 1.431.457 en 1911. El movimiento se calma después. En 1912 se baja a 99 huelgas y 328.086 jornadas perdidas. Ver Estadística de las huelgas, Buenos Aires, Ministerio del Interior, Departamento Nacional del Trabajo, División de Estadística, 1940, cuadro 19. <<

[119] Cárcano (Ramón J.), Mis primeros ochenta años, Buenos Aires, Plus Ultra, 1965 (primera edición en 1943), pág. 279. <<

[120] La ley 8871 estipula el régimen electoral y las modalidades del sufragio. La ley 8130, del año anterior, había introducido la reforma de las listas electorales. Cf. Cantón (Darío), Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina, Buenos Aires, Editorial del Instituto, 1969, tomo I, pág. LXIX. <<

[121] Pérez Amuchástegui (A. J.), op. cit., págs. 34 y 375. <<

[122] Sáenz Peña (Roque), La reforma electoral y temas de política internacional argentina, Buenos Aires, Raigal, 1952, pág. 110. <<

[123] Ver Joaquín V. González, La reforma electoral argentina, op. cit., pág. 114. <<

[124] Mensaje de apertura del 7 de junio de 1912 en Sáenz Peña (Roque), op. cit., pág. 114. <<

[125] Bosch (Mariano G.), Historia del radicalismo. La UCR, 1891-1930, Buenos Aires, s. e., 1931, pág. 87. <<

[126] Ibarguren (Carlos), La historia que he vivido, Buenos Aires, Eudeba 1969 (edición definitiva revisada y corregida por el autor), pág. 267. <<

[127] Ibid., pág. 282. <<

[128] Ese proyecto de programa fue publicado por Ibarguren, vicepresidente del nuevo partido, en La Nación del 16 de octubre de 1915. <<

[129] Citado por Larra (Raúl), Lisandro de la Torre, el solitario de Pinas, Buenos Aires, Hemisferio, 1956 (1.ª edición en 1942), pág. 138. <<

[130] Jane (Cecil), Liberty and despotism in Spanish America, with a preface by Salvador de Madariaga, Nueva York, Cooper Square Publisher Inc., 1966 (1.ª edición: The Oxford University Press, 1929), pág. 173. <<

[131] Sobre el carácter subjetivo de la legitimidad y su relación con la eficacia concebida en función de los «valores dominantes», ver Lipset (Seymour Martin), L’homme et la politique, París, Le Seuil, 1963, «Conflit social légitimité et démocratie», págs. 89-109. <<

Notas al Capítulo 2

[1] Con una simple ojeada al mapa de los alrededores de Buenos Aires, podemos relevar las siguientes localidades: General Conesa, General Guido, Coronel Vidal, General Madariaga, General Lavalle, Coronel Dorrego, General Paz, General Viamonte, General Lamadrid, Coronel Suárez, Coronel Pringles, etc. <<

[2] La biografía de los caudillos más famosos ilustra ese reconocimiento gubernamental a los señores de la guerra. Facundo Quiroga, el «Facundo» de Sarmiento, fue hecho general por Rosas; «El Chacho» Peñaloza recibió de Urquiza el grado de coronel de la Confederación. Ver Luna (Félix), Los caudillos, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1966, págs. 134 y 172. <<

[3] Gálvez (Manuel), Humaitá, Escenas de la guerra del Paraguay, Buenos Aires, Losada, 1959, pág. 20. <<

[4] Bartolomé Mitre da una detallada descripción del cuerpo expedicionario del ejército de los Andes en su Historia de San Martín y de la emancipación de Sudamérica, Bs. As., El Ateneo, 1950, pág. 277. Comprende 4000 hombres: una infantería de 3000 hombres dividida en 4 batallones; 5 escuadrones de granaderos a caballo, una brigada de artillería de 250 hombres con 19 piezas. El ejército está dividido en tres cuerpos que incluyen cada uno un Estado Mayor, guías, un cirujano y un intendente. El apoyo logístico está asegurado por 1200 milicianos de Cuyo encargados de los víveres, de las municiones y de los caballos. Se está lejos de la montonera. <<

[5] Huntington (Samuel P.), The soldier and the State, Cambridge, Harvard University Press, 1957, pág. 8. <<

[6] Sin volver a San Martín, que redactó de su propia mano reglamentos para ser empleados por el ejército que él puso en pie para cruzar los Andes, se encuentran «manuales» militares impresos en épocas de Rosas; cf. Reglamento para el ejercicio y maniobras de los regimientos de infantería de la Confederación Argentina, Bs. As., Biblioteca Nacional Militar, 1846, sin foliar. <<

[7] Rodríguez (coronel Augusto G.), Reseña histórica del ejército argentino (1862-1930), Bs. As.. Secretaría de Guerra, Dirección de Estudios Históricos, 1964, págs. 24 y 89. <<

[8] En virtud de un decreto del 30 de agosto de 1815 contra la vagancia, todo hombre sin propiedad debe tener un patrón que responda por él; en caso contrario es pasible de cinco años de servicio militar. Ver Álvarez (Juan), Estudios sobre las guerras civiles argentinas, Buenos Aires, Juan Roldán, 1914, pág. 99. <<

[9] Hernández (José), Martín Fierro, canto III, versos, 52, 56 y 58. <<

[10] Esa utilización de los soldados de las «fronteras» no tiene nada de excepcional, ya que es denunciada por los hombres políticos más clarividentes de la época; ver Oroño (Nicasio), La verdadera organización del país o la realización de la máxima gobernar es poblar, Bs. As., s. e., 1871, pág. 107. <<

[11] Oroño (Nicasio), op. cit., pág. 113. <<

[12] Ese proyecto fue defendido durante la presidencia de Mitre, especialmente por el poeta Ascasubi; cf. Pérez Aznar (Ataulfo), «El ejército de línea», Revista de historia, I, 1957, pág. 48. <<

[13] Ver particularmente las obras del comandante Manuel Prado, La guerra al malón (1907), La conquista de la Pampa (cuadros de la guerra de frontera), 2.ª edición, 1935. <<

[14] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, I, 1901, pág. 626. <<

[15] Entre conquistadores y exploradores, los oficiales son los mejores conocedores del mundo de los indios, con quienes no mantienen solamente contactos brutales y desiguales. Es testimonio de eso, entre otras cosas, el admirable «reportaje» del general Lucio V. Mansilla a los indios ranqueles, Una excursión a los Indios Ranqueles, 1870. <<

[16] Rodríguez (coronel Augusto G.), op. cit., pág. 30. <<

[17] cf. Levene (Gustavo Gabriel) y otros, Los presidentes argentinos, Bs. As., Compañía General Fabril, 1961, pág. 83. <<

[18] Huntington (Samuel P.), op. cit., pág. 80. <<

[19] Yofre (Felipe), El congreso de Belgrano (año 1880), Bs. As., Lajouane, 1928, págs. 46-47. <<

[20] Matienzo (José Nicolás), El gobierno representativo federal en la República Argentina, Bs. As., Coni Hermanos, 1910, pág. 139. <<

[21] Yrigoyen (Hipólito), Pueblo y gobierno, Bs. As., Raigal, 1953, tomo I, pág. 67. <<

[22] Belín Sarmiento (Augusto), Una república muerta, Bs. As., s. e., 1892, pág. 21. <<

[23] Fue el caso del futuro general Benjamín Menéndez (entrevista del autor, 1.º de septiembre de 1969). <<

[24] Ver Joxe (Alain), Las Fuerzas Armadas en el sistema político de Chile. Santiago, Edición universitaria, 1970, pág. 53. <<

[25] Discurso del general Alberto Capdevila en la Cámara, Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 1, 1901, pág. 610. <<

[26] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 1, 1901, pág. 354. <<

[27] «XX, El teniente general don Pablo Riccheri», Revista universitaria, 6 (61), 1935, pág. 87 (número especial sobre el ejército). <<

[28] Cámara de Diputados. Diario de sesiones, 1, 1901, pág. 752. <<

[29] Gaulle (Charles de), Mémoires de guerre. L’appel, París, Pión, 1954, pág. 6. <<

[30] Discurso del ministro de Guerra, 11 de septiembre de 1901, en Cámara de Diputados Diario de sesiones, 1, 1901, pág. 705. <<

[31] Ibid., pág. 623. <<

[32] Cantón (Darío), «Notas sobre las Fuerzas Armadas Argentinas», Revista latinoamericana de sociología, noviembre de 1965, págs. 290-313. <<

[33] Maligne (teniente coronel A.), «El ejército en octubre de 1910», Revista de derecho, historia y letras, marzo de 1911, pág. 397. <<

[34] El jefe de una compañía de infantería cuenta con cierta amargura que durante las maniobras de 1910 en Tandil, cuando los soldados recibieron el permiso de cantar entonaron en italiano canciones de «trattoria» y no los himnos patrióticos que se les había enseñado en el ejército: Smith (teniente coronel Carlos), Al pueblo de mi patria, Bs. As., Talleres Gráficos del Estado Mayor del Ejército, 1918, pág. 89. <<

[35] Baily (Samuel), Labor, nationalism and politics in Argentina, New Brunswick, Rutgers University Press, 1967, págs. 29-45 y Spalding (Hobart), La clase trabajadora argentina. Documentos para su historia, Bs. As., Galerna, 1970, págs. 50-60. <<

[36] Carlés (Manuel), «Diplomacia y estrategia» (conferencia pronunciada en el Colegio Militar), suplemento al n.º 270 de la Revista Militar, junio de 1915, pág. 13. <<

[37] Smith (teniente coronel Carlos), op. cit., págs. 88-89. <<

[38] Ibid., pág. 21. <<

[39] Justo (coronel Agustín P.). «Discurso del director del Colegio Militar, coronel D. Agustín P. Justo», Revista Militar, enero de 1921, pág. 3. <<

[40] Smith (teniente coronel Carlos), op. cit., pág. 310. <<

[41] Es así como todos los conscriptos tienen la nuca rapada, y a veces hasta la cabeza, desde que entran al cuartel; aun vestidos de civil, todavía llevan la marca de su situación militar. <<

[42] Koebel (W. H.), Modern Argentina, The Eldorado of today. With notes on Uruguay and Chile, Londres, Griffiths, 1907, pág. 23. <<

[43] Ibid. Es suficiente hojear una colección de la revista popular ilustrada Caras y Caretas de la misma época para confirmar las impresiones de Koebel. Las ejecuciones o los agitados arrestos de amotinados o de militares asesinos ocupan en ella un lugar relativamente considerable. <<

[44] Cf. Rodríguez (coronel Augusto G.). op. cit., págs. 109-110. <<

[45] Ministerio de Guerra, Memoria, 1941, pág. 27 (Cantidad de ciudadanos sorteados e incorporados al ejército de las clases 1899 a 1918). <<

[46] Maligne (teniente coronel A.), art. cit., pág. 254. <<

[47] Anónimo (presumiblemente el teniente coronel Maligne), El ejército argentino por dentro. Estudio pata contribuir al restablecimiento de nuestras instituciones militares arruinadas. Dedicado respetuosamente al Presidente electo Dr. D. Manuel Quintana, Bs. As., La Harlem, 1904, pág. 9. <<

[48] Un pequeño hecho nos parece simbolizar las relaciones entre oficiales y suboficiales tales como los primeros las desean. La escuela para los suboficiales, fundada en 1904 como una especie de subColegio Militar, toma, algunos años después, el nombre de Escuela Sargento Cabral. Ahora bien, si le creemos a Mitre (op. cit., pág. 94), el sargento Cabral, humilde mestizo de la provincia de Corrientes, sólo quedó en la historia por haberse hecho matar salvando la vida de su jefe, en este caso el general San Martín. <<

[49] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 1, 1901, pág. 620. <<

[50] No confundir con los «concursos de antecedentes» que sirven para cubrir algunos puestos en la enseñanza secundaria o superior. En realidad, los exámenes de selección escritos también son nuevos para el Colegio Militar ya que se establecen en 1895. Anteriormente, los exámenes se reducían a un oral de control con preparación libre. Cf. Reynolds (general Francisco), Los exámenes del Colegio Militar de la Nación, Bs. As., s. e., 1900, págs. 6-7. <<

[51] Ministerio de Guerra, Dirección General de Personal. Escalafón del Ejército Argentino, Jefes y oficiales en actividad hasta el 31 de julio de 1919, multigr. <<

[52] El año preparatorio destinado a los candidatos más jóvenes lleva a cuatro años, durante la época de la cual nos ocupamos, la duración de los estudios normales. <<

[53] Fuentes: Escalafón del Ejército Argentino, 1919 y 1939, Quién es quién, 1939, Revista Militar, Boletín Militar, 1.ª parte. <<

[54] Si confiamos en el anuario oficial, Agustín P. Justo, nacido el 26 de febrero de 1876, ingresó al Colegio Militar el 31 de octubre de 1887, o sea antes de cumplir 12 años. <<

[55] No sólo el porcentaje de heridos y enfermos no es más elevado que en cualquier otro internado del mundo, sino que, «gracias a una alimentación sana y abundante», los cadetes de 1er. año engordaron seis kilos y medio durante los 5 primeros meses de su incorporación. Tales son los argumentos presentados a los padres preocupados en la Reseña histórica del Colegio Militar. Bs. As., s. e., 1937, pág. 115. Recordemos solamente que hasta 1895 los cadetes castigados eran engrillados; cf. Rodríguez (coronel Augusto G.), op. cit., pág. 31. <<

[56] Un sexto programa de segundo año está dedicado a las materias generales. Ver Colegio Militar de la Nación, Programas de segundo año, Bs. As., Enrique M. Rossi, s. d. (¿1900?), 34 págs. <<

[57] Maligne (teniente coronel A.), art. cit., pág. 259. <<

[58] Reynolds (general Francisco), op. cit., pág. 3. <<

[59] Estado Mayor del Ejército, Instrucciones para la enseñanza en la Escuela Superior de Guerra, Bs. As., s. e., 1918, pág. 21. <<

[60] García Enciso (coronel Isaías J.), «El Colegio Militar de la Nación en su centenario», La Nación, 1.º de junio de 1969 (suplemento pág. 6). <<

[61] Boletín Oficial del Estado Mayor General del Ejército, enero-abril de 1886. <<

[62] Sisson (H. D.), Le pôle latin de l’Amérique. La République Argentine. Description, étude et histoire, París, Plon, 1910, pág. 95. <<

[63] Rodríguez (coronel Augusto G.), op. cit., pág. 84. <<

[64] Huret (Jules), En Argentine. De la Plata à la Cordillére des Andes, París, Fasquelle, 1913, pág. 75. <<

[65] Reseña histórica del Colegio Militar, op. cit., pág. 41. <<

[66] Ver Duval (mayor Armando), A Argentina, potencia militar, Río de Janeiro, Imprensa Nacional, 1922, tomo 2, pág. 368. <<

[67] Artículo 86, párrafo 16 de la Constitución. Una simple formalidad, generalmente, en época del ejército profesional. <<

[68] Según el mayor brasileño Armando Duval, un teniente coronel alemán recibe 500 pesos oro, o sea 1135 pesos papel, y un coronel cobra 600 pesos oro equivalente a 1362 pesos papel. En cambio, un general de división argentino cobra 1350 pesos papel. Los oficiales alemanes tienen derecho, además, a una asignación en pesos papel para el forraje de dos caballos; y tienen a su disposición un ordenanza. <<

[69] Escuela Superior de Guerra, Indicaciones para el concurso de admisión, s. l., s. d. (1911), sin foliar, 10 folios. <<

[70] Escuela Superior de Guerra, Resúmenes de algunas memorias sobre, a) orientación de la enseñanza, b) informes y gestiones diversas, c) construcciones, ampliaciones, reparaciones y asuntos administrativos, Bs. As., 1926-1932, 143 págs., págs. 16 y 23. <<

[71] Accame (general Nicolás C.), «Teniente general D. Ramón Jones», Revista Militar, enero de 1935 (fuera de texto). <<

