A mis padres, María Victoria y Fernando,
y a los charcos por ellos pisados.

Agradecimientos

Tengo la inmensa suerte de haber tenido oportunidades en la vida. Distintas personas me las dieron cuando podrían perfectamente habérselas dado a otra persona. Gracias a ello, adquirí la experiencia y desarrollé algunas de las ideas necesarias para escribir este libro. Las mayores oportunidades en política me las han dado Esperanza Aguirre, Javier Fernández-Lasquetty, Lucía Figar, Regino García-Badell, Íñigo Henríquez de Luna, Tono López-Istúriz, Jorge Moragas, Gonzalo Robles, Juan Soler-Espiauba y Baudilio Tomé. Gente como Borja Alcedo, Olga Calatrava, Pedro Corral, Ana Encabo y Pepa Plaza me ayudó a trabajar duro para aprovechar esas oportunidades. Ninguno de ellos es responsable de lo aquí escrito. De hecho, ni siquiera sabían que iba a escribir un libro. Mi agradecimiento a ellos no debe hacer olvidar que el responsable de los charcos aquí pisados soy yo y solo yo.

Los partidos políticos tienen grandes defectos, como pondré de manifiesto en estas páginas. Pero también tienen enormes activos y el mayor son sus afiliados de base, para quienes la política es, ante todo, la defensa de valores y principios. He aprendido mucho de los afiliados y simpatizantes del PP desde el día de febrero de 2000 en el que entré en la sede del partido del distrito madrileño de Chamberí para afiliarme. Al cabo de un año me trasladé al distrito de Salamanca y ahí sigo. Mi agradecimiento y respeto a la labor, tan importante como desconocida, realizada por los militantes de base.

La primera persona a la que hablé de este libro fuera de mi círculo íntimo fue al director adjunto del diario El Mundo, John Müller. Gracias a él entré en contacto con la directora de la editorial La Esfera de los Libros, Ymelda Navajo, y con su magnífico equipo dentro del cual María Borrás fue la editora responsable de este libro. Ellos también me dieron una oportunidad que agradezco. Gracias, también, a Víctor «eres un artista» Cucart, el autor de la foto de la contraportada.

El debate consustancial a Twitter me ha ayudado a afinar ideas y argumentos. Twitter es un auténtico campo de batalla de ideas que obliga a defenderlas con claridad y brevedad. Gracias a todos los tuiteros que me habéis llevado la contraria y a los que me habéis ayudado a difundir mis ideas con vuestros RT.

Mi círculo íntimo son mis padres y Sonia, mi novia. Gracias a ellos, a mis tíos y primos y a todos los amigos —ejemplificados en Pedro Mayoral— a los que no di demasiadas señales de vida durante el tiempo que estuve sentado delante de la pantalla de mi MacBook tecleando lo que viene a continuación.

Prólogo

Clyde Stubblefield es una leyenda de la batería. De 1967 a 1973 tocó en la banda de James Brown y contribuyó a crear el funk. Su ritmo en «Cold Sweat» reinventó la forma de tocar la batería al introducir todo tipo de notas sincopadas. Estas crean un efecto rítmico que da su seña de identidad al funk y produce irresistibles ganas de moverse (o de bailar para los más coordinados). El solo de Clyde en «Funky Drummer» es considerado el más «sampleado» (copiado) de la historia.

En 1999 se estrenó un DVD llamado Soul of the Funky Drummers1 en el que Clyde da consejos sobre cómo tocar la batería. En un momento dado, el locutor le pregunta si ensaya mucho, a lo que responde que él siempre está ensayando. De hecho, dice, mientras habla con el locutor está pensando en ritmos. Su cabeza está constantemente dedicada a la música y al ritmo, aunque su cuerpo no esté sentado frente a una batería.

Mi hobby es la batería. Disfruto mucho tocando, aunque sé que nunca llegaré a ser bueno. Mi técnica es escasa, mi oído duro y no ensayo lo suficiente. Contrariamente al maestro Clyde, no estoy todo el día pensando en ritmos. Pienso en otras cosas. Por ejemplo, en este libro.

La idea del libro me vino una tarde mientras me duchaba. En medio del vaho supe que tenía algo que decir. Además, tenía el tiempo para decirlo. Hacía un par de meses que había dejado de ser el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Mi vida era bastante más relajada que antes.

Esa noche, mi novia Sonia y yo fuimos a ver Skyfall, la última de James Bond. Al salir, Sonia me dijo que se había aburrido bastante. Yo no me había enterado de nada (creo que Bond mataba a los malos al final; bueno, y al principio también). Me pasé toda la película pensando en la idea y en la organización del libro. Nos fuimos a cenar y, frente a un plato de albóndigas, se lo conté a Sonia. No sé si, antes que aguantar mi chapa liberal, habría preferido volver a ver la película.

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El título del libro suena a defecto, pero es una virtud. Cada capítulo es un charco pisado en el que se explica por qué hay que pisarlo. No creo que vaya a haber ningún lector que esté de acuerdo con todos los charcos pisados ni con la forma de pisarlos. Lo que sí me propongo es convencerle de que la lógica utilizada para pisar los charcos es coherente. En la conclusión resumo por qué pisar charcos es una virtud aunque, para entonces, espero que el lector ya esté poco menos que con las katiuskas puestas y con ganas de ensuciarlas.

Este es un libro liberal, lo cual no significa que tenga que usar la palabra «libertad» cada dos frases ni distintas variaciones de «pasión por la libertad» para titular cada capítulo. Los liberales pueden (podemos) ser bastante pesados aludiendo a la libertad como fórmula única para resolver todo tipo de problemas. Es cierto que hace falta más libertad en la sociedad española. Pero quizá haya que decirlo menos y demostrarlo más.

Para salir de la crisis, las cosas en España van a tener que funcionar de manera distinta a como han funcionado hasta ahora. Los defectos estructurales de nuestro sistema político y económico permanecieron más o menos ocultos durante las épocas de bonanza y ahora que han salido a la luz no podemos —no debemos— hacer como que no los vemos. Las crisis son épocas de cambios profundos, algunos forzados, otros elegidos. Se están haciendo cambios, pero deberían hacerse más.

Deben cambiar, entre otras cosas, algunas reglas de juego, en particular, las que afectan a la labor política. Este libro critica las normas que llevan a los políticos a actuar como actúan. No es un problema de personas; es un problema de normas. Los políticos, aunque a veces no lo parezca, son seres racionales. Evalúan las normas existentes y buscan sacar el máximo provecho posible de ellas. Como todo el mundo. La gran diferencia es que ellos establecen sus propias reglas de juego y son, a la vez, los encargados de aprobar las reglas de juego de la vida en sociedad.

Las reformas que se están aplicando hoy en España cambian las condiciones de vida para mucha gente. Resulta frustrante que los políticos cambien las reglas para los demás, pero no se las cambien a sí mismos. Sus responsabilidades les obligan a dar ejemplo. Los políticos no deberían exigir a los demás lo que no se exigen a sí mismos. Al hacerlo, producen una sensación de aislamiento.

Las normas establecen los grandes incentivos de la conducta humana. Un incentivo es un estímulo para hacer algo. Si los incentivos son incorrectos, también lo será el comportamiento humano. Los incentivos de los políticos españoles están mal diseñados. Les llevan a ser leales con otros políticos antes que a serlo con los ciudadanos a los que representan. Esto ha provocado, entre otras cosas, una excesiva y peligrosa concentración de poder en las sedes de los partidos políticos.

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Las informaciones publicadas por el diario El Mundo según las cuales altos cargos del PP habrían recibido sobresueldos en dinero negro durante más de veinte años surgieron cuando estaba terminando de escribir el libro (el primer capítulo fue escrito, aunque parezca mentira, mucho antes de que unos sobres se convirtiesen en portadas de periódicos). Estas evidencias han supuesto un mazazo durísimo para los que formamos parte del PP y, en general, para nuestra democracia. No puedo evitar admitir mi desolación al conocerlo, una desolación compartida por un gran número de afiliados y votantes del PP.

Una vez hecho público el caso, deberá ser investigado judicialmente y, en el supuesto de confirmarse, los culpables deberán ser castigados «caiga quien caiga,» como dijo la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quien añadió, con toda la razón, que «estamos ante una crisis institucional gravísima». El delito no está probado, pero es significativo que no fuese desmentido rotundamente por los máximos responsables del PP, y posteriores informaciones hablaron de la existencia de recibos de las personas que recibían sobres.

Esta crisis me reafirma en mi convicción de tener que reaccionar ante lo que está ocurriendo en España. La única manera de asegurar que algo así no pueda pasar será aplicando cambios radicales en la forma de ejercer la política española. No basta con decir que las responsabilidades políticas ya se han asumido. Una comisión de investigación será bienvenida, así como las auditorías anunciadas, pero hay que ir más allá. El caso no es solo depurar responsabilidades añadidas sino cambiar las reglas de juego de la política. Los políticos deben ser atados en corto por la ley y por su responsabilidad debida ante los ciudadanos, no por sus partidos. De tanto atar en corto a los políticos, las direcciones de los partidos han propiciado concentraciones de poder que han favorecido la corrupción.

El caso se suma a los de otros partidos como el PSOE (cuya fundación quedó descabezada tras el caso Amy Martin) y CiU. «Actuar» frente a esta crisis significa cambiar el sistema, no a «cuatro golfos» dentro del sistema. El extesorero del PP Luis Bárcenas y el exdirector de la Fundación Ideas Carlos Mulas se habrán ido, pero el problema de fondo continúa. Hay que renegar de Bárcenas, de Mulas y del sistema que les permitió hacer lo que hicieron.2 Esto es lo que permitirá que el crédito vuelva a fluir en la política española.

Estos casos han avivado el desencanto ciudadano con los políticos. Cada vez más gente exclama frases como: «¡Los políticos sobran todos!». No hay más que asomarse a alguna red social como Twitter para ser testigo de esta creciente frustración (siendo muy consciente, eso sí, de que solo entre el 10 y el 15 por ciento de los españoles utiliza regularmente las redes sociales).

Hay formas más científicas de acreditar la opinión de los ciudadanos sobre los políticos. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los políticos son el tercer mayor problema del país. Y según el Barómetro de Metroscopia sobre Confianza Institucional publicado por El País el 30 de diciembre de 2012, el 88 por ciento de los españoles desaprueba cómo los políticos desempeñan sus funciones, mientras que solo el 9 por ciento lo aprueba. Los políticos son los peor valorados de los 37 representantes e instituciones consideradas. Les siguen… los partidos políticos (el 89 por ciento los desaprueba y el 10 por ciento los aprueba). El Parlamento va después (el 81 por ciento lo desaprueba y el 16 por ciento lo aprueba).

León Tolstoi dijo que «todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo». Los políticos españoles han cambiado para los demás cosas que dijeron que no iban a cambiar, pero no han cambiado las reglas de juego de su profesión. Esto es un error.

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El liberalismo defiende la idea de que las personas tienen la capacidad para decidir por sí mismas qué es lo que más les conviene. La libertad a la que incansablemente apela es, ante todo, la libertad para que cada uno decida qué hacer con su vida y con su propiedad.

Esto explica la obsesión liberal con el Estado. El español medio seguramente no vea en el Estado un ente peligroso. Sin embargo, la acción del Estado se define por ser coactiva, por obligar a la gente a hacer ciertas cosas las quieran hacer o no, por basarse en el uso de la violencia (aunque sea implícita). El Estado está legitimado para imponer decisiones y, por tanto, ostenta un poder formidable. Por ello mismo debe ser limitado. Todas las reformas planteadas en este libro van dirigidas a limitar el poder del Estado.

Los impuestos (sustantivo derivado del verbo imponer) son un ejemplo de la acción coactiva del Estado. El ciudadano paga servicios públicos los quiera o no, los utilice o no. A quien no pague sus impuestos le espera una visita de unos cuantos miembros —más o menos educados— de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ante la polémica creada por la decisión del actor francés Gérard Depardieu de pedir la residencia en Bélgica por razones fiscales, el presidente de la República Francesa, el socialista François Hollande, afirmó que «si uno ama a Francia, debe servirla». El pago de impuestos es, para el presidente Hollande, una muestra de servidumbre de los ciudadanos ante el Estado. Contrariamente a Hollande, el liberalismo considera que los impuestos no deben someter a los ciudadanos ante el Estado, sino al Estado ante los ciudadanos.

La gran mayoría de los contribuyentes no somos Depardieu. No pagaremos, como él, 145 millones de euros en impuestos durante nuestra vida laboral, ni llegaremos a pagar un tipo marginal del 85 por ciento de nuestra renta. Y seguramente tampoco conseguiremos que el presidente de Rusia nos dé un pasaporte ruso de un día para otro. Pero tenemos, como contribuyentes, una relación fiscal con el Estado que también nos lleva a entregarle una parte sustancial de los frutos de nuestro trabajo. Impuestos pagamos todos, tengamos la renta que tengamos, nos guste o no. Nunca se suben impuestos solo a «los ricos» (eufemismo para designar a «los demás»). Toda subida de impuestos acaba repercutiendo, de una manera o de otra, en nuestro propio bolsillo.

Una forma muy gráfica de pensar en el coste que nos suponen los impuestos es calcular a partir de qué momento del año se deja de trabajar para el Estado y se empieza a trabajar para uno mismo. El Instituto Civismo calcula así el «Día de Liberación Fiscal».3 Según sus estimaciones, el español medio —con una renta anual de 24.400 euros— trabaja para el Estado 124 días al año. Es decir, comienza a trabajar para sí mismo a partir del 4 de mayo. Ahora bien, si se computasen todos los pagos a la Seguridad Social, incluyendo los que hace la empresa en nombre del trabajador, trabajaría para el Estado 179 días al año. Su día de liberación fiscal sería el 28 de junio.

El contribuyente autoriza al Estado a quitarle parte de sus ingresos porque existe un sistema de representación política que lo legitima. El sistema debe asegurar al ciudadano canales fluidos de comunicación, queja y crítica con el Estado. Estos canales funcionan mal hoy en España. Un legislador puede ser elegido sin haber pedido el voto a un ciudadano ni una sola vez. O, una vez elegido, puede dejar de tratarse con ciudadanos que no sean «importantes» durante cuatro años (Bárcenas fue senador por Cantabria de 2004 hasta 2010; más vale no preguntarse en qué consistió su labor de representación de los cántabros durante estos años). Esto debe cambiar.

La petición del voto es mucho más que un mero trámite. Es la sumisión del político a la voluntad de las personas a las que aspira a representar. Los incentivos están equivocados cuando para ser diputado uno debe someterse en privado a la voluntad de la cúpula de un partido en vez de someterse en público a la voluntad de los votantes. Además, es bien sabido que la docilidad impuesta hacia los jefes suele traducirse en un despotismo ejercido hacia los subalternos.

Pero, insisto, el problema no son tanto las personas individuales que ejercen la política cuanto las reglas de juego para convertirse en político y progresar en política en España.

Por ello las reformas propuestas en la primera parte de este libro se centran en las normas de funcionamiento de los partidos políticos. Desgraciadamente casi todo gira en torno a ellos en España. Y digo «desgraciadamente» porque su preponderancia es reflejo de unos incentivos políticos mal diseñados que llevan a que demasiadas decisiones en España pasen por sus despachos. Querer reformar España sin reformar los partidos políticos es como pretender saltar un abismo dando dos brincos.

Uno de los grandes problemas de los partidos políticos es que se confunden con el Estado. Esta (con)fusión ha producido concentraciones de poder que han facilitado la corrupción y el incumplimiento de los programas electorales. Además, la burocratización de la política ha llevado a que los políticos vean a los ciudadanos como a administrados, en vez de como a representados. España debe pasar por un proceso de separación partido-Estado.

A las propuestas de reformas se suman, en la primera parte de este libro, algunos planteamientos ideológicos. Las reformas se deben basar siempre en una concepción de la vida en sociedad. Se reforma para avanzar en la consecución de unos objetivos políticos definidos por la ideología. Que los políticos den a conocer los criterios por los cuales van a tomar sus grandes decisiones es una prueba de honradez intelectual y de respeto hacia los votantes. Algunos políticos intentan ocultar su ideología, o su ausencia de ideas, con apelaciones al pragmatismo. Esto constituye un ejemplo más de su falta de rendición de cuentas a los ciudadanos.

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La otra obsesión de los liberales, aparte del Estado, es el mercado. Defienden el mercado incluso en tiempos de crisis económica como la actual. ¿Por qué lo hacen? Porque el mercado se define por ser un sistema de intercambio voluntario. Una compra-venta se realiza cuando uno está dispuesto a vender y otro está dispuesto a comprar. Si el intercambio no es voluntario, ya no estaremos hablando de mercado (a menudo estaremos hablando, en cambio, de Estado como lo hicimos hace un momento). El mercado, pues, se basa en la cooperación voluntaria.

Tiene sentido promover los intercambios voluntarios cuando se parte de la premisa de que la gente sabe qué es lo que le conviene porque cada uno sabrá juzgar el acuerdo que más le beneficia. Al participar en el mercado, al llegar libremente a acuerdos con otros para hacer intercambios que se juzgan convenientes, el ciudadano mejorará su condición.4

Una votación se define también por ser un acuerdo de intercambio voluntario. En una votación democrática, el votante otorga su confianza a un candidato a cambio de su responsabilidad. Este intercambio no funciona adecuadamente en España porque el votante español no está recibiendo la suficiente rendición de cuentas por parte de sus representantes (dentro del término «votante» incluyo, evidentemente, a todos los ciudadanos; un cargo electo representa a todos, hayan votado o no).

Además, el sistema actual de votación está intervenido por un sinfín de regulaciones que limita la libertad de elección del votante: listas cerradas, procesos opacos de selección de candidatos, financiación pública de los partidos políticos (113 millones de euros en 2011), etc. El sistema debe ser liberalizado.

Esta liberalización cambiaría los incentivos básicos a los que se enfrentan los políticos, permitiendo coordinar sus intereses más estrechamente con los de sus votantes. En esta lógica se basan las propuestas de la primera parte del libro.

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Una vez reformados los partidos políticos y cambiados los incentivos que influyen en el comportamiento de los políticos, las reformas del Estado se podrían acometer con mejor disposición por parte de los ciudadanos. Esto contribuiría a amplificar los efectos beneficiosos de las reformas.

La segunda parte del libro da ideas para reformar el Estado en España. Una vez más, se trata de reorientar incentivos, en este caso, en la Administración Pública española.

De la misma manera que el éxito de las reformas en España dependerá de que se incluya la reforma de los incentivos políticos, gran parte de la reforma de la Administración Pública dependerá de que el empleo público deje de ser vitalicio. Este privilegio está actuando como tapón para otras muchas reformas. Además, el Estado debe hacer la transición de una Administración que autoriza y gestiona a otra que supervisa y facilita.

La lista de reformas propuestas no es exhaustiva. Muchos lectores (si los tengo) echarán de menos ciertas reformas. Es evidente que España necesitará más reformas de su Administración de las aquí mencionadas. Pero incluí las tratadas por su relevancia para el mensaje central del libro: los incentivos influyen decisivamente en los comportamientos de las personas.

Se ha publicado un buen número de libros en los últimos años sobre las reformas a aplicar a los grandes servicios públicos españoles o a la organización territorial del Estado. Muchos aportan ideas muy valiosas que deberían tomarse muy en serio. Personalmente, Nada es gratis, escrito por un equipo de economistas que colabora con la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y se apoda Jorge Juan, me parece de los mejores.5

Pero el éxito en la aplicación de estas reformas está supeditado en gran medida a una profunda reforma del sistema de representación política en España. La segunda parte del libro es, en cierto modo, una aportación más a un debate denso, extenso y recurrente. La primera parte es la madre del cordero.

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Clyde Stubblefield está a punto de cumplir setenta años. Hasta hace poco tocaba en los clubes de su ciudad, pero ahora está prácticamente retirado tras haber sufrido un grave problema de salud. Vive en Madison, Wisconsin (Estados Unidos). La ciudad se llama así en honor a James Madison, cuarto presidente de Estados Unidos. Madison fue, además, uno de los padres de la Constitución norteamericana y del Bill of Rights o Declaración de Derechos. Esta Declaración reúne las diez primeras enmiendas a la Constitución que limitaron el poder del Estado y contribuyeron así a reforzar los derechos de los ciudadanos para disfrutar de su libertad y propiedad.

Madison creía que «la esencia del gobierno es el poder; y el poder, depositado como debe estar en manos humanas, será siempre proclive al abuso».

Esta sana desconfianza hacia el gobierno, hacia su poder y hacia los políticos define la nación de Clyde. Ojalá tenga cada vez mayor cabida en España. Y ojalá los ciudadanos españoles tengan cada vez mayores oportunidades para ejercer su desconfianza hacia los políticos con sistemas de control y rendición de cuentas más eficaces. A ello está dedicado este libro.

PARTE I

INCENTIVOS PARA REFORMAR LA POLÍTICA

1

¿QUÉ HAGO CON ESTE SOBRE?

Son las tantas de la noche y estás caminando por un parking vacío buscando tu coche. Llegas a él y a su lado encuentras un sobre tirado en el suelo. Recoges el sobre. Lo abres y descubres que contiene un buen fajo de billetes de 50 euros.

Tu siguiente reacción es mirar a tu alrededor. No ves a nadie. Crees que no te habrán visto recoger el sobre. Pero ¿habrá alguien que no hayas visto? ¿Habrá cámaras? ¿Algún sistema de vigilancia mediante el cual se pueda demostrar que te has quedado con el sobre?

Esta historia la cuenta en sus charlas Daniel Kaufmann, un economista chileno experto en lucha contra la corrupción que trabajó durante muchos años en el Banco Mundial. Se la oí contar durante una ponencia celebrada en Madrid en 2008. Es la base de un experimento que hizo hace años.

Los participantes en el experimento tenían dos opciones antes de decidir qué hacer con el sobre:

No hay ninguna posibilidad de que alguien sepa que te lo has quedado.

Hay una posibilidad del 30 por ciento de que alguien lo sepa.

Los resultados del experimento son esclarecedores. En el primer caso, el 17 por ciento de los encuestados se quedaría con el sobre y el 33 por ciento llamaría a la policía y lo entregaría (el resto no sabría qué hacer); en el segundo caso, el 4 por ciento de los encuestados se quedaría con el sobre y el 74 por ciento lo entregaría.

Kaufmann cuenta esta historia habitualmente para subrayar la importancia que tienen los incentivos en el comportamiento humano. Distintos incentivos producen distintos comportamientos. La gente toma decisiones sobre lo que hacer en función de las consecuencias que puedan tener sus acciones. Los economistas lo llaman análisis coste-beneficio; el resto de los mortales lo suele llamar sentido común.

El comportamiento humano mejora cuando se responsabiliza a la persona de sus acciones. En el primer supuesto del experimento, la persona se habría podido quedar con el sobre y mentir sin consecuencias. Nadie habría podido demostrar que el dinero no era suyo.

En el segundo supuesto, sin embargo, había un pequeño margen del 30 por ciento de que la persona pudiese ser acusada con pruebas de haberse quedado con el sobre. Con ese supuesto, tres de cada cuatro individuos prefirieron no arriesgarse y entregar el sobre (frente a uno de cada tres que lo habría hecho en el caso de que no se le pudiese pillar). Ante la posibilidad de que se le exijan responsabilidades con pruebas concluyentes en la mano, la gente tiene un incentivo para tomar decisiones correctas.6

También merece la pena destacar que la proporción de gente que no sabe qué hacer cae a plomo cuando aparece la posibilidad de que se le pueda responsabilizar de sus acciones. En el primer caso, la mitad de la gente dice que no sabría qué hacer con el sobre (o quizá no querría admitir que se lo quedaría). En el segundo caso, solo una de cada cinco personas dice que no sabría qué hacer. Conocer las consecuencias que pueda traer una decisión ayuda a decidirse.

Kaufmann, por supuesto, no ha descubierto nada que el refranero español no supiese ya. El dicho «a Dios rogando y con el mazo dando» expresa la misma idea de que las cosas se consiguen con buena voluntad y, sobre todo, con buenos incentivos.

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Este experimento ayuda a entender una fractura ideológica fundamental: la que separa distintas formas de juzgar a las personas.

Me explico. Algunas ideologías consideran que el objetivo primordial del ser humano es hacer el bien y que esto pasa, ante todo, por querer hacer el bien. Desgraciadamente, la gente a menudo no busca hacer el bien. Los hay que piensan en su propio bien (y no en el bien), o en fastidiar a los demás, o en fastidiarse a sí mismos. Muchos no han tomado conciencia de quiénes son realmente y sus acciones les llevan a perjudicar sus propios intereses.

Por ello, los defensores de este primer tipo de ideologías buscan transformar la sociedad para que la intención de hacer el bien sea la base de la vida en común. Se aspira a que todo el mundo sea buena persona. Siguiendo con el experimento, el objetivo sería que la persona devolviese el sobre motivada por su intención de hacer el bien. A la vista del sobre tirado en el suelo, la persona debería pensar: «Haré el bien, devolveré el sobre».

¿Cuál es el instrumento a utilizar para transformar la sociedad en este sentido? El instrumento más potente de todos: el Estado. Sus autoridades deberán tener por misión dirigir y concienciar a la sociedad. La gente, a través de esta concienciación, interiorizará la necesidad de ser buena y de querer hacer el bien. A partir de ahí, será convenientemente movilizada para contribuir a que la sociedad en su conjunto alcance sus objetivos. Gobernar es, en buena medida para estas ideologías, utilizar al Estado para promover valores, construir identidades y movilizar a su población.

Una vez convertidos estos valores éticos y morales en instintivos, nacerá el «hombre nuevo», un hombre esencialmente distinto al existente hasta entonces. Su bondad intrínseca permitirá resolver los grandes problemas sociales de la humanidad. Al liberarse de sus egoísmos, el ser humano alcanzará su pleno desarrollo.7

Otras ideologías creen que la intención con la que se actúa es irrelevante. El bienestar de una sociedad depende de acciones realizadas, no de la razón por la que se realicen. Se juzgan resultados y no intenciones. Esto puede llevar a la paradoja de que se haga el bien sin ninguna intención de hacer el bien o, incluso, queriendo hacer el mal. A menudo, de hecho, se hace un mayor bien buscando satisfacer el interés propio que el interés de los demás.8 Para el primer tipo de ideologías es inconcebible que se pueda hacer el bien sin querer hacer el bien o buscando satisfacer el interés propio.

El bien para el segundo tipo de ideologías es una cuestión de medios. Ningún fin —por loable que sea— puede justificar la utilización de un medio abusivo. La moralidad de la acción se define por los medios utilizados para realizarla y no por sus fines. Salvo contadas excepciones, los fines que necesitan del uso de la fuerza para realizarse se deslegitiman por el hecho de usarla. El Estado utiliza la fuerza para cumplir con sus objetivos, por lo que su contención es un objetivo prioritario. El bien se alcanza cuando la vida en sociedad se basa en normas que permiten a cada uno decidir cuáles son sus fines y cómo alcanzarlos, siempre y cuando no perjudiquen a la vida y propiedad de los demás. Cada uno debe poder decidir por sí mismo cuál es su propio fin, su propio bien. Los derechos no son una exigencia para que los demás te den sino para que no te quiten.

En resumen, la primera ideología se centra en cómo debería ser la persona. Aspira a cambiar la forma de ser de las personas y, en función de ello, cambiarán sus comportamientos. La segunda ideología parte de la premisa de que las personas son como son y se mueven por sus intereses. Sus cambios de comportamiento derivarán del cambio de sus incentivos. De esta manera, ellas mismas concluirán que les sale a cuento actuar de manera distinta.

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Hagamos un poco de política ficción para ilustrar esta falla ideológica. Imaginemos que varias portadas de periódicos y aperturas de noticieros en la tele y la radio diesen lugar a una polémica nacional acerca de sobres con dinero abandonados en los parkings. «¿Qué debemos hacer para asegurar que los sobres se devuelven? ¡El gobierno debe actuar ya!», exclamarían azorados los grandes tertulianos del país.

La solución para unos sería promover valores. Esto llevaría, por ejemplo, a: subvencionar asociaciones para que diesen charlas a la entrada de los parkings sobre la superioridad moral de entregar sobres abandonados; organizar manifestaciones para «despertar conciencias» con gente blandiendo chorizos y tocando batucadas; promover un Pacto de Estado contra los Sobres No Declarados que diese visibilidad social a la unidad de todos y todas contra esta lacra; incluir casos prácticos en los planes de estudio de la educación primaria y secundaria sobre niños buenos que devuelven sobres abandonados para asegurar que se desarrolle una «cultura solidaria» desde la infancia; lanzar campañas de sensibilización en todos los medios de comunicación bajo el lema «Esto tiene arreglo» con la participación de conocidas figuras de la cultura y el deporte; prohibir la publicidad de empresas privadas en los parkings obligando a que solo se fijasen carteles que dijesen: «Sea solidario. Si encuentra un objeto abandonado, póngalo en conocimiento de la sociedad», y destinar el dinero devuelto a financiar todas estas actividades.

La solución para otros sería asegurar la instalación de cámaras de vigilancia, de su adecuado uso y el castigo sin excepciones para todo aquel que infringiese la ley o se comportase de forma poco ejemplar.

Los segundos no demostrarían en público tener los buenos sentimientos de los primeros, pero sus resultados serían bastante más efectivos y baratos. Las acciones realizadas en nombre de la moralidad no son necesariamente más morales que las que no lo hacen.

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Yo me identifico con la segunda ideología, como supongo que mi evidente falta de objetividad habrá demostrado ya. Volviendo al experimento, la cuestión no es si se devuelve el sobre porque se quiera hacer el bien; la cuestión es si se devuelve el sobre. Si para ello hay que poner cámaras en el parking, hágase. Apelando al interés propio de la persona se conseguirán mejores resultados que confiando en su capacidad para hacer el bien por su compromiso declarado con el bien mundial.

Pero hay una lección más a sacar del experimento que refleja el valor de los incentivos: fueron las mismas personas las que cambiaron de comportamiento tras cambiarse los supuestos con los que tomaban sus decisiones. Recordemos que el porcentaje de personas que devolvería el sobre pasó del 33 al 74 por ciento simplemente incluyendo la posibilidad de que se les pudiese identificar.

Es decir, las mismas personas con sus mismos valores morales tomaron decisiones muy distintas sobre lo que hacer cuando se cambiaron sus incentivos. Esto es importante porque significa que se pueden conseguir resultados muy rápidamente en la reforma del comportamiento de las personas simplemente cambiando sus incentivos. No hay que reformar a las personas; hay que reformar sus incentivos.

En función de todo ello, este libro defiende la idea de que para mejorar la calidad de la representación política en España se deben cambiar los incentivos de los políticos.

Y lo primero que hay que hacer para que los políticos hagan el bien, más allá de sus motivaciones personales, es contenerlos.

2

CONTENGAMOS A LOS POLÍTICOS,
CONTENGAMOS AL ESTADO

La próxima vez que alguien diga que la crisis económica es producto de la desregulación inherente al capitalismo salvaje neoliberal, recuérdesele el siguiente dato: España produjo más de 700.000 páginas de nuevas regulaciones entre 1978 y 2008.

La suma de las páginas del Boletín Oficial del Estado y de los boletines de las comunidades autónomas dedicadas a regular nuestras vidas equivale a una enciclopedia. Y la tendencia es al alza, en particular por culpa de la voracidad reguladora de las comunidades autónomas: entre 1980 y 1990 publicaron 100.000 páginas de regulación en sus boletines; entre 1990 y 2000 publicaron algo menos de 200.000; y entre 2000 y 2008 publicaron 350.000.9 En España hay actualmente unas 100.000 leyes en vigor.

Esta voracidad legisladora es el síntoma de un Estado que vive por encima de sus posibilidades. Si la crisis es consecuencia de que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, el primero que lo ha hecho ha sido el Estado. Ha gastado el dinero que no tenía y ha promovido regulaciones que no se podía permitir y que, además, empobrecían al país. Los políticos no han aplicado la regla de oro de la música popular y, en particular, del rock (que se lo digan a AC/DC): «Menos es más».

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Una de las grandes virtudes del liberalismo es que desconfía de los políticos. Considera que estos ejercen un poder que debe ser contenido. Es el poder que emana del Estado. Y el Estado se define, ante todo, por su poder coactivo. El liberalismo, en virtud de ello, se preocupa menos de fomentar la ética de los políticos y más de limitar su acción.

El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Nadie más puede obligar legítimamente a una persona a hacer algo en contra de su voluntad. Hay agentes del Estado que van armados. Y usarán esas armas contra aquellos que vulneren los derechos de los demás ciudadanos, pero también los derechos del Estado (por ejemplo, su derecho a cobrar impuestos).

Pero entonces, ¿cómo puede haber políticos liberales? ¿Cómo puede alguien ejercer una profesión que considera abiertamente sospechosa? La respuesta es que lo hace para contener la acción del Estado desde dentro del Estado.

Se puede contener la acción del Estado desde fuera del Estado, desde la sociedad civil. Este tipo de contención no pasa por rodear el Congreso de los Diputados con manifestaciones más o menos pacíficas. Los manifestantes que rodean el Congreso no quieren evitar la acción del Estado: lo que quieren es forzarla, dirigirla y a menudo aumentarla en el sentido que ellos creen adecuado.

La contención del Estado por parte de la sociedad civil supone, en cambio, tener iniciativas que eviten que el Estado tenga que intervenir. Por ejemplo, crear una asociación que, financiándose privadamente, atienda a personas discapacitadas o sin recursos, es contener al Estado. Así, la sociedad civil se organiza libremente para atender a sus necesidades. Evita de esta manera que el Estado crezca asumiendo responsabilidades que obligatoriamente deberán financiarse a través de impuestos. Crear asociaciones que se financian con fondos públicos no contiene al Estado sino que lo expande y, en consecuencia, debilita a la sociedad civil.

Si en política solo participa gente que cree que los políticos son moralmente superiores a los demás ciudadanos, o que son los mejores, o que creen que «lo público» puede resolver todos los problemas de la sociedad, nos encontraremos con un Estado desbocado que quiebra a su sociedad.

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Por todo ello, es conveniente que haya políticos que quieran tirar de las riendas del Estado para amansarlo. Políticos que no piensen en el interés del Estado, sino en el de los ciudadanos que representan. Es muy peligroso pensar que el interés del Estado es idéntico al de los ciudadanos. Aumentar los recursos del Estado pasa necesariamente por disminuir los recursos de sus ciudadanos. Siempre. Cuando el aumento de la riqueza de uno pasa por el aumento de la pobreza del otro no se puede sostener que sus intereses son idénticos. El totalitarismo se basa precisamente en esta mentira.

Tiene sentido que haya políticos que, trabajando en lo público, exalten la iniciativa privada y contengan la acción pública. Su labor es recordar y actuar con plena consciencia de que gastan el dinero de los demás. Sus presupuestos (y sus sueldos) se alimentan de los impuestos que paga el sector privado. ¿No será mejor que un político tome decisiones sabiendo que gestiona el dinero de los demás a que lo haga pensando que el dinero público no es de nadie?10

Algunos contribuyentes creen que el Estado debería gastar más, por lo menos en lo que les afecta a ellos directamente. Otros creen que se debería gastar menos. Los que piden que se gaste más suelen ser los más organizados y ruidosos. Entre las 36.000 manifestaciones organizadas en España en 2012,11 aún estoy por conocer una que haya exigido menos gasto público. La gente que exige mayor austeridad suele decir que no sale a la calle porque no tiene tiempo para hacerlo. Esto, en el fondo, quiere decir que prefiere dedicar su tiempo a cosas más productivas. Por ello, no abundan las pancartas del tipo: «Menos Estado, más mercado».

Las voces que más alto se escuchan en la calle son las de aquellos que piden más gasto público o de los que se oponen a su reducción. Cuando los canales de comunicación entre representantes y ciudadanos de a pie están obstruidos, la voz de los grupos organizados se sobrestima, lo cual hace más difícil rebajar el gasto público y resistir la tentación de subir impuestos.

Cuanto más silenciosa sea la mayoría, más ruidosas serán las minorías. ¿Cómo no va a ser silenciosa la mayoría si no puede hacerse oír salvo si se expresa gritando? Hay que proporcionar a la mayoría la forma de hacerse escuchar sin tener que gritar. Una mejor comunicación entre representantes y votantes que no se manifiestan equilibraría las fuerzas entre aquellos que quieren que se gaste más y aquellos que quieren que se gaste menos. El Estado también se contiene haciendo que la mayoría sea menos silenciosa.

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El político liberal busca contenerse a sí mismo recordando constantemente los peligros de sustituir la acción de la sociedad civil por la acción del Estado. Y busca contener también la acción de los empleados públicos a sus órdenes.

La burocracia tiene tendencia a expandirse. A menudo con las mejores intenciones, los empleados públicos aspiran a regular y organizar la vida de los ciudadanos. Queriendo evitar desórdenes, pueden acabar interfiriendo en decisiones que el ciudadano debería poder tomar libremente. Por ejemplo, puede serle útil a una burocracia que el ciudadano esté obligado a acudir a un hospital de referencia en función de su lugar de residencia. Pero ¿por qué no va a poder el ciudadano decidir libremente a qué hospital acudir en función de su conveniencia o de la calidad de la atención que se le presta?

La función del político liberal, por lo tanto, es aplicar la desconfianza que le produce la acción de los políticos y del Estado al día a día de su toma de decisiones. Contendrá así su propia acción y permitirá que el protagonismo de las iniciativas y decisiones sociales sea, ante todo, de los ciudadanos.

Esta desconfianza hacia los políticos es llamativamente ilustrada en el siguiente intercambio entre el periodista liberal norteamericano P. J. O’Rourke y Ed Crane, el presidente hasta octubre de 2012 del Cato Institute —una fundación muy liberal— sobre la conveniencia de limitar el número de mandatos de los políticos:12

O’Rourke: «Es una idea interesante, Ed. Pero ¿quieres que tu perro sepa dónde están enterrados los huesos o quieres que escarbe por todo el jardín?».

Crane: «P. J., te puedo decir una cosa sobre la limitación de mandatos: todos los políticos la odian».

La lógica de Crane para limitar los mandatos es que si a los políticos les parece algo malo, debe de ser bueno. Esto es el extremo al que puede llevar la desconfianza en los políticos y la voluntad de contener su acción.

El extremo opuesto lo ilustra la siguiente frase de un ministro: «Lo más duro de este cargo es darse cuenta de que hay cosas que no dependen de ti, caer en la cuenta de que no tienes el control de todas las cosas». Un político no debería lamentarse de no tener el control de todas las cosas. Debería alegrarse de ello. Debería promoverlo. Un ministro con el control de todas las cosas quizá tendría mayor seguridad en sí mismo, pero generaría una enorme inseguridad en sus ciudadanos. Cuanto más control tenga el ministro, menos libertad tendrá el ciudadano.

En España hay algunos políticos liberales. Lo que no hay son partidos políticos regidos por principios liberales.

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PARTIDOS POLÍTICOS, NO GREMIOS

¡El liberalismo es la ideología de los ricos! O eso dice la izquierda a la mínima ocasión. En su esquema del mundo, la izquierda es la defensora de los pobres, de los necesitados, de los desamparados. Ella es la encargada de protegerles de sus opresores, los ricos. Los ricos se han hecho ricos explotando a los pobres. La riqueza de los ricos —la riqueza, en general— es ilegítima porque se genera aprovechando la debilidad de los pobres. El libre mercado es lo que permite a los ricos hacerse ricos explotando a los pobres. En función de todo ello, la izquierda se otorga a sí misma la responsabilidad de acabar con la libertad de mercado capitalista. Se atribuye, también, una superioridad moral que permite que sus fines justifiquen sus medios.

Si esta descripción de la ideología de la izquierda parece una caricatura, recordemos que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se declaró «anticapitalista radical» en la celebración del trigésimo aniversario de la llegada al poder del PSOE en Madrid en diciembre de 2012.