[72] «Instrucciones para el envío de oficiales a cuerpos de tropa en Alemania», Boletín Militar, 18 de octubre de 1905, primera parte. <<

[73] El discurso de Tánger es, en efecto, de marzo de 1905. Estamos entonces en plena crisis marroquí. <<

[74] Duval (mayor Armando), op. cit., pág. 369. El autor se refiere probablemente sólo a los oficiales superiores (a partir del grado de mayor), o sea, en cifras absolutas, más de 200 oficiales. <<

[75] Se trata en realidad de los generales de 1938 sobre quienes tenemos una información completa. <<

[76] 11 residieron el Alemania, y 2 en Italia; pero, después de 1918, 3 no se marcharon de la Argentina. Sin datos sobre 6 de ellos. <<

[77] Están excluidos los 23 precedentes, que reúnen esas condiciones. Incluimos dentro de los oficiales prestigiosos a las más altas autoridades militares (jefe de Estado Mayor, inspector general, comandantes de los cuerpos de ejército), así como a los militares que se han distinguido en los terrenos más diversos (deporte, política, periodismo o literatura). <<

[78] Huret (Jules), op. cit., pág. 472. <<

[79] Clemenceau (Georges), Notes de voyage dans l’Amérique du Sud. Argentine. Uruguay. Brésil, Paris, Hachette, 1911, pág. 75. <<

[80] Ver: Informe de la Comisión sobre el concurso para compra de material de artillería, Bs. As., Estado Mayor General del Ejército, 1908. <<

[81] Cf. Huret (Jules), op. cit., pág. 473 y Clemenceau (Georges), op. cit., pág. 122. <<

[82] Biblioteca del Oficial, 1918-1967, Catálogo central del libro general Rodolfo Martínez Pita, Bs. As., Círculo Militar, 1968. <<

[83] Maligne (teniente coronel A.), art. cit., pág. 271. <<

[84] Revista Militar, abril de 1929, pág. 612. <<

[85] General Kress Von Kressenstein, «Política y conducción de la guerra», Revista Militar, julio de 1933, págs. 3-25. <<

[86] Ibid., pág. 5. <<

[87] Uriburu (general José F.), La guerra actual, Bs. As., s. e., 1915, 12 págs. <<

[88] Shils (Edward A.), Janowitz (Morris), “Cohesion and desintegration in the Wehrmacht in World War II”, Public opinion quarterly, 12, 1948, págs. 280-315. Las citas se tomaron de la versión francesa de Henri Mendras en Éléments de sociologie. Textes, París, A. Colin, 1968, págs. 291 y 297. <<

[89] Sobre este punto, ver en particular Shils (Edward A.), Janowitz (Morris), art. cit., así como Wheeler-Bennett (John W.), Le árame de l’armée allemande (traducción francesa de The nemesis of power), París, Gallimard, 1955, págs. 21-25. Asimismo, Kitchen (Martin), The German officer corps (1890-1314), Oxford, Clarendon Press, 1968, capítulo 3. <<

[90] El artículo 51 de la ley 9675 de octubre de 1905 prevé la competencia de los tribunales militares que el reglamento del 1.º de mayo de 1916 precisa, ampliando sus prerrogativas con relación al modelo alemán. Cf. Rodríguez (coronel Augusto G.), op. cit., pág. 120, y, a propósito de la autoridad o de la falta de autoridad del Ehrengericht alemán sobre los retirados y los reservistas, Kitchen (Martin), op. cit., capítulo 3. <<

[91] Rodríguez (coronel Augusto G.), op. cit., pág. 123. <<

[92] Twentieth century impressions of Argentina. Its history, people, commerce, industries and resources, Londres, Lloyd’s Greater Britain Publishing Company, 1911, pág. 146. <<

[93] The Argentine Year Book, 1912, Londres, s. e., The Navy, pág. 107. <<

[94] Ver Senesi (capitán de navío Francisco), Hipólito Yrigoyen y los armamentos navales, Bs. As., s. e., 1947, pág. 2 y The Argentine Year Book, 1912, op. cit., pág. 111. <<

[95] Twentieth century impressions of Argentina, op. cit., pág. 146. <<

[96] Entrevista al almirante Isaac Rojas del 26 de mayo de 1970; el almirante Rojas fue alumno de la Escuela Naval de 1923 a 1929. Fue su director de 1953 a 1955. <<

[97] New York Sheep Building Company y Fore River. <<

[98] Sus grados se escalonan de capitán de navio a almirante. Los elegimos de la misma manera que a los 101 militares del ejército que forman la muestra utilizada anteriormente. Fuentes: Quién es quién, 1939, Boletín del Centro Naval, La Prensa. <<

[99] Para no sobrecargar el texto, no repetimos que las muestras utilizadas no pretenden ser representativas del universo de los oficiales argentinos, sino que proporcionan algunas indicaciones sobre los que se encuentran colocados por sus funciones o por su prestigio en la cima de la sociedad militar, y que también son los que nos interesan aquí ante todo. <<

[100] Ver lista y fechas en la bibliografía. <<

[101] Entrevista al teniente general Benjamín Rattenbach del 6 de mayo de 1970. <<

[102] Tomamos este concepto de J. P. Thomas, «Hypothése pour une étude de mobilité auprès des sous-officiers». Revue française de science politique, febrero de 1972, págs. 55-76. <<

[103] Los legajos del personal militar, «legajos personales», sólo presentan la profesión del padre una única vez en las fichas individuales, «hojas de datos personales», que acompañan a los formularios de candidatura, «solicitud de ingreso», al Colegio Militar. Es fácilmente comprensible que, en tales condiciones, esa información falte a menudo o sea imprecisa, excepción hecha de los hijos de militares. <<

[104] En la única tentativa de sociología militar que haya sido publicada en la Argentina, el autor reconoce que solamente el 33 % de los legajos de los generales de su muestra mencionaban la ocupación del padre. Imaz (José Luis de), Los que mandan, Bs. As., Eudeba, 1964, pág. 58. <<

[105] Es así como la existencia de una dicotomía entre profesión, fuente de prestigio, y bienes inmuebles, fuente de ingresos, no permite saber, por ejemplo, si la mención de «abogado» corresponde a un estanciero, doctor en leyes que no ejerce y forma parte de las capas superiores, o remite a un profesional del foro, miembro de las clases medias. Y aun más, hasta fecha reciente, la élite establecida consideraba la enseñanza como un servicio. La mención de profesor secundario o incluso de maestro puede, debido a ese doble marco socioprofesional, encubrir categorías sociales muy diferentes. Porque, junto a aficionados ilustrados, existen también profesionales de la enseñanza laboriosos y mal remunerados. Podrían multiplicarse los ejemplos. <<

[106] Citemos, a título de información, las profesiones encontradas más a menudo en las familias de los oficiales entrevistados: empresario rural (estanciero mediano, agricultor), altos dirigentes de empresas comerciales, médico, farmacéutico, dentista, funcionario (juez, magistrado, oficial). Es decir, en líneas generales, profesiones liberales y altos directivos, además de una gran proporción de dueños de establecimientos. <<

[107] El límite de las primeras promociones, que frecuentemente no es alcanzado, es de 50 cadetes solamente. El primer director del Colegio comprobaba en un informe al ministro de Guerra: «Cada vez se considera menos a este Colegio como constituyendo solamente una obra de caridad en favor de los hijos y de los huérfanos de personas pobres…» (Rodríguez (coronel Augusto G.), op. cit., pág. 73). Lo cual significa que, en el espíritu de sus creadores, respondía inicialmente a esa finalidad social. <<

[108] Ley 5291, artículo 1, citada por Panettieri (José), Los trabajadores en tiempos de la inmigración masiva en Argentina (1870-1310), La Plata, Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Historia, 1966, pág. 175. <<

[109] Ibid., pág. 185. <<

[110] Cf. Rodríguez (coronel Augusto G.), op. cit., págs. 111-112 y Mabragaña (H.), Los mensajes, Bs. As., Compañía General de Fósforos, tomo 6, pág. 168. <<

[111] Bagú (Sergio), Evolución histórica de la estratificación social en la Argentina, Caracas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Central, pág. 67. <<

[112] Rodríguez (coronel Augusto G.), op. cit., pág. 112. <<

[113] Mabragaña (H.), op. cit., tomo 6, págs. 475-476. <<

[114] Ver capítulo 1. Hemos utilizado para este análisis, además de las fuentes ya mencionadas, varias ediciones del Libro azul, de la Guía social, así como varios años de la Nómina de los socios del Jockey Club, y diversos años de las Memorias y de las Nóminas de socios de la Sociedad Rural. <<

[115] Boletín Militar, 15 de diciembre de 1913, primera parte. <<

[116] Perón prefiere hablar de su abuelo antes que de su padre o de su madre, lo que permitió a sus enemigos lanzar el rumor de un origen muy humilde (un mayordomo y una sirvienta semiindia), para desacreditarlo socialmente en tiempos en que la buena sociedad chismoseaba en los salones, lo que es falso. No deja de ser verdad que la madre de Perón no era de origen europeo como su padre. Ver «Las memorias de Juan Perón, 1895-1945», Panorama, 14 de abril de 1970, págs. 20-25. <<

[117] Fue el caso, según se dice, del futuro general Agustín P. Justo, descendiente de una vieja familia del Litoral y cuyo abuelo había sido gobernador de Corrientes. Es verdad que la edad con que ingresó al Colegio Militar podía justificar la inquietud familiar (entrevista al Sr. Liborio Justo, hijo del general Justo, del 16 de agosto de 1969). <<

[118] Ver «Guerreros del Paraguay», Clarín, 24 de mayo de 1970. <<

[119] Borges (Jorge Luis), «Dulcia linquimus arva», Obra Poética, Bs. As., Emecé, 1967, pág. 88. <<

[120] Imáz (José Luis de), La clase alta de Buenos Aires, Bs. As., Investigaciones y trabajos del Instituto de Sociología de la Universidad de Bs. As., 1962, pág. 42. <<

[121] En La nation en armes (1906) citado por Kitchen (Martin), op. cit., pág. 23. <<

[122] Entre los directores del Colegio Militar que permanecieron más tiempo en su puesto, entre 1897 y 1922, se encuentran dos hombres pertenecientes a los medios de las grandes familias: el general Francisco Reynolds y el coronel Agustín P. Justo. El coronel José F. Uriburu fue, por lo demás, director de la Escuela Superior de Guerra desde 1907 hasta 1913. <<

[123] Tal posibilidad parece estar reservada, por lo menos en esa época, para los privilegiados de la fortuna. Así, Agustín P. Justo es ingeniero civil, aunque realizó estudios civiles recién cuando era capitán. <<

[124] Los barrios de oficiales del ejército, construidos con intenciones sociales, se multiplicarán sobre todo en la década del veinte. <<

[125] Según la ley 9675 (artículo 17), ver Medina (general Francisco), «Cuestiones sobre el estado militar», Revista Militar, febrero de 1941, págs. 211-227. <<

[126] Huret (Jules), op. cit., pág. 340. <<

[127] Cf. Panettieri (José), op. cit., y Spalding (Hobart), op. cit. <<

[128] En la pirámide de los grados, en 1917, los oficiales superiores —por encima de teniente coronel— son 211, los subtenientes 135 y la masa de grados intermedios cuenta con 958 oficiales sobre un total de 1304. Contaduría General de la Nación, Ley de Presupuesto de la República Argentina para el ejercicio de 1917, Bs. As., 1918. Se impone una precisión en lo que se refiere a las comparaciones con los salarios obreros: los subtenientes son muy jóvenes y generalmente continúan en el cuartel la vida de intemado que llevaban en el Colegio Militar. Se puede estimar que sus necesidades de dinero no son muy elevadas, lo que es muy distinto para los capitanes. <<

[129] Huret (Jules), op. cit., pg. 73. <<

[130] El Circulo de Armas en el cincuentenario de su fundación, 1885-1935, Buenos Aires, s. e., 1935. <<

[131] Memorias del Círculo Militar, suplementos de la Revista Militar, 1917-1966, Bs. As., Círculo Militar, 2 volúmenes. <<

[132] Según los estatutos, los oficiales de la reserva (por consiguiente civiles) no deben sobrepasar el 5 % del total de miembros, ibid. <<

[133] Se podría citar al poeta Leopoldo Lugones que frecuentaba con ostentación la sala de armas del Círculo, pero era más por simpatía política hacia el ejército y por proselitismo que por los encantos del Círculo Militar. Parece ser, además, un caso aislado. <<

[134] Huret (Jules), op. cit., pág. 26. <<

[135] Ibid., pág. 155. <<

[136] Por su parte, los jóvenes oficiales, sobre todo si carecen de fortuna personal, están muy interesados, aun para su carrera, en hacer un buen casamiento. Parece estar sobrentendido que el sueldo de los grados subalternos no sirve para asegurar el mantenimiento de una familia. Así, en las «Instrucciones para el envío de los oficiales a los cuerpos de tropas de Alemania», se aclara que «los oficiales casados que deseen llevar con ellos a su familia deberán contar con un ingreso seguro y regular de por lo menos cien pesos oro por mes». <<

[137] Levene (Gustavo Gabriel), y otros, op. cit., págs. 261-265. <<

Notas al Capítulo 3

[1] Esta vidalita habría sido oída por el escritor Ricardo Rojas (1882-1957) en la provincia de Jujuy, según Luna (Félix), Yrigoyen, Bs. As., Desarrollo, 1964 (2.ª edición), pág. 208. <<

[2] Germani (Gino), Política y Sociedad en una época de transición. De la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Bs. As., Paidós, 1962, págs. 224-228. <<

[3] Así como por las costumbres electorales que no desaparecen con la nueva ley. Las presiones de todo tipo para impedir votar a los opositores siguen practicándose en varias provincias. Ver «Denuncias sobre fraude en la Cámara de Diputados», en Cantón (Darío), Materiales para el estudio de la sociología política en la Argentina, Bs. As., Editorial del Instituto, 1969, vol. I, capítulo 1, págs. 3 a 5. <<

[4] La elección presidencial se efectúa en dos etapas, siendo elegidos los grandes electores por el sufragio universal directo (art. 81). <<

[5] Yrigoyen sólo tiene 340.000 votos sobre 745.000 sufragios emitidos, a los que vienen a agregarse in extremis 28.000 votos de los radicales disidentes de Santa Fe. Tiene 143 electores, contra 148 para los otros tres grupos: socialistas, demócratas progresistas y conservadores. Por consiguiente, los votos de los disidentes de Santa Fe fueron decisivos. Ver Cantón (Darío), op. cit., págs. 85-86. <<

[6] Sánchez Sorondo (Matías), «El 6 de septiembre de 1930», Revista histórica, 3, 1958, pág. 100. <<

[7] Maupas (Leopoldo), «Trascendencias políticas de la nueva ley electoral», Revista argentina de ciencias políticas, 12 de julio de 1912, pág. 425. <<

[8] Gallo (Ezequiel), Sigal (Silvia), «La formación de los partidos políticos contemporáneos. La Unión Cívica Radical (1890-1916)», Desarrollo económico, abril-septiembre 1963, págs. 177-179. <<

[9] Banco Central de la República Argentina, La evolución del balance de pagos de la República Argentina, Bs. As., 1952, multigr., cuadro 8, pág. 43. <<

[10] Sabra (Jesús), «Evolución histórica del financiamiento externo de la República Argentina», Revista de la Unión Industrial, abril-junio de 1970, pág. 3. <<

[11] Cassel (G.), La monnaie et le change après 1914, París, Giard, 1923, pág. 32. <<

[12] Tomquist (Ernesto), El desarrollo económico de la República Argentina en los últimos cincuenta años, Bs. As., 1920, pág. 312. <<

[13] Es la tesis sustentada, en líneas generales, en el libro de John J. Johnson, Political change in Latin America: The emergence of the middle sectors, Stanford, Stanford University Press, 1958, págs. 98-100. <<