La mejor respuesta que conozco a esta forma de pensar es la del periodista norteamericano Joe Sobrano: «Quejarse de que la economía libre favorece a los ricos es como quejarse de que la libertad de expresión favorece a los elocuentes». La economía libre, como la libertad de expresión, favorece a todos. Ha permitido el nacimiento de la tan-ignorada-por-la-izquierda-como-importante clase media, ese conjunto de personas que compone la abrumadora mayoría de los países desarrollados. Y ha aumentado el nivel de vida de todos. Algunos son más ricos que otros, sin duda. Pero si los ricos dejasen de ser ricos, los pobres no dejarían de ser pobres (aunque habría un buen número de envidiosos y rencorosos que se frotaría las manos).

Otra cosa son los abusos que algunos ricos y pretendidos empresarios han cometido en nombre del liberalismo. Por ejemplo, Jesús Gil, el hoy fallecido ¿empresario?, exalcalde de Marbella y malversador en serie, fundó en 1991 un partido político llamado el Grupo Independiente Liberal (GIL). Con este partido impulsó todo tipo de saqueos de fondos públicos por los que fue condenado en firme e ingresó en prisión. Ojalá don Jesús se hubiese apellidado García y así nos habríamos ahorrado el juego de palabras de las siglas.

Otros empresarios no han entrado en política, pero han simultaneado una defensa pública del libre mercado con sistemáticas peticiones privadas de favores estatales. La forma habitual de hacerse rico en España durante muchos siglos ha sido la presión para conseguir un favor estatal. Esta práctica va en contra de lo que defiende el liberalismo.

La idea básica del libre mercado es que el juez máximo sobre quién debe hacerse rico es el consumidor. Cuando funciona el mercado, el consumidor compra voluntariamente aquello que más le satisface. El empresario que venda productos que satisfagan a muchos consumidores se hará rico y el que venda productos que la gente no quiera comprar, quebrará.

Seguimos estando lejos aún de haber generalizado esta forma de hacerse rico en España pese a la llegada de la democracia liberal. Nos enfrentamos al legado de siglos de historia de favores, concesiones y mercedes estatales. Durante todo este tiempo se ha entendido la economía como un asunto de gremios y no de consumidores.

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Los gremios nacieron en Europa en el siglo X como asociaciones de artesanos de un mismo oficio y rápidamente se convirtieron en grupos de presión para defender intereses económicos a través de acciones políticas. Los jefes de obra y arquitectos de las catedrales, por ejemplo, crearon gremios de masones. Las pruebas de acceso de los gremios son duras y exigen años de dedicación. Pero, una vez superadas, los miembros se aseguran un sustento y una relevancia social. Eso supone un formidable incentivo para conseguir miembros y pa- ra movilizar fuerzas con intenciones políticas, en particular, para asegurarse el monopolio de la provisión de su mano de obra especializada.

Los gremios consideran que la economía es una tarta a repartir. Cuando la economía se ve como una tarta, se entiende que la riqueza existente pertenece al grupo en su conjunto y no a las personas que la generan. Si la riqueza producida en un país es de todos, la función de las autoridades públicas es la de repartirla «justamente». El gremio tiene como objetivo presionar a la autoridad para que le entregue el mayor trozo posible de tarta. La idea liberal de que la riqueza crece para todos gracias a la libertad de comercio y de que nadie debe arrogarse el poder de repartirla (dado lo que sabemos pasa al que parte y reparte) es la opuesta a la de los gremios.

Dado que son organizaciones fundamentalmente políticas, los gremios aplican a la economía la lógica del juego de suma cero. En política, la ganancia de uno es la pérdida de otro. No así en la economía donde la competencia y coordinación implícitos al libre mercado permiten que todos pueden ganar. Si la economía no fuese un juego de suma positiva que crea valor, el nivel de vida humano no habría avanzado desde los hombres de Cromagnon. Las ideologías que preconizan que «la economía no es un espacio aislado de la política» tienen la misma mentalidad gremial que impide entender el funcionamiento del mundo con reglas ajenas a la política.

Adam Smith, el referente del liberalismo del siglo XVIII, alertó sobre el peligro de los gremios en su obra más importante La riqueza de las naciones. Previno Smith: «Los comerciantes del mismo gremio rara vez se reúnen, siquiera para pasar un buen rato, sin que la conversación termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para aumentar los precios».13 La tendencia natural de los gremios es a promover sus intereses en perjuicio de los de los consumidores reduciendo así el tamaño de la «tarta». Smith y sus seguidores liberales promueven los intereses de los consumidores en perjuicio de los de los gremios aumentando, así, el tamaño de la «tarta».

La consecuencia de la acción continuada de los gremios es la pobreza y la escasez. El triunfo de sus postulados genera un círculo vicioso. Los gremios promueven la ineficiencia haciendo rico al que mayor capacidad política tiene en vez de al que mejor producto vende; esto provoca que la economía no crezca, lo que, a su vez, alimenta la presión ejercida por los gremios para por lo menos mantener el tamaño de su trozo de tarta.

Frédéric Bastiat, el gran liberal francés del siglo XIX, también criticó a los gremios. Su crítica más famosa es su «Petición de los fabricantes de candelas, velas…» de 1845.14 El texto es una parodia de la acción de los gremios, imitando su estilo, lenguaje y métodos. En él, los fabricantes de velas piden a la Asamblea Francesa que tome medidas para protegerles de la «intolerable competencia de un rival extranjero»: … el Sol. Para promover el consumo de luz artificial, los gremios solicitan «una ley que ordene el cierre de todas las ventanas, tragaluces, pantallas, contraventanas…».15

Permítaseme una digresión malévola a este respecto: dado que la regulación del sector de la energía en España ha producido un déficit de tarifa eléctrica (la diferencia entre el coste de producir la energía y el dinero que reciben las eléctricas por producirla) de 25.000 millones de euros —545 euros por residente en España— y que, además, tenemos una potencia instalada que duplica la que necesitamos, parecería que ciertos productores de energía han alcanzado en la España del siglo XXI el objetivo parodiado por Bastiat en el siglo XIX de crear regulaciones energéticas disparatadas.

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La lealtad es la exigencia máxima de los gremios. Si eres leal al gremio, el gremio se ocupará de ti. El miembro del gremio forma parte de un grupo cuyo poder político se basa en la sumisión a la voluntad de los líderes. La lealtad es, en gran medida, obediencia a la autoridad. La fortaleza del gremio depende de que todos sus miembros estén unidos. La deslealtad de un miembro debilita al gremio en su conjunto y, por ello mismo, debe ser prevenida. La lealtad asegura la unidad y esta, a su vez, la fuerza del gremio.

La lealtad se ejerce, por ejemplo, luchando contra el «intrusismo» de la gente que se dedica al mismo oficio sin haber superado las pruebas de acceso requeridas por el gremio. Su competencia hace que bajen los ingresos de los miembros del gremio y debe, evidentemente, ser combatida. Los gremios buscan siempre limitar la competencia, no aumentarla. Una forma muy habitual de alcanzar este objetivo es calificar su acción como de «interés social». Se da por hecho que lo social es lo moralmente superior y, por tanto, no debe ser sometido a la competencia que genera el moralmente inferior mercado. Cuanto más se acredite el valor «social» de un interés creado, mejor podrá defenderse.

La lealtad gremial también se ejerce cuando, frente a críticas externas por el comportamiento poco ejemplar de algún miembro, se reacciona defendiendo la honorabilidad del gremio en su conjunto y la de la gran mayoría de sus miembros. Una vez más, lo importante es el grupo y no el individuo. La indignación ajena ante un presunto delito cometido por un miembro del gremio es respondida con un «más indignados estamos nosotros» que refuerza la cohesión interna del grupo marcando distancias con el resto de la sociedad.

La sanción máxima que un gremio pueda aplicar a un miembro es su expulsión. El gremio ve las responsabilidades ante la Justicia a las que se pueda enfrentar su miembro como una cuestión secundaria. Lo importante es zanjar si el acusado sigue siendo «de los nuestros» o no. Esto lleva a que las explicaciones requeridas sobre el comportamiento de un miembro expulsado por el gremio se respondan a menudo con un «esa persona ya no es de los nuestros». Un miembro expulsado pierde el amparo de sus compañeros y pierde, también, un rasgo básico de su identidad. Pierde su posición social. El terror que le provoca al miembro pensar que pueda estar solo en la vida y que ya no pueda definirse como un «x» o miembro de «y» le suele llevar a acatar a rajatabla las órdenes del gremio.

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Los gremios alimentan una concepción corporativa de la sociedad. Esta mentalidad defiende que la sociedad está formada por bloques en vez de por individuos. Así, la persona es quien es en función del gremio o del grupo al que pertenezca. Si la identidad de la persona se define por su pertenencia a un grupo, la relevancia política del individuo se esfuma. Los grupos son las unidades básicas de la sociedad y las opiniones relevantes son las de sus líderes. Se entiende que la persona no puede tener una opinión distinta a la de su líder; más aún, su función no es tener una opinión propia sino apoyar la de su líder.

Un régimen basado en una concepción de la sociedad formada por bloques en vez de por individuos no puede ser una democracia. La democracia se define, entre otras ideas, por la de «una persona, un voto». Cuando los que cuentan son los bloques y no las personas, el individuo no dispone de libertad de voto. El grupo le representa y vota por él. Además, los bloques, a través de sus líderes, son manipulables y contribuyen a que el poder se ejerza de arriba abajo.

La «democracia orgánica» franquista fue un ejemplo de esta concepción corporativa de la sociedad. Las Cortes Españolas franquistas estaban compuestas por tercios que representaban a tres grupos: la familia, el municipio y el sindicato. Aparte había procuradores (diputados) que representaban a distintos colegios profesionales como los de ingenieros, abogados o médicos.16 El jefe del Estado también tenía la facultad de designar a procuradores, facultad que ejercía designando a representantes de otros estamentos como la Iglesia, las Fuerzas Armadas o la Administración. Las Cortes aprobaban leyes, pero estas no entraban en vigor hasta que no fueran sancionadas por Franco. Las Cortes, pues, «representaban» (es un decir) a los españoles, pero no tenían un poder legislativo ni de control del gobierno.

Franco rechazaba la existencia de partidos políticos. El cauce de participación política bajo su régimen fue el Movimiento Nacional, cuya función era unir lo que, supuestamente, los partidos habrían dividido. El Movimiento unía, entre otros, al partido único (que no se denominaba oficialmente partido) —la Falange Española Tradicionalista y de las JONS—, al sindicato único, a los empleados públicos (incluyendo a los universitarios) y a ciertas organizaciones sociales.

La función de las Cortes y del Movimiento fue aplicar las órdenes del Caudillo, no representar a los españoles. Este sistema fue aplicado en contraposición de la abiertamente rechazada democracia liberal. El franquismo rechazaba el individualismo inherente a la democracia liberal por promover una ideología disolvente de la unidad nacional. Sobra recordar que ninguno de los procuradores franquistas era elegido a través de comicios basados en la idea de «una persona, un voto».

La mentalidad corporativista y gremial del franquismo se reflejó, incluso, en los carnés de identidad.17 El DNI —creado por el régimen franquista en 1944 y del que Franco tenía el número 1— incluyó el rubro de «profesión». En una sociedad corporativa, la identidad de la persona se define por su profesión. Esta se determina a su vez por los estudios necesarios para adquirir el oficio. Los estudios de Derecho, por ejemplo, dan (o daban hasta una reforma muy reciente propiciada por la aplicación del Plan Bolonia de la Unión Europea) el rango de abogado y los de Economía, el de economista. En una sociedad corporativista, los estudios determinan a la persona.

Que alguien que haya estudiado, por ejemplo, Filología quiera luego trabajar como directivo de una empresa aún suena raro en España. Nuestra mentalidad gremial nos sigue llevando a pensar que los estudios determinan la carrera profesional. Esto no es así en países menos gremiales que España como Estados Unidos. Carly Fiorina, por ejemplo, fue considerada uno de los ejecutivos más poderosos de la industria tecnológica en la primera mitad de los años 2000. Fue la primera mujer nombrada (en 1999) consejera delegada del gigante tecnológico Hewlett-Packard. Es licenciada en Filosofía e Historia Medieval.

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La Ley de Partidos de 1978 no supo enterrar la mentalidad orgánica y corporativa del franquismo: fue una ley muy escueta, de solo seis artículos, que ni siquiera definió qué es un partido político ni mencionó su función de representación política, pero que se cuidó de prever en su artículo 6 la financiación pública de los partidos. La práctica de los partidos políticos tampoco ha superado del todo el franquismo. Esto ha llevado a que, por ejemplo, el artículo 7 de la nueva Ley de Partidos de 2002 que dice que «la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos» haya sido ampliamente ignorado. Y, sobre todo, las votaciones en todas las cámaras parlamentarias nacionales y autonómicas y en los plenos municipales se siguen haciendo por bloques. La unidad básica de estas instituciones es el grupo parlamentario, igual que lo fueron los tercios en el pasado. El diputado o concejal es, por así decir, un delegado del partido en la cámara. En cambio, la representación real de los ciudadanos pasaría por la acción individual del diputado o concejal en función de los intereses de sus representados.

Además, merece la pena destacar el año de nacimiento de los líderes de los cuatro mayores partidos españoles: Mariano Rajoy, 1955; Alfredo Pérez Rubalcaba, 1951; Cayo Lara, 1952; y Rosa Díez, 1952. Todos tenían por lo menos veinte años cuando Franco murió.

Pero hay más. Cándido Méndez, el líder de UGT, nació en 1952. Ignacio Fernández Toxo, líder de CCOO, en 1952. Joan Rossell, el presidente de la patronal CEOE, en 1957. Los sindicatos y la patronal también son instrumentos de representación ciudadana y comparten en gran medida la lógica gremial con los partidos políticos. Forman parte del problema de representación política que existe hoy en España.

Vista la coincidencia en la edad de los máximos dirigentes de los partidos, sindicatos y patronal españoles, cabe preguntarse si sus procesos de renovación interna están funcionando correctamente. Sobre todo si comparamos las fechas de nacimiento de los líderes actuales con las de los líderes de hace veinte años: José María Aznar nació en 1953; Felipe González en 1942; Julio Anguita en 1941; Antonio Gutiérrez (entonces líder de CCOO) en 1951; José María Cuevas (de la CEOE) nació en 1935 y, en UGT, Cándido Méndez llegó a su secretaría general en 1994.18 Los líderes eran bastante más jóvenes entonces de lo que lo son ahora. La concentración de poder en las cúpulas de los partidos políticos y demás organizaciones «sociales» ha llevado a petrificar sus procesos de renovación interna. La regeneración política pasará también por un cambio en la edad de los máximos responsables de estas cúpulas.

Relacionado con esto está, evidentemente, la vida del político fuera de la política. Los gremios se basan en crear barreras de entrada, pero también de salida. Cuando se está dentro se activan todos los mecanismos para proveer de sustento al miembro a cambio de su lealtad, lo cual genera un incentivo perverso en política porque de este modo se atrae a gente para quienes las barreras son bienvenidas. Pero las barreras aíslan. Cuando uno se dedica a la representación de los demás, aislarse es lo contrario de lo que debe hacer. Los partidos políticos deben combatir el aislamiento, no fomentarlo. Están para representar a los demás, no a sí mismos.

Las barreras de salida incentivan, además, el deseo de aferrarse al sillón. Se aferra al sillón quien tomaría una petición de relevo como una traición: una traición a su persona y a las reglas de juego que rigen la vida interna del gremio. El gremio está para aumentar o mantener el estatus de sus miembros, no para rebajarlo. La inercia de los gremios los lleva a mantener a la gente en sus puestos, siempre y cuando se den continuas muestras de lealtad. En virtud de ello, suelen ser los menos capacitados para su trabajo los que más defienden la lealtad entre sus miembros porque será la lealtad y no otra cosa la que les asegurará su puesto de trabajo. Además, la lealtad puede en ocasiones ser más exigida que solicitada al amenazar con airear «secretos inconfesables» del gremio. Bárcenas, parece ser que buscó el amparo continuado de su partido. Por suerte, no lo encontró. La lealtad como valor supremo es un lastre para la calidad del trabajo de los miembros de un gremio.

Esta lógica gremial es doblemente nociva si se produce en un partido político porque un partido tiene una capacidad de influencia sobre el Estado muy superior a la de todos los demás gremios. De hecho, la razón de ser de los partidos es dirigir el Estado, contrariamente a los demás gremios que aspiran a influir en él.

Por otro lado, los incentivos gremiales y la restricción de la competencia que generan alientan el conformismo y la falta de creatividad dentro de la organización. El pensamiento del grupo se impone sobre el del individuo, asfixiando su originalidad. España necesita de sus políticos justo lo contrario ahora mismo. Necesita menos lecciones bien aprendidas y más rupturas de esquemas. La salida de la crisis depende, en gran medida, de las ideas imaginativas y del inconformismo político.

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Los políticos van a tener que impulsar y aprobar las reformas que España necesita. Es su responsabilidad hacerlo. La política es un oficio de representación ciudadana. La democracia liberal presupone que los ciudadanos depositan su confianza en sus representantes para que estos tomen decisiones que les favorezcan en su conjunto. Sin embargo, las reglas de juego actuales llevan a que los políticos en España ejerzan su responsabilidad como miembros de un gremio, lo que les lleva a ser leales con otros políticos antes que con los ciudadanos. Han creado un corporativismo de políticos.

Los incentivos están puestos en España para que el político se defina por haberse ganado la confianza de su partido y no la de sus votantes. «Ganarse la confianza del partido» es estar a buenas con un número muy reducido de personas que son las que mandan de verdad en el partido (es decir, las que deciden los nombramientos e inclusión en listas electorales).

La cuestión no es que las personas que mandan decidan mejor o peor quién debe representar a los ciudadanos. La cuestión es que están decidiendo ellas y no los ciudadanos. La equivocación de los ciudadanos en el momento de votar —por ejemplo, a Jesús Gil— siempre será menor que la que supone sustraerles la facultad de decidir quién les debe representar.

Cuando la relación de confianza entre representantes y representados se quiebra, cuando la capacidad de representación política se pierde por culpa de la mentalidad gremial de los políticos, el sistema en su conjunto se resquebraja.19

En capítulos posteriores propondré ideas sobre cómo romper la mentalidad gremial de los partidos. En este momento me limitaré a insistir en que la reforma básica, de la que dependen tantas otras reformas en España, es la reforma de los partidos políticos y de la ley electoral. Estas reformas cambiarán los incentivos de los políticos para reducir su corporativismo y mejorar la calidad de su trabajo y de nuestra democracia.

También ayudará a romper la inercia gremial de los partidos el que los políticos no se crean los mejores.

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PERO ¿LOS MEJORES EN QUÉ?

Es relativamente habitual que un presidente defina a su equipo de gobierno o a su lista electoral como la «de los mejores».

La apelación a los mejores viene de largo. Ortega y Gasset en los años veinte del siglo pasado ya hizo constantes referencias a los «mejores» en su España invertebrada con un encomio digno de mejor causa. Sirva esta cita como ejemplo: «La misión de las masas no es otra que seguir a los mejores, en vez de pretender suplantarlos».

Confieso que el discurso de «los mejores» me chirría. Esto es así por las siguientes razones:

Primero: se invierte la lógica. No es que el presidente haga un proceso de selección con criterios objetivos y elija a los que saquen mejores calificaciones, sino que elige a personas por motivos varios (incluyendo, claro está, la lealtad) y, a continuación, las califica de «mejores». Es decir, los elegidos no lo son por ser los mejores, sino que son los mejores por ser los elegidos.

Segundo: nunca se explica en qué son los mejores. ¿Lo son en pensar, en comunicar, en tomar decisiones difíciles, en liderar equipos, en asumir responsabilidades, en obtener los votos que han permitido que el partido gane las elecciones, en hacerle la pelota a su jefe, en echarles la culpa a los demás de sus errores, en conspirar contra sus enemigos…?

Tercero: los elegidos corren el serio peligro de creerse los mejores. Cuando se enfrenten a la inevitable controversia que sus decisiones generarán, estarán tentados de preguntarse cómo es que la gente les contradice cuando son «los mejores». Cualquier decisión que tomen, esté mejor o peor pensada, elaborada y comunicada, será la decisión del mejor y por ello —podrían creer— será la correcta. Y sin embargo, lo que hay que juzgar es la valía la decisión, no la de la persona. La arrogancia es un fatal defecto para el político.

Cuarto: demasiado a menudo «el mejor» confiesa con falsa modestia su voluntad de sacrificarse por el bien de España, de la comunidad autónoma, del servicio público, etc. El elegido da a entender que viviría mejor (en particular, ganando más dinero) dedicándose a otra cosa, pero que está dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. Ahora bien, cabe preguntarse si es bueno que los ciudadanos tengan a responsables políticos para quienes aceptar un cargo sea un sacrificio. ¿No debería ser al revés, que el elegido quiera ejercer el cargo con todo su empeño y no considere dedicarse a otra cosa? La pose de «yo estaba muy bien como estaba, pero me vinieron a buscar» sigue teniendo predicamento en España. El hecho de que dedicarse a la política sea una aspiración inconfesable da que pensar. Visto el descrédito de los políticos y su general impopularidad, puede parecer entendible. Pero lo lógico sería que las razones por las que no se quieran confesar las aspiraciones políticas llevasen a intentar reformar la política y no a dedicarse a ella como si uno no quisiese hacerlo.

Quinto: se asocia ser el mejor a estar por encima de la pelea política. Al haber demostrado ya ser el mejor, parecería que ensuciarse en la batalla política sea una distracción de lo realmente importante. La mentalidad de quien se cree el «mejor» es fundamentalmente tecnocrática. Ve la política como una cuestión de gestión y no de confrontación política. La voluntad expresada por Mario Monti tras su dimisión de volver a ser nombrado primer ministro italiano sin presentarse a las elecciones generales es un buen ejemplo. Ahora bien, los debates públicos no los gana quien tiene razón, sino quien logra que se la den. Y lo primero que hay que hacer para que te den la razón es plantear una batalla de ideas, lo que implica justificar tus actos y criticar los del contrario. «El mejor» no debe olvidar nunca que antes de ser considerado para un cargo se deben ganar unas elecciones.

Sexto: en España existe la tendencia de asociar «mejor» con quien haya aprobado la oposición más difícil. Se pone a los letrados del Consejo de Estado, abogados del Estado o inspectores de Hacienda en la cumbre de una pirámide de la excelencia porque han superado unos exámenes muy difíciles y accedido a un puesto vitalicio del Estado.

Que la integración en los puestos de mayor responsabilidad burocrática del Estado automáticamente confiera la cualidad de «mejor» es cuestionable. Hay vida más allá del Estado. Se pueden haber demostrado enormes virtudes en esferas ajenas al Estado que no son inferiores a las ejercidas dentro del Estado. No creo que formar parte de un cuerpo del Estado defina quién es el mejor.

¿Son las virtudes necesarias para aprobar las oposiciones a los altos cuerpos del Estado las mismas que para ser un buen político? Esto lleva a preguntarse cuáles son las virtudes de un político.

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Conocer la Administración es básico para trabajar en ella. Entender su lógica, sus procedimientos, sus controles internos y los preceptos jurídicos que rigen la tramitación administrativa contribuye a que el político supervise e impulse con conocimiento de causa la labor pública de la que es responsable. Pero la Administración es un medio, no un fin para el político. Su labor será juzgada, ante todo, por la calidad y coherencia de sus objetivos y por su capacidad para realizarlos.

Las cualidades necesarias para que el político logre estos objetivos puede que ni aparezcan en su currículo, pero definirán su éxito político. Estas son: su afán reformador, la lealtad a sus principios, su carácter para afrontar críticas y su capacidad para explicar sus decisiones. Estas son las cualidades que, en gran medida, revelan los procesos de elección democrática de los candidatos que a ellos se presentan.

En general, un buen político es aquel capaz de cambiar las cosas para mejor. Todos sabemos que hay muchas cosas que no funcionan. Todos queremos que las cosas cambien. Los políticos son los encargados por los ciudadanos para que, desde el Estado, hagan los cambios necesarios para que las cosas mejoren.

Hacer esto es mucho más difícil de lo que pueda parecer. Hay muchos intereses creados, mucha gente dispuesta a pelear para que los cambios no le perjudiquen, mucha comodidad en vivir de la inercia, mucha tendencia a pensar que una carrera política larga depende de saber evitar meterse en líos. Como dijo el presidente norteamericano Woodrow Wilson: «Si quieres hacerte enemigos, intenta cambiar algo». Las reformas generan odios y las reformas profundas, odios profundos.

Ahora bien, las reformas justifican la existencia de los políticos. Para dejar las cosas como están, basta con tener gestores al frente de la Administración (y, en este caso, sí que se necesitarían a los mejores gestores). Pero para que las cosas mejoren debe haber gente que sepa qué hay que hacer, con la fortaleza necesaria para prevalecer sobre los que se opongan a estos cambios y con la capacidad de convicción para asegurar que la mayoría de los ciudadanos le apoye.

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En resumen, por muy buen currículo que pueda tener o por muy brillantemente que haya ganado unas elecciones, el político demostrará ser el mejor no cuando se le nombre, sino cuando cese. Nunca debería calificarse a un político como el mejor nada más acceder a un cargo. En el momento de llegar aún tiene todo que demostrar. Cuando cese, sin embargo, habrá demostrado de qué estaba hecho. Y lo habrá demostrado por la vía de los hechos, por la calidad de sus reformas. Una vez más, se juzgarán los hechos y no las intenciones. Ocurre lo mismo con la honradez: nadie debería ser calificado de honrado al ser nombrado; solo se le debería considerar como tal una vez que haya cesado (y transcurridos unos años).

El mejor, curiosamente, será aquel que ya no tenga responsabilidades. Y más vale que así sea. De esta forma, si el halago se le sube a la cabeza, no podrá dañar los intereses de los ciudadanos desde un puesto de responsabilidad.

Un político debe sentir constantemente que lo tiene todo por demostrar, que no hay ninguna renta de la que pueda vivir. De ahí nacerá su incentivo para dar explicaciones a quien se las debe y no a quien habitualmente se las da hoy por hoy en España.

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¿A QUIÉN LE DEBO EXPLICACIONES?

El secreto mejor guardado de España no es cómo pudo el Real Madrid pasar de ganar la Liga 2011-2012 con 100 puntos a estar a 18 puntos del Barça a mitad de la Liga 2012-2013. El secreto mejor guardado de España es cómo se elaboran las listas electorales.

Estas listas tienen una importancia difícil de exagerar en nuestra democracia. Determinan quiénes serán los representantes de los ciudadanos, aquellos que autorizarán y supervisarán las grandes decisiones políticas de nuestro país.

Es bien sabido que estas listas son cerradas. El votante no elige a quién vota, sino a qué partido vota. La lista de nombres es prácticamente un apéndice del logo del partido. Esto lleva a que la responsabilidad política ante el ciudadano se difumine en un ente abstracto. El secretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger preguntaba hace cuarenta años: «Cuando llamo a Europa, ¿a quién llamo?». Hoy en España, el votante medio también se pregunta: «Cuando llamo a mi representante político, ¿a quién llamo?».

El misterio de la elaboración de las listas no se debe a que no se sepa quién las decide. Es evidente que son las cúpulas de los partidos, es decir, dos o tres personas que tienen despachos grandes, con ventanas y sofás en las sedes de los partidos políticos. La pregunta es qué criterio utilizan para elaborarlas. Al no conocerlo, hay que adivinarlo. De ahí el análisis pormenorizado que hacen políticos y periodistas de las listas una vez publicadas. Es una forma de tener pistas sobre quién está en alza en el partido y quién no. Pero para el votante medio —el que importa de verdad—, una lista electoral se asemeja a la voz de un oráculo, tan importante como incomprensible.

El voto es una acción demasiado importante para la salud de una democracia como para reservar su comprensión a los iniciados. El votante debe poder votar a personas que conoce y no solo a símbolos a los que acompañan listas de personas desconocidas. Conocer al cabeza de lista no es suficiente; esa persona no estará en el día a día de la interlocución con los ciudadanos. Cuando no hay responsabilidad personal, no hay responsabilidad.

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Los incentivos se aplican a los políticos como a cualquier hijo de vecino. La salida de la crisis no depende de que los políticos entren en cabinas telefónicas y salgan convertidos en superhéroes (mejor así porque las cabinas telefónicas pasaron ya a mejor vida; pobre Superman). Depende de que tengan los incentivos correctos.

A fecha de hoy, el sistema electoral de listas cerradas lleva a que el político se someta y rinda cuentas a sus superiores jerárquicos en el partido en vez de a los ciudadanos. Esto implica, por ejemplo, que los políticos deban pedir explícitamente a sus superiores que les incluyan en las listas y que estos esperen que se lo pidan. El sistema no está basado en pedir el voto a muchos, sino el dedo a pocos. La satisfacción de la petición dependerá de que se haya cultivado dócilmente la buena voluntad superior. Este incentivo es incorrecto. Si se busca la aprobación de los jefes del partido por encima de la de los votantes se subvierten las reglas básicas de la democracia.

La democracia se funda en la representación popular. Los orígenes de la democracia moderna vinculan la representación con los impuestos (No taxation without representation —«ningún impuesto sin representación»— clamaron los colonos en Norteamérica contra los delegados de la corona británica a partir de los años 1750). Los impuestos violan un derecho fundamental como es el de la propiedad privada al impedir que el ciudadano disponga de la totalidad de los frutos de su trabajo. Por ello, y entendiendo que el Estado debe financiarse a través de impuestos, la democracia exige que el destino de estos impuestos esté sometido a la supervisión de los contribuyentes a través de sus representantes libremente elegidos.

Las listas cerradas impiden el cumplimiento de este requisito básico de representatividad. El votante presta su confianza a unos representantes que saben que no se convertirán en cargos electos gracias a su voluntad sino a la de los mandamases del partido. Esto les lleva a que, una vez elegidos, no se sientan prioritariamente responsables ante el votante. Mi simpatía por el movimiento 15-M y por los indignados es nula (más adelante seré más explícito al respecto). Ahora bien, no puedo dejar de admitir que el lema «no nos representan» es correcto en el sentido aquí definido.

Es indispensable que se cambie la Ley Electoral en España para que diputados y concejales tengan el incentivo de dar explicaciones a sus votantes por encima de a los aparatos de sus partidos (si bien es cierto que los concejales dan la cara ante sus votantes mucho más de lo que lo hacen los diputados y senadores). Es importante señalar a este respecto que las comunidades autónomas tienen la competencia para establecer sus sistemas propios electorales. La reforma electoral, por tanto, no pasa únicamente por cambiar la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) a nivel nacional, sino que cualquiera de las diecisiete comunidades autónomas podría abrir el camino.

La clave de la reforma sería introducir las listas abiertas y el voto por circunscripción uninominal. El diputado debería representar individualmente a un distrito electoral y no colectivamente a una provincia. La provincia de Madrid, por ejemplo, ahora está representada por treinta y seis diputados en el Congreso; el madrileño medio seguramente conoce a los que pueda contar con los dedos de una mano y tiene fácil acceso a incluso menos. Cada votante debería poder saber quién le representa, con nombres y apellidos.

Una mayor responsabilidad frente a los electores traería también un mayor conocimiento de causa a la labor diaria de los diputados. Hoy por hoy muchos diputados no saben lo que están votando cuando votan iniciativas parlamentarias. Su tarea es cumplir con la indicación que les da el responsable del grupo parlamentario sobre el sentido de su voto, no es conocer el contenido de lo que están votando.

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Es legítimo debatir sobre si todos los diputados deberían elegirse por circunscripción uninominal (caso de Estados Unidos o del Reino Unido) o si debería haber un sistema mixto entre listas de partido y circunscripciones (caso de Alemania).

El diario El Mundo en sus «100 propuestas para fortalecer y defender la democracia» publicadas en la antesala de las elecciones generales de noviembre de 2011 proponía elevar a 400 el número de representantes en el Congreso de los Diputados: 150 serían elegidos a través de listas desbloqueadas (en las que el votante podría elegir la persona a la que vota) y los otros 250 serían elegidos por distritos uninominales (circunscripciones). Es una opción que merece ser considerada. El coste adicional que supondrían los 50 diputados extra se vería largamente compensado por la mejora en la calidad de nuestra democracia.

Por otro lado, el grupo parlamentario del PP de Madrid presentó en noviembre de 2011 una propuesta para cambiar el sistema electoral de la Comunidad de Madrid. Inspirada también en el sistema alemán, la propuesta crearía 43 circunscripciones en Madrid (19 de ellas en la ciudad de Madrid). Las elecciones autonómicas implicarían dos urnas: en una el elector depositaría su voto para el candidato de su circunscripción y en la otra una lista de partido. Un tercio de los diputados autonómicos sería elegido por votación directa y dos tercios a través de la lista. La propuesta implicaba la reforma del Estatuto de Autonomía madrileño que a su vez requería una mayoría de dos terceras partes de la Asamblea madrileña. PSOE e IU rechazaron la idea y la reforma permanece estancada.20

Es evidente que esta medida debilitará a los partidos políticos. La disciplina de partido se verá afectada y seguramente habrá más casos de transfuguismo. Pero, la cuestión verdaderamente importante es en qué medida la disciplina de partido es el valor supremo a preservar en nuestra democracia. El transfuguismo es un problema más para los partidos que para los votantes. Con las nuevas reglas, el tránsfuga dejaría de darle explicaciones a su partido original, pero tendría que seguir explicándose ante sus votantes. Un cambio de partido, fuese por transfuguismo o por expulsión, no anularía la exigencia de seguir representando a los ciudadanos. Con las reglas actuales, un diputado expulsado de un grupo parlamentario (como ha ocurrido tras ciertos casos de corrupción como el Gürtel) ha seguido con el escaño sin darle explicaciones a nadie.

El funcionamiento actual de los partidos está fortaleciendo su disciplina interna a cambio de debilitar la democracia de nuestro país.

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Tomemos un ejemplo concreto y algo extremo de lo que puede llegar a pasar si se cambian los incentivos de los diputados. Ocurrió en Estados Unidos en 2008. Es tan inconcebible que ocurra en la España de 2013 como que el Chiquilicuatre gane alguna vez el Festival de Eurovisión.

En septiembre de 2008 el sistema financiero norteamericano estaba al borde del colapso. Lehman Brothers había quebrado y una larga lista de otras entidades financieras —bancos, aseguradoras, bancos de inversión…— estaban a un paso de hacerlo. El secretario del Tesoro, Hank Paulson, sometió entonces a la aprobación del Congreso norteamericano una ley que, en resumen, ofrecía a estas entidades financiación por valor de hasta 700.000 millones de dólares.

Primera cuestión reseñable: el que decidió el rescate de los bancos fue el Congreso en representación de los ciudadanos de Estados Unidos, no fue el gobierno. El gobierno propuso el rescate, pero quien lo aprobó y definió fue el Congreso. Además, es importante recordar para lo que viene a continuación que el gobierno estaba entonces presidido por el republicano George Bush.

En una primera votación celebrada el 29 de septiembre, la Cámara de Representantes votó en contra del rescate. Los demócratas (la oposición a Bush) votaron a favor del rescate 140-95, pero los republicanos votaron ¡en contra! 133-65. Los diputados republicanos rechazaban que se usasen fondos públicos para rescatar a empresas privadas.

La ley pasó entonces al Senado con el encargo de revisarla y con un enorme miedo en el cuerpo producido por la mayor caída de la historia del índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York: 777 puntos en un día. Fue reformada y el Senado la aprobó en votación celebrada el 1 de octubre. Los demócratas votaron a favor 41-11 y los republicanos también votaron a favor, aunque con un menor margen: 34-14.

La ley revisada volvió a la Cámara de Representantes y la nueva votación, celebrada el 3 de octubre, esta vez sí que resultó favorable. Los demócratas votaron 172-63 a favor, pero los republicanos volvieron a votar mayoritariamente en contra: 108-91.

En resumen, el gobierno de Estados Unidos sacó adelante una ley que había propuesto gracias al apoyo de la oposición y con el voto en contra de los diputados de su propia bancada. ¡Increíble!

¿Alguien se imagina al gobierno de Mariano Rajoy aprobando una ley con los votos a favor del PSOE y con los del PP en contra? No, claro. ¿Y por qué no? Porque los incentivos de los diputados están todos dirigidos a someterse a la disciplina de su partido. La voluntad del votante está supeditada a la voluntad de la cúpula del partido.

Una rebelión en masa de los diputados de un partido contra una ley de su gobierno sería considerada en España como una deslealtad y una traición imperdonables. Pero ¿una traición a qué y a quién? Dependerá de la razón por la que voten en contra. En el caso norteamericano, los diputados republicanos prefirieron ser desleales a su gobierno antes que serlo a sus votantes y a sus principios, principios respaldados por los votantes en las urnas. Y los diputados demócratas prefirieron respaldar al gobierno y hacer lo que creían correcto para el país antes que apuntarse la victoria política de propiciar un fracaso del gobierno de Bush. La política consiste siempre elegir de qué lado estás, a quién y a qué le debes tu lealtad.

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España está pasando y ha pasado momentos de crisis sistémica comparables a los vividos por Estados Unidos en 2008. Merece la pena comparar la actitud de los representantes de la nación española con la de la norteamericana.

En Morder la bala,21 la crónica del primer año del gobierno de Mariano Rajoy, la periodista de El Mundo Lucía Méndez transcribe una larga conversación mantenida en marzo de 2012 con el expresidente Rodríguez Zapatero. En un momento dado (p. 23), Zapatero dice lo siguiente:

Fíjate, el mejor recuerdo que guardo de ese periodo es cómo el partido se comportó conmigo desde mayo de 2010, con qué comprensión y qué responsabilidad me apoyó en los momentos más difíciles. Y aquí te digo una lección política que saqué de este periodo. Una de las cosas que hicimos mejor de la Transición fue la configuración de los grupos parlamentarios, darle a los partidos el poder de designar (sic) a los diputados. Eso es lo que ha consolidado al PSOE y al PP, a los dos grandes partidos. Imagínate que aquí hubiera división interna y que se rompiera la disciplina de voto en circunstancias tan delicadas para el país. No quiero ni pensarlo.

Más claro, agua. La soberanía popular es un incordio y de lo que se trata es de que los partidos «designen» a sus diputados. Zapatero está encantado de la «comprensión» de sus diputados en momentos difíciles cuando todos (incluido él) sabemos que de comprensión nada. Lo que hubo fue puro instinto de supervivencia de los diputados del PSOE para tratar de asegurarse un puesto en las listas en las próximas elecciones.

Además, pongamos que sí hubiese habido división interna. ¿Qué habría pasado entonces? Que Zapatero habría sido incapaz de gobernar y habría tenido que convocar elecciones generales por lo menos un año antes de cuando lo hizo. Esto habría sido malo para el amor propio de Zapatero, pero habría sido bueno para los españoles y, seguramente, bueno también para el PSOE que habría perdido bastantes menos de los cuatro millones de votos que perdió en noviembre de 2011.

A Zapatero no parece pasársele por la cabeza que parte del origen de la crisis es precisamente ese poder de los partidos para designar a sus diputados. Solo considera la utilidad de tener a sus diputados calladitos cuando caen chuzos de punta. No se le ocurre pensar (o quizá no quiera admitir) que la crisis habría sido menos severa con una mayor responsabilidad de los diputados ante sus votantes.

He utilizado este ejemplo del gobierno del PSOE pero, como creo que habrá quedado claro a estas alturas, no es un problema de gobiernos de un color o de otro. Durante el gobierno de Mariano Rajoy se han aprobado medidas que van diametralmente en contra de los principios y compromisos electorales del PP y ningún diputado ha votado en contra de la convalidación de los reales decretos-ley que han legitimado la aplicación de dichas medidas.