[14] Whitaker (Arthur), Argentine upheaval: Perón s fall and the new regime, Nueva York, Praeger, 1956. Edición argentina, La Argentina, un calidoscopio, Bs. As., Proceso, 1956, pág. 93. <<

[15] Ibarguren (Carlos), La historia que he vivido, Bs. As., Eudeba, 1969, pág. 296. <<

[16] Maupas (Leopoldo), art. cit., pág. 246. <<

[17] Ver Cornblit (Oscar), “European immigrants in Argentina. Industry and politics”, en Veliz (Claudio), ed., The politics of conformity in Latin America, pág. 236, y Levene (Gustavo Gabriel) y otros, Los presidentes argentinos, Bs. As., Compañía General Fabril, 1961, pág. 220. <<

[18] Gallo (Ezequiel), Sigal (Silvia), art. cit., pág. 213. <<

[19] Hipólito Irigoyen escribe su nombre con una Y, sin duda para afirmar su personalidad y para no ser confundido con Bernardo de Irigoyen, contrariamente al uso familiar. La distinción I/Y adquirió un valor casi político: los adversarios del caudillo se divertían mucho escribiendo con una I el patronímico de este descendiente de vascos franceses. <<

[20] Del Mazo (Gabriel), El radicalismo, Bs. As., Cure, 1957, vol. I, pág. 110. Si bien es verdad que el padre de Yrigoyen es un inmigrante vasco francés, su madre desciende de una familia «antigua» y «distinguida» de origen español, mantenida un poco al margen de la buena sociedad a causa de la amistad del abuelo de Yrigoyen con Rosas. La tradición rosista vuelve a encontrarse en el caso de muchos radicales provenientes de familias tradicionales. <<

[21] Para el Hospital de Niños, exactamente, según Gálvez (Manuel), Vida de Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio, Bs. As., Kraft, 1939 (2.ª edición), pág. 65. <<

[22] Gálvez (Manuel), op. cit., pág. 242. <<

[23] Corvalán (Ernesto), «Pensamientos radicales», Revista argentina de ciencias políticas, 12 de julio de 1915, pág. 412. <<

[24] Tres coroneles participan en la primera convención nacional de la Unión Cívica Radical, ver Del Mazo (Gabriel), op. cit., págs. 73-75. <<

[25] Ver Ibarguren (Carlos), op. cit., pág. 76. De esos cadetes, 7 serán excluidos definitivamente de los cuadros por ese acto de indisciplina. Ver Vedia y Mitre (Mariano de), La revolución del 90. Origen y fundación de la Unión Cívica. Causas, desarrollo y consecuencias de la revolución de julio, Bs. As., Rosso, 1929, pág. 97. <<

[26] Ver Vedia y Mitre (Mariano de), op. cit., pág. 128. <<

[27] Lanús (coronel Roque), «Las logias en el ejército argentino durante el siglo XIX», La Prensa, 1.º de julio de 1950, y Etchepareborda (Roberto), La revolución argentina del 90, Bs. As., Eudeba, 1966, pág. 39. <<

[28] El 9.º Regimiento de Infantería comprometido con los facciosos es puesto bajo la vigilancia del 2.º Regimiento de Caballería, luego de una delación. Ver De la Torre (Lisandro), Cartas íntimas, Bs. As., Ediciones Futuro, 1951, pág. 63 (Carta del 17 de mayo de 1937). <<

[29] Ibarguren (Carlos), op. cit., pág. 92, ver igualmente Luna (Félix), op. cit., págs. 96-107. <<

[30] La conspiración es un secreto a voces porque los organizadores se ponen en contacto con gran número de oficiales que no siempre aceptan seguirlos. Es así como el mayor José F. Uriburu, comandante del 89 Regimiento de Caballería, que sirve de guardia presidencial, recibe la visita de su amigo Femando Saguier, dirigente radical, que le pide en nombre de Yrigoyen participar en el movimiento. Éste rehúsa pero promete callar. (Ibarguren (Carlos), op. cit., pág. 188). <<

[31] Reynolds (general Francisco), La revolución del 6 de septiembre de 1930. Acción militar, Bs. As., Ismael Colombo, 1969, pág. 11. <<

[32] Ibid., pág. 19. <<

[33] Yrigoyen (Hipólito), Pueblo y gobierno, 4, Mensajes, Bs. As., Raigal, 1953, pág. 322. <<

[34] Caballero (Ricardo), Yrigoyen. La conspiración civil y militar del 4 de febrero de 1905, Bs. As., Raigal, 1951, pág. 39. <<

[35] «Manifiesto de la revolución del 4 de febrero de 1905», en Rodríguez (Carlos J.). Irigoyen, su revolución política y social, Bs. As., Librería La Facultad, 1943, págs. 115 y 122. <<

[36] Gallo (Vicente C.), «Aspectos y enseñanzas de una obra», Revista argentina de ciencias políticas, julio 12 de 1915, pág. 334. <<

[37] Ver Cámara de Diputados, Diario de sesiones, junio 11 de 1906, págs. 241-249. <<

[38] «Primera carta de Hipólito Yrigoyen a Pedro C. Molina» en Yrigoyen (Hipólito), Pueblo y gobierno, 1, La intransigencia, op. cit., pág. 118. <<

[39] Etchepareborda (Roberto), «Yrigoyen y el Congreso», en Yrigoyen (Hipólito), Pueblo y gobierno, 4, Mensajes, op. cit., pág. 47. <<

[40] Del Valle (Delfor), «La Unión Cívica Radical y el ejército», Hechos e ideas (Revista radical), julio de 1935, pág. 125. <<

[41] Carrasco (Angel), Los que yo vi desde el 80, Hombres y episodios de la transformación nacional, Bs. As., Procmo, 1947, pág. 181. <<

[42] Benigno Ocampo, citado por Merchensky (Marcos), Las corrientes ideológicas en la historia argentina, Bs. As., Concordia, 1961, pág. 154. <<

[43] Según Smith (Peter), «Los radicales argentinos y la defensa de los intereses ganaderos», Desarrollo económico, abril-junio de 1967, págs. 803-805. <<

[44] «Manifiesto de la revolución del 4 de febrero de 1905», art. cit., pág. 118. <<

[45] Tomando el índice base 1929 = 100, los salarios reales evolucionan de la manera siguiente: 1914 = 68, 1915 = 61, 1916 = 57, 1917 = 49, 1918 = 42, 1919 = 57, 1920 = 59, 1921 = 73, 1922 = 84. Según Bailey (Samuel), Labor, nationalism and politics in Argentina, New Brunswick, Rutgers University Press, 1967, pág. 31. <<

[46] 3693 millones de días de trabajo perdidos contra 83.044 en 1914, ver Ministerio del Interior, Departamento del Trabajo, División Estadísticas. Estadísticas de las huelgas, Bs. As., 1940, cuadro 19. <<

[47] Smith (Peter), Carne y política en la Argentina, Bs. As., Paidós, 1963 (título original, The politics of argentine beef), pág. 77. <<

[48] Yrigoyen (H.), Pueblo y gobierno, 4, Mensajes, op. cit., pág. 143. <<

[49] Cuyas fechas corresponden casi día a día a las de la «semana sangrienta» de Berlín durante la cual fueron asesinados los jefes espartaquistas. <<

[50] Para una descripción de los sucesos de 1919, ver los puntos de vista encontrados de Ibarguren (Carlos), op. cit., pág. 325; Ghiraldo (Alberto), La Argentina, Madrid, s. e., s. d., (¿1920?), págs. 91-107, y también Donadio (Amleto), «Recuerdos policiales. La semana trágica», La Nación, 22 de febrero de 1970; Babini (Nicolás), «La semana trágica (pesadilla de una siesta de verano)», Todo es Historia (Bs. As.), septiembre de 1967, págs. 8-23. <<

[51] Según los medios sindicales habría habido 600 muertos durante los tiroteos en el cementerio de la Chacarita y, en total, un millar de víctimas [Ghiraldo (Alberto), op. cit., pág. 99]. <<

[52] Ibarguren (Carlos), op. cit., pág. 324. <<

[53] Ibid., pág. 324. <<

[54] Carulla (Juan E.), Al filo del medio siglo, Bs. As., Huemul, 1964 (2.ª edición), pág. 217. <<

[55] Ver Del Mazo (Gabriel), op. cit., pág. 206 y Frías (Jorge H.), El peligro social en la República Argentina, Bs. As., Roldán 1932, pág. 222. <<

[56] Se trata de Joaquín S. de Anchorena, ex interventor federal en la provincia de Entre Ríos, y de Manuel Caries, ex diputado. <<

[57] En su folleto titulado Normas de acción, folleto n.º 2, 1921, 7 págs., la Asociación precisa que en caso de conflicto ella proporciona a la dirección de la empresa adherida «personal apto y competente… personal de control y de mantenimiento… el personal necesario para impedir que los empleados fieles sean molestados en los talleres o en la calle». <<

[58] Asociación del Trabajo, ¿Qué es la Asociación del Trabajo?, folleto n.º 1, 1921, pág. 1. <<

[59] Ibarguren (Carlos), op. cit., pág. 322. <<

[60] Ver Babini (Nicolás), art. cit., pág. 20. <<

[61] Especialmente el 10 de enero frente al Congreso. <<

[62] Carlés (Manuel), Discurso pronunciado en la plaza Lavalle el 4 de mayo de 1919, Bs. As., Biblioteca de la Liga Patriótica, 1919, págs. 1 y 2. <<

[63] Ver «La Liga Patriótica Argentina. Recolección de la cosecha. Sobre la propaganda subversiva», La Prensa, 10 de enero de 1921. <<

[64] Cf. Carlés (Manuel), «Primero de mayo argentino. Conmemoración del pronunciamiento de Urquiza», Catecismo de la doctrina patria, Bs. As., Biblioteca de la Liga Patriótica Argentina, 20 páginas, sin foliar. <<

[65] Lagos (contraalmirante M. J.), El programa de la Liga Patriótica Argentina y la educación por el ejemplo (Cuarto congreso nacionalista de la Liga Patriótica Argentina, 19 de mayo de 1923), Bs. As., Rosso, 1923, pág. 20. <<

[66] Biblioteca de la Liga Patriótica Argentina, Cuarto congreso nacionalista de la Liga Patriótica Argentina, sesiones del 19, 20 y 21 de mayo de 1923, Bs. As., Baiocco y Cía., 1923. <<

[67] Bunge (Mauricio), «Sobre la baja de la lana y los lanares», Revista de economía argentina, enero de 1921, págs. 26-28. <<

[68] Acerca de la atmósfera muy particular de la vida social en la Patagonia, la condición obrera y los conflictos sociales de la época, puede leerse el sobrecogedor testimonio, verdadera inculpación del patronato de los territorios del sur, escrito por un periodista radical de origen español, José María Borrero, La Patagonia trágica, Bs. As., Edición Americana, 1957 (Nueva edición). <<

[69] Según el corresponsal de La Prensa, «El bandolerismo en Santa Cruz», La Prensa, 29 de enero y 1.º de febrero de 1921. <<

[70] La Prensa, 13 de enero de 1921. <<

[71] Carlés (Manuel), El culto de la Patagonia. Sucesos de Santa Cruz, Bs. As., Biblioteca de la Liga Patriótica, págs. 5-6 (artículo publicado en La Nación el 6 de febrero de 1922). <<

[72] Según el artículo bien documentado de Bayer (Osvaldo), «Los vengadores de la Patagonia trágica», Todo es Historia, 11 de julio de 1968, págs. 80-89. <<

[73] La Nación, 6 de febrero de 1922, en El culto de la Patagonia, op. cit. <<

[74] «Los sucesos del Sur. Impresiones del Dr. Carlés», La Prensa, 28 de enero de 1922. <<

[75] «La falsa política social del ejecutivo de la nación», La Prensa, 18 de enero de 1921. <<

[76] «El período presidencial del Sr. Hipólito Yrigoyen. Su significado en la vida institucional de la República», La Prensa, 12 de octubre de 1922. <<

[77] Yrigoyen (Hipólito), Pueblo y gobierno, 4, Mensajes, op. cit., pág. 135. <<

[78] Cf. Maligne (teniente coronel A.), «El ejército en octubre de 1910», Revista de derecho, historia y letras, marzo de 1911, pág. 561. <<

[79] Según la ley de presupuesto, ver Contaduría General de la Nación. Ley de presupuesto de la República Argentina para el ejercicio de 1917, Bs. As, 1918. <<

[80] Maligne (teniente coronel A.), art. cit, pág. 261. <<

[81] Según el Colegio Militar de la Nación, Reseña histórica del Colegio Militar, Bs. As, s. e, 1937, pág. 55, las promociones evolucionan de la manera siguiente: 1916 = 55 cadetes, 1918 = 62, 1923 = 93, 1925 = 98, 1926 = 109. <<

[82] Ministerio de Guerra, Memoria, Bs. As, 1941, cuadro pág. 26. <<

[83] Calculado según el «Comparativo por anexo de gastos autorizados y efectuados con imputación a leyes especiales y acuerdos de gobierno 1910-1927 - Anexo F, Guerra, Anexo G, Marina», en Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 5, 1928, pág. 450 y sig. <<

[84] Mencionemos que las pensiones militares no se contabilizan en el rubro presupuestario del que depende el personal beneficiario, sino en el rubro «Pensiones y Jubilaciones». <<

[85] Según el mismo Yrigoyen, seis cuarteles fueron construidos o puestos en servicio de 1916 a 1922 (Pueblo y gobierno, 4, Mensajes, op. cit., pág. 295). <<

[86] Ibid., pág. 214. <<

[87] Ibid., pág. 295. <<

[88] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 5, 1928, anexo G, Marina, op. cit., pág. 450 y subsig. y cf. Senesi (capitán de navío A.), Hipólito Yrigoyen y los armamentos navales, Bs. As., s. e., 1947, págs. 2-4. <<

[89] Yrigoyen (Hipólito), Pueblo y gobierno, 4, Mensajes, op. cit., pág. 104. <<

[90] Ibid., pág. 295. <<

[91] «Estado de instrucción del ejército», La Prensa, 3 de enero de 1921. <<

[92] «Los armamentos nacionales», La Prensa, 3 de enero de 1921. <<

[93] «El ejecutivo y las instituciones armadas», La Nación, 22 de enero de 1922. <<

[94] Yrigoyen (Hipólito), Pueblo y gobierno, 4, Mensajes, op. cit., pág. 294. <<

[95] Cf. La Nación, 22 de enero de 1922, art. cit. <<

[96] Círculo Militar. Memoria de 1920, Bs. As., 1921, pág. 4. <<

[97] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 1922, págs. V-25, e Yrigoyen (Hipólito), Pueblo y gobierno, 4, Mensajes, op. cit., pág. 323, «Del cuarto memorial a la Suprema Corte, Martín García, 24 de agosto de 1931: Servicios a la patria de militares revolucionarios, Mensajes y proyecto, 30 de septiembre de 1922». <<

[98] Orona (coronel Juan V.). La logia militar que enfrentó a Hipólito Yrigoyen, Bs. As., s. e., 1965, pág. 90. <<

[99] Ibid., pág. 83. <<

[100] Ver Galíndez (Bartolomé), Apuntes de tres revoluciones, Bs. As., s. e., 1956, pág. 118. Según este autor, que tiene excelentes relaciones en la marina, el rumor no parecía carecer de fundamentos puesto que el contraalmirante Domecq García tuvo que tranquilizar a una delegación de radicales respecto del legalismo de la marina. <<

[101] Tal habría sido el caso del futuro general Justo según un miembro de su familia. Entrevista al Sr. Liborio Justo, 16 de agosto de 1969. <<

[102] Pinedo (Federico), En tiempos de la República, Bs. As., Mundo Forense, 1946, vol. 1, pág. 39. <<

[103] Ibarguren (Carlos), op. cit., pág. 300. <<

[104] La escena del «pedicuro desconocido», llamado «mi gran amigo X», públicamente colmado de favores por el presidente, es contada por Angel Carrasco, op. cit., pág. 248. <<

[105] Como los ministros Carlos A. Becú, Honorio Pueyrredón, Elpidio González, Álvarez de Toledo, entre otros. <<

[106] Ibarguren (Carlos), op. cit., pág. 304. <<

[107] Del Mazo (Gabriel), op. cit., pág. 162. <<

[108] Bosch (Mariano G.), Historia del radicalismo, la UCR, 1891-1930, Bs. As., s. e., 1931, págs. 180 y 214. <<

[109] Ver Luna (Félix), Alvear, Bs. As., Libros Argentinos, 1956, págs, 15-16. <<

[110] Se lo apoda «el Peludo». <<

[111] El precio anual promedio de la carne pasa de 142 pesos papel en 1919 a 51 pesos en 1923. Ver Cuccorese (Horacio Juan), Historia económica financiera argentina (1862-1930), Bs. As., El Ateneo, 1966, pág. 107. <<

[112] Ver cuadro 2. Las cifras globales no presentan variaciones espectaculares de 1920 a 1928.

Año | Intercambio total | Año | Intercambio total
1920 | 1.979.053.069 | 1925 | 1.744.777.548
1921 | 1.420.663.117 | 1926 | 1.614.675.019
1922 | 1.365.653.760 | 1927 | 1.866.129.492
1923 | 1.639.791.358 | 1928 | 1.891.129.492
1924 | 1.840.104.575 |  |

<<

[113] Ver Cuccorese (Horacio Juan), op. cit., pág. 109. <<

[114] Sabra (Jesús), Evolución histórica del financiamiento externo, op. cit., pág. 3. Para las reservas de oro ver Hodson (H. V.), Slump and recovery. A survey of world economic affairs 1929-1937, Oxford, Oxford University Press, 1938, pág. 28. <<

[115] Ver Davie (Maurice R.), World immigration, Nueva York, Macmillan, 1936, pág. 451. <<

[116] Citado por Julio Irazusta, Balance de siglo y medio, Bs. As., Teoría, 1966, pág. 109. <<

[117] Según Luna (Félix), Alvear, op. cit., pág. 58. <<

[118] Es poco probable que la campaña de los oficiales «logistas» a favor de Justo sea la causa de su designación, como lo sugiere el coronel Orona (op. cit., pág. 107). Esa campaña era inútil, porque probablemente Alvear ya tenía en su bolsillo la lista definitiva del futuro gabinete cuando llegó a Buenos Aires, el 4 de septiembre. Además; esa interpretación contradiría la anécdota generalmente aceptada en los medios militares que explica por qué Uriburu no fue elegido. <<

[119] Cf. La Prensa, 14 de octubre de 1922. <<

[120] Círculo Militar, Memoria de 1922, Bs. As., 1923, pág. 19. El título constitucional dado a Alvear y raramente reconocido al presidente civil en la historia argentina del siglo XX está subrayado por nosotros. <<

[121] Según Orona (coronel Juan V.), op. cit., pág. 107. <<

[122] «Los militares y la política», La Prensa, 27 de octubre de 1922. <<

[123] Ver Orona (coronel Juan V.), op. cit., pág. 113. <<

[124] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 5, 1928, anexo F, Guerra, op. cit., págs 450 y subsig. (Comparativos por anexos…). <<

[125] Citado por Bagú (Sergio), Evolución histórica de la estratificación social en la Argentina, Caracas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Central, 1969, pág. 100. <<

[126] De la Torre (Lisandro), «La política financiera durante el gobierno de Alvear», La Nación, 31 de marzo y 1.º de abril de 1932, en Obras de Lisandro de la Torre, Bs. As., Hemisferio, 1960, vol. 4, pág. 2364. <<

[127] De la Torre (Lisandro), ibid., y Senesi (capitán de navío F. A.), op. cit., pág. 2. <<

[128] Cuccorese (Horacio Juan), op. cit., pág. 110. <<

[129] Sáenz Hayes (Ricardo), «Observaciones de un corresponsal sobre el funcionamiento en Europa de una misión militar argentina», La Prensa, 26 de octubre de 1931 <<

[130] La Nación, 6 de octubre de 1922. <<

[131] Ver Rosas (general Carlos J.), Las fuerzas armadas y el proceso de industrialización, Ms [Bs. As.], [1968], pág. 14 y Irazusta (Julio), op. cit., pág. 117. <<

[132] Mosconi (general de división ingeniero Enrique), El petróleo argentino 1922-1930 y la ruptura de los trusts petrolíferos ingleses y norteamericanos el 10 de agosto de 1929, Bs. As., Talleres Gráficos Ferrari, 1936, pág. 15. <<

[133] Ibid., págs. 181 y 244. <<

[134] Ibid., págs. 15-16. <<

[135] Vicat (coronel Luis), «Conferencia leída en el Círculo Militar, julio de 1926», Ejército y Revolución Industrial, Bs. As., Jorge Álvarez, 1962, págs. 27-30. <<

[136] Baldrich (general Alonso), «El petróleo, su importancia comercial, industrial y militar. Legislación petrolera», (Conferencia pronunciada en el Centro Naval el 2 de febrero de 1927), Bs. As., Anexo de la Revista Militar, 1927, 30 págs., pág. 18. <<

[137] Séptimo congreso nacionalista de la Liga Patriótica argentina, Sesiones del 23, 9 y 24 de mayo de 1926, Bs. As., Baiocco y Cía., 1926. <<

[138] Ver «Sepelio del teniente coronel Varela. Imponente manifestación de condolencia», La Prensa, 27 de enero de 1923, e igualmente «Asesinato del teniente coronel Varela», La Prensa, 26 de enero de 1923. <<

[139] Leopoldo Lugones (hijo). Mi padre, Bs. As., Centurión, 1949, págs. 334-335. <<

[140] «Los militares y la actividad política», La Nación, 20 de octubre de 1925. <<

[141] «Los militares y la política», La Nación, 3 de octubre de 1925. <<

[142] La expresión es de Juan E. Carulla, amigo del general Uriburu, en Al filo del medio siglo, op. cit., pág. 231. <<

[143] Coca (Joaquín), El contubernio, Bs. As., Coyoacán 1961, pág. 34. El subrayado es nuestro. <<

[144] «Manifiesto del comité nacional de la UCR antipersonalista», La Nación, 14 de febrero de 1928. <<

[145] Se trata de los diputados de la derecha del partido socialista. <<

[146] Godstraj (Manuel), Años y errores. Un cuarto de siglo de política argentina, Bs. As., Sophos, 1957, pág. 60. <<

[147] Que apareció a cinco columnas en la primera plana de La Nación del 21 de febrero de 1928. «Nuestro país, afirma el ministro de Guerra, no debe temer al fantasma de la dictadura militar» (la «carta» va dirigida a Clodomiro Zavalía). <<

[148] Art. cit., La Nación, 14 de febrero de 1928. El subrayado es nuestro. <<

[149] Villafañe (Benjamín), Conferencia leída por el ex gobernador de Jujuy Don B. V. en el Parque Romano, la noche del 19 de enero de 1928, 16 págs., pág. 16. <<

[150] Ibarguren (Carlos), op. cit., pág. 249. <<

Notas al Capítulo 4

[1] Costa (Julio A.), Hojas de mi diario, Bs. As., 1929, pág. 10. <<

[2] Carrasco (Ángel), Lo que yo vi desde el 80, Hombres y episodios de la transformación nacional, Bs. As., Procmo, 1947, pág. 249. <<

[3] Coca (Joaquín), El contubernio, Bs. As., Coyoacán, 1961, pág. 22. <<

[4] Miguens (José Enrique), «Cultura de masas. Un análisis del fenómeno», en La Argentina de 1930-1960, Bs. As., Sur, 1960, pág. 340. <<

[5] El 17 de agosto de 1930, Crítica publica una crónica desbordante de simpatía sobre Jaurés, «el apóstol del socialismo». <<

[6] Ver particularmente el reportaje hostil a Mussolini en el número de agosto de 1930. <<

[7] Lugones (Leopoldo), La Grande Argentina, Bs. As., Huemul, 1962 (2.ª edición), pág. 207. <<

[8] Ibid., pág. 213. <<

[9] Lugones (Leopoldo), La patria fuerte, Bs. As., 1930 (2.ª edición), pág. 8. <<

[10] Carulla (Juan E.), Al filo del medio siglo, Bs. As., Huemul, 1964 (2.ª edición), pág. 231. <<

[11] Entrevista con el Sr. Ernesto Palacio, el 6 de mayo de 1968. <<

[12] Para un análisis de la adaptación de los esquemas maurrasianos a los intereses de «la oligarquía argentina», ver Navarro Gerassi (Marysa), Los nacionalistas, Bs. As., Jorge Álvarez, 1969, págs. 50-51. <<

[13] Nueva República, 29 de septiembre de 1928, pág. 1 (editorial). <<

[14] Ibarguren (C.), La historia que he vivido, Bs. As., Eudeba, 1969, pág. 369. <<

[15] Ibid. <<

[16] Carulla (Juan E.). op. cit., pág. 249. <<

[17] Ibid., pág. 252. <<

[18] Carulla (Juan E.), Valor ético de la revolución del 6 de septiembre de 1930, Bs. As., Belgrano. 1931, pág. 21. <<

[19] Como pretende duramente otro militar, el coronel Sarobe. Ver Sarobe (José María), Memorias sobre la revolución del 6 de septiembre de 1930, Bs. As., Gure, 1957, pág. 44. <<

[20] Carulla (Juan E.), Al filo del medio siglo, op. cit., pág. 250. <<

[21] Ver de la Torre (Lisandro), Cartas íntimas, Bs. As., Futuro, 1951, págs. 29 y 34. <<

[22] Cf. Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 3, 1929, pág. 550. <<

[23] «Ejército sin ley», La Nación, 15 de julio de 1930. <<

[24] «Los ascensos de oficiales de administración», La Nación, 16 de julio de 1930. <<

[25] «Aumento arbitrario de una pensión militar», La Prensa, 24 de diciembre de 1928. <<

[26] «En los institutos militares se quebranta la disciplina por decisión del gobierno», La Prensa, 29 de marzo de 1929. <<

[27] «Subversión de valores en el ejército», La Prensa, 23 de agosto de 1930. <<

[28] «El camino a seguir», La Nación, 17 de julio de 1930. <<

[29] «Los ascensos en el ejército se dieron “a la marchanta”», Crítica, 18 de julio de 1930. <<

[30] «El inspector general del ejército se traslada a Entre Ríos. Su viaje no responde a finalidades de servicios sino a propósitos políticos», Crítica, 17 de agosto de 1930. <<

[31] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 24 de septiembre de 1928, pág. 122. <<

[32] «El personal de nuestra aviación militar», La Nación, 13 de julio de 1930. <<

[33] «La aviación militar en peligro». La Prensa, 3 de agosto de 1930. <<

[34] «La Fábrica Militar de Aviones», La Nación, 25 de julio de 1930. <<

[35] Lezica (Manuel de), Recuerdos de un nacionalista, Bs. As., Astral, 1968, pág. 23. <<

[36] Sarobe (José María), Memorias sobre la revolución del 6 de septiembre de 1930, op. cit., pág. 19. <<

[37] Ibid., págs. 25-26. <<

[38] «Una carta del teniente coronel Ramírez (al teniente coronel Rottjer)», La Nación, 13 de noviembre de 1930. <<

[39] Perón (capitán Juan D.), «Lo que yo vi de la preparación y realización de la revolución del 6 de septiembre de 1930», en Sarobe, op. cit., pág. 310. <<

[40] Carulla (Juan E.), Al filo del medio siglo, op. cit., pág. 261. <<

[41] Gálvez (Manuel), Recuerdos de la vida literaria, II, En el mundo de los seres ficticios, Bs. As., Hachette, 1956, pág. 148. <<

[42] Carulla (Juan E.), op. cit., pág. 262. <<

[43] Beresford Crawkes (J.), 533 días de historia argentina: 6 de septiembre de 1930-20 de febrero de 1932, Bs. As., Mercatali, 1932, pág. 127. <<

[44] La Nación, 10 de agosto de 1930. <<

[45] Crítica, 31 de agosto de 1930. <<

[46] «Predominan hoy las mismas circunstancias que en julio del año 90», Crítica, 26 de julio de 1930. <<

[47] Como relata 35 años después el general Eduardo Ávalos, entonces joven oficial a cargo de la guardia de Campo de Mayo. Cf. Entrevista, Primera Plana, 29 de junio de 1965. <<

[48] La versión «oficial» del ejército hace hincapié en la unanimidad «revolucionaria» de las Fuerzas Armadas. Ver Rottjer (teniente coronel Enrique), «La revolución del 6 de septiembre desde el punto de vista militar», Revista Militar, octubre de 1930 págs. 575-592, especialmente la pág. 579. <<

[49] Reynolds (general Francisco), La revolución del 6 de septiembre. Acción militar, Bs. As., Ismael Colombo, 1960, pág. 27. <<

[50] Ibid., pág. 36. <<

[51] Perón (capitán Juan D.), «Lo que yo vi de la preparación y realización de la revolución del 6 de septiembre de 1930», art. cit., pág. 310. <<

[52] Según el testimonio del ministro J. B. Ábalos, Revista de historia, 1er. trimestre de 1958, pág. 97. <<

[53] Palacio (Ernesto), Historia de la Argentina, Bs. As., Alpe, 1954, pág. 623. <<

[54] La posición ambigua de la marina de guerra queda ilustrada por una carta publicada en La Nación del 10 de septiembre, firmada por el capitán de navío Andrés Laprade. En ella reconoce haber arrestado por orden del gobierno legítimo al almirante Renard que complotaba, pero no enfrentó con sus tropas a los amotinados ni participó en el movimiento sedicioso. <<

[55] Telegramas reproducidos en Rottjer (teniente coronel Enrique), art. cit., pág. 578. <<

[56] Perón (capitán Juan D.), art. cit., pág. 310. <<

[57] Sánchez Sorondo (Matías), «El 6 de septiembre de 1930», Revista de historia, 3, 1958, pág. 101. <<

[58] Hernández Arregui (J. J.), La formación de la conciencia nacional, 1930-1960, Bs. As. Hachette, 1960, pág. 134. Ver igualmente Luna (Félix), Yrigoyen, Bs. As., Desarrollo, 1964, págs. 368-380. <<

[59] La Nación, 7 y 8 de septiembre de 1930. <<

[60] Sobre la ideología «nacionalista» de Gálvez ver Rouquié (Alain), «Manuel Gálvez, écrivain politique. Contribution a l’étude du nationalisme argentin», Cahiers des Amériques latines, 3-4, 1970, págs. 93-110. <<

[61] Gálvez (Manuel), Vida de Hipólito Yrigoyen, el hombre del misterio, Bs. As., Kraft, 1939, pág. 431. <<

[62] Roca (Julio A.), El Círculo de Armas en el cincuentenario de su fundación, 1885-1935, Bs. As., s. e. 1935, pág. 15. <<

[63] Rottjer (teniente coronel Enrique), art. cit., La Nación, 2 de noviembre de 1930. <<

[64] Ibid. <<

[65] Goldstraj (Manuel), Años y errores. Un cuarto de siglo de política argentina, Bs. As., Sophos, 1957, pág. 87. <<

[66] Ayarragaray (Lucas), «Crisis política argentina», La Nación, 17 de septiembre de 1930. <<

[67] Villafañe (B.), El general Uriburu y la revolución de septiembre. Bs. As., s. e., 1947, pág. 43. <<

[68] Repetto (Nicolás), Mi paso por la política. De Uriburu a Perón, Bs. As., Santiago Rueda, 1957, pág. 8. <<