Pero insisto: el problema no es tanto de las personas que ejercen la política como de sus incentivos. Lo racional para los diputados españoles es apoyar las iniciativas de su gobierno porque es lo que les va a (casi) asegurar un futuro político. Lo racional para los diputados republicanos norteamericanos en otoño de 2008 fue no apoyar a su presidente porque, de lo contrario, esto les habría hecho perder las elecciones que estaban a apenas un mes de celebrarse.

Por eso, las reformas que propongo buscan cambiar los incentivos de los políticos españoles para que su comportamiento racional esté en mayor sintonía con las aspiraciones de sus representados.

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Lo dijo Clint Eastwood durante la convención republicana norteamericana celebrada en agosto de 2012: «Este país es nuestro, no es de los políticos. Los políticos son nuestros empleados (…). Y cuando alguien no hace su trabajo, hay que dejarle caer». España será más de los españoles y menos de los políticos el día que los políticos deban rendir cuentas, ante todo, a sus votantes.

Ese día será habitual que los ciudadanos escriban a sus diputados o senadores para pedirles que les ayuden a solucionar sus problemas. Ese día nuestra democracia habrá dado un salto de gigante para escapar del legado de siglos de caciquismo22 que todavía sufrimos en España. El poder se ejercerá de abajo arriba, el ciudadano sabrá quién es su representante y, además, le exigirá que actúe como tal.

Esto implicará que las cúpulas de los partidos pierdan poder: el poder que da designar a sus diputados y concejales. ¿Están dispuestas estas cúpulas a limitar su propio poder por el bien de España y de la representación política de los españoles? Esta es la pregunta clave para la regeneración democrática española.

La regeneración de la democracia española pasa, también, por avanzar en la separación entre Estado y partidos.

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«AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR…»

Que cuatro chavales durante un recreo voten a favor del reparto del bocadillo de un quinto chaval no es democracia. Ciertamente, una mayoría aplastante del 80 por ciento habrá votado a favor de redistribuir el bocadillo del desgraciado muchacho, pero la decisión de la mayoría habrá vulnerado un derecho fundamental del agraviado: su derecho a la propiedad.

El populismo apela a la supuesta legitimidad que da tener una mayoría parlamentaria para romper, en nombre del pueblo, las reglas del juego y vulnerar así derechos básicos como los de la vida o la propiedad. Cuando se habla en términos de «el pueblo quiere esto» o «el pueblo exige aquello» —y el 15-M se ha hinchado a hacerlo—, se puede estar seguro de que el que así habla aspira a vulnerar los derechos de alguien; a menudo, los de los contribuyentes.

Las reglas en un Estado de Derecho son contrapesos que ponen coto a la discrecionalidad del gobierno que cuente con la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar lo que le venga en gana. Los contrapesos son la mejor prevención contra los abusos de la mayoría. Montesquieu lo dijo en El espíritu de las leyes, el texto fundador de la idea de la separación de poderes del Estado: «Que el poder contenga al poder».

Los contrapesos a la acción de los gobiernos en España son ciertamente escasos. La separación de poderes es mínima, en particular entre el ejecutivo y el legislativo. Las leyes que se aprueban en España son tramitadas por las cámaras parlamentarias, pero emanan de los gobiernos.

Actualmente, los mayores contrapesos a la discrecionalidad del gobierno de España son, además de la ley y la prensa, la Unión Europea (también conocida por su nombre alemán: Angela Merkel) y los mercados. Ambos han prestado y siguen prestando mucho dinero a España. De su buena voluntad depende que el dinero se siga prestando. Por ello, sus opiniones son escuchadas con suma atención y las grandes decisiones son tomadas en función de su «qué dirán».

Un contrapeso añadido que sería tan efectivo como actualmente es poco concebible sería el de los partidos políticos.

Damos por hecho que el presidente de un gobierno debe ser al mismo tiempo presidente o secretario general de su partido (salvo en el caso del Partido Nacionalista Vasco). Y damos por hecho que los números dos, tres, cuatro, etc., de estos partidos sean ministros o consejeros en caso de estar en el gobierno. Esta (con)fusión entre Estado y partido es un hecho que se remonta, por lo menos, hasta el franquismo. Entonces, el máximo responsable del partido único era miembro del Consejo de Ministros y su cargo oficial era el de Ministro Secretario General del Movimiento. La «democracia orgánica» llevaba a que el partido político fuese una dependencia más del Estado.

Sin embargo, otras tradiciones políticas separan estrictamente partido y Estado. En Estados Unidos o en el Reino Unido, los altos responsables de los partidos no tienen responsabilidades de gobierno. Son elegidos para dirigir el partido y solo para eso. Al asumir sus tareas de partido, renuncian a ser cargos electos. Ayudan, en suma, a que otros sean elegidos.

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El ejercicio de la política exige normalmente una cantidad ingente de explicaciones a dar a todo tipo de personas. Esto genera una comprensible tentación para sus máximos responsables de limitar el número de explicaciones a dar reduciendo el número de personas a quien haya que darlas. O, lo que es lo mismo, se busca reducir el número de personas junto con quien se toma las decisiones. Así, las cúpulas de los partidos acaban siendo gobiernos en duplicado, lo que ha llevado en España a una concentración de poder en pocas manos que ha favorecido los abusos y a la falta de transparencia. Se sucumbe fácilmente al abuso cuando las explicaciones se deben a uno mismo y a poca gente más.

Un alto cargo en la Administración que también ejerza responsabilidades de partido siempre estará tentado, aunque solo sea por comodidad, de utilizar su despacho oficial para tareas de partido. De ahí solo media un paso para poner a la Administración al servicio de los intereses del partido. Toda persona debe tener claro si trabaja para el Estado o para el partido. Los solapamientos crean peligrosos conflictos de intereses.

Cuando son las mismas personas las que toman las decisiones clave se facilita la corrupción. La misma persona tiene el poder para impulsar la decisión por la que se le corrompe y para acallar —con, entre otras, la amenaza de las listas— las críticas internas que pudiese suscitar la decisión.

Además, la (con)fusión entre Estado y partido ha llevado a estructuras de partido excesivamente burocratizadas. Esto favorece la sumisión del partido a las decisiones tomadas por presidentes, ministros, consejeros o concejales. La misión del partido, como la de los funcionarios, no es cuestionar las decisiones que toma el ejecutivo, sino tramitarlas y aplicarlas.

¿Y por qué no va a ser la misión de un partido cuestionar las decisiones que toma su propio gobierno? ¿Por qué no va a poder pedirle explicaciones si ha contribuido a ganar las elecciones que han permitido los nombramientos de los altos cargos? Las personas en el gobierno lo están, en parte, porque un partido es mayoritario en la cámara que controla la labor del gobierno. Qué menos que poder exigirles explicaciones.

La separación partidos-Estado limitaría también la presión que pudiese ejercer el partido sobre miembros de su gobierno para corromperlos. De entrada, serían personas distintas con intereses y opiniones distintas. Además, una vez sustituidas las listas cerradas por listas abiertas o votaciones por circunscripción, el político, caso de ser un cargo electo, tendría mayores agarraderas para rechazar una presión del partido dado que su futuro no dependería exclusivamente de la voluntad de ese partido. Una llamada de un alto responsable del partido «interesándose» por algún contrato sería más fácilmente ignorada si el receptor de la llamada supiese que su carrera política está en manos de sus votantes y no en las de las plantas nobles de la sede de su partido.

Evidentemente, esta separación de partido y Estado no acabaría con la corrupción en España. Pero crearía un incentivo para ignorar presiones y hacer preguntas incómodas. La experiencia demuestra que la corrupción florece allá donde las personas toman decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. Como se suele decir, el mejor desinfectante es la luz del sol.

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La separación partidos-Estado implicaría también el final de la financiación pública de los partidos23 y de todas sus fundaciones. La consecuencia de la financiación pública actual de los partidos es su «burocratización». La financiación pública tiene tendencia a aplicar a la gestión interna de los organismos privados que financia los criterios de gestión pública que conllevan concentración de poder en las cúpulas y una fuerte jerarquía en la cadena de mando. Esto favorece que el poder se ejerza de arriba abajo.

La sustitución de la financiación pública por la privada llevaría a los partidos a vivir exclusivamente de las cuotas de sus afiliados y de donaciones privadas. Esto generaría un cambio radical en los incentivos y prioridades de sus cúpulas dirigentes. Contrariamente a lo que ocurre actualmente, una parte sustancial de su tiempo y esfuerzo se dedicaría a conseguir financiación para el partido. Como bien sabe cualquier comercial o autónomo de este país, convencer a alguien para que te dé su dinero voluntariamente es complicado. Hay que prestarle mucha dedicación.

En el momento en el que el ciudadano deba dar voluntariamente su dinero a un partido político y no coactivamente a través de sus impuestos como hace actualmente, los partidos políticos deberán esforzarse por convencerle de hacerlo. Deberán dar explicaciones para justificar el buen uso que se da al dinero. Eso sería un enorme incentivo para que los partidos fuesen más transparentes en el manejo de sus fondos.

De repente, el secretario general del partido se vería obligado a ir a sedes locales no solo para elogiar a su gobierno o para criticar al de un partido contrario, sino también para pedir dinero a sus afiliados. Tendría que dar explicaciones sobre el destino del dinero de las cuotas, por ejemplo, en lo referido a los sueldos de los dirigentes y empleados del partido. Y los afiliados tendrían ocasión de dar al secretario general su opinión al respecto.

Tomemos un contraejemplo de una reforma aparentemente regeneradora cuya aplicación acabaría reforzando la concentración de poder en la dirección del partido. El PSOE ha tenido la buena iniciativa de prever celebrar en octubre de 2013 una conferencia política para renovar sus propuestas. A lo largo del año celebrará distintas reuniones para debatir sus ideas. Una que ha aparecido en prensa es que sus afiliados deban pagar una cuota especial al partido si acumulan cargos. Este es un ejemplo de incentivo mal diseñado. ¿Por qué? Porque el mal que aparentemente busca limitar el PSOE —la acumulación de cargos— le va a suponer un beneficio: mayores ingresos a través de las cuotas especiales. Un incentivo correcto sería uno que implicase que la dirección del PSOE tuviese que asumir un coste —y no beneficio, insisto— por autorizar la acumulación de cargos.

Otra consecuencia beneficiosa de la financiación privada de los partidos políticos sería un mayor cumplimiento de los programas electorales. ¿Por qué?

Cualquiera que invierta su dinero en algo quiere que se cumplan las promesas bajo las que lo invirtió. Las promesas políticas se ponen negro sobre blanco en los programas electorales. Todos hemos oído la expresión de «contrato con los ciudadanos» en boca de algún candidato electoral para describir la naturaleza de su programa. Sin embargo, el programa no es un verdadero contrato: si el programa se incumple, el votante no puede sancionar al infractor más que, como mucho, en las siguientes elecciones. No existe contrato en ausencia de la capacidad de sancionar la infracción de lo acordado.

La cosa cambia si la financiación de una parte del contrato depende de la libre voluntad de la otra parte. De repente, aparece un potente incentivo para cumplir con el programa electoral. Si no se cumple, la gente se sentirá estafada y dejará de hacer aportaciones al partido.

A los afiliados como, en general, a los votantes de un partido (muchos de los cuales estarían dispuestos a contribuir con sus fondos al partido al que votan), les subleva que se incumpla sistemáticamente un programa electoral. En particular, si se hace justificándolo, como lo hizo el ministro de Justicia Ruiz-Gallardón el 21 de diciembre de 2012 al presentar su proyecto de reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «para lograr un acuerdo con el PSOE».

El programa electoral del PP preveía reformar el sistema de elección de forma que «doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías». La reforma presentada por el ministro Ruiz-Gallardón prevé, sin embargo, que los veinte miembros del CGPJ sean elegidos por el Parlamento, es decir, por las cúpulas de los partidos políticos.

El gobierno, por lo tanto, estuvo dispuesto a llegar antes a un acuerdo con sus contrincantes políticos que a respetar los compromisos adquiridos con el partido que lo apoya, sus afiliados y sus votantes. Lo hizo, claro, porque le salía gratis: el partido no podrá sancionarlo de ninguna manera por haberlo hecho. Si este anuncio se hubiese traducido en un desplome de la recaudación de su partido en el año 2013, quizá el gobierno se lo habría pensado dos veces antes de pactar con el PSOE esta quiebra tan flagrante de un compromiso electoral. La impunidad genera irresponsabilidad.

Lo mismo se puede decir de las subidas de impuestos aprobadas por el actual gobierno (en particular, la del IRPF a la semana de tomar posesión), del incumplimiento de la promesa de no tener que pagar a Hacienda el IVA de las facturas no cobradas o de la vulneración de principios básicos del PP que supuso la excarcelación del etarra Josu Bolinaga. No hay ninguna duda de que el gobierno sopesó distintas ventajas e inconvenientes antes de tomar estas decisiones. Pero una cuestión que seguro que no influyó en su decisión final fue la puesta en peligro del apoyo del PP al gobierno. Su apoyo se da por hecho.

La salud de nuestra democracia mejoraría si el apoyo del partido al gobierno no se diese tanto por hecho. Los cheques en blanco a un gobierno son siempre peligrosos. Los partidos políticos, en representación de sus afiliados y votantes y de los principios que defienden, deberían poder influir en los gobiernos para limitar al máximo las decisiones que vayan diametralmente en contra de sus programas electorales y principios básicos.

¿Alguien se imagina al presidente del partido en el gobierno llamando desesperado a Moncloa implorando al presidente del Gobierno que deje de incumplir su programa electoral o de vulnerar sus principios porque está llevando a su partido a la ruina? Qué buena noticia sería para nuestra democracia. Pero claro, esto dependería de por lo menos dos cuestiones: una, de que el presidente del partido y el presidente del Gobierno fuesen personas distintas; y dos, de que la financiación del partido fuese privada y no pública.

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Algún lector estará pensando: «Ya, muy bien, pero la financiación privada significaría en la práctica que grandes empresas captarían la voluntad de los partidos y los utilizarían para favorecer sus intereses». Las aportaciones privadas a los partidos políticos ya están limitadas por ley. La Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007 establece que ninguna persona física o jurídica podrá aportar a un partido más de 100.000 euros anuales y prohíbe, además, las «donaciones anónimas, finalistas o revocables». El cambio a una financiación puramente privada podría aumentar este límite a 200.000 o 300.000 euros, pero manteniendo, claro está, su estricto control y transparencia.

Ahora bien, como ha demostrado Barack Obama, el dinero de verdad no está en las grandes aportaciones (sin desmerecer su importancia), sino en las pequeñas y regulares donaciones de personas individuales. Gracias a las pequeñas donaciones —de 5 o 10 dólares— hechas cada semana o dos, Obama consiguió recaudar cientos de millones de dólares durante su campaña presidencial de 2012. La clave para ello fue el contacto directo con votantes y afiliados en persona o a través de e-mails (la base de datos de Obama es la envidia de todos los políticos y empresas norteamericanas).

En España, oficialmente, el PP tiene más de 800.000 afiliados, el PSOE más de 200.000, el PSC (que no cuenta a sus afiliados como afiliados al PSOE) 90.000, IU más de 50.000 y UPyD más de 7.000. CiU no tiene afiliados propios, sino de sus partidos federados: CDC tiene 60.000 y UDC 15.000. El PNV tiene 32.000 afiliados y Ciudadanos unos 3.000.

Estas cifras podrían hacer pensar que el PP se vería favorecido por una financiación privada porque tiene más afiliados (y seguramente con mayor renta). Ahora bien, lo que no sabemos es cuántos de estos afiliados pagan sus cuotas. Muchos afiliados lo son de forma testimonial, entre otras razones, por culpa de la financiación pública del partido.24 Su actividad de partido es mínima o inexistente. Con una financiación privada, sin embargo, la afiliación pasaría a otorgar a las bases un poder desconocido hasta ahora. Las cifras de afiliación cambiarían radicalmente y la financiación del partido no dependería del número oficial de afiliados sino de la capacidad del partido para convencerles de que le financiasen. La continuada defensa de la financiación pública sería la excusa de las cúpulas de los partidos para no tener que esforzarse requiriendo la financiación voluntaria de sus militantes y simpatizantes. El afiliado pasaría a ser una especie de accionista del partido, preocupado por la buena marcha de su inversión.

Así, la financiación de los partidos ya no dependería, como en gran medida ocurre ahora, de subvenciones públicas que se dan en función del número de votos. El sistema actual implica que el votante no solo da su apoyo electoral a un partido sino que también le da un apoyo financiero. Cuando elige votar a un partido, una parte de sus impuestos va destinada a financiarlo. ¿Debe el acto del voto ir necesariamente acompañado de un compromiso de financiación de un partido político? Claramente, tendría más sentido que el compromiso de financiación del partido fuese voluntario.

Muchos afiliados y votantes están dispuestos a contribuir a su partido más de lo que contribuyen actualmente. Lo que no están dispuestos es a hacerlo gratis. Quieren algo a cambio. En particular, quieren hacer llegar su voz con más nitidez a la dirección o a los gobiernos de su partido.

Permítaseme un ejemplo personal al respecto. Durante el XV Congreso del PP de Madrid celebrado en abril de 2012, participé en la elaboración de la ponencia económica. Una de las propuestas mejor recibidas por los afiliados del PP fue suprimir todas las subvenciones públicas autonómicas a partidos políticos, sindicatos y patronales.25 En reuniones posteriores al congreso celebradas en sedes locales del PP —en distritos de Madrid o en pueblos de la comunidad—, era inevitable que cuando mencionase este compromiso, me interrumpiesen los aplausos. A continuación, yo decía: «Pero sabéis que esto supondrá que os subirán las cuotas de afiliación. ¿Estaréis dispuestos a pagar más?». Respuesta: aplausos más sonoros todavía.

Los afiliados del PP, y supongo que los de los demás partidos políticos también, saben que su dinero es su voz: cuanto más paguen (o, mejor dicho, cuanto mayor sea el peso de su financiación con respecto a la financiación total del partido), más se les escuchará. Lo que no quieren es competir con las subvenciones públicas porque son conscientes de que siempre saldrán perdiendo; el partido siempre se va a sentir más cómodo con las subvenciones públicas porque solo exigen justificaciones administrativas y no continuas rendiciones de cuentas políticas. Los afiliados se han adscrito a un partido político porque creen en ciertos principios y quieren que su partido los defienda. Están dispuestos a dedicar su tiempo y su dinero al partido, pero a cambio de que se les escuche.

La financiación privada de los partidos multiplicaría exponencialmente el control sobre sus fondos. A la auditoría del Tribunal de Cuentas —que, como toda burocracia, es lenta y tarda hasta siete años en hacer públicos sus informes sobre los partidos— se añadiría la auditoría diaria de cada uno de sus afiliados/accionistas. El precio que se paga por una financiación privada —insisto, voluntaria— es la difusión del poder hacia las bases. Esto impediría la concentración de poder en las cúpulas de la que, al parecer, disfrutó Bárcenas, y promovería la transparencia del partido.

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Por todas estas razones, los máximos dirigentes de los partidos políticos deberían ser personas que no fuesen cargos públicos. Su responsabilidad sería buscar la financiación del partido, elaborar los programas electorales, velar por su cumplimiento y defender los principios ideológicos que definen el ideario del partido.

Lo quieran o no, los miembros de gobiernos no tienen el tiempo material para ocuparse de todas estas cuestiones. Las tareas de gobierno son demasiado intensas para permitirles hacerlo. Un partido activo en su función de representación de los ciudadanos necesita dedicación exclusiva.

Todo ello llevaría al partido a actuar como (discreto) contrapeso de gobiernos. No se trataría de que el presidente de un partido saliese a criticar abiertamente la acción de su gobierno, pero sí de que, por lo menos, tuviese margen para hacerlo en privado.

Una de las tareas principales de los partidos sería, además, organizar las primarias mediante las cuales se elegiría a sus líderes y a sus candidatos a cargo electo.

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PRIMERO PRIMARIAS

Las ideas propuestas en anteriores capítulos están dirigidas a reformar las leyes electorales y los incentivos de los partidos políticos en general. La primera parte de este capítulo está específicamente dirigida al funcionamiento de mi partido, el Partido Popular. Es el único de los grandes partidos españoles (por no decir, europeos) que, a fecha de hoy, no elige ni a su presidente ni a sus candidatos electorales por el sistema de primarias, es decir, a través del voto de sus afiliados.

Esto se deriva, en parte, del hecho de que los más altos responsables del partido son, e históricamente han sido, funcionarios (con excepciones, claro está, como las de Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas o Rodrigo Rato). Esto les ha llevado a utilizar a los ministerios como modelo del funcionamiento de una gran estructura territorial como es el PP. Como dice el refrán, cuando lo único que se tiene en la mano es un martillo, el mundo entero empieza a parecerse a un clavo.

Es bien sabido que los ministros no son nombrados en función de una votación celebrada entre los funcionarios del ministerio. Los ministros son designados y a partir de su designación cuentan con la obediencia debida de los empleados del ministerio. Esta misma lógica se aplica en gran medida en la designación de la cúpula del PP.

Se me dirá que esto no es cierto. Se me dirá que los congresos nacionales están compuestos por delegados que votan libremente al candidato que creen conveniente y a su equipo. Se me dirá que este es un proceso democrático aprobado por los estatutos del PP.

Sí, es cierto que la elección del presidente se realiza tal y como lo prevén los estatutos del PP. Reformemos, pues, los estatutos. Dejemos atrás las malas costumbres. Las reformas iniciadas por el gobierno de Mariano Rajoy tendrán mayor alcance y popularidad si son acompañadas por reformas que traigan mayor democracia interna al PP y, en general, una regeneración política en España.

Como dijo el presidente Rajoy en su discurso de investidura en diciembre de 2011: «La España que hemos dejado atrás no va a volver, y esta vieja nación tendrá que rejuvenecer su actitud, recuperar flexibilidad y fortalecer sus estructuras para competir por un puesto de primera fila en un mundo nuevo».

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Íñigo Henríquez de Luna, el presidente del PP del distrito madrileño de Salamanca (al cual estoy afiliado) presentó durante el Congreso Nacional del PP celebrado en 2008 en Valencia una enmienda a sus estatutos pidiendo que se eligiese a los presidentes «de las distintas organizaciones territoriales del partido» a través del «sufragio universal, libre, directo y secreto» de los militantes del PP. Además, la enmienda previó los requisitos que deberían cumplir los candidatos a presidente y las grandes líneas de su proceso de elección.26 La enmienda no fue aprobada pero dio pie a un importante debate sobre el modelo de elección del presidente. Y, en algún caso, el método ha sido aplicado, como lo fue en la elección del presidente del PP de Baleares en marzo de 2010, ganada por José Ramón Bauzá con un 70 por ciento de los votos (en un ejemplo de fair-play político, Bauzá, una vez elegido presidente de Baleares, nombró a su adversario en las primarias, Carlos Delgado, consejero de su Gobierno).

Hace más de veinticinco años que no se presenta más de un candidato a la presidencia nacional del PP. Si en la práctica no hay pluralidad de candidatos, las votaciones serán libres, pero estarán limitadas a apoyar o no al candidato oficial. En estas circunstancias no es de extrañar que el resultado de las elecciones normalmente conceda al elegido un apoyo superior al 95 por ciento.

Los delegados que votan en estos congresos rara vez son elegidos a través de elecciones internas libres. A menudo son simplemente designados, muchos de ellos en función de que vayan a apoyar la candidatura oficial. Si estos compromisarios fuesen todos elegidos a través de elecciones libres se podría considerar que los congresos nacionales reflejan la voluntad de los afiliados. Pero, dada su designación, esto es difícil de sostener.

La cuestión clave entonces es: ¿cuál es la relación entre el afiliado de base y la cúpula del partido? Ahora mismo es muy escasa. La relación es, ante todo, una jerarquía que impone una disciplina de arriba abajo. Salvo en actos de distrito, rara vez puede el afiliado dar su opinión y ser escuchado por altos responsables.

De la misma manera que los políticos tendrían mayores incentivos para rendir cuentas a sus ciudadanos a través de elecciones por circunscripción y listas abiertas, las primarias incitarían al presidente del partido y a todo su equipo a recabar y a tener en cuenta la opinión de sus afiliados.

¿Generaría esto rivalidades internas? Quizá hubiese que preguntarse más bien, ¿cómo deben canalizarse las rivalidades internas que existen en cualquier partido político? Las rivalidades ocultas no dejan de existir por no conocerse. Y las rivalidades, como la competencia en general, cumplen una función básica que es la de incentivar el esfuerzo para imponerse sobre el rival (y la de revelar secretos inconfesables de los adversarios). Cuando este esfuerzo se desarrolla exclusivamente en despachos y con filtraciones malintencionadas a los medios de comunicación, los argumentos son muy distintos a cuando se desarrolla en público. Con primarias, las altas responsabilidades se alcanzarían en el PP tras esforzarse de manera pública y privada —y no solo privada— por convencer a todos los afiliados —y no solo a los compromisarios en los congresos— de que otorguen su voto a la candidatura. Una vez emitida la voz de los afiliados, la decisión sobre el liderazgo estaría tomada y el líder podría exigir legítimamente la lealtad de todos.

Nunca hay que dar por hecha la lealtad de los miembros de una organización. El afiliado medio se une al PP porque cree en una serie de principios y valores que quiere defender. Para ello, debe sentir que forma parte de la organización que lucha por esos ideales. Cuando hay una brecha tan amplia entre la cúpula y él, se dificulta que siga sintiéndose parte de esa organización. Aunque solo fuese a través de su voto, el afiliado sentiría estar contribuyendo a la dirección de su organización. Esto ayudaría a fortalecer al PP como partido, estrechando los lazos entre afiliados y dirigentes. También ayudaría a justificar el aumento de sus cuotas de afiliados para financiar al partido.

¿Y si hay un empate como el ocurrido en las primarias del partido de centro-derecha francés UMP en noviembre de 2012? Es cierto que el empate entre Copé y Fillon, los candidatos a presidente de la UMP, generó una división debilitadora del partido. Pero, por una parte, estas primarias han evidenciado que las votaciones internas son la regla en los partidos equivalentes al PP, y no la excepción. Y por la otra, toda votación corre el riesgo de acabar en un empate, pero no por ello debe abandonarse como fórmula para tomar decisiones. Sería inimaginable que Estados Unidos hubiese abandonado las votaciones como fórmula para elegir a su presidente tras el empate y embrollo ocurrido en el estado de Florida en el año 2000.

Las primarias son un método de elección del presidente basado en un principio de rendición de cuentas ante los miembros de su partido. No prejuzgan sobre el resultado de la votación. Son, simplemente, una forma de corregir los incentivos en la cúpula del PP. Unos ganarán y otros perderán. ¿Y qué? Churchill perdió las elecciones tras la Segunda Guerra Mundial y sigue siendo considerado uno de los colosos políticos del siglo XX.

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Pero ¿por qué limitar las primarias a la elección del presidente? ¿Por qué no extenderlas a la selección de los candidatos electorales del partido? En este apartado del capítulo ya no me centro exclusivamente en el PP, sino que me refiero a todos los partidos políticos.

Las elecciones para elegir candidatos del partido tendrían sentido sobre todo en el contexto de la separación de Estado y partido y de las elecciones por circunscripción. En el momento en que el líder no fuese automáticamente el candidato a presidente del Gobierno —más aún, cuando la condición de líder del partido le excluyese de ser candidato presidencial—, su responsabilidad sería organizar y velar por la transparencia de los comicios internos.

El partido se convertiría entonces, en gran medida, en un organizador de procesos para seleccionar a candidatos a presidentes, diputados, senadores, alcaldes y concejales. Las ventajas de este sistema serían varias.

Primero: los afiliados de base del partido tendrían un protagonismo del que hoy carecen. Pasarían de ser los encargados de llenar auditorios para aclamar a candidatos designados a decidir quiénes son los candidatos a los que querrían ir a aclamar.

Segundo: el candidato del partido llegaría a las elecciones bregado ya en la batalla electoral. Habría demostrado, por la vía de los hechos, que es capaz de ganar elecciones. Y sería, por ello mismo, mejor candidato. Demostraría rápidamente, por ejemplo, su capacidad de comunicación.

Tercero: se evitarían sorpresas. Las reglas de juego de las contiendas electorales llevan a que los contrincantes se ataquen entre sí para prevalecer. Si alguien tuviese algo que esconder, esto se sabría durante las primarias y no durante la elección o, peor aún, una vez ya elegido.

Cuarto: el candidato ya habría demostrado su carácter. Las primarias de los candidatos a presidente de Estados Unidos son, en gran medida, una prueba para demostrar su carácter. El nivel de exigencia requerido para ganar unas primarias es tan alto que es imposible que el candidato pase por el proceso sin demostrar sus cualidades personales. El proceso se basa en la idea de que la virtud fundamental de un político no son ni sus conocimientos ni su currículo; es su carácter: su capacidad para tomar decisiones difíciles y para prevalecer sobre las dificultades para cumplir con su objetivo. Las primarias para elegir candidatos en España actuarían también como filtro para que los partidos presentasen a candidatos con el mayor carácter.

Dicho esto, debería corregirme a mí mismo de inmediato: las cualidades que llevarían a que un candidato fuese elegido en unas primarias serían las que decidiesen los afiliados que fuesen y punto. La opinión de un afiliado escritor de libros sería una entre muchas.

Una cuestión a decidir en estas primarias sería quién vota. El PSOE, por ejemplo, está dando pasos para organizar primarias abiertas para elegir a sus candidatos. Esto significa que en estas primarias podrían votar no solo los afiliados del PSOE sino también cualquier ciudadano mayor de edad que quisiese hacerlo. El PSOE se ha puesto como objetivo aprobar los principios generales de este sistema en 2013 y su reglamento en 2014.

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Los políticos no gestionan. Los políticos reforman. Las cualidades políticas son las que permiten que ciertas personas lideren cambios que mejoren la vida de las personas.

El sistema de primarias aportaría una serie de incentivos para asegurar que los políticos electos tuviesen que demostrar sus capacidades para emprender y llevar a buen término reformas. Esto elevaría la calidad de la representación política de nuestro país.

Y permitiría también que los políticos dignificasen al Estado y no el Estado a los políticos.

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EL ESTADO NO DA LA DIGNIDAD
QUE LA PERSONA NO TENGA

La jerarquía social ha estado históricamente definida en España —como en casi todo el mundo— por la proximidad al Estado. Mimetizó la estructura del Estado entendiéndola como una pirámide en cuya cúspide estaba la jefatura del Estado y sus colaboradores. Vestigio de ello es la continuada relevancia de la aristocracia nobiliaria, la cual, pese a no ejercer ninguna autoridad pública, sigue siendo socialmente respetada por sus históricos vínculos con la monarquía.

En la España actual persiste este mentalidad. Hay un reflejo burocrático que lleva a considerar que los altos cargos del Estado también deben estar en la cúspide de la pirámide social. Las normas de protocolo, por ejemplo, se basan en la jerarquía que rige la organización del Estado. Los tratamientos son claro ejemplo de ello: un delegado de Hacienda debe ser tratado como Ilustrísimo Señor y una consejera de una comunidad autónoma como Excelentísima Señora (salvo en Cataluña y Valencia donde sería Honorable Señora). Una persona podrá haber creado miles de puestos de trabajo o salvado cientos de vidas en un quirófano, pero, según el protocolo, siempre será menos importante que un mando intermedio de la Administración. Según esta mentalidad «protocolaria», los políticos y altos funcionarios serían una especie de nueva aristocracia cuyo poder político debería llevar aparejado necesariamente la dignidad social.

A este respecto, es significativo del imaginario colectivo español que los presidentes autonómicos de los distintos partidos políticos sean llamados «barones». El barón feudal derivaba su influencia de la delegación de poder del soberano. Pero el soberano que delegaba su poder en los barones era el rey, no el pueblo. Esta denominación refleja una concepción del poder que debemos superar. Da a entender que el poder lo da el Estado o el líder. Sin embargo, si en algo se funda la democracia liberal es en la idea de que el poder lo dan los ciudadanos.

El Estado es un instrumento del poder delegado por los ciudadanos, pero no es más que eso, un instrumento al servicio de objetivos. Estos objetivos son la prestación y mejora de servicios públicos, y solo se pueden alcanzar a través de continuos procesos de reforma. El Estado que no se reforma deja de funcionar («renovarse o morir», diría alguno con no demasiada originalidad). Las reformas son la razón de ser de los políticos y, en función de ellas, deben ser juzgados por los ciudadanos a través de continuos procesos de rendición de cuentas.

Sin embargo, demasiado a menudo los políticos minimizan su función en beneficio de su estatus. En dichos casos, el Estado es utilizado como medio para conseguir objetivos alejados del servicio público; para conseguir, en particular, la relevancia social que aún se cree que otorga el Estado.

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Los políticos son gente ambiciosa. Es legítimo que así sea. Las presiones en el ejercicio de su trabajo son duras, las críticas constantes y las horas de trabajo largas. Algo deben recibir a cambio. La cuestión es qué.

La Real Academia Española define la ambición como «el deseo ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama». El poder es una cosa. La riqueza y la dignidad son otra (dejaré de lado la fama porque en política suele ser más un medio que un fin). El problema en España es que muchos políticos y sus entornos asumen que el poder debe ir acompañado por dignidad y riqueza. Lo cierto es que el poder se ejerce con mejores incentivos cuando se separa de la dignidad y de la riqueza, es decir, cuando se ejerce sin ostentación.

Empecemos por la riqueza. Un político es un asalariado. Un asalariado con dinero público, esto es, con el dinero de los demás. Nadie debe poder hacerse rico con un sueldo público. Entre otras razones, porque un asalariado, sobre todo si lo es público, no asume ningún riesgo económico personal. Pase lo que pase con los ingresos de su institución, trabaje más o menos, mejor o peor, va a continuar cobrando a final de mes. La gente que se hace rica debe ser aquella que asume riesgos, la que hace depender sus ingresos de los de su empresa. No debe hacerse rico quien no se arriesgue a arruinarse intentándolo.

Al mismo tiempo, los sueldos de los políticos hoy por hoy en España dan para vivir holgadamente. La mayoría de los políticos nacionales y autonómicos gana más de 3.280 euros al mes. De hecho, según el INE, el 18,8 por ciento de los empleados públicos gana más de 3.280 euros al mes. Solo el 7,6 por ciento de los empleados del sector privado ganan más de 3.280 euros al mes.27 Se puede ganar mucho más dinero en el sector privado, por ejemplo, siendo empresario, asesor fiscal, banquero de inversiones o neurocirujano. Pero estos oficios no dan poder político. Si la única motivación de la persona es ganar dinero, hay profesiones que ofrecen muchas mejores perspectivas que la política.

¿Y si el político quiere hacerse rico de manera ilegal? Los políticos a menudo son responsables de presupuestos millonarios o de regulaciones y decisiones que pueden hacer millonarios a otros. Por ello mismo la corrupción no se erradicará nunca de la política. Cuando la posibilidad de hacer mucho dinero depende del «sí o no» de pocas personas, la corrupción es inevitable. La corrupción se debe disuadir y contener, pero sería ilusorio pensar que se puede erradicar.

Para limitarla, se pueden hacer varias cosas. Limitar el tamaño del Estado es una de ellas. Cuanto mayor es el Estado, mayor es el número de decisiones que pasa por la mesa de los políticos (y en general de los empleados públicos). Debido a ello, habrá más ámbitos sobre los que puedan decidir «sí o no». Recordemos que el Estado se define por la obligatoriedad de sus decisiones por lo que, una vez que el político haya decidido algo, será de obligado cumplimiento. Cuanto mayor sea el número de decisiones que tomen los políticos, mayor será el número de decisiones impuestas sobre los ciudadanos y mayor será la posibilidad de que se tomen motivadas por causas inconfesables. Conteniendo a los políticos y al Estado se contendrá la corrupción.

También se deben evitar las concentraciones de poder que permiten a las sedes de los partidos presionar a los políticos de su mismo color para que faciliten la comisión de ilegalidades. Por ello se deberían impulsar las circunscripciones electorales y separar Estado y partidos como ya se ha dicho. Una financiación privada y el consecuente mayor control ejercido por los afiliados de base ayudarían a prevenir los reflejos gremiales de las cúpulas de los partidos que llevan a arropar a sus miembros incluso cuando pesan sobre ellos claros indicios de corrupción.28 Por ello es tan importante que se cumpla la máxima citada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ante las primeras informaciones sobre los sobresueldos ilegales: «En este partido, el que la hace la paga». Su cumplimiento contribuirá a disuadir las prácticas corruptas.

Esta disuasión la generan también los contrapoderes previstos en las democracias liberales: justicia independiente, prensa libre, libertad de expresión, etc. En este sentido, es importante que no solo se ejerza la vigilancia,29 sino que caiga todo el peso de la ley sobre la persona a la que se pille metiendo la mano en la caja. Sin embargo, la persona sentenciada por delitos de corrupción no siempre va a la cárcel. No debería haber ni una posibilidad de indulto para el político condenado en firme por corrupción y todas sus variantes (hablaré más sobre esto en un capítulo posterior).

Además, el corrupto tampoco siempre devuelve en su integridad el dinero que se quedó. Es el caso del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán que fue condenado por robar 2.235 millones de pesetas —unos 13,5 millones de euros—, de los que solo se han podido recuperar 1,7. Hoy, después de pasar quince años en la cárcel, Roldán está en la calle sin que se sepa qué fue del dinero sustraído.

Las riquezas, por lo tanto, deberían quedar descartadas como motivaciones legítimas de la ambición del político. Su salario público nunca le va a hacer rico y las posibilidades de corrupción deben ser contenidas con menos Estado, menos concentraciones de poder y mayor castigo para los corruptos. ¿Y la apariencia de riqueza que traen las dignidades?

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Debemos agradecer las declaraciones de diciembre de 2012 de Gonzalo Moliner, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cuando lamentó tener que viajar en turista. Esto «no da la mejor imagen» para alguien de su rango institucional, aseguró. Debemos agradecérselo porque dijo en público lo que muchas personas con responsabilidades públicas piensan o dicen en privado, pero no se atreven a decir en público. Que Moliner no sea estrictamente un político es indiferente al respecto de la discusión; ejerce un alto cargo del Estado con influencia sobre el día a día de los ciudadanos.

Moliner puso encima de la mesa una cuestión muy importante que es: ¿en qué medida debe alguien que ejerce un alto poder del Estado ser investido de dignidad pública, incluso cuando no está ejerciendo ese poder (por ejemplo, cuando está yendo de Madrid a Barcelona en AVE)?

Según la forma de pensar de los que ambicionan la dignidad que otorga el Estado, un alto cargo sería una encarnación viviente del Estado y, como tal, debería ser separado y elevado por encima de los demás ciudadanos. La dignidad pública consistiría en que el Estado distinguiese a la persona que ejerce su autoridad con atributos externos y símbolos de poder que le diferencien de aquellos sobre los que ejerce su poder. Esta dignidad debería incluso otorgarse a algunas personas que hayan ejercido la autoridad del Estado en el pasado.30

En este sentido es llamativo cómo otras culturas políticas reverencian ciertas figuras políticas que en España ignoramos. Por ejemplo, Cincinato fue un cónsul y general romano del siglo V a.C. Su memoria es honrada en Estados Unidos, donde incluso se bautizó una importante ciudad con su nombre: Cincinnati. ¿Qué valores encarna Cincinato en el imaginario político norteamericano? El desapego al poder. George Washington idealizó a Cincinato por haber renunciado a todos los honores que el Senado romano le ofreció tras ser nombrado dictador en dos ocasiones para comandar las legiones que derrotaron a sus enemigos. Una vez completadas sus misiones, Cincinato siempre habría renunciado al puesto y a sus honores para volver a su trabajo en el campo. De hecho, cuenta la leyenda que siempre que se le fue a buscar para encomendarle alguna tarea política, se le encontró arado en mano.

Desconocemos si Cincinato tuvo vehículo oficial, pero hoy en España el coche oficial se ha convertido en el gran símbolo «dignificador» de las autoridades públicas. En España hay cerca de 5.000 coches oficiales (la cifra de 22.000 que circula por Internet parece exagerada) con un coste anual de unos 180 millones de euros (dedicados, ante todo, al pago de los salarios de los conductores). Suena a mucho y lo es.