[69] Perón (Juan D.), «Las memorias de… (1895-1945)», Panorama, 14 de abril de 1970, pág. 23. <<

[70] Es en marzo de 1919 que el minúsculo Partido Socialista Internacional pide su afiliación a la IIIª Internacional. <<

[71] Yrigoyen (H.), Pueblo y gobierno, 4, Mensajes, Bs. As., Raigal, 1953, pág. 332. <<

[72] Bunge (Alejandro E.), Una nueva Argentina, Bs. As., Kraft, 1940, pág. 452. <<

[73] Según los propios términos del manifiesto «revolucionario» del 6 de septiembre que justifica el levantamiento por «la inercia y la corrupción administrativas, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria, la improvisación y el despilfarro en materia económica y financiera, el favoritismo…». <<

[74] Ver «Nota presentada al Excmo. Señor Presidente de la Nación por la Sociedad Rural, Bolsa de Cereales, Confederación Argentina de la Industria, el Comercio y la Producción y la Unión Industrial Argentina, pidiendo medidas para la solución del difícil momento económico que está atravesando el país», Anales de la Unión Industrial Argentina, agosto de 1930, pág. 36. <<

[75] Ver Luna (Félix), op. cit., pág. 383. <<

[76] Frank (Waldo), América Hispana, Bs. As., Losada, 1950, pág. 92. <<

[77] Weil (Félix), Argentine riddle, Nueva York, John Day, 1944, pág. 41. <<

[78] Frondizi (Arturo), Petróleo y política, contribución al estudio de la historia económica argentina y de las relaciones entre el imperialismo y la vida política nacional, Bs. As., Raigal, 1954, pág. 272. <<

[79] Mosconi (general Enrique), El petróleo argentino entre 1922 y 1930 y la ruptura de los trusts inglés y norteamericano el 10 de agosto de 1929, Bs. As., Talleres Gráficos Ferrari, 1936, pág. 235. <<

[80] Ibid., pág. 171 y Frondizi (Arturo), op. cit., pág. 276. <<

[81] «En defensa del petróleo argentino», La Época, 7 de febrero de 1930. Ver igualmente Congreso, Senadores, Diario de sesiones, 1929, pág. 445-644. <<

[82] La Época, 3 de julio de 1930. <<

[83] Morixe (Horacio), El régimen del petróleo, Bs. As., La Facultad, 1934, pág. 51. <<

[84] Bunge (Alejandro), «El problema económico del petróleo. Su vinculación con la libertad de industria y de comercio», Revista de economía argentina, mayo de 1930, pág. 414. <<

[85] La Nación, 2 de agosto de 1931. <<

[86] Estudio del Dr. Honorio Pueyrredón, La Sociedad Anónima Iuyamtorg ante la justicia federal, Bs. As., Talleres Gráficos Ferrari, 1931, 40 págs., y las cartas del Dr. Alejandro Lastra y del Dr. Juan Carlos Luro a La Nación, 3 y 8 de agosto de 1931. <<

[87] Cuando no indicamos la fuente exacta, obtenemos los datos expuestos de la Guía de Sociedades Anónimas, Bs. As., El Accionista, 1923 y 1928/29. <<

[88] Según un informe de la Unión Industrial Argentina al Senado, en 1927, citado en la Revista de economía argentina, mayo de 1930, pág. 414. <<

[89] Ver Lanús (Adolfo), Al servicio de la República (semblanza de H. Beccar Varela), Bs. As., s. e., 1953, págs. 42-43. <<

[90] Hernández Arregui (J. J.), op. cit., pág. 134. <<

[91] Ver Conil Paz (Alberto A.), La Argentina y los Estados Unidos en la Sexta Conferencia Panamericana (La Habana, 1928), Bs. As., Huemul, 1965, pág. 23. <<

[92] Al inaugurarse la linea telefónica directa entre Nueva York y Buenos Aires, citado por Merchensky (Marcos), Las corrientes ideológicas en la historia argentina, Bs. As., Concordia, 1961, pág. 163. <<

[93] Ver particularmente los artículos de Leopoldo Lugones contenidos en los dos volúmenes de ensayos políticos que publicó en 1930 o el artículo de Alfredo Colmo aparecido en La Nación del 4 de septiembre de 1930. <<

[94] Según el testimonio de Manuel de Lezica, op. cit., pág. 20. <<

[95] La Nación, 10 de septiembre de 1930. <<

[96] Hodson (H. V.), Slump and recovery. A survey of world economics affairs, 1929-1937, Londres, Oxford University Press, pág. 1938, pág. 28. <<

[97] República Argentina, Dirección General de Estadísticas de la Nación, Anuario del Comercio Exterior de la República Argentina, año 1930, Bs. As., 1931, pág. 3. <<

[98] La Nación, 10 de julio de 1930. <<

[99] CEPAL, Estudio económico de la América Latina 1949, Nueva York, 1951, pág. 136 y Di Tella (Guido), Zymelman (Manuel), Las etapas del desarrollo económico argentino, Bs. As., Eudeba, 1967, pág. 107. <<

[100] Según la feliz fórmula de C. W. Anderson, recogida por Needler (Martin C.), Political development in Latin America. Instability, violence and evolutionary change, Nueva York, Random House, 1968, pág. 39. <<

Notas al Capítulo 5

[1] Irazusta (Julio), Tres revoluciones: los últimos veintiocho años. (Ciclo de mesas redondas organizado por el Instituto de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales), Bs. As., Perrot, 1959, pág. 124. <<

[2] Peter (José). Crónicas proletarias, Bs. As., Esfera, 1968, págs. 140-144. <<

[3] Silveyra (Carlos M.), presidente de la Comisión Popular Argentina contra el comunismo. El comunismo en la Argentina. Origen, desarrollo, organización actual, Buenos Aires, Editorial Patria, 1936, pág. 178. Cf. Crítica, 20 de febrero de 1932, y Leopoldo Lugones (hijo) «La policía política del gobierno provisional», La bandera argentina (diario nacionalista), 27 de junio de 1933-18 de octubre de 1933. <<

[4] «Discurso pronunciado por el general Uriburu en la Escuela Superior de Guerra, 15 de diciembre de 1930». La palabra del general Uriburu. Discursos, manifiestos, declaraciones y cartas publicadas durante su gobierno, Prólogo de Carlos Ibarguren, Bs. As. Roldan, 1933, págs. 47-53. <<

[5] La Prensa, 19 de abril de 1931. <<

[6] «Cómo interpretará y aplicará el gobierno provisional la legislación obrera», Anales de la Unión Industrial Argentina, octubre de 1930, pág. 23. <<

[7] La Prensa, 22 de marzo de 1931. <<

[8] Vargas (Angel A.), Vida de Amadeo Sabattini, Bs. As., Editorial Cívica, 1966, pág. 64. <<

[9] La Nación, 21 de septiembre de 1930 y Orona (coronel Juan V.), La Revolución del 6 de septiembre, Bs. As., edición del autor, 1966, pág. 106 <<

[10] La Nación, 4 de noviembre de 1930. <<

[11] «El equilibrio financiero», La Prensa, 24 de enero y 25 de enero de 1931. <<

[12] Valenti Ferro (Enzo), La crisis social y política argentina (Prólogo de Benjamín Villafañe), Bs. As., La Facultad, Bernabé y Cía. [1932]. <<

[13] Pinedo (Federico), En tiempos de la República, Bs. As., Mundo Forense, 1946, Tomo 1, pág. 97. <<

[14] Partido Socialista - Comité Ejecutivo Nacional, El Partido Socialista y el movimiento militar del 6 de septiembre, Bs. As., s. e., 1931. «A propósito de un discurso del presidente provisional, 21 de diciembre de 1930». <<

[15] Villafañe (Benjamín), «La independencia económica condición de la libertad», Anales de la Unión Industrial Argentina, diciembre de 1930, págs. 3-20. <<

[16] Palenque Carreras (Arturo), La revolución que nos aguarda, Bs. As., Peña Lillo, 1967, pág. 47. <<

[17] Navarro Gerassi (Marysa), Los nacionalistas, Bs. As., Jorge Álvarez, 1969, pág. 77. Ver igualmente a Germani (Gino), “Fascism and class” en Woolf (S. J.) y otros, The nature of fascism, Londres. Weidenfeld and Nicholson, 1968, pág. 90. <<

[18] O sea cuatro de los cinco componentes de la ideología fascista (el quinto es el racismo) que enumera Ch. Seton Watson en “Fascism in contemporary Europe”, en Woolf (S. J.), European fascism, Londres, Weidenfeld and Nicholson, 1968, pág. 342. <<

[19] Lugones (Leopoldo), «El conflicto», La Nación, 1.º de septiembre de 1930. <<

[20] Es el caso del ingeniero Alejandro Bunge, ministro de Hacienda del gobierno provisional de la provincia de Santa Fe. Cf. «Es deber imperativo del Estado propender a la defensa del trabajo del pueblo conquistando y ampliando en lo posible el mercado interno», Anales de la Unión Industrial Argentina, octubre de 1930, pág. 27. <<

[21] Colombo (Luis), «La industria en la paz y en la guerra» (conferencia pronunciada en el Círculo Militar el 28 de agosto de 1931), Revista Militar, octubre de 1931, pág. 565. <<

[22] Parsons (Talcott), “Some sociological aspects of the fascist movements” en Essay in sociological theory, Glencoe, The Free Press, 1954, pág. 124. <<

[23] «Por la formación de un Partido Nacional», La Nación, 8 de noviembre de 1930. <<

[24] Carulla (Juan E.), Al filo del medio siglo, Bs. As., Llanura, 1951, pág. 295. <<

[25] Ibid. <<

[26] La palabra del general Uriburu, op. cit., pág. 47 (discurso del 15 de diciembre de 1930). <<

[27] Talcott Parsons, op. cit., pág. 125. <<

[28] Ver Rouquié (A.), «La genèse du nationalisme culturel dans l’oeuvre de Manuel Gálvez (1904-1913)», Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, Caravelle, diciembre de 1972, pág. 29. <<

[29] Conferencia sobre el general Roca pronunciada por Leopoldo Lugones en el Prince George’s Hall de Buenos Aires el 31 de mayo de 1926. Cf. Leopoldo Lugones (hijo), Mi padre, Bs. As., Centurión, 1944, pág. 345, y la carta de Lugones a La Nación publicada el 11 de octubre de 1930. <<

[30] La Nación, 11 de octubre de 1930. <<

[31] La Nación, 31 de octuvre de 1930. <<

[32] La Nación, 14 de noviembre de 1930. <<

[33] Fuentes: Review of the River Plate, 19 de septiembre de 1930, y Edecanes y jefes de la Casa Militar de la Presidencia, Bs. As., sin foliar, Biblioteca Nacional Militar. <<

[34] Pavón Pereyra (Enrique), Vida de Perón, Bs. As., Ed. Justicialista, 1965, pág. 65. <<

[35] Nuevo título del inspector general del Ejército creado especialmente para el general Justo. <<

[36] La Nación, 11 de septiembre de 1930. <<

[37] La Nación, 17 de septiembre de 1930. Se trata del teatro Sarmiento. <<

[38] Cf. la ceremonia que se llevó a cabo el 10 de enero de 1931 en la base aérea del Palomar en presencia de una comisión de damas de San Martín. <<

[39] «El desfile del día 12 y los homenajes al Ejército y a la Armada», Revista Militar, noviembre de 1930, pág. 623. <<

[40] Partido Socialista, Comité Ejecutivo Nacional, El Partido Socialista y el movimiento militar del 6 de septiembre, op. cit., pág. 26. <<

[41] El subrayado es nuestro. La palabra del general Uriburu, op. cit., págs. 16-17. <<

[42] «Se ha dispuesto conceder créditos a los militares para solventar sus deudas», La Prensa, 28 de marzo de 1931. <<

[43] La Nación, 16 de enero de 1931. Ese asado reunió en Palermo a los 6000 soldados de la guarnición de Buenos Aires, bajo la presidencia del general Uriburu. <<

[44] Ver el intercambio de cartas abiertas entre Alberto Uriburu (hijo del general) y Manuel Fresco sobre la actitud de la guarnición de Campo de Mayo el 6 de septiembre, publicadas en La Nación el 11 y 12 de octubre de 1932. <<

[45] De la Torre (Lisandro), «Otra página de historia», La Razón, 26 de febrero de 1932. <<

[46] La Nación, 30 de noviembre de 1930. <<

[47] Cattáneo (teniente coronel Atilio), Plan 1932. Las conspiraciones radicales contra el general Justo. El concurrencismo y la revolución, Bs. As., Proceso, 1959, pág. 62. <<

[48] Ibid., pág. 63. La conspiración de Pomar habría incluido a los radicales irreductibles, a quienes Justo no pudo persuadir de diferir el movimiento. A menos que, de acuerdo con otra hipótesis, Justo haya estado al tanto de la conspiración y que simplemente no haya hecho nada para impedir el pronunciamiento de Corrientes. <<

[49] «Discurso pronunciado en el teatro Cervantes el 7 de julio de 1931 (por el general Manuel A. Rodríguez), en su carácter de presidente del Círculo Militar, durante la comida de camaradería del Ejército y de la Armada», El hombre del deber. Una serie de semblanzas del general Manuel A. Rodríguez, Bs. As., Bernabé y Cía., 1936, págs. 31-32. <<

[50] La Nación, 23 de octubre de 1930. <<

[51] Pinedo (Federico), op. cit., pág. 89. <<

[52] Ministerio del Interior, Subsecretaría de Informaciones, Las Fuerzas Armadas restituyen el imperio de la soberanía popular, Bs. As., 1946, Tomo I, pág. 444. <<

[53] Ibid., pág. 443. <<

[54] Cf. de la Torre (Lisandro), Cartas íntimas, Bs. As., Futuro, 1951, pág. 35. El cambio de ministro del Interior implica reemplazos de gobernadores e intendentes, influyendo por lo tanto en el proceso electoral. <<

[55] Cf. La Prensa, 18 de abril de 1931. <<

[56] La Nación, 26 de abril de 1931. <<

[57] Ver el testimonio del secretario de Alvear: Goldstraj (Manuel), Años y errores. Un cuarto de siglo de política argentina, Bs. As., Sophos, 1957, pág. 176. <<

[58] La denuncia de relaciones culposas entre dos de los «hombres más representantivos de la Unión Cívica Radical» y el gobierno ruso es muy anterior al cierre de la Iuyamtorg; ya aparece en un discurso de Leopoldo Lugones dirigido a los militares de la base del Palomar el 23 de mayo de 1931, en presencia del ministro de Guerra y del presidente Uriburu. <<

[59] El manifiesto de Alvear está fechado el 28 de julio de 1931, ver Luna (Félix), Alvear, Bs. As., Libros Argentinos, 1956, pág. 93. <<

[60] La Nación, 1.º de agosto de 1931. <<

[61] Después de haber dejado la Casa Rosada, hace la siguiente confidencia a un periodista de La Razón: «Puedo decirle, eso sí, que de estos restantes, la candidatura más seria, en mi concepto, fue la del general Justo. Un hombre desvinculado de la política, sano y bien intencionado. Mi gobierno y yo no lo hemos estorbado en sus campañas electorales; pero tampoco lo hemos ayudado». Espigares Moreno (J. M.), Lo que me dijo el general Uriburu, Prólogo del general Francisco Medina, Bs. As., s. e., 1933, pág. 112. <<

[62] Ver Ibarguren (Carlos), La historia que he vivido, Bs. As., Peuser. 1955, pág. 414, e igualmente Lezica (Manuel de), «Fundación de la Legión Cívica Argentina», en Recuerdos de un nacionalista, Bs. As., Astral, 1968, pág. 97; Carulla (Juan), op. cit., pág. 291. <<

[63] Expresión utilizada por Lugones para referirse a la subversión radical. Cf. La Nación, 24 de mayo de 1931. <<

[64] Cf. Min. del Interior, Las Fuerzas Armadas restituyen…, op. cit. pág. 460. <<