Aun suprimiendo todos los coches oficiales, España seguiría estando en crisis económica. Pero el problema no es ese. El problema es que se gaste dinero en «dignificar» a los representantes del Estado (es curioso cómo el uso del verbo «dignificar» lleva asociada, invariablemente, una intervención del Estado que cuesta dinero). El problema es que un coche oficial separa al pasajero de los demás ciudadanos, crea una brecha entre los representantes y los representados.

Evidentemente que hay cuestiones de seguridad y algunas autoridades del Estado deben ser protegidas. Pero no todo el mundo que tiene coche oficial lo tiene por razones de seguridad sino, más bien, de «representatividad».

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Permítaseme inventarme una ley, la Ley de Cincinato. Esta ley establece que cuanto más desarrollado es un país, menos se dignifica a sus políticos. La Ley de Cincinato no se aplica ni en Italia ni en Francia, pero sí en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda o los países escandinavos.

Por ejemplo, el primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, visitó España en septiembre de 2012 para reunirse con el presidente Rajoy. Venía representando a uno de los países más ricos de la Unión Europea, cuyos fondos están ayudando a pagar las facturas de otros países europeos en crisis como el nuestro. Vino con un secretario de Estado, un asesor y un jefe de prensa, además de con dos escoltas. Todos volaron en línea regular (en turista, para más señas) y volvieron a Finlandia haciendo escala en Ámsterdam. Finlandia es el decimotercer país más rico del mundo por PIB per cápita. Es precisamente porque se podría permitir tener todo tipo de vehículos oficiales que no los tiene.

¿Por qué? Porque la riqueza y el desarrollo derivan en gran medida de la sumisión del Estado a su sociedad civil. Un Estado que somete a sus ciudadanos les niega el libre albedrío y la capacidad para desarrollar su ingenio, indispensables para crear riqueza. Los países escandinavos siguen teniendo altas tasas de gasto público y, por tanto, de impuestos —cosa que supone una inquietante intromisión estatal en la vida de sus ciudadanos—, pero sus economías han sido muy liberalizadas31 y sus estados desposeídos de sus grandes símbolos de preeminencia sobre sus ciudadanos. Esta es la base de la Ley de Cincinato.

Los políticos son los empleados, los asalariados de sus ciudadanos y, como tales, no pueden pretender adoptar costumbres que los eleven simbólicamente por encima de ellos. Alguien me recordará que Dinamarca, Suecia y Noruega son monarquías. Y es cierto. Pero los monarcas no son políticos; sus funciones son representativas, simbólicas y protocolarias. No ejercen poder ejecutivo ni legislativo alguno. Este poder está reservado para los políticos. En estos países la dignidad del Estado se concentra en las familias reales y no en los gobiernos o en los parlamentos.

Según el Fondo Monetario Internacional, Finlandia es el decimotercer país más rico del mundo, pero España es el vigésimo octavo. Alemania es el décimo octavo y el Reino Unido el vigésimo segundo. Tenemos más en común con estos países que con los países pobres cuyos Estados se gastan su escaso dinero en dignificar a sus políticos con enormes privilegios.32

Por lo tanto, cuando los españoles reclaman que se acabe con los coches oficiales y demás símbolos por los cuales los políticos se arropan de dignidad estatal, lo que están reclamando es que España aplique la Ley de Cincinato y sea coherente con su condición de país desarrollado. Un país desarrollado se define, entre otras cosas, por las costumbres honradas y humildes de sus políticos.

En los países en los que se aplica la Ley de Cincinato la dignidad que confiere el Estado es percibida como la ostentación de un privilegio injustificado, no como un rasgo que genere admiración y, consecuentemente, sumisión. Trabajar para el Estado no debe otorgar privilegios; debe provocar sumisión ante el ciudadano.

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Todo esto lleva a preguntarse: ¿cuáles deberían ser las motivaciones de los políticos para entrar en política? Si la búsqueda de la dignidad y de la riqueza va a distraerlos de su labor de representación y de rendición de cuentas a los ciudadanos, ¿qué les queda? ¿Por qué querrá un finlandés entrar en política sabiendo que, como llegue a ser primer ministro, sus numerosos viajes serán en turista y con escalas?

Evidentemente, está el primer objetivo mencionado por la definición de la ambición de la Real Academia Española: el poder. Las ansias de poder tienen mala prensa en España y, sin embargo, son una motivación absolutamente legítima para el ejercicio de la política, siempre y cuando su poder esté limitado y el Estado contenido. O, dicho de otra manera, el político ejerce un poder que los incentivos y contrapoderes de la política le deben impedir concentrar. La cuestión entonces es: ¿poder para qué? El problema no es que el político tenga más o menos ambición de poder; todo depende del uso que haga del poder en caso de obtenerlo.

Los procesos de primarias y las elecciones por circunscripción uninominal planteadas en capítulos anteriores servirían, entre otras muchas cosas, para conocer mejor las motivaciones y objetivos de los candidatos a ejercer el poder en nuestro país. La sociedad que vaya a otorgar a unos políticos el poder que conlleva su representación debe saber a qué dedicarían ese poder. Además, si el político saliese elegido, su objetivo previamente confeso de uso del poder serviría para juzgar mejor su labor.

Es una pena que, a partir de cierta edad, esté mal visto preguntar a la gente por qué se quiso dedicar a lo que se dedica. A este respecto, aún recuerdo la cara de sorpresa que se le puso a un abogado del Estado (hoy alto cargo del gobierno) un día que le pregunté por qué había querido ser abogado del Estado. La pregunta le pareció del todo improcedente. Me dio la impresión de que pensaba que todo el mundo querría ser abogado del Estado y que él estaba entre los pocos que lo habían conseguido. El éxito no merecía mayor explicación.

Nunca nos deberíamos cansar de preguntar a los políticos: ¿Y tú por qué quieres/quisiste ser político?

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En resumen, se debe minimizar el incentivo que atrae a la gente a la política motivada por su ambición de riquezas o de la dignidad que otorga el Estado. El político se deberá acostumbrar a ganar mucho menos que los altos responsables de las empresas privadas con los que pueda tratar. Su poder es político y, por ello mismo, no es que deba conllevar altos ingresos, es que debe evitarlos. El poder político no crea riqueza (eso lo hace el sector privado), más bien facilita o impide que otros la creen. Conteniendo los ingresos de los políticos se contiene el poder del Estado.

Además, el Estado no otorga la dignidad que la persona no tenga. Es el comportamiento de la persona el que le confiere su dignidad, no su coche oficial ni la clase preferente en los aviones o trenes. Por ello, y en aplicación de la Ley de Cincinato, habría que quitar el mayor número de prebendas y privilegios que puedan estar asociados a los cargos políticos, incluyendo los coches oficiales.

Y es que un puesto político no lleva asociado un nivel de vida. El nivel de vida de cada uno depende de lo que se pueda pagar con su dinero. Cuando se da por hecho que un puesto de responsabilidad política debe llevar asociado un alto nivel de vida, se va a estar tentado de utilizar el dinero público —de manera legal o ilegal— para pagarlo. Un puesto de responsabilidad política lleva aparejada una función, no un nivel de vida. El político se define por su capacidad para cumplir con su función. La apariencia de un alto nivel de vida le impide cumplir con esa función porque le dificulta la interlocución con los ciudadanos de a pie. Su prioridad debe ser hacer, no parecer.

En el momento en que se sepa que la política no va a otorgar distinciones sino que va a obligar a pasar por incomodidades, se hará una selección previa de la gente que se quiera dedicar a ella. Se evitará que gente con poca dignidad propia intente disimularlo con la dignidad prestada por el Estado. Y se favorecerá a aquellos que buscan en la política la exclusiva ambición de poder. La cuestión clave en este caso será incentivar que rinda cuentas sobre su uso de poder.

Hay pocos sitios más propicios para que el individuo demuestre su dignidad propia, sin trucos ni artificios, que encima de un escenario.33

9

POWER TO THE REBOYETES!

Óscar terminó su actuación y la sala estalló en aplausos. Estábamos celebrando la cena de Navidad de la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid. Entonces todavía se celebraban cenas de Navidad en la Comunidad de Madrid. La crisis económica las acabó convirtiendo en un bello recuerdo.

Óscar era un ordenanza de la consejería y esta era la tercera cena de Navidad en la que actuaba. Hacía sketchs de famosos con un humor sano y una clara tendencia hacia lo friki. Usaba multitud de pelucas y demás utilería artística para parodiar a personajes como Bunbury, Leonardo Dantés o Torrente. Algún compañero de trabajo también podía tener el honor de ser imitado y esta vez le había tocado a un jefe directo de Óscar cuya frase favorita —«one preguntita» —fue reconocida y celebrada por todos los asistentes. Además de las imitaciones, Óscar también cantó algún temita acompañado por su guitarra. En esta ocasión había estado particularmente inspirado y más de uno se secaba las lágrimas mientras le felicitaba.

Me acerqué para felicitarle:

—¡Enhorabuena! Has estado de categoría.

—Gracias, gracias.

—No sabía que también cantases.

—Sí, en mis espectáculos combino música y humor.

—Pues yo toco la batería.

—¡Qué bueno! Pues Toloba, el informático, toca el bajo. Y Eulogio, de mantenimiento, toca la guitarra.

—Pues podríamos montar un grupo.

—Pues buena idea.

Y por una vez el buen propósito navideño se convirtió en realidad. En febrero empezamos a ensayar en el Observatorio, un local de ensayo en Carabanchel. En ese primer ensayo, Óscar, apodado Reboyete, nos bautizó, con gran ausencia de modestia: «Rebollo y los Reboyetes». Nos dedicaríamos al humor y a la música.

Durante los siguientes cuatro años dimos unos treinta conciertos en los garitos más diversos: el Gruta 77 (un local con cierto renombre y un aforo de unas doscientas cincuenta personas), un polígono industrial en Guadalajara, locales de música en directo de Lavapiés, un restaurante en Móstoles, la fiesta de cumpleaños de un amigo... El más duro seguramente fue el que dimos en un centro juvenil en Valdemoro. En la sala cabrían unas cien personas y vinieron diez, incluyendo dos niñas de siete años que no pararon de corretear por la sala vacía. Los escasos aplausos de los asistentes hicieron eco en la sala.

En noviembre de 2012, los Reboyetes celebramos nuestro concierto de despedida en un local de Usera inconvenientemente llamado Sala Olvido. Lo dimos todo ante un enfervorizado público de unas sesenta personas. Tras nuestra actuación se celebró una «Fiesta Hospital» durante la que unas señoritas escasamente vestidas de enfermeras y con grandes escotes se pasearon y bailaron encima de las barras portando unas enormes jeringuillas. Fue una coincidencia, supongo.

Hubo algún cambio en la composición del grupo durante nuestros años de vida. Eulogio se fue a tocar en bandas más serias y tuvimos que buscar a un nuevo guitarrista. Pusimos un anuncio y nos contestó bastante gente. Pero tras enviar vídeos de nuestras actuaciones a los numerosos candidatos, al final solo vinieron dos personas a la audición: un chaval de diecisiete años tan fumado que no dio pie con bola; y un hispano-ecuatoriano llamado Christian con el que conectamos de inmediato. Con Reboyete, Toloba y Christian grabamos nuestro único disco: The Wonderful Secret of Russian Salad. Uno de los temas del disco, «Vado eres», llegó a sonar en la sección «La canción friki del día» del programa Anda ya de Los 40 Principales.34

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Aprendí muchas cosas con y de los Reboyetes, en gran medida por su nobleza y profunda honradez. También aprendí ciertas reglas básicas del comportamiento sobre un escenario.

Un escenario revela de qué se está hecho. Lo que se ve es lo que hay. No hay dignidad prestada ni mentira posible encima de un escenario. El público siempre te pillará. Las virtudes y los defectos de la persona se amplifican. Si lo haces bien, te sales. Si lo haces mal, te hundes en la miseria.

La persona subida al escenario está ahí para transmitir un mensaje. El éxito del espectáculo dependerá de que el público comprenda y, a ser posible, comparta el mensaje. El objetivo del artista es dar respuesta a preguntas básicas como: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué mensaje quiero transmitir al público? ¿Con qué idea se va a ir de la sala? La capacidad de comunicación asegura que el mensaje sea claro y la forma de transmitirlo efectiva. La música, la actuación, los golpes de efecto son armas para comunicar y hacerte entender. Permiten transmitir las emociones que hagan comprensible el mensaje.

El lenguaje de los Reboyetes era la música y el humor. Más de una vez estuvimos tentados de hacer o decir cosas complicadas. Nos venían muchas ideas y queríamos incluirlas todas. Pero al repasarlas siempre nos preguntábamos: ¿se nos va a entender? A menudo, la acumulación de ideas o el lenguaje rebuscado dificultan que el público te entienda. Solíamos dedicar los ensayos a discutir más bien qué quitar del espectáculo y no tanto qué incluir. La claridad del mensaje se basa en la sencillez del lenguaje.

El público es soberano. El espectáculo no existe en su ausencia. El precio que ha pagado por la entrada es un arma de doble filo. Por un lado, presupone su interés por lo que pueda suceder encima del escenario. Pero por el otro le convierte en un juez que emite su veredicto sin posibilidad alguna de recurso de casación. El público ha venido a juzgarte. El objetivo del artista es que el público se olvide de que es un juez externo a la actuación y se convierta en parte del espectáculo. Para ello debe crear un clima de complicidad gracias al cual el público comparta y amplifique su mensaje.

Una vez los Reboyetes fuimos los teloneros de un grupo bastante conocido. No voy a decir quiénes eran, pero digamos que eran lo suficientemente conocidos como para que se pegasen carteles con su nombre por las calles de Madrid. Al cabo de treinta minutos de actuación, el grupo paró. Anunció una pausa para que la gente (incluyéndose a sí mismos) saliese a la calle a fumar. Acababa de entrar en vigor la ley que prohibía fumar en locales públicos. El resultado fue que perdieron la complicidad del público. La gente estaba metida en el concierto, entretenida y, de repente, se fue la magia. Fue como encender las luces en mitad de la proyección de una película en el cine. La mitad del público no volvió y la segunda parte del concierto, que es cuando se supone que sube la adrenalina, fue muy plana. La gente había pagado su entrada para ver la actuación, no para salir a la calle a fumar. Se tomó la interrupción como una falta de respeto.

El grupo innombrado cometió uno de los pecados capitales del que se sube a un escenario: transmitir que no se está divirtiendo. Si interrumpió el espectáculo fue porque le apetecía más fumar que seguir tocando y divirtiéndose con el público. El artista siempre debe transmitir que el sitio en el que más le apetece estar del mundo es precisamente donde está.35 Debe demostrar que quiere al público, que desea pasar un buen rato con él y no ante él. El espectáculo no es un trámite sino una ocasión para conectar con el público. Divertirse encima del escenario es la mejor forma de que se divierta el público.

Improvisar es otra forma de faltarle el respeto al público. Improvisa quien no se ha pensado y trabajado lo suficiente el espectáculo antes. En los ensayos propones, consideras y descartas ideas. Se piensa en el mensaje a transmitir y, en función de ello, se admiten o rechazan ideas. Cuando se improvisa no hay maduración previa y se hace algo que te acaba de pasar por la cabeza. El público normalmente lo nota y piensa algo así como «pero este, ¿qué hace? No está a lo que debería estar». La improvisación solo es bienvenida cuando el público la interpreta como espontaneidad; esto supone haber alcanzado un muy alto grado de complicidad con el público y tener unas cualidades técnicas altísimas.

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Los Reboyetes fuimos ampliamente ignorados por el público en más de una (y de dos) ocasión(es). Que te ignoren en silencio mientras estás tocando es llevadero. Que lo hagan hablando a voces y con repetidas carcajadas extemporáneas es muy frustrante. Sobre todo durante un espectáculo de humor en el que el objetivo es que el público te preste atención y no que se dedique a chillar y pegar botes. En esos momentos, la clave es tener la disciplina necesaria para seguir adelante, no desfallecer y hacer lo que tenías previsto hacer. Si hay gente que se porta mal y te distrae (si «todo el mundo no rema en la misma dirección»), tu obligación es esforzarte por hacerlo mejor de forma que sea el resto del público el que pida a los alborotadores que se callen. Nunca se debe regañar al público.

De hecho, si se hace, nunca se regaña solo al que se lo merece. Usar el poder que da el micrófono para regañar en vez de para hacer lo que el público espera de ti es no entender para qué estás encima del escenario. Gracias a Spiderman —o, mejor dicho, gracias a su tío Ben—, sabemos que «un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Y esa responsabilidad obliga a ser humilde ante el público. Estar encima de un escenario otorga un enorme poder: el poder que te da el público al prestarte interés. Eres su foco de atención. Han pagado dinero para ponerte encima de ese escenario y, por ello mismo, han depositado su confianza en ti. Regañarles es traicionar esa confianza.36

No estás encima del escenario porque seas mejor que nadie, sino para cumplir una función. El escenario es una plataforma para que se te vea mejor y el micrófono un aparato para que se te escuche mejor. La relevancia que proporcionan no trae superioridad, sino integración con el público. Así el público puede juzgar el espectáculo y, mejor aún, se facilita su complicidad.

El escenario no otorga dignidad, sino que revela la que se tiene. Subirse a un escenario implica recordar que, cumplida tu función, te tendrás que volver a bajar y ya no serás el centro de atención. O, en palabras de Los Secretos: «Pero cómo explicar / que me vuelvo vulgar / al bajarme de cada escenario».

Estar subido encima de un escenario no trae privilegios, sino exigencias. Quien se olvide de ello acabará pronto sin público y sin escenario. Que los Reboyetes nunca tuviésemos un éxito desbordante se debería a muchos factores (¿quizá a nuestra calidad musical?), pero nunca a nuestra falta de respeto por el público.

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Evidentemente, este capítulo no ha estado dedicado solo a la música. Quien no lo haya entendido deberá teclear «Vado eres» en Youtube y, tras ver nuestro videoclip (en el que no salgo, pero la batería que se escucha soy yo), releer el capítulo.

Es evidente que se ha producido un desencanto del público español con sus políticos en los últimos años. Los más ruidosos manifestantes de este desencanto han sido los indignados.

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EL ZORRO EN EL GALLINERO DE HESSEL

Los izquierdistas europeos están de enhorabuena. Contrariamente a sus correligionarios de los años sesenta o setenta, ya no deben leerse los tres tomos de El capital ni pretender entender algo de El hombre unidimensional de Marcuse para adquirir la condición de revolucionario comprometido y leído. Ahora, con dedicar los cuarenta y cinco minutos que se tarda en leer ¡Indignaos! de Stéphane Hessel (incluyendo el prólogo, las notas y el epílogo de los editores)37 la persona comprometida tendrá las suficientes lecturas como para citar la inspiración intelectual de su compromiso.

Pese a la evidente y malvada ironía del párrafo anterior, hay que tomar en serio el libro de Hessel. Ha vendido 1,5 millones de ejemplares y prestado su nombre a un movimiento social español. Más aún, las ideas tradicionales de la izquierda empiezan a no ser identificadas por los jóvenes como socialistas o marxistas. Son, simplemente, las ideas de los indignados o del 15-M. Así lo pone de manifiesto, por ejemplo, el diputado de IU y activista del 15-M nacido en 1985 Alberto Garzón: «La izquierda no ha estado a la altura, y solo la aparición del 15-M ha dado algo de esperanza a una izquierda clásica con débiles organizaciones».38

El libro de Hessel es ante todo un título. Un título y un lenguaje imperativo que ha inspirado a miles de personas en España y en otras partes del mundo. Merece la pena detenerse en él para saber qué hay detrás del título.

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¡Indignaos! se entiende a partir de la prevención que admite tener hacia la libertad. En la página 26 del libro, Hessel da la bienvenida a la «corriente [que] tiende a mayor justicia, mayor libertad». Acto seguido, Hessel añade: «Pero no hacia esa libertad incontrolada del zorro en el gallinero». Es decir, elogia la libertad pero inmediatamente previene sobre los peligros inherentes a una mayor libertad. Dicha prevención no es expresada frente a los peligros de una mayor justicia.

La imagen del zorro en el gallinero es profundamente tramposa. La esencia de la libertad estriba en que se ejerza sin vulnerar los derechos de los demás. Un zorro en un gallinero no ejerce la libertad sino la violencia. Matar nunca es un ejercicio de libertad. Hacer lo que a uno le venga en gana vulnerando los derechos de los demás no es libertad. Al revés, la libertad consiste en aplicar reglas que impidan que unos vulneren los derechos de otros, en particular sobre su vida y propiedad. Adam Smith ya estableció en su Riqueza de las naciones que una de las funciones básicas del gobierno debía ser la de proteger a toda persona de la opresión de cualquier otra.

¿Por qué usa Hessel este ejemplo tramposo? Porque no tiene otro legítimo para definir la «libertad incontrolada» que tanto le preocupa. En el fondo, está admitiendo que no quiere mayor libertad, sino mayor justicia, la justicia social que busca erradicar las desigualdades. Pero este objetivo es incompatible con una mayor libertad. Los medios necesarios para erradicar desigualdades —en particular, una mayor acción del Estado— siempre acaban limitando libertades. Por ello, para Hessel, la libertad no puede ser incontrolada: debe ser controlada.39 Como ocurre sistemáticamente con el pensamiento de la izquierda, su pose de rebeldía espontánea esconde una decidida voluntad de planificar la vida de los demás y de imponer un orden social.

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En la introducción del libro, Hessel elogia entusiasmado los valores demostrados por Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Hace un canto a las virtudes de la Resistencia (de la que formó parte), de «la unión de todos los miembros de la Francia ocupada» (tras la oportuna purga de los colaboracionistas con los alemanes, se entiende) y de la inquebrantable adhesión a su líder: el general De Gaulle.

Hessel idealiza la unidad nacional. Nos la presenta como la mayor virtud que pueda tener un país. Ahora bien, no parecen preocuparle las circunstancias en las se produjo esta unidad. Fue la unidad de una Francia liberada tras cuatro años de ocupación alemana. Una unidad absolutamente excepcional traída por el fin de un régimen totalitario invasor y encarnada en un líder militar mesiánico. Conviene preguntarse, por un lado, si el precio a pagar para alcanzar dicha unidad no es demasiado alto y, por otro, en qué medida las circunstancias actuales en Europa son equiparables a las de la Segunda Guerra Mundial. ¿Deberíamos lamentar que en Europa no exista ahora la unidad que hubo en 1945?

Al contrario, nos deberíamos alegrar de no tenerla. La guerra une, sí, pero a causa del miedo que genera. Una sociedad que vive con poco miedo es una sociedad contradictoria. Criticar la libertad de contradicción inherente a nuestras sociedades actuales por crear desorden supone no valorar la libertad de la que disfrutamos. Cuando se supeditan todos los objetivos al de la unidad se pierden todas las razones para estar unidos.

El miedo y su consecuente unidad dieron paso a la introducción de una agenda política socialista en Francia, según nos cuenta Hessel. Se nacionalizaron las fuentes de energía, los bancos, las minas de carbón, y en general primó el interés colectivo sobre el individual. Estas nacionalizaciones y otras políticas —educativas, de pensiones, etc.— son las «conquistas sociales» que Hessel considera ahora amenazadas. Su salvación pasa por que los jóvenes se unan indignados. Esto tiene tanto sentido como el que tendría contratar a Sánchez-Gordillo como gerente de un Mercadona.

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La indignación, según Hessel, convierte a la persona «en alguien militante, fuerte y comprometido. Pasas a formar parte de esa [¿?] corriente de la historia». Lo que nos viene a decir es que la indignación es una fuerza de laminación de la conciencia individual de las personas. Indignándose, la persona pasa a formar parte de una corriente, de una masa.

Sin la amenaza de una guerra o de una invasión, la gente es muy reacia a convertirse en masa como bien demuestra saber Hessel. De ahí su añoranza por la unidad traída por la Segunda Guerra Mundial. Su libro busca equiparar la amenaza del capitalismo con el de la guerra. En vano. La gente, mal que le pese a la izquierda, no le tiene el mismo miedo al capitalismo que a la guerra y por ello no está dispuesta a disolverse como sociedad y convertirse en masa. Más bien al contrario: la gente valora la prosperidad generada por el capitalismo y los derechos individuales que les libran de disolverse en una masa.

El miedo es idealizado por Hessel porque es el cemento básico de la masa. Y la masa anula a término la voluntad individual de las personas, sumergiéndolas en una corriente que las arrastra. Al sumarse a una masa, la gente puede prestar su apoyo a un mensaje que no controla y que acabe adoptando posiciones que no comparte. Mucha gente ejerció su libertad de elección para abandonar las movilizaciones del 15-M tras sus primeras acciones, demostrando que se habían unido a una masa, pero que no se habían convertido en una masa; la libertad de elección que Hessel desearía controlar por suerte no fue arrebatada por la masa a todos sus integrantes.

Dicho esto, hay minorías cautivadas por el mensaje de Hessel que sí han demostrado estar dispuestas a convertirse en masa. Son minorías definidas por su miedo: miedo al futuro, miedo al presente, miedo al cambio, miedo a sí mismos.40 La indignación actúa como válvula de escape del miedo. Estas minorías exteriorizan su miedo a través de acciones masificadas y a veces violentas amparadas por el anonimato. Su agresividad, si no es contenida, puede ser muy peligrosa.

Esto es, efectivamente, lo que hemos visto en España. No desmerezco las legítimas quejas de muchos españoles hacia lo que está ocurriendo en España si digo que las protestas del 15-M degeneraron rápidamente en ocupaciones de espacios públicos, manifestaciones ilegales, cortes de calles, alborotos y cercos violentos de sedes parlamentarias y demás edificios públicos. Estas acciones son las de una masa miedosa, pero orgullosa y envalentonada por la irresponsabilidad que sienten sus miembros.

Otra evidencia del miedo de los indignados es el uso que hacen algunos de sus miembros inspirados por los activistas de Anonymous (grupo anterior al movimiento indignado participante en buen número de sus acciones) de la máscara de V, el protagonista emulador de Guy Fawkes de la película V de Vendetta. Su máscara esconde la cara y evidencia el miedo.41

Lo sorprendente de la elección de los «anónimos» portadores de la máscara es que Fawkes fue un reaccionario católico contrarreformista inglés del siglo XVI que quiso volar el Parlamento en 1605 con la familia real dentro. El rey era entonces Jacobo I, hijo anglicano de María Estuardo. Jacobo sucedió a Isabel I, la Reina Virgen, al morir esta sin descendencia. Fawkes quiso matarlo para propiciar una revuelta masiva que trajese un nuevo rey católico al trono inglés. Fracasó, pero consiguió inspirar a miles de activistas y manifestantes cuatrocientos años más tarde.

Quizá sea porque, contrariamente a Fawkes, V sí consigue alcanzar sus objetivos en la película. La Inglaterra de V de Vendetta está, como la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, sometida a un régimen totalitario que tiene mucho más que ver con Corea del Norte o con Cuba que con los países europeos actuales. V se las ingenia para repartir su máscara a los ciudadanos de Londres. El anonimato que les proporciona consigue que estos oprimidos ciudadanos se rebelen formando una masa. Salen a la calle, rodean el Parlamento inglés y derrotan a las fuerzas policiales con su mera presencia. La temible policía del régimen baja sus armas y les abre paso.

A continuación, la masa enmascarada asiste obnubilada a la espectacular voladura del Parlamento inglés al son de la Obertura 1812 de Tchaikovsky. Tras decir Evey, la protagonista de la película, que «V éramos todos» (de ahí su nombre casi idéntico a V), todos los enmascarados se quitan la máscara y admiran el espectáculo de fuegos artificiales en el espacio antes ocupado por el Parlamento. Fin.

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La indignación preconizada por Hessel es una ilusión por la cual los miembros de una masa creen estar protagonizando una movilización cuando lo cierto es que son manipulados por sus líderes para promover sus fines políticos. Rechazar la indignación de Hessel es rechazar ser manipulado por otros y por el miedo propio.

Un recordatorio final. «El motivo fundamental de la Resistencia fue la indignación», afirma Hessel. Puede ser que así fuese, pero la victoria sobre los invasores alemanes no fue obra de la Resistencia francesa indignada. Fueron las fuerzas aliadas —lideradas por los muy capitalistas Estados Unidos— las que liberaron Francia, pagando un alto precio en términos de vidas y dinero por ello. Nada tiene que decir Hessel al respecto.

En 2012 se llevó al cine un ejemplo de lo que unos indignados triunfantes liderados por un líder manipulador con las ideas claras traerían a la civilización. La película se llamaba El caballero oscuro. La leyenda renace.

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¿CÓMO ACABAR CON LA CIVILIZACIÓN?
EL EJEMPLO DE BATMAN

A fecha de enero de 2013, El caballero oscuro. La leyenda renace era la séptima película más taquillera de la historia del cine con cerca de 1.100 millones de dólares de recaudación. Esta tercera entrega de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan estuvo a la altura de la muy exitosa segunda parte, El caballero oscuro (número 14 en esa misma lista). Estuvo también entre las diez películas más taquilleras del año 2012 en España. Dado el éxito de la saga, hay bastantes posibilidades de que el lector conozca la historia de Batman. Si no, le pongo en antecedentes.

Batman es el personaje enmascarado e individualista (no como V) que utiliza el pedante multimillonario Bruce Wayne para luchar contra el crimen en su ciudad, Gotham (una Nueva York mal disfrazada). Los padres de Wayne fueron asesinados delante de sus ojos durante un atraco cuando era niño. Tras fracasar en su intento de matar al asesino de sus padres, Wayne dejó atrás su vida de lujo y vagabundeó por el mundo, hasta que, en una cárcel oriental, un desconocido le ofreció un camino. El misterioso personaje le propuso luchar contra el mal convirtiéndose en algo que no se pudiese destruir: un mito, una leyenda. Wayne fue acogido por la Liga de las Sombras.

Ahí fue instruido en el arte del combate y obligado a enfrentarse a sus propios miedos. Un día se le ordenó ejecutar a un desconocido. Era la prueba de lealtad exigida para su ingreso definitivo en la Liga. Wayne la rechazó. Se rebeló, destruyó la sede de la Liga y volvió a Gotham. Asqueado por su corrupción y violencia, decidió luchar contra el crimen «aterrando a los que nos aterran». Para ello, construyó el personaje de hombre-murciélago que refleja su propia victoria sobre el miedo que le causan los murciélagos.

Todo esto ocurre en la primera entrega. En ella, la Liga de las Sombras quiso alistar a Wayne para cumplir con su objetivo: destruir Gotham. La Liga ha luchado durante siglos contra la corrupción y la injusticia en el mundo. Gotham, como Roma o Constantinopla antes, se ha convertido en un símbolo de la corrupción que debe ser «purificado». La Liga se ve a sí misma como un incendio natural que regenera un bosque arrasando su materia muerta o en descomposición. Tras fracasar en su intento de destruir Gotham a través de una depresión económica, la Liga lo intenta de nuevo queriendo envenenar a sus habitantes con un alucinógeno que los enloquezca y los lleve a matarse entre ellos. Batman lo impide, salva la ciudad y elimina al líder de la Liga.

En la segunda entrega, Batman también salva a Gotham. Esta vez lo hace luchando contra Joker, un «hombre sin plan» —como se define a sí mismo— con tendencias anarquistas que usa el terror para intentar quitar el escaso barniz de civilización que cree que recubre a los habitantes de Gotham. Una vez deshumanizados, su locura los llevaría, también, a matarse entre ellos. La ventaja del caos, según Joker, es que es justo. Batman confía en las virtudes inherentes al ser humano y derrota a Joker, aunque el precio que paga por hacerlo es asumir una culpa ajena.

En la tercera entrega, la Liga de las Sombras vuelve a intentar acabar con Gotham. Pero esta vez no echará mano de drogas que enloquezcan a sus habitantes; hará que triunfe la locura política: una revolución sorprendentemente similar a la preconizada por los indignados.

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Ocho años después de desaparecer tras ser falsamente acusado de matar al fiscal del distrito de Gotham, Batman abandona renqueante su retiro. Lo hace porque Gotham está amenazada por las hordas de Bane, un enmascarado musculoso y con voz de catedrático de la Universidad de Oxford. Bane es la máscara visible de la resucitada Liga de las Sombras.

Gotham, como Nueva York, es un símbolo del capitalismo. Para destruirla, Bane inicia una revolución. El guión de la película está claramente influido por los movimientos asociados al 15-M, en particular por el nacido en Nueva York: Occupy Wall Street. Bane es, de alguna manera, un «superindignado» que combina fuerza bruta con capacidad intelectual, verbo elocuente y dotes de liderazgo.

Slavoj Zizek, el filósofo esloveno admirado por la progresía internacional, escribió un artículo sobre la película42 en el que compara a Bane con el Che Guevara, citando los diarios del Che: «El verdadero revolucionario es guiado por grandes sentimientos de amor». Bane, como descubrimos al final de la película, es un hombre tan atormentado como enamorado. Pero más allá de sus sentimientos, lo interesante es analizar cómo aspira a destruir la civilización capitalista.

El primer ataque de Bane y sus revolucionarios es contra la Bolsa de Gotham. Manipulan el precio de las acciones de la empresa de Bruce Wayne para quebrarla. De esta forma, otra empresa toma su control y accede al revolucionario invento de Wayne Enterprises: un generador de energía limpia que Wayne decidió ocultar, pese a haber invertido una fortuna en su desarrollo, al descubrir que podía transformarse en una potentísima bomba.

Los revolucionarios aprovechan las supuestas contradicciones del capitalismo para destruirlo. Utilizan instrumentos capitalistas —la bolsa— para arruinar a una de sus mayores empresas y permitir que otra empresa codiciosa y voraz tome su control. La primera pelea entre Batman y Bane simboliza la victoria inicial de la revolución: Bane le da una soberana paliza a Batman y le rompe la columna vertebral. La revolución ha conseguido doblegar al capitalismo. Más aún, lo envía literalmente a un agujero, el agujero del que emergió la revolución hace años. El Wayne roto y paralizado es abandonado en las profundidades de la cárcel subterránea en la que se crio Bane.

Una vez puestas sus manos sobre el reactor, la revolución mata al «tonto útil» capitalista que le permitió controlar la empresa de Wayne y convierte el reactor en un arma. A continuación, la revolución pone fuera de juego a las fuerzas de la ley atrapando a toda la policía de Gotham bajo tierra. Y destruye un símbolo de la competitividad y el esfuerzo capitalistas —un estadio de fútbol americano— en pleno partido.

Combinando los ideales revolucionarios con el cinismo (lo difícil es distinguirlos), Bane hace creer que algún miembro del pueblo tiene el detonador del reactor convertido en bomba y podrá accionarlo cuando quiera. Lo cierto es que el detonador está siempre en manos del líder de la revolución. Ante la amenaza de detonar la bomba, los revolucionarios consiguen que las fuerzas militares del país rodeen la ciudad e impidan que nadie entre o salga de ella. Una civilización aislada es una contradicción en sus propios términos. No hay civilización posible sin intercambios con el exterior.

Bane también hace uso del populismo. Primero revela las mentiras que las autoridades de Gotham utilizaron para justificar sus medidas excepcionales de lucha contra el crimen: el fiscal muerto hace ocho años no fue un héroe sino un loco peligroso que mató a varias personas. Utilizando la indignación generada por estas mentiras de los políticos, Bane vacía las cárceles de reclusos, libera a los oprimidos y lanza a las masas de Gotham contra los ricos de la ciudad. Gracias a todo ello, proclama Bane en un sentido discurso, por fin habrá justicia social.

Las propiedades de los ricos son saqueadas y se crean tribunales revolucionarios (con claros guiños alusivos a la Revolución Francesa) cuya responsabilidad es dictar sentencias —siempre de muerte— contra los ricos. Su riqueza convierte a los ricos en culpables y deben pagar por ello. Al poco tiempo, las calles de la ciudad están desiertas y se cierne la escasez, simbolizada por la llegada del frío y la nieve del invierno.

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Bane, como la gran mayoría de los malos de película, es un genial planificador. Sus planes se van cumpliendo pese a que sus enemigos creen adivinar sus intenciones. Si es capturado es porque así lo tenía previsto. Si todos los policías de la ciudad entran en las cloacas para detenerle es porque él así lo quiere y esto le permite atraparlos. La genial planificación deslumbra en el cine y da para mucho entretenimiento. El problema viene cuando alguien se cree que las cosas pueden funcionar así en la vida real. Quizá algún cinéfilo socialista crea que una mente puede elaborar un plan tan detallado que prevea las decisiones de miles de personas. Pero lo cierto es que, fuera del cine, esto es imposible. La planificación del guionista nunca es replicable por la planificación política. Como decía Friedrich Hayek: «La mente no puede prever sus propios avances».

El encargado de salvar a la civilización del malévolo planificador y de su revolución indignada es, claro está, Batman, el capitalista formado por la Liga de las Sombras que se negó a acatar sus órdenes. En la cárcel subterránea aprende de nuevo a controlar sus miedos, se recupera, sale del agujero y vuelve a Gotham. Su principal aliada es una desengañada de la izquierda: Catwoman. Esta ladrona de guante blanco inicialmente justificó sus delitos por la avaricia de los ricos y predijo una próxima tormenta que se los llevaría a todos por delante. Una vez llegada la tormenta, descubre que no es lo que quería.

Con Gotham tomada por la revolución, Catwoman participa en el saqueo de la casa de un rico «tomada por el pueblo». Mientras contempla una foto de los antiguos dueños de la casa en un marco roto, una compañera le anima a aprovecharse de las pertenencias abandonadas, pero ella rechaza hacerlo porque «esta es la casa de alguien». Catwoman de repente descubre las virtudes de la propiedad privada; es la indignada horrorizada por los efectos que el triunfo de su indignación ha traído.

Ella es, de hecho, quien mata a Bane (aunque todos los que hemos visto la película sabemos que Bane es el músculo y el verbo de la revolución, pero no es su cerebro). Gracias a su ayuda, también, los policías son liberados del subsuelo y derrotan a los revolucionarios. Y finalmente Batman consigue que la ciudad venza su aislamiento y que la bomba no la destruya. Almas gemelas que desenmascaran las mentiras revolucionarias, Batman y Catwoman acaban, cómo no, enamorándose. El final es feliz.

La política española no depara, a fecha de hoy, finales tan felices.

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«ERA IMPOSIBLE DISTINGUIR
A UNO DEL OTRO»

George Orwell le quitó la máscara al totalitarismo. Lo hizo sintiéndose un hombre de izquierda y habiendo militado en un partido socialista. En 1938, a su vuelta a Inglaterra tras haber luchado en la Guerra Civil española en el bando republicano, se afilió al Independent Labour Party, un partido que se escindió del Laborista en 1932. Su afiliación duró poco, eso sí. Orwell se dio de baja al año siguiente, decepcionado por la tibia reacción del partido al pacto de no agresión firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética.

Orwell volvió de España vivo de milagro. En 1937 una bala le atravesó el cuello, pasando a milímetros de la yugular, en el frente de Aragón. Otras balas atravesaron sus ideales. Orwell estuvo en Barcelona durante los hechos de mayo de 1937, cuando la Guardia de Asalto de la Generalitat catalana, dominada por los comunistas, intentó aplastar a las «contrarrevolucionarias» milicias anarquistas y trotskistas del POUM y de la CNT-FAI. De un día para otro, Orwell fue tachado de «fascista» por mostrar sus simpatías por el POUM. Así lo relata en Homenaje a Cataluña, el testimonio de sus experiencias en España. La guerra española le volvió un anticomunista convencido, condición que marcaría su escritura para el resto de su vida.