[65] Los radicales antipersonalistas tienen un candidato distinto para la vicepresidencia, el Dr. José Nicolás Matienzo, que fue ministro del Interior de Alvear. <<

[66] Ver el testimonio de Nicolás Repetto, candidato a la vicepresidencia en Mi paso por la política, op. cit., pág. 19, y el de Ángel Carrasco, más desinteresado, que era entonces delegado del gobierno provisional en Cruz del Eje (provincia de Córdoba), en Carrasco (Ángel), Lo que yo vi desde el 80. Hombres y episodios de la transformación nacional, Bs. As., Frocmo, 1947, págs. 305-306. <<

[67] La palabra del general Uriburu, op. cit., pág. 164. «El último manifiesto». También se propone en el texto la supresión del voto secreto. <<

Notas al Capítulo 6

[1] Discurso del general Justo respondiendo al general Uriburu durante la ceremonia del traspaso del poder, Crítica, el 20 de febrero de 1932. <<

[2] Ver: República Argentina, Dirección General de Estadística de la Nación, Anuario del comercio exterior de la República Argentina correspondiente a 1931 y noticia sumaria del período 1911-1931, y Anuario… correspondiente a 1932. <<

[3] Banco Central de la República Argentina, La evolución del balance de pagos de la República Argentina, Bs. As., 1952, cuadro 5, pág. 40. <<

[4] «Tito Schipa cantará para Geniol», aviso aparecido en La Nación del 20 de agosto de 1931. <<

[5] Ver «La obra del gobierno argentino presidido por el general Agustín P. Justo», en Momento político sudamericano, Bs. As., s. e., 1937, sin foliar. En 1933 Hueyo es reemplazado por Federico Pinedo, quien ejecuta una política de control financiero y de dirigismo económico ubicada en las antípodas de la acción de su predecesor. <<

[6] Ver Conil Paz (Alberto), Ferrari (Gustavo), Política exterior argentina 1930-1962, Bs. A., Huemul, 1964, págs. 16-25. Sobre el pacto Roca-Runciman, también puede consultarse a Di Tella (Guido), y Zymelman (Manuel). Las etapas de desarrollo económico argentino, Bs. As., Eudeba, 1967, págs. 452 y 459 y Puiggrós (Rodolfo), Historia crítica de los partidos políticos argentinos, IV, La democracia fraudulenta, Bs. As., Jorge Alvarez, 1968, capítulo 4. <<

[7] Como lo recordaron oportunamente los expertos del Reino Unido y el Príncipe de Gales al inaugurar la exposición británica en Buenos Aires, el 14 de marzo de 1931. Ver «Intercambio y propaganda», La Nación, 18 de marzo de 1931. <<

[8] Ver Smith (Peter H.), Carne y política en la Argentina, Paidós, 1968, pág. 139. <<

[9] Di Tella (Guido), Zymelman (Manuel), op. cit., pág. 123. <<

[10] El vicepresidente Roca habría dicho en un discurso oficial: «La Argentina es, por su interdependencia recíproca, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Reino Unido». Y su colaborador, Guillermo Leguizamón, habría agregado por su parte: «La Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de Su Graciosa Majestad». Poco importa que estas frases hayan sido dichas en esta forma, la propaganda nacionalista se encargó de darles una innegable «veracidad» política. Ver Puiggrós (Rodolfo), op. cit., pág. 114 y Carlos Ibarguren, La historia que he vivido, Bs. As., Peuser, 1955, págs. 425-434. <<

[11] Sobre la creación del Banco Central, sus objetivos económicos y su organización ver Furtado (Celso), Politique économique de l’Amérique latine, París, Sirey, 1970, pág. 73. El futuro mentor de la CEPAL, el Dr. Raúl Prebisch, dirigió el nuevo organismo bancario desde su creación hasta 1943. <<

[12] Cf. Furtado (Celso), op. cit., pág. 42. <<

[13] Pinedo (Federico), En tiempos de la República, Bs. As., Mundo Forense, 1946, tomo 1, pág. 127. <<

[1c] Errata de impresión que duplica dos líneas perdiéndose parte del texto. Así en el original en papel. (N. del E. D.) <<

[14] Torres (José Luis), La década infame, Bs. As., s. e., 1945. <<

[15] Romero (José Luis), Las ideas políticas en Argentina, Bs. As., México, Fondo de Cultura Económica, 1959 (3.ª edición), pág. 237. <<

[16] Saavedra Lamas se opone, de conformidad con la tradición diplomática y con los intereses económicos argentinos, a la preponderancia norteamericana y a los proyectos panamericanos del Departamento de Estado. Ver Sumner Welles, Hora de decisión, Bs. As., Sudamericana, 1944, pág. 252 y Spruille Braden, Diplomats and demagogues, New Rochelle, Airlington House, 1971, pág. 180. <<

[17] El armisticio fue firmado el 14 de junio de 1935 en Buenos Aires y el tratado de paz no llegó a firmarse hasta julio de 1938. <<

[18] Memorial del Ministerio de Guerra, 1941, Bs. As., 1941, pág. 26. <<

[19] Cf. Ministerio de Hacienda, El ajuste de resultados financieros de los ejercicios de 1928 a 1936, Bs. As., 1938, cuadros 2 y 3. <<

[20] República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional 1932-1938, VI, El Ejército, Bs. As., 1939. Este rico documento, amenizado con numerosas fotos, realiza un exhaustivo balance de la política militar del gobierno. <<

[21] Ibid. <<

[22] Ibid., capítulo «Construcciones militares». <<

[23] Revista Militar, mayo de 1939, pág. 951. <<

[24] La falta de ascensos a los grados de oficiales superiores bajo el gobierno de Uriburu se debe sin duda al deseo del alto mando de marcar el carácter provisional del régimen. Como no hay Parlamento, entonces no hay ni coroneles ni generales. El Estado Mayor presionaba así al gobierno para que volviera rápidamente a la normalidad constitucional. <<

[25] Según el coronel Augusto G. Rodríguez (entrevista con el autor el 1.º de septiembre de 1969) y el general Benjamín Menéndez (entrevista con el autor el 1.º de septiembre de 1969). <<

[26] Sus subordinados lo consideran un jefe severo, a menudo injusto y arbitrario de tanto ser puntilloso. Es así como el general Pertiné, que se encontraba en Europa presidiendo la Comisión encargada de la compra de armamentos, fue pasado a retiro en 1936 porque no había interpretado una cláusula aberrante de la ley orgánica de acuerdo con el espíritu del reglamento (según el coronel A. G. Rodríguez en la entrevista citada). <<

[27] Ver Amadeo (Octavio R.) y otros, El hombre del deber. Una serie de semblanzas del general Manuel A. Rodríguez, Bs. As., La Facultad, 1936, 254 págs. <<

[28] Ibid., pág. 37. <<

[29] Ibid., pág. 38. <<

[30] Cattáneo (teniente coronel Atilio), Plan 1932. Las conspiraciones radicales contra el general Justo. El concurrencismo y la revolución, Bs. As., Proceso, 1959, pág. 68. <<

[31] «El mayor Lezcano (sic) planeaba un movimiento subversivo», La Nación, 1.º de julio de 1932. <<

[32] Cattáneo (Atilio), op. cit., págs. 68-69. <<

[33] Ver La Nación, 30 de diciembre de 1933 y Del Mazo (Gabriel), El radicalismo. Notas sobre su historia y doctrina (1922-1952), Buenos Aires, Raigal, 1955, págs. 244-249. <<

[34] Vargas (Ángel A.), Vida de Amadeo Sabattini, Bs. As., Editorial Cívica. 1966, pág. 73. Del Mazo estima que eran un 50 % menos. <<

[35] La expresión es de Ángel Vargas, ingeniero militar, amigo del general Dellepiane que se convirtió en periodista radical y en ardiente revolucionario en 1931-1933, en Vargas (Ángel A.), op. cit., pág. 67. <<

[36] Molina (general Ramón A.), «La preparación de la defensa nacional», La Nación, 31 de julio de 1935. <<

[37] Hemos notado, a través de nuestras entrevistas con generales argentinos, que a pesar de la relativa autonomía del ejército y de la intervención constitucional del Senado en los ascensos de oficiales superiores, es al presidente mismo a quien se considera autor de la promoción. De esta manera pueden originarse lazos de amistad que no dejan de tener un tinte político. Esto es lo que expresa el veto que el presidente puede oponer, por razones políticas sobre todo, al ascenso a grados superiores de oficiales bien calificados sin embargo. <<

[38] Ver el discurso de Roosevelt en Saavedra Lamas (Carlos), La conferencia interamericana de consolidación de la paz (celebrada en Buenos Aires del 1.º al 23 de diciembre de 1936), Bs. As., s. e., 1938, pág. 182. <<

[39] «Los verdaderos fundamentos de la paz del país», La Prensa, 26-27 de diciembre de 1936. <<

[40] «Palabras a la juventud universitaria y fe en su patriotismo» (Discurso en un acto de adhesión de la FUA ofrecido al autor el 4 de febrero de 1937) en Molina (general Ramón A.), Defendamos nuestro país contra los peligros de afuera y de adentro que lo acechan, Bs. As., Levante, 1940, pág. 134. <<

[41] «Ante el juicio del pueblo, un llamado en defensa de la democracia», Crítica, 29 de julio de 1937. <<

[42] Discurso del 18 de mayo de 1937 en Molina (general Ramón), op. cit., págs. 176-180. <<

[43] Goldstraj (Manuel), Años y errores. Un cuarto de siglo de política argentina, Bs. As., Sophos, 1957, pág. 265. <<

[44] Sobre el programa de reformas y realizaciones del gobernador Sabattini, ver la revista de los radicales de izquierda, Hechos e ideas (Bs. As.), especialmente los números de noviembre de 1936 (11 y 16) y mayo de 1937 (11 y 21). Sobre los intentos de renovación radical ver Del Mazo (Gabriel), El radicalismo. Notas sobre su historia y doctrina (1922-1952), Bs. As., Raigal, 1955, 2.ª parte, capítulos I a IV. <<

[45] República Argentina, Ministerio del Interior, Subsecretaría de Informaciones, Las Fuerzas Armadas restituyen el imperio de la soberanía popular, op. cit., tomo 1, pág. 514. La transcripción del debate se encuentra en las páginas 484-520. <<

[46] «El manifiesto de las derechas», La Nación, 1.º de junio de 1936. <<

[47] Silveyra (Carlos M.), El comunismo en la Argentina. Origen, desarrollo, organización actual, Bs. As., s. e., 1936, prólogo, pág. 1. <<

[48] Ibid., pág. 187. <<

[49] Referente a un análisis más sustancioso de los católicos y la contrarevolución ver Rouquié (Alain), Intégristes et militaires: les tentatives du national-catholicisme en République Argentine. París, Fondation nationale des sciences politiques, Centre d’étude des relations internationales, 1972, págs. 3-7, multigr. <<

[50] Lezica (Manuel de), Recuerdos de un nacionalista, Bs. As., Astral, 1968, pág. 104. <<

[51] Martínez (mayor Carlos J.), «Movilización industrial, su necesidad. La experiencia de la guerra», Revista Militar, diciembre de 1934, págs. 1235-1267. El curso de perfeccionamiento técnico superior del Colegio Militar fue transformado por Uriburu en 1931 en Escuela Superior Técnica autónoma. La EST asegura la formación de los ingenieros militares. <<

[52] Reyes (mayor Franklin E.), «La movilización industrial en lo referente a la fabricación de armas y munición de guerra. Sus principales problemas», Revista Militar, febrero de 1933, págs. 201-228. <<

[53] Martínez (mayor Carlos J.), «Fábricas militares», Revista Militar, mayo de 1936, págs. 1051-1057. <<

[54] San Martín (teniente primero Juan I.), «Cómo se presenta el problema de la fabricación de aceros en el país», Revista Militar, junio de 1934, págs. 1290-1304. <<

[55] Marambio (capitán Ricardo, ingeniero militar), «Industrias argentinas y tecnocracias», Revista Militar, abril de 1937, pág. 817. Se trata de una serie de cinco artículos aparecidos en la Revista Militar de diciembre de 1936 a abril de 1937. <<

[56] Marambio (mayor Ricardo, ingeniero militar), «Hacia la autarquía industrial», Revista Militar, abril de 1938, págs. 861-878. <<

[57] Gómez (coronel Carlos A.), «Bastarse a sí mismo», Revista Militar, septiembre de 1938, págs. 753-758. <<

[58] Gómez (coronel Carlos A.), «La guerra y la economía nacional», Revista Militar, marzo de 1938, págs. 589-593. ¿Es necesario señalar que los únicos dos artículos claramente desfavorables a la industrialización encontrados al revisar la Revista Militar fueron escritos por un coronel, mientras que las contribuciones favorables al desarrollo industrial se deben a oficiales subalternos (de teniente a mayor)? <<

[59] Ver los Anales de la Unión Industrial Argentina de mayo de 1933. En este número se encuentra, junto con comentarios halagüeños sobre la política económica del gobierno de Mussolini, la reproducción de una estampilla italiana que lleva la siguiente leyenda: Non togliete il pane ai figli dei nostri lavoratori, acquistate prodotti italiani. Los discursos del mitin del 12 de junio de 1933 están publicados en el número de junio. <<

[60] Según el testimonio de varios oficiales superiores, entre ellos el general Benjamin Menéndez (entrevista citada); ver igualmente el panfleto muy dudoso de Silvano Santander, Nazismo en la Argentina: la conquista del ejército, Bs. As., Pueblos Unidos, 1945, pág. 24. Sobre este punto no se aleja mucho de la verdad. <<

[61] Según Carulla (Juan E.), Al filo del medio siglo, Bs. As., Llanura, 1951, pág. 310. <<

[62] «Ofrecióse anoche una demostración al embajador de Alemania en nuestro país», La Nación, 29 de mayo de 1936. Debe subrayarse que en este banquete participan oficiales de todas las tendencias políticas (y sobre todo sin orientación política definida). En efecto, se encuentran reunidos los generales Ramón Molina y Nicolás Accame y los coronelas Sarobe y Tonazzi junto con Juan Bautista Molina y Benjamín Menéndez que adoptarán posiciones políticas muy opuestas en los años siguientes. Puede señalarse entre los oficiales presentes al general Hans Von Kretzchmer, jefe de la misión militar alemana, y al coronel Gunther Niendenführ que le sucederá en el cargo. <<

[63] Así, en el peor momento de la depresión, los militares abastecen ollas populares y cooperan en el funcionamiento de cantinas escolares gratuitas para los niños pobres. Ver al respecto Cárcano (Ramón), Mis primeros ochenta años, Bs. As., Pampa y cielo, 1965, pág. 416. <<

[64] Hernández (mayor Jacinto), «Nuestro militar profesional», Revista Militar, noviembre de 1935, pág. 1044. <<

[65] Gálvez (Manuel), «Este pueblo necesita patriotismo», La Nación, 1.º de octubre de 1933; «Este pueblo necesita un sentido heroico de la vida», ibid., 15 de octubre de 1933; «Este pueblo necesita disciplina», ibid., 26 de noviembre de 1933; «Este pueblo necesita restablecer la jerarquía», ibid., 17 de diciembre de 1933. Sobre la ideología autoritaria y antiliberal de Gálvez se puede consultar a Rouquié (Alain), «Manuel Gálvez, écrivain politique. Contribution à l’étude du nationalisme argentin», Cahiers des Amériques latines, 3-4, 1970, págs. 93-110. <<

[66] Gustavo Martínez Zuviría en el prólogo del libro del coronel Juan L. Cemadas, Estrategia nacional y política del Estado, Bs. As., El Ateneo, 1938, pág. 7. <<

[67] Menéndez (Astudillo), «La bandera argentina es de Sud-América. Contra la obstinación de los civiles, los militares dieron al pueblo la bandera de la patria», Revista Militar, mayo de 1939, págs. 1011-1020. <<