Sus denuncias anticomunistas fueron en aumento a lo largo de su vida hasta su prematura muerte en 1950 a los cuarenta y seis años de edad. Sus libros más famosos —1984 y Rebelión en la granja— fueron escritos durante los años cuarenta y contribuyeron a abrir los ojos de Occidente sobre la auténtica cara del comunismo. La crítica que supone Rebelión en la granja a los ideales revolucionarios era tan evidente que el editor habitual de Orwell rechazó publicarlo. Era 1944 y la Unión Soviética formaba parte de la alianza contra la Alemania nazi. Orwell veía más allá y sabía que la URSS se diferenciaba de la Alemania nazi en cuestión de matices, pero no de fondo.43

El libro es una fábula que cuenta la rebelión de los animales de una granja contra sus opresores humanos. La rebelión se ve pronto secuestrada por sus líderes, los cerdos, que aspiran a sustituir a los humanos en el poder, pero no a dejar de oprimir a los animales. En el capítulo final del libro, los animales observan por la ventana de la casa de la granja una pelea entre cerdos y humanos, todos borrachos, propiciada por una partida de cartas.

Las últimas palabras del libro son las siguientes:

Doce voces gritaban con furia, y eran todas similares. No había duda, ahora, de lo que les había pasado a las caras de los cerdos. Los animales fuera miraban de cerdo a hombre, de hombre a cerdo, y de cerdo a hombre de nuevo; pero era imposible distinguir a uno del otro.

Es la confirmación de que los cerdos se han humanizado y los humanos se han encerdado. El totalitarismo ha triunfado.

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Muchos españoles tienen la misma sensación que los animales de la granja orwelliana al observar la acción política de nacionalistas y socialistas hoy en España. Miran a unos, miran a otros y cada vez les cuesta más distinguirlos. El PSOE y la izquierda en general se han convertido en los grandes aliados de los nacionalismos regionales en España, hasta el punto de llegar prácticamente a confundirse con ellos.

Como muestra, valga la entrevista concedida al diario El Mundo el 30 de diciembre de 2012 por Idoia Mendia, la antigua portavoz y consejera de Interior y Justicia del Gobierno vasco con Patxi López y diputada del Partido Socialista de Euskadi. En ella, Mendia afirma lo siguiente: «Bildu es un grupo más de la cámara y con ellos acordaremos muchas cosas porque hay visiones que compartimos desde la izquierda».

Más adelante, Mendia recuerda que «los socialistas hemos pasado por momentos muy difíciles, hemos tenido menos diputados, hemos sufrido la amenaza de una banda que mataba por pensar diferente y hemos sufrido el asesinato de muchos compañeros». En la escala de momentos difíciles, para Mendia los peores fueron cuando tuvieron «menos diputados» y los terceros el «asesinato de muchos compañeros» a manos de una banda sin nombre (¿de música?, ¿qué tipo de banda?) y solo mencionada de pasada en el contexto de sus amenazas.

Mendia obvia que la banda terrorista (vaya, se me ha escapado; esto de llamar «banda terrorista» a ETA igual molesta a su partido, Bildu) mataba por algo más que «por pensar diferente»: querían hacer del País Vasco un estado independiente y totalitario. En cualquier caso, el recuerdo de gente como Fernando Buesa, Isaías Carrasco o Juan Priede Pérez (concejal socialista de Orio asesinado en 2002) no parece influir en el juicio que Bildu le merece a Mendia.

Este es un ejemplo de la actual sintonía entre socialismo y nacionalismo en España. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se ha puesto el PSOE sistemáticamente al servicio de los nacionalismos en España, o como suelen decir ambos, en «el conjunto del Estado español»? ¿Por qué anunció Pere Navarro, el secretario general de los socialistas catalanes, en el debate de investidura del presidente de la Generalitat catalana celebrado en diciembre de 2012 que su partido se abstendría en cualquier votación relacionada con la consulta ilegal sobre la soberanía catalana que pretende celebrar el gobierno de CiU y ERC en 2014?44

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Una pista la da su común estrategia a la hora de recabar apoyo electoral. Ambos comparten el objetivo de dividir a los españoles en grupos para, a continuación, enfrentarlos entre sí. La estrategia de «ricos contra pobres» y «los de arriba contra los de abajo» es esencialmente la misma que la de «españoles contra catalanes/vascos». Persiguen alentar el victimismo de sus bases electorales denunciando la explotación a la que les someten sus supuestos enemigos. La sociedad se compone, en su mente, de grupos enfrentados y condenados a chocar entre sí como si fuesen bolas de billar.

Socialistas y nacionalistas no buscan evitar el choque porque su éxito evitándolo conllevaría la desaparición de su razón de ser.45 El socialismo necesita que haya ricos igual que el nacionalismo necesita que exista «Madrid»: estos son los enemigos que les permiten indignar y movilizar a sus bases.

El choque debe ser alentado, pero sobre todo debe ser ordenado. Este crea la necesidad de que una autoridad imponga su voluntad para asegurar la convivencia. Socialistas y nacionalistas alientan el conflicto que quieren ordenar. Buscan legitimar una mayor acción del Estado con la excusa de proteger a los débiles frente a sus opresores; crean la necesidad de una mano experta que dirija el taco de billar para asegurar que las bolas «buenas» se impongan y arrinconen a las «malas».

Nacionalismo y socialismo son ideologías fundamentalmente estatistas. Los conflictos que alientan son el medio por el cual alcanzan su verdadero fin: aumentar el poder del Estado. Sus choques externos generan unidad interna y esta unidad propicia la sumisión de los miembros del grupo ante la voluntad suprema del grupo encarnada en el Estado. Creen en el grupo antes que en la persona y el Estado es el instrumento idóneo para imponer la voluntad del grupo sobre la persona.46

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La importancia otorgada por socialistas y nacionalistas a la educación es un buen ejemplo de sus intereses compartidos. Es bien sabido que en los últimos treinta años en España solo se han aplicado leyes educativas socialistas. La reforma educativa aprobada por el gobierno de José María Aznar fue derogada en 2004 por Zapatero nada más llegar al poder y nunca fue aplicada. Socialistas y nacionalistas estarán dispuestos a transigir en otras cosas, pero la educación les resulta del todo intocable. De ahí el alto volumen de sus quejas a la reforma educativa propuesta por el ministro de Educación Wert. Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, calificó la posibilidad de que las familias puedan escolarizar con mayor facilidad a sus hijos en castellano como «un atentado contra la convivencia en Cataluña». El diputado nacional de ERC Joan Tardà calificó la iniciativa de «terrorismo social».

La política que con más ahínco buscan controlar socialistas y nacionalistas para intentar dirigir a los miembros de «su» grupo es la educativa. Y, dentro de la educación, el control de la lengua es el objetivo primordial. Su control es lo que más se asemeja al control del pensamiento. Quien controle el significado de las palabras controlará las aspiraciones de la población.

Esto es lo que lleva al régimen de la novela de Orwell 1984 a crear la neolengua: un idioma políticamente correcto en el que el significado de las palabras es definido por el partido. El objetivo es hacer inviable el pensamiento contrario al Ingsoc, acrónimo de «socialismo inglés», la ideología del régimen totalitario que se ha adueñado del poder. De hecho, los pensamientos contrarios al Ingsoc son considerados delito. Cambiando el significado de las palabras, el régimen impide que la población desee lo que no debe. Pero el verdadero objetivo de la neolengua es quitar todo significado a las palabras. En el momento en el que las palabras dejen de tener sentido, el dominio del Estado sobre su población será absoluto: la gente pensará lo que el Estado le ordene que piense. Prueba de ello es que la palabra «pensar» pasa a ser tanto verbo como sustantivo. En consecuencia, la palabra «pensamiento» es eliminada.

La lengua es asimilable al mercado. Su evolución espontánea depende de las decisiones individuales de millones de personas (quién iba a pensar, por ejemplo, que la telefonía móvil e Internet iban a afectar tan profunda e incontroladamente a nuestra lengua). La lengua, pues, no está ni planificada ni coordinada con ningún objetivo político. Por ello, igual que ocurre con el mercado, nacionalistas y socialistas buscan controlarla y ponerla al servicio de sus fines políticos. La libertad de la lengua, igual que la del mercado, marca los límites del poder del Estado.

El idioma es, además, el gran símbolo de poder. Sea el catalán, el vasco o el lenguaje políticamente correcto, la capacidad para imponerlo sobre los demás es muestra incontestable del poder propio. La lengua para socialistas y nacionalistas deja de ser un conjunto de sonidos con los que comunicarse para convertirse en una suerte de conjura mística, símbolo de la autoestima colectiva del grupo. Quien no se someta al uso de la lengua se estará rebelando contra la unidad del grupo.

La desobediencia en el uso debido de la lengua debe ser castigada y prevenida. De ahí, por ejemplo, las campañas para multar los rótulos que no estén en catalán en Cataluña. O las presiones para que la Administración y la escuela adopten un «lenguaje no sexista». A este respecto, cabe recordar que el Ministerio de Igualdad y la Federación de Enseñanza de UGT firmaron en 2009 un convenio para eliminar de las lecturas infantiles cuentos sexistas como La bella durmiente o Blancanieves; en su lugar proponían un cuento titulado La princesa diferente que terminaba con la protagonista llevando al príncipe en moto a China.

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Socialistas y nacionalistas también llegan fácilmente a acuerdos para quitar dinero a los miembros del grupo por el bien del grupo. Subir impuestos no es para ellos una medida a intentar evitar sino un medio para alcanzar sus objetivos. Las primeras decisiones del nuevo gobierno de CiU y ERC en Cataluña consistieron en subir o crear nueve impuestos, incluyendo una subida inmediata del impuesto de patrimonio y un impuesto a las bebidas con exceso de azúcar para «luchar contra la obesidad».47

El Estado quita así a la persona la responsabilidad de su propio peso y se legitima para aligerar el bolsillo de los que consumen coca-colas, tengan el peso que tengan. Siguiendo esta misma lógica, habría que poner impuestos a todos aquellos objetos que impiden que la gente haga ejercicio y, por tanto, engorde: los ascensores, los mandos de la tele, las mantas que te quitan las ganas de salir de la cama…

Las justificaciones pueden variar, pero el objetivo compartido por socialistas y nacionalistas es siempre el mismo: que el Estado crezca, recaude más, promueva valores, cree identidades e imponga la voluntad del grupo sobre la persona.

En este sentido, no sería de extrañar una futura iniciativa conjunta de socialistas y nacionalistas para usar la política fiscal para promover un uso «inclusivo» de la lengua «que refleje el contexto sociopolítico actual». Promoverían, por ejemplo, desgravaciones para los que utilicen habitualmente el vasco, catalán, gallego o el lenguaje no sexista. O un impuesto que luche «contra la imposición lingüística» gravando el material publicado en español en sus comunidades. U otro que luche «contra la intolerancia» discriminando a los que pidan la escolarización de sus hijos en castellano.

A esta lucha fiscal contra la intolerancia se podrían sumar gravámenes para los colegios que permitan «juegos sexistas» en sus recreos. Recordemos que en octubre de 2010 el Congreso de los Diputados aprobó a propuesta del PSOE una iniciativa para prohibir los juegos sexistas en los recreos y evitar que las niñas jugasen por su lado y los niños por otro; la diputada del PSOE que defendió la iniciativa adujo que «el juego es un espacio y un tiempo de libertad» y pidió «que todos rememos en la misma dirección». CiU votó a favor de la iniciativa tras aceptar el PSOE una enmienda que modificó la redacción de la petición del Congreso. Así, en vez de «El Congreso de los Diputados insta al gobierno a», la iniciativa se aprobó diciendo: «El Congreso de los Diputados insta al gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas…».

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¿Qué hacer para que los españoles dejemos de llevar nuestra mirada de unos a otros, de otros a unos, sin poder distinguir entre ellos? Lo apuntado en capítulos anteriores: promover la separación de partidos y Estado y las circunscripciones electorales.

Según una encuesta realizada por el CIS en noviembre de 2012, el castellano es la lengua materna del 52,5 por ciento de los catalanes. El catalán lo es para un 40 por ciento de los catalanes y ambas lenguas lo son para el 6 por ciento. Sin embargo, el porcentaje de los diputados del Parlamento catalán que apoya la inmersión lingüística es del 79,3 por ciento (todos menos PP y Ciudadanos). Es decir, los catalanes hablan mayoritariamente en castellano y sus diputados autonómicos quieren abrumadoramente que hablen en catalán.

Algo no funciona en el sistema político español cuando los representantes elegidos tienen prioridades tan dispares a las de sus electores. El sistema de votación por circunscripciones unionominales, la separación de partido y Estado y las primarias internas para candidatos ayudarían a romper con la inercia soberanista de los partidos nacionalistas (incluyendo los que se presentan en nombre del Partido Socialista) al crear incentivos para que sus representantes reflejasen más fielmente las aspiraciones de sus ciudadanos.

Las primarias promoverían una competencia interna que incentivaría a buscar el voto y dar protagonismo al sector menos nacionalista de los electores que ahora mismo permanece silenciado. Las circunscripciones también permitirían hacer llegar más nítidamente a las cúpulas de los partidos la voz de los hispanohablantes y de los empresarios catalanes fritos a impuestos (la voz de los empresarios se hizo escuchar a través de la patronal catalana cuando esta se opuso públicamente al plan soberanista de CiU y ERC, pero tendría incluso más fuerza si se expresase dentro de los partidos políticos).

La voz y la financiación de afiliados y votantes son, como ya hemos visto, las dos caras de la misma moneda. ¿Alguien se imagina a Artur Mas aprobando los nueve impuestos si supiese que pondría en peligro la financiación de su partido? Lo hace porque le sale gratis con sus votantes, por lo menos hasta las próximas elecciones. La financiación de CiU es pública (cuando no irregular como han evidenciado múltiples casos investigados, juzgados e incluso sometidos a condena; no son los únicos, por desgracia). Por ello mismo, sus ingresos no fluctúan en función de la voluntad de los ciudadanos a lo largo de la legislatura. Una financiación privada —es decir, voluntaria— de los partidos crearía incentivos para mejorar la coherencia entre los principios de un partido y su acción de gobierno.

Además, reduciría la credibilidad de las denuncias de imposiciones hechas desde «Madrid». Los partidos con presencia en toda España son presentados como ajenos a la realidad de las regiones con importantes partidos nacionalistas. El PP catalán o vasco, por ejemplo, no es considerado por los nacionalistas como un partido verdaderamente catalán o vasco sino como un lacayo de la voluntad de sus señores de la capital española. Con el control de abajo arriba que traerían las circunscripciones y la separación partido-Estado, nadie podría argumentar que la voluntad de los catalanes o vascos miembros del PP estaría siendo silenciada desde un despacho en Madrid.

¿Significaría esto el final de los partidos nacionales, dado que Madrid ya no podría imponer sus designios en toda España? En absoluto. Al revés, los fortalecería. Ensancharía los canales de comunicación entre las sedes nacionales y las territoriales. La voluntad de los partidos sería la suma de las voluntades expresadas desde las bases. Los compromisos ideológicos fundamentales de los afiliados a un partido son similares en toda España. El partido nacional sería el responsable de aunarlos. No se pueden aunar esfuerzos cuando estos permanecen ocultos por culpa de la falta de canales para expresarlos.

La separación entre partido y Estado también ayudaría a vertebrar adecuadamente el Estado. La (con)fusión actual ha llevado a que la vertebración del Estado dependa excesivamente de la acción de los partidos. Cuando un partido tan importante como el PSOE se mimetiza con los nacionalistas, su función vertebradora desaparece y el Estado se fragmenta. La vertebración del Estado debe depender del propio Estado y de la acción ciudadana. No debe ser subcontratada a los partidos políticos. La vertebración del Estado mejorará en el momento en que dicha responsabilidad se retire de quienes nunca deberían haberla tenido.

Y, gracias a todo ello, los partidos de izquierda iniciarían un proceso de «desmimetización» de los partidos nacionalistas y volverían a tener entidad propia. No parece excesivo pedir que se evite repetir el error que supuso que el presidente del Gobierno de España considerase a la nación española como un concepto «discutido y discutible», como lo hizo el presidente Rodríguez Zapatero en el Senado en 2004.

Todo esto dependerá de que se introduzcan los incentivos correctos en la vida política española. No debemos esperar que todos vayan a remar en la misma dirección para conseguirlo. De hecho, de tanto pedir que todos rememos en la misma dirección, el PSOE ha dejado de remar y de saber hacia dónde remar. No es necesario que todos rememos en la misma dirección para que vayamos en la dirección adecuada.

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NO DEBEMOS REMAR TODOS
EN LA MISMA DIRECCIÓN

Raro es el debate político en el que alguno de los oradores —suele ser el del partido que apoya al gobierno— no acabe apelando a la unidad de los oyentes exclamando: «¡Todos debemos remar en la misma dirección!» (las variaciones incluyen «todos debemos arrimar el hombro» o «es la hora de la unidad» y el énfasis dramático lo da «ahora más que nunca…»). Con este ruego se nos da a entender que la unidad permitiría a España superar los graves problemas a los que se enfrenta.

Hay un problema de partida con esta idea: ni los españoles ni los miembros de ninguna sociedad vamos a remar todos nunca en la misma dirección. Es absurdo perder el tiempo apelando a una situación que no se va a producir. Más aún, sería terrible que se produjese.

Las metáforas deben ser manejadas con cuidado. Quien habla de remar todos en la misma dirección presupone que unos reman (los oyentes) mientras que otros (él) dirige el timón para llevarnos a buen puerto. Pero España no es ni una galera ni una trainera ni ningún otro tipo de barco de remos. Un país no se divide entre los que se esfuerzan y los que deciden. Esto es así porque el esfuerzo de cada uno es, en sí mismo, una decisión.

¿Qué quiero decir con esto? Que la sociedad se mueve gracias a los millones de decisiones que toman todos sus miembros día a día en función de sus propios intereses, que a menudo son contradictorios: un comprador, por ejemplo, quiere comprar barato y un vendedor quiere vender caro. Pero que haya contradicciones y fuerzas que tiren en direcciones opuestas no significa que no se llegue a acuerdos (de compraventa, por ejemplo). Y estos acuerdos crean equilibrios.

Una sociedad no encuentra el equilibrio alineándose toda en una misma dirección. Lo encuentra permitiendo que cada cual busque su propio interés y llegue a acuerdos libres (es decir, voluntarios) con los demás. Alinearse todos en la misma dirección presupone que alguien alinee a los demás y, haciéndolo, utilice un criterio de alineación con el que los alineados no estén necesariamente de acuerdo. La unidad no es un valor político superior al libre albedrío ni al respeto a la ley.

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La metáfora de los remeros unánimes promueve, además, la pereza política. Defendiendo la unidad como un fin en sí mismo se obvia el indispensable esfuerzo que implica justificar la dirección en la que se pretende ir. La cuestión no es estar unidos; la cuestión es adónde pretende llevarnos el gobierno (o mejor dicho, qué políticas pretende implementar). La insistencia en lo primero distrae de lo segundo.

Siempre va a haber gente que discrepe de cualquier decisión que tome un gobierno: los opuestos ideológicamente, los beneficiados por la situación que se quiere cambiar, los enfadados con el gobierno por otras razones y que aprovechan para criticar también esta decisión, los que simplemente creen que es una decisión objetivamente equivocada, etc. Es ilusorio pretender que vayan a remar todos en la misma dirección. No merece la pena perder un solo segundo apelando a una unidad que ni se va a conseguir ni merecería la pena pagar el precio que conllevaría conseguirla.

Además, ¿qué es esto de que debemos estar unidos? ¿Qué deber es este que nos obliga a pensar como los demás? El deber de todos es el de respetar la ley, pero más allá de ello lo que prima es la libertad. El deber será más bien el que obliga al gobierno a esforzarse por convencer a los ciudadanos de la idoneidad de sus decisiones. El liderazgo se demuestra en condiciones adversas. Un gobierno debe convencer a su población de que sus políticas son las apropiadas. Convencer significa apelar al juicio racional del oyente, dar argumentos, comunicar y responder a los que no están de acuerdo. Al tomar conciencia de que las personas nunca van a pensar todas igual, los dirigentes se esforzarán por mejorar sus dotes de liderazgo.

La apelación al deber de la unidad, por tanto, desincentiva el liderazgo político. La sociedad es contradictoria, diversa y plural. Y es bueno que lo sea. De hecho, la labor de un gobierno es ensanchar los espacios de libertad para que las personas puedan perseguir su propio interés con mayor facilidad. Buscando cada uno su propio interés nos beneficiamos todos. Cuando, por ejemplo, cada comercio decide abrir y cerrar en función de sus expectativas de ventas, nos beneficiamos todos los consumidores al poder hacer nuestras compras con mayor facilidad. Por tanto, una apelación a que todos debemos remar en la misma dirección es, de hecho, una confesión de la falta de capacidad de liderazgo del que habla.

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Otra forma que tienen los gobiernos de intentar evitarse críticas es tomar las decisiones por consenso. ¿Es el consenso un valor superior a la corrección de una decisión? ¿Merece la pena introducir elementos equivocados en un acuerdo para asegurar el apoyo de grupos de la oposición? La respuesta no es fácil. Lo que el gobierno cree que es lo correcto puede no serlo y, gracias al acuerdo, ser corregido. Pero al mismo tiempo, la oposición rara vez busca corregir a un gobierno por el bien genérico de la sociedad (el gobierno representa a todos; la oposición solo a sus votantes). Prima más bien la ventaja política que crea poder conseguir introduciendo sus propios criterios en un acuerdo.

Dicho esto, los diputados de la oposición tendrían mayores incentivos para alcanzar consensos con el gobierno si fuesen elegidos por circunscripciones. Se rompería así la dinámica actual de votos por bloques en el Congreso y se permitiría que diputados no pertenecientes al partido del gobierno apoyasen sus iniciativas si estas fuesen beneficiosas para sus electores. Los consensos políticos serían más factibles con listas abiertas y elecciones por circunscripciones de lo que lo son actualmente.

O, dicho de otra manera, se superaría la obsesión por los pactos de Estado. Estos, en el fondo, no hacen más que apuntalar la influencia de las cúpulas de los partidos y rara vez resuelven el problema pactado, incumpliéndose lo acordado con cierta celeridad. Esto fue el caso del Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo propuesto por el PSOE y firmado entre PP y PSOE en diciembre de 2000. En él se acordó «trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política directa o indirecta de la violencia». En el debate del estado de la nación celebrado en mayo de 2005, sin embargo, el presidente Rodríguez Zapatero anunció su intención de llegar a un final dialogado de la violencia de ETA durante la legislatura.

La «mística» de los pactos de Estado seguramente se deba a los Pactos de La Moncloa, recordados con respeto y admiración por muchos. Sin embargo, cabe preguntarse si los grandes acuerdos de la Transición —los de La Moncloa, la Constitución, etc.— fueron posibles precisamente porque los partidos eran débiles entonces y si no es el fortalecimiento de las cúpulas de los partidos derivado de la aplicación de estos acuerdos lo que impide que su éxito se repita ahora.

En cualquier caso, si bien estos acuerdos fueron un éxito en su día, los problemas de 2013 no se van a arreglar con las soluciones de 1977. La solución a los problemas a los que se enfrenta España hoy pasa por debilitar el poder de las cúpulas de las grandes organizaciones sociales, no por fortalecerlas. ¿Estarán dispuestos los partidos, sindicatos y patronales a acordar un Pacto de Estado para debilitar el poder de sus firmantes?

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Un grupo parlamentario rema todo el tiempo en la misma dirección. Recibe indicaciones de voto y vota de manera alineada. La sociedad no es un grupo parlamentario, por suerte. Resistamos la tentación de convertir la sociedad en un grupo parlamentario y, de hecho, cambiemos los incentivos dentro de los grupos parlamentarios para que reflejen más nítidamente la pluralidad de la sociedad a la que representan.

PARTE II

INCENTIVOS PARA REFORMAR EL ESTADO

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LA PRIORIDAD: DAR MÁS FACILIDADES
PARA ABRIR UN NEGOCIO

El Banco Mundial tiene un nombre muy evocador. Suena a importante. Aunque no se sepa muy bien lo que hace, impone. Uno se imagina que en él trabaja gente poderosa con mucho dinero y capacidad para influir en el mundo. Los movimientos antiglobalización, por ejemplo, acusan al Banco Mundial junto con el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y las multinacionales de ser los grandes responsables de la pobreza en el mundo.

Si el Banco de España manda en España y el Banco Central Europeo manda muchísimo en Europa, el Banco Mundial debe mandar mucho en todo el mundo. Pero no, el Banco Mundial no es el banco central del mundo (menos mal). El Banco Mundial es una agencia de la ONU que desde su fundación en 1944 intenta reducir la pobreza en el mundo dando préstamos a intereses por debajo de mercado y asistencia técnica a países pobres.

A lo largo de estos años, el Banco Mundial ha diversificado sus métodos para intentar lograr sus objetivos. Además de aportar financiación externa a países en desarrollo, ha pasado a interesarse por los incentivos que ayuden a estos países a salir de la pobreza por sí mismos. Lo ha hecho extrayendo lecciones de la experiencia, por ejemplo de Corea del Sur, que pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los más ricos (contrariamente a su vecino comunista del norte que sigue siendo uno de los peores infiernos del mundo). El Banco Mundial partió de la base de que, aunque los modelos de desarrollo no puedan trasladarse tal cual de unos países a otros, los incentivos para generar prosperidad sí.48

En función de ello, el Banco Mundial publica desde 2004 unos informes llamados Doing Business (Haciendo Negocios) en los que se calcula el coste que las regulaciones nacionales suponen para hacer negocios en todos los países del mundo. Su premisa fundamental es que la actividad económica necesita de buenas reglas. No hay generación de riqueza sin actividad económica y no hay actividad económica sin empresas que la generen. La cuestión es valorar en qué medida las regulaciones de los países facilitan la generación de actividad productiva de sus empresas.

Entre las regulaciones que analiza el informe están las facilidades que da un país para: empezar un negocio, conseguir licencias de obras, contratar a trabajadores, registrar propiedad, conseguir crédito y hacer cumplir los contratos. También evalúa el nivel de impuestos.

Con todos estos datos, el Banco Mundial hace un ranking global de países.49 Según el último informe publicado en octubre de 2012, los tres países con las mayores facilidades del mundo para hacer negocios son Singapur, Hong-Kong y Nueva Zelanda.

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España aparece en el puesto número 44 del ranking, entre Perú y Colombia. El puesto es modesto, pero además la tendencia es a la baja. En el anterior ranking España obtuvo el puesto número 42. Bajar dos puestos en plena crisis cuando se están haciendo reformas para que nuestra economía sea más competitiva es preocupante. En cambio, el país destacado en el informe 2013 por su celo en aplicar reformas es Polonia, otro país europeo que lucha contra la crisis. Polonia subió del puesto 74 en 2012 al 55 en 2013.

Los puestos de España en los distintos ranking por facilidades están, en general, entre el 40 y el 70.50 Las facilidades que mejor ofrece España son las que ayudan a resolver quiebras, alcanzando nuestro país el puesto número 20 en este ranking. Pero el lastre para nuestra economía son las facilidades (es un decir) para empezar un negocio. El puesto de España en este apartado es el 136 (y cayendo; en 2012 fue el 134). Aquí nos encontramos entre Brunei y República Dominicana.

Para empezar un negocio en España hay que dedicar a las gestiones veintiocho días y superar diez procedimientos distintos. La media en los países de la OCDE es de doce días y cinco procedimientos. En Nueva Zelanda se tarda un día en cumplir con el único procedimiento requerido para montar una empresa. El Banco Mundial calcula que el coste para abrir un negocio en España es de 1.070 euros.51

Las empresas españolas, por lo tanto, se enfrentan a importantes dificultades y costes regulatorios para nacer. Ante datos así, el argumento de la izquierda de que la crisis en España es culpa de la desregulación, el neoliberalismo o los mercados se cae por su propio peso.

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Las perspectivas económicas a principios de 2013 aún eran sombrías. El FMI pronosticaba una contracción del 1,5 por ciento del PIB español en 2013, mayor aún que la de 2012 que fue del 1,4 por ciento del PIB. En marcado contraste a la situación española, la economía mundial creció un 3,2 por ciento en 2012 y el FMI pronosticaba que lo haría un 3,5 por ciento en 2013. Si hubiese que elegir una sola medida económica para sacar a España de la crisis, mi elección estaría clara: dar más facilidades para crear una empresa. Propondría, por ejemplo, que el gobierno se comprometiese a quitar un procedimiento cada año a partir de 2013.52

Según el INE, en España hay unos 3,25 millones de empresas. Más de la mitad no tienen ningún asalariado y tres de cada diez tienen solo uno o dos asalariados. Es decir, la espina dorsal de la iniciativa empresarial en España son empresas muy pequeñas en las que el empresario se da empleo a sí mismo.

La crisis económica se ha llevado por delante a unas 200.000 empresas y a unos 350.000 autónomos. Esto y los ajustes en las empresas que para sobrevivir han tenido que reducir sus plantillas es lo que nos ha llevado a los 6 millones de parados.

Es inevitable que muchas empresas cierren cuando hay crisis. Incluso en épocas de bonanza hay empresas que también cierran por culpa de la mala gestión, la mala suerte u otras muchas razones. Pero la clave de la salud económica de un país no es que las empresas dejen de cerrar; es que se creen muchas nuevas.

Las empresas que funcionan mal consumen recursos que podrían ser utilizados mejor por las que están por nacer. Cuando las empresas que no tienen éxito quiebran liberan recursos (de capital, trabajadores, etc.) de los que las nuevas podrían disponer siempre y cuando existieran facilidades para crear la empresa cuanto antes.

Los recursos liberados —y, en particular, las personas desempleadas— estarían parados el menor tiempo posible si se aceleran los trámites para crear una empresa. Y no solo porque las nuevas empresas vayan a contratar a gente que hoy está en paro, sino también porque muchos parados decidirían dedicar el dinero de su indemnización o de sus ahorros a montar un negocio. La facilidad para abrir un negocio es, en muchos casos, lo que separa a un parado de un empresario.

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Ni se puede impedir por ley que las empresas quiebren, ni se puede obligar por ley a que nazcan. Lo que tiene que hacer el Estado es dar facilidades a los ciudadanos para que impulsen sus proyectos. Esto pasa por una reducción drástica de la burocracia en España.

La tradición administrativa de nuestro país ha llevado a que se considere que el Estado debe autorizar las iniciativas económicas (entre otras muchas) de los españoles. Es precisamente esta lógica la que hay que cambiar. El Estado no debe autorizar; el Estado debe supervisar.

Este cambio de prioridades supondría que el Estado pasase de decirle al ciudadano «de entrada, no» a decirle «de entrada, sí». El Estado presupondría la buena intención del empresario en el momento de iniciar un negocio y confiaría en que cumple con la legislación vigente. Así funcionan las declaraciones responsables promovidas por la Comunidad de Madrid en 2012 para el inicio de actividad y obras en la región. Estas declaraciones han sustituido a las tradicionales licencias municipales que se rigen por la lógica de la autorización administrativa.

Se confía en la buena intención de los ciudadanos, pero incentivando su cumplimiento de las normas. La Administración ejerce una labor de supervisión e inspecciona a las empresas para comprobar que cumplen con lo previsto en sus declaraciones responsables. Para quien no haya cumplido, las sanciones serán muy severas. Pero el incumplimiento de algunos no debe perjudicar la iniciativa de todos al dificultar la puesta en marcha de sus negocios.

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Por otro lado, la facilidad para abrir negocios también contribuiría a acabar con una de las características culturales que más nos lastra como país: el miedo al fracaso.53

El mayor éxito de España será superar su miedo al fracaso. Las puertas se cierran demasiado a menudo a la persona cuya empresa ha fracasado. Si su empresa cae, se da por hecho que la condición natural de la persona es permanecer caída en vez de volver a levantarse. Quitemos todas las trabas que llevan a que la gente permanezca caída; demos todas las facilidades para que se vuelva a levantar.

Además, ¿qué es un fracaso? Según la RAE, es un resultado adverso de una empresa o negocio. Es una definición muy reveladora porque resalta que el malogro que genera el fracaso es el del negocio, no el de la persona. Una persona cuya empresa fracasa no es un fracasado. El fracaso de su empresa implica que la persona ha tenido iniciativa, ha tomado una decisión, ha asumido un riesgo para obtener un beneficio futuro, pero el beneficio no se ha producido. Las características que demuestra la persona que crea una empresa, aunque luego fracase, son virtudes y no defectos.

Evitar fracasos significaría dejar de tomar decisiones y riesgos. ¿Alguien se cree que vamos a salir de la crisis sin tomar decisiones y asumir riesgos? Aquí, evidentemente, ya no me refiero solo a los empresarios. La cultura del miedo al fracaso es ubicua en España y afecta también a la política. Demasiadas carreras públicas están basadas en evitar los riesgos. Existe la percepción de que no fracasa lo que siempre se ha hecho de la misma manera. Por ello, la tentación del político a menudo es no salirse de la inercia del pasado porque si algo sale mal, tendrá el aval de que «siempre se ha hecho así». Hacer cosas distintas a como siempre se han hecho comporta poner en riesgo la carrera política del responsable.

Y, sin embargo, el mayor fracaso político de España será seguir haciendo «lo de siempre». El político fracasado será el que se niegue a dejar de hacer las cosas como hasta ahora; el político de éxito será el que asuma el riesgo de cambiarlas. Los tiempos de crisis exigen decisiones políticas valientes, decisiones que corran el riesgo de fracasar, pero que, precisamente por ello, pueden convertirse en grandes éxitos.

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Según el Barómetro Universidad-Sociedad elaborado por la Universidad Complutense de Madrid en 2011, solo el 8 por ciento de los 1.200 estudiantes encuestados quería montar su propio negocio. El 30 por ciento quería ser funcionario y el 41 por ciento trabajar en la empresa privada. Estos universitarios admitieron mayoritariamente su voluntad de encontrar un trabajo fijo y duradero. Para justificar su aversión a montar un negocio dijeron que «montar un negocio es para gente que tenga dinero».

Quizá este razonamiento se haga para no tener que admitir que se quieren evitar riesgos y, por lo tanto, posibles fracasos. Pero no les falta razón a los que se quejan de la falta de dinero para montar un negocio. Es muy complicado que un banco financie un negocio a un joven sin experiencia, por muchas ganas e ideas que tenga. Y encima, si la experiencia que se tiene incluye haber montado un negocio que fracasó, las puertas de la financiación se cierran incluso más de lo que ya lo están para el común de los demandantes de crédito.

La clave para que el crédito vuelva a fluir en España es que aumenten las tasas de ahorro y baje nuestro endeudamiento, lo que supone inicialmente restringir el crédito. Se prestó demasiado en el pasado y ahora hay que reducir el número de préstamos pendientes. Esto explica que el crédito a empresas en 2012 haya caído en torno al 7,2 por ciento y el de familias un 4,6 por ciento con respecto a 2011.54 En resumen, hay que ahorrar primero para prestar más adelante.

Se está avanzando en esta dirección, aunque los resultados tardarán en notarse. Ayudaría, en cualquier caso, que, hasta que el crédito vuelva a fluir, se levanten los impedimentos burocráticos que tanto dificultan montar un negocio en España. El Estado no puede decretar que el crédito vuelva a fluir, pero sí puede facilitar la creación de nuevas empresas. Escalar puestos en el ranking del Banco Mundial de facilidades para la creación de un negocio supondrá acortar los plazos para salir de la crisis.

Las reformas de este calado pondrían al Estado al servicio de los ciudadanos, el objetivo repetidamente planteado en este libro. Otra forma de hacerlo sería atrayendo mayor inversión extranjera.

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ATRAER MÁS INVERSIÓN EXTRANJERA:
EL CASO DE EUROVEGAS

Tú no has dormido mucho esta noche, ¿eh?

No, la verdad era que no había dormido demasiado esa noche. Esperanza Aguirre me miraba burlona al saludarme antes de empezar la que iba a ser mi primera reunión como consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.

La presidenta me había ofrecido el puesto la tarde anterior tras someterme a un tercer grado de casi una hora durante el que me encontré sorprendentemente tranquilo. Los nervios llegaron más tarde, cuando se hizo público el nombramiento y empezaron a llegar llamadas y SMS a borbotones (descubrí entonces que aunque te lleguen más de 100 SMS, el número encima del sobrecito en la pantalla del móvil no pasa de 99). Al sonar el despertador la mañana siguiente, la cabeza me seguía dando vueltas y mi elección de traje para la toma de posesión recayó en el más arrugado de todos. Pero antes de la toma de posesión estaba convocado a una reunión con la presidenta.

Había mucha gente en la sala. Eran norteamericanos. La presidenta me presentó a su jefe, un señor mayor que andaba con bastón e iba acompañado por su esposa. Yo hacía varias semanas que tendría que haber pasado por una peluquería; el señor hizo un comentario elogioso sobre mi pelo comparándolo con el escaso suyo.

Venían a hablar de una inversión que querían hacer: un gran centro de entretenimiento que incluiría casinos y todo tipo de instalaciones. El señor norteamericano, llamado Sheldon Adelson, había tenido varias reuniones ya con la presidenta. Su empresa había pasado por severas dificultades financieras, pero las había superado gracias a que su mujer y él le inyectaron mil millones de dólares de su bolsillo (vaya bolsillo). La inversión les había salido redonda, convirtiendo a Adelson en uno de los hombres más ricos del mundo. Y acababan de abrir un centro en Asia similar al que querían abrir en Madrid que les estaba yendo muy bien. Era el momento de retomar el proyecto madrileño.

La reunión certificó la voluntad de ambas partes de sacar adelante el proyecto. Nos despedimos y acompañé a la delegación norteamericana a la entrada principal de la Real Casa de Correos, la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. De camino, me encontré con mis padres, listos ya para el acto de toma de posesión.

Mi madre se reía. Mi padre ponía cara de circunstancias. El motivo de las chanzas era que mi padre se había traído al acto un buen número de programas de mi ceremonia de graduación del máster. Me dieron un premio en el máster y el programa del acto así lo reflejó. Mi padre se dedicó tras la ceremonia a recoger todos los programas sobrantes —de los asientos, del suelo…— para quedárselos de recuerdo. Hacía trece años de ello, pero todavía guardaba un buen número de los por él bautizados como «prospectos». Y, por una razón francamente difícil de explicar, había decidido traerse algunos ejemplares de Valencia, donde vive, a Madrid para la toma de posesión.

Salimos a la calle. Adelson estaba sentado en el asiento del copiloto de un coche esperando algo que le impedía irse. La puerta del coche estaba abierta y Adelson miraba en nuestra dirección. Decidí presentarle a mis padres. Mi padre le dio la mano y acto seguido le entregó un ejemplar del «prospecto». Adelson lo cogió y miró entre sorprendido e interesado mientras hacía algún comentario de cortesía. Se lo pasó a su mujer que estaba sentada en el asiento de atrás del coche. Ya no veíamos lo que pasaba y mi padre se empezó a poner nervioso: «A ver si estos se van a ir con mi prospecto». Abrió la puerta de atrás y pidió con su cortesía militar que le devolviesen el papel, cosa que ocurrió inmediatamente. «Menos mal que estoy encima de todo», concluyó mi padre. Mi madre y yo tratamos de disimular —con poco éxito —una risa compulsiva.

Así empezó mi relación con Eurovegas, el proyecto sin duda más mediático de mi tiempo como consejero de la Comunidad de Madrid. Quince meses más tarde, la empresa de Adelson anunció su decisión sobre la región en la que ubicaría el proyecto.

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En septiembre de 2012, Las Vegas Sands emitió un comunicado anunciando que elegía a la Comunidad de Madrid como «localización preferente» para su inversión en Europa. Esta inversión de 17.000 millones de euros en diez años prevé la construcción de hasta doce hoteles de 3.000 habitaciones cada uno, 176.000 metros cuadrados de superficie para ferias y congresos, seis casinos, 50.000 plazas de restaurantes, bares y discotecas, un polideportivo de 15.000 asientos, campos de golf, etc. Los puestos de trabajo creados variarían en función de la escala final del proyecto, pero serían varias decenas de miles.