[68] Beltrán (Juan Ramón), «Misión del oficial frente a los problemas sociales contemporáneos», Revista Militar, septiembre de 1936, págs. 499-513. <<

[69] Cf. Villafañe (Benjamín), «El deber de los gobernantes y del ejército», en Hora oscura. La ofensiva radical extremista contra la sociedad argentina, Bs. As., s. e., 1935, págs. 56-58. <<

[70] «Acto cívico de la Acción Nacionalista Argentina», La Nación, 12 de octubre de 1932. <<

[71] Carulla (Juan E.), op. cit., pág. 313. <<

[72] Silveyra (Carlos M.), op. cit., pág. 535. <<

[73] Ibid., pág. 534. <<

[74] Fasola Castaño (general Francisco), «La Argentina para los argentinos», Revista Militar, julio de 1935, págs. 3-7. Josephs (Ray), Argentine diary, Nueva York, Random House, 1944, pág. 5, lo califica de «Argentine would-be führer». <<

[75] Acerca de la carta abierta ver La Nación del 11 de junio de 1936 y los comentarios de Deodoro Roca publicados en Flecha (Córdoba, 1935-1936) en la recopilación de artículos titulada El difícil tiempo nuevo, Bs. As., Lautaro, 1956, págs. 142-143. <<

[76] Revista Militar, julio de 1936, pág. 191. <<

[77] Ver Navarro Gerassi (Marysa), Los nacionalistas, Bs. As., Jorge Alvarez. 1969, págs. 150-151. <<

[78] Ver los artículos de Deodoro Roca de junio y julio de 1936: «El testamento del general» y «Las pascuas del fraude», en Roca (Deodoro), op cit., págs. 150-158. Las indiscreciones sobre esta «conspiración» sin consecuencias parecen haber sido buscadas. En realidad, Juan Bautista Molina sólo deseaba presionar al general Justo para que proscribiera a la Unión Cívica Radical en las elecciones. Todo el ruido que se hizo en torno de este «tenebroso asunto» habría tenido como única finalidad manifestar la oposición del ejército a la política liberal de Justo. Esto es lo que sostiene el nacionalista de origen radical Raúl Scalabrini Ortiz en su libro Política británica en el Río de la Plata, Bs. As., Fernández Blanco, 1957, págs. 251-252. <<

[79] Roca (Deodoro), op. cit., pág. 151. <<

[80] «Círculo Militar, Comisión Directiva», Revista Militar, noviembre de 1937. Vicepresidente primero es el coronel Luis C. Perlinger y secretario el mayor Eduardo Lonardi, futuro presidente de la República Argentina. <<

[81] Lezica (Manuel de), op. cit., pág. 101. <<

[82] Despacho desde Buenos Aires 2084/45, 1121-25 (18 de mayo de 1938). Von Therman en U. S. Department of State, Documents on German foreign policy 1918-1945. From the Archives of the German Foreign Ministry, series D (1932-1945), Vol. V, Latin America 30 november 1937-10 march 1939. <<

[83] Carulla (Juan E.), op. cit., pág. 322. <<

[84] Según la fórmula utilizada por Martín Aberg Cobo en «La revolución de 1943», Cuatro revoluciones argentinas, Bs. As., Club Nicolás Avellaneda, 1960, pág. 81. <<

[85] Sobre las reformas militares de Ortiz, ver: «Reforma orgánica de la estructura del Ejército». La Prensa, 9 de diciembre de 1938; «Modificaciones orgánicas dentro del Ejército Nacional», La Prensa, 7 de marzo de 1940; «Los comandos superiores del Ejército», La Prensa, 25 de agosto de 1940; y sobre todo el mensaje presidencial de 1940 en la Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 14 de mayo de 1940, págs. 36 y 39. <<

[86] Especialmente por el general Ramón Molina. Ver su conferencia en el Círculo Militar del 3 de julio de 1936 en Defendamos nuestro país…, op. cit., pág. 100. <<

[87] Retirado del servicio activo en 1937, fundó la Biblioteca del Oficial. Es diplomado en la Escuela de Guerra de París y de la Escuela de Aplicación de Artillería de Fontainebleau, pero estuvo incorporado por dos años en el ejército alemán. Tiene un título de ingeniero civil y es miembro del Círculo de Armas y del Jockey Club. <<

[88] «La subversión institucional de la República de los últimos años», en Defendamos nuestro país…, op. cit., pág. 255. Es un discurso pronunciado en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical el 17 de noviembre de 1939. <<

[89] Ver Felino (N.), Barceló y Ruggierito patrones de Avellaneda, Bs. As., Centro Editor de América Latina, 1971. Entre los más vehementes partidarios de este paladín de la democracia sobresale un joven diputado conservador, Vicente Solano Lima, que se hace notar por la violencia con que denuncia al radicalismo en sus discursos, La Prensa, 25 de febrero de 1940. <<

[90] Según Luna (Félix), Alvear, Bs. As., Libros Argentinos, 1956, pág. 261. <<

[91] La Prensa, 8 de marzo de 1940. <<

[92] Luna (Félix), op. cit., pág. 262. <<

[93] Ibid., pág. 263. <<

[94] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 1940, pág. 10. <<

Notas al Capítulo 7

[1] A partir de 1939, la Revista Militar publica, en cada una de sus entregas, notas y artículos sobre la preparación del país para la guerra y contra el pacifismo de la opinión pública. Ver especialmente Crespo (coronel Jorge R.), «Si vis pacem para bellum», Revista Militar, junio de 1939, págs. 1223-1225; también Perkins (capitán Diego E.), «El horror a la guerra», ibid., junio de 1940, y «Defensa nacional y pueblo», ibid., febrero de 1941, págs. 327-338. <<

[2] Según Loftus (J. E.), Latin American defense expenditures 1938-1965, Santa Monica, The Rand Corporation, enero de 1968 (Memorándum R. M. 5310 PQ/ISA), cuadro 5. <<

[3] Ver especialmente Rawson Bustamante (mayor Juan), «El deber de esta hora», Revista Militar, junio de 1940, págs. 1181-1189. El autor repite la argumentación de un artículo más teórico, publicado en diciembre de 1933 por el coronel Carlos A. Gómez en la misma revista, titulado «Guerra y política», págs. 1087-1105. <<

[4] El presidente Roosevelt había expresado claramente los objetivos de su gobierno al respecto en un discurso del 15 de noviembre de 1938, en el que advertía a los países del continente sobre la posibilidad de un ataque por parte de una potencia extracontinental. En realidad los Estados Unidos temían sobre todo la intensa propaganda que los alemanes desplegaban contra ellos en América Latina. Cf. Edmund Smith (O.) Jr., Intervención yanqui en Argentina, Bs. As., Palestra, 1965, págs. 51-52 (edición original inglesa, 1953, 220 págs.). <<

[5] Gómez (coronel Carlos A.), «La nueva política mundial y la situación de la Argentina», Revista Militar, noviembre de 1938, pág. 1179. <<

[6] Telegrama del embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Armour, al secretario de Estado del 29 de mayo de 1940. Telegram 810.70. Defense 5-2940. Foreign relation of the US Diplomatic papers, 1940 -V-, Washington, 1961. <<

[7] La Prensa, 25 de mayo de 1941. El presidente de la lista es el general de división Basilio B. Pertiné, y el vicepresidente segundo es el coronel Bartolomé Descalzo. Entre los miembros del consejo de Administración notemos al mayor José María Sosa Molina y a un joven teniente, Álvaro Alsogaray. <<

[8] En julio de 1940 se pone término oficialmente a los contratos de los miembros de la misión alemana. Integrados al ejército argentino, cuyo uniforme llevan, ellos pueden entregar tranquilamente a sus colegas argentinos cantidades de octavillas y de diarios de propaganda. A uno de ellos, detenido por casualidad en 1940 por un asunto de Derecho común, se le encontraron las direcciones de numerosos oficiales argentinos. Según el general Orlando Peluffo (entrevista con el autor del 12 de mayo de 1970). <<

[9] Como lo subraya el informe elevado a la Cámara de Diputados por la Comisión investigadora de actividades antiargentinas. Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 4, informe n.º 2, 1941, págs. 105-130. <<

[10] Ibid., informe n.º 3, pág. 648. La agencia de prensa Transocean, cuyas oficinas en la Argentina son deficitarias, provee informaciones a los diarios por una suma simbólica. Bandera Argentina, Crisol y El Pampero están abonados a la agencia nazi; así como los diarios «oficiosos» de las comunidades alemanas (Deutsche La Plata Zeitung), italiana (Il Matino d’Italia) y española franquista (El Diario Español). Ver asimismo el testimonio del diputado Adolfo Lanús, miembro de la Comisión, en Campo minado, Bs. As., s. e., 1942, pág. 43. <<

[11] Wilhelm von Faupel fue instructor del Colegio Militar en 1912; después de la primera guerra mundial, consejero del inspector general del Ejército hasta 1926. Cf. Josephs (Ray), Argentine diary, Nueva York, Random House, pág. XIX. <<

[12] Canilla (Juan E.), Al filo del medio siglo, Bs. As., Llanura, 1951, págs. 316-317. <<

[13] No se puede hablar de «nacionalismo» a propósito de El Pampero, tribuna hitleriana abiertamente financiada por Alemania. La copiosa publicidad que recibe este diario es integramente de origen alemán (Messerschmitt, BMW, DKW, Bayer, Deutz, Rheinmetall, Zeiss-Ikon etc.). Lo único que lo diferencia de Signal, publicado por la Deutscher Verlag en los países ocupados o neutrales, es la presencia de artículos de política nacional. Algunas firmas: Marcel Déat, Ramón Serrano Suñer, Georges Suárez. Un estilo: «Decir hoy América del Norte equivale a decir judaísmo. Es decir, banca judía, empresario judío, capitán judío dispuesto a terminar con todos los seres que no pertenezcan a su raza» (4 de noviembre de 1941). <<

[14] Ver «Voces de América intérpretes del mundo libre», La Prensa, 13 de mayo de 1940. <<

[15] Tiene una oficina en la avenida de Mayo, no lejos de la Casa Rosada, donde recibe a muchas personas sin ocultar su deseo de volver al poder; así lo aseguran todos quienes lo frecuentaron asiduamente en esa época, en particular su hijo, el Sr. Liborio Justo (entrevista con el autor). <<

[16] Torres (José Luis), Algunas maneras de vender la patria (datos para la autopsia de una política en liquidación), Bs. As., s. e., 1940. <<

[17] Ver los detalles del asunto en La Prensa del 20 de agosto de 1940 y en Cámara de Diputados, Diario de sesiones, I, 19 de agosto de 1940, págs. 1115 y 59. <<

[18] La Prensa, 25 de agosto de 1940. <<

[19] Ver Bayer (Osvaldo), «Palomar, el negociado que conmovió un régimen», Todo es Historia, Bs. As., noviembre de 1966, pág. 28. <<

[20] El general Juan Bautista Molina, líder del más importante movimiento nacionalista, no está libre de sospechas; fue acusado por el general Márquez. En su calidad de director general de Material del Ejército había dado una muy favorable opinión sobre la compra del terreno en cuestión; ver Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 19 de agosto de 1940. <<

[21] Luna (Félix), Alvear, Bs. As., Libros Argentinos, 1956, págs. 268-269. <<

[22] En la prensa nacionalista, según el ministro de Hacienda, Pinedo (Federico), En tiempos de la República, Bs. As., Mundo Forense, 1946, tomo I, pág. 186, citado por Cirio (Alberto), Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946), Bs. As., Jorge Álvarez, 1964, pág. 84. <<

[23] Se le reprochaba, entre otras cosas, haber sido dos veces consecutivas agregado militar en una embajada, lo cual no se acostumbraba; estos puestos remunerados en pesos oro eran muy buscados por los oficiales superiores. Sus colaboradores inmediatos también se quejan de su complacencia para con Justo, a quien nunca negaba nada. Según su secretario en el Ministerio de Guerra, el coronel Augusto G. Rodríguez (entrevista con el autor, 1.º de septiembre de 1969). <<

[24] Pinedo se encuentra con Alvear en Mar del Plata el 3 de enero de 1941 y le propone una «tregua política», primera etapa de una colaboración radical con el plan de reactivación económica. Ver Luna (Félix), Alvear, op. cit., pág. 273 y Pinedo (Federico), «Programa de reactivación de la economía nacional», Revista de Economía Argentina, noviembre de 1940, págs. 369-394. <<

[25] Julio A. Roca muere el 8 de octubre de 1942. Su último acto político después de su renuncia fue un mensaje público de simpatía dirigido al Brasil después de la entrada en guerra de este país. <<

[26] Ver el texto del manifiesto en Ministerio del Interior, Las Fuerzas Armadas restituyen…, Bs. As., 1946, tomo 1, págs. 604-605. <<

[27] Se ha pretendido incluso que un famoso médico europeo que se aprestaba a operar al presidente Ortiz con alguna posibilidad de éxito fue inmediatamente expulsado del país. Según el antiguo corresponsal de la Agencia UP, Bernardo Rabinovitz en Sucedió en la Argentina, lo que no se dijo (1943-1956), Bs. As., Gure, 1956, pág. 12. <<

[28] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 1, págs. 32-33, 28 de mayo de 1941, mensaje presidencial. <<

[29] La Prensa, 28 y 30 de agosto de 1942. <<

[30] La Nación, 8 de julio de 1941. <<

[31] Ver la ley 12.736 del 4 de octubre de 1941 en Boletín Oficial, 10 de noviembre de 1941, y el anexo «Convenio para la adquisición de buques mercantes italianos». El gobierno argentino adquiere 16 transatlánticos y cargueros italianos, 8 de los cuales son utilizables de inmediato. Se compromete a no utilizar esta flota en favor de las potencias beligerantes enemigas de Italia y de sus aliados, lo que en realidad no es más que una simple cláusula de cortesía internacional. <<

[32] Ley n.º 12.709, «Dirección General de Fabricaciones Militares», Boletín Oficial, 9 de octubre de 1941. <<

[33] Artículo 31: «Exención del impuesto mobiliario e inmobiliario, incluidos los impuestos sobre las materias primas, con excepción de las contribuciones municipales». <<

[34] Savio (coronel Manuel N.), «Bases para la industria del acero en la República Argentina», Revista Militar, octubre de 1942, pág. 705. <<

[35] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 1, 28 de mayo de 1942, págs. 12-64. <<

[36] Castillo decide la aplicación estricta de las disposiciones que prevén un censo general cada diez años. <<

[37] Cámara de Diputados, Diario de sesiones, 28 de mayo de 1942. <<

[38] Cf. La Nación del 24, 25 y 28 de septiembre de 1941. <<

[39] La Nación, 25 de septiembre de 1941. <<

[40] «Necesidad de reorganizar la aviación militar», La Nación, 26 de septiembre de 1941. <<

[41] Según Emir Mercader y Eduardo Teissaire, Castillo había dado el visto bueno para desembarazarse de Tonazzi e implantar una dictadura apoyada por los militares nacionalistas. Cf. El Pampero, 25 de septiembre de 1941. <<

[42] El Pampero, 27 de septiembre de 1941. <<

[43] Ibid., 29 de septiembre de 1941. <<

[44] Es al menos lo que piensa el secretario de Estado adjunto A. Berle jr., después de una conversación con el embajador argentino. Así sintetiza su opinión sobre Fincati: «Su acción frenará en gran medida las tendencias proalemanas de la marina». Memorandum of conversation by the Assistant secretary of State, Washington, 4 de septiembre de 1940, 811.345 44/97, Foreign relation of the USA diplomatic papers, op. cit. <<

[45] Ver el texto en Ministerio del Interior, Las Fuerzas Armadas restituyen…, op. cit., tomo 1, pág. 608. <<