Todos los partidos de la izquierda madrileña se opusieron a la instalación de Eurovegas en Madrid. Esto no tenía por qué ser necesariamente así.55 El Partido Socialista de Cataluña, por ejemplo, sí apoyó la candidatura catalana a atraer la inversión. Y los primeros contactos del gobierno de España con Las Vegas Sands fueron en tiempos del ejecutivo socialista, a través del Ministerio de Industria. Pero, por alguna razón, PSOE, IU y UPyD decidieron todos rechazar la inversión.

Sus argumentos fueron mayoritariamente morales. En esto fueron aliados de algunos miembros de la Iglesia católica. El obispo de Getafe, por ejemplo, contrapuso la atractiva fachada del proyecto a su interior marcado por «la podredumbre». La izquierda también demostró ser digna heredera de la oposición franquista al juego. Recordemos que el juego fue ilegal en España hasta marzo de 1977. O mejor dicho, fue ilegal el juego no monopolizado por el Estado: las loterías existieron bajo el franquismo y la quiniela fue creada en 1946. El real decreto ley que legalizó el juego admitió el fracaso de su prohibición total «en la consecución de sus objetivos moralizadores». Gracias a la legalización del juego hecha durante la Transición, en España hay actualmente unos cuarenta casinos.

La coletilla repetida hasta la saciedad por la izquierda madrileña ha sido que Eurovegas será una «fábrica de ludópatas». La duda que genera este argumento es si, siguiendo su lógica, habría que cerrar todos los bares por ser «fábricas de alcohólicos» y los restaurantes por ser «fábricas de obesos». La visión del mundo que refleja esta argumentación es que el Estado no puede confiar en que el ciudadano decida qué es lo que más le conviene y, por tanto, deba decidir por él. Pero quitarle al ciudadano su libertad para equivocarse es quitarle su derecho para decidir libremente.

La izquierda también criticó las facilidades ofrecidas por las distintas administraciones a la empresa promotora de la inversión. Aquí la pregunta que cabe hacerse es si la labor de una Administración es dar facilidades o poner trabas para que se realice una inversión. La crítica más atinada sería decir que hasta que se puso encima de la mesa una inversión de estas dimensiones las distintas administraciones no se esforzaron lo suficiente en dar facilidades.

Pero que no se den las suficientes facilidades empresariales en España no debe llevarnos a criticar las que se dan; al revés, debería llevarnos a criticar las trabas que permanecen. Las críticas a las facilidades dadas a Las Vegas Sands reflejan, en el fondo, un acomodo con las muy altas trabas a la iniciativa empresarial que existen actualmente en España. El problema no son las facilidades que se dan; el problema son las facilidades que no se dan. El caso de Las Vegas Sands pone en evidencia las enormes dificultades burocráticas a las que se enfrentan las empresas, españolas o extranjeras, que desean invertir en nuestro país.

Las facilidades dadas por la Comunidad de Madrid —por ejemplo, la reducción de la tasa del juego hasta el 10 por ciento— han sido dadas a todo el sector del juego y no solo a Las Vegas Sands. ¿Y por qué se han dado más facilidades a este sector y no a otros? De acuerdo, no escatimemos los esfuerzos por alentar las inversiones. Demos, pues, el mayor número de facilidades a todos los sectores, a todas las empresas españolas y extranjeras que quieran invertir en España. Quitemos el cartel de «Se reserva el derecho de admisión» colgado en la puerta de las inversiones extranjeras.

En todo caso, no fueron las facilidades específicas que ofreció Madrid las que aseguraron la elección de la región por parte de Las Vegas Sands para hacer su inversión. Fue el entorno económico de la región, resultado de casi nueve años de la política liberal impulsada por Esperanza Aguirre. Las reformas aplicadas y la política de impuestos bajos en la comunidad han supuesto que, según el Índice de Libertad Económica de las Comunidades Autónomas publicado por la Universidad Complutense, Madrid sea, de lejos, la comunidad española con mayor libertad económica. Esto explica por qué Madrid atrae, más o menos, las dos terceras partes de la inversión extranjera que viene a España. Las Vegas Sands decidió lo que deciden la mayoría de las empresas que quieren invertir en España.

El entorno favorable madrileño minimizó el número de excepciones requeridas. Madrid no tuvo, por ejemplo, que prometer que el complejo sería exceptuado de la regla general para poder gozar de una libertad de horarios comerciales porque la libertad ya se había aprobado para toda la región. O no hubo dudas sobre su compromiso con una fiscalidad baja, dado que Madrid ya goza de la fiscalidad más baja de toda España.

No es solo que los madrileños paguen cuatro puntos menos que los catalanes en el tipo marginal de su declaración de la renta o que el impuesto del patrimonio no se haya restablecido en Madrid. Es que, además, Cataluña cometió lo que creo que fue un error al crear una tasa turística por la cual toda persona alojada en un hotel pagaría por noche entre 0,45 y 2,25 euros al gobierno catalán. La aprobó, además, en marzo de 2012, es decir, en plenas negociaciones con Las Vegas Sands para decidir su ubicación en España (la tasa entró en vigor el 1 de noviembre de ese mismo año). El objetivo de la tasa era nutrir un fondo para fomentar el turismo. Uno no puede dejar de preguntarse si no se fomenta mejor el turismo con impuestos bajos.

Las Vegas Sands se encontró pues con un nuevo impuesto que afectaría directamente a su cuenta de resultados y frente al que, como mucho, podría aspirar a una excepción. Pero Las Vegas Sands, como los inversores extranjeros en general, no busca excepciones: busca reglas de juego claras para todos que le permitan saber a qué atenerse para la puesta en marcha de su negocio. El entorno general es el que atrae las inversiones, mucho más que las excepciones que pueda ofrecer un gobierno.

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España recibió en 2011 unos 22.000 millones de euros en inversión extranjera, es decir, la mitad de la inversión que recibieron Irlanda o Rusia y la tercera parte de la que recibió el Reino Unido.

Entre 2002 y 2011, el año de mayor inversión extranjera en España fue 2008, con unos 33.000 millones de euros. El año de menor inversión fue 2006 con unos 10.000 millones, seguido por 2009 con 12.000 millones. La media anual estuvo en torno a los 19.000 millones. La inversión total anunciada por Las Vegas Sands equivaldría, por tanto, a cerca de toda la inversión extranjera que entra en España en un año.

Una inversión extranjera, para entendernos, es dinero que entra en la economía española. Como sabemos, una de las grandes causas de la crisis económica es que los extranjeros dejaron de confiar en nuestra economía y, por ello, vendieron sus activos españoles, sacando su dinero de España. No hay crecimiento económico sin intercambios económicos y los extranjeros decidieron, en gran medida, dejar de intercambiar con nosotros. La capacidad para atraer inversiones a España será clave para salir de la crisis económica.

Por lo tanto, además de la prioridad dada a las facilidades para abrir negocios, España debería dar mayores facilidades para atraer inversión extranjera. El entorno económico madrileño con sus impuestos bajos, libertad de horarios comerciales, burocracia limitada, libertad de entrada y salida de inversores (las barreras de salida son siempre barreras de entrada) y, muy importante, su discurso político defensor de la iniciativa privada contribuyó a que Las Vegas Sands anunciase públicamente que elegía esta región para realizar la mayor inversión privada de la historia europea.56

Mientras escribo este capítulo —en enero de 2013—, todavía quedan importantes detalles por cerrar para asegurar la inversión de Las Vegas Sands en España. Aún no se ha acordado, por ejemplo, el municipio de Madrid en el que se construiría el complejo. La inversión aún está por realizarse, pero el espaldarazo que supuso que esta empresa norteamericana cotizada en la Bolsa de Nueva York anunciase que confiaba en la economía española lo suficiente como para querer realizar en ella una gran inversión y que lo hiciese en unos momentos tan difíciles como fueron los de otoño de 2012 fue, de por sí, una buena noticia.

España no puede decretar la realización de inversión extranjera. Tiene que atraerla. Y la atraerá asegurando un entorno económico marcado por la seguridad jurídica, las facilidades burocráticas y los impuestos bajos. Esto, a su vez, facilitará las inversiones de las propias empresas españolas. Lo bueno para los de fuera es bueno para los de dentro.

Otra capacidad de atracción y de integración crucial para la economía española es la de la inmigración.

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INMIGRACIÓN SIN PLANIFICACIÓN

En otoño de 2006 los políticos no estaban entre los problemas que más preocupaban a los españoles. De hecho, eran el sexto mayor problema, por detrás de otros como la vivienda. El paro era entonces, como ahora, la mayor preocupación española. Y justo detrás del paro estaba la inmigración. Coincidió esta encuesta del CIS con la crisis de los cayucos durante la cual cientos de inmigrantes africanos llegaron en frágiles barcas a costas españolas cada semana y un número desconocido murió en el intento. Seis años más tarde, la inmigración ha pasado a ser la novena preocupación de los españoles.

Que la inmigración haya caído como preocupación durante la crisis económica es una noticia tan llamativa como bienvenida. En España no se han producido movimientos políticos xenófobos comparables a los de otros países europeos como Francia, Italia, Grecia, Hungría u Holanda. La consigna política de «España para los españoles» ha tenido alguna repercusión en algunas zonas de España (en particular, en Cataluña) pero, dada la gravedad de la crisis, es destacable más por su ausencia que por su presencia.

El contraejemplo francés es de peso. El Frente Nacional (FN) es un partido con un discurso muy duro contra los inmigrantes que se ha consolidado como uno de los grandes partidos de Francia con un voto mayoritariamente antisistema, nacionalista, rural y obrero. Marine Le Pen alcanzó su presidencia en enero de 2011 tras ganar con un 68 por ciento de los votos sus primarias. Hasta la fecha ha demostrado estar en disposición de mantener o incluso aumentar la influencia del partido fundado por su padre, Jean-Marie Le Pen. De hecho, obtuvo los mejores resultados jamás obtenidos por el FN en unas elecciones presidenciales francesas con 6,4 millones de votos, el 17,9 por ciento del total, en la primera vuelta de las elecciones celebradas en abril de 2012 (su padre obtuvo 4,8 millones de votos —16,9 por ciento del total— cuando pasó a la segunda vuelta en 2002).

Y sin embargo la inmigración es globalmente positiva para un país. Los inmigrantes aportan mucho más de lo que cuestan. Un estudio realizado por el Instituto L.R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid en 2007, por ejemplo, concluyó que los inmigrantes eran responsables de cerca del 10 por ciento del PIB madrileño. El trabajo y consumo de los inmigrantes ayudó decisivamente a aumentar el nivel de vida de los españoles en las épocas de crecimiento. Si mañana desapareciesen todos los inmigrantes de España, la crisis económica sería mucho peor de lo que es ahora. Nuestro país, en gran medida, dejaría de funcionar.

La salida de la crisis en España pasará también por la aportación de los inmigrantes, que será tanto mayor cuanto menos se quiera planificar.

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La gran diferencia entre la inmigración española y la del resto de Europa es que aquí no se intentó planificar.

La llegada de los inmigrantes a España ocurrió en muy poco tiempo. Entre 2000 y 2012 nuestro país pasó de tener menos de un millón de inmigrantes a 5,7 millones, el 12 por ciento de los residentes en España. El mayor número de inmigrantes se alcanzó en 2010 y desde entonces se ha reducido marginalmente en unas cuantas decenas de miles de personas.

Su llegada fue debida a razones puramente económicas. En esto nos diferenciamos de la mayoría de los países europeos en los que la llegada masiva de inmigrantes fue debida también a acontecimientos políticos como, por ejemplo, los procesos de descolonización. España atrajo a los inmigrantes como consecuencia de su crecimiento económico y de su creación de empleo. La burbuja de la construcción contribuyó a esta atracción de inmigrantes, aunque no solo; muchos inmigrantes —en particular, mujeres— vinieron a trabajar en el sector servicios, por ejemplo, en la restauración o en la atención de mayores.

Dado que la llegada de los inmigrantes fue espontánea y rápida, el Estado no tuvo ocasión de planificarla. Gracias a ello, nos evitamos los grandes errores de otros países europeos cuyas políticas urbanísticas y de servicios sociales han acabado contribuyendo a la creación de guetos de inmigrantes. Un gran número de los suburbios franceses, británicos, suecos o alemanes son zonas donde solo viven inmigrantes. Los inmigrantes en España se instalaron donde ellos decidieron instalarse (a menudo en función de sus ofertas de trabajo) y no donde algún ministerio o consejería pensó que debían instalarse. Aunque haya algunos barrios con altas concentraciones de inmigrantes en España, no son comparables a los guetos de otros países europeos.

La escasa planificación de la inmigración también contribuyó a que no se implantase la ideología multiculturalista en España. Por suerte nos hemos librado en gran medida de esta moda intelectual progresista que promueve el relativismo cultural. El multiculturalismo cree, por ejemplo, que a los extranjeros no se les debe exigir el acatamiento de todas las leyes del país de acogida por serles ajenas culturalmente. Siguiendo esta lógica el ayuntamiento de Londres, por ejemplo, aprobó que los ciudadanos sijs (originarios del norte de la India) quedasen exentos de la obligación de llevar casco si circulaban en moto. La religión sij prohíbe cortarse el pelo, de manera que los hombres llevan turbantes para recogerse su largo pelo. Estos turbantes impiden que se puedan poner un casco, de ahí la excepción aprobada.

La aplicación por parte de las administraciones de estos criterios políticos bienpensantes para asegurar una convivencia pacífica consiguió a menudo traer justo lo contrario. Exaltando la diversidad y la igualdad intrínseca de todas las culturas, las políticas multiculturalistas dividieron la sociedad en bloques enfrentados entre sí. Los guetos son los testimonios más elocuentes del fracaso de estas ideas. En España, al organizarse la inmigración espontáneamente a salvo de planificadores bienintencionados, la convivencia se ha logrado alcanzar mejor.

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El Estado español no planificó la llegada de los inmigrantes, pero intentó regularla. Tuvo un éxito escaso. Más del 80 por ciento de los inmigrantes llegó de manera irregular. Vinieron como turistas y, simplemente, se quedaron. La gran puerta de entrada de los inmigrantes a España fueron los aeropuertos y no las playas de Andalucía o de Canarias, pese a las dramáticas imágenes de los cayucos en 2006. Más tarde, los inmigrantes dejaron de llegar no por la acción del Estado sino porque desaparecieron sus oportunidades de trabajo. De hecho, ante la crisis económica, bastantes inmigrantes se han marchado de España (365.000 en los nueve primeros meses de 2012).

Los instrumentos de los que disponía el Estado para regular la llegada de extranjeros eran más bien escasos. Uno de ellos era el cupo, el sistema por el cual los empresarios debían prever sus necesidades laborales de un año para otro y ofrecer puestos de trabajo a extranjeros en función de que no hubiese españoles para cubrirlos. La planificación en la que estaba basado el sistema aseguró que nunca funcionase bien. Es casi imposible conocer las necesidades de personal con uno o dos años de antelación.

La suspensión de los visados turísticos con algunos países como Colombia o Bolivia funcionó mejor. Pero los visados se suspendían a menudo cuando ya había en España cientos de miles de inmigrantes irregulares del país afectado por la suspensión.

En resumen, el Estado no debe renunciar a intentar ordenar la llegada de los inmigrantes, pero es importante tener en cuenta los límites de su acción.

El altísimo número de inmigrantes irregulares llevó a su necesaria regularización. Eran consumidores de servicios sociales, pero no contribuían a su sostenimiento al no cotizar legalmente. La regularización impulsada por el gobierno de Zapatero en 2004 fue un ejemplo de cómo no hacer una regularización. El ministro del ramo, Jesús Caldera, anunció en agosto de 2004 que se darían papeles a los irregulares que los requiriesen… en febrero de 2005. El resultado fue que vinieron irregulares de toda Europa a buscar papeles a España. Pese a regularizar a más de 700.000 personas, España acabó teniendo más irregulares en 2005 de los que tenía en 2004. Por suerte, el actual gobierno de España ha prohibido las regularizaciones masivas de este tipo.

Otro acierto del actual gobierno fue prohibir en mayo de 2012 los cupos de expulsión de inmigrantes irregulares. Distintas circulares del Ministerio del Interior en época socialista llevaron a la policía a realizar redadas indiscriminadas contra inmigrantes para cumplir con los cupos de expulsión de irregulares. Las redadas crearon un enorme malestar y fueron denunciadas por distintos sindicatos de policías, ONG y asociaciones de inmigrantes.

Personas con rasgos extranjeros se veían sistemáticamente requeridas para presentar su documentación en metros, locutorios y demás lugares de concentración de inmigrantes. Los criterios por los que se paraba a la gente eran raciales, cosa que bordeaba, por lo menos, la legalidad. Y en el colmo del cinismo, el ministro del Interior Rubalcaba argumentó repetidamente que las redadas contra los inmigrantes «no existían».

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¿Qué reformas puede hacer el Estado para incentivar que el esfuerzo de los inmigrantes contribuya a la salida de la crisis? La respuesta es: seguir sin planificar su vida.

La Ley de Extranjería española fue reformada en 2009 con los votos favorables del PSOE y CiU. En virtud de la entrada en vigor de su reglamento en 2011, las comunidades autónomas tienen que expedir certificados que acrediten el «esfuerzo de integración» de los inmigrantes para poder así autorizar su residencia. Esto puede sonar bien inicialmente, pero ¿cómo demuestra una Administración que una persona se está esforzando por integrarse? ¿Qué criterios debe usar? En la práctica, esto ha significado que los inmigrantes residentes en Cataluña deben demostrar sus esfuerzos por dominar el catalán.

La cuestión de fondo es: ¿quién es la Administración para decidir si alguien se está esforzando por integrarse o no? La Administración está para velar por el cumplimiento de la ley. Si alguien la infringe, debe ser castigado. Y si es extranjero se le debe poder expulsar. Pero la Administración no está para juzgar el comportamiento de las personas dentro de la ley. Este es un ejemplo de la planificación que se había logrado evitar hasta ahora y que, por desgracia, se está queriendo introducir. Es el camino que lleva a que un Gran Hermano estatal realice informes sobre el comportamiento de sus ciudadanos.

Por otro lado, no debemos olvidar que muchos de los inmigrantes de hoy serán los españoles de mañana. Ya lo están siendo. Unos 300 inmigrantes se convierten en españoles cada día, 100.000 al año. Los latinoamericanos pueden pedir la nacionalidad española tras dos años de residencia legal en España. Luego tardan unos dos o tres años más en conseguirla, pero el proceso está en marcha.

En función de esta realidad, los españoles de origen extranjero deberían tener cada vez mayor presencia en la vida pública española, incluyendo la política (igual que ya la tienen, por ejemplo, en las fuerzas armadas). Tras los graves disturbios en los suburbios franceses ocurridos en septiembre de 2005, salió a la luz que prácticamente ninguno de los 577 diputados franceses era de origen extranjero. Las instituciones políticas no deben dar la espalda a los cambios que se producen entre su población. Cada vez deberá ser más frecuente la presencia de concejales y diputados de origen extranjero en las instituciones españolas.

Esto se facilitaría a través de las reformas de los partidos políticos y de la Ley Electoral propuestas en la primera parte del libro. Pero nunca a través de cuotas. Las cuotas, igual que el multiculturalismo, son instrumentos de planificación social que fomentan las discriminaciones contra las que se supone que quieren luchar. Llevan a que la gente sea elegida por una identidad sexual o racial y no por sus cualidades personales. Las tareas profesionales se realizan en función de la valía personal, por lo que la selección de quienes deban ejercerlas también debe depender de esta valía.

La convivencia se asegura mejor cuando no hay discriminaciones ni positivas ni negativas. Los privilegios y discriminaciones deberían ser eliminados, también, del mercado laboral español.

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EL EMPLEO PÚBLICO
NO DEBE SER VITALICIO

A la izquierda le encanta poner al Estado del Bienestar sueco como ejemplo de los éxitos que trae la implantación de su modelo político. Lo que no dice nunca, quizá porque no lo sepa, es que el Estado del Bienestar puesto en marcha por el socialista Olof Palme en Suecia en los años setenta y ochenta… llevó al país a la ruina.

El gasto público desenfrenado generado por este Estado del Bienestar provocó una grave crisis económica a finales de los años ochenta. Los suecos tomaron conciencia entonces de la insostenibilidad del sistema y eligieron en 1991 a un gobierno liberal del Partido Moderado liderado por Carl Bildt. Este gobierno inició una profunda reforma del Estado del Bienestar que ha continuado hasta la fecha. Posteriores gobiernos socialistas y, desde 2006, otra vez el Partido Moderado mantuvieron el empeño reformador.

Además de reformar el Estado del Bienestar, estos gobiernos también promovieron la libertad económica sueca. Así, según el Índice de Libertad Económica 2013,57 Suecia es la déci-

mo octava economía más libre del mundo. Pese a su alto nivel de impuestos, criterios como la facilidad para abrir un negocio (que solo requiere tres procedimientos, comparados con los diez españoles), la reducción del tamaño del Estado y su mayor eficiencia, el respeto del derecho de propiedad, la ausencia de corrupción y un estricto sistema judicial han permitido que Suecia consiga en 2013 estar por primera vez entre las veinte economías más libres del mundo. España, en contraste, ocupa el puesto número cuarenta y seis con tendencia a la baja: en 2008 ocupaba el puesto número treinta y tres y en 2001 el veintiuno. Suecia, sin embargo, ocupaba en 2008 el puesto número veintiséis y en 2001 el cuarenta y tres.

Mauricio Rojas es un sueco de origen chileno que ahora vive en España. En 2008 publicó un libro llamado Reinventar el Estado del Bienestar.58 En él relata la construcción del Estado del Bienestar sueco, el cual, contrariamente a lo que se suele pensar, no tiene una larga historia sino que se inició en los años cincuenta. La segunda parte del libro resume la reforma del Estado del Bienestar a partir de 1992.

En el inicio de esta segunda parte, Rojas señala una condición clave para acometer esta reforma: los empleados públicos suecos nunca tuvieron puestos vitalicios. Rojas identifica a los poderosos sindicatos suecos como a los instigadores de este hecho. Su visión igualitaria de la sociedad los llevó a oponerse a que se generase una brecha que separase a los que tuviesen un puesto de trabajo asegurado de por vida de los que no.

Esta prevención es muy relevante. En España, los empleados públicos se han puesto en la vanguardia de las movilizaciones en contra de las reformas dirigidas a reducir el gasto público. De las 36.000 manifestaciones organizadas en España en 2012, buena parte estuvieron protagonizadas por empleados públicos. Sus movilizaciones fueron bautizadas como «mareas» y adoptaron distintos colores: la verde fue la del sector educativo, la blanca la sanitaria, la amarilla apoyó las bibliotecas públicas, etc. Estos sectores, junto a otros —judicial, de policía, de los transportes públicos, de bomberos, de televisiones autonómicas, etc.—, se han convertido en el «núcleo duro» de las protestas contra la austeridad como titulaba Elmundo.es su noticia de las manifestaciones del 19 de julio de 2012.59

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Los trabajadores en España están actualmente divididos en dos grandes grupos. Por un lado, los 2,9 millones de personas60 que, al ser empleados públicos, tienen casi asegurado un trabajo de por vida (de ellos, solo la mitad son funcionarios por oposición, pero, de hecho, casi todos tienen puestos vitalicios). Por el otro lado están los 13,5 millones de personas que pueden ser despedidas tras un proceso más o menos largo y oneroso.

En 2007 había unos 19,5 millones de personas trabajando y cotizando a la seguridad social, mientras que en 2012 eran 16,4 millones. La contratación en el sector público durante la crisis ¡ha subido! Desde el tercer trimestre de 2007 hasta el segundo trimestre de 2012, el empleo público subió un 10 por ciento, mientras que en el sector privado cayó un 14 por ciento. La masa salarial —la remuneración de los asalariados— ha caído un 4,6 por ciento en el sector público desde su máximo en 2010, mientras que en el sector privado ha caído un 12,6 por ciento desde su máximo en 2008, lo que demuestra, también, el más lento ajuste del sector público.

Muchos de los despedidos en estos años tenían contratos temporales. A menudo se habla de la dualidad del mercado laboral español diferenciando a los trabajadores fijos de los temporales. Lo cierto es que el mercado laboral está marcado por muchas dualidades distintas: fijos frente a temporales; autónomos frente a contratados laborales; trabajadores frente a parados; y trabajadores que pueden ser despedidos frente a los que no. El gobierno está actualmente promoviendo iniciativas que aseguren la unidad de mercado en España, evitando así que diecisiete legislaciones autonómicas impidan la libre circulación de bienes y capitales dentro del país. De hecho, el pasado 25 de enero presentó el anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Esto es muy positivo. Las condiciones de mercado para unos españoles no pueden ser radicalmente distintas a las de otros. ¿Por qué no avanzar también la unidad del mercado laboral español acabando con los puestos vitalicios de los empleados públicos?

No hay ninguna razón para dar por buena la enorme diferencia en las condiciones laborales entre el sector público y el privado. ¿Por qué debe estar una parte sustancial del mercado laboral español resguardada del despido y de la competencia? El empleo público está a salvo de la competencia ya que, una vez que la persona adquiere un puesto, ya no debe competir para mantenerlo. ¿Por qué deben competir unos para mantener su puesto de trabajo y otros no?

Convertirse en empleado público en España en la práctica significa salir del mercado laboral. Cuando no se compite para ganarse la vida, ya no actúan las fuerzas del mercado. Pero es que, además, los empleados públicos viven de los impuestos que pagan los trabajadores del sector privado, lo que significa en la práctica que los trabajadores del sector privado compiten entre ellos para que los trabajadores del sector público no tengan que hacerlo. Esto es francamente difícil de justificar.

Además, los empleados públicos ganan sensiblemente más que los trabajadores del sector privado. Así, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 60 por ciento de los empleados públicos gana más de 2.000 euros al mes mientras que solo el 20 por ciento de los empleados del sector privado gana más de 2.000 euros al mes. Esto, evidentemente, es consecuencia de la ausencia de competencia laboral en el sector público. Cuando el nivel de salarios se fija por decisiones políticas y no en función de criterios económicos inherentes a la competencia que genera el mercado, los sueldos siempre tendrán tendencia a subir.

Por otro lado, las tasas de absentismo laboral en el sector público son mucho mayores que en el privado. Según el Panorama Laboral 2010 realizado por la Universidad Complutense, es entorno a un 30 por ciento mayor. Esto quiere decir que en 2010 había un tercio más de empleados públicos que del sector privado que deliberadamente no iban a trabajar. Los últimos datos del INE hechos públicos en enero de 2013 apuntaban a un importante descenso de esta tasa de absentismo del sector público. Así, mientras que en 2007 la tasa fue del 4 por ciento en el sector público y del 2,8 por ciento en el privado, el tercer trimestre de 2012 cerró con tasas igualadas entorno al 1,75 por ciento. También las bajas por enfermedad en el sector público se redujeron un 36 por ciento en un año. La cuestión es si esta equiparación en las tasas de absentismo se mantendrá tras el final de la crisis económica.

Todos estos datos señalan que el sector privado ha realizado un ajuste que el sector público no ha hecho y que las condiciones de los empleados públicos son mucho mejores que las del sector privado. ¡Quién lo diría viendo la composición de las manifestaciones en las calles de España! Además, esta disparidad de condiciones laborales persiste pese a que la financiación pública depende de la actividad privada. Las condiciones entre los dos sectores deberían equipararse.

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Es evidente que los exámenes para acceder a muchos puestos de funcionario son extremadamente competitivos y quienes los aprueban demuestran tener grandes méritos. Pero esto no quiere decir que los que accedan a puestos del sector privado no deban demostrar también tener cualidades. Y, sobre todo, el mérito se debe demostrar a lo largo de toda la vida profesional y no solo en el momento de acceder al puesto. Si la falta de mérito en la realización de un trabajo no pone en peligro el puesto, el incentivo lleva a que el empleado no se esfuerce tanto como debería. Un empleo debe conllevar una exigencia de esfuerzo continuado a lo largo de toda la vida laboral.

De hecho, la relación laboral entre los funcionarios de carrera y el Estado no es contractual, sino estatutaria. ¿Esto qué quiere decir? Un contrato laboral, como cualquier contrato, está sujeto a que cualquiera de las partes lo pueda denunciar bajo ciertas circunstancias; pero la situación jurídica de los funcionarios no se define por sus contratos, sino por un estatuto que implica una relación estable con la Administración. La condición de funcionario, como establece su estatuto, solo se puede perder por renuncia del funcionario, la pérdida de la nacionalidad, la jubilación total o una sanción disciplinaria.

Esto significa, en la práctica, que la persona que supera una dura prueba de acceso a la función pública se hace acreedora de una plaza. A partir de entonces, su salario es pagado no tanto en función de la labor que realiza y de los beneficios que de ella se derivan para el Estado, sino de haber obtenido la plaza y de su presencia física en el puesto de trabajo acreditada fichando. La ausencia de un contrato laboral evidencia que no hay un intercambio de trabajo por dinero. El empleo es una concesión vitalicia otorgada por el Estado a la persona que supera las pruebas establecidas.

Si al empleado se le asigna el empleo como una plaza en propiedad, la prioridad para el organismo empleador es quién tiene el puesto en vez de qué trabajo realiza, lo que supone, en el sentido estricto, la privatización del Estado: el Estado se parcela y reparte entre sus empleados. Una parte del Estado —la plaza— se reserva para el uso exclusivo de una persona. Esto lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que la excedencia voluntaria para el funcionario, en la práctica, no tiene plazo máximo. Si un funcionario pide una excedencia voluntaria (tras haber prestado servicio en alguna Administración durante al menos cinco años) podrá reingresar en la Administración cuando quiera. El puesto le estará esperando. No hay un plazo máximo antes del cual deba reingresar. En cambio, el plazo máximo para el reingreso en el sector privado es de cinco años.

Más aún, según sentencia firme de la Audiencia Nacional de marzo de 2012, los periodos de excedencia voluntaria deberán computar para los ascensos. Es decir que la persona podrá presentar el tiempo que haya estado en excedencia como «servicios prestados» para un ascenso. También los puede presentar para garantizar derechos en el régimen de Seguridad Social o para consolidar el grado de antigüedad. En resumen, da igual que se esté en activo o en excedencia para consolidar ciertos derechos laborales en la función pública.

Los incentivos están puestos para que el trabajo se realice de manera ineficiente. Así lo refleja también el hecho de que los incentivos salariales no han funcionado en la Administración Pública. A través de distintos acuerdos de productividad se ha buscado pagar más a quien mejor trabajase, pero en la práctica la productividad se ha acabado pagando a todos los empleados.

Todo esto no quiere decir que los empleados públicos no trabajen. No critico su labor. La mayoría trabaja mucho y bien. La crítica va dirigida a la lógica aplicada a su relación laboral con la Administración, que conduce a retirar a los funcionarios del mercado de trabajo y a establecer unos incentivos equivocados para la eficacia de su labor.

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La Constitución no prevé que los funcionarios deban tener puestos de trabajo de por vida. El Estatuto Básico del Empleado Público, ese sí, establece «la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera» como el primero de los derechos individuales de los empleados públicos.

Las leyes se pueden cambiar. Por ello, se debería eliminar el carácter vitalicio de los empleos públicos, salvo en contados casos como los de jueces o fuerzas de seguridad. Este cambio no sería retroactivo y afectaría solo a los empleados públicos contratados desde la aprobación de la reforma de la ley.

La reforma tendría un mayor apoyo popular de lo que se podría pensar. En el sondeo El Mundo-Sigma Dos publicado el 31 de diciembre de 2012, a la pregunta: «¿Cree que se deberían equiparar las causas de despido entre funcionarios y trabajadores de empresas privadas?», el 68,2 por ciento de los encuestados respondió que sí. El apoyo fue similar por recuentos de voto, pero fueron los votantes del PP los más favorables al cambio con el 72,4 por ciento de apoyo. Los menos favorables fueron los votantes de UPyD con un 59,5 por ciento de apoyo.

Una objeción que usualmente se suscita a esta posible reforma es que se abriría la puerta a que un cambio de gobierno provocase el despido masivo de empleados públicos para contratar a personas de mayor afinidad política. Sin embargo, el Estatuto de los Trabajadores prevé, en su artículo 4, que los trabajadores tienen derecho «a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de (…) ideas políticas». Por lo tanto, el juez siempre daría la razón a un trabajador que hubiese sido despedido por razones políticas y ordenaría su readmisión.

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Otra cuestión a revisar sería el tipo de pruebas a las que se deben enfrentar los candidatos a un empleo público. El sistema actual de temario prima la memoria por encima de otras habilidades intelectuales. Tener una muy buena memoria no es necesariamente la cualidad que más se necesita para el desempeño de la función pública. En otros países, las pruebas de acceso están basadas prioritariamente en habilidades prácticas como el análisis de la información y su comunicación.

Además, en el momento en que el puesto ya no fuese vitalicio, las posibles presiones a las que se enfrentaría un tribunal de oposición serían menores. Habría menos candidatos y menos peticiones de favoritismos. Se suele argumentar que un temario muy extenso y complejo que requiere varios años de estudio diario minimiza las posibilidades de enchufismo. Ahora bien, no veo por qué un problema de enchufismo debe derivar en ingentes cargas de estudio para los candidatos a una oposición. Actúese sobre los que enchufan en el caso de que lo hagan, pero que no paguen el pato la gran mayoría de los que se presentan a la oposición sin «padrinos».

Finalmente, pensemos también en todas aquellas personas que no aprueban la oposición. A menudo se han pasado varios años estudiando en una habitación y cuando, tras no aprobar, deciden dejar la oposición, tienen una entrada muy complicada en el mercado laboral al no contar prácticamente con experiencia profesional. España no se puede permitir el lujo de tener a miles de jóvenes encerrados en una habitación estudiando para una oposición que no aprobarán. Su valor añadido sería mucho mayor si, tras un corto periodo de estudio, entrasen cuanto antes en el mercado laboral, ya fuese el público tras aprobar las pruebas de selección, o el privado tras no aprobarlas.

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Veamos a continuación los problemas derivados de otra de las grandes dualidades entre españoles: la que separa a los que cobran las pensiones de los que las pagan.

18

HACIA LA CAPITALIZACIÓN
DE LAS PENSIONES

Las encuestas son instrumentos políticos de primer orden. Ahora bien, hay que tener claro para qué sirven y para qué no. Transmiten estados de opinión, respuestas sin matices de ciudadanos anónimos a preguntas a menudo complicadas. No plantean instrucciones sobre lo que un gobierno deba decidir. Gobernar a golpe de encuestas es subcontratar la iniciativa política no solo a los estados de opinión de los ciudadanos, sino, sobre todo, a los encargados de «cocinar» e interpretar estas encuestas técnicamente complejas. El gobernante debe conocer el contexto en el que toma sus decisiones, pero la popularidad de la decisión nunca será necesariamente sinónimo de su idoneidad.

Imaginemos, por ejemplo, una encuesta en la que se preguntase a los españoles si querrían que se quitaran todos los radares de las vías españolas. La Dirección General de Tráfico (DGT) ingresa unos 450 millones de euros al año por multas de tráfico (esto no incluye, claro está, las multas de tráfico municipales; Madrid ingresa unos 170 millones de euros al año por este concepto). Los radares, por tanto, les cuestan mucho dinero a los conductores españoles.

Dicho esto, es un hecho incontestable que el número de muertos en carretera en España no ha dejado de caer en los últimos años. En 2012, murieron 1.304 personas en accidentes de tráfico, la cifra más baja desde 1960 cuando circulaban por España un millón de vehículos; ahora circulan unos 31 millones. En 2012 murió una media de 3,6 personas al día en accidentes de tráfico. En 2001 fueron 11 personas al día y en julio de 2006 eran 6 personas al día.

¿Por qué es relevante la fecha de julio de 2006? Porque fue cuando entró en funcionamiento el carné por puntos. Este carné ha contribuido decisivamente a reducir el número de muertos en las carreteras españolas. Y lo ha hecho de la manera tan fervientemente defendida por este libro: introduciendo buenos incentivos.

El sistema ha sido un éxito porque se basa en el hecho de que la gente valora más la posibilidad de seguir conduciendo que la de perder dinero. Mientras solo tuvo que pagar dinero por no cumplir con las normas de circulación, el conductor asumió demasiados riesgos. Pero una vez que se introdujo la posibilidad de perder el carné, se volvió más cuidadoso al volante. Este incentivo funciona. No sé qué impacto habrán tenido todas las campañas de sensibilización y transmisión de valores lanzadas por la DGT, pero me cuesta imaginar que hayan sido tan efectivas como el carné por puntos.

El incentivo de este carné funciona, en parte, gracias a la existencia de los radares. Sin radares, no habría disuasión y el número de muertos en carretera empezaría de nuevo a subir. Por lo tanto, aunque una encuesta concluyese que una mayoría abrumadora de los españoles quiere que se quiten todos los radares de España, habría que ignorar su opinión y mantener los radares.

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En una encuesta publicada por el diario El País el pasado 16 de diciembre, se hacía la siguiente pregunta: «¿Cree que si no se cambia el sistema de pensiones públicas se puede acabar produciendo una quiebra del mismo o piensa que esta es una visión exagerada?». El 50 por ciento de los encuestados pensó que esta es una visión exagerada. En cambio, solo un 40 por ciento de los encuestados respondió que «si no se cambia el sistema de pensiones públicas se puede acabar produciendo una quiebra del mismo». Además, un 78 por ciento de los encuestados se manifestó en contra de que no se actualizasen las pensiones con el IPC.

Ese 50 por ciento de los encuestados que cree que se exagera al hablar de una futura quiebra del sistema de pensiones se equivoca. Es una mayoría, pero no tiene razón. Quizá viva bajo la esperanza de que el problema de las pensiones se arregle solo. Esto no va a ocurrir. Cuanto antes tomemos conciencia de que el problema de las pensiones va a requerir que el gobierno haga profundos cambios al actual sistema, mejor para todos.

Recordemos, ante todo, las grandes cifras. A fecha de 31 de diciembre de 2012, 16,33 millones de trabajadores —la misma cifra de trabajadores que diez años antes— pagaban las pensiones de 9 millones de personas (incluyendo las no contributivas). Por primera vez desde 1997, había menos de dos cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista. En lo que llevamos de crisis, se han perdido más de 3 millones de cotizantes. La Unión Europea ha estimado que el déficit de la Seguridad Social española en 2012 habrá sido del 1 por ciento del PIB: unos 10.000 millones de euros.

Pero el problema no es solo la crisis económica. También es la demografía. Cuando en 1919 se estableció la edad obligatoria de jubilación en sesenta y cinco años, la esperanza de vida era de cuarenta y uno.61 Hoy es de ochenta y dos años. En 1970 había 18,5 millones de españoles en edad de trabajar y 3,3 millones en edad de jubilación. En 2011 eran 29 millones en edad de trabajar y 7,9 en edad de jubilación. Según el INE, en 2049 serán 23,5 millones de españoles en edad de trabajar y 18 millones mayores de sesenta y cinco años. Es decir que el número de personas en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilación pasaría de 5,7 en 1970, a 3,7 en 2011, a 1,3 en 2049.

Además, jubilarse a los sesenta y cinco años no es la norma. En 2009 y 2010, solo el 50 por ciento de las personas que se jubilaron tenía esa edad. La media efectiva de jubilación actualmente es de algo más de sesenta y tres años. La reforma de las pensiones aprobada por el gobierno de Zapatero en 2011 prevé elevar la edad de jubilación gradualmente hasta los sesenta y siete años. Si no sufre ningún cambio, se hará efectiva en 2027.

En función de todo esto, el coste de las pensiones es, de lejos, el concepto de gasto más importante del Estado. En 2012 fue de unos 116.000 millones de euros, el 25 por ciento del gasto total del Estado y cerca del 10 por ciento del PIB español. Según las estimaciones del INE, este coste subiría al 18 por ciento del PIB en 2049.

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Para tomar conciencia de las implicaciones de estas cifras conviene tener una idea de la lógica detrás del sistema nacional de pensiones. En su esencia es el mayor sistema redistributivo que existe en nuestro país. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja paga las pensiones de la gente que no trabaja. Cada trabajador contribuye aproximadamente con unos 7.000 euros al año para pagar las pensiones de los que no trabajan.62

Esta es la esencia del sistema «de reparto» de pensiones. Las cotizaciones de los trabajadores actuales generan un derecho futuro a cobrar una pensión una vez se jubilen. Pero, entretanto, su dinero se destina a pagar las pensiones de los jubilados actuales. La redistribución de ingresos es enorme: de un 10 por ciento de la riqueza generada cada año en España.

En 1997 se creó una hucha de la Seguridad Social llamada el Fondo de Reserva. El fondo alcanzó en 2012 unos 66.000 millones de euros, una cifra aparentemente respetable, pero incapaz de cubrir las necesidades del sistema a largo plazo. El 90 por ciento de este dinero está invertido en deuda del Estado.

La cuestión es: y ese derecho del que se está haciendo acreedor el trabajador actual con sus cotizaciones, ¿qué pensión le asegurará una vez jubilado? La respuesta es que depende. El importe de las pensiones está regulado por el Estado en función, evidentemente, de su capacidad para pagarlas. Al final, las pensiones que se paguen serán las que se puedan pagar. Y cuando la correlación entre trabajadores y jubilados cambia de la manera tan dramática descrita antes es muy difícil prever el importe de las pensiones futuras.

Lo es, en particular, porque el incentivo está mal puesto. El trabajador no ahorra para su propia pensión futura, sino que hace una aportación a un fondo común que distribuye el Estado en función de sus criterios políticos. El trabajador piensa a quince, veinte o treinta años vista. Los incentivos del Estado le llevan a pensar a no más de cuatro: hasta las próximas elecciones. El cambio fundamental que debe experimentar el sistema de pensiones es el que le lleve a aplicar incentivos para que el Estado asegure que el trabajador que haya contribuido a pagar las pensiones de los jubilados hoy pueda disfrutar de su propia pensión mañana.

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Esto pasa por cambiar el sistema actual de reparto a uno de capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que el cotizante no aporte a un fondo común, sino que su cotización alimente una cuenta personal. Su pensión dependería entonces no solo del derecho que le reconoce el Estado (siempre sujeto a cambios y vaivenes políticos), sino de sus propios depósitos pagados durante su vida laboral.

Este sistema se inventó en Chile y lleva funcionando ahí más de treinta años. Las entidades que gestionan las pensiones —llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)— son privadas. Las AFP son supervisadas y controladas por el Estado chileno, el cual garantiza los montos de la pensión en caso de quiebra, pero el sistema es privado. Es decir, el Estado supervisa y garantiza las pensiones sin gestionarlas. Los trabajadores chilenos aportan a las AFP el 10 por ciento de su sueldo.

El modelo se ha exportado a otros países latinoamericanos como Colombia, República Dominicana, Uruguay o México. Argentina y Bolivia lo adoptaron inicialmente, pero sus gobiernos luego decidieron nacionalizarlo. En Europa, el sistema también ha sido adoptado por Rusia, Polonia, Hungría y Eslovaquia.

Suecia tiene un sistema híbrido. Sus reformas del Estado del Bienestar iniciadas en los años noventa llevaron a crear las llamadas «cuentas nocionales». Esto significa que los cotizantes suecos mantienen cuentas individuales en la Seguridad Social en las que se acumulan sus contribuciones. La estructura sigue siendo esencialmente de reparto y el sistema es totalmente público, pero ha incorporado un componente contributivo puro. El sistema ha sido copiado por Estonia.

La motivación sueca para hacer esta reforma fue la de «mantener un adecuado reparto de riesgo entre generaciones». Este es un criterio muy importante. Actualmente en España la generación de los trabajadores asume todos los riesgos: paga las pensiones de los pensionistas y no tiene una garantía sobre lo que pueda cobrar en el futuro.

Si queremos legar a nuestros hijos una España mejor de la que heredamos, como se suele decir, una de las cuestiones claves será introducir criterios de capitalización en nuestro sistema de pensiones.

Hemos hablado de la solidaridad entre generaciones. Hablemos a continuación de la solidaridad entre habitantes de distintas regiones españolas.

19

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
DEBE DEJAR DE SER UNA TARTA

Lo repetiré hasta que el infierno se hiele: la economía no es una tarta. Considerar que la economía es una tarta inevitablemente lleva a pensar en su reparto. Se da por hecho la existencia de la tarta y se olvida que, antes de sacar el cuchillo para cortarla, alguien habrá tenido que conseguir sus ingredientes y cocinarla. La tarta existe porque hay gente que ha invertido dinero, trabajo y tiempo en ella. Solo se puede repartir la riqueza previamente generada. La prioridad otorgada al reparto de la riqueza supone la prioridad restada a su generación.

Uno de los campos en los que esta mentalidad de tarta ha tenido una influencia más perversa en España ha sido en el de la financiación autonómica. Este sistema de financiación se basa en que el Estado recauda la gran mayoría de los impuestos —creando la apariencia de una tarta— y luego distribuye los fondos a las comunidades autónomas. El diseño del sistema da por hecho la existencia de la riqueza en España y se centra en acotar las variables según las cuales las regiones podrán reclamar una parte de la riqueza. Esto ha llevado a que el punto de partida para decidir la financiación autonómica sean las necesidades autonómicas. En virtud de ello, la insularidad, la dispersión de la población, el crecimiento de la población, los expolios fiscales o las denominadas «deudas históricas» se han convertido en banderas políticas.

La Ley de Financiación Autonómica aprobada en 2009 dio al concepto de «población ajustada» un papel crucial. Según esta variable, la persona es sustituida por una «unidad de necesidad» (ni Orwell…). La persona se define, pues, por las necesidades que le generan criterios como los de edad, insularidad o dispersión en el territorio y, en función de ello y de todo tipo de complicadas ponderaciones, algunas comunidades pueden reclamar más fondos.

Que la prosperidad no se deriva del reparto de fondos públicos sino de la generación de fondos privados es ignorado consciente o inconscientemente por los involucrados en el sistema. Esto ha llevado a que un importante número de gobiernos autonómicos haya construido un discurso victimista para demostrar cómo la región está siendo discriminada no recibiendo el trozo de la tarta que en justicia le corresponde. El rédito político de este discurso es evidente. De hecho, hay partidos políticos regionales cuyos programas electorales se reducen en esencia a esta denuncia.

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Dados los mitos construidos en torno a la financiación autonómica por los partidos victimistas, merece la pena recordar algunos datos.

Según datos de la Agencia Tributaria, el Estado recaudó unos 132.600 millones de euros por IRPF, IVA e Impuestos Especiales en 2011. La mitad —66.000 millones de euros— se recaudó en Madrid. Una quinta parte —27.150 millones de euros— se recaudó en Cataluña. El resto de España, por lo tanto, aportó un 30 por ciento de la recaudación. Dicho esto, se debe señalar que la recaudación en Madrid y Cataluña está sobrerrepresentada. Muchas empresas tienen su sede en Madrid o Barcelona y pagan ahí impuestos que derivan de su actividad en toda España.

El sistema de financiación autonómica vigente prevé que las comunidades autónomas reciban un 50 por ciento del IRPF, un 50 por ciento del IVA y un 58 por ciento de los impuestos especiales (tabaco, alcohol, etc.) recaudados en su región. Vistas las cifras de recaudación mencionadas arriba esto, evidentemente, no se está cumpliendo. Valga como ejemplo el hecho de que, según la estricta aplicación de este criterio, Madrid debería recibir para su financiación unos 35.000 millones de euros y en 2013 recibió 11.475 millones de euros.

Para compensar la sobrerrepresentación madrileña y catalana y los desequilibrios que la estricta aplicación de este sistema supondrían a las regiones de menor renta per cápita, el sistema tiene toda una serie de ponderaciones y de fondos compensatorios que aplican criterios de «necesidad». Así, Extremadura puede acabar recibiendo unos 2.500 millones de euros de financiación autonómica cuando en la región se recaudan 825 millones o Andalucía puede recibir casi 16.000 millones cuando en la región se recaudan 8.700 millones.

El sistema de fondos y compensaciones rompe cualquier relación entre lo que se recauda en una región y la financiación que esta recibe. Además, es un sistema muy opaco. Resulta casi imposible saber los criterios utilizados para decidir la financiación de cada comunidad. Es particularmente opaco el criterio utilizado para decidir las ponderaciones según las cuales cada comunidad contribuye a la generación de los ingresos tributarios del Estado. La opacidad genera discrecionalidad.

La forma de informar a las comunidades sobre su financiación alimenta esta sensación de discrecionalidad. Las cifras de la financiación se reparten cada año en julio en el órgano dedicado a estos asuntos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hacia el final del Consejo, una persona va alrededor de la mesa repartiendo sobres cerrados con la cifra que le ha «tocado» a cada comunidad (en mi primera participación en el Consejo en julio de 2011 me quisieron dar el sobre de Canarias). La sensación que se da es la de que el Estado reparte un aguinaldo basado en su buena voluntad.

Todo esto lleva a que nos encontremos con situaciones de tan difícil explicación como que todas las comunidades autónomas reciban mayor financiación en 2013 que en 2012, salvo Baleares que recibe casi lo mismo y Madrid que recibe ¡1.000 millones de euros menos!

O lleva a que, según datos del INE correspondientes a 2010 publicados en El Mundo,63 cada madrileño aporta 1.556 euros para financiar el sistema, frente a 688 euros de cada balear, 628 de cada riojano y 404 euros de cada catalán. En el extremo opuesto, cada asturiano recibe 1.481 del sistema, cada extremeño 1.122 euros y cada andaluz 673 euros.

O, por dar un último ejemplo, resulta que el presupuesto sanitario por persona en Asturias es de 1.370 euros y en Extremadura de 1.159 euros, cuando en Madrid es de 1.094 euros y en Baleares es de 1.027 euros.64

En resumen, dado cómo se recaudan y cómo se distribuyen los fondos, parece que la financiación autonómica en España ha sido diseñada aplicando la conocida máxima marxista: «De cada uno según su capacidad; a cada uno según su necesidad».

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Reflejo de este problema básico del sistema de financiación autonómico en España es su fracaso en incentivar cambios en el ranking económico de las regiones.

El orden de las regiones españolas por renta per cápita es hoy prácticamente el mismo que en 1955 o que en 1975.65 El efecto de la financiación autonómica en nuestro país ha sido fijar a las regiones pobres en su pobreza relativa frente a las regiones más ricas.

En 1955-1964, las cinco regiones más pobres de España eran: Extremadura, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Murcia. En 1975-1985 eran: Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia. En 2011 eran: Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias.

Solo Castilla y León puede considerarse una historia de éxito en España al pasar de ser la segunda más pobre en 1955 a ser la décima en 2011 (con un 99,5 por ciento de renta española, casi en la media). Galicia también mejoró, pasando de ser la tercera región más pobre en 1955 a ser la séptima en 2011.

En 1955-1964 las cinco regiones más ricas por renta per cápita eran: Madrid, País Vasco, Cataluña, Baleares y Cantabria. En 1975-1985 eran: Baleares, Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra. En 2011 eran: País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña y La Rioja.

Llama la atención que las dos primeras regiones con mayor renta en 2011 sean las que disfrutan de sendos cupos fiscales. Madrid ha perdido su preeminencia como región más rica de España, Cataluña se mantiene entre la tercera y la cuarta posición y la gran agraviada es Baleares, que ha pasado de ser la más rica en el segundo periodo a ni siquiera estar entre las cinco más ricas en la actualidad.

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A la luz de estos datos, cabe preguntarse si la financiación autonómica no ha agravado los problemas de dependencia de subvenciones externas de las regiones pobres de España, fijándolas en su pobreza.66 Dado que la transferencia de subvenciones públicas desincentiva y perjudica el desarrollo del sector privado, es legítimo plantear si el sistema actual está defraudando las aspiraciones de progreso de extremeños y andaluces.

Baviera era tras la Segunda Guerra Mundial una de las regiones alemanas más pobres. Hoy es una de las más ricas. Un sistema de financiación regional que permita que los más pobres se conviertan en los más ricos es, sin duda alguna, un sistema con los incentivos bien diseñados.

En este sentido, merece la pena destacar que la Ley Fundamental de Bonn de 1949, contrariamente a la Constitución Española, dedica bastantes artículos a las relaciones financieras entre el Estado central y los Estados federados (länder). La Ley Fundamental alemana establece a qué autoridades corresponde la administración de los diferentes impuestos, competencias legislativas incluidas. Hay una correlación más estrecha que la española entre los impuestos que cada land recauda y lo que gasta. Y, sobre todo, se hace a los länder más responsables de su política fiscal; los ciudadanos alemanes, al votar, juzgan también las políticas fiscales de sus länder.

El 35 por ciento del gasto público en España es gestionado por las comunidades autónomas, pero gastan sin apenas recaudar. Los tributos propios y los ingresos patrimoniales rara vez superan el 15 por ciento de los ingresos autonómicos; el resto viene de transferencias del Estado. Un sistema por el cual el Estado central recauda, pero las comunidades autónomas gastan crea incentivos perversos. El «yo invito, pero pagas tú» siempre acaba mal. Al dar tal preponderancia a las necesidades autonómicas, el sistema ha incentivado que las comunidades se desentiendan de lo que haya que hacer para recaudar y solo se preocupen de cubrir sus gastos.

El resultado es que se han reforzado los discursos victimistas haciendo rentables en las urnas las denuncias de discriminación en el reparto de la financiación autonómica. Las ansias de gasto autonómicas han producido el efecto electoral contrario del que deberían de haber producido.

Gastar más de la cuenta ha generado respaldo electoral al permitir a los políticos regionales «demostrar» a sus votantes que lo que la comunidad autónoma recibe es mucho menos de lo que gasta. Esta supuesta discriminación por parte de «Madrid» ha permitido eludir la responsabilidad política incurrida al gastarse lo que no se tenía.

Para romper este incentivo de repartirse lo que no se siente responsable de producir, se debería dar mayores competenciales fiscales a las comunidades autónomas, igual que en Alemania. Las comunidades autónomas deberían recaudar una proporción de los impuestos españoles similar a su gasto, y que el contribuyente sepa que su gobierno autonómico es responsable de una parte sustancial de los impuestos que debe pagar. Así, el incentivo llevará a que el gobierno autonómico tenga un coste y no un beneficio político por gastar de más.

Esto, además, incentivaría la competencia fiscal entre comunidades, cosa que, como sucede con toda competencia, beneficiaría al consumidor (en este caso, al contribuyente). Trasladando su residencia fiscal a las comunidades con menor carga fiscal, el contribuyente se ahorraría dinero y, al mismo tiempo, castigaría a las administraciones despilfarradoras. El sistema llevaría a primar la austeridad.

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Según una información publicada en El País del 11 de enero de 2013, el gobierno estaría dispuesto a abordar un cambio en la financiación autonómica en 2013, en parte por las reiteradas quejas de la Generalitat catalana al respecto. «Como mínimo, el tema se planteará este año. Habrá que trabajarlo. De hecho, ya se está haciendo. Así se acordó en la última conferencia de presidentes», aseguró una fuente anónima del gobierno.

Es un buen momento para reformar en profundidad el sistema de financiación autonómica. Es evidente que será imposible satisfacer a todas las comunidades que piden más financiación. Lo que se debería hacer, por el contrario, es no defraudar a los ciudadanos de las comunidades más pobres que aspiran a prosperar: se deberá evitar que el extremeño esté condenado durante otros sesenta años a tener una renta que sea la mitad que la de un vasco.

Para ello, se deberá romper con las características que convierten a la actual financiación en una tarta, y esto pasa por promover la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas haciéndolas más responsables ante sus votantes de sus niveles de gasto. El sistema también debería ser simplificado para evitar la opacidad actual que lleva necesariamente a que el reparto se haga atendiendo a factores políticos que poco tienen que ver con el compromiso con la austeridad. De hecho, ocurre más bien al revés: cuanto más «necesidades» y pobreza demuestre tener una región —es decir, cuanto mayores sean sus gastos— más posibilidades tendrá de recibir un mayor trozo de la tarta de financiación.

La máxima marxista inspiradora de la financiación autonómica debería ser remplazada por: «No se reparte la riqueza que no se genera». Para que el sistema promueva la generación de riqueza y no la exaltación de las necesidades se debería ligar la transferencia de fondos públicos a la liberalización de las economías regionales. Esto llevaría a asegurar que las subvenciones dependiesen de la capacidad de las economías regionales para alentar mayor dinamismo económico.

Las iniciativas desreguladoras, de simplificación administrativa para las empresas e incluso de rebaja selectiva de impuestos, deberían ser requisitos para recibir mayores transferencias estatales. Así se incentivaría que las transferencias fuesen cada vez menores en relación con la capacidad de la región para crear riqueza.

Veamos, a continuación, cómo se gastan esos fondos una vez llegan a las comunidades autónomas y cómo se podría mejorar su gestión.

20

QUE EL DINERO SIGA AL USUARIO

La austeridad ha sido más anunciada que aplicada en España en los últimos años. Prueba de ello es que el gasto público aumentó del 39,2 por ciento del PIB en 2007 al 45,2 por ciento en 2011. Nuestro gasto público en 2011 era similar al de Alemania (45,6 por ciento del PIB) y había aumentado el triple que el suyo desde 2007 (el español aumentó en seis puntos mientras que el alemán subió dos).

Todo apunta a que los datos de 2012 demostrarán que ese año, por fin, empezó a reducirse el gasto público español. Pero todavía queda muchísimo por hacer para cumplir con el tan repetido como incumplido objetivo de no gastar más de lo que se ingresa.

Una de las medidas más populares hoy en España para ahorrar es la eliminación de ciertas administraciones del Estado. Así, según la encuesta El Mundo-Sigma Dos publicada el 31 de diciembre de 2012, el 73,8 por ciento de los españoles quiere que se reduzca el número de ayuntamientos y el 82,8 por ciento las diputaciones provinciales.

Parte de la razón por la que se quiere eliminar estas estructuras es porque se consideran focos de corrupción y nepotismo. Los políticos las usarían para enchufar a gente que cobra buenos sueldos por no hacer nada. El problema, pues, no es solo de gasto sino de privilegios y abusos cometidos por los políticos. La eliminación de estas administraciones aseguraría lo que reclaman casi a gritos tantos españoles: que los políticos se apliquen a sí mismos la austeridad que preconizan para los demás.67

Sin negar los abusos políticos que se han cometido —y parece que la diputación de Orense es un caso extremo de ello—, creo que esta reclamación confunde dos problemas que deben mantenerse separados. El comportamiento de los políticos es un problema y el gasto insostenible de las administraciones es otro.

En la primera parte del libro he descrito algunos incentivos que se deberían introducir en España para hacer a los políticos más responsables frente a sus representados y, así, mejorar la calidad de su trabajo. Eliminando diputaciones y ayuntamientos, sin embargo, el comportamiento de los políticos no cambiaría. Con los mismos incentivos que ahora, su comportamiento sería el mismo. Lo urgente, pues, es cambiar sus incentivos. Y es un error pensar que eliminando los privilegios de los políticos se va a poder ahorrar lo suficiente como para no tener que hacer profundas reformas de nuestros servicios públicos. El desahogo de «pues que se quiten todos los asesores de los políticos» es más un síntoma del enfado contra los susodichos que una propuesta realista de ahorro. Una cosa es castigar a los políticos y otra cosa es ahorrar.

Dicho esto, estoy convencido de que debería reducirse el número de administraciones en España.68 Como he dicho una y otra vez en este libro, estoy totalmente a favor de que se reduzca el tamaño del Estado. Pero aun arriesgándome a que el lector tire el libro contra la pared al leer lo siguiente, creo que la prioridad de eliminar diputaciones y ayuntamientos está mal planteada. La prioridad, a mi juicio, no debe ser eliminar este tipo de administraciones. La prioridad debe ser reducir las competencias de las administraciones públicas para que sobren estructuras y, en consecuencia, eliminarlas.

Si se quitan administraciones sin quitar competencias, lo único que se conseguirá será concentrar más competencias en menos administraciones, pero el gasto continuará siendo más o menos el mismo. La razón de ser del organismo es su competencia. Sin organismo, la competencia seguirá a otro nivel. Sin competencia, por el contrario, el organismo se podrá eliminar. La multiplicación de administraciones es la consecuencia de un Estado que ha gastado más de lo que debía; no es su causa.

La cuestión de fondo es la que define el mensaje de este libro: hay que cambiar las reglas de juego de forma que cambien los incentivos y España salga de la crisis distinta a como entró.

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Para considerar cómo reducir el gasto público en España hay que tener claro quién gasta. El 35 por ciento del gasto público español lo gestionan las comunidades autónomas, el 32 por ciento la Seguridad Social (pensiones y prestaciones por desempleo), el 20 por ciento la Administración central y el 13 por ciento la local. Como vemos, el gasto es mayoritariamente autonómico.

Escojamos una comunidad al azar (más o menos): la Comunidad de Madrid. Dos tercios de los cerca de 20.000 millones del presupuesto madrileño van a financiar la sanidad y la educación públicas. El resto va a subvencionar el transporte público, políticas sociales (en especial, la dependencia) y algunas políticas más como justicia, seguridad o vivienda. La Comunidad de Madrid, como el resto de comunidades, es básicamente una proveedora de servicios sanitarios y educativos. Ahorrar para cumplir con los objetivos de déficit implica necesariamente gastar menos en estos dos capítulos de gasto.

En la encuesta de El Mundo-Sigma Dos citada al inicio de este capítulo también se preguntaba sobre el gasto autonómico. El 70,9 por ciento de los encuestados creían que el gobierno de la nación no había hecho lo suficiente para que las autonomías contuvieran sus gastos. Sin embargo, las comunidades demostraron a lo largo de 2012 estar reduciéndolos. El déficit autonómico medio al tercer trimestre de 2012 era del 1,14 por ciento del PIB, frente al 2,2 por ciento del tercer trimestre de 2011. A la espera de las cifras definitivas de déficit de 2012, había claras indicaciones de que la gran mayoría de las comunidades autónomas estaba reduciendo sus gastos.

En la misma encuesta, el 71,3 por ciento de los encuestados se mostró contrario a que se cobre por los medicamentos y el 83,8 por ciento fue contrario a que se incrementen las tasas universitarias. Los encuestados, por tanto, mantuvieron al mismo tiempo que las comunidades autónomas aún podían hacer más para ahorrar, pero criticaron las iniciativas autonómicas que están permitiendo ahorrar. Esto no cuadra.

Lo cierto es que las comunidades autónomas van a tener que reducir mucho más sus gastos porque siguen gastando sensiblemente más de lo que ingresan (por ejemplo, aun cumpliendo con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento en 2012, la Comunidad de Madrid gastaría hasta 3.000 millones de euros más de lo que ingresó). Las comunidades ahorrarán, ante todo, cambiando las prioridades de su acción. La idea básica de este cambio debería ser que continuasen siendo responsables de los grandes servicios públicos, pero sin tener que gestionarlos directamente y fomentando la competencia entre los centros que los proveen.

El servicio público es un servicio de titularidad estatal. Esta titularidad implica el ejercicio de una responsabilidad que garantiza la provisión del servicio a través de una regulación y supervisión públicas. Pero una cosa es asegurar que el servicio se presta y otra muy distinta es prestarlo directamente. Asegurar la limpieza de las calles de un municipio, por ejemplo, no significa que los barrenderos, conductores del camión de la basura y demás operarios de limpieza deban ser empleados públicos. Los servicios públicos no están necesariamente mejor prestados porque los preste un funcionario.

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La forma más eficiente de ejercer la responsabilidad de provisión de los servicios públicos es fomentando la competencia entre centros y asegurando que el dinero de la financiación pública siga al usuario.

El primer paso para alcanzar estos dos objetivos es la creación de áreas únicas. Las áreas únicas son las que permiten al ciudadano decidir personalmente qué centro quiere que le preste el servicio. Si es la Administración la que asigna al ciudadano su centro de provisión de servicios, el ciudadano no elije y no se genera competencia entre centros.

El área única sanitaria es ya una realidad en la Comunidad de Madrid. Se implantó en 2010 tras eliminar las once áreas existentes hasta entonces.69 En los seis primeros meses de su aplicación, unos 290.000 madrileños decidieron cambiar de médico de familia. Esto quiere decir que aprovecharon su recién otorgada libertad para decidir que les atendiera, por la razón que fuese, un médico distinto al que les había atendido hasta entonces. El área única, pues, dio los medios para que cada uno decidiese por su cuenta quién debía satisfacer sus necesidades de atención médica.

La zona única educativa se implantó en 164 de los 179 municipios madrileños en el curso 2012-2013. El resto de los municipios —los más poblados de la comunidad— se incorporarán a la zona única en el curso 2013-2014. Tras la implantación de la primera fase, el porcentaje de familias que obtuvo el centro que solicita en primera opción subió del 89 al 91 por ciento. Por lo tanto, no se produjo la concentración de solicitudes en pocos centros que la oposición había previsto y denunciado.

Ambas áreas únicas madrileñas van a permitir que se genere competencia dentro de sus respectivos ámbitos. El ciudadano podrá comparar distintas opciones de centro sanitario o educativo antes de decidirse por una, cosa que no podía hacer cuando la Administración decidía por él y le asignaba el centro. Los mejores centros serán los más demandados y dejarán en evidencia a los menos buenos. Esto incentivará que todos los centros ofrezcan mejores servicios.

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Un paso añadido para promover la competencia entre servicios sería la introducción de cheques. La idea básica de los cheques es que el dinero siga al usuario. Esto significa que el centro público recibe su financiación en función del número de usuarios que atrae. Si la gente no quiere usarlo, no recibirá financiación y deberá cerrar. Este sistema convierte al ciudadano en el máximo juez sobre la calidad y existencia de los centros públicos.

El ejemplo de las universidades es seguramente el más ilustrativo para entender el funcionamiento de los cheques.70 El coste de la matrícula universitaria pública es, dependiendo de la comunidad, entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de la educación del estudiante. Es decir, que todos los estudiantes de la universidad pública están becados en, como mínimo, un 75 por ciento del coste de sus estudios, sean cuales sean sus ingresos. La introducción del cheque universitario rompería con esta subvención universal ajena a los ingresos de los usuarios. Así, cada estudiante recibiría de la comunidad autónoma una especie de bono que utilizaría exclusivamente para pagar parte de su matrícula universitaria, fuese en una universidad pública o privada. El importe del cheque iría en función de la renta (de los padres, claro), lo que permitiría ahorrar al no subvencionar el servicio a gente que se podría pagar la matrícula por sí misma.

De esta forma, la financiación de la universidad ya no vendría del fondo común (de la tarta) de la consejería de Hacienda de turno, sino que derivaría de la voluntad explícita de los estudiantes. La universidad que atrajese a muchos estudiantes crecería y la que no tendría que cerrar unidades o, incluso, tendría que cerrar del todo. En España hay actualmente 77 universidades, 50 públicas y 27 privadas. Seguramente hay más de las necesarias. La misma lógica se podría aplicar a todos los demás niveles educativos: primaria, secundaria, formación profesional, etc. Es una manera muy efectiva de cambiar los incentivos de los centros educativos: de repente, ellos mismos son examinados por sus alumnos y si su servicio no está a la altura, pierden su financiación.

El modelo se aplica actualmente en centros educativos de Suecia, Dinamarca, Chile, Nueva Zelanda, Australia y en algunas regiones italianas y estados de Estados Unidos.

La promoción de la competencia y el uso de cheques en la sanidad se ha realizado, por ejemplo, en Suecia. A raíz de sus reformas del sistema sanitario iniciadas en los años noventa, se privatizó la gestión de ambulatorios, centros médicos y grandes hospitales. A resultas de ello, el 35 por ciento del gasto público destinado a atención primaria en la región de Estocolmo en 2006 iba dedicado a financiar entidades privadas. Tras esta primera fase de promoción de la gestión privada sanitaria, de la competencia entre centros y de la libertad de establecimiento de los centros sanitarios, desde 2007 se han introducido cheques en el sistema de atención primaria. Su monto es fijo (en este caso, no discrimina por renta). Equivale al coste promedio en salud primaria de los habitantes de la provincia, dado que la competencia sanitaria en Suecia es provincial. Estocolmo introdujo el sistema en 2008. Otras siete provincias también lo han introducido.

Por otro lado, Paul Ryan, el candidato a vicepresidente norteamericano en las elecciones presidenciales de 2012, propuso en 2011 que el gobierno pagase el coste de los seguros privados para los pacientes de la sanidad en función de una cartera de servicios preestablecida. La función de la sanidad pública sería supervisar esta cartera de servicios y distribuir el dinero a los beneficiarios. Sería un sistema progresivo, dando mayores fondos a quienes menos ingresos tengan. Ese modelo no sería aplicable tal cual en España, pero es interesante porque introduce el criterio de renta y lleva a que la Administración concentre su atención en la supervisión de los servicios de los que es titular.

El ejemplo sueco merece ser estudiado en profundidad en España, introduciendo criterios de renta. Las medidas que promuevan la competencia entre centros de salud mejorarán el servicio prestado y lo harán a un menor coste. La externalización de la gestión sanitaria ha demostrado en Madrid su capacidad para ahorrar al incentivar que la gestión del hospital sea más consciente de los costes y que los reduzca. Pero siempre bajo titularidad pública: la Comunidad de Madrid sigue siendo responsable de los servicios sanitarios de la región supervisándolos, regulándolos y pagándolos con el dinero del contribuyente. De estas responsabilidades no se deriva que la comunidad deba gestionar los servicios directamente.

Además, no hay ninguna razón para que un médico o un enfermero deba necesariamente ser un empleado público. La facultad de curar al enfermo no depende del tipo de relación laboral que se tenga con la Administración Pública. La competencia entre especialistas médicos que traería el hecho de que dejasen de ser empleados públicos o de que los empleados públicos dejasen de tener el puesto asegurado de por vida ayudaría a reducir costes y, en general, a aumentar la eficiencia.

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En resumen, hay que evitar poner el carro delante del buey en el momento de eliminar administraciones. Lo primero es cambiar las prioridades de la Administración de forma que se centre en supervisar y regular la provisión de sus servicios y no en proveerlos directamente a través de sus empleados. Esto reduciría su tamaño y permitiría concentrar funciones en menos niveles del Estado con un menor coste.

Además, los servicios públicos mejorarán su calidad si se promueve la competencia entre centros y se facilita que el dinero siga al usuario. El gasto público caerá al poder concentrar las subvenciones en quienes las necesitan (pudiendo discriminar por renta) y la Administración se centrará en lo que de verdad debe hacer: supervisar la correcta provisión de los servicios públicos. La competencia traerá, como siempre lo hace, un mejor servicio para el usuario.

Por último, veamos cómo se puede incentivar un mejor comportamiento de los empleados públicos disuadiéndolos de cometer delitos.

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EL QUE LA HACE LA PAGA

El 26 de julio de 2006, el ciudadano rumano Lucian P. estaba paseando por la calle en Barcelona junto a su novia embarazada de dos meses cuando, de repente, cuatro mossos d’esquadra se abalanzaron sobre él. Los policías le habían confundido con el responsable de un violento robo en un piso de la ciudad. Sin explicación alguna, le propinaron golpes por todo el cuerpo y le pisaron la cabeza contra el asfalto. Tras apalearlo, los policías introdujeron a Lucian P. en un coche patrulla.

Dentro del coche, un agente le introdujo el cañón de una pistola en la boca y le amenazó con tirarle por un barranco. Le dijo: «Si la juez te suelta, te podemos matar. No serás el primero». Los golpes continuaron en el coche y en la comisaría. Lucian P. fue desnudado e introducido en un calabozo. Solo entonces se le leyeron sus derechos y se le comunicó de qué se le acusaba. Al día siguiente, al comprobarse el error en su identificación, Lucian P. fue puesto en libertad.

En noviembre de 2008 la Audiencia Provincial de Barcelona declaró culpables a los policías de los delitos de tortura y lesiones a un detenido. En diciembre de 2009 el Tribunal Supremo rebajó su sentencia manteniendo la condena por el delito de torturas agravadas y ordenando su ingreso en prisión.

En febrero de 2012, el gobierno indultó a los policías reduciendo sus penas a dos años para evitar que entrasen en prisión. El indulto cambió también la condena de inhabilitación por la de suspensión de cargo público, permitiendo el reingreso de los agentes en el cuerpo de policía. En mayo, la Audiencia de Barcelona dictó una resolución ordenando la entrada de los policías en prisión alegando «razones de prevención general y especial, de peligrosidad criminal, de repulsa y de alarma social». En consecuencia, el gobierno aprobó en noviembre un segundo indulto conmutando la pena de cárcel por una multa. Este doble indulto a policías condenados por torturar a un ciudadano llevó a doscientos jueces a firmar un manifiesto en contra de los indultos y a calificarlos de fraude.

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Estoy seguro de que la mayoría de los españoles, sean de la ideología que sean, estará de acuerdo con la máxima de que «el que la hace la paga». Sin embargo, hoy por hoy en España no todos los culpables de cometer delitos pagan por ello porque a algunos o se les indulta o porque sus delitos prescriben o porque se llega a acuerdos con la fiscalía. Los incentivos que crean estas posibilidades de evitar el precio del delito son perversos y deberían ser corregidos, en particular para los políticos y empleados públicos.

La Constitución Española otorga al rey el «derecho de gracia con arreglo a la ley», es decir, la posibilidad de conceder indultos. La ley por la que «se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto» data de ¡1870! Evidentemente, refleja la mentalidad de la época. España no era una democracia en 1870 y, por lo tanto, se daba por hecho que el gobierno pudiese contradecir y dejar sin efecto lo dictado por el Poder Judicial. Pero la Constitución de 1978 establece que la justicia emana del pueblo y que los jueces y magistrados son independientes.

Desde 2000, se han concedido 4.500 indultos en España. Las resoluciones de estos indultos no han estado motivadas. No hay obligación de hacerlo. Es decir, en el momento de aprobar un indulto, el gobierno no debe argumentar por qué lo hace. Cuando no se debe justificar por qué se hace lo que se hace, el incentivo está puesto para que se hagan cosas de difícil justificación.

El caso de los policías indultados es un ejemplo flagrante del Estado indultándose a sí mismo. Los policías son agentes del Estado en quienes se confía el uso legítimo de la fuerza. Se les permite llevar armas y usarlas, pero su uso debe ser siempre legítimo. Si ocurre un abuso de poder que resulta en la tortura de un ciudadano, evidentemente el uso de la fuerza no ha sido legítimo. El Estado no ha cumplido con su deber de proteger la vida y propiedad de sus ciudadanos y, peor aún, ha violado él mismo estos derechos fundamentales. Sus agentes han traicionado la confianza depositada en ellos para mantener el orden y la ley.

Los policías deberían ser castigados por ello. Esto debe ser así no incluso para los representantes del Estado sino, sobre todo para los representantes del Estado. La contención del Estado pasa necesariamente por que sus abusos de poder sean castigados. Las personas responsables de cometer delitos en nombre de quien debe prevenirlos —el Estado— son las que con menos justificación pueden quedar impunes.

Indultando a estos policías se ha creado un precedente muy peligroso. La próxima vez que un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abuse de la fuerza, llegando incluso a torturar a un ciudadano, ¿deberá temer que recaiga sobre él todo el peso de la ley? ¿Cómo se podrá justificar que sea condenado y entre en la cárcel alguien que ha hecho lo mismo que los mossos indultados? Este indulto ha supuesto un insulto para todos los agentes de la ley que la respetan escrupulosamente.

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A estos indultos por torturas, se suman otros muchos indultos por todo tipo de delitos. De media, se producen unos cuatrocientos indultos al año. Son indultados homicidas, ladrones, kamikazes al volante71 y, sí, políticos condenados por corrupción o prevaricación.

Según datos publicados por el diario El País,72 desde 2000 el gobierno ha aprobado 226 indultos a personas condenadas por delitos contra la Administración Pública: 25 por prevaricación, 107 por malversación de caudales públicos y 16 por cohecho. Se indulta al 1,6 por ciento de las personas penadas por estos delitos. En más de la mitad de los casos, el indulto implica que se anulen las penas de inhabilitación o suspensión para empleo o cargo público, lo que significa que el culpable de prevaricar o robar a la Administración podrá volver a su puesto de trabajo si es funcionario o a ejercer un cargo público.

El Ministerio de Justicia recibe 6.000 peticiones de indulto al año y concede 400. ¿Con qué criterios? Tomemos el caso de Bartolomé Soler Cano, alcalde socialista de Antas (Almería), condenado en 2000 por un delito de prevaricación (se negó a dar documentación a la oposición). Confiesa el señor Soler: «Cuando llegó [en 2004 a ministro de Justicia Juan Fernando] López-Aguilar llamé muchas veces pidiéndoles el indulto porque yo quería seguir en política. Llorándoles mucho me lo dieron en 2005». Cuando las resoluciones no se motivan, la decisión de indultar puede depender, simplemente, de lo mucho que «llore» la persona que quiere que le indulten.

No es este un problema de colores políticos. El número de indultos bajo gobiernos del PP y del PSOE ha sido similar. Y los políticos indultados lo han sido de partidos diversos, incluyendo el PP, el PSOE o CiU. Es un problema de reglas de juego y de incentivos.

¿Se habría indultado a los policías si se hubiese tenido que motivar el indulto? ¿Se indultaría a políticos corruptos? Todo apunta a que mucho menos. Los intereses puramente políticos que puedan llevar a indultar a ciertas personas no serían nunca admitidos en la motivación de un indulto. De repente, habría que encontrar una razón sólida que esgrimir en público para indultar a alguien.

Por ello, la ley y la aplicación de los indultos deberían ser reformadas para, como mínimo, exigir la motivación de los indultos y asegurar que nunca más pueda permitirse que un agente del Estado condenado por torturas o que un político condenado por malversar fondos públicos no cumplan su pena. Como bien dijo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en un informe dado a conocer a finales de enero: «Todo poder en una sociedad democrática debe ser explicado».

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Al problema de los indultos se suma el de las prescripciones y el de los acuerdos con la fiscalía.

No tengo los conocimientos jurídicos necesarios para hacer un estudio de fondo sobre las prescripciones. Ahora bien, lo que busco es, como ciudadano más o menos informado, la lógica detrás de algunas decisiones por las cuales algunos que la han hecho, no la pagan.

La prescripción en derecho supone que el paso del tiempo dé razón jurídica a lo que ocurre de hecho. Esto quiere decir que si algo es así de hecho lo sea de derecho. En el derecho tributario, por ejemplo, el impuesto que no se haya pagado a los cuatro años del plazo previsto quedará prescrito y el Estado no podrá reclamar su pago.

En el derecho penal, la prescripción de los delitos significa que la libertad de la que disfruta de hecho una persona no pueda verse truncada por una condena que le privase de ella a raíz de un delito ocurrido hace una serie de años. Las prescripciones dependen de la pena máxima prevista por el delito. Así, por ejemplo, si la pena máxima prevista por un delito es de quince años de cárcel, el delito prescribirá a los veinte años y si se prevén entre cinco y diez años de cárcel o inhabilitación, prescribirá a los diez años. Algunos delitos, tras una reforma hecha en 2010, no prescriben como los crímenes contra la Humanidad y los de terrorismo con muertos. Además, la Ley de Medidas de Lucha contra el Fraude Fiscal de 2012 declaró la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas en el extranjero.

La prescripción del delito no convierte al juzgado en inocente, sino que el Estado hace como si hubiese tenido un ataque de amnesia y se olvida de reconocer que el culpable es culpable. El Estado tiene el privilegio de sufrir una amnesia que las víctimas del delito no podrán sufrir.

Además, dada la conocida lentitud de la acción de la Justicia en España, ocurre que un delito prescriba a causa de que el caso no se ha instruido en el tiempo previsto. Esta es otra versión del Estado perdonándose a sí mismo: deja libre a una persona culpable de cometer un delito sin asumir responsabilidad alguna por ello ni frente a las víctimas del delito ni frente a los ciudadanos que depositan en él sus expectativas de justicia.