[46] Luna (Félix), op. cit., pág. 284. <<

[47] Carulla (Juan E.), op. cit., pág. 330 <<

[48] «La unanimidad de uno solo», fórmula poco hábil con la que Castillo resumió ingenuamente su estilo de gobierno, no siempre es aplicable al ejército. Detrás de Tonazzi está Justo ejerciendo un verdadero derecho de veto. No obstante, el ministro de Guerra no ignora que sus días están contados. <<

[49] Cf. discurso de Castillo en la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas, La Nación, 8 de julio de 1941. <<

[50] Ver principalmente Edmundo Smith (O.) jr., op. cit., capítulos 3 y 4, y el manual de Conil Paz (Alberto) y Ferrari (Gustavo), Política exterior argentina 1938-1962, Bs. As., Huemul, 1964, capítulos 3, 4 y 5. <<

[51] Lanús (Adolfo), Campo minado, Bs. As., s. e., 1942, pág. 106. <<

[52] Repetto (Nicolás), Mi paso por la política. De Uriburu a Perón, Bs. As., Santiago Rueda, 1957, pág. 217. <<

[53] Conil Paz (A), Ferrari (G.), op. cit., pág. 80. <<

[54] Sumner Welles, L’heure de la décision, Nueva York, Brentano’s, 1946 tomo 2, pág 261 (edición francesa). <<

[55] Ibid., pág. 265. <<

[56] Bonifacio Lastra, en una conferencia pronunciada en septiembre de 1942 contra el Frente Popular, exclama: «la postura viril de una decisión que la historia reconocerá como uno de los más grandes gestos de un pueblo», en Lastra (Bonifacio), Bajo el signo nacionalista, Bs. As., Alianza, 1944, pág. 94. Asimismo, Marcelo Sánchez Sorondo, que se declara «fascista, terriblemente fascista», comenta así, en julio de 1942, la política gubernamental del doctor Castillo: «Y entre las actitudes estimables y estimadas de su gobierno, la más estimable y estimada de todas es la internacional», haciendo hincapié en la «memorable ocasión de Río». Sánchez Sorondo (Marcelo), «El banquete de camaradería», La Revolución que anunciamos, Bs. As., Nueva Política, 1945, pág. 209. <<

[57] La Prensa, 17 de enero de 1942. <<

[58] Y como todavía lo pretende, treinta años después, el famoso embajador Braden, paladín de la democracia en todas las latitudes, en sus memorias. Diplomats and demagogues. The memoirs of Spruille Braden, New Rochelle, Arlington House, 1971, pág. 315. <<

[59] Sumner Welles, op. cit., pág. 263. <<

[60] Kelly (sir David), The ruling few or the human background to diplomacy. Londres, Hollis and Carter, 1952, pág. 114. <<

[61] Según la fórmula de Sumner Welles. <<

[62] Kelly sostiene en sus memorias que Castillo no era proalemán. Da como prueba el hecho siguiente: cuando presentó al gobierno argentino una protesta por declaraciones oficiales sobre las islas Malvinas reivindicadas por Buenos Aires, Ruiz Guiñazú le pidió evitar toda publicidad sobre el asunto. Kelly (sir David), op. cit., pág. 289. <<

[63] Sumner Welles, op. cit. <<

[64] Josephs (Ray), op. cit., pág. XXXVIII. <<

[65] En efecto, las exportaciones a Francia y a Alemania han cesado prácticamente; en cambio la participación de Gran Bretaña en las ventas argentinas no deja de aumentar desde 1939, pasando de un tercio a casi la mitad del total en 1943. El saldo positivo del balance comercial con Gran Bretaña en las ventas argentinas no deja de aumentar desde 1939, pasando de un tercio a casi la mitad del total en 1943. El saldo positivo del balance comercial con Gran Bretaña se duplica con creces entre esas mismas fechas. Puede señalarse que en razón de la duplicación (en valores) de las exportaciones destinadas a los Estados Unidos y del aumento del comercio interamericano en 1942, los países aliados reciben el 90 % de las exportaciones argentinas. Cf. Anuario del comercio exterior. 1942 y 1947, pág. XV, y Banco Central, Memoria anual. Ejercicios 1941, 1942 y 1943. <<

[66] Además del negociado de El Palomar, numerosos radicales y presumiblemente el mismo Alvear se encuentran comprometidos con el escándalo de las concesiones eléctricas de Buenos Aires. <<

[67] Ver La Prensa, 7 de septiembre de 1942. <<

[68] La Prensa, 13 de septiembre de 1942. <<

[69] Según la fórmula de un folleto del Partido Comunista citada por Puiggrós (Rodolfo), Historia crítica de los partidos políticos argentinos. El peronismo: sus causas, Bs. As., Jorge Álvarez, 1967, pág. 22. <<

[70] Tal parece ser al menos la actitud de hombres políticos tan destacados como el general Justo, si nos basamos en una significativa anécdota referida por su hijo Liborio. Cuando en aquella época éste se encontraba indignado por la complacencia de su padre con los Estados Unidos, el antiguo presidente le contestó: «Desgraciadamente, no hay otra solución para la Argentina» (entrevista citada del 16 de agosto de 1969). <<

[71] Como lo pretende Deodoro Roca en El difícil tiempo nuevo, Bs. As., Lautaro, 1956 pág. 340. <<

[72] Sobre la creación, los objetivos, las dificultades encontradas y los resultados alcanzados por esa Comisión, ver Lanús (A.), op. cit., y los informes publicados por la Cámara de Diputados en septiembre de 1941. <<

[73] La Nación, 3 de octubre de 1942. <<

[74] Cf. Lanús (Adolfo), op. cit., especialmente pág. 94 y págs. 140-141. <<

[75] Entrevista del autor con el Sr. Arturo Jauretche, 6 de mayo de 1969. <<

[76] Cf. Gontrán de Güemes, Así se gestó la dictadura, Bs. As., Rex, 1956, págs. 9-11 y entrevista con el coronel Augusto G. Rodríguez ya citada. <<

[77] Según el mismo general Benjamín Menéndez (entrevista con el autor, 1.º de septiembre de 1969). Ver igualmente Lezica (Manuel de), Recuerdos de un nacionalista, Bs. As., Astral, 1964, págs. 127-128, y Gontrán de Güemes, op. cit., págs. 19,20. <<

[78] El fracaso de los intentos para unificar a los dos movimientos confirmaría la sensación de que, a pesar de que todo aparentaba lo contrario, el movimiento del general Menéndez no deseaba definirse ideológicamente. <<

[79] «Sólo los prejuicios podrían alejamos de la Unión. El ex ministro de Hacienda traza un panorama completo que pinta su admiración ante la realidad actual de los Estados Unidos», La Nación, 7 de septiembre dé 1941. Pinedo escribe: «¡Cómo hemos quedado de rezagados! ¡Qué pobres y qué atrasados somos comparados con el pueblo de los Estados Unidos…!». <<

[80] Cf. «La mentira cipaya ante la verdad argentina», El Pampero, 11 de septiembre de 1941. <<

[81] La famosa carta es llevada a El Pampero por un joven teniente de la aeronáutica, vástago de una prestigiosa familia de la provincia de Buenos Aires, Juan José Güiraldes. «Ayudante de campo» de Menéndez en la conspiración, este discípulo de Carlos Ibarguren es hijo de un notable conservador de San Antonio de Areco convertido al nacionalismo y amigo personal de Enrique Osés, director de El Pampero. Según la entrevista del autor con el comodoro Juan José Güiraldes, 20 de mayo de 1970. <<

[82] La maniobra es hábil: si el ejército es proalemán, entonces atacar las fuerzas del Eje o la Alemania nazi es atentar contra el patriotismo del ejército. Ver en particular los editoriales de El Pampero titulados «Todo el ejército es calumniado por la prensa cipaya» y «Ya se injuria a mansalva a nuestras Fuerzas Armadas», 12 y 20 de noviembre de 1941. <<

[83] Según los artículos anónimos notablemente documentados (y escritos posiblemente por un oficial muy al tanto de los movimientos conspirativos) que publica el diario del Partido Socialista en 1946. «Historia de la revolución de junio, documentada, comentada y criticada», La Vanguardia, 4 de junio de 1946. Esta interpretación repetida literalmente por Gontrán de Güemes (op. cit., pág. 20), no ha sido desmentida por el general Menéndez. <<

[84] Sumner Welles, op. cit., pág. 265. <<

[85] Es verdad que Ruiz Guiñazú no tenía mucha experiencia en la diplomacia directa y sobrestimaba sin duda el peso internacional de la Argentina, pero no se lo puede injuriar (como lo hace Sumner Welles, op. cit., pág. 270), por ser incapaz de entender las razones de la negativa norteamericana de vender o alquilar armas a su país. <<

[86] Esto es lo que pretenden los servicios diplomáticos y de informaciones de los Estados Unidos. Para mayor discreción, las conversaciones habrían sido llevadas a cabo por intermedio de la embajada de España, entre otros. Cf. Consultation among the American Republics with respect to the Argentine situation, Memorandum of the United States Government, Washington, febrero de 1946 (Department of State, Publication 2473. Inter-American Series 29), pág. 6. <<

[87] Los militares argentinos se preocupan por el problema desde fines de 1940. Cf. la conferencia del teniente coronel Carlos J. Martínez, ingeniero militar, director de la Fábrica Militar de Aceros, del 24 de octubre de 1940, reproducida en la Revista Militar, noviembre de 1940 («La industria siderúrgica del Brasil»). Brasil siempre está presente en las preocupaciones de los oficiales argentinos; es por eso que la Revista Militar le dedica un número especial en septiembre de 1938. <<

[88] Alonso Irigoyen (Ceferino), La economía argentina y su influencia sobre el potencial bélico, Buenos Aires, Escuela de Guerra Naval, 1942 (conferencia pronunciada en la Escuela de Guerra Naval el 17 de noviembre de 1942), pág. 24. <<

[89] Savio (coronel Manuel S.), «Política de la producción metalúrgica argentina», Revista Militar, diciembre de 1942, pág. 1188. Se trata del texto de una conferencia pronunciada en septiembre del mismo año en la Unión Industrial Argentina. Savio precisa igualmente: «La postguerra… planteará serios problemas, que solamente podrán abordarse con sanas y robustas fuerzas morales y con adecuados medios materiales. Entre estos últimos se han de encontrar los que aseguran el trabajo para nuestros hombres y los que nos permitan defender, organizar y controlar, todo lo posible y por nosotros mismos, nuestra economía…». <<

[90] Serie de artículos aparecidos en la Revista de Economía Argentina, marzo de 1940, con el título de «Cómo y en qué medida la guerra afecta a la República Argentina». <<

[91] Colombo (Luis), «El reajuste industrial del país para afrontar la competencia extranjera en la post-guerra», Argentina fabril, enero de 1943. <<

[92] Fuentes: Banco Central de la República Argentina, Memoria anual, ejercicio de 1941, Bs. As., 1943; «Quebrantos comerciales», Revista de Economía Argentina, enero de 1948; Vicepresidencia de la Nación, Consejo Nacional de Postguerra, Ordenamiento económico y social, Bs. As., Kraft, 1945, capítulo I. <<

[93] Germani (Gino), Estructura social de la Argentina, Bs. As., Raigal, 1955, págs. 76-77. <<

[94] República Argentina, Secretaría de Asuntos Económicos, Producto e ingreso de la República Argentina en el período 1935-54, Bs. As., 1955, cuadro 6. <<

[95] Dirección de Estadística Social, Investigaciones sociales 1943-45, Bs. As., 1946, capítulo II. <<

[96] Ver el informe del socialista Alfredo Palacios, de donde provienen estas informaciones. Palacios (A.), El dolor argentino, Bs. As., Claridad, 1938, págs. 74-81. En esa época el problema del nivel de vida de la población, percibido a través de sus consecuencias sobre el reclutamiento de las tropas, es comentado a menudo por los oficiales responsables de él. Ver la grabación de la entrevista realizada al general José María Sosa Molina por el profesor Carlos Fayt el 30 de septiembre de 1965 (Archivos del profesor C. Fayt, Bs. As.). <<

[97] Alonso Irigoyen (Ceferino), op. cit., pág. 25. <<

[98] Para mostrar la necesidad de la preparación para la guerra, el general Giovanelli toma por ejemplo a Francia «llevada a la derrota por los desbordes del Frente Popular», al inaugurar el Centro de Altos Estudios para la Defensa Nacional, en mayo de 1943, en compañía del general Ramírez. La Fronda, 27 de mayo de 1943. <<

[99] Sacheri (Oscar Ricardo), «El nuevo orden económico en Europa» (conferencia pronunciada por el auditor de división… en el Círculo Militar, el 16 de octubre de 1942), Revista Militar, octubre de 1942, págs. 727-773. <<

[100] La cita de Perón es del texto titulado Las memorias de Juan Perón (1895-1945) publicada por Panorama el 14 de abril de 1970 en la pág. 23. Durante la entrevista que nos acordó el 12 de enero de 1969, la misma fórmula, que volvía a menudo a los labios del general, admirador de Mussolini, fue empleada frente a nosotros. A su regreso de Europa, Perón reúne a algunos oficiales y organiza conferencias privadas para comunicarles su experiencia. <<

[101] Es lo que piensa en particular el coronel Juan V. Orona en su libro sobre el GOU. La logia militar que derrocó a Castillo, Bs. As., s. e., 1966, pág. 45. Volveremos en el capítulo siguiente sobre el papel real y relativamente limitado que debe dársele al misterioso GOU. <<

[102] Entrevista con el general Julio Alberto Lagos, uno de los veinte fundadores del GOU, el 31 de marzo de 1970. <<

[103] Publicado por La Vanguardia el 15 de enero de 1946. El estilo corresponde en forma sorprendente al del principal consejero ideológico del GOU, Jordán Bruno Genta. Cf. Lezica (Manuel de), op. cit., pág. 132. El acta de fundación de esta asociación, publicada por Carlos Ibarguren, nos parece particularmente significativa; el vocabulario empleado, el giro de las frases así como la probidad intelectual del autor hablan en favor de su autenticidad. El texto dice en substancia: «Estamos frente a un peligro de guerra con el frente interno en plena descomposición; se perciben claramente las acciones del enemigo: una presión de fuerza por Estados Unidos a hacerse efectiva por ese país o por sus personeros; y la amenaza de una revolución comunista tipo Frente Popular… Frente a las fuerzas políticas adversas se tiene una dispersión y división de los elementos de orden», en Ibarguren (Carlos), La historia que he vivido, Bs. As., Peuser, 1955, pág. 480. <<

[104] Es decir la Confederación General del Trabajo n.º 2, ya que la CGT se había escindido en 1942. <<

[105] Fue el caso del futuro general José María Sosa Molina, quien declara en la entrevista ya citada del profesor Fayt: «Grandes conmociones iban a producirse en el mundo entero al finalizar la segunda guerra mundial. La inmensa muchedumbre que desfiló el 1.º de mayo en Buenos Aires, ya prefiguraba los trágicos sucesos que viviría nuestro país. Una imponente multitud de manifestantes con el puño levantado que blandía banderas rojas y cantaba la Internacional, tal era la imagen de lo que esperaba a la Argentina si no teníamos cuidado. Había que hacer algo…». <<

[106] La Prensa, 2 de mayo de 1943, subraya la importancia de las manifestaciones destinadas esencialmente a apoyar la causa de los Aliados. De la lectura del gran diario conservador no se desprende nada «socialmente amenazador». <<

[107] Ver Real (Juan José), 30 años de historia argentina, Bs. As., Actualidad, 1962, págs. 61-63. <<

[108] Sobre estas cuestiones ver el panfleto, por lo demás poco ilustrativo, de Silvano Santander. Nazismo en la Argentina. La conquista del Ejército, Bs. As., Pueblos Unidos, 1945, pág. 27, y el discurso de Juan D. Perón a los estudiantes, el 21 de diciembre de 1945 en Tres revoluciones militares, Bs. As., Escorpión, 1963, pág. 91. <<