La prescripción de los delitos puede ser un incentivo para que los políticos no remedien la lentitud de la Justicia.73 Los políticos no son los únicos beneficiados por las prescripciones que genera esta lentitud, pero no deberían tener ningún incentivo para beneficiarse de ellas.74

Por ello, se debería aprobar una reforma por la cual, cuando el delito ha sido en el ejercicio de un cargo público o en el manejo de fondos públicos, el plazo de prescripción, por ejemplo, se doble.

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Por otro lado, están los acuerdos con la fiscalía para no ir a juicio. En enero de 2013, la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona llegó a un acuerdo con tres acusados de UDC (la U de CiU) por financiar ilegalmente a su partido. El acuerdo vino tras trece años de instrucción del caso. Llevó a reducir las penas de los tres acusados —incluyendo a Lluís Gavaldà, exdirector general de Empleo de la Generalitat catalana y hermano de Vicenç Gavaldà, el número tres de UDC— pese a las pruebas de que desviaron dinero de cursos de formación financiados por el Fondo Social Europeo hacia las arcas de UDC. De hecho, en un vídeo grabado en 1999 por el empresario Fidel Pallerols, se ve cómo uno de los acusados, Santiago Vallvé, cuenta los billetes que le acaba de entregar el empresario —dos millones de pesetas— y se los mete en el bolsillo. La sentencia de la Audiencia de Barcelona declaró la responsabilidad civil subsidiaria de UDC al constatar que hubo «aportaciones directas al partido».

Los acusados evitaron entrar en la cárcel pagando una multa. UDC se comprometió a devolver 388.000 euros a la Generalitat. Ese dinero, dada la no separación de partido-Estado, vendrá de fondos públicos. Ningún afiliado de UDC va a tener que asumir la responsabilidad de pagar por los desmanes de su partido. Si lo hubiese tenido que hacer, seguramente se tendrían que haber asumido responsabilidades que no se han asumido. Además, en febrero de 2012 ya se había indultado a otros tres responsables de UDC condenados por la financiación irregular del partido.

La Fiscalía consideró como atenuante el tiempo transcurrido desde el inicio de la instrucción del caso. Una vez más, los incentivos están mal puestos. La lentitud de la Justicia no debe poder beneficiar a los políticos. En el caso de los delitos cometidos en el ejercicio de un cargo público o en el manejo de fondos públicos, el tiempo transcurrido desde su comisión no debería poder servir como atenuante que permita facilitar acuerdos con la fiscalía como el arriba descrito.

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Los políticos y los empleados públicos son los responsables de la acción del Estado. Como tales, no deben tener ningún incentivo para impedir, por comisión o por omisión, que la acción de la Justicia se les aplique. Esto debería llevar a motivar los indultos del gobierno y, en general, a restringir su uso a lo estrictamente indispensable. También debería dificultarse la prescripción de los delitos de cargos públicos doblando el plazo de su prescripción y eliminando los atenuantes de estos delitos que faciliten llegar a acuerdos con la fiscalía para evitar su juicio. De esta forma se habrá fortalecido uno de los más importantes incentivos para asegurar el buen comportamiento de las personas: la disuasión.75

Este capítulo fue escrito y su título elegido semanas antes de la publicación del caso de los sobresueldos en el PP. Evidentemente, al escuchar a la secretaria general De Cospedal anunciar que «en el PP, quien la hace la paga», no pude dejar de alegrarme por ello. Pero de ser ciertas estas graves acusaciones y estando acreditado judicialmente que Luis Bárcenas tuvo cuentas en Suiza con 22 millones de euros, quedaría claro que la disuasión legal no funcionó en el PP. Este caso refuerza las razones para aumentar esta disuasión y asegurar que el que pueda tener ocasión de corromperse tenga muy claro las consecuencias penales que tendrá su decisión.

Los principios simples son siempre los más efectivos. Aseguremos que se cumpla uno tan básico como el de que quien la hace la paga.

Conclusión

LA VIRTUD DE PISAR CHARCOS

Lo primero es lo primero. Las reformas que aseguren el cambio profundo que necesita España para salir fortalecida de la crisis deben afectar, ante todo, a los responsables de decidir y aplicar dichas reformas: los políticos.

Si se cambian los incentivos que enmarcan sus procesos de toma de decisión se conseguirá una mayor calidad de sus decisiones. El incentivo básico a introducir es el que permita alinear sus intereses con los de sus representados en vez de con las cúpulas de los partidos. A la nación, a la región, a la provincia y al municipio se les sirve sirviendo a sus ciudadanos, y no a los que elaboran las listas electorales.

Estos cambios traerán mayor responsabilidad de los políticos, menor concentración de poder en las sedes de los partidos y mayor transparencia en el manejo de sus fondos. La supervisión continua de las iniciativas de los partidos por parte de sus afiliados y de los políticos por parte de los ciudadanos, además de la estricta aplicación de la máxima de que quien la hace la paga, contribuirán a disuadir la corrupción.

Para tener el éxito deseado, las reformas políticas propuestas en este libro deben ser consideradas como un paquete completo y ser aplicadas simultáneamente. Por ejemplo, la separación Estado-partido surtirá efecto como contrapeso de poder si se acompaña por la financiación privada de los partidos, la introducción de listas abiertas y circunscripciones electorales y las primarias internas de los partidos.

Estos cambios y la aplicación de los principios políticos que los inspiran modernizarán nuestra democracia permitiendo sacudirse el legado de siglos de una concepción del poder basada en dar satisfacción a la voluntad del Estado. El poder en democracia se deriva siempre de la voluntad de los ciudadanos. Por ello, el sistema político español debe reorientarse para satisfacer este objetivo y para que la voluntad ciudadana se exprese con la mayor claridad posible.

En función de ello, también, el Estado pasará de autorizar las iniciativas de sus ciudadanos a supervisar su legalidad y eficacia. Esto facilitará la generación de actividad económica. Al pasar de gestionar servicios públicos a regularlos, el Estado también reducirá el gasto público y mejorará el servicio prestado a los ciudadanos. Y al suprimir el carácter vitalicio del empleo público, el Estado facilitará las reformas y la eficiencia de su labor. Todo ello gracias al poder para cambiar el comportamiento humano de los incentivos.

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El 17 de enero de 2013 escribí la siguiente frase en mi cuenta de Twitter: «El que permanece inmóvil no pisa charcos». He aquí algunas de las respuestas que recibí: «El peor refrán de la historia». «Acuéstate hasta que se te pase el mareo, majete». «Eres todo un filósofo». «Pero se moja con la lluvia» y «o se lo lleva el viento». Vamos, que suscitó cierta mofa. Es una de las ventajas de Twitter: la gente se ríe de todo y de todos.

Otra persona (@iiignaciooo) me hizo una crítica muy atinada. Dijo: «Tu frase es un poco ambigua, se podría entender como justificación de cualquier cosa, no es propia de quien cuida de lo público». Tenía toda la razón. La expresión «pisar charcos» parece un defecto. Y, sin embargo, en política es una virtud.

Esto es así porque pisar charcos es la consecuencia desagradable pero inevitable de la acción de avanzar. Tras responderle, @iiignaciooo me dijo: «… dicho así suena estupendo. Caerse es necesario para aprender a andar».

Pisar charcos es considerado un descuido porque uno se mancha y a menudo también mancha a los demás. Además, como bien dice mi asesor tuitero, se puede resbalar, caer y hacerse daño. Lo ideal, pues, sería evitar pisar charcos.

El problema es que, cuando se evita pisar charcos, la mirada se fija en el suelo en vez de en el horizonte. El objetivo se vuelve evitar el charco en vez de avanzar. El destino del camino se olvida al ensimismarse uno con el borde del charco.

Los charcos definen el camino. No hay camino sin charcos. Avanzar sin querer pisarlos se convierte rápidamente en quietud. No nos lo podemos permitir.

España saldrá de la crisis en función de su voluntad de avanzar, de pisar charcos. Una España con botas impolutas será una España enfangada en la crisis. Las marcas de barro en las botas son la evidencia del camino recorrido para dejar atrás la crisis. Además, removiendo las aguas se evita que se estanquen.

La voluntad de avanzar convierte pisar charcos en virtud.

ANEXOS

PETICIÓN PROGRESISTA
DEL PUEBLO TUITERO

Dick Costolo y Jack Dorsey

Consejero delegado y fundador / Presidente ejecutivo

Twitter Inc.

795, Folsom Street

San Francisco, CA 94107

Estados Unidos

Madrid, 26 de noviembre de 2012

Remitente: el abajo firmante Pueblo Tuitero

Camaradas Dick y Jack:

El pueblo tuitero está cansado de las desigualdades que ha generado vuestra empresa. Os escribimos para exigiros la puesta en marcha de una serie de políticas que aseguren la justicia social en Twitter y atiendan a las necesidades de los miembros y miembras más débiles de esta comunidad.

Twitter conforma una sociedad de más de 240 millones de mujeres y hombres (sería el cuarto país del mundo) en la que impera la ley de la jungla. La libertad absoluta en el intercambio de mensajes y la codiciosa acumulación de seguidores por parte de los/as más poderosos/as tuiteros/as ha llevado a que se haya generado una sociedad marcada por la desigualdad y la injusticia.

Es intolerable que Lady Gaga tenga más de 31,5 millones de seguidores, Justin Bieber 30,7 millones, Katy Perry 29,4 millones y Rihanna 26,8 millones mientras que la gran mayoría de tuiter@s apenas supera el centenar de seguidores. Claramente, la especulación neoliberal de estos tuitstars lleva a que su obsceno número de seguidores se alcance a costa de empobrecer a las grandes masas de infraseguidos tuiteros.

Por otro lado, la falta de regulación en el contenido de los mensajes que se mandan por Twitter favorece el caos y la incorrección política. Que cada uno decida lo que escribe individualmente sin tener en cuenta las opiniones de los demás promueve una sociedad individualista y egoísta. La solidaridad exige poner en marcha iniciativas que aseguren que nadie se pueda sentir ofendido por las opiniones vertidas a través de su empresa. Hay que pensar en los demás antes que en uno mismo.

Además, es evidente la explotación que están sufriendo los/as usuarios/as de Twitter. Gracias a su trabajo y a los mensajes que ell@s escriben, los capitalistas y directivos de la empresa Twitter Inc., como vosotros, estáis haciéndoos millonarios. Los/as usuarios/as de Twitter también tienen derecho a participar en la riqueza que ellos/as han contribuido a generar. Está previsto que vuestra empresa ingrese este año más de US$ 250 millones. Es urgente que se socialicen las plusvalías de Twitter de forma a que tod@s sus usuari@s reciban una justa compensación por su esfuerzo.

Por todo ello, es imprescindible crear a la mayor brevedad posible una Comisión Reguladora de Twitter (CRT). Esta comisión asegurará la justicia social y la igualdad en Twitter. Sin igualdad, la libertad ni sirve ni existe. ¿Cómo van a poder ejercer su libertad los/as millones de tuiteros/as que apenas tienen seguidores? Se debe asegurar que su voz sea escuchada en un plano de igualdad con el de los tuitstars con millones de seguidores. Debemos dar voz a los que no la tienen.

La CRT estará formada por representantes legítimos/as del pueblo tuitero. Su trabajo deberá ser apoyado por una Administración que asegure la aplicación de sus resoluciones y cuente con los recursos suficientes para ejercer sus esenciales tareas (Twitter Inc. evidentemente, deberá proveer estos recursos).

La CRT, ante todo, redistribuirá los seguidores en Twitter aplicando la máxima «de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad». El objetivo es que cada tuitero/a tenga asegurado/a un mínimo digno de seguidores: en torno a mil. De esta forma, se asegurará la igualdad que ahora mismo brilla por su ausencia en Twitter y se evitará que nadie pueda oprimir a los/as más débiles.

La CRT también pondrá orden en el caos de opiniones que se vierte en Twitter. Nadie nunca más se sentirá ofendido por una opinión expresada gracias a su empresa (deberemos también considerar indemnizaciones para todos aquellos que se hayan sentido atacados hasta ahora). Para ello, la CRT creará una Subcomisión de Respeto por la Opinión Ajena (SROA) que filtrará todo mensaje antes de ser publicado. Los TTs también serán regulados para garantizar que los usuarios conozcan las cuestiones verdaderamente relevantes del día.

Finalmente, la CRT fijará los criterios por los cuales se repartirán las plusvalías de Twitter Inc. entre todos sus usuari@s. Ningún/a usuario/a de Twitter, nunca más, contribuirá a hacer ricos a sus dueños sin recibir una justa retribución.

Esperando que atendáis estas peticiones con la máxima celeridad, se despiden los abajo firmantes.

LA AMISTAD NO ES UN NEGOCIO:
PETICIÓN PROGRESISTA
DEL PUEBLO UNIDO DE FACEBOOK

Mark Zuckerberg

Presidente y consejero delegado

Facebook, Inc.

1601, Willow Road

Menlo Park, CA 94025

Estados Unidos

Madrid, 10 de diciembre de 2012

Remitente: el Pueblo Unido contra la mercantilización de la amistad

Compañero Mark:

Hace escasas semanas, el pueblo tuitero se levantó unido contra sus opresores para reclamar sus derechos y poner coto a la injusticia manifiesta imperante en su desregulada y desigual red social (ver carta anterior). La llama de la revolución ha prendido y es justo y necesario que se expanda, llegando también a Facebook. La justicia social es internacionalista, no pudiendo limitarse a una sola red social.

Es evidente que Facebook ha hecho negocio de la amistad de la gente. La empresa que fundaste en 2004 acaba de alcanzar —en octubre— l@s mil millones de usuari@s. Usuari@s que fueron atraíd@s por tu empresa para mercantilizar sus amistades, generar ingresos de 3.700 millones de dólares en 2011 y convertirte en la 35 persona más rica del mundo. La amistad de un@s ha supuesto la riqueza de otr@s. La amistad es un afecto desinteresado que tú has convertido en un sucio negocio que alimenta tu fortuna personal.

Una fortuna que, cómo no, se basa en la desigualdad. Rihanna y Eminem tienen más de 60 millones de amigos, seguidos de cerca por Shakira, Lady Gaga y Michael Jackson. Sin embargo, el usuari@ medi@ no tiene más de 130 amig@s. Es evidente que no se puede disfrutar de la amistad cuando un@s tienen much@s más amigos que otr@s.

Además, Facebook está devaluando el concepto de amistad en todo el mundo. ¿O es que acaso no ha llegado a tus oídos la común expresión: «Eres más falso que un amigo de Facebook»?

Sumándonos a la petición de nuestr@s compañer@s tuiter@s, exigimos que se cree una Comisión Reguladora también en Facebook que redistribuya l@s amig@s hasta llegar a una completa igualdad de amistades. Además, queremos exigirte otra medida encaminada a compensar la corrupción del concepto de amistad que ha generado Facebook.

La Comisión Reguladora de Facebook (CRF) deberá instituir un impuesto bajo el nombre de «Tasa para la amistad». Este impuesto gravará todas las interacciones que se produzcan en Facebook. Cada vez que se suba un comentario o foto al muro, cada vez que se convoque o confirme la asistencia a un evento o cada vez que se agregue a un nuev@ amig@, se deberá pagar una pequeña contribución.

Naturalmente, este impuesto será progresivo: pagarán más aquell@s que más amig@s tengan. Por ello mismo, se tomarán medidas para impedir que nadie pueda abandonar Facebook queriendo evitar pagar el impuesto: las funciones de «eliminar cuenta» y «confirmar amistad» serán suprimidas (toda amistad será obligatoriamente aceptada; no se tolerará que se evite pagar impuestos rechazando amistades).

En el caso de que cayesen los ingresos derivados de este impuesto porque disminuyese la actividad en Facebook —por culpa, sin duda, de los insolidarios que buscan evitar contribuir su justa parte al bienestar de tod@s—, el tipo del impuesto se revisará al alza.

Los ingresos derivados del impuesto serán, claro, gestionados por la CRF y por su imprescindible Administración. Los fondos irán prioritariamente dirigidos a lanzar campañas de sensibilización sobre la verdadera amistad. Se diseñarán y difundirán banners, mensajes, fotos, etc., que informen a l@s usuari@s de Facebook sobre la necesidad de vivir su amistad con desinterés, solidaridad y altruismo: hay que pensar en los demás antes que en uno mismo. Esta campaña se denominará: «Educación para la ciudadanía en Facebook».

El dinero también irá dirigido a asegurar que la función de «Me gusta» —excesivamente individualista— no se utilice para exaltar el concepto equivocado de la amistad. Se contratará a un equipo de trabajadores que supervisará el buen uso de esta función, filtrando su aplicación y adaptándola a la correcta definición del término «amistad».

Finalmente, estas iniciativas deberán ir acompañadas por la eliminación de los anuncios de empresas privadas en Facebook. La amistad no es un negocio y estas empresas no deberán poder lucrarse por culpa de la inconsciencia de l@s usuari@s de su empresa que, en el fondo, no saben lo que les conviene. Por suerte, nosotros sí que lo sabemos y estamos dispuestos a sacrificarnos para transmitírselo y guiarles hacia la verdadera amistad.

Se despide, esperando su pronta respuesta, el Pueblo Unido contra la mercantilización de la amistad abajo firmante.

Notas

1   Soul of the Funky Drummers, featuring John «Jab’o» Starks and Clyde Stubblefield, Rittor Music, Inc, 1999. El director y todo el equipo técnico del vídeo son japoneses.

2   La investigación judicial deberá establecer la procedencia de los 22 millones de euros que llegó a tener Bárcenas en cuentas en Suiza, pero el hecho de que los tuviese y de que, en palabras de su abogado, «cometiese el error» de no declararlos a Hacienda hasta 2012 causa estupor.

3   Se puede calcular por renta individual aquí: http://www.civismo.org/publicaciones/informes/liberacion-fiscal/.

4   Es evidente que el ciudadano se puede equivocar o que le pueden engañar. La libertad de decisión implica la posibilidad de equivocarse. Todos no deberían perder la libertad de decidir para evitar que algunos se puedan equivocar. En cuanto a los engaños, una de las funciones del Estado es prevenirlos y, si se producen, castigar a sus responsables.

5   Jorge Juan, Nada es gratis, Ediciones Destino, Barcelona, 2011.

6   Más de un lector pensará en este momento: pero ¿por qué va a ser más correcto devolver el sobre que quedártelo? Si el sobre está abandonado, no es de nadie y, por lo tanto, cualquiera se lo puede quedar. Intenta explicárselo al mafioso que llame a tu puerta a lo Samuel L. Jackson en Pulp Fiction cuando venga a reclamar el dinero de su jefe. El dinero aparentemente regalado siempre es susceptible de tener un origen turbio. Devolver el sobre es correcto porque elimina las posibilidades de tener los problemas que genera quedártelo.

7   No me resisto a hacer un experimento mental que, en parte, ilustra por qué el comportamiento privado de las personas defensoras de este tipo de ideologías a menudo contradice sus posiciones públicas: ¿qué pasaría si la persona que encuentra el sobre en el parking fuese alguien que se considera un líder social, uno de aquellos que trabaja para que la gente interiorice sus valores morales? Dado que su acción es, según su propia definición, crucial para el bienestar de la sociedad, quizá decidiría quedarse con el sobre. Confundiendo su propio bienestar con el bienestar de todos, podría convencerse de que quedándose con el dinero estaría haciendo el bien porque, con esos recursos, avanzaría el objetivo de crear una sociedad mejor para todos. Su función social es promover valores y estos recursos le ayudarían a hacerlo. El comportamiento privado es irrelevante para cumplir con la función pública. Su función es concienciar a los demás y estos recursos le ayudarían a hacerlo. El fin justificaría los medios.

8   La cita que mejor transmite esta idea es la famosa de Adam Smith en La riqueza de las naciones: «No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés».

9   Datos de Francisco Marcos y Juan Santaló, Regulation, Innovation and Productivity, Instituto de Empresa Business School, Madrid, 2010, citados por Jorge Juan, Nada es gratis, op. cit., y por Juan Ramón Rallo en Una alternativa liberal para salir de la crisis, Ediciones Deusto, Barcelona, 2012.

10   «Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie». Carmen Calvo, ministra de Cultura, en una entrevista concedida a ABC el 29 de mayo de 2004.

11   Según cifras del gobierno. Es interesante conocer el desglose por comunidades autónomas: en Andalucía, 7.141; en Castilla y León, 4.435; en la Comunidad Valenciana, 3.147; en Cataluña, 3.116; y en Baleares, 3.112. Contrariamente a lo que se pudiese pensar, Madrid no fue la comunidad con mayor número de manifestaciones pese a albergar la sede del gobierno central. Fue la sexta con 2.846 (la delegación del gobierno en Madrid posteriormente dio una cifra mayor: 3.419 manifestaciones en 2012, un 75 por ciento más que en 2011). La información se puede encontrar aquí: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/12/espana/1357990227.html.

12   Intercambio incluido en P. J. O’Rourke, Don´t Vote. It Just Encourages the Bastards, Grove/Atlantic Inc., Nueva York, 2010, p. 175.

13   Merece la pena citar el resto de la frase: «Sería imposible impedir estas reuniones con la aplicación de una ley o con el debido respeto por la libertad y la justicia. Pero aunque la ley no pueda impedir que la gente de un mismo gremio se reúna, no debería hacer nada para facilitar estas reuniones y, mucho menos, para hacerlas necesarias».

14   El texto completo de la petición se puede encontrar aquí: http://www.liberalismo.org/articulo/58/41/peticion/fabricantes/velas/.

15   En los anexos se incluyen dos cartas apócrifas inspiradas en el estilo de Bastiat que parodian el exceso de celo regulador y controlador, en este caso, dirigido a las redes sociales Twitter y Facebook.

16   Merece la pena recordar con respecto a los colegios profesionales que su ley vigente —que fija, entre otras cosas, las colegiaciones forzosas— es de 1974.

17   Países como el Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca o Canadá han rechazado crear documentos nacionales de identidad al entender que suponen una intromisión intolerable del Estado en la vida privada de sus ciudadanos y vulneran sus derechos a la intimidad.

18   A fecha de enero de 2013, CCOO y UGT tenían previsto celebrar elecciones a secretario general en febrero y abril respectivamente. Toxo anunció el 14 de enero su voluntad de ser reelegido. Y Méndez dijo el 8 de enero que se lo estaba pensando, pero que se veía con «ganas y energía».

19   Esto es lo que refleja, por ejemplo, el hashtag #BastadeCasta en Twitter, aunque sus argumentos a menudo sean otros.

20   Otra propuesta madrileña que sí ha avanzado es la de reducir a la mitad el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Anunciada por Esperanza Aguirre en julio de 2012, el PP registró el pasado 25 de enero una proposición de Ley en la Asamblea madrileña para cumplir con ello. La proposición prevé reducir el número de diputados madrileños de los 129 actuales a 65. Esta reforma también implicaría la reforma de la Ley Electoral madrileña y del Estatuto de Autonomía con una mayoría de dos tercios.

21   Lucía Méndez, Morder la bala, La Esfera de los Libros, Madrid, 2012.

22   A quien le pueda chirriar la expresión de «caciquismo» en la España actual, no puedo menos que recordarle que José Luis Baltar, el presidente de la Diputación Provincial de Orense entre 1987 y 2012, se llamaba a sí mismo el «cacique bueno», como si el caciquismo se pudiese ejercer con bondad. En enero de 2013, la Fiscalía se querelló contra Baltar. Le acusó de haber contratado irregularmente en la Diputación a 115 personas en enero de 2010, días antes de la celebración del congreso del PP de Orense en el que su hijo, Manuel Baltar, fue elegido presidente. De los 115 contratos, 104 se realizaron sin informes técnicos previos.

23   Esto implicaría reformar radicalmente la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos y la Ley Electoral (LOREG) cuyo capítulo VII está dedicado a «gastos y subvenciones electorales».

24   La cifra más repetida sobre la proporción que suponen las cuotas de los afiliados con respecto a la financiación total de los partidos es el 15 por ciento. No conozco ninguna fuente fiable con datos actualizados.

25   El vídeo de mi resumen de la ponencia se puede encontrar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=QNx0EpsoJyU.

26   El texto íntegro de la enmienda de Henríquez de Luna se puede encontrar aquí (la misma enmienda se presentó al Congreso Nacional del PP de 2012 celebrado en Sevilla): http://estaticos.elmundo.es/especiales/2008/06/espana/congreso_pp/documentos/enmienda_primarias.pdf.

27   Según datos de Hacienda, el 82,4 por ciento de los españoles declaró una renta anual inferior a 30.000 euros en 2012.

28   El 95 por ciento de los encuestados en el Barómetro de Metroscopia publicado por El País el 13 de enero creía que los partidos tienden a tapar y proteger a sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles.

29   Cosa que no siempre ha ocurrido. La práctica habitual de la Fiscalía de Baleares durante muchos años, por ejemplo, fue archivar las acusaciones de corrupción que involucrasen a políticos. Afortunadamente, esto cambió en 2006. De los trescientos políticos imputados por corrupción a principios de 2013, casi una tercera parte eran de Baleares.

30   Por tomar un ejemplo entre muchos, según publicó el diario ABC el 8 de enero de 2013, el expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, mantiene un despacho a su disposición en Toledo con dos secretarias y un chófer. Esta dignidad cuesta más de 160.000 euros al año.

31   Estos son los puestos de los países escandinavos (y Finlandia) en el Índice de Libertad Económica 2013: Dinamarca, 9.º; Finlandia, 16.º; Suecia, 18.º; Islandia, 23.º; Noruega (el país más dependiente del petróleo para sus ingresos), 31.º. España ocupa el puesto número 46: http://www.heritage.org/index/ranking.

32   Un ejemplo sonado fue el del presidente de la República del Congo, Denis Sassou-Nguesso. En dos visitas a Nueva York en 2006, el presidente gastó unos 400.000 dólares en el hotel Waldorf-Astoria. Durante su primera estancia en abril gastó 140.000 dólares en cinco días, incluyendo una cuenta de 24.000 dólares del servicio de habitaciones. Para su participación en la Asamblea General de la ONU en septiembre necesitó cuarenta y cuatro habitaciones (muchas de ellas para miembros de su familia) que costaron 260.000 dólares. El 70 por ciento de los habitantes de su país vive con menos de 2 dólares al día.

33   Bueno, o en el Juteco. Siendo consejero, fui a hacer unas compras a una de estas tiendas de perfumería. Mientras me paseaba delante de las estanterías, noté que una persona se me había quedado mirando. La miré. Era una joven bastante guapa. Me sonrió. Le sonreí. Vino hacia mí con intención de hablarme. Ya a mi lado, me dijo: «Hola, perdón, ¿la sección de champús?». Compungido, le contesté: «Soy cliente». «Ah, perdone», me dijo mientras se tapaba la boca con la mano. Conclusión: si vas a un Juteco (o a El Corte Inglés) con la digna vestimenta de traje y corbata, siempre te tomarán antes por un dependiente que por un político.

34   Para quien no me crea, aquí va el link: http://blogs.los40.com/andaya/2010/11/23/cancion-friki-del-dia-vado-eres/.

35   El pecado equivalente para un político es hacer el gesto de mirar su reloj de pulsera. George Bush padre lo hizo durante un debate televisado con Bill Clinton en 1992, contribuyendo a su derrota final. En España es común verlo hacer a políticos que bajan del escenario tras hablar en un mitin.

36   Un ejemplo a este respecto. Soy un gran fan de Bruce Hornsby, el pianista y cantante americano. Hornsby toca ahora con un grupo que se llama The Noisemakers («los hacedores de ruido»; nada más lejos de la realidad) y un batería espectacular llamado Sonny Emory. En 2005 sacaron un DVD llamado Three Nights on the Town que incluye un concierto en un teatro de Nueva York. En un momento dado del concierto, una señora decide ponerse a bailar en el pasillo central del teatro, cerca del escenario. Hornsby, en mitad de una canción, pide en dos ocasiones que «la gente» que quiera bailar se vaya al fondo o a los lados del patio de butacas. La señora no le hace ni caso y sigue bailando. Hornsby se da la vuelta, mira a su banda y, riéndose, les dice algo que no se oye pero que debe de ser algo así como: «Hay que ver la señora esta el poco caso que me hace». La señora se quedó bailando en el pasillo el resto de la canción. Y el resto del concierto también.

37   Stéphane Hessel, ¡Indignaos!, Ediciones Destino, Barcelona, 2011.

38   Albert Garzón Espinosa, Esto tiene arreglo. Un economista indignado en el Congreso, Ediciones Destino, Barcelona, 2012, p. 97.

39   Es significativo que los campos de concentración más severos de Corea del Norte, en los que se interna a los mayores «enemigos del Estado», se llamen «zonas de control total». En ellos se hacen ejecuciones en grupo, abortos forzados o ensayos de armas químicas con los presos. En China, los enemigos del Estado pueden ser encarcelados hasta cuatro años sin necesidad de juicio. Se les aplica el sistema de reeducación por el trabajo, trabajando 10 horas diarias por un euro al mes. Según la televisión oficial china CCTV, hay actualmente 310.000 internados en 310 centros de reeducación.

40   Recordemos que el miedo, según la RAE, es la aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que desea.

41   Otro tanto se podría decir de los usuarios de Twitter que, al amparo del anonimato que traen nombres falsos y avatares imaginarios, usan la red social para insultar.

42   Dictatorship of the Proletariat in Gotham City: http://boitempedito rial.wordpress.com/2012/08/08/dictatorship-of-the-proletariat-in-gotham-city-slavoj-zizek-on-the-dark-knight-rises/.

43   A todos aquellos que llaman «nazis» o «fascistas» a liberales o a otra gente del centro-derecha, merece la pena recordarles, por un lado, que Mussolini, el fundador del fascismo, fue un activo miembro del Partido Socialista Italiano de 1903 a 1914 y, por el otro, que los nazis no se llamaron a sí mismos ni nacional-liberales, ni nacional-conservadores, ni nacional-democristianos.

44   El 23 de enero de 2013 el Parlamento catalán votó una declaración para iniciar «el proceso para el ejercicio del derecho a decidir». El PSC votó en contra de dicha declaración. Bueno, no todo el PSC. Cinco de sus veinte diputados se ausentaron de la votación para no tener que cumplir la consigna del partido. Argumentaron que el programa electoral del PSC contempló el «derecho a decidir» de los catalanes. El PSC, en suma, no sabía muy bien lo que quería.

45   Es una pena que la expresión inglesa to work oneself out of a job sea intraducible al español porque es exactamente lo que socialistas y nacionalistas conseguirían evitando los choques entre españoles.

46   Hayek ya afirmó hace por lo menos cuarenta años que, dadas sus tendencias dirigistas, «en los tiempos modernos, las dos mayores amenazas a una civilización libre (son): el nacionalismo y el socialismo». Friedrich Hayek, Law, Legislation and Liberty. Volume 2, The Mirage of Social Justice, The University of Chicago Press, Chicago, 1976, p. 111.

47   La subida de impuestos, según el diario La Gaceta, provocó que Josep Pujol, el segundo hijo de Jordi Pujol, se empadronase en Madrid. No será el único.

48   Los altos responsables del Banco Mundial no siempre están a la altura de sus objetivos. Tras la expropiación de las filiales de Iberdrola en Bolivia en diciembre de 2012, el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y Caribe, Hasán Tuluy, justificó la violación de la seguridad jurídica del país afirmando que «lo importante no es quién es el dueño del capital, sino cómo lo administra. Es esencial que la gestión de los recursos responda a los intereses de la gente».

49   Todos los rankings se encuentran en http://www.doingbusiness.org/rankings.

El resumen ejecutivo del último informe publicado se encuentra en http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing por ciento20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-Chapters/Executive-Summary.pdf.

50   Esta es la ficha española: http://www.doingbusiness.org/data/exploree conomies/spain/.

51   Además de los costes administrativos para montar una empresa, están los necesarios para mantenerla con vida. Según datos del Banco de España y la OCDE, las cargas administrativas para las empresas en España tienen un coste total equivalente al 4,6 por ciento del PIB. La media de los países de la UE es el 3,5 por ciento del PIB.

52   El 25 de enero de 2013, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado con el declarado propósito de acabar con «trabas burocráticas» y dar una solución al «complejo marco regulatorio». Es una iniciativa muy bienvenida. Esperemos que entre en vigor cuanto antes y que su vigencia permita a España escalar posiciones en el ranking de facilidad de creación de empresas.

53   Las culturas cambian, por suerte. El argumento de que algo no se puede hacer porque «no es nuestra cultura» a menudo esconde intereses gremiales. Por ejemplo, se dice que España no es Estados Unidos y que aquí no existe la cultura de comprar los domingos. Permítaseme una anécdota al respecto. Me paseaba un domingo con mi novia por Serrano cuando me pidió que entrásemos «un momento» en una tienda llamada Intimissimi. Para quien no lo sepa, Intimissimi es una cadena de tiendas de lencería. El «momento» se convirtió en diez minutos y aburrido de mirar tangas y sujetadores, me puse a hablar con una dependienta que doblaba prendas. Me explicó que todas las tiendas de la cadena abren los domingos gracias a la libertad de horarios comerciales madrileña. No les iba mal, me contó, pero sobre todo notaban que el número de clientes el domingo estaba creciendo: «La gente está cambiando de mentalidad y está aprovechando poder ir de compras los domingos».

54   Datos de noviembre 2012 del Banco de España.

55   De hecho, las ideologías igualitaristas deberían valorar el poder igualador de los casinos. Si hay una instancia en la que todas las personas son fundamentalmente iguales, sin ventajas de ningún tipo sobre los demás para enriquecerse y con probabilidades de éxito completamente ajenas a su esfuerzo o talento, es delante de una ruleta. La igualdad real la trae el puro azar. Pero claro, esto no interesa a estas ideologías. Ellas quieren distribuir la riqueza según sus criterios políticos. En cualquier caso, se repartan los ingresos por puro azar en una ruleta o a través de un Estado planificador, el resultado global siempre será que globalmente pierden todos salvo el dueño de la ruleta o el Estado.

56   Prueba de esta misma capacidad de la Comunidad de Madrid para atraer la confianza de los inversores es que consiguió colocar 2.270 millones de euros de deuda en un único día —el 23 de enero—, el total autorizado para 2013. Más de la mitad de esta deuda fue comprada por inversores extranjeros.

57   2013 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation in Partnership with the Wall Street Journal: http://www.heritage.org/index/.

58   Mauricio Rojas, Reinventar el Estado del Bienestar: la experiencia de Suecia, Gota a Gota, Madrid, 2008.

59   Masiva protesta en la calle con un «núcleo duro» de funcionarios: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/07/19/espana/1342708275.html.

60   El número de empleados de la Administración Pública pasó de 3,2 millones de personas en 2011 a 2,9 millones en 2012 en gran medida por la reducción del número de interinos, por la congelación de ofertas públicas de empleo y por las jubilaciones que no se remplazan. Las comunidades autónomas tienen 1,7 millones de empleados, la Administración local 573.000 y la Administración central (incluyendo Seguridad Social) 574.000. El resto están en empresas públicas y «otros».

61   La esperanza de vida era tan baja en parte por la muy alta mortalidad infantil. Una vez superada la infancia, la esperanza de vida sería superior a los cuarenta y un años.

62   El 28,3 por ciento del salario de todo aquel que tenga un contrato laboral de régimen general, repartido entre un 23,6 por ciento pagado por el empleador y un 4,7 por ciento por el empleado. Autónomos, empleados domésticos, desempleados y otros tienen regímenes distintos. Hay que incluir también el pago de impuestos que son los que financian las pensiones no contributivas.

63   Datos publicados en la noticia «No solo los ricos pagan por la solidaridad entre las autonomías», El Mundo, 14 de enero de 2013. La información cruza datos del INE de PIB per cápita y renta disponible por hogar per cápita de 2010 y concluye que la diferencia se debe a redistribuciones territoriales. Los datos deben ser tomados como órdenes de magnitud más que como datos exactos.

64   Datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública publicados por el diario El País el 22 de enero de 2013.

65   Manuel Martín Rodríguez, en «Crecimiento y convergencia económica regional en España, en el largo plazo» (http://www.revistaestudiosregio nales.com/pdfs/pdf621.pdf), usa datos de 1955-1995 del BBV. Los datos de 2011 son del INE.

66   El gasto autonómico extremeño es en torno al 30 por ciento del PIB extremeño; el gasto autonómico madrileño es menos del 10 por ciento del PIB madrileño.

67   La cifra de 445.568 políticos en España, todos cobrando, es exagerada. La Vanguardia calcula y desglosa el número de cargos electos en España, cifrándolos en 71.668 de los que 68.578 son concejales y muchos no cobran: http://www.lavanguardia.com/54327504749/index.html. A este número habría que añadir altos cargos y asesores designados. El gobierno de España tiene unos 450 altos cargos, la comunidad de Madrid unos 120 y el ayuntamiento de Madrid tiene 96 directivos, de los que el 70 por ciento son funcionarios. No hay cifras fiables sobre el número de asesores, pero están lejos de ser los más de 300.000 que supone la cifra inicial.

68   En Alemania, por ejemplo, no existen las delegaciones del Gobierno. La regla general es que los estados actúan como administraciones responsables de la ejecución de las normas federales (nacionales). Así lo establece el artículo 83 de la Ley Fundamental de Bonn: «Los länder ejecutarán las leyes federales como asunto propio, salvo que la presente Ley Fundamental determine o admita otra cosa [es el caso de, por ejemplo, la recaudación tributaria o la policía]». Citado en Santiago Muñoz Machado, Informe sobre España: Repensar el Estado o destruirlo, Crítica, Barcelona, 2012, pp. 173-174. Es un incentivo interesante para que la región se sienta parte del todo.

69   Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de noviembre de 2011 anuló un precepto relativo a los criterios de designación de los directores de centros de salud, pero avaló la existencia del área única.

70   De hecho, la idea original de los cheques tal y como fue presentada por Milton Friedman en 1955 deriva del GI Bill norteamericano. Gracias a esta ley aprobada en 1944, los soldados desmovilizados tras la Segunda Guerra Mundial recibieron cheques para matricularse en la universidad que ellos eligieron y reciclarse así para la vida civil.

71   En enero de 2013, por ejemplo, se dio un indulto parcial a un condenado por conducir en sentido contrario en Valencia en 2003 y estrellarse contra otro coche provocando la muerte de su conductor. De los trece años de prisión a los que fue condenado el conductor kamikaze, solo pasó diez meses en prisión. El resto de la pena se le conmutó por una multa de algo más de 4.000 euros. La Audiencia Provincial de Valencia, la fiscalía y la familia del fallecido se habían mostrado contrarios al indulto. Otro conductor indultado fue una persona que en 2008 estrelló su coche al circular a 120 kilómetros por hora cuando la velocidad de la vía estaba limitada a 40. Sus tres acompañantes murieron a causa del accidente. Hacía veinte días que tenía su carné de conducir.

72   «Los políticos sí tienen perdón», El País, 9 de diciembre de 2012.

73   El 92 por ciento de los encuestados en el Barómetro de Metroscopia publicado por El País el 13 de enero de 2013 creía que la lentitud de la Justicia a la hora de investigar y juzgar los casos de corrupción hace muy difícil conseguir luchar contra ella de forma eficaz.

74   Por tomar otro ejemplo, el juicio sobre los ERE irregulares en Andalucía —por los que se desviaron supuestamente cerca de mil millones de euros— se paró en septiembre de 2012 al darse de baja por enfermedad la jueza instructora del caso. Ningún otro juzgado se hizo responsable de hacer avanzar la investigación de este caso con sesenta imputados.

75   Según la encuesta del Instituto DYM publicada por el diario ABC el 20 de enero de 2013, el 87,9 por ciento de los españoles estaría a favor de endurecer las penas por delitos de corrupción.

